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Archivo de julio de 2014

Los colegios profesionales urgen regular la intermediación inmobiliaria ante el despegue del sector

jueves, 31 de julio de 2014

     Amalia F. Lérida abcdesevilla / Sevilla 29/07/2014 – abc.es
     Los agentes de la propiedad inmobiliaria afirman que proliferan agencias y corredores sin garantías para los consumidores
     La compra de una casa es quizás la adquisición más importante que hacemos a lo largo de nuestra vida
     El sector inmobiliario parece que está empezando a despegar y pronto pisará el acelerador. Por eso el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ha solicitado la regulación urgente del sector de la intermediación a través de un registro administrativo de profesionales que se dedican a ese trabajo.
     Esta entidad aglutina a los ocho colegios de las provincias andaluzas que representan a un total de 560 agentes y hace esta petición ante el despegue que se está registrando en el sector y para que «no vuelva a suceder lo que tuvimos que lamentar durante el boom inmobiliario precedente de la crisis», dice Manuel Bermudo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla, ciudad en la que, agrega «están proliferando ya franquicias, agencias y nuevas oficinas».
     Como en el resto de Andalucía, según Bermudo, ya se observa que vuelven a actuar corredores e intermediarios de todo tipo sin establecimiento ni fiscalidad ni garantías para los consumidores. Afirma que hay que superar errores del pasado y situaciones de inseguridad jurídica en la compraventa, como sufrieron muchos consumidores durante la década del boom inmobiliario.
     En la actualidad, España es el único país de la Unión Europea que carece de una normativa reguladora de la intermediación inmobiliaria por lo que no se «ofrece seguridad ni garantía precontractual a las partes de una compraventa o un arrendamiento», dice el Consejo Andaluz que ya ha iniciado las gestiones desde primeros de año con la Junta de Andalucía para que regule la actividad a través de un decreto que establezca los requisitos de capacitación profesional, localización y solvencia de los agentes, además de la creación del referido registro.
     El RDL 4/2000 y la posterior Ley 10/ 2003 de liberalización del sector inmobiliario permitió que cualquier persona física o jurídica sin título, inscripción registral ni pertenencia a un colegio profesional pudiera intervenir como mediador en las compraventas y arrendamientos de inmuebles. Eso provocó un efecto llamada de supuesto dinero fácil.
     En los años precedentes a 2007 se registró un elevado índice de quejas de los consumidores en los órganos administrativos competentes y no pocas controversias judiciales suscitadas en torno a los contratos inmobiliarios y a la gestión de aquellos operadores.
     Ahora los agentes de la propiedad inmobiliaria no quieren que esto vuelva a suceder en este nuevo ciclo que, según dicen, empieza para el sector.

Un fallo del Tribunal de la UE amenaza con abrir en canal el Impuesto de Sucesiones

jueves, 31 de julio de 2014

     Por discriminar a los no residentes
     Carlos Sánchez 12/06/2014 elconfidencial.com
     El Impuesto de Sucesiones y Donaciones –tal y como está configurado actualmente– puede tener los días contados. Y no, precisamente, por la reforma fiscal que planea el Gobierno y que, por el momento, ha sido aparcada por el Ministerio de Hacienda salvo que Moncloa (que es la que tiene la última palabra) decida lo contrario. La causa tiene que ver con una inminente sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que amenaza con poner patas arriba el tributo. En particular, por el trato que sufren los no residentes frente a los ciudadanos nacionales. Aunque es probable que el fallo afecte también a la propia estructura del impuesto, que está cedido a las comunidades autónomas.
     El pasado 8 de enero se celebró la vista pública en Luxemburgo, pero al no intervenir directamente el Abogado General de la Unión Europea (UE) es muy probable, según uno de los letrados españoles presentes en la vista, que el fallo se conozca en las próximas semanas. Lo que cuestiona Bruselas –que fue quien llevó el caso a los tribunales– es que, mientras un residente puede beneficiarse de una bonificación de hasta el 99% en el Impuesto de Sucesiones, en el caso de un no residente se le repercuten tipos que van desde el 7,65% al 34% sobre el valor real de los bienes y derechos transmitidos. O incluso más elevados si se le aplican coeficientes multiplicadores en función de la existencia de un patrimonio preexistente.
     La causa de esta discriminación tiene su origen en que, mientras a un residente se le aplica la normativa autonómica (más favorable), a un no residente se le impone la de carácter estatal. La situación puede llegar al absurdo de que, si una persona fallece y tiene dos hijos, uno residiendo en España y otro en el extranjero, uno pagará más impuestos que otro pese a que ambos recibirán la misma herencia. La discriminación en función de la residencia llega a tales extremos que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, para poder beneficiarse de las bonificaciones el causante debía vivir en la región, pero también los hijos, lo que explica que hasta el Tribunal Supremo haya llevado el asunto al Constitucional. 
     El origen del litigio se encuentra en una demanda presentada por la Comisión  Europea, que consideraba que España –a través de los Gobiernos autonómicos, que son los que fijan los tipos impositivos– había introducido normas discriminatorias en materia de Impuesto de Sucesiones y Donaciones que disponen que los no residentes paguen impuestos más altos que los residentes.
     La Comisión Europea ya había pedido oficialmente a España en 2010 y 2011 que tomara medidas para garantizar el cumplimiento de las normas europeas, pero al no modificar España su legislación al respecto, la CE decidió llevar el caso a Luxemburgo.  El Tribunal está compuesto por cinco magistrados: Rosario Silva de Lapuerta (presidenta), José Luís da Cruz Vilaça (ponente), George Arestis, Jean-Claude Bonichot y Alexander Arabadjiev.
     Fallo condenatorio
     Según el letrado Alejandro del Campo, del despacho DMS, con sede en Baleares y especialista en este tipo de litigios por el gran número de no residentes que vive en las islas, hay un precedente que puede anticipar un fallo condenatorio contra España. Se refiere a una reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo que declaró contraria a la libre circulación de capitales la normativa alemana del Impuesto de Sucesiones. Y en particular, el caso de una herencia de una finca.
     La legislación germana establecía una reducción de la base imponible de sólo 2.000 euros para el heredero no residente, mientras que dicha reducción ascendía a 500.000 euros si, en el momento del fallecimiento, el causante o el heredero tuvieran su domicilio en Alemania. El Tribunal de Justicia consideró que esa normativa constituía una restricción a la libre circulación de capitales porque llevaba a que las sucesiones entre no residentes que incluyeran un inmueble soportaran una mayor carga fiscal que aquellas en las que estuviera implicado al menos un residente y, por lo tanto, provocaría una disminución del valor de dicha herencia.
     Según el abogado Del Campo, si finalmente España es condenada, podría forzar cambios importantes en el Impuesto de Sucesiones, en la línea de “armonizarlo en todo el Estado”, y podría habilitar la posibilidad de “solicitar y conseguir la devolución de impuestos excesivos pagados en los últimos años por herencias o donaciones entre no residentes”. Lógicamente, siempre que no estén prescritos y sean superiores a los aplicables a los residentes en las diferentes comunidades autónomas. 
     El representante de España ante el Tribunal de Luxemburgo, lógicamente, rechazó la demanda. En su opinión, la residencia sí que afecta a la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, puesto que los residentes tributan por obligación personal sobre todos los bienes que hereden o les sean donados (sitos en cualquier lugar del mundo), mientras que los no residentes tributan por obligación real únicamente por los bienes adquiridos sitos en España.
     No se trata de un asunto menor. Al contrario. A día de hoy, ocho millones de ciudadanos europeos residen fuera de las fronteras de su país de nacimiento; además, existen dos millones y medio de inmuebles que son propiedad de ciudadanos que viven en países diferentes y cada año los notarios europeos autorizan 450.000 herencias transfronterizas, por valor de unos 123.000 millones de euros. La Unión Europea aprobó en 2012 un reglamento que regula la ley aplicable a las sucesiones transfronterizas y decidió crear un Certificado Sucesorio Europeo.

Caixabank prevé más concentraciones bancarias en los próximos años

jueves, 31 de julio de 2014

     La entidad gana 305 millones en el primer semestre, el 25,3% menos que en 2013
     Lluís Pellicer Barcelona 25 julio 2014 – elpais.com
     Tras la subasta de CatalunyaBanc, CaixaBank estudia la adquisición de la red minorista de Barclays en España. Aun así, la entidad considera que el proceso de concentración bancaria no ha terminado. “Queda un cierto grado de consolidación por hacer”, afirmó este viernes el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, que realizó su primera comparecencia en este cargo con la presentación de resultados. Gortázar consideró que en la actual fase de recuperación “sostenida” del negocio el tamaño constituye una “ventaja competitiva” y auguró que “en los próximos dos o tres años veremos alguna otra operación de consolidación”.
     Después de que BBVA se impusiera en la puja por CatalunyaBanc, la entidad que preside Isidro Fainé estudia la adquisición de la red de Barclays, que consta de unas 270 oficinas y 2.800 empleados. Si bien Gortázar no quiso referirse directamente a la operación, sí afirmó que la entidad está preparada para una eventual compra. “Tenemos los instrumentos de balance y know how”, sostuvo Gortázar, quien juzgó que es “sano” que haya “cierto grado de concentración adicional”. El consejero delegado recordó que el hecho de que se estudien “las oportunidades que surjan con detenimiento” no significa que se ejecuten todas. “Veremos los números y con qué estructura se puede hacer”, señaló.
     En cualquier caso, la operación de CatalunyaBanc no tendrá “ningún impacto” en la “estrategia” de CaixaBank en Cataluña, dijo Gortázar, quien apuntó que el banco que dirige es “líder” en la comunidad. Es más, el consejero delegado aseguró que CatalunyaBanc no resultaba “atractiva” para su entidad en las “condiciones” en las que se la quedó BBVA. “No nos sabe mal no haber ganado en estas condiciones”, detalló Gortázar, quien añadió: “Malgastar o hacer compras por encima de lo que nos parece es algo que no vamos a hacer”.
     La entidad catalana cerró el primer semestre con un beneficio de 305 millones de euros, el 25,3% menos que en el mismo periodo de 2013. La bajada se debe sobre todo al impacto que tuvo el año pasado la consolidación de Banco de Valencia. Hasta junio, el banco destinó 1.314 millones de euros a realizar dotaciones.

 

Los socialistas de Cangas llevan a pleno la defensa del registro civil y rechazan su privatización

miércoles, 30 de julio de 2014

     También denuncian la pérdida de «miles» de puestos de trabajo »Critican al Gobierno central por hacerlo sin «ningún diálogo ou negociación»
     Redacción | Cangas 29.07.2014 farodevigo.es
     Los socialistas de Cangas se han sumado a la defensa de los registros civiles y a las protestas por la intención del actual gobierno del PP a «privatizar» el servicio. Para ello, ha presentado una moción plenaria en la que solicitan a la corporación que inste al Gobierno español a eliminar las disposiciones adicionales del Real Decreto Ley 8/2014 de Aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que modifica la ley 20/2011 del Registro Civil.
     Desde el PSOE creen que el PP está dando «un paso para a privatización dos Rexistro Civil», puesto que los registradores mercantiles -que podrán realizar nuevas funciones, si prosperan las intenciones del gobierno-, pese a ser funcionarios del Estado, «actúan como empresas privadas», pues sus ingresos no proceden de los presupuestos del Estado sino de los aranceles que le cobran a sus clientes. Además, rechazan que «os datos de millóns de persoas se poñerán en mans de empresas privadas que se encargarán de xestionalos e custodialos».
     A esta «privatización» del servicio añaden los socialistas los «miles de postos de traballo que se destruirán», haciéndose eco de las denuncias sindicales sobre la «incerteza» de los 2.500 funcionarios que trabajan en los registros civiles de toda España, a los que se añadirían «outros 2.500 interinos que traballan nos xulgados e tribunais». Concluyen que el Real Decreto supone «a defunción do servizo público que era o Rexistro Civil» y «un novo atranco para a cidadanía», creándole además un coste adicional.
     En la moción firmada por el portavoz del grupo municipal socialista, Orlando Barreiro, se denuncia también la fórmula utilizada para este cambio, «agochado nun Real Decreto» y además «imposto, sen ningún tipo de diálogo ou negociación».

 

Industria da tres meses al sector para resintonizar ocho millones de hogares

miércoles, 30 de julio de 2014

     Á. Semprún / A. Lorenzo 27/07/2014 – eleconomista.es
     Prisas, y más prisas. A partir de octubre, y con unos tres meses por delante, millones de españoles serán testigos de un complejo proceso que incluye la resintonización de las antenas y equipos receptores de más de ocho millones de hogares o, lo que es lo mismo, de 1,1 millones de edificios, según la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).
     El estrés será compartido por las principales televisiones, las compañías de telecomunicaciones, el Ministerio de Industria, los antenistas y los cientos de miles de comunidades de propietarios.
     Estos últimos tendrán que desembolsar entre 160 y 184 millones de euros (unos 20 o 23 euros por hogar) para ajustar sus antenas y ver los canales. La liberación del dividendo digital consiste en vaciar la banda de frecuencias de 800 Mhz, actualmente dedicada al servicio de televisión digital, para que las ocupen los operadores de telecomunicaciones.
     El coste de ese trasiego iba a correr a cargo de las arcas públicas, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se gastó los 1.622 millones obtenidos de la venta del espectro a las telecos en reducir el déficit, olvidándose de esta incómoda factura.

Madrid advierte de la posible inconstitucionalidad de la ley vasca contra la contaminación del suelo

miércoles, 30 de julio de 2014

     Ley para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo
     El proyecto de ley precisa que las obligaciones son aplicables a las operaciones de aportación de fincas
     Vasco Press Vitoria 26/07/2014 elmundo.es
     El Ministerio de Administraciones Públicas advierte al Gobierno vasco de la posible inconstitucionalidad de algunas disposiciones del proyecto de Ley para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo y plantea modificar el texto con el fin de evitar problemas en su aplicación. Sus objeciones se centran en que condicione la escritura y registro del suelo con obligaciones ajenas a la normativa estatal.
     El Gobierno de Urkullu aprobó el pasado 6 de mayo la Ley para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo de acuerdo a lo previsto en su calendario legislativo y remitió el texto al Parlamento Vasco para su tramitación. Esta iniciativa persigue simplificar y reducir la intervención administrativa bajo el principio de «no tutela», y mantener al mismo tiempo los estándares de calidad ambiental. No parecía en principio que esta ley pudiera dar lugar a disputas competenciales entre las Administraciones central y vasca, pero la apariencia esta vez no coincide con la realidad.
     El Ministerio de Administraciones Públicas envió hace una semana un informe al Gobierno Vasco para advertirle que los apartados 2, 3 y 4 del artículo 17 de las citada ley «no se adecuan al orden constitucional de distribución de competencias» al establecer una serie de obligaciones para escriturar y registrar la propiedad de un suelo que no están contempladas en ninguna norma de ámbito estatal.
     Las disposiciones cuestionadas obligan a los notarios a no autorizar la formalización en escritura pública de la compra-venta de los suelos que soporten o hayan soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes cuando no se acredite de forma fehaciente que el vendedor ha informado al comprador de esa circunstancia. El mismo precepto vale para los registradores, que no podrán realizar el registro sin dicha constatación.
     El proyecto de ley precisa además que estas obligaciones y prohibiciones son también aplicables a las operaciones de aportación de fincas y asignación de parcelas resultantes en las actuaciones de ejecución urbanística.
     Argumentos jurídicos
     El Ministerio de Administraciones Publicas subraya que el artículo 8 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre «la ordenación de registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho con respecto, en este último caso, a las normas de derecho foral especial». Y señala varias resoluciones del Tribunal Constitucional que confirman que corresponde al Estado fijar los requisitos para escriturar y registrar una propiedad.
     El informe concluye que los apartados 2 y 3 del artículo 17 «no se adecuan al orden constitucional de distribución de competencias» al condicionar la escrituración y registro de un suelo a que el vendedor demuestre fehacientemente que informó al comprador que el terreno soportó actividades o instalaciones potencialmente contaminantes, una obligación que «no están contemplada en ninguna norma estatal».
     La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, explica, sólo se refiere a la obligación de declarar las actividades o instalaciones potencialmente contaminantes, pero no condiciona la actividad notarial o registral más allá de la inclusión de una nota marginal sobre el particular. Asimismo, sostiene que el apartado 4 del artículo 17 vulnera las competencias estatales al aplicar las mismas obligaciones a las operaciones de aportación de fincas y asignación de parcelas resultantes en las actuaciones de ejecución urbanística. «Dichas operaciones abarcan las aportaciones entre cónyuges, a sociedades unipersonales y a proyectos de ejecución, en los que no hay una verdadera transmisión, sino actos de reordenación de la propiedad».
     El Ministerio de Administraciones Públicas remite estas «observaciones» para que sean tenidas en cuenta de cara a «despejar de antemano cualquier problema que en el futuro se plantease con la aplicación de este texto legal». El proyecto de ley está ya en manos del Parlamento Vasco y, por tal motivo, el Gobierno del PNV envió a principios de esta semana el informe a los grupos parlamentarios. Éstos tendrán ahora en su mano corregir los preceptos cuestionados o seguir adelante y asumir el riesgo de que el Gobierno de España recurra la ley al Tribunal Constitucional.

 

La Comunidad Valenciana ahorra 36 millones usando Linux en vez de Windows

martes, 29 de julio de 2014

     eleconomista.es 28/07/2014 –
     Sigue el camino del Ayuntamiento de Múnich y la Gendarmería francesa
     Unos 120.000 ordenadores de la región usan ya el programa gratuito LibreOffice
     Lliurex, una distribución (versión) de Linux desarrollada específicamente para ser instalada en los ordenadores de la Comunidad Valenciana, ha permitido al gobierno regional ahorrar unos cuatro millones de euros al año. Desde que comenzó el proyecto, hace nueve años, el dinero que las arcas públicas han dejado de gastar por usar el sistema operativo libre en lugar de Windows asciende a un total a 36 millones.
     Esta distribución de Linux ha sido diseñada con diversas variantes en función de si el usuario final es una escuela, el hogar de un usuario, o pequeñas y medianas empresas, tal como reconocen responsables del gobierno autonómico citados por el programa ISA de la Comisión Europea.
     Sofía Bellés, máxima responsable del departamento de tecnologías de la información de la Comunidad, señala además que las próximas implementaciones de este Linux a la valenciana harán más sencilla la actualización del sistema operativo y facilitarán las tareas de mantenimiento en las escuelas regionales, lo que previsiblemente redundará en menores costes de operación.
     Entre las nuevas aplicaciones dentro de Lliurex está una que permite coordinar los ordenadores de una misma clase para facilitar la enseñanza de idiomas mediante la creación de un entorno audiovisual multitarea.
     Lliurex es sólo uno de los intentos de varias administraciones regionales por sacudirse la dependencia de sistemas operativos cerrados que, además de requerir el pago de costosas licencias, no pueden ser completamente adaptados a las necesidades de la gestión pública.
     Ahorrar sin salir de Windows
     Junto al uso de Linux, el gobierno regional ya está ahorrando dinero a los contribuyentes al utilizar la suite ofimática LibreOffice en cerca de 120.000 ordenadores de distintos departamentos de la comunidad, incluyendo la administración judicial.
     LibreOffice, que en este caso se utiliza dentro de otros sistemas operativos como Windows, es un programa gratuito y también es desarrollado de forma colaborativa.
     Con este movimiento, la Comunidad Valenciana se suma a otras iniciativas en favor del software libre que han permitido liberar recursos públicos, como el Ayuntamiento de Múnich (Alemania), que ha migrado todos sus sistemas a Linux, o la Gendarmería francesa, que ha apostado por Ubuntu, la distribución más popular.

CSIF propone que los Registradores Mercantiles y los funcionarios de la Administración de Justicia lleven conjuntamente el Registro Civil

martes, 29 de julio de 2014

     registrocivildetodos.blogspot.com.es

     CSIF ha remitido al Ministerio de Justicia una «propuesta transaccional para un registro civil moderno servido por funcionarios de la Administración de Justicia», que trata de conciliar la decisión del Ministerio de Justicia de que los Registradores Mercantiles asuman la llevanza del Registro Civil con la posibilidad de que el personal que a sus órdenes desarrolle dicha tarea no sea el personal del Registro Mercantil correspondiente, sino el personal de la Administración de Justicia.

     Según el CSI.F, sobre la base de un Registro Civil gratuito gestionado por Registradores Mercantiles no hay impedimento alguno para que los funcionarios de Justicia colaboren con aquéllos en la gestión del Registro Civil, tal y como vienen haciendo con los actuales encargados. Estos funcionarios de Justicia dependerían orgánicamente del Ministerio de Justicia o CCAA según el ámbito territorial y funcionalmente del Registrador mercantil bajo la superior dirección de la DGRN tal y como sucede hasta ahora. Los puestos de trabajo en el Registro Civil sólo podrían ocuparse por funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia.

     CSI.F propone tres tipos de oficinas Registrales:
     – Una por provincia, a cargo de los Registradores Mercantiles y el personal de la Administración de Justicia, con competencias plenas en la materia.
     – Otra por cada localidad que en la actualidad cuente con Registro Civil principal, a cargo de personal de la Administración de Justicia, con las mismas competencias salvo la de resolución de expedientes.
     – Otra por cada Juzgado de Paz actual, con funciones similares a las actuales de estas oficinas.

La Ley de Colegios «es una intromisión clarísima»

martes, 29 de julio de 2014

     Pilar Muñoz – 27 de julio de 2014 latribunadeciudadreal.es
     El presidente de la Unión Interprofesional considera un «despropósito» fijar la cuota y estima que puede causar la pérdida de un tercio de los puestos de trabajo
     El futuro de Ley de Colegios Profesionales, «no fomentar la competitividad», imponerles una «tutela desproporcionada» y una «intromisión clarísima». Los colegios profesionales «son independientes y no dependen de la subvención de la administración», asegura el presidente de la Unión Interprofesional de Ciudad Real, Cipriano Arteche, tras subrayar que se pretende evitar la masa crítica.
     Arteche no puede entender que el Estado se inmiscuya en las cuotas colegiales cuando «son un acuerdo de los propios colegiados. Si se produce una subida de cuota en mi colegio tengo que convocar una asamblea general y la aprueban o no. Es un régimen democrático y el que haya una intromisión por parte del Estado me parece un despropósito».
     Asegura que la cuota máxima de 240 euros por colegiado y año para todas las profesiones y colegios, presten el servicio que presten, se ha fijado sobre cálculos económicos y estadísticos «erróneos» y «van a provocar la desaparición de muchos de esos colegios, con perjuicios a los profesionales y a los ciudadanos».
     La estimación de pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la aprobación de la Ley de Servicio y Colegios Profesionales está entre los 4.000 y 10.000 en todo el ámbito nacional y en la circunscripción de Ciudad Real en un tercio, entre diez y quince, según el presidente de la Unión Interprofesional que aglutina 18 colegios.
     Cipriano Arteche tampoco puede entender que de más de 80 colegios profesionales se pase a 30. Y es que, según recoge la reforma, se reduce el número de oficios que requieren de colegiación obligatoria: se mantiene para médicos, dentistas, farmacéuticos, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, biólogos, físicos, químicos, geólogos, psicólogos, arquitectos, arquitectos técnicos, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, así como las ingenierías e ingenierías técnicas reguladas. En total, la ley contempla 38 colegios de colegiación obligatoria.

     Exenciones. Aunque el Gobierno no ha facilitado la lista completa, todo apunta a que van a quedar fuera, los profesores de educación física, los doctores en bellas artes, los agentes comerciales y de la propiedad industrial, gestores administrativos o administradores de fincas. Todas estas profesiones están obligadas actualmente a colegiarse por una ley estatal pero dejarán de estarlo cuando entre en vigor la nueva normativa. También se elimina el requisito de colegiación vigente en algunas comunidades para profesiones como ambientólogos, bibliotecarios, joyeros, guías turísticos, periodistas, publicistas o detectives privados.

Venta de casas: ¿recuperación definitiva o espejismo en el desierto?

martes, 29 de julio de 2014

     Algunos expertos creen que este año supone un punto de inflexión
     La firma de hipotecas frena drásticamente su caída
     Análisis de las mejores hipotecas
     V. Gómez . Madrid 25-07-2014 cincodias.com
     ¿Inicia el mercado inmobiliario español un cambio de tendencia hacia una etapa de recuperación tras vivir en 2013 el punto más bajo en la historia reciente, o las alzas en primavera han sido un espejismo y vuelven los tiempos de debacle? Los segundos se han encontrado con un argumento de peso hoy: el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad cayó el 3,4% respecto a la del mismo mes de 2013.
     Estas cifras han llevado a empresas como Pisos.com o Idealista.com a afirmar que este retroceso confirma que “los datos positivos del mes de marzo fueron un mero espejismo de recuperación”, según pisos.com. “No se puede anticipar un cambio de tendencia basándose en un periodo de tiempo tan reducido”, añade en un comunicado. «La financiación hipotecaria seguirá todavía muy concentrada en dar salida a los adjudicados de las entidades con mayor exposición al sector inmobiliario”. “Por ahora, las transmisiones seguirán estando dominadas por las compras al contado”, añade.
     Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.com, admite por su parte que «existe interés en los bancos por ofrecer hipotecas», pero que, en cambio, «el perfil de la demanda sigue sin ser solvente». Pisos.com aseguran que “la financiación hipotecaria seguirá todavía muy concentrada en dar salida a los adjudicados de las entidades con mayor exposición al sector inmobiliario”.
     No todas las opiniones son tan negativas. Fotocasa.es vaticina un crecimiento en términos interanuales “a partir del mes de junio”, según su responsable de estudios, Beatriz Toribio, quien explica que la estadística todavía no recoge la “tímida apertura al crédito”, llevada a cabo en los últimos meses por las entidades bancarias.
     Los analistas de Bankinter, por su parte, han emitido un informe en el que desgranan en un informe cinco claves que indican que, a pesar de los malos augurios, la recuperación del ladrillo se va a producir en los próximos meses.
     1- Mejora de la economía y del empleo.
     La economía española acumula ya tres trimestres consecutivos en fase de expansión y el PIB crecerá a unas tasas del 1,3% y 2,1% durante los años 2014 y 2015 respectivamente, según las estimaciones de Bankinter publicadas en el informe de estrategia de inversión. Este crecimiento, explican los expertos, está comenzando a tener una influencia directa en el empleo, variable determinante para el mercado inmobiliaria.
     “Aunque una parte muy significativa de la creación de empleo es temporal, esta mejora del mercado laboral permitirá que la tasa de paro se reduzca desde el 25,9% hasta el 22,2% a finales de 2015, lo que podría favorecer la demanda”, asegura el informe de la entidad bancaria.
     2- Compras por parte de extranjeros.
     Las compras de viviendas por parte de extranjeros y no residentes se redujeron a una tasa anual compuesta de -40% entre 2007 y 2009, pero han registrado crecimientos de doble dígito en los dos últimos años, de modo que este dato ya supone el 16% del total.
     Bankinter estima que, pese al saldo migratorio negativo, la demanda de vivienda por parte de extranjeros aumentará en los próximos trimestres, debido a los atractivos precios tras una larga fase de ajuste, el notable crecimiento económico registrado en países como Alemania y Reino Unido y el atractivo de España como destino vacacional por el clima y la mayor seguridad que en otros destinos del Mediterráneo. Por último, valora de manera positiva la medida puesta en marcha por el Gobierno hace varios meses y que supone la concesión de visados de residencia a compradores de activos inmobiliarios de valor superior a 500.000 euros puede atraer a los inversores asiáticos con mayores patrimonios.
     3- Mayor atractivo de la vivienda como inversión.
     La combinación de precios bajos en el sector inmobiliario y el acusado descenso en la rentabilidad de otros activos financieros como los depósitos y la deuda pública están creando un contexto de mercado en el que la única forma de obtener rentabilidades que superen la inflación en el medio plazo sea la inversión en activos de riesgo como la renta variable o el sector inmobiliario.
     4- Síntomas de recuperación en grandes ciudades.
     El parón en la promoción residencial y la menor propensión a la venta de viviendas de segunda mano en la fase bajista del ciclo ya está provocando restricciones de oferta en localizaciones de las grandes ciudades y centros turísticos, como lo que permite anticipar que la tendencia de los precios en las mejores localizaciones será creciente, recoge el informe de Bankinter.
     Según datos manejados por la entidad, “el comienzo de la recuperación ya se está reflejando en Madrid y Barcelona, cuya fase de descenso interanual ha terminado prácticamente e incluso ha llegado a registrar algún repunte en tasa trimestral”.
     5- Escasez de nueva oferta.
     Una parte significativa del stock de viviendas de 2013 se concentra en promociones “poco deseables” ubicadas en zonas muy alejadas de ciudades que, probablemente, solo podrán ser comercializadas en el largo plazo a precios de derribo, por lo que el stock en zonas con mayor demanda es menor.
     Este stock vendible comenzará a reducirse este año debido al brusco frenazo en la actividad promotora: el número de viviendas terminadas descendió y los visados de obra nueva autorizados por el Colegio de Arquitectos apenas superaron los 30.000 durante todo el año 2013, por lo que no es previsible que se reactive la actividad promotora ni que la oferta de vivienda se incremente de forma sustancial durante 2014 y 2015.

La Justicia europea pone en jaque el mercado hipotecario español

lunes, 28 de julio de 2014

     El Tribunal de la UE exige más protección para el cliente
     Bernardo de Miguel – Bruselas 24-07-2014 cincodias.com
     Sentencia a sentencia, los tribunales nacionales y europeo están poniendo en cuestión uno de los pilares básicos del mercado hipotecario español: la calidad de una garantía inmobiliaria basada tanto en el propio valor de la vivienda como en el patrimonio del comprador.
     Ese compromiso casi ineludible de pago permitió a la banca española financiarse en condiciones muy ventajosas en los mercados internacionales y captar buena parte del ahorro excedente en Alemania y Francia. Pero tras el estallido de la burbuja y el inevitable aumento de la morosidad, los conflictos entre acreedor y deudor están acabando en los tribunales. Y los jueces concluyen una y otra vez que el sistema de ejecución hipotecaria en España deja demasiado desprotegido al cliente y concede ventajas excesivas a la entidad financiera.
     La última andanada llegó el pasado jueves desde el Tribunal de la UE, con una sentencia que casi con toda seguridad obligará a flexibilizar las condiciones de la ejecución hipotecaria. “La experiencia muestra que en los países donde una grave crisis ha derivado en un impago o una condonación general, los activos bancarios se han deteriorado peligrosamente y la banca ha tenido después muy difícil recuperar la credibilidad ante sus propios acreedores”, alertan sazonado banquero.
     A raíz de una sentencia dictada en marzo de 2013 por el mismo Tribunal de Justicia, el Gobierno de Mariano Rajoy ya tuvo que reformar la ley para reducir el automatismo de los procesos de desahucio en caso de pago y someterlos a una revisión judicial.
     Los cambios aprobados solo dos meses después de aquel veredicto (en la Ley 1/2013) pretendían resolver la contradicción entre la legislación española y las directivas europeas sobre protección de los consumidores.
     Nueva sacudida
     Pero la calma ha durado poco. La semana pasada, el Tribunal con sede en Luxemburgo golpeó de nuevo. Y con más contundencia y rapidez, lo que denota el enfado de los jueces ante el incumplimiento de su fallo anterior Ahora, los jueces incluso consideran que esa norma incumple la Carta Europea sobre Derechos Fundamentales.
     El nuevo veredicto, dictado en solo tres meses frente a la media habitual de dos o tres años, invalida la reforma de 2013 que, según los jueces, “coloca al consumidor, en su condición de deudor ejecutado, en una situación de inferioridad”.
     La indefensión, según la sentencia, vendría derivada del hecho de que el cliente que invoca el carácter presuntamente abusivo de alguna cláusula del contrato hipotecario pierde sus posibilidades de recurso si en primera instancia ve rechazada su demanda. En cambio, si en esa instancia se le da la razón, la entidad financiera sí que puede impugnar la decisión.
     La sentencia del pasado jueves, además, considera que “a pesar de las modificaciones que introdujo la Ley 1/2013” a raíz del veredicto anterior, la normativa española solo prevé una somera revisión judicial del potencial carácter abusivo del contrato, revisión que no es obligatoria sino meramente facultativa.
     La sentencia puede paralizar algunos desahucios
     La sentencia dictada por el Tribunal de la UE el pasado jueves responde a una consulta prejudicial cursada por la Audiencia Provincial de Castellón en relación con una ejecución hipotecaria a unos clientes del BBVA. El veredicto europeo reconoce el derecho de esos clientes a agotar las vías de recurso antes de que se ejecute el desahucio y no después, como prevé la legislación española.
     Ayer, a instancias de Podemos, la mayoría de los eurodiputados españoles (a excepción de los del PP y UPyD) se dirigieron por escrito al presidente del Gobierno para que acate cuanto antes la sentencia y adopte “las medidas necesarias para asegurar la adecuación inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso al Derecho europeo”.
     El despacho de abogados Navas & Cusí aseguró por su parte que presentará una queja contra España ante la Comisión Europea, a la que instará a que solicite la suspensión cautelar de las subastas hipotecarias.
     Fuentes europeas aseguran que, de facto, el fallo permite ya que los tribunales españoles paralicen todos los desahucios que se encuentren en condiciones similares al de Juan Carlos Morcillo y María del Carmen Abril, los dos hipotecados que recurrieron contra el BBVA.
     El Gobierno, además, parece abocado a plantear una segunda reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para corregir los defectos que el Tribunal europeo ha apreciado en la llevada a cabo en 2013.

El Gobierno vasco remite a Madrid una propuesta para asumir la gestión del Registro Civil

domingo, 27 de julio de 2014

     Departamento de Justicia y Administración Pública.
     La forma de gestión del Registro Civil es criticada por los partidos de la oposición
     Erkoreka critica el contenido del decreto de julio y considera su aprobación una deslealtad
     Vasco Press Vitoria 26/07/2014 elmundo.es
     El Gobierno vasco quiere que el Registro Civil sea asignado en Euskadi al colectivo de secretarios judiciales previa transferencia de este cuerpo de funcionarios o, en su caso, a trabajadores públicos adscritos al Departamento de Justicia y Administración Pública. . El consejero de esta área, Josu Erkoreka, ha remitido ya una propuesta concreta al Ministerio de Justicia.
     La Ley del Registro Civil de 2011 atribuye a las comunidades autónomas las competencias ejecutivas en materia de Registro Civil de acuerdo con sus estatutos de autonomía y las leyes, aunque el Estatuto de Gernika no lo contempla. Un reciente decreto, aprobado a principios de julio, delega en los registradores mercantiles la gestión de un servicio que hasta hoy realizan los jueces. Este decreto contempla una fase de transición hasta 2017 y establece que todos los trámites (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, etc.) serán realizados a partir de entonces por los registradores mercantiles. Asimismo, determina que esta nueva fórmula no conllevará ningún cambio en la titularidad pública de un servicio que realiza 3,3 millones de expedientes al año.
     La nueva forma de gestión del Registro Civil es criticada por los partidos de la oposición y sindicatos, que ven en ella un paso hacia la privatización. Los socialistas preguntaron hace varias semanas a través de una iniciativa parlamentaria a Erkoreka por los trámites que había llevado a cabo para asumir las competencias de carácter ejecutivo del Registro Civil y sus intenciones de cara a garantizar que este servicio siga siendo público y gratuito. Erkoreka envió esta semana su respuesta a la sede parlamentaria.
     En ella defiende que el mejor sistema para garantizar la prestación de un servicio público y gratuito es que la gestión del Registro Civil se ubique en el ámbito judicial aprovechando que Euskadi tiene competencia «en materia de provisión de medios personales y materiales a la Administración de Justicia según sentencia del Tribunal Constitucional». Y con esta premisa informa que remitió dos propuestas al Ministerio de Justicia. La primera consiste en que el Ministerio transfiera al Gobierno Vasco el cuerpo de secretarios judiciales como paso previo a asignar la gestión del Registro Civil a este colectivo.
     En caso de rechazar esta vía, plantea como alternativa «designar como encargados del Registro Civil a personal funcionario gestionado por la Dirección de la Administración de Justicia» del Ejecutivo de Vitoria. Por otra parte, Erkoreka critica el contenido del decreto de julio y considera su aprobación una deslealtad «ante la ausencia del debate que una reforma de este calado exige» y la falta de consulta o información a las comunidades autónomas. No está de acuerdo, insiste, con el hecho de que los registradores mercantiles gestionen el Registro Civil.

Caixa Catalunya invirtió 4.500 millones en una inmobiliaria con 80 filiales

domingo, 27 de julio de 2014

     La caja que se tragó el ladrillo
     Lluís Pellicer Barcelona 22 julio 2014 – elpais.com
     Contaba Narcís Serra que una de las primeras decisiones que tomó al asumir la presidencia de Caixa Catalunya en 2005 fue la de impartir un curso de finanzas a los miembros del Consejo de Administración de la entidad antes de cada reunión. A la práctica, eso significaba que el máximo órgano de gobierno de la caja vinculada a la Diputación de Barcelona —controlada entonces por el PSC— confiaba ciegamente en la estrategia del director general, entonces Josep Maria Loza —que salió con una indemnización de 10 millones de euros—, y su entorno. Hoy una cincuentena de miembros del consejo de la entidad en 2010, incluido Serra, están imputados por cobros “desproporcionados” en plena crisis.
     La que fue la segunda caja de ahorros catalana decidió aprovechar la burbuja inmobiliaria para romper las fronteras que hasta entonces la encorsetaban en su comunidad. Como muchas otras entidades, Caixa Catalunya se lanzó a financiar a promotores. Pero además, la entidad armó su brazo inmobiliario Procam, que se plantó en el arranque de la crisis como una de las diez mayores sociedades del sector. La compañía constituyó más de 80 filiales que agrupaban una inversión total de 4.500 millones de euros. La promotora empezó a levantar promociones, en ocasiones sola y en otras con promotoras locales. Lo hizo sobre todo en el litoral mediterráneo, pero también se aventuró, por ejemplo, a construir un gran desarrollo turístico en el Algarve portugués.
      Su estrategia de expansión se basó también en captar clientes en otras comunidades a través de la concesión de hipotecas, en especial a clientes que habían sido rechazados por otras cajas y bancos. A ello contribuyó que en esa época el departamento de riesgos dependiera de la dirección comercial. Al comienzo de la crisis, Caixa Catalunya era ya la segunda entidad con mayor morosidad del sistema, solo por detrás de Caja Castilla-La Mancha. El 32% de las hipotecas de su balance habían sido concedidas por más del 80% del valor de tasación de los activos. Eso era una auténtica bomba de relojería que hubiera estallado si el Estado no hubiera empezado a bombear fondos públicos.
      Para tratar de tapar la herida, la entidad se fusionó en 2010 con las cajas de Tarragona y Manresa y recibió un primer crédito del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 1.250 millones de euros. Sin embargo, esos fondos fueron insuficientes para parar la hemorragia que provocó la acumulación de activos tóxicos en su balance. La entidad fue nacionalizada primero y luego capitalizada con fondos procedentes de la Unión Europea. En total, la entidad ha recibido 12.050 millones de euros procedentes del bolsillo de los contribuyentes, a los que hay que sumar otros 572 millones que se inyectaron para vender la cartera de hipotecas tóxicas, que finalmente se quedó Blackstone.Ese año, el de la inyección de capital con fondos de la Unión Europea, CatalunyaCaixa acabó con unos números rojos de 11.856 millones de euros que en 2013 logró remontar al apuntarse un beneficio de 532,2 millones que consiguió gracias a los créditos fiscales, que ascendieron a 2.023 millones de euros, y el burden sharing, es decir, el capital que pudo obtener gracias a que los tenedores de instrumentos híbridos —preferentes y deuda subordinada— asumieron parte de las pérdidas.
     La entidad tampoco ha sido ajena a los escándalos a propósito de los sueldos de los directivos y el consejo. El antiguo presidente de la caja, Adolf Todó, fue despedido de forma procedente para evitar el pago de 4,5 millones de euros. Sin embargo, Todó ganó el primer asalto judicial después de que el juez sentenciara que debía ser readmitido o bien indemnizado con 1,2 millones de euros.

 

Murcia lidera la caída en la creación de nuevas sociedades

domingo, 27 de julio de 2014

     Los concursos de acreedores disminuyen en todo el país, aunque en la Región el descenso es menos acentuado

     laverdad.es | Murcia 22 julio 2014
     Murcia es la comunidad en la que más descendió la creación de sociedades en el segundo trimestre de 2014 respecto al mismo trimestre del pasado año. Según la estadística mercantil hecha pública por el Colegio de Registradores de España, en estos tres meses vieron la luz 695 sociedades en la Región, un 11,24% menos que en el mismo periodo del año anterior.
     A nivel nacional en el segundo trimestre del año se constituyeron 24.380 sociedades mercantiles, un 4,71% menos que en el mismo periodo de 2013, mientras que hubo un 15,57% menos de disoluciones, un total de 4.787. Según la estadística mercantil de los registradores, los aumentos de constitución de sociedades se produjeron solo en La Rioja (13,45%), Navarra (5,22%) y País Vasco (2,56%). En cambio, las principales bajadas se localizaron en Murcia (11,24 %), Canarias (11,16 %) y Extremadura (10,72 %). El pasado mes de junio se constituyeron en la Región, según la estadística de los registradores, 223 sociedades, mientras que en mayo se alcanzaron las 247.
     Por otro lado, las extinciones de sociedades durante el segundo trimestre alcanzaron a nivel nacional las 4.787 operaciones, disminuyendo el 15,57% sobre el mismo periodo de 2013. En la Región se contabilizaron, según los datos de los registradores de la propiedad, 99 extinciones de sociedades en el segundo trimestre de este año. Supone casil la mitad de las 180 extinciones registradas en el primer trimestre del año.
     Empresas con dificultades
     El número sociedades en graves dificultades financieras que se vieron inmersas en concursos de acreedores durante el segundo trimestre fue de 46. Esta cifra supone un descenso del 20,69% sobre el mismo periodo del año anterior, según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores de España. A nivel nacional, se contabilizaron 1.546 concursos de acreedores, un 33,04% menos que en los seis primeros meses del año pasado.
     En el segundo trimestre, los concursos descendieron en casi todas las comunidades autónomas con respecto al mismo periodo del año anterior. Lo hicieron principalmente en Baleares (-66,67%), seguido de Aragón (-64,66%), Navarra (-59,18%), Extremadura (-48,84%). Únicamente aumentaron los concursos de acreedores en Castilla-La Mancha (2,17%).

 

Moody’s: en España el paro y la lenta recuperación limitan el éxito de la refinanciación de hipotecas

sábado, 26 de julio de 2014

     25.07.2014 expansion.com
     El elevado nivel de desempleo y la lenta recuperación de la economía española han limitado el potencial impacto positivo de la refinanciación de préstamos hipotecarios problemáticos cuyos resultados «no han sido los esperados», según señala la agencia de calificación Moody’s.
     La agencia destaca cómo las entidades se han mostrado cada vez más proactivas en la gestión de sus carteras hipotecarias para evitar un mayor deterioro, aunque el estallido de la ‘burbuja’ inmobiliaria, que penaliza la recuperación de las viviendas ejecutadas, ha abocado al sector a favorecer la refinanciación o reestructuración de estos préstamos.
     «Sin embargo, las refinanciaciones en España no han generado los resultados esperados porque las dificultades financieras de muchos prestatarios eran estructurales más que temporales», apunta Moody’s.
     En este sentido, la calificadora de riesgos señala que «la persistencia del elevado desempleo y la lenta recuperación en España han limitado el impacto positivo de las refinanciaciones».
     Asimismo, Moody’s advierte de que los procesos de refinanciación fallidos implicarían demoras en la recuperación de los inmuebles y agravar así las pérdidas del título respaldado por esa hipoteca.
     Moody’s, que pone de manifiesto que en España no existe mucha información sobre los préstamos renegociados, calcula en función de los datos suministrados por entidades británicas que entre el 30% y el 50% de los préstamos modificados vuelve a incurrir en impagos en algún momento posterior.

Hasta 10.000 euros de multa por no tener contadores individuales

sábado, 26 de julio de 2014

     Una obligación para los propietarios a partir del 1 de enero de 2017
     El precio medio de los repartidores para una vivienda es de 125 euros aproximadamente
     1,1 millones de viviendas deberán medir la calefacción individualmente o con repartidores
     Una familia ahorraría 224 euros de media con la instalación de los sistemas de medición
     Juanjo Bueno – Madrid 22/07/2014 elmundo.es
     En España existen 1,1 millones de viviendas con calefacción central que tendrán que instalar contadores individuales o, en caso de no ser técnicamente posible, repartidores de costes en cada radiador, para cumplir con la directiva Europea de Eficiencia Energética. De acuerdo con el artículo 9 de esta Directiva, la fecha límite para instalar contadores de consumo individuales, tanto para calor y frío como para agua caliente sanitaria, es el 31 de diciembre de 2016.
     Aunque la transposición efectiva de esta Directiva venció el 5 de junio de 2014, el Gobierno ya tiene sobre la mesa un proyecto de Real Decreto, actualmente en proceso de tramitación, en el que desarrolla esta obligación.
     La exigencia ‘recaerá sobre los propietarios’, según Industria
     Mientras, el Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, de 4 de julio, ha determinado el régimen de sanciones en caso de incumplimiento en materia de consumos energéticos. Tipifica como infracción grave, sancionada con multas que oscilan desde los 1.001 a los 10.000 euros, «no cumplir con la obligación de instalar contadores de consumo (de calor, frío y/o agua caliente sanitaria) individuales o soluciones alternativas siempre que sea económica y/o técnicamente viable». Una exigencia que «deberá recaer sobre los propietarios de las viviendas», señalan fuentes del Ministerio de Industria.
     Repartidores de costes para calefacción
     Así las cosas, los propietarios de las viviendas que no midan individualmente, entre otros consumos, la calefacción antes de que concluya 2016 podrán ser sancionados con hasta 10.000 euros a partir de 2017.
     Surge la necesidad de suscribir un seguro de responsabilidad civil
     Pero además, este RD-ley 8/2014 alerta de los riesgos que implican la ejecución y gestión de proyectos de ahorro y eficiencia energética, en particular en el sector de la edificación. Extremo que resuelve con la necesidad de suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles riesgos derivados de las actuaciones por parte de los proveedores de recursos energéticos.
     Una novedad que podría llegar a incrementar el coste de la instalación de los repartidores de consumo. No obstante, «la mayoría de las empresas que estamos en este mercado desde hace años tenemos ya un seguro de responsabilidad civil contratado, por lo que no creemos que suponga un incremento del coste para el vecino», asegura Ignacio Abati, presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca). Sí recomienda, por otro lado, pedir al instalador una cierta garantía de calidad.
     El gasto de instalación se amortizará con el ahorro que conlleva
     El precio de venta o alquiler para cada repartidor de consumo depende del número de radiadores por piso y número de viviendas existentes en la comunidad de propietarios. Según la empresa Ista, un repartidor puede costar 25 euros. «Así, una vivienda media con cinco radiadores deberá realizar una inversión de aproximadamente 125 euros que amortizará, en la mayoría de los casos, en menos de 18 meses», cita esta compañía. Si se adquiere en régimen de alquiler, el coste de los repartidores es de cuatro euros por vivienda y mes, incluyendo su instalación y gestión.
     El proyecto de Real Decreto que transpondrá la directiva europea, establece que, además de la instalación de repartidores de costes de calefacción, será obligatorio instalar válvulas termostáticas en todos los edificios existentes dotados de calefacción central. Elementos cuyo coste, ya instalados, es de aproximadamente 40 euros.
     La Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca) estima que 75.000 viviendas tendrán instalados los contadores individuales de calefacción al finalizar 2014. Con ello, prevé que una familia ahorre de media entre un 20 y un 30% (224 euros aproximadamente) de su factura de calefacción y agua al año. «Hablamos de 1.100 millones de euros ahorrados en España en cinco años», calcula Aercca.
     «El espíritu de esta directiva europea es pagar por los consumos reales y medidos, en lugar de hacerlo como hasta ahora en función de criterios poco rigurosos como los coeficientes de participación, metros cuadrados de la vivienda o número de radiadores», dice Abati. Mientras llega su transposición, otros países de nuestro entorno, como Alemania, Bélgica o Dinamarca, llevan más de cien años utilizando este tipo de medidores individuales.

 

La tasa de morosidad de la banca vuelve caer en mayo y se sitúa en el 13,39%

sábado, 26 de julio de 2014

     lainformacion.com  –  Madrid, 18 (europa press) 18 julio 2014
     La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas ha vuelto a caer en mayo y se ha situado en el 13,39%, incluyendo el cambio metodológico en la clasificación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que han dejado de ser considerados dentro de la categoría de entidades de crédito.
     Según los datos provisionales hechos públicos este viernes por el Banco de España, la cifra total de créditos dudosos ha caído hasta los 189.452 millones de euros, su nivel más bajo desde septiembre de 2013.
     Sin incluir los cambios metodológicos, la ratio de morosidad se elevaría levemente respecto al mes anterior y se situaría en el 13,63%, puesto que el saldo de crédito caería desde los 1,401 billones de abril a los 1,39 billones alcanzados en mayo.

Las consultorías denuncian competencia desleal por parte de las empresas públicas

viernes, 25 de julio de 2014

     Noticias | 08 marzo 2012

     La Asociación Española de Empresas de Consultoría rechaza el actual uso de encomiendas de gestión, una práctica que supone que la Administración Pública otorgue tareas a empresas e instituciones que también pertenecen al sector público «sin respetar los principios de publicidad, transparencia y concurrencia de las contrataciones», afirman desde la AEC.
     Alberto Iglesias  computerworld.es
     La Administración Pública podría estar promoviendo la competencia desleal al favorecer, por medio de encomiendas de gestión, a empresas públicas en lugar de someter estos proyectos a concurso público. Así lo reclaman desde la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), organismo que denuncia estos encargos que realizan las Administraciones Públicas a entidades que también pertenecen al sector público para la prestación de determinados servicios.

     Por medio del documento “El abuso en la utilización de las encomiendas de gestión”, presentado por la propia AEC, la asociación “evidencia el empleo incorrecto y el abuso de esta figura por parte de las AAPP en detrimento de las empresas especializadas y de la propia Ley de Contratos del Sector Público”, destacan desde la patronal de las consultoras.

     La encomienda de gestión, calificada como una operación interna y excluida del ámbito de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, surgió con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en los procedimientos de contratación. La justificación de esta exclusión obedece a que cuando las Administración utiliza sus propios medios para la obtención de prestaciones de los contratos públicos, esta actuación no reviste la naturaleza jurídica de un contrato, sino que supone una operación interna en el marco de las normas y régimen de funcionamiento del organismo público correspondiente.

     Sin embargo, y aunque la AEC admite que su fundamento de actuación es válido, esta práctica esta siendo sobreutilizada en los últimos tiempos, en especial desde el comienzo de la actual crisis económica. A través de empresas públicas como Tragsa, Isdefe, Ineco, Inteco y otras similares en el ámbito autonómico se elimina el factor competencia, se incurre en mayores costes para las AAPP y se adolece de la falta de experiencia y especialización que supondría contratar empresas altamente cualificadas de la industria de la consultoría, afirma la Asociación de Empresas de Consultoría en un comunicado oficial. Asimismo, este organismo considera que las encomiendas de gestión “han excedido claramente sus espacios naturales, actividades concretas en el ámbito de la agricultura, ganadería, defensa e ingeniería”.

     La contratación de entes instrumentales, que carecen de los medios necesarios para cubrir el servicio según la AEC, provoca que subcontraten a terceros incumpliendo los principios que propugna la Ley de Contratos del Sector Público: publicidad, transparencia y concurrencia. De hecho, existe jurisprudencia que cuestiona, en algunos casos, las encomiendas de gestión.

     En palabras de Manuel Pimentel, presidente de la AEC, “demandamos que la figura de las encomiendas de gestión no se conviertan en un atajo para evitar el Concurso Público y que la AAPP no alimenten ficticiamente a empresas de titularidad pública, que últimamente han aumentado considerablemente su tamaño. Las AAPP deben convertirse en paradigma de racionalización y de uso eficiente de los recursos públicos”.

El PP sólo acepta la comparecencia de dos ministros y tumba el resto de peticiones de la oposición

viernes, 25 de julio de 2014

     Nueve horas de debate de la Diputación Permanente en el Congreso
     Margallo hablará del conflicto en Gaza y De Guindos sobre la ley antidesahucios
     Todos los miembros del gabinete, salvo Santamaría, eran reclamados
     Europa Press Madrid  23/07/2014 elmundo.es
     El PP ha rechazado este miércoles en el Congreso la inmensa mayoría de las peticiones de comparecencia de ministros solicitadas por la oposición en la Diputación Permanente de la Cámara Baja, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones.
     Los populares sólo han aceptado citar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, para que informe de las gestiones realizadas por España ante el recrudecimiento del conflicto en Gaza; y al ministro de Economía, Luis de Guindos, para que explique las medidas que se adoptarán ante la sentencia del Tribunal de Justicia de UE sobre la ley antidesahucios española.
     Los distintos grupos de la oposición ha planteado más de 30 peticiones de comparecencia durante las nueve horas que ha durado la reunión de la Diputación Permanente, la primera que el Congreso celebra este verano.
     De hecho, desde los grupos se pedía que el Congreso citara a todos los miembros del Gobierno, salvo a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. La presencia de Mariano Rajoy era solicitada por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para hablar de la situación en Gaza y de la política del Gobierno respecto a Andalucía, en especial en lo referido a la ley antidesahucios andaluza que el Ejecutivo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Aunque el PP ha accedido a que Margallo dé explicaciones en una sesión extraordinaria de la Comisión de Exteriores sobre el conflicto palestino-israelí, que se sustanciará el próximo día 31 de julio, no ha considerado necesario que Rajoy haga lo propio ante el Pleno del Congreso.
    Además, el partido que da sustento al Gobierno ha aceptado pedir a De Guindos que incluya en el orden del día de la comparecencia que ya tenía prevista para el próximo martes, 29 de julio, sobre coyuntura económica general el debate relativo al fallo del TJUE que declara contraria al derecho comunitario la protección de los consumidores que se da en la Ley Antidesahucios.
     El PP también ha frenado el intento del PSOE de que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicase los principales cambios que conlleva el proyecto de ley de Mutuas. Sí lo hará el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que comparecerá a petición propia ante la Comisión de Empleo la próxima semana, previsiblemente el miércoles.
     Los populares también han rechazado la petición del PSOE de que ocho ministros afectados por el macrodecreto de medidas económicas, que finalmente se va a tramitar como proyecto de ley, comparezcan en sus respectivas comisiones parlamentarias para dar cuenta de las medidas de esa norma relacionadas con sus respectivos departamentos.
     Gallardón, el más reclamado
     Además, el PP se ha negado a citar este verano al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que era el ministro que más peticiones acumulaba. La oposición le reclamaba para hablar de la reforma de la Ley del Aborto, la limitación del derecho de huelga, la regulación de los delitos de odio o la privatización del Registro Civil.
     Tampoco han dado vía libre a las solicitudes dirigidas al ministro de Industria, José Manuel Soria, que versaban sobre la indemnización a ACS por el cierre y desmantelamiento de la planta para el almacenamiento de gas subterráneo Castor (frente a las costas de Castellón), el cierre de Elcogás en Puertollano (Ciudad Real) o la línea de Alta Tensión de Santa Coloma de Gramenet.
     No han salido adelante, tampoco, las peticiones de explicaciones a la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre la privatización de Aena, que queda pendiente para septiembre; al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dar cuenta de la financiación autonómica o la investigación abierta por la Comisión Europea sobre las cuentas de la Comunidad Valenciana; o a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, sobre las ayudas para paliar los daños producidos por inclemencias meteorológicas.
     El mismo camino ha seguido la demanda de que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, compareciese para detallar por qué se ha decidido cargar la Generalitat catalana el coste de la escolarización en centro privados de los alumnos que pidan enseñanza en castellano.
Igualmente, ha caído en saco roto la petición de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto para que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, diera cuenta de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. El PNV también solicitaba su presencia para que informara de sus planes respecto a los presos de ETA acogidos a la denominada vía Nanclares, petición que también se ha topado con el ‘no’ no sólo del PP, sino también del PSOE.
     Tampoco comparecerá este verano la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, a quien PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y Grupo Mixto pedían cuentas sobre las cuantías y criterios de distribución del fondo extraordinario contra la pobreza de 17 millones de euros. Y tampoco hablará de sus planes sobre la financiación de nuevas terapias en Hepatitis C.
     El PP también ha vuelto a negarse a que el Congreso debata sobre la creación de una comisión de investigación sobre la corrupción y la financiación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, como pedía la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).

 

 

 

Apartan a dos administradores concursales por colar facturas falsas y cheques amañados

viernes, 25 de julio de 2014

     La UDEF investiga a Ramos Fortea y García Gascón
     José L. Lobo 24/07/2014 elconfidencial.com
     José Luis Ramos Fortea y Abraham García Gascón, dos de los administradores concursales que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por su presunta vinculación a una trama corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, han sido apartados por un juzgado de lo mercantil de Alicante por haber autorizado el pago de facturas falsas a otros supuestos miembros de la red y consentir el cobro de cheques con firmas manipuladas, según consta en una sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial.
     Las pesquisas de la UDEF se iniciaron a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de octubre por Antonio García, presidente del Grupo Inmobiliario Luxender, que a finales de 2008 solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores. El empresario ha aportado a la Policía abundante documentación de las prácticas supuestamente delictivas de Ramos Fortea y García Gascón, quienes, «valiéndose de la colaboración de otras personas externas al concurso» entre las que cita a abogados, economistas y ejecutivos bancarios, «han defraudado» a Luxender y la han llevado «al límite de la liquidación».
     Ambos administradores concursales avalaron, además, el pago de 220.820 euros al perito Pablo García Llorens, que este trató de justificar mediante facturas falsas de supuestos gastos emitidas por sociedades fantasma
     Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante considera probado que Ramos Fortea y García Gascón, administradores concursales de Luxender, autorizaron pagos de 222.919 euros a su socio Iván Cristóbal, también relacionado con la red corrupta, por unos supuestos trabajos de auditoría nunca realizados, y falsearon el informe concursal al afirmar que Cristóbal llevó a cabo la auditoría contable de la inmobiliaria correspondiente a los ejercicios de 2008 y 2009. La sentencia también recoge la maniobra de aquellos, finalmente no consumada, para incrementar los honorarios de su socio a 381.401 euros.
     Ambos administradores concursales avalaron, además, el pago de 220.820 euros al perito Pablo García Llorens, que este trató de justificar mediante facturas falsas de supuestos gastos emitidas por sociedades fantasma, según señala la sentencia. García Llorens, presuntamente vinculado a la trama que investiga la UDEF, fue nombrado perito judicial en el procedimiento concursal de Luxender por el juez Luis Seller Roca de Togores a sugerencia de Ramos Fortea, que mantiene una relación muy fluida con el magistrado, según fuentes de la investigación.
     Firmas «burdamente falsificadas»
     Ramos Fortea y García Gascón también se apropiaron presuntamente de un cheque de 294.212 euros contra una cuenta de Luxender en Caixa Galicia, cantidad que fue sustraída de la masa activa del concurso. El talón, cuyas firmas fueron «burdamente falsificadas», según reza la sentencia, se ingresó en una cuenta del despacho de abogados Orfila Cinco, cuya conexión con la red corrupta investiga la UDEF. Varios emails aportados por el presidente de Luxender y avalados por el juez prueban que Ramos Fortea y García Gascón acordaron repartirse los casi 300.000 euros con Cristóbal, García Llorens y los letrados de Orfila Cinco.
     La sentencia apunta también a Caixa Galicia, ya que el juez se pregunta: «¿Cómo es posible que una entidad de crédito haya admitido el cobro de un cheque con firmas falsas, existiendo el deber de comprobar su autenticidad?». Y añade: «Se trata de falsificaciones burdas, y no de unas realizadas por un experto». En sus conclusiones, el juez sostiene que la actuación de Ramos Fortea y García Gascón «no se ajusta a los deberes de honestidad, lealtad e imparcialidad propios de la administración concursal», por lo que decide apartarlos del procedimiento.
     Como ya reveló este diario, la investigación de la UDEF se centró, inicialmente, en la supuesta trama corrupta urdida en torno al concurso de Luxender. Sin embargo, la unidad policial especializada en la lucha contra el fraude y el blanqueo ha ampliado el radio de sus pesquisas a decenas de concursos de acreedores en los que han intervenido los mismos administradores concursales de la inmobiliaria, al sospechar que la presunta red delictiva podría haber seguido idéntico modus operandi en empresas quebradas de toda España, según las fuentes de la investigación consultadas.

 

Españolito. Antonio Machado

jueves, 24 de julio de 2014

.

 

Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.

Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios.
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón

.

CCOO-A insta a las instituciones a recurrir al Constitucional la ley que «privatiza» el Registro Civil

jueves, 24 de julio de 2014

     23/07/2014 – eldiario.es
     El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Andalucía, Agustín de la Cruz, ha remitido sendas cartas a la presidenta de la Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo, al consejero de Justicia e Interior y los representantes de los grupos parlamentarios PSOE, IU y PP, en las que les recuerda las dos proposiciones no de ley aprobadas en el Parlamento andaluz, y las declaraciones del consejero LLera, que se oponen a la «privatización» del Registro Civil.
     Según indica el sindicato en una nota de prensa, con base en la potestad que les reconoce el ordenamiento jurídico a los mencionados, y para concretar las manifestaciones en defensa del servicio público, CCOO solicita que se presenten recursos de inconstitucionalidad contra la norma estatal que entrega a los Registradores Mercantiles los Registros Civiles.
     CCOO también exige al Gobierno Andaluz un compromiso claro, que se materialice en la Mesa Sectorial de Justicia, de mantener todo el empleo público (titulares, refuerzos e interinos) de los Registros Civiles, incluyendo los juzgados de Paz.

El PSOE considera un «escándalo» que los registros mercantiles asuman funciones de los civiles

jueves, 24 de julio de 2014

     La Rioja |  Logroño. 15 julio 2014 larioja.com
     La secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de La Rioja, Victoria de Pablo, considera «un auténtico escándalo democrático» el traspaso de las funciones del Registro Civil a los registradores al frente de los Registros Mercantiles, recogido el pasado viernes en el Real Decreto-Ley 8/2014 para la aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
     Según de Pablo, el PP es «alérgico a las reglas de funcionamiento de la democracia participativa». Sólo así, añadió, puede entenderse que, «hurtando el debate parlamentario e impidiendo la confrontación de ideas y argumentos», aprobara un Real Decreto de 172 páginas que «cambia radicalmente unas 20 leyes». «Un cajón de sastre que lo mismo habla de drones que de empleo juvenil», expuso.      La secretaria del PSOE cargó asimismo contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, señalando que «no dice la verdad cuando garantiza la gratuidad del servicio y el mantenimiento de los puestos de los funcionarios», porque, según afirmó de Pablo, el ministro se refiere únicamente «a las cinco Comunidades que no tienen transferidas las competencias de justicia». Al no ser el caso de La Rioja, exigió explicaciones al consejero, Emilio del Río.
     CCOO anuncia una huelga
     Sobre este mismo asunto se pronunció también ayer el sindicato CCOO de La Rioja, quien anunció la convocatoria de una huelga el 8 de octubre contra el «desmantelamiento» de la Justicia, tras la decisión del Gobierno de «privatizar» el Registro Civil y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Castelló: Los registradores presentan una guía didáctica con las cargas que se pueden encontrarse al adquirir una vivienda

jueves, 24 de julio de 2014

     La Plana al Dia | Castelló |23-07-2014 laplanaaldia.com
     El Decanato de la Comunidad Valenciana de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ha presentado esta mañana en Castellón la “Guía de cargas que se pueden encontrar inscritas en el registro de la propiedad al tiempo de adquirir una vivienda”. Editada en castellano y valenciano, pretende ofrecer una información clara, práctica y comprensible sobre las cargas más frecuentes y su alcance, explicando con un lenguaje sencillo las diferentes situaciones jurídicas que pueden afectar a la vivienda.

     María Emilia Adán, decana autonómica de los registradores, ha explicado que el objetivo de la guía es acercar al ciudadano de la calle la explicación de la terminología jurídica y registral en lo que se trata, para muchos, de la inversión más importante de su vida. “Hay cargas que hacen desaconsejable la adquisición de la vivienda o un terreno, hay otras que se pueden cancelar sin excesivos problemas y las hay que no merece la pena tener en cuenta dada su escasa trascendencia. La guía trata de dar respuesta a todas estas situaciones”.

     La presentación ha tenido lugar en el transcurso de la reunión de trabajo de la Comisión para el análisis, impulso y reactivación de la actividad productiva y el empleo, mediante el incremento de la adquisición, arrendamiento y uso de viviendas por ciudadanos del resto de Europa, celebrada esta mañana en la sede de la Cámara de Comercio de Castellón. El acto ha sido presidido por la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, y ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, el director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, Vicente Dómine, el diputado de Promoción Económica de la Diputación de Castellón, Vicente Sales, además de otras autoridades locales, alcaldes de diferentes municipios de Castellón y representantes del mundo jurídico, empresarial y cameral que conforman la citada Comisión de Vivienda.

 

El Congreso debate mañana si cita a todo el Gobierno, salvo a la vicepresidenta, como pide la oposición

miércoles, 23 de julio de 2014

     23/07/2014 eleconomista.es
     Izquierda Plural reclama la comparecencia de Rajoy para hablar de Gaza y de la censura del Tribunal Europeo a su ley antidesahucios
     Madrid, 23 (europa press)
     La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, debatirá este miércoles si cita a comparecer este verano a todos los miembros del Consejo de Ministros, salvo a la vicepresidenta del Gobierno, como han pedido los distintos grupos de la oposición.
     La ‘número dos’ del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya compareció ante el Pleno de la Cámara el pasado 10 de julio, en la última sesión plenaria celebrada antes del paréntesis estival. Lo hizo para presentar el ‘macrodecreto’ de medidas económicas que modifica un total de 26 leyes de muy distinta índole, por eso los grupos no han considerado necesario volver a reclamar su presencia en la Cámara Baja.
     Pero la oposición sí quiere oír las explicaciones del resto de los miembros del Gobierno sobre distintos asuntos, empezando por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, cuya comparecencia han solicitado Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Grupo Mixto.
     Primer debate sobre la situación en Gaza
     En concreto, solicitan la convocatoria un Pleno extraordinario para que Rajoy dé cuenta de las gestiones llevadas a cabo por España ante del recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina, un asunto por el que tanto Izquierda Plural como el PSOE también piden cuentas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
     Además, IU-ICV-CHA y el Mixto también quieren que Rajoy opine sobre el fallo del Tribunal de Justicia de la UE contra la llamada ley antidesahucios impulsada por su Gobierno y que el Ejecutivo siempre ha contrapuesto a la norma sobre el mismo asunto aprobada por la Junta de Andalucía que está suspendida hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la impugnación planteada por el Ejecutivo. El PSOE y la Izquierda Plural también quieren que el ministro de Economía, Luis de Guindos, dé cuenta del varapalo europeo a la ley.
     Por su parte, los socialistas quieren que los ocho ministros afectados por el ‘macrodecreto’ que el Gobierno aceptó tramitar como proyecto de ley ‘visiten’ la Cámara para hablar de los puntos relativos a cada uno de sus departamentos.
     Cambios en el IRPF y paro juvenil
     Así, exigen que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dé cuenta la reducción al 15% de las retenciones en el IRPF que se aplican a los autónomos, de la decisión de elevar al 0,03 por ciento el tipo aplicable al impuesto sobre depósitos bancarios, de los cambios fiscales que afectarán a las víctimas de la estafa de las preferentes y a quienes recurren a la dación en pago al ser desahuciados.
     A Luis de Guindos, por su parte, le piden que explique los cambios aprobados en materia de comisiones por el uso de tarjetas o la simplificación de trámites administrativos para la apertura o traslado de comercios. En su ámbito de gestión cae también la decisión de ampliar el número de municipios obligados a declarar una zona de gran afluencia turística (ZGAT).
     El PSOE pide asimismo que la ministra Fátima Báñez informe a la Comisión de Empleo del plan de implantación de la Garantía Juvenil, que conllevará la aplicación de nuevas bonificaciones a la contratación de jóvenes menores de 25 años.
     Privatización de aena y Registro Civil
      Además, requiere la presencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, ante la comisión parlamentaria del ramo para que informe sobre los cambios que afectan a Aena tras la autorización de la entrada de capital privado en su accionariado, y también de las modificaciones relativas a los puertos españoles, entre otras medidas. También UPyD le pide cuentas por la privatización de Aena, un asunto por el que CiU y PNV piden la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada.
     El PSOE también exige que el ministro José Manuel Soria, acuda a la Comisión de Industria, Energía y Turismo para explicar el impacto de la liberalización del sector del butano y para informar sobre las medidas adoptadas para fomentar la sostenibilidad energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
     Las solicitudes de comparecencia del PSOE incluyen asimismo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que informe de las consecuencias que tendrá el cambio de gestión del Registro Civil y su paso a manos de los registradores mercantiles, un asunto por el que también le pide explicaciones la Izquierda Plural.
     También están en la lista de peticiones del PSOE el titular de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, para que informe sobre la supresión de la obligación de inscripción en el Registro administrativo de empresas cinematográficas y audiovisuales que preveía la Ley del Cine de 2007; y el responsable de Defensa, Pedro Morenés, sobre los cambios en materia de reconocimiento de titulaciones obtenidas en la enseñanza militar.
     Comisión de investigación corrupción política
     En la misma Diputación Permanente tampoco faltará un debate sobre la corrupción porque Izquierda Plural volverá a aprovechar esta cita para plantear que se convoque un Pleno extraordinario para debatir la creación de una comisión de investigación sobre la corrupción política y sus vinculaciones con la financiación ilegal de los partidos políticos.
     Además, a la oposición reclamará la comparecencia de miembros del Gobierno por otros asuntos. Por ejemplo de Ruiz Gallardón para hablar de las reformas de la ley del aborto, de la justicia gratuita, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los delitos de odio y del derecho de huelga; o de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para que detalle el reparto de los fondos contra la pobreza infantil y los planes del Gobierno respecto a la financiación de nuevas terapias para los pacientes de hepatitis C.
     También habrá que decidir si el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, acude a defender su reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, como piden Izquierda Plural y Mixto, o si lo hace, a instancias de PNV, para que explicar la política de su departamento en relación con los presos de ETA adscritos a la denominada ‘vía Nanclares’, después de que de que un juez ordenara suspender todos los permisos pendientes al Joseba Urrusolo, uno de los reclusos incluidos en ese programa de reinserción.
     Además, PSOE, CiU, Izquierda Plural y Mixto demandan que Wert comparezca para hablar del decreto que obliga a la Generalitat de Cataluña a financiar el coste de la escolarización en centros privados de los alumnos que soliciten enseñanza en castellano.
     Manipulación del déficit en la comunidad valenciana
     Los socialistas desean, asimismo, que Montoro responda de la investigación de la Comisión Europea por la presunta manipulación de las estadísticas de déficit y deuda entre 2008 y 2011 por parte de la Comunidad Valenciana. Por su parte, CiU y la Izquierda Plural le reclaman por la liquidación de los recursos del sistema de financiación autonómica, especialmente en Cataluña.
     Asimismo, tanto el PSOE como IU-ICV defenderán que Soria ofrezca una solución ante el anunciado cierre de así como sobre la solución para la planta de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real), petición a la que se une una del Mixto e Izquierda Plural sobre la indemnización a ACS por el proyecto de almacenamiento de gas Castor. Su presencia, junto la de Ana Pastor, también la pide ERC, ante el expediente que la UE ha abierto España por la falta de estudio ambiental de la línea de Muy Alta Tensión a su paso por Santa Coloma de Gramenet.
     Por último, el PSOE quiere que Báñez explique los efectos del proyecto de ley de Mutuas y del decreto de regulación de la incapacidad temporal y que la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina, diga cómo piensa paliar los daños en el campo que han causado la sequía, el granizo y otras inclemencias meteorológicas de las últimas semanas.

Economía considera que la venta de Catalunya Bank ‘minimiza’ el coste para el contribuyente

miércoles, 23 de julio de 2014

     El Estado ha perdido unos 12.000 millones con la operación
     El secretario de Estado de Economía valora de forma «positiva» la operación
     Afirma que ‘el nivel de paro sigue siendo inaceptablemente alto, pero esto lleva su tiempo’
     Macarena P. Lanzas Madrid 22/07/2014 elmundo.es
     El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha valorado hoy «positivamente» la compra de Catalunya Banc por parte de BBVA, porque con ella se ha conseguido «minimizar el coste para el contribuyente».
     En su opinión, «la estructuración se ha hecho de la forma adecuada, dividiendo una parte en la cartera de activos crediticios y otra parte en la entidad», ha dicho en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Un proceso con el que se ha conseguido «maximizar el valor del mercado, la preferencia de distintos inversores, un fondo importante de inversión extranjero y la entidad el banco».
     El BBVA ganó la subasta de Catalunya Banc al ofrecer 1.187 millones de euros por el 100%, sin embargo ello no evita que el Estado tenga que dar por perdidos unos 12.000 millones de euros de las ayudas inyectadas al grupo.
     Para el secretario de Estado de Economía, se trata de una evidencia de que «la confianza en el sistema financiero español es sólida», por lo que «el proceso de reestructuración del sistema financiero sigue avanzando de forma adecuada». Una situación que se traducirá en un aumento de las tasas de crecimiento y en una mejoría en la creación de empleo, según Latorre.
     Dato de la EPA
     Respecto a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que se conocerán el próximo jueves, el secretario de Estado de Economía ha dicho que «la recuperación económica va ganando impulso» y que los datos de afiliaciones del segundo trimestre han sido «positivos», con lo que «lo lógico es que la EPA sea también coherente con esos indicadores económicos y esos otros datos de empleo».
     No obstante, ha reconocido que «el nivel de paro sigue siendo inaceptablemente alto», pero «esto toma tiempo, es un proceso en marcha». En este sentido, ha destacado la actual confianza del consumidor, «que ha mejorado sustancialmente

Los hombres de negro del BCE se instalan en la banca española en busca de agujeros

miércoles, 23 de julio de 2014

     Cuentan con el apoyo del Banco de España
     Agustín Marco 21/07/2014  elconfidencial.com
     A pocos días de que los principales bancos españoles presenten los resultados del primer semestre del año, el nerviosismo recorre las cúpulas de las principales entidades financieras. El motivo es el aterrizaje de un equipo de hombres de negro del Banco Central Europeo (BCE) que se ha dedicado a analizar con profundidad el estado real de los balances en busca de agujeros indebidamente provisionados.
     Fuentes oficiales de varios de los cinco mayores bancos españoles han confirmado a El Confidencial la presencia en sus oficinas centrales de un amplio batallón de investigadores del nuevo supervisor europeo, un grupo especializado en análisis de riesgos que ha realizado catas en carteras potencialmente sospechosas. El objetivo es llevarse una radiografía exhaustiva de la salud de la banca nacional con la vista puesta en los Asset Quality Review (AQR).
     Según reconocen distintas fuentes, las pruebas preliminares de los AQR o examen de la calidad de los activos no han sido aleatorias precisamente. Al contrario, los hombres de negro del BCE han contado con el apoyo de un equipo de inspectores del Banco de España que les habían identificado previamente dónde tenían que poner la lupa. “Sabían dónde estaba el material radioactivo”, indican para poner de manifiesto que el examen no ha sido fortuito.
     Más bien todo lo contrario. Lo que han hecho los expertos del supervisor europeo ha sido hacer catas sobre el 5% del balance, en carteras que por el análisis anterior de Oliver Wyman podían haberse deteriorado. “La profundidad del pinchazo ha sido espectacular. Nos han pedido datos muy pormenorizados que hasta nos ha costado aflorar”, subrayan desde uno de los cinco grandes bancos.
     El escáner ha sido tan detallado que desde las entidades financieras se temen que habrá alguna sorpresa desagradable cuando se hagan públicos los AQR, el próximo mes de octubre.  No obstante, desde los policías del BCE han indicado a los responsables de riesgos de los bancos que, si observan cualquier deficiencia significativa, como la falta de colateral del préstamo, la sobrevaloración de un activo o la mala cobertura de un crédito, se les deberá comunicar de forma inmediata para que al mismo tiempo lo hagan público a los accionistas e inversores a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
     De esta manera, se quiere evitar cualquier filtración sobre los resultados formales a lo largo del verano, una información muy sensible que podría afectar a las acciones de los bancos cotizados y que les haría muy difícil poder captar fondos en el mercado. De esta metodología ya fueron informados los responsables de comunicación de la banca española, que fueron reunidos hace dos semanas en la sede del BCE en Fráncfort (Alemania) para que supieran cuáles son las pautas a seguir.
     Aunque en la cúpula de las principales entidades se comparte la sensación de que los españoles son los bancos que mejor han hecho los deberes de dotaciones porque fueron sobre los que más énfasis se puso la lupa al ser los últimos en reconocer sus pecados, se teme que desde Alemania se quiera ejemplarizar con alguno para desviar la atención sobre los problemas de sus entidades regionales. “Además de la calidad del balance, esto es una batalla de poder político”, aseveran.
     En este sentido, tiene muy presente la advertencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), que en su informe de junio alertó de la frágil salud de la banca al indicar que el 39% de los activos totales del sector tiene una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de menos del 4%. “Este hecho, combinado con el nuevo entorno regulatorio, la modesta perspectiva de crecimiento y un entorno de tipos bajos, presenta un desafío sobre la sostenibilidad de los modelos de negocio de algunos bancos”, concluye el organismo que se está encargando de realizar los AQR.

La Policía investiga una trama corrupta de jueces y administradores concursales

martes, 22 de julio de 2014

     Anticorrupción encarga un informe a la UDEF
     21/07/2014 elconfidencial.com
     La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), un cuerpo policial adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial y especializado en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, investiga desde hace varios meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, la mayoría en el sector de la construcción. La trama, de la que presuntamente forman parte abogados, economistas, peritos y administradores concursales, actúa en supuesta connivencia con jueces de lo mercantil, según han revelado a El Confidencial fuentes de la investigación.
     Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de octubre por el empresario Antonio García, presidente del Grupo Inmobiliario Luxender S. L., que a finales de 2008, ahogado por la crisis del ladrillo, solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores. En su denuncia ante la UDEF, a la que ha tenido acceso este diario, García señala, entre otros, al economista José Luis Ramos Fortea y el abogado Abraham García Gascón, que fueron designados administradores concursales de Luxender por el entonces titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, Luis Seller Roca de Togores.
     Éste último forma parte del restringido circuito de jueces mercantiles que participan en congresos y conferencias, todos remunerados, organizados por los principales despachos de derecho concursal, a los que acuden con todos los gastos pagados y en días laborables. Esos mismos jueces adjudican luego a dedo algunos de los procedimientos concursales más codiciados a los patrocinadores de esos foros. Además de Seller Roca de Togores, también nutren ese exclusivo círculo Andrés Sánchez Magro, del Juzgado Mercantil 2 de Madrid; Santiago Senent, del 7 de Madrid; Juan Manuel de Castro, del 10 de Madrid; José María Tapia, del 1 de Burgos, o Víctor Fernández, del 1 de Palma, entre otros.
     Liquidación «fraudulenta»
     En su documentada denuncia ante la UDEF, García sostiene que Ramos Fortea y García Gascón, «valiéndose de la colaboración de otras personas externas al concurso», entre las que cita a abogados, economistas y ejecutivos bancarios, «han defraudado» a Luxender y la han llevado «al límite de la liquidación». Una liquidación que el tercer administrador concursal de la mercantil, Desiderio Soler, ajeno a la presunta trama y designado por los acreedores de la compañía, ha calificado de «fraudulenta» en diversos informes entregados a la Agencia Tributaria y al actual titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, Salvador Calero.
     La investigación de la UDEF se centró, inicialmente, en la supuesta red corrupta urdida en torno al concurso de Luxender, de la que presuntamente formarían parte, además de Ramos Fortea y García Gascón, los administradores concursales Iván Cristóbal, José Antonio Doménech, Fernando Polanco, Jorge Pastor y José Luis Silvestre, junto al perito Pablo García Llorens y los abogados Javier Oñate y Enrique Naveros, según las fuentes consultadas. Todos ellos mantienen entre sí estrechos vínculos profesionales dentro del circuito de los concursos de acreedores en casi todo el territorio nacional, como puede verse en el cuadro anexo, y cuentan con despachos en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia.
     Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia en la que un empresario acusaba a dos administradores concursales -un economista y un abogado- de haber vaciado su empresa
     La UDEF, sin embargo, ha ampliado el radio de sus pesquisas a decenas de concursos de acreedores en los que han intervenido los mismos administradores concursales de Luxender, al sospechar que la presunta red corrupta podría haber seguido idéntico modus operandi en empresas quebradas de toda España, según las fuentes de la investigación consultadas. La Fiscalía Anticorrupción ha encargado un informe a la UDEF, que estará listo a finales de agosto o primeros de septiembre, antes de decidir si remite las actuaciones a la Audiencia Nacional, aseguran las citadas fuentes.
     Créditos ocultos
     Ramos Fortea y García Gascón, dos de los administradores concursales de Luxender, ocultaron supuestamente de forma deliberada, en el informe concursal que entregaron al juez, derechos de cobro a favor de la inmobiliaria por valor de 23,6 millones de euros de Banco Guipuzcoano, Caixa Galicia, Banco Popular y CAM. Así, pese a que esta última adeudaba a Luxender 2,98 millones de euros en concepto de certificaciones de obra ejecutada y no pagada, Ramos Fortea, García Gascón e Iván Cristóbal negociaron directamente con directivos de la entidad –hoy Banco Sabadell– y detrajeron esa cantidad de la masa del concurso, beneficiando a la CAM en detrimento del conjunto de acreedores.
     El tercer administrador concursal, Desiderio Soler, denunció repetidamente al juez Calero desde 2011 los «hechos irregulares ocurridos en el concurso, que pueden provocar un perjuicio aún mayor [a Luxender] del que ya han causado [los administradores concursales] si no se adoptan medidas cautelares al respecto por parte del juez». Y añadía: «El caso paradigmático es el de la CAM, que pretende ejecutar un préstamo hipotecario garantizado con 25 viviendas sobre las que existe un contrato de compra por esa entidad que fue aprobado por el Juzgado de lo Mercantil número 2. Es decir, que la CAM pretende ejecutar sus propias viviendas compradas».
     En cuanto a Caixa Galicia, Soler apunta: «Esta entidad ha obrado de forma muy irregular, no sólo por autorizar el cobro de un cheque a sabiendas de que los perceptores no estaban autorizados y que las firmas no eran las legítimas, sino además por no hacer frente al pago de sus obligaciones, conociendo la situación de la mercantil, y aprovecharse de esto para ejecutar inmuebles. Se puede decir que el expolio causado por esta entidad ha sido espectacular», y que «ha realizado maniobras engañosas que han perjudicado enormemente a la concursada». La deuda de Caixa Galicia con Luxender ascendía a 5,25 millones de euros. Sin embargo, los administradores la ocultaron en su informe al juez.
     La Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF ya emitió un informe en el que consta el pago por Caixa Galicia de un cheque de Luxender por importe de 294.212 euros a los abogados Naveros y Oñate, que cobraron fraudulentamente tras falsificar las firmas autorizadas de la inmobiliaria, con la connivencia de Ramos Fortea y García Gascón. Estos también falsearon supuestamente el informe concursal para aumentar a 116.000 euros los honorarios del perito García Llorens, que el juez había fijado en 60.000 euros; manipularon ese mismo informe para atribuir un salario de 222.919 euros a otro presunto miembro de la trama, Iván Cristóbal, por unas auditorías que jamás realizó, y ocultaron una deuda tributaria de Luxender de 6,39 millones de euros.
     ‘Cortejar’ a los jueces   
     La retribución de los administradores concursales está en función de los activos de la empresa en quiebra: a mayores activos, mayores honorarios. De ahí que muchos abogados y economistas cortejen a jueces mercantiles ofreciéndoles impartir conferencias y ponencias generosamente remuneradas en congresos y foros sobre derecho concursal, que generalmente se celebran en hoteles de lujo y en régimen de gratis total. A cambio de esos pagos en especie, los despachos profesionales confían en que los jueces les adjudiquen los concursos más jugosos.
     El tercer administrador concursal de Luxender, Desiderio Soler, ajeno a la presunta trama y designado por los acreedores de la compañía, ha calificado la liquidación de ‘mercantil’
     De los 9.660 procedimientos concursales que hubo en España el pasado año, 395 correspondieron a sociedades con un activo superior a 10 millones de euros, las piezas más codiciadas por abogados, economistas y consultores. Pero, según datos del Colegio Notarial, casi el 90% de las empresas que se acogen al concurso de acreedores acaba echando el cierre. Empresas concursadas y sus acreedores acusan de forma generalizada a los administradores de alargar los procesos, preferir siempre la liquidación antes que reflotar las compañías y, sobre todo, ponerse los primeros en la lista a la hora de cobrar.
     El Gobierno acaba de anunciar que suprimirá la potestad de los jueces mercantiles para nombrar discrecionalmente a los administradores concursales. Esa modificación se introducirá en una enmienda a la ley de refinanciación y reestructuración empresarial que actualmente se tramita en el Congreso. La intención de esa enmienda es crear un registro o colegio de administradores con unos requisitos específicos para acceder a la figura de administrador concursal, así como unos procedimientos claros para su selección por los jueces.

Las Administraciones Públicas son las menos flexibles a la hora de evitar la quiebra de una pyme

martes, 22 de julio de 2014

     Quitas de dinero público por valor medio del concurso de apenas 1.800 euros
     bolsamania.com | 20/07/2014
     Las micropymes, aquellas con menos de 10 trabajadores, son las empresas más castigadas por la crisis, las que han incurrido en más concursos de acreedores en los últimos años y, a su vez, son en las que más peso tiene el crédito de las Administraciones Públicas, los acreedores menos flexibles a la hora de renegociar la deuda. Esa menor flexibilidad aboca a este tipos de empresas, que hace un año según el DIRCE (Directorio Central de Empresas del INE), suponían el 95% de todas las empresas españolas, a la liquidación.

 
     El Consejo General de Economistas, con el apoyo técnico de su órgano especializado el Registro de Expertos en Economía Forense, REFOR-CGE, ha advertido esta semana de una realidad que ya puso sobre la mesa a comienzos de mes el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre España: “Los acreedores públicos (Hacienda Pública y Seguridad Social) tienen poca flexibilidad para la reestructuración de la deuda fuera de los Tribunales y no se llevan a la mesa de negociaciones con otros acreedores, lo cual es particularmente problemático para las PYME. Una estrategia integral y voluntaria, catalizada por el sector oficial y que armonice los incentivos de todos los interesados, podría hacer «avanzar rápidamente» la reestructuración y mejorar las perspectivas de crecimiento”.

     La empresa tipo que más quiebras protagoniza en España, es una micropyme con una plantilla de 1 a 9 trabajadores y un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros, según el estudio de REFOR-CGE y, su pequeña dimensión propicia que la incidencia de los créditos públicos sea muy intensa. Unos créditos que disfrutan de una situación privilegiada en los concursos de acreedores.

     El objetivo es que las propias Administraciones Públicas consigan cobrar sus créditos y evitar la liquidación.

     El Consejo General de Economistas considera que se debe fomentar que las pymes acudan al concurso, y no opten por otro tipo de soluciones drásticas, como la liquidación, en caso de que se encuentren en esta situación de insolvencia. Pero para eso, sus principales acreedores, las Administraciones Públicas, deben ser más flexibles a la hora de negociar. El organismo de Economistas ha propuesto al Congreso de los Diputados que en la reforma concursal se laminen gran parte de los privilegios que disfrutan las Administraciones Públicas, tanto en la fase preconcursal como en la fase concursal propiamente dicha. “De esta forma, se permitiría extender la reforma de los acuerdos de refinanciación, solución extraconcursal de la mediación y solución de convenios, a los créditos públicos, de modo, que los mismos pudieran incluir quitas y esperas”, explican. El objetivo es que las propias Administraciones Públicas consigan cobrar sus créditos, aunque lo hagan en un periodo posterior.
     Según las últimas cifras de Estadística concursal de Registradores, más del 95% de los concursos de acreedores de 2013 terminaron en liquidación, y para el Colegio de Economistas “es preferible reducir estas cifras y que las Administraciones Públicas puedan seguir cobrando sus créditos, al subsistir las empresas y no quedar liquidadas”.

 

EU censura la privatización de los registros civiles

martes, 22 de julio de 2014

     20.07.2014 | levante-emv.com Castelló
     La portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Castelló, Carmen Carreras, anunció ayer que presentará una declaración institucional en el próximo pleno contra la privatización de los registros civiles.
     «El pasado día 12 de febrero, el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España hizo público que el Ministerio de Justicia ha adoptado ya la decisión de asignar los registros civiles a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Esta decisión supone una privatización encubierta de un servicio público esencial», explicó Carreras, quien alertó que este cambio causaría una mercantilización de los datos personales.

Cataluña aprueba un impuesto para los bancos con viviendas vacías

martes, 22 de julio de 2014

      Se prevé que afecte a 15.000 casas en manos de entidades financieras
     Gravará con entre 850 y 1.650 euros los pisos vacíos
     No afectará a propietarios particulares, entidades del mundo local y del tercer sector
     El conseller de Territorio, Santi Vila, destaca que la medida ya ha tenido su ‘efecto positivo’
     Europa Press Barcelona  15/07/2014  horas elmundo.es
     El Gobierno catalán ha aprobado el proyecto de ley que creará un impuesto sobre las viviendas vacías que gravará con entre 850 y 1.650 euros los pisos vacíos y que se prevé que afecte a 15.000 casas desocupadas en manos de entidades financieras de los 72 municipios catalanes con más demanda.
     En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el conseller de Territorio, Santi Vila, ha destacado que con la aprobación de este proyecto cumplen con su compromiso de dinamizar el parque de viviendas catalán, ya que ha admitido que la situación sigue siendo de «extrema dificultad».
     Ha destacado que, antes de su aprobación, la medida ya ha tenido su «efecto positivo» al facilitar un acuerdo entre la Generalitat y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria (Sareb), Catalunya Caixa y Bankia para que les cedan 600, 400 y 200 viviendas respectivamente durante un periodo de 4 ó 5 años, ya que la ley prevé bonificaciones a las entidades que suscriban acuerdos con la administración.
     Destinar más del doble de las viviendas a alquiler social supondrá una bonificación
     Concretamente, si el titular destina del 5 al 10% de sus casas a vivienda asequible, recibirá una bonificación del 10% de la cuota, y como máximo, la bonificación del 100% será para cuando se destinen a alquiler social más del doble de viviendas vacías que estén sujetas al impuesto.
     Según Vila, se trata de «poner a disposición de la ciudadanía un parque de viviendas nuevo y vacío en municipios que tienen demanda contrastada», en casos que las casas llevan más de dos años fuera del mercado sin causa justificada y que son propiedad de bancos, ya que ha constatado que actualmente hay 80.000 viviendas vacías en Cataluña.
     El conseller ha asegurado que este impuesto «sin ánimo recaudatorio en ningún caso afectará a propietarios particulares, entidades del mundo local y del tercer sector», y que el proyecto ahora irá al Parlament para su tramitación.
     Alquiler social
     El Govern también ha puesto en marcha un plan piloto para poner al mercado pisos vacíos de particulares incentivando que los cedan por seis años a la Generalitat para alquiler social a cambio de trabajos de reforma y adecuación.
     Según ha explicado Vila, se trata de «incentivar a los propietarios que cedan sus pisos durante seis años para ponerlo en régimen de alquiler» a cambio de obras de rehabilitación por parte de la administración de hasta 12.000 euros.
     El conseller ha explicado que destinarán 2,5 millones de euros a esta experiencia piloto que «puede beneficiar a 200 viviendas» y que si funciona podría ampliarse en los próximos años.
     Con este plan se quiere ayudar a los propietarios que no pueden mantener sus viviendas ni rehabilitarlas pero que quieren mantener la propiedad y poner en el mercado pisos vacíos obteniendo más vivienda para políticas sociales.

Cruz de Honor para Fernando Acedo-Rico Henning

lunes, 21 de julio de 2014

      21/07/2014 abc.es
     Hoy tendrá lugar el acto de Imposición de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Fernando Acedo-Rico Henning, Decano Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad. El acto se celebrará a las 13 horas en la Sala de Audiencias de la Audiencia Provincial de Toledo y el mismo estará presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez. Asistirán al acto el Decano-Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad de España, Gonzalo Aguilera Anegón, el Vocal del Consejo General del Poder Judicial Vicente Guilarte Gutiérrez, el Presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, el Director General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, José Joaquín Rodríguez Hernández, y el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez, entre otras autoridades.

El tribunal de la UE también considera abusiva la reforma de la ley hipotecaria

lunes, 21 de julio de 2014

     Afirma que los afectados están en inferioridad de condiciones frente a los bancos
     Carmen Pérez-Lanzac  Madrid 17 julio 2014 – elpais.com
     Segunda condena en poco más de un año del Tribunal de Luxemburgo a la ley hipotecaria española. Los jueces de la UE consideran que la ley deja en inferioridad de condiciones a los usuarios frente a los bancos: los afectados no pueden recurrir ante determinadas resoluciones desfavorables, mientras que las entidades sí pueden hacerlo.
     Es el segundo revés que recibe España por parte de la justicia europea sobre este punto. En marzo del año pasado los jueces de Luxemburgo criticaron la ley hipotecaria y dictaminaron que los jueces españoles podían suspender cautelarmente las ejecuciones —e impedir el desalojo de los afectados— mientras se resolvía el procedimiento sobre la posible existencia de cláusulas abusivas en su contrato.
     El Gobierno reformó poco después la ley para cumplir los requerimientos de Europa, pero a los jueces de Luxemburgo el cambio no les ha parecido suficiente. El tribunal estima en esta ocasión que el deudor queda en situación desfavorecida frente a su entidad bancaria en el régimen de recursos a las resoluciones judiciales. El deudor que alega que su hipoteca incluye cláusulas abusivas no puede recurrir en caso de resolución contraria. El banco, sin embargo, sí puede interponer recurso si le quitan la razón.
     El Tribunal de la UE pide a España que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil (del año 2000) para que los afectados en procesos de ejecución hipotecaria puedan oponerse a una resolución judicial desfavorable, en cumplimiento de la directiva de protección de los consumidores que aprobó la UE hace 20 años, en 1993.
     Una vez más, lo que nos dice Europa es que nuestra ley es una chapuza. Lo que puede suponer esta sentencia es que, aunque la ley no lo permita, los jueces empecemos a aceptar recursos de los afectados en cumplimiento de la ley europea. José María Fernández Seijó, juez mercantil de Barcelona
     El Gobierno, que tuvo que pedir un rescate a Europa para salvar a los bancos, no ha sido igual de diligente en la protección de las personas en peligro de desahucio. Y ha tenido que ser de nuevo el Tribunal Europeo quien le dé un segundo revés.
     El juez mercantil de Barcelona que originó el varapalo anterior, José María Fernández Seijó, ha leído la nueva sentencia: “Lo que destacan los jueces de Luxemburgo es que si se le da la razón al consumidor, cabe recurso por parte del banco, pero si se le da la razón a la entidad, el deudor no puede interponer recurso. Y eso no se ajusta a la ley europea”, empieza. “Una vez más, lo que nos dice Europa es que nuestra ley es una chapuza. Lo que puede suponer esta sentencia es que, aunque la ley no lo permita, los jueces empecemos a aceptar recursos de los afectados en cumplimiento de la ley europea”.
     La sentencia, que se ha sometido a un procedimiento acelerado por su importancia y que se ha dictado en tan solo dos meses y medio, tiene su origen en una cuestión prejudicial planteada por José Manuel Marco, actual presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las posibilidades que una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria tiene para recurrir sentencias. La resolución del Tribunal Europeo concluye que los deudores tienen menos posibilidades que la entidad bancaria de oponerse a decisiones desfavorables.
     La sección tercera de la Audiencia de Castellón resolvió el 2 de abril de 2014 elevar al tribunal europeo una cuestión derivada de la tramitación de un pleito que enfrentaba a una entidad bancaria y a unos particulares por una ejecución hipotecaria. Entendió el tribunal de Castellón que el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre oposición a la ejecución, en su punto 4, tiene una redacción incorrecta en tanto supone diferentes oportunidades para oponerse a una sentencia desfavorable entre el ejecutante (el banco) y ejecutado (el deudor), informa Europa Press.
     La sentencia se ha sometido a un procedimiento acelerado por su importancia; se ha dictado en tan solo dos meses y medio
     El artículo dice: “Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación”, y añade: “Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno, y sus efectos se circunscribirán al proceso de ejecución en que se dicten”. Sin embargo, la resolución del tribunal europeo entiende que no cumple el artículo de la directiva europea de protección de los consumidores sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, y tampoco el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
     El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que para subsanar la cuestión es necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
     Los bancos en sus nuevas hipotecas se han visto obligados a modificar antiguas cláusulas que imponían a los afectados y que se han ido declarando abusivas por parte de la justicia. Los últimos datos del informe del departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, con datos del primer trimestre de 2014, apuntan a que la cifra de lanzamientos (desalojos por mandato judicial de viviendas y locales, tanto en propiedad como en alquiler) practicados durante los primeros tres meses del año, fue de 18.492, un 5% menos que en el mismo periodo de 2013, pero un 7% más que en el último trimestre del año pasado.

Blackstone no podrá desahuciar a los dueños de las hipotecas tóxicas de Catalunya Caixa

lunes, 21 de julio de 2014

     El fondo adjudicatario de esta cartera de 6.500 millones tendrá que acogerse al código de buenas prácticas, firmado por los bancos hace dos años, para minimizar las ejecuciones hipotecarias. La operación implica un agujero para Catalunya Caixa de 1.500 millones.
     Miguel Alba – vozpopulicom
     La primera fase de la venta de Catalunya Caixa, la adjudicación de su cartera hipotecaria tóxica por valor de 6.500 millones al consorcio Blackstone-TPG, generará una pérdida para la entidad de 1.500 millones, una vez que la operación ha consumido la bolsa de 1.500 millones en provisiones que la antigua caja tenía constituida para esta cartera. El fondo, que también ganó el concurso de la plataforma inmobiliaria de la entidad catalana por 40 millones, comenzará a generar plusvalías en cuanto rentabilice esta cartera por encima de los 3.500 millones que ha pagado. Para evitar un rápido retorno para Blackstone, el fondo tendrá que adherirse al código de buenas prácticas, suscrito por la totalidad de los bancos que operan en España desde hace un par de años, comprometiéndose a no realizar desahucios masivos.
     Esta condición, impuesta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), retardará la rentabilidad que obtendrá Blackstone por la gestión de esta cartera de hipotecas tóxicas. La intención de Blackstone es reestructurar la deuda a aquellos hipotecados que tengan capacidad de pago. Para quienes no estén en esta situación, el nuevo dueño tiene previsto ofrecer acuerdos extrajudiciales para obtener el inmueble a cambio de la condonación de la deuda. El fondo pretende así recuperar rápidamente esos inmuebles para ponerlos a continuación en venta y alquiler.
     Blackstone ha realizado un análisis detallado de la cartera inmobiliaria que respalda los créditos a la venta, y les gusta que la mayor parte de los pisos están ubicados en regiones de España donde se está notando más la recuperación, como la provincia de Barcelona, que copa la mitad de la cartera, según informaba Expansión el pasado viernes.
     La cartera adjudicada está compuesta por hipotecas con problemas, con una morosidad de alrededor del 30%. Los clientes están considerados “en posible riesgo de impago” por estar en paro o pertenecer a colectivos especialmente castigados durante la crisis. Los 6.500 millones en hipotecas tienen una cobertura frente a morosos del 25%, lo que no cubrirá la morosidad prevista.
     La hipoteca media de esta cartera podría situarse algo por debajo de los 100.000 euros, lo que supone que podría haber entre 65.000 y 90.000 contratos en total. La composición de esta cartera abarca créditos hipotecarios por valor de 6.500 millones de euros que están respaldados por 41.000 activos inmobiliarios. De ellos, 38.000 son pisos y el resto comercios, oficinas, plazas de aparcamiento y trasteros.
     El fondo ofrecerá acuerdos extrajudiciales con aquellos propietarios que no puedan hacer frente a su hipoteca para tomar rápidamente posesión del activo y volver a ponerlo en venta o alquiler
     A cambio de esta concesión por parte de los fondos, el FROB compensa a Blackstone con un fondo de titulización de activos respaldado por las hipotecas problemáticas y que estará participado, en primer lugar, por los inversores, y en segundo, por el propio fondo de rescate del Estado. Este fondo de titulización emitirá deuda en dos tramos —sénior y júnior— que serán adquiridos por los inversores extranjeros y por el propio FROB, respectivamente.
     El fondo estatal se quedará con la parte respaldada por las hipotecas de menos calidad, por lo que los impagos le afectarán directamente. En el caso de que hubiera rentabilidad futura en la cartera, el FROB compartiría con Blackstone a partes iguales los rendimientos adicionales.
     El jueves pasado, el grupo catalán había recibido cuatro ofertas en firme de distintos consorcios de fondos de inversión dispuestos a comprar la cartera de hipotecas: los liderados por Oaktree, Lone Star, Cerberus-Goldman Sachs y Blackstone-TPG.
     Solo el magnate George Soros, que también había mostrado interés por las hipotecas de Catalunya Banc se había retirado de la puja. Desde entonces, el consorcio compuesto por Blackstone-TPG se perfilaba como favorito.
     Por otra parte, el Frob recibirá este viernes las ofertas vinculantes por Catalunya Caixa. BBVA, Santander, Caixabank, Societe Generale y Popular, que se ha enganchado a la puja la pasada semana, presentarán su puja. En caso de que no haya una oferta un 50% mejor o 200 millones superior al resto, se efectuará una segunda vuelta entre las tres mejores pujas.

 

El Gobierno moviliza 3.795 millones para fomentar el alquiler y la rehabilitación

domingo, 20 de julio de 2014

     El Consejo de Ministros aprueba el mecanismo para acordar con las comunidades las ayudas
     Álvaro Romero Madrid 18 julio 2014 – elpais.com
     El Gobierno ha dado este viernes el penúltimo paso para poner en marcha el plan de ayuda al alquiler aprobado en abril de 2013 y que caduca en 2016 para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más desfavorecidos y dar salida al stock. En esta ocasión, ha dado luz verde al mecanismo que permite a Fomento cerrar acuerdos con las comunidades, que son las que tienen las competencias sobre vivienda y las responsables de aplicar las medidas.
     El plan, que se acompaña de ayudas a la rehabilitación y la regeneración de ciudades, movilizará 3.795 millones de euros, según ha explicado la ministra, Ana Pastor. De esta cifra, 216 millones corresponden a las autonomías y hay un compromiso con las entidades financieras para que contribuyan con 1.268 millones a través de descuentos en las cuotas de las hipotecarias.
     El Gobierno espera conceder 200.000 ayudas al alquiler, una opción que por el lado contrario perderá la deducción fiscal a partir del próximo 1 de enero. Para poder beneficiarse de los fondos, el núcleo familiar no podrá tener unos ingresos superiores a tres veces el Iprem (indicador público de rentas múltiples), lo que actualmente asciende a 22.365 euros anuales. La renta tendrá que ser igual o inferior a 600 euros y el importe de la ayuda no podrá superar el 40%, con un tope de 2.400 euros al año. Los afectados por desahucios tendrán prioridad a la hora de recibir la subvención.
     En cuanto a la construcción de viviendas destinadas al alquiler, el plan prevé ayudas de 250 euros por metro cuadrado con un límite del 30% del coste total de la obra, con un máximo de 22.500 euros por vivienda.
     En lo tocante a la rehabilitación de edificios, las comunidades de propietarios que quieran beneficiarse de estas ayudas tendrán que residir en inmuebles construidos antes de 1981. Las subvenciones serán de hasta 4.000 euros por vivienda para conservación y de 2.000 euros para mejora de la eficiencia energética. El programa para renovación urbana (100 viviendas mínimo, salvo casos históricos degradados) tendrá una ayuda máxima del 35% del presupuesto, con un tope de 11.000 euros por casa rehabilitada. El Ministerio calcula que el plan ayudará a crear 36.000 puestos de trabajo.

 

El caos en el Catastro de Madrid exime a la promotora de la operación Chamartín de pagar 4 millones de IBI

domingo, 20 de julio de 2014

     Una irregularidad denunciada tanto al Ayuntamiento de la capital como a la Gerencia Regional del Catastro de Madrid hace que Adif figure como titular de 38 fincas incluidas en la operación en lugar de la promotora DUCH como concesionaria de los suelos.
     El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Ana Botella, no recibe pago alguno por el IBI de la ‘operación Chamartín’
     Raúl Pozo – vozpopuli.com
     El Ayuntamiento de Madrid está dejando de recaudar algo más de cuatro millones cada año en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los terrenos afectados por la ‘operación Chamartín’. Desde hace 20 años, el tributo no es liquidado ni por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), propietario efectivo de los terrenos, ni por Desarrollos Urbanísticos Chamartín (DUCH), la promotora de la operación (participada por BBVA y Grupo San José), titular de la concesión sobre dichos suelos desde 1994.
     Esta sorprendente situación nace en realidad de una irregularidad catastral que ha sido denunciada repetidas veces ante el Ayuntamiento de Madrid sin que, por el momento, se haya puesto solución. A comienzos de la presente semana también ha sido comunicada a la Gerencia Regional del Catastro de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid sostiene, por su parte, que el IBI de esos terrenos está al corriente de pago.
     Los terrenos se corresponden con 38 fincas situadas en la zona norte de Madrid, en el entorno de la estación de tren de Chamartín, en las calles Agustín de Foxá, Mauricio Legendre, Tulipán, Pío XII, Hiedra, Antonio de Cabezón y Nuestra Señora de Valverde.
     En total, casi un millón de metros cuadrados destinados al que estaba llamado a ser el mayor desarrollo urbanístico de Europa.
     Una concesión que dura 20 años
     Estos suelos son propiedad de Renfe y Adif pero estas empresas públicas otorgaron a DUCH una concesión sobre los terrenos para proceder a su desarrollo. Dicha concesión fue escriturada y formalizada a finales de julio de 1994 y fue actualizada en octubre de 1997.
     Desde entonces, DUCH es titular de una concesión administrativa sobre estos suelos y, por lo tanto, debería figurar como titular catastral de los mismos.
     Sin embargo, en los registros del Catastro es Adif el que consta como titular pese a la concesión administrativa otorgada a DUCH, lo que va en contra del artículo 9.b de la Ley del Catastro Inmobiliario, cuyo texto fue modificado por Real Decreto hace diez años.
     De esta forma, Adif figura como titular catastral aunque sólo tiene la titularidad de los terrenos debido a la concesión a DUCH.  Mientras, la promotora no cuenta con la responsabilidad catastral que debería tener ni tampoco posee los terrenos.
     Terrenos sin traspasar
     En virtud de los acuerdos firmados entre Renfe, Adif y DUCH, los terrenos deberían haber sido traspasados ya a la promotora de la ‘operación Chamartín’, ya que la fecha tope para proceder a la transacción era el 1 de enero del presente año.
     Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid frenó en seco la operación al impedir la construcción en la zona de edificios de más de tres alturas, cuando los planes originales incluían el levantamiento de varios rascacielos y promociones de viviendas que superaban este límite.
     Más de 16 millones de euros a reclamar
     Las denuncias ante el Ayuntamiento de Madrid y la Gerencia Regional del Catastro señalan que los suelos poseen la calificación de suelo urbano, toda vez que en febrero de 2011 el Consistorio aprobó el Plan Parcial que afectaba a la denominada prolongación de la Castellana y, por lo tanto, deberían estar gravados con el correspondiente IBI.
     Teniendo en cuenta la liquidación de dicho impuesto en la zona y en fincas colindantes, el Ayuntamiento de Madrid está dejando de ingresar algo más de cuatro millones de euros debido a esta extraña indefinición.
     Aunque, eso sí, desde el punto de vista fiscal tan sólo son reclamables las cantidades correspondientes a los cuatro últimos ejercicios, lo que supondría una cifra superior a los 16 millones de euros. Todo un tesoro para las maltrechas arcas municipales que se está perdiendo por un más que extraño sumidero catastral.

La justicia aboca al derribo un relleno de 30 hectáreas del puerto de Marín

domingo, 20 de julio de 2014

     Una dura y definitiva sentencia del Supremo rechaza que la obra pueda ser legalizada
     Víctor Honorato – Pontevedra 11 julio 2014 – elpais.com
     El Tribunal Supremo declaró en 2009 que las 30 hectáreas rellenadas en el Puerto de Marín a principios de la década pasada son ilegales y hay que retirarlos. En el lustro transcurrido desde entonces la Autoridad Portuaria y la Xunta han tratado de salvar la obra con diversas triquiñuelas administrativas y jurídicas; la última fue un nuevo plan especial que, según una inusitada tesis, vendría a deshacer el entuerto y a dar cumplimiento a la sentencia no cumpliéndola. El alto tribunal ha vuelto a fallar al respecto y ha dicho que no cabe tal interpretación. “La situación no admite más demoras”, fallan los magistrados, que exigen que se retiren los rellenos de una vez.
     La sentencia original, a la que se llegó tras el primer recurso en 2001 de la Plataforma Defensora da Praza dos Praceres, declaró nulo el plan especial del relleno porque no tuvo estudio de impacto ambiental, ni plan de usos portuarios —el documento marco previo que rige los planes especiales—, y porque en ese plan sin base se clasificaban irregularmente como urbanos suelos que aún no existían como tales. La sentencia del mes pasado, por su parte, llega como respuesta a sendos recurso de casación de una de la empresas afectadas, Cabomar Congelados, y de la propia Abogacía del Estado a un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del año pasado que ya con impaciencia daba 20 días a la Autoridad Portuaria para que informase de cómo iba el proceso de “reposición a la situación anterior”, que mandaba emprender la resolución de 2009.
     El Supremo entiende, en ese sentido, que “revocar” y “reponer” son verbos de significado bastante preciso. “No hay discrepancia, sino una palmaria sintonía entre la demanda y la fundamentación y fallo de la sentencia y, en fin, lo que ahora, en el curso del procedimiento de ejecución, pretende llevarse a término”, dicen los magistrados, que acto seguido se quejan de que el abogado del Estado quiera enredar: “En realidad, lo que precisamente podría comprometer el procedimiento de ejecución de la sentencia y situarse en contradicción con ella es, justamente, lo que pretende el abogado del Estado, a saber, que no haya lugar a la demolición de obra alguna, aduciendo la existencia de una serie de planes anteriores y posteriores que habrían de dar supuesta cobertura a las obras contempladas en el plan especial anulado”.
     Añade la resolución que un estudio de impacto que supuestamente avalaba las obras ya había sido desestimado como tal aval en la propia sentencia de 2009 y que el posterior, aprobado el año pasado y publicitado por Xunta y Autoridad Portuaria como el remedio definitivo, no puede servir como pretexto para incumplir aquel fallo. El malestar de los magistrados queda patente en este párrafo: “Lejos de los que se pretende demostrar, son estas actuaciones administrativas, y no las resoluciones adoptadas por la sala de instancia, las que, llegado el caso, podrían enervar la virtualidad de nuestra sentencia , cuya puesta en ejecución, en efecto, no admite más demoras”.

 

Microsoft anuncia la supresión de 18.000 puestos de trabajo en un año

sábado, 19 de julio de 2014

      Reestructuración de la compañía
      Redacción Siglo XXI diarioSigloXXI.com 18 de julio de 2014
      La compañía tecnológica estadounidense Microsoft ha anunciado este jueves un plan de reestructuración para simplificar su organización y alinear la reciente adquisición de Nokia con la estrategia general de la compañía, lo que incluirá la supresión de hasta 18.000 puestos de trabajo durante los próximos doce meses.

     Según explica la empresa en un comunicado, del total de 18.000 puestos afectados, alrededor de 12.500 empleos se suprimirán mediante las sinergias y la alineación estratégica de Nokia Devices and Services, negocio de la compañía finlandesa que fue adquirido por Microsoft el pasado 25 de abril.

     La compañía estadounidense informa de que las medidas asociadas con este plan se aplicarán en su gran mayoría antes del 31 de diciembre de 2014 y que estarán completadas a fecha de 30 de junio de 2015.

     El número de personas afectadas por este recorte de puestos de trabajo equivale a aproximadamente el 14,2% de la plantilla total de Microsoft, que a fecha de 5 de junio de 2014 ascendía a 127.104 trabajadores.

     Microsoft espera que esta decisión genere un cargo antes de impuestos en su cuentas de entre 1.100 y 1.600 millones de dólares (813 y 1.182 millones de euros) en los próximos cuatro trimestres.

     Esta cifra incluye entre 750 y 800 millones de dólares (554 y 591 millones de euros) correspondientes a los costes por despidos e indemnizaciones y entre 350 y 800 millones de dólares (259 y 591 millones de euros) en cargos relacionados con activos.

     Mensaje a los trabajadores

     En un correo electrónico a los trabajadores, el consejero delegado de Microsfot, Satya Nadella, explica que la compañía ya se ha puesto en marcha para suprimir los 13.000 primeros puestos de trabajo e informa que la gran mayoría de los afectados serán informados en los próximos seis meses.

     «Es importante destacar que, aunque se están eliminados puestos en algunas áreas, estamos creando otros en ciertos sectores estratégicos. Os prometo que avanzaremos en este proceso de la forma más atenta y transparente posible», subraya Nadella, quien admite que estas decisiones son «difíciles, pero necesarias».

     En este sentido, agrega que la empresa ofrecerá indemnizaciones a todos los trabajadores afectados por estos cambios, así como ayuda para la transición en el empleo en muchas localidades. «Todo el mundo puede esperar que va a ser tratado con el respecto que merece por su contribución a esta empresa», remarca.

     Respecto al plan de reestructuración, Nadella indica que busca simplificar la forma en la que trabajan para lograr unos mejores resultados, ser más ágil y moverse más rápido. Así, pretenden modernizar sus procesos, reducir sus niveles de gestión para acelerar la toma de decisiones y diseñar modelos de negocios más ágiles y eficaces.

     Sobre Nokia, el consejero delegado de Microsoft apunta que se está trabajando para integrar sus equipos en Microsoft y que se llevarán a cabo las sinergias prometidas cuando se anunció la adquisición en septiembre.

CSI-F pide a los ayuntamientos que defiendan el Registro Civil

sábado, 19 de julio de 2014

     El sindicato independiente pide a los consistorios que aprueben mociones contra la reforma planteada por Justicia

     Insisten en que el paso de competencias a los registradores de lo Mercantil reducirá la accesibilidad del servicio público

      CSI-F continúa con sus movilizaciones y no descarta convocar una huelga entre los funcionarios afectados

     burgosconecta.es | 14/07/2014 –

     CSI-F, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, insta a los ayuntamientos a que presenten mociones de apoyo al mantenimiento del Registro Civil, que desaparecerá si finalmente sus competencias pasan a los registradores de lo Mercantil. El sindicato remitió semanas atrás una carta a los alcaldes para animarles a presentar esas mociones, dado que las reforma planteada por Justicia afectará  en Burgos a los 371 municipios que pertenecen a 17 agrupaciones de Paz, y en las que trabajan alrededor de 60 funcionarios.

     El sindicato CSI-F, mayoritario en el sector de Justicia y que viene expresando desde hace meses su rotundo rechazo a la privatización del Registro Civil, insiste en destacar “la importancia de que que sean las propias corporaciones las que exijan la continuidad de los registros civiles, por tratarse de un servicio básico, próximo al ciudadano y que debe ser público”, remarca  la responsable autonómica del sector de Justicia de CSI-F Castilla y León, María Jesús Zamorano, quien recuerda que algún municipio ya ha aprobado la moción.

     Un buen servicio

     “Si este modelo actual ofrece unas garantías jurídicas y de confidencialidad que no las puede ofrecer la empresa privada, si el servicio funciona, si encaja bien en las necesidades y en la estructura administrativa, y si es cómodo y útil para el ciudadano, ¿por qué cambiarlo?”, se pregunta la representante del sector de Justicia de CSI-F en Castilla y León. Defiende “un Registro  Civil único en su gestión, modernizado, informatizado e interconectado, un Registro Civil centrado en las personas, accesible al ciudadano y, para ello, descentralizado en su funcionamiento, aprovechando la red de partidos judiciales y los Juzgados de Paz existentes”.

     “Con los cambios que plantea Justicia,  la accesibilidad al ciudadano del Registro Civil se entorpece. Actualmente hay en Castilla y León 2.250 municipios con Registro Civil, en 154 agrupaciones de juzgados de paz, nada que ver con el número de registros mercantiles existentes. El traspaso de las competencias del Registro Civil a los registradores de lo Mercantil, deja en una situación de incertidumbre a unos 500 funcionarios en Castilla y León”, afirma. Por todo ello, en septiembre, el sindicato continuará con las movilizaciones, sin descartar una huelga en los registros civiles de España, en convocatoria conjunta con otros sindicatos.

     Contactos

     Asimismo, CSI-F va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo, para promover un recurso de inconstitucionalidad contra esta decisión, “además de estudiar todas las medidas legales que estén a nuestro alcance para detener ‘in extremis’ este proceso de privatización”. El sindicato independiente está también en conversaciones con el colectivo de trabajadores dependientes de los registros mercantiles y de la propiedad, que se ven afectados también por el proceso de fusión de registros que planea el Ministerio de Justicia, para que se sumen a las protestas.

Dos de cada tres hogares cree que su compañía eléctrica le cobra de más en el recibo de la luz

sábado, 19 de julio de 2014

     vozpopuli.com
     El 95,7% de los españoles está preocupado por el consumo eléctrico que realiza y toma algún tipo de medida para intentar ahorrar, aunque uno de cada tres ni entiende ni sabe interpretar la factura.
     El recibo de la luz ha pasado en ocho años de ser un gasto más en el hogar, al que se le prestaba poca o ninguna importancia, a convertirse en un verdadero problema para la mayoría de las economías familiares. Hasta el punto que hay en España casi dos millones de familias en situación de pobreza energética, que no pueden cubrir sus necesidades básicas de consumo eléctrico y de gas.
     Si se compara las tarifas de la luz en España con el poder de compra de las familias, el precio medio se situó el año pasado un 9,6% por encima de toda la UE. De media, los hogares pagan la luz un 30% más cara de lo que les correspondería por sus niveles de renta, afirma Adicae.
     No es de extrañar que durante los duros años de crisis, en los que, según Eurostat, el recibo de la luz se ha encarecido más de un 60% en España (el tercer país más caro de la UE), las familias se hayan sensibilizado con un problema que no era tal años atrás.
     Según una encuesta realizada por el comparador de servicios Rastreator.com, el 95,7% de los ciudadanos está preocupado por el consumo eléctrico en su casa y casi dos de cada tres (el 59,4%) creen que su compañía eléctrica alguna vez le ha cobrado de más en el recibo de la luz.
     Si se tiene en cuenta la renta de los hogares, en España se paga la luz un 30% más cara que la media de la UE, según Adicae
     La desconfianza de los consumidores hacia las eléctricas y a sus sistemas de facturación real y estimada se ha disparado en los últimos años, en paralelo a las fuertes subidas de la luz y a los nocivos bandazos que han dado las políticas energéticas de los Gobiernos de Zapatero y Rajoy.
     La mayoría de la población desconfía de las compañías y de la fijación de precios regulados que realiza el Ministerio de Industria, de forma que, según esta encuesta, el 72,7% de los hogares reconoce «revisar de forma habitual sus facturas y comparar proveedores», aunque uno de cada tres no entiende o no sabe interpretar el contenido de su factura de la luz. Es más, un 8,2% de los encuestados no sabe ni con qué periodicidad le llegan los recibos a casa y a la cuenta bancaria.
     A base de subidos en el precio de la luz, la mayoría de los españoles se ha impuesto en casa nuevos hábitos de ahorro. El 94,3% de los encuestados reconoce «ir apagando luces y electrodomésticos» y algo más de la mitad «desenchufa totalmente los electrodomésticos para apagarlos por completo». Sin embargo, un 40,7% los deja «en stand by, con la lucecita roja encendida».
     La mayoría desconfía de los sistemas de facturación real y estimada de las compañías y de la política energética del Gobierno
     Pese al malestar general de la gente con sus compañías, sólo un 16,7% afirma haber cambiado de compañía y el 16% de tipo de contrato. Hasta la fecha, la competencia en este sector oligopolístico ha sido nula, si bien en los últimos meses las grandes eléctricas se han volcado en ofrecer descuentos a sus clientes y ofrecer tarifas fijas anuales ante la volatilidad del nuevo sistema de fijación de precios o el salto al mercado libre para abandonar el modelo de precios regulados (antigua TUR, actual PVPC).
     En relación al consumo de gas, el 78,6% de los españoles que disponen de gas en sus hogares tomó alguna medida para ahorrar en las facturas de este producto. Además, un 18,9% reconoce haber cambiado de compañía y casi el 15% modificó su contrato.
     Al igual que ocurre con la factura de luz, uno de cada cuatro sostiene que en alguna ocasión le han cobrado más de lo que en realidad ha consumido. Este dato es especialmente relevante si también se tiene en cuenta que un 34,7% reconoce no entender o no saber interpretar el contenido íntegro de su factura de gas y un 16,7% desconocer la periodicidad de la factura.
     Según Rastreator.com, sólo un 14,2% de los usuarios ha utilizado un comparador de energía para ahorrar en sus facturas de la luz y el gas y un 40% ni siquiera conocía la existencia de ellos.