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Archivo de septiembre de 2015

Alberto Barrera Tyszka se ha alzado como ganador del XI Premio Tusquets Editores de Novela 2015

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

     El guionista y novelista venezolano Alberto Barrera Tyszka se ha alzado como ganador del XI Premio Tusquets Editores de Novela 2015 con Patria o muerte, una historia ambientada en la Venezuela actual y que narra el drama político y social que vive el país sudamericano a través de las vivencias cotidianas de un grupo de personajes y que refleja las angustias y complicaciones de de una sociedad gobernada por un líder mesiánico

     vozpopuli.com Karina Sainz Borgo

Alberto Barrera
     Cuando parecía que Venezuela era incapaz de generar un relato sobre el grave proceso de retroceso político, social y económico que padece, Alberto Barrera Tyszka se alza con lo que el jurado ha valorado como una “novela” valiente, capaz de contar la realidad venezolana “de manera poco complaciente”. El fallo del jurado señala asimismo la “habilidad del autor para hacerlo con un absorbente ritmo narrativo, que refleja las angustias y complicaciones de unas vidas condicionadas por la histeria y las tensiones.

     Alberto Barrera Tyszka, quien en 2006 ganó el premio Anagrama de Novela con La enfermedad , es autor de las novelas También el corazón es un descuido (2001) y Rating (2001) y de los libros de cuentos Edición de lujo (2001), Perros (2006) y Crímenes (2009), así como de los poemarios Coyote de ventanas (1993) y Tal vez el frío (2000).El jurado, presidido por Juan Marsé, ha estado integrado por Almudena Grandes, Juan Gabriel Vázquez, Juan Trejo, ganador de la anterior convocatoria, y Juan Cerezo, en representación de la editorial.

África

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

El Tribunal Supremo avala la necesidad de un estudio de impacto ambiental en el gasoducto Castor

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

     Martes, 29 de septiembre de 2015 

     El Tribunal Supremo avala la necesidad de un estudio de impacto ambiental en el gasoducto Castor

     La Sala de lo Contencioso-administrativo destaca que la evaluación ambiental y su posterior aprobación resultaban imprescindibles

     Autor :Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por la Administración General del Estado, ENAGAS y  ESCAL UGS, S.L. y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, de 15 de abril de 2013, que anuló la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, de 23 de noviembre de 2009, por la que se acuerda no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de conexión del sistema gasista con el almacenamiento subterráneo Castor, Tarragona-Castellón.

     La sentencia de la Audiencia Nacional anuló dicha resolución por entender que el proyecto de gasoducto debió ser sometido a estudio de impacto ambiental al ser un elemento inescindible e indisociable del almacenamiento.

     La Sala de lo Contencioso-administrativo destaca que la evaluación ambiental y su posterior aprobación resultaban imprescindibles, sin que resulte de recibo, en tal situación, rechazar al inicio el proceso de evaluación considerando la misma innecesaria, cuando otro trozo del gasoducto de similares características (situado entre la planta de operaciones y el mar) sí había sido objeto de evaluación.

     En este sentido, añade que no deja de ser significativo que en la resolución impugnada se formulara y aprobara la declaración de impacto ambiental del proyecto Almacén subterráneo de gas natural Amposta, que comprendía tanto el almacenamiento propiamente dicho como una parte importante del gasoducto (el comprendido entre la plataforma marina y la planta de compresión y tratamiento de gas natural en tierra, en el término municipal de Vinarós).

     En consecuencia, según la sentencia, al someter a evaluación medioambiental este tramo del gasoducto (8,7m) y no considerarla necesaria con su continuación (11,6 km), se produce una desmembración de una parte del proyecto, de igual naturaleza y características que el sometido a evaluación junto con el almacenamiento de gas y parte marina del mismo gasoducto.

     La Sección Quinta señala que la nota que figura al Anexo de la Ley se refiere “al fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico”, pero afirma que, en todo caso, constituye, al menos, una norma interpretativa que conduce a un sistema de evaluación ambiental de los proyectos, con todos los elementos necesarios para su funcionamiento, y, por tanto, contraria al desmembramiento de los mismos, pues, es obvio que tal proceder resulta contrario a la idea básica del control medioambiental que la evaluación implica y que se proyecta o prolonga al ámbito jurisdiccional.

     Después de analizar las resoluciones de la Secretaría de Estado de Cambio Climático en relación con proyectos gasoductos durante el periodo de vigencia de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de 2008, la Sala Tercera concluye que todas ellas aprueban Declaraciones de Impacto Ambiental de los respectivos proyectos de gasoductos, sin haberse detectado, por el contrario, resolución alguna de similares características a las de este caso.

Las exportaciones crecen al 5,5% y el déficit se reduce un 6,1% hasta julio

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

     21 de septiembre de 2015 mineco.gob.es
     Las exportaciones crecen al 5,5% y el déficit se reduce un 6,1% hasta julio
     Las ventas de mercancías suman 148.630 millones de euros, nuevo récord en la serie histórica, y el déficit retrocede hasta 12.876,5 millones de euros

     El crecimiento de las exportaciones se intensifica en julio, con un aumento del 8,9%, hasta 23.507 millones de euros, el mejor dato de exportación en un mes. El déficit retrocede un 23,6%

     Las exportaciones españolas de mercancías subieron un 5,5% interanual en enero-julio de 2015 (3,9 puntos superior a la del mismo periodo del año 2014, 1,6%) y sumaron 148.630,8 millones de euros. Las ventas españolas al exterior registraron así un nuevo máximo anual en el periodo enero-julio desde el inicio de la serie histórica (1971). La variación real fue ligeramente inferior, un 4,3%, al crecer un 1,2 % los precios de las exportaciones aproximados por los Índices de Valor Unitario (IVUs).

     Los resultados acumulados para España están en línea con los de la Unión Europea (5,4%) y por encima de los de la zona euro (4,9%). Comparando por países, entre las grandes economías de la UE sólo Alemania (6,8%) supera los resultados de España, que están por encima de los registros de Italia (5,2%), Francia (4,7%) y el Reino Unido (-2,0%). Fuera de la UE, el crecimiento acumulado de Japón (7,8%), contrasta con la caída del 5,4% de Estados Unidos.

     Las importaciones, que alcanzaron un valor de 161.507,3 millones de euros, en términos interanuales avanzaron a un ritmo ligeramente inferior al de las exportaciones, un 4,5%, y se moderan respecto al año pasado, al aumentar 2,0 puntos menos (6,5%). En términos reales, el aumento fue mayor, ya que las compras de bienes al exterior crecieron un 6,3% al disminuir sus precios aproximados por los IVUs un 1,7%.

     Con estos datos, el saldo comercial registró en enero-julio de 2015 un déficit de 12.876,5 millones de euros, un 6,1% inferior al registrado en el mismo periodo de 2014.

     El saldo no energético arrojó un superávit de 3.493,3 millones de euros (9.840,1 millones de euros en el mismo periodo de 2014), mientras que el déficit energético se redujo sustancialmente, un 30,5%, hasta los 16.369,8 millones de euros, favorecido por los menores precios de la energía.

     Por su parte, la tasa de cobertura se situó en el 92,0%, es decir, 0,9 puntos porcentuales más que la de enero-julio de 2014.

     Áreas geográficas

     Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea representaron el 64,6% del total del periodo (63,6% en el mismo periodo del año anterior) y aumentaron un 7,2% interanual; las dirigidas a la zona euro, 50,5% del total (50,0% en igual periodo de 2014), subieron un 6,5% interanual.

     Así, la recuperación europea explica que aumentaran las ventas a todos nuestros principales socios: Alemania (7,3% de incremento), Francia (5,1%) e Italia (10,8%). Dentro del resto de la UE destaca el aumento de un 8,0% a Reino Unido.

     No obstante, las exportaciones a países no comunitarios también crecieron en este periodo, aunque a un ritmo más moderado, del 2,6%. Esta demanda supuso el 35,4% del total (36,4% en igual periodo de 2014).

     Destacó el crecimiento de las exportaciones a Oceanía (14,3%) y América (11,4%). Por países, destacan los aumentos de las exportaciones acumuladas en el año a Canadá (20,8%), Estados Unidos (13,0%), Chile (29,7%), México (24,5%), China (8,2%), Arabia Saudí (42,8%), Emiratos Árabes Unidos (20,9%), Egipto (28,5%) y Australia (19,7%).

     Los países con una mayor contribución positiva a la tasa de variación interanual de las exportaciones españolas en enero-julio de 2015 (5,5%) fueron Francia (0,8 puntos, sobre todo por las mayores ventas de  automóviles y motos, frutas, hortalizas y legumbres, aeronaves y motores); Alemania (0,8 puntos, por el aumento de exportaciones de  automóviles y motos, frutas, hortalizas y legumbres, medicamentos y componentes del automóvil); Italia (0,8 puntos, por el aumento de exportaciones de  automóviles y motos, frutas, hortalizas y legumbres, hierro y acero y confección); y Estados Unidos (0,6 puntos, por las mayores exportaciones de  automóviles y motos, metales no ferrosos, medicamentos y frutas, hortalizas y legumbres).

     Por Comunidades Autónomas, la comunidad que experimentó una mayor tasa de variación interanual de sus exportaciones en enero-julio de 2015 fue Aragón (21,6% interanual), seguida por Castilla-La Mancha e Illes Balears (ambas con un 13,5% interanual). En cambio, los mayores descensos interanuales se registraron en Cantabria (-11,4% interanual), la Región de Murcia (-6,5% interanual), Canarias (-3,7% interanual) y Andalucía (-3,5% interanual).

     En términos de contribuciones a la tasa de variación interanual de las exportaciones totales, la mayor contribución positiva correspondió a Cataluña, con 1,8 puntos porcentuales, cuyas exportaciones representaron el 25,6% del total y crecieron un 7,2% interanual. Le siguió la Comunitat Valenciana, con una contribución de 1,3 puntos y cuyas exportaciones, 11,3% del total, aumentaron un 12,5% interanual. Las comunidades con las mayores contribuciones negativas fueron Andalucía con -0,4 puntos (10,3% del total de exportaciones, cayeron un 3,5% interanual) y la Región de Murcia con -0,3 puntos (3,7% del total, experimentaron una caída del 6,5% interanual).

     Las exportaciones de la Comunidad de Madrid (11,4% del total) subieron un 3,4% interanual y las de Galicia (7,3% del total), un 5,2%.

     Sectores económicos

     Desde la perspectiva sectorial, se produce una evolución favorable de las ventas al exterior de prácticamente todos los capítulos. Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales en enero-julio de 2015 fueron bienes de equipo (cuyas exportaciones representaron el 19,7% del total y se incrementaron un 2,9% interanual), sector automóvil (17,2% del total y un aumento del 19,3% interanual), alimentación, bebidas y tabaco (16,2% del total y una subida 9,6% interanual) y productos químicos (14,7% del total y un incremento del 8,1% interanual).

     Las principales contribuciones positivas de las exportaciones provinieron del sector automóvil (contribución de 2,9 puntos porcentuales del aumento de las exportaciones totales); alimentación, bebidas y tabaco (1,5 puntos); productos químicos (1,2 puntos); y manufacturas de consumo (1,0 puntos). Las únicas contribuciones negativas a nivel de sector provinieron de productos energéticos (contribución de -1,6 puntos) y otras mercancías (-0,8 puntos).

     Por subsectores, las principales contribuciones positivas fueron las de automóviles y motos (2,5 puntos, debido principalmente a las mayores ventas a Francia, Reino Unido, Alemania y Turquía); frutas, hortalizas y legumbres (0,9 puntos, a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia); medicamentos (0,5 puntos, a Alemania, Estados Unidos, Japón y Canadá); y confección (0,5 puntos, a Italia, Polonia, Arabia Saudí y Alemania).

     En lo que respecta a las importaciones, el dinamismo de la inversión en capital fijo, la mejora de la actividad industrial y el fortalecimiento del consumo siguen impulsando las compras al exterior.

     Así, las importaciones de bienes de equipo (cuyas importaciones representaron el 19,8% del total) se incrementaron un 18,3% interanual; las de productos químicos (16,3% del total) aumentaron un 11,5%; y las del sector automóvil (13,5% del total) crecieron un 17,8%. En cambio, las importaciones de productos energéticos (14,7% del total) disminuyeron un 28,6%, reflejando la caída de precios en los mercados internacionales.

     En términos de contribución al crecimiento de las importaciones, de enero a julio destacaron los sectores de bienes de equipo (contribución de 3,2 puntos porcentuales a la tasa de variación de las importaciones totales del 4,5%); sector automóvil (contribución de 2,1 puntos); productos químicos (contribución de 1,7 puntos); y manufacturas de consumo (contribución de 1,6 puntos). El único sector que lastró las importaciones en el periodo enero-julio fue el de productos energéticos con una contribución de -6,1 puntos.

     Julio de 2015

     En el mes de julio, las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 8,9% en términos interanuales, hasta los 23.507,9 millones de euros, nuevo máximo histórico mensual de exportaciones por encima del anterior récord de marzo de 2015 (23.218,3 millones de euros). En términos reales, las exportaciones crecieron un 6,8% interanual debido al incremento del 1,9% de los precios aproximados por los índices de valor unitario.

     En cambio, se desacelera el ritmo de las exportaciones en nuestros principales socios comunitarios: en Alemania las exportaciones crecen un 6,2% (frente al 13,7% de junio); en Francia crecen un 1,6% en julio frente a un 14,6% el mes anterior; en Italia aumentan un 6,3% en julio contra un  9,4% en junio; mientras que en Reino Unido descienden un -2,2% en julio en contraste con el aumento del 4,8% en junio. La tasa interanual de la UE-28 se sitúa en un 5,1% y la de la eurozona en un 5,3%.

     Fuera de la UE, las exportaciones de Japón aumentan un 7,6%, mientras que las de Estados Unidos agudizan su caída (-6,8%).

     Por su parte, las importaciones en julio de 2015 sumaron un total de 24.904,0 millones de euros, un 6,4% más que en julio de 2014. El aumento es mayor en términos reales, de un 9,5%, al disminuir sus precios aproximados por los IVUs un 2,9%.

     El saldo comercial registró en julio de 2015 un déficit de 1.396,1 millones de euros, un 23,6% inferior al del mismo mes de 2014 (déficit de 1.826,7 millones de euros). La tasa de cobertura se situó en el 94,4%, 2,2 puntos más que en julio de 2014 (92,2%). El saldo no energético arrojó un superávit de 933,1 millones de euros (1.423,4 millones de euros en julio de 2014, datos provisionales) y se redujo el déficit energético un 28,3% hasta los 2.329,2 millones.

     Áreas geográficas

     Las exportaciones dirigidas a la UE crecieron a tasas interanuales de 9,5% mientras que las destinadas a la zona euro lo hicieron 8,0%. Aumentaron un 3,4% las ventas a Francia, nuestro principal cliente con el 15,7% del total de nuestras exportaciones; las dirigidas a Alemania (10,6% del total), aumentaron un 13,8%; las destinadas al Reino Unido (7,2% del total), un 9,8%; las destinadas a Italia (7,0% del total), un 4,0%; y aquellas con destino a Portugal (7,1% del total), un 6,6%. Del resto de la UE destaca el aumento de un 27,5% de las exportaciones a Polonia.

    Las exportaciones a destinos fuera de la UE avanzaron un 7,9%, con protagonismo del aumento de un 25,2% de las exportaciones a Estados Unidos (destino del 5,4% de nuestras exportaciones), México (65,1%), Chile (47,8%), China (29,4%), Arabia Saudí (26,3%), Emiratos Árabes Unidos (13,8%), Egipto (18,7%) y Sudáfrica (15,8%).

     Así, en julio de 2015 aumenta el peso de nuestras exportaciones hacia países comunitarios en detrimento de las destinadas a terceros países, lo que refleja la debilidad de la coyuntura en algunas economías emergentes. La participación de las exportaciones a la UE se situó en el 63,6% del total, porcentaje mayor que el 63,3% registrado en julio de 2014. Este crecimiento de peso se debió al aumento de la importancia del resto de la Unión Europea (14,3% en julio de 2015 frente al 13,6% del mismo mes del año anterior), mientras que el porcentaje de las exportaciones destinadas a la zona euro se redujo ligeramente hasta el 49,3% del total, cuatro décimas menos que en idéntico mes del año anterior.

     Sectores económicos

     Los sectores con una mayor contribución positiva a la tasa de variación anual de las exportaciones en julio (8,9%) fueron el sector automóvil (contribución de 4,1 puntos porcentuales). Sus ventas al exterior  representaron el 17,7% del total y subieron un 26,9%. En segundo lugar, el sector de alimentación, bebidas y tabaco, con una contribución de 2,0 puntos, supusieron el 15,0% del total y ascendieron un 14,0%. A continuación, el sector de bienes de equipo, con una contribución de 1,7 puntos, un peso del 20,1% del total y un aumento del 8,2% interanual, seguido por el de productos químicos (contribución de 1,2 puntos, peso del 14,7% y un crecimiento del 7,9%) y manufacturas de consumo (contribución de 1,2 puntos, peso del 9,6% y aumento del 13,5%).

     Por subsectores, las principales contribuciones positivas fueron las de automóviles y motos (3,7 puntos, debido principalmente a las mayores ventas a Reino Unido, Alemania, Francia e Italia); frutas, hortalizas y legumbres (1,1 puntos, a Alemania, Francia y Reino Unido); aeronaves (0,8 puntos, principalmente por ventas a Francia y a México y luego, a cierta distancia, a Estados Unidos y Uzbekistán); y metales no ferrosos (0,7 puntos, a Estados Unidos especialmente, seguido por Portugal, Italia y Francia).

CCOO y UGT comienzan a recoger firmas para que el Congreso legisle una renta mínima de 426 euros para más de dos millones de personas

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

     CCOO y UGT comienzan a recoger firmas para que el Congreso legisle una renta mínima de 426 euros para más de dos millones de personas

     Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han presentado en rueda de prensa la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos para cerca de 2,1 millones de personas que carecen de recursos.

     21/09/2015.  ccoo.es

     Según explicó Toxo, la prestación que demanda los sindicatos es un derecho subjetivo que dotaría de una renta de 426 euros mensuales a personas de 16 a 64 años demandantes de empleo sin ingresos o inferiores en cómputo anual al 75% del SMI, 5.800 € por persona al año, y que se percibiría mientras se mantengan las condiciones que dan derecho a la prestación.

     “La pobreza en España ha tomado una dimensión considerable como consecuencia de la intensidad de la crisis y su duración, que han hecho saltar las costuras de la protección social, y los recortes sociales aplicados que se ha traducido en más desempleo, desigualdad y pobreza ”, ha señalado el secretario general de CCOO. Toxo explicó que con la prestación se pretende cubrir carencias extremas, como las que sufren los integrantes de 757.000 hogares que no tienen ingresos de ningún tipo o los 1.800.000 hogares que tienen a todos sus miembros en paro.

     Asimismo, recordó que sólo el 20 % de los parados registrados recibe la prestación por desempleo contributiva, mientras que el 35 %, percibe la asistencial, lo que supone que casi la mitad de los desempleados no cuenta con ningún tipo de renta, por lo que “España necesita una reformulación completa de su sistema de protección”.

     Antes de dar inicio la rueda de prensa para presentar la ILP, Toxo y Méndez han sido los primeros en firmar la petición para que el Congreso legisle esta prestación, seguidos del secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, y de la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. A partir de este momento, los sindicatos deberán recoger medio millón de firmas en los próximos 9 meses.

The alps

Martes, 29 de septiembre de 2015

El CES dictamina los textos refundidos de la Ley de General de la Seguridad Social y de la Ley de Empleo

Martes, 29 de septiembre de 2015

     24/09/2015
     El CES dictamina los textos refundidos de la Ley de General de la Seguridad Social y de la Ley de Empleo
     ces.es

     • El CES valora positivamente la refundición de unos textos que mostraban una complejidad jurídica, contribuyendo al conocimiento y aplicación de estas normas.
     • El dictamen considera, respecto de la Ley General de la Seguridad Social, que el Proyecto supone un paso importante en la mejora de la calidad técnica de la norma, si bien estima necesario profundizar en una redacción de la Ley más comprensible para sus destinatarios.
     • El CES llama la atención sobre el procedimiento de elaboración de ambos textos refundidos, que debería haber garantizado una consulta con la suficiente información y antelación a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

     El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó ayer los dictámenes sobre el Proyecto de RDL por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) y sobre el Proyecto de RDL por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo (LE), ambos remitidos para consulta por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los dos han sido aprobados por una unanimidad de los consejeros presentes en el Pleno.

     El CES valora positivamente el objetivo de los dos RDL de abordar la terea de refundición, armonización y aclaración de todas las disposiciones que han ido surgiendo en materia de Empleo y de Seguridad Social en los últimos años.

     El Consejo Económico y Social resalta en ambos dictámenes que la relevancia de los contenidos que regulan estos proyectos de RDL (Empleo y Seguridad Social) habría exigido una mayor atención al procedimiento a seguir para su elaboración en lo que respecta a la participación de los interlocutores sociales. En opinión de este Consejo, el procedimiento debería haber garantizado una consulta real con la suficiente información y antelación a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en relación con la labor refundidora llevada a cabo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

     El CES ya se expresó en los mismos términos en el caso del anterior dictamen 12/2015 de 28 de julio pasado sobre el Proyecto de RDL por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

     La Ley General de la Seguridad Social data de 1994, por lo que cuenta con más de 20 años de vigencia. Las numerosas normas que han venido a regular relevantes aspectos de la Seguridad Social en estos años han contribuido a la actual complejidad del ordenamiento básico en una materia particularmente sensible para los ciudadanos. Complejidad que ha provocado que la actual Ley General de la SS sea difícilmente aprehensible tanto para los destinatarios de la norma, como para expertos y profesionales del Derecho. Por ello, el CEX aconsejaba ya en 2011 al Gobierno la elaboración de un nuevo texto refundido.

     El dictamen considera que el texto dictaminado, con carácter general, se dota de un armazón coherente que responde adecuadamente a algunos de los principios hacia los que, conforme al Pacto de Toledo y a los distintos acuerdos alcanzados con los interlocutores sociales, ha de orientarse el sistema de la Seguridad Social para adaptarse a los cambios sociales y económicos. En particular, el CES valora positivamente la nueva estructura dedicada al Régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que integra en un nuevo título una regulación muy dispersa hasta ahora.

     No obstante, el dictamen considera que todavía queda por avanzar en el terreno de la integración de regímenes especiales, como demuestra la no inclusión en la refundición del Régimen especial del mar.

     A pesar de la valoración positiva en general al texto refundido de la LGSS, al CES le parece que todavía queda un largo camino por recorrer para que esta norma responda adecuadamente a las características de una ley y un sistema de la SS del siglo XXI. El dictamen considera necesario profundizar en el esfuerzo de simplicidad y claridad en la sistemática y redacción de la ley que la haga más comprensible para sus destinatarios.

     La Ley de Empleo, en vigor desde 2003, aconsejaba igualmente una refundición legal dado que ha sufrido varias modificaciones de calado. Desde esta consideración, el CES valora positivamente el objetivo perseguido de evitar la dispersión de las normas estatales en materia de empleo. Igualmente resulta positiva la nueva sistemática y ordenación de los preceptos, así como la reubicación de algunas de las disposiciones adicionales y finales en el articulado.

     Más allá de estas consideraciones de carácter general, sendos dictámenes llaman la atención sobre algunos aspectos concretos del articulado que en opinión del CES pueden llevar en algunos casos a confusión jurídica, por lo que solicita una revisión en su redacción.

 
     Anexos
     Dictamen 13/2015 sobre el proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo 
     Dictamen 14/2015 sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Comparativa de la Ley General Tributaria tras la publicación de la Ley 34/2015

Martes, 29 de septiembre de 2015

      Comparativa de la Ley General Tributaria tras la publicación de la Ley 34/2015
     Con el fin de facilitar el alcance y contenido de las principales modificaciones que se han producido con la publicación en el BOE de 22 de septiembre de 2015 de la Ley 34/2015, por la que se modifica la Ley 58/2003, General Tributaria, la Agencia Tributaria facilita un cuadro donde se compara la normativa actual con la modificada por la nueva Ley.

     Cuadro comparativo. Modificaciones en la Ley General Tributaria introducidas por la Ley 34/2015 

El Gobierno modifica el tratamiento de los activos fiscales diferidos o DTA en el Impuesto de Sociedades

Martes, 29 de septiembre de 2015

     Ministerio de Economía y Competitividad
     Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
     Gabinete de prensa

     bde.es
     El Gobierno modifica el tratamiento de los activos fiscales diferidos o DTA en el Impuesto de Sociedades
     La reforma permitirá eliminar cualquier incertidumbre sobre la compatibilidad de este instrumento con la legislación comunitaria
     La Comisión Europea, los ministerios de Hacienda y Economía y el Banco de España han colaborado en el diseño
28 de Septiembre de 2015. El Gobierno ha decidido modificar el tratamiento fiscal de los Activos Fiscales Diferidos (o defferred tax assets, DTA por sus siglas en inglés) mediante una reforma del Impuesto sobre Sociedades. La modificación se tramitará como una enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y ha sido fruto de la colaboración entre todas las instituciones implicadas: la Comisión Europea, los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Economía y Competitividad, y el Banco de España.
     El Real Decreto-Ley 14/2013 modificó la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, con el objetivo de establecer la independencia de determinados DTA (concretamente los derivados de provisiones no computadas fiscalmente y los derivados de aportaciones a sistemas de previsión social) de la evolución de la entidad al prever la conversión de estos activos en créditos exigibles frente a la Hacienda pública en supuestos de pérdidas, insolvencia judicialmente declarada y liquidación.
     En el caso concreto de las entidades de crédito, esta norma fortalece su solvencia al evitar que el régimen fiscal pueda crear distorsiones -que no existen en otras jurisdicciones- en el cálculo del capital regulatorio de las entidades financieras. De este modo, la norma facilita que éstas puedan continuar contribuyendo a la recuperación económica facilitando el crédito a empresas y familias.
     Los Ministerios de Economía y Competitividad y Hacienda y Administraciones Públicas y el Banco de España entablaron un diálogo con la Comisión Europea que ha dado como resultado una reforma legislativa encaminada a eliminar cualquier incertidumbre sobre la compatibilidad del tratamiento tributario de los activos fiscales diferidos en España con la legislación comunitaria. Con este cambio se asegura también la estabilidad del cálculo del capital regulatorio que las entidades financieras españolas mantienen en la actualidad.
     La propuesta de modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que ha sido valorada positivamente por la Comisión Europea, consistirá en lo siguiente:
     1. Los DTA generados antes del 1 de enero de 2016, que estuvieran cubiertos por la garantía recogida en el RDL 14/2013 la mantendrán en el futuro. No obstante, si los beneficiarios de la garantía hubieran pagado menos impuestos entre los años 2008 y 2015 que el valor de esos DTA garantizados, deberán abonar una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5% de la diferencia entre ambos importes.
     2. A partir del ejercicio 2016 sólo se garantizarán aquellos DTA que cumplan los mismos requisitos que en la norma de 2013 pero con un límite que depende del Impuesto sobre Sociedades pagado. Es decir, no se podrán generar DTA garantizables cuando no se produzca pago por el citado Impuesto.

If You were here tonight

Lunes, 28 de septiembre de 2015

El Gobierno renueva los Estatutos de la Comisión General de Codificación

Lunes, 28 de septiembre de 2015

     Ministerio de Justicia
     Gabinete de comunicación – Nota de prensa mjusticia.gob.es
     Consejo de Ministros
     El Gobierno renueva los Estatutos de la Comisión General de Codificación
     25 de septiembre de 2015.- El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se actualizan los Estatutos de la Comisión General de Codificación que agilizarán el funcionamiento de este órgano de asesoramiento en la preparación de tareas prelegislativas del Ministerio de Justicia. Los nuevos Estatutos, que no supondrán un aumento de dotaciones, retribuciones o gastos de personal, incrementarán la eficacia de esta Comisión presente en buena parte de las iniciativas legislativas llevadas a cabo en los últimos años.
     Sobre sus funciones específicas, el Real Decreto menciona la posibilidad de encomendar a la Comisión la preparación no solo de textos prelegislativos sino también de normas reglamentarias como son los Reglamentos de los Registros Civil y Mercantil. Incide en la codificación como tarea básica para la seguridad jurídica y en la importancia de acercar las normas a los ciudadanos mediante la claridad y simplificación normativa y la mejora del lenguaje jurídico. La norma refuerza la independencia de la Comisión General de Codificación al suprimir la libre separación de sus vocales permanentes y se racionaliza su estructura y funcionamiento al delimitar las funciones del Pleno, cuyo presidente es el Ministro de Justicia.
     A la vez, se pretende acercar más la Comisión a los distintos sectores jurídicos nacionales para lo que se promueve el nombramiento de sus vocales permanentes entre diversas profesiones jurídicas y procedencias geográficas, se actualiza su composición en lo referente a los vocales natos, se suprime la presencia de los presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, así como del fiscal general del Estado en atención a las incompatibilidades y el principio de separación de poderes.

La Audiencia de Valencia acuerda retirar el pasaporte a tres de los empresarios acusados en el caso Terra Mítica

Lunes, 28 de septiembre de 2015

     Miércoles, 23 de septiembre de 2015 

     La Audiencia de Valencia acuerda retirar el pasaporte a tres de los empresarios acusados en el caso Terra Mítica

     La Sección Quinta estima así la petición de la Fiscalía, que había solicitado la adopción de esta medida cautelar para tres empresarios, contratistas y subcontratistas que intervinieron en la construcción del parque temático, para quienes el Ministerio Público reclama más de 20 años de prisión

     Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     La Audiencia de Valencia, que juzga a una treintena de personas, entre ellas los ex directivos de Terra Mítica, por estafa, apropiación indebida, falsedad y delitos contra la Hacienda Pública en relación con un presunto fraude de facturas falsas en la construcción del parque de ocio de Benidorm (Alicante), ha acordado retirar el pasaporte a tres de los empresarios acusados.

     La Sección Quinta estima así la petición de la Fiscalía, que había solicitado la adopción de esta medida cautelar para tres empresarios, contratistas y subcontratistas que intervinieron en la construcción del parque temático, para quienes el Ministerio Público reclama más de 20 años de prisión. La Fiscal sostiene que los acusados sacaron de España parte del dinero supuestamente defraudado “y podrían iniciar nueva vida y nuevos negocios fuera del país”.

     La Sala, que precisa que la medida no supone un adelantamiento del fallo, considera que la inminencia de la sentencia (el juicio ya está en fase de conclusiones) y lo elevado de las penas que se solicitan, “incrementa el riesgo de fuga, especialmente si tenemos en cuenta que, de resultar ser ciertos los hechos imputados, los acusados habrían hecho suyas importantes cantidades de dinero, que les facilitarían su traslado a cualquier parte del mundo impidiendo así la efectividad de lo que eventualmente pudiera resolverse”.

     En su auto, el Tribunal insiste en que la “gravosidad” de esta medida es “realmente mínima” para estos tres acusados porque sólo se les impide “desplazarse a aquellos países para cuya entrada sea necesaria el pasaporte para los ciudadanos españoles”. Por lo tanto, “no se considera que con ello se les pueda ocasionar un perjuicio relevante desde el momento en que, como sus defensas sostienen, su voluntad es permanecer a disposición del Tribunal”.

El juez declara culpable el concurso de Fórum y condena a sus administradores a responder por más de 2.200 millones de euros

Domingo, 27 de septiembre de 2015

     Jueves, 24 de septiembre de 2015

     El juez declara culpable el concurso de Fórum y condena a sus administradores a responder por más de 2.200 millones de euros

     El Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid absuelve al resto de los demandados en un procedimiento con más de 260.000 afectados

     Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid ha declarado culpable el concurso de Fórum Filatélico S. A. y ha declarado afectados por la calificación de culpabilidad a Francisco Briones Nieto, Agustín Fernández Rodríguez, Miguel Ángel Hijón Santos, Francisco José López Gilarte, Juan Macía Mercadé y José Manuel Carlos Llorca Rodríguez a los que condena a pagar cada uno de ellos mancomunadamente a los acreedores concursales y de la masa el 16,6 por ciento de la totalidad de los créditos que no puedan obtener de la liquidación de la masa activa, una cantidad que asciende a más de 2.200 millones de euros. Además, ha declarado la inhabilitación de los anteriormente citados para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier persona por un periodo de quince años y también declara la pérdida de cualquier derecho que éstos pudieran ostentar como acreedores concursales o de la masa.

     El juez absuelve a Antonio Merino Zamorano, Belén Gómez Carballo, Ángel Francisco Tejero del Río, Abelardo Elena Fernández, Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, Spring Este S. L., Creative Investments S. L., Atrio Collections S. L., Stamps Collectors S. L., José Carreras Sánchez, Rafael Ruíz Berrio y la sociedad de auditoría Carrera Auditores de los pedimentos deducidos en su contra.

     Además, las costas del incidente concursal recaen sobre los afectados por la calificación, que podrán recurrir en apelación esta sentencia en el plazo de veinte días desde su notificación.

     La sentencia establece que “aunque la concursada pretendía hacer creer que el beneficio procedía de la revalorización de los sellos, lo cierto es que ello no era así. De un lado porque no consta que los sellos se vendieran al margen del circuito creado por ella misma y de otro porque los sellos valían mucho menos que lo afirmado por la concursada, por lo que no podían constituir una garantía del éxito del modelo de negocio de la concursada”.

     “Esta práctica se define en el art. 24 de la Ley de Competencia Desleal como venta piramidal entendiendo por tal aquella en la que el consumidor o usuario realice una contraprestación a cambio de la oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores o usuarios en el plan, y no de la venta o suministro de bienes o servicios”.

     “Ciertamente, -continúa la resolución- la concursada no ofertaba ante sus clientes su producto de este modo, puesto que éstos creían que sus beneficios provenían de la revalorización de sus sellos, pero en la práctica funcionaba así, ocultando esta circunstancia a los consumidores, pues esos beneficios se generaban por aportaciones de nuevos compradores.

     Este tipo de prácticas han suscitado recelos, hasta el punto de que actualmente se consideran prácticas desleales por engañosas y, aunque su tipificación como tal ha sido posterior a la declaración de concurso de Fórum Filatélico, no cabe duda que es un modelo de riesgo, sobre todo cuando se desarrolla a una escala como la llevada a cabo por la concursada con más de 260.000 contratos suscritos. Es por ello que la concursada debía ser consciente del riesgo asociado a su actividad y de la posibilidad de que a corto o medio plazo disminuyera el volumen de contratación de tal modo que hiciera imposible cumplir sus compromisos de reforma y la abocara a la insolvencia y, consecuentemente, debe apreciarse la concurrencia de culpa grave  a los efectos de calificar el concurso como culpable”.

     Serias irregularidades contables

     Además, el juez insiste en el hecho de que, si bien la concursada llevaba libros contables, éstos no permitían conocer la verdadera situación patrimonial y financiera, lo que ayudó a que el volumen de la insolvencia adquiriera las proporciones que llegó a tener. Aunque la concursada llevara contabilidad, “existen serias irregularidades que impiden que cumpla su finalidad como instrumento que permite comprender la situación patrimonial o financiera” auténtica, lo que determina que “al menos dos años antes de declararse el concurso, la sociedad se encontraba incursa en causa de disolución a los efectos de la Ley de Sociedades Anónimas”, dice la sentencia.

     Y esto es así porque, aunque Fórum Filatélico S. A. conocía  sus compromisos de compra adquiridos con terceros, sus fechas de vencimiento y sus importes, extremos contablemente relevantes, pues se trata de centenares de miles de contratos de compraventa de lotes filatélicos, éstos carecían de reflejo en su contabilidad, lo que alteraba la realidad financiera de la concursada e impedía que la contabilidad de la misma pudiera servir al fin que le es propio.

     Por otro lado, la concursada ofrecía al público los sellos como un valor sólido en constante revalorización y hasta el momento de la declaración de concurso, la concursada se comprometía a recomprar al cliente los lotes filatélicos aplicando una revalorización que en modo alguno se corresponde con el valor real de los sellos. Para ello, la concursada elaboraba unas listas de precios en virtud de las cuales llegó a cifrar el valor global en 1.380.963.528,22 euros.

     De ser cierto ese dato la concursada gozaría de una holgada situación patrimonial y no cabe duda que esa apariencia ante terceros incidió decisivamente en su volumen de negocio. Los clientes contrataban con Fórum Filatélico S. A. porque creían que los sellos que compraban valían lo que indicaba la concursada, de tal modo que esta manejaba unilateralmente los precios a tal fin, al margen del mercado de este tipo de bienes. Sin embargo, el valor de los sellos distaba mucho, en el mejor de los escenarios, del facilitado por la concursada. De lo que cabe concluir que la concursada utilizó los contratos de compraventa con sus clientes y los pactos de revalorización para simular una situación patrimonial ficticia de la que obtenía una ventaja en su negocio y que ha resultado gravemente perjudicial para sus acreedores.

     En la misma línea el juez condena a quince años de inhabilitación, el máximo previsto, a los miembros del consejo de administración de Fórum Filatélico y a José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, como administrador de hecho de la citada entidad, a la vista de las excepcionales circunstancias que concurren en el presente caso, la premeditación con que actuaron y el convencimiento de que cuanto se hizo se llevó a cabo con el conocimiento del perjuicio que podía causarse: un pasivo que ascendía a 3.758.274.331,77 euros, cifrándose el déficit provisional en 2.259.709.151 euros, junto a más de 260.000 afectados.

     Una cantidad, el pasivo, 2.259.709.151 euros, de la que deberán responder mancomunadamente los administradores y el administrador de hecho frente a los acreedores concursales y de la masa cada uno de ellos por importe del 16,6 por ciento del déficit concursal.

Emotional dreams II

Sábado, 26 de septiembre de 2015

Menéndez anuncia que la Agencia Tributaria prevé cerrar 2015 con 13.500 millones de euros de resultados por lucha contra el fraude

Sábado, 26 de septiembre de 2015

     Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
     Agencia Tributaria
     Gabinete de prensa minhap.gob.es
     Comparecencia del director general de la AEAT en el Senado
     Menéndez anuncia que la Agencia Tributaria prevé cerrar 2015 con 13.500 millones de euros de resultados por lucha contra el fraude
     La Agencia Tributaria superaría así en 1.200 millones de euros los resultados obtenidos el año pasado, que fueron los mayores de su historia
    Menéndez ha recordado que desde 2012 hasta junio de 2015, la Agencia ha recaudado más de 40.000 millones de euros por sus labores de control
    El director de la Agencia Tributaria subraya la importancia del patrimonio en el exterior identificado a partir del modelo 720, más de 126.300 millones de euros, a efectos de comprobaciones presentes y futuras
     25 de septiembre de 2015.- El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha anunciado hoy en el Senado que los resultados de la lucha contra el fraude podrán alcanzar, a cierre de 2015, la cifra de 13.500 millones de euros, lo que supondría superar en casi 1.200 millones los resultados obtenidos el pasado año, que fueron, recordó, “los mayores de la historia de la Agencia”.
     Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta, Menéndez destacó que esta previsión de resultados llega después de que, en el primer semestre del año, la Agencia Tributaria haya obtenido 6.611 millones de euros por sus labores de control, más que en todo el año 2006, totalizando desde 2012 más de 40.000 millones de euros ingresados por la lucha contra el fraude.
     Para obtener estos resultados, explicó Menéndez, han sido “muy relevantes” las medidas introducidas en la ley antifraude de 2012, entre las que destacó la limitación de uso de efectivo y la nueva información tributaria de la que dispone la Administración gracias a la declaración anual sobre bienes y derechos en el exterior.
     El efecto del modelo 720
     En este sentido, el director de la Agencia Tributaria recordó que la información del modelo 720 permite a la Agencia tener identificado un patrimonio en el exterior de los contribuyentes que supera los 126.300 millones de euros. Se trata, apuntó Menéndez, de una información que “sigue nutriendo” la base de datos de la Agencia Tributaria, a efectos de comprobaciones presentes y futuras.
     Así, el director de la Agencia señaló que esta información permite “ensanchar” las bases imponibles de los impuestos, dado que la presentación del modelo 720 induce también a la correcta tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el IRPF. Igualmente, permite afianzar el cobro de deudas tributarias. Menéndez apuntó que la información que obra en las bases de datos de la Agencia, incluyendo la información obtenida a través del modelo 720, ha permitido la realización de más de 1.600 requerimientos a terceros países desde 2013 hasta la primera mitad de 2015.
     La lucha contra la economía sumergida
     Durante su intervención en el Senado, Menéndez remarcó también la “intensificación” de las actuaciones para la lucha contra la economía sumergida que viene desarrollando la Agencia Tributaria y, en particular, de aquellas intervenciones realizadas por personación en las sedes donde se realiza la actividad económica de los contribuyentes. Así, en el primer semestre de 2015, la Agencia ha realizado más de 1.100 actuaciones de entrada y registro, una cifra “especialmente significativa”, apuntó, teniendo en cuenta que en todo el pasado año se realizaron 1.800 actuaciones de estas características.
     En este tipo de actuaciones se observa que, además del descubrimiento de ventas no declaradas, se produce una mayor difusión de la labor de la Inspección, subrayó el director de la Agencia, “induciendo al cumplimiento voluntario” de sociedades que operan en el mismo o en otros sectores de actividad económica.
     Colaboración con la justicia
     Menéndez remarcó también la “excepcional y creciente” colaboración de la Agencia Tributaria con los órganos judiciales. A cierre de junio, la Agencia mantiene a más de 1.400 funcionarios dedicados, a instancia de los jueces, tribunales y órganos del Ministerio Fiscal, a tareas de auxilio judicial y peritaje, frente a los 900 funcionarios que dedicaba a estas labores en el año 2010.
     Se pone así de manifiesto el incremento progresivo de efectivos que la Agencia Tributaria dedica a estos trabajos, que pueden prolongarse durante largos periodos de tiempo, indicó Menéndez, quien destacó, igualmente, la relevancia del volumen de información cedida por la Agencia a los órganos judiciales. Durante el pasado año, la Agencia Tributaria tramitó más de 18.000 solicitudes que afectaban a más de 34.000 contribuyentes en distintos periodos impositivos.
     Contexto económico y eficacia de la Agencia
     El director de la Agencia Tributaria dedicó también parte de su intervención a señalar el contexto económico en el que se presentan los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Menéndez apuntó que la evolución de los grandes indicadores macroeconómicos ha tenido su reflejo en la recuperación de los ingresos públicos, con un crecimiento de la recaudación del 5,2% hasta agosto, en términos homogéneos.
     Esta recuperación de los ingresos ha permitido, a su vez, aprobar la reforma tributaria, que ya “ha puesto en manos de los contribuyentes” 3.000 millones de euros, recordó el director de la Agencia, aumentando la renta disponible de las familias, fomentando el ahorro y la inversión y mejorando la competitividad de las empresas; y dando así un impulso adicional al crecimiento económico.
     En este escenario, recordó Menéndez, la Agencia Tributaria contará con 1.400 millones de euros para realizar su actividad en 2016. “Estoy convencido”, remarcó, de que el presupuesto de la Agencia para el año próximo “permitirá afrontar con éxito el cumplimiento de la misión que la Agencia Tributaria tiene encomendada”, siguiendo unos principios de actuación basados en la optimización de los medios humanos y materiales disponibles, y en la racionalización y perfeccionamiento de la organización y los métodos de trabajo. Todo ello, subrayó el director de la Agencia, “redundará en una mejora de su eficacia y eficiencia, contribuyendo a impulsar el crecimiento económico y la mejora de la competitividad”.

Emotional dreams

Viernes, 25 de septiembre de 2015

El Tribunal Supremo dice que el derecho de defensa no ampara las expresiones injuriosas por parte de los abogados en procedimientos judiciales

Viernes, 25 de septiembre de 2015

      Jueves, 24 de septiembre de 2015

     El TS dice que el derecho de defensa no ampara las expresiones injuriosas por parte de los abogados en procedimientos judiciales

     La Sala Primera condena a un letrado al pago de 6.000 euros por vulneración del derecho al honor de su oponente

     Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por un abogado al estimar que las expresiones proferidas por su oponente en el seno de un procedimiento judicial suponen una vulneración de su derecho al honor.

     En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Carceller, el alto tribunal declara, en contra de lo fallado por los órganos judiciales de instancia y apelación, que las expresiones proferidas por el demandado con ocasión de su actuación como abogado en un procedimiento contencioso-administrativo, en unas diligencias previas por un presunto delito de desobediencia grave y en un acto de conciliación, implican una vulneración del derecho al honor del demandante.

     La resolución señala que las expresiones proferidas en el acto de conciliación nada tienen que ver con el recto ejercicio del legítimo derecho de defensa, ni pueden ser consideradas como conducentes a la satisfacción del mismo, resultando inadecuadas, innecesarias y sin justificación formal alguna.

     Además, el tribunal considera que el hecho de que las expresiones proferidas fueran objeto de sanción colegial por vulneración de las normas deontológicas no afecta a la prosperabilidad de la acción ejercitada por el demandante. Es más, la sentencia dice que eso demuestra que las mismas no son incardinables en el derecho de defensa y que tienen consecuencias administrativas que son independientes de la acción civil para la defensa del derecho al honor, con el consecuente resarcimiento indemnizatorio por el daño moral causado.

     En este caso, ese daño se ha cifrado en 6.000 euros, frente a los 60.000 solicitados, de conformidad con los criterios legales establecidos en el artículo 3 de la LO 1/1982 y su falta de difusión al producirse en sede judicial.

Gobierno, CCOO y UGT trabajarán conjuntamente para impulsar la inserción laboral de los refugiados en España

Viernes, 25 de septiembre de 2015

     Gobierno, CCOO y UGT trabajarán conjuntamente para impulsar la inserción laboral de los refugiados en España

     Jueves, 24 de septiembre de 2015 lamoncloa.gob.es

     Gobierno y organizaciones sindicales coinciden en que la inserción laboral es un paso fundamental para la completa integración en la sociedad española de los refugiados.

     La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y los secretarios generales de los sindicatos CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, han mantenido una reunión en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para tratar posibles líneas de colaboración en relación con el fomento de la integración laboral de los refugiados en España. La próxima semana tendrá lugar otra reunión con representantes de CEOE y CEPYME.
     El encuentro ha tenido lugar en el marco del diálogo social y de las actuaciones del Gobierno de España dirigidas al redimensionamiento del Sistema nacional de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, como continuación de la adaptación del mismo al incremento de llegadas de solicitantes de protección internacional a nuestro país y a las decisiones acordadas por la Unión Europea en materia de reubicación y reasentamiento.
Gobierno y organizaciones sindicales han coincidido en la consideración de la inserción laboral como factor esencial en el fomento de la autonomía individual de los refugiados, y paso fundamental para su completa integración en la sociedad española.
     Para ello, han considerado necesario incluir en el Plan Anual de Política de Empleo una línea adicional de actuación dedicada a la realización de itinerarios personalizados para la inserción laboral de estos refugiados. Dicho Plan, será acordado con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social y con las CCAA en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
     Para la efectiva implementación de esta línea adicional de actuación gobierno, CCOO, y UGT coinciden en la necesidad de que se refuercen los mecanismos de financiación europeos, en especial del Fondo Social Europeo y del Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados, y se han comprometido a trasladarlo, así, en el marco del Consejo Europeo y de la Confederación Europea de Sindicatos, respectivamente.
     Han coincidido, a su vez, en su voluntad de abordar conjuntamente en el marco del diálogo social los aspectos en materia de extranjería relativos a la integración laboral de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional. La ministra de Empleo y Seguridad Social ha aprovechado el encuentro para comunicar a los interlocutores sociales que España se ha ofrecido como anfitrión de un Seminario sobre integración laboral de los refugiados, en el marco del Programa de Aprendizaje Mutuo de la Comisión Europea, vinculado a la Estrategia Europea de Empleo, junto al interés de su Departamento en contar con ellos en dicho seminario.

El 5 de octubre se celebra el primer Día de la Educación Financiera

Viernes, 25 de septiembre de 2015

     Banco de España. Eurosistema. Departamento de Comunicación
     Nota de prensa –  bde.es
     Madrid, 21 de septiembre de 2015
     El próximo día 5 de octubre se celebrará el primer Día de la Educación Financiera, en el marco del Plan de Educación Financiera (PEF), al que están adheridas numerosas instituciones y entidades y que cuenta con el Banco de España entre sus promotores.
     Para esta jornada, que se pretende llevar a cabo cada año el primer lunes de octubre, los colaboradores del PEF han desarrollado un programa de iniciativas y actos para difundir entre la opinión pública y el sistema educativo la importancia de la planificación financiera, el ahorro y el acceso a la información como bases de la toma de decisiones económicas en todas las etapas de la vida, desde la juventud hasta la jubilación.
     Entre estas iniciativas, el Banco de España, con el apoyo de algunos de los colaboradores del Plan, pone a disposición del público una línea telefónica de consulta gratuita (900 54 54 54), abierta desde hoy y hasta el próximo 15 de octubre, en la que se resolverán las dudas más habituales de las finanzas domésticas.
     Entre las instituciones que colaboran en el Día de la Educación Financiera figuran los ministerios de Economía y Competitividad y Educación, Cultura y Deportes, las principales entidades financieras a través de sus asociaciones (AEB, CECA, UNACC y Asociación Hipotecaria Española) e instituciones como la Fundación ONCE, la Fundación Mapfre, la Fundación UCEIF, la Fundación de Estudios Financieros, Spainsif (Foro Español de Inversión Socialmente Responsable), Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación AFI, el Instituto de Estudios Financieros, así como las Cámaras de Comercio y el Instituto BME. Todas sus iniciativas se podrán consultar en la web del Plan de Educación Financiera www.finanzasparatodos.es y en las redes sociales (www.facebook.com/FinanzasParaTodos.educacionfinanciera y Twitter @finanzaspartods y los hashtags #EducaciónFinanciera y #5deOctubre)
     El mismo 5 de octubre se celebrará un acto en el Banco de España, con la participación de los colaboradores del Plan, donde se entregarán los III Premios Escolares de Educación Financiera, en el que participan alumnos de la ESO que han cursado esta materia en un programa lanzado por el PEF y las autoridades educativas. Durante el último curso lectivo, más de 25.000 estudiantes de la ESO, repartidos en 520 centros públicos, concertados y privados, accedieron a los contenidos de este programa sobre Educación Financiera.

Road to pace

Jueves, 24 de septiembre de 2015

El Consejo General del Poder Judicial aprueba el informe al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal

Jueves, 24 de septiembre de 2015

     Martes, 22 de septiembre de 2015 

     El CGPJ aprueba el informe al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal

     El Consejo considera que cuestiones como el acceso a la profesión o la clasificación de los concursos en función de su tamaño deberían regularse por ley y no en un reglamento. El texto señala que el diseño de la prueba de acceso no favorece que la profesión de administrador concursal se abra a titulados en materias que no sean jurídicas o económicas

     Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy con 17 votos a favor, dos en blanco y uno en contra el informe al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal, que tiene entre sus novedades el establecimiento de un examen de acceso que garantice que los administradores concursales cuentan con los conocimientos precisos para cumplir sus funciones con solvencia.

     En el texto, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, se señala que la norma merece una valoración general positiva, ya que “se consagra la reclamada profesionalización del órgano de administración concursal, al tiempo que se incrementa la publicidad y transparencia en su configuración” y se revisa el sistema retributivo para incentivar ”el trabajo efectiva y eficientemente realizado a medida en que se vaya realizando”.

     Se cuestiona, sin embargo, la técnica legislativa empleada, al estimar que la regulación de las condiciones de acceso a la profesión de administrador concursal y los criterios de clasificación de los concursos en función de su tamaño, que entre otras cosas determinan quién puede ser designado para el cargo, deberían haberse incorporado a la Ley Concursal en lugar de desarrollarse mediante una norma de rango inferior, “en la medida en que se trata de requisitos que afectan al ejercicio de la libertad de las personas”.

     Así lo comprendió el legislador cuando reguló por ley el acceso a las profesiones de abogado y procurador, recuerda la ponente, que considera que, de este modo, la norma proyectada incurre “en lo que cabría calificar como un exceso teórico de habilitación reglamentaria y una deslegalización inadecuada o (…) en una dejación de las competencias de la ley”.

     Riesgo de monopolio

     El examen de aptitud profesional elimina las restricciones de acceso a la administración concursal: para presentarse bastará con acreditar la posesión de un título universitario y contar con experiencia en los ámbitos jurídico y económico, dejando de ser necesario ostentar -como hasta ahora- la condición de abogado, economista, titulado mercantil o auditor de cuentas.

     El informe sostiene, no obstante, que la prueba prevista –un test de cien preguntas sobre un caso práctico-  prima los conocimientos y la experiencia en los ámbitos jurídico y económico, con lo que se corre el riesgo de que sean los mismos profesionales a quienes hasta ahora quedaba circunscrito el ejercicio de la administración concursal los que monopolicen el acceso a la misma. Como solución, se propone aminorar el peso de la puntuación obtenida en la parte específica de la prueba –que supondrá el 40 % de la nota – en el total de la puntuación del examen.

     Además, el CGPJ considera poco justificado que la superación del examen de aptitud profesional no vaya a ser exigible a aquellos administradores concursales que acrediten haber sido designados en, al menos, veinte concursos ya concluidos.

     “El hecho de que la intervención lo haya sido en concursos ya concluidos induce a pensar que no tenían un tamaño excesivo o que no presentaban excesiva complejidad. La mera intervención en un número determinado de concursos, por significativo que sea, no asegura la profesionalización perseguida por el nuevo modelo de administración concursal”, señala el texto.

     Régimen retributivo de la administración concursal

     El proyecto de Real Decreto establece un nuevo régimen retributivo de los administradores concursales, que cobrarán con cargo a la masa activa de la entidad concursada y, si ésta no es suficiente, de una cuenta arancelaria a la que los administradores deberán realizar aportaciones a partir de un mínimo exento. La retribución podrá ser como máximo de 1,5 millones, aunque en los concursos complejos el juez podrá aprobar una remuneración superior si está justificada por los costes asumidos por el administrador.

     La norma establece, además, reducciones de la retribución por la “deficiente calidad” de la labor desarrollada, pero también incentivos –por ejemplo, por la aprobación judicial del convenio-, así como un calendario o  “periodificación” de los pagos.
      La propuesta de informe considera que, en general, el sistema “responde a un modelo retributivo que tiende a remunerar el trabajo efectiva y eficientemente realizado a medida en que se vaya realizando”.

     Registro Público Concursal

     El proyecto de Real Decreto, por último, crea la sección cuarta del Registro Público Concursal, en la que se inscribirán las personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos para ser administradores concursales.

     La norma atribuye a los registradores mercantiles la competencia para recibir, calificar y resolver las solicitudes de inscripción recibidas, asignación que cuestiona la propuesta de informe porque se ha hecho sin modificar el régimen estatutario de los registradores de la propiedad y mercantiles ni especificar las vías de recurso o impugnación de sus resoluciones.

Una empresa no podrá obligar al trabajador a facilitar el teléfono móvil y el correo electrónico en el contrato

Jueves, 24 de septiembre de 2015

     Lunes, 21 de septiembre de 2015 

     Una empresa no podrá obligar al trabajador a facilitar el teléfono móvil y el correo electrónico en el contrato

     El Tribunal Supremo admite que voluntariamente puedan ponerse aquellos datos a disposición de la empresa e incluso que “pudiera resultar deseable, dado los actuales tiempos de progresiva pujanza telemática en todos los ámbitos”

     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudidical.es

     Una sentencia del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de la empresa en proceso de conflicto colectivo promovido por el sindicato CCOO, como consecuencia de que la empresa desde un cierto tiempo hubiera incorporado a los contratos de trabajo del personal de nuevo ingreso una cláusula que dice: “Ambas partes convienen expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa a este contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser enviada al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos, deberá ser comunicada a la empresa de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible”.

     El Tribunal Supremo admite que voluntariamente puedan ponerse aquellos datos a disposición de la empresa e incluso que “pudiera resultar deseable, dado los actuales tiempos de progresiva pujanza telemática en todos los ámbitos”. Pero se opone a que en el contrato de trabajo se haga constar mediante cláusula/tipo que el trabajador presta su «voluntario» consentimiento a aportar los referidos datos personales, siendo así que el trabajador es la parte más débil del contrato y que al ser incluida por la empresa en el momento de acceso a un bien escaso como es el empleo puede entenderse que su consentimiento sobre tal extremo no es por completo libre y voluntario, por lo que tal cláusula es nula por atentar contra un derecho fundamental y “debe excluirse de los contratos de trabajo”.

     El Tribunal Supremo considera que los datos cuya incorporación al contrato se cuestionan [teléfono móvil/correo electrónico] en manera alguna están exentos del consentimiento del trabajador, porque no lo están en la excepción general del art. 6.2 de la Ley de Protección de Datos al no ser «necesarios para el mantenimiento o cumplimiento» del contrato de trabajo según la definición del Diccionario de la Real Academia (aquello que «es menester indispensablemente, o hace falta para un fin»), ya que la relación laboral ha podido hasta recientes fechas desarrollarse sin tales instrumentos.

     Tampoco se aplica la excepción al régimen general de datos personales del art. 2.2 del Reglamento de Protección de Datos que se refiere exclusivamente al teléfono y dirección electrónica «profesionales», esto es, los destinados –específicamente– a la actividad profesional del trabajador.

Noches de Barcelona

Miércoles, 23 de septiembre de 2015

El BOE publica la reforma de la Ley General Tributaria

Miércoles, 23 de septiembre de 2015

     El BOE publica la reforma de la Ley General Tributaria

     Martes, 22 de septiembre de 2015 lamoncloa.gob.es

     El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la reforma de la Ley General Tributaria (LGT), que permitirá potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica de las normas tributarias.

     Entre las principales novedades de la norma figura la que permite, por razones de interés general, dar publicidad de listados de obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario, salvo que se encuentren aplazadas o suspendidas.

     La primera lista de deudores con Hacienda estará disponible a final de este año, respecto a aquellos que a 31 de julio de 2015 mantuvieran una deuda superior al millón de euros. Posteriormente, en el primer semestre de cada año natural se publicará un listado con aquellos que estén en dicha circunstancia el 31 de diciembre del año previo.

     La norma concede a los interesados un trámite de alegaciones con carácter previo a la publicación de la lista, pero solo para corrección de errores materiales.

     Ampliación de potestades de investigación

     La reforma de la LGT amplía también las potestades de comprobación e investigación, regulando el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea preciso en relación con obligaciones de ejercicios no prescritos. Se fija un plazo de 10 años para la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicar.

     Por otra parte, la norma regula el procedimiento para liquidar administrativamente deudas tributarias aun cuando se aprecien indicios de haberse cometido un delito fiscal, y se adapta el procedimiento de recaudación de dichas deudas. Esta posibilidad se estableció en la reforma del delito contra la Hacienda pública aprobada en la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, con el objetivo de no paralizar la gestión de la liquidación tributaria ni el pago de la deuda por el hecho de la remisión del tanto de culpa por delito a las autoridades judiciales.

     También se mejora la regulación del método de estimación indirecta de las bases imponibles, especificando legalmente el origen de los datos a utilizar y su plena aplicabilidad tanto para la determinación de ingresos (ventas) como de los gastos (compras). Ello dota a la Administración tributaria de un mejor instrumento contra la economía sumergida.

     Nueva sanción por conductas artificiosas o fraudulentas

     Por otro lado, como nueva norma antiabuso, y de acuerdo con el Consejo de Estado, se introduce en la LGT una nueva infracción tributaria grave con el fin de profundizar en la lucha contra los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal o estructuras artificiosas, dirigidas únicamente a obtener ahorros fiscales abusando de lo dispuesto por las normas tributarias.

     Así, será sancionable la obtención de un ahorro fiscal mediante actos que ya han sido declarados por la Administración como de conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Se podrá sancionar exclusivamente en los casos ya calificados previamente como abusivos por la Administración, y en donde se haya dado reiteración.

     Incrementar la seguridad jurídica

     Con el fin de aumentar la seguridad jurídica de las normas tributarias se fijan nuevos plazos para el procedimiento de inspección. Así, se simplifica el cómputo del plazo, extendiendo el actual (12 meses, prorrogable por otros 12). Concretamente, se establece un periodo temporal más amplio de 18 meses, con carácter general, pero a su vez se limitan las causas de suspensión del cómputo y se eliminan las dilaciones no imputables a la Administración que, en la práctica, extendían el plazo preexistente, provocando graves disfunciones y aumento de litigiosidad.

     Por otra parte, se aprueban medidas para agilizar la actuación de los Tribunales Económico-Administrativos y reducir la litigiosidad, promoviendo la utilización de medios electrónicos en todas las fases del procedimiento y mejorando la regulación de los procedimientos. Por ejemplo, se potencia el sistema de unificación de doctrina intra Tribunales y se acortan los plazos de resolución.

     Reducir la conflictividad

     Con el objetivo de reducir la conflictividad se amplía la facultad de los órganos de la Administración tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias con carácter vinculante.

     También se prevé en la norma el desarrollo reglamentario de las obligaciones formales necesarias para hacer efectivo el Proyecto SII (Suministro Inmediato de Información) que empezará a funcionar el 1 de enero de 2017. Se trata de los casos en los que la aportación o llevanza de los libros registro se pueda efectuar por medios telemáticos.

     El Proyecto del SII de la Agencia Tributaria implantará un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la información en tiempo real de las transacciones comerciales. Después de cada facturación, los contribuyentes enviarán a la Agencia Tributaria el detalle de las facturas emitidas y recibidas, donde los libros registro se irán formando con cada uno de los envíos del detalle de las operaciones realizadas, la llevanza electrónica de los libros.

     Con la información recibida y la de la base de datos, la Agencia Tributaria podrá elaborar los datos fiscales del contribuyente, a efectos del IVA, facilitando la declaración del impuesto al contribuyente, incrementando su seguridad jurídica y permitiendo eximirle del cumplimiento de obligaciones informativas anuales.

     Publicidad de sentencias por delito fiscal

     La reforma de la LGT se suma a la reciente aprobación del  proyecto de Ley Orgánica por la que se Regula el Acceso y Publicidad de Determinada Información Contenida en la Sentencias Dictadas en Materia de Fraude Fiscal.

     Esta norma, complementaria de la de reforma de la Ley General Tributaria,  permite que se publiquen datos esenciales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública. Con este fin, la norma reconoce el carácter público del acceso al fallo de las sentencias condenatorias que sean especialmente relevantes para el control fiscal. Estas son, básicamente, las que incluyen delitos contra la Hacienda Pública, de insolvencia punible y delitos de contrabando, en los casos en que resulte perjudicado el erario público.

     La publicidad afectará sólo a sentencias firmes y no podrán publicarse fallos contra los que se pueda recurrir. La publicación de la sentencias no será completa; únicamente se podrán conocer aquellos aspectos que sean estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad buscada. De esta manera, se respetan los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, así como a la protección de datos de carácter personal. Tampoco aparecerán los datos de otras personas que, aunque hubieran podido participar en el proceso, no hayan sido condenadas en el mismo.

     A partir de la entrada en vigor de la ley, los secretarios judiciales ordenarán la publicación de esos datos relevantes de las sentencias firmes en el BOE.

El juez embarga los bienes de los herederos de Ruiz Mateos imputados en la causa “Nueva Rumasa”

Miércoles, 23 de septiembre de 2015

     Martes, 22 de septiembre de 2015 

     El juez embarga los bienes de los herederos de Ruiz Mateos imputados en la causa “Nueva Rumasa”

     Así lo acuerda una vez que ha tenido conocimiento de la existencia de un testamento cerrado del empresario jerezano

     Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado el embargo de los bienes y derechos económicos que puedan corresponder de la herencia de José María Ruiz  Mateos a los seis hijos del empresario que figuran como imputados en la causa de ‘Nueva Rumasa’. Así lo acuerda el juez una vez que ha tenido conocimiento de la existencia de un testamento cerrado del empresario jerezano.

     Además, de la Mata requiere al notario que tan pronto como se abra y protocolice el testamento deberá entregar una copia a la secretaria judicial del juzgado. Una vez obtenida dicha copia el juez y secretaria judicial procederán a una lectura reservada, dejando constancia en los autos únicamente de los bienes que constituyen el caudal hereditario.

     Con  esta medida cautelar el juez pretende proteger los derechos de los perjudicados en esta investigación, que son los 4.110 inversores que, hasta donde se conoce, pudieron aportar 337 millones de euros de los que faltan por reintegrar 289 millones. Y se pretende investigar “cualquier indicio de su rastro y destino” porque, según explica el instructor, esos fondos solo alimentaban un fraudulento mecanismo piramidal aflorado tras producirse el colapso económico del grupo empresarial.

     En su auto, el magistrado explica que los seis hijos de Ruiz Mateos imputados no han depositado la fianza de 30 millones que se les fijó hace cuatro años y “existen indicios suficientes de que existen bienes inmuebles que figuran formalmente a nombre de sociedades vinculadas al denominado ‘Grupo Nueva Rumasa’ que están siendo disfrutados por los querellados, como mecanismo para ocultar la verdadera o real titularidad y así prevenir la efectividad de medidas cautelares como la que aquí se acuerda”.

     El juez explica en su escrito que la lectura del testamento debe ser reservada a fin de que únicamente se incorporen a las actuaciones aquellos elementos pertinentes, “excluyendo cualesquiera otras manifestaciones o disposiciones contenidas en el testamento que no guarden relación con los hechos investigados”.

     En la investigación abierta por el llamado ‘Caso Nueva Rumasa’, seis de los hijos de Ruiz Mateos están imputados por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, administración desleal y delito contra el mercado y los consumidores.

El CGPJ cuestiona que los administradores concursales con experiencia previa no deban someterse al examen de aptitud profesional

Miércoles, 23 de septiembre de 2015

     Lunes, 21 de septiembre de 2015

     El CGPJ cuestiona que los administradores concursales con experiencia previa no deban someterse al examen de aptitud profesional

     En la propuesta de informe al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal que el Pleno del órgano de gobierno de los jueces estudiará mañana. El texto hace una valoración positiva de la norma al considerar que consagra la profesionalización de los administradores y tiende a remunerar el trabajo “eficientemente realizado”. El Consejo considera, no obstante, que materias como el acceso a la profesión o la clasificación de los concursos en función de su tamaño deberían regularse por ley y no en un reglamento

     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     El Pleno del Consejo General del Poder Judicial debatirá y votará mañana la propuesta de informe al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal, que tiene como principal novedad el establecimiento de un examen de acceso que garantice que los administradores concursales cuentan con los conocimientos precisos para cumplir sus funciones con solvencia.

     El texto, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, señala que la norma merece una valoración general positiva, ya que “se consagra la reclamada profesionalización del órgano de administración concursal, al tiempo que se incrementa la publicidad y transparencia en su configuración” y se revisa el sistema retributivo para incentivar ”el trabajo efectiva y eficientemente realizado a medida en que se vaya realizando”.

      El examen de aptitud profesional elimina las restricciones de acceso a la administración concursal: para presentarse bastará con acreditar la posesión de un título universitario y contar con experiencia en los ámbitos jurídico y económico, dejando de ser necesario ostentar -como hasta ahora- la condición de abogado, economista, titulado mercantil o auditor de cuentas.
     La ponente considera, sin embargo, que la prueba prevista –un test de cien preguntas sobre un caso práctico-  prima los conocimientos y la experiencia en los ámbitos jurídico y económico, con lo que se corre el riesgo de que sean los mismos profesionales a quienes hasta ahora quedaba circunscrito el ejercicio de la administración concursal los que monopolicen el acceso a la misma.

     La solución que propone el texto que estudiará el Pleno es aminorar el peso de la puntuación obtenida en la parte específica de la prueba –que supondrá el 40 % de la nota, según el proyecto de Real Decreto- en el total de la puntuación del examen.

     Exención injustificada

     La propuesta de informe considera poco justificado que la superación del examen de aptitud profesional no vaya a ser exigible a aquellos administradores concursales que acrediten haber sido designados en, al menos, veinte concursos ya concluidos.

     Según la ponente, “la garantía de la profesionalización (…) aconseja someter a aquellos a quienes se exonera de la superación del examen de aptitud a mayores requisitos que la simple acreditación de su designación en, al menos, veinte concursos, sin concretarse la entidad y las características de los mismos”.

     “El hecho de que la intervención lo haya sido en concursos ya concluidos induce a pensar que no tenían un tamaño excesivo o que no presentaban excesiva complejidad. La mera intervención en un número determinado de concursos, por significativo que sea, no asegura la profesionalización perseguida por el nuevo modelo de administración concursal”, añade Cabrejas, que señala que, en todo caso, para ser designado administrador en concursos medianos se debería exigir ser persona jurídica o persona natural que cuente con al menos un colaborador.

     Régimen retributivo de la administración concursal

     El proyecto de Real Decreto establece un nuevo régimen retributivo de los administradores concursales, que cobrarán con cargo a la masa activa de la entidad concursada y, si ésta no es suficiente, de una cuenta arancelaria a la que los administradores deberán realizar aportaciones a partir de un mínimo exento. La retribución podrá ser como máximo de 1,5 millones, aunque en los concursos complejos el juez podrá aprobar una remuneración superior si está justificada por los costes asumidos por el administrador.

     La norma establece, además, reducciones de la retribución por la “deficiente calidad” de la labor desarrollada, pero también incentivos –por ejemplo, por la aprobación judicial del convenio-, así como un calendario o  “periodificación” de los pagos.

     La propuesta de informe considera que, en general, el sistema “responde a un modelo retributivo que tiende a remunerar el trabajo efectiva y eficientemente realizado a medida en que se vaya realizando”.

     Sin embargo, el texto cuestiona que, en la fase de liquidación, se establezca un límite temporal –un año- a partir del que ya no se devengará retribución alguna. En opinión de la vocal ponente, esto “no solo permite que las actuaciones desarrolladas más allá de dicho límite temporal queden sin remunerar, sino que además se desentiende de los costes que pueda representar para la administración concursal la realización de tales funciones superado el plazo máximo previsto y el de las posibles prórrogas”.

     “Este cúmulo de razones conduce a reflexionar acerca de la oportunidad de introducir un límite temporal para el devengo de la retribución en la fase de liquidación, o, alternativamente, sobre la conveniencia de reconsiderar los plazos previstos, que pueden resultar exiguos en concursos complejos que requieran la realización de operaciones liquidatorias igualmente complejas”, añade.

     Exceso de habilitación reglamentaria

     El texto cuestiona la técnica legislativa empleada, al estimar que la regulación de las condiciones de acceso a la profesión de administrador concursal y los criterios de clasificación de los concursos en función de su tamaño, que entre otras cosas determinan quién puede ser designado para el cargo, deberían haberse incorporado a la Ley Concursal en lugar de desarrollarse mediante una norma de rango inferior, “en la medida en que se trata de requisitos que afectan al ejercicio de la libertad de las personas”.

     Así lo comprendió el legislador cuando reguló por ley el acceso a las profesiones de abogado y procurador, recuerda la ponente, que considera que, de este modo, la norma proyectada incurre “en lo que cabría calificar como un exceso teórico de habilitación reglamentaria y una deslegalización inadecuada o (…) en una dejación de las competencias de la ley”.

     El proyecto de Real Decreto, por último, crea la sección cuarta del Registro Público Concursal, en la que se inscribirán las personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos para ser administradores concursales.

     La norma atribuye a los registradores mercantiles la competencia para recibir, calificar y resolver las solicitudes de inscripción recibidas, asignación que cuestiona la propuesta de informe porque se ha hecho sin modificar el régimen estatutario de los registradores de la propiedad y mercantiles ni especificar las vías de recurso o impugnación de sus resoluciones.

Mariner de terra endins

Martes, 22 de septiembre de 2015

El Supremo avala un pacto entre una empresa y sus trabajadores para aplazar una parte de la indemnización por ERE

Martes, 22 de septiembre de 2015

      Jueves, 17 de septiembre de 2015

     El Supremo avala un pacto entre una empresa y sus trabajadores para aplazar una parte de la indemnización por ERE

     12 de los 116 trabajadores afectados demandaron tanto a la empresa como a los comités de empresa al no aceptar el acuerdo de pago aplazado de la indemnización

     Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     El Supremo ha avalado que empresa y trabajadores pacten aplazar el pago de parte de la indemnización de los despidos de un ERE en determinadas circunstancias. El alto tribunal tiene en cuenta que en el caso examinado (el de la empresa constructora BECSA) el acuerdo redujo el número de trabajadores afectados por el ERE (de 131 a 116), estableció una indemnización mejorada y superior a la legal, y que al momento de dictarse la sentencia de primera instancia la compañía había desembolsado ya la totalidad de las indemnizaciones, es decir, las cuantías iniciales más las aplazadas.

     El acuerdo, de fecha 30 de marzo de 2012, alcanzado con los representantes de los trabajadores tras el periodo de consultas del ERE incluía que “en atención a los graves problemas de liquidez de la compañía y en orden a la viabilidad de la misma, ambas partes convienen que dichas indemnizaciones superiores a las mínimas legales se abonen en un plazo máximo de 12 meses”.

     El acuerdo estableció que los trabajadores afectados percibirían una indemnización superior a la mínima legal, de 25 días salario por año de servicio con tope máximo de 14 mensualidades, acordando el pago de 12.000 euros a la fecha de la extinción, y el resto en tramos de 12.000 euros hasta llegar al tope pactado en plazos de 120 días. Sin embargo, doce trabajadores demandaron tanto a la empresa como a los comités de empresa al no aceptar el acuerdo de pago aplazado de la indemnización.

     El Juzgado de lo Social número 6 de Valencia rechazó la demanda y consideró procedentes los despidos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ante quien apelaron los doce empleados, dio la razón a éstos y declaró la improcedencia de sus despidos. El TSJ valenciano consideró “indisponible” de forma colectiva el requisito del artículo 53.1.b del Estatuto de los Trabajadores, relativo a que la puesta a disposición del trabajador de la indemnización de 20 días por año trabajado con un mínimo de 12 mensualidades debe ser simultánea a la entrega de la comunicación del cese cuando la causa que se invoca no es económica (en este caso, BECSA alegó causas productivas), y precisa que la única parte de la indemnización susceptible de ser fraccionada es la que excede del mínimo legal.

     El Supremo, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, estima el recurso de la empresa y repone la sentencia de primera instancia, tras examinar si puede prevalecer el acuerdo de aplazamiento alcanzado con los representantes de los trabajadores. Así, concluye que en el supuesto particular concreto en que existe un acuerdo colectivo, que reduce el número de afectados, mejora la indemnización mínima legal, y además consta que ya se ha abonado en su totalidad a todos los afectados, dicho acuerdo es lícito.

     Añade que es la solución razonable teniendo en cuenta que los trabajadores afectados por el ERE que no han presentado demanda (del total de 116) se han aquietado al acuerdo colectivo. “Entender lo contrario truncaría el principio de solidaridad que ha de presidir toda negociación colectiva”, subraya la sentencia.

Los Administradores de Fincas piden que la ITE verifique el estado de las viviendas

Martes, 22 de septiembre de 2015

     Nota de prensa – cafmadrid.es
     Exigen al Ayuntamiento controlar las obras ejecutadas en el interior de los pisos
     Los Administradores de Fincas piden que la ITE verifique el estado de las viviendas
     Madrid, 14 de septiembre de 2015. El colapso de dos edificios residenciales ubicados en los distritos madrileños de Tetuán y Carabanchel ha reabierto el debate sobre la necesidad de revisar el procedimiento de actuación de las ITE (Inspección Técnica de Edificios).
     “Como agentes implicados en el protocolo de inspección del estado de los edificios, desde hace años venimos denunciando el mal funcionamiento de las ITE, derivado fundamentalmente de un preocupante ofrecimiento de realización de informes a precios muy bajos y que conllevan una inspección realizada por técnicos con insuficiente experiencia en la materia”, manifiesta Apolonio Dorado, vicepresidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).
     El CAFMadrid reconoce asimismo que la ITE nació incompleta pues no obliga a la realización de pruebas de diagnóstico, sino que su metodología de estudio es básicamente visual. “Si finalmente el Ayuntamiento de Madrid estudia la modificación en el procedimiento, se debería solicitar que a la ITE se adjuntara un informe de pocería realizado por una empresa especializada”, dice Dorado. “Y es que”, continúa, “el estado de esta instalación sólo se puede intuir con indicios, dado que es imposible en muchos casos su acceso. Si no hay síntomas claros, la inspección se dará como favorable, desconociéndose el verdadero estado de la misma”.
     Con todo, desde esta institución se apunta a que en ocasiones el origen del mal estado del edificio radica en las obras ejecutadas -sin control- en el interior de las viviendas. “Existen casos de propietarios que han realizado reformas de cierta entidad en su piso sin haber solicitado la preceptiva licencia de obras ni mucho menos comunicarlo a la comunidad como es su obligación”, dice el vicepresidente del CAFMadrid.
     “Por ello”, insiste Dorado, “el Ayuntamiento debería aprovechar la realización de las ITE para controlar las obras realizadas en las viviendas, mediante la supervisión de un técnico y la solicitud de los planos originarios, pues hay reformas aparentemente pequeñas –cambiar la distribución del salón- que pueden tapar obras de mayor envergadura –retirar un pilar-“. Y concluye: “De este modo el Ayuntamiento podría sancionar a los propietarios que han puesto en riesgo la seguridad del edificio y no a la comunidad”.
     “Un buen momento para controlar las reformas realizadas en el interior de las viviendas es precisamente ahora que el Ayuntamiento ha anunciado una revisión de los edificios levantados entre los años 1940 y 1960 y que presentan unas condiciones de ejecución similares a los que se han derrumbado recientemente (en torno a 850 o 1.000 revisiones)”, recomienda Dorado. “Ahora bien”, añade, “el plan de inspección no debe quedarse ahí sino que tiene que llegar a los casi 20.000 edificios que, según el censo de 2011, se construyeron en esas fechas”.

 

La bella Lola

Lunes, 21 de septiembre de 2015