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Archivo de enero de 2016

El Indicador Sintético de la Actividad Exportadora (ISAE) aumenta en el último trimestre de 2015

Sábado, 30 de enero de 2016

     26 de enero de 2016 mineco.gob.es

     El Indicador Sintético de la Actividad Exportadora alcanza los 20,9 puntos, el valor más alto en un cuarto trimestre desde 2007 
     El Indicador Sintético de Actividad Exportadora (ISAE)1 se situó en +20,9 puntos en el cuarto trimestre del año, con un  incremento de casi 4 puntos respecto al trimestre anterior (+17,0 puntos), y registra el valor más alto en toda la serie desde 2007 para un cuarto trimestre. Esta subida se explica tanto por un mayor optimismo de las empresas exportadoras en el trimestre de referencia como por la mejora de las expectativas exportadoras a corto y a largo plazo.

     El valor del indicador es apreciablemente superior en el sector de bienes de consumo duradero (31,5), en el de alimentación, bebidas y tabaco (29,9) y en el de manufacturas de consumo (26,0), e inferior en el de productos energéticos, donde toma un valor de signo negativo (-1,7), en el de materias primas (6,2) y en el de semimanufacturas no químicas (15,7).

     Cartera de pedidos y expectativas

     De los tres componentes del ISAE, el valor del indicador balance actual aumenta 1,6 puntos con respecto al que se registraba en el tercer trimestre (de 11,2 puntos a 12,8). También experimentan una notable mejora con respecto al trimestre anterior las expectativas de las empresas acerca de la evolución del comportamiento de la cartera de pedidos de exportación a tres meses vista en el cuarto trimestre del año, con un ascenso de algo menos de cinco puntos con respecto al que se registraba el trimestre anterior (20,4), que a su vez ya habían experimentado una apreciable mejoría con respecto a las del segundo trimestre del año. Asimismo, las expectativas de exportación a doce meses de las empresas registran también un importante incremento respecto al trimestre anterior y se sitúan en 45,1 puntos, once puntos superior al del trimestre anterior.

     Factores de la actividad exportadora

     La evolución de la demanda externa permanece como factor que mayor proporción de entrevistados considera que está teniendo una incidencia positiva en la actividad exportadora (42,4%), porcentaje más de dos puntos superior al registrado el trimestre anterior.

     Por su parte, el factor al que mayor proporción de entrevistados apuntan por su incidencia negativa es la competencia internacional de precios (55,7%).

     Otros dos factores que se analizan en el trimestre y que afectan a la actividad exportadora son los precios de exportación y los márgenes de beneficio. Respecto a los primeros, se incrementa el porcentaje de quienes señalan que sus precios evolucionaron a la baja en el trimestre, mientras que desciende la proporción de los que manifiestan que se han mantenido estables y se incrementa mínimamente el de los que opinan que han evolucionado al alza. Acerca dela percepción de la evolución del margen de beneficio comercial de exportación, permanece como mayoritaria la percepción de estabilidad.

     Contratación de personal para realizar actividades de exportación

     La estabilidad sigue siendo la característica dominante en la percepción de las empresas a propósito de la contratación de personal relacionada con las actividades de la exportación a lo largo del cuarto trimestre, así  como en las previsiones de contratación a tres y doce meses y en relación al nivel de dedicación de la plantilla a actividades relacionadas con la exportación.

     En términos sectoriales, las mayores previsiones de contratación a tres y doce meses se registran entre las empresas pertenecientes al sector de bienes de consumo duradero, manufacturas de consumo y productos químicos.

     Destinos de exportación de la cartera de pedidos

     El comportamiento de la cartera de pedidos en el cuarto trimestre es superior al del trimestre anterior para los destinos de la UE-28, y dentro de ellos los de la zona euro, así como para los de resto de Europa, Asia y África, en tanto que desciende para los destinos de América del Norte, América Latina y Oceanía.

     En cambio, las previsiones a tres meses en el comportamiento de la cartera de pedidos de exportación son en el cuarto trimestre más favorables que en el anterior para todos los destinos excepto en el caso de Oceanía que presenta un valor del indicador balance de 13,9 puntos, lo que supone una caída de más de tres puntos con respecto al trimestre anterior. El indicador balance relativo a las perspectivas de exportación para los países de la UE-28 se sitúa en 25,5 puntos, casi ocho puntos superior al del trimestre anterior.

     Los países que una mayor proporción de las empresas exportadoras españolas consideran a doce meses sus principales destinos son Francia (42,7%) y Alemania (40,9%). A continuación, les siguen Reino Unido  (25,3%), EEUU (23,5%), Italia (21,8%) y, Portugal (21,2%) y, a cierta distancia, Marruecos (10,8%), México (10,7%) y China (10,5%).

     1 El ISAE es un indicador que resume la información proporcionada por las empresas entrevistadas acerca de la evolución de su cartera de pedidos de exportación en el trimestre de referencia y las perspectivas sobre la misma a tres y doce meses. Este indicador puede tomar valores entre -100 y +100, de manera que valores positivos indican una mejor percepción de la actividad exportadora y/o de las previsiones respecto de su evolución futura por parte de las empresas de la muestra y viceversa.

 

El año 2015 se cierra con una caída récord del paro de 678.200 personas

Viernes, 29 de enero de 2016

     28 de enero de 2016 mineco.gob.es
     El año 2015 se cierra con una caída récord del paro de 678.200 personas
     El empleo aumenta en 525.100 personas en el último ejercicio, la mayoría en el sector privado, con un ritmo anual del 3%
     La temporalidad entre los asalariados baja casi medio punto en el cuarto trimestre de 2015 y se sitúa en el 25,66%
     La tasa de paro se reduce hasta el 20,90%, 2,81 puntos inferior a la de un año antes y la más baja desde el segundo trimestre de 2011
     En el último año, los hogares con todos sus miembros en paro se reducen en 209.700 y los que tienen a todos los activos ocupados aumentan en 420.300
     Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre de 2015 reflejan que la recuperación de la economía se está trasladando con fuerza al mercado de trabajo. Según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro descendió en 678.200 personas en el último año, la mayor caída anual de la serie histórica de la EPA. La tasa de paro se ha situado en el 20,90%, lo que supone un descenso de 2,81 puntos en doce meses y la tasa más baja desde el segundo trimestre de 2011. Por su parte, el empleo aumenta en 525.100 personas, a un ritmo interanual del 2,99%, situándose el número medio de ocupados en el cuarto trimestre de 2015 en 18.094.200. Todos los sectores de la economía han creado empleo en el último año.

     El vigor de la recuperación de la economía española, con tasas de crecimiento interanuales del PIB por encima del 3%, está permitiendo que el mercado laboral vuelva a mostrar dinamismo. La disminución del paro en 678.200 personas supera las previsiones de cierre de año realizadas por el Ejecutivo y muestra que la recuperación está ayudando a paliar el aún elevado nivel de desempleo. La tasa de paro ha caído casi tres puntos en los últimos doce meses, hasta el 20,9%. El número de parados que perdió su empleo hace más de un año se ha reducido en 425.400 personas y el número de parados que buscan su primer empleo ha disminuido en 91.700. Respecto al tercer trimestre, el paro se ha reducido en 71.300 personas y se sitúa en 4.779.500 desempleados.

     El empleo, por su parte, creció en el cuarto trimestre de 2015 a un ritmo anual del 2,99%, con más de 525.000 empleos netos creados. El aumento del empleo es equilibrado, con un buen comportamiento en todas las ramas de actividad y un incremento de los contratos indefinidos. En el cuarto trimestre la ocupación ha aumentado en 45.500 personas, un 0,25% más que en el trimestre anterior. La totalidad del empleo asalariado creado en el último trimestre del año es indefinido (aumenta en 103.400), mientras que los de contrato temporal disminuyen en 63.600. La tasa de temporalidad se reduce casi medio punto, hasta el 25,66%.

     La mayor creación de empleo en términos anuales se ha producido en el sector privado, con un aumento de 452.000 ocupados. El sector público ha incrementado sus efectivos en 73.100 ocupados. Todos los sectores de la economía están creando empleo. En el sector Servicios se han registrado 421.500 ocupados más; en la Agricultura, 50.800; en la Construcción, 28.100; y en la Industria, 24.600. Más del 95% del empleo que se ha creado en 2015 en la economía española es a tiempo completo (501.700). Asimismo, del empleo asalariado que se ha creado en el último año (505.700 empleos), dos tercios son contratos temporales y un tercio son contratos indefinidos.

     El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro ha descendido en el cuarto trimestre en 16.300, hasta un total de 1,56 millones de hogares. Por su parte, los hogares con todos sus miembros activos ocupados han aumentado en 64.400, hasta los 9,5 millones.

El Tribunal Supremo condena a dos años al capitán del Prestige por delito contra el medio ambiente

Viernes, 29 de enero de 2016

     Martes, 26 de enero de 2016 

     El Tribunal Supremo condena a dos años al capitán del Prestige por delito contra el medio ambiente

     El alto tribunal declara la responsabilidad civil del marinero, de la aseguradora, de la propietaria del barco y del Fondo Internacional para la indemnización de daños causados por hidrocarburos (FIDAC), que deberán hacer frente a las indemnizaciones que se fijen en ejecución de sentencia

     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de prisión al capitán del buque Prestige, Apostolos Ioannis Mangouras, como autor responsable de un delito imprudente contra el medio ambiente en la modalidad agravada de daños catastróficos en relación con la grave afectación del medio marino y demás perjuicios provocados a consecuencia del vertido de fuel proveniente del citado petrolero, una vez que el día 13 de noviembre de 2002, cuando su navegación había alcanzado las 27,5 millas al oeste de Fisterra, y se encontraba dentro del corredor marítimo denominado Dispositivo de Separación de Tráfico, sufrió una rotura en su costado de estribor.

     Por esa abertura se estuvo derramando fuel hasta la fractura total y el hundimiento del barco, producidos seis días después, el 19 de noviembre, cuando se encontraba a 138 millas de la costa. Derrame oficialmente estimado en unas 63.000 toneladas de fuel.

     En concepto de responsabilidad civil, Mangouras deberá indemnizar en los términos que se fijen en ejecución de sentencia, en la cuantía y con arreglo a los criterios establecidos en los fundamentos septuagésimo primero a septuagésimo tercero de la sentencia.

     Se declara la responsabilidad civil directa, con el mismo alcance, de la aseguradora Cia The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I CLUB), (tenía un límite de cobertura en la póliza de 1 billón de dólares USA), y la subsidiaria de Mare Shipping Inc., propietaria del barco. Se declara igualmente la responsabilidad civil del FIDAC (Fondo Internacional para la indemnización de daños causados por hidrocarburos) con los límites establecidos en el Convenio que lo regula.

     La sentencia de la Sala Segunda, de la que ha sido ponente la magistrada Ana Ferrer, difiere la concreción del importe de las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil a la fase de ejecución de sentencia, si bien señala que la misma debe abarcar la restitución, la reparación del daño, tanto el emergente como el lucro cesante, incluido el daño medioambiental en sus distintos aspectos, y la indemnización de perjuicios materiales y morales, con el límite de las peticiones formuladas por las partes en sus conclusiones definitivas.

     En este sentido, se ha aplicado el régimen de responsabilidad civil previsto en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, que establece un sistema limitado de responsabilidad que en este caso no rige porque tanto el acusado como la compañía propietaria del buque, la Cia Mare Shipping Inc, actuaron “temerariamente y a sabiendas de que probablemente se causarían tales daños”.

     La responsabilidad del FIDAC se ha fijado hasta el límite que para el mismo fija el convenio que lo regula: el Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos de 1992.

     Grave imprudencia del capitán

     El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia absolutoria de Mangouras por el delito de medio ambiente dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, actuando dentro del único margen de revisión que le permite el recurso de casación cuando se interpone contra pronunciamientos absolutorios.

     En tales casos su propia jurisprudencia, la del Tribunal Constitucional y la del TEDH solo permiten la corrección de conclusiones jurídicas, pero no valorar de nuevo la prueba, por lo que el pronunciamiento se hace a partir de los hechos que la Audiencia Provincial de la Coruña declaró probados, entre ellos, que la tripulación de la nave, incluido su capitán, desconocían las deficiencias estructurales que determinaron la avería que provocó el estallido del barco.

     No obstante se ha apreciado grave imprudencia por parte del capitán A.I. Mangouras por haber acometido la que resultó ser la última travesía del Prestige en la manera en que lo hizo y por la forma de afrontar la crisis que se presentó una vez que a las 14.10 horas UTC del día 13 de noviembre, se produjo la explosión que dio lugar a una abertura de muy importantes dimensiones en el costado de estribor del buque por la que comenzó a verterse al mar el fueloil que trasportaba.

     Asumió una travesía en un momento en que lo previsible, cuando no seguro, en atención a la zona por la que había de navegar y la época del año en la que lo hacía, es que hubiera de enfrentarse a condiciones meteorológicas adversas.

     Además, lo hizo con un barco que, aún prescindiendo de su estado estructural, estaba envejecido y con deficiencias operativas que conocía perfectamente: había de navegar en manual porque el piloto automático no funcionaba; con las calderas sin serpentines que permitieran calentar la carga con la intensidad necesaria para facilitar el eventual trasvase de la misma; con un remolque que en situaciones adversas era difícil de accionar pues requería de al menos cuatro hombres para moverlo y vapor de agua, lo que lo inutilizaba en el caso de colapso de la maquinaria.

     A ello se suma que, iniciada la marcha desde el Puerto de San Petersburgo, completó el cargamento en el puerto estonio de Ventspils, donde permitió que fuera sobrecargado con un exceso de más de 2000 toneladas de fueloil, que provocó el consiguiente sobrecalado.

     Esto no sólo implicó un flagrante incumplimiento de la normativa sobre las líneas de carga, sino un evidente incremento del riesgo en relación a una navegación de la que como capitán era responsable y que, en atención al material altamente contaminante que trasportaba, exigía más rigurosas medidas de seguridad.

     Se colocó en una situación en la que no podía garantizar la seguridad del barco ante un fuerte contratiempo, como fue ese fallo estructural que determinó el colapso de la maquinaria y la fractura del casco. Avería que, fuera cual fuese su causa, no se puede considerar improbable, sobre todo en un barco de esa antigüedad. No contradice este extremo que la sociedad de clasificación ABS hubiese certificado la idoneidad del Prestige para la navegación. No era esta una cuestión incontrovertida, pues dos sociedades energéticas, la española Repsol y la británica BP, habían desaconsejado su uso.

     Y en esa situación, cuando el fallo estructural reventó el casco, el acusado para salvar la fuerte escora que abocaba al hundimiento adrizó el buque, permitiendo la entrada de agua de mar en los tanques, lo que sobrecargó en exceso el barco, minó su capacidad de resistencia y dificultó al máximo su rescate. Es cierto que esta última maniobra la acometió cuando el vertido ya se había iniciado, pero fue decisiva de cara a impedir que el mismo fuera controlado hasta que finalmente el buque se fracturó.

     Incumplimiento del deber objetivo de cuidado

     Por último, su comportamiento elusivo a la hora de desatender las órdenes de la Autoridad Marítima Española, también contribuyó a incrementar el riesgo del vertido. El barco sin gobierno derivaba hacia la costa y cualquier demora en su control incrementaba las posibilidades de contaminación.

     El acusado Apostolos Ioannis Mangouras asumió no solo una navegación arriesgada, como la calificó la Sala sentenciadora. Sino que creó un grave riesgo, sobre todo en relación con el carácter altamente contaminante de la sustancia que transportaba. Un riesgo que excedió el permitido y se colocó como capitán del Prestige en una situación que le impidió controlarlo en momentos críticos. De esta manera el barco continuó arrojando fueloil al mar hasta que transcurridos unos días se partió. Incumplió en consecuencia el deber objetivo de cuidado que le incumbía al generar riesgos no permitidos y no neutralizar los provocados por otros. Y también el subjetivo, pues como capitán del buque estaba obligado a advertir la presencia del peligro grave que asumió.

     El Tribunal Supremo absuelve a Mangouras del delito de desobediencia por el que había sido condenado a 9 meses de prisión por la Audiencia de A Coruña porque el episodio sobre el que se apoyó esa condena se ha tomado en cuenta para conformar el comportamiento que en su conjunto se ha considerado delito imprudente contra el medio ambiente.

     Se confirma además la absolución del jefe de máquinas del Prestige y de José Luis López Sors, director general de la Marina Mercante en la fecha de los hechos, también en este caso a partir del relato de hechos de la sentencia recurrida, dado el alcance limitado de la revisión cuando se trata de sentencias absolutorias.

Débil repunte del crecimiento mundial y riesgos que giran hacia los mercados emergentes

Jueves, 28 de enero de 2016

     Actualización de perspectivas de la economía mundial

     Débil repunte del crecimiento mundial y riesgos que giran hacia los mercados emergentes

     Boletín del FMI  imf.org

     19 de enero de 2016
     Se revisan a la baja las previsiones del crecimiento mundial: 3,4% en 2016 y 3,6% en 2017
     Las economías de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan mayores retos
     Los principales riesgos se relacionan con la desaceleración económica de China, un dólar más fuerte, las tensiones geopolíticas y un resurgimiento de la aversión mundial al riesgo
 

     El repunte del crecimiento mundial es débil y desigual entre las economías, inclinándose ahora los riesgos hacia los mercados emergentes, según se señala en la última Actualización de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO).

     Las economías avanzadas experimentarán una ligera recuperación, mientras que las de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan una nueva realidad de crecimiento más lento.

     En la Actualización del informe WEO se proyecta ahora un crecimiento mundial de 3,4% este año y de 3,6% en 2017 (véase el cuadro), un ritmo levemente menor que el pronosticado en octubre de 2015.

     “Este será un año de grandes retos, y las autoridades deberían pensar acerca de la forma en que pueden reforzar la resiliencia de sus economías a corto plazo, pero también acerca de las perspectivas a más largo plazo”, expresó Maurice Obstfeld, Consejero Económico y Director de Estudios del FMI.

     ”Esas medidas de largo plazo”, agregó, “tendrán de hecho efectos positivos en el corto plazo al aumentar la confianza y la fe de las personas en el futuro”.

     Mejoras marginales en las economías avanzadas

     Según las proyecciones, en las economías avanzadas el crecimiento aumentaría a 2,1% y mantendría su nivel en 2017, lo cual implica un repunte levemente menor al previsto en octubre.

     La actividad global en Estados Unidos conserva su vigor, respaldada por las condiciones financieras que aún son favorables y el fortalecimiento de los mercados de la vivienda y de trabajo. Pero también existen retos resultantes de la fortaleza del dólar, que está generando una contracción marginal del sector manufacturero.

     En la zona del euro, el fortalecimiento del consumo privado sustentado por la caída de los precios del petróleo y las condiciones financieras favorables supera y compensa el debilitamiento de las exportaciones netas.

     Se prevé que el crecimiento en Japón también se afiance en 2016, gracias al respaldo fiscal, el abaratamiento del petróleo, las condiciones financieras acomodaticias y el aumento de los ingresos.

     Los mercados emergentes enfrentan una desaceleración del crecimiento

     Las economías de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan ahora una nueva realidad de menor crecimiento, en la cual fuerzas cíclicas y estructurales socavan el paradigma de crecimiento tradicional, como señaló la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, en un reciente discurso.

     Los pronósticos de crecimiento para la mayoría de las economías de mercados emergentes y en desarrollo indican un repunte más lento que el anteriormente previsto. El crecimiento aumentaría de 4% en 2015 —el nivel más bajo desde la crisis financiera de 2008–09— a 4,3% y 4,7% en 2016 y 2017, respectivamente.

     Pero esas cifras globales no reflejan plenamente la diversidad de situaciones existentes entre los distintos países.

     India y el resto de las economías emergentes de Asia son casos positivos destacables, proyectándose para ellos un crecimiento vigoroso, mientras que América Latina y el Caribe volverán a contraerse en 2016, como consecuencia de la recesión en Brasil y las dificultades económicas en otros países de la región. Las economías emergentes de Europa crecerían a un ritmo sostenido, si bien algunas sufrirían cierta desaceleración en 2016, dado que Rusia podría continuar en recesión en 2016. En la mayoría de los países de África subsahariana se observará un repunte paulatino del crecimiento, pero solo a tasas todavía inferiores a las de la última década.

     Riesgos que se inclinan a la baja

     Más allá de los pronósticos a corto plazo, existen riesgos sustanciales para las perspectivas, que resultan especialmente importantes en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo y que podrían paralizar la recuperación mundial.

     Estos riesgos se relacionan en su mayor parte con los ajustes actualmente en curso en la economía mundial, como el reequilibramiento de la economía china, la caída de los precios de las materias primas y las perspectivas de un aumento progresivo de las tasas de interés en Estados Unidos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes:

     • Una desaceleración económica en China más drástica de lo esperado, que podría provocar mayores efectos de contagio a nivel internacional por la vía del comercio, los precios de las materias primas y una disminución de la confianza.

     • Una mayor apreciación del dólar y condiciones financieras más restrictivas que podrían generar vulnerabilidades en los mercados emergentes, creando posibles efectos adversos en los balances de las empresas y problemas de financiamiento cuando exista una alta exposición en dólares.

     • Un estallido de la aversión mundial al riesgo, cualquiera sea su causa, que profundice las depreciaciones y genere posibles tensiones financieras en las economías de mercados emergentes vulnerables.

     • Una escalada de las actuales tensiones geopolíticas en una serie de regiones, que podría dañar la confianza y perturbar el comercio mundial, los flujos financieros y el turismo. Nuevos shocks económicos o políticos en los países actualmente aquejados por dificultades económicas también podrían frustrar el repunte proyectado de la actividad.

     Los mercados de materias primas plantean riesgos en dos vertientes. A la baja, un nuevo descenso de los precios empeoraría las perspectivas para los productores de materias primas que ya están en una situación frágil, y el aumento de los rendimientos de la deuda del sector energético amenaza con generalizar el endurecimiento de las condiciones de crédito.

     Como riesgo al alza, el reciente retroceso de los precios del petróleo puede dar mayor impulso a la demanda de los importadores de petróleo, entre otras cosas al crear entre los consumidores la percepción de que esos precios se mantendrán más bajos durante más tiempo.

     “En definitiva, hay mucha incertidumbre en el ambiente, y creo que eso contribuye a la volatilidad”, dijo Obstfeld.

     Aumentar el crecimiento sigue siendo una prioridad

     Dado este contexto mundial y ante el riesgo de que el bajo ritmo de crecimiento persista por largo tiempo, en la Actualización del informe WEO se subraya la urgente necesidad de que las autoridades eleven el crecimiento efectivo y potencial combinando medidas de estímulo a la demanda y reformas estructurales.

     Las reformas estructurales, en particular, siguen siendo cruciales. Las prioridades varían, pero para muchas economías avanzadas sería beneficioso adoptar reformas que fortalezcan la participación en la fuerza laboral (Japón, la zona del euro) y los niveles generales de empleo (en vista del envejecimiento de la población), así como medidas para solucionar el sobreendeudamiento del sector privado.

     Las autoridades de las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben reorientar la actividad hacia nuevas fuentes de crecimiento. Al incrementar el crecimiento también garantizarán que continúe la convergencia hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas.

     Esas economías también deben seguir adelante con las reformas estructurales para resolver las deficiencias de infraestructura, facilitar un entorno empresarial dinámico e innovador y fortalecer el capital humano mediante reformas en el ámbito de la educación, el trabajo y los mercados de productos.

Un Juzgado de Valencia coordina una operación con 24 detenciones por amaño de contratos en Administraciones públicas

Miércoles, 27 de enero de 2016

      Martes, 26 de enero de 2016

     Un Juzgado de Valencia coordina una operación con 24 detenciones por amaño de contratos en Administraciones públicas

     Entre los arrestados, el expresidente y dos exvicepresidentes de la Diputación de Valencia; entre los imputados, una exconcejal de la capital y varios exalcaldes

     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el ‘caso Imelsa’, ha coordinado hoy una operación contra una supuesta trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas Administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

     La operación, llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con al menos 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. En la causa hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

     Entre los detenidos se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus. También ha sido arrestado el exvicepresidente de la Corporación Provincial y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.

     Entre los 29 investigados se encuentra, además, la exconcejal del PP en Valencia María José Alcón; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; el exacalde de Genovés, Emilio Llopis, y Carmen García Fuster, del PP de Valencia.

     En la operación desarrollada hoy se han llevado a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (el Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

     La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy.

     La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en el Juzgado de Instrucción número 18 el pasado mes de marzo.

     El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

     En el marco de esta diligencias se ha desarrollado la operación de hoy encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación continúa abierta.

El número de empresas aumentó en 40.398 en los dos últimos años y se situó en 1.286.565 a finales de 2015

Martes, 26 de enero de 2016

     CEOE analiza la evolución del tejido empresarial
     El número de empresas aumentó en 40.398 en los dos últimos años y se situó en 1.286.565 a finales de 2015
     ceoe.es
     20/01/16 El número de empresas aumentó en 40.398 en los años 2013 a 2015, situándose a finales del pasado año en 1.286.565, según el documento “Evolución del tejido empresarial” basado en datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, relativos a empresas inscritas en este organismo y que ha sido analizado hoy por la Junta Directiva de CEOE.
     El informe -que muestra el impacto que sobre el tejido empresarial ha tenido la situación económica a lo largo de las diferentes fases de ciclo económico desde el comienzo del siglo XXI-, indica que entre 1999 y 2015, el saldo entre creación y destrucción de empresas ha sido positivo en 214.891.
     En este sentido, se señala que en la fase expansiva del ciclo, es decir entre 1999 y 2007, el número de empresas creció en 334.264, alcanzando un máximo de 1.405.938. En cambio, durante la etapa recesiva, 2007 a 2013, las empresas disminuyeron en 159.771. Por otro lado, la recuperación en la contratación empresarial se ha traducido en que, entre 2013 y 2015, el número de personas empleadas por el sector privado aumentase en 795.267.

Los trabajadores podrán inscribir a sus hijos recién nacidos como beneficiarios en asistencia sanitaria sin necesidad de desplazarse

Martes, 26 de enero de 2016

     Modernización de la Administración Pública

     Los trabajadores podrán inscribir a sus hijos recién nacidos como beneficiarios en asistencia sanitaria sin necesidad de desplazarse

     Viernes, 22 de enero de 2016 lamoncloa.gob.es

     La Seguridad Social incorpora desde hoy en su web Tu Seguridad Social (TuSS) la posibilidad de que los padres den de alta a sus hijos recién nacidos como beneficiarios de asistencia sanitaria desde cualquier terminal informático. También se podrá reincorporar a quienes en el pasado hubieran sido beneficiarios de asistencia sanitaria con el titular.
     El nuevo servicio permite a los progenitores, titulares del derecho a la asistencia sanitaria pública, la incorporación de sus bebés recién nacidos como beneficiarios del derecho de forma inmediata y sin tener que desplazarse a una oficina de la Seguridad Social.

     Para realizar el trámite, tan sólo hay que acceder a la web y firmar electrónicamente la petición mediante certificado digital o a través de cl@vefirma, sin necesidad de aportar ningún documento adicional; es la Seguridad Social quien recaba la información sobre el niño en el Registro Civil.

     Por otra parte, este servicio también admite la reincorporación como beneficiaria del titular a cualquier persona que ya lo hubiera sido en el pasado y que por algún motivo hubiera dejado de serlo.

     Además del certificado digital, las solicitudes de TuSS pueden obtenerse  a través de cl@vefirma. Este nuevo sistema en la Administración Pública permite realizar la firma desde cualquier dispositivo ya que está alojado en un servidor centralizado y no en el equipo del usuario. La firma, en este caso, se puede generar desde la misma web en la que se irá guiando al ciudadano hasta que el trámite esté finalizado.

     Catálogo de servicios

     El pasado mes de diciembre la web Tu Seguridad Social agregó un simulador de jubilación para que cualquier persona pueda conocer su derecho futuro con las condiciones presentes y tomar las decisiones más oportunas respecto a su jubilación.

     En esta ‘oficina’ abierta las 24 horas del día, los ciudadanos se relacionan de forma personalizada con la Seguridad Social. Cualquier persona puede acceder a Tu Seguridad Social mediante un usuario y clave exclusivos que se obtiene en cualquiera de las oficinas de la Seguridad Social. De esta forma, las personas podrán realizar trámites o consultas con el organismo en el lugar y el momento que considere más oportunos.

     Desde TuSS ya es posible realizar diversas gestiones o consultas entre las que destacan conocer la situación como beneficiario/a de asistencia sanitaria; solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea que se recibirá en  el domicilio especificado o el Certificado Provisional Sustitutorio; también se pueden obtener los certificados de pensión, incluido el de revalorización de la misma y consultar el momento del trámite de un expediente de las prestaciones que se hayan solicitado.

     La Seguridad social tiene previsto ir ampliando  el catálogo de servicios en los próximos meses hasta completar las gestiones que podrán realizarse de forma telemática.

     El objetivo es acercar la Seguridad Social, ahorrar trámites y desplazamientos innecesarios, así como rentabilizar la información disponible en los diferentes organismos públicos, con el consiguiente ahorro de costes, en la línea de lo dispuesto por la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas).

Los ciudadanos pueden solicitar el certificado de penados en los registros de cualquier órgano administrativo del Estado

Lunes, 25 de enero de 2016

     En virtud de la Ley de protección a la infancia y a la adolescencia

     Los ciudadanos pueden solicitar el certificado de penados en los registros de cualquier órgano administrativo del Estado

     Viernes, 22 de enero de 2016 lamoncloa.gob.es

     La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia establece la obligación de acreditar, para quienes pretendan acceder o ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, que no tienen antecedentes penales por haber cometido delitos sexuales.

     Hasta la entrada en funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, el próximo 1 de marzo, la ausencia de antecedentes se acreditará mediante el certificado de penados, que puede ser obtenido a través de diversos canales.

     En el caso de los trabajadores, pueden hacerlo a través de la página web del Ministerio de Justicia, por correo ordinario, o de forma presencial en los registros de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas y a la de cualquier Administración Local.

     Las entidades en las que se va a trabajar con menores pueden solicitar el certificado de sus trabajadores de forma conjunta, previo consentimiento expreso de éstos.

     Por su parte, las administraciones públicas pueden solicitar el certificado de antecedentes penales, con autorización previa del trabajador, directamente a través de la Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De este modo, se evitan desplazamientos y se agiliza su tramitación.

     Los ciudadanos que opten por la solicitud telemática, deben tener en cuenta que el sistema operativo del ordenador tiene que estar actualizado (se precisa disponer de últimas versiones de Windows, últimas o penúltimas versiones de los navegadores Chrome o Internet Explorer); deben tener un certificado digital de usuario válido (DNI electrónico, FNMT) y el abono de la tasa debe haberse realizado en las entidades bancarias que están adheridas a la pasarela de pago del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

     A partir del 1 de marzo, con la entrada en vigor del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, el certificado de antecedentes penales por delitos sexuales será específico y gratuito, y se podrá solicitar de idéntica forma que el actual certificado de penados.

     El Ministerio de Justicia está desarrollando un conjunto de medidas para facilitar la accesibilidad de los trámites telemáticos, así como propuestas organizativas en las Gerencias Territoriales por si fuera necesaria su aplicación. Asimismo, trabaja de forma coordinada con las administraciones autonómicas y locales para facilitar a los ciudadanos este trámite con el que se persigue incrementar el control de los delincuentes sexuales y prevenir su contacto con menores de manera que primen los derechos de éstos sobre cualquier otro.

     El Ministerio facilita además, a través de su página web, toda la información sobre el acceso a los certificados de antecedentes penales.

Crecen un 2,33% las horas de trabajo perdidas por huelgas en 2015 y bajan los conflictos y los trabajadores implicados

Lunes, 25 de enero de 2016

     Conflictividad Laboral

     Crecen un 2,33% las horas de trabajo perdidas por huelgas en 2015 y bajan los conflictos y los trabajadores implicados
     ceoe.es
     Desciende la conflictividad laboral en diciembre

     18/01/16 Las horas de trabajo perdidas por huelgas en España en 2015 ascendieron a 9.404.142, como consecuencia de las 933 huelgas contabilizadas, en las que participaron 255.765 trabajadores, según los datos de conflictividad laboral, analizados por los servicios técnicos de CEOE. Respecto a 2014, las horas de trabajo perdidas aumentaron un 2,33%, la suma de trabajadores que las secundaron descendió un 22,11% y el número de huelgas disminuyó un 2,61%.

     En el análisis de estos datos, hay que tener en cuenta la incidencia de la huelga en enseñanza convocada por el sindicato de estudiantes en los meses de febrero, marzo y abril de 2015 y las huelgas en mayo y junio de 2014 en determinadas empresas del sector de alimentación y bebidas y del sector del taxi y en octubre de dicho año en educación.

     Por lo que se refiere a la conflictividad estrictamente laboral –la que quedaría al restar de esos totales la cantidad derivada de huelgas en servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales– ,en 2015 se produjeron 730 huelgas, con 48.883 trabajadores implicados que perdieron 3.484.684 horas de trabajo. En comparación con 2014, el número de huelgas retrocedió un 0,14%, las horas de trabajo perdidas disminuyeron un 26,89% y el total de trabajadores que participó en ellas descendió un 15,91%.

     En 2015, se registraron 158 huelgas en empresas o servicios de carácter público, secundadas por 196.756 trabajadores, en las que se perdieron 5.263.930 horas de trabajo. Respecto al año anterior, las horas de trabajo perdidas aumentaron un 23,43%, el número de participantes en las huelgas descendió un 26,31% y las huelgas bajaron un 12,22%.

     Diciembre

      En el mes de diciembre de 2015, se iniciaron 40 huelgas, seguidas por 2.085 trabajadores y se perdieron 118.294 horas de trabajo, incluyendo las perdidas en huelgas que comenzaron en meses anteriores y que continuaron en diciembre. Comparando estos datos con los del mismo mes de 2014, los trabajadores que secundaron las huelgas disminuyeron un 93,12%, y lo mismo hay que decir de las horas de trabajo perdidas  y del número de huelgas, que bajaron un 78,70% y un 63,30%, respectivamente.

     La conflictividad estrictamente laboral registró 31 huelgas, secundadas por 877 trabajadores, en las que se perdieron 96.696 horas de trabajo.

Un 18% de las empresas españolas realizaron ventas online en 2014

Domingo, 24 de enero de 2016

     Un 18% de las empresas españolas realizaron ventas online en 2014

     ceoe.es  19/01/16

     Un 18% de las empresas españolas realizaron ventas online en 2014, porcentaje levemente inferior al 19% de las empresas de la Unión Europea que utilizaron este sistema durante el mismo año, alcanzando por medio del canal electrónico un 17% de su volumen total de ventas, según ha informado el Instituto de Estudios Económicos en base a los datos de Eurostat.

     Por países, Irlanda figura en primer lugar en ventas online, con un 32%, de empresas que ofrecen ese canal, seguido de Suecia, con un 28%; Dinamarca y Alemania, las dos con un 27%, y Bélgica, con un 26%. Por el contrario, Italia, Letonia y Luxemburgo alcanzan un 10%; Bulgaria, un 9%; Rumanía, un 8%, y Grecia, un 7%.

El Tribunal Supremo rechaza indemnizar a las empresas fotovoltaicas

Domingo, 24 de enero de 2016

     Viernes, 22 de enero de 2016 

     El Tribunal Supremo rechaza indemnizar a las empresas fotovoltaicas

     Desestima los cinco primeros recursos planteados por empresas fotovoltaicas contra la decisión del Consejo de Ministros que denegó las indemnizaciones

     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     El Tribunal Supremo ha rechazado indemnizar por daños y perjuicios a las empresas fotovoltaicas por la modificación de las retribuciones a esas instalaciones introducida en el año 2010. La Sala III del alto tribunal establece que la existencia de un daño indemnizable debe contemplarse en relación con la totalidad de la vida útil de las instalaciones (fijada en treinta años), y la prueba pericial practicada en las actuaciones ha puesto de manifiesto que la disminución de ingresos derivada de la limitación de la retribución ha sido compensada mediante disposiciones posteriores, lo que permite afirmar que la actividad de producción de electricidad a través de este régimen especial ofrece una rentabilidad razonable (en el entorno del 8 por ciento anual), que excluye que el daño sea real y antijurídico.

     El TS ha desestimado los cinco primeros recursos planteados por empresas fotovoltaicas contra la decisión del Consejo de Ministros que denegó las indemnizaciones. Ahora trasladará estas primeras sentencias a las más de 150 empresas que tienen también planteado recurso por el mismo motivo en el Supremo, con el fin de que decidan si continúan con los recursos o desisten a la vista del criterio fijado al respecto por el alto tribunal en estas primeras resoluciones.

     Las empresas recurrieron contra la decisión del Consejo de Ministros de desestimar sus reclamaciones de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a sus instalaciones de producción de electricidad procedente de energía solar fotovoltaica por la entrada en vigor del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre (por el que se modifican aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial), del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre (de medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico) , y de la Ley 2/2011, de 4 de marzo (Ley de economía sostenible).

     Como consecuencia de ello, el Supremo ha analizado si concurría responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de actos reglamentarios y legislativos, al modificar el régimen retributivo de las instalaciones fotovoltaicas imponiendo determinadas obligaciones técnicas, un peaje por el uso de la red de transporte y limitando la retribución mediante tarifa a determinadas horas equivalentes de funcionamiento de las instalaciones.

     La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo, que ha resuelto los recursos, resalta que los titulares de las instalaciones fotovoltaicas que obtuvieron su inscripción al amparo del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, “no adquirieron, ni incorporaron a su patrimonio, un derecho, perfecto e ilimitado, a percibir una ‘tarifa regulada’ por la totalidad de la energía neta producida durante toda la vida de esa instalación en los términos que entonces establecía aquella disposición reglamentaria”.

     Continúa su argumento señalando que “la forma, la cuantía, la extensión y la duración de los incentivos reconocidos a las instalaciones fotovoltaicas no pueden quedar petrificadas con aquella regulación inicial, sino que son susceptibles de las correspondientes adaptaciones a las nuevas circunstancias concurrentes, concretamente al desarrollo tecnológico y al nuevo escenario económico que ha incidido de lleno en las previsiones de demanda eléctrica que se tuvieron en cuenta originariamente, sin olvidar el conocido como ‘déficit tarifario’, incrementado exponencialmente en los últimos años debido en parte a que los costes reales de las actividades reguladas y del propio funcionamiento del sistema eléctrico no pueden ser absorbidos por los peajes fijados por la Administración y que son satisfechos finalmente por los consumidores”.

     Agrega el tribunal que lo que sí debe garantizarse por los poderes públicos, porque lo exige la legislación, es que las instalaciones ofrezcan a sus titulares una “rentabilidad razonable”, de modo que el daño por la limitación de la energía con derecho a la tarifa regulada sólo podrá calificarse como antijurídico y, por tanto, indemnizable, si esa modificación ha determinado que tales instalaciones no sean razonablemente rentables.

     Para decidir sobre este punto, la Sala ordenó una prueba pericial, que realizaron un ingeniero industrial especialista en electricidad y un economista, a efectos de determinar la rentabilidad de las instalaciones, y que concluyó que en la práctica totalidad de las instalaciones, su rendimiento se sitúa en el entorno del 8 por ciento anual durante los treinta años contemplado, y que, aunque a corto plazo (en los años 2011, 2012 y 2013), se aprecia efectivamente una merma de ingresos, ninguna de las instalaciones tiene un descenso apreciable de su rentabilidad si se contempla en la totalidad de los 30 años del periodo.

     Dichos peritos añadieron que dichas mermas han sido compensadas por el régimen normativo derivado del Real Decreto 413/2014, de 16 de julio, y normas concordantes, que han ampliado a 30 años una garantía que asegura, al contemplar los gastos financieros, la rentabilidad en cuantía efectivamente razonable.

     La sentencia señala además que no concurren los vicios de constitucionalidad aducidos por los recurrentes. Entre otras alegaciones, éstos consideraban vulnerado el principio constitucional de irretroactividad de disposiciones sancionadoras por la limitación de retribuciones que realizaba el Real Decreto de 23 de diciembre de 2010, pero el alto tribunal indica que dicha limitación no implica una retroactividad que incida en efectos jurídicos ya producidos o en derechos ya consolidados.

     El Supremo tampoco aprecia la infracción de las normas del Derecho de la Unión Europea relativa a los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, pues el sistema de tarifa previsto en el régimen del año 2007 no presentaba el carácter inalterable que se postula y era previsible su modificación, y además ni siquiera cabe identificar que concurra en las consecuencias de aquellas modificaciones el presupuesto esencial que debe sustentar una acción de responsabilidad patrimonial, es decir, el daño efectivo y antijurídico.

Jornada sobre Mediación organizada por el Centro de Estudios Jurídicos

Sábado, 23 de enero de 2016

     Ministerio de Justicia
     Gabinete de Comunicación mjusticia.gob.es
     Jornada sobre Mediación organizada por el Centro de Estudios Jurídicos
     Catalá resalta la importancia de la mediación en una sociedad moderna y plural, abierta a la negociación
     21 de enero de 2016.- El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha subrayado la trascendencia de la mediación dentro de la reforma y modernización de la Justicia como ejemplo de la importancia que el diálogo y la negociación tienen para el entendimiento de una sociedad moderna y plural, durante la inauguración de la Jornada sobre Mediación celebrada hoy en el Centro de Estudios Jurídicos.
     Catalá se ha mostrado convencido de que la mediación puede jugar un valioso papel a la hora de encontrar la mejor respuesta a ciertas disputas fuera del ámbito de los tribunales y ha repasado varios aspectos relativos a la Ley de Mediación que ayudarán a reducir la litigiosidad, los tiempos y los costes asociados a la tradicional solución jurisdiccional.
     La figura del mediador ha sido considerada clave por su responsabilidad para guiar todo el proceso acompañada por las instituciones de mediación en las que los principios de voluntariedad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad constituyen la esencia de su actuación.
     El procedimiento de mediación permite que las partes puedan organizarse libremente, a la vez que establece la obligatoriedad de dos únicos trámites formales: el acta inicial y el acta final. Para favorecer el recurso a la mediación, la legislación establece garantías como la suspensión de los plazos de prescripción de derechos y caducidad de acciones en tanto dure el proceso, así como el reconocimiento del necesario carácter ejecutivo a los acuerdos alcanzados que serán elevados a escritura pública u homologación judicial.
     Catalá, en su intervención, ha hecho referencia también a otras normas específicas reguladas durante la pasada legislatura en las que la mediación se contempla como herramienta de gran utilidad. Así ocurre con la mediación concursal en los nuevos acuerdos extrajudiciales de pago en la Ley de segunda oportunidad, la mediación propia del ámbito de la propiedad industrial e intelectual en la Ley de patentes o el recurso a la mediación en la Ley que regula el baremo de indemnizaciones por accidentes de vehículos a motor.
     Igualmente, ha destacado, la importancia de la figura de la mediación en las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria referentes a la sustracción internacional de menores, la mediación intrajudicial liderada por los letrados de la Administración de Justicia en el marco de la Oficina Judicial reformada por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la mediación penal que reconoce el Estatuto de la Víctima dentro de su derecho a acceder a los servicios de Justicia restaurativa.

La Guardia Civil detiene en Marbella a un defraudador internacional

Sábado, 23 de enero de 2016

     22/01/16 guardiacivil.es

     La Guardia Civil detiene en Marbella a un defraudador internacional

     El detenido consiguió una fortuna  en torno a 25 millones de euros durante 20 años dirigiendo actividades empresariales fraudulentas en nuestro país

     Eludía a las autoridades tributarias españolas ocultando su verdadera identidad y su residencia habitual, utilizando para ello documentación de Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña y España

     Se han intervenido múltiples propiedades inmobiliarias ubicadas en exclusivas urbanizaciones de la costa malagueña, así como vehículos de lujo y más de una veintena de cuentas corrientes en entidades bancarias españolas

     Las actuaciones comienzan en 2013 a partir de una investigación de los órganos de Inspección de la Agencia Tributaria

     Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido la detención, en el municipio malagueño de Marbella, de una persona de nacionalidad holandesa catalogada como “deslocalizado fiscal“  a nivel internacional.

     El detenido había conseguido amasar una fortuna cercana a los 25 millones de euros durante los 20 años que venía dirigiendo actividades empresariales fraudulentas en nuestro país.

     Eludía a las autoridades tributarias españolas ocultando su verdadera identidad y su residencia habitual, utilizando para ello estructuras opacas y documentación de Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña y España.

     Operación DAVY JONES

     Las actuaciones que han llevado hasta la operación DAVY JONES se iniciaron en 2013 como consecuencia de un expediente de investigación de los órganos de Inspección de la Agencia Tributaria. Los equipos de investigación de la Agencia Tributaria inician el control y seguimiento sobre la actividad empresarial y personal del investigado, demostrando así que poseía una red de colaboradores que le asesoraban en el diseño de las estructuras opacas y en el ocultamiento de la residencia fiscal, así como en la supuesta inversión de los beneficios.

     Además de participar en la investigación económica, por parte de los investigadores de Guardia Civil se efectúa una intensa actividad operativa sobre todos los movimientos del objetivo y de su entorno más próximo, todo ello con vistas a acreditar de manera fehaciente tanto su residencia habitual como la actividad empresarial desplegada en nuestro país.

     Tras dos años de investigación y constantes entradas y salidas del ahora detenido de nuestro país, se ha procedido a la detención de esta persona, la cual había tejido entorno a un negocio de venta de gafas por Internet, con sedes físicas en varios países, un entramado de sociedades que le sirvieron como tapadera para ocultar su verdadero patrimonio durante más de 20 años.

     La proximidad geográfica de la colonia británica de Gibraltar, donde el detenido disponía de sociedades matrices y cuentas bancarias -todo ello como instrumento fundamental para la defraudación cometida en nuestro país- fue determinante para que el defraudador eligiera la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara como centro principal de su actividad empresarial, la cual estaba desplegada a nivel internacional.

     Mientras permanecía en nuestro país vivía, aparentemente, como un empresario de reconocida solvencia, demostrando un alto nivel de vida que le permitía disfrutar de una mansión en una exclusiva urbanización situada en la localidad de Benahavís (Málaga).

     Para sus desplazamientos utilizaba vehículos de lujo, alguno de ellos valorado en más de 400.000 euros, y practicaba actividades recreativas tales como la navegación en embarcaciones de lujo. Esta situación contrastaba con su completa omisión a la hora de declarar sus verdaderos ingresos económicos ante la Hacienda Pública española.

     Además de la detención se han realizado varios registros en distintos inmuebles y sedes profesionales ubicados en los términos municipales de Marbella, Benahavís y Sotogrande (Cádiz). A su vez, se ha embargado provisionalmente todo el patrimonio vinculado con la defraudación llevada a cabo por el detenido y se han bloqueado una veintena de cuentas bancarias de las que es titular.

     Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo II de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y expertos en delincuencia telemática de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, así como por inspectores y técnicos de los equipos de investigación y de la Unidad de Auditoría Informática de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía .

El Supremo anula varias cláusulas en contratos de consumidores con el BBVA y Banco Popular por considerarlas abusivas

Viernes, 22 de enero de 2016

     Tribunal Supremo
     Sala Civil
     Gabinete Técnico

    poderjudicial.es jueves 21 enero 2016

     Sentencia 705/2015, de 23 de diciembre, CIP 2658/2013.
     Cláusulas abusivas en los contratos bancarios celebrados con consumidores: cláusula suelo; intereses moratorios; vencimiento anticipado; atribución de gastos de la operación al consumidor; contratación telefónica.
     La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado D. Pedro José Vela Torres, ha desestimado los recursos de infracción procesal y de casación interpuestos por BBVA y Banco Popular Español contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de julio de 2013. El procedimiento se inició por una acción colectiva interpuesta por la OCU en la que solicitaba la nulidad de múltiples cláusulas en diversos contratos bancarios de BBVA y Banco Popular.
     La sentencia de la Sala Primera desestima los recursos interpuestos por BBVA y Banco Popular y aprecia la nulidad, por abusiva, de la cláusula de vencimiento anticipado inserta en los préstamos hipotecarios del BBVA, que facultaba a la entidad bancaria para exigir anticipadamente la devolución de la totalidad del préstamo por la falta de pago de una parte de cualquiera de las cuotas. La Sala sostiene que la validez general de las cláusulas de vencimiento anticipado no excluye la posibilidad de que sean consideradas abusivas, y por tanto, nulas, atendiendo a las circunstancias del caso, en la forma explicada por el TJUE en la sentencia de 14 de marzo de 2013 (asunto Aziz). La cláusula predispuesta por el BBVA no supera los estándares exigibles, pues no modula la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, no permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación y posibilita la resolución del préstamo por el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial.
     Sobre los efectos de la abusividad, la sentencia razona que la nulidad de la cláusula no siempre conllevará el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria. La tutela de los consumidores aconseja evitar interpretaciones maximalistas que, bajo una apariencia de máxima protección, tengan como consecuencia paradójica la restricción del acceso al crédito hipotecario y, derivadamente, a la adquisición de vivienda en propiedad. El mismo principio de equilibrio en las prestaciones que ha de presidir la interpretación de la cláusula del vencimiento anticipado revela lo inadecuado de obligar a las entidades prestamistas, ante comportamientos de flagrante morosidad, a acudir en exclusiva al procedimiento declarativo para obtener la resolución del préstamo, con cierre de la vía ejecutiva especial legalmente prevista.
     Si la nulidad del vencimiento anticipado conllevara el cierre del proceso ejecutivo incluso en los supuestos en que la gravedad del incumplimiento justificara el ejercicio de la acción hipotecaria, se privaría al deudor de las especiales ventajas que contiene este tipo de procedimiento, como la fijación de un límite de tasación para la subasta (75% de la tasación del préstamo), las posibilidades de liberar la vivienda, la facultad de rehabilitar el contrato o la liberación de responsabilidad para el caso de adjudicación de la vivienda habitual hipotecada cuando el precio obtenido en la subasta fuera insuficiente para pagar la deuda.
     La nulidad de la cláusula sí puede producir el sobreseimiento de la ejecución si se dan las condiciones mínimas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (el impago de tres plazos mensuales o un número de cuotas equivalente) y el tribunal valora además, en el caso concreto, que el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado no está justificado en función de los criterios fijados por el TJUE: carácter esencial y no secundario de la obligación incumplida, importe impagado en relación con la cuantía y duración del préstamo y la posibilidad real que el consumidor haya tenido de evitar la consecuencia del vencimiento anticipado.
     La sentencia también considera nulas las cláusulas que imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco, como sucede en determinados hechos imponibles del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
     Otras cláusulas consideradas nulas son las que imponen al consumidor el pago de los gastos pre-procesales, procesales o de honorarios de abogado y procurador contratados por la entidad prestamista, en casos de incumplimiento de su obligación de pago; las que impiden al prestatario variar el destino del inmueble sin la autorización expresa del banco; y las que equiparan la aceptación por el cliente de una oferta telefónica a su firma manuscrita y a la asunción de las condiciones particulares del contrato.
     En materia de interés de demora, la sentencia mantiene la declaración de nulidad por abusivo del tipo fijado en el préstamo hipotecario del BBVA al 19% y, aplicando el mismo criterio establecido para los préstamos personales, considera que la nulidad afectará al exceso respecto del interés remuneratorio pactado.
     En aplicación de la doctrina de la Sala sobre los requisitos de las clausulas suelo, la sentencia considera que la estipulación incluida en el préstamo hipotecario del Banco Popular es nula por no reunir las exigencias de transparencia aplicables, al tiempo que reitera la nulidad de la cláusula suelo del contrato del BBVA, ya declarada en otras sentencias anteriores.
     La sentencia cuenta con un voto particular concurrente del Magistrado D. Francisco Javier Orduña Moreno, que, sin cuestionar el fallo, expresa su discrepancia sobre las consecuencias de la abusividad del vencimiento anticipado y sus efectos sobre el proceso de ejecución hipotecaria que, en su opinión, debería ser siempre sobreseído.
     Madrid, enero de 2016.
     Área Civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

El CGPJ celebra el Día Europeo de la Mediación

Viernes, 22 de enero de 2016

     Miércoles, 20 de enero de 2016 

     El CGPJ celebra el Día Europeo de la Mediación

     El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial clausura este jueves una jornada de debate sobre la mediación intrajudicial en España

     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     El Consejo General del Poder Judicial celebra este jueves el Día Europeo de la Mediación, con un acto conmemorativo en su sede central, en el que intervendrán, entre otras personalidades, la vocal del CGPJ, Concepción Sáez, y la magistrada del Tribunal Supremo y presidenta de la sección española del grupo europeo de magistrados por la mediación (GEMME), Lourdes Arastey.

     Esta jornada de reflexión y debate sobre la mediación intrajudicial en nuestro país será clausurada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

     El Día de la Mediación se celebra en toda Europa, coincidiendo con la fecha de aprobación de la Recomendación sobre Mediación Familiar que fue adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998.

     En la jornada de mañana, que coordinará la magistrada y letrada del CGPJ, Ana María Carrascosa, se analizará la labor llevada a cabo por el CGPJ para impulsar la mediación como alternativa complementaria de la vía judicial, así como la situación actual de la mediación intrajudicial desde las distintas perspectivas profesionales y desde la óptica del derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la justicia.

     El Día Europeo de la Mediación contará igualmente con actos académicos de celebración en buena parte de los Tribunales Superiores de Justicia.

El Supremo condena a cuatro años y medio de cárcel a un empresario de Arafo (Tenerife) por un delito contra el medio ambiente

Jueves, 21 de enero de 2016

     Miércoles, 20 de enero de 2016 

     El Supremo condena a cuatro años y medio de cárcel a un empresario de Arafo (Tenerife) por un delito contra el medio ambiente

     El procesado incumplió repetidamente las órdenes de las autoridades para que suspendiera sus actividades, rompiendo el precinto de sus instalaciones

     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un empresario de Arafo (Tenerife) por actuar de “forma contumaz” contra el medio ambiente durante una década (2002-2012) en parcelas de su empresa mediante movimientos de tierras, extracciones, vertidos y explanaciones ilegales. Además, el acusado, responsable de ‘Construcciones y Demoliciones Arcadio S.L.’ incumplió repetidamente las órdenes de las autoridades de Medio Ambiente para que suspendiera sus actividades, rompiendo el precinto de sus instalaciones.

     La Audiencia de Tenerife le condenó a 4 años y medio de cárcel por delito contra el medio ambiente y a un año más por delito de desobediencia. El Supremo mantiene la primera de las condenas pero anula la impuesta por el delito de desobediencia, ya que, según explica, el primero de los delitos absorbe la desobediencia, ya que se trata del supuesto especialmente agravado de delito contra el medio ambiente que sanciona “que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades” (artículo 326.b del Código Penal).

Según la OIT, España tardaría al menos una década en volver a los niveles de desempleo previos a la crisis

Jueves, 21 de enero de 2016

     Según la OIT, España tardaría al menos una década en volver a los niveles de desempleo previos a la crisis
     ugt.es

     OIT | miércoles, 20 de enero de 2016

     Según el informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2016” elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante 2016 y 2017 se espera una modesta mejora de la tasa de desempleo en España aunque quedan muchos desafíos por afrontar.

     En relación a lo proyectado en 2015, y de acuerdo a las previsiones de la organización, se espera una tendencia a la baja de la tasa de desempleo durante los años 2016 y 2017 pero a pesar de los avances, y dada la tendencia observada en la tasa de desempleo en los últimos años, “el país tardaría al menos 10 años en volver a los niveles de antes de la crisis”.

     El documento refleja que el desempleo juvenil se mantiene por encima del 63% para jóvenes entre 16 y 19 años y del 42% para personas de entre 20 y 24 años, pero además “la proporción de población en riesgo de pobreza y exclusión social sigue aumentando en nuestro país, de 27,3% en 2013 al 29,2% en 2014 (mientras la media de la UE se mantiene estable entre 2013 y 2014 situándose en el 24,5% y el 24,4% respectivamente)”.

     También subrayan que el contrato temporal sigue aumentando con fuerza desde el 2013. La tasa de temporalidad interanual sube del 24,6% en el tercer trimestre de 2014 y al 26,2% en el mismo trimestre de 2015 mientras la tasa de temporalidad en la UE se sitúa en el 14,8% en el tercer trimestre de 2015, más de once puntos porcentuales por debajo de la española.

España, entre los países de la OCDE con mayor aumento del consumo privado en 2016

Jueves, 21 de enero de 2016

     15/01/2016
     España, entre los países de la OCDE con mayor aumento del consumo privado en 2016
     iee.madrid.es

     Según las previsiones de finales de año realizadas por la OCDE, el consumo privado crecerá, en promedio, un 2,5% en 2016, por encima del 2,3% previsto para el ejercicio 2015. La mayoría de países tendrán un aumento del consumo privado superior a la media, destacando Islandia con un 4,3%, Israel (3,9%), Estonia (3,7%) y Polonia (3,5%). Eslovaquia, Hungría y Luxemburgo lograrán tasas por encima del 3%. España está entre los diez primeros países de la OCDE en crecimiento del consumo privado en 2016 con una previsión del 3%, cifra que también se prevé como cierre del año 2015. Los Estados Unidos compartirán con España la tasa del 3,0%, mientras que Australia, Corea, Irlanda, Suecia y Chile, entre otros, se quedarán levemente por debajo. Turquía y el Reino Unido –ambos con un 2,6%- conseguirán superar la media.
     Entre los países que registrarán un incremento más débil del consumo privado están Alemania (2,0%)
     Y Francia (1,7%). Dinamarca, Portugal, Austria y los Países Bajos se situarán en el entorno del 1,5%. Italia y Japón registrarán un 1,4%, cerrando la clasificación Finlandia (0,4%) y Grecia con una caída del -0,8%.

Consideración de la tasa de basuras como cantidad asimilada a la renta a efectos de resolución del contrato por impago

Miércoles, 20 de enero de 2016

     Tribunal Supremo
     Sala Civil
     Gabinete Técnico – poderjudicial.es
     Sentencia 749/2015, de 30 de diciembre, RC 2164/2013
     Arrendamiento de vivienda regido por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.
     Consideración de la tasa de basuras como cantidad asimilada a la renta a efectos de resolución del contrato por impago. Cuando la causa 1ª del artículo 114 se refiere a cantidades asimiladas a la renta, está aludiendo a aquellas cuyo pago ha de asumir el arrendatario por mandato legal, empleando una fórmula abierta que ha de ser completada con las que en cada momento establezca la legislación aplicable.
     La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado D. Francisco Marín Castán, ha resuelto desestimar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada-apelante, arrendataria en un contrato de arrendamiento de vivienda anterior a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 (en adelante, LAU de 1964), contra la sentencia de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que acordó estimar el recurso de apelación formulado por la demandante arrendadora contra la sentencia dictada en primera instancia en el juicio verbal de desahucio por falta de pago de cantidades asimiladas a la renta. La Audiencia Provincial declaró resuelto el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes y condenó a la demandada a desalojar la vivienda y a pagar a la arrendadora la cantidad adeudada en concepto de tasa de basura.
     La cuestión jurídica que se plantea en el recurso de casación consiste en determinar si el importe de la tasa de recogida de basuras o residuos urbanos ha de ser considerado una cantidad asimilada a la renta, de modo que su impago constituya causa de resolución del contrato de arrendamiento conforme al artículo 114.1ª LAU de 1964.
     La Sala, tres reseñar la doctrina jurisprudencial sobre el impago por el arrendatario del importe del impuesto sobre bienes inmuebles y del coste de los servicios y suministros a que viene obligado -en arrendamientos regidos por el LAU de 1964- según la disposición transitoria segunda, apartado C) 10.2 y 10.5 de la LAU de 1994, recuerda que, como fundamento de dicha doctrina jurisprudencial, cuando la causa 1ª del artículo 114 LAU de 1964 se refiere a cantidades asimiladas a la renta, está aludiendo a aquellas cuyo pago ha de asumir el arrendatario por mandato legal, empleando una fórmula abierta que ha de ser completada con las que en cada momento establezca la legislación aplicable. Y que, por otro lado, la interpretación de las normas conforme a su espíritu y finalidad (artículo 3 del Código Civil) lleva también a considerar que la causa resolutoria del artículo 114-1ª de la LAU de 1964 ha de comprender actualmente tanto el impago por parte del arrendatario del impuesto de bienes inmuebles como el del coste de los servicios y suministros, en tanto dicha norma tiende a proteger al arrendador frente a los incumplimientos del arrendatario respecto de obligaciones de inexcusable cumplimiento.
     La Sala concluye que la aplicación de dicha doctrina al presente caso determina la consideración del importe de la tasa de recogida de basuras como cantidad asimilada a la renta en los términos del artículo 114.1ª LAU de 1964, ya que su pago ha de asumirlo el arrendatario tanto por tratarse de un servicio en su beneficio exclusivo como por mandato legal, ya que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en sus artículos 23 y 20.4 que el sujeto pasivo de la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos, en concepto de contribuyente, lo es la persona física o jurídica que resulte beneficiada por el referido servicio.

La organización de la supervisión financiera

Martes, 19 de enero de 2016

     18.01.2016 bde.es Banco de España. Eurosistema
     La organización de la supervisión financiera
     Participación en el acto de presentación de la “Guía del Sistema Financiero Español”/Analistas Financieros Internacionales (AFI) – Funcas
     Fernando Restoy.  Subgobernador
     Introducción
     Buenos días. Quiero agradecer a Emilio Ontiveros su invitación para participar en la presentación de la séptima edición de la Guía del Sistema Financiero Español, elaborada por AFI y patrocinada por Funcas, así como sus amables y, como siempre, exageradas palabras de introducción. La nueva versión de la guía recoge con precisión los numerosos cambios acaecidos tras la crisis como consecuencia, fundamentalmente, de la puesta en marcha de la unión bancaria en Europa y del considerable reforzamiento de los requisitos regulatorios. Con ello, esta guía se consolida como una obra de referencia que ha probado ser de extraordinaria utilidad para facilitar la compresión del complejo entramado de normas e instituciones españolas y europeas que configuran el esquema regulatorio y supervisor de nuestro sistema financiero.
     Este acto me ofrece además una excelente oportunidad para reflexionar sobre los distintos modelos de organización institucional de la supervisión financiera y, en particular, sobre la posibilidad de llevar a cabo ajustes adicionales en la estructura supervisora vigente en España.
     En ello quisiera centrar mi intervención. Para ello, comenzaré comentando la evolución del esquema supervisor en los principales países europeos; a continuación me referiré a los cambios que ha ocasionado la unión bancaria y finalizaré con algunos comentarios sobre el modelo supervisor español.
     La organización de la supervisión en los países europeos
     Los objetivos que persigue la supervisión financiera son múltiples, englobando la salvaguarda de la estabilidad financiera, el adecuado funcionamiento de los mercados de valores y la protección de los inversores. Estos objetivos se vinculan con funciones concretas como son la vigilancia de la posición patrimonial y de la liquidez de los bancos, compañías de seguros y otras entidades apalancadas cuya actividad supone la transformación de riesgos; y el seguimiento de la conducta de las entidades, intermediarios y del resto de los participantes en los mercados de productos y servicios financieros.
     A estas funciones se han añadido recientemente las denominadas políticas macroprudenciales, destinadas a la contención de los riesgos macrofinancieros, y la gestión de los procedimientos de resolución ordenada de las entidades de importancia sistémica.
     La adopción de un modelo de organización de la supervisión consiste en definir un número determinado de agencias supervisoras y asignar a cada una de ellas un ámbito concreto de actuación, unos objetivos específicos a perseguir y los instrumentos necesarios para alcanzarlos.
     Históricamente, los modelos elegidos han sido el resultado de la valoración que las autoridades han realizado de elementos como la estructura del sector supervisado, la necesidad de asegurar una suficiente economía institucional, aprovechando las sinergias existentes entre las distintas tareas supervisoras, o la necesidad de prevenir la aparición de posibles conflictos entre los objetivos asignados a una misma agencia. La experiencia acumulada durante periodos de crisis y los cambios acaecidos en la propia industria financiera han condicionado las preferencias de las autoridades a lo largo del tiempo.
     Por ejemplo, hasta finales del siglo pasado, predominaba en todo el mundo un modelo de distribución de las responsabilidades supervisoras por sectores (banca, seguros y mercado de valores). Este modelo típicamente incorporaba un supervisor –normalmente el banco central- que se encargaba de promover la adecuación de la solvencia y conductas de las entidades de crédito a la normativa sectorial vigente; un segundo supervisor, con similares competencias para las compañías de seguros; y un tercero que vigilaba el comportamiento de los participantes en los mercados de valores.
     Este modelo respondía bien a una estructura de la industria en la que los distintos tipos de entidades desempeñaban primordialmente su actividad en un solo sector –ya sea banca, seguros o mercados de valores- y a la ausencia de una preocupación generalizada sobre la existencia de posibles conflictos entre la vigilancia de la solidez patrimonial de las entidades y el seguimiento de su comportamiento con los clientes y los inversores.
     A mediados de la última década del siglo pasado, este modelo sectorial comenzó a ser reemplazado en numerosos países por un modelo de supervisión integrado –siguiendo el paradigma de la reforma instrumentada en el Reino Unido en 1997- en el que se asignaba la vigilancia de bancos, mercados y compañías de seguros, tanto en los aspectos de solvencia como de conducta, a una sola agencia supervisora separada del banco central.
     Con este movimiento se pretendía reconocer la creciente presencia de entidades en los distintos ámbitos de la actividad financiera, y el aumento de los grandes conglomerados financieros, que difuminaba las viejas fronteras sectoriales. Asimismo, el modelo de supervisor integrado permitía aprovechar la sinergias existentes en la supervisión –ya sea prudencial o de conductas- de distintos tipos de entidades. Finalmente, este modelo intentaba prevenir posibles conflictos de interés entre la política monetaria, que continuaba en manos del banco central, y la supervisión financiera, que se integraba toda ella, en una agencia separada.
     Más recientemente, sobre todo a raíz de la crisis iniciada en 2008, en Europa se ha extendido el modelo de pilares gemelos (twin peaks) por el que la supervisión se articula en torno a dos agencias: la primera, constituida en el ámbito del banco central, es la encargada de la vigilancia prudencial de todas las entidades capaces de generar riesgo sistémico (ya sean entidades de depósito, compañías de seguros o intermediarios en los mercados); mientras la segunda agencia adquiere la misión de vigilar las conductas de todo tipo de intermediarios y perseguir la protección de los inversores o consumidores de cualquier producto o servicio financiero.
     Frente al esquema de supervisor integrado, el modelo twin peaks pretende proteger al sistema de posibles conflictos de interés entre la vigilancia de la solvencia de las entidades financieras y la supervisión de las normas de conducta y de la integridad del mercado. Al mismo tiempo, con la integración de la supervisión prudencial en el banco central, el modelo twin-peaks refuerza la capacidad de preservación de la estabilidad del sistema financiero promoviendo la coordinación precisa entre la gestión de la liquidez del sector bancario –función que corresponde al banco central- y el seguimiento de la solidez patrimonial de las entidades de crédito, de la que se ocupa la supervisión prudencial.
     El predominio del modelo twin peaks en las distintas jurisdicciones nacionales pertenecientes a la UE apenas se ha visto afectado por la aparición de dos nuevas funciones supervisoras: la gestión de la resolución de entidades no viables y la adopción de políticas macroprudenciales para prevenir la aparición y mitigar los efectos desestabilizadores de posibles desequilibrios macrofinancieros.
     Como regla general, la función de resolución ordenada se ha situado en el ámbito del supervisor prudencial. En el caso de la política macroprudencial, por su parte, existe un consenso general en que sea el banco central el que ejerza el liderazgo de comités de estabilidad macrofinanciera donde también pueden participar representantes gubernamentales y otros supervisores.
     De este modo, en aquellos países de la UE donde se ha adoptado el modelo twin peaks – como Reino Unido, Francia, Italia, Holanda o Bélgica- el banco central no solo ejerce como supervisor prudencial de todo tipo de entidades financieras sino que también gestiona o lidera según los casos, a través de comités especiales e introduciendo murallas chinas entre las distintas funciones, las actuaciones de resolución y de política macroprudencial.
     La unión bancaria
     El desarrollo de la unión bancaria ha ejercido un impacto apreciable sobre la organización de la supervisión en Europa.
     En particular, los supervisores nacionales han cedido competencias a organismos europeos, aunque solo en el ámbito de la vigilancia prudencial y la política de resolución de las entidades de depósito. Las competencias relativas a la vigilancia de la solvencia de otros intermediarios -como compañías de seguros o empresas de servicios de inversión y del cumplimiento de las normas de conducta por parte de todas las entidades financieras permanecen bajo la tutela de las autoridades nacionales. Estas, además, como adecuadamente recoge el informe que hoy se presenta, contribuyen activamente a las funciones supervisoras y de resolución sobre las entidades bancarias significativas ejercidas a nivel europeo, y mantienen su jurisdicción sobre las menos significativas.
     Por ello, la cesión de soberanía que ha supuesto la unión bancaria no ha modificado, en general, la organización de la supervisión financiera a nivel nacional, si bien ha requerido el establecimiento de nuevas agencias europeas que han asumido las competencias transferidas desde las jurisdicciones nacionales.
     De hecho, la organización de la unión bancaria sigue un modelo de separación de funciones significativamente más estricto que el vigente en las jurisdicciones nacionales.
     Así, se han creado dos autoridades independientes: el Mecanismo Único de Supervisión, que gira en torno al BCE, y el Mecanismo Único de Resolución, que lo hace en torno al Consejo del mismo nombre. Además, aunque las decisiones supervisoras del BCE son adoptadas formalmente por su Consejo de Gobierno –que también define la política monetaria- estas son preparadas y pre-acordadas por un Consejo Supervisor independiente, de modo que el Consejo de Gobierno actúa solo bajo el principio de no objeción.
     De este modo, a la hora de definir el modelo institucional de la unión bancaria, el legislador europeo ha situado en un lugar prominente el objetivo de prevenir conflictos de interés entre la supervisión micro y macroprudencial y la política monetaria, por una parte, y entre la supervisión y la resolución bancaria, por otra. El objetivo es mitigar el riesgo de contaminación de la política monetaria, orientada al mantenimiento de la estabilidad de precios, por consideraciones relativas a la estabilidad financiera, y separar en lo posible las políticas encaminadas a la prevención de las crisis de solvencia, que ejerce el Mecanismo Único de Supervisión, de las destinadas a la gestión de las mismas, que lidera el Mecanismo Único de Resolución.
     El adecuado funcionamiento de este modelo, basado en el principio de separación, exige, no obstante, una intensa cooperación y coordinación entre las distintas autoridades involucradas.
     En el caso de la interacción entre las políticas monetaria y prudencial, la cooperación necesaria se deriva de la relación de complementariedad, al menos a medio plazo, entre la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera y, sobre todo, del posible impacto de los instrumentos disponibles en un ámbito sobre el objetivo que se persigue en el otro. Piénsese, por ejemplo, en la influencia que el nivel de los tipos de interés, que decide el banco central, tiene sobre variables tan relacionadas con la estabilidad financiera como el deseo de asumir riesgo por parte de los bancos y otros agentes, o la evolución de los precios de los activos financieros. En la otra dirección, téngase presente el efecto de los requerimientos prudenciales de la banca sobre la oferta de crédito para la financiación de la economía y, por lo tanto, sobre el desempeño de la actividad y los precios. Por ello, dada la interacción evidente entre los ámbitos de la política monetaria y de la política prudencial, es esencial que el principio de separación entre ambas sea aplicado con las dosis adecuadas de flexibilidad y pragmatismo.
     En el caso de la relación entre vigilancia prudencial y las actuaciones de resolución, la necesidad de coordinación es todavía más acusada. El Reglamento por el que se crea el Mecanismo Único de Resolución otorga a este no solo la gestión de los procesos de resolución ordenada de entidades débiles sino, también, la posibilidad de iniciar el proceso mediante la declaración de inviabilidad de una entidad –competencia que comparte con el supervisor- y, a estos efectos, le faculta para recabar toda la información precisa y para conducir sus propias inspecciones. Es decir, sin una adecuada coordinación, existe el riesgo de que las entidades vulnerables –que naturalmente son las que requieren una mayor atención por parte del supervisor prudencial- estén sometidas al escrutinio en paralelo de las dos agencias y de que emerjan discrepancias y fricciones que puedan resultar disfuncionales para gestionar situaciones muy delicadas para el mantenimiento de la estabilidad financiera.
     Afortunadamente, hasta el momento, puede constatarse una clara voluntad de buen entendimiento entre las autoridades europeas responsables de los Mecanismos Únicos de Resolución y Supervisión, que se plasmará próximamente en la firma de un memorando de entendimiento entre ambas que contribuirá al logro de la coordinación requerida.
     ¿Qué queda por hacer en España?
     El marco institucional de la supervisión en España ha ido evolucionando para adaptarse al nuevo esquema normativo europeo y global, y a la constitución de la unión bancaria. Con todo, la tarea no ha sido todavía completada.
     En el ámbito de las políticas macroprudenciales, como resultado de la nueva regulación sobre requerimientos de capital, el Banco de España ha asumido las competencias sobre la eventual activación de los instrumentos macroprudenciales que suponen actuaciones sobre las entidades de crédito. De hecho, el pasado mes de diciembre, el Banco adoptó las primeras decisiones en este ámbito que supusieron la identificación de las entidades consideradas sistémicas a nivel doméstico, la determinación del suplemento de capital regulatorio exigido a cada una de ellas y la fijación del colchón de capital anticíclico que prevé la normativa. Dada la posición cíclica actual de la economía española tras la intensa contracción de los niveles de PIB y de crédito experimentados desde 2008, el colchón fue situado inicialmente en un nivel igual a cero.
     Sin embargo, en España no se dispone todavía de un comité o foro macroprudencial, con representación de las autoridades gubernamentales y los supervisores financieros, que evalúe las condiciones macrofinancieras desde una perspectiva amplia y que tenga la capacidad de formular recomendaciones sobre las políticas públicas que puedan afectar a la estabilidad financiera. Estos comités se han constituido en la práctica totalidad de los Estados miembros de la UE, normalmente bajo el liderazgo del banco central, siguiendo la recomendación efectuada por la Junta Europea de Riesgo Sistémico que engloba a todas las autoridades reguladoras y supervisoras y los bancos centrales de la UE.
     En lo que se refiere a las funciones de resolución, España se ha ajustado ya a los requisitos de la normativa europea. Para ello ha adoptado una estructura por la que las tareas relativas a la preparación y planificación de la resolución para cada entidad se atribuyen a los supervisores sectoriales (Banco de España para banca y CNMV para empresas de servicios de inversión) y las relativas a la ejecución de las actuaciones de resolución se asignan al Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este último ejerce también, como saben, la función de gestión y eventual desinversión de las participaciones que el Estado mantiene en el capital de los bancos sometidos a planes de restructuración como resultado de las ayudas públicas otorgadas durante la crisis.
     Este esquema resulta ciertamente más complejo que el adoptado en la gran mayoría de los Estados miembros, que han situado todas las funciones de resolución, ya sean preventivas o ejecutivas, en el ámbito del supervisor prudencial nacional. Cabe señalar que, en España, la coordinación entre las autoridades de resolución y entre estas y el supervisor prudencial está funcionando correctamente hasta el momento. En cualquier caso, la Ley 11/2015 establece en su preámbulo que este esquema de distribución de funciones deberá ser evaluado una vez culminada -dentro de dos años- la ejecución de los planes de restructuración actualmente en marcha, a la luz de la experiencia acumulada hasta entonces, en aras del logro de una mayor eficiencia.
     Con todo, en lo que respecta a la organización de las funciones supervisoras tradicionales -esto es, solvencia, conducta y protección del inversor-, en España permanece un enfoque sectorial que, como señalaba antes, ha sido abandonado desde hace tiempo por los principales países de nuestro entorno.
     Así, el Banco de España mantiene las competencias supervisoras de la solvencia de las entidades de crédito y también de su conducta, en cuanto a la comercialización de productos de préstamo y depósito. La CNMV, por su parte, además de vigilar el funcionamiento de los mercados, supervisa la solvencia y la conducta de las empresas de servicios de inversión y de otros intermediarios en los mercados de capitales –como las gestoras de fondos de inversión- y la comercialización de productos financieros calificados como valores. Finalmente, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, vigila tanto la solvencia como la conducta de las compañías del sector asegurador, así como la operativa de los fondos de pensiones y de sus gestoras. Estos organismos gestionan, además, servicios de consultas y reclamaciones en sus respectivos ámbitos que tienen capacidad para emitir informes sobre disputas entre las distintas entidades y sus clientes, si bien, como saben, estos no tienen carácter vinculante.
     Este modelo de supervisión sectorial, que insisto constituye una rareza en el ámbito europeo, no incorpora las lecciones más relevantes de la crisis financiera en cuanto a la forma más adecuada de prevenir posibles conflictos de interés y de asegurar el aprovechamiento de las sinergias existentes entre las distintas funciones de vigilancia.
     Además, establece regímenes supervisores distintos, que implican esquemas de protección del inversor no homogéneos, sobre la comercialización de productos financieros, atendiendo a una categorización que los clasifica, a veces de modo artificioso, como valor, producto bancario o producto de seguros.
     Finalmente, el esquema institucional vigente en España mantiene desde siempre un segmento del sistema financiero –el formado por las compañías de seguros y los fondos de pensiones- bajo la vigilancia de un organismo con dependencia directa del Gobierno de turno, en contra de lo predicado por los estándares supervisores y las mejores prácticas internacionales. Algo parecido cabría señalar en relación con el sector de compañías de auditoría, que también desempeñan un papel relevante en el adecuado funcionamiento del sistema financiero y los mercados de capitales, y cuya supervisión se ejerce también, históricamente, por un organismo no independiente del Gobierno de la nación.
     La necesidad de modernizar la organización de la supervisión –con el fin de ajustarla al modelo de twin peaks predominante en Europa- fue en su momento defendida de forma generalizada por los responsables públicos. Por ejemplo, para las elecciones generales de 2008, los dos principales partidos políticos incluyeron en sus respectivos programas electorales proyectos muy similares de reforma del modelo supervisor en la dirección señalada. Según estos proyectos, las competencias en materia de estabilidad financiera y vigilancia prudencial de todo tipo de intermediarios financieros (banca, empresas de servicios de inversión y compañías de seguros) se situaban en una única autoridad, integrada en el Banco de España; y se asignaban la responsabilidad de la vigilancia de los mercados y la supervisión de la conducta de los intermediarios financieros a una segunda agencia establecida a partir de la actual CNMV.
     El desencadenamiento de la crisis financiera poco después y las necesidades de gestión de la delicada situación del sistema bancario, que se ha prolongado hasta muy recientemente, desaconsejaron la implementación en esos momentos de una reforma institucional que, indudablemente, hubiera supuesto un desafío organizativo considerable.
     En el momento actual –tras la culminación del intenso proceso de restructuración y reforma del sistema bancario- las circunstancias para reanudar la reflexión sobre una reforma ambiciosa del modelo institucional de la supervisión son ciertamente más favorables. De este modo, creo que tendría sentido volver a considerar un proyecto de reforma del esquema supervisor que tome como referencia, como estaba previsto en 2008, el modelo twin peaks que predomina en Europa.
     En todo caso, el nuevo modelo supervisor debería ajustarse para acomodar, como se ha hecho en otros países, el establecimiento de un comité macroprudencial –con participación de autoridades gubernamentales y de los supervisores- coordinado desde el Banco de España. Asimismo, con objeto de fortalecer la función de protección del inversor, debería también explorarse la posibilidad de integrar en el nuevo esquema un sistema reforzado de resolución de conflictos entre las distintas instituciones financieras y sus clientes –los actuales sistemas de reclamaciones- que previera la emisión de dictámenes vinculantes para las entidades afectadas.
     Comentario final
     En fin, resultan incuestionables los notables pasos dados para ajustar la organización de la supervisión financiera en nuestro país a las nuevas exigencias del entorno regulatorio e institucional en Europa.
     Con todo, inspirándose en las reformas aplicadas con éxito en otras jurisdicciones muy próximas a la nuestra, procede reflexionar sobre cambios adicionales que contribuyan a facilitar la preservación de la estabilidad financiera, proteger adecuadamente a los inversores y a los usuarios de todo tipo de servicios financieros, asegurar el correcto funcionamiento de los mercados y permitir la gestión eficaz de las crisis financieras con el mínimo coste posible para el contribuyente. Para ello, se requiere acertar en la adecuada asignación de objetivos e instrumentos concretos a las distintas agencias de modo que se mitiguen posibles conflictos de interés al tiempo que se mantiene un nivel apropiado de economía institucional y se asegura la independencia funcional y económica de los organismos supervisores. Creo que la costosa crisis financiera que hemos atravesado constituye la mejor motivación para acometer esta reforma cuando las circunstancias lo permitan.

La inflación cierra 2015 en el 0% gracias a los productos energéticos y los alimentos no elaborados

Lunes, 18 de enero de 2016

     15 de enero de 2016 mineco.gob.es
     La inflación cierra 2015 en el 0% gracias a los productos energéticos y los alimentos no elaborados
     El Índice de Precios al Consumo (IPC) registró en diciembre una tasa interanual nula, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa es tres décimas superior a la de noviembre y coincide con la adelantada por el INE a finales del pasado mes de diciembre. Los componentes del IPC que han contribuido a dicho aumento son los productos energéticos y, en menor medida, los alimentos no elaborados. Tras este resultado, la tasa media anual del IPC de 2015 se sitúa en -0,5%, frente al -0,2% de 2014.

     Los precios de los productos energéticos registraron en diciembre una tasa interanual del -7,5%, frente al -10% del mes previo. La menor caída fue debida, principalmente, a los combustibles y carburantes, que ralentizaron en más de tres puntos porcentuales el ritmo de descenso interanual, hasta el 10,6%. También influyó la energía eléctrica, que experimentó un avance interanual del 0,7%, tres décimas superior al del mes precedente.

     La tasa de variación interanual de los precios de la alimentación se mantuvo en el 1,7% en diciembre. Esta estabilidad se deriva de una ligera aceleración de la alimentación no elaborada, una décima hasta el 2,5%, y de la no variación de la alimentación elaborada. En el caso de la alimentación fresca, la ligera aceleración respondió a las frutas frescas y el pescado fresco y congelado, parcialmente compensados por las carnes de ovino y pollo y por la moderación en la partida de legumbres y hortalizas frescas (2%, frente al 4,4% del mes anterior). Por su parte, la tasa anual de alimentación elaborada, bebidas y tabaco se mantuvo en el 1,4% por quinto mes consecutivo. Aceites y grasas continúa siendo la partida más inflacionista de este grupo, con un incremento interanual del 23,6%, si bien esta tasa se ha moderado en los últimos meses.

     La inflación subyacente (que excluye los elementos más volátiles del IPC, como la alimentación fresca y energía) se moderó en diciembre una décima, hasta el 0,9%, y su tasa media anual se situó en el 0,6% en 2015, frente al 0,0% del año anterior. El ligero descenso en diciembre se explica por los precios de los BINE (Bienes Industriales no Energéticos), cuya tasa anual disminuyó una décima, hasta el 0,6%. La inflación de servicios se mantuvo en el 1% y la de alimentación elaborada en el 1,4%.

     La desaceleración de los BINE fue debida, a su vez, a la moderación en el vestido y calzado, cuya tasa anual se redujo un décima, hasta el 0,5%, interrumpiendo la evolución alcista que mostraba desde la primavera de 2015. Esto puede responder a un mayor adelanto de las primeras rebajas de invierno que en el pasado ejercicio. Dentro de servicios, destaca la moderación de dos décimas en la partida turismo y hostelería, generada a su vez por el comportamiento de los precios de los viajes organizados, que se desaceleran 1,2 puntos, hasta el 2,8%.

     En términos intermensuales, el IPC general disminuyó un 0,3% en diciembre y el subyacente se mantuvo estable. La caída del índice general se explica por un descenso de los precios de los productos energéticos del 2,2%, debido a los combustibles y carburantes, y de los BINE, especialmente de la rúbrica de vestido y calzado, que anota un descenso del 2%, por el adelanto de las rebajas de invierno. También ha contribuido a esta caída del Índice General el ligero descenso de la alimentación no elaborada (-0,1%), especialmente de las partidas de frutas frescas (-2,9%) y legumbres y hortalizas frescas (-1,4%).

     La tasa interanual del IPC aumentó en diciembre en todas las Comunidades Autónomas, situándose en valores positivos en Illes Balears, Cataluña, País Vasco (0,3% en las tres), Comunidad Valenciana (0,2%) y La Rioja (0,1%). En la Comunidad de Madrid y Andalucía la inflación fue nula y en el resto se registraron tasas negativas. Por otro lado, la tasa anual del IPC a impuestos constantes se situó en diciembre en el 0%, igual que la del IPC General.

     El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de diciembre, cuya tasa anual se sitúa en el -0,1%, tres décimas superior a la del mes anterior. Si se compara esta tasa con la estimada por Eurostat para el conjunto de la zona euro en el mes de diciembre (0,2%), el diferencial de inflación favorable a España se modera tres décimas, hasta 0,3 puntos porcentuales

Salir de la recesión no es sinónimo de salir de la crisis

Domingo, 17 de enero de 2016

     Salir de la recesión no es sinónimo de salir de la crisis

     Paro diciembre 2015

     UGT | martes, 5 de enero de 2016 ugt.es

     La Unión General de Trabajadores valora el buen comportamiento del paro en el mes de diciembre, gracias a la campaña navideña y a la evolución desempleo en el sector servicios, pero alerta de que la creación de empleo en 2015 debe tratarse con cautela, en el marco de una recuperación de la actividad económica basada en la estacionalidad, la temporalidad –que supera el 26% de los asalariados- y la precarización de las condiciones de trabajo y de la contratación en nuestro mercado laboral – con 2,7 millones de ocupados a tiempo parcial de los que 1,7 son involuntarios-.

     El sindicato denuncia la disminución de la cobertura por desempleo que alcanza ya al 55% de los desempleados y  recuerda que se mantiene la extensión del paro de larga duración ya que, en el tercer trimestre de 2015, el 60,7% de las personas en paro llevaba más de un año buscando empleo y el 44,5%, más de dos años.

     Además de reponer los derechos de los trabajadores derogando la reforma laboral, es necesario recuperar el poder adquisitivo de los salarios, potenciar las políticas activas de empleo y dar un giro a la política económica que debe apostar por innovación, formación y conocimiento, factores que generen empleos de calidad, a la vez que reducen las desigualdades y la pobreza.

     En este sentido, son áreas prioritarias las inversiones que activen el crecimiento económico, junto al reforzamiento del sistema de protección social y de la prestación de servicios públicos de calidad.

     El año 2015 finaliza con 4.093.508 parados registrados, según los datos publicados esta mañana para diciembre por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta cifra supone un descenso intermensual de 55.790 personas con respecto a noviembre (-1,34%), mostrando el menor descenso absoluto de los últimos cuatro años.

     En términos interanuales, la reducción es del 7,96%, es decir, 354.203 parados registrados menos que en el mes de diciembre de 2014. En términos desestacionalizados la reducción es de 1.258 personas.

     •En el último mes del año sólo descendió el desempleo femenino (un 2,57%, con una reducción de 58.525 mujeres desempleadas), mientras el masculino aumentó en 2.735 hombres (un 0,15%). Este hecho se explica por el comportamiento de la actividad económica. Desde diciembre de 2014 se han reducido ambos (un 11,23% en el caso de los hombres y un 5,01% entre las mujeres).
     •Por sectores de actividad, el paro registrado en el mes de diciembre se reduce sólo en servicios (-2,22%), agricultura (-1,09%) y en el colectivo sin empleo anterior (-3,52%). En cambio, aumenta en la industria (un 1,25%) y la construcción (un 3,53%). En términos anuales, desciende el desempleo en todos los sectores: en la agricultura un 8,7%, en la industria un 13,19%, en la construcción un 16,54%, en los servicios un 5,45% y en el grupo sin empleo previo un 7,96%.
     •En diciembre estaban registrados como desempleados 342.177 jóvenes menores de 25 años. Ha descendido el desempleo en el mes entre los menores de 25 años un 6,8% (24.970 parados jóvenes menos en este mes), y 45.773 parados jóvenes menos en términos anuales (un -11,8%).

     •Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros, el número de desempleados desciende en el mes un 1,28%, hasta la cifra de 487.217 personas. En la variación anual se observa un descenso del 8,24%.

     •El número total de contratos registrados en diciembre se reduce un 0,62% respecto al mes anterior, situándose la cifra total en 1.594.915 contratos firmados. Disminuye un 18,82% el volumen de contratos indefinidos y crece un 1,02% el de temporales. Si lo comparamos con los registrados en diciembre de 2014, el global de los contratos registrados se incrementa un 15,23%; en este caso el aumento de la contratación temporal (del 15,8%) es muy superior al de la indefinida (8,02%).

     •La proporción de indefinidos sobre el total de contratos se sitúa en un mínimo de 6,76%, frente al 8,5% obtenido en diciembre de 2014; es decir, casi dos puntos por debajo.

     •La contratación indefinida a tiempo completo cae en el mes un 14,53%, aunque en el año aumenta un 9,99%. Por el contrario, el empleo temporal a tiempo completo crece un 2,26% en diciembre, y anualmente lo hace un 16,4%. Destaca la evolución de los contratos temporales a tiempo parcial, que aumentan un 14,56% en un año.

     •Se han registrado 9.646 contratos para emprendedores, mostrando un descenso mensual del 24,4% y un aumento anual del 30,9%.

     •La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 17.308.400 cotizantes, un 3,18% más que en diciembre de 2014. En el mes se han afiliado 85.314 personas más, un 0,5%, de las cuales 45.506 pertenece al régimen general (31.914 al sector del comercio y 14.200 a actividades sanitarias y servicios sociales).

     •El número de beneficiarios de prestaciones cae de nuevo en noviembre de 2015 frente a noviembre de 2014 (un 12,2%), un nuevo descenso que rebaja la tasa de cobertura al 55,25%, 4,6 puntos menos que un año antes. El gasto total del sistema de protección por desempleo ha descendido un 13,3% respecto a noviembre de 2014, así como el gasto medio por beneficiario (un -1,2%).

     Conclusiones

     Valoración de los datos del mes de diciembre

      UGT valora el buen comportamiento del mes de diciembre, gracias a la campaña navideña y a la evolución del empleo en el sector servicios (comercio y actividades sanitarias). No obstante, alerta sobre el carácter estacional de esta situación, que muestra no sólo la elevada temporalidad que supone sino un problema de fondo: la precarización de la contratación en nuestro mercado laboral.

     Balance anual de la situación

     Este verano de 2015 se cumplieron ocho años desde que estalló en Estados Unidos la crisis económica mundial, cuyas consecuencias aún perduran. En España, el análisis de cierre de 2015 deja una mejora en la actividad económica, visible desde mitad de 2014, y que está impulsada por la relajación monetaria del Banco Central Europeo, la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales y la depreciación del euro frente al dólar.

     Pero la salida de esta segunda recesión en nuestro país ha llegado tarde y ha quedado marcada por el daño irreparable sufrido por el mercado de trabajo, en términos de extensión del desempleo, de desprotección de las personas y de precarización de las condiciones laborales. Como consecuencia, se siguen acrecentando las desigualdades económicas y sociales, dando lugar a un descenso de la renta media y a un incremento en los niveles de riesgo de pobreza y exclusión social. Para UGT, salir de la recesión no es sinónimo de salir de la crisis.

     La depresión sufrida en España se ha manifestado con especial virulencia en el mercado de trabajo, en cuanto a pérdida de empleo y aumento del paro y en términos de un avance de la precariedad en la contratación.

     La creación de empleo ocurrida en 2015, debe tratarse con cautela, en el marco de una recuperación de la actividad económica y considerando la fuerte incidencia de la estacionalidad en España. Al mismo tiempo, se han reducido el número de parados y la tasa de paro, debido en parte al efecto desánimo de la población activa. Es necesario tener en cuenta que la tasa de actividad ha disminuido, estancándose en valores inferiores al 60 por ciento que se había logrado en años previos.

     Empleos más precarios

     Cabe destacar los efectos que la reforma laboral y sucesivas normas, así como los recortes en los gastos públicos y la ausencia de políticas activas de empleo eficaces, están teniendo sobre el mercado de trabajo.

     En primer lugar, la temporalidad sigue en ascenso: en el tercer trimestre de 2015 llega a valores olvidados desde ese mismo trimestre de 2011, superando el 26 por ciento de los asalariados. Este mes de diciembre muestra que menos de 7 de cada 100 contratos realizados han sido indefinidos. Este hecho constata que el crecimiento del empleo está ligado a la estacionalidad y, más grave, que el empleo que se está generando lo hace bajo unas condiciones más precarias.

     A ello se ha unido, en la última parte de la crisis, la contratación a tiempo parcial, sobre todo de carácter involuntario. De los 2,7 millones de ocupados a tiempo parcial, 1,7 lo hace de manera involuntaria. La parcialidad se consolida como un elemento estructural más de nuestro mercado de trabajo que permite obtener mejores ritmos de creación de empleo: entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 la contratación temporal a tiempo parcial ha crecido un 14,56%. Una tendencia que se está afianzando, con picos de parcialidad cada vez más altos.
Junto a estos fenómenos, surge un trabajo indefinido precario, camuflado bajo el contrato de apoyo a emprendedores introducido en la reforma laboral -entre otras modalidades-, que va desplazando a la tradicional contratación temporal, y que muestra unos rasgos muy similares: inestabilidad, bajos salarios y flexibilidad a favor de la empresa.

     Desprotección de las personas

     En definitiva, la recuperación en 2015 ha ido acompañada de peores condiciones laborales. Aunque la evolución del paro señala un continuado descenso, no hay que olvidar que la mejora esconde una elevada precariedad y rotación derivada de la naturaleza de los empleos que se están creando, básicamente temporal y a tiempo parcial.

     Conviene destacar la extensión del paro de larga duración. En 2008, un 21,5 por ciento de las personas en paro llevaba más de un año buscando empleo, un porcentaje que se sigue elevando hasta el 60,7 por ciento en el tercer trimestre de 2015, siendo cada vez mayor la incidencia de las personas que llevan buscando empleo más de dos años (más del 44,5 por ciento de los desempleados).
     Junto a ello, se sucede el fenómeno de la precariedad en el propio desempleo. Las cifras muestran que la cobertura cada vez es menor. En 2008, el 73,6 por ciento de los desempleados registrados tenía una prestación por desempleo. En 2015 la cobertura ha descendido al 55 por ciento, mostrando casi 20 puntos de diferencia respecto al inicio de la crisis.

     El endurecimiento de las condiciones de acceso ha provocado que el número de beneficiarios de prestaciones vaya descendiendo.

     El giro necesario de las políticas económicas y de empleo

     Los datos de 2015 muestran una recuperación económica desequilibrada, excluyente y construida sobre pies de barro; es decir, con actividades de escaso valor añadido y tecnológico, un empleo precario, menos cualificado y peor remunerado.

     En el nuevo contexto económico y político será necesario reorientar las políticas económicas -europeas y nacionales- con medidas expansivas que impulsen la demanda agregada, y se centren en la redistribución de la renta.

     Es imprescindible que la política económica apueste por los factores que permiten a una economía crecer a medio y largo plazo, en innovación, formación y conocimiento, logrando aumentos de productividad y competitividad, y que generen empleos de calidad, a la vez que reducen las desigualdades y la pobreza.

     En este sentido, son áreas prioritarias las inversiones que activen el crecimiento económico, junto al reforzamiento del sistema de protección social y de la prestación de servicios públicos de calidad.

     En términos de empleo, la protección social debe garantizarse, mejorando la cobertura y reforzando las prestaciones por desempleo. Acompañando a esta medida, es imprescindible potenciar las políticas activas de empleo desde el ámbito público, dado que han sufrido las tijeras de la austeridad de manera especialmente acusada. Asimismo, es preciso reponer los derechos de los trabajadores y derogar en su totalidad la reforma laboral, que sólo ha conseguido degradar las condiciones laborales.

     Por último, reivindicamos el importante papel que juegan los salarios. En este sentido, el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado por los interlocutores sociales en junio de 2015, para el periodo 2015 a 2017, tiene como fin ir recuperando la capacidad adquisitiva perdida por los salarios durante la etapa de recesión ya que, en esta nueva fase de expansión, deben ganar poder de compra para acompañar a la recuperación de la demanda interna.

      Por su parte, la subida del 1% para 2016 del Salario Mínimo Interprofesional, decidida unilateralmente por el gobierno en funciones, resulta inaceptable e incoherente con el contexto de recuperación económica.

CEOE: La inflación cierra con un mínimo histórico en 2015 y se mantendrá baja en 2016

Sábado, 16 de enero de 2016

     CEOE: La inflación cierra con un mínimo histórico en 2015 y se mantendrá baja en 2016

     15/01/16 La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de diciembre ha sido del 0,0%, tres décimas superior a la del mes anterior. La inflación subyacente disminuye una décima hasta el 0,9% en términos interanuales. La variación mensual en diciembre ha sido del -0,3%. 
     ceoe.es
     La inflación en diciembre ha salido de las tasas negativas en las que se encontraba desde agosto debido a descensos algo menos intensos en los precios energéticos y al moderado comportamiento que mantiene la inflación subyacente. La inflación general sin productos energéticos sería del 1,1%.
     Para el conjunto de 2015, la inflación promedio se ha situado en el -0,5%, tres décimas inferior al -0,2% de 2014, lo que supone un nuevo mínimo de la serie histórica. Esta situación se explica por el acusado descenso de los precios energéticos, muy influidos por la notable bajada del precio del petróleo. Por su parte, la inflación subyacente para el promedio del año 2015 ascendió hasta el 0,6%, tras el 0,0% del año anterior.  
     El Índice de Precios de Consumo Armonizado también repunta tres décimas en diciembre hasta el -0,1%. España acumula veintiocho meses con una inflación por debajo del promedio de la Unión Monetaria (indicador adelantado de 0,2% en diciembre), prolongando la ganancia de competitividad-precio con la Zona Euro, aunque el diferencial  se ha reducido en este último mes hasta los 0,3 puntos.
     Para el conjunto de 2016, la evolución de la inflación volverá a estar muy condicionada por el comportamiento del precio del petróleo, que de mantenerse en los niveles actuales podría devolver la inflación a tasas negativas, al menos, durante la primera mitad del año, recuperando valores positivos en los meses finales. Así, para promedio del año 2016 la inflación podría ser nula o ligeramente negativa. Por su lado, la subyacente, se prevé que acelere un par de décimas hasta el 0,8%.
     Dado que la inflación en Europa también está siendo muy baja, conviene recordar que cualquier deterioro de la competitividad supondrá una limitación para la recuperación de la economía española. Por ello, se debe continuar con la moderación salarial para seguir aumentando la competitividad y favorecer la creación de empleo.

Nace la asociación de registradores para la mediación, el arbitraje y la conciliación

Viernes, 15 de enero de 2016

     Conviventia se ha presentado hoy en Valencia
     Nace la asociación de registradores para la mediación, el arbitraje y la conciliación
     Valencia, 14 de diciembre de 2015
     El Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunidad Valenciana ha acogido esta tarde la presentación en Valencia de Conviventia, Institución Registral de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IRMAC).
Constituida en el día de hoy y por tiempo indefinido, esta asociación tiene como fines promover, informar y divulgar la mediación, el arbitraje y la conciliación como procesos alternativos para la resolución de los conflictos, tanto los derivados de la propia convivencia, como de las relaciones sociales, laborales, profesionales, o empresariales, en especial los surgidos en los ámbitos civiles y mercantiles de trascendencia patrimonial.
     Además de contribuir con su actividad al beneficio general de la sociedad, entre sus objetivos destaca la formación de los registradores de la propiedad y mercantiles como árbitros o mediadores, para resolver conflictos en todas aquellas materias en las que por su preparación puedan ser considerados especialistas, tanto en el ámbito civil como hipotecario o mercantil.
     En el acto de presentación han intervenido María Emilia Adán, decana autonómica del Colegio de Registradores de la Propiedad, Julio Fuentes, secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Juan Francisco Mejías, magistrado y miembro de la junta directiva del GEMME (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España), y María Jesús Fernández, mediadora y directora de Promediación.

     Registro de asociados
     La asociación servirá de cauce a las solicitudes de mediación, arbitraje o conciliación tanto de la Administración como de los particulares o empresas. Para ello, elaborará un registro de asociados que pondrá a disposición de los solicitantes.  Los criterios para establecer los turnos dentro de esta bolsa de trabajo y derivar y asignar las solicitudes se basarán en la absoluta transparencia del procedimiento, la voluntariedad del asociado, la formación acreditada como mediador o árbitro, y el grado de especialización en cada caso, entre otros.
     Socios y colaboradores
     Para ser asociado de Conviventia se requiere ser registrador de la propiedad y mercantil en activo, excedencia o jubilado y presentar la correspondiente solicitud de admisión. Se prevé también la existencia de asociados colaboradores, aunque no posean la condición de registradores.
     Puesta de largo
     Entre las numerosas autoridades que han estado presentes en el acto de hoy destaca el secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Josep Vicent Boira, la directora general de Justicia, Mª Ángeles García, el director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Alberto Sanchís,  el director del Servicio de Estudios del Colegio Nacional de Registradores, Juan Mª Díaz Fraile, así como representantes de los colegios profesionales de ingenieros industriales, procuradores y administradores de fincas, Unión Profesional de Valencia, representantes de las principales facultades de Derecho, y representantes de entidades de mediación y arbitraje de Valencia.

El Gobierno aprueba el segundo ciclo de planificación hidrológica

Viernes, 15 de enero de 2016

     El Gobierno aprueba el segundo ciclo de planificación hidrológica
     8/01/2016 magrama.gob.es

     Se han aprobado hoy un total de 16 planes hidrológicos, incluidos todos los de competencia estatal (12) y los planes de competencia autonómica de Galicia Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas
     El Gobierno de España ha aprobado en esta legislatura dos ciclos de planificación hidrológica, cumpliendo el compromiso de acompasar el ritmo de planificación de nuestro país al del resto de los países europeos
     Los planes hidrológicos son la herramienta fundamental para la gestión del agua, al permitir el equilibrio entre la consecución de los objetivos ambientales y los objetivos de atención a las demandas
     Los nuevos planes de cuenca cuentan con unas inversiones de más de 17.500 millones de euros hasta 2021
     El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha culminado hoy el segundo ciclo de planificación hidrológica en todas las cuencas competencia del Estado con la aprobación, mediante Real Decreto, de los 12 planes hidrológicos de competencia estatal que afectan a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro, Ceuta y Melilla.

     Los planes hidrológicos, correspondientes al periodo 2016-2021, se han sometido previamente a un amplio proceso de información pública y han sido informados favorablemente y por una amplia mayoría por el Consejo Nacional del Agua, con más de 80% de votos a favor.

     La aprobación de los planes hidrológicos del segundo ciclo va a permitir además a nuestro país impulsar una política del agua destinada a alcanzar un equilibrio entre la consecución de los objetivos ambientales y los objetivos de atención a las demandas.

     Estos planes hidrológicos son necesarios para conocer las necesidades y los recursos hídricos y establecer las medidas a adoptar para una adecuada gestión del agua.

     Más de 17.500 millones de euros de inversión hasta 2021

     Algunas novedades de los nuevos planes son la  actualización del inventario de zonas protegidas; el refuerzo de los programas de seguimiento de las masas de agua; la incorporación de un estudio sobre la recuperación del coste de los servicios del agua más amplio; y la reorganización de los programas de medidas de los planes hidrológicos, que contemplan unas inversiones hasta 2021 de más de 17.500 millones de euros para la ejecución de las actuaciones previstas en los  programas de medidas de cada Plan.

     El 65% de esta inversión, aproximadamente, corresponde a medidas destinadas a cumplir los objetivos ambientales y objetivos de protección frente a inundaciones establecidos en la normativa europea, mientras que el 35% restante se englobaría dentro de las medidas previstas para la satisfacción de las demandas y otros usos sectoriales relacionados con el agua.

     Mejora la protección del medio ambiente

     Los nuevos planes hidrológicos contribuyen decisivamente a la mejora de la protección del medio ambiente. Así, los ríos españoles estarán en mejores condiciones de conservación, contribuyendo a la protección de los ecosistemas y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

     Así, entre otras medidas, se incrementan los caudales ecológicos. También se priorizan las necesidades de nuestros ríos, y se mejoran la calidad de las aguas mediante actuaciones de depuración y saneamiento; y se potencia la creación de reservas fluviales.

     Acompasar la planificación española a la del resto de la UE

     Con la aprobación de los planes del segundo ciclo de competencia estatal, este Gobierno ha aprobado, en esta legislatura, dos ciclos de planificación hidrológica (el primero –2009-2015– y el segundo –2016-2021–).

     España logra así superar el retraso acumulado y cumple el compromiso de acompasar el ritmo de planificación hidrológica española al del resto de los países europeos.

     Posibilita el acceso a nuevos fondos comunitarios

      Esto ha permitido no solo que España haya cumplido sus obligaciones con la Directiva Marco del Agua, sino que ha evitado el bloqueo a nuestro país de los fondos comunitarios. La aprobación de los planes hidrológicos del segundo ciclo era una condición necesaria para el acceso a dichos fondos.

     La aprobación de los planes, además, hará que nuestro país pueda iniciar el tercer ciclo de planificación hidrológica junto al resto de socios comunitarios.

     Cuatro planes hidrológicos más de competencia autonómica

     Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado también hoy otros cuatro planes hidrológicos intracomunitarios (de competencia autonómica), correspondientes a las cuencas de Galicia Costa,Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

     A estos cuatro planes intracomunitarios se suma el Plan Hidrológico de las Islas Baleares, aprobado el pasado mes de julio, con lo que con la aprobación de los planes de competencia autonómica de Cataluña y de Canarias se culminará el segundo ciclo de planificación en las cuencas en las que la competencia recae en las Comunidades Autónomas

El TSJPV anula el acuerdo del ayuntamiento de Amurrio que externalizó la inspección tributaria

Jueves, 14 de enero de 2016

     Miércoles, 13 de enero de 2016 

     El TSJPV anula el acuerdo del ayuntamiento de Amurrio que externalizó la inspección tributaria

     No se puede delegar en una empresa externa la labor reservada a los funcionarios

     Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV ha fallado en contra de la externalización de la inspección tributaria. Este pronunciamiento se ha realizado en relación con una adjudicación del ayuntamiento de Amurrio (Vitoria), que subraya que no se puede delegar en una empresa externa la labor reservada a funcionarios.

     El alto tribunal vasco estima el recurso de apelación interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Vitoria, declarando la nulidad de dicho acuerdo municipal.

La Audiencia de A Coruña pregunta al Tribunal de la UE sobre la retroactividad en la devolución de la cláusula suelo

Miércoles, 13 de enero de 2016

     Martes, 12 de enero de 2016 

     La Audiencia de A Coruña pregunta al Tribunal de la UE sobre la retroactividad en la devolución de la cláusula suelo

     La Sala solicita al Tribunal que se siga la tramitación de esta cuestión por el procedimiento acelerado “debido al elevado número de consumidores afectados”

     Autor :Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

     La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al periodo de retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas por las entidades bancarias como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo. La Sala solicita al Tribunal que se siga la tramitación de esta cuestión por el procedimiento acelerado “debido al elevado número de consumidores afectados”.

     El auto explica que el tribunal debe resolver sobre el carácter retroactivo de la nulidad de una cláusula (considerada abusiva por falta de transparencia) inserta en un contrato de préstamo hipotecario celebrado con un consumidor. “La consecuencia de afirmar dicho efecto retroactivo pleno es la obligación de la entidad bancaria prestamista de devolver todas las cantidades que indebidamente percibió por la aplicación de la cláusula declarada nula desde la celebración del contrato de préstamo”, afirman los magistrados, quienes albergan dudas sobre la correcta interpretación del Derecho de la Unión que afecta a estas situaciones.

     “Dado el principio de no vinculación de una cláusula nula por abusiva”, indican, la duda que se plantea “es si los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, pueden interpretarse en el sentido de que permiten al juez nacional limitar los efectos retroactivos de la nulidad y si le permiten declarar que la cláusula nula por abusiva inserta en el contrato con un consumidor produzca sus efectos hasta una determinada fecha posterior a la celebración del contrato”.

     La Audiencia plantea esta cuestión en el marco de un recurso de apelación que tiene pendiente de resolver con respecto a una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Santiago que condenó a la entidad bancaria a devolver las cantidades indebidamente percibidas en virtud de dicha cláusula desde la fecha del contrato.

La AEPD informa al Grupo de Autoridades europeas de protección de datos de los avances en relación a la política de privacidad de Google

Martes, 12 de enero de 2016

     La AEPD informa al Grupo de Autoridades europeas de protección de datos de los avances en relación a la política de privacidad de Google
     agpd.es
     La Agencia ha constatado que Google ha introducido modificaciones significativas en materia de información, consentimiento y ejercicio de derechos, áreas sobre las que la AEPD le requirió que hiciese cambios. La compañía se ha comprometido a adoptar medidas adicionales específicamente solicitadas por la Agencia y a mantener un diálogo constante.
• La Agencia ha examinado la evolución en el último año de la política de privacidad de Google, en el marco del seguimiento de la resolución sancionadora hecha pública hace dos años
• La AEPD ha constatado que la compañía ha introducido modificaciones significativas en materia de información, consentimiento y ejercicio de derechos, áreas sobre las que la AEPD le requirió que hiciese cambios
• Google también se ha comprometido a adoptar medidas adicionales específicamente solicitadas por la Agencia y a mantener un diálogo constante tanto sobre la aplicación de nuevas medidas como a informar de futuros cambios que puedan afectar a la privacidad de los ciudadanos

 

     (Madrid, 11 de enero de 2016). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha participado recientemente en la reunión plenaria del Grupo de Autoridades europeas de protección de datos (GT29). El Grupo analizó, entre otros temas, los avances realizados en los procedimientos nacionales abiertos respecto a la política de privacidad unificada puesta en marcha por Google en 2012. En el caso español, el procedimiento concluyó en diciembre de 2013 declarando la existencia de tres infracciones graves de la normativa de protección de datos, imponiendo una sanción de 900.000 euros y realizando un requerimiento a la compañía para que adoptase las medidas necesarias para ajustar su política de privacidad a la normativa española.

 

     La AEPD comunicó al Grupo que ha estado examinando la evolución en el último año de la política de privacidad de Google. En este sentido, la Agencia ha constatado que, con posterioridad a la resolución y tal y como se le requería en la misma, la compañía ha introducido modificaciones significativas en materia de información ofrecida a los usuarios, consentimiento y ejercicio de derechos, áreas en las que se centraban los incumplimientos detallados en el procedimiento sancionador de la AEPD y sobre las que se le instaba a hacer cambios.

 

     Algunas de las medidas puestas ya en marcha por la compañía a solicitud de la Agencia Española son las siguientes:
• Se ha habilitado el centro “Información personal y privacidad” a partir del enlace “Mi cuenta” a los usuarios con cuenta en Google, donde se ofrece información adicional y opciones de gestión de la información recogida por Google, con algunas posibilidades de gestión también para usuarios no autenticados.
• Se ha lanzado una campaña de recordatorios online cuando un usuario pretende hacer uso de los servicios de Google, tanto para usuarios autenticados como no autenticados, que obliga a acceder a la información de privacidad y fijar los parámetros de configuración.
• El usuario tiene ahora la capacidad de desconectar selectivamente servicios que antes tenía activados de forma obligatoria y a los que se comunicaban datos de su actividad, incluyendo la posibilidad de eliminar completamente su cuenta.
• Se ha suprimido la limitación al uso de varias cuentas abiertas por un mismo usuario. De esta forma, un usuario puede tener distintas cuentas y evitar la comunicación de datos entre las mismas.
• La compañía ha incluido un formulario para solicitar el acceso a datos accesible desde la política de privacidad así como un enlace para ponerse en contacto con la compañía, herramientas para consultar los historiales de actividad y varias formas de acceder al formulario para ejercer el denominado “derecho al olvido”.

 

     Asimismo, Google se ha comprometido a adoptar una serie de mejoras adicionales específicamente solicitadas por la AEPD, como aumentar la lista de servicios con políticas específicas de privacidad y extender las campañas de recordatorios de privacidad tanto a otros productos de Google como a los usuarios de Android. Además, entre los compromisos adoptados por la compañía también se encuentra mantener un diálogo constante con la Agencia sobre la aplicación de nuevas medidas y a informar de futuros cambios que puedan afectar a la privacidad de los ciudadanos.

 

     La información sobre estos avances fue comunicada al GT29, que a su vez acordó continuar con los trabajos de actuación coordinada iniciados a este respecto por las Autoridades de Protección de Datos de Alemania, España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido.

 

Declaración del presidente del Gobierno

Lunes, 11 de enero de 2016

     Declaración del presidente del Gobierno

     La Moncloa, Madrid, domingo, 10 de enero de 2016

     lamoncloa.gob.es

     El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha efectuado esta noche, en el Complejo de La Moncloa, la siguiente declaración:

     “Comparezco ante todos ustedes para exponer la valoración del Gobierno de la Nación sobre el programa político planteado por el candidato a la presidencia de la Generalitat en el Pleno de investidura que se está celebrando en el Parlament de Cataluña.

     Hoy hemos escuchado el discurso de investidura de un nuevo candidato, basado en una ilegalidad ya constatada. El discurso ha sido una repetición de la intervención de Artur Mas el pasado 9 de noviembre. Un discurso que se basa en una declaración del Parlamento de Cataluña que el Tribunal Constitucional ya ha anulado y ha dejado sin efecto.

     Porque el discurso soberanista no ha cambiado pero, en estos dos meses, el Estado de Derecho ha certificado que ese discurso carece de legitimidad democrática.

     El pasado 2 de diciembre el Tribunal Constitucional dejó claro que la resolución soberanista del 9 de noviembre no existe. Ha sido anulada en todos sus efectos, porque es contraria al propio principio democrático, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña, y porque supone una clara violación de los derechos de los ciudadanos españoles; también, y sobre todo, de los que viven en Cataluña.

     El discurso soberanista no ha cambiado pero, en estos dos meses, se ha constatado la fortaleza del Estado de Derecho y el funcionamiento de sus instituciones.

     Tenemos más instrumentos que nunca para defender nuestra unidad. Las principales fuerzas políticas estamos de acuerdo en ello y, cuando se han puesto en juego nuestras reglas de convivencia, los demócratas hemos sabido alejar nuestras diferencias para defender la unidad de la Nación.

     Tras la intervención del candidato en la tarde de hoy, me he puesto en contacto con los líderes del Partido Socialista y de Ciudadanos, y he tratado también de hacerlo también con el líder de Podemos, y volveré a intentarlo mañana. Les he transmitido que, como presidente del Gobierno, tengo la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución y las Leyes. Y voy a hacerlo.

     Del mismo modo que tuve su apoyo para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Resolución del 9 de noviembre; he podido constatar su respaldo para hacer que la decisión del Alto Tribunal, que anuló dicha Resolución, se respete por parte de todas las instituciones, esté quién esté al frente.

     La mayoría de la sociedad española está unida ante este desafío secesionista, mientras que en la sociedad catalana las pretensiones soberanistas no han hecho más que generar incertidumbre y división, que han culminado en el Pleno de hoy: de investidura in extremis de un candidato que no lo era.

     Quiero recordar a todos los miembros del Parlamento de Cataluña que el Estado funciona siempre y que la democracia tiene la misma fortaleza de siempre, con independencia de que el Gobierno esté o no en funciones.

     Yo entiendo la política desde el diálogo y la ejerzo siempre desde la moderación; pero no me ha faltado ni me faltará firmeza y determinación para seguir defendiendo la unidad de España, la soberanía del pueblo español y la convivencia democrática que ampara nuestro proyecto común.

     Y el Gobierno sigue contando con los instrumentos que le brindan la Ley y el Estado de Derecho para defenderlos. Lo he hecho y lo seguiré haciendo porque es mi obligación como presidente del Gobierno y mi convicción como español.

     He dado instrucciones para que cualquier actuación que pueda adoptarse por parte del nuevo Gobierno de Cataluña, de su presidente, de su Parlamento o de cualquier institución, que suponga la vulneración de la Constitución y del ordenamiento jurídico para que tengan la respuesta del Estado de Derecho para defender la democracia y la Ley.

     Quiero dejar claro que los españoles pueden estar tranquilos. Ni se va a abrir un proceso constituyente al margen de la Ley, ni se van a crear estructuras al margen de las legítimas del Estado. El Gobierno no dejará pasar ni una sola actuación que suponga contravenir la unidad y la soberanía, que vaya en contra de la Ley y las decisiones de los Tribunales.

     España es una Nación libre y europea, una democracia consolidada y avanzada, una sociedad madura de ciudadanos libres e iguales. Nos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo y vamos a preservar todo lo bueno que juntos hemos logrado. Por eso no permitiré que nadie se arrogue poderes ilimitados y sin control fuera de la Ley y de la democracia.

     Voy a defender y preservar la democracia en toda España. Y voy a defender su principal fundamento, que es la soberanía que reside en el conjunto del pueblo español.”

Valoración de los datos del paro

Domingo, 10 de enero de 2016

     Valoración de los datos del paro

     05/01/16 Los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ponen de manifiesto un nuevo descenso del desempleo en el mes de diciembre, en concreto en 55.790 personas. Por lo tanto, estamos ante el cuarto año consecutivo que desciende el paro en este mes, aunque lo hace menos que en los tres diciembres anteriores en que disminuyó en 59.094 personas, 107.570 y 64.405, respectivamente en los meses de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014.
     ceoe.es
     Este dato positivo debe valorarse teniendo en cuenta que diciembre viene siendo tradicionalmente un mes bueno para el empleo por los efectos de la campaña navideña.

     Resulta positivo que el saldo de los últimos doce meses refleje una caída del desempleo en 354.203 parados registrados, el mayor descenso en un año de toda la serie histórica, con una tasa interanual del -7,96%. De esta forma llevamos nueve trimestres consecutivos -desde octubre de 2013- de descenso del paro, en términos interanuales.

     Por lo tanto, esta reducción del paro supone un nuevo avance en la recuperación del empleo que es preciso consolidar mediante un marco estable, superando tensiones e incertidumbres en el panorama nacional e internacional que pueden lastrar el proceso de recuperación.

     No obstante, todavía superamos la barrera de los cuatro millones de desempleados, pues el paro registrado se sitúa en 4.093.508 personas, quedando por encima de los cuatro millones y medio -4.567.918- si contabilizamos a los excluidos de las listas oficiales por encontrarse en alguna de las situaciones reguladas en la Orden de 11 de marzo de 1985 y, en concreto, por estar realizando cursos de formación o ser demandantes de empleo con “disponibilidad limitada” o con “demanda de empleo específica”.

     Contratos y afiliación

     En diciembre el número total de contratos registrados ha experimentado un aumento sobre el mismo mes del año anterior, del 15,23% -210.853 contratos más-. De esta forma el número de contratos registrados en diciembre ha sido de 1.594.915, 9.928 menos que en el mes de noviembre, lo que induce a pensar que las contrataciones por la campaña navideña se iniciaron ya en el mes de noviembre.

     Los datos de afiliación a la Seguridad social, especialmente significativos para tomar el pulso a la evolución de nuestro mercado laboral, reflejan un incremento respecto al mes anterior en 85.314 personas, superior al crecimiento en diciembre de 2014, mes en el que se registraron 79.463 ocupados más. Por lo tanto, estamos ante el mayor incremento de la serie histórica.

     Resulta asimismo positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 533.186 personas, la cifra más alta en un mes de diciembre desde 2006 -609.673-. De esta forma la tasa interanual positiva se sitúa en el 3,18%, con lo que mejora ligeramente la tasa de crecimiento.

     Los datos de paro, contratación y afiliación a la Seguridad Social, en un mes tradicionalmente positivo para el empleo, ponen de manifiesto una tendencia favorable a la recuperación del empleo, que exige el esfuerzo de todos para contar con un entorno estable que permita seguir avanzando en el largo camino que aún queda por recorrer para que la recuperación económica nos permita alcanzar los niveles de empleo previos a la crisis.

     Por ello desde CEOE confiamos en que, fruto de un ejercicio de responsabilidad, se configure un Gobierno que garantice la estabilidad necesaria para seguir avanzando en el proceso de recuperación y creación de empleo.

     Desde esa premisa insistimos en la necesidad de continuar mejorando nuestro marco sociolaboral, sobre la base del diálogo y la concertación social, para incrementar la competitividad de las empresas españolas y su capacidad de adaptación a la realidad cambiante y hacer posible que el crecimiento se traduzca en una progresiva creación de empleo.

     Asimismo, es fundamental seguir facilitando el acceso de las empresas a la financiación y evitar que incrementos de los costes laborales obstaculicen la creación de empleo o redunden en pérdidas del mismo.