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Archivo de septiembre de 2014

Consejos para que el valor catastral no infle su factura fiscal

Martes, 30 de septiembre de 2014

     Los expertos advierten de discrepancias con los datos de Hacienda
     ¿Qué mirar con lupa para ahorrar al comprar una casa?
     Raquel Díaz Guijarro Madrid 25-09-2014 cincodias.com
     Si usted es un humilde trabajador que tiene una vivienda o, en el mejor de los casos, una segunda casa de vacaciones, es muy probable que el valor catastral que le asigna Hacienda a sus propiedades sea el correcto. En los últimos años, en especial a partir de 2012, se ha generalizado la sensación entre los expertos de que las últimas revisiones catastrales no han tenido en cuenta en muchos casos la fuerte rebaja de precios que han sufrido los pisos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
     Ahora bien, si se trata de una empresa o usted cuenta con un elevado patrimonio, compuesto por además de viviendas, solares, naves industriales o los llamados inmuebles singulares (refinerías, concesionarios, o edificios en los que conviven distintos usos como el comercial o el de oficinas, por ejemplo) es conveniente que contraste con Hacienda qué información tiene el Catastro de todos esos inmuebles.
     Así lo pusieron de manifiesto ayer los participantes en la jornada Fiscalidad y Valoración: ¿Es posible ahorrar en el pago de impuestos sobre bienes inmuebles? organizada por el bufete Garrigues y la tasadora Tinsa, quienes recordaron que una incorrecta información catastral puede elevar el valor de los inmuebles y con ello la factura de todos los impuestos que están referenciados a esta variable y que mayoritariamente fijan y cobran los ayuntamientos. El más importante es el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), pero también se toma como referencia en el impuesto de actividades económicas (IAE), en Patrimonio y en Sucesiones y Donaciones, estos últimos de competencia autonómica.
     De hecho, los expertos en fiscalidad recuerdan que en un entorno donde se producen ventas de inmuebles a pérdida y las empresas están encargando multitud de valoraciones de su patrimonio es crucial que la información con la que se determina el valor catastral se ajuste a la realidad.
     Usos o superficies
     En este sentido, el director del Área Tributaria y de Suelos de Tinsa, Andrés Lorente, puso varios ejemplos de operaciones en las que los titulares lograron pingües ahorros en su factura fiscal después de comprobar cómo algunos aspectos de sus inmuebles habían sido valorados de manera errónea.
     En uno de los casos, una importante petrolera española averiguó que en una de las valoraciones que había realizado el Catastro de una de sus refinerías existía una discrepancia de 11.000 metros cuadrados al determinar la superficie total, lo que desvirtuaba la liquidación de impuestos definitiva. Y es que las responsables de Consultoría Tributaria y Auditorías Catastrales de Tinsa, Marta García Hernández y Ana Isabel Albarrán, respectivamente, recordaron que la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, realiza sus valoraciones mediante fórmulas matemáticas que tienen en cuenta el valor de mercado y multitud de características del inmueble, pero no visita el mismo, lo que explica que a veces cometa errores.
     En otra ocasión, un edificio de varias plantas había sido catalogado como de uso comercial en todas sus plantas, cuando la planta baja estaba destinada a un almacén. Mientras que en el uso comercial el valor de repercusión de suelo asignado ascendía a 2.285 euros por metro cuadrado; en el caso de que el uso sea el de un almacén, esa cantidad se desploma hasta los 380 euros por metro cuadrado.
     Otro caso que también mereció la atención de los expertos fue el del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía municipal, sobre el que también se están registrando discrepancias respecto a la información en poder de los municipios. Los expertos recordaron que ya hay sentencias a favor de los contribuyentes, pero también a favor de la Administración, por lo que recomendaron prudencia y el asesoramiento de un especialista.
Pros y contras del ciclo inmobiliario
     La revisión de las ponencias de valores catastrales se realiza cada 10 años, aunque existen en España multitud de ayuntamientos que no habían realizado la suya incluso desde hace más tiempo. Esto hacía que si lo normal es que el valor catastral se situara en torno a la mitad del de mercado, los valores catastrales muy antiguos no recogieran ni el boom de los primeros años 2000, ni el estallido de la burbuja. Quiere decir que muchos ciudadanos durante la etapa de bonanza económica pagaron seguramente menos impuestos de lo que les hubiera correspondido si su ayuntamiento hubiese solicitado la revisión catastral cuando tocaba, pero ahora muchos lamentan estar pagando de más, ya que denuncian que la última revisión catastral no refleja la depreciación registrada por culpa de la crisis.
     Con la necesidad urgente de más ingresos que tienen los municipios, muchos han optado por la fórmula rápida que ofrece el Catastro para poner al día sus ponencias de valores catastrales: los coeficientes automáticos, que pueden ser superiores o inferiores a cero. Siempre que la última revisión date de más de cinco años y si el Catastro lo autoriza, algunos ayuntamientos están cambiando sus valores. Dependiendo del año de su última revisión, así será el efecto. Si el último dato es reciente, podrá recoger la rebaja de precios a partir de 2008, pero si no habían revisado desde 2000, es muy probable que el resultado final sea al alza porque habrá que reflejar todo el boom. Y esto último es lo que buscan muchos consistorios.

 

Detectan comisiones abusivas en 7 de los 8 bancos inspeccionados en Madrid

Martes, 30 de septiembre de 2014

     2014-09-28 madridiario.es
     Detectan comisiones abusivas en 7 de los 8 bancos inspeccionados en Madrid
     La Comunidad de Madrid ha detectado la presencia de prácticas abusivas en siete de las ocho entidades bancarias con las que los consumidores contratan servicios financieros, según los datos obtenidos por la Dirección General de Consumo durante la campaña de control de este tipo de cláusulas en la contratación bancaria que ha llevado a cabo durante los pasados meses de mayo y junio.
     El objetivo fue revisar la presencia de este tipo de obligaciones en los contratos más frecuentes, como apertura de cuenta corriente y tarjeta de crédito, así como en los contratos de préstamo hipotecario.
     La Dirección General de Consumo recoge los resultados obtenidos de 8 de las 9 entidades sobre las que se planificaron actuaciones, al no haber facilitado el control una de ellas. Se trata de una campaña pionera de protección al consumidor financiero, teniendo en cuenta la relevancia social de algunas sentencias judiciales que han impulsado la aplicación a los contratos bancarios de la legislación de consumo, entre ellas la de 9 de mayo de 2013 que falla en contra de las cláusulas suelo poco transparentes en los servicios hipotecarios o a raíz de la mala comercialización de las denominadas acciones preferentes.
     Comisiones por descubierto, cláusula abusiva más extendida
     Según los datos obtenidos durante la campaña, hasta en siete de los ocho bancos inspeccionados se han encontrado prácticas incorrectas en las denominadas comisiones por descubierto, que se cargan con ocasión de excedidos en el saldo de una tarjeta o de descubiertos en una cuenta corriente.
     Se trata de una práctica abusiva, al no corresponder a servicios solicitados ni contratados y al limitarse los contratos bancarios a citar la comisión sin explicar a qué corresponde ni justificarse que obedezcan a gastos de gestión reales que haya sufrido el banco.
     Además, la campaña también ha registrado en cinco de las entidades cláusulas abusivas por apartarse del Código Civil al decidir la entidad bancaria de forma unilateral qué deuda compensa en caso de haber varias, así como la cuenta, los fondos líquidos o los valores que el consumidor tiene depositados en el banco para ello, con los posibles perjuicios que puede causarle esta decisión.
     En otras dos entidades, resultan abusivas las atribuciones al consumidor de cualquier gasto que pueda darse como consecuencia de gestiones, litigios o incidentes sin distinción o límite alguno, por ejemplo cuando tenga que hacerse cargo de costas judiciales incluso cuando el proceso le haya dado la razón.

     Otra de las cláusulas de este tipo detectada durante la campaña es la exención ilimitada de responsabilidad para el banco en caso de sustracción de claves de acceso a las cuentas bancarias. También la falta de aplicación de derechos del consumidor a los préstamos hipotecarios, al aplicarse en algunas ocasiones intereses de demora superiores al triple del interés legal ante un impago de una mensualidad.
     Falta de claridad informativa en los contratos
     La campaña también detectó que las entidades cumplen con la obligación de informar a los consumidores sobre los aspectos sustanciales de las operaciones contratadas, pero la voluminosa información que recibe en los varios borradores con contrato marco, demás condiciones generales del instrumento de pago y condiciones particulares de la modalidad que se desee contratar impide trasladarle la información relevante y oportuna, con la suficiente claridad en cada caso.
     En este sentido, tres de los ocho bancos analizados no informan de forma clara y completa a cerca de los gastos asociados a los servicios de pago que se ofrecen, el mismo porcentaje de los que no informa de la entidad con la que deben contratarse los seguros complementarios de la operación. La mitad de los bancos no aclaran que el tasador y el notario pueden ser elegidos por el consumidor.

Jura del nuevo Ministro de Justicia Don Rafael Catalá Polo

Lunes, 29 de septiembre de 2014

Jura del nuevo Mnistro de Justicia 29 septiembre 2014

El Tribunal Constitucional avala en su totalidad la Ley de Suelo de 2007

Lunes, 29 de septiembre de 2014

     Incluida la fórmula prevista en la ley impugnada para calcular el valor del suelo rural a efectos de indemnización por expropiación forzosa
     Redacción 26-09-2014 inmodiario.com
     El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado en su práctica totalidad la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, que fue impugnada por los gobiernos de la Comunidad de Madrid, La Rioja y Canarias, así como por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

     La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, declara contrario a la Carta Magna sólo un inciso del art. 22 de la norma recurrida, relativo a la tasación del suelo a efectos de indemnización por expropiación. Han redactado voto particular discrepante los Magistrados Juan José González Rivas y Pedro González Trevijano. A este último se han adherido Andrés Ollero y Encarnación Roca.

     El Tribunal recuerda que, según su propia doctrina, “la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquella que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1.1ª CE, en cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material”.

     El citado precepto de la Constitución “reconoce al Estado la competencia, también exclusiva, sobre las condiciones básicas de ejercicio de derechos constitucionales o la legislación sobre expropiación forzosa, o el sistema de responsabilidad o el procedimiento administrativo común”.

     La sentencia analiza, por lo tanto, si las previsiones de la ley recurrida están amparadas por las competencias que la Constitución atribuye al Estado tanto en el mencionado artículo 149.1.1ª, como en el 149.1.13ª, 18ª y 23ª.  Partiendo de una definición según la cual el urbanismo es “la determinación del cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los asentamientos urbanos”, el TC afirma que el Estado “no puede imponer un determinado modelo territorial o urbanístico a las Comunidades Autónomas, pero sí incidir o encauzar el mismo mediante directrices y normas básicas que éstas han de aceptar”.

     Así, considera plenamente constitucional la previsión de la norma recurrida según la cual el uso de los recursos económicos y naturales (como es el suelo) debe realizarse “conforme al interés general” y guiarse por el “principio de desarrollo sostenible”.

     También encaja en la Constitución el precepto que consagra como principio básico, y por tanto válido por igual en todo el Estado, “el carácter público de la actividad urbanizadora”. Esta regulación implica límites a los derechos de propiedad y libre empresa en relación con el suelo, pero que el Estado puede imponer al amparo del art. 149.1.1ª. A partir de esas líneas básicas, será cada Comunidad Autónoma “la que, en su legislación, concrete tanto los supuestos en los que la Administración deba o pueda realizar la urbanización de forma directa como aquellos otros en los que proceda o pueda ejercerse el derecho de iniciativa de los particulares, sean éstos propietarios o no del suelo”.

     El TC avala también la previsión de que se destine a la urbanización sólo el suelo “preciso para la satisfacción de las necesidades que lo justifiquen, impidiendo la especulación”. La preservación del suelo rural de la urbanización como “norma común o directriz de la política de ordenación territorial y urbanística” tiene su justificación, afirma la sentencia, en la competencia del Estado en materia de medio ambiente (art. 149.1.23ª CE).

     Además, añade, aun cuando “condiciona o limita la política de ordenación territorial y urbanística de las Comunidades Autónomas, no las vacía de contenido”, pues éstas siguen teniendo “un amplio margen para la configuración del modelo concreto de ordenación del territorio y la ciudad”.

     Lo mismo ocurre con el establecimiento de una reserva de un 30 por ciento de la “edificabilidad residencial contemplada por la ordenación urbanística del suelo” para vivienda asequible. Según el TC, la competencia en materia de vivienda asumida por las Comunidades Autónomas se encuentra limitada “por las normas que, con fines de dirección general de la economía, establezca para este sector el Estado”. Fijar una reserva mínima del 30 por ciento del suelo de uso residencial para vivienda de protección pública “ni excede del alcance legítimo de las bases del art. 149.1.13ª CE, ni vulnera o vacía de contenido las competencias en materia de vivienda y urbanismo de las CC.AA”.

     El TC considera también constitucional el precepto de la norma que exige un informe de impacto medioambiental y otro de sostenibilidad relativos a las actuaciones de urbanización. Respecto del primero, señala el TC que se trata de exigencia básica por cuanto establece “un mínimo de protección medioambiental que admite desarrollo y concreción en la legislación autonómica y que condiciona, de forma parcial pero legítima (…) el ejercicio de las competencias urbanísticas”. En cuanto al segundo, el Pleno afirma que la norma “se limita a establecer una garantía de clara finalidad económica”.

     Por último, el TC avala la fórmula prevista en la ley impugnada para calcular el valor del suelo rural a efectos de indemnización por expropiación forzosa. Con el fin de evitar “tensiones especulativas” y de determinar el valor “real” u “objetivo” del suelo, la norma recurrida busca un método de valoración que se aleje de su valor de mercado. Es decir, la ley recurrida pretende que “la valoración se lleve a cabo conforme a lo que haya y no a lo que. dice el plan que puede llegar a haber en un futuro incierto’. Por ello, la ley distingue entre el suelo rural (“aquél que no está funcionalmente integrado en la trama urbana”) y el suelo urbanizado (“el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización”). Es decir, la expectativa urbanística no se tiene en cuenta a efectos de tasación, salvo que se cumplan una serie de circunstancias previstas en la ley.

     En cuanto al método para calcular el valor del suelo, la ley adopta el de la “capitalización de rentas”. El TC declara que se trata de un método conforme con la Constitución, con la excepción del inciso que prevé la capacidad del Estado para modificar “hasta un máximo del doble” el tipo normal de capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación en los casos en los que “el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas”.

     Según el TC, el tope máximo fijado por la ley “no se halla justificado” y “puede resultar inadecuado para obtener en esos casos una valoración del bien ajustada a su valor real”. El Pleno argumenta que, conforme a su propia doctrina, para realizar la valoración del bien se ha de atender “a la existencia de un proporcional equilibrio entre el valor del bien o derecho expropiado y la cuantía de la indemnización ofrecida”, y el método de capitalización responde a esta exigencia.

     En su voto particular, Juan José González Rivas considera que los preceptos que eliminan las expectativas urbanísticas de la tasación “vulneran la garantía esencial del derecho de propiedad (art. 33 CE), incurren en arbitrariedad (art. 9.3 CE) al estar desprovistos de una base razonable y son causantes de desigualdad (art. 14 CE), pues no permiten establecer una indemnización proporcionada al valor real al utilizar un método de capitalización ajeno a éste, que se traduce en una desigual configuración de la propiedad al imponer un notorio sacrificio singular a los titulares de idéntico derecho de propiedad, que no es impuesto a quienes se permite continuar la urbanización”.

     Los Magistrados González Trevijano, Ollero y Roca entienden, por su parte, que el art. 33.3 de la Constitución garantiza a los particulares el principio de “indemnidad” en caso de expropiación. Cuando se trata de suelos rurales urbanizables, esta garantía exige que el propietario quede en la misma situación en que se hallaría si se le hubiere permitido participar en la actuación urbanizadora. Frente a ello, los preceptos de los que se discrepa establecen un método de valoración del suelo rural –por mera capitalización de rentas- que no tiene en cuenta el rendimiento económico del bien, de acuerdo con el destino que le asigna el planeamiento urbanístico, y en consecuencia, no garantiza la indemnidad del expropiado, produciéndose una vulneración del citado precepto constitucional.
 

 

Nuestro peor enemigo

Lunes, 29 de septiembre de 2014

nuestro peor enemigo

Reino Unido presiona para salvar más viviendas ilegales de británicos

Lunes, 29 de septiembre de 2014

     Manuel Planelles   Sevilla  19 septiembre 2014 elpais.com
     La embajada aplaude la regularización anunciada por la Junta, pero reclama una salida para las casas con órdenes de derribo o inmersas en procesos judiciales
     El Gobierno de la socialista Susana Díaz apenas había echado a andar cuando hace casi un año —a finales de octubre de 2013— surgieron los primeros problemas por el flanco del descontrol urbanístico. En Cantoria, un municipio almeriense, las piquetas acabaron con dos casas propiedad de ciudadanos británicos. El derribo de estas construcciones ilegales levantó el interés de la prensa británica. Y la embajada del Reino Unido solicitó a la Junta una reunión para abordar este conflicto. “El embajador [Simon Manley] ha planteado este asunto en conversaciones con diferentes autoridades, tanto nacionales como autonómicas”, reconoce el Gobierno británico.

     En febrero de este año se produjo el primer encuentro con la Consejería de Medio Ambiente. El 27 de agosto se reunieron la presidenta andaluza y el embajador. Fuentes presentes en ese encuentro sostienen que el representante del Ejecutivo británico destacó el “problema” de sus compatriotas que son dueños de edificaciones ilegales en la costa andaluza. La presidenta de la Junta respondió que la consejería ya estaba trabajando en buscar una salida, apuntan las mismas fuentes.

     Díaz ha anunciado esta semana en el Parlamento una modificación de la ley urbanística andaluza, la LOUA, que permitirá regularizar entre 20.000 y 25.000 casas ilegales. Se trata, principalmente, de construcciones aisladas ubicadas en municipios de Almería y Málaga, donde se concentra el problema con los ciudadanos británicos, que suelen argumentar que desconocían el origen ilegal de los terrenos y las casas cuando las compraron.

     El cambio anunciado no supondrá la legalización de las edificaciones levantadas en suelos no urbanizables, pero la regularización permitirá un reconocimiento de la Administración. Es decir, “tendrán la seguridad de que las casas no se van a demoler”, apunta Nieves Masegosa, secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta. Además, las casas podrán acceder con garantías al suministro de agua y luz, algo que deberán costear los propietarios. Podrán también inscribirlas en el registro, con lo que se admitirá legalmente la venta o donación.

     El cambio normativo —que aún no se ha aprobado— ha despertado las críticas feroces de la organización Ecologistas en Acción, que acusa a la Administración andaluza de apostar “por el urbanismo ilegal”. IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta, se negó a apoyar el jueves esta modificación en el Parlamento. Pero no se descarta que la coalición de izquierdas acabe respaldando el cambio. “No pretendemos tirar todas las casas ilegales de Andalucía, no se puede hacer”, reconoce José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento autónomo.

     La embajada del Reino Unido, que ya conocía que iba a haber cambios, acoge con cautela el anuncio. “Esperamos que eso permita a muchos más propietarios beneficiarse del decreto de regularización [aprobado por la Junta en 2012], además de potencialmente abrir el camino para que puedan obtener la propiedad legal sobre sus inmuebles”, sostiene una portavoz. “Sería un primer paso muy sensato”, añade.

     Pero el Gobierno británico pide más: quiere que la Junta “aborde la grave situación en que se encuentran algunos propietarios de nacionalidad británica, cuyos inmuebles están inmersos en actuaciones judiciales en los tribunales o que ya se enfrentan a órdenes de derribo”. Esta petición no va a encontrar respuesta en la Junta, entre otras cosas, porque supondría invadir competencias de los jueces, apuntan fuentes de la Administración regional.

     En verdad, lo anunciado ahora por la Junta no es más que una ampliación del decreto aprobado por el Gobierno andaluz a principios de 2012. Esa norma suponía el indulto de unas 250.000 viviendas levantadas sin permisos. El decreto, que aún tiene una aplicación muy baja, afectaba, principalmente, a las grandes urbanizaciones ilegales repartidas por toda la comunidad. Pero dejaba fuera a las construcciones aisladas en terrenos parcelados, que seguían en un “limbo jurídico”, como lo ha calificado la Junta. Lo que se hará ahora es que la parcelación de un terreno en zona no urbanizable —es decir, su división para la venta o construcción de varias casas— también prescriba y así puedan regularizarse las edificaciones. Pero esta modificación, recalca la Consejería de Medio Ambiente, sólo afectará a las casas aisladas que se quedaron fuera del decreto de hace algo más de dos años y medio. “No es una amnistía ni una legalización”, recalca Nieves Masegosa.

Final de año de vértigo inmobiliario: vende ya o paga más

Lunes, 29 de septiembre de 2014

     A partir del uno de enero de 2015 la plusvalía a pagar por una vivienda comprada antes de 1994 será hasta un 55% más elevada y la bajada de precios será generalizada
     Fernando Encinar 23 septiembre 2014 – elpais.com
     Seguramente usted aún no lo sabe, pero si tiene una casa en venta y la compró antes de 1994, se le avecinan unos meses de vértigo. Será protagonista de una aventura contrarreloj, en la que necesita encontrar un comprador para su casa antes del 31 de diciembre. Usted y todos los que, como usted, venden pisos adquiridos con anterioridad a esa fecha van a tener problemas para dormir.
     Por si aún no se ha enterado, estamos a las puertas de un nuevo rally inmobiliario: una competición por vender la casa antes de que llegue una fecha concreta. Provocará un aluvión de operaciones cerradas y una bajada aún mayor de precios. Parece contradictorio, pero no lo es.
     ¿La razón? El uno de enero de 2015 se eliminarán los coeficientes de abatimiento para el cálculo de la plusvalía de la venta de viviendas adquiridas antes de 1994. Dicho de otro modo, a partir de ese momento Hacienda modificará la forma en que se calcula la plusvalía de las viviendas y dejará de aplicar descuentos a las viviendas que se compraron antes de aquel año.
     Hasta ahora, para calcular el beneficio económico obtenido por la venta de un inmueble, se aplicaba un coeficiente reductor (llamado coeficiente de abatimiento) que corregía la variación de los precios durante todos esos años. Ahora esos coeficientes desaparecen y el cálculo se realizará sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta.
     A raíz de este cambio, aquellas personas que a partir del 1 de enero de 2015 vendan un inmueble comprado al menos 20 años antes tendrán que tributar más por ello hasta un 55% más, a no ser que… a no ser que cierren la operación antes del 31 de diciembre de 2014.
     Con total probabilidad, cuando el grueso de los vendedores afectados sean conscientes de la situación (la medida se anunció en julio, pero ha pasado inadvertida entre los calores veraniegos) comenzarán las carreras para conseguir cerrar operaciones antes de nochevieja. Antes que pagar más a hacienda va a haber codazos entre los vendedores, por lo que es muy posible que el número de operaciones cerradas registre unas tasas de crecimiento que nos van a asombrar.
     No es el primera vez que una decisión política relacionada con la fiscalidad dispara puntualmente el número de operaciones. Sucedió cuando en diciembre de 2012 desaparecieron las desgravaciones por compra de vivienda habitual. Durante los últimos meses de ese año el número de compraventas se disparó un 19,9% por la cantidad de compradores que adelantaron su decisión de compra para beneficiarse de las ventajas fiscales.   Los precios, incluso, lograron frenar temporalmente su caída y en algunos lugares se registraron pequeñas subidas puntuales.
     En esta ocasión la presión es inversa. Ahora son los vendedores los que tienen que competir brutalmente entre ellos para cerrar la venta antes de una fecha concreta. Los precios, lejos de repuntar, tendrán que ajustarse rápidamente a las exigencias de la demanda. El factor tiempo corre en contra de los vendedores.
     No olvidemos, asimismo, que la demanda en España ha adquirido grandes aptitudes negociadoras en los últimos años. Saber que el vendedor necesita vender rápido para ahorrarse una cantidad importante provocará que los precios aceleren su caída hasta, por lo menos, final de año. La caída afectará a todos los segmentos del mercado (incluidas las viviendas que no están afectadas por esta medida).
     ¿Y luego qué pasará? Cuando llegue el uno de enero de 2015 el número de compraventas se resentirá, como sucedió en enero de 2013, y a lo largo del año irá volviendo a sus cifras normales, para en 2016 volver a tener incrementos interanuales. El precio, en cambio, no recuperará los niveles actuales ni vivirá un repunte simétrico al número de operaciones. Será la cara más positiva de la medida, ya que nos habrá acercado más al verdadero suelo de precios del mercado inmobiliario español.
     Fernando Encinar es jefe de estudios de idealista.com

 

La reforma de casas revive tras la crisis

Lunes, 29 de septiembre de 2014

     El negocio crece porque las rentas bajas y medias que no logran acceder a una nueva vivienda
     Sandra López Letón Madrid 21 septiembre 2014 – elpais.com
     Las cuentas empiezan a salir para muchos propietarios que tenían pendiente hacer algún arreglo o mejora en casa. “Es un buen momento porque con el parón de la nueva construcción hay más profesionales dedicados a la reforma, lo que ha hecho que los precios hayan bajado en torno a un 30% de media”, indica Jesús Lasso, de Tenders, portal de reformas y servicios del hogar.
     “Las empresas que han sobrevivido a la travesía en el desierto han reducido sus márgenes [los costes de construcción han bajado entre un 10% y un 15%, según los oficios], y pueden hacer buenas ofertas”, apunta Carlos Sanz, de Xaloc Arquitectos.
     Los materiales también se han abaratado, algo que se nota mucho más si el cliente compra sin intermediarios. Lo sabe bien Paloma, una madrileña de 37 años, que ahorrará unos 1.500 euros en la reforma del baño. Decidió comprar por su cuenta los azulejos y sanitarios. “El ahorro mínimo está entre el 10% y el 15%”, dice Paloma, que por fin va a hacer realidad su deseo de poner gresite en el baño. Pidió tres presupuestos y se quedó con el intermedio, de 3.800 euros.
     A pesar de esta depreciación, el sector está remontando tras unos años difíciles. Los expertos creen que las reformas son y serán el balón de oxígeno de la construcción. El 80% de las ventas de materiales son por rehabilitación y reforma, frente a la obra nueva.
     Durante 2013 se reformaron más de 22.000 casas y 27.000 edificios, según la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco). Hasta marzo de este año, 5.364 casas se han arreglado, un 1,9% más que en el mismo periodo del año anterior.
     Las subvenciones estatales, los planes renove autonómicos y el IVA reducido del 10% (siempre que los materiales no excedan el 40% del total), han hecho que el sector de la reforma crezca.
     Huir de las gangas y pedir factura
     La reforma de una vivienda puede ser una de las peores experiencias. Antes de empezar, hay que saber “qué queremos hacer, cómo y cuánto nos va a costar”, dice Víctor Rubio, de Xaloc Arquitectos. Aconseja pedir, al menos, cuatro presupuestos comparables, descartar los muy altos y muy bajos, y decidir entre el resto. Las referencias de amigos y conocidos son fundamentales.
     “Tenemos que tener un presupuesto desglosado, que nos permita controlar al céntimo los costes, contar con profesionales, evitar gangas, pedir al menos un seguro de responsabilidad civil…Y huir de ofertas tipo la reforma de tu casa por 5.000 euros”.
     Los trámites y licencias los suele gestionar la empresa de reformas. Hay que firmar un contrato, pedir factura con IVA para poder reclamar si hay problemas y “guardar los muebles e irte de alquiler mientras dure la obra”, aconsejan en Tenders. Algo muy importante que casi nunca se tiene en cuenta es el servicio posventa de las reformas, recuerda Iván Gómez, director general de SabiMad. Tratar de visitar la obra a diario para controlar todos los detalles es básico.
     El último consejo de los expertos: paciencia con los vecinos, porque durante unos meses nos dejarán de hablar.
     Ante la imposibilidad de cambiar a una casa más grande —parejas de entre 30 y 40 años que esperan un hijo—, la falta de financiación y la pérdida de valor de los inmuebles, “los españoles optamos por hacer mejoras en nuestra casa para poder vivir durante más años en ella”, explica Lasso. Como dice Víctor Rubio, de Obrasreformas.com, “reformar una vivienda es darle nueva vida para otros 40 años”.
     El alquiler es otro aliado perfecto de las obras. En este caso, se opta por lavados de cara no muy costosos. “Es el mejor momento para arreglar grifos que gotean o humedades. Creemos que acelera el alquiler”, indica Iván Gómez, director general de SabiMad Proyectos y Obras.
     Al sector no le ha quedado otra que renovarse y plantar cara a la crisis de la mano de Internet. Junto con la búsqueda de referencias y el boca a boca, nace una nueva generación de clientes. “El 66% de las personas contactan con empresas que han encontrado a través de Internet”, según Verónica Rosselló, responsable de comunicación del portal Habitissimo, empresa que conecta oferta y demanda en España, Brasil, Italia y Turquía. Aquí los propietarios publican gratis una solicitud de presupuesto para que hasta cuatro profesionales de su zona los puedan contactar.
     Solo en este portal hay más de un millón de personas buscando empresa. Esto evidencia que siempre hay algo que hacer en casa. Finalizado agosto, toca la puesta a punto. “Se han recibido solicitudes para pintar paredes, tapiceros y carpintería de aluminio, entre otras”, explican en este sitio web, donde el gasto medio en reformas se situó en 7.502 euros en 2013.
     Hoy en día la obra más frecuente es el lavado de cara. Se trata de adecentar los baños (cambiar bañera por plato de ducha), acuchillar el parquet, y pintar las paredes. Pero también es muy habitual la renovación de los cuartos húmedos —cocina y baños—, “ya que estas estancias son las que más instalaciones tienen en cuanto a fontanería, saneamiento y electricidad y sufren más deterioro por el paso del tiempo y el uso”, según SabiMad.
     Los presupuestos para un lavado de cara suelen ir desde los 5.000 a los 15.000 euros. “En un piso de A Coruña se ha ejecutado por 5.300 euros (2.800 del baño y 2.500 para quitar el gotelé y pintar)”, cuenta Lasso.
     En cambio, una reforma integral implica modificar la estructura, tirar baños y cocina, cambiar las ventanas por unas de PVC o de aluminio con rotura de puente térmico, actualizar la instalación de electricidad y fontanería, cambiar la iluminación por leds, suelos y puertas, mejorar el aislamiento acústico y térmico, quitar el gotelé y la tarima flotante…
     El precio ronda los 650 euros por metro cuadrado. Para unos 80 metros partiría de unos 30.000 euros, según las calidades finales. “No es lo mismo una tarima laminada de madera sintética de 8 o 10 euros el metro, que una tarima de madera natural, que va desde 32 hasta más de 100 euros”, calculan en Habitissimo.
     Cuando la obra es mayor, es imprescindible un arquitecto. “Nuestros packs van desde un simple levantamiento de los planos a una gestión integral del proyecto, con tramitación de la licencia y vistas en 3D”, explican en Xaloc Arquitectos, un joven estudio que ha introducido los proyectos low cost. El precio no suele superar el 2% del coste de la obra.
     Las partidas que más encarecen una obra son las ventanas (unos 5.000 euros), tirar paredes, cambiar tuberías, instalación eléctrica y calidad de los acabados.
     Y, a la hora de elegir materiales, hay que despedirse de la tarima flotante, el parquet y los alicatados hasta el techo. Se tiende a materiales cerámicos en pavimentos y paredes. También a las baldosas hidráulicas (que recuerdan a los suelos antiguos) y a las maderas exóticas (por ejemplo, las de Zebrano). El gresite sigue de moda y se combinan los azulejos y la pintura. Han regresado los papeles pintados y vinilos en paredes y triunfan las duchas extraplanas.

Montoro anuncia que revisará el IVA de caja tras el fracaso del sistema

Domingo, 28 de septiembre de 2014

     Apenas 22.000 pymes y autónomos emplean el régimen, con una recaudación de 60 millones
     Madrid 24 septiembre 2014 –  elpais.com
     El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido este miércoles que el IVA de caja, un sistema que entró en vigor el 1 de enero para que las pymes y los autónomos puedan aplazar el pago del impuesto al fisco hasta cobrar la factura, no ha funcionado como se esperaba. Por este motivo, se ha comprometido a revisar el régimen en el marco de la reforma tributaria que actualmente está tramitando el Congreso. Además, ha anunciado que con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 se creará un nuevo fondo para aportar liquidez a pymes y autónomos.
     Así lo ha señalado el ministro durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, después de que el diputado de CiU Toni Picó le preguntara por el balance que hace de la implantación del régimen del IVA con criterio de caja tras estar casi nueve meses en vigor. Montoro ya había avanzado en mayo su disposición a modificar el sistema.
     En su respuesta, el ministro ha reconocido que apenas 22.000 pymes y autónomos —a partes iguales— han optado por utilizar este sistema, que les permite no pagar el IVA a la Administración pública hasta cobrar la factura correspondiente. La cifra está muy lejos de los 2,3 millones de beneficiarios potenciales que Hacienda estimó en la memoria económica de la Ley de Emprendedores con la que se creó este sistema. Y eso que amplió en tres meses el plazo inicial para acogerse al nuevo régimen.
     Picó ha revelado, además, que frente a las estimaciones de una recaudación de 983 millones, solo se han alcanzado unos 60 millones. “Y la morosidad y el retraso en los cobros de las facturas continúan, mientras la gran mayoría de pymes y autónomos siguen avanzando el pago del IVA que aún no han cobrado”, ha lamentado el diputado catalán, que ve necesario un debate sobre “por qué no ha funcionado” el sistema con la vista puesta en “revisarlo”. Por ello, ha anunciado que CiU presentará una enmienda parcial en el marco de la reforma fiscal en este sentido.
     “Es el primer año, estamos aprendiendo todos a gestionarlo y lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es ver la experiencia para seguir perfeccionando el sistema, por la liquidez que aporta a las pymes. Y, por eso, también estamos a disposición de los grupos, ahora que acometemos la reforma tributaria, para perfeccionar este sistema. Por supuesto, mostrar nuestra mejor disposición (a retocar el régimen) en la tramitación de la reforma fiscal y también en los Presupuestos, que traeremos a la Cámara la semana próxima”, ha respondido Montoro.
     Propuesta estrella del PP
     El Ministerio de Hacienda esperaba que al menos las cerca de 120.000 pequeñas empresas que trabajan habitualmente con las distintas administraciones públicas se dieran de alta. Frente al régimen de caja, el sistema habitual es el de devengo, que obliga a las empresas a pagar el IVA en cuanto emitan la factura con independencia de que la hayan abonado o la tengan pendiente de pago.
     El IVA de caja era una de las propuestas estrellas del programa electoral del PP en las pasadas elecciones para satisfacer una vieja reivindicación de las organizaciones empresariales. Sin embargo, el Ejecutivo retrasó la medida hasta 2014 alegando las dificultades presupuestarias impuestas por la reducción del déficit, ya que el nuevo régimen podría mermar los ingresos tributarios. De hecho, Hacienda había calculado una merma de los ingresos públicos próxima a los 983 millones de euros en 2014 por su cupla, aunque al final solo ha sido de 60 hasta la fecha.
     Las principales asociaciones de autónomos justifican el fracaso de la iniciativa por las presiones de las grandes empresas a las pymes a las que subcontratan, porque estas no podían deducirse el gasto hasta que pagaran la factura. No obstante, los problemas de liquidez también han jugado en contra del sistema. El motivo es que el IVA de caja obliga a las empresas a pagar sus facturas antes de lo que lo venían haciendo en un momento en que escasea el crédito, lo que llevaba a muchas sociedades a aplazar pagos como una forma más de financiarse. Además, las empresas que se registren en este régimen tendrán que llevar una contabilidad de caja paralela para que el fisco pueda comprobar cuándo ingresó el pago de la factura.
     Fondo de financiación a pymes
     Por otra parte, Montoro ha añadido que las cuentas para 2015 también incluirán un “nuevo instrumento de financiación para pymes y autónomos” que se nutrirá tanto de los Fondos Estructurales de la UE como de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y que servirá para “facilitar liquidez y financiación no sólo para nuevas inversiones de pymes y autónomos, sino para el propio circulante”.
     Según el ministro, el Gobierno ya negocia con las comunidades autónomas esta nueva herramienta, que se enmarca en el Plan de Impulso de la Economía y que será fundamental “en esta fase de evolución económica” que atraviesa el país para “apostar también por la supervivencia de todo el tejido” de pequeñas y medianas empresas y autónomos del país, que deben ser “motor” de la recuperación.

La sobrecarga de trabajo atasca 864 juzgados en toda España

Sábado, 27 de septiembre de 2014

     Los órganos mercantiles de Sevilla, los más saturados del país, están señalando vistas para 2017
     José Manuel Romero / Reyes Rincón Madrid 26 septiembre 2014 – elpais.com

     Casi la mitad de los juzgados de España (1.695 de 3.894) sufren una sobrecarga de trabajo superior al 150%, según el último informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judical (CGPJ). De éstos, en 864 juzgados el porcentaje de asuntos pendientes de resolución, lo que refleja el atasco y la saturación que sufren estos órganos, es superior a la media. Los juzgados de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid son los que tienen el mayor porcentaje de sobrecarga de trabajo. Por órganos, los juzgados de lo social, los de primera instancia y los mercantiles, son los que más atascos sufren.<VS1>
     “Es un problema grave y complejo”, señala la juez Mar Cabrejas, miembro de la comisión permanente del CGPJ. “Existe una descompensación en la distribución de cargas de trabajo: hay un número significativo de juzgados que presenta cargas inferiores al 100% y por otro lado la crísis económica ha saturado especialmente juzgados sociales, mercantiles y civiles. La no creación de plazas en los últimos cuatro años ha complicado el panorama”.

     El juzgado con más sobrecarga de trabajo en España (483%) es el mercantil número 2 de Sevilla, cuyo titular es Miguel Ángel Navarro. Si la carga aprobada para cada juzgado de lo Mercantil es de entre 333 y 399 asuntos, al juez Navarro le llegaron el año pasado 1.769.
     El trabajo de los jueces de lo Mercantil se ha disparado con la crisis debido, sobre todo, a los concursos de acreedores. En lo que va de año, al despacho del juez Navarro han llegado 783 demandas concursales. Pero aún son más las demandas de asuntos mercantiles, 1.241 desde enero, entre las que destacan los procedimientos por impugnación de condiciones generales de los contratos, en especial las cláusulas suelo de las hipotecas. “Las condiciones abusivas de muchos contratos son una realidad que antes ni se denunciaban. Ahora hay abogados que se están especializando en estos asuntos y nos llegan en aluvión”, señala Navarro, que cuenta con la ayuda de otro juez en comisión de servicio.
     Las vistas para resolver estas demandas se están señalando para 2017. El juez Navarro admite que los ciudadanos son bastante pacientes. “Poco revuelo hay para la situación que se soporta. En el ámbito judicial ocurre como el resto de asuntos del país, la gente se está acostumbrando, ha asumido que hay dilaciones extremas y la mayoría ni protesta”, afirma. “Si no se pone remedio, el año que viene se empezaran ya a señalar juicios para 2020”.
     La solución pasa, según el juez, por la creación en Sevilla de al menos dos nuevos juzgados de lo Mercantil o bien por reasignar a los juzgados de instancia la competencia sobre las demandas de las condiciones generales de los contratos.
     La sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid tiene, según el informe de la Inspección, un 408% de sobrecarga de trabajo, casi el triple de lo que se considera asumible. Sin embargo, no está saturado. Los tres magistrados de esta sección tuvieron que tramitar el año pasado 4.719 asuntos, más del doble que el resto de secciones de la Audiencia Provincial. Pese a ello, su nivel de asuntos pendientes (582) es bajo en relación a los asuntos que tramita.
     El magistrado Arturo Beltrán, presidente de la sección quinta de la Audiencia de Madrid, explica que al tratarse de un órgano al que llegan todos los recursos de presos, se ven obligados a resolver cada año un 250% más de casos que el resto de secciones. “El 85% de nuestro trabajo consiste en autos de vigilancia penitenciaria, que desde el punto de vista doctrinal son sencillos. Toda la Audiencia necesita más jueces, todos trabajamos por encima de lo asumible y lo pagamos en salud, porque nos quita el sueño, los fines de semana y hasta las vacaciones, pero en ningún caso esta sobrecarga significa que le quitemos al justiciable sus derechos”, señala Beltrán.
     La vocal del Poder Judicial Mar Cabrejas plantea dos soluciones: “Una distribución adecuada de las cargas de trabajo y la creación de unidades judiciales en aquellos órganos cuya sobrecarga no es coyuntural. La creación de tribunales de instancia permitiría la redistribución más justa de las cargas de trabajo. Si no se crean de manera próxima, la creación de plazas de hace imprescindible para evitar la situación actual y la continua utilización de figuras de refuerzo que no ofrecen una solución satisfactoria”.
      La Asociación Jueces para la Democracia (Jpd) asegura citando una encuesta que el 92% de los jueces confiesa sufrir estrés por la sobrecarga de trabajo. “Hay 395 jueces sin plaza y se han suprimido 1.200 jueces sustitutos. El Gobierno ha congelado las plazas de oposición y acceso por cuarto turno. Es urgente que en los próximos cinco años se creen 815 plazas”, señala.

 

Una lavianesa denuncia haber sido engañada con un préstamo

Sábado, 27 de septiembre de 2014

     El crédito era de 28.900 euros, pero sólo recibió 15.000 a devolver en 4 meses, aunque nunca fue informada del plazo
     23.09.2014 L. Á. Vega – lne.es
      A una vecina de Laviana, cuya identidad se corresponde con las iniciales C. S. R., le concedieron en 2007 un préstamo, que iba a devolver cómodamente añadiendo una pequeña cantidad a la hipoteca que ya estaba pagando. Sin embargo, según asegura, el notario no le informó de que, en realidad, el préstamo que había suscrito tenía un plazo de devolución de cuatro meses. La mujer cogió el dinero (el préstamo era por 28.900 euros, pero en realidad solamente pudo disponer de 15.000) y continuó pagando la hipoteca, esperando a que le comenzasen a cargar la devolución del préstamo.
     La siguiente noticia de los prestamistas la tuvo tres años y medio después, cuando iniciaron un proceso exigiendo la devolución de todo el préstamo, 28.900 euros, más los intereses, que hacen un total de 37.165,40. En caso de no pagar el dinero, podrían quitarle la casa. Tanto la mujer como su abogada están convencidas de que, en realidad, fue objeto de una estafa en toda regla, cuidadosamente preparada, con el objetivo de quitarle la vivienda. Pero el problema es que los tribunales consideran que los supuestos delitos cometidos han prescrito. Ahora, su única esperanza es encontrar a más personas que hayan sufrido una experiencia similar, con el fin de acusar a los prestamistas de un delito continuado de estafa, que no prescribe hasta los diez años.
     Cuando decidió suscribir el préstamo, la mujer estaba en una situación realmente apurada. “Me vi con la nevera completamente vacía y con una chiquilla a la que alimentar. Busqué en el periódico un anuncio en el que se prometían créditos rápidos y llamé”, señala la mujer.
     Al otro lado del teléfono, eso sí, tras muchas vueltas, se le puso un hombre, vecino de Siero. Tras varias conversaciones, les dijo a ella y a su entonces marido que tenían que desplazarse a Bilbao para suscribir el crédito, que iba a conceder una prestamista de Guecho. Hicieron el viaje el 29 de mayo de 2007. “Fue como una especie de secuestro. No pudimos ni siquiera ir a dar una vuelta por la ciudad. Nos llevó en su Audi hasta el portal de la notaría, donde dijo que nos estaban esperando, y él ni siquiera subió. El notario no nos habló de que tuviésemos un plazo de cuatro meses para devolver el dinero. Nosotros creíamos que nos iban a hacer una hipoteca puente. De hecho, con el que hablamos en Asturias nos dijo que estaba tramitándolo con una sucursal de La Felguera. Pero no nos pidieron ni la declaración de la renta”, relata la vecina de Laviana.
     En otro lugar de Bilbao les entregaron el dinero. Pero ahí llegó la primera sorpresa. En vez de los 28.900 euros del préstamo, les entregaron 15.000. Cuando el contacto de Siero les trasladaba de nuevo a Asturias, les dijo que tenían que darle 5.000 euros, como pago de honorarios. “Mi marido le entregó 4.000. Eso sí, la comida la pagó él”, señala la mujer. Esta lavianesa explica por qué cogieron 15.000 euros cuando el préstamo era de 28.900. “Estábamos muy necesitados en ese momento, muy apurados. Mi marido decía: ‘Nos cobran muchos intereses’. Cogimos el dinero que nos daban y no lo pensamos más”, añade la mujer.
     Reclamación del préstamo
     Siguieron hablando con el prestamista de Siero, que siempre les decía que estaba tramitando la hipoteca puente, hasta que dejaron de tener contacto. La mujer siguió pagando la hipoteca y esperando a que en algún momento le empezasen a cargar el crédito. “Yo nunca me negué a devolver los 15.000 euros que me prestaron”, asegura. El 15 de noviembre de 2010 le llegó un burofax de una firma de abogados bilbaína, en representación de la prestamista de Guecho, reclamándole el importe del préstamo más intereses. “Amenazaron con una ejecución de títulos no judiciales”, dice la letrada de la lavianesa.
     La mujer se puso en contacto con un abogado y presentó una denuncia en Pola de Laviana, que se terminó archivando, al haber prescrito el supuesto delito. Más tarde contactó con su actual abogada, que interpuso una querella criminal ante un Juzgado de Oviedo, que se derivó a Pola de Siero. El prestamista asturiano fue llamado a declarar, pero el juez también archivó el asunto, por las mismas razones que en Laviana. Un recurso ante la Audiencia tampoco salió bien. El tribunal estimó que el objeto de la querella era cosa juzgada.
     “Si apareciesen nuevas pruebas, podría volver a reabrirse en caso y formularse una acusación por un delito de estafa continuada. No me cabe ninguna duda de que estamos ante un flagrante caso de estafa. Y estoy segura de que tiene que haber más casos como el de mi clienta”, señala la abogada. Ahora sólo espera contactar con otras personas que se hayan visto en esta situación.

 

Los ingleses se indignan ante la amenaza de nuevos derribos

Viernes, 26 de septiembre de 2014

     “Esta casa es todo lo que tenemos, nosotros compramos de buena fe” se quejan los propietarios de Albox

     Guillermo Mirón   25/09/2014 lavozdealmeria.es

     El sonido de la lluvia cayendo no cesa. Las imágenes con escenas típicas en Inglaterra se suceden. Paraguas, chubasqueros, gotas que caen del cielo… “¿Te suena familiar? Llueve, llueve y llueve”, reza un letrero. Así comienza el anuncio que la promotora responsable de las 98 viviendas para las que la Fiscalía pide la demolición colocó en Internet para atraer a foráneos hasta sus construcciones en 2007. El mismo año en el que decenas de británicos cambiaron ese sonido de la lluvia por un aluvión de notificaciones judiciales.

     Fue en 2007 cuando Bill Higgins encontró a un agente del Seprona al otro lado la puerta de su casa en España, comprada en 2004, hace justo una década. “Nos dijo: ‘Hay un problema’”, recuerda. En el salón de Bill aguarda una quincena propietarios del casi centenar de viviendas alegales de La Aljambra, en Albox. “Cuando nos enteramos nos quedamos devastados porque  compramos esta casa de buena fe”, asegura.

     Sus palabras son respaldadas por el resto, que asienten y participan deseosos de denunciar la situación en la que viven desde hace años, con dificultades incluso para gozar de servicios básicos como agua y luz debido a la coyuntura urbanística. Heather White es también propietaria de una casa alegal. No duda en señalar responsables. “Todos nos dijeron que era 100% legal. Incluso el abogado. Mentiras, mentiras y más mentiras. Mi marido murió hace siete años. Si me tiran la casa no tendré dónde ir”, denuncia.
 
     Reivindicaciones
     White no exagera. La presidenta de la asociación de afectados Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), Maura Hillen, explica que “es normal que en estos casos los abogados sean amigos de promotores. Nadie dijo nada. Ni abogados, ni ayuntamientos, ni registradores…”. Todos los propietarios coinciden en que sus ahorros se fueron junto a su sueño español. 
     A esta circunstancia se le suma la condición de la edad, ya que la gran mayoría son jubilados sin grandes recursos económicos. Su desamparo será evidente si se materializa el derribo porque hasta ahora, en procesos judiciales similares, los responsables de pagar la indemnización (promotores y constructores) no han podido hacer frente a tal obligación.
     Es por ello que AUAN está centrando sus reivindicaciones en un cambio del Código Penal. “Pedimos garantizar la indemnización.  Queremos que sea aportada antes de que se produzca la demolición”, defiende la presidenta del colectivo. Reiteran su rol de “víctimas” frente al de acusados como los promotores porque “ellos no van a sufrir aunque tengan condenas pero nosotros sí. Nos quedaríamos sin nada”, reiteran.

     No solo denuncian su desamparo sino la “lentitud” de un sistema judicial del que tampoco se explican que no vaya acorde con las administraciones, a tenor del reciente anuncio de la Junta para modificar la legislación facilitando la regularización de casas como las que poseen. “Fuimos víctimas del promotor y ahora lo somos de la justicia”, apuntilla Bill, el propietario de la casa escenario de la entrevista. Su futuro se presenta igual de incierto que los últimos diez años. “La situación es terrible porque lo único que tenemos es esta casa. Todas las cosas que nos trajeron aquí como son la gente, el clima… nos siguen gustando, quisiéramos seguir viviendo aquí” confiesa Bill, “pero tenemos la sensación de que no hay futuro para nosotros”.

El Ayuntamiento de la capital restringe a los coches de los residentes un área de 352 hectáreas

Viernes, 26 de septiembre de 2014

     Madrid cerrará su centro al tráfico
     Bruno García Gallo Madrid 21 septiembre 2014 – elpais.com
     El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna Ana Botella (PP), cerrará al tráfico el 1 de enero una superficie de 190 hectáreas en el corazón de la capital, por la que sólo podrán circular los coches de los residentes, según han relatado a EL PAÍS fuentes del gobierno municipal. Los barrios de Sol y Palacio se sumarán así a los de Cortes y Embajadores para conformar un área total de 352 hectáreas de tráfico restringido.
     Los vehículos que no pertenezcan a vecinos de esa zona tendrán limitado el paso a las grandes avenidas. Al área vedada sí podrán acceder aquellos conductores que vayan a estacionar en los 13 aparcamientos encerrados en el perímetro. Sin embargo, el Ayuntamiento cotejará a diario las matrículas para que quien luego no estacione allí (por ejemplo, porque el aparcamiento esté lleno) sea sancionado. Las infracciones se vigilarán con 22 cámaras de seguridad, y se castigarán con 90 euros de multa.
     Esta Área de Prioridad Residencial (APR), según su denominación municipal, tendrá un coste de mantenimiento de 500.000 euros anuales. Se sumará a las otras tres ya en vigor desde hace años en los barrios madrileños de Embajadores y Cortes (conocido también como Las Letras), conformando así una superficie total de más de 300 hectáreas alrededor de la Puerta del Sol por la que los vehículos privados que no pertenezcan a los vecinos sólo podrán circular por las arterias principales.
     Las motocicletas tendrán acceso libre de siete de la mañana a diez de la noche, y las furgonetas que lleven mercancías a los comercios del área podrán entrar los días laborables de diez de la mañana a una del mediodía.
     Con esta medida, que profundiza en la política de peatonalización del centro de Madrid impulsada por el anterior alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), el Ayuntamiento pretende reducir en más de un tercio el tránsito de vehículos por las zonas restringidas. “El objetivo principal es reducir el tráfico de paso a través de los barrios y de agitación en busca de estacionamiento, al tiempo que aumentar las plazas de estacionamiento para residentes”, aduce.
     Botella, que ha anunciado ya que no se presentará a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, pretende ampliar las APR en vigor antes de que finalice su mandato a los barrios limítrofes de Chueca y Malasaña (en su denominación oficial, Justicia y Universidad, también dentro del distrito Centro).
     Esta estrategia forma parte de un Plan de Movilidad aprobado antes del verano que, con el objetivo puesto en el año 2020, pretende desterrar progresivamente el uso del vehículo privado de la almendra central de la capital (la superficie de 5.000 hectáreas limitada por la autovía M-30) con medidas de “discriminación positiva” a favor de transporte público, bicicletas y peatones.
     Entre otras, se ha elevado el precio de los parquímetros para los coches más contaminantes y en las zonas más congestionadas de la ciudad, y se han reducido los límites de velocidad en las vías de entrada a la almendra central. Además, se potenciará el uso de la grúa y se aumentará el número de radares de velocidad.
     Botella ha prometido también elevar un 25% las áreas peatonales, multiplicar los carriles exclusivos para autobuses, y prohibir la circulación de camiones durante el día, aunque esas medidas deberán ser sancionadas por su sucesor a partir de 2015.
     El principal objetivo de esta estrategia de movilidad es reducir el volumen de tráfico en la almendra central; en la capital hay 1,7 millones de vehículos, de los que el 80% son turismos. La crisis económica ha duplicado su edad media, que ha pasado de 5,7 años en 2008 a 9,3 años en 2013.
     La velocidad media de circulación en la almendra central es de 21 kilómetros por hora, pese a que sólo uno de cada cuatro viajes se realiza en vehículo privado; el 6% de los desplazamientos en Madrid implica meterse en un atasco con fuertes demoras.
     El Ayuntamiento busca también reducir el número de víctimas de accidentes de circulación y el ruido provocado por el tráfico. Según el último estudio municipal, fechado en 2011, hay 132.000 personas (el 4% del total) expuestas a niveles excesivos de ruido durante el día, y 483.000 (el 15%) durante la noche.
     Se pretende así mismo rebajar el nivel de contaminación atmosférica, que sigue muy por encima del tope legal impuesto en 2010 por la Unión Europea. Las autoridades comunitarias han iniciado un procedimiento para imponer una multa millonaria.
     Botella confía en poder cumplir el límite europeo el 1 de enero de 2015, tras la bajada registrada el año pasado; la contaminación por dióxido de nitrógeno, que escapa fundamentalmente del tubo de escape de los vehículos diésel, se ha reducido un 25% desde 2011. La subida de los parquímetros aprobada antes de verano penaliza especialmente a los motores de gasóleo.
     Madrid puso en marcha su primera Área de Prioridad Residencial en septiembre de 2004, en una zona limitada del barrio de Cortes. Un año después, se extendió al resto, sumando así una superficie de 59 hectáreas y 11.000 habitantes entre la puerta del Sol, Gran Vía, el paseo de Recoletos y la calle de Atocha.
     Atendiendo a las peticiones de los vecinos, en julio de 2006 se amplió al barrio de Embajadores (con 103 hectáreas y 45.000 habitantes). Cuando el 1 de enero se ponga en marcha la APR de Sol-Palacio (dos barrios con 30.000 habitantes), serán ya más de 86.000 personas las que vivan en una zona de tráfico restringido en la capital (la población total de Guadalajara o Toledo).
     La superficie de esta nueva APR es casi cuatro veces superior a lo estimado inicialmente por el Ayuntamiento, fruto en gran medida de las fuertes presiones vecinales para extender las restricciones de tráfico. Quedan por negociar en cualquier caso los últimos flecos con asociaciones de vecinos y comerciantes para minimizar el impacto. La implantación de la APR, prometida en 2011, se ha retrasado tres años por la falta de presupuesto.

Catalá hereda los principales retos legislativos iniciados por Gallardón

Jueves, 25 de septiembre de 2014

     La modificación del Código Penal y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
     Los colectivos jurídicos, enfrentados al ex ministro, satisfechos con su dimisión
     María Peral  Madrid 24/09/2014 elmundo.es
     Tres años y medio de intenso trabajo legislativo del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia han producido un resultado contradictorio. Las leyes aprobadas o bien no figuraban en el programa con el que el PP ganó las elecciones (caso de las tasas judiciales) o bien se han orientado en un sentido completamente diferente del que el partido en el Gobierno había prometido (como la reforma del sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial).
     El Ministerio con el que se reencontrará Rafael Catalá, ahora como ministro, tiene pendientes los principales retos legislativos, algunos de ellos en tramitación parlamentaria (la modificación del Código Penal), otros en anteproyecto (la macro-reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y otros en fase de fase de reconducción (el fallido Código Procesal Penal).
     Pese a las expectativas generadas con su nombramiento, el paso de Ruiz-Gallardón por Justicia no será recordado con satisfacción por los colectivos concernidos. De ello dan fe los comunicados que se difundieron ayer tras el anuncio de dimisión: la Abogacía, las asociaciones judiciales, los sindicatos de funcionarios o las organizaciones de secretarios judiciales que reaccionaron a la noticia lo hicieron unívocamente para expresar su satisfacción por la marcha de un ministro que les ha puesto -a todos al mismo tiempo- en pie de guerra.
     Unidos por el descontento, aunque por motivos distintos, abogados, jueces, fiscales y funcionarios han salido a la calle en protesta por las iniciativas de Ruiz-Gallardón e incluso la carrera judicial fue a la huelga el 13 de febrero de 2013. Los registradores y notarios también están inmersos en conflictos con el Ministerio a costa de la gestión del Registro Civil tras su desjudicialización.
     Un auténtico desafío
     Aunque se trata de colectivos refractarios a cualquier cambio y pese a que los resultados en política de Justicia rara vez se ven a corto plazo, el testigo que Ruiz-Gallardón pasa a Catalá es un auténtico desafío. La ley de tasas judiciales, que ha limitado el acceso de los ciudadanos a los tribunales de una manera drástica, especialmente en la jurisdicción contencioso-administrativa (justo la que controla los actos de la Administración), está recurrida ante el Tribunal Constitucional.
     La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, seriamente objetada por el Consejo General y el Tribunal Supremo, va a tener que sufrir una tramitación meteórica -pese a su importancia- si tiene entrada en las Cortes. E incluso en el caso de que fuera aprobada le faltaría un complemento esencial, la nueva ley de planta y demarcación (no elaborada), para que pudiera transformar la estructura judicial española.
     La idea de entregar a los fiscales la investigación de los delitos parece descartada, con la consiguiente decepción de una Fiscalía que se siente maltratada y desatendida por este Gobierno. No obstante, el Ministerio no había renunciado a una nueva regulación parcial del proceso penal.
     La reforma del Código Penal, de la que el Ministerio suprimió la custodia de seguridad ante las dudas de constitucionalidad que suscitó pero mantiene medidas polémicas como la prisión permanente revisable, no acaba de arrancar en el Congreso. Hoy se cumple un año de su entrada en la Cámara Baja y lo único que se ha hecho es ampliar una vez tras otra el plazo de enmiendas.
     Además del Código Penal, en el Parlamento se encuentran proyectos relevantes de la etapa de Ruiz-Gallardón como el Código Mercantil, la ley de jurisdicción voluntaria o el estatuto de las víctimas de delitos.
     También se ha creado el Comité Técnico Estatal de la Administración judicial electrónica, un órgano esencial para coordinar a las distintas instituciones y administraciones en materia de nuevas tecnologías y asegurar la compatibilidad de las aplicaciones informáticas que utilizan los tribunales y las fiscalías.
     Ruiz-Gallardón deja un Ministerio que ha bregado con extraordinarias dificultades presupuestarias y contratiempos inéditos, como la dimisión del presidente del Poder Judicial Carlos Dívar o la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot.

 

Rafael Catalá releva a Gallardón en el Ministerio de Justicia

Miércoles, 24 de septiembre de 2014

     EP / Madrid abc.es 23/09/2014
     Es el actual secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y fue secretario de Estado de Justicia entre 2002 y 2004
     El nuevo ministro de Justicia será Rafael Catalá Polo, actual secretario de Estado de Infraestructuras, según ha informado Presidencia del Gobierno en un comunicado en el que explica que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha aceptado esta tarde la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón.
     Rajoy ha comunicado ya al Rey el relevo al frente del Ministerio de Justicia, que será asumido hasta la toma de posesión del nuevo ministro por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El cese de Ruiz-Gallardón se hará efectivo mañana con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, añade la nota.
     Catalá tomará posesión de su cargo la próxima semana, cuando hayan concluido los viajes oficiales del Rey a Nueva York para asistir a la asamblea general de la ONU y de Rajoy a China.
     El presidente del Gobierno ha agradecido a Ruiz-Gallardón «la labor desarrollada al frente del Ministerio durante este tiempo y su colaboración solidaria con el conjunto del Gobierno durante una etapa de gran exigencia para todos».
     Catalá Polo fue secretario de Estado de Justicia entre 2002 y 2004 y, en la actualidad, es secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en el Ministerio que dirige Ana Pastor.
     Breve biografía
     Nacido en Madrid el 21 de junio de 1961, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1985. Fue profesor asociado de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Carlos III de Madrid (2007-2011).
     Ha sido subdirector general de Ordenación y Política de Personal del Ministerio de Sanidad (1988-1992); director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios de AENA (1992-1996); director general de la Función Pública (1996-1999); director general de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (1999-2000); subsecretario de Hacienda (2000-2002); secretario de Estado de Justicia (2002-2004); director gerente del Hospital Ramón y Cajal (2004-2005) y secretario general y del Consejo de Administración de CODERE, S.A. (2005-2012).
     En la actualidad era secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento y presidente de la sociedad ENAIRE. Ha dirigido el Máster de Administración Pública en el campus de Madrid de la Escuela de Negocios de ESADE entre los años 2005 a 2012.

 

Gallardón dimite y abandona la política

Martes, 23 de septiembre de 2014

     En la sede de Justicia
     También anuncia que renuncia al Comité Ejecutivo del PP
     Por la mañana, el presidente anunció que retiraba la ley por no hallar consenso
     ‘Como presidente del Gobierno, he tomado una decisión que es la más sensata’
     Es el primer ministro que abandona el Gobierno tras la salida de Cañete a la UE
     Marisa Cruz  Agencias Madrid 23/09/2014 elmundo.es
     El ministro de Justicia ha presentado su dimisión al presidente del Gobierno, que la ha aceptado. Y también abandona la politica. Alberto Ruiz-Gallardón tomó esta decisión después de que el presidente le comunicara definitivamente su voluntad de no sostener su anteproyecto de reforma de la ley del aborto.
     Gallardón es, de esta forma, el primer miembro del equipo de Gobierno que abandona el Consejo de Ministros, descontando la marcha del titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que fue designado por Rajoy como cabeza de lista para las elecciones europeas. El ministro dio el paso una vez que tuvo constancia definitiva de que el que ha sido su proyecto estrella no vería la luz.
     El presidente anunció poco después de las 13.00 horas su decisión de no dar curso a la reforma elaborada por el ministro a la vista de que ha resultado de todo punto imposible construir un mínimo consenso sobre la misma. Lo hizo apenas unas horas antes de emprender viaje a China, donde permanecerá hasta el próximo sábado.
     Hace diez días, El Mundo ya avanzó la decisión del presidente de anular el anteproyecto de ley.
     El ministro ha justificado su marcha diciendo que “la nueva fórmula que se articule por parte del Gobierno” no debe hacerla quien desde un primer momento había adquirido un compromiso “firme y rotundo” con lo que entendía era la voluntad del Gobierno, del PP y de sus votantes.
     Fin de su vida política
     En la comparecencia, Gallardón también ha anunciado que dejará la actividad política después de 30 años en los que ha asumido responsabilidades en el nivel local, autonómico y nacional.
     “Siempre dije que este sería mi último puesto de responsabilidad en la política, he llegado al final de una época fascinante de mi vida, que me ha dado más de lo que yo le he dado a ella. He tenido la oportunidad de intentar la transformación de la realidad”, ha relatado.

 

Miño. Ourense

Martes, 23 de septiembre de 2014

Miño. Ourense

El nuevo billete de 10 euros entra en circulación este martes

Martes, 23 de septiembre de 2014

     El BCE urge a los dueños de máquinas expendedoras a asegurarse de que los aceptan
     El País Madrid 22 septiembre 2014 – elpais.com
     El billete de 10 euros de la serie Europa entrará en circulación este martes, 23 de septiembre de 2014. Al igual que el nuevo billete de 5 euros, el nuevo billete de 10 euros incorpora elementos de seguridad mejorados y presenta un aspecto actualizado. En el holograma y la marca de agua muestra un retrato de Europa, personaje de la mitología griega. También incluye un número verde esmeralda. Al inclinarlo, el número brillante produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente y cambia su color del verde esmeralda al azul oscuro. Gracias a estos y otros elementos, es muy fácil comprobar la autenticidad del nuevo billete de 10€ utilizando el método «toque, mire, gire».
     Seguirán emitiéndose billetes de 10 euros de la primera serie hasta agotar las existencias. Circularán conjuntamente con el billete de 10 euros de la serie Europa hasta que sean retirados. Transcurrido un tiempo dejarán de tener curso legal, lo que se anunciará con antelación suficiente.
     “Es esencial que todos los que utilizamos billetes en euros podamos seguir haciéndolo con absoluta confianza. Por este motivo estamos introduciendo la serie Europa”, señaló a través de un comunicado Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del BCE encargado del área de billetes.
      Para facilitar la introducción del nuevo billete y darlo a conocer al mayor número de personas posible, el Eurosistema ha puesto en marcha varias iniciativas destinadas a seguir prestando asistencia a los propietarios y fabricantes de máquinas de tratamiento de billetes y dispositivos autenticadores. Una de ellas consistió en facilitarles el nuevo billete de 10 euros casi nueve meses antes de su puesta en circulación para que realizaran pruebas y tuvieran tiempo suficiente para adaptar sus equipos.
     Otra iniciativa consistió en simplificar los trámites para recibir los nuevos billetes de 10 euros necesarios para la adaptación. Asimismo, el Eurosistema organizó, en el marco de su Programa de Colaboración, un seminario sobre billetes en Bruselas, y los bancos centrales nacionales mantuvieron contactos directos con las partes interesadas en sus países.
     “Para que la introducción del nuevo billete de 10 euros sea lo más fluida posible, urjo a los propietarios de maquinaria de billetes a asegurarse de que aceptan los nuevos billetes”, dijo Mersch.

 

Banco Sabadell escoge a Alicante como sede de su inmobiliaria Solvia

Martes, 23 de septiembre de 2014

     El 70% de los servicios centrales están en la capital
     Las direcciones y equipos de gestión de su filial inmobiliaria estarán en Óscar Esplá
     La entidad establece además una reordenación de equipos para su optimización 
     elmundo.es Alicante 19/09/2014
     Banco Sabadell va a llevar a cabo una importante reordenación de su equipo de profesionales de centros corporativos en Alicante, que supone por un lado la ubicación en el emblemático edificio de la avenida Óscar Esplá de la sede de Solvia, la filial inmobiliaria de la entidad; y por otra parte, el banco va a optimizar al máximo el espacio de los inmuebles que posee en la ciudad, con el fin de agrupar unidades funcionales que desarrollan una actividad muy similar e interconectada, mejorar así el modelo de actuación y proporcionar la máxima ocupación de los espacios. Esta decisión de redistribución de equipos, más eficiente y más funcional, consolida y cohesiona su base de plantilla actual, según ha hecho público la entidad este viernes a través de un comunicado.
     De esta forma, Banco Sabadell ratifica Alicante como uno de sus principales ejes funcionales del país, convirtiendo la capital alicantina en área neurálgica de gestión de Solvia. Las funciones de Negocio, Operaciones y Marketing Inmobiliario quedan ubicadas en Óscar Esplá, lo que significa más de un centenar de empleados. Además, progresivamente podrán incorporarse nuevos trabajadores desde otros puntos geográficos, mientras que también está prevista la creación de un centro tecnológico-operativo en el edificio situado en Aguamarga, que ayudará a desarrollar las capacidades de internacionalización que tiene previstas Banco Sabadell. Asimismo, se mantienen en Óscar Esplá la dirección regional de Alicante, los equipos operativos de la unidad de Bancaseguros y las funciones territoriales de Riesgos vinculadas al desarrollo de negocio de Alicante.
     A través de estas actuaciones, que se pondrán en marcha a partir de las próximas semanas y culminarán a finales de octubre, Banco Sabadell consolida Alicante como uno de las plazas más importantes a nivel de actuación comercial y estratégica, conservando las decisiones de la dirección regional y territorial, realizando el traslado de parte de su equipo humano para aprovechar de la mejor manera los edificios de que dispone, y situando la ciudad como el núcleo de gestión fundamental de Solvia, añade la nota de prensa del Banco Sabadell.

 

Es válida la venta de una cuota hereditaria en documento privado

Lunes, 22 de septiembre de 2014

     Es válida la venta de una cuota hereditaria en documento privado
     Xavier Gil Pecharromán 16/09/2014 – eleconomista.es
     Es posible cuando la heredera firma el contrato acepta tácitamente su parte de la herencia
     Es válida la transmisión de la tercera parte de un inmueble, que supone la cuota hereditaria de la vendedora, mediante un documento privado, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia, de 2 de julio de 2014.
     El ponente, el magistrado O’Callaghan Muñoz, razona que la primera fase del fenómeno sucesorio es la apertura de la sucesión producida por la muerte del causante, como expresa el artículo 657 del Código Civil .
     A esta primera fase sigue la delación, como ofrecimiento concreto de la herencia que puede ser aceptada, que ha sido precedido -normalmente con simultaneidad- por la vocación, como llamamiento abstracto (así lo expresa la sentencia del Tribunal Supremo, de 4 mayo 2005 ) y, con base en la delación, el heredero adquiere la herencia por medio de la aceptación (artículo 991 del Código Civil ) que puede ser expresa o tácita (artículo 999).
     Aceptación tácita
     Así, cuando la heredera, madre de la recurrente, vende su derecho a un extraño a los herederos (tal como dice el del artículo 1.000.1º) acepta tácitamente la herencia y su acto de disposición no es del ius delationis, sino de la parte de herencia que acepta por este mismo acto y, por ende, ha adquirido ya el bien o parte del mismo objeto de la herencia.
     En todo caso, manifiesta la sentencia, la aceptación tácita exige “actos claros y precisos que revelen la voluntad inequívoca de aceptar la herencia” como ha dicho la sentencia de 27 junio 2000.
     En consecuencia, se habrían infringido los artículos citados si la heredera hubiera vendido toda la casa, pero sólo vendió su tercio, aceptando así la herencia y disponiendo de lo que le correspondía, conforme contempla el artículo 1000.1º del Código Civil .
     Por tanto, remarca O’Callaghan Muñoz, se trata de un acto lícito que da lugar a la validez de los sucesivos contratos que, a través de un tracto sucesivo, llegan a los demandantes.
     Determina que no se ha producido infracción alguna del artículo 1.257 del Código civil que dispone -y corrobora la jurisprudencia- la eficacia inter partes de los contratos, que no alcanza a los terceros que no lo han sido.
     Lo cual es indudable y no se pone en duda, sino que la serie de contratos acreditan el tracto hasta llegar a la adquisición del dominio por parte de los demandantes. “La cuestión de fondo se mezcla con el tema de la legitimación activa y pasiva que va indisolublemente ligada a aquélla”, afirma.
     Concluye, pues, que los contratos han tenido eficacia transmisiva respecto a las partes, no más. Y esta eficacia se ha transmitido a los sucesivos adquirentes que han interesado la declaración de su dominio. Su relación con el fondo del asunto es clara y su legitimación activa evidente.

 

La morosidad de la banca vuelve a subir en julio y alcanza el 13,15%

Lunes, 22 de septiembre de 2014

     Tras dos meses de descensos
     Agencias Madrid  18-09-2014 cincodias.com
     La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas ha vuelto a subir en julio y se ha situado en el 13,15%, incluyendo el cambio metodológico en la clasificación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que han dejado de ser considerados dentro de la categoría de entidades de crédito.
      Según los datos provisionales publicados este jueves por el Banco de España, la cifra total de créditos dudosos ha descendido hasta los 184.520 millones de euros, el nivel más bajo desde agosto de 2013, pero al reducirse el saldo global del crédito, arroja un incremento en la tasa de morosidad.
     Sin incluir los cambios metodológicos, la ratio de morosidad repuntaría hasta el 13,4% y también se incrementaría respecto al mes anterior, puesto que el saldo de crédito pasaría de 1,403 billones a 1,378 billones sin dichos cambios.
     La morosidad registró descensos en diciembre de 2012 y febrero de 2013 por los efectos contables del traspaso de activos a la Sociedad gestora de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), primero por parte de las nacionalizadas (Bankia, NCG Banco, y Catalunya Caixa) y después de las entidades del grupo 2 (Ceiss, BMN y Caja 3).
     Una vez corregido este efecto, la mora continuó con su senda alcista, que se rompió en el mes de enero de este año al incluir el cambio metodológico de los ECF, una tendencia que retomó en febrero y marzo, pero que rompió levemente en abril. La tasa cayó en mayo y junio, para después volver a repuntar en julio, describiendo así una evolución dispar.

 

Las ejecuciones hipotecarias ‘se ceban’ de nuevo en familias y extranjeros

Domingo, 21 de septiembre de 2014

     El 64,38% de las certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca afectó a personas físicas, y el 35,62% a personas jurídicas, según las cifras de los registradores de la propiedad.
     E.B. / 16-09-2014 • elboletin.com
     El número de certificaciones de inicio de procedimiento de ejecución hipotecaria sobre vivienda se incrementó un 2,3% en el segundo trimestre hasta los 18.921 certificados, frente a los 18.480 del primer parcial del año, según la Estadística Registral Inmobiliaria que publica el Colegio de Registradores.

     La certificación de la situación debido a la falta de pago de la hipoteca marca el inicio del procedimiento de ejecución, aunque no significa que todos los procedimientos que se inician terminen con el lanzamiento de sus propietarios, porque estos acontecimientos dependen de una serie de circunstancias específicas, aclaran los registradores.

     El 64,38% de las certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca afectó a personas físicas, quedando en un 35,62% las correspondientes a personas jurídicas. Estas últimas redujeron ligeramente su peso con respecto al primer trimestre, en el que se alcanzó un 36,13%.

     Además, el 11,58% de las certificaciones del segundo trimestre correspondió a extranjeros, frente al 88,42% de nacionales. En comparación con el primer trimestre se incrementó ligeramente el peso relativo de extranjeros, ya que en dicho periodo fue del 11,09%, frente al 88,91% de nacionales.

     Analizando los resultados según nacionalidad del comprador se obtienen conclusiones adicionales, señala el Colegio de Registradores. Los extranjeros más afectados por certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca en el segundo trimestre fueron los ecuatorianos, con el 18,40%, seguidos de marroquíes (11,38%), británicos (9,22%), rumanos (6,53%), colombianos (3,78%) y pakistaníes (2,85%). Estas seis nacionalidades eran exactamente las mismas que encabezaban la clasificación durante el primer trimestre del año.

     Los registradores constatan que las nacionalidades con mayor capacidad adquisitiva tienen a ocupar posiciones más retrasadas en certificaciones con respecto a su peso en compra de vivienda y, por el contrario, nacionalidades con menor peso en compra de vivienda, pero con una renta media normalmente mucho más baja, ocupan posiciones más destacadas en certificaciones.

     Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor número de certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca en el segundo trimestre con 4.067, seguida muy de cerca por Cataluña con 4.028, quedando en tercera posición Comunidad Valenciana con 3.241. El resto de comunidades autónomas presentaron cuantías mucho más bajas quedando en cuarta posición Canarias con 1.512, seguida de la Comunidad de Madrid con 1.229 y Castilla-La Mancha con 1.138. Estas seis comunidades autónomas son las únicas que superan las 1.000 certificaciones trimestrales, coincidiendo exactamente con las del primer trimestre.

     Por el contrario, el menor número de certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca en el segundo trimestre se produjeron en La Rioja (39), País Vasco (94), Navarra (118), Asturias (124) y Cantabria (141).

 

La cúpula de la Fundación Afal y una notaria, imputadas por estafa

Domingo, 21 de septiembre de 2014

     La juez cita a nueve personas por desvalijar a afectados por el alzhéimer
     Javier Martín-Arroyo Sevilla 17 septiembe 2014 – elpais.com
     La juez del caso Afal, María Luz García, ha imputado a la cúpula de la Fundación Afal Futuro y a la notaria Blanca Entrena por desvalijar, supuestamente, a enfermos de alzhéimer a los que debían amparar. La titular del juzgado de instrucción 17 de Madrid achaca a nueve personas su participación en cinco delitos: apropiación indebida, estafa, falsedad documental, estafa procesal y falso testimonio.
     Afal Futuro tutelaba a personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales —la mayoría con alzhéimer—, pero durante la última década se apoderó, presuntamente, del patrimonio de algunas de ellas, que tenían fortunas que suman decenas de millones de euros.
     Tras la investigación de la fiscalía, desarrollada esta primavera, la juez acusó hace un mes en un auto a los directivos de la entidad, entre ellos la expresidenta de la entidad, Blanca Clavijo; a su marido, Rafael Núñez, exsocio de la consultora KPMG (que facturó a los tutelados por conceptos como asesoría fiscal); y a la notaria Blanca Entrena. El fiscal subrayó que, “valiéndose” de su nombramiento como tutor de personas vulnerables, Afal realizó “acciones tendentes a sustraer bienes del patrimonio de sus tutelados e incorporarlo, bien al suyo propio o bien al de la Asociación Nacional del Alzhéimer Afal Contigo”.
     Este desvío de fondos desde las cuentas de los tutelados se llevó a cabo de forma sistemática hasta el pasado abril. Así lo demuestran los extractos bancarios de la tutelada María de los Santos García Laínez, de 87 años y enferma de alzhéimer. Afal Futuro vendió tres edificios de esta mujer por 5,3 millones el año pasado y, desde noviembre, transfirió fondos por 900.000 euros a la asociación Afal Contigo —que comparte junta directiva con Afal Futuro— a través de 25 transferencias realizadas el pasado otoño e invierno. En la documentación bancaria incorporada a la investigación figura una transferencia directa a una cuenta de Clavijo (ordenada por ella misma) y otra a su sociedad Geronlaw, por un total de 10.000 euros. Además, hay un pago a la empresa Signo SL, que realizaba la cartelería de Afal Futuro, por 20.000 euros. Es decir, la cúpula de la entidad pagó a sus proveedores con el capital de sus tutelados, según demuestran los movimientos bancarios incorporados al sumario de la causa. El exgerente de la entidad, Jaime Conde, imputado junto a la letrada de Afal Mercedes Díaz, denunció ante la fiscalía el pasado julio que Clavijo, fallecida este verano, ordenó estos movimientos para supuestamente lucrarse a sus espaldas.
     El pasado octubre, la fiscal Nuria López Mora, amiga de Clavijo, atestiguó en un documento manuscrito ante el juzgado que “la gestión económica [de Afal] no había abandonado la cobertura de sus intereses patrimoniales [de García Láinez]”. La fiscal asesoró sobre asuntos a Clavijo, al margen de los juzgados, según revela su correspondencia privada. López Mora se mantiene al frente de la Fiscalía de Incapacidades de Madrid.
     Mientras, la imputación de la notaria, Blanca Entrena, se debe al testamento de la incapacitada Pilar Arias, de 88 años, que en 2013 donó todos sus bienes a Afal Futuro. A pesar de que esta enferma sufría alzhéimer desde 2004, el año pasado Entrena dio fe de su “capacidad suficiente” y garantizó la legalidad de su testamento, que revocaba uno anterior por el que legaba a sus sobrinos. Para autorizar el testamento, la fedataria se apoyó en el informe de la neuróloga Carmen Antúnez, que reconocía su deterioro cognitivo “moderadamente avanzado”, pero añadía que es “capaz de testar”.
     Tanto Entrena como Antúnez eran amigas de Clavijo y han participado en diversos testamentos de tutelados por Afal. Entre ellos, el testamento hológrafo de la incapacitada María Jesús Moreno, por el que donó tres millones a la Fundación Reina Sofía y que fue falsificado, según demostró un informe caligráfico y una grabación oculta en la que intervino la cúpula de Afal. Entrena defendió ayer su actuación: “Un incapacitado puede testar siempre que el juez no le haya privado de esta capacidad”.

     Las pesquisas del caso se extienden a otras regiones
     Los indicios de delitos detectados por la Fiscalía de Madrid en su investigación se han extendido a diferentes comunidades autónomas, según apuntan nuevos testimonios de familiares de enfermos mentales, recabados tras la difusión del caso Afal la pasada primavera. La asociación de familiares de tutelados AEFET, surgida a partir de la denuncia ante el ministerio público de extrabajadores de Afal, acumula ya diferentes casos de abusos en Andalucía, Castilla-León, Comunidad Valenciana y País Vasco.
     “La dimensión es nacional, tal y como demuestran casos de diferentes comunidades que analizamos con apoyo de partidos políticos”, asegura Pilar Palao, responsable de acogida familiar y voluntariado de la asociación. “La ley de las tutelas es garantista, pero no regula el derecho de las familias a tener información sobre el enfermo cuando no tienen la tutela. Si un juez te retira la tutela de un adulto no significa que lo estés maltratando, sino que no puedes hacerte cargo. No es solo cuestión del patrimonio porque, aparte del robo sistemático en Afal, a los familiares se les considera como criminales solo por no tutelar a los enfermos”, añade.
     Apartada de la tutela
     En paralelo a la investigación penal, tras destaparse las irregularidades en Afal Futuro, los juzgados madrileños de lo civil encargados de las incapacidades del centenar de tutelados de Afal, han ido apartando a la entidad de la tutela de los enfermos que cuidaba en diferentes residencias y gestionaba su patrimonio. En algunos casos, los jueces han otorgado las tutelas a los familiares de los enfermos, pero en su mayoría han recaído en la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA).
     Los indicios de la nefasta gestión económica por parte de Afal fueron ignorados por los juzgados en las rendiciones de cuentas anuales que aportó la entidad, pero también por la fiscalía de incapacidades, dirigida por la fiscal Nuria López, amiga de la expresidenta de la fundación Blanca Clavijo. López proporcionó información confidencial a Clavijo a través de numerosos correos electrónicos a los que tuvo acceso El País. A pesar de ello, la fiscal negó su amistad con la expresidenta de Afal y que existiera conflicto de interés. El sindicato Manos Limpias presentó una denuncia el pasado junio contra López ante los juzgados por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

 

Scotland the Brave

Sábado, 20 de septiembre de 2014

Primer informe anual de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas

Sábado, 20 de septiembre de 2014

     19 septiembre 2014  Enlace a CORA

     El Consejo de Ministros ha recibido de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, y del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, primer informe anual de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

     Este Informe recoge la evaluación continua que los distintos Ministerios y las distintas Administraciones Públicas españolas llevan a cabo para conseguir una triple tarea: una Administración que funciones y que cada vez lo haga mejor, una Administración que cada vez esté mejor coordinada y una Administración que dé mejor respuesta a los ciudadanos.

     La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas comenzó su funcionamiento en octubre de 2012 y el 21 de junio de 2013 el Consejo de Ministros conoció una auditoria completa de todo el sector público español. El Informe hoy estudiado por el Consejo de Ministros abarca 222 medidas, de las cuales 45 están implantadas y todo el resto se encuentra en proceso avanzado de ejecución.

     En la ejecución de todas estas medidas se ha contado con la colaboración de todas las Administraciones Públicas, con numerosas Conferencias Sectoriales y reuniones bilaterales con toras las Comunidades Autónomas.

     Además, diversos organismos internacionales han valorado positivamente la puesta en marcha de estas medidas de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas. En concreto, el informe de la OCDE de la pasada primavera calificó la reforma que se está produciendo en España como “una de las más avanzadas de los Estados miembros” y en el informe de evaluación de E-government de Naciones Unidas, de evaluación electrónica, España ha mejorado su posición en el ranking, pasando del puesto número 24, en 2012, al puesto número 12. También el Ministerio de Hacienda ha recibido, como consecuencia del proyecto Plataforma de Intermediación de Datos, el premio de Naciones Unidas de Desarrollo de Servicios Públicos en 2014.

 

Rajoy cifra en 10.417 millones el ahorro generado por la reforma administrativa

Viernes, 19 de septiembre de 2014

     La reducción del gasto se estima en 200 millones en ventas de inmuebles
     Se han cerrado más de 2.000 organismos públicos, según La Moncloa
     Carlos E. Cué Madrid 18 septiembre 2014 – elpais.com
     El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado hoy un balance del proyecto estrella pilotado por Soraya Sáenz de Santamaría y su equipo, la reforma de las administraciones. Desde que empezó a aplicarse y hasta junio de este año, según Rajoy, ha logrado un ahorro global de 10.417 millones de euros en toda la administración.
     La mayor parte de ese ahorro corresponde a las comunidades autónomas: 2.600 millones en la administración central, 2.100 en ayuntamientos y otros 5.500, la parte más importante, en las administraciones autonómicas.
     Ni el presidente ni los servicios de La Moncloa han ofrecido de momento los detalles pormenorizados de estas cifras. Es previsible que esos datos se ofrezcan mañana, cuando se estudie el informe completo en el Consejo de Ministros.
     Rajoy, que ha presidido un acto en La Moncloa con medio gobierno, representantes de los partidos y de las comunidades autónomas y empresarios como Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) sí ha desgranado algunos datos sueltos a modo de ejemplo: con diversos proyectos de centralización compras, se han ahorrado 176 millones.
     Otros 30 millones se han dejado de gastar en comunicaciones postales al aumentar el uso de medios telemáticos. 24 millones se han ahorrado en limpieza con nuevos contratos centralizados, otros 16 millones en automóviles. También, como ya había avanzado el Ejecutivo, se han ahorrado 200 millones en ventas y reducción de alquileres y según ha detallado el presidente se han eliminado 2.000 organismos públicos.
     Entre 2012 y 2015 el Gobierno espera ahorrar 37.620 incluyendo lo que los ciudadanos dejan de gastar con trámites simplificados. Rajoy asegura que de las 222 medidas que propuso el informe presentado el año pasado, el 45% ya se han completado, y el resto están en ejecución.
     Rajoy ha defendido en todo momento que España tiene una administración de la que los españoles deben sentirse orgullosos. Desde el punto de vista político, el acto estaba muy pensado también para desmentir la idea, extendida dentro del propio PP y en especial entre el sector liberal, de que no se ha reducido el peso de la administración. Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia, principal responsable del proyecto y cargo clave en el equipo de Sáenz de Santamaría, ha ofrecido algunos datos. “No es cierto que no haya habido adelgazamiento de la aministración, tenemos los mismos empleados públicos que en 2004, desde 2012 se ha producido una notable reducción”.
     El presidente también anunció que mañana se aprobarán en el Consejo de MInistros más modificaciones legales para continuar en la senda de la reforma de la administración. Se trata de de la reforma de la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y de un manual de simplificación administrativa para evitar duplicidades que no se limitará a hacer recomendaciones sino que será “de obligado cumplimiento”. “Esto es un auténtica poda burocrática”, resumió el presidente.

Cuatro trámites administrativos que se simplifican a partir de hoy

Viernes, 19 de septiembre de 2014

     Incluidos en la ley de racionalización del sector público
     R. P. 18-09-2014  cincodias.com
     El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado ya la Ley de racionalización del sector público, que recoge numerosos cambios en la gestión de las administraciones y sus empleados. Estos son algunos trámites administrativos que se simplifican:
     -Tablón de edictos único. La nueva Ley de racionalización del sector público vigente desde hoy prevé la creación del Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado, que permitirá que todas las Administraciones Públicas inserten sus anuncios en un único emplazamiento electrónico centralizado. De esta forma, el ciudadano solo tendrá que consultar cualquier notificación de comparecencia a través de un único portal, independientemente de cuál sea el órgano o Administración que las realiza o la materia sobre la que verse.
     -Certificados electrónicos. Hasta el momento, la ausencia de uniformidad a la hora de aceptar certificados de firma electrónica a la hora de prestar determinados servicios a través de las administraciones estaba generando trabas y retrasos en el despliegue de los servicios afectados. La causa era que los prestadores de los servicios en cuestión debían solicitar a cada Administración pública su inclusión en la lista particular de certificados admitidos en cada una de ellas. Con la aprobación de esta norma, aunque se establece un periodo transitorio, la única lista de confianza de prestadores de servicios de certificación establecidos en España será la que mantiene el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
     -Menos organismos. Esta ley elimina El Consejo de la Juventud, que se integra en el Instituto de la Juventud (Injuve). Asimismo, el Gobierno suprime la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, y sus funciones pasan a ser competencia del Instituto de la Mujer.
     -Licencia deportiva única. Esta nueva autorización habilitará a su titular a participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea la comunidad autónoma en que ésta se celebre. Con ello, el Ejecutivo pretende aplicar el principio de unidad de mercado al deporte profesional, lo que permitirá eliminar duplicidades y reducir los trámites administrativos necesarios para la práctica deportiva, que varían en función de las comunidades autónomas. Los cambios en la Ley del Deporte entran en vigor en julio de 2015.

 

La tensión en Ucrania ‘se asoma’ a la vivienda española

Viernes, 19 de septiembre de 2014

     El conflicto comienza a dejar su impronta en el mercado inmobiliario
     Las inmobiliarias detectan una leve caída en la inversión rusa y un aumento en la ucraniana
     La llegada de demanda ucraniana esquivando el conflicto se nota sobre todo en Barcelona
     Los comerciales esperan que se calme la situación para evitar efectos negativos mayores
     Pablo Ramos Madrid 16/09/2014 elmundo.es
     Mientras desde el Kremlin prohíben las importaciones de algunos países europeos, si hay algo que el conflicto entre Rusia y Ucrania no ha conseguido frenar es que sus habitantes muestren afinidad por el mercado inmobiliario español. O al menos, por el momento, no de forma latente. Y es que los rusos acapararon más del 8% del total de viviendas adquiridas por extranjeros, según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad del segundo trimestre de 2014.
     El inversor ruso con alto poder adquisitivo no ha variado apenas su comportamiento. La inmobiliaria Gilmar, especializada en casas de alto ‘standing’ principalmente, da referencias de este mercado en la Costa del Sol, donde “existen promociones cuyos precios superan el millón de euros, y en los últimos meses se han seguido vendiendo unidades a compradores de Rusia”, señala Jesús Gil Marín, consejero delegado de Gilmar.
     El hecho de que los rusos gasten menos se debe a la caída del rublo
     Parecida percepción tiene Anna Borodina, directora de la inmobiliaria Lucas Fox en la oficina Turó Parc. “Las peticiones y compras de casas por parte de estos compradores han registrado sólo un ligero descenso”, advierte. Borodina lo achaca, más que directamente a la tensión burocrática en sí, a que el valor del rublo se ha debilitado a causa del conflicto, instando a la población rusa a ser más cauta en el gasto.
     Sucede lo contrario con Ucrania, un país repleto de incertidumbre, con sus habitantes “muy preocupados por la situación, con miedo a la guerra y con una necesidad cada vez más imperiosa de sacar a sus familias de allí y buscar otra residencia”, lamenta Borodina. Pese a todo, esta agente inmobiliaria señala que desde su compañía han detectado “un aumento de peticiones por parte de los ucranianos, sobre todo de los que gozan de una buena posición económica” y tienen expectativas de que esta tendencia siga creciendo en los próximos meses.
     Un destino atractivo para la inversión
     Algunas zonas, de Barcelona principalmente, han experimentado un registro mayor de compras por parte de ucranianos. “No puede considerarse un ‘boom’ pero sí una tendencia”, apunta David Scheffler, director general de Engel & Völkers en España. Por su parte, “los ucranianos que pueden permitirse este tipo de compras están sacando fondos del país para acudir a España, un lugar seguro para invertir”, reconoce Scheffler, quien avisa de que el conflicto “no es positivo para el mercado inmobiliario y se traduce en una pequeña caída en la inversión rusa y un leve aumento en la ucraniana”, por lo que espera que la situación “se estabilice y se llegue a un acuerdo entre ambas partes que devuelva la calma”.
     Los datos señalan que España siempre ha sido un destino muy atractivo para la inversión rusa porque “el clima, la gente, la comida y la cultura les atrae, es un lugar muy agradable”, comenta Scheffler. Según este experto, el comportamiento del mercado se ha alterado sólo de forma ligera debido a que “es complicado retirar los fondos del país, especialmente en Rusia, ya que las autoridades están efectuando prohibiciones para evitar el blanqueo de capitales”. La tensión no es positiva para el sector inmobiliario y si el conflicto no se resuelve y continúa esta tendencia “se empezarán a notar los efectos”, advierte Scheffler.

 

Río Miño. Barra de Miño. Ourense.

Jueves, 18 de septiembre de 2014

Río Miño. Orense

La CNMC valora el informe CORA sobre contratación de telecomunicaciones por la AGE

Jueves, 18 de septiembre de 2014

     01 Septiembre 2014
     La CNMC ha publicado un informe sobre los pliegos para la contratación centralizada de servicios de telecomunicaciones en la Administración General del Estado (AGE). 
     networkworld.es
     El informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) valora el procedimiento como más abierto, transparente y competitivo que los existentes. Recomienda reconsiderar la duración del contrato, no realizar ofertas integradoras y potenciar la adjudicación con criterios objetivos como el precio.
     La cifra de gastos en TIC en la AGE ascendió en el año 2012 a 1.453 millones de euros, de los cuales la partida para telecomunicaciones supuso aproximadamente un 26%, según el Informe REINA 2013 elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con estas cifras de partida, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) propone, entre otras medidas, consolidar las comunicaciones y redes de la AGE por tratarse de infraestructuras y servicios comunes que pueden ofrecerse con más garantías y mayor eficiencia de un modo centralizado.
     Debido a la complejidad de unificar todas las redes y contratos existentes, se ha optado por implantar desde un principio el cambio de modelo a una red corporativa única y común, pero abordando todo el ámbito subjetivo en dos fases. La primera de ellas es la que se propone en el contrato y cuyos pliegos suscitan el presente informe y en ella participarán, en mayor o menor grado, todos los Ministerios a excepción del Ministerio de Defensa. La segunda fase tendrá un alcance global y está previsto licitarla antes de la finalización del contrato de la primera fase.
     La CNMC comparte las iniciativas dirigidas a lograr una mayor eficiencia en la utilización de los servicios públicos y efectúa una valoración general positiva del procedimiento en la medida en que es más abierto, transparente y competitivo que los existentes previamente. No obstante, tras el examen detallado del borrador de los pliegos sobre la contratación centralizada de servicios de telecomunicaciones en la AGE, se efectúan una serie de recomendaciones para que el diseño de los pliegos se adecúe a la libre competencia de forma que la AGE se beneficie de una prestación más eficiente de estos servicios y se salvaguarde el interés general.
     En concreto, se propone ajustar el rediseño de los lotes proponiendo un mayor número de ellos, con el objetivo de asegurar la presencia del mayor número posible de oferentes al procedimiento. Asimismo se aconseja reconsiderar el plazo de cuatro años de duración del contrato, más la posibilidad de prórroga por dos años. El recurso a un plazo tan largo supone el cierre efectivo del mercado a la libre competencia durante un periodo considerable y en un sector de rápida innovación, con lo que el plazo debe justificarse exclusivamente sobre parámetros objetivos como, podría ser en algún caso, la necesidad de amortización de inversiones imprescindibles para la realización del contrato.
     También se propone no aceptar ofertas integradoras que agrupen la prestación de servicios en distintos lotes. Ello se debe a que, en el marco de esta contratación pública centralizada, dichas ofertas integradoras pueden enmascarar la existencia de subsidios cruzados que sufraguen las pérdidas en ciertos segmentos con los beneficios en otros, con un impacto negativo en la libre competencia y en los resultados del concurso. La posibilidad de ofertas integradoras favorece únicamente a los grandes operadores con un peso significativo, reduciendo los incentivos del resto de los operadores a concurrir y, en consecuencia, la tensión competitiva en los diversos lotes de la licitación y el resultado previsible para la AGE.
     Se recomienda asimismo la reponderación de los criterios para la adjudicación del contrato, potenciando los criterios objetivos y evaluables mediante fórmulas, en especial y particularmente el precio. Debe evitarse que criterios subjetivos o no tan relevantes para el objeto del contrato tengan un peso significativo que acabe constituyendo una barrera de acceso a la licitación.