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La Audiencia reprende al Catastro por propiciar una estafa inmobiliaria

Miércoles, 31 de diciembre de 2014

     La Audiencia reprende al Catastro por propiciar una estafa inmobiliaria
     La Sala absuelve al funcionario acusado de permitir al cabecilla fallecido de la trama de apropiarse de suelo en la urbanización Trencall de Xàbia
     Luis Candela 25 diciembre 2014 laverdad.es
     Contaron con ayuda desde las mismas entrañas de la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante y el descontrol imperante allá por el año 2000 no ayudó a cazar a los estafadores que se hicieron con tres parcelas de una urbanización de Xàbia sin ser sus titulares para poder venderlas luego. Después de más de 14 años de procedimiento, la Audiencia Provincial de Alicante solo ha podido condenar a un cómplice de los usurpadores de las tierras, el resto ha ido falleciendo, a la vez que ha absuelto al único funcionario sospechoso de haber participado en la trama, tal y como recoge el fallo al que ha tenido acceso este diario.
     Las claves
     Estafa. Dos particulares urdieron un plan en el 2000 para hacerse con suelo que no era suyo y venderlo luego.
     Desde dentro. Los estafadores contaron con ayuda del Catastro para registrar a su nombre las parcelas para sacar beneficios.
     Exonerado. Solo acabó un funcionario imputado, el defendido por Aitor Esteban Gallastegui, que fue absuelto.
     El compinche condenado, deberá pagar una multa de 3.240 euros por mentir ante el notario y deberá hacer frente a la indemnización de 60.101 euros para una de las firmas afectadas, además de los gastos notariales que ascienden a 10.488 euros. Por otro lado, el penado deberá abonar 42.888 euros.
     Los hechos se remontan a julio del 2000, fechas en la que los dos principales cabecillas de la estafa urdieron un plan para apoderarse de tres parcelas en la urbanización Trencall, en la localidad de la Marina Alta. Todo se tramitó con, cuanto menos, curiosa celeridad. El día 3 de ese mes se presentó un recurso solicitando la modificación del suelo a nombre del cabecilla de la trama. Dos días después, el expediente pasa al Área Urbana y el 6 de julio Pedro M. ya cuenta con unos terrenos que nunca le pertenecieron.
     Con el certificado catastral en sus manos, Pedro M. M. pudo acudir a un notario para que, junto con el condenado por cómplice, diese fe de su propiedad.  A fin de sacar tajada en el mercado inmobiliario, el hombre fallecido transmitió las fincas a la empresa Gran Construcciones La Masía SL, de otro de los acusados, Manuel A., muerto también.
     En el inicio del juicio, la Sala acordó el sobreseimiento de varios funcionarios y exoneró de responsabilidades al Estado como responsable civil subsidiario, amén del caos en el que los estafadores aprovecharon para registrar el suelo a nombre de uno de ellos sin ser cazados. Esta circunstancia le permitió a la trama transmitir el suelo a una empresa pantalla, que a su vez se las vendió a otras mercantiles. La mercantil de construcción llegó a vender una de las parcelas, cuyos nuevos propietarios, ilegítimamente sin saberlo, realizaron reformas.
     «Flagrante falta de control» 
     Pese a que el Estado no deberá aportar un euro por estos hechos, el deja claro que el entramado obtuvo ayuda desde el Catastro, del que en el juicio quedó probada «la flagrante falta de control existente, organizativo y de acceso, respecto de la base de datos», como espeta el juez a en el primero de los fundamentos de derecho de la sentencia.
     No obstante, las acusaciones lograron sentar en el banquillo a un exfuncionario de 73 años de edad, con 33 años de trabajo en el organismo estatal, acusado de ser la mano desde de dentro que permitió otorgar la licencia catastral. La Audiencia Provincial entiende que no hay motivos para imponerle una condena, por lo que lo absuelve, tal y como reclamó en la vista oral su defensa, el letrado penalista Aitor Esteban Gallastegui. De hecho, la Sala hace casi suyos algunos de los argumentos alegados por el abogado.
     En la tramitación del expediente se emplearon dos usuarios, con la necesidad de su correspondiente clave, de dos empleados del Catastro. Tan solo el hombre de 73 años se enfrentó a una petición de 5 años de cárcel. El tribunal se extraña ante este hecho, pues «no se acaba de comprender muy bien por qué», relata el magistrado ponente, «en un caso se considera un indicio incriminador del suficiente peso» como para implicar al exonerado, mientras que en el caso de su compañera se archiva el asunto.
      Las investigaciones practicadas por la Udyco y el resto de pruebas planteadas en el juicio llevan a la certeza de los magistrados de que alguien conchabado con los estafadores fallecidos les facilitó la licencia catastral, pero no que lo hiciese el patrocinado de Aitor Esteban Gallastegui. El hombre narró en la vista cómo recordaba que por sus manos pasó el expediente, del que le habían dicho que se produjeron irregularidades, pero nada más.
     Por aquel entonces, los ayuntamientos e, incluso, empresas trabajaban directamente en las oficinas de la Gerencia del Catastro. Dicha circunstancia obligaba a los funcionarios a dejar abiertas sus sesiones de ordenadores para que pudiesen trabajar los llegados de fuera.
     Meses después del primer golpe, Meses después, en diciembre de 2000, el presunto autor intelectual de la estafa trató de repetir la jugada con un solar en la urbanización Balcón de Jávea, pero el notario al que acudieron se olió la trampa.

La reforma de la Ley de Auditoría refuerza la independencia, la transparencia y la supervisión

Miércoles, 31 de diciembre de 2014

     26 de diciembre de 2014 mineco.gob.es
     La reforma de la Ley de Auditoría refuerza la independencia, la transparencia y la supervisión
     El objetivo es elevar la calidad de las auditorías para aumentar la confianza en la información económica y financiera
     La rotación se fija en 10 años, se limitan algunos honorarios y se establece una lista con 11 servicios incompatibles
     El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley (APL) de Auditoría de Cuentas derivado de la necesidad de adaptación a la normativa europea. La directiva y el reglamento europeos aumentan la transparencia y la independencia de los auditores y suponen un elemento esencial del mercado interior. Se trata elevar la calidad de las auditorías con el objetivo final de reforzar la confianza en la información económica y financiera. En la norma española se fija un periodo de rotación de 10 años, se limitan  honorarios para otros servicios en las Entidades de Interés Público (EIP) y se recogen hasta 11 servicios incompatibles para el auditor en relación a la auditada. Se consideran EIP las entidades de crédito, aseguradoras y cotizadas (incluidas las que operan en el MAB) entre otras ya vigentes como instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca.

     El APL ya ha superado el trámite de audiencia pública en el que ha recibido 24 observaciones, algunas de las cuales se han  tenido en cuenta para el nuevo texto. Ahora pasará a Consejo de Estado para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros y el envío del Proyecto de Ley a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria y entrada en vigor. Se culminará así el proceso de adaptación de la normativa española a la Directiva 2014/56 UE del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas y al Reglamento 537/2014 sobre los requisitos específicos para las denominadas EIP. La entrada en vigor de ambas normas tiene como fecha límite junio de 2016.

     En cuanto a la exigencia de rotación, el APL prevé un periodo de duración máxima del contrato de 10 años. Transcurrido este plazo y si se celebra un concurso público, el auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro auditor y se realice una auditoría conjunta. Se establecen además limitaciones para honorarios percibidos de la EIP, mediante dos vías. En el caso de servicios distintos de la auditoría, la retribución no puede superar durante tres o más ejercicios consecutivos el 70% de la media de los honorarios por servicios de auditoría percibidos durante los tres últimos ejercicios. Se excluyen los percibidos por servicios exigidos por derecho nacional o de la UE. Por otro lado, por razones de concentración y para evitar la dependencia financiera respecto a una misma entidad, los honorarios de esta no puedan superar en los tres últimos ejercicios, el 15% del total de ingresos percibidos.

     De acuerdo con uno de los principios esenciales de la normativa comunitaria, el APL refuerza la independencia de los auditores. En concreto, se recogen hasta 11 servicios incompatibles que el auditor no puede prestar a la auditada que sea EIP, su matriz y sus vinculadas. Destacan entre otros los servicios de contabilidad, de auditoría interna, de abogacía o de diseño de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la información financiera. También serán incompatibles los servicios fiscales y de valoración salvo si no tienen efecto directo en los estados auditados o son de poca importancia relativa. Determinados familiares del auditor tampoco pueden realizar esos servicios incompatibles a la entidad auditada. Por ejemplo, el  cónyuge del auditor no puede llevar la contabilidad de la auditada.

     La transparencia es otro de los objetivos de esta norma para lo cual el APL pretende clarificar el papel del auditor e incrementar la información. Para todos los auditores se establece un mayor contenido del informe de auditoría. En el caso de las EIP se les exige como novedad un informe adicional que debe entregarse al comité de auditoría. En él se deben explicar cuestiones relacionadas con los resultados y el proceso de la auditoria, al objeto de contribuir a la integridad y transparencia de la propia información financiera auditada.  Se añaden obligaciones de información a los supervisores de EIP sobre las entidades financieras calificadas de riesgo sistémico, así como la comunicación de irregularidades detectadas tanto a supervisores como a la Administración de Justicia. También para este tipo de entidades se aumenta el contenido del vigente informe anual de transparencia, al incorporar determinada información financiera.

     A partir de la entrada en vigor de la norma, estarán obligados a tener un comité de auditoría con carácter general todas las EIP y no sólo las sociedades cotizadas como hasta ahora. Los miembros de estos comités deben ser consejeros no ejecutivos y la mayoría de ellos deben ser independientes. Entre sus competencias cabe citar las siguientes:   informar al órgano de administración del resultado de la auditoria, supervisar el proceso de información financiera, autorizar los servicios a prestar por los auditores distintos de los incompatibles, examinar con estos las posibles amenazas a la independencia y ser responsable del proceso de selección. La CNMV será la responsable de supervisar el cumplimiento de estas funciones, sin perjuicio de las competencias en materia de supervisión de la actividad de auditoría de cuentas reservadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

     Se eliminan además las barreras al ejercicio de la actividad de auditoría mediante la  prohibición de las clausulas limitativas impuestas a la auditada por las que se restringe la capacidad de selección del auditor. Para los auditores de EIP, se habilita el desarrollo de  requisitos relacionados con la estructura organizativa y la dimensión que deben cumplir los auditores de cuentas o las sociedades de auditoría de EIP y se regula un proceso de licitación pública, periódica y obligatoria para la selección de auditores, en la que no pueden incluirse criterios discriminatorios ni prohibir su participación a auditores de menor facturación. Estas  medidas se unen a las exigencias de rotación externa.

     Respecto de la supervisión nacional se  amplían las competencias del ICAC respecto de por ejemplo la valoración de la existencia de riesgos sistémicos y de concentración, el análisis de las declaraciones de los auditores o la remisión de información y cooperación con las autoridades europeas de supervisión. Parte de los recursos necesarios para el ejercicio de estas nuevas funciones provendrán de las tasas del ICAC. Se refuerza además la independencia de los órganos rectores del ICAC respecto de los auditores a quienes se les exige que para formar parte de los mismos  no sean ni hayan sido durante un determinado periodo auditores de cuentas ejercientes.

La Guardia Civil desarticula una red que estafaba a usuarios de telefonía utilizando líneas de tarificación adicional

Miércoles, 31 de diciembre de 2014

     17/12/14 guardiacivil.es
     Se ha detenido a 6 integrantes de la red y se ha imputado a otros 3 por los delitos de estafa, falsedad, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Hasta el momento se ha detectado a cerca de 65.000 víctimas en todo el territorio nacional
     Las víctimas recibían una llamada telefónica que no les daba tiempo a contestar por su escasa duración. Al devolver la llamada les saltaba una voz automatizada que les informaba de la entrega de un paquete postal para el que tenían que llamar al 90-5X-XX-XXX, desconociendo que se trataba de una línea de tarificación adicional
     La Guardia Civil desarticula una red que estafaba a usuarios de telefonía utilizando líneas de tarificación adicional
      La Guardia Civil, en el marco de la operación SCAMCALL, ha detenido en la provincia de Barcelona a seis personas y ha imputado a otras tres por cometer estafas a usuarios de telefonía, mediante la utilización de líneas telefónicas de tarificación adicional. Se les imputa los delitos de estafa, falsedad, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
     Las víctimas recibían una llamada telefónica de un terminal de telefonía móvil al que no daba tiempo a contestar por su escasa duración. Al devolver la llamada les saltaba una voz automatizada que les informaba de la entrega de un paquete postal para el que tenían que llamar al 90-5X-XX-XXX, desconociendo que se trataba de una línea de tarificación adicional, ya que en la alocución que recibían comenzaba con el número “90” en lugar de “905”.
     La operación se inició tras la denuncia interpuesta por un usuario ante la Guardia Civil de Burgos sobre el posible caso de una estafa telefónica.
     Tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes, se detectó a un grupo delictivo que sistemáticamente realizaba este tipo de estafas a usuarios de telefonía y se puso al descubierto numerosos casos similares ocurridos en toda España.
     Modus operandi
     La red utilizaba 21 líneas “905”, contratadas con una operadora, con las que habían recibido un total de 64.229 llamadas de teléfonos ubicados en todo el territorio nacional.
     El usuario, tras recibir una llamada muy breve que no daba tiempo a contestar, la devolvía para conocer de qué se trataba y le saltaba una voz automatizada que decía: “Servicio exprés de mensajería. Tenemos pendiente de entregar un paquete para usted. Si es titular del número de teléfono, por favor, contacte con nosotros al teléfono 90-5X-XX-XXX, repito 90.5X.XX.XXX”, el cual era de tarificación adicional.
     Con estas llamadas, la organización había generado unos ingresos superiores a los 114.000 euros y había estafado a cerca de 65.000 personas.
     Los beneficios obtenidos eran inmediatamente retirados de las cuentas de depósito y transferidos a otras cuentas de sociedades creadas y controladas por el grupo, con el fin de repartírselos y así dificultar la localización de los miembros de la red y eludir sus obligaciones tributarias.
     Se han realizado tres registros domiciliarios en la provincia de Barcelona donde se han intervenido equipos y soportes informáticos, terminales de telefonía móvil, joyas, talones al portador, abundante documentación relacionada con los delitos investigados, así como un programa informático utilizado habitualmente para el envío de llamadas masivas.
     La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Burgos, en coordinación con la U.O.P.J. de Burgos.

Inauguración de la Audiencia Provincial de Alicante

Martes, 30 de diciembre de 2014

     Nota de prensa mjusticia.gob.es
     Catalá destaca la labor del Ministerio y de las comunidades autónomas en mantener los juzgados en condiciones adecuadas
     29 de diciembre de 2014.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado hoy, durante la inauguración de la remodelación de la Audiencia Provincial de Alicante, la labor continua que vienen desarrollando las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia por mantener los juzgados y tribunales del ámbito de sus competencias en unas condiciones materiales adecuadas.
     Ese trabajo, tanto de las comunidades autónomas con competencias como del Ministerio de Justicia, para atender las necesidades materiales de juzgados y tribunales, se hace visible en la remodelación de la Audiencia de Alicante, a la que se han destinado casi 3,6 millones de euros dentro del Plan de Intervención en Edificios Judiciales 2014-2018 de la Comunidad Valenciana.
     En lo referente al Ministerio, en el año que está a punto de comenzar, el Gobierno destinará 18,2 millones de euros a remodelación, obra nueva y equipamiento tanto de edificios judiciales como administrativos, y desarrollará proyectos que en los próximos ejercicios requerirán nuevos desembolsos hasta elevarse a los 57,1 millones de euros en 2019.
     El presupuesto global destinado a inversiones, que en 2015 asciende a 77,5 millones de euros, crece un 26%, situándose así en niveles previos a la crisis económica, e incluye un capítulo tecnológico dotado con 59,2 millones de euros.
     El compromiso del Gobierno no se limita a lo material. Hace solo mes y medio, el Consejo de Ministros aprobó la mayor creación de plazas judiciales en 25 años, con 282 nuevas unidades judiciales que consolidan una plantilla de 5.361 jueces en activo. De esas plazas, 33 se han asignado a la Comunidad Valenciana –19 son plazas de magistrado en órganos colegiados y 14 son de juez de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia–. Concretamente, la Audiencia Provincial de Alicante se refuerza con cuatro plazas de magistrado, más otras cinco en su sede de Elche. Siete de las plazas de juez de adscripción territorial corresponden también a Alicante.
     Durante su intervención, el ministro ha destacado hoy la “importante” oferta de empleo público que el año que viene se producirá en la Administración de Justicia.
     El Ministerio también trabaja con la Comunidad Valenciana en varios convenios: uno para impulsar la especialidad de Medicina Legal y Forense y otro para la realización compartida de pericias en caso de agresiones sexuales por parte del Instituto de Medicina Legal de Valencia y del Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El Juzgado Mercantil nº 3 de Oviedo declara nula la cláusula suelo de una entidad bancaria

Martes, 30 de diciembre de 2014

     29 de diciembre de 2014 

     El Juzgado Mercantil nº 3 de Oviedo declara nula la cláusula suelo de una entidad bancaria –  poderjudicial.es

     La sentencia condena a eliminar dicha condición general de la contratación del contrato de préstamo hipotecario formalizado con los demandantes a quienes ordena además que se les reintegren 30.223,43 euro

Los registros consulares tramitarán por vía electrónica los asuntos de nacionalidad y estado civil

Martes, 30 de diciembre de 2014

     Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
     Gabinete de Prensa minhap.gob.es
     Se sustituye la valija diplomática, con ahorros de tiempo y dinero
     Los registros consulares tramitarán por vía electrónica los asuntos de nacionalidad y estado civil
     CORINTO, el proyecto que Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición de Asuntos Exteriores y Justicia, permitirá el intercambio seguro de información en apenas segundos
     12 de noviembre de 2014.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en funcionamiento una nueva plataforma de Administración electrónica, denominada CORINTO (correspondencia interadministrativa), con la intención de seguir eliminando el tiempo, en la comunicación entre Administraciones, y suprimiendo el intercambio de papel.
     Esta aplicación se pone en marcha ya para el intercambio seguro de documentación por vía electrónica entre los Registros Civiles Consulares y la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de Nacionalidad y Estado Civil.  En concreto, permitirá a los Registros Civiles Consulares, dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, enviar los expedientes en materia de Nacionalidad y Estado Civil a la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia.
     La vía electrónica sustituye a la valija diplomática en estos trámites
     Hasta ahora, el envío de los expedientes se realizaba en papel mediante valija diplomática, con el consiguiente coste asociado, y los elevados tiempos de envío desde los consulados en el extranjero. Con la nueva aplicación, y una vez digitalizado el expediente, se recibirá en cuestión de segundos en el Ministerio de Justicia, donde inmediatamente comenzará su tramitación.
     Tras los buenos resultados del proyecto piloto, Asuntos Exteriores ha decidido ya que los Consulados Generales en Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Santiago de Chile pasen a utilizar exclusivamente la plataforma CORINTO en sus comunicaciones con Justicia y viceversa.
     Paralelamente, se han iniciado los trabajos para la incorporación paulatina al uso de la plataforma de las Oficinas Consulares de San Francisco, Washington, Miami, Los Ángeles, Houston, Chicago, Boston, Monterrey, México, Guadalajara, Sao Paulo, Salvador de Bahía, Río de Janeiro, Porto Alegre, Caracas, Bahía Blanca, Rosario, Lima, Quito, Cartagena de Indias, Montevideo, Jerusalén, Alejandría, Dakar, Lagos, Bata, Tetuán, Tánger, Rabat, Nador, Larache, Casablanca, Agadir, Montreal y Toronto.
     Los ahorros esperados gracias a la implantación de este sistema son muy importantes. Sólo el ahorro por no utilizar la valija diplomática en las cuatro oficinas consulares incorporadas al sistema (Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Santiago de Chile), alcanzará los 11.700 euros anuales. Teniendo en cuenta que en los próximos meses se prevé la incorporación gradual de 36 consulados más, los ahorros anuales supondrán cientos de miles de euros únicamente en este concepto.
     Además, los grandes beneficiarios de esta implantación son los ciudadanos, que verán reducidos los períodos de tramitación de sus expedientes, gracias al importante ahorro de los tiempos de intercambio de la documentación entre las Administraciones.

Las Autoridades europeas de protección de datos aprueban los criterios comunes para aplicar la sentencia sobre el ‘derecho al olvido’

Lunes, 29 de diciembre de 2014

     agpd.es Agencia Española de Protección de Datos
     (Madrid, 28 de noviembre de 2014). El Grupo de Autoridades europeas de protección de datos (GT29) ha aprobado un documento sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 13 de mayo relativa al denominado ‘derecho al olvido’. El texto, del que ha sido ponente la Agencia Española de Protección de Datos, analiza los pronunciamientos del Tribunal y desarrolla a lo largo de 25 puntos los criterios interpretativos comunes que van a presidir la aplicación de la sentencia por parte de las Autoridades de los distintos Estados europeos. Entre otras, se abordan las siguientes cuestiones:
     – Responsabilidad de los motores de búsqueda. La sentencia del TJUE establece que los motores de búsqueda realizan un tratamiento de datos personales y, en consecuencia, sus gestores están obligados a asumir las responsabilidades propias de quienes tratan datos en los términos previstos en la normativa europea y, en particular, a respetar los derechos de cancelación y de oposición reconocidos a todos los individuos
     – Análisis caso por caso. El Tribunal subraya el impacto que la actividad de los buscadores tiene en los derechos a la privacidad y a la protección de los datos personales por cuanto permiten acceder desde cualquier lugar a múltiples informaciones personales que posibilitan la elaboración de perfiles. A la vista de la gravedad potencial de este impacto, considera que con carácter general los derechos de los afectados prevalecen sobre el interés económico de los buscadores y sobre el interés de los internautas en acceder a información personal por ese cauce. Sin embargo, señala que es necesario realizar una ponderación caso por caso para alcanzar un “un justo equilibrio” entre los derechos e intereses en liza. El resultado dependerá, en cada supuesto, de la naturaleza y sensibilidad de los datos y del interés del público en acceder a una determinada información, un interés en el que influye significativamente el papel que el afectado desempeñe en la vida pública.
      – No se elimina información. La sentencia declara expresamente que el ejercicio de los derechos de cancelación y oposición sólo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. En consecuencia, la información continúa intacta en la web original y seguirá siendo accesible a través del buscador por cualquier otra palabra o término que no sea el nombre del afectado.
      – Libertades de expresión e información. El impacto de estos derechos sobre las libertades de expresión y de información, tanto de los editores como de los usuarios de internet, es muy limitado. Dado que en la valoración de las circunstancias de cada solicitud se debe tener en cuenta sistemáticamente el interés de los usuarios en acceder a una información, aquellas que resulten de interés para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública no serán bloqueadas. La libertad de información, por tanto, no se ve afectada cuando se trata de información con interés general, ya que en esos casos no procede reconocer el ‘derecho al olvido’.
     – Ejercicio de derechos. Los ciudadanos se pueden dirigir directamente al motor de búsqueda sin necesidad de acudir previamente al sitio original. Los motores de búsqueda y los editores originales realizan dos procesamientos de datos diferenciados, con legitimaciones diferentes y también con un impacto diferente sobre la privacidad de las personas. Por eso puede suceder, y de hecho sucede con frecuencia, que el contenido que publica el editor siga siendo legal con el paso del tiempo mientras que la difusión universal que realiza el buscador, sumado a la información adicional que facilita sobre el mismo individuo cuando se busca por su nombre, tiene un impacto desproporcionado sobre su privacidad.
      – Buscadores internos. Los buscadores propios incluidos en las webs de diferentes páginas o medios de comunicación no están afectados por la sentencia del TJUE. Estos buscadores internos sólo recuperan la información contenida en páginas web específicas y, además, no permiten establecer un perfil completo de la persona afectada, algo que sí permiten los motores de búsqueda.
      – Ámbito de aplicación. La sentencia establece una obligación de resultado. Un adecuado cumplimiento de la sentencia requiere que los datos de las personas estén protegidos de forma eficaz y completa, y que la legislación de la Unión Europea no pueda eludirse fácilmente. En ese sentido, limitar la eficacia a los dominios europeos basándose en que los usuarios tienden a acceder a través de dominios nacionales no puede considerarse un medio suficiente para garantizar satisfactoriamente los derechos de los interesados. En la práctica, ello implica que la exclusión debe también ser eficaz en todos los dominios relevantes, incluidos los “.com” lo cual abarca, en todo caso, aquellos que sean accesibles desde el territorio europeo.
      – Política de avisos. La práctica de algunos buscadores de informar a los usuarios de que la lista de resultados puede no estar completa como consecuencia de la aplicación del derecho europeo no encuentra fundamento en ninguna exigencia normativa. Esta práctica sólo puede ser aceptable si la información se ofrece de tal manera que los usuarios no puedan deducir, en ningún caso, que una persona concreta ha solicitado la retirada de ciertos resultados asociados a su nombre.
      – Comunicación a terceros. En relación con la práctica desarrollada por algunos buscadores de comunicar a los responsables de las webs que ciertas páginas dejarán de ser accesibles en determinadas búsquedas realizadas por nombres de personas, las Autoridades manifiestan que, dado que los buscadores no reconocen a los editores un derecho a ser indexados ni a un trato equitativo, no existe base legal que ampare dicha comunicación. Únicamente se considera justificada la realización de contactos previos cuando sea necesario recabar información adicional para tomar la decisión.
      – Transparencia. Teniendo en cuenta la relevancia del acceso a páginas web a través de buscadores y las expectativas de indexación de editores y propietarios de esas páginas, el GT29 considera necesaria una mayor transparencia a la hora de llevar a cabo las valoraciones. La Autoridades europeas instan a los buscadores a que hagan públicos los criterios de exclusión que están aplicando y que faciliten estadísticas detalladas y anonimizadas sobre los tipos de casos en los que han aceptado o rechazado las correspondientes solicitudes.
     Conjuntamente con estas directrices, el Grupo de Autoridades de protección de datos ha elaborado unos criterios comunes para evaluar las solicitudes presentadas por los ciudadanos cuando los buscadores les han denegado o no han atendido adecuadamente sus derechos de cancelación u oposición. Con ello se persigue una aplicación armonizada de los derechos, con independencia de que, siguiendo la doctrina establecida por la sentencia del TJUE, cada solicitud o petición de los ciudadanos debe ser analizada individualmente.

Castedo deja en Alicante una ciudad sin proyecto y etiquetada de corrupta

Lunes, 29 de diciembre de 2014

     Con las cuentas intervenidas, ha renunciado incluso al papel de capital provincial
     Rubén Esquitino   Alicante  27 diciembra 2014 – elpais.com
     La dimitida Sonia Castedo, doblemente imputada por cinco delitos, deja un legado en Alicante que ofrece más sombras que luces. La alcaldesa del PP que dijo que pondría a la ciudad “guapa, guapa y guapa”, apenas ha terminado en seis años ninguno de los proyectos anunciados por su predecesor y mentor Luis Díaz Alperi, también imputado en casos de corrupción. Alicante está levantada en obras que llegan tarde, intervenida por el Gobierno central, con 170 millones de euros de deuda y una mancha de irregularidades derramada sobre un plan general urbano, bloqueado en Valencia y mirado con lupa por la justicia.
     El urbanismo de la ciudad es el principal suspenso de Castedo, responsable del mismo desde 2007, primero como concejal y luego como alcaldesa. No solo no ha sido capaz de adecuar el diseño de la ciudad a los nuevos tiempos, creando una urbe que se ha diseminado sin orden por el territorio, sino que su dibujo urbano ha acabado por enterrarla en términos políticos. Las razones de su dimisión el pasado martes, vía Internet, están cimentadas en torno a presuntos amaños del plan general de Alicante, denunciados por la policía y la fiscalía.
     Alicante pudo ser Niza (ciudad emblema de la Costa Azul francesa) y acabó en obras, dijo en un off the record un hotelero para describir el estado de la ciudad. La belleza de las calles alicantinas es una cuestión que divide a la ciudadanía entre los defensores y detractores de Castedo. Opiniones como la del primer vicealcalde, Andrés Llorens, calificando de “innegable el embellecimiento generalizado de la ciudad”, contrastan con las vertidas desde el Colegio de Arquitectos a la Universidad o el mundo del comercio, más acordes con el diagnóstico que la oposición viene realizando hace años: la ciudad ha sido construida por intereses promotores más que por un proyecto común, muchas veces arrasando con el patrimonio arquitectónico propio.
     La ciudad acumula una deuda que alcanza los 170 millones de euros
     La millor terreta del món, que reza el himno local, ha estado en los últimos meses en boca de todo el país precisamente por la relación de dependencia que mantiene con el empresario, Enrique Ortiz, máximo contratista municipal y supuesto beneficiario de las irregularidades cometidas por la alcaldesa. La ciudad, que siempre se pensó amable y sencilla para el visitante, ha vivido una suerte de hecatombe publicitaria en los últimos meses de la era Castedo al convertirse en un referente televisivo más de la corrupción valenciana, comentado en tertulias que tan pronto tratan de política como lo hacen del corazón.
     Castedo se va del Ayuntamiento pero en Alicante se queda Ortiz. Con unas cuentas intervenidas por el Estado, solo las contratas del empresario han crecido en unos presupuestos con unos recortes en materia social y de empleo que merecieron alegaciones y protesta de todos los trabajadores sociales municipales. Son los presupuestos del empresario, a tenor de las cantidades repartidas. De los 240 millones de euros que los alicantinos gastarán en 2015, casi 45 millones irán a parar a empresas del constructor que despachaba por teléfono con la alcaldesa asuntos públicos como si fueran propios, tal como testimonian las escuchas policiales que sustentan toda la acusación del denominado caso Brugal.
     Castedo se va del Ayuntamiento pero en Alicante se queda Ortiz
     “Y se va convirtiéndonos en el vertedero del sur de Valencia”, apostilló Miguel Ángel Pavón, concejal de Esquerra Unida. La ex alcaldesa concurrió a las elecciones en 2011 con la promesa de que el basurero municipal no enterraría más que las 100.000 toneladas de residuos generadas por los alicantinos y, sin embargo, se va permitiendo que las comarcas del sur de Valencia viertan 150.000 toneladas más en un planta de tratamiento que, también, gestiona Enrique Ortiz.
     Castedo, que en 15 años ha pasado de ser auxiliar de prensa municipal a primera regidora, se marchó el día que los sindicatos municipales se levantaron de la mesa de negociación de la relación de puestos de trabajado (RPT), tras años denunciando que la RPT solo se mueve en función de intereses sectarios. Castedo quiso ser la alcaldesa con mayúsculas de la ciudad, y sin embargo ha restado presencia al municipio como capital.
     Por un localismo mal entendido se ha enfrentado a la Generalitat para reducir su cuota presupuestaria en el transporte interurbano que conecta la ciudad con el resto de la comarca. Hizo lo propio con Benidorm, al negarle una conexión directa con el tren de alta velocidad. Y no ha cuajado ni un solo proyecto para revitalizar el eje formado por Alicante y Elche. Ni siquiera cuando las dos ciudades han tenido el mismo color político, ambas gobernadas por el PP.

El gran usurero: ‘Mi conciencia está muy tranquila’

Lunes, 29 de diciembre de 2014

     Tiene derechos sobre 528 fincas pero dice que ‘sólo’ ha ejecutado a “80 ó 90” familias.
     Acusado de estafa por sus clientes y detenido tres veces, según el Registro.
     Un hombre al que prestó dinero, el marido de Monchi, acabó suicidándose
     Ana María Ortiz  28/12/2014 elmundo.es
     Se llama Antonio Arroyo Arroyo, tiene 60 años y es considerado el mayor usurero de España. Así le tildan las decenas de españoles que agrupados en dos asociaciones -Stop Estafadores y Adevif- lo acusan de orquestar una estafa que los ha conducido a la ruina. Aseguran que Arroyo les dejó dinero a cambio de que pusieran sus viviendas como garantía, que picaron el anzuelo de firmar un préstamo trampa imposible de devolver y que han acabado perdiendo o están a punto de perder sus casas. Tras años esquivando las acusaciones y a los medios de comunicación, Arroyo, una suerte de versión moderna del señor Scrooge, el ávaro protagonista del Cuento de Navidad de Charles Dickens, abre las puertas de sus oficinas a Crónica. Es la primera entrevista que concede.
     Stop Estafadores dice en su web que 3.800 personas que han suscrito préstamos con usted han acabado perdiendo su casa.
     Imposible. Yo no hecho 3.800 hipotecas [préstamos con garantía hipotecaria]. Desde que me dedico a esto, desde 2001, habré hecho unas 1.500.
     Y de esos 1.500 préstamos que dice que ha hecho, ¿cuántos han acabado con la ejecución de la vivienda?
     Calculo que un 25%.
     Serían más de 350 viviendas…[Puesto que lleva operando como prestamista desde 2001, la media sería de 27 propiedades por año, una cada 15 días]
     Sí, unas 350, pero eso no quiere decir que hayan perdido la casa. En muchos casos se han paralizado las ejecuciones porque han pagado o se ha llegado a un acuerdo. [A las 17.30 horas en el piso desde el que el prestamista maneja su negocio sólo están él y una secretaria. Hay dispuestos tres escritorios y seis sillas. Arroyo asegura que ahora sólo tiene un empleado de los ocho en nómina de los mejores tiempos, del 2005 al 2007, antes de que la crisis mermara el mercado del préstamo. Sobre su modo de operar aclara que no capta clientes directamente, que trabaja con «unos 50 o 60 intermediarios en toda España», que son éstos quienes les traen la clientela, y que él no se queda con todas las viviendas de los impagados porque muchos de los derechos sobre ellas los vende a terceros, a inversores. Esta semana se ha sabido que las ejecuciones hipotecarias han crecido un 10,5% en el tercer trimestre de 2014].
     ¿Cuántas viviendas ha ejecutado usted directamente?
     Unas 80 ó 90 como máximo.
    ¿Y qué ha sido de ellas?
     Unas no se han pagado, otras se ha reconvertido la deuda en contrato de alquiler… Si me he adjudicado alguna vivienda, lo que he hecho ha sido venderla con el objeto de financiarme.
     80 viviendas es una fortuna.
     Vender 80 viviendas en 15 años, con muchas cargas, con cargas bancarias anteriores, no es ninguna fortuna, en todo caso es un desastre. Estamos hablando de una media de ocho viviendas anuales y con ese dinero yo tengo préstamos que pagar. No tengo ningún chollo montado. Mi situación económica es como la de la mayoría de empresarios ahora, problemática.
     Si se presta 4.000 euros a una persona y a cambio se obtiene una vivienda de 150.000 parece un negocio redondo.
     Eso es mentira. Yo entiendo que usted no conozca cómo funcionan las subastas. Cuando se va a una subasta se dice: «Valor de tasación, 150.000; deuda, 4.000». Hay varias personas que subastan sobre ella y todo lo que excede de 4.000 euros va al deudor. Yo no me quedo con nada, va al deudor.
     Iría al deudor si fueran realmente 4.000 euros de deuda. Pero si se entregan 4.000 de préstamo, se escritura que se han dejado 40.000 y se aplican unos intereses de demora del 29%… En cuatro años la deuda se convierte en 100.000.
     De esa manera es el negocio del siglo, pero eso es totalmente incierto, ¿cómo voy a dar 4.000 y escriturar 40.000?
     Crónica ha hablado con varias personas que aseguran haber suscrito un préstamo con usted en el que se apuntaba una cantidad y se le entregaba mucho menos del dinero del escriturado.
     Eso no es cierto, en absoluto. En las firmas de hipotecas participamos el cliente, yo como prestamista y el señor notario. El señor notario les deja la escritura previamente para que la lean estos señores, una vez que la han leído y que se ha hecho el pago correspondiente y se han firmado los recibos, el notario le ha preguntado si hay conformidad con el pago, si ha recibido el dinero… Todos han dicho que sí.
     Ellos dicen que se les aseguraba que el resto del dinero se entregaría después y que se fiaron al estar delante de un notario…
     Eso es totalmente incierto. A nadie le he dicho yo eso.
     «El 100% de las personas que conocemos que han firmado préstamos con Arroyo, incluso las que no lo han denunciado, dicen que en escritura figura más capital del que recibieron», sostiene a Crónica el abogado Carlos Galán, quien en noviembre de 2013 llevó la denuncia de la asociación Adevif, que agrupa a decena de supuestos afectados. Adevif pidió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que hiciera una investigación global a Arroyo por estafa. Éste califica la denuncia de «una persecución orquestada» contra él. El fiscal se pronunció a favor del archivo de la causa: «Los hechos difícilmente encajan en ningún tipo penal, sin perjuicio de las acciones civiles que los afectados puedan ejercer…», dictó. Al menos otros 17 procedimientos contra Arroyo siguen su curso en los tribunales] ¿Le suena Javier Raga?
     Sí, un señor de Manises, creo.
     Fue un cliente suyo que se suicidó. Según cuenta su viuda, le pidió un préstamo para pagar una retro excavadora, usted le dio 3.000 euros en efectivo pero le escrituró 19.000 y acabó perdiendo su piso.
     Que yo sepa todavía no lo ha perdido.
     Todavía…
     Todavía no lo ha perdido.
     Cuando usted se entera que esta persona ha acabado quitándose la vida, ¿cómo se siente?
     Este señor estaría en una mala situación para llegar a ese extremo, porque además tenía un hijo, creo, deficiente o algo así. A mí me produjo una gran pena, no porque él se suicidara, tendría sus motivos, sino por la familia. Pero este señor no tenía una deuda exclusivamente conmigo, tenía múltiples deudas con mucha gente, y el hombre no pudo salir adelante y ya está. A mí se dirigió dos o tres veces y yo le atendí correctamente. Luego pasó lo que pasó y parece que yo soy el malo de la película.
     Cuando sucede algo así, ¿no se siente en cierto modo responsable?
      Con este señor se habló como con todo el mundo y se le dijo que no se preocupara, que intentábamos buscarle una solución, a muchas personas se les propone dejarles con alquiler dos y tres años y con derecho de recompra. Cuando me enteré, lo sentí enormemente, sobre todo porque había dejado un hijo pequeño, y nada más.
     ¿Le dio alguna solución a la viuda respecto a la deuda?
     No, porque ya no hubo forma de diálogo, se cruzaron estos señores del blog [se refiere a Stop Estafadores] y no hay forma de dialogar.
     Aproveche ahora para darle una solución a la viuda.
     Yo no tengo esa inversión, la tiene un inversor mío, ya no puedo hacer nada. [Monchi Navarrete, la viuda de Raga, niega rotundamente a Crónica ningún encuentro ni contacto con Arroyo. «Sólo lo vimos el día de la firma. Nunca se ha puesto en contacto ni se ha reunido con nosotros. Mi marido se fue a Madrid a buscarlo y yo me quedé rezando para que no lo viese porque mi marido iba a por este señor.  Fue a su oficina, se presentó en una de sus casas… Si mi marido llega a encontrarlo, mi marido estaría aún aquí; el que no estaría sería este señor»]
     ¿Qué interés aplica en sus préstamos?
     En estos momentos el 12%.
     ¿Y si a los seis meses no se paga, cuál es su interés de demora?
     En estos momentos, por normativa legal de la UE, el 12%. [Se refiere a las consecuencias de la sentencia de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la UE, que otorgó poder a los jueces para suspender cautelarmente desalojos mientras se verificaba si en los préstamos hipotecarios se habían impuesto cláusulas abusivas]
     Pero ha llegado a imponer un 29% de interés de demora.
     Sí.
     ¿No le parece abusivo?
      Cualquier persona que tuviera una hipoteca hace cuatro o cinco años, el interés era entre el 25% y el 29%. Y en cualquier otro tipo de préstamo personal o tarjeta de crédito es el 29%. ¿Qué es un abuso? Sí, obviamente, claro. Muchas personas han invertido dinero [en préstamos particulares] porque daba el 29%. Como eso se ha anulado y se ha pasado al 12%, hay mucha gente a la que ya no le interesa este negocio, porque a lo mejor la base podía estar en el interés de demora por si el cliente no pagaba.
     ¿Qué le parece que le llamen a usted usurero?
     Bueno, es un término que se utiliza. En este país usureros somos las personas físicas, los bancos y todos. Qué vamos a hacerle, tendrás que aguantar el tema.
     Muchos clientes dicen también que en los primeros seis meses, antes de que entrara en vigor el 29% de interés de demora, aunque intentaran pagar no podían contactarle.
     Eso es mentira. Esta oficina está para nuestros clientes, para recibir el dinero, para ir a notaría… Es muy fácil además: si no se le quiere cobrar a usted, se va al juzgado o a una notaría y deposita allí el dinero. [Nacido en Jaén, Antonio Arroyo trabajó en el Fondo de Garantía del Banco de España. Después se trasladó a Cuenca, donde montó varios negocios: un camping, una fábrica de muebles, una distribuidora de productos de bricolaje… No le «gustó cómo se trabajaba en la zona» y regresó a Madrid, donde comenzó como prestamista. Se ha casado dos veces y tiene cuatro hijas: dos con su primera esposa -una es profesora y la otra es «mileurista en México»-; una, con su segunda esposa, y la cuarta, de cuatro años, con su actual pareja. Asegura que no tiene propiedades a su nombre]
     Me ha dado miedo pedir en el Registro las viviendas a su nombre, por si hay miles. Cobran nueve euros por cada propiedad que aparezca…
     Puedo tener derechos sobre hipotecas, pero ninguna vivienda…
     Es decir, préstamos con la casa como garantía. ¿Cuántos?
     No sé, 40, 50, 60, no tengo un control ahora mismo. [A fecha de 15 de diciembre de 2014, a nombre de Antonio Arroyo o de sus empresas en el Registro de la Propiedad figuran un total de 528 derechos hipotecarios vigentes: Antonio Arroyo, 216; Irisan Gestión Hipotecaria 228; Tria A I L V SL, 5; Irisan Hipotecas, 57; Irisan Gestión Financiera, 21. Arroyo figura como administrador único en 14 empresas, como administrador en nueve y como apoderado en siete]
     ¿Cuánto ganó el año pasado?
     Perdí dinero.
     Cuesta creerlo…
     Perdí dinero porque no trabajé.
     ¿Cuántos préstamos firma ahora?
     Muy pocos, dos o tres al mes.
     ¿Cuál es la última vivienda que ha ejecutado?
     Hace dos o tres meses, en Leganés. Un cliente que llevo llamándolo todos los días, y él: «Mañana te llevo el cheque, mañana te llevo el cheque». Y está a punto de dictarse el decreto de adjudicación…
     ¿Duerme bien por las noches?
     Mi conciencia está muy tranquila y mi cabeza muy alta. ¿Dormir? Siempre he dormido mal en general pero no por estos asuntos, más por mi niña de cuatro años . [Arroyo ha sido detenido tres veces: en 2008, por blanqueo de capitales, causa que fue archivada; poco después, por estafa, también archivada. Su última detención es de 2012: un policía jubilado que se sintió estafado tras firmar un préstamo con él le pidió una segunda cantidad y avisó a la policía. Arroyo fue detenido en una notaría cuando, según denuncia el cliente, le escrituraba de más y se acompañaba de un intermediario que se hacía pasar por agente de Caja Duero, como en el préstamo de Javier Raga. El caso está en instrucción]

“Algunos quieren engañarte y no solo el Día de los Inocentes, #nopiques”, lema de la Policía para alertar de los principales engaños en Internet

Domingo, 28 de diciembre de 2014

     policía.es

     Llamar a números premium, el gancho del whatsapp y estafas en anuncios online, entre los fraudes con más víctimas en 2014

     Cebos para conseguir que el usuario llame a teléfonos de alto coste, supuestas multas por descargas en el móvil, falsas ofertas de trabajo o aparentes chollos en anuncios fraudulentos son algunos de los ciberdelitos que utilizan técnicas de ingeniera social para engañar a sus víctimas

     Además, se recuerda que no se dé pábulo ni se reenvíen informaciones de seguridad o salud vía whatsapp si no proviene directamente de una fuente oficial, por el gran número de bulos que se difunden

     El sentido común y la desconfianza racional ante ofertas “increíblemente buenas”; investigar en la Red para comparar y descubrir posibles trampas y seguir las recomendaciones de la Policía son algunos de los pautas para evitar ser víctimas de fraudes, estafas o engaños

     Los especialistas de la Unidad de Investigación Tecnológica también han detectado un aumento en los timadores que se hacen pasar por la revista oficial de la Policía Nacional o de la Guardia Civil y mayor riesgo de estafa en el juego online

     El último caso se trata de un potente virus que infecta a la agenda de tu teléfono a través de un mensaje en el que te invita a ver una supuesta foto tuya

     28-diciembre-2014.- Con el lema “Algunos quieren engañarte y no solo el Día de los Inocentes, #nopiques”, la Policía Nacional alerta de los fraudes, timos y bulos más frecuentes que circulan por Internet y con los que se intenta engañar a miles de personas en España.

     El uso de cebos variados para que el consumidor llame a un número de alta tarificación (que empieza por 80 o de 5 cifras) o envíe SMS premium (a números cortos) es una práctica muy frecuente: desde supuestos mensajes o grabaciones que sugieren que se le ha contactado por un préstamo aparentemente solicitado con anterioridad y al que debe responder con urgencia a hipotéticos premios en un sorteo -en el que obviamente, no se ha participado- de 1.000 euros o un moderno smartphone. También envían falsos mensajes personales desde números cortos, tratando de entablar una conversación (que el programa intentará alargar lo máximo posible para que el consumidor gaste todo lo posible) y otras triquiñuelas distribuidas de forma masiva a través de SMS. El último caso se trata de un potente virus que infecta a la agenda de tu teléfono a través de un mensaje en el que te invita a ver una supuesta foto tuya.

     El whatsapp ha sido también un gancho constante para el intento de fraude y distribución de malware durante el año: desde la falseada capacidad de espiar números ajenos (no es posible… y sería un delito) a falsos programas para su supuesta instalación en ordenadores o tablets, aplicaciones fraudulentas con nombres rimbombantes (whatsapp oro) o la eliminación del doble check azul (antes de que la permitiera la propia aplicación oficial).

     Las falsas ofertas de empleo en las que se requiere llamar a un teléfono de alta tarificación o pagar un trámite o curso previo es otro truco que sigue generando problemas a los más incautos. Este año, los agentes de la Policía desarticularon un fraude masivo con un número Premium, vinculado a un falso casting de Juego de Tronos en España.

     Los agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica también alertan de distintos números que se anuncian en buscadores como si fueran los oficiales de atención al ciudadano o cliente de grandes corporaciones, y que no son más que redirecciones para cobrar hasta 11 €/minuto al usuario.

     Los falsos chollos en anuncios online de particulares

     Las ofertas fraudulentas en numerosas webs de compraventa entre particulares y venta de todo tipo de objetos, bien por ofrecer productos inexistentes, bien por ofrecerse para comprarlo desde el extranjero y que el supuesto banco del comprador requiera adelantar los gastos de transferencia (una variante más de las cartas nigerianas), son otras de las excusas empleadas por los ciberestafadores.

     También son frecuentes los anuncios-estafa que alquilan propiedades inexistentes a precios fantásticos y piden el pago por adelantado (sin la posibilidad de ver el inmueble, con la disculpa de que el dueño está fuera de España) y de coches o motos en venta que están en el extranjero, vendidas a precios irrisorios… por los que se debe pagar por adelantado y a través de medios de pago más dificiles de rastrear.

     Por último, cada vez son más habituales los timos hechos con apps y webs de compraventa en las que se ofrecen supuestas gangas y a los que los autores le dan más credibilidad con técnicas de ingeniería social (creación de perfiles falsos para acreditar su supuesta reputación como buen vendedor, opiniones falseadas de supuestos internautas, etc.).

     Además, continúa la difusión de malware y virus a través del llamado virus del porno, que bloquea el equipo del usuario para el pago de una supuesta multa… y ahora se ha adaptado para los móviles, con la apariencia de un mensaje de las fuerzas de seguridad.

      El phishing llega al juego online y sigue el fraude de las revistas

      El phishing (técnica con la que se hacen pasar por una entidad para pedirte tus claves, ya sean bancarias; de tu tarjeta de crédito; del correo; de perfiles en redes sociales o de cualquier gran empresa) se ha extendido al juego online, entre otros focos de riesgo en ese ámbito: consiguen tus claves o hacen cargos fraudulentos en tu saldo.

     Dentro del phishing, sigue el engaño que consiste en la petición de dinero haciéndose pasar por el propietario real de la cuenta alegando que está de viaje, ilocalizable y en apuros, así como otras tretas relacionadas con variantes de las cartas nigerianas.

     Este año también ha proliferado en nuestro país una estafa telefónica: una llamada en inglés en la que se hacen pasar por personal de Microsoft, alegan un fallo en el sistema operativo del ordenador de la víctima y tratan de hacerse con el control de su equipo para, a continuación, cobrarle por el supuesto arreglo.

     A pesar de haber desmantelado en una gran operación una red de estafadores en el que se timaba a empresarios y profesionales al presionarles para que invirtieran en supuesta publicidad para unas revistas que se hacían pasar por oficiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil (las únicas auténticas son las publicaciones Policía, Ciencia Policial y Guardia Civil), se sigue detectando este fraude por toda España.

     Además, se está detectando el uso de páginas y apps patrocinadas en las redes sociales, para tener un mayor eco, con el gancho de supuestos sorteos o regalos, en los que se distribuye malware. El uso de bots con un link acortado y un mensaje atractivo que oculta virus o redirecciona es también frecuente en la web 2.0.

     Los grupos de whatsapp, grandes altavoces de bulos

     Por último, los grupos de whatsapp están desbancando a las propias redes sociales como potentes altavoces de bulos irracionales, algunos, citando falsamente una fuente oficial; otros, nuevas versiones de bulos antiguos. Son numerosos los vinculados a la seguridad y a la salud, Este año fueron muy llamativos los relacionados con generar alarmismo infundado en relación al ébola. Desde el Grupo de Redes Sociales se recuerda la importancia de no creer ni difundir mensajes que no procedan directamente de fuentes oficiales y pedir al resto que no se le dé credibilidad alguna.

     Riesgos totalmente infundados, supuestos malhechores que parecen de ficción, prácticas o crímenes muy propios de la ficción… son difundidos, en especial, por los grupos de adultos a todos sus contactos, sin verificación alguna.

     Los nuevos gadgets, como smartphones o tablets, se han convertido en potentes herramientas para cometer malas inocentadas. Los especialistas de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) y del Grupo de Redes Sociales de la Policía Nacional han registrado miles de denuncias, consultas y peticiones de ayuda de los internautas a través de los canales telemáticos de la Policía, como @policia o www.policia.es/colabora.php .

     Desconfianza racional y el sentido común son fundamentales

     La Policía Nacional recomienda unas pautas seguras, tanto en el mundo online como offline, para prevenir y evitar ser víctima de estafas, fraudes o timos.

     – Actúa con “desconfianza racional” y sentido común ante ofertas o mensajes de fuentes desconocidas. No creas en chollos o gangas y realiza siempre las transacciones económicas a través de plataformas seguras. No compres en webs desconocidas que te lleguen a través de links acortados o fuentes no fiables. Si ves en Internet algún chollo, indaga sobre él. Tanto por la opinión de otros compradores (votos, confianza, trayectoria, etc.) como en cualquier buscador, introduciendo datos por si otros usuarios alertaran de algo raro en dicha oferta. Desconfía de “ofertas increíbles”.

     – No des siempre por supuesto que tu interlocutor vía web, correo electrónico o red social es quien dice ser… Ni aunque sea a través de la cuenta reconocida por ti de un amigo tuyo. Puede haber sido “secuestrada” a través de ingeniería social (phishing o malware enmascarado en supuestos archivos muy atractivos)

     – Si recibes llamadas perdidas desde un teléfono de alta tarificación (905…, por ejemplo) o de un teléfono normal, pero que te deriva a un 80…, toma precauciones. Desconfía también de mensajes inesperados que te lleguen desde un teléfono móvil corto que intenta que interactúes de alguna forma con esa empresa o entidad o que le envíes un SMS con algún texto, sin especificar bien claro las condiciones

     – Aquellas supuestas ofertas de trabajo que requieren un desembolso económico previo no son, casi nunca, reales y esconden un engaño o afán lucrativo a costa de los que buscan empleo. Investiga en Internet el teléfono o características del anuncio

     – Si recibes un SMS o un correo pidiendo que actualices tus datos bancarios, de tarjeta o cuenta, no contestes ni rellenes formularios de ningún tipo

     – Desconfía de supuestos sorteos o regalos que no sean de páginas o perfiles oficiales. No des tus datos a todo el mundo.

     – Mantén actualizado tu equipo informático, smartphone o tablet y protegido. Utiliza programas originales y actualiza el sistema operativo, para así evitar la instalación de virus, troyanos, gusanos o programas espía

     – Consulta con periodicidad los movimientos de la tarjeta y cuenta bancarias, incluso si dispones de un servicio de alertas tecnológicas al mail o móvil.

     – Ni creas ni reenvíes informaciones de seguridad o salud que no procedan directamente de una fuente oficial.

     Ante la duda, consulta siempre a los agentes de la Policía Nacional en cualquier comisaría de policía o a través de www.policia.es/colabora.php

Abierto el grifo de las hipotecas…

Domingo, 28 de diciembre de 2014

     Morosidad tocará techo ya o a principios de 2015
     María Jesús Pérez abceconomia / madrid  24/12/2014 – abc.es
     Lo habitual ahora es financiar hasta el 80% del valor de la tasación, con un interés real menor al 2%
     Aunque aún no corren el mejor de los tiempos para firmar una hipoteca en buenas condiciones, sí que es buen momento para las que ya se han firmado, siempre que no se tenga una cláusula suelo en el contrato. Es lo que dicen los expertos. Los tipos de interés son los más bajos de la última década y el Euribor, en lo que va de diciembre, está en un punto histórico «raquítico»: en el entorno del 0,3%. También se ven los diferenciales más bajos de los últimos años. De hecho, ya hay multitud de ofertas hipotecarias con diferenciales por debajo del 2%.
     Con la crisis, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la escalada de la morosidad a cotas históricas, los bancos habían cerrado a cal y canto la concesión de créditos. Ahora, las ofertas vuelven a los escaparates, con una rebaja en los tipos de interés en relación al pasado reciente cuando era muy difícil acceder a la financiación tanto para los particulares como para las empresas. Los propios banqueros lo han ido advirtiendo a lo largo del año. La situación ha cambiado y la evolución vista hace prever que la morosidad de las familias tocará techo ya a cierre de este ejercicio o a principios del que viene al mismo tiempo que habrá nueva clientela.
     Pero ¿cuáles son los motivos de este aparente cambio de tendencia en el sector? Básicamente hay dos. El primero, y el más importante, es una estabilización de la economía. Aún estamos en crisis, pero varios indicadores hacen prever a los expertos que lo peor ha pasado. En segundo lugar, la necesidad por parte de los bancos de ampliar y mantener su base de clientes ante la pérdida de atractivo de algunos productos estrella como los depósitos, tradicionalmente la opción de inversión preferida por los pequeños ahorradores.
     BBVA, crecimiento del 4%
     El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, afirmó que «en 2014, veremos desapalancamiento en familias y en el sector de la construcción e inmobiliario. Veremos una evolución descendente de las entradas en mora, que ya se viene presentando en los particulares. Esto nos lleva, con independencia de la evolución del crédito en el denominador, a un techo a finales de año o principios del año que viene».
BBVA ha eliminado el suelo hipotecario, que limita las rebajas de las cuotas mensuales del préstamo al fijar un interés mínimo independientemente de la cotización del Euribor, en su nueva Hipoteca Quiero, que ofrece un diferencial del 1,80% sobre el Euribor cumpliendo todas las condiciones requeridas.
     «Por fin» Santander
     La gran banca se puso pues, desde primeros de año, manos a la obra. Por ejemplo, la nueva hipoteca de Santander, que publicitó bajo el eslogan Por fin, nueva Hipoteca Santander, recogía en enero de 2014 un interés de Euribor más 1,99%, pero a cambio exigía domiciliar la nómina o los seguros sociales -con unos ingresos mínimos de 2.500 euros mensuales-, nueve recibos trimestrales, el uso de tarjeta de débito y crédito, con un gasto mínimo de 500 euros al trimestre y seguro del hogar, gratuito el primer año. Si no se cumplen estas características, el tipo de interés subiría a Euribor más 2,99%.
Pero la situación económica y financiera actual obligó a las entidades a ajustar los diferenciales de sus hipotecas, una táctica que ha vuelto a llevar a la práctica Banco Santander al rebajar el diferencial de su Hipoteca a Euribor +1,69% y un tipo de interés de 2,45% durante el primer año con revisiones anuales. La cuantía máxima del préstamo es del 80% del valor de tasación o de compra y el plazo de devolución es de un máximo de 30 años. Además, no tiene comisión de apertura, de compensación por amortización parcial o total, comisión por subrogación ni por cambio de condiciones.
     Optimismo en Caixabank
     En Caixabank también se muestran optimistas de cara a la evolución en la concesión de hipotecas en 2014. Los últimos datos, al término del tercer trimestre, así lo demuestran: los créditos para la compra de vivienda ascendían a 84.518 millones, un 3,4% más que igual período de hace un año; mientras la morosidad hipotecaria de los particulares disminuía: en septiembre era del 4,28% frente al 4,41% en diciembre de 2013. Precisamente, en la presentación de resultados de dicho trimestre, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, afirmó: «En hipotecas tenemos también una reactivación del mercado, desde niveles todavía bajos, pero una reactivación importante, con una subida de la concesión del 29% y también con una mejora de nuestra cuota de mercado…».
     La entidad tiene hipotecas que demuestran lo competitiva que quiere ser: una hipoteca a tipo variable que puede llegar a Euribor+1,85, aunque se requiere la máxima bonificación y vinculación del cliente; y, desde hace dos años, ha potenciado las hipotecas de tipo mixto con un periodo fijo a 10 y 15 años. El porcentaje máximo a financiar es el 80% en vivienda habitual.
     La «bonificada» del Sabadell
     Para Banco Sabadell, la paulatina recuperación del sector ha llevado a las entidades a desarrollar una intensa actividad de sus redes comerciales. «Los indicadores confirman que poco a poco el mercado hipotecario se está reactivando como consecuencia de una progresiva mejora de la economía, un incremento de la confianza de los clientes y una interesante oferta comercial. En nuestro caso, el volumen de operaciones registrado es el más elevado desde que empezó la crisis», explica Manuel Tresánchez, su director de Banca de Particulares. En este contexto, ha lanzado la Hipoteca Bonificada, con un interés de Euribor +1,70 y sin tipo mínimos.
     «Premium» en Popular
     Banco Popular ha empezado a comercializar recientemente la Hipoteca Premium, destinada a la adquisición de primera vivienda. Aplica un interés fijo del 2,89% durante el primer año y de Euribor +1,80% el resto del periodo de amortización a aquellos usuarios que acepten la vinculación que propone la entidad. Ésta consiste en domiciliar una nómina que debe ser de un importe mínimo mensual de 2.000 euros, realizar un gasto de al menos 100 euros al mes con la tarjeta de crédito o la de débito de la entidad y contratar un seguro de vida, uno de hogar y otro de protección de pagos. A aquellos que no suscriban ninguno de estos productos se les aplicará un interés del 3,89% los primeros 12 meses y de Euribor +2,80% el resto del plazo. Financia hasta un 80% sobre el valor de tasación y tiene un plazo máximo de amortización de 30 años.
     Bankia
     Por su parte, Bankia en el último trimestre, ha añadido nuevos productos a su cartera. Ha estrenado la Hipoteca Subrogación Bankia a un interés fijo del 3,50% durante el primer año y de Euribor +1,50% el resto del periodo de amortización. También la Hipoteca Bonificada, que aplica un interés fijo del 4% en los 12 primeros meses y el resto del periodo de Euribor +2%. Ambas financian hasta un 80% sobre el valor de tasación y tienen un plazo de amortización de hasta 40 años.
     Asistimos pues a una nueva era para las hipotecas, que empezó a finales de 2013 y que con el inicio del nuevo año se ha ido consolidando. Los bancos están dispuestos a financiar a sus clientes. Es el inicio de una recuperación, incipiente aún, pero que puede tener grandes cambios en el futuro. El terreno hacia la normalización será arduo y largo. Los préstamos para hipotecas cayeron un 68% entre 2008 y 2012… pero eso ya es historia. Y es que algo está cambiando…

El Gobierno actualiza la normativa de funcionamiento del SIGPAC

Sábado, 27 de diciembre de 2014

     20/12/14 iagua.es
     El Gobierno actualiza la normativa de funcionamiento del SIGPAC
     El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un Real Decreto que establece loscriterios básicos para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), como herramienta de obligada utilización en la gestión de las ayudas comunitarias, ya que es la base identificativa de cualquier tipo de ayuda relacionada con la superficie.
     De esta forma, el Real Decreto integra todas las novedades normativas derivadas de la nueva regulación de la PAC en el nuevo período normativo 2014-2020. Asimismo, recoge algunos aspectos de colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y las Comunidades Autónomas; y entre el FEGA, la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y la Dirección General de Catastro.
     La explotación y mantenimiento del SIGPAC corresponde a las Comunidades Autónomas, aunque la Administración General del Estado, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), tiene atribuidas las facultades ejecutivas, imprescindibles para garantizar su óptimo funcionamiento en el caso de que las comunidades autónomas no dispongan de los medios apropiados para realizar determinadas actividades o cuando sea necesaria la coordinación con otras unidades de la Administración del Estado.

¿Necesitamos otro Plan Intensivo de Nacionalidad en 2015?

Sábado, 27 de diciembre de 2014

     parainmigrantesinfo
     El PIN (Plan Intensivo de Nacionalidad) funcionó hasta finales de 2013. Hoy, después de un año, nos preguntamos: ¿debería el Ministerio de Justicia poner en marcha un nuevo Plan de Agilización de Expedientes de Nacionalidad Española en 2015?
     Como sabéis aquellos que seguís nuestro portal a diario, si de algo hemos hablado durante los dos últimos años por aquí, es del Plan Intensivo de Nacionalidad puesto en marcha por el Ministerio de Justicia en 2012. Y en todas sus facetas, desde que se implantó, empezaron a resolverse los primeros expedientes, primeras denegaciones, juras en notaría, requerimientos, inscripciones, etc. Prácticamente hemos tocado todos los temas de los que se puede hablar, y aún seguimos haciendo seguimiento exhaustivo del estado de los recursos de reposición y resolución de expedientes atrasados.
     Después de un año del la finalización del PIN, el 31 de diciembre de 2013, muchos nos preguntamos si no sería necesario poner en marcha una segunda fase de este extraordinario proceso.
     No lo neguemos, desde que los Registradores de la Propiedad dejaron de intervenir en el proceso no hemos visto avances sustanciales en la resolución de expedientes y, lo más preocupante, hemos comprobado como no hay ningún expediente de 2014 que haya recibido registro y trámite en la Dirección General de los Registros y del Notariado.
     Echemos la vista atrás:
     En 2012 existían 500.000 expedientes de 2010, 2011 y 2012 atrancados en Jacinto Benavente (Ministerio de Justicia).
     En Junio de 2012 se firma el PIN con los Registradores de la Propiedad.
     Agosto 2012, empieza la digitalización de expedientes y volcado a la nueva aplicación GEN (Gestión de Expedientes de Nacionalidad).
     Diciembre 2012, primeros expedientes tramitados por los Registradores y resueltos por Justicia con Resoluciones con firma electrónica.
     Año 2013, casi 500.000 expedientes resueltos, juras en notaría, prórroga del PIN hasta 31 de diciembre de 2013.
31 de diciembre de 2013, fin del PIN y de la actuación de los Registradores y Notarios.
     Con estos antecedentes, durante el año 2014, y dado que los convenios y contratos firmados dentro del PIN finalizaron el 31 de diciembre de 2013, el índice de resoluciones de nacionalidad ha descendido considerablemente ya que ahora es sólo Justicia quien estudia y resuelve estos procesos. Además, es necesario afrontar la resolución de miles de recursos de reposición (más de 20.000) y la recepción de unos 600 expedientes de nacionalidad diarios provenientes de todos los Registros Civiles de España. Los Registros Civiles de todo el país ya no envían los expedientes directamente a Justicia, sino al centro de digitalización de expedientes, el cual, salvo que alguien me corrija, no realiza digitalización de nuevos expedientes desde Enero de 2014.
     Las consecuencias de todo esto son evidentes. No existe a día de hoy (23 de diciembre de 2014) ni un sólo expediente que haya entrado en Justicia en el año 2014 que se haya registrado y por lo tanto, a las puertas del 2015, muchos extranjeros inmersos en este trámite empiezan a desesperarse.
     El que suscribe siempre ha sido un férreo defensor del PIN que, con sus defectos, ha permitido dotar de nacionalidad española a más de 400.000 personas en un tiempo récord. Pero ahora, empezamos a apreciar que aquel procedimiento extraordinario, sin una continuidad de medios y recursos suficientes, puede llegar a ocasionar otro atasque monumental en Justicia. La falta de registro de los expedientes del 2014 es la primera consecuencia. Si no hay personal que digitalice y registre expedientes, el proceso se atranca, pero es tal el número de expedientes tramitados en un año que, por mucha voluntad que tengan los funcionarios de Justicia en sacar adelante dichos expedientes, por muchas horas extra que echen en ello, les será imposible asumir la tramitación y resolución de dichos expedientes de una forma ágil sin ayuda externa.
     Y ojo, que en 2015 cumplen 10 años desde que se produjo la famosa regularización extraordinaria de inmigrantes de “Zapatero” y esto significa que ahora hay miles de extranjeros a las puertas de poder solicitar la nacionalidad española. Es decir, miles y miles de nuevos expedientes de nacionalidad española en este 2015.
     ¿Qué puede hacerse?, ¿es necesario un nuevo Plan Intensivo de Nacionalidad?, ¿una prórroga del anterior?
     Lo ideal sería, desde nuestro punto de vista, una prórroga del PIN para aquellos expedientes presentados durante 2013 y 2014 y que, o no han tenido respuesta, o ni siquiera han sido registrados. Naturalmente, dentro de esta prórroga del PIN deberían resolverse los expedientes aún pendientes del 2010, 2011 y 2012 (aún quedan muchos) y los miles de recursos. Y pensamos que es muy importante que esto se produzca cuanto antes ya que, en caso contrario, volveremos a encontrarnos con una situación de atasque de expedientes que puede llegar a ser insostenible.
     Básicamente estaríamos hablando de “ponernos al día de expedientes” antes de que se establezca un nuevo proceso de nacionalidad que permita tramitar de forma ágil los nuevos expedientes de principio a fin.
     Desde el punto de vista técnico parece fácil. Sería hacer lo que ya se ha realizado con éxito. Es más, se podría mejorar dado que no se caerá en errores de la última experiencia. Las aplicaciones informáticas están hechas, los Registradores saben usarlas, en Justicia también, en los Registros Civiles, más de lo mismo. Sólo depende de fijar los acuerdos con los distintos órganos intervinientes, fundamentalmente, Ministerio de Justicia, Registradores de la Propiedad y Notarios.
     Veremos a ver que nos depara el 2015 y si se cumplen nuestros pronósticos

La lentitud de la Justicia en España atrae a extranjeros blanqueadores de capitales

Viernes, 26 de diciembre de 2014

     Policía y fiscalía sí hacen su trabajo

     Roberto R. Ballesteros 24/12/2014 elconfidencial.com

     El Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF, en sus siglas en inglés), organismo intergubernamental conformado por 36 países, ha emitido un informe que elogia la labor de las fuerzas de seguridad españolas y de la Fiscalía contra los delitos económicos por primera vez desde 2006. “España ha creado un fuerte sistema para combatir el blanqueo de capitales y la financiación terrorista”, señala el documento, que sin embargo también resalta los puntos que se pueden mejorar.

     A lo largo de un informe de más de 200 páginas, hecho público el pasado 5 de diciembre, la institución alaba el modo de funcionar de la Policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en la lucha contra el blanqueo de capitales, así como el papel del Ministerio Público y las labores de inteligencia que tratan de identificar los principales riesgos. Sobre estas últimas, pone de relieve que la “alta calidad de los análisis de la Sepblac (la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias)” ha sido clave para apoyar las investigaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad. Incluso, añade, en no pocas ocasiones estos estudios han servido para abrir nuevas operaciones policiales.

     “Felicitamos a España por los progresos que ha hecho desde 2006; el Gobierno ha realizado grandes esfuerzos para actualizar sus leyes e instituciones con el fin de hacer frente al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo; en general, su enfoque está funcionando, pero por supuesto siempre hay algo más que hacer”, resumió el presidente de FATF, Roger Wilkins, en referencia al sistema judicial español, que el documento califica como de “lento”.

     La justicia es, de hecho, la principal diana del Grupo de Acción contra el Blanqueo, que critica también que “las penas de prisión que se imponen en España en esta materia son bajas”. La mayoría de ocasiones, argumenta el documento, los jueces se decantan por las condenas más reducidas, que muy rara vez superan los dos años de prisión, cuando la legislación permitiría decantarse por castigos más duros. Al final, ejemplifica la FATF, sale prácticamente igual ser colaborador de estas organizaciones criminales que uno de sus cabecillas.

     Estas disfunciones del sistema judicial, señala el documento, no consiguen precisamente un efecto disuasorio en las organizaciones criminales, que más bien al contrario ven en España un lugar donde operar con poco riesgo y en el que el mercado de compra venta de viviendas se presenta como un atractivo destino para ‘lavar’ los frutos de la actividad delictiva, incluso cuando ésta última se produce al otro lado de las fronteras.

     España, recomienda el organismo, podría ser más eficiente si se empeña en formar y especializar a los jueces, sobre todo en los tribunales regionales y provinciales. Además, el país debe revisar su proceso penal con el fin de mejorar su capacidad de investigar delitos de blanqueo de capitales. También, añade, es necesario tomar medidas de prevención con el fin de evitar que organizaciones criminales extranjeras se asienten en el país. Esto se consigue, entre otras cosas, mejorando los mecanismos de intercambio de información con otros estados.

     El blanqueo de capitales, explica el organismo, suele ir acompañado de otros delitos como el narcotráfico, la evasion de impuestos aduaneros, la trata de seres humanos o la falsificación de productos. Y esto, continúa, se viene produciendo a través de Ceuta y Melilla, que la FATF califica como la puerta de entrada a Europa de la droga -y de esas otras actividades anejas- procedente de África y América del Sur.

     El informe asegura que también está relacionada con el blanqueo de capitales la financiación de organizaciones terroristas, un aspecto contra el que viene luchando España desde hace años, primero en el ámbito interno (ETA) y ahora más en el externo (yihadismo). Respecto a este último, señala que las fuerzas de seguridad vienen detectando desde hace tiempo transferencias de dinero desde nuestro país hasta Argelia, Malí y Pakistán, un fenómeno que durante los últimos meses también se produce hacia Siria.

El Gobierno pone a disposición de las CCAA nuevos mecanismos de financiación y liquidez para impulsar el crecimiento y garantizar la prestación de servicios públicos fundamentales

Viernes, 26 de diciembre de 2014

     Gabinete de prensa del Ministerio de Economía y Administraciones Públicas.

     Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)
     El Gobierno pone a disposición de las CCAA nuevos mecanismos de financiación y liquidez para impulsar el crecimiento y garantizar la prestación de servicios públicos fundamentales
     La mejora de la situación financiera del Estado, permite ofrecer hoy nueva financiación, en las mejores condiciones y sin excepciones, a todas las Administraciones Territoriales que lo soliciten Las distintas medidas adoptadas este año, culminarán con los tipos de interés al 0% para estos fondos
     El Estado asumirá el coste de las devoluciones por el céntimo sanitario y la recaudación del impuesto por depósitos bancarios se transferirá a las CCAA
     El CPFF aprueba los PEF de Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria
     Financiación del aplazamiento con los nuevos fondos de las liquidaciones negativas de 2013
     23 de diciembre de 2014.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha informado a los consejeros autonómicos representados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de las nuevas medidas de financiación y liquidez, a las que podrán acogerse, sin excepciones, todas las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
     Las nuevas medidas permitirán trasladar el ahorro en los mercados financieros a todas las Administraciones Públicas, priorizando el gasto social, ayudando a las que continúan con mayores dificultades de financiación e impulsando la actividad económica de las que han conseguido superarlas.
     Desde 2012, el Estado ha puesto en marcha mecanismos de financiación, en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para aportar liquidez a las CCAA y EELL. Durante tres años, el FLA habrá aportado a las CCAA 62.800 millones de euros, y el Fondo de Proveedores 41.814 millones, de los que 30.219 se asignaron a las CCAA y 11.595 a las EELL. Más del 70% del dinero de estos fondos se ha destinado a financiar servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales. A través de estos mecanismos, las CCAA se han ahorrado 1.126 millones de euros, 652 millones de euros a través del FLA y 474 millones de euros a través del Fondo de Proveedores.
     Tipos de interés al 0%
     La mejora de la situación económica y el abaratamiento de los costes, se aprovecha para reforzar y ampliar la cobertura de los mecanismos de financiación. Mecanismos abiertos a todas las CCAA y EELL, sin excepciones, para que participen de los ahorros financieros, resultado del esfuerzo conjunto. Se propone ahora a tipo de interés del 0% para las CCAA por los préstamos bajo estos mecanismos, asumiendo el Estado la diferencia con el tipo de financiación del Tesoro.
     Además, se reestructuran y simplifican los mecanismos, para una gestión más sencilla y eficiente. Todos los mecanismos de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas quedarán englobados en el Fondo de Financiación a CCAA, y los mecanismos de apoyo a la liquidez de las Entidades Locales, quedarán recogidos en el Fondo de Financiación a EELL.
     Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas
     El nuevo Fondo de Financiación a CCAA, abierto para todas las Comunidades Autónomas, tendrá varias modalidades:
     Facilidad Financiera: Para las CCAA que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y período medio de pago a proveedores. Su adhesión no requerirá acordar un plan de ajuste. Las CCAA que se adhieran a esta modalidad, mantendrán el tipo de interés del 0% durante los años 2015, 2016 y 2017, según su cumplimiento, para el pago de todos los vencimientos, deuda comercial y liquidaciones negativas.
     – Fondo de Liquidez Autonómico: Las CCAA adheridas hasta hoy al FLA que no cumplan los objetivos, quedan adscritas automáticamente a este fondo, así como las que incumplan el período medio de pago a proveedores.
     – Fondo Social: Las CCAA podrán financiar las deudas con las EELL, a 31 de diciembre de 2014, que se deriven de convenios en materia de gasto social. Las CCAA que no se adhieran y no cancelen por sí mismas estas deudas, quedarán sujetas a retenciones del sistema de financiación autonómica, para realizar estos pagos. Se reformará la LOFCA para facilitar estas retenciones.
     Ahorros de las nuevas medidas de financiación
     Los ahorros de la restructuración del Fondo de Liquidez Autonómico y del Fondo de Pago a Proveedores, al tipo de interés del 0%, ascenderá en 2015 a 1.625 millones de euros.
     Ahorros a los que hay que sumar los producidos por las medidas adoptadas el pasado 31 de julio, reduciendo los tipos del FLA al 1% y la rebaja de 140 puntos básicos al mecanismo de pago a proveedores, la ampliación del aplazamiento de liquidaciones negativas a 240 mensualidades y la estimación de la nueva financiación en 2015. La suma de todas las medidas eleva los ahorros para las CCAA a 5.552 millones de euros.
     Liquidaciones negativas de 2013
     Las CCAA con liquidaciones negativas correspondientes a 2013, en lugar de tener que devolver los importes correspondientes en 2015, podrán financiar su devolución a diez años a través del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas.
     PEF de las Comunidades Autónomas con déficit en 2013
     El CPFF del 31 de julio pasado aprobó el plan de la Comunidad Autónoma de Aragón y acordó emplazar al siguiente la valoración de idoneidad de los planes económico financieros de Cataluña, Región de Murcia, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, CCAA que no cumplieron los objetivos de estabilidad presupuestaria en 2013, con la finalidad de que fueran adaptados a las nuevas condiciones financieras que fueron aprobadas ese mismo día por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que permitieron mayor liquidez a las CCAA.
     Por otro lado, Cantabria ha tenido que presentar también un plan económico financiero, ya que operaciones de carácter extraordinario de esta Comunidad Autónoma han originado una ligera desviación de su objetivo de estabilidad presupuestaria en la evaluación de cumplimiento publicada en octubre.
     Las cinco CCAA que hoy presentan sus planes económico financieros incorporan el efecto de las nuevas condiciones financieras y de liquidez aprobadas en julio y resultan consistentes con las medidas de sostenibilidad financiera. El CPFF ha aprobado la idoneidad de los cinco planes, aunque las CCAA que los presentan deben comprometerse a continuar con el esfuerzo realizado hasta ahora, para asegurar el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal.
     El Estado asume el coste de la devolución por el céntimo sanitario
     La Administración General del Estado asumirá el coste de las devoluciones a los contribuyentes correspondientes al impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el denominado céntimo sanitario. La Administración General del Estado no repercutirá a las Comunidades Autónomas las devoluciones a realizar.
     Hasta su derogación, el impuesto, conocido como céntimo sanitario, tuvo la consideración de tributo totalmente cedido a las CCAA de régimen común, de acuerdo con la normativa reguladora del sistema de financiación, pero será el Estado quien asuma todo el coste de la devolución, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
     Distribución de la recaudación del impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito
     La recaudación de este impuesto se pondrá a disposición de las Comunidades Autónomas durante los tres meses siguientes al momento en el que se haya producido su ingreso.

 

 

Holdman Christmas

Jueves, 25 de diciembre de 2014

Blue Christmas

Jueves, 25 de diciembre de 2014

So this is Christmas

Miércoles, 24 de diciembre de 2014

All I want for Christmas is you. Classroom instruments.

Miércoles, 24 de diciembre de 2014

CEOE revisa al alza sus previsiones

Miércoles, 24 de diciembre de 2014

     Previsiones económicas diciembre
     CEOE revisa al alza sus previsiones – ceoe.es
     22/12/14 CEOE revisa levemente al alza sus estimaciones del PIB para economía española, con un aumento del 1,4% en 2014. En 2015 se consolidará la recuperación, con un crecimiento del 2,0%. En consecuencia, España crecerá más que la media de la Eurozona, ampliando este diferencial positivo en 2015, según el informe del cuarto trimestre de 2014.
     La demanda interna adquiere un mayor protagonismo en la senda de recuperación, mientras que el sector exterior drena crecimiento al PIB en ambos ejercicios. Todos los componentes del PIB registrarán tasas de crecimiento positivo en 2015, siendo los más dinámicos la inversión de bienes de equipo y las importaciones. El consumo privado alcanzará tasas de crecimiento superiores al 2% tanto en 2014 como en 2015.
     Este escenario influirá positivamente en el mercado laboral, que finalizará 2014 con crecimientos en el empleo en el entorno de las 180 mil personas en media anual. En 2015, el aumento de los ocupados alcanzará las 350 mil personas.
     La recuperación del empleo ha comenzado en 2014, donde se producirá un aumento del número de ocupados, en términos EPA, de 182 mil personas en media anual, y se consolidaría en 2015, con 350 mil ocupados más. Así, el número de parados irá reduciéndose paulatinamente, a lo que también contribuirá la caída de la población activa. La tasa de paro también descenderá ligeramente y se situará por debajo del 22% a finales de 2015.
     Mínimos históricos de inflación
     En 2014, la inflación en media será negativa (-0,1%) y en 2015 se anticipa un repunte moderado (0,3%), siempre y cuando no existan tensiones en el mercado del petróleo y no se aumenten los impuestos.”
     Como consecuencia del deterioro del saldo comercial, la economía española finalizará 2014 prácticamente con equilibrio en el sector exterior y podría recuperar su capacidad de financiación en 2015, aunque de manera muy modesta.”
     Este escenario está sujeto a riesgos en ambos sentidos, tanto al alza como a la baja.
     Entre los riesgos al alza cabe señalar:
–        Un impacto positivo y mayor al previsto de las medidas adoptadas por el BCE en la mejora de las condiciones financieras y, en consecuencia, en la reactivación de la inversión y del crédito en Europa.
–        Que la política fiscal menos restrictiva en España tenga un efecto positivo sobre el consumo mayor que el previsto.
–        Que la mayor flexibilidad del mercado laboral favorezca una mayor creación de empleo en España.
–        Caída adicional del precio del petróleo que contribuya a un aumento de la renta y mejore el saldo comercial.
     Los riesgos a la baja son:
–        Que se estanquen las economías centrales de la Unión Europea y no se dé una respuesta coordinada a la desaceleración de su crecimiento, lo que afectaría a nuestras exportaciones.
–        Que se acentúe la inestabilidad financiera en los mercados emergentes y se produzca un contagio a las economías más endeudadas.
–        Que la creación de empleo sea reducida, lo que afectaría a la recuperación del consumo.
–        Un repunte continuado de las importaciones y una falta de impulso de las exportaciones que impida equilibrar el sector exterior.
–        Que no se reactive el crédito nuevo a empresas y familias.

Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias. Tercer trimestre 2014

Miércoles, 24 de diciembre de 2014

       Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias . Enlace al Instituto Nacional de Estadística

     Tercer trimestre de 2014. Datos provisionales
     Las inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad disminuyen un 29,5% respecto al trimestre anterior, y aumentan un 10,5% en tasa anual
     Las inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre vivienda habitual registran un descenso trimestral del 29,4%, y un aumento anual del 13,5%
     El 60,7% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en este trimestre corresponden a hipotecas constituidas entre 2005 y 2008
     La ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca.
     El objetivo principal de la Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias que se inician e inscriben en los registros de la propiedad durante el trimestre de referencia, relativos a la totalidad de fincas rústicas y urbanas.
     Conviene destacar que no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios y que un procedimiento judicial puede dar lugar a varias certificaciones por ejecución de hipoteca.
     Datos del tercer trimestre de 2014
     El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el tercer trimestre de 2014 es de 23.240, lo que supone un 29,5% menos que el segundo trimestre de 2014 y un 10,5% más que en el mismo trimestre de 2013.
     El 77,3% de las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria (6.787) son viviendas habituales en propiedad, un 13,5% más que en el mismo trimestre de 2013. Por su parte, 1.993 viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria iniciada no son residencia habitual de los propietarios, un 18,9% más.
     Tomando como referencia las viviendas familiares (18.355.700) existentes en España en el tercer trimestre de 2014, el 0,037% iniciaron una ejecución hipotecaria en el periodo de referencia.

 

 Enlace al Instituto Nacional de Estadística

The Amazing Grace Christmas House – Holdman Christmas

Martes, 23 de diciembre de 2014

El Banco de España recibió 34.645 reclamaciones y 46.821 consultas en 2013

Martes, 23 de diciembre de 2014

     Departamento de Comunicación. Nota de prensa del Banco de España
     Madrid, 22 de diciembre de 2014
     El Banco de España recibió 34.645 reclamaciones y 46.821 consultas en 2013
      Durante el año 2013 se presentaron ante el Banco de España 34.645 reclamaciones y quejas, así como 46.821 consultas (3.590 escritas y 43.231 telefónicas), lo que supone un notable incremento sobre el año precedente, que, en el caso de las reclamaciones y quejas, asciende al 142,1 %. Estos datos se recogen en la Memoria de Reclamaciones del Banco de España publicada hoy (1).
     El acusado aumento de las reclamaciones responde a varios factores, pero sin duda el más destacado es el efecto de las relacionadas con las denominadas “cláusulas suelo”, que ascendieron a 18.387, el 53,1 % del total. Aún así, sin contabilizar estas últimas, el incremento de las reclamaciones durante 2013 fue notable y ascendió a un significativo 13,6 %.
     En un 82 % de los expedientes relacionados con las “cláusulas suelo”, el reclamante obtuvo, por una u otra vía, un resultado favorable, frente al 18 % en los que se emitió un informe a favor de las entidades.
     De las restantes 16.258 reclamaciones no referidas a “cláusulas suelo”, se emitieron el año pasado 6.121 informes, de los cuales, 3.334 fueron favorables al reclamante y 2.492 a las entidades (en 295 informes no hubo pronunciamiento). A los informes favorables al reclamante habría que sumar los 2.291 allanamientos, es decir, aquellos casos en los que las entidades se avinieron a dar la razón al cliente una vez iniciado el correspondiente informe por parte del Departamento de  Conducta de Mercado y Reclamaciones, así como los 68 casos en los que los reclamantes desistieron por haber visto satisfecha su pretensión (más detalles en el cuadro 2.7 de la Memoria). De los 3.334 informes emitidos a favor de los clientes (2), en el 24,8 % de los casos las entidades rectificaron su decisión inicial.
     Las operaciones de activo (préstamos y créditos), que absorben el 31,1 % del total, continúan siendo la principal causa de reclamación, aunque mantienen la trayectoria descendente iniciada en 2011. Por el contrario, las operaciones de pasivo (depósitos, cuentas corrientes) volvieron a aumentar en 2013, hasta el 28,4 % del total, frente al 23 % de 2012.
     Las reclamaciones relacionadas con los servicios de pago también crecieron dos puntos porcentuales, hasta el 21,3 % del total.
     La creciente complejidad de los productos financieros, una mayor sensibilidad de los consumidores de servicios bancarios y la incidencia de la actual coyuntura económica pueden explicar esta evolución global de las reclamaciones que, al margen de las “cláusulas suelo”, ha adquirido un carácter estructural.
     En todo caso, la Memoria señala que la interacción del Banco de España con las entidades a fin de que éstas gestionen las reclamaciones de un modo más eficaz para los intereses de sus clientes ha permitido que los índices de allanamiento y rectificación sean mejores que los del año precedente. No obstante, a pesar de la apreciable mejora registrada, ambos índices se mantienen aún en niveles insuficientes.
     La Memoria también señala que las entidades deberían, en este punto, ser más activas y atender de modo temprano las reclamaciones en sus servicios de atención al cliente, así como, llegado el caso, rectificar su actuación contraria a la normativa de transparencia y/o a las buenas prácticas bancarias, a la vista de los informes del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. Éste considera que el cumplimiento de sus resoluciones por parte de las entidades constituye una pieza esencial para garantizar la aplicación efectiva de la normativa de protección del usuario de servicios financieros y de las buenas prácticas en el sector, contribuyendo, de ese modo, al aumento del nivel de seguridad jurídica entre entidades y clientes y, en último extremo, al adecuado funcionamiento del sistema financiero. Por ello, la Memoria destaca que este aspecto será objeto de especial atención en las actuaciones supervisoras que acometa el Departamento a partir de aquellos expedientes de reclamación en los que se aprecien indicios de incumplimiento graves o reiterados de la citada normativa.
     Para llevar a cabo esta tarea se creó, en junio de 2014, una nueva División de Conducta de Entidades dentro del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, con la que se completa su estructura. Este Departamento se creó en 2013 con el objetivo de dar un tratamiento unitario a las competencias del Banco de España en materia de conducta de mercado, transparencia informativa, buenas prácticas, publicidad, información a consumidores, educación financiera, resolución de conflictos y otras similares, todas ellas fuertemente interrelacionadas entre sí.
     El nuevo enfoque pretende responder a la creciente relevancia e impacto social que tiene la relación de las entidades financieras con sus clientes, componente de gran importancia para el funcionamiento ordenado del mercado de servicios bancarios y motivo de atención preferente para los organismos internacionales relacionados con la regulación y supervisión bancaria.
     1 Esta es la última Memoria en la que se hace referencia al Servicio de Reclamaciones, una unidad administrativa del Banco de España que ha dejado de existir tras la creación del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR).
     2 Este porcentaje se refiere solo al grupo de entidades con 15 o más reclamaciones a favor del cliente.

Un notario acusado de estafa afirma que fue engañado por un constructor

Martes, 23 de diciembre de 2014

     V. Malagón | Palma | 18/12/2014 ultimahora.es
     El juicio se celebró este jueves en la Audiencia Provincial de Palma y continuará este viernes.
     Un constructor admitió este jueves que convirtió un horno de pan de Els Hostalets en diez viviendas, algunas de apenas 26 metros cuadrados, sin licencia municipal ni intervención de arquitecto o técnico alguno que vendió por precios que rondaban los cien mil euros. Se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por estafa.
     Junto a él están en el banquillo de los acusados el notario de Marratxí, Pedro Luis Gutiérrez Moreno y un arquitecto técnico. El fiscal les acusa de dar cobertura a la operación. En concreto, afirma que el notario cometió una falsedad como cómplice al dar escritura pública a las diez licencias y permitir así su inscripción en el registro y le reclama una condena de cuatro años y medio de cárcel.
     El notario defiende que su actuación se ciñó a la legalidad y que él desconocía qué pretendía hacer el constructor al pedir hacer una división de la propiedad de la finca.
     El acusado también utilizó como argumento que el promotor pasó todavía un segundo filtro, el del registro de la propiedad, donde inscribió las diez viviendas nuevas que carecían de licencia.
     El promotor de las viviendas era un pintor y en mayo de 2004 adquirió la finca de unos 300 metros cuadrados. Según explicó, fue a la notaría para asesorarse antes de la compra si la podía dividir y solicitó una licencia de obras para construir siete despachos. Sin embargo, unos días después cambió de idea y decidió hacer diez viviendas. «Se le ocurrió porque daban más dinerito», llegó a decirle la presidenta del tribunal. Eso sí, no informó del cambio al Consistorio e incluso prescindió del arquitecto que le hizo un proyecto para los despachos. «Me pareció que era suficiente», aseguró. Eso sí añadió que: «Nunca pensé que hubiera problemas al cumplir los requisitos notariales y registrales». Sí los hubo y, de hecho, Cort inició un expediente de infracción urbanística que continúa contra los propietarios.

El TS se pronuncia sobre la vigencia de un convenio de empresa

Lunes, 22 de diciembre de 2014

     19 de diciembre de 2014
     El TS se pronuncia sobre la vigencia de un convenio de empresa y el mantenimiento de condiciones laborales tras la reforma laboral de 2012
     Establece que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución tienen naturaleza jurídica contractual aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia
     Autor: Comunicación Poder Judicial
     El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por mayoría de sus integrantes, ha establecido que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador por el contrato de trabajo que les vincula, aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia, pudiendo en su caso ser modificadas si  concurren circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas, según establece el Estatuto de los Trabajadores y ello sin perjuicio de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio.
     En el supuesto que ha resuelto ahora el Tribunal Supremo, la empresa entendió que al haber trascurrido un año de vigencia prorrogada o ultra-actividad prevista por el nuevo texto legal de 2012, sin que se hubiera suscrito un nuevo convenio de empresa, dejaba de ser aplicable el anterior y al no existir convenio de ámbito superior, comunicó a los trabajadores que a partir de entonces aplicaría el Estatuto de los Trabajadores. De este modo, abonó la nómina del mes entonces en curso –julio 2013- en dos cuantías diferentes: un período a razón del salario anterior, según en el convenio finalizado, por los días en que aún estaba en vigor el convenio y otra cuantía inferior por el período restante, con arreglo ya al Estatuto de los Trabajadores, siempre según la práctica seguida por la empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares declaró no ajustada a derecho la conducta empresarial e, interpuesto recurso de casación por la empresa, ha sido desestimado por el Tribunal Supremo.
     Es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre esta materia.

 

CCOO presenta una ILP para garantizar que el Registro Civil siga público

Lunes, 22 de diciembre de 2014

     cordopolis.es | 21 de diciembre de 2014

     La iniciativa defiende su gratuidad, confidencialidad y privacidad de los actos inscribibles de la ciudadanía

     CCOO ha presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que pretende que el Parlamento rechace la Ley 18/2014 de 15 de octubre, aprobada en exclusiva con los votos del Grupo Parlamentario del PP y que en sus disposiciones adicionales recoge la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los registradores mercantiles.

     El secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha explicado que esta ILP nace con dos prioridades fundamentales: Devolver el Registro Civil a la ciudadanía, manteniéndolo público y gratuito, y frenar las políticas privatizadoras del Gobierno del Partido Popular.

     El sindicato defiende el derecho de la ciudadanía a que el Registro Civil siga siendo un servicio público y para ello es imprescindible su mantenimiento dentro del ámbito de la Administración pública. Para CCOO, la capacidad y la cualificación demostrada por el personal de la Administración de Justicia en sus ya más de 140 años en los que el Registro Civil ha sido servido por este personal, demuestra que ahí debe mantenerse, y que es “un error” la pretensión del Gobierno de sacarlo de su ámbito y proceder a su privatización.

     CCOO ha manifestado su oposición a la privatización del Registro Civil y obligar a la ciudadanía a pagar por unos servicios obligatorios (inscripción y certificado de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, nacionalidad, tutela, actos de última voluntad, etc.) que hasta el momento eran gratuitos. De hecho, según los datos de CCOO, sólo en Córdoba, los 500 funcionarios de la Administración de Justicia realizan más de 90.000 trámites judiciales anuales que de tener que pagar supondrían más de un millón de euros anuales.


     Además, el sindicato ha criticado que después de que el Ministerio de Justicia haya gastado más de 127 millones de euros en la modernización e informatización de los registros civiles, se entregue a los intereses privados la gestión y cobro por actos obligatorios. Para Mena, la privatización de los registros civiles es “un nuevo recorte social que perjudica, una vez más, a las personas con ingresos más reducidos que van a ver imposible el acceso a la Justicia por las tasas y, ahora, por el pago por certificaciones obligatorias que ya pagan con impuestos y aranceles”.

Por ello, CCOO se opone a la cesión del Registro Civil y lo considera un deterioro del servicio público de la Justicia, porque “supone desmontar un servicio público gratuito para cedérselo a un colectivo que buscará intereses particulares y beneficios económicos a través del cobro de tarifas que actualmente no existen”, ha insistido el responsable sindical.

     En el mismo sentido, CCOO ha propuesto realizar un llamamiento al resto de las organizaciones sociales y sindicales de la Administración de Justicia y asociaciones ciudadanas afectadas a formar un “frente común contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia que este Gobierno está llevando a cabo”, ha apostillado Mena.

El Gobierno propone a Consuelo Madrigal como nueva fiscal general del Estado

Domingo, 21 de diciembre de 2014

     Consejo de Ministros Ministerio de Justicia
     El Gobierno propone a Consuelo Madrigal como nueva fiscal general del Estado
     19 de diciembre de 2014.- El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el acuerdo por el que se recaba del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado de Consuelo Madrigal en sustitución de Eduardo Torres-Dulce.
     Una vez oído el informe del CGPJ, será el Congreso de los Diputados quien deberá respaldar la propuesta antes de que sea efectivo el nombramiento de la candidata con la jura de su cargo ante el Rey.
     Consuelo Madrigal (Segovia, 1956) es fiscal de Sala, la máxima categoría de la carrera fiscal, desde 2008. En la actualidad es fiscal de Sala Coordinadora de Menores. Anteriormente, ocupó distintas responsabilidades en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía General del Estado.
     Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense en 1978, Madrigal ingresó en la carrera fiscal en 1980 y ha tenido como destinos las Fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, Palencia y Madrid, así como la del Tribunal de Cuentas y la del Supremo y la Fiscalía General del Estado, donde ocupó la responsabilidad de fiscal de la Secretaría General Técnica cuando era fiscal general Carlos Granados.

Carnicer considera que la reforma de la LSyCP pretende estrangular a los Colegios Profesionales

Domingo, 21 de diciembre de 2014

     abogacia.es
     En contestación a la intervención del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en el Senado, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, manifiesta que “el Gobierno, a través de su ministro De Guindos, pretende estrangular a los Colegios Profesionales impulsando de nuevo la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que cercena y limita la actividad e independencia de estas corporaciones, confiere facultades a innominadas Administraciones para disolver órganos de gobierno, e impone condiciones que favorecen su incapacidad para proporcionar servicios a los ciudadanos”. Esta es la conclusión a la que se llega después de la contestación dada por el ministro de Economía al senador socialista y vicepresidente de la Comisión Constitucional Antonio Rodríguez Esquerdo.
     “Los profesionales españoles son excelentes y han sido reconocidos infinidad de veces por los ciudadanos. Los Colegios Profesionales tienen trascendencia constitucional y son de interés general. Por sólo citar un caso, los Colegios de Abogados promueven desde siempre actividades hoy socialmente imprescindibles y muy apreciadas por los ciudadanos, como son la asistencia a mujeres agredidas, menores, discapacitados, extranjeros, presos, la Justicia Gratuita en general”, afirma Carnicer.
     La fijación arbitraria de una cuota de 20 euros mensuales –calculada de forma errónea e igual para todos los Colegios Profesionales independientemente de las funciones que realicen- puede provocar, según denuncia el senador Rodríguez Esquerdo, la pérdida de entre 4.000 y 10.000 puestos de trabajo.
     “Es evidente, reitera Carnicer, que el ministro De Guindos pretende estrangular a los Colegios mediante cuotas de 20 euros mensuales, injustas y arbitrariamente establecidas, a todas luces insuficientes para financiar los servicios y funciones que prestan los Colegios y con la única finalidad de reducir sus posibilidades para la denuncia de ilegalidades o medidas abusivas como pueden ser las tasas judiciales, los asuntos de corrupción o la vulneración de los derechos fundamentales como recientemente ha ocurrido en los casos de Ceuta y Melilla”.

Inaugurada la nueva sede de los Registros de la Propiedad de Vigo

Sábado, 20 de diciembre de 2014

     19 de diciembre de 2014 registradores.org
     Alberga los seis Registros de la Propiedad y la oficina mercantil de Pontevedra en un único edificio funcional y moderno
     Se ha actuado sobre una superficie de 2.900m2, conservando los elementos protegidos más valiosos como muros, fachadas, arcadas, cerámicas y piezas singulares
     El decano del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera, ha inaugurado hoy la nueva sede de los Registros de la Propiedad de Vigo en un acto que ha contado con la presencia del vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, así como del decano autonómico del Colegio de Registradores de Galicia, Hermes Rego.
     En su intervención, Gonzalo Aguilera ha destacado que “la nueva sede de los Registros de Vigo cumple con los fines del Colegio de Registradores de impulsar la modernización de las Oficinas Registrales y procurar que el ejercicio de la función registral se haga efectivo también desde el punto de vista funcional a través de una adecuada atención al usuario del servicio público registral en instalaciones más amplias, modernas y cómodas”.
     El decano ha subrayado que “al mismo tiempo contribuimos a la regeneración de un espacio urbano, el Casco Viejo de Vigo, necesitado de revitalización”.
     Las nuevas instalaciones, en el número 31 de la calle Real, albergan los seis Registros de la Propiedad de Vigo y la Oficina Mercantil de Pontevedra, distribuidos en planta baja y tres plantas superiores.
     Los Registros han sido distribuidos en el edificio respetando la premisa de proximidad entre aquellos que por necesidad de su funcionamiento lo requieran, agilizando así el trabajo diario de los empleados y facilitando las gestiones del ciudadano.
      Características generales
      Atendiendo a la necesidad de encontrar el edificio y el lugar adecuados para reubicar los Registros de la Propiedad, el Colegio de Registradores, en coordinación con los registradores de Vigo, firmó un convenio de colaboración con el Consorcio Casco Viejo, por el que en 2011 adquirió al Consorcio cuatro edificios contiguos que se han convertido, tras su rehabilitación, en la nueva sede de los Registros de Vigo.
     El proyecto, llevado a cabo por el estudio de arquitectura Irisarri y Piñera, ha combinado el respeto escrupuloso con el patrimonio y la creación de espacios donde los ciudadanos podrán realizar las gestiones relacionadas con todos los Registros, y donde se han tenido en cuenta las exigencias de accesibilidad, medio ambiente, seguridad y eficiencia.
     La nueva sede cuenta con la dotación tecnológica que le permite adaptar los procesos de trabajo a todos los requerimientos técnicos y funcionales que se vayan produciendo. La existencia de un CPD aumenta la seguridad de la información almacenada, facilita las labores de mantenimiento informático y permite la incorporación de manera rápida y flexible de nuevas soluciones tecnológicas a la función registral.
     Recuperación del Patrimonio
     De los edificios destaca el estilo barroco del inmueble que acogió durante dos años el Gobierno de Vigo y el modernismo del número 29 de la calle Real, un edificio de principios del siglo XX que ha recobrado su color blanco original, así como los azulejos y decoraciones exteriores.
     Se ha actuado sobre una superficie de unos 2.900 m2, donde se han recuperado los espacios originales, pasando de una escala doméstica, con habitaciones pequeñas, a una superficie más amplia de oficinas y con espacios diáfanos, en la que se han conservado los elementos protegidos más valiosos: muros, fachadas, arcos, barandillas, arcadas, cerámicas y elementos singulares tales como el escudo de armas y las lareiras que todavía se conservan en el número 33 de la calle Real, edificio construido en   el año 1763 y que dispone junto a uno de sus balconadas del blasón nobiliario de la Casa López Araújo.
     Premios Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2014
     La nueva sede de los Registros de Vigo ha sido reconocida con uno de los Premios Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2014 que otorga el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. El jurado valoró su interpretación del patrimonio y el respeto a la escala de la preexistencia, con una arquitectura contemporánea adaptada a la resolución de un programa complejo.

Guantanamera

Sábado, 20 de diciembre de 2014