AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo de octubre de 2015

El Tribunal Supremo amplía la indemnización a los propietarios de los terrenos desclasificados en Andratx

Sábado, 31 de octubre de 2015

     Miércoles, 28 de octubre de 2015 

     El Tribunal Supremo amplía la indemnización a los propietarios de los terrenos desclasificados en Andratx

     La pérdida de edificabilidad no es indemnizable, pero sí los gastos en las obras relativas al suministro de agua potable y alcantarillado

     Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha ampliado la indemnización por daños y perjuicios que deberá pagar la Administración balear a tres sociedades propietarias de 53 parcelas en Monport (Andratx) en un terreno que fue desclasificado como zona destinada a uso de naturaleza urbana y clasificado como suelo rústico protegido (área natural de especial interés) por la Ley autonómica de 14 de mayo de 2008 de medidas urgentes para el desarrollo territorial sostenible de las Baleares.

     El 10 de abril de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictó sentencia y, estimando parcialmente sus recursos, reconoció el derecho de las tres sociedades a ser indemnizadas por la Comunidad Autónoma en 695.107 euros (Günther Killer Bautrager, SL), 183.519 (Cap des Illamp, SL) y 220.747 (Xtrandratx, SL).

     El TSJ consideró que eran indemnizables los gastos consecuencia de la elaboración de los proyectos técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que devinieron inútiles con la desclasificación, por ejemplo, las tasas, impuestos y honorarios abonados.

     Sin embargo, denegó la indemnización por la pérdida de edificabilidad y los costes de dotación de las infraestructuras de agua, alcantarillado y otros. Los propietarios pedían indemnizaciones por 16,6 millones de euros (Günther Killer Brautager), 13,5 millones (Cap des Illamp) y 3,9 millones (Xtrandratx).

     En la sentencia notificada ahora, el Tribunal Supremo coincide con el TSJ balear en que la pérdida de edificabilidad no es indemnizable, pero señala que sí deben serlo los gastos en las obras relativas al suministro de agua potable y alcantarillado, en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia, lo que se sumará a las cuantías ya reconocidas por el Tribunal Superior de las Islas Baleares.

Estadística de Hipotecas. Julio 2015

Sábado, 31 de octubre de 2015

     Estadística de Hipotecas
     Julio 2015. Datos provisionales
     ine.es
     El número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad en julio es de 21.863, un 21,8% más que en el mismo mes de 2014
     El importe medio de dichas hipotecas aumenta un 3,9% en tasa anual y se sitúa en 104.402 euros
     El importe medio de las hipotecas inscritas en los registros de la propiedad en julio (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) es de 136.335 euros, un 16,5% superior al del mismo mes de 2014.
     El número de hipotecas constituidas sobre viviendas es de 21.863, un 21,8% más que en julio de 2014. El importe medio es de 104.402 euros, con un aumento del 3,9%.

Winter en Buenos Aires

Viernes, 30 de octubre de 2015

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contrato de préstamo hipotecario — Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución — Incidente de oposición — Plazos de caducidad»

Viernes, 30 de octubre de 2015

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 29 de octubre de 2015 (*) curia.europa.eu

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contrato de préstamo hipotecario — Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución — Incidente de oposición — Plazos de caducidad»

En el asunto C‑8/14,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Martorell (Barcelona), mediante auto de 28 de octubre de 2013, recibido en el Tribunal de Justicia el 10 de enero de 2014, en el procedimiento entre

BBVA, S.A., anteriormente Unnim Banc, S.A.,

y

Pedro Peñalva López,

Clara López Durán,

Diego Fernández Gabarro,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Presidente de la Sala Primera, y los Sres. F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits (Ponente) y S. Rodin, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sra. M. Ferreira;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de febrero de 2015;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de BBVA, S.A., anteriormente Unnim Banc, S.A., por el Sr. J. Rodríguez Cárcamo y la Sra. B. García Gómez, abogados;

–        en nombre del Sr. Peñalva López, de la Sra. López Durán y del Sr. Fernández Gabarro, por la Sra. M. Alemany Canals, los Sres. A. Martínez Hiruela y D. Moreno Trigo, y la Sra. V. Davalos Alarcón, abogados;

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. M.J. García-Valdecasas Dorrego, en calidad de agente;

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Baquero Cruz y M. van Beek, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de mayo de 2015

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29).

2        Esta petición ha sido formulada en el marco de un litigio entre BBVA, S.A., anteriormente Unnim Banc, S.A. (en lo sucesivo, «BBVA»), y los Sres. Fernández Gabarro y Peñalva López y la Sra. López Durán, en relación con su oposición a la ejecución hipotecaria de una plaza de aparcamiento y de un trastero.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

3        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone:

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»

4        El artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva tiene la siguiente redacción:

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»

 Derecho español

5        La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE nº 116, de 15 de mayo de 2013, p. 36373), modificó la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), modificada también por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (BOE nº 155, de 29 de junio de 2013, p. 48767) (en lo sucesivo, «LEC»).

6        La disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 (en lo sucesivo, «disposición transitoria controvertida») se refiere a los procedimientos de ejecución iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013 y aún no concluidos. Esta disposición es del siguiente tenor:

«1.      La[s] modificaciones de la [LEC], introducidas por la presente Ley serán de aplicación a los procesos de ejecución iniciados a su entrada en vigor, únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes de realizar.

2.      En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada en vigor de esta Ley en los que haya transcurrido el período de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la [LEC], las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposición basado en la existencia de las nuevas causas de oposición previstas en el apartado 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la [LEC].

El plazo preclusivo de un mes se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de esta Ley y la formulación de las partes del incidente de oposición tendrá como efecto la suspensión del curso del proceso hasta la resolución del incidente, conforme a lo previsto en los artículos 558 y siguientes y 695 de la [LEC].

Esta Disposición transitoria se aplicará a todo procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la [LEC].

3.      Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya se haya iniciado el período de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la [LEC], las partes ejecutadas dispondrán del mismo plazo preclusivo de un mes previsto en el apartado anterior para formular oposición basada en la existencia de cualesquiera causas de oposición previstas en los artículos 557 y 695 de la [LEC].

4.      La publicidad de la presente Disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.»

7        El artículo 556, apartado 1, de la LEC dispone lo siguiente:

«Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente.

También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público.»

8        Según el artículo 557 de la LEC, relativo al procedimiento de oposición a la ejecución fundada en títulos no judiciales ni arbitrales:

«1.      Cuando se despache ejecución por los títulos previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así como por otros documentos con fuerza ejecutiva a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del artículo 517, el ejecutado sólo podrá oponerse a ella, en el tiempo y en la forma prevista en el artículo anterior, si se funda en alguna de las causas siguientes:

[…]

7°      Que el título contenga cláusulas abusivas.

2.      Si se formulare la oposición prevista en el apartado anterior, el Secretario judicial mediante diligencia de ordenación suspenderá el curso de la ejecución.»

9        El artículo 695, apartados 1, número 4, y 2, de la LEC está redactado del siguiente modo:

«1.      En los procedimientos a que se refiere este capítulo sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:

[…]

4ª      El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.

2.      Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecución, debiendo mediar quince días desde la citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo día.»

 Litigio principal y cuestión prejudicial

10      Con anterioridad al 15 de mayo de 2013, fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2013, BBVA inició un procedimiento de ejecución hipotecaria contra los Sres. Fernández Gabarro y Peñalva López y la Sra. López Durán. Dicho procedimiento continuaba pendiente en la referida fecha. Resulta de los autos presentados al Tribunal de Justicia que la ejecución se refiere a una plaza de aparcamiento y un trastero.

11      El 17 de junio de 2013, una vez expirado el plazo de un mes para formular incidente extraordinario de oposición a la ejecución hipotecaria previsto en la disposición transitoria controvertida, los ejecutados en el litigio principal alegaron ante el órgano jurisdiccional nacional que el plazo preclusivo establecido en esa disposición era contrario a la Directiva 93/13.

12      En efecto, por una parte, el plazo preclusivo de un mes para invocar el carácter abusivo de las cláusulas que figuran en el título ejecutivo era insuficiente para que los tribunales controlaran de oficio el contenido de los contratos de préstamo o crédito con garantía hipotecaria en curso de ejecución y, a fortiori, para que los consumidores alegaran el eventual carácter abusivo de las cláusulas que figuran en esos contratos.

13      Por otra parte, los ejecutados en el asunto principal afirman que, dado que, según el apartado 4 de la disposición transitoria controvertida, el plazo preclusivo de un mes comienza a correr a partir de la comunicación realizada mediante la publicación de la Ley en un boletín oficial y no de forma individualizada, el acceso de los consumidores a la justicia resultaba muy difícil, incluso en el caso de que dispusieran de asistencia jurídica.

14      El órgano jurisdiccional remitente estima que, para poder resolver el asunto del que conoce, es necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la conciliación del principio de preclusión de los plazos procesales, íntimamente vinculado al principio de seguridad jurídica, con la protección de oficio del consumidor, que es imprescriptible, a través de la declaración de la nulidad total de la cláusula abusiva y su no incorporación al contrato, como establece la Directiva 93/13, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia reciente.

15      En esas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Martorell (Barcelona) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«Si el plazo de un mes dispuesto por la [disposición transitoria controvertida] debe entenderse que se opone al sentido de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE.»

 Sobre la cuestión prejudicial

16      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición transitoria nacional, como la disposición transitoria controvertida, que impone a los consumidores, respecto de los que se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria antes de la entrada en vigor de la Ley de la que forma parte esa disposición y que aún no ha concluido, un plazo preclusivo de un mes, calculado a partir del día siguiente al de la publicación de esa Ley, para formular oposición a la ejecución forzosa, en particular, sobre la base del carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales.

17      Para responder a esta cuestión, es preciso comenzar recordando que, según reiterada jurisprudencia, el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al profesional, en lo referente tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información (sentencias Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 44, y Sánchez Morcillo y Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, apartado 22).

18      Habida cuenta de esa situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 establece que las cláusulas abusivas no vinculan a los consumidores. Se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (sentencia Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 40 y jurisprudencia citada).

19      Asimismo, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores que se encuentran en esa situación de inferioridad, el artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores (sentencias Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 68; Kásler y Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, apartado 78, y Unicaja Banco y Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 y C‑487/13, EU:C:2015:21, apartado 30).

20      El Tribunal de Justicia también ha destacado que los procedimientos de ejecución nacionales, tales como los procedimientos de ejecución hipotecaria, están sujetos a las exigencias relativas a la protección efectiva de los consumidores que se deducen de su reiterada jurisprudencia (sentencia Sánchez Morcillo y Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, apartado 25).

21      Para tomar en consideración lo resuelto en estos pronunciamientos jurisprudenciales y, más concretamente, a raíz de que se dictara la sentencia Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), la Ley 1/2013 modificó, entre otros, los artículos de la LEC relativos al procedimiento de ejecución de bienes hipotecados. De este modo, en el caso de los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, la oposición del ejecutado basada en el carácter abusivo de una cláusula contractual y formulada en un plazo ordinario de diez días a partir de la fecha de notificación del auto en el que se despache ejecución, permite que se suspenda el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que se resuelva el incidente de oposición.

22      En el marco de esta reforma legislativa, la disposición transitoria controvertida dirige su atención a los procedimientos de ejecución que se encontraban en curso en la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2013 y en los que el plazo de oposición de diez días ya se había iniciado o había expirado. Como señaló el Abogado General en el punto 34 de sus conclusiones, pese a que las sentencias del Tribunal de Justicia surten efecto ex tunc y, por lo tanto, desde la fecha de entrada en vigor de la disposición interpretada, el legislador español estimó necesario prever un mecanismo de plazo transitorio para permitir también a los consumidores afectados por un procedimiento de ejecución en curso formular, en un plazo determinado por el legislador español, una oposición procesal encauzada a través de un incidente extraordinario con fundamento, en particular, en la existencia de cláusulas abusivas.

23      Es necesario apreciar si y, en su caso, en qué medida, la Directiva 93/13, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desarrollada en particular después de su sentencia Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), se opone al mecanismo de plazo transitorio por el que optó el legislador español y establecido por la Ley 1/2013.

24      Debe señalarse a este respecto que, ciertamente, a falta de armonización de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa, las modalidades de fijación de un plazo de oposición, admitido en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria, forman parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros. No obstante, el Tribunal de Justicia ha destacado que esas modalidades deben cumplir el doble requisito de no ser menos favorables que las que rigen situaciones similares sujetas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de no hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencias, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 50, y Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, apartado 37).

25      En lo que atañe, por una parte, al principio de equivalencia, debe señalarse que el Tribunal de Justicia no cuenta con ningún elemento que suscite dudas acerca de la conformidad de la disposición transitoria controvertida con dicho principio.

26      Por lo que respecta, por otra parte, al principio de efectividad, el Tribunal de Justicia ha declarado que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, su desarrollo y sus particularidades, ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los principios sobre los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento (sentencia Sánchez Morcillo y Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, apartado 34 y jurisprudencia citada).

27      Estos aspectos, evocados por la jurisprudencia antes citada, deben tomarse en consideración al analizar las características del plazo sobre el que versa el litigio principal. Como señaló el Abogado General en el punto 45 de sus conclusiones, este análisis debe comprender dos elementos: la duración del plazo preclusivo establecido por el legislador y el mecanismo previsto para determinar el inicio de ese plazo.

28      Por lo que se refiere, en primer lugar, a la duración del plazo, debe tenerse en cuenta que, según reiterada jurisprudencia, la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión. En efecto, plazos de este tipo no hacen imposible o excesivamente difícil en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (sentencia Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 41 y jurisprudencia citada).

29      Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que el plazo establecido debe ser materialmente suficiente para permitir que los interesados preparen e interpongan un recurso efectivo (véase, en este sentido, la sentencia Samba Diouf, C‑69/10, EU:C:2011:524, apartado 66).

30      En el presente caso, debe señalarse que el plazo de un mes ha sido establecido, a título excepcional, por una disposición transitoria cuyo propósito es conceder a los consumidores, ejecutados en un procedimiento de ejecución en curso respecto del cual el plazo de oposición ordinario de diez días ya ha comenzado a correr o ha expirado, la posibilidad de invocar, en el marco del mismo procedimiento, un nuevo motivo de oposición que no estaba previsto en el momento en el que se ejercitó la acción judicial en cuestión.

31      Por esa razón debe considerarse que, en atención a la posición que ocupa la disposición transitoria controvertida en el procedimiento de ejecución hipotecaria en su conjunto, un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposición no parece, en principio, materialmente insuficiente para la preparación e interposición de un recurso judicial efectivo, sino que parece razonable y proporcionado habida cuenta de los derechos e intereses de que se trata.

32      En consecuencia, no cabe considerar que la disposición transitoria controvertida sea contraria al principio de efectividad, habida cuenta de la duración del plazo de oposición concedido a los consumidores en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria en curso en la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2013.

33      Por lo que se refiere, en segundo lugar, al análisis del otro elemento que caracteriza al plazo del litigio principal, consistente en el mecanismo previsto por el legislador para determinar el inicio de ese plazo, cabe hacer las siguientes consideraciones.

34      Consta que la Ley 1/2013, de la que forma parte la disposición transitoria controvertida, establece un marco legislativo de alcance general. Esta Ley entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

35      La Ley 1/2013, que persigue reforzar la protección de los ciudadanos en un amplio número de situaciones ligadas a los préstamos hipotecarios, incluye expresamente la protección de los consumidores que, en la fecha de su entrada en vigor, tienen la condición de ejecutado en un procedimiento de ejecución en curso dirigido contra su bien.

36      Debe señalarse que, en el momento de iniciarse el procedimiento de ejecución instado en su contra, estos consumidores fueron informados mediante una notificación individual, que les fue dirigida personalmente, de que tenían la posibilidad de oponerse a la ejecución en un plazo de diez días a partir de esa notificación.

37      Sin embargo, esta notificación, anterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2013, no contenía información acerca del derecho de tales consumidores a formular oposición a la ejecución alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución, ya que esta posibilidad sólo se contempló, en el artículo 557, apartado 1, número 7, de la LEC, tras ser introducida mediante la Ley 1/2013.

38      En estas circunstancias, habida cuenta en particular de los principios del derecho de defensa, de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, los consumidores no podían razonablemente esperar que se les concediera una nueva posibilidad de formular un incidente de oposición sin ser informados de ello a través de la misma vía procesal por la que recibieron la información inicial.

39      Por consiguiente, debe señalarse que la disposición transitoria controvertida, en la medida en que prevé que el plazo preclusivo comienza a correr en el presente caso sin que los consumidores afectados sean informados personalmente de la posibilidad de alegar un nuevo motivo de oposición en el marco de un procedimiento de ejecución ya iniciado antes de entrar en vigor esa Ley, no garantiza que se pueda aprovechar plenamente ese plazo y, en consecuencia, no garantiza el ejercicio efectivo del nuevo derecho reconocido por la modificación legislativa en cuestión.

40      En efecto, habida cuenta del desarrollo, de la particularidad y de la complejidad del procedimiento y de la legislación aplicable, existe un riesgo elevado de que ese plazo expire sin que los consumidores afectados puedan hacer valer de forma efectiva y útil sus derechos por la vía judicial, debido en particular al hecho de que ignoran o no perciben, en realidad, la amplitud exacta de esos derechos (véase, en este sentido, la sentencia Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 58 y jurisprudencia citada).

41      Debe concluirse, en consecuencia, que la disposición transitoria controvertida vulnera el principio de efectividad.

42      A la luz del conjunto de las anteriores consideraciones, debe responderse a la cuestión planteada que los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición transitoria nacional, como la controvertida en el litigio principal, que impone a los consumidores, respecto de los que se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley de la que forma parte esa disposición y que a esa fecha no ha concluido, un plazo preclusivo de un mes, calculado a partir del día siguiente al de la publicación de esa Ley, para formular oposición a la ejecución forzosa sobre la base del carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales.

 Costas

43      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición transitoria nacional, como la controvertida en el litigio principal, que impone a los consumidores, respecto de los que se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley de la que forma parte esa disposición y que a esa fecha no ha concluido, un plazo preclusivo de un mes, calculado a partir del día siguiente al de la publicación de esa Ley, para formular oposición a la ejecución forzosa sobre la base del carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales.

Firmas

Sentencia en el asunto C-8/14

Viernes, 30 de octubre de 2015

     curia.europa.eu
     Prensa e Información
     Tribunal de Justicia de la Unión Europea
     COMUNICADO DE PRENSA nº 130/15
     Luxemburgo, 29 de octubre de 2015
     Sentencia en el asunto C-8/14
     BBVA, S.A. / Pedro Peñalva López y otros
     El plazo para formular oposición en las ejecuciones hipotecarias que se estaban tramitando cuando se aplicó en España la sentencia Aziz es contrario al Derecho de la Unión
     En esos casos, para formular oposición contra la ejecución forzosa, las partes interesadas disponían de un plazo preclusivo de un mes que comenzaba a correr desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la nueva ley de modificación adoptada a raíz de esa sentencia
     Según una Directiva de la Unión, (1) los Estados miembros deben garantizar que no vinculen al consumidor las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional, debiendo el contrato seguir siendo obligatorio en los mismos términos si puede subsistir sin las cláusulas abusivas. La Directiva también dispone que los Estados miembros velarán por que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
     Tras pronunciarse en 2013 la sentencia Aziz, (2) la Ley española (3) modificó en particular el procedimiento de ejecución de los bienes hipotecados. De este modo, en los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la Ley, la oposición del ejecutado basada en el carácter abusivo de una cláusula contractual, formulada en un plazo ordinario de diez días a partir de la fecha de notificación del auto en el que se despache la ejecución hipotecaria, permite que se suspenda el procedimiento de ejecución hasta que se resuelva la oposición. Una disposición transitoria de esta Ley (4) dirige su atención a los procedimientos de ejecución que se encontraban en curso cuando entró en vigor la Ley, es decir, los procedimientos en los que el plazo de oposición de diez días ya había empezado a correr o ya había expirado. En esos casos, para formular oposición a la ejecución forzosa, los interesados disponían de un plazo preclusivo de un mes que comenzaba a correr a partir del día siguiente al de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado.
     Un litigio enfrenta al banco español BBVA (anteriormente Unnim Banc) a tres consumidores, quienes formularon oposición contra una ejecución hipotecaria iniciada antes de que entrara en vigor la Ley española. Estos consumidores alegan ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Martorell (Barcelona) que el plazo preclusivo de un mes es contrario a la Directiva. Sostienen que el plazo es insuficiente para que los tribunales controlen de oficio el contenido de los contratos de préstamo o crédito con garantía hipotecaria en curso de ejecución y, con mayor motivo, para que los consumidores aleguen el eventual carácter abusivo de las cláusulas que figuran en esos contratos. Por otra parte, los consumidores afirman que, dado que el plazo preclusivo de un mes comenzaba a correr a partir de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial español y no a partir del momento en que se produjera una notificación individualizada, el acceso de los consumidores a la justicia resultaba muy difícil, incluso en caso de que dispusieran de asistencia jurídica. El juez español pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva se opone al plazo de un mes previsto en la Ley española.
     Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva se opone a la disposición transitoria española.
     El Tribunal de Justicia comienza señalando que un plazo preclusivo de un mes para formular oposición parece, en principio, materialmente suficiente para poder preparar e interponer un recurso judicial efectivo, de modo que resulta razonable y proporcionado atendiendo a los derechos e intereses de que se trata. Por lo tanto, la duración de este plazo no es contraria al principio de efectividad.
     Sin embargo, el Tribunal de Justicia destaca que el mecanismo establecido por el legislador para iniciar el cómputo del plazo —esto es, la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado— es contrario al principio de efectividad. En efecto, en el momento de iniciarse el procedimiento de ejecución instado en su contra, los consumidores fueron informados mediante una notificación individual, que les fue dirigida personalmente, de que tenían la posibilidad de oponerse a la ejecución en un plazo de diez días a partir de esa notificación. Según el Tribunal de Justicia, los consumidores no podían razonablemente esperar que se les concediera una nueva posibilidad de formular un incidente de oposición sin ser informados de ello a través de la misma vía procesal por la que recibieron la información inicial. Al establecer que el plazo preclusivo comienza a correr sin que los consumidores afectados sean informados personalmente de la posibilidad de alegar un nuevo motivo de oposición en el marco de un procedimiento de ejecución ya iniciado antes de entrar en vigor la nueva Ley, la disposición transitoria en cuestión no garantiza que se pueda aprovechar plenamente ese plazo y, en consecuencia, no garantiza el ejercicio efectivo del nuevo derecho reconocido por la modificación legislativa española. El Tribunal de Justicia señala que, habida cuenta del desarrollo, de la particularidad y de la complejidad del procedimiento, así como de la legislación aplicable, existe un elevado riesgo de que el plazo expire sin que los consumidores afectados puedan hacer valer de forma efectiva y útil sus derechos por la vía judicial, debido en particular al hecho de que, en realidad, ignoran o no perciben la amplitud exacta de esos derechos.
     NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
     Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
     1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29).
     2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11. Véase, asimismo, el CP nº 30/13. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la normativa española en materia de ejecución hipotecaria era contraria al Derecho de la Unión. Así, la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipotecario no figuraba entre los motivos por los que un deudor podía oponerse al procedimiento de ejecución de una hipoteca. La existencia de una cláusula de esa índole únicamente podía invocarse en el marco de otro procedimiento, que no producía la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria.
     3 Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, de 14 de mayo de 2013, BOE nº 116, de 15 de mayo de 2013, p. 36373), que modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000, BOE nº 7, de 8 de enero de 2000, p. 575, también modificada por el Decreto-ley 7/2013 de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestarias y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, de 28 de junio de 2013, BOE nº 155, de 29 de junio de 2013, p. 48767.
     4 Disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013.

Recordando: La Dirección General de los Registros y del Notariado también impedía el control de las cláusulas abusivas por parte de los Registradores, en recursos interpuestos por notarios

Viernes, 30 de octubre de 2015

     La Dirección General de los Registros y del Notariado también impedía el control de las cláusulas abusivas por parte de los Registradores, en recursos interpuestos por notarios
     Recordamos hoy otra Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en la que se impedía al Registrador de la Propiedad el control de las cláusulas abusivas en los contratos de hipoteca. Fue firmada por la Directora General Pilar Blanco Morales Limones.
     Nos estamos refiriendo a la Resolución de 19 de abril de 2006, en la que la nota de calificación del Registrador basada en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, extendida en consideración a la posición más débil de la parte prestataria, fue recurrida por un Notario de Bilbao.

    Este Notario dijo en su recurso: La cuestión no es pues si las cláusulas son nulas o válidas. Ello no debe ser el objeto de la discusión. Sino si el registrador puede arrogarse la competencia de apreciar la validez o nulidad de las cláusulas, cuando la misma no ha sido cuestionada por las partes judicialmente.
    Por consiguiente, en nuestro caso, el Registrador incurre en una clara extralimitación de sus competencias, e invade lo que, constitucional y legalmente, está reservado a los Tribunales de Justicia. Es importante subrayar aquí que de lo que en este Fundamento de Derecho se trata es de combatir el intento de los Registradores, en cuanto funcionarios, de invadir la esfera competencial de los Jueces y Magistrados, hasta tal punto patente que las más recientes Resoluciones de la D.G.R.N se han visto obligadas a poner coto a tal pretensión. Baste citar por todas la Resolución de la D.G.R.N de fecha 14 de diciembre de 2004, BOE n.° 10, de 12 de enero de 2005. Y de ahí también la transcendencia -sic-de cortar tal arrogación de funciones. Por lo expuesto solicito se tenga por presentado este escrito, y formulado recurso contra la calificación del Registrador de la Propiedad n° 7 de los de Bilbao, y que se revoque en su integridad dicha calificación, y se declare: 1).-Su falta de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de las disposiciones dictadas por los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias. 2).-Su absoluta falta de competencia y facultades para pronunciarse sobre la legalidad de cláusulas en base a la Ley 26/1984 y 7/1998.

     Estos argumentos fueron recogidos por la Dirección General.

     Enlace a la Resolución de 19 de abril de 2006 en el Boletín Oficial del Estado.

     Se decía en la misma:
     En efecto, afirmábamos antes que el registrador deniega el acceso al registro de determinadas cláusulas por entender que las mismas contravienen la normativa de condiciones generales de la contratación y de defensa de consumidores y usuarios.
     Sin embargo, tal posibilidad está vedada para el registrador por las razones que a continuación se señalan.
     Primera, porque como se expuso el registrador no es un juez; por tanto, carece de la posibilidad de decidir la nulidad de una cláusula que es condición general de la contratación, en los términos de su mismo razonamiento.
     Segunda, porque tratándose de condiciones generales de la contratación que según la misma fundamentación del registrador se reputan abusivas, su calificación se debe sujetar a lo dispuesto en el artículo 258.2 de la Ley Hipotecaria. Tal precepto afirma que «el Registrador denegará la inscripción de aquellas cláusulas declaradas nulas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.».
     En consecuencia, habrá de estarse a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, según la redacción dada por la Ley 7/1998, de 13 de abril; tal apartado lo único que hace es atribuir al juez que conozca de las pertinentes acciones la posibilidad de declarar nulas las condiciones generales de la contratación insertas en un contrato cuando las mismas sean abusivas, añadiendo la Disposición Adicional primera de esa Ley 26/1984, de 19 de julio, también incorporada por la Ley 7/1998, de 13 de abril, un elenco de cláusulas que pueden ser consideradas abusivas; enumeración que basta apreciar su inciso inicial es ad exemplum.
     Tercera, lo anterior, esto es la necesidad de que un juez declare la nulidad de la cláusula que es condición general de la contratación por abusiva, como requisito sine qua non para que el registrador deniegue el acceso al registro de esa cláusula abusiva, previa la determinación de su trascendencia jurídico real inmobiliaria, se deduce de la simple lectura de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación y las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2002, por las que se anularon diversos preceptos del Real Decreto 1828/1999, de 3 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
     Así, en el apartado IV del preámbulo de la Ley 7/1998, de 13 de abril, se afirma que «la Ley parte de que el control de la validez de las cláusulas generales tan sólo corresponde a Jueces y Tribunales». Tal afirmación, obvia por otra parte, se reitera en las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2002, donde se sostiene que «la calificación como abusivas de las cláusulas corresponde, en exclusiva, a los jueces y tribunales.
     En consecuencia, el procedimiento registral, por sus particulares caracteres, y la calificación, por su ámbito objetivo y medios de llevarse a cabo, no puede sustituir a la declaración judicial de nulidad de las cláusulas de un contrato que son condiciones generales de la contratación, por entender que las mismas son nulas de pleno derecho, al contravenir el artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio.
     Habiendo el Registrador de la Propiedad basado su calificación en tal particular proceder, ha infringido los artículos 18 y 258.2 de la Ley Hipotecaria, debiendo ser, en consecuencia, revocado este segundo defecto,
     Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la nota de calificación en los términos que resultan de los precedentes fundamentos de derecho.

     Vemos cómo prosperó el recurso del Notario y se eliminó una posibilidad de amparo de los usuarios frente a las cláusulas abusivas de las hipotecas.

     De aquellos polvos vienen estos lodos.

El Consejo General del Poder Judicial presenta el Código de la Discapacidad

Jueves, 29 de octubre de 2015

     Martes, 27 de octubre de 2015 

     El CGPJ presenta el Código de la Discapacidad

     La obra, elaborada por el Foro Justicia y Discapacidad y editada por el BOE, recopila toda la normativa sobre la materia

     Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presidirá mañana el acto de presentación oficial del Código de la Discapacidad, obra elaborada por el Foro Justicia y Discapacidad, y editada por el BOE, que recopila todas las normas jurídicas nacionales e internacionales existentes sobre la discapacidad.

     En este acto intervendrán asimismo el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Federico Ramos de Armas, y el presidente del Foro Justicia y Discapacidad, y vocal del CGPJ, Juan Manuel Fernández.

     En el Código se incluyen 115 normas legales, de las cuales 13 se recogen en su totalidad y 102, de forma fraccionada, lo que convierte esta obra en un instrumento muy eficaz para divulgar toda la normativa, nacional e internacional, relacionada con la discapacidad.

     El objetivo que persigue el Foro Justicia y Discapacidad con la publicación de este Código es facilitar la búsqueda de las normas jurídicas relacionadas con la discapacidad, mediante un texto fácilmente accesible, y en permanente actualización, y que pueda ser consultado no sólo por los operadores jurídicos sino por cualquier persona interesada en la materia.

     Los formatos digitales en pdf y ePub del Código de la Discapacidad tienen carácter gratuito y se pueden descargar desde la página web del Boletín Oficial del Estado.

      El Foro Justicia y Discapacidad nació en el seno del Consejo General del Poder Judicial en diciembre de 2003, con la finalidad básica de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

     En particular el Foro tiene como objetivo favorecer el acceso de las personas discapacitadas a la Justicia en condiciones de igualdad y garantizar su protección jurídica.

     Su creación se produjo en virtud de un convenio interinstitucional y está conformado, además de por el propio Consejo, por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General del Notariado (Fundación Aequitas), el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

     Asimismo, y con el fin de conocer mejor los problemas con los que se enfrentan las personas discapacitadas en su acceso a la Justicia, forman parte de su órgano rector algunas de las principales Asociaciones representativas, en particular el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad –CERMI- y la Fundación ONCE.

     También se han incorporado a lo largo de estos años diversos expertos que prestan su colaboración, tales como Diputados y Senadores, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, médicos forenses y psicólogos.

El Código de Buenas Prácticas ha permitido a 23.640 familias reestructurar su deuda hipotecaria o la dación en pago

Jueves, 29 de octubre de 2015

     23 de octubre de 2015 mineco.gob.es

     El CBP ha permitido a 23.640 familias reestructurar su deuda hipotecaria o la dación en pago
     Más de 45.000 familias se han beneficiado de las medidas para paliar los efectos de la crisis en el ámbito de la vivienda
     Se han recibido 50.852  solicitudes desde la puesta en marcha del Código de Buenas Prácticas en 2012
     En los tres años y medio de vigencia del Código de Buenas Prácticas (CBP) un total de 50.852 familias en riesgo de exclusión social han solicitado acogerse a él con el fin de aliviar su deuda hipotecaria. De ellas, 23.640 han logrado reestructurar la hipoteca (18.620), la dación en pago (5.014) o una quita (6). En los seis primeros meses de 2015, las solicitudes han aumentado un 17,78% sobre el segundo semestre del año anterior, hasta las 13.436 peticiones. El informe semestral ha sido remitido hoy al Parlamento por la Comisión de Seguimiento. El conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno en este ámbito ha favorecido a 45.000 familias. Además de la aplicación del CBP, el Fondo Social de Viviendas (FSV) ha adjudicado 4.000 viviendas y se han suspendido 17.551 desahucios.

     Desde la puesta en marcha del CBP hace tres años y medio se han registrado 50.852 solicitudes, de las que se han resuelto 23.640. El resto o bien no entran dentro del ámbito de aplicación, incumplen los requisitos o no han entregado la documentación necesaria. De las solicitudes resueltas, 18.620 finalizaron con una reestructuración de la deuda pendiente, 6 con una quita y en 5.014 casos se acordó la dación en pago, con la consiguiente extinción de la deuda.

     En el primer semestre del año las entidades recibieron 13.436 solicitudes, un 17,78% más que durante la segunda mitad de 2014.  De las solicitudes recibidas, se han resuelto un total de 7.141 operaciones (un 7,73% más). De ellas, en 5.970 casos se concluyó con una reestructuración viable de la deuda pendiente (15,67% más). En 1.171 casos se acordó la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, un 20,17%  menos. Ninguna operación finalizo con una quita.

     El CBP se firmó en marzo de 2012 con la práctica totalidad de las entidades con actividad hipotecaria en España, hasta 95 en la actualidad. El Gobierno impulsó este Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio durante dos años para las entidades firmantes. El objetivo fue dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos. Se establecieron tres opciones -renegociación de plazos y cuotas con las entidades o reestructuración de la deuda, quitas y dación en pago-, con periodos de carencia, amortización hasta 40 años, reducción del tipo de interés aplicable a Euríbor+0,25 puntos  e incluso la posibilidad de permanecer en la vivienda mediante el pago de un alquiler reducido.

     Se definió también el umbral de exclusión o condiciones para poder acogerse al CBP. En concreto, se estableció que fuera primera y única vivienda y que todos los miembros de la familia carecieran de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas. Además, la cuota hipotecaria debía ser superior al 50% de los ingresos netos percibida por el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Deberán, asimismo, carecer de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.

     El Gobierno ha ampliado en dos ocasiones el ámbito de aplicación tanto del CBP como del FSV para dar cabida a un mayor número de familias.  El Código inicial fue ampliado en la Ley de 2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Su ámbito se extendió nuevamente en febrero pasado, en el Real Decreto Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

     Entre las últimas modificaciones introducidas destacan el aumento del límite anual de renta familiar hasta tres veces el IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples). Hasta entonces se calculaba por 12 pagas y pasa a calcularse por 14 -sube desde 19.170 a 22.365 euros-,  así como la inclusión de los mayores de 60 años. Se elevó el límite de precio de compra de los inmuebles desde los 250.000 a 300.000 euros y se estableció la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo para los deudores situados en el umbral del nuevo CB

El Tribunal Supremo establece que el maltrato a los padres es causa para revocar las donaciones a los hijos

Miércoles, 28 de octubre de 2015

     Jueves, 22 de octubre de 2015 

     El Tribunal Supremo establece que el maltrato a los padres es causa para revocar las donaciones a los hijos

     El tribunal dice que el hecho constituye una de las “causas de ingratitud” que contempla el Código Civil

     Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     La Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado en una sentencia como doctrina jurisprudencial que el maltrato, de obra o psicológico, por parte del donatario hacia el donante queda calificado como un hecho integrado en la causa de ingratitud contemplada en el artículo 648.1 del Código Civil, que recoge los casos que justifican la revocación de una donación.

     En el caso concreto en el que se ha dictado la sentencia, procedente de Cuenca, el alto tribunal revoca las donaciones de unos padres a una de sus hijas que le trató de forma humillante, llegando a abofetear al padre e insultar gravemente tanto al padre como a la madre.

     El Supremo también declara la titularidad de los padres de unos fondos bancarios por valor total de 309.000 euros que la hija gestionaba y de los que era cotitular.

Las Administraciones Públicas perdieron 320.200 empleos en lo que va de legislatura

Miércoles, 28 de octubre de 2015

      Las Administraciones Públicas perdieron 320.200 empleos en lo que va de legislatura
     Jueves, 22/10/2015 csi-f.es
     La sanidad y la educación pierden 116.000 efectivos, mientras las empresas públicas se desprenden de apenas 11.700 personas
     CSIF exige que se cubran todas las jubilaciones y un plan de recursos humanos para reforzar las áreas prioritarias y los servicios públicos
 
     La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora de manera positiva, como no puede ser de otra manera, el descenso en el número de parados publicado hoy, porque se alivia la situación de dificultad de muchas familias.
 
     No podemos estar satisfechos hasta que no se consolide con claridad una tendencia positiva y estructural en la creación de empleo de calidad y estable, acorde a las necesidades de nuestro país.
En lo que se refiere a las administraciones públicas, CSIF advierte de que a dos meses del final la legislatura (entre el tercer trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2011) se han perdido un total de 320.000 empleos, lo que da una idea del deterioro de los servicios públicos que hemos sufrido durante esta crisis económica.
 
     Esta pérdida de empleo ha sido generalizada en el conjunto del sector público, aunque, como muestran los últimos datos de la EPA, el recorte en empleos ha tenido diferentes grados en función de las administraciones y ámbitos.
 
     Así, la principal pérdida de puestos de trabajo se ha producido en las administraciones autonómicas (-189.400), seguido de los ayuntamientos (-62.500), la Administración Central y Seguridad Social (-43.700 y -9.500, respectivamente) y por último las empresas públicas, con una pérdida de 11.700 empleos.
 
     Este último dato, contrasta con el deterioro que se ha producido en ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar como la Educación y la Sanidad, con 116.000 empleos perdidos (66.000 en sanidad y servicios sociales y 50.000 en nuestras escuelas y universidades).
 
     Por este motivo, urge realizar cuanto antes un plan de recursos humanos que priorice en las políticas de empleo aquellas áreas más deficitarias y fundamentales para los servicios públicos que reciben nuestros ciudadanos.
 
     Además, se deben cubrir todas las jubilaciones que se produzcan, con una tasa de reposición del cien por cien. El próximo Gobierno que decidan los ciudadanos tiene por tanto mucha tarea por delante para recuperar los niveles de cobertura y prestación de servicios previos a la crisis económica.
 
     Por otra parte, desde principios de 2013, la tasa de temporalidad en la administración se ha disparado hasta alcanzar el 22 por ciento, con 658.000 trabajadores temporales, mientras que hace dos y medio años esta cifra se situaba en 559.700.
 
     El Gobierno está realizando una reestructuración de nuestro modelo de administraciones públicas, mediante la eliminación de puestos de trabajo del personal que se jubila (como ocurre en la Administración Central, con una plantilla muy envejecida, y único sector que destruye empleo) y la creación de plazas temporales y precarias.
 
     La sociedad no se puede permitir prescindir en tiempos de crisis del personal que mantiene nuestros  servicios, como la sanidad, servicios sociales, la educación, personal administrativo (sin ir más lejos en las oficinas de empleo) o en nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

 

El XIII Foro de Suma aborda las novedades sobre tributación y transparencia

Martes, 27 de octubre de 2015

     27 de octubre, 2015
     El XIII Foro de Suma aborda las novedades sobre tributación y transparencia

     El presidente de la Diputación de Alicante inaugurará este encuentro que reunirá a más de 250 responsables técnicos y políticos de toda España

     R. A. | Alicante laverdad.es

      25 octubre 2015

     El ADDA (Auditorio de la Diputación de Alicante) acogerá el próximo martes 27 de octubre el XIII Foro Suma en el que se analizarán, principalmente, las novedades en el ámbito de la tributación y las reformas legislativas sobre transparencia. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, será el encargado de inaugurar a las 9.00 horas esta jornada organizada por el organismo tributario de la institución provincial, a la que asistirán más de 250 responsables técnicos y políticos de gestión tributaria local de distintos ayuntamientos, especialmente alicantinos, y de órganos de gestión de otras provincias.

     Durante el encuentro se abordarán, entre otras cuestiones, la reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario y medidas fiscales con impacto en el IBI, las plataformas de intermediación entre el Estado y los entes locales y la reforma de la Ley Hipotecaria. Asimismo, se analizará la aplicación y desarrollo de la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, la tributación de las empresas de servicios de interés general, en especial del sector de las telecomunicaciones, o la gestión de los servicios públicos en el siglo XXI y sus nuevos paradigmas.

     El foro contará, entre algunos de sus ponentes, con la directora general del Catastro, Belén Navarro, el director general de las TIC de la Administración General de Estado, Domingo Molina, el director general de los Registros y del Notariado, Javier Gómez, y el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar.

     Previamente a este foro, Suma celebrará mañana lunes una jornada con directivos públicos de organismos de gestión tributaria de una veintena de diputaciones y grandes ayuntamientos de otras provincias para abordar el papel de los mismos y otros temas de interés común.

Dmitri Shostakovich – Waltz No. 2

Martes, 27 de octubre de 2015

El Gobierno aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores para facilitar la adaptación a la normativa europea

Martes, 27 de octubre de 2015

      23 de octubre de 2015 mineco.gob.es
     El Gobierno aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores para facilitar la adaptación a la normativa europea
     El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Legislativo por el que se da luz verde al Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores  con el objetivo de facilitar una trasposición más ágil de la nueva normativa europea MIFID (Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros) y de abuso de mercado. El límite para adoptar la  normativa europea es el 3 de julio de 2016. Al tratarse de un Texto Refundido no hay cambios normativos.

     La complejidad del marco legislativo regulador del mercado de valores y las numerosas modificaciones que ha experimentado la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores (LMV) en los últimos años justifican la elaboración de un texto refundido. Se persigue con ello facilitar el conocimiento, la aplicación e interpretación de la normativa reguladora de los mercados de valores por los operadores jurídicos y económicos, fomentar la claridad y reducir las cargas derivadas de la dispersión normativa y complejidad del marco legislativo.

     En el trabajo de elaboración del Real Decreto Legislativo, se ha procedido a integrar y sistematizar en un único texto los siguientes textos normativos:

1. Las más de 40 normas con rango de ley que han modificado la LMV desde 1988.

2. Las que, afectando a su ámbito material, se han promulgado antes de la aprobación del real decreto legislativo.

3. Una serie de disposiciones legales relativas a los mercados de valores.

      Tras concluir el trámite de audiencia pública, en el que se han recibido numerosos informes y observaciones, el Real Decreto Legislativo cuenta con una exposición de motivos, un artículo, una disposición adicional única, una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales. Por su parte, el texto refundido cuenta con 334 artículos, 10 disposiciones adicionales, 9 transitorias y 2 finales. Se ha recibido el dictamen preceptivo del Consejo de Estado que se solicitó por vía de urgencia y se han incorporado las tres observaciones esenciales que se formulan, sin que se altere el sentido del texto.

     Una vez realizado este trabajo de refundición, a lo largo del próximo año 2016 deberá llevarse a cabo la incorporación al derecho nacional de la nueva normativa MIFID y de abuso de mercado, puesto que la fecha límite para la transposición de esta normativa europea es el 3 de julio de 2016. El nuevo texto legal, en el que se han cumplido escrupulosamente las directrices de técnica normativa, permitirá una labor de transposición más ordenada y sistematizada, con la que se logrará una mejor y más clara adaptación de nuestra normativa de valores a la realidad europea.

Decisiones de política monetaria. Banco Central Europeo

Martes, 27 de octubre de 2015

     Banco Central Europeo – Eurosistema
     Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales
     22 de octubre de 2015
     Nota de prensa – bde.es
     Decisiones de política monetaria
     En su reunión de hoy, celebrada en Malta, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,05%, el 0,30% y el -0,20% respectivamente.
     El presidente del BCE comentará estas decisiones en una conferencia de prensa que dará comienzo esta tarde a las 14.30 horas (hora central europea).

Zufulata tarantela

Lunes, 26 de octubre de 2015

El Tribunal Supremo anula un contrato de swap del Banco Santander porque la información al cliente era incomprensible para éste

Lunes, 26 de octubre de 2015

     Viernes, 23 de octubre de 2015 

     El TS anula un contrato de swap del Banco Santander porque la información al cliente era incomprensible para éste

     La entidad bancaria deberá devolverle 42.645,91 euros, más los intereses legales

     Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que anuló un contrato de swap del Banco Santander al considerar que la entidad incumplió el deber de información al cliente minorista, ya que la que le facilitó como supuestamente explicativa del producto financiero resulta incomprensible para un cliente no experto.

     La información que la entidad bancaria suministró a su cliente es, literalmente, la siguiente: “Los flujos de la presente operación son equivalentes a la contratación de una permuta financiera de tipos de interés, más la venta de una opción floor con barrera knock-in por parte del cliente más la compra de una opción cap por parte del cliente”.

     La desestimación del recurso del Banco Santander y la consiguiente confirmación de la sentencia de la Audiencia tinerfeña supone que la entidad deberá devolver a su cliente los 42.645,91 euros invertidos en el citado producto en 2008, más los intereses legales correspondientes.

Ferre: “Los cambios normativos han ayudado a recaudar 40.000 millones en la lucha contra el fraude”

Lunes, 26 de octubre de 2015

      Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
     Gabinete de prensa
     minhap.gob.es
     Inauguración XXV Congreso Inspectores de Hacienda del Estado
     Ferre: “Los cambios normativos han ayudado a recaudar 40.000 millones en la lucha contra el fraude”
 El secretario de Estado de Hacienda subraya que la nueva legislación antifraude ha contribuido a cumplir con los objetivos de déficit; lo recaudado en la Legislatura es equivalente a una reducción del déficit de 4 puntos de PIB
 Ferre destaca, entre otros, la ley antifraude de 2012, la reforma del Código Penal, la reforma fiscal y los 14 convenios tramitados de intercambio de información; a ello se suman las novedades en la Ley General Tributaria y el acuerdo multilateral de intercambio automático de información entre países
 La OCDE destaca la “eficiencia de la AEAT”, que recauda 9,37 euros por cada euro gastado en la lucha contra el fraude
22 de octubre de 2015.- El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha destacado hoy los cambios normativos aprobados en materia de lucha contra el fraude fiscal durante la Legislatura. “La lucha contra el fraude ha sido uno de los principales objetivos de la política tributaria del Gobierno; ello ha permitido contar con un potente paquete normativo, que se ha traducido en resultados históricos la recaudación y ha contribuido a la consecución de los objetivos de déficit”, ha dicho en la inauguración del XXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado.
     Concretamente, el secretario de Estado ha indicado que “los cambios normativos operados han permitido que la Agencia Tributaria haya recaudado más de 40.000 millones de euros por sus labores de control tributario desde 2012 hasta junio de 2015”, por encima de lo registrado en cualquier Legislatura precedente . Ello, ha indicado, es equivalente a una reducción del déficit público de 4 puntos de PIB. Solo en 2015, las previsiones cuentan con que la recaudación por lucha contra el fraude alcance los 13.500 millones de euros, récord histórico anual.
     Ferre ha recordado especialmente los efectos de la Ley 7/2012. Entre los cambios de esta ley figura la nueva obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, la limitación de pagos en efectivo a 2.500 euros, los nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en el IVA y de responsabilidad subsidiaria para los administradores de personas jurídicas.
     Ferre ha destacado también la reforma del Código Penal que permite un tipo agravado por delito fiscal para supuestos de especial gravedad (cuantías superiores a 600.000 euros y otras circunstancias como la utilización de testaferros), elevando la pena y el plazo de prescripción, en esos casos, hasta los 10 años. De igual forma, ha destacado que la reforma fiscal que ha entrado en vigor en enero de este año contempla medidas como la que impide la deducción fiscal en el caso de instrumentos híbridos o la limitación del régimen de módulos.
     La reciente aprobación de la Ley General Tributaria, con la que se completa la reforma fiscal, incluye importantes novedades en la lucha contra el fraude como la ampliación de las potestades de comprobación e investigación de la administración tributaria, una nueva norma antiabuso para sancionar el intento de obtener ahorro fiscales mediante actos declarados de conflicto en aplicación de la norma tributaria y la publicación de listados de obligados tributarios con deudas no aplazadas, superiores a un millón de euros. La primera lista de deudores con Hacienda, en torno a 5.000 contribuyentes, está prevista que se publique en diciembre en la sede electrónica de la AEAT.
     Intercambio de información
     El secretario de Estado de Hacienda ha subrayado también la estrategia mantenida en la Legislatura de firma de nuevos convenios para evitar la doble imposición y reducir la opacidad fiscal gracias a acuerdos de intercambio de información tributaria.
     Todos ellos se han tramitado bajo los estándares de transparencia vigentes fijados por la OCDE, ampliando así la red de intercambio de información tributaria internacional. Así, durante esta legislatura se ha iniciado la tramitación de 14 convenios para evitar la doble imposición y prevenir el fraude fiscal de amplio espectro geográfico:
-Con países europeos se han firmado cuatro tratados (Andorra, Bélgica, Reino Unido y Chipre), estando en tramitación la firma con Bielorrusia.
-En Asia, con India, Azerbaiyán y Uzbekistán.
-En el continente americano se han firmado con tres países, Canadá, Argentina y Estados Unidos, estando en tramitación el de México.
-Dos países de Oriente Medio: Omán y Catar.
     También se han tramitado tratados de intercambio de información con Isla de Man, Jersey y Guernsey, territorios vinculados al Reino Unido.
     De igual forma, el secretario de Estado ha recalcado que España está plenamente comprometida en el desarrollo de acuerdos de intercambio de información automática y estandarizada a escala internacional, siguiendo las directrices de la OCDE. De hecho, más de 50 países y jurisdicciones, entre ellos España, han firmado un acuerdo multilateral para hacerlo efectivo a partir de 2017.
     A nivel europeo, Ferre ha destacado la iniciativa de la Comisión Europea para incrementar el nivel de transparencia fiscal y que incluye, entre otros asuntos, un mecanismo obligatorio de intercambio de información entre administraciones tributarias sobre los acuerdos fiscales emitidos con trascendencia tributaria. Esta propuesta cuenta ya con el apoyo político de los países de la UE, incluida España.
     Eficiencia de la AEAT, reconocida por la OCDE
     Por otra parte, Ferre ha destacado la labor de los profesionales de la Agencia Tributaria (AEAT) y el reconocimiento que han hecho de ella organismos como la OCDE. Gracias a esta labor, a las medidas normativas aprobadas y al uso intensivo de nuevas tecnologías, el índice de eficiencia de la AEAT (relaciona el importe ingresado por las actuaciones de lucha contra el fraude con el presupuesto de la AEAT) no ha dejado de mejorar. Así, Ferre ha destacado que por cada euro gastado en la Agencia Tributaria en 2014, se recaudaron 9,37 euros en la lucha contra el fraude. Esta eficiencia de la AEAT ha sido recogida por la OCDE en su último informe “Tax Administration 2015”, frente a países con un modelo tradicional basado en un mayor número de funcionaros y menor inversión tecnológica.
     Por otro lado, el ratio de coste en relación a los ingresos (coste de recaudación) es sensiblemente inferior (0,67%) en comparación con el de países del entorno como Francia (1,11%) o Alemania (1,35%).

Aumentan las perspectivas de exportación de las empresas a tres meses

Lunes, 26 de octubre de 2015

     20 de octubre de 2015
     Aumentan las perspectivas de exportación de las empresas a tres meses
     El Indicador Sintético de la Actividad Exportadora alcanza los 17 puntos, el valor más alto en un tercer trimestre desde 2007
     mineco.gob.es
     El Indicador Sintético de Actividad Exportadora (ISAE)1 se situó en +17,0 puntos en el tercer trimestre del año, el segundo valor más alto en un tercer trimestre desde el máximo del año 2007 (+20.4), a pesar de la disminución de 5 puntos registrada respecto al trimestre anterior (+22 puntos). En todos los terceros trimestres (salvo en 2009) se produce una bajada respecto al trimestre anterior.

     El valor del indicador es apreciablemente superior en el sector de productos químicos (26,0) y en el de alimentación, bebidas y tabaco (23,2), y muy inferior en el de materias primas, donde toma un valor de signo negativo (-9,3), en el de productos energéticos (4,3) y en el de semimanufacturas no químicas (6,5).

     Cartera de pedidos y expectativas

     La percepción del comportamiento de la cartera de pedidos de exportación en el trimestre es menos favorable que el trimestre anterior. El valor del indicador balance se sitúa en 11,2 puntos, con un descenso superior a los nueve puntos con respecto al registro del trimestre anterior (20,7).

     Sin embargo, las expectativas de las empresas acerca de la evolución del comportamiento de la cartera de pedidos de exportación a tres meses vista son ahora más favorables que en el trimestre anterior, con un ascenso de algo más de cinco puntos con respecto al que se registraba el trimestre anterior (15,0). A doce meses vista, las perspectivas de exportación de las empresas empeoran respecto al trimestre anterior y se sitúan en 33,8 puntos, casi cuatro puntos menos que en el segundo trimestre.

     Factores de la actividad exportadora

     La mayor parte de las empresas señala que la evolución de la demanda externa sigue siendo el factor que está teniendo la mayor incidencia positiva en la actividad exportadora (39,6%), aunque el porcentaje de menciones desciende seis puntos con respecto al trimestre anterior.

     La competencia internacional en precios se mantiene como factor al que mayor proporción de entrevistados alude por su incidencia negativa (50,1%), aunque ese porcentaje es 5,6 puntos inferior al que se registraba en el trimestre anterior.

     Hay un incremento moderado del porcentaje de quienes señalan que sus precios evolucionaron a la baja en el trimestre, a la vez que desciende la proporción tanto de los que señalan que han evolucionado al alza como la de los que opinan que se mantuvieron estables.

     Se observa una leve mejoría en la percepción de la evolución del margen de beneficio comercial de exportación, aunque las variaciones de los datos registrados son muy limitadas.

     Personal dedicado a actividades de exportación

     En el tercer trimestre del año, se observa un incremento de las previsiones de contratación de personal para realizar actividades de exportación en las empresas tanto a tres como a doce meses, como refleja el aumento de más de dos puntos del indicador balance en estos dos últimos casos. En cambio, la estabilidad sigue siendo la característica dominante en la contratación de personal en el trimestre actual.

     En términos sectoriales, las mayores previsiones de contratación a tres y doce meses se registran en empresas de los sectores de alimentación, bebidas y tabaco, manufacturas de consumo y productos químicos,

     Destinos de exportación de la cartera de pedidos

     Según indican las empresas encuestadas, su cartera de pedidos en el trimestre actual mejora ligeramente para los destinos de América del Norte y Oceanía, mientras que desciende para los destinos de Asia y África.

     En cambio, las perspectivas de exportación a tres meses mejoran para la mayor parte de los destinos, con valores superiores a los que se registraban el trimestre anterior. En los casos de América del Norte (23,2), de África (17,5) y de Asia (15,6) son inferiores, aunque se mantienen en niveles elevados. El indicador balance relativo a las perspectivas de exportación para los países de la UE-28 se sitúa en 17,7 puntos, casi cuatro puntos superior al del trimestre anterior.

     Los países que una mayor proporción de las empresas exportadoras españolas consideran a doce meses sus principales destinos son Francia (41,1%) y Alemania (39,0%). A continuación les siguen EEUU (20,4%), Reino Unido (19,8%), Italia (17,7%), Portugal (13,7%), Méjico (10,0%), China (9,6%) y Marruecos (9,4%).

     1 El ISAE es un indicador que resume la información proporcionada por las empresas entrevistadas acerca de la evolución de su cartera de pedidos de exportación en el trimestre de referencia y las perspectivas sobre la misma a tres y doce meses. Este indicador puede tomar valores entre -100 y +100, de manera que valores positivos indican una mejor percepción de la actividad exportadora y/o de las previsiones respecto de su evolución futura por parte de las empresas de la muestra y viceversa.

La Audiencia Nacional condena a dos años de cárcel a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia

Domingo, 25 de octubre de 2015

     Jueves, 22 de octubre de 2015 

     La Audiencia Nacional condena a dos años de cárcel a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia

     El tribunal destaca que la entidad subsistió gracias a la inyección de dinero público

     Autor:Comunicación Poder Judicial- poderjudicial.es

     La Audiencia Nacional ha condenado a penas de dos años de cárcel por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal, a los exdirectivos de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Oscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y al abogado Ricardo Pradas por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias.

     En la sentencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de este tribunal condena además a estas cinco personas a una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a la pena de inhabilitación especial para el empleo que desempeñaban cuando realizaron los hechos enjuiciados durante el tiempo de la condena.

     Según la Sala, “estamos ante una entidad que valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones de euros y abonar más de 24 millones de euros como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección, una cantidad que en el fondo la abonó íntegramente el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado”.

Las Autoridades europeas de Protección de Datos publican una declaración conjunta en relación con la aplicación de la sentencia del TJUE sobre el Puerto Seguro

Domingo, 25 de octubre de 2015

     Las Autoridades europeas de Protección de Datos publican una declaración conjunta en relación con la aplicación de la sentencia del TJUE sobre el Puerto Seguro
     agpd.es

     El Grupo de Trabajo del Artículo 29 hace un llamamiento a los Estados miembros y a las Instituciones europeas para encontrar soluciones políticas, jurídicas y técnicas que permitan transferencias de datos a EEUU respetando los derechos fundamentales.

     Madrid, 19 de octubre de 2015. Las Autoridades de protección de datos de los Estados miembros de la UE, reunidas en el Grupo de Trabajo del Artículo 29, del que forma parte la Agencia Española de Protección de Datos, han publicado una declaración conjunta sobre las primeras consecuencias que se pueden extraer a nivel europeo y nacional tras el histórico fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 6 de octubre de 2015 en el caso Maximilian Schrems vs. Comisionado de Protección de Datos (C-362-14). Las Autoridades de protección de datos de la UE consideran que es absolutamente imprescindible contar con una posición sólida, colectiva y común sobre la aplicación de la sentencia. Por otra parte, el Grupo de Trabajo observará de cerca la evolución de los procedimientos pendientes ante el Tribunal Supremo de Irlanda.

     En primer lugar, el Grupo de Trabajo subraya que la cuestión de la vigilancia masiva e indiscriminada es un elemento clave del análisis del Tribunal. El Grupo recuerda que ha declarado reiteradamente que dicha vigilancia es incompatible con el marco jurídico de la UE y que las herramientas de transferencia existentes no son la solución a este problema. Además, como ya ha manifestado, las transferencias a terceros países en los que los poderes de las autoridades estatales para acceder a información exceden de lo necesario en una sociedad democrática no serán consideradas como destinos seguros para las transferencias. En este sentido, la sentencia del Tribunal exige que cualquier decisión de adecuación implique un amplio análisis de las leyes nacionales del país destinatario de los datos, así como de sus compromisos.

     Por lo tanto, el Grupo de Trabajo hace un llamamiento urgente a los Estados miembros y a las Instituciones europeas para iniciar conversaciones con las autoridades de EEUU a fin de encontrar soluciones políticas, jurídicas y técnicas que permitan transferencias de datos al territorio de EEUU respetando los derechos fundamentales. Estas soluciones se podrían encontrar a través de las negociaciones de un acuerdo intergubernamental que proporcione mayores garantías a los interesados en la UE. Las actuales negociaciones en torno a un nuevo Puerto Seguro podrían ser una parte de la solución. En cualquier caso, estas soluciones deberían ir siempre acompañadas por mecanismos claros y vinculantes e incluir, al menos, obligaciones sobre la necesaria supervisión del acceso por parte de las autoridades públicas, sobre transparencia, proporcionalidad, mecanismos de reparación y derechos recogidos en la legislación de protección de datos.

     Mientras tanto, el Grupo de Trabajo continuará su análisis del impacto de la sentencia del TJUE en otras herramientas de transferencia. Durante este período, las Autoridades de protección de datos consideran que las Cláusulas Contractuales Tipo y las Normas Corporativas Vinculantes (BCRs) pueden seguir utilizándose. En cualquier caso, esto no impedirá que las Autoridades de protección de datos investiguen casos particulares, por ejemplo, a partir de denuncias, y ejerzan sus poderes con el fin de proteger a las personas.

      Si a finales de enero de 2016 no se ha encontrado una solución adecuada con las autoridades estadounidenses, y en función de la evaluación de las herramientas de transferencia por parte del Grupo de Trabajo, las Autoridades de protección de datos de la UE se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, que pueden incluir acciones coordinadas de aplicación de la ley (enforcement).

     En cuanto a las consecuencias prácticas de la sentencia del TJUE, el Grupo de Trabajo considera que está claro que las transferencias procedentes de la Unión Europea a EEUU ya no se pueden enmarcar en la Decisión de Adecuación de la Comisión Europea 2000/520/CE (la llamada “Decisión Puerto Seguro”). En cualquier caso, las transferencias que aún se estén llevando a cabo bajo la Decisión Puerto Seguro tras la sentencia del TJUE son ilegales.

     Con el fin de garantizar que todos los actores están suficientemente informados, las Autoridades de protección de datos de la UE van a poner en marcha campañas de información adecuadas en sus respectivos países. Esto puede incluir información directa a todas las empresas respecto de las que conste que utilizaban la Decisión de Puerto Seguro, así como mensajes generales en los sitios web de las Autoridades.

     En conclusión, el Grupo de Trabajo insiste en las responsabilidades compartidas entre las Autoridades de protección de datos, las Instituciones de la UE, los Estados miembros y las empresas para encontrar soluciones sostenibles para aplicar la sentencia del Tribunal. En particular, y en el contexto de la sentencia, las empresas deberían reflexionar sobre los eventuales riesgos que asumen al transferir datos y considerar la oportuna puesta en práctica de todas las soluciones legales y técnicas para mitigar esos riesgos y respetar el acervo comunitario de protección de datos.

CEOE ha destacado que es importante homologar legislaciones para beneficiar a las empresas

Domingo, 25 de octubre de 2015

     Encuentro empresarial en CEOE sobre TTIP

     CEOE ha destacado que es importante homologar legislaciones para beneficiar a las empresas
     CEOE, el IEE y la Cámara de Comercio han presentado las principales conclusiones del “Estudio de Impacto de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión en la economía española”, ATCI.

     15/10/15 ceoe.es
     El presidente de CEOE, Juan Rosell, ha destacado que es importante homologar las legislaciones para beneficiar a las empresas, especialmente a las pymes, durante un encuentro en la sede de la Confederación empresarial para presentar las principales conclusiones del “Estudio de impacto de la Asociación Transatlántica sobre el Comercio y la Inversión (ATCI) en la economía española”. Han participado también el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz; el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito; el director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet; y la jefa de Investigación del Estudio, María Concepción Latorre.

     Juan Rosell ha explicado que las negociaciones de ATCI (TTIP en inglés) comenzaron en julio de 2013 y que alcanzar un acuerdo amplio y ambicioso sería muy positivo para España. Ha destacado la necesidad de simplificar las regulaciones y facilitar el acceso a los mercados, “es fundamental gestionar mejor, teniendo en cuenta que vamos hacia mercados globales”, indicó. Asimismo, ha puesto de relieve que se homologarían los sistemas de protección a ambos lados del Atlántico y permitiría también regular mejor dentro de Europa. Ha explicado que todo ello sería muy beneficioso para las empresas españolas, concretamente las pymes, por lo que CEOE defiende y apoya la firma del Acuerdo.

     El secretario de Estado de Comercio ha recalcado la importancia del TTIP, dado que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial fuera de la UE. “La eliminación de barreras al comercio permitiría dar un salto en nuestras relaciones”, aseguró. García-Legaz ha informado también de que los acuerdos de libre comercio que ha firmado la UE con otros países tienen un gran impacto en el comercio exterior, y este acuerdo sería el más importante de toda la historia de la Unión Europea. Estamos exportando por encima de los 10.000 millones de euros a EE.UU. y el TTIP beneficiaría mucho a la economía española, incrementaría los salarios y contribuiría a generar empleo.

     Alfredo Bonet ha manifestado también el apoyo de la Cámara de España a este acuerdo y ha asegurado que más del 30% del comercio mundial se produce entre los dos bloques. “Gracias al esfuerzo de las dos partes, se aspira a un TTIP ambicioso, que pretende romper barreras”, según palabras de Bonet. Además, ha coincidido con Rosell al señalar que una de las ventajas es que beneficiaría especialmente a las pymes y contribuiría a su internacionalización. Asimismo, ha valorado positivamente el Acuerdo Transpacífico y considera que ayudaría bastante si se alcanzase finalmente el TTIP. Ha indicado también que el estudio de impacto confirma los beneficios para el crecimiento y la creación de empleo. El director general del IEE, José Luis Feito, por su parte, ha manifestado que este trabajo es importante, ya que muestra las consecuencias de una decisión política para España.

     Estudio                                                        

     María Concepción Latorre, jefa de Investigación del Estudio, ha informado de que los principales objetivos del TTIP es reducir la burocracia, las duplicidades de costes y facilitar el comercio y la inversión entre EE.UU. y la UE. Además, ha indicado que el Acuerdo abriría nuevos mercados, incrementaría las exportaciones, la producción y el empleo. Ha explicado que permitiría reducir las barreras no arancelarias, los aranceles y armonizaría el comercio y la inversión extranjera directa dentro de la UE. “El TTIP podría incrementar en un 0,75 el PIB de España, el salario podría aumentar un 0,72 adicional anualmente y se crearían 83.500 empleo”, aseguró Latorre.

     Por otro lado, la jefa de Investigación del estudio ha insistido en que el Acuerdo es inclusivo y podrían beneficiarse de sus ventajas terceros países aunque no lo hubiesen firmado. Ha adelantado que en un período de cinco años se podrían llegar a crear 334.000 nuevos empleos y la mayoría de los sectores españoles aumentarían su producción. Además, “el TTIP representa una gran oportunidad para que la Unión Europea y España mantengan su protagonismo mundial”, concluyó.

El Gobierno regula la puesta en marcha de la Oficina encargada de recuperar los bienes procedentes de delitos

Sábado, 24 de octubre de 2015

     Consejo de Ministros

     El Gobierno regula la puesta en marcha de la Oficina encargada de recuperar los bienes procedentes de delitos

     La Moncloa, Madrid – 23/10/2015 lamoncloa.gob.es

     El objetivo de este órgano es la lucha activa contra la corrupción y la criminalidad organizada. El Ejecutivo también ha abordado el Marco de Actuación para las Personas Mayores, con 348 propuestas para fomentar su participación en todos los ámbitos sociales. Además, ha regulado la indicación y uso de medicamentos por parte de los enfermeros y ha aprobado los textos refundidos del Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Empleo.

     El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que se integrará en el Ministerio de Justicia. La nueva Oficina será competente para localizar, recuperar, conservar, administrar y realizar los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de las actividades delictivas dentro del marco de una organización criminal.

     La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que este órgano “es una herramienta fundamental en la lucha activa contra la corrupción y la criminalidad organizada”. Además, ha subrayado que la Oficina actuará en todo tipo de procesos y que la venta de los bienes decomisados servirá para sufragar determinados programas de carácter social.

     La portavoz del Gobierno ha recordado que hasta la fecha los activos decomisados quedan a disposición de cada juzgado o tribunal, que tiene una capacidad limitada para gestionarlos. Asimismo, los procesos son complejos y se alargan en el tiempo y existen problemas de deterioro de los bienes y gastos de mantenimiento y custodia. A partir de ahora, la Oficina podrá adoptar las medidas necesarias para conservar y gestionar los bienes teniendo en cuenta su naturaleza, las posibilidades de venta o adjudicación y el coste de custodia y conservación.

     Como principal novedad, Sáenz de Santamaría ha destacado que se “podrá proceder a la venta anticipada de los bienes sin esperar al final del procedimiento, evitando el deterioro, la desaparición del bien y ahorrando gastos de conservación”. El rendimiento que se obtenga de la venta se utilizará para proteger y asistir a las víctimas de delitos, abonarles las indemnizaciones reconocidas por sentencia judicial, así como para la reinserción de los delincuentes y la prevención de otro tipo de delitos.

La AEPD firma un convenio con el Ministerio de Educación para impulsar la formación de los menores en privacidad y protección de datos

Sábado, 24 de octubre de 2015

     La AEPD firma un convenio con el Ministerio de Educación para impulsar la formación de los menores en privacidad y protección de datos
     agpd.es
     La Agencia ha puesto en marcha un teléfono específico (901 233 144) y un servicio de whatsapp (616 172 204) para comunicarse con los más de 8 millones de alumnos escolarizados, padres y profesores.
•El ministro de Educación, Cultura y Deporte y la directora de la Agencia Española de Protección de Datos suscriben un convenio marco de colaboración para impulsar la formación y sensibilización de los menores en materia de privacidad y protección de datos, en especial en internet
•La primera iniciativa puesta en marcha por la Agencia tras la firma del  convenio es la apertura de nuevas vías de contacto con jóvenes, padres y profesores
•La AEPD incorpora la atención personalizada a estos grupos a través de un teléfono especializado y servicio de whatsapp, formas de comunicación que se suman al correo electrónico específico ya existente

     Madrid, 13 de octubre de 2015. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, han firmado un convenio que tiene por objeto establecer un marco estable de colaboración para realizar proyectos y acciones de carácter educativo en la formación y sensibilización de los menores de edad en materia de privacidad y protección de datos, sobre todo en el ámbito de internet.

     El convenio, que se ha anunciado hoy durante la celebración de la Jornada “La mejora de la convivencia en los centros educativos: confiar en la fuerza de la Educación” organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), es el primero que se firma entre ambas instituciones y tendrá una duración inicial de cuatro años prorrogables. En virtud del mismo, ambas partes acuerdan realizar actuaciones conjuntas para impulsar la educación de los menores en los entornos digitales, fomentando a la vez la participación tanto de los padres como de los profesores.

     La primera iniciativa puesta en marcha por la Agencia tras la firma del convenio es la apertura de nuevas vías de contacto con los más de 8 millones de alumnos escolarizados, padres y profesores, ya que considera que la comunicación con estos colectivos es un elemento imprescindible para solucionar las cuestiones que puedan surgirles en relación con la privacidad y la protección de datos. Así, además de la dirección de correo electrónico que ya estaba disponible como forma de contacto, la AEPD ha puesto en marcha un teléfono específico (901 233 144) y un servicio de whatsapp (616 172 204) orientado resolver las dudas de estos grupos. Con la creación de estas dos nuevas vías, la Agencia quiere acercarse a los tanto a los menores como a los padres y profesores, ofreciendo una atención personalizada.

     En la colaboración establecida en el convenio con el MECD se despliegan, por otro lado, varias líneas de actuación que cubren, entre otros aspectos, el desarrollo y difusión de materiales para concienciar a los menores sobre el valor de la privacidad y la importancia de la información que publican en internet.

     En paralelo, la Agencia es consciente de que para una adecuada educación digital de los jóvenes es imprescindible contar con el apoyo de sus padres y profesores   y que, en ocasiones, estos pueden verse superados en conocimientos digitales por sus propios hijos o alumnos. Por ello, el MECD y la AEPD han acordado realizar acciones conjuntas para la elaboración de recursos formativos para padres, así como la organización de cursos, seminarios y jornadas sobre protección de datos y privacidad para profesores. Ambas entidades contemplan también la creación de materiales que puedan ser utilizados en la docencia para el contenido curricular sobre tecnologías de la información y la comunicación o la puesta en marcha, en cooperación con las Comunidades Autónomas, de fichas dirigidas a centros educativos.

     Al mismo tiempo, en colaboración con todas las Administraciones educativas, desde la Agencia se va a trabajar en el estudio de aquellas áreas que plantean dificultades a los profesores y a los centros educativos en relación con el cumplimiento normativo de protección de datos, articulando los mecanismos que puedan resultar más eficaces.

     Además, entre otras iniciativas, la Agencia y el Ministerio colaborarán para la convocatoria de premios y concursos en materia de privacidad y protección de datos dirigidos tanto a los alumnos como a los centros educativos.

El Gobierno muestra su inoperancia a la hora de abordar las necesidades de los mayores

Sábado, 24 de octubre de 2015

     El Gobierno muestra su inoperancia a la hora de abordar las necesidades de los mayores

     UGT | viernes, 23 de octubre de 2015 ugt.es

     El Consejo de Ministros ha aprobado en el día de hoy un marco de actuación para fortalecer los derechos de las personas mayores, que ya anunció en 2012 y 2013 y nunca llegó a aprobar.

     Un plan que, para la Unión General de Trabajadores, demuestra la inoperancia del Gobierno a la hora de abordar las necesidades de los mayores, ya que únicamente establece orientaciones generalistas y vacías de contenido, sin actuaciones concretas.

     UGT reclama una ley integral de protección a los mayores que contemple medidas en los ámbitos de la salud, la vivienda o la protección social, económica y jurídica, entre otras cuestiones, que posibilite una verdadera igualdad de los mayores, garantizándoles el acceso a todos los bienes y servicios y velando por la igualdad de trato y la no discriminación por razón de edad.

     En el día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado un marco de actuación para las personas mayores, en el que se pretende recoger propuestas y medidas para fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas mayores.

     Desde UGT, queremos manifestar nuestra sorpresa ante una medida cuya presentación y difusión ya se realizó en el año 2012 y 2013, y su ulterior aprobación e implementación nunca se produjo.
Respecto a las líneas de actuación que se contemplan en el documento, únicamente se establecen orientaciones generalistas y vacías de contenido que no contienen actuaciones concretas, poniendo de manifiesto la inoperancia del gobierno a la hora de abordar las necesidades de los mayores.

     Para UGT, es llamativa la confusión del Gobierno entre lo que son los trabajadores mayores, o de más edad, y las personas mayores. Así, vemos como a lo largo del documento, se intercambian medidas dirigidas a la no discriminación de los trabajadores de más edad, a la vez que se fijan propuestas dirigidas a la integración laboral de personas mayores de 65 años.

     En un escenario donde las tasas de paro alcanzan al 21,18% de la población trabajadora y los trabajadores y trabajadoras son expulsados del mercado laboral, el Ejecutivo pretende perpetuar a las personas mayores en el trabajo para que sigan manteniendo su cuota de responsabilidad en la sociedad, además de suponer un ahorro a las arcas públicas en el pago de las pensiones.

     Incluso fija como objetivo el incremento de la cifra de personas trabajadoras mayores de 65 años para que continúen desarrollando su actividad laboral prolongando voluntariamente la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.

     Respecto a las supuestas medidas para revisar los regímenes fiscales y de beneficios para las personas mayores, UGT manifiesta que no existe a lo largo del plan ninguna propuesta que vaya más allá de lo que ya existe, como  la exención en la tributación de las plusvalías obtenidas por la venta de elementos patrimoniales de las personas mayores de 65 años.

     Desde el sindicato queremos destacar la contradicción que llevamos arrastrando durante toda la legislatura en esta materia.

     Desde el tan anunciado Estatuto del Mayor (cuyo contenido originariamente era dotar de derechos y  seguridad jurídica a los mayores en todos los ámbitos que les afectan) a encontrarnos con un correlato de intenciones generalistas y políticas de recorte que sí ha impuesto y continúan en vigor, como el repago sanitario, el recorte y la reforma del sistema para la autonomía personal y la atención de las personas en situación de dependencia y la subida del impuesto de la renta, además de mantener la incertidumbre sobre las pensiones (no solo sobre su revalorización conforme al IPC, sino también por las posibles modificaciones que se pueden producir en perjuicio de los perceptores).

     Medidas que han supuesto un gran detrimento para este colectivo y afectan a la calidad de vida de las personas mayores.

     Hemos asistido a un desmantelamiento del Estado de Bienestar y a la ruptura social y económica cuya creación fue fruto de años de reivindicaciones y conquista de derechos por parte de nuestros mayores.

     Por todo ello, UGT reivindica, de forma contundente, una verdadera igualdad de los mayores, garantizándoles el acceso a todos los bienes y servicios y velando para que no se produzcan discriminaciones por razón de edad.
     Para ello, el sindicato demanda una ley integral de protección a los mayores que contemple los ámbitos de salud, vivienda, protección económica, jurídica, cultura y ocio.

     Reivindicamos pensiones dignas y suficientes, el desarrollo de una protección específica de la salud y el fomento del envejecimiento activo, asegurar una protección jurídica de los mayores a través del acceso a la justicia gratuita junto con el desarrollo de la figura del defensor del mayor, revisar desde el punto de vista fiscal y para su posible deducción, los tramos de IRPF y los tipos aplicables a los mayores con cargas familiares; además de crear espacios de interlocución social, consulta y participación de los mayores.

Perfect day

Viernes, 23 de octubre de 2015

“El Estado del bienestar no sería posible sin seguridad”

Viernes, 23 de octubre de 2015

     22/10/15  guardiacivil.es

     “El Estado del bienestar no sería posible sin seguridad”

     El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha clausurado esta mañana las VIII Jornadas sobre Seguridad y Cultura de Defensa impartidas en la Universidad de Jaén. Las Jornadas se enmarcan en el título “Nuevos retos y evolución de conflictos en materia de defensa” y en ellas se han impartido diversas mesas redondas sobre aspectos relacionados con las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, como herramientas fundamentales del Estado en la garantía de los derechos de los ciudadanos.

     Al acto de clausura han asistido el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Profesor Luis Javier Gutiérrez, el 2º Jefe del MADOC del Ejército de Tierra, General de División Arturo García, los Profesores codirectores de las jornadas, Juan Miguel de Faramiñán y Miguel García, así como el General Jefe de la Zona de Andalucía, Laurentino Ceña, el General Jefe del Gabinete Técnico, Francisco Javier Ara, el General Jefe de la SECI, Francisco Díaz y el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Jaén, Luis Ortiga, entre otras autoridades.
 
     Arsenio Fernández de Mesa ha clausurado las Jornadas con una ponencia sobre la Guardia Civil y su aportación a la seguridad y cultura de defensa y la simbiosis existente entre la Guardia Civil y la sociedad, en la que ha subrayado que “el estado del bienestar no sería posible sin seguridad”.

     El Sistema de Seguridad Pública establecido en España, y como se encardina en dicho sistema la Guardia Civil,  con sus funciones y organización,  han sido dos de los puntos tratados por el Director General en su ponencia, abordando también las principales amenazas de nuestra seguridad y las iniciativas puestas en marcha por el Cuerpo para divulgar la cultura de Seguridad y Defensa entre la sociedad, haciendo de la Guardia Civil una Institución referente y cercana al ciudadano.

     El Director General ha resaltado que la Guardia Civil es el único Cuerpo policial desplegado en la totalidad del territorio nacional y que su demarcación de responsabilidad exclusiva es superior al 84% de este territorio, abarcando un total de 6.749 municipios del total de 8.118 existentes en España (83,14%), de los cuales más del 64% son de menos de 1.000 habitantes.
     Respecto a las funciones de la Guardia Civil, ha destacado que al estar presente en todo el territorio nacional, en sus aguas territoriales y en su espacio aéreo, se configura como un elemento vertebrador del Estado, siendo su presencia integral una de sus mayores fortalezas. Posteriormente ha explicado su organización y estructura.

     Respecto a su proyección exterior, ha recalcado que constituye una herramienta más en la acción exterior del Gobierno y está desplegada en numerosas misiones, militares y policiales por todo el mundo, con presencia en 44 países a través de una red de Consejeros, Agregados y personal de seguridad. Está presente igualmente en numerosos organismos europeos como EUROPOL, EUROSUR, FRONTEX, FIEP, EUROGENDFOR, EUJUSTLEX-IRAK, EUCAP-SAHEL, además de la OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas.

     El Director General ha detallado el trabajo llevado a cabo en esta legislatura respecto de las amenazas, con la detención de 157 personas por terrorismo internacional  de las cuales, y en lo que va de año 2015, 13 lo han sido por la Guardia Civil.  La última, una joven onubense de 22 años en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que pretendía unirse a las filas yihadistas. Fernández de Mesa ha resaltado el papel del Cuerpo en la lucha antiterrorista mencionando varias operaciones, entre ellas la desarticulación del aparato logístico de la organización terrorista ETA, la neutralización del entramado de abogados de apoyo a sus presos, y, por supuesto, la exitosa intervención del pasado 22 de septiembre, en la que se volvió a desarbolar su cúpula. En los últimos tres años se ha procedido a la detención de 62 elementos de la banda terrorista, de los cuales 25 lo fueron fuera de nuestro territorio.
     Se ha referido también al crimen organizado como otra de las grandes amenazas y ha especificado que la Guardia Civil realizó en 2014 un total de 577 operaciones en las que se consiguió detener o imputar a 4.491 personas y se aprehendieron o bloquearon 324 inmuebles y 24 sociedades por valor de 79,5 millones de euros, 747 productos financieros valorados en 8,4 millones de euros y 2.033 vehículos.
 
     Respecto al tráfico de drogas, los datos de 2014 reflejan un total de 282 operaciones con 2.861 personas detenidas, mientras que en 2015 ya se ha detenido o imputado a 3.750 personas.

     Referente a la lucha contra el fraude y la corrupción ha nombrado las 107 operaciones desarrolladas durante el pasado año contra la corrupción en las que fueron puestas a disposición de la justicia 618 personas y, en lo que llevamos de 2015, ya son 75 operaciones y 248 personas detenidas o imputadas.

     El Director General se ha referido también a la lucha contra el empleo sumergido y el fraude a la Seguridad Social, con la detención de 1.511 personas  en lo que va de año en 95 operaciones en las que se ha esclarecido un fraude de más de 31 millones de euros.

     Arsenio Fernández de Mesa ha concluido su ponencia recalcando que la naturaleza militar de la Guardia Civil, junto con la formación especializada de un cuerpo policial moderno, es un pilar fundamental de su éxito, así como el papel fundamental que cumple dentro del Sistema Nacional de Seguridad.

El paro baja un récord de 576.900 personas en el último año y el empleo se recupera al ritmo del 3,1%

Viernes, 23 de octubre de 2015

     22 de octubre de 2015 mineco.gob.es
     El paro baja un récord de 576.900 personas en el último año y el empleo se recupera al ritmo del 3,1%
     El número de ocupados supera los 18 millones tras la creación de 544.700 puestos de trabajo en los últimos doce meses
     La mayor parte de los 182.200 nuevos empleos creados en el tercer trimestre provienen del sector privado
     La tasa de paro se reduce 2,5 puntos en el último año y alcanza el 21,18% de la población activa
     El empleo a tiempo completo sube en 250.000 personas en el trimestre y baja en 67.800 el empleo a tiempo parcial
     El número de hogares con todos sus miembros activos en paro baja en el tercer trimestre en 84.600, hasta los 1,57 millones
     Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del año reflejan que la recuperación del mercado laboral se acelera en España. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de parados descendió en una cifra récord de 576.900 personas en los últimos doce meses y la  tasa de paro bajó al 21,18% de la población activa. El empleo se recupera a un ritmo anual del 3,1%, la tasa más alta desde el tercer trimestre de 2007, es decir, antes de la recesión, y el total de ocupados supera ya los 18 millones. En el último año, 544.700 personas han encontrado un empleo, y solo en el último trimestre lo han logrado 182.200, una cifra superior a la de cualquier periodo entre julio y septiembre también desde antes de la recesión. La práctica totalidad del empleo creado proviene del sector privado y es a tiempo completo.

     La actividad económica mantiene un ritmo de crecimiento superior al 3% en lo que va de año, lo que se traduce en un balance del mercado laboral que recupera la vitalidad perdida durante la grave recesión que arrancó en 2008.  Los datos de la EPA del tercer trimestre permiten además confirmar que la actual Legislatura se cerrará con cifras mejores, tanto de empleo como de paro, que las correspondientes al cierre de la anterior, a finales de 2011. El año actual marcará un récord histórico en cuanto a disminución en el número de parados, con la previsión de 650.000 desempleados menos al cierre de 2015. Se avanza también hacia el objetivo de alcanzar los 20 millones de ocupados a medio plazo.

     El número de parados baja de cinco millones en el tercer trimestre del año, por primera vez desde el mismo periodo de 2011, y se sitúa en 4,850 millones. Una cifra aún elevada pero que se está corrigiendo de manera importante ya en los dos últimos años. En el periodo entre julio y septiembre de 2015 y respecto de un año antes el desempleo ha bajado en 576.900 personas, un récord histórico para cualquier periodo desde que se registra la estadística. Respecto del segundo trimestre, 298.200 personas han dejado de estar en paro, lo que sitúa la tasa sobre la población activa en el 21,18% la más baja desde el segundo trimestre de 2011 y 2,5 puntos inferior a la que había hace un año. El número de hogares con todos sus miembros en paro  baja en 84.600 en el trimestre, hasta 1,572 millones.

     El empleo crece a un ritmo anual del 3,1%, tasa que supone una aceleración con respecto a la registrada en los ocho años anteriores. En los últimos doce meses se han creado en España 544.700 empleos, el número más alto desde el tercer trimestre de 2007, es decir, antes del inicio de la recesión. En el tercer trimestre de este año se han creado 182.200 empleos, la cifra más alta para un tercer trimestre desde 2006. De esta cantidad, 205.500 empleos son temporales mientras que el número de indefinidos ha bajado en 18.900. En el año, el empleo indefinido ha aumentado en 178.100 personas y el temporal, en 357.700. El 73,85% de los trabajadores asalariados en España tienen contrato fijo, frente al 26,15% de temporales, tasa que aumenta más de un punto en el tercer trimestre.

     La mayor parte del empleo creado en el tercer trimestre se sitúa en el sector servicios  (210.200), seguido de la industria (13.100). En cambio, desciende en agricultura y construcción. En el último año, en cambio, el empleo ha subido en todos los sectores, en especial en servicios, seguido de industria, construcción y agricultura. Se trata de un empleo en su mayoría a tiempo completo en el trimestre (250.000 personas más), mientras desciende el empleo a tiempo parcial (67.800 menos). El porcentaje de personas que trabaja a tiempo parcial baja un punto, hasta el 15,24%. En el último año, casi el 80% del empleo creado es a tiempo completo (sube en 418.800) y el 20% restante, a tiempo parcial (

Encuesta de Población Activa

Viernes, 23 de octubre de 2015

     EPA 3T/2015 1/16 Enlace al Instituto Nacional de Estadística
     Encuesta de Población Activa (EPA)
     Tercer trimestre de 2015
     Principales resultados
     – El número de ocupados se incrementa en 182.200 personas en el tercer trimestre de 2015 respecto al segundo (un 1,02%) y se sitúa en 18.048.700. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 0,61%. El empleo ha crecido en 544.700 personas en los 12 últimos meses. La tasa anual es del 3,11%.
     – La ocupación sube este trimestre en 152.100 personas en el sector privado y en 30.100 en el público. En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 483.900 personas en el sector privado y en 60.800 en el público.
     – El total de asalariados con contrato indefinido desciende en 18.900 este trimestre, mientras que el de asalariados con contrato temporal aumenta en 205.500. En variación anual, el empleo indefinido se ha incrementado en 178.100 personas y el temporal en 357.700. El número de trabajadores por cuenta propia desciende en 4.800 este trimestre. En los 12 últimos meses crece en 9.100.
     – En el último año el empleo ha subido en todos los sectores. En los Servicios hay 349.400 ocupados más, en la Industria 91.800, en la Construcción 60.100 y en la Agricultura 43.400 más. La ocupación aumenta este trimestre en los Servicios (210.200 ocupados más) y en la Industria (13.100). El número de ocupados desciende en la Agricultura (30.900 menos) y en la Construcción (10.300).
     – Por comunidades autónomas, los mayores incrementos de ocupados este trimestre se dan en Cataluña (35.800), Illes Balears (29.600) y Galicia (29.100). En Andalucía la ocupación baja en 50.400. En el último año todas las comunidades, salvo Extremadura, incrementan su ocupación. Los mayores aumentos se observan en Andalucía (147.100 más), Comunitat Valenciana (92.900) y Canarias (69.600).
     – El número de parados baja este trimestre en 298.200 personas (–5,79%) y se sitúa en 4.850.800. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del –3,87%.
En los 12 últimos meses el paro ha disminuido en 576.900 personas (–10,63%). Es el mayor descenso del número de parados de la serie histórica homogénea EPA.
     – La tasa de paro se sitúa en el 21,18%, lo que supone 1,2 puntos menos que en el trimestre anterior. En el último año esta tasa ha descendido en 2,5 puntos.
     – Por comunidades, las mayores bajadas del paro este trimestre se dan en Cataluña (66.600 parados menos), Comunidad de Madrid (57.200) y Galicia (29.600). En términos anuales, las mayores reducciones se producen en Andalucía (137.100 menos), Comunitat Valenciana (71.500) y Cataluña (66.500).
     – El número de activos disminuye este trimestre en 116.000 hasta 22.899.500. La tasa de actividad baja 0,29 puntos hasta el 59,50%. En el último año la población activa ha descendido en 32.200 personas.

Conoce en qué casos podemos ayudarte y en cuáles no. Agencia de Protección de Datos

Jueves, 22 de octubre de 2015

     Conoce en qué casos podemos ayudarte y en cuáles no

    En qué podemos ayudarte

     agpd.es

 
     Ayuda al ciudadano
• La AEPD tutela tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) si, después de haberte dirigido al responsable por un medio que permita acreditarlo, dicho responsable del tratamiento de datos no te ha respondido en el plazo establecido o si consideras que la respuesta no ha sido adecuada.
• La Agencia te ofrece modelos específicos para facilitar el ejercicio de tus derechos ante el responsable del tratamiento.
• Si tienes dudas sobre dónde dirigir la solicitud para ejercer tus derechos ARCO puedes consultar el catálogo de ficheros para conocer la dirección del responsable al que debes dirigirte.
• Si quieres obtener más información o resolver alguna duda acerca de tus derechos puedes contactar con el servicio de Atención al ciudadano, así como formular tu consulta a través de la Sede electrónica.
• Si tienes pruebas o indicios de un incumplimiento o infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), puedes presentar una denuncia ante la Agencia aportando dichos documentos (Sede electrónica). La tramitación es más ágil en los casos en que se aportan más pruebas o indicios junto con la denuncia.
• Cuando no somos competentes para investigar tu denuncia intentamos orientarte sobre el órgano al que puedes dirigirte.
• Si te han incluido en un fichero de solvencia patrimonial y crédito (ficheros de morosos), para poder ayudarte necesitamos que primero ejerzas tus derechos ARCO ante el fichero para obtener pruebas de tu inclusión o acreditar que no han procedido a rectificar o cancelar tus datos. Si lo que existe es una controversia sobre la deuda, podremos ayudarte si has presentado una reclamación ante un órgano competente que dicte resoluciones vinculantes (SETSI, Junta Arbitral de Consumo, Tribunales de Justicia). En ese caso, deberás acreditar que el responsable conoce la presentación de la reclamación.
• Si te preocupa alguna cuestión relativa al tratamiento de datos personales de menores puedes enviarnos un correo electrónico y te ayudaremos.
• Si tu denuncia se refiere a un asunto competencia de las Autoridades de Protección de Datos del País Vasco o Cataluña, damos traslado de la misma y te informamos de ello.

 

     Ayuda al responsable
• Si vas a tratar datos personales para desarrollar una actividad profesional, empresarial o pública te ayudamos a cumplir con la obligación de inscribir tu fichero. La inscripción del mismo es gratuita.
• Si vas a modificar o suprimir los ficheros puedes solicitar del Registro una relación de los que tengas inscritos y la copia del contenido.
• Ponemos a tu disposición la herramienta Evalúa para que, si eres un responsable de ficheros, puedas, de forma sencilla y anónima, tanto autoevaluar tu grado de cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos como el cumplimiento de las medidas de seguridad. Una vez finalizado cualquiera de los dos test, te aportaremos indicaciones y recursos útiles en función de tus respuestas.
• Si tu organización va a realizar una transferencia internacional de datos a un país que no ofrece un nivel adecuado de protección, te orientamos para solicitar la autorización necesaria.
• Si representas a una Administración u organismo público y vas a recoger datos personales te ofrecemos la herramienta DISPONE para elaborar la disposición general o acuerdo de creación, modificación o supresión de los ficheros.
• Si en tu empresa o sector estáis pensando en adoptar un código deontológico de autorregulación en el ámbito de la protección de datos te guiamos en su elaboración.

 
       En qué no te podemos ayudar
•  No podemos tutelar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición si previamente no te has dirigido a la entidad responsable del tratamiento de tus datos o si, habiéndote dirigido a esta, no ha transcurrido el plazo legalmente previsto para contestarte (un mes si has solicitado el acceso o diez días si has ejercitado los derechos de rectificación, cancelación u oposición).
• No podemos atender tus reclamaciones o denuncias si no nos especificas los motivos concretos de tu solicitud o queja.
• Si tienes discrepancias con tu prestador de servicios sobre las tarifas contratadas, los servicios utilizados, los importes facturados o el procedimiento de devolución de equipos, así como si lo que solicitas es la devolución de un importe indebidamente cobrado.
• Si tienes discrepancias con el prestador de servicios sobre cuestiones de ámbito civil tales como las relativas a la validez del contrato, la interpretación de las cláusulas contractuales, el cumplimiento o inexistencia del compromiso de permanencia o la prescripción de la deuda contraída.
• Si consideras que en los servicios que has contratado existen cláusulas abusivas no relacionadas con el tratamiento de tus datos o que la publicidad que recibes es engañosa.
• Si lo que solicitas es una indemnización derivada del tratamiento de tus datos personales.
• Si el tratamiento que consideras irregular no incluye tus datos personales sino solo un número de teléfono, los datos de tu negocio o tu actividad puramente empresarial.
• Si el tratamiento de tus datos personales no ha trascendido el ámbito puramente doméstico o si eres una persona jurídica.
• Si tienes una deuda con una empresa y esta contrata a una empresa de gestión de cobro para reclamártela o si se ha producido una cesión o compra-venta de deuda entre tu acreedor y un tercero, ya que dichas operaciones son legalmente posibles.
• Si el asunto está excluido del ámbito territorial de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, para lo que resulta relevante la existencia de tratamiento de datos en el marco de las actividades de un establecimiento o el uso de medios en territorio español.
• Si se realiza el tratamiento de datos relativos a fallecidos no amparados por la Ley Orgánica de Protección de Datos personales.

La madrugada del domingo, 25 de octubre, finaliza la “Hora de Verano”

Jueves, 22 de octubre de 2015

     La madrugada del domingo, 25 de octubre, finaliza  la “Hora de Verano”

     Ahorro energético

     21/10/2015  minetur.gob.es

     A las 03.00 horas se atrasarán los relojes una hora y serán las 02.00 horas.

     Se trata de una directiva comunitaria de obligado cumplimiento.

     Según estimaciones del IDAE, el potencial  de ahorro en iluminación  propiciado por esta medida  podría haber alcanzado  el 5%, equivalente a  unos 300 millones de euros.

     La madrugada  del próximo  domingo, día 25 de octubre, finaliza la  “hora de verano”. Los relojes deberán retrasarse una hora (a las 03.00 h serán las 02.00h) y ello en cumplimiento de la Directiva Comunitaria 2000/84/ CE que rige el denominado  “Cambio de Hora”.

     El “Cambio de Hora” comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.

     Desde la aprobación de la Novena Directiva, por el Parlamento  Europeo y Consejo de la Unión, en enero de 2001, este cambio se aplica con carácter indefinido. Dicha Directiva está incorporada al ordenamiento jurídico español por  Real decreto 236/2002, de 1 de marzo.

     Carácter indefinido

     El carácter indefinido de la aplicación del cambio de hora se adoptó por entenderse que “el buen funcionamiento de algunos sectores, no sólo el de los transportes y las comunicaciones, sino también otros ramos de la industria, requiere una programación estable  a largo plazo”.

     La Novena  Directiva –de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea- establece  con carácter permanente las fechas de inicio del periodo de la “Hora de Verano” (en el que, como ahora,  adelantamos el reloj una hora) y su finalización (cuando retrasamos el reloj una hora), produciéndose el último domingo del mes de marzo y el último domingo del mes de octubre, respectivamente.

     Es decir, la Novena Directiva ha sido dictada con vocación de permanencia, de modo que todos los ciudadanos e instituciones, públicas y privadas de la Unión conozcan  anticipadamente las fechas del cambio horario anual y planificar su actividad sin necesidad de esperar ninguna norma  futura.

     Idoneidad de la medida

     La  aprobación de la Novena Directiva, que viene a consagrar la medida del cambio, está avalada  por las conclusiones  de un estudio   sobre su  alcance y efectos realizado por encargo de la Comisión Europea y  presentado al  Parlamento en 1999.

     Tras analizar exhaustivamente las repercusiones de la medida, el estudio concluye que  tiene  impactos positivos  no sólo sobre el  ahorro sino sobre otros sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo y los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.

     Ahorro potencial de energía

     Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Entidad Pública Empresarial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el potencial de  ahorro en iluminación en  nuestro país, por el cambio de hora, podría llegar a representar un 5% del consumo eléctrico en iluminación, equivalente a  unos  300 millones de euros. De esa cantidad,  90 millones  correspondería  al potencial de los hogares españoles, lo que supone un ahorro de 6 € por hogar; mientras que los otros 210 millones de euros restantes se ahorrarían en los edificios del terciario y en la industria.

     Para alcanzar este potencial de ahorro, no obstante, se deberá llevar a cabo un comportamiento responsable en el hogar a la hora de  prescindir de la iluminación artificial  cuando no  es necesaria, así como la utilización  de  tecnologías de ahorro en iluminación por aprovechamiento de la luz natural en edificios del terciario y en industrias. Estas tecnologías ampliamente experimentadas consisten en fotocélulas o sensores de luz que apagan o regulan la iluminación artificial en función de la luz natural aportada a la zona, a través de ventanas o lucernarios.

     Pero, además, independientemente del cambio de hora, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el IDAE recomiendan a los ciudadanos contribuir al ahorro de energía durante todo el año haciendo un uso inteligente de  los equipos consumidores (iluminación, calefacción, electrodomésticos, etc).