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Archivo de enero de 2015

Despedida de los restos del cabo Soria Toledo, fallecido en Líbano

sábado, 31 de enero de 2015

     30/01/2015 defensa.gob.es
     Despedida de los restos del cabo Soria Toledo, fallecido en Líbano
     La base de Cerro Muriano en Córdoba, ha acogido la ceremonia de despedida del cabo Francisco Javier Soria Toledo, fallecido en acto de servicio, el pasado 28 de enero, en la misión internacional de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL).
     El acto ha sido presidido por el ministro de Defensa, Pedro Morenés y, al mismo han asistido el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez y el jefe de Estado Mayor del Ejército, general de Ejército Jaime Domínguez Buj, entre otras autoridades militares.
     La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo; el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, los alcaldes de Córdoba y Obejo y otras autoridades civiles, quisieron estar presentes en el acto para rendirle un último adiós al cabo fallecido.
     La ceremonia se inició con el traslado del féretro a hombros de sus compañeros hasta el túmulo situado en el hangar de la base, mientras la banda de música interpretaba la marcha fúnebre.
     A continuación, Pedro Morenés,  ha impuesto sobre el féretro del cabo Soria Toledo, la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo y se ha interpretado el Himno Nacional.
     A su finalización,  la Unidad de Honores procedió con una salva de fusilería.
     Tras la alocución del coronel jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 10 (RIMZ 10), el acto ha seguido con el homenaje a los que dieron su vida por España, en el que se entonó ‘La muerte no es el final’, y el toque de oración, para finalizar con el himno del RIMZ 10.
     La ceremonia concluyo con la entrega del coronel Rafael Colomer Martínez del Peral, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 10, a la viuda del cabo Soria Toledo, la condecoración, la prenda de cabeza y la Bandera Nacional que cubría el féretro.

El ICO concedió en 2014 un récord de 21.469 millones en créditos

sábado, 31 de enero de 2015

     19 de enero de 2015
     El ICO concedió en 2014 un récord de 21.469 millones en créditos
      mineco.gon.es
     El instituto público y la banca firman las líneas de financiación para 2015 con énfasis en el sector exterior
     La mejora de las condiciones de financiación de la economía permiten reducir a 14.000 millones el objetivo para este año
     El Instituto Oficial de Crédito (ICO) ha firmado hoy los protocolos de colaboración con 10 entidades financieras para la concesión de las Líneas ICO 2015. A la firma han asistido el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa; la presidenta del ICO, Irene Garrido; y representantes de las diez entidades financieras más activas en la concesión de préstamos ICO en 2014: Banco Popular, Banco Santander, Banco Sabadell, BBVA, Bankia, La Caixa, Bankinter, Ibercaja, Bantierra y Targobak.
     El objetivo de concesión de crédito del ICO para 2015 asciende a 14.000 millones de euros. Con este volumen de financiación el ICO adapta su papel en el mercado crediticio a las nuevas condiciones de recuperación de la economía española. El instituto público ha cumplido un importante papel contracíclico de soporte financiero de las pymes durante las fases más agudas de la crisis, que ahora va a ser sustituido paulatinamente por las entidades financieras privadas, más proclives a dar crédito por la mejora de las condiciones de mercado.
     El ICO va a seguir proveyendo de financiación al sector empresarial español, con un mayor énfasis en la financiación de actividades del sector exterior y consolidando su aportación en el ámbito de garantías. La potenciación del capital riesgo también va a ser uno de los ejes estratégicos de este año a través de FOND-ICO Global, que tiene como objetivo mejorar la financiación no bancaria de las pymes españolas incrementando su nivel de capitalización, facilitando su desapalancamiento y mejorando su competitividad mediante la necesaria diversificación de sus fuentes de financiación
     El ICO ha cerrado 2014 con un volumen de financiación concedida de 21.469 millones de euros, lo que supone un 55% más que el año anterior y un récord en la historia de mediación del ICO, con los que ha financiado casi 300.000 proyectos de inversión para autónomos y pymes. Destaca la gran capilaridad en la distribución de préstamos: un 51% de las operaciones son inferiores a 25.000 euros y un 62% se ha concedido a microempresas de menos de 10 empleados. La actividad crediticia internacional supuso el pasado ejercicio un 25% de los préstamos concedidos por el instituto público, cumpliendo con su objetivo de financiar la exportación y la salida al exterior de las empresas públicas.

 

Sareb cierra operaciones mayoristas valoradas en cerca de 850 millones de euros

sábado, 31 de enero de 2015

     Sareb cierra operaciones mayoristas valoradas en cerca de 850 millones de euros
      23/12/2014 sareb.es
     Vende carteras de préstamos con colaterales hoteleros, residenciales, vivienda en alquiler y cierra transacciones de vivienda en alquiler y edificios de oficinas
     La Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) avanza significativamente en su proceso de desinversión y en el cumplimiento de sus objetivos tras el cierre de diversas operaciones, fundamentalmente con inversores mayoristas internacionales. En conjunto, la sociedad ha adjudicado carteras por un valor de 847 millones de euros en el último periodo del año.
     «La diversidad de operaciones que ha adjudicado Sareb son un reflejo de la amplitud de nuestra cartera y de la tipología de nuestros activos», ha señalado Jaime Echegoyen, consejero delegado de la sociedad. «El dinamismo de nuestra entidad en esta última parte del año es un síntoma de la confianza en la evolución del mercado español. Estamos especialmente satisfechos con el nivel de competencia de los procesos  y reafirmamos nuestro compromiso en garantizar procesos de desinversion ejemplares», ha añadido.
     Entre las operaciones cerradas en la última parte del año, la sociedad ha asignado la cartera Agatha, que estaba formada por dos subcarteras. Una de ellas ha sido adjudicada a un consorcio liderado por el fondo de inversión Hayfin, y otra a la firma de inversión D.E. Shaw. Por una parte, el consorcio ha adquirido 38 préstamos performing con un valor nominal de 194 millones de euros garantizados con 29 edificios de vivienda en alquiler, situados fundamentalmente en Madrid, mientras que D.E. Shaw se ha hecho con 10 promociones de vivienda en alquiler situadas también en Madrid y valoradas en 65 millones de euros. Irea ha sido el asesor financiero de Sareb mientras que Ashurst su asesor legal.
     Además, Sareb ha adjudicado recientemente la cartera Olivia, integrada por siete préstamos performing con un nominal de 140 millones de euros. El adjudicatario ha sido el fondo de  inversión Hayfin. En este caso, los préstamos están garantizados con colaterales residenciales y comerciales situados en la provincia de Valencia. En la venta de esta cartera, Irea ha sido el asesor financiero de Sareb y el despacho Hernández-Echevarría (HEYD) el asesor legal.
      Junto a estas operaciones de venta a inversores internacionales, Sareb está en proceso de culminar el denominado proyecto Kaplan mediante el cual tiene previsto desinvertir hasta final de año préstamos de pequeños y medianos promotores, performing y non-performing,  con valor nominal de 234 millones de euros. La mayor parte de estos préstamos están garantizados por activos residenciales y suelo. 
     Estas operaciones se suman a la venta en los últimos días a inversores internacionales de un paquete de  préstamos con un valor nominal de 133 millones de euros. Esta cartera, conocida como Meridian, está garantizada con 26 establecimientos turísticos en España, que suman más de 2.700 habitaciones en explotación. Los inmuebles se encuentran en seis Comunidades Autónomas, con mayor concentración en las provincias de Valencia, Barcelona, Alicante, Almería y Cádiz. En la venta de esta cartera, ha participado Irea como asesor financiero y el despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira como asesor legal.
     Venta de edificios de oficinas
     Además de estas cuatro transacciones, se ha cerrado recientemente la venta de cuatro edificios de oficinas en Madrid a fondos gestionados por Blackstone.
     Los edificios fueron agrupados en 2013 en un Fondo de Gestión de Activos (FAB), denominado Corona y participado al 100% por Sareb. Los inmuebles están situados en la zona norte de la ciudad  y alquilados con un nivel de ocupación medio superior al 90%. Con esta operación, la sociedad se desprende así de casi 40.000 metros cuadrados de oficinas por un importe superior a los 81 millones de euros. Aguirre Newman y Clifford Chance han participado como asesores de Sareb en la operación.

 

Dudas

viernes, 30 de enero de 2015

dudas

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viernes, 30 de enero de 2015

Catalá apuesta por las próximas reformas legislativas y el uso de las nuevas tecnologías para agilizar la Justicia en León

viernes, 30 de enero de 2015

     Ministerio de Justicia
     Gabinete de comunicación mjusticia-gob.es
     Encuentro con autoridades judiciales de la provincia
     Catalá apuesta por las próximas reformas legislativas y el uso de las nuevas tecnologías para agilizar la Justicia en León
     29 de enero de 2015.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado a las autoridades locales y regionales y a los operadores jurídicos de León, las medidas previstas para agilizar la administración de la Justicia en esta provincia, especialmente la sobrecarga que registran algunas unidades judiciales.
     A este encuentro han asistido representantes del Consejo General del Poder Judicial, autoridades judiciales, del Ministerio Fiscal y representantes de otros sectores jurídicos como procuradores, notarios, registradores, abogados del estado, graduados sociales, entre otros.
     El ministro de Justicia ha señalado que la carga de trabajo que soportan los tribunales leoneses es desigual. Mientras algunos órganos jurisdiccionales se sitúan por encima de los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, hay otros que están por debajo. Los Juzgados de primera instancia y de familia de León son los más sobrecargados, al igual que los de lo social de Ponferrada.
     Para resolver esta situación, Rafael Catalá ha destacado que las reformas legislativas que se aprobarán próximamente, especialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y la Ley de Jurisdicción Voluntaria, permitirán mejorar de forma considerable el funcionamiento de la Justicia en esta provincia.
     Litigiosidad en León
     El ministerio de Justicia ha estudiado la litigiosidad en León y según ha explicado Rafael Catalá, los 55.896 asuntos que ingresaron en los tribunales de la provincia en 2014, suponen un 2.9% más que en el mismo período del año anterior y es en el orden civil, sujeto a tasa, donde más se ha incrementado la actividad litigiosa, un 27,9%. En cambio, en lo social, que no tiene tasa, descendió el 31,2%.
     En ese sentido, el ministro de Justicia ha recalcado su compromiso de estudiar la aplicación del sistema de tasas judiciales para evitar que se pueda dar alguna situación en la que la tasa impidiera el acceso a la tutela judicial efectiva.
     En Castilla y León, ha recordado el ministro, se han asignado un total de 9 plazas de juez en 2014, de ellas 6 son de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de ellas, 2 corresponden a León. Este año, ha señalado, se convocarán 100 plazas para jueces y fiscales en todo el territorio nacional.
     Así mismo ha destacado la partida de seis millones de euros que el ministerio va a destinar en 2015 a los beneficiarios de la Justicia Gratuita en las Comunidades con competencias en la materia.
     Nuevas tecnologías
     La mejora de la organización judicial, ha explicado el ministro, debe estar apoyada por el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. En ese contexto ha destacado como reto más importante, la sustitución del actual sistema de gestión procesal operado en el territorio gestionado por el Ministerio, como es el caso de Castilla y León, por el nuevo Sistema Integrado de Justicia.
     El ministro ha confiado en que la implantación de la Oficina Judicial en Ponferrada a partir del 15 de julio, se traducirá en un funcionamiento más ágil y eficaz, al igual que ha ocurrido en los lugares donde ya se ha puesto en marcha.

Inauguración de la reforma integral de los juzgados de Ponferrada

viernes, 30 de enero de 2015

     Inauguración de la reforma integral de los juzgados de Ponferrada – mjusticia.gob.es
     Catalá defiende mejores medios materiales y humanos para la Justicia
     29 de enero de 2015.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha inaugurado los nuevos juzgados de Ponferrada, en donde se ha comprometido a continuar construyendo una Justicia más ágil, eficaz y transparente que garantice los derechos de los ciudadanos.
     El ministro ha destacado la necesidad que tiene la Justicia de disponer de mejores medios materiales. Rafael Catalá ha puesto como ejemplo el edificio de más de 3.500m2 que alberga las nuevas instalaciones, unificando dependencias antes dispersas, y en el que se han invertido 4,1 millones de euros. Además, ha resaltado los medios humanos, las 282 plazas judiciales creadas recientemente de las que nueve se han asignado a Castilla y León, correspondiendo a la provincia de León dos nuevos jueces de adscripción territorial y un magistrado de la Audiencia Provincial.
     El siguiente paso para dotar a Ponferrada de unas instalaciones acordes con sus necesidades, según ha señalado el ministro de Justicia, será la Oficina Judicial, que ya existe en León y Burgos, y que permitirá que la estructura de los órganos judiciales pase a ser transversal, optimizando el funcionamiento de los juzgados. Para ello el Ministerio ha invertido 210.000 euros entre el pasado año y el presente.
     Esta inversión en Ponferrada no es una iniciativa aislada, ha dicho Rafael Catalá; es fruto del trabajo de este Gobierno por mejorar las oportunidades de desarrollo de Castilla y León y de toda España.
     El ministro de Justicia ha destacado que los datos del paro empiezan a mejorar. En Ponferrada hay 663 desempleados menos que hace un año y en toda Castilla y León son más de 20.000 las personas que en el último año han abandonado las listas del paro porque han encontrado trabajo.

Montoro preside la constitución del Consejo de Unidad de Mercado

viernes, 30 de enero de 2015

     Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ministerio de Economía y Competitividad
     Órgano de cooperación entre AAPP para la aplicación de la ley

    minhap.gob.es

     Lo integran representantes de la Administración General del estado de las CCAA y de las EELL
     Se aprueba el reglamento de su funcionamiento, impulsa los mecanismos de cooperación administrativa y estudia un informe que recoge más de 500 propuestas de modificación normativa
     27 de enero de 2015.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presidido la constitución del Consejo de Unidad de Mercado, máximo órgano de cooperación entre Administraciones, previsto en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, para el seguimiento de su aplicación.
     Dentro del marco de cooperación y colaboración entre el Estado, las CCAA y las EELL para la aplicación de los principios que marca la Ley se crea el Consejo para la Unidad de Mercado, en el que cuentan con representación todas las Administraciones Públicas.
     La Ley de garantía de la unidad de mercado establece los principios y normas básicas que garantizan la unidad de mercado, esencialmente a través de una mejora de la regulación que facilite el desarrollo de su actividad a los operadores económicos y a los ciudadanos, con el objetivo de crear el entorno más favorable a la competitividad de la economía, a la inversión, al crecimiento económico y a la generación de empleo. Las estimaciones del impacto económico de esta Ley, según el Gobierno, prevén un crecimiento adicional del PIB superior al 1,5% a largo plazo.
     Forman parte del Consejo, además del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas como presidente, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, de quien depende la Secretaría del Consejo, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el Subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales. Todas las CCAA están representadas, así como las EELL, a través de la FEMP.
Reglamento de trabajo y plataformas electrónicas de cooperación
     El Consejo de Unidad de Mercado ha aprobado el reglamento que regula su composición y normas de funcionamiento.
     Asimismo, ha estudiado un sistema de cooperación interadministrativa, con varias plataformas informáticas, al que la Ley concede gran importancia. Los métodos de trabajo informáticos compartidos son trascendentales para la aplicación y buen funcionamiento de esta ley. Por ello, se prevé la existencia de varias plataformas que permitan un funcionamiento eficiente, rápido y seguro en su desarrollo.
     Plataforma de cooperación normativa. Donde todas las AAPP deben incorporar sus proyectos normativos previstos de aprobar y que puedan incidir en la unidad de mercado.
     Plataforma de comunicaciones y supervisión. Donde todas las Administraciones podrán solicitar información de otra Administración. Una plataforma para la colaboración permanente.
     Plataforma de protección de operadores económicos. Un método informático seguro, que funcionará de forma similar al correo electrónico, pero desde un punto único en cada Ministerio y en cada Comunidad Autónoma.
     Plataforma de registros integrados sectoriales. Para integrar los registros estatales y autonómicos que permitirán un mejor desarrollo de la ley.
     Informe sobre la aplicación de la Ley
     Los trabajos ya realizados en torno a la Ley de garantía de unidad de mercado, también han sido conocidos en un balance de actuaciones. De los datos expuestos destacan los siguientes:
     Ha habido en total más de 500 propuestas de modificación normativa de la Administración General del Estado y de las CCAA. De esas propuestas, 80 normas estatales se han modificado ya, adaptándose a la unidad de mercado. Leyes, como las de horarios comerciales, de prevención de riesgos laborales, de contratos del sector público, general tributaria, de apoyo a emprendedores, del cine, del deporte, de montes, de patentes o de telecomunicaciones. También, más de 30 normas con carácter prioritario se encuentran en estado de adaptación, como las leyes de ordenación del transporte terrestre, del sector ferroviario, de minas o de procedimiento administrativo. Asimismo, hay 400 propuestas de modificación de normas autonómicas.
     Conferencias sectoriales
     Para la aplicación y desarrollo de la Ley de garantía de la unidad de mercado son necesarios los instrumentos de cooperación establecidos entre las Administraciones Públicas, en especial, las conferencias sectoriales, de las que se han celebrado ya 20, que están impulsando los cambios normativos y reformas necesarias para la unidad de mercado.
     Las conferencias sectoriales, además elaborarán informes trimestrales sobre los avances registrados, verificarán la aplicación de la Ley, identificarán los obstáculos existentes y aprobarán planes de actuación.
     El Gobierno ha reconocido el esfuerzo de las CCAA que, en líneas generales, han identificado la normativa propia afectada por la Ley de garantía de la unidad de mercado y su compromiso de modificarla. Hoy, programas como la reducción de cargas, el apoyo a los emprendedores o la adopción de métodos de trabajos administrativos más eficientes, forman parte del calendario normativo de todas las CCAA.
     En el proceso de reformas impulsado por el Gobierno, se otorga especial importancia a la unidad de mercado, relevancia que comparte la Comisión Europea, que ha calificado en diferentes ocasiones la Ley como una de las más importantes de las promovidas por el Gobierno español.

El IEE ha presentado su informe de Coyuntura Económica «Recuperación económica sostenible: 2015, año clave»

viernes, 30 de enero de 2015

     15/12/2014 ieemadrid.es
     El IEE ha presentado su informe de coyuntura económica «Recuperación económica sostenible: 2015, año clave», en el que señala que España sigue en el proceso de recuperación.
    Las perspectivas para 2015 han mejorado sensiblemente por la rebaja de impuestos, el descenso de los tipos de interés y, sobre todo, la caída del precio del petróleo.
     El crecimiento ininterrumpido de la inversión en equipo, la reactivación en el sector de la construcción, la positiva evolución de las exportaciones y la creación de empleo constituyen las manifestaciones más claras de la recuperación.
     Madrid, 15 de diciembre de 2014. El Instituto de Estudios Económicos ha presentado su informe de Coyuntura Económica, número 61, elaborado a partir de las conclusiones obtenidas tras la reunión celebrada con destacados economistas el pasado 26 de noviembre. En el acto han intervenido José Luis Feito, Presidente del IEE, y Joaquín Trigo, Director General de dicha institución, para analizar la evolución económica en el Informe titulado «Recuperación económica sostenible: 2015, año clave».
     Según el Presidente del IEE, el ritmo de crecimiento del PIB y la creación de empleo están siendo superiores a las previsiones de los analistas, lo que está llevando a realizar revisiones al alza significativas del crecimiento del PIB esperado para 2015. La economía española sigue recuperándose, proceso que presenta rasgos que apuntan a que este está ganando solidez, de hecho es la que más ha crecido en los trimestres centrales del año de entre las grandes economías de la área euro. Las perspectivas para 2015 han mejorado sensiblemente por la rebaja de impuestos, el descenso de los tipos de interés y, sobre todo, la caída del precio del petróleo, lo que supondrá más renta para los hogares, menores costes energéticos para las empresas y un menor déficit comercial. Bajo la hipótesis de que este último elemento se mantenga en un nivel de en torno a 70 dólares a lo largo del ejercicio, la previsión de crecimiento del PIB para 2015 se sitúa en un 2,5%.
     Como viene ocurriendo desde el comienzo de la legislatura, las previsiones de crecimiento del PIB y del empleo serán inferiores a la realidad, justo lo contrario de lo que solfa ser habitual en gobiernos anteriores. Además, la pérdida de valor del euro puede considerarse como otro elemento positivo, aunque el impacto sobre las exportaciones de una depreciación de dicha magnitud es, en realidad, muy limitado.
     En suma, si 2013 fue el ano de la estabilización y del inicio de la recuperación, 2014 ha sido el de la consolidación de la misma. Las manifestaciones más claras de que la recuperación avanza por el buen camino son que la formación bruta de capital en bienes de equipo y otros activos ha amortiguado su crecimiento hasta un 1,7% y se espera que para 2015 siga creciendo, gracias a los reducidos tipos de interés, la continuación del efecto favorable derivado de la corrección de los costes laborales, la evolución de las exportaciones y la consolidación de la recuperación del consumo, para lo que se prevé un crecimiento del 7,5%. También la estabilización del sector inmobiliario, en el que han dejado de caer las ventas y los precios, ha impulsado la reactivación de la actividad constructora para satisfacer la demanda.
     Por otro lado, las exportaciones crecieron con vigor, lo que es muy destacable dado el poco favorable entorno exterior. Este año las exportaciones e importaciones crecerán un 4,3% y un 5,8%, respectivamente, mientras que para el año próximo, en función de la evolución esperada de los mercados internacionales y de la demanda nacional, la previsión es de tasas del 5,0% y del 4,6%. Pero el fuerte repunte de las importaciones derivado de la recuperación de la demanda interna ha supuesto un empeoramiento en la evolución del saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente.
     Otro factor que atañe a la recuperación es la tasa de desempleo que, aunque sigue siendo muy elevada, tras la última reforma laboral está empezando a dar sus frutos. En el conjunto de 2014 el empleo aumentara un 0,8%, lo que supone unas 126.700 personas, siendo el primer año de crecimiento del mismo desde que empezó la crisis, y la tasa de desempleo descenderá hasta el 24,4% -en media anual-. La previsión para el año próximo es que los puestos de trabajo crezcan -un 1,4%- y la tasa de desempleo media anual se reduzca hasta el 22,5%. Según José Luis Feito, para 2015, el crecimiento del empleo «será espectacular y el paro al final de año (no en promedio) puede situarse por debajo del 20%».
     La tasa de inflación seguirá siendo negativa durante varios meses. La tasa media anual de 2014 se situara en el 0%, y la de 2015 aun será muy reducida, un 0,8%.
     También se debe continuar con el proceso de consolidación fiscal. La autoridad fiscal ha trasladado por vez primera al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas la necesidad de aplicar los mecanismos que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para poder cumplir con el objetivo del 0,7% para el conjunto de las Comunidades Autónomas en el 2015. De los gastos, es positivo el proceso de reformas que está experimentando el sector público enmarcado dentro de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Publicas (CORA).
     Problemas estructurales
     España se encuentra en una etapa alcista de su ciclo económico. El comportamiento de la economía española es bueno desde hace unos trimestres y las perspectivas para los próximos meses son, igualmente, positivas.
     El único rasgo negativo de este proceso es el elevado crecimiento de las importaciones como resultado del crecimiento de la demanda interna, lo que refleja la persistencia de importantes debilidades de nuestro modelo productivo que solo se pueden corregir de forma progresiva, a largo plazo, mediante una intensa inversión productiva en nuevos procesos, productos e I+D, y mediante reformas estructurales orientadas a mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, aumentar la competencia, elevar la cualificación profesional de la mano de obra, cambios fiscales, etc. La actividad empresarial es el musculo que, en último término, hace funcionar, de mejor o peor manera, la economía de un país.
     Respecto a la creación de empleo es previsible que siga siendo una realidad en los próximos trimestres. A pesar de que ya no solo crece en empleo temporal, sino que también el indefinido, lo que se refleja en la evolución de los contratos registrados entre enero y octubre, aumentando un 18,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, frente a un 13,5% que habían crecido los temporales, nuestra tasa de temporalidad es todavía alta. Asimismo, si al inicio de la recuperación la totalidad del empleo que se creaba era a tiempo parcial, ahora el empleo que se crea es a tiempo completo. El proceso de creación de empleo va adquiriendo, por tanto, de forma progresiva rasgos de mayor solidez. Aun así, quedan retos pendientes; uno de ellos es que la creación de empleo aún no se ha extendido a los jóvenes; y el otro que hay que abordar, y al que se enfrenta el mercado laboral español, es al del paro de larga duración

Es necesario, también, adoptar cambios en la política fiscal y presupuestaria de la UE para reactivar la economía

viernes, 30 de enero de 2015

     Es necesario, también, adoptar cambios en la política fiscal y presupuestaria de la UE para reactivar la economía
     UGT | jueves, 22 de enero de 2015 ugt.es
     UGT valora el cambio de rumbo de la política monetaria llevada a cabo por el BCE, que ha aprobado hoy el programa de compra de activos, pues puede facilitar la reactivación de la economía. Este cambio constata el fracaso de la política de austeridad extrema, que no existen barreras infranqueables para la adopción de medidas económicas y que sólo hace falta voluntad para cambiar las cosas porque la política puede y debe gobernar los mercados, y no al revés.
     El sindicato afirma que ahora es preciso un cambio drástico de la política fiscal y presupuestaria europea, tilda de insuficiente el plan de inversiones de Juncker y propone el que defiende la Confederación Europea de Sindicatos, que plantea inversiones adicionales durante un periodo de 10 años para crear 11 millones de empleos en la UE. Por último, confía que los gobiernos y la Comisión no tarden, de nuevo cuatro años, en rectificar porque el futuro de la UE y el bienestar de sus ciudadanos depende de ello.
     Tal y como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) ha aprobado hoy el programa de compra de activos (‘quantitative easing’ en su denominación en inglés) que llevaba preparando desde junio del pasado año, y que supone el paso final en el camino de cambios en la política monetaria implementados desde entonces, destinados a inyectar dinero en la economía para impulsar el crédito a empresas y familias y, en último término, relanzar la demanda y la actividad económica, intentando evitar un proceso deflacionista que tendría consecuencias dramáticas y que la zona euro viene bordeando desde hace tiempo.
     El programa aprobado hoy supone la compra de activos públicos y privados, pero sobre todo deuda pública a largo plazo de los países de la zona, por un importe de 60.000 millones de euros mensuales hasta septiembre de 2016. Con ello, el BCE adquiere las capacidades y márgenes de maniobra que requiere una política monetaria eficaz, a semejanza de la que realizan otros bancos centrales (EEUU, Reino Unido, Japón), y cuya ausencia ha sido un lastre durante esta larga crisis.
     Por tanto, bienvenido sea este programa que, aunque llega muy tarde y tiene riesgos, empuja en la correcta dirección.
     El drástico cambio en la política monetaria que se visualiza más que nunca con esta medida supone dos cosas: de un lado, es la constatación del fracaso de la política de austeridad extrema que ha hundido la economía europea desde 2010, y que ha sometido a sus ciudadanos a niveles de sufrimiento intolerables, a todas luces innecesarios; por otro lado, la adopción de este paquete de medidas por parte del BCE, que se calificaba de ‘imposible’ hace unos años, demuestra que no existen barreras infranqueables para la adopción de medidas económicas, más allá de las que dicta el conocimiento acumulado por la teoría económica en décadas de historia, y solo hace falta voluntad política para cambiar el statu quo.
     En definitiva, que es la política la que puede y debe gobernar los mercados, y no al revés, como ha venido sucediendo con la complacencia de los dirigentes y organismos internacionales que gobiernan el actual orden mundial.
     Pero la política monetaria no puede sacar del pozo a la economía europea por sí sola. Es preciso un cambio drástico de la política fiscal y presupuestaria europea. Es con más gasto y más inversiones como se genera un aumento de la demanda en una situación de depresión como la actual, algo que la teoría económica aprendió en la crisis de los treinta del pasado siglo, y que las autoridades europeas y organismos internacionales se han empeñado en ignorar durante años con nefastas consecuencias para los ciudadanos y ciudadanas de la zona. Y ello requiere también de una relajación de los plazos de ajuste presupuestario.
     En este sentido, el denominado Plan Juncker resulta muy insuficiente, tanto cuantitativa como cualitativamente, y es preciso promover una acción conjunta a nivel europeo de mayor calado que tire de la demanda de la zona con decisión. Un plan como el propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) con el título de «Un nuevo camino para Europa”, que plantea inversiones adicionales durante un período de 10 años para crear 11 millones de empleos en la UE.
     Para ello, será necesario doblegar la oposición de Alemania como, al menos de manera parcial, ha logrado Mario Draghi desde el BCE. Esperemos que los gobiernos de los 28 países y la Comisión no tarden de nuevo cuatro años en rectificar y hacer lo que deben, porque el futuro de la Unión Europea y el bienestar de sus ciudadanos dependen de ello.

José María Macías jura su cargo ante el Rey como nuevo vocal del CGPJ

jueves, 29 de enero de 2015

     Miércoles, 28 de enero de 2015 
     José María Macías jura su cargo ante el Rey como nuevo vocal del CGPJ
     Magistrado en excedencia desde 2005, fue director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña
     Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es
     José María Macías Castaño ha jurado ante el Rey como nuevo vocal del Consejo General del Poder Judicial en el Palacio de la Zarzuela, una vez que el Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes el Real Decreto con su nombramiento a propuesta del Senado para cubrir la vacante producida por la renuncia de Mercé Pigem i Palmés.
     En la sesión celebrada por el pleno de la Cámara Alta el 27 de noviembre de 2013, en la que se designó a los vocales del órgano de gobierno de los jueces elegidos por esta institución, Macías fue incluido como suplente por el turno de juristas de reconocido prestigio.
     El nuevo vocal, nacido en la capital catalana en 1964 y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1988, ingresó en 1990 en la carrera judicial, en la que ha ejercido en las jurisdicciones civil, penal y contencioso-administrativa, siempre en Cataluña.
     Su primer destino como juez fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Rubí, para pasar luego al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Mataró, el Juzgado de lo Penal Único de Terrasa y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona.
     Durante ese tiempo fue miembro electo de la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña. Además, perteneció a la Asociación Profesional de la Magistratura, desempeñando diversos cargos en su Comité Directivo de Cataluña.
     También fue profesor durante dos años en la Escuela Judicial de Barcelona, donde impartió la asignatura de Derecho Orgánico Judicial y perteneció a su Comisión de Docencia.
     Entre 2002 y 2003 ejerció como director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña.
     En 2005 solicitó la excedencia en la carrera judicial y se incorporó al despacho de abogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira, donde trabaja en la actualidad.
     Macías cuenta también con una amplia experiencia docente, ya que desde hace más de veinte años es profesor en el área de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha colaborado con la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y con la Universidad Pompeu Fabra, y es autor de diversas publicaciones en materia de Derecho Público y Europeo.
     En 2002 fue reconocido por la publicación Best Lawyers como mejor abogado administrativo de España, junto al catedrático de Derecho Administrativo Juan Alfonso Santamaría Pastor.

Estadística de Hipotecas. Noviembre 2014

jueves, 29 de enero de 2015

     Estadística de Hipotecas
     Enlace al Instituto Nacional de Estadística ine.es
     Noviembre 2014. Datos provisionales
     El número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad en noviembre es de 15.900, un 14,2% más que en el mismo mes de 2013
     El importe medio de dichas hipotecas disminuye un 1,7% en tasa anual y se sitúa en 104.817 euros
     El importe medio de las hipotecas inscritas en los registros de la propiedad en noviembre (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) es de 127.014 euros, un 10,6% superior al del mismo mes de 2013.
     El número de hipotecas constituidas sobre viviendas es de 15.900, un 14,2% más que en noviembre de 2013. El importe medio es de 104.817 euros, con una disminución anual del 1,7%.
     Importe medio hipotecado sobre viviendas en miles de euros
     El valor de las hipotecas constituidas sobre fincas urbanas alcanza los 2.857,4 millones de euros, un 15,3% más que en noviembre de 2013. En viviendas, el capital prestado alcanza los 1.666,6 millones, con un aumento anual del 12,2%.

El Tribunal Supremo despeja una de las lagunas más graves creada por la reforma laboral de 2012

jueves, 29 de enero de 2015

     El Tribunal Supremo despeja una de las lagunas más graves creada por la reforma laboral de 2012

     ccoo.es

     La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo garantiza el mantenimiento de las condiciones contractuales del convenio vencido para su aplicación a los trabajadores que las venían percibiendo
     La Secretaría de Acción Sindical de CCOO considera que, con esta sentencia, el Tribunal Supremo niega la posibilidad de que el empresario se atribuya la facultad de regular unilateralmente las condiciones de trabajo tras la pérdida de vigencia de un convenio colectivo, y ha preservado los valores de seguridad jurídica, confianza, equilibrio de las prestaciones, y la prohibición del abuso de derecho, en el ámbito de las relaciones laborales.
     Lo que se ha llamado el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos planteó, desde la aprobación de la reforma laboral, numerosos interrogantes, además de los previsibles efectos negativos sobre los trabajadores y trabajadoras afectados por el decaimiento de un convenio colectivo y sobre la propia función y capacidad normativa de la negociación colectiva que ha venido denunciando reiteradamente CCOO.
     Uno de los más importantes es el referido a la determinación de las condiciones de trabajo, incluidas las salariales, que serían aplicables a los trabajadores y trabajadoras del convenio que ha finalizado su vigencia, si no se ha alcanzado acuerdo para su renovación, no existe cláusula de prórroga, y tampoco otro convenio de ámbito superior que regule esas materias.
     Sobre esta asunto se ha pronunciado ahora de lo Social del Tribunal Supremo,  constituida en Sala General para fijar doctrina para el conjunto del propio Tribunal y del resto de órganos del Orden Social, reconociendo -por mayoría de sus componentes- el derecho al mantenimiento de las condiciones de trabajo para los trabajadores que las venían percibiendo con antelación y  rechazando, con ello, uno de los más importantes mecanismos previstos por la reforma laboral para impulsar la devaluación de las condiciones de trabajo y significativamente las retributivas, y la primacía de la decisión unilateral del empresario.
     La sentencia cuenta con numerosos votos particulares, algunos de los cuales coinciden con la solución dada por la mayoría del Tribunal aunque con argumentos diferentes, más relacionados con consideraciones de naturaleza constitucional y la necesidad de proteger la dignidad de los trabajadores. Otro voto particular, suscrito por 5 magistrados, discrepa del fallo pero rechaza que la empresa pueda rebajar unilateralmente el salario y otros elementos esenciales del contrato, y expone numerosas razones para cuestionar la legitimidad de esa conducta empresarial. Y un voto final suscrito por una Magistrada, admite la posibilidad de que la empresa rebaje el salario, pero considera que ello puede integrar un caso de enriquecimiento injusto.
     Desde de Acción Sindical de CCOO se considera que, con esta sentencia, el Tribunal Supremo niega la posibilidad de que el empresario se atribuya la facultad de regular unilateralmente las condiciones de trabajo tras la pérdida de vigencia de un convenio colectivo, y ha preservado los valores de seguridad jurídica, confianza, equilibrio de las prestaciones, y la prohibición del abuso de derecho, en el ámbito de las relaciones laborales.
     El Alto Tribunal ha dejado claro que las condiciones del convenio que ha perdido su vigencia, de no existir otro de ámbito superior aplicable, se mantienen para los trabajadores que las venían percibiendo, y en tanto no se negocie otro convenio o la empresa abra un procedimiento de consultas para modificación de condiciones de trabajo en el caso de que se produzcan algunas de las causas contempladas en el art. 41 del ET.
     La doctrina del Tribunal Supremo, sentada en esta sentencia, en relación con los problemas generados por la finalización del plazo de ultraactividad de los convenios colectivos sin alcanzarse nuevo acuerdo, es un criterio vinculante para los órganos del Orden Social. La solución ofrecida para el supuesto juzgado es extrapolable a todos aquellos casos en que se haya agotado el plazo de vigencia de la ultraactividad, sea este plazo el marcado por la ley o un plazo pactado expresamente entre las partes y siempre que no haya otro convenio de ámbito superior aplicable, ya que en este último caso, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado al no darse el caso en este litigio.
     CCOO valora que la sentencia del Tribunal Supremo excluya expresamente que la empresa tenga derecho a sustituir las condiciones que establecía el convenio colectivo por la aplicación de las condiciones mínimas del Estatuto de los Trabajadores y esto sin alegar ni concurrir las causas previstas en el art. 41 del ET para la modificación de las condiciones de trabajo.
     Para CCOO sigue siendo muy preocupante los efectos que la desaparición de convenios colectivos sin sustitución por otro convenio conlleva para los trabajadores y trabajadoras que puedan ser contratados con posterioridad por las empresas, ya que facilita el establecimiento de condiciones de trabajo individualizadas, sustancialmente inferiores a las del personal  ya contratado, a pesar de que puedan realizar trabajos iguales o de igual valor. Es decir, la discrecionalidad empresarial a la hora de contratar, sin las obligaciones reguladas en el convenio colectivo, puede extender las prácticas discriminatorias que estando expresamente prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico, son una lamentable realidad  en un mercado laboral altamente precarizado por efecto de la crisis económica y de las sucesivas reformas laborales.
     Por ello, advierte el secretario confederal de Acción Sindical, Ramón Górriz, “CCOO reclamará la inclusión en la negociación colectivas de procedimientos efectivos para evitar la pérdida de vigencia de los convenios existentes, así como en cumplimiento del deber de negociar que no desaparece con la finalización de la vigencia del convenio y es exigible a todas las partes involucradas. También utilizará todos los recursos sindicales y legales para evitar que se produzcan discriminaciones en la aplicación de las condiciones de trabajo,  o el desequilibrio desmedido e injustificado entre la retribución abonada y la contraprestación de trabajo requerida y el abuso de poder empresarial en la aplicación de otras condiciones de trabajo”.

Sareb vende a Blackstone una cartera de préstamos con un valor nominal de 237 millones de euros

jueves, 29 de enero de 2015

     Sareb vende a Blackstone una cartera de préstamos con un valor nominal de 237 millones de euros
     09/01/2015 sareb.es
     Con la adjudicación de este paquete, bautizado como Aneto, la compañía ha cerrado ventas mayoristas en las últimas semanas por valor de más de 1.000 millones de euros
     La sociedad ha vendido, por otra parte, a la inmobiliaria Colonial un edificio de oficinas en Barcelona por 10,4 millones de euros
     Sareb ha vendido a fondos gestionados por Blackstone una cartera de 39 préstamos non performing con un valor nominal de 237 millones de euros.  Esta cartera, denominada Aneto, está garantizada con 29 promociones residenciales terminadas y suelos finalistas distribuidos por toda la geografía española, fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia.
     Además, Sareb ha cerrado en otra operación la venta de un edificio de oficinas en Barcelona por 10,4 millones de euros. El inmueble alberga la sede de Gallina Blanca y está situado en la Plaza Europa, un distrito de negocios en expansión. El inmueble cuenta con una superficie sobre rasante de 4.869m² de oficinas y 68 plazas de aparcamiento.
     Tanto la venta del paquete de préstamos como la del inmueble se han realizado cumpliendo los requisitos más exigentes en materia de transparencia y competencia, como es habitual en las transacciones de Sareb.
     «Estas ventas muestran el dinamismo del negocio de la sociedad y la buena acogida que sus activos tienen en el mercado», destaca Jaime Echegoyen, consejero delegado de la entidad. «Estas operaciones confirman la capacidad de la organización para cumplir con éxito la misión que le ha sido encomendada», ha añadido.
     En el último mes del año, Sareb ha conseguido cerrar con éxito varias operaciones de venta de carteras de préstamos e inmuebles, valoradas en más de 1.000 millones de euros. Así, a la adjudicación de Aneto hay que sumar la venta de Agatha (formada por préstamos e inmuebles valorados en 259 millones de euros); Meridian (conjunto de préstamos con un nominal de 133 millones); Olivia (préstamos con un valor nominal de 140 millones de euros) y el proceso Kaplan (créditos de pequeños y medianos promotores, con valor nominal de 234 millones de euros). 
     Por otro lado y junto al inmueble que ha enajenado hoy, Sareb ha vendido en las últimas semanas cuatro edificios de oficinas que estaban incluidos en el FAB Corona, por 81 millones de euros.

Je ne regrette rien

miércoles, 28 de enero de 2015

Conclusiones comisión registro civil. Aprobadas por acuerdo de la Asamblea General de Zaragoza

miércoles, 28 de enero de 2015

     Conclusiones comisión registro civil. Aprobadas por acuerdo de la Asamblea General de Zaragoza
     Los registradores no queremos asumir la llevanza del Registro Civil. Si a pesar de lo anterior, la decisión política del Gobierno y de Las Cortes nos atribuyera su llevanza, invitamos a que se haga con el mayor consenso social y político posible, sugiriendo, por razones de eficacia de funcionamiento tanto del Registro Civil como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles los siguientes presupuestos
     Primero: que las oficinas del Registro Civil a cargo de los registradores se mantengan absolutamente separadas de las oficinas del Registro de la Propiedad y Mercantil a todos los efectos sin perjuicio de la necesaria interconexión entre ellas.
     Segundo: que se prevea un plazo razonable de Vacatio Legis que permita a los registradores hacerse cargo del Registro Civil con plenas garantías de éxito; dejando a su decisión organizativa todo lo concerniente a los sistemas y aplicaciones informáticas pertinentes.
     Tercero: que se atribuya a los registradores, como encargados de la llevanza del Registro Civil, todas y cada una de las competencias que hoy corresponden a los actualmente denominados encargados del Registro Civil, sin más excepción que la recepción de las declaraciones de defunción y la expedición de la licencia de enterramiento o cremación.
     Cuarto: que se establezca una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil, sin más excepciones que las relativas a la inscripción de nacimientos y defunciones Y por último, que de modo simultaneo a la tramitación de La Ley, se vaya articulando el correspondiente desarrollo reglamento y que ambos textos entren en vigor simultáneamente, pues hay importantes cuestiones que la ley olvida pero que es imprescindible resolver para que la misma cobre vigencia efectiva.

Opacidad

miércoles, 28 de enero de 2015

     La burla colma la calma cuando reina la opacidad y la transparencia es obligación
 Jenny  Zenav

El Consejo General de Gestores Administrativos y el Colegio de Registradores impulsan la Administración electrónica

miércoles, 28 de enero de 2015

     El Consejo General de Gestores Administrativos y el Colegio de Registradores impulsan la Administración electrónica

     consejogestores.net

     El Consejo General de Gestores Administrativos y el Colegio de Registradores acaban de suscribir un Acuerdo Marco entre Registradores y Gestores Administrativos colegiados para facilitar la presentación e intercambio de la tramitación electrónica de los expedientes objeto de anotación, modificación, cancelación o rectificación ante los diferentes Registros gestionados por los Registradores.

     En este convenio son objeto de inclusión todos los documentos, ya sean públicos o privados, que el Gestor Administrativo presente telemáticamente en nombre de su representado ante los Registros de la Propiedad, Mercantiles, de Bienes Muebles o cualquier otro gestionado por los Registradores.

     Este Acuerdo Marco va mucho más allá de la mera colaboración entre las dos instituciones, ya que representa una apuesta fundamental por las nuevas tecnologías y la administración electrónica que redundará en una mayor seguridad, en distintos ámbitos, para el ciudadano.

Encuesta sobre Innovación en las Empresas

miércoles, 28 de enero de 2015

     Encuesta sobre Innovación en las Empresas
     ine.es  Enlace al Instituto Nacional de Estadística 

      Año 2013. Resultados definitivos
     Principales resultados
     El gasto en innovación tecnológica se situó en 13.233 millones de euros en 2013, con un descenso del 1,3% respecto al año anterior.
     El 26,0% de las empresas españolas de 10 o más asalariados fueron innovadoras en el periodo 2011-2013. En este porcentaje están incluidas las innovaciones tecnológicas (de producto y de proceso) y las no tecnológicas (organizativas y de comercialización).
     El 13,2% de las empresas españolas de 10 o más asalariados fueron innovadoras tecnológicas y el 20,4% fueron innovadoras no tecnológicas en el periodo 2011-2013.
     Las comunidades autónomas que realizaron un mayor gasto en innovación tecnológica en el año 2013 fueron Comunidad de Madrid (33,7% del gasto total nacional), Cataluña (23,4%) y País Vasco (10,8%).

Catalá explica al CERMI las novedades legislativas del Ministerio de Justicia

miércoles, 28 de enero de 2015

     Catalá explica al CERMI las novedades legislativas del Ministerio de Justicia
     26 de enero de 2015.- mjusticia.gob.es

      El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido esta tarde con representantes del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) para abordar las propuestas introducidas en materia de discapacidad en el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal que ultima su trámite parlamentario.
     Durante la reunión, el ministro Catalá ha detallado algunas de las recomendaciones que el CERMI sugirió introducir en el Código Penal y que finalmente han sido recogidas en el texto, como la de no aplicar la excusa absolutoria en los delitos patrimoniales entre parientes en los casos en los que las víctimas del delito sean personas con especial protección.
     Este Proyecto de Ley introduce la terminología recomendada por el CERMI para definir a las personas que constituyen objeto de una especial protección penal. A partir de ahora, el Código Penal sustituirá la terminología anterior por la de “personas con capacidad judicialmente complementada”.
     Además, el ministro Catalá ha recordado que algunas de las reclamaciones trasladadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, como la introducción de medidas de seguridad, ya fueron suprimidas del texto antes de que fuera remitido a las Cortes como Proyecto de Ley.
     El ministro y los representantes del CERMI han abordado también otras reformas normativas actualmente en tramitación parlamentaria como el Estatuto de la Víctima del Delito y la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Sareb adjudica a Haya, Servihabitat y Altamira la administración y venta de 126.000 activos

miércoles, 28 de enero de 2015

     Sareb adjudica a Haya, Servihabitat y Altamira la administración y venta de 126.000 activos
     04/12/2014 sareb.es
     Con la firma de los contratos concluirá el proceso para profesionalizar la gestión de la mayor cartera de créditos e inmuebles de España
     La sociedad recibirá por la totalidad del concurso cerca de 600 millones de euros como pago en garantía de la administración de los activos
     El proceso de selección ha sido muy competitivo y supervisado por un auditor externo
     Sareb ha adjudicado a Haya Real Estate, Servihabitat y Altamira Asset Management,  mediante un concurso competitivo, el servicio de administración y venta de tres carteras de activos inmobiliarios y financieros que hasta ahora estaban en manos de los diversos bancos que traspasaron activos a Sareb. Se trata de 126.000 activos entre inmuebles y créditos valorados en el momento de la transmisión a Sareb en unos 41.200 millones de euros. Los acuerdos, que están pendientes de la firma definitiva, entrarán en vigor el 1 de enero de 2015 y tendrá una duración de entre cinco y siete años.
     Esta selección se suma a la cartera adjudicada hace poco más de un mes a Solvia, formada por 42.900 activos y con un valor de compra cercano a los 7.000 millones.
     Con esta decisión, Sareb cierra el llamado Proyecto Ibero, lanzado hace unos meses para elegir a los gestores que se harán cargo de la administración y venta de los activos de la compañía a partir del 31 de diciembre de 2014, fecha en la que vencen los contratos suscritos con las nueve entidades que generaron el balance de la compañía.
     La firma definitiva de los contratos se producirá antes de final de año, una vez que los nuevos gestores completen los últimos trámites requeridos en el proceso.
 
     Haya, Altamira y Servihabitat, las propuestas elegidas
     El concurso Ibero ha despertado un gran interés y participación por parte de los servicers, como se denominan a los operadores que prestan este tipo de servicios.
     De entre todos los aspirantes, Haya Real Estate ha sido elegida para gestionar durante cinco años un paquete de 52.000 préstamos vinculados al sector inmobiliario originados por Bankia y adquiridos posteriormente por Sareb por un importe de unos 18.000 millones de euros.
     La cartera adjudicada a Altamira Asset Management está formada por 44.000 inmuebles y préstamos al promotor originados por Catalunya Caixa, BMN y Caja3, por los que Sareb desembolsó unos 14.000 millones de euros.
     La última cartera, que pasa a manos de Servihabitat, contiene 30.300 inmuebles y créditos de NCG,  Liberbank y Banco de Valencia, valorados en el momento de la transmisión a Sareb en unos 9.200 millones de euros. Tanto esta cartera como la de Altamira han sido adjudicadas por un periodo de siete años.
     La selección de los ganadores se ha realizado tras una exhaustiva evaluación de los requisitos técnicos y operativos de las ofertas. Este proceso ha sido complejo, ya que cada participante ha presentado varias propuestas en función de la naturaleza de las carteras y el horizonte temporal de gestión.
     Además, el proceso de selección se ha realizado bajo las mejores prácticas del mercado en materia de transparencia, concurrencia y gestión de los conflictos de interés, y ha sido supervisado por un auditor externo, que ha velado por que el proceso se haya realizado con  rigor y competencia.
     «Los gestores escogidos tienen una amplia experiencia en la gestión de activos de naturaleza inmobiliaria y financiera. Además, aportan garantías de que la migración a sus propias plataformas se hará con celeridad y eficacia, y cumpliendo unos objetivos de rendimiento eficientes», ha asegurado Belén Romana, presidente de la compañía.
     Jaime Echegoyen, consejero delegado de Sareb, considera que «el acuerdo con los servicers nos permite comenzar una nueva etapa plenamente adaptados a las nuevas exigencias de un mercado que empieza a dar síntomas de recuperación y que demanda estructuras solventes y organizadas para operar en un entorno cada vez más competitivo».
     Los cuatro gestores escogidos por Sareb desembolsarán 600 millones de euros. Según el acuerdo alcanzado, esta cifra quedará constituida como una garantía que los gestores irán recuperando en función del servicio prestado y el cumplimiento de los objetivos marcados.
 
     Una gestión más eficiente de la cartera
     Con el concurso Ibero, Sareb busca alcanzar una mayor calidad y eficiencia en la gestión de sus activos, aprovechando la aparición de nuevos operadores  especializados en la gestión a terceros. Siete de las entidades que generaron el balance de Sareb declinaron prestar este servicio.
     En los nuevos contratos, Sareb ha pactado con los servicers una gestión más profesionalizada y eficiente de la cartera, que permitirá a la compañía cumplir de una manera más eficaz con su mandato desinversor. 
     Así, los contratos recogen compromisos específicos para dotar de un mayor dinamismo a la actividad comercial, realizar una gestión más atenta de los suelos y potenciar el mercado de alquiler, que Sareb considera estratégico. También se exige una gestión más intensa de los préstamos, un contacto más directo con los promotores que mantienen créditos con la compañía, y una mayor celeridad en la tramitación de sus propuestas, entre otros muchos elementos. A nivel operativo, el cambio de servicers permitirá a Sareb tener una mayor capacidad de control sobre su cartera, al contar con un mayor número de indicadores de gestión, y una mayor automatización e integración en los procesos que se establezcan con los gestores.
     A nivel interno, Sareb acaba de crear una nueva estructura, denominada Área de Transformación Global, dedicada a procurar una migración ordenada de las carteras adjudicadas y una transición adecuada de los antiguos gestores a los nuevos.

 

Jaime Echegoyen, nuevo presidente de Sareb

martes, 27 de enero de 2015

     Jaime Echegoyen, nuevo presidente de Sareb
     26/01/2015 sareb.es
     Belén Romana ha presentado hoy su renuncia voluntaria al Consejo de Administración de Sareb
     El Consejo le ha agradecido su labor y ha valorado de manera unánime su «entrega, visión y liderazgo»
Jaime Echegoyen ha sido nombrado por unanimidad presidente-ejecutivo de la compañía
     Belén Romana ha presentado hoy al Consejo de Administración de Sareb su renuncia voluntaria como presidente de la entidad. El Consejo, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Jaime Echegoyen, hasta ahora consejero delegado, como nuevo presidente y principal ejecutivo de la compañía.
     El Consejo considera que Jaime Echegoyen, «por su capacidad de liderazgo, experiencia y por sus cualidades profesionales y humanas, es la persona apropiada para liderar Sareb en esta nueva etapa».
     En los dos años transcurridos desde su creación, la compañía ha cumplido su objetivo inicial para el que Belén Romana asumió la presidencia. Sareb ha pasado de ser un proyecto pactado con las autoridades internacionales en el marco del saneamiento del sector bancario a ser una empresa plenamente operativa, que ha generado en este periodo casi 9.000 millones de euros en ingresos, con cerca de 24.000 inmuebles vendidos, y ha amortizado el 11 por ciento de la deuda con la que nació. Todo ello ha resultado en un ahorro a los contribuyentes de 7.400 millones de euros.
     La puesta en marcha de Sareb ha contribuido significativamente a la reestructuración del sector financiero, a la reactivación del mercado inmobiliario, y al cambio de percepción sobre la economía española de los inversores internacionales. Cumplido este objetivo, la empresa entra en una nueva fase, centrada en su actividad y adaptada a las nuevas circunstancias.
     En esta nueva etapa, que será liderada por Jaime Echegoyen, Sareb pasará a contar con la colaboración de gestores profesionales, con vocación de servicio y un mayor alineamiento con los intereses de la compañía. Todo ello le permitirá aprovechar plenamente la incipiente recuperación del sector inmobiliario español.
     Echegoyen, que acumula una amplia experiencia en el sector financiero, fue nombrado consejero delegado de Sareb en febrero de 2014. Bajo su dirección, la empresa ha adoptado una nueva estructura organizativa y ha escogido a los nuevos operadores que gestionarán su cartera en los próximos años. Previamente a su llegada a Sareb fue consejero delegado de Bankinter y máximo responsable de Barclays en España y Portugal.
     En el Consejo de Administración celebrado hoy, Belén Romana ha agradecido a los accionistas públicos y privados la confianza depositada en ella para poner en marcha un proyecto tan apasionante como complejo, y que ha permitido cerrar la reestructuración del sector financiero español.
     El Consejo ha lamentado la decisión personal de Belén Romana y ha destacado de forma unánime la tarea que ha realizado al frente de la compañía. «Sin su entrega, visión y liderazgo – ha afirmado el Consejo – habría sido difícilmente imaginable la transformación de unos simples párrafos en el BOE en la realidad empresarial robusta en que se ha convertido hoy Sareb».
     Jaime Echegoyen, por su parte, ha afirmado que «Belén Romana ha sido un ejemplo para todos y ha asentado los pilares para que Sareb siga desarrollando su tarea. No me cabe duda de que todos los profesionales que trabajan en la compañía continuarán con idéntica dedicación, compromiso y esfuerzo trabajando para culminar un proyecto tan relevante para la economía nacional como éste».
     El nuevo presidente ha agradecido además la confianza que el Consejo de Administración ha depositado en él. «Asumo estas nuevas responsabilidades con un total compromiso y con el convencimiento de que Sareb cumplirá, como lo ha estado haciendo hasta ahora, el mandato que le ha sido encargado».

Forever and ever

martes, 27 de enero de 2015

Un 70% de las empresas alemanas apoyan el TTIP

martes, 27 de enero de 2015

     22/01/2015 ieemadrid.es
     Un 70% de las empresas alemanas apoyan el TTIP
     Según la encuesta sobre evolución del sector exterior(*) realizada en noviembre de 2014 por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de Alemania (DIHK), el Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión entre la UE y los Estados Unidos (TTIP) cuenta con un amplio apoyo entre las empresas alemanas. Un 70% de las empresas encuestadas valoran el acuerdo de forma positiva.
     El espacio económico transatlántico es el mayor mercado mundial con un comercio de bienes y servicios que mueve cada día unos 2.000 millones de euros. El TTIP pretende facilitar una eliminación de las barreras comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, con una supresión de aranceles y de obstáculos no arancelarios como normativas innecesarias, restricciones a la inversión, etc.
     Las empresas alemanas cuentan con el mercado norteamericano como el segundo destino exportador más importante después de Francia y del intercambio comercial con los Estados Unidos dependen –directa e indirectamente- unos 600.000 puestos de trabajo. Además, los Estados Unidos son el primer destino para las inversiones directas de Alemania en el extranjero.
     Por ello resulta lógico que las empresas alemanas manifiesten un gran interés por facilitar los flujos comerciales hacia Estados Unidos. En la encuesta realizada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de Alemania, un 85% de las empresas consideran que sería muy importante lograr una adaptación o un reconocimiento mutuo de normas, estándares y certificaciones. Este aspecto es el de mayor relevancia, ya que las certificaciones de seguridad a ambos lados del Atlántico y las diferencias de regulaciones y estándares entre EE.UU. y la UE generan importantes costes y trabas burocráticas. Un 83% de las empresas consideran que los procedimientos de aduanas deberían ser más sencillos y un 75% saludarían la supresión de los aranceles, aunque los tipos arancelarios a la importación sólo suponen un 2,8% en promedio.
     (*) Encuesta online realizada en noviembre de 2014 entre 2000 empresas alemanas con negocios en el exterior

 

Informe de la Dirección General de Tributos, de 23 de diciembre de 2014, sobre la vigencia de la lista actual de paraísos fiscales respecto a la entrada en vigor de la disposición final segunda de la Ley 26/2014

martes, 27 de enero de 2015

     23-01-2015 Informe de la Dirección General de Tributos, de 23 de diciembre de 2014, sobre la vigencia de la lista actual de paraísos fiscales respecto a la entrada en vigor de la disposición final segunda de la Ley 26/2014
     El informe de la DGT estudia la vigencia de la lista actual de paraísos fiscales aprobada por el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, con las exclusiones derivadas de la aplicación de la modificación introducida por el Real Decreto 116/2003, de 31 de enero, respecto a la entrada en vigor de la disposición final segunda de la Ley 26/2014.

     agenciatributaria.es

     El informe establece que:

     1º.- A partir de 1 de enero de 2015, fecha de entrada en vigor de la modificación del apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, la actualización de la lista no tendrá carácter automático sino que deberá realizarse de manera expresa.

     2º.- Hasta que se apruebe la nueva relación se seguirá aplicando la vigente lista de territorios derivada del Real Decreto 1080/1991, modificado por el Real Decreto 116/2003 que posibilitaba a los territorios allí relacionados una salida de la lista. En el informe se relacionan los territorios que han salido de dicha lista desde 2 de febrero de 2003.
     Vigencia de la lista actual de paraísos fiscales respecto a la entrada en vigor de la Ley 26/2014

 

Morir al lado de mi amor. Demis Roussos

martes, 27 de enero de 2015

Grecia. Sirtaki

lunes, 26 de enero de 2015

La Audiencia Nacional establece los criterios para reconocer el “derecho al olvido»

lunes, 26 de enero de 2015

     Viernes, 23 de enero de 2015
     La Audiencia Nacional establece los criterios para reconocer el “derecho al olvido»
     La Sala de lo Contencioso-Administrativo notifica 18 sentencias, catorce de las cuales desestiman los recursos de Google, reconociendo el derecho de los particulares
     Autor: Comunicación Poder Judicial poderjudicial.es
     La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha notificado las primeras sentencias de un tribunal español en las que se aplica la doctrina europea sobre el llamado «derecho al olvido».
     La Sección Primera de esta Sala ha notificado 18 sentencias, en 14 de las cuales se desestiman los recursos de Google, reconociendo el derecho de los particulares. En otras cuatro resoluciones, el tribunal estima los recursos del buscador frente a las pretensiones de los particulares.
     La primera sentencia, que dio origen a la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo, reconoce el derecho del demandante a retirar los enlaces a unos anuncios aparecidos en la web del periódico La Vanguardia sobre unos embargos por deudas a la seguridad Social ejecutados hace 16 años.
     La Sala, en aplicación de la doctrina establecida en Luxemburgo, da la razón a este particular al considerar que no tenía relevancia en la vida pública que justificara la prevalencia del interés del público general frente a los derechos de la protección de datos de carácter personal.
     Los magistrados explican que se trata de un tratamiento de datos inicialmente lícito, de datos exactos por parte de Google pero que, dado el tiempo transcurrido, no son necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron.
     Además, el tribunal entiende que, en este caso, la libertad de información se encuentra satisfecha porque la información subsiste en la fuente, el sitio web donde se publicó por el editor, pudiéndose llegar a estos datos aun eliminando los vínculos a las páginas web objeto de reclamación.
     En consecuencia, el particular tiene derecho a que la información sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social «ya no esté vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de sus datos personales».
     Esta primera sentencia fija los criterios que deben seguir a partir de ahora los particulares, el responsable del tratamiento y la Agencia de Protección de datos, que tendrán que llevar a cabo el juicio de ponderación esgrimido por la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014.
     Esos criterios se resumen en lo siguiente: “Quien ejercite el derecho de oposición ha de indicar ante el responsable del tratamiento o ante la Agencia Española de Protección de Datos que la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre, como persona física; indicar los resultados o enlaces obtenidos a través del buscador, así como el contenido de esa información que le afecta y que constituye un tratamiento de sus datos personales a la que se accede a través de dichos enlaces».
     A partir de ahí, la tutela del derecho de oposición de los particulares exigirá una adecuada ponderación de los derechos en conflicto para establecer si el derecho a la protección de datos debe prevalecer sobre otros derechos e intereses legítimos, en atención a «la concreta situación personal y particular de su titular».
     La cancelación de datos, según la Audiencia Nacional, estará justificada cuando las circunstancias de cada caso concreto así lo determinen, “ya sea por la naturaleza de la información, su carácter sensible para la vida privada del afectado, por la no necesidad de los datos en relación con los fines para los que se recogieron o por el tiempo transcurrido, entre otras razones».
     Además de estas 18 sentencias, la Audiencia Nacional tiene una veintena de recursos pendientes de resolver. En todos los casos se seguirán las pautas establecidas en esta primera resolución.

 

La economía española crea 433.900 empleos en 2014, por primera vez desde que comenzó la crisis

lunes, 26 de enero de 2015

     22 de enero de 2015
     La economía española crea 433.900 empleos en 2014, por primera vez desde que comenzó la crisis
     mineco.gob.es
     El paro se reduce en casi medio millón de personas en el último año y la tasa de paro baja dos puntos, hasta el 23,7%
     La ocupación en el sector privado aumenta en 415.700 personas, un 2,9% más, mientras en el sector público se eleva en 18.100
     El número de contratos indefinidos crece en 212.800 y los temporales, en 176.900
     Los empleos a tiempo completo aumentan en 367.400 personas y los de tiempo parcial suben en 66.500
     Se reducen en 159.600 los hogares con todos sus miembros en paro y hay 422.600 más con todos los activos empleados
     Según estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE, el empleo aumentó en 65.100 personas en el cuarto trimestre de 2014 respecto al trimestre anterior. Es el tercer  trimestre consecutivo en el que crece el empleo y el primero en un cuarto trimestre desde el año 2006. En el último año se han creado 433.900 empleos, con un aumento del 2,53%, superior en nueve décimas al del trimestre previo y al ritmo más elevado desde el cuarto trimestre de 2007. El desempleo aumenta en 30.100 personas en el cuarto trimestre, si bien en términos desesatacionalizados se reduce el 1,1% respecto al trimestre previo. El número total de personas desempleadas se sitúa en 5.457.700 y la tasa de paro permanece en el  23,7% de la población activa. En relación a un año antes el desempleo ha bajado en 477.900 personas y la tasa de paro se ha reducido dos puntos.
     El aumento intertrimestral del empleo ha sido del 0,4%, tasa que se sitúa en el 1,0% con series corregidas de estacionalidad, el doble que en el tercer trimestre y la tasa más elevada desde 2006, según estimaciones del INE. Desde una perspectiva sectorial, el aumento del número de ocupados se ha concentrado en agricultura, industria y construcción, con incrementos de 62.800, 11.700, 7.800, respectivamente. Por el contrario, servicios anota una reducción de 17.200 empleos. Respecto a un año antes, el nivel de empleo aumenta en las ramas no agrarias, con 344.200 ocupados más en servicios, 98.000 en industria y 40.000 en construcción, mientras que agricultura pierde 48.400 efectivos.
     Por grupos de edad, el mayor aumento del empleo en el cuarto trimestre de 2014 se ha concentrado en los colectivos de 50-54 años (62.400 ocupados más) y de 55 y más (48.400), mientras que la ocupación ha disminuido entre los jóvenes de menos de 35 años, en especial en el grupo de 25-29 años (40.200 menos).
     Atendiendo a la situación profesional, el aumento trimestral del empleo ha correspondido en su totalidad a asalariados, que aumentan en 69.900, mientras que el número de no asalariados se ha reducido en 4.800. Por otro lado, el aumento de la ocupación se ha concentrado principalmente en el sector privado, con 63.100 ocupados más, mientras que el empleo público ha aumentado en 2.000 personas. Respecto a un año antes, el sector privado incrementa sus efectivos en 415.700 y el público en 18.100, con tasas interanuales del 2,9% y del 0,6%, respectivamente.
     El incremento trimestral de los asalariados ha correspondido a trabajadores con contrato indefinido, 110.900 más, mientras que los de contrato temporal se han reducido en 41.000. Tras este resultado, la tasa de temporalidad baja 0,4 puntos respecto a la del tercer trimestre, hasta el 24,2%. En relación con un año antes, los trabajadores con contrato indefinido aumentan en 212.800 personas y los de contrato temporal, en 176.900.
     Por lo que se refiere a la jornada laboral, el número de ocupados con jornada completa ha disminuido en 130.800 en el cuarto trimestre de 2014, mientras que los de jornada parcial aumentan en 195.900. Respecto al mismo periodo de 2013, los de tiempo completo aumentan en 367.400 personas y los de tiempo parcial en 66.500.
     El paro ha aumentado en 30.100 personas en el cuarto trimestre de 2014, lo que supone el segundo mejor dato en un cuarto trimestre tras el de 2013. El total de parados se sitúa en 5.457.700 y la tasa de paro en el 23,70% de la población activa, superior en tres centésimas a la del tercer trimestre. Con series desestacionalizadas, la variación intertrimestral del número de parados se sitúa en el -1,1%, frente al -1,9% del tercer trimestre, encadenando siete trimestres de caídas consecutivas. Respecto a un año antes, el paro se ha reducido en 477.900 personas, el 8,05%. El aumento trimestral del desempleo ha afectado a los hombres, con 30.200 parados más, mientras que entre las mujeres la cifra de parados permaneció prácticamente estable. La tasa de paro de los varones se ha situado en el 22,8%, tres décimas superior a la del tercer trimestre, y la de las mujeres, en el 24,7%.
     Por ramas de actividad, el paro aumentó respecto al trimestre anterior en todos los sectores económicos, excepto en agricultura, donde disminuyó en 14.100 personas. El mayor incremento tuvo lugar en servicios (35.100), seguido de industria y construcción, con 15.500 y 4.900 parados más, respectivamente. Respecto de un año antes y en el colectivo de personas que perdieron su empleo hace más de 12 meses, el paro disminuyó en 211.800 personas, y los parados que buscan primer empleo disminuyeron en 11.400.
     El número de hogares con todos sus miembros activos en paro se redujo en el cuarto trimestre en 23.100 y el de hogares con todos sus miembros activos ocupados aumentó en 37.000. Respecto de hace un año el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha reducido en 159.600, mientras que aquellos que tienen a todos sus activos ocupados ha crecido en 422.600.
     La población activa aumentó en 95.200 personas en el cuarto trimestre. Se interrumpe así por segunda vez en 2014 la senda de descensos consecutivos iniciada a finales de 2012. Es el primer aumento de la población activa en un cuarto trimestre desde el año 2009. Respecto a un año antes, la población activa disminuye en 44.000 personas, lo que responde al disminución de la población en edad de trabajar (16-64 años), lo que a su vez se explica por el envejecimiento de la población. La tasa de actividad aumenta tres décimas en el trimestre, hasta el 59,8%.
     La EPA del cuarto trimestre de 2014 confirma que se ha producido un cambio de tendencia en la situación del mercado laboral en España. En el cómputo anual, el número de ocupados crece por primera vez desde que comenzó la crisis y de forma acelerada  por tercer trimestre consecutivo. La tasa de paro mejora dos puntos respecto de hace un año, hasta el 23,7%, y el desempleo baja en casi medio millón de personas. Estos datos muestran que las reformas llevadas a cabo y la reducción de los desequilibrios junto con el esfuerzo de la sociedad española están dando resultados a la hora de resolver el problema del desempleo, el principal objetivo de la política económica. La creación de empleo junto con la mejora del poder adquisitivo de las rentas y la rebaja de impuestos suponen un impulso para el consumo privado y la recuperación de la economía en su conjunto.

 

El consumo de cemento cierra 2014 por debajo de los 11 millones de toneladas

lunes, 26 de enero de 2015

     El consumo de cemento cierra 2014 por debajo de los 11 millones de toneladas
     20/01/2015 oficemen.com
     El consumo de cemento en España cerró 2014 en 10.788.547 toneladas, cifra muy similar a la obtenida en 2013. Se confirman así las previsiones del Departamento de Estudios de la Agrupación de fabricantes de cemento de España, Oficemen, que el pasado mes de diciembre ya indicó que el año se cerraría de nuevo en valores mínimos históricos.
     La evolución del mercado doméstico en diciembre, con un diferencial del 12,5 % -88.884 toneladas más que el mismo mes del pasado año en valores absolutos- ha estado muy condicionada por el potente anticiclón que afectó a España durante ese mes, trayendo un clima seco y benévolo; así como por las variaciones del calendario laboral. Para 2015, Oficemen prevé un escenario de moderado crecimiento aunque con alta volatilidad, alternando meses con valores negativos y positivos.
     Las exportaciones, en las que el sector se ha volcado en los últimos años para intentar compensar la crisis de la demanda interna, han crecido en 2014 un 31,6 %, con 9.594.356 toneladas, casi 2,5 millones de toneladas más que en 2013.
     “Esta cifra de exportaciones, que casi iguala al consumo destinado al mercado doméstico, es fruto del esfuerzo que la industria cementera española viene realizando para mejorar sus costes y productividad, y que resulta aún más meritorio, teniendo en cuenta el coste eléctrico que vienen soportando nuestras empresas, muy superior a la media europea”, explica el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza.

España supera por segundo año consecutivo el récord histórico de llegadas

domingo, 25 de enero de 2015

     España supera por segundo año consecutivo el récord histórico de llegadas tras recibir, en 2014, 65 millones de turistas internacionales
     Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). Diciembre 2014
     22/01/2015  minetur.gob.es
     Además de haber logrado un máximo histórico en la cifra de llegadas internacionales, el crecimiento interanual, del 7,1%, ha sido también el más elevado en los últimos 14 años.
     El Reino Unido, con 15 millones de turistas, se mantiene como principal emisor hacia España. Sin embargo, en 2014, Francia desbanca a Alemania y con 10,6 millones alcanza la segunda posición.
      En 2014, todas las comunidades autónomas registran crecimientos en el número de llegadas. En total, España recibió 4,3 millones de turistas más que en 2013.
     Diciembre fue también el mejor mes de la serie histórica. Nos visitaron 3,3 millones de turistas internacionales, lo que supone un 5,6% más que en el mismo mes del año anterior.
     España superó en 2014, por segundo año consecutivo, el récord histórico de llegadas de turistas internacionales tras alcanzar la cifra de 64.995.275, un 7,1% más. Esto significa que, entre enero y diciembre de 2014, vinieron a España 4,3 millones más de turistas, según la encuesta Frontur – Movimientos Turísticos en Frontera, que elabora la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
     El Reino Unido, con 15 millones de turistas, se mantiene como principal emisor hacia España. Sin embargo, en 2014, Francia desbanca a Alemania y con 10,6 millones alcanza la segunda posición. A su vez, los mercados que experimentaron las mayores variaciones interanuales fueron Bélgica, con un 16,4%, Italia, con un 14,6%, y Portugal, con un 11,7% más. 
     Todas las comunidades autónomas registraron incrementos en el 2014. De entre las principales turísticas, se situó Canarias en primer lugar, con un 8%,  seguida de Andalucía, con un 7,8%, Cataluña, con un 7,6% y la Comunidad de Madrid, con un 7,5% de subida. También mejoran la Comunidad Valenciana y Baleares con un 4,4% y un 2,8% de incremento, respectivamente.
     En diciembre España recibió 3.263.698  turistas, lo que supuso también superar el récord de la serie histórica para ese mes, con  una variación interanual del 5,6% y 196.909 llegadas más. El Reino Unido, Francia y Alemania concentraron el 50,8%  del total de las llegadas.
     Principales mercados emisores
     En 2014, el  Reino Unido fue una vez más el primer emisor hacia España, con 15.006.744 turistas, un 4,7% más. Esta cifra correspondió al 23,1% del total de las llegadas. En diciembre, los turistas británicos fueron 619.112, el 19% del total, con un descenso del 0,8%. En Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía se incrementaron las llegadas de británicos.
     Francia alcanzó el 16,3% del total de las llegadas de 2014, con  10.615.746  turistas en el año, es decir, un 11,3% más, la mayor variación de los principales emisores. En el mes, los franceses que nos visitaron fueron 564.289, con una subida del 5,9% y el 17,3% sobre el total.
     Alemania, con 10.422.055 turistas en el año, subió un 5,7% y llegó al 16% de participación en el total anual. En diciembre, la llegada de 473.927 alemanes supuso mantener una cifra muy similar al año anterior, un 0,2% más. El aumento fue notable en Baleares, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
     Los Países Nórdicos ocuparon en 2014 la cuarta posición entre los emisores, con 5.044.539 de turistas y una subida del 3,5%, por lo que les correspondió el 7,8% sobre el total. En el mes, fueron 353.049 los turistas nórdicos que viajaron a España y con el 10,8% del total, mantuvieron también la cuarta posición en diciembre. En diciembre, experimentaron un descenso del 6,5%, producido sobre todo en Canarias, aunque aumentaron en Baleares, Andalucía y Cataluña.
     Italia figuró en 2014 como quinto emisor, con 3.697.702 turistas  y registró uno de los mayores incrementos del año, el 14,6%, llegando al 5,7% del total. En diciembre fueron 197.845 los italianos que nos visitaron, un 14,3% más, lo que favoreció especialmente a Cataluña, Canarias y Andalucía; su participación en el total llegó al 6,1%.
     Comunidades autónomas de destino principal
     Cataluña recibió 16.814.199 turistas en 2014,  con una variación interanual del 7,6% y la mayor participación sobre el total, del 25,9%. En diciembre las llegadas a esa comunidad se incrementaron un 13% y los 863.826  turistas recibidos supusieron el 26,5% sobre el total.
     Canarias registró 11.475.211 turistas en el año, un 8% más,  la variación interanual más alta del 2014, con lo que llegó al 17,7% del total. En el mes, los turistas llegados a Canarias fueron 1.018.121, es decir, el 31,2% del total del mes, con un descenso del 2,2%. Fue el mercado nórdico el que disminuyó en las islas, así como el alemán, en menor medida, mientras Reino Unido, Italia, Suiza y Francia tuvieron incrementos.
     Baleares, con 11.367.224 turistas, ocupó el tercer puesto por el número de llegadas de turistas, con una subida del 2,8% y el 17,5% sobre el total. En diciembre, las Islas Baleares experimentaron un 23% de subida, la variación mayor del mes, registrando 95.441 turistas, lo que supuso el  2,9% sobre el total. Fue la excelente evolución de su principal mercado, Alemania, que aumentó un 21,2%, la que propició este resultado, al tiempo que nórdicos, belgas y británicos también incrementaron las llegadas.
     Andalucía con 8.501.991 turistas en 2014, obtuvo el cuarto lugar del año por número de llegadas, con una importante subida del 7,8%, el segundo mejor porcentaje del año. En diciembre, fueron 350.502 los turistas recibidos, es decir, la subida respecto al año anterior fue del 3,8%, llegando al 10,7% del total. Ese mes fueron los italianos los principales responsables de la subida, aunque asiáticos y nórdicos también participaron en esos resultados positivos.
     La Comunidad Valenciana tuvo 6.233.881 turistas y una subida del 4,4% en el año, equivalente al 9,6% del total. En el mes, los 275.016 turistas recibidos supusieron el 8,4% del total y la variación del 4,9% fue debida sobre todo a los turistas belgas, alemanes y franceses.
     La Comunidad de Madrid llegó a 4.546.559 turistas con una subida del 7,5%, la cuarta mejor del año, y una participación del 7% sobre el total. En el mes de diciembre, esta comunidad recibió 308.662 turistas, lo que supuso un descenso del 1,8%, motivado por la bajada de británicos, franceses, italianos y latinoamaericanos, mientras Portugal, Bélgica y Alemania incrementaron las llegadas.
     Vías de acceso, alojamiento y forma de organización
     En el  2014, una vez más la vía aérea fue la principal forma de acceso de los turistas, utilizada por el 79,7% del total, es decir, por 51.822.859 turistas, con una subida del 6,3%. En el mes los turistas que llegaron por avión fueron el 77,6%, es decir, 2.532.925. Por carretera llegaron 11.953.093  turistas, el 18,4% del total del año, de modo que esta opción contabiliza una subida del 9,8%.
     Los alojamientos hoteleros fueron elegidos por 41.074.433 turistas, un 5,1% más y el 63,2% del total del año, mientras que en diciembre fueron 2.046.618 los turistas, un 2,1% más, los alojados en esta modalidad, llegando al 62,7% del total.
     El alojamiento no hotelero fue el que experimentó una subida mayor, del 10,8%, y fue el preferido por 23.920.842 turistas, lo que significó llegar al 36,8% del total. También en el mes esta modalidad tuvo un notable aumento del 11,9%, alojando a 1.217.080 turistas, es decir, el 37,3% del total.
     El viaje sin paquete turístico fue el preferido por 45.623.411 turistas en 2014, es decir, el 70,2% del total, con una subida del 7,5%. Los que prefirieron viajar con paquete turístico fueron 19.371.864 turistas, el 29,8% del total, un 6,3% más. En diciembre fueron 897.120 los que optaron por esa forma de organización, un 0,6% más y el 27,5% del total del mes.

 

El Tesoro coloca 9.000 millones en un bono sindicado a 10 años con cupón del 1,60%, el mínimo histórico

domingo, 25 de enero de 2015

     20 de enero de 2015 mineco.gob.es
     El Tesoro coloca 9.000 millones en un bono sindicado a 10 años con cupón del 1,60%, el mínimo histórico
     La demanda ha alcanzado 22.787 millones de euros y la colocación ha sido la segunda más alta de este tipo
     La participación de inversores no residentes se ha situado en el 68,7% del total y ha estado muy diversificada
     El Tesoro Público ha colocado 9.000 millones de euros mediante una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años, con vencimiento el 30 de abril  de 2025. El cupón se ha situado en el 1,60%, el más bajo de la historia del Tesoro en una emisión sindicada a este plazo. La rentabilidad se ha situado en el 1,656%, equivalente a 92 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (mercado interbancario de permutas de tipos de interés), una rentabilidad 114 puntos básicos inferior que la de la sindicación anterior (referencia con vencimiento el 30 de octubre de 2024 y un cupón del 2,75%).

     La demanda final, proveniente de más de 350 cuentas inversoras, ha alcanzado los 22.787 millones de euros. El volumen emitido ha sido de 9.000 millones de euros, el segundo mayor importe entre todas las referencias sindicadas por el Tesoro Público en su historia.

     La enorme demanda ha permitido al Tesoro asignar la emisión entre inversores de calidad; muy diversificada tanto atendiendo a la distribución según tipo de inversor como a la distribución por zonas geográficas.

     La participación de inversores no residentes ha superado el 68,7% de la sindicación. De este porcentaje destaca la participación de Reino Unido e Irlanda con un 21,55%, seguido de Alemania, Austria y Suiza con un 13,61% Estados Unidos y Canadá con un 8,95%, Asia y Oriente Medio con un 7,43% y los países escandinavos con un 6,5%.

     Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las tesorerías bancarias con el 32,2% del total, seguidas de las gestoras de fondos con un 32,0% y de aseguradoras y fondos de pensiones que han participado con un 15,1%, mientras que instituciones oficiales han participado por el 10,1% del total.

     Con esta sindicación de 9.000 millones de euros, el Tesoro ha efectuado emisiones por un total de 24.606 millones de euros en enero, de los que 19.566 forman parte del programa de financiación a medio y largo plazo. Esta cifra supone un 13,8% de la previsión de emisión para todo el año incluida el Programa de Financiación del Tesoro Público anunciado el pasado 13 de enero (141.996 millones de euros).

     Con esta operación el Tesoro Público ha demostrado nuevamente la confianza de los mercados de capitales en los grandes emisores españoles, públicos y privados.

     Barclays, BBVA, CaixaBank, Citi, Credit Agricole CIB y HSBC han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como colíderes.

Ignacio Ybáñez se reúne con think tanks españoles

sábado, 24 de enero de 2015

     Ignacio Ybáñez se reúne con think tanks españoles
     El secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha compartido las prioridades sectoriales y geográficas de España en el Consejo de Seguridad con representantes de los principales centros de pensamiento y publicaciones españoles especializados en relaciones internacionales.
     23/01/2015 exteriores.gob.es
     Entre las prioridades sectoriales ha destacado el fortalecimiento de la diplomacia preventiva; el incremento de la eficacia de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz; la protección y promoción de los Derechos Humanos; la No Proliferación y Desarme (España ostentará estos dos años la presidencia del Comité 1540 relativo a la no proliferación de armas de destrucción masiva y de los Comités de Sanciones respecto de la República Popular y Democrática de Corea, y de Irán); la lucha contra el terrorismo, y los nuevos desafíos a la paz y seguridad internacional, como el Cambio Climático o la ciberseguridad. Sobre las prioridades geográficas, se ha hecho un repaso de los principales conflictos locales y regionales que están en la agenda del Consejo de Seguridad.

     Asimismo, Ignacio Ybáñez ha explicado la creación de la nueva Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos, en presencia del nuevo director general, con el objeto de dar respuesta adecuada a este importante reto y responsabilidad para nuestra política exterior, en una coyuntura especialmente compleja, pero que al mismo tiempo constituye una oportunidad para la proyección de España en el exterior.

     El secretario de Estado ha destacado también el trabajo fundamental que están realizando los  centros de pensamiento españoles y ha señalado que espera estrechar aún más la intensa colaboración que mantiene el Ministerio con los mismos. De hecho, está prevista la celebración de otros encuentros como el mantenido hoy, como parte de la diplomacia pública española. En este sentido, Ignacio Ybáñez se ha referido al  importante papel que pueden jugar los centros de pensamiento  para dar a conocer la labor de nuestro país en el Consejo de Seguridad, tanto en el exterior como hacia la opinión pública  española.

 

El número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo hasta noviembre cae un 59%

sábado, 24 de enero de 2015

     En los once primeros meses de 2014.

     El número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo hasta noviembre cae un 59% respecto al mismo periodo del año anterior
     Desciende  un 50,5% el número de empresas que recurren a regulaciones de empleo
     El 93,5% de los procedimientos se resolvieron con acuerdo
     23 enero 2015 empleo.gob.es
     El número de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo en los once primeros meses de 2014 se situó en 139.282 personas, 200.399 trabajadores menos que hasta noviembre de 2013, lo que supone un descenso del 59%. Del total de trabajadores, 30.815 fueron objeto de despidos colectivos, lo que supone un descenso interanual de 32.267 trabajadores, un 51,2% menos.
     Los trabajadores que en este periodo estuvieron afectados por suspensiones de contrato se situaron en 80.071, lo que representa una disminución del 61,5%. Asimismo, los trabajadores que vieron reducida su jornada alcanzaron la cifra de 28.396, un 58,7% menos
     Estos datos se desprenden de la Estadística de Regulación de Empleo correspondientes al mes de noviembre de 2014 que ha hecho pública el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
     En los once meses de 2014 un total de 9.760 empresas han adoptado medidas de regulación de empleo, que supone un descenso del 50,5% sobre el mismo periodo del ejercicio anterior. El número de procedimientos registrados fue de 12.253, lo que supone un descenso del 52,6% respecto a los registrados hasta noviembre de 2013. El 93,5% de los procedimientos se resolvió con acuerdo.
     Por Comunidades Autónomas, se ha producido un descenso del número de afectados en todas ellas, siendo las más significativas en términos relativos las reducciones producidas en Ceuta y Melilla (-71,4%), Cantabria (-71%), Asturias (-70,4%), Canarias (-67%), Cataluña (-65,3%) y Aragón (-65%).
     Descenso en todos los sectores
     El descenso en el número de afectados es generalizado en todos los sectores de actividad. El mayor descenso se produjo en Industria, que registra 67.172 afectados, 101.661 menos que hace un año (-60,2%), seguido de Servicios, que suma 56.796 afectados, 79.921 menos que hace un año (-58,5%).
     Por su parte, la cifra de afectados en la Construcción se reduce hasta los 13.629 trabajadores, 18.036 menos que hace un año (-57%), mientras que el Sector Agrario registra 1.685 afectados, lo que supone 781 menos que hasta noviembre de 2013 (-31,7%).

 

El FMI vuelve a corregir sus previsiones con un marcado sesgo ideológico

sábado, 24 de enero de 2015

     El FMI vuelve a corregir sus previsiones con un marcado sesgo ideológico
     UGT | martes, 20 de enero de 2015 ugt.es
     UGT considera que las previsiones del Fondo Monetario Internacional carecen de credibilidad, considera que tienen poco fundamento y están condicionadas ideológicamente. El organismo, que revisa una vez más sus propias previsiones, justifica la revisión al alza del crecimiento en nuestro país en base a un mayor optimismo, un incremento del consumo, el aumento de productividad, los recortes salariales y el mejor comportamiento de las exportaciones, al tiempo que minimiza la evolución negativa de los precios en nuestro país.
     UGT considera que la salida de la crisis pasa por una reactivación del consumo de las familias para lo que es necesario un crecimiento real de los salarios y un aumento del empleo de calidad. Asimismo aboga por impulsar un cambio de modelo de crecimiento y una distribución de la renta más justa.
     De nuevo, como viene siendo costumbre, el Fondo Monetario Internacional ha procedido a recortar sus propias previsiones de crecimiento futuro. En esta ocasión, España es una de las dos grandes economías cuya revisión es al alza, junto con EEUU.
     También esto viene siendo una costumbre: es la sexta revisión al alza desde octubre de 2013, en que dicha institución preveía que España crecería en 2015 un 0,8%, mientras hoy prevé un incremento del PIB español en 2015 del 2,0% y mantiene la previsión del 1,8% para 2016.
     No dejan de ser previsiones, y no dejan de ser previsiones que se revisan cada tres meses. El FMI no se caracteriza por hacer las previsiones más acertadas, aunque indudablemente, a medida que se acercan las fechas, las previsiones son más certeras.
     De este modo, la previsión de crecimiento para España del FMI para 2015 coincide con el 2% que estimó el Gobierno español en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015; sin embargo, mientras en este caso la explicación se fundamentaba en la tendencia al crecimiento del gasto derivada de la buena evolución del mercado de trabajo (y del aumento de la renta disponible como consecuencia de la reforma fiscal), para el FMI la creación de empleo va a ser reducida, en comparación con la planteada por el Gobierno: 130.000 empleos en 2015 frente a los 348.000 que estima el Gobierno.
     Con respecto a la revisión a la baja del crecimiento de la zona euro, lo que preocupa al FMI es el estancamiento con riesgo de inflación a la baja. No le parece significativo en el caso de España, con un Índice de Precios Armonizado que se sitúa en el -1-1%, un punto por debajo de la media de la zona euro.
     En opinión del FMI, entre los factores que motivan la revisión al alza del crecimiento en España destaca el mayor optimismo, que incrementa el consumo, el aumento de la productividad, los recortes salariales y el mejor comportamiento de las exportaciones.
     El Fondo prevé que continúe aumentando el consumo, pero en paralelo prevé que el paro se mantenga en niveles muy elevados.
     Aunque la credibilidad de las previsiones del FMI ya hace tiempo que está muy deteriorada, achacar el crecimiento a que va a aumentar el consumo, previendo crecimiento del empleo muy reducido y basándolo en los recortes salariales, supone hacer afirmaciones con muy poco fundamento. O muy ideológicamente fundamentadas.
     En España, como en la zona euro e incluso más, por estar más acentuado, el peligro de la evolución negativa de los precios es evidente. La consolidación del crecimiento requiere por tanto que el incremento del consumo sea sostenible, ya que de lo contrario, no habrá inversión, en una economía donde la pérdida de ingresos por ventas ha supuesto durante los últimos años el cierre masivo de empresas.
     Efectivamente, la salida de la crisis pasa por una reactivación del consumo de las familias, que solo será posible si además de un crecimiento real de los salarios de los trabajadores se produce un verdadero aumento del empleo de calidad.
     El inicio de la recuperación ha venido marcado por un tímido aumento del empleo, que las estadísticas ponen de manifiesto que se trata de un empleo más precario, de peor calidad, con más temporalidad y mayor parcialidad involuntaria y con salarios más bajos.
     Además, el auge del empleo parcial involuntario está acompañado por un incremento de las horas efectivas trabajadas a la semana por los empleados a tiempo parcial, junto a un aumento del peso de las horas extraordinarias no pagadas.
     UGT considera que hay que aprovechar el momento para crecer más y de forma más equilibrada, creando más y mejores empleos y favoreciendo un cambio de modelo de crecimiento y una distribución de la renta más justa. Para ello, los salarios deben aumentar en términos reales.
     Por ello, la mejora salarial debe estar presente en la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, por lo que estamos planteando la exigencia de una política salarial que mejore el poder adquisitivo, acorde con la evolución de la productividad real y con cláusulas de revisión que aseguren la ganancia negociada en caso de desviaciones al alza de los precios.

Fernando Santiago Ollero, nuevo presidente del Consejo General de Gestores Administrativos

viernes, 23 de enero de 2015

     Fernando Santiago Ollero, nuevo presidente del Consejo General de Gestores Administrativos – consejogestores.net
     Fernando Jesús Santiago Ollero es también presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, cargo que compatibilizará con esta nueva responsabilidad
     Fernando J. Santiago Ollero (Madrid, 1966), estudió Derecho en la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Abogado y gestor administrativo, se colegió en el año 1991 y tiene su propio despacho en Madrid especializado en asesoría integral de empresa. Desde 2010 es también presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, donde ha desarrollado la plataforma de tramitación telemática OEGAM (Oficina Electrónica de los Gestores Administrativos), uno de los proyectos más avanzados e innovadores en España para la realización de todo tipo de trámites electrónicos.
     La Comisión Ejecutiva
     Además del presidente del Consejo, se han elegido también el resto de cargos, resultando como vicepresidente primero Alfonso Lluzar López de Briñas, presidente del Colegio de Cataluña; y como vicepresidente segundo Joaquín Antonio Giner Segarra, presidente del Colegio de Valencia.
     Asimismo, ha sido elegido José Manuel Mariño Romero como secretario; Miguel Ángel Pertejo Andrés, como tesorero; Raquel Ferrando Bundio, como contadora; José Damián Pérez De las Bacas y Vacas, como vicesecretario y Víctor Carpintero Carcedo, como vicetesorero.

Ejecutiva del Consejo General de Gestores Administrativos de España

viernes, 23 de enero de 2015

Ejecutiva Consejo Gestores

Las pymes sólo consiguen el 32,5% de crédito nuevo que conceden los bancos a las empresas

viernes, 23 de enero de 2015

     Boletín de morosidad y financiación empresarial de cepyme
     La morosidad entre empresas se reduce, aunque aumenta el porcentaje de las ventas a crédito en situación de mora
     Madrid, 15 de enero de 2015. http://www.cepyme.es/ 
     La falta de financiación sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan las pymes españolas, debido al mantenimiento de la restricción del crédito por parte del sector bancario y al moderado impacto que tienen hasta el momento las vías de financiación alternativas (ICO, capital-riesgo, sociedades de garantías recíprocas, crowdfunding, etcétera).
     Según informa el último número del Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME, que se ha presentado hoy, la financiación es el segundo problema más importante al que se enfrentan las pymes españolas, después de la preocupación por el incremento de la cartera de clientes y, en concreto, es el primer problema para el 23,4% de las pymes, porcentaje que en el escenario europeo es superado solamente por Grecia.
     Según los datos que aporta el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME, publicado en colaboración con la Dirección General de Industria y de la Pyme, el crédito financiero a empresas ha continuado deteriorándose en el segundo trimestre de 2014, aunque el ritmo de caída se modera progresivamente, hasta situarse en el -10%. A pesar de la tendencia general, la tasa de variación se mantiene aún muy alta para las pymes de determinados sectores, como es el caso del inmobiliario (-17%).
     Aumenta el crédito nuevo
     Si ha aumentado, sin embargo, el flujo financiero destinado por los bancos a créditos nuevos de un millón de euros o menos, que acumula un incremento del 14,1% en los diez primeros meses de este año.
     En todo caso, del volumen total dispuesto de operaciones de crédito nuevas destinadas a financiar a las sociedades no financieras, más de la mitad (54,7%) corresponde a las grandes empresas, mientras que las pymes han percibido solamente el 32,5% del total.
     De acuerdo con el análisis realizado, además de la diferencia entre las grandes empresas y las pymes, también entre éstas se advierten discriminaciones en función del tamaño: las microempresas concentran el 13,4% del crédito otorgado al conjunto de las pymes; las pequeñas empresas, el 10,2%; y las medianas, el 8,8%.
     Créditos dudosos
      En términos de calidad crediticia, la ratio de créditos dudosos de las sociedades no financieras alcanzó en junio de 2014 el 22,5%, si bien también se producen grandes diferencias (de hasta 10 puntos) en función del tamaño de la empresa.
     La ratio de créditos dudosos se sitúa en el 18,2% entre las grandes empresas, mientras que esta tasa se eleva hasta el 28% en las pymes. Y dentro de este amplio segmento, varía igualmente en función del tamaño de la empresa: las microempresas ofrecen una ratio de créditos dudosos del 31,7%, en las pequeñas es del 27,5%, y en las medianas, del 25,7%.
     La morosidad comercial sigue a la baja
     En cuanto a la evolución de la morosidad entre las empresas, durante el tercer trimestre de 2014 mantuvo la moderada tendencia a la baja de los últimos dos años.
     El Indicador Sintético de Morosidad Empresarial (ISME) que ofrece trimestralmente el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME, se situó en el tercer trimestre en 94,3 puntos, tres décimas menos que el trimestre anterior.
     Este descenso se debe fundamentalmente al recorte del periodo medio de pago hasta los 81,6 días (un día menos que en el segundo trimestre), un dato que compensa el ligero incremento porcentual del crédito comercial entre empresas en situación de mora, que sube hasta representar el 70,5% del total de las ventas a crédito (1,7 puntos más que en el segundo trimestre).
     Cae el volumen de los efectos impagados
     Según el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME, en el tercer trimestre de 2014 se ha producido un descenso del importe de los efectos comerciales impagados a su vencimiento, pasando a representar el 2% del total, dos décimas menos que trimestre anterior.
     Un comportamiento que refleja la relación inversa existente entre la tasa de crecimiento del PIB y el porcentaje del valor de los efectos comerciales impagados sobre el total los efectos vencidos en el periodo.
     De hecho la caída registrada en el tercer trimestre es coherente con la mejora del entorno económico y la ligera recuperación (ligera) de la actividad, además de la elevación de las exigencias para el descuento de efectos comerciales.
     El periodo medio de impago de los efectos denunciados se ha ido reduciendo de manera continuada e intensa entre mayo y octubre (cinco meses consecutivos), pasando de 1.046 días a 689,7 días en octubre de 2014.
     El 70% del crédito comercial entre empresas, en situación de mora
     A pesar de su paulatino descenso, la morosidad entre empresas tiene un impacto muy negativo en su situación financiera, especialmente para las pymes.
     Según el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME, el crédito entre empresas en situación de mora se situó en el tercer trimestre de 2014 en el 70,5% del crédito comercial total (287.300 millones de euros), 1,7 puntos más que en el segundo trimestre, aunque entre cinco y seis puntos por debajo de la mora registrada en 2011 y 2012.
     Con estos datos, el coste de la morosidad para el conjunto de las empresas se mantiene por encima de los mil millones de euros en el tercer trimestre de 2014, ligeramente inferior a la cifra del segundo trimestre, pero lejos del coste que representaba la morosidad empresarial en 2011 (por encima de los 1.860 millones).
     La construcción deja de ser el sector más moroso
     Por sectores de actividad, el mayor periodo medio de cobro corresponde a las pymes del textil (96,2 días), que desbancan por primera vez desde el inicio de la crisis a las empresas de la construcción y promoción inmobiliaria (95 días).
     Por el contrario, los periodos medios de cobro más reducidos se mantienen en los sectores de la distribución alimenticia (69,3 días) y agroalimentario (69,6 días).
     A mayor tamaño, más plazo de pago
     El comportamiento del pago de las empresas a sus proveedores, que arroja un plazo medio de 81,6 días en el tercer trimestre de 2014, se sitúa por debajo o por encima de la media en función del tamaño de las empresas.
     Así, el menor poder de negociación obliga a las microempresas a afrontar sus pagos en un periodo medio de 77 días (17 por encima del plazo legal establecido), mientras que las empresas medianas amplían sus periodos medios de pago hasta los 84 días (24 por encima del plazo legal máximo) y las pequeñas, cuyo tamaño es intermedio entre las anteriores, también afrontan sus pagos en un plazo intermedio (casi 82 días).

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de 2015 sobre intereses de demora

jueves, 22 de enero de 2015

     SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 21 de enero de 2015 (*)
     «Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados entre profesionales y consumidores — Contratos de crédito hipotecario — Cláusulas de intereses de demora — Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Reducción del importe de los intereses — Competencias del órgano jurisdiccional nacional»
     En los asuntos acumulados C 482/13, C 484/13, C 485/13 y C 487/13,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla), mediante resoluciones de 12 de agosto de 2013, recibidas en el Tribunal de Justicia el 10 de septiembre de 2013, en los litigios entre
     Unicaja Banco, S.A.
     y…
     y entre
     Caixabank, S.A.
     y… 

    EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y E. Levits (Ponente), la Sra. M. Berger y el Sr. F. Biltgen (Jueces),
Abogado General: Sr. N. Wahl;
Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de septiembre de 2014;
consideradas las observaciones presentadas:
—        en nombre de Unicaja Banco, S.A., por el Sr. J. Almoguera Valencia, abogado;
—        en nombre de Caixabank, S.A., por los Sres. J. Almoguera Valencia y J. Rodríguez Cárcamo y la Sra. B. García Gómez, abogados;
—        en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Rubio González y la Sra. S. Centeno Huerta, en calidad de agentes;
—        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Rius, M. van Beek y G. Valero Jordana, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de octubre de 2014;
dicta la siguiente
     Sentencia
     1        Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29).
     2        Dichas peticiones se presentaron en el marco del litigio entre Unicaja Banco, S.A. (en lo sucesivo, «Unicaja Banco»), por una parte, y …, y de los litigios entre Caixabank, S.A. (en lo sucesivo, «Caixabank») y, en primer término, …en segundo término, …  y, en tercer término, …, litigios todos ellos relativos al cobro de las deudas no pagadas derivadas de los contratos de préstamo hipotecario celebrados entre las mencionadas partes de los litigios principales.
 Marco jurídico
 Directiva 93/13
     3        El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 establece que:
     «Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.»
     4        El artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva tiene la siguiente redacción:
     «Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.»
     5        El artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva precisa:
     «[…] el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.»
     6        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone:
     «Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
     7        En virtud del artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva:
     «Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
 Derecho español
     8        En Derecho español, la protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas estaba garantizada inicialmente por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE nº 176, de 24 de julio de 1984, p. 21686).
     9        La Ley 26/1984 fue modificada posteriormente mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (BOE nº 89, de 14 de abril de 1998, p. 12304), que adaptó el Derecho interno a la Directiva 93/13.
     10      Estas disposiciones fueron retomadas por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE nº 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181).
     11      Con arreglo al artículo 83 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:
     «1.      Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.
     2.      La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1.258 del Código Civil y al principio de buena fe objetiva.
     A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario.
     Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato.»
     12      A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 2013, Aziz (C 415/11, EU:C:2013:164), la legislación española en materia de protección de los consumidores fue modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE nº 116 de 15 de mayo de 2013, p. 36373). Esta Ley modificó en particular determinadas disposiciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 7 de 8 de enero de 2000, p. 575).
     13      De este modo, el artículo 552, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su versión resultante de la modificación  introducida por el artículo 7, punto 1, de la Ley 1/2013, dispone lo siguiente:
     «Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo de los cinco días siguientes, conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3ª.»
     14      El artículo 7, apartado 3, de la Ley 1/2013 añadió un punto 3.a al artículo 561, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la siguiente redacción:
     «Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas.»
     15      El artículo 7, apartado 14, de la Ley 1/2013 modifica el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil precisando que la existencia de cláusulas abusivas constituye un motivo de oposición en los siguientes términos:
     «1.      En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:
[…]
     4.a      El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.»
     16      El artículo 3, apartado 2, de la Ley 1/2013 modificó el artículo 114 de la Ley Hipotecaria añadiendo al mismo un tercer párrafo con la siguiente redacción:
     «Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
     17      Por último, la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 añade lo siguiente:
     «La limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual prevista en el artículo 3, apartado dos, será de aplicación a las hipotecas constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
     Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los intereses de demora previstos en los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de la entrada en vigor de la Ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos.
     En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella cantidad conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.»
 Litigios principales y cuestiones prejudiciales
     18      Los litigios principales se refieren a diferentes procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados por Unicaja Banco y Caixabank con el objeto de obtener la ejecución forzosa de varias hipotecas constituidas entre el 5 de enero de 2007 y el 20 de agosto de 2010 para garantizar importes comprendidos entre 47 000 euros y 249 000 euros.
     19      En el asunto C 482/13, el préstamo hipotecario llevaba aparejados intereses moratorios calculados al tipo del 18 %, el cual podía aumentar si, al incrementar en cuatro puntos el tipo de interés variable, resultara un tipo de interés superior a aquél, no pudiendo rebasarse en ningún caso el tope máximo del 25 % nominal anual. En los asuntos C 484/13, C 485/13 y C 487/13, los préstamos hipotecarios llevaban aparejados intereses moratorios calculados al tipo del 22,5 %.
     20      Asimismo, todos los contratos de préstamo a los que se refieren los litigios principales incluyen una cláusula con arreglo a la cual, en caso de que el prestatario incumpla sus obligaciones de pago, el prestamista puede anticipar el vencimiento inicialmente pactado y exigir el pago de la totalidad del capital pendiente, más los intereses, intereses de demora, comisiones, gastos y costas pactados.
     21      Entre el 21 de marzo de 2012 y el 3 de abril de 2013, Unicaja Banco y Caixabank presentaron ante el órgano jurisdiccional remitente demandas de ejecución por las cantidades debidas tras aplicar los tipos de interés de demora estipulados en los contratos de préstamo hipotecario en cuestión. En el marco de estos procedimientos, dicho órgano jurisdiccional se planteó la cuestión del posible carácter «abusivo», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, de las cláusulas relativas a los tipos de interés de demora y de la aplicación de esos tipos de interés al capital cuyo vencimiento anticipado es consecuencia del retraso en el pago.
     22      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente alberga, no obstante, dudas acerca de las consecuencias que debe extraer del carácter abusivo de dichas cláusulas a la luz de la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013. De este modo, si el órgano jurisdiccional remitente tuviera que aplicar dicha disposición, debería ordenar que se recalcularan los intereses de demora, según se prevé en el párrafo tercero de la citada disposición transitoria.
     23      En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
     «1)      Si de conformidad con la Directiva 93/13 […], en particular con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, y a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad, cuando un juez nacional aprecie la existencia de una cláusula abusiva relativa a interés moratorio en préstamos hipotecarios debe proceder a declarar la nulidad de la cláusula y su carácter no vinculante o por el contrario debe proceder a moderar la cláusula de intereses dando traslado al ejecutante o prestamista para que recalculen los intereses.
      2)      Si la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 […] no supone sino una limitación clara a la protección del interés del consumidor, al imponer implícitamente al órgano jurisdiccional la obligación de moderar una cláusula de interés de demora que haya incurrido en abusividad, recalculando los intereses estipulados y manteniendo la vigencia de una estipulación que tenía un carácter abusivo, en lugar de declarar la nulidad de la cláusula y la no vinculación del consumidor a la misma.
     3)      Si la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 […], contraviene la Directiva 93/13 […], en particular el artículo 6, apartado 1, de la mencionada Directiva, al impedir la aplicación de los principios de equivalencia y efectividad en materia de protección al consumidor y evitar la aplicación de la sanción de nulidad y no vinculación sobre las cláusulas de interés de demora incursas en abusividad estipuladas en préstamos hipotecarios concertados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 […].»
     24      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 2013, se ordenó la acumulación de los asuntos C 482/13 a C 487/13 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento, así como de la sentencia.
     25      Mediante autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 13 de marzo y de 3 de octubre de 2014, respectivamente, se ordenó separar del presente procedimiento los asuntos C 486/13 y C 483/13, al haberse procedido al archivo de los mismos.
 Sobre las cuestiones prejudiciales
     26      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta fundamentalmente si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional con arreglo a la cual el juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria está obligado a hacer que se recalculen las cantidades debidas en virtud de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que fija unos intereses de demora calculados a un tipo superior a tres veces el interés legal del dinero, mediante la aplicación de un tipo de interés de demora que no rebase ese límite máximo.
     27      A este respecto, es preciso comenzar señalando que el órgano jurisdiccional remitente considera que las cláusulas relativas a los intereses de demora de los contratos de préstamo hipotecario cuya ejecución se le solicita son «abusivas» en el sentido del artículo 3 de la Directiva 93/13.
     28      En este contexto, procede recordar que, en lo que se refiere a las consecuencias que deben extraerse de la apreciación del carácter abusivo de una cláusula de un contrato que vincula a un consumidor y un profesional, de la redacción del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. En efecto, el contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, ese mantenimiento del contrato sea jurídicamente posible (sentencias Banco Español de Crédito, C 618/10, EU:C:2012:349, apartado 65, y Asbeek Brusse y de Man Garabito, C 488/11, EU:C:2013:341, apartado 57).
     29      En particular, la citada disposición no puede interpretarse en el sentido de que permita al juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, reducir el importe de la pena convencional impuesta al consumidor, en lugar de excluir plenamente la aplicación a éste de la referida cláusula (sentencia Asbeek Brusse y de Man Garabito, EU:C:2013:341, apartado 59).
     30      Asimismo, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de inferioridad en relación con los profesionales, la Directiva 93/13 impone a los Estados miembros, tal como se desprende de su artículo 7, apartado 1, en relación con su vigésimo cuarto considerando, la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores (sentencias Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, apartado 68, y Kásler y Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, apartado 78).
     31      De hecho, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, dicha facultad podría poner  en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos profesionales (sentencias Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, apartado 69, y Kásler y Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartado 79).
     32      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a una norma de Derecho nacional que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva (sentencias Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, apartado 73, y Kásler y Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartado 77).
     33      Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha reconocido al juez nacional la facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional, siempre que esta sustitución se ajuste al objetivo del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y permita restablecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes del contrato. No obstante, esta posibilidad queda limitada a los supuestos en los que la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a consecuencias de tal índole que representaran para éste una penalización (véase, en este sentido, la sentencia, Kásler y Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartados 82 a 84).
     34      No obstante, en los litigios principales, y sin perjuicio de las comprobaciones que a este respecto deba realizar el órgano jurisdiccional remitente, la anulación de las cláusulas contractuales en cuestión no puede acarrear consecuencias negativas para el consumidor, ya que los importes en relación con los cuales se iniciaron los procedimientos de ejecución hipotecaria serán necesariamente menores al no incrementarse con los intereses de demora previstos por dichas cláusulas.
     35      Una vez recordados estos principios, debe señalarse que de las resoluciones de remisión resulta que la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 establece una limitación de los intereses de demora respecto de los préstamos o los créditos destinados a la adquisición de la vivienda habitual y garantizados mediante hipotecas constituidas sobre la vivienda en cuestión. De este modo, se prevé que en los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de dicha Ley —esto es, el 15 de mayo de 2013—, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, tal cantidad deberá ser recalculada aplicando un interés de demora calculado a partir de un tipo no superior a tres veces el interés legal del dinero cuando el tipo de interés de demora fijado en el contrato de préstamo hipotecario exceda de ese límite.
     36      Tal como señalaron tanto el Gobierno español en sus escritos y en la vista, como el Abogado General en los puntos 38 y 39 de sus conclusiones, el ámbito de aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 comprende cualquier contrato de préstamo hipotecario y, de este modo, no coincide con el de la Directiva 93/13, la cual únicamente se refiere a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor. De ello se sigue que la obligación de respetar el límite máximo del tipo de interés de demora equivalente a tres veces el interés legal del dinero, tal como la impuso el legislador, no prejuzga en absoluto la apreciación por parte del juez del carácter abusivo de una cláusula por la que se establecen intereses de demora.
     37      En este contexto, debe recordarse que, con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración. De ello se desprende que, en esta perspectiva, deben apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, lo que implica un examen del sistema jurídico nacional (véase el auto Sebestyén, C 342/13, EU:C:2014:1857, apartado 29 y jurisprudencia citada).
     38      En este sentido hay que recordar, igualmente, que cuando un tribunal nacional conoce de un litigio entablado exclusivamente entre particulares, está obligado, al aplicar las normas del Derecho interno, a tomar en consideración todas las normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva aplicable en la materia para llegar a una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta (sentencia Kásler y Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartado 64).
     39      Por lo tanto, es preciso considerar que, en la medida en que la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 no impide que el juez nacional pueda, en presencia de una cláusula abusiva, ejercer sus competencias y excluir la aplicación de dicha cláusula, la Directiva 93/13 no se opone a la aplicación de tal disposición nacional.
     40      Ello implica en particular, por una parte, que cuando el juez nacional debe examinar una cláusula de un contrato relativa a intereses de demora calculados a partir de un tipo inferior al previsto por la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013, la fijación por ley de ese límite máximo no impide a dicho juez apreciar el carácter eventualmente abusivo de tal cláusula en el sentido del artículo 3 de la Directiva 93/13. De este modo, no cabe considerar que un tipo de interés de demora inferior a tres veces el interés legal del dinero sea necesariamente equitativo en el sentido de la mencionada Directiva.
     41      Por otra parte, en el supuesto de que el tipo de interés de demora estipulado en una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario sea superior al establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 y deba ser objeto de limitación en virtud de esa disposición, tal circunstancia no es óbice para que el juez nacional pueda, además de aplicar esa medida moderadora, extraer del eventual carácter abusivo de la cláusula en la que se establece ese tipo de interés todas las consecuencias que se derivan de la Directiva 93/13, procediendo, en su caso, a la anulación de dicha cláusula.
     42      Por consiguiente, del conjunto de las anteriores consideraciones resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional con arreglo a la cual el juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria está obligado a hacer que se recalculen las cantidades debidas en virtud de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que fija intereses de demora calculados a partir de un tipo superior a tres veces el interés legal del dinero con el fin de que el importe de dichos intereses no rebase ese límite, siempre que la aplicación de la disposición nacional:
     —        no prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional del carácter abusivo de tal cláusula y
     —        no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.
 Costas
     43      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.
     En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
     El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional con arreglo a la cual el juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria está obligado a hacer que se recalculen las cantidades debidas en virtud de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que fija intereses de demora calculados a partir de un tipo superior a tres veces el interés legal del dinero con el fin de que el importe de dichos intereses no rebase ese límite, siempre que la aplicación de la disposición nacional:
     —        no prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional del carácter abusivo de tal cláusula y
     —        no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.
Firmas

 

El CGPJ convoca las presidencias de las Audiencias Provinciales de León, Palma de Mallorca y Valencia

jueves, 22 de enero de 2015

     Martes, 20 de enero de 2015 poderjudicial.es

     El CGPJ convoca las presidencias de las Audiencias Provinciales de León, Palma de Mallorca y Valencia
     Podrán presentar su candidatura los magistrados con una antigüedad de diez años en la Carrera Judicial 
     Autor:Comunicación Poder Judicial

     La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy anunciar la convocatoria de las presidencias de las Audiencia Provinciales de León, Palma de Mallorca y Valencia, en los tres casos por la próxima expiración del mandato de sus actuales titulares.

     El mandato de los presidentes de las Audiencias leonesa y balear, Manuel García Prada y Carlos Gómez Martínez, finalizará el próximo 9 de marzo; mientras que el de la presidenta de la valenciana, Carmen Llombart Pérez, que también es vocal del Consejo General del Poder Judicial, lo hará cuatro días antes, el 5 de marzo.

     El artículo 337 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “los presidentes de las Audiencias Provinciales serán nombrados por un periodo de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre los magistrados que lo soliciten, de entre los que lleven diez años de servicios en la Carrera”.

     El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos serán convocados a una comparecencia pública en la sede del CGPJ para exponer su currículo y su proyecto.

     La Comisión Permanente elevará posteriormente una terna de candidatos al Pleno del órgano de gobierno de los jueces, que es el competente para efectuar el nombramiento.