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Nuevo impulso al diálogo y la concertación social

miércoles, 30 de noviembre de 2016

Nuevo impulso al diálogo y la concertación social
Noviembre 2016 cepyme.es
El presidente del Gobierno se comprometió el pasado 26 de octubre en su Debate de Investidura a convocar “de inmediato a los interlocutores sociales para compartir nuestros análisis sobre la situación económica y social y abordar nuevas medidas que fortalezcan la creación de empleo y su calidad, la asistencia a los desempleados de larga duración, la implantación de la garantía juvenil, así como la sostenibilidad, en el marco del Pacto de Toledo, de nuestro sistema público de pensiones”.
Gobierno e interlocutores sociales consideramos que, una vez que se ha formado un nuevo gobierno con plenas facultades, es necesario adoptar medidas urgentes en el marco del diálogo social para la mejora de la calidad en el empleo, facilitar la activación de los desempleados de larga duración, la mejora en la implementación de la Garantía Juvenil Europea, y el establecimiento de una estrategia para la fijación del SMI, entre otras, que serán objeto de trabajo y análisis en el marco del diálogo social.
Ámbitos entre otros en los que se desarrollará el proceso de diálogo social
1. Consolidación de la recuperación económica con crecimiento y empleo para favorecer las oportunidades y reducir la desigualdad.
2. Aumento de la protección por desempleo con especial atención a los parados de larga duración e impulsar las Políticas Activas de Empleo.
3. Mejora del funcionamiento de la Garantía Juvenil Europea en España y otras medidas, para que alcance sus objetivos de reducción del desempleo juvenil.
4. Revisión del SMI.
5. Impulso de la Calidad en el Empleo; Marco de relaciones laborales y negociación colectiva.
6. Fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones.

CCOO y UGT proponen incrementar el SMI hasta 800 euros en 2017 y situarlo en 1000 euros en 2020 para recuperar el poder adquisitivo perdido

martes, 29 de noviembre de 2016

CCOO y UGT proponen incrementar el SMI hasta 800 euros en 2017 y situarlo en 1000 euros en 2020 para recuperar el poder adquisitivo perdido
Los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y UGT, Gonzalo Pino, han instado al Gobierno a impulsar la mejora del Salario Mínimo Interprofesional para el año 2017. CCOO y UGT proponen incrementar su cuantía hasta 800 euros en 2017, de manera que al final de la legislatura (en 2020) el SMI deberá situarse en torno a 1.000 euros, aproximándose al 60% del salario medio neto, objetivo que establece la Carta Social Europea suscrita por España. Una cuantía que permitirá recuperar el poder adquisitivo perdido y aproximarse a los salarios mínimos existentes en la Unión Europea de los 15.
28/11/2016. ccoo.es
Ramón Górriz y Gonzalo Pino, ante la proximidad del periodo de actualización del Salario Mínimo Interprofesional para el año 2017, reiteran la necesidad de preservar la protección de las personas que se encuentran en situación de desempleo, así como de mejorar el poder adquisitivo de la población que recibe un salario menor y cuyas condiciones de vida se han ido deteriorando desde la crisis, y a pesar de la llegada de la recuperación económica.

En este sentido, recuerdan que las erróneas políticas económicas aplicadas desde 2010, las políticas de austeridad y devaluación salarial, han tenido como resultado que en los últimos siete años los hogares españoles hayan perdido de media un 13% de su renta, que un 35% de los asalariados (casi 5,9 millones de personas) reciba una remuneración inferior al SMI, que un 28,6% de la población española esté en riesgo de pobreza o exclusión social, casi 5 puntos por encima de las cifras de 2008.

Asimismo el SMI, que afecta a los trabajadores que perciben los salarios más bajos, ha sufrido una importante pérdida de poder de compra en los últimos 5 años, 2,7 puntos. Hay que recordar que durante ese periodo las subidas nominales del SMI han sido irrisorias: menos de 14 euros (un 2,1%).

Para que la recuperación económica se consolide, CCOO y UGT inciden en que es necesario que se incrementen los salarios, ya que el consumo es la base del crecimiento económico. Un argumento que ha sido planteado por el propio presidente del BCE, Mario Draghi, quien ha pedido ante el Parlamento Europeo “una subida de los salarios, que llevan años creciendo por debajo de la productividad, con el objetivo de impulsar la recuperación en Europa”.

 

García Tejerina: Avanzar en la protección de nuestro medio ambiente es tarea de todos

martes, 29 de noviembre de 2016

En la inauguración de la XIII edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2016)

García Tejerina: Avanzar en la protección de nuestro medio ambiente es tarea de todos

Lunes 28 de noviembre de 2016 moncloa.gob.es

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que avanzar en la protección del medio ambiente y luchar contra el cambio climático requiere el apoyo y el consenso de todos. Para la ministra, estos retos serán también importantes oportunidades si contamos con la colaboración de administraciones, empresas, instituciones y ciudadanos.
Según ha recalcado, todo suma en la mejora de nuestro medio ambiente y sólo así podremos progresar en la transformación hacia una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos.

Isabel García Tejerina ha inaugurado hoy la XIII edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2016), que se celebra en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid hasta el próximo 1 de diciembre, bajo el lema «La respuesta es VERDE», con el objetivo de implicar a personas y organizaciones en la transformación hacia una economía baja en carbono, circular y verde.

Convención marco de Naciones Unidas

En su intervención, García Tejerina ha recordado cómo este Congreso Nacional inició su andadura coincidiendo con la celebración de la Cumbre de la Tierra de Río (1992), que fue determinante para la puesta en marcha de varios instrumentos internacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

En materia de cambio climático, la ministra ha comentado que, tras acordarse los compromisos de París, en la reciente Cumbre del Clima de Marrakech se ha definido el programa de trabajo que permita la puesta en marcha del Acuerdo de París y su calendario, además de ponerse de manifiesto las iniciativas que están impulsando los agentes no gubernamentales. Para García Tejerina, tras la Cumbre de Marrakech nos encontramos en un proceso de transición hacia un modelo bajo en carbono y resiliente al cambio climático que es irreversible.

Asimismo, García Tejerina se ha referido a la celebración, en los próximos días, de la COP13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que pondrá el acento en el logro de las metas de Aichi y en la incorporación de la biodiversidad en las políticas sectoriales, lo que demuestra el compromiso internacional con la preservación de la biodiversidad.

Por su parte, Naciones Unidas ha convertido las agendas medioambientales y las de cooperación al desarrollo en un único objetivo, a través de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por lo tanto, la ministra entiende que las metas en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad están ya establecidas, y ahora toca trabajar entre todos para avanzar en la dirección correcta.

Ámbito de la Unión Europea

En el ámbito europeo, la ministra ha asegurado que la preocupación por el entorno natural informa todas las políticas y actividades, públicas y privadas. Así, la Unión Europea se sitúa a la vanguardia en la puesta en marcha de medidas destinadas a afrontar los retos ambientales a los que nos enfrentamos.

A este respecto, García Tejerina ha puntualizado cómo desde la UE se están desarrollando políticas para responder al desafío del calentamiento global y, al mismo tiempo, para generar oportunidades de colaboración público-privadas, el desarrollo económico y la creación de empleo. En concreto, la UE se ha fijado uno de los objetivos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, como es la reducción de gases de efecto invernadero de, al menos, el 40% en 2030, comparado con los niveles de 1990.

Según la ministra, la meta es alcanzar un modelo de desarrollo bajo en carbono, que permita un crecimiento económico sostenible, respetuoso con los recursos naturales, a través del incremento de la eficiencia en el uso de estos recursos, la modificación de los modelos productivos para facilitar la transición hacia una economía circular, aprovechar las ventajas de la innovación y consumir de forma más responsable.

En este contexto, García Tejerina ha señalado que el paquete de medidas sobre economía circular contempla medidas como la reducción del desperdicio de alimentos, la promoción del reciclado de los productos o la reutilización de aguas residuales.

España, en plena sintonía con la UE

En este terreno, García Tejerina ha afirmado que el Gobierno de España trabaja en plena sintonía con la Unión Europea, con medidas de protección de la naturaleza, la mejora de la gestión de los espacios protegidos, el impulso de una planificación hidrológica adecuada a la Directiva Marco del Agua, y el fomento de una política efectiva de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

Entre otras medidas, la ministra ha citado la aprobación en España de un Plan Estatal Marco de Residuos, que sienta las bases de una Estrategia propia de Economía Circular. También se ha puesto en marcha una Hoja de Ruta para los sectores difusos a 2020, que incluye un paquete de medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como la vivienda, los transportes y los residuos, entre otros.

La ministra ha indicado que estas medidas deberán ser ampliadas y desarrolladas para cumplir con los compromisos de París, para lo que también se impulsará una ley de cambio climático que establezca el marco para planificar actuaciones y diseñar recursos.

El Tribunal Supremo confirma la sanción de un millón de euros al Banco Santander por infracción a la Ley de prevención del blanqueo

martes, 29 de noviembre de 2016

Lunes, 28 de noviembre de 2016 poderjudicial.es
El Tribunal Supremo confirma la sanción de un millón de euros al Banco Santander por infracción a la Ley de prevención del blanqueo

La sanción responde a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, relativa a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa. Los movimientos de la cuenta, entre los años 2007 y 2011, supusieron cargos por valor de 58 millones de euros, y abonos por la cuantía similar, siendo la suma de importes cargados en la cuenta por el concepto “Disposición efectivo en oficina”, de 19,8 millones.

Los recurrentes consideraban que Banesto cumplió sustancialmente con las obligaciones de conservación de documentos, por lo que no existía la infracción. Subsidiariamente, pedían que la infracción se calificase de leve, al considerar que no existían indicios de blanqueo de capitales y que el incumplimiento era meramente ocasional o aislado.

“En el presente supuesto -contesta el Supremo-, no podemos hablar de un incumplimiento ocasional porque de la muestra se detectan 601 incumplimientos (225 en ingresos de cheques, 10 en cobros de cheques, 17 en transferencias y 349 en ingresos en efectivo). En particular, en ingresos en efectivo se analiza una muestra de 350 operaciones y en 349 de ellas no se tiene la documentación preceptiva. Por lo tanto, no se puede hablar de una situación ocasional, sino que en algunos tipos de operaciones se demuestra una situación masiva, continuada y recurrente de incumplimiento”. Añade que la muestra son más de 602 operaciones, por un importe de más de 50 millones de euros, con lo que no puede decirse que sea irrelevante.

Respecto a los indicios delictivos de las operaciones, la sentencia destaca que los mismos están siendo objeto de una investigación abierta en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.

Asimismo, la Sala considera proporcionada la sanción de 1 millón de euros, y rechaza la pretensión del banco de reducirla a 150.000 euros. Expone que está en la zona de mínimos, ya que la horquilla del tramo inferior en que se encuentra iba desde los 150.000 euros hasta los 83,5 millones de euros, y finalmente se ha fijado en un millón.

“Si atendemos a los números absolutos, la sanción de un millón de euros no puede considerarse desproporcionada si se tiene en cuenta que: 1º) Las operaciones donde se han detectado irregularidades suman decenas de millones de euros. 2º) Estas operaciones presentan una relación directa con un proceso penal. 3º) Que el incumplimiento de las obligaciones de conservación puede afectar negativamente a la acción penal, al determinar la inexistencia de elementos probatorios”, indica la sentencia.

Vals de las flores. Tchaikovsky

lunes, 28 de noviembre de 2016

El Consejo General API pide a Íñigo de la Serna medidas para evitar una nueva burbuja ante el cambio de ciclo inmobiliario

lunes, 28 de noviembre de 2016

El Consejo General API pide a Íñigo de la Serna medidas para evitar una nueva burbuja ante el cambio de ciclo inmobiliario

14 noviembre, 2016 consejocoapis.org
El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria pide al nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que tome medidas para evitar una nueva “burbuja inmobiliaria” en España ante el cambio de ciclo que está experimentando el mercado inmobiliario. La entidad solicita medidas urgentes que proporcionen más transparencia del mercado y una mayor defensa de los consumidores con el fin de que no se repitan las situaciones de estrangulamiento financiero de las familias y los miles de desahucios provocados por la reciente crisis inmobiliaria. Por ello, el colectivo API se pone a disposición de Íñigo de la Serna para colaborar en el diseño de las medidas que sean necesarias para crear un mercado inmobiliario más seguro y estable.

En este sentido, el presidente del Consejo General API, Diego Galiano, recuerda que ya hay expertos que están alertando de prácticas similares a las que originaron la anterior burbuja inmobiliaria, por lo que cree necesaria “una intervención decidida para que no vuelva a repetir una situación traumática a nivel económico y social”. De esta forma, el Consejo General API pide que la regulación del mercado financiero vinculado al mercado hipotecario sea mucho más transparente. Para ello, es fundamental que no se produzca una relajación de las condiciones de concesión de préstamos hipotecarios, a la vez que es necesario vigilar que la banca no otorgue financiación a proyectos en zonas sin demanda de vivienda nueva, sin el necesario número de preventas o en suelos sin licencia.

Además, los API piden que las empresas tasadoras no estén ligadas a ninguna entidad financiera, de forma que se garantice que las valoraciones sean independientes y ajustadas a la realidad del mercado. “Los tasadores deberían estar vinculados profesionalmente al mercado inmobiliario y ser conocedores de primera mano de los mecanismos de compraventa”, señala José Luis Polo, vocal del Consejo General y presidente del Colegio API de Guipúzcoa.

Por otra parte, los API manifiestan que una nueva burbuja se puede evitar con un consumidor mucho más informado de sus derechos y del funcionamiento del mercado de la vivienda. Por ello, reclaman que la legislación garantice una mayor transparencia al sector inmobiliario, regulando con precisión la información básica que hay que trasladar a los compradores y arrendatarios de viviendas. “También aportaría mucha más seguridad a las operaciones la creación de registros de operadores inmobiliarios obligatorios, que impliquen que el operador inmobiliario cuente con una sede declarada y reconocible, que posea seguro de responsabilidad civil y de caución y que cuente con una formación suficiente para el ejercicio de la profesión”, indica Polo.

En este sentido, José Luis Polo recuerda que España es el único país europeo en que la actividad de mediación inmobiliaria es libre y sin ninguna regulación, en el que cualquier persona puede intervenir sin requisito alguno. “Esto choca con la protección que merecen los consumidores y usuarios que compran o arriendan una vivienda, cuya función social está declarada en la normativa española. En nuestro país ni siquiera es necesario saber leer y escribir para intermediar en una operación inmobiliaria, una situación que debe corregirse y que puede ayudar a explicar muchas situaciones que condujeron a la anterior burbuja”, afirma.

Inflación y crecimiento bajos dificultan la reducción de la deuda

domingo, 27 de noviembre de 2016

Inflación y crecimiento bajos dificultan la reducción de la deuda
Noticias del FMI – imf.org

5 de octubre de 2016
•La deuda mundial, en máximos históricos y en ascenso
•Dos terceras partes de esa deuda corresponde a pasivos del sector privado
•La política fiscal puede ayudar a facilitar el proceso de desapalancamiento del sector privado
La deuda mundial, actualmente en máximos históricos, podría truncar la débil recuperación económica, señaló hoy el FMI en la última edición de Fiscal Monitor.

Para lograr una reducción considerable de la deuda es preciso contar con políticas fiscales que estimulen la actividad económica y faciliten la reestructuración de la deuda privada y el saneamiento de los balances afectados por préstamos bancarios en mora.

La deuda mundial continuó creciendo tras la crisis financiera mundial, hasta alcanzar un nivel del 225% del PIB mundial hacia fines de 2015 (véase el gráfico 1). Alrededor de dos terceras partes de esa deuda, es decir, unos USD 100 billones, constan de pasivos del sector privado. Si bien no todos los países se encuentran en la misma fase del ciclo de deuda, el tamaño considerable de la deuda mundial plantea riesgos de un proceso de desapalancamiento sin precedentes —una reducción de los niveles de deuda— que podría entorpecer el crecimiento en todo el mundo.

El panorama de la deuda mundial y sus consecuencias

La edición de octubre de 2016 de Fiscal Monitor analiza el alcance y la composición de la deuda mundial y usa una nueva base de datos que abarca prácticamente todos los países para analizar la función de la política fiscal a la hora de facilitar el ajuste necesario para reducir la deuda a niveles más controlables y de menos riesgo.

Un panorama de deuda dispar

La deuda privada es elevada en las economías avanzadas y en unas pocas economías de mercados emergentes de importancia sistémica, pero las tendencias han sido bastante dispares desde 2008:
•Las economías avanzadas, que han sido el epicentro de la crisis, han transitado un proceso de desapalancamiento poco uniforme, y en muchos casos la deuda privada ha seguido en aumento. Los niveles de deuda pública también han aumentado en estos países, en parte como consecuencia de la asunción de pasivos del sector privado mediante rescates de bancos.
•El fácil acceso al financiamiento en todo el mundo ha generado un auge del crédito en el sector privado en algunas economías de mercados emergentes, especialmente China.
•En los países de bajo ingreso, los niveles de deuda pública y privada también han subido, gracias a una mayor disponibilidad y un acceso más amplio a los servicios financieros, además de un mejor acceso al mercado, aun cuando los coeficientes deuda/PIB en general se mantienen en niveles bajos.

Todo nos remite al crecimiento

Hasta el momento, el proceso de desapalancamiento ha sido lento entre las economías avanzadas más endeudadas, debido principalmente al contexto actual en el que la inflación y el crecimiento se mantienen en niveles bajos. El desapalancamiento puede empeorar las cosas al constituir otro lastre para la actividad económica. Los altos niveles de deuda pueden ralentizar la recuperación económica por varios motivos.

En primer lugar, los altos niveles de deuda privada aumentan la probabilidad de crisis financieras, las cuales normalmente están acompañadas por desaceleraciones más profundas y prolongadas que las asociadas con recesiones normales. Los riesgos no se limitan a la deuda privada, pues enfrentar una crisis financiera con altos niveles de deuda pública exacerba los efectos de la crisis, aún más en mercados emergentes que en las economías avanzadas.

En segundo lugar, los niveles de deuda excesivos pueden afectar el crecimiento de una economía incluso sin que medie una crisis financiera, puesto que los deudores muy endeudados en última instancia reducen la inversión y el consumo.

Complementación de instrumentos fiscales con otros instrumentos de política

Según la evidencia, para que el proceso de desapalancamiento sea significativo es preciso restablecer un crecimiento robusto y normalizar los niveles de inflación, de ser necesario. ¿Qué hacer entonces en un mundo en el que el margen de maniobra política es acotado ya sea porque los recursos son limitados o porque los instrumentos de política (como las tasas de interés) no pueden modificarse más? En el frente fiscal, las intervenciones focalizadas como los programas respaldados por el gobierno ayudan a reestructurar la deuda privada y el apoyo público a la reestructuración del sector financiero puede ser muy eficaz para reducir las pérdidas del producto generalmente asociadas con el desapalancamiento de la deuda privada. Este número de Fiscal Monitor analiza varios estudios de casos en los que se utilizaron estas medidas, y resalta la importancia de su diseño para garantizar resultados.

Las simulaciones que se analizan en el informe sugieren que, cuando están bien diseñadas, estos tipos de intervenciones pueden ser más poderosas que los estímulos fiscales estándar, en especial cuando las debilidades de los bancos se traducen en un racionamiento ineficiente del crédito de hogares y firmas solventes. Naturalmente, estas medidas deben estar complementadas con marcos normativos sólidos en materia de insolvencia y quiebra y regirse por principios de gobierno rigurosos a fin de limitar los abusos y preservar los fondos públicos.

Pero la política fiscal no basta para resolver el problema de la deuda. Dado el escaso margen de maniobra política observado anteriormente, urge aprovechar la naturaleza complementaria de las distintas herramientas—incluidas las de naturaleza monetaria, financiera y estructural—para sacar el mayor provecho de cualquier intervención fiscal.
Evitar un nivel excesivo de deuda privada

“Es importante contar con medidas para impedir la acumulación excesiva de deuda,” señaló Vitor Gaspar, Director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, en especial en los mercados emergentes, donde el apalancamiento del sector privado ha aumentado rápidamente en los últimos años. El informe presenta tres recomendaciones clave:
•Las políticas regulatorias y de supervisión deben garantizar el seguimiento y la sostenibilidad de los niveles de deuda privada.
•La política fiscal debe ser contracíclica durante las fases de crecimiento para crear defensas que permitan amortiguar las contracciones.
•Los incentivos de la política tributaria que estimulan el endeudamiento deben eliminarse gradualmente para limitar la acumulación excesiva de apalancamiento.

La crisis financiera mundial nos ha enseñado que es muy fácil subestimar los riesgos asociados con un nivel excesivo de deuda privada durante las fases de expansión y ha puesto de manifiesto el costo de responder con demasiada lentitud a una crisis financiera. La política fiscal puede hacer más de lo que está haciendo ahora para restablecer el crecimiento nominal, facilitar el ajuste económico necesario tras una crisis, y fortalecer la capacidad de respuesta de una economía para hacer frente a futuras conmociones. Sin embargo, no basta solo la política fiscal: Esta debe estar complementada con otras políticas dentro de marcos creíbles.

El Gobierno nombra a Eugenio López abogado general del Estado

sábado, 26 de noviembre de 2016

El Gobierno nombra a Eugenio López abogado general del Estado
25 de noviembre de 2016.- mjusticia.gob.es
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha nombrado hoy a Eugenio López nuevo abogado general del Estado-director del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia, en sustitución de Marta Silva.
Eugenio López desempeñaba hasta ahora el cargo de secretario general técnico del Ministerio de Fomento. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado.
Como tal ha ejercido en la Audiencia Nacional y en las delegaciones del Gobierno de Ceuta y de Castilla y León, así como en el Ministerio de Administraciones Públicas. También ha sido director general de Deportes del Consejo General de Deportes, secretario general técnico de los Ministerios de Interior, Presidencia y Administraciones Públicas de 2001 a 2003, y posteriormente, director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno nombra al director general de Relaciones con la Administración de Justicia y al secretario general técnico del Ministerio de Justicia

sábado, 26 de noviembre de 2016

Consejo de Ministros

El Gobierno nombra al director general de Relaciones con la Administración de Justicia y al secretario general técnico del Ministerio de Justicia

25 de noviembre de 2016.-  mjusticia.gob.es

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy el nombramiento de Joaquín Delgado como director general de Relaciones con la Administración de Justicia y de José Amérigo como secretario general técnico del Ministerio de Justicia.

Joaquín Delgado sustituye a Ricardo Conde en el cargo de director general de Relaciones con la Administración de Justicia, dirección dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, Delgado es miembro de la carrera judicial desde 1991 y ha ejercido como magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. También ha sido asesor en el Ministerio de Justicia en 2002 y 2003. Asimismo, ha ejercido como letrado del Consejo General del Poder Judicial entre 2002 y 2012 y como letrado-jefe del Servicio de Organización y Modernización Judicial en este mismo organismo. Ha sido además, profesor en distintas Universidades y entidades académicas, españolas y extranjeras.

Por su parte, José Amérigo sustituye a Julio Fuentes como secretario general técnico del Ministerio de Justicia, organismo dependiente de la Subsecretaría de Justicia.

José Amérigo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado en 2002 y desde entonces ha permanecido en situación de servicio activo.

Ha sido miembro de los grupos de trabajo de la Comisión de Estudios del Consejo de Estado durante el período 2006-2010. Desde 2010 es director de los Servicios Jurídicos y Regulación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

 

CSIF se moviliza de nuevo en defensa del Registro Civil

sábado, 26 de noviembre de 2016

CSIF se moviliza de nuevo en defensa del Registro Civil
El sindicato moviliza sus estructuras en todo el Estado, ante la incertidumbre por la falta de información y las presiones de los Registradores de la Propiedad

23 de Noviembre de 2016 csif.es

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, prepara una movilización de sus estructuras en todos los ámbitos del Estado, ante el incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia de convocar la mesa de negociación sobre el modelo de Registro Civil.

Una vez constituido el nuevo Gobierno, el Decano del Colegio de Registradores ha retomado las presiones para que la gestión del Registro Civil se encomiende a este colectivo (con lo que perdería su carácter público) y el Ministerio continúa sin informar sobre sus planes.

Además, el colectivo de funcionarios de Justicia afronta con incertidumbre la posibilidad de que la gestión del Registro Civil pase al personal de comunidades autónomas y ayuntamientos, como contempla la Ley 20/2011 (suspendida hasta 2017)

Por este motivo, CSIF iniciará en breve una campaña informativa dirigida a trabajadoras y trabajadores de este ámbito, delegados sindicales, comunidades y ayuntamientos, para volver a ‘crear tensión’ y elevar la presión sobre el Ministerio para que de una vez se afiance el modelo de Registro Civil público y gratuito y servido por funcionarios de justicia.

Así se lo hemos trasladado al Ministro en un escrito en el que le recordamos su compromiso, aún no cumplido, de negociar “desde cero” el nuevo modelo de Registro civil y la necesidad de no perder más tiempo en esa negociación

Una administración moderna debe apostar por el capital humano y aprovechar su experiencia y potencial. El Registro civil necesita personal experto, con la formación adecuada y el potencial para asumir el reto que supone el Registro civil que la sociedad demanda. No es lógico buscar fuera cuando la solución se encuentra dentro del propio Registro civil.

En consecuencia, ante la incertidumbre sobre el futuro del Registro civil, CSIF retoma su campaña “EN DEFENSA DEL REGISTRO CIVIL” y exige al Ministro de Justicia que cumpla con su compromiso de negociar el nuevo modelo de manera inmediata, porque el tiempo apremia.

CSIF, como lo hizo durante los años 2013-2015, vuelve a hacer un llamamiento a todos los Grupos Parlamentarios, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Asociaciones, resto de organizaciones sindicales y a todos los funcionarios de Justicia para que se unan a estacampaña que, girará en torno a tres ejes básicos:
1.Un Registro civil público y gratuito, accesible a todos los ciudadanos, aprovechando la descentralización de la actual infraestructura existente, dotándolo de medios suficientes para proporcionar un servicio de calidad.
2.Un Registro civil electrónico y, por lo tanto, único en su gestión sobre la base de un programa que permita registrar, tramitar y guardar los asuntos y expedientes; empezando desde ya, con las modificaciones normativas pertinentes para que tengan validez jurídica todas las certificaciones que se expidan independientemente del lugar de su registro inicial.
3.Un Registro civil moderno en su organización basada en el trabajo en equipo y el reparto de responsabilidades que evite los cuellos de botella y confíe en la preparación de su personal así como un sistema de reconocimiento laboral y retributivo adecuado a las tareas encomendadas.
4.Un Registro civil gestionado por personal bien formado, experto y con potencial de asumir las funciones inherentes a la prestación de este servicio. En este sentido, CSI•F defenderá la continuidad de los Cuerpos generales de la Administración de Justicia como la columna vertebral de este nuevo Registro civil.

En definitiva, para CSIF los Cuerpos generales de la Administración de Justicia junto con el Cuerpo de Letrados SON LOS ÚNICOS que acreditan la experiencia, la formación y el potencial para asumir el reto del nuevo modelo de RegistroCivil.

Desde CSIF creemos que esta propuesta es no sólo la mejor y la más lógica, desde el punto de vista del servicio público y del ciudadano, sino que se trata de una propuesta razonada, sin incremento de gasto público, llena de sentido común y, sobre todo posible, pues ya podría estar empezando a funcionar con resultados visibles si hubiera voluntad para hacerlo.

Un juzgado de Oviedo ordena la demolición de las obras del Hotel Kaype en la playa de Barro en Llanes (Asturias)

viernes, 25 de noviembre de 2016

Jueves, 24 de noviembre de 2016  cgpj.es

Un juzgado de Oviedo ordena la demolición de las obras del Hotel Kaype en la playa de Barro en Llanes (Asturias)

La magistrada da un plazo de diez días para comenzar el derribo

Autor:Comunicación Poder Judicial

La magistrada titular del Juzgado Contencioso número 2 de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, ha dictado un auto por el que ordena la demolición inmediata de las obras del Hotel Kaype en la playa de Barro en Llanes, sin posibilidad de mantener una parte de las obras ejecutadas al amparo de la licencia.

El auto determina que no ha lugar a la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia dictada en el presente procedimiento, así como tampoco a prorrogar el plazo para el inicio de las obras de demolición debiendo estarse a lo ordenado en el Auto de 2 de marzo de 2016 y por lo tanto, debiendo informar el Ayuntamiento de Llanes, como órgano encargado de la ejecución del fallo, de los trámites seguidos para el cumplimiento del mismo en ejecución de la sentencia dictada, en el plazo de diez días.

Contra este auto cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias.

Condenado un notario con 450.000 euros por no detectar un fraude

jueves, 24 de noviembre de 2016

Condenado un notario con 450.000 euros por no detectar un fraude
El estafador utilizó a una mujer para falsificar la firma de su madre y vender una finca

Jesús A. Cañas

Cádiz    –    17 noviembre 2016 – elpais.com

A los ojos del notario que presenció el momento era un trámite más. Una madre firmó un poder en favor de su hijo para que él pudiera vender sus bienes. Habría sido una gestión común en una notaría de Jerez (Cádiz) si no hubiese sido porque nada era lo que parecía. El hijo había robado el DNI de su madre, que después fue suplantada por otra mujer que falsificó la firma. Todo ante la presencia del notario que dio fe del momento sin percatarse del engaño. Ahora, la Audiencia de Cádiz ha condenado a la aseguradora del profesional a pagar una indemnización de 450.000 euros por “la negligencia cometida”.
Por estos hechos ocurridos en 2007 la Audiencia de Sevilla ya condenó al hijo a tres años de prisión. Ahora, la Audiencia de Cádiz ha juzgado la responsabilidad civil de la estafa. Los jueces consideran que la aseguradora del notario debe responder por la falta de diligencia de este en el proceso, según avanza Diario de Jerez. La compañía tendrá que abonar al marido y resto de hijos de la mujer (ante el fallecimiento de ella) 396.592 euros, más los intereses legales. En total, serán 450.000 euros los que recibirán los damnificados, según detalla su letrado, Pedro J. Pérez.
Con su fallo, la Audiencia estima el recurso de los familiares, después de que un juzgado diese la razón a la aseguradora en primera instancia. La nueva sentencia se apoya en la emitida por la Audiencia de Sevilla en 2012. En ella se consideró probado que el acusado sustrajo el DNI de su madre y “se personó en la notaría en compañía de una mujer que se hacía pasar por Chari, quien diciendo que era su madre firmó, imitando la forma verdadera de aquella, un poder a favor del hijo que le facultaba para hipotecar y vender sus bienes”. Como consecuencia de la operación, el hijo vendió una finca rústica propiedad de su madre. El comprador (propietario actual del bien) “actuó de buena fe y no tenía responsabilidad”, reconoce Pérez.

Sin embargo, sí se considera probado “el error o negligencia del notario”. De hecho, en el proceso penal, la Policía Científica demostró con una prueba pericial caligráfica que la firma era completamente diferente de la de la titular. El profesional no fue capaz de dar fe de conocimiento de la identidad de los otorgantes, tal y como exige el artículo 23 de la Ley de Notariado.

El Tribunal Constitucional avala por unanimidad la reforma del Consejo General del Poder Judicial aprobada en 2013

miércoles, 23 de noviembre de 2016

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa Nº 91/2016
El TC avala por unanimidad la reforma del Consejo General del Poder Judicial aprobada en 2013
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha avalado la constitucionalidad de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, que reformó varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) referidos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que fue recurrida por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. La sentencia afirma, entre otras cuestiones, que limitar el deber de comparecencia del presidente y los vocales del CGPJ ante las Cámaras a la explicación de la Memoria, como hace el nuevo art. 564 LOPJ, no vulnera la Constitución. El Congreso y el Senado no pueden ejercer un control político sobre el CGPJ, pues ello pondría en riesgo su independencia; pero este límite no implica que los miembros del órgano de gobierno de los jueces estén exentos de la obligación de colaborar con las Cámaras cuando éstas lo requieran o de acudir, si son llamados, a una comisión parlamentaria de investigación, deber este último que establece el art. 76.2 CE y que incumbe a todos los ciudadanos, sean o no autoridades del Estado. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.
El Tribunal realiza una interpretación conforme del art. 564 LOPJ. Así, rechaza que la limitación del contenido de las comparecencias parlamentarias vulnere el art. 72.1 CE, que atribuye a las Cámaras la potestad de elaborar sus reglamentos. La “autonomía reglamentaria tiene una ‘dimensión interna’”, por lo que no corresponde a estas normas regular el “sistema de relaciones” entre las Cámaras y los demás “órganos constitucionales”, como es el CGPJ.
Tampoco hay vulneración del art. 76.2 CE (obligación de comparecer ante las comisiones de investigación cuando la Cámara lo requiera), pues debe entenderse que la finalidad del artículo impugnado es “regular un concreto aspecto de relaciones institucionales ordinarias”, limitado a la Memoria del CGPJ, sin que contenga ninguna mención respecto del deber de responder ante las comisiones de investigación de las Cámaras, que obliga a todos los ciudadanos, sean o no autoridades públicas, y, por tanto, también a los miembros del CGPJ.
Los demandantes alegaban también que la reforma debió prever “un sistema de responsabilidad política” del CGPJ porque éste no está exento de rendir cuentas ante las Cortes Generales y la ciudadanía. Sobre esta cuestión, la sentencia señala que la Constitución “descarta, sin sombra de duda, semejantes pretensiones de ‘responsabilidad’ y ‘control’ políticos sobre un órgano constitucional al que ha confiado, en garantía de la independencia de jueces y magistrados, unas funciones que no pueden quedar, sin amenaza o daño para esa independencia, sujetas a fiscalización por el poder político, incluido, claro está, el que se expresa en las Cámaras representativas”.
El art. 564 LOPJ tampoco vulnera el art. 109 CE, pues debe entenderse que no afecta al deber de prestar “información y ayuda” a las Cámaras, deber que incumbe a todas las autoridades y que la constitución establece en el citado artículo. El deber de información a la Cámaras también incumbe, por tanto, al CGPJ, “siempre que la solicitud al efecto se corresponda con el ámbito de atribuciones del propio Consejo y no menoscabe el ejercicio independiente de las mismas”.
La demanda cuestiona que el CGPJ pueda constituirse, tras su renovación, aún en el caso de que una de las Cámaras a las que corresponde la elección de los vocales no haya cumplido con ese deber dentro del plazo establecido; y que el eventual retraso en la designación de los vocales por una de las Cámaras se traduzca en la reducción de la duración de su mandato, que la Constitución ha fijado en cinco años para todos los miembros del CGPJ.
El TC explica en este punto que el objetivo de esta regulación es evitar que el retraso de una de las Cámaras “imposibilite la renovación íntegra del órgano”, “prevención” para una situación “excepcional” que el Legislador puede plasmar en la norma sin vulnerar por ello la Constitución. Por otro lado, la sentencia explica que la norma según la cual el nombramiento fuera de plazo de una parte de los vocales provoca el acortamiento de su mandato es la única que “garantiza que el CGPJ se renueve, para lo sucesivo, en su integridad”. Lo contrario supondría que una parte de los vocales disfrutarían de un mandato superior al del órgano.
El Pleno rechaza también la inconstitucionalidad del artículo que establece diferencias entre los vocales que forman la Comisión Permanente y el resto, al determinar que los primeros ejercerán el cargo en régimen de exclusividad, mientras que lo segundos lo harán compatible con el ejercicio de sus respectivas profesiones. La sentencia señala que esta previsión no vulnera el art. 127.1 CE, que prohíbe a los jueces y magistrados que estén en activo desempeñar otros cargos públicos. Esta prohibición, explica el TC, “no alcanza a los cargos y funciones que se integran y se ejercen en el ámbito judicial y, especialmente, en el de su gobierno”.
La demanda cuestiona que el vicepresidente del Supremo, que no es miembro del CGPJ, pueda ejercer en funciones el cargo de presidente (tanto del Supremo como del órgano de gobierno de los jueces) en casos excepcionales. El Tribunal explica que, en Derecho público, la sustitución no sólo implica el ejercicio de unas determinadas competencias por otra persona, “sino que el titular de cierto órgano pase a serlo también, por llamamiento legal, de otro órgano distinto”. Por tanto, quien viene por ley llamado a sustituir (en este caso el vicepresidente del Supremo), es, mientras dure la sustitución, “titular en funciones (…) del órgano cuyas competencias ejerce temporal o circunstancialmente” (en este caso, la presidencia del Supremo y del CGPJ).
Madrid, 18 de noviembre de 2016

La prestación por maternidad y paternidad debe estar exenta del pago de IRPF

martes, 22 de noviembre de 2016

La prestación por maternidad y paternidad debe estar exenta del pago de IRPF
UGT | lunes, 21 de noviembre de 2016 ugt.es

La prestación por maternidad y paternidad debe estar exenta del pago de IRPF y, por este motivo, UGT exige al Ministerio de Hacienda que cambie su interpretación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que ésta se encuentra exenta en la actual legislación (art. 7.h) de la Ley de IRPF), como ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El sindicato pide al Ministerio que devuelva de oficio estas cantidades y, si no lo hace, llama a los 2.499.892 afectados a que reclamen su devolución a Hacienda.
La Unión General de Trabajadores exige al Ministerio de Hacienda que cambie su interpretación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que la prestación por maternidad y paternidad quede exenta del pago de este impuesto, ya que así lo recoge la actual legislación, como ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid TSJM).
En dicha sentencia, este Tribunal obliga a Hacienda a devolver el IRPF de una prestación de maternidad que había solicitado una trabajadora, al declarar que la prestación por maternidad y paternidad debe estar exenta de tributación del IRPF en función de la interpretación que hace del Real Decreto Ley 3/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la ley del IRPF.

En contra del criterio interpretativo de Hacienda, que mantiene la obligación de tributación al considerar las prestaciones de la Seguridad Social por maternidad y paternidad como rendimientos de trabajo no exentas, el TSJM entiende, por el contrario, que la interpretación que debe hacerse del art. 7.h.) de la Ley del IRPF es el de que esta prestación se encuentra dentro del ámbito de la exención general de esta disposición.

El fallo de la Sentencia abre la puerta a que las trabajadores/as que dedican parte de su tiempo al cuidado de menores tras su nacimiento o adopción durante las 16 semanas de duración del permiso de maternidad, puedan reclamar la devolución de lo que han abonado por el impuesto entre 2012 y 2016. Y lo mismo tendría que ocurrir con las prestaciones por paternidad.

Un total de 2.499.892 trabajadores y trabajadoras han percibido prestaciones de maternidad y paternidad desde el año 2012, y podrían reclamar a Hacienda la devolución de los últimos cuatro años.

Una de las razones que impide la igualdad de género efectiva de las mujeres en su participación en el ámbito laboral es la ausencia de voluntad política y de la adopción de medidas por parte del Gobierno para que la conciliación de la vida familiar y laboral no siga siendo un problema que asumen mayoritariamente y casi de forma exclusiva las mujeres, sobre las que recaen todos los efectos negativos, incluidos los económicos, de la ausencia unas buenas y adecuadas políticas de conciliación, incluidas las que se refieren a la materia fiscal.

Por ello, UGT reclama la modificación del criterio interpretativo de Hacienda de la Ley del IRPF en el sentido declarado por esta sentencia y anima a que los trabajadores y trabajadoras afectados reclamen judicialmente este derecho, y pone a disposición sus medios para ello mientras Hacienda no varíe su postura.

Hacia una nueva forma de relacionarnos: Conviventia

lunes, 21 de noviembre de 2016

Hacia una nueva forma de relacionarnos: Conviventia
María Emilia Adán García Presidenta de Conviventia. Decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de la Comunidad Valenciana
17 noviembre 2016 lasprovincias.es
El siglo XX pasará a la historia como el siglo de los conflictos. No sólo como escenario temporal de las grandes guerras, sino porque los ciudadanos, incapaces de resolver por nosotros mismos los conflictos que la vida cotidiana generaba, confiábamos exclusivamente en la vía judicial como modo in extremis de reencontrar la paz social.
Uno de los retos a los que se enfrenta el siglo XXI es instaurar en las relaciones sociales la cultura del acuerdo, y ese ha de ser también nuestro objetivo. Una sociedad madura, y la valenciana lo es, debe asomarse sin prejuicios a los medios alternativos de resolución de los conflictos (mediación, conciliación y arbitraje) para solventar sus diferencias. Como pueblo nos avala nuestra tradición, aquella que dio origen y mantiene instituciones como el Tribunal de las Aguas, o la tan extendida en nuestras tierras como es la del Home Bo.
Hoy podemos y debemos utilizar sin miedo ni recelos las instituciones que el Derecho nos ofrece: la mediación, la conciliación y el arbitraje, y ser de nuevo pioneros, adelantándonos al futuro. Cuando las partes enfrentadas llegan a un acuerdo, con la asistencia o apoyo de un tercero o con la decisión de quien goza de reconocido prestigio en la materia, la solución gana en estabilidad y en aceptación. Deviene probablemente en definitiva. Y a medio plazo gana la convivencia.
Con el apoyo y la colaboración del Decanato Autonómico de los Registradores de la Comunidad Valenciana, un grupo de registradores hemos constituido ‘Conviventia, Institución Registral de Mediación, Arbitraje y Conciliación’. Es nuestra apuesta por un nuevo modo de relacionarse donde la acritud deje paso a la búsqueda conjunta de soluciones. Aspiramos a ser Home Bo, esto es, profesionales justos e imparciales. A inspirar confianza, como la exposición de motivos de la Ley Hipotecaria nos exige. Desde esta institución tendemos nuestra mano a todos aquellos que consideren que podemos ayudarles. Estamos, como siempre, al servicio de nuestros conciudadanos.
El ámbito societario es nuestro primer reto. La sociedad valenciana posee un tupido tejido de empresas familiares, desde pymes a grandes sociedades. Es en la vida societaria donde la agilidad en los procedimientos hace conveniente erradicar la conflictividad, como medio de optimización de recursos, de viabilidad de la empresa, como instrumento de ahorro de costes societarios y por ende sociales. Las sociedades, nacen, se desarrollan y mueren en el Registro Mercantil. Es en él donde depositan sus cuentas, conforman sus estatutos y protocolos familiares. En estos ya es conveniente
prever la mediación, conciliación y arbitraje como medio de solución de conflictos, un tipo de conflictos donde se mezcla el patrimonio empresarial y familiar, por ejemplo en las cuestiones hereditarias. El registrador mercantil convoca las Juntas, nombra auditor, mediador concursal, interventor, y liquidador. Toda la vida jurídica de la sociedad aparece reflejada necesariamente en el Registro Mercantil, y camina de la mano del registrador. Por ello creemos que podemos colaborar en la resolución de aquellas controversias que se manifiesten entre los socios, o entre los propios órganos gestores de la sociedad, o entre éstos y sus proveedores, especialmente en el ámbito de la empresa familiar, donde se aúnan conocimientos mercantiles y sucesorios. Estamos preparados y nos sobra ilusión.
Recientemente, la ley 13/2015 de coordinación catastro-registro ha abierto un abanico de posibilidades para que el ciudadano pueda incorporar la descripción gráfica al registro. Tradicionalmente, la fijación de los lindes entre las fincas ha sido causa de disputas entre los propietarios colindantes, heridas abiertas que han pasado de generación en generación. Ahora se puede solicitar la coordinación entre la realidad y el registro. Especialmente a través de la figura de la conciliación, prevista en la Ley Hipotecaria, que persigue que se llegue a acuerdos ante el registrador para restañar de una vez las diferencias, y dejar configurada la delimitación de la finca frente a la comunidad.
En ocasiones, las relaciones humanas se entretejen de intereses que las desvirtúan, perdiendo una perspectiva que puede ayudar a recomponerlas. Esto es el encuentro. Es necesario entonces tomar distancia, y ayudados por un mediador o por un árbitro, buscar un acuerdo en el que no se reproduzca el binomio ganador-perdedor, sino satisfacción de los intereses distintos de ambos. En ocasiones es posible la convergencia ante aparentes posiciones inamovibles. Es especialmente interesante acudir al mediador, al conciliador o al árbitro en conflictos hereditarios o de comunidades de vecinos, donde junto al problema legal subyace el emocional.
No se agotan en estos campos las múltiples posibilidades que ofrecen la mediación, el arbitraje y la conciliación. También en materia de urbanismo, de crédito hipotecario, y así hasta la totalidad de campos en los que se manifiestan las relaciones humanas. Un sinfín de materias: la vida misma.
En un mundo interdisciplinar, los registradores ofrecemos también la comediación, donde se aúnan expertos jurídicos con expertos en relaciones humanas o en cuestiones técnicas (arquitectos, ingenieros, topógrafos.). Se trata de sumar esfuerzos y conocimientos y, entre todos, hacer una sociedad más justa.
Merece la pena apostar por un nuevo modo de relacionarse. Optemos por desjudicializar lo cotidiano, demos una oportunidad a la convivencia, a ‘Conviventia’, sabiendo que en último término la vía judicial está siempre latente, permanece abierta.

Consejo de Ministros. 18 noviembre 2016

domingo, 20 de noviembre de 2016

Consejo de Ministros
El Gobierno autoriza la convocatoria de casi 500 millones de euros en ayudas para la I+D+i
La Moncloa, Madrid, viernes 18 de noviembre de 2016 lamoncloa.gob.es
La Moncloa, Madrid – 18/11/2016
El Consejo de Ministros ha establecido nuevas excepciones a la orden de cierre presupuestario para destinar 486 millones de euros a la I+D+i, con un impacto estimado de 5.000 puestos de trabajo. También ha aprobado ayudas al cine y la nueva metodología para el cálculo de los costes de comercialización de la luz.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, presidido por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, ya que el presidente Rajoy se encontraba en una reunión en Berlín, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha informado de las decisiones adoptadas.
El Consejo de Ministros ha autorizado una importante excepción a la orden de cierre presupuestario que permitirá destinar casi 500 millones de euros a la I+D+i a través de las iniciativas Proyectos I+D («Excelencia»), el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad y el Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas, y Equipamiento.
La primera de ellas se dirige a «proyectos experimentales capaces de generar conocimiento» y cuenta con 125 millones de euros. La segunda, con 244 millones de euros, promueve el «conocimiento científico orientado a afrontar los retos en los campos de salud, energía, transporte y alimentación». La tercera tiene una dotación de 117 millones de euros.
Méndez de Vigo ha dicho que se estima que estos programas de I+D+i «pueden generar 5.000 puestos de trabajo de alta cualificación y están en la línea del programa Europa 2020».
Ayudas al cine
Otra excepción al cierre presupuestario que hoy ha aprobado el Gobierno es la referida a las ayudas generales a la producción de largometrajes sobre proyecto, por un total de 10 millones de euros.
Méndez de Vigo ha agregado que estas ayudas al cine español han sido «muy bien recibidas» por el sector y van a ayudar «a que la industria cinematográfica española continúe progresando». En este sentido, ha ofrecido algunos datos significativos que, ha dicho, prueban «el talento y la capacidad innovadora de nuestras producciones de cine»: el año 2016 va a cerrar con una cuota de pantalla de películas españolas en torno al 20% y con unos 17 millones de espectadores.
Por otro lado, el portavoz del Gobierno se ha referido a una última excepción a la orden de cierre presupuestario que permitirá la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para la desalación de agua de mar en las islas Canarias, un proyecto que se viene impulsando desde el año 2013. En total, 4,25 millones de euros.
Cálculo del precio de la luz
El Consejo de Ministros, además, ha aprobado un Real Decreto que establece la nueva metodología para determinar el cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación. Méndez de Vigo ha señalado que el Gobierno cumple así con las tres sentencias del Tribunal Supremo que obligaban a modificar el Real Decreto de 2014.
Con la metodología de cálculo que ahora se aprueba, el incremento del precio para el pequeño consumidor será «mínimo». El impacto para una factura media sería de 25 céntimos al año. Al respecto, el ministro Méndez de Vigo ha subrayado que el objetivo  del Ejecutivo «es evitar que los costes de la comercialización de la energía recaigan sobre los consumidores».
Requerimiento al Congreso de los Diputados
Según ha explicado el portavoz, el Consejo de Ministros ha acordado requerir al Congreso de los Diputados la revocación de la decisión de la Mesa de la Cámara Baja de admitir a trámite dos proposiciones de ley del Grupo Socialista; la primera, referida a la suspensión del calendario de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) -se debatió y aprobó el pasado martes-; la segunda, en relación con la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar las condiciones laborales de los subcontratados.
El portavoz del Gobierno ha apuntado que el artículo 134.6 de la Constitución establece como «competencia exclusiva e indelegable del Poder Ejecutivo» oponerse «a toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de los ingresos presupuestarios». En el caso de la LOMCE, la estimación del Gobierno supone un incremento de unos 600 millones de euros. Ocurre lo mismo con la reforma propuesta del Estatuto de los Trabajadores.
Otros acuerdos del Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros también ha tomado conocimiento del informe favorable del Consejo General del Poder Judicial acerca del nombramiento de José Manuel Maza Martín como fiscal general del Estado. Tal y como establece la ley, corresponde ahora a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados evaluar los méritos y la idoneidad del candidato propuesto por el Gobierno para el Ministerio Fiscal.
Además, el Gobierno ha aprobado la tramitación urgente del proyecto de Ley referido a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. Según ha explicado el ministro, esta norma se aprueba en cumplimiento de una directiva europea que los Estados de la UE se comprometieron a transponer antes de finalizar el año 2015, algo que no ha podido hacer España hasta ahora al encontrarse el Gobierno en funciones durante diez meses.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado diversos nombramientos en la Presidencia del Gobierno y en los Ministerios de Presidencia y para las Administraciones Territoriales; Justicia; Defensa; Hacienda y Función Pública; Interior; Fomento; Educación, Cultura y Deporte; Energía, Turismo y Agenda Digital; Economía, Industria y Competitividad, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Asuntos de actualidad
Pool Moncloa/J.M.CuadradoPreguntado por las gestiones para alcanzar un Pacto de Estado por la Educación, al que se refirió el presidente Rajoy en el Debate de investidura, el portavoz ha asegurado que es «una de las prioridades del Gobierno» y una «necesidad sentida» y expresada por todos los grupos políticos. Ha anunciado que va a crearse una subcomisión en la Comisión de Educación del Congreso para definir, en el plazo de seis meses, las líneas básicas del Pacto y, a partir de ahí, el Gobierno presentará el correspondiente proyecto de ley.
Con carácter previo, ha añadido Méndez de Vigo, el Gobierno va a publicar un Real Decreto-ley, en el que se recogerá, entre otras cuestiones, que los alumnos de cuarto de la ESO se examinarán exclusivamente de las materias troncales y la evaluación a final del Bachillerato será solo para el acceso a la Universidad. Estas medidas son un «primer paso» para el Pacto por la Educación, ha señalado.
En relación con este asunto, el ministro ha dicho que en este curso la LOMCE no se va a derogar ni a paralizar para no «causar un perjuicio enorme a los estudiantes».
Méndez de Vigo ha apoyado la decisión de los responsables de San Sebastián 2016 de retirar de una exposición de esa ciudad dos obras de reclusos de ETA, «porque podían herir la sensibilidad de las víctimas del terrorismo y este Gobierno está siempre con las víctimas».
A propósito de la ausencia y la actuación de determinados grupos en la sesión solemne de apertura en el Congreso de la XII Legislatura, el portavoz ha resaltado la importancia del respeto en las relaciones humanas y ha expresado su deseo de que ese sea el «tono y el talante en esta legislatura» porque, ha argumentado, el Parlamento debe ser «el espejo en el que se mira la gente».
Sobre el estado de negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el portavoz ha afirmado que los primeros contactos se encuentran en un «estado muy preliminar» y ha pedido que «haya apertura de miras» y no «posiciones apriorísticas».
El ministro ha concluido su intervención recordando que el domingo 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

Los registradores defienden a los consumidores de los intereses de demora abusivos

sábado, 19 de noviembre de 2016

Los registradores defienden a los consumidores de los intereses de demora abusivos
Publicado el Martes, 15 noviembre 2016  lawyerpress.com
La Dirección General de Registros y Notariado (DGRN), perteneciente al Ministerio de Justicia, acaba de avalar en una resolución la suspensión de una escritura de préstamo hipotecario practicada por el registrador de la propiedad de Sant Mateu (Castellón), por incluir una cláusula abusiva relativa a los intereses de demora.

El pasado 20 de junio, el registrador decidió calificar negativamente la escritura de préstamo hipotecario para adquisición de vivienda habitual concedido por una entidad de crédito. El registrador entendió que el interés moratorio pactado resultaba abusivo, al exceder en más de dos puntos porcentuales al interés remuneratorio pactado entre prestamista y prestatario. Para tomar su decisión, se basó en la reciente sentencia de 3 junio del Tribunal Supremo.

La DGRN respalda la calificación del registrador e indica que la citada sentencia no es de aplicación únicamente a las escrituras de préstamo hipotecario otorgadas a partir de la citada sentencia, siempre que el prestamista sea un profesional de la concesión de los préstamos y el prestatario un consumidor.

La resolución, de fecha 19 de octubre, cita también otra sentencia anterior del Tribunal Supremo de 22 abril de 2015, que ya establecía límites al interés moratorio en los supuestos de préstamos personales.

La DGRN recuerda en su escrito que el registro de la propiedad es una institución al servicio de la seguridad jurídica preventiva que, como tal, actúa ex ante, evitando litigios y situaciones de conflicto con el carácter preventivo y cautelar propio de su naturaleza. “En el campo del que ahora se trata de protección al consumidor, actúa mediante la exclusión de la cláusula abusiva del contrato antes de que éste pueda haber comenzado a desplegar sus efectos sobre el prestatario”.

El Supremo anula el Plan General de Ordenación Urbana de Santander

viernes, 18 de noviembre de 2016

Martes, 15 de noviembre de 2016  cgpj.es

El Supremo anula el Plan General de Ordenación Urbana de Santander

La sentencia estima uno de los motivos del recurso de Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Santander aprobado el 17 de septiembre de 2010 por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al estimar un recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales (ARCA).

La sentencia estima uno de los motivos del recurso de ARCA, en concreto el relativo a la insuficiencia de recursos hídricos suficientes para la población sin la utilización del denominado Bitrasvase (Proyecto de Abastecimiento de Aguas a Santander), que fue anulado a su vez por sentencia del Supremo de 18 de diciembre de 2013. El Supremo entiende que el resto de argumentaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en este proceso, que avaló el PGOU, eran acertadas, pero que en el citado aspecto de los recursos hídricos no lo es.

El Supremo discrepa de la consideración que el TSJ cántabro “realiza, con una indebida extralimitación, en el sentido de entender que la razón de decidir de la sentencia del TS de 18 de diciembre de 2013 -según se dice, motivación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de Bitrasvase- “es susceptible de ser subsanada y corregida, sin considerarlo una mera formalidad”. Obvio es que será en la ejecución de aquella sentencia, el órgano competente de su ejecución -a la sazón, la Sala de la Audiencia Nacional- el que tendrá, en su caso, que pronunciarse sobre la ejecución de la STS de 18 de septiembre de 2013”.

“Más, con independencia de ello -añade el alto tribunal-, lo cierto es -aunque por una circunstancia  “externa” al PGOU- que éste debe de ser anulado, así como la Resolución aprobatoria del mismo. Anulados el proyecto y la obra del Bitrasvase por el Tribunal Supremo, la existencia de recursos hídricos para la ciudad de Santander queda en entredicho, y, su suficiencia, en modo alguno acreditada, con vulneración del artículo 25.4 del TRLA (Texto refundido de la Ley de Aguas).

No sirve la voluntariosa argumentación de la Sala de instancia, desde un lógico planteamiento estrictamente procesal, con fundamento de que la nulidad jurisdiccional del Bitrasvase es una cuestión nueva no planteada en el momento procesal oportuno de la demanda, pues, la insuficiencia de los recursos hídricos, como la misma Sala reconoce, siempre fue esgrimida por la recurrente, bien desde la perspectiva de la insuficiencia, bien desde la perspectiva de la afectación a los LICs de los que procede el agua”.

Por ello, el Supremo estima este concreto motivo, “porque la cuestión -sin duda- planteada, y, en concreto, la suficiencia de los recursos hídricos, ha sido una cuestión suficientemente debatida, y su insuficiencia, como consecuencia de un previo pronunciamiento jurisdiccional -que en modo alguno puede ser obviado-, claramente acreditada; incluso, como la sentencia reconoce, las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre la incidencia del pronunciamiento jurisdiccional de referencia por cuanto el mismo afectaba a la nulidad de pleno derecho de un proyecto y una obra, directamente vinculada el tema de fondo debatido en el recurso contencioso administrativo relativo a la suficiencia de los recursos hídricos de Santander”.

D.Shostakovich – Waltz No.2 (from the Jazz Suite No.2)

jueves, 17 de noviembre de 2016

La inflación sube medio punto en octubre y se sitúa en el 0,7%

jueves, 17 de noviembre de 2016

La inflación sube medio punto en octubre y se sitúa en el 0,7%
Martes 15 de noviembre de 2016 lamoncloa.gob.es
El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en octubre un 0,7% en tasa interanual, tras el 0,2% registrado en septiembre, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa coincide con la adelantada por el INE a finales del mes pasado.

El incremento en la tasa interanual del IPC se debe al comportamiento de los precios de los productos energéticos, que crecieron por primera vez desde julio de 2014. En términos intermensuales, el IPC general se incrementó el 1,1% en octubre, cinco décimas más que en el mismo mes de 2015.

Los precios de los productos energéticos subieron ligeramente en octubre en términos interanuales, el 0,1%, frente al descenso del 4,8% registrado en septiembre. Esta evolución se explica tanto por la moderación en el ritmo de descenso de los precios de combustibles y carburantes (-0,3%, frente al descenso del 4,3% del mes precedente) como por el aumento de los precios de la electricidad, el 1%, tras el retroceso del 6,7% del mes anterior.

La inflación de la alimentación se sitúa en octubre en el 0,3%, cuatro décimas inferior a la del mes precedente, debido principalmente a la desaceleración de los precios de los alimentos no elaborados, cuya tasa se ha reducido un punto porcentual, hasta situarse en el 0,2%. Esta evolución responde, principalmente, a la desaceleración de los precios de las frutas frescas, casi cuatro puntos, hasta el 0,9%. Los precios de la alimentación elaborada se desaceleran en menor medida, una décima hasta el 0,4% interanual.

La inflación subyacente (excluye los elementos más volátiles del IPC, alimentación no elaborada y energía) se mantuvo en octubre en el 0,8%, debido a que la ligera aceleración de los precios de servicios, una décima hasta el 1,1%, fue compensada por la desaceleración de igual magnitud de los precios de los alimentos elaborados (hasta el 0,4%) y de los bienes industriales no energéticos (hasta el 0,6%).

En términos intermensuales, el IPC creció en octubre un 1,1%, medio punto más que el mismo mes de 2015. Por componentes, los precios de los productos energéticos aumentaron el 3,8%, tras el descenso del 1,3% de un año antes, los de servicios se redujeron un 0,3%, al igual que en el mismo mes de 2015, los de los BINE aumentaron un 3,1%, una décima menos que en octubre del pasado año, y los de alimentación crecieron el 0,1%, cuatro décimas menos que un año antes.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados aumentaron en octubre el 0,4% intermensual, nueve décimas menos que en el mismo mes de 2015, mientras que los de los alimentos elaborados se estabilizaron, frente a la subida del 0,1% de un año antes. Destaca, dentro de la alimentación no elaborada, la reducción de los precios de las frutas frescas (-0,1%), frente a la subida del 3,8% de un año antes.

La tasa interanual del IPC aumentó en octubre en todas las comunidades autónomas, situándose en niveles positivos en todas ellas. Las mayores tasas de inflación se registraron en Asturias y Navarra (1% ambas) y Cataluña (0,9%), y las menores, en La Rioja (0,3%) y Comunidad Valenciana (0,4%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en octubre en el 0,7%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de octubre, cuya tasa de variación interanual entra en positivo, al incrementarse un 0,5%, tras la estabilización de septiembre. La tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro también es 0,5%, anulándose así el diferencial de inflación de España respecto a la zona euro.

En resumen, la tasa interanual del IPC se incrementó en octubre medio punto, hasta situarse en el 0,7%, debido principalmente al aumento de los precios energéticos, tras el descenso en el mismo mes del pasado año. La inflación subyacente se mantiene en el 0,8% y el diferencial de inflación de España frente a la zona euro se anula.

French Latino – Historia de un Amor

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Un registrador se opone a inscribir un préstamo por incluir una cláusula abusiva

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Un registrador se opone a inscribir un préstamo por incluir una cláusula abusiva

El Ministerio de Justicia rechaza el recurso del notario que había avalado la hipoteca y da la razón al funcionario de Sant Mateu que paralizó la compra
joan mestre muñoz    castelló   12.11.2016 | levante.emv

Un registrador se opone a inscribir un préstamo por incluir una cláusula abusiva
Nuevo golpe a las cláusulas abusivas de las hipotecas inmobiliarias. Ahora, la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia (DGNR) ha avalado la actuación de un registrador de Sant Mateu que rechazó el préstamo de una entidad financiera por contener una cláusula abusiva; concretamente, consideró excesivo el interés moratorio. Este concepto contempla aquellas cantidades que se abonan cuando se produce un retraso en el pago de las cuotas mensuales de una hipoteca.

La entidad financiera, según la resolución de la Dirección General de Registros, estableció dicho recargo en más de dos puntos porcentuales al interés pactado entre el banco y el prestatario, un porcentaje que, según los registradores, sobrepasa el límite máximo admisible.

La notificación del DGNR, del pasado 19 de octubre, respalda su calificación en dos sentencias del Tribunal Supremo, una de ellas del pasado 22 de abril, que establecía límites al interés moratorio en los supuestos de préstamos personales en estos dos puntos porcentuales. Y, según fuentes del colegio de registradores, también puede afectar a las hipotecas firmadas antes de la de Sant Mateu porque la resolución establece que tiene un carácter retroactivo.

La sentencia del Supremo citada señala expresamente como «límite máximo de intereses moratorios en dichos supuestos los dos puntos porcentuales por encima del interés remunatorio pactado, conforme la Ley Hipotecaria».

La resolución de los registradores puntualiza que lo que se «anula y suprime completamente es esa cláusula abusiva, esto es, la indemnización desproporcionada por el retraso en la amortización del préstamo, pero no el que no estaba aquejado de esta abusividad».

La decisión del organismo de registradores afecta a un caso en Sant Mateu pero pone en solfa todas aquellos préstamos hipotecarios que tienen establecidos recargos por demora superiores a lo que la jurisprudencia señala como aconsejables. La resolución señala que «esa nulidad de una cláusula hipotecaria por abusividad y la consecuencia de que deba tener por no puesta se aplica a todos los préstamos hipotecarios vigentes independientemente de su firma».

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles recuerda en un comunicado que son «una institución al servicio de la seguridad jurídica preventiva que», y que como tal «actúa ‘ex ante’, evitando litigios y situaciones de conflicto con el carácter preventivo y cautelar propio de su naturaleza». Añade que «en el campo del que ahora se trata de protección al consumidor, actúa mediante la exclusión de la cláusula abusiva del contrato antes de que éste pueda haber comenzado a desplegar sus efectos sobre el prestatario».

Cabe destacar que la resolución de la entidad de los registradores rechaza un recurso presentado por un notario de Alcalà de Xivert, que había alegado contra la propuesta del registrador de la propiedad de Sant Mateu de suspender la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario.

La justicia europea ha puesto en su mira las cláusulas suelo (inclusión de un tipo de interés mínimos aunque luego varíe a la baja), y son numerosas las sentencias de juzgados españoles que en base a la jurisprudencia de la UE han fallado en contra de cláusulas abusivas. El Tribunal Supremo afirmó en 2013 que las entidades afectadas deberían devolver el dinero cobrado de más en esas cláusulas a partir del 9 de mayo de 2013 y no la totalidad ya que entendió que se podía poner en cuestión la viabilidad del sistema financiero.

España gana competitividad-precio frente a la zona euro y la OCDE en el tercer trimestre

miércoles, 16 de noviembre de 2016

10 de noviembre de 2016 mineco.gob.es
España gana competitividad-precio frente a la zona euro y la OCDE en el tercer trimestre
En el tercer trimestre de 2016, la economía española registró un aumento de competitividad-precio frente a los países de la OCDE y de la zona euro. Frente a los países de la OCDE, España ganó competitividad después de dos trimestres en los que se deterioró o se mantuvo estable. En relación a los países de la zona euro (UEM-19), el ITC acumula trece trimestres consecutivos en los que se mejora la competitividad frente a la zona euro.

En el tercer trimestre se produjo una pérdida de competitividad-precio frente a la Unión Europea en su conjunto, tomando como referencia los Índices de Precios al Consumo. Este resultado, que pone fin a la tendencia de los últimos once trimestres ganando competitividad respecto a esta zona, fue consecuencia de la apreciación del euro frente a las monedas del resto de países de la UE, suavizado por el retroceso de los precios españoles en contraste con el incremento en media experimentado por los precios de éstos.

En relación a los países BRICs, el ITC calculado con IPCs registró una pérdida de competitividad vía tipo de cambio. La apreciación del euro respecto a las monedas de estos países fue compensada en parte por la bajada en el índice de precios relativos.

Si consideramos los ITC calculados con los Índices de Valor Unitario de Exportación1 , en el segundo trimestre del año se registró un descenso de la competitividad frente a la UE2 a causa principalmente de la apreciación del euro frente al resto de monedas de los países miembros.

Respecto a los países de la OCDE, en el segundo trimestre de 2016 también hubo una pérdida de competitividad calculada con IVUs, en este caso debido a la acción conjunta del incremento del índice de tipo de cambio y del mayor descenso (en media) de los precios de exportación de los países de la OCDE frente a la caída de los mismos en España.

ITC calculado con IPCs: tercer trimestre de 2016

Frente a la Unión Europea

El ITC calculado frente a los países de la Unión Europea (UE-28) se incrementó un 1,0%3 interanual en el tercer trimestre de 2016 tras once trimestres de ganancias de competitividad frente a esta zona. Este deterioro de la competitividad-precio fue causado por el incremento del índice de tipo de cambio en un 1,7%, ya que el índice de precios relativos de consumo cayó un 0,7%.

En relación a los países de la zona euro (UEM-19), el ITC retrocedió un 0,7% en el tercer trimestre de 2016, respecto al mismo trimestre del año anterior, y acumula trece trimestres consecutivos en los que se mejora la competitividad frente a la zona euro. Este resultado se debió al descenso experimentado por los precios de consumo españoles en contraste con el ascenso en media de los precios del resto de países miembros.

El ITC calculado frente a los países de la Unión Europea que no pertenecen a la eurozona (UE-28 no UEM-19) creció un 6,3% en este periodo. La única causa de esta pérdida de competitividad fue la apreciación del euro (aumento del índice de tipo de cambio del 7,0%), que no fue compensada por el descenso del índice de precios relativos (-0,6% interanual).

Así, en el acumulado del año se registró una mejora de competitividad en la zona euro (descenso del ITC del 1,0%), mientras que en el conjunto de la Unión Europea y en la UE-28 no UEM-19 se produjo un deterioro de la competitividad (incremento del ITC del 0,1% y 3,4%, respectivamente) debido a la apreciación del euro respecto a las monedas de estos países.

Frente a la OCDE

En el tercer trimestre de 2016 España ganó competitividad frente a la OCDE (descenso de un 0,8% interanual en el ITC) resultado del retroceso de un 0,9% en el índice de precios relativos, ya que el euro se apreció muy ligeramente frente a las monedas de estos países (+0,1% interanual).

Respecto a los países de la OCDE que no pertenecen a la zona euro, nuestra economía también registró una mejora de competitividad-precio en este periodo, reflejado en la caída del ITC en un 0,9% interanual. La causa de esta ganancia de competitividad está en la reducción en un 1,1% en el índice de precios relativos, mientras que el incremento del índice de tipo de cambio en un 0,2% apenas afectó en el resultado.

En cuanto al ITC calculado frente a la OCDE no UE-28, sufrió una caída del 2,8% en el tercer trimestre de 2016. En este caso, la ganancia de competitividad fue motivada tanto por la depreciación del euro (-1,7% interanual) como por el descenso del índice de precios relativos (-1,2%).

De este modo, en el acumulado del año hasta septiembre se registra un deterioro de la competitividad en los países de la OCDE no UEM-19 por el alza del índice de tipo de cambio en mayor cuantía que la caída del índice de precios relativos. En cambio, en la OCDE y en la OCDE no UE-28 la competitividad se mantiene estable debido a que los aumentos del índice de tipo de cambio fueron compensados con descensos del índice de precios relativos del mismo orden.

Frente a los países BRICS

En el tercer trimestre de 2016 el ITC frente a los países BRICS experimentó un ascenso del 0,8% interanual y suma tres trimestres consecutivos en los que se empeora la competitividad. La causa de este comportamiento fue la apreciación del euro (en media) respecto a las monedas de estos países (incremento de un 4,7% del IPX), suavizada por la caída del índice de precios relativos en un 3,7%. Los países BRICs presentan una inflación media superior a la española desde el tercer trimestre del año 2006.

En lo que va de año, el ITC aumentó un 3,2% interanual y registró un deterioro de competitividad vía tipo de cambio por la fuerte apreciación del euro frente a estos países. El descenso del índice de precios relativos contribuyó a que la pérdida de competitividad no fuese mayor.

ITC calculado con IVUs: segundo trimestre de 2016

Frente a la Unión Europea

El ITC calculado con IVUs frente a la Unión Europea4 (UE-28) creció un 1,2% en tasa interanual en el segundo trimestre de 2016. Esta pérdida de competitividad se produjo por el aumento del índice de tipo de cambio en un 1,0%, unido a un ligero ascenso del índice de precios relativos de exportación, en un 0,1% (los precios de exportación españoles han disminuido menos que la media de los precios de exportación del resto de países de la UE).

Frente a los países que constituyen la eurozona (UEM-19) el ITC avanzó un 0,1% en el segundo trimestre de 2016, después de trece trimestres consecutivos de descensos. Se perdió competitividad al disminuir los IVUs de exportación españoles en menor cuantía que la media de dichos índices en el resto de países con los que compartimos moneda.

Respecto a los países de la Unión Europea que no pertenecen a la zona euro (UE-28 no UEM-19), el ITC creció con mayor intensidad, un 4,7%, en el segundo trimestre de 2016. Aumentaron tanto el índice de tipo de cambio (+4,3%), como el índice de precios relativos de exportación (+0,3%), lo que provocó un deterioro de la competitividad este trimestre.

El empeoramiento de la competitividad frente a la UE, la eurozona y la UE no UEM ha sido consecuencia, en su mayor parte, de la apreciación del euro en el segundo trimestre de 2016 y, en menor medida, de una mayor reducción en media de los precios de exportación de estos países frente a un menor descenso de los precios de exportación españoles.

En el acumulado del primer semestre del año también se perdió competitividad frente a la UE y a la UE sin la eurozona, mientras que se ganó competitividad frente a la zona euro.

Frente a la OCDE

El ITC calculado frente a los países de la OCDE se incrementó un 4,0% en el segundo trimestre de 2016. Este deterioro de la competitividad fue debido a la tasa interanual positiva del 2,5% que registró el índice de tipo de cambio, unido al aumento del 1,5% del índice de precios relativos. Así, se acumulan dos trimestres consecutivos perdiendo competitividad frente a la OCDE según los ITC medidos con IVUs, después de cinco trimestres de mejora de competitividad.

Frente a los países que no pertenecen a la zona euro (OCDE no UEM-19), el ITC mostró un aumento del 7,0% en el segundo trimestre del año. En este resultado influyó tanto el índice de tipo de cambio, que ascendió un 4,3%, como el índice de precios relativos, que se incrementó un 2,6%.

Por último, el ITC frente a la OCDE no UE-28 ascendió un 7,5%. Al igual que en el resto de zonas de la OCDE, se registró una pérdida intensa de competitividad vía tipo de cambio (subida del IPX en un 4,2%), unido a la pérdida de competitividad vía precios (aumento del IPR en un 3,2%).

En definitiva, en el segundo trimestre del año, España continúa con la tendencia iniciada en el trimestre anterior y pierde competitividad medida con los IVUs frente a las zonas de la OCDE, a causa de la notable apreciación interanual del euro frente a las monedas de estos países, unido al aumento relativo de los precios de exportación españoles.

La publicación de datos de IVUs de exportaciones presenta un mayor retraso que la de los IPCs. Por esta razón, se proporciona información de los ITCs calculados con IVUs correspondientes al segundo trimestre de 2016.
A partir de 2015, los datos de IVUs de la UE-28 se obtienen de Eurostat.
Un descenso del índice implica una ganancia de competitividad exterior de la economía española frente al grupo de países respecto del cual se construye el índice y viceversa.
Desde enero de 2015, los datos de IVUS de los países de la UE se obtienen de Eurostat.

Aire. Luz Rios y Joan Sebastian

martes, 15 de noviembre de 2016

Catalá apela a difundir la mediación como la mejor herramienta para reducir la litigiosidad

martes, 15 de noviembre de 2016

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
Nota de prensa-  mjusticia.gob.es
Jornada organizada por la Asociación Española de Mediación
Catalá apela a difundir la mediación como la mejor herramienta para reducir la litigiosidad
14 de noviembre de 2016.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la eficacia de la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos y respuesta práctica a viejas dolencias de nuestra Justicia, como el exceso de litigiosidad, durante la inauguración de la Jornada sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y mediación organizacional en la empresa llevada a cabo por la Asociación Española de Mediación (ASEMED).
El ministro ha destacado que la Ley de Mediación de 2012 y el Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre que la desarrolla han establecido un marco regulatorio inexistente hasta el momento que ha puesto a disposición de la sociedad 2.500 mediadores, 1.300 mediadores concursales y 78 instituciones de mediación en busca de soluciones concertadas, rápidas, razonables y alternativas a las que pueden suministrar los tribunales.
En el terreno económico concretamente, Catalá se ha mostrado convencido de que la mediación es una poderosa herramienta frente al riesgo ya que se anticipa a los problemas y minimiza o evita sus efectos.
Además, ha dicho, no puede limitarse al entorno familiar o laboral, sinoque debe llegar al ámbito empresarial ya que es el más adecuado para aprovechar al máximo sus potencialidades y la cualificación de sus profesionales. De hecho, la reforma del Código Penal impulsada en 2015 a través de la Ley Orgánica 1/2015 extendió la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo así el concepto de debido control y autorregulación en las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.
El ministro ha precisado que, una vez establecido el marco estatutario de la mediación, a partir de ahora se trata de desarrollar una labor de difusión y divulgación entre los ciudadanos para que sepan que pueden resolver sus conflictos por otra vía distinta a los tribunales, tanto en el ámbito laboral, como civil y mercantil.
También ha destacado Catalá la necesidad de que todos los profesionales (abogados, ingenieros, economistas, etc.) se involucren en la concienciación ciudadana y divulgación de esta herramienta, tal como se contempla en los distintos convenios que el Ministerio de Justicia está firmando con los colegios profesionales ya que debe ser tarea de todos promover una cultura de la concertación y del acuerdo propia de las sociedades democráticas más avanzadas.

Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de propiedad de Sant Mateu, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario

martes, 15 de noviembre de 2016

boe,.es

Recurre el notario autorizante.

La Dirección General de los Registros y del Notariado confirma la nota de calificación del registrador…

3. La cuestión de fondo del recurso radica en determinar si la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016, relativa a la determinación de cuándo los intereses moratorios de un préstamo hipotecario celebrados por profesionales con consumidores deben considerarse abusivos, es aplicable a las escrituras públicas de ese tipo de contratos, otorgadas antes de dicho fallo. A este respecto, la sentencia citada señala expresamente como límite máximo admisible de intereses moratorios en dichos supuestos los dos puntos porcentuales por encima del interés remuneratorio pactado, considerando abusivo el interés calculado conforme al límite legal del artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria (tres veces el interés legal del dinero), que sólo operará dentro de los supuestos previstos en el propio precepto, para aquellos casos distintos a la contratación con consumidores bajo condiciones generales, en que deberá aplicarse el citado límite objetivo de abusividad del interés remuneratorio incrementado en dos puntos.
El recurrente afirma a este respecto que no es posible atribuir carácter retroactivo a una sentencia sin publicación en Diario Oficial y sin «vacatio legis», ya que ni la Ley tiene tal carácter (vid. Resolución de 23 de marzo de 2013), y, por tanto, no se puede aplicar a escrituras que se otorgaron cuando esa sentencia no se podía conocer porque sencillamente no existía; y que la escritura se ajusta a derecho por cuanto se respeta el límite fijado en el artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria. En todo caso, afirma se afirma en el recurso, la normativa o jurisprudencia aplicable debería ser la existente en el momento de practicarse el asiento de presentación, pero nunca la aparecida después de él.
En materia de protección de consumidores el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de 2015 y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de junio de 2015 y 17 de marzo de 2016, entre otros) ha señalado que, el límite cuantitativo fijado por la norma dispositiva del artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria no puede ser la única referencia para la determinación del límite al interés moratorio convencional en los préstamos hipotecarios, puesto que el juez nacional tiene que acudir para apreciar la abusividad a todos los criterios de comparación del tipo pactado con las normas nacionales aplicables en defecto de acuerdo. Es decir, que el artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria española puede constituir un límite legal de carácter general en la contratación de los préstamos hipotecarios encuadrables en su ámbito (préstamo o crédito concedido para la adquisición de la vivienda habitual del prestatario que constituye el objeto hipotecado), pero nunca un canon de abusividad cuando intervengan profesionales y consumidores, abusividad que deberá ser apreciada por los jueces en cada caso teniendo en cuenta el conjunto de su ordenamiento jurídico nacional y el comunitario, y no solo una norma, máxime cuando ésta sea dispositiva por limitarse a fijar un límite máximo o cuando no tenga un carácter general.
En definitiva, como señalan las citadas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: «1. Las normas españolas (dispositivas) no pueden prejuzgar la apreciación por el juez nacional del carácter abusivo de una cláusula de intereses moratorios. 2. El juez puede dejar sin efecto la cláusula abusiva, independientemente de lo que digan las normas nacionales, al amparo del artículo 6.1 la Directiva 93/13».
Por su parte el citado artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE dispone que «los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas», y el artículo 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que «las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas». Esta nulidad de las cláusulas abusivas opera «ipso iure», como tienen declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo español (Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de junio de 2009 y 14 de junio de 2012 y Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo y 13 de septiembre de 2013, entre otras), es decir, que no necesita para su aplicación por las autoridades y funcionarios nacionales, incluidos los registradores de la Propiedad, de declaración judicial previa a consecuencia de una impugnación del consumidor.
Pues bien esa nulidad de una cláusula hipotecaria por abusividad y la consecuencia de que deba tenerse por no puesta, se aplica a todos los préstamos hipotecarios vigentes independientemente del momento de su firma y de si efectivamente se ha hecho uso de esa cláusula, incluso si la hipoteca se ha inscrito en el registro de la propiedad. Por tanto, si el carácter abusivo de los intereses moratorios puede ser invocado por los prestatarios, sobre la base del contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016, no sólo respecto de los préstamos o créditos autorizados con posterioridad a su fecha o a la de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» u otra medio oficial, sino también respecto de préstamos o créditos anteriores a tales fechas; igualmente podrá ser calificado por el registrador de la propiedad cuando el título que las contenga, cualquiera que sea su fecha, se presenta para su inscripción. Y es que la cuestión, específicamente en materia de abusibidad, no radica en si las sentencias del Tribunal Supremo tienen o no eficacia retroactiva en sentido propio, sino que lo que hacen es interpretar normas vigentes cuyo sentido fijan, de tal manera que ese pasa a ser el significado que les corresponde desde que se promulgaron. El principio de irretroactividad opera respecto de las leyes y la jurisprudencia pero no respecto de la doctrina que las interpreta (Resolución de 21 de marzo de 2013), la cual puede tener en consideración la realidad social del tiempo en que aquellas deben ser aplicadas (artículo 3 del Código Civil).
Debe recordarse a este respecto, una vez más, que el ámbito de la calificación del registrador de la Propiedad en materia de abusividad, según la doctrina de esta Dirección General sintetizada en las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de abril y 25 de septiembre de 2015, le permite rechazar la inscripción de tales cláusulas: a) cuando la nulidad por abusividad hubiera sido declarada mediante resolución judicial firme, sin que sea necesario que conste inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación ya que tal exigencia infringiría el «principio de efectividad» de la normativa europea de protección de consumidores; siendo, no obstante necesario, a falta de tal inscripción, que la sentencia judicial proceda del Tribunal Supremo (con valor de jurisprudencia o casacional por provenir del Pleno de Sala), en cuanto fuente complementaría del derecho (artículo 1 del Código Civil), o responda a un criterio mayoritario y uniforme de los órganos judiciales superiores; y en todos los casos que se refieran al contrato de préstamo o crédito hipotecario, y b) cuando el carácter abusivo de la cláusula pueda ser apreciado directamente por el registrador de forma objetiva, sin realizar ningún juicio de ponderación en relación con las circunstancias particulares del caso concreto, bien porque coincidan con alguna de las tipificadas como tales en la denominada «lista negra» de los artículos 85 a 90 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios o bien por vulnerar otra norma específica sobre la materia, como el artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria (respecto de los intereses moratorios en su ámbito concreto de aplicación fijado por el Tribunal Supremo), con base en la doctrina de la nulidad «apud acta» recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2013. Por tanto, la cláusula que recoja intereses moratorios que excedan de dos puntos por encima del interés remuneratorio pactado, deberá ser denegada ya que ese parámetro ha sido fijado expresamente por el Tribunal Supremo como criterio objetivo de abusividad por razones de seguridad jurídica con efectos «ex tunc».
4. También afirma el recurrente, como argumento en contra de la aplicación registral del criterio de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016, que las Sentencias del Tribunal Supremo para constituir jurisprudencia y, en consecuencia, poder tener fuerza en la forma de interpretar las normas, deben ser reiteradas, lo que no ocurre en este supuesto, y que no es admisible que con la excusa de interpretar una norma clara, finalmente la deja sin efecto alguno como ocurre con la citada sentencia que de hecho supone la derogación del artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria, en opinión del citado notario.
En cuanto a esta última afirmación debe rechazarse porque según la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de 2015, los intereses moratorios abusivos y el límite fijado por el artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria operan en situaciones distintas, con diferentes reglas de juego, y obedecen a razones también diferentes. La nulidad de la cláusula que fija intereses moratorios abusivos se funda en la necesidad de proteger a todo consumidor ante la imposición de cláusulas que le perjudican considerablemente frente al empresario con el que contrata: se le protege porque el consumidor no negocia la cláusula, que es predispuesta e impuesta por el prestamista. Por eso, si la cláusula fija unos intereses desproporcionadamente altos, podrá calificarse de abusiva, y en consecuencia, nula aunque no exceda del límite del artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria, cuya finalidad es la de proteger a un tipo de prestatarios determinados: los que obtienen un crédito para financiar la adquisición de su vivienda habitual, respeto de todos los cuales seguirá funcionando como límite legal máximo. Además, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016 de la que tratamos señala que «el art. 114.3 LH operará, dentro de los supuestos previstos en el propio precepto, para aquellos supuestos distintos a la contratación con consumidores bajo condiciones generales», frase que al tener la adquisición de la vivienda habitual por su destino un carácter de consumo, únicamente se puede referir al supuesto en que el acreedor no sea un profesional de la concesión de préstamos, supuesto en que solo operaria este límite legal y no el criterio de abusividad fijado en la Sentencia.
En cuanto a la cuestión de la necesidad de reiteración de Sentencias del Tribunal Supremo en un mismo sentido, para que el criterio que resulta de las mismas pueda ser aplicado por el registrador de la Propiedad en su calificación, cabe aquí reiterar lo expuesto en el punto anterior respecto a la calificación registral de las cláusula abusivas y, también, la aplicación en materia de seguridad jurídica preventiva del llamado «principio de efectividad» de la Directiva de protección de los consumidores, del que el artículo 258.2

la Ley Hipotecaria es una aplicación. Este principio de efectividad implica que los registradores de la Propiedad deban de abstener de colaborar en la aplicación de las llamadas cláusulas abusivas cuando existan bases objetivas para su consideración como tales (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2009, entre otras), como lo constituiría la existencia de sentencias reiteradas del Tribunal Supremo o una sentencia de dicho Tribunal con valor de jurisprudencia o interés casacional (artículos 493 y 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) por su asimilación práctica a aquellas.
Además, en el caso del que tratamos no ha sido una sola sentencia, sino dos, las que se han pronuncian por la fijación del citado criterio objetivo de abusividad en cuanto a los intereses moratorios en los contratos de préstamo y crédito, señalando como tales los que excedan de los intereses ordinarios pactados en más dos puntos: la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015 para los préstamos personales y la de 3 de junio de 2016 para los préstamos hipotecarios; guardando ambas identidad de razón por cuanto la segunda se remite expresamente a la primera y adopta su mismo criterio delimitador.
5. Por último, en cuanto a la posibilidad de que se hubiera procedido a practicar la inscripción de la hipoteca excluyendo la cláusula relativa a los intereses moratorios, dado que el recurrente no recoge este argumento, procede únicamente reiterar ahora el criterio de este Centro Directivo (Resoluciones de 14 de diciembre de 2010, 7 de noviembre de 2012, 18 de febrero, 12 de septiembre y 3 de octubre de 2014 y 21 de enero, 30 de marzo y 14 de mayo de 2015), mantenido a partir de la reforma llevada a cabo por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, según el cual la inscripción parcial de los títulos, en caso de calificación suspensiva o denegatoria de una parte de los mismos, si el pacto o estipulación rechazados afecta a la esencialidad del contrato o negocio cuya inscripción se pretende, como ocurre respecto de la responsabilidad hipotecaria en cuanto al derecho real de hipoteca, exige la solicitud expresa del interesado o interesados (artículos 19 bis y 322 de la Ley Hipotecaria).
Así, respecto de un supuesto semejante al presente, la infracción del límite legal de intereses moratorios recogido en el artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de noviembre de 2013 rechazó la inscripción siquiera parcial de la hipoteca argumentando que «siendo la ejecución de la hipoteca un procedimiento de naturaleza esencialmente registral, ya desde el mismo momento de la inscripción de la hipoteca debe quedar claro en qué términos se podrá, si llega el caso, ejecutar (art. 130 LH)» y, por tanto, «es en el título ejecutivo mismo donde se deberá proceder a un ajuste al contenido imperativo de la norma, respetando la prohibición de exceder los límites de intereses de demora impuesta en el reiterado apartado 3 del artículo 114 de la Ley Hipotecaria», doctrina que con las convenientes adaptaciones es también aplicable al supuesto objeto de este recurso.
La declaración de abusividad de una cláusula supone que se tenga por no puesta, con mantenimiento del contrato en los demás extremos si fuera posible su subsistencia sin la misma –artículos 6.1 de la Directiva 13/93/CEE y 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios–, e imposibilidad de moderación o integración registral o judicial de la estipulación, porque la abusividad se impone coactivamente al profesional como una sanción, de tal manera que, por ejemplo, en la materia de intereses moratorios que ahora nos ocupa, le impide cobrar nada en absoluto por tal concepto indemnizatorio, sin que proceda pronunciarse ahora acerca de las consecuencia registrales de la afirmación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016 de que en el período de demora se seguirán cobrando los intereses remuneratorios. Ahora bien, este efecto sustantivo tan riguroso no se opone a la expresada doctrina de que la inscripción parcial exige la solicitud del interesado, porque en caso de suspensión del asiento registral, el préstamo seguirá operando entre las partes en sus mismo términos, lo único que ocurre es que carecerá de garantía hipotecaria.
No es cierto, tampoco, que la suspensión de la inscripción obligue a las partes a una moderación del contenido del contrato, porque, como ya se expuso en la Resolución de 20 de junio de 2016, la denegación registral de una estipulación abusiva supone la eliminación formal de la misma, y posibilita un nuevo acuerdo entre partes y ex novo pactar una mejora de la cláusula dejada sin efecto porque la calificación registral ha restablecido el equilibrio contractual y el consumidor con pleno conocimiento de causa, puede prestar un consentimiento libre e informado. Y es que, como también señalara la Resolución de 18 de noviembre de 2013, «el Registro de la Propiedad es una institución al servicio de la seguridad jurídica preventiva (cfr. artículo 9.3 de la Constitución) que, como tal, actúa ex ante, evitando litigios y situaciones de conflicto con el carácter preventivo y cautelar propio de su naturaleza, y en el campo del que ahora se trata de protección del consumidor, actúa mediante la exclusión de la cláusula abusiva del contrato antes que pueda haber comenzado a desplegar sus efectos sobre el prestatario», lo que hace, dado el carácter constitutivo de la inscripción de hipoteca, que la calificación registral actúe como una circunstancia más del proceso de contratación que deriva de la operativa del principio de efectividad de la protección de los consumidores dentro del ámbito de la seguridad jurídica preventiva.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 19 de octubre de 2016.–El Director General de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.

Viva México

lunes, 14 de noviembre de 2016

El 64% de las empresas considera que la situación política ha repercutido en su actividad

lunes, 14 de noviembre de 2016

Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME
El 64% de las empresas considera que la situación política ha repercutido en su actividad
-El período medio de pago se reduce hasta los 80 días, pero la deuda comercial en mora se incrementa y representa el 72% del crédito comercial.
Madrid, 24 de octubre de 2016 cepyme.es
La ausencia de Gobierno y la situación política que España ha vivido en este último año han tenido influencia en la actividad del 64% de las empresas, según se desprende a la Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial realizada en junio, que se incluye en Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial nº 10, elaborado por CEPYME, en colaboración con la Dirección General de Industria y de la Pymes.
Un 28,2% de las empresas consultadas señaló que la situación de interinidad política tenía un notable impacto sobre su actividad empresarial, y un 35,5% indicó que este impacto era moderado. Para el 34% de las empresas consultadas esta situación no tiene ninguna influencia sobre su actividad.
La previsión de crecimiento de la economía española se mantiene en el 3,2% para este año, pese a la gradual desaceleración en el ritmo de crecimiento trimestral que se viene registrando durante el actual ejercicio. Dicha desaceleración conducirá a un crecimiento anual del 2,3% en 2017, que se traducirá en 390.000 nuevos empleos y una tasa de paro del 17,9%, según los datos contenidos en este Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial.
En cuanto a la evolución de la morosidad, el informe señala un descenso de 1,4 puntos en el Índice Sintético de Morosidad Empresarial (ISME) durante el segundo trimestre del año, rompiendo la tendencia alcista de los últimos cuatro trimestres y confirmando la oscilación cíclica de este indicador, que se sitúa en el entorno de los 93,5 puntos desde el segundo trimestre de 2013, cuando la economía española comenzó la recuperación.
El período medio de pago de las operaciones comerciales entre empresas se redujo en el segundo trimestre de este año desde los 83,4 hasta los 80,1 días, que representan el mínimo de la serie histórica (desde el primer trimestre de 2008). Por su parte, la deuda comercial en retraso de pago volvió a incrementarse, representando ya el 72,1% del total del crédito comercial.
Este comportamiento del porcentaje de deuda comercial en retraso de pago y el periodo medio de pago confirma la necesidad de abordar reformas de calado
que permitan erradicar las malas prácticas en materia de cobros y pagos, según pone de relieve el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME.
Este estudio pone de relieve asimismo la preocupante evolución de la denominada “morosidad extrema”, es decir, aquellos efectos denunciados, que entran en la categoría de dudoso cobro, y que en agosto acumulaban una demora de 1.087 días, casi tres años de impago.
El coste financiero de la morosidad se situó en el entorno de los 900 millones de euros en el segundo trimestre del año, lo que equivale aproximadamente al 0,1% del PIB.
Por sectores, construcción y textil vuelven a situarse a la cola en materia de cobros, con períodos de pago de 93,2 y 93,1 días respectivamente, más de 30 días por encima del plazo legal (60 días). Por el contrario, papel y artes gráficas y el sector químico son los que mejor comportamiento han mostrado, con 70,7 y 73,6 días, respectivamente.
En lo que se refiere a la evolución de la morosidad interempresarial por Comunidades Autónomas, cabe destacar el empeoramiento del periodo medio de pago entre empresas en Aragón, tradicionalmente la Comunidad mejor pagadora, que ha pasado de 68,7 a 77,8 días. Castilla y León encabeza la lista de las Comunidades Autónomas con menor período de pago entre empresas, con 71,3 días (72,2 días en el trimestre anterior), mientras que Extremadura se sitúa a la cola, con 95,2 días (79,7 días en el trimestre anterior).
El período medio de pago se reduce especialmente en el segmento de las microempresas, al pasar de 85,6 a 76,1 días. Entre las pequeñas empresas, este período se reduce desde los 80,9 hasta 79,4 días, mientras que en las medinas pasa de 86,2 a 84 días.
Por lo que respecta a la morosidad de las Administraciones Públicas, el período medio de pago en las Comunidades Autónomas se sitúa en 72,2 días, más de 42 días por encima del periodo legamente establecido (30 días), convirtiéndose estas entidades en el nivel administrativo con peores registro de pago a proveedores. En el ámbito de las corporaciones locales, el periodo medio de pago se mantiene estable en torno a los 60 días.
El Estado y los organismos y entes públicos son los niveles administrativos que presentan menores períodos de pago, con 56 y 48 días, respectivamente. En ambos casos, por encima del límite legal de 30 días.
Más información Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial

Robots, crecimiento y desigualdad

domingo, 13 de noviembre de 2016

Robots, crecimiento y desigualdad

Publicado en November 3, 2016 blog-dialogoafondo.org

Por Andrew Berg, Edward F. Buffie, y Luis-Felipe Zanna *

La revolución robótica podría tener un profundo impacto negativo sobre la equidad

Hay quienes dicen que el mundo está entrando en una “segunda era de las máquinas”. No pasa una semana sin que haya novedades de una nueva aplicación de inteligencia artificial y de robótica: vehículos de reparto automatizados, enseñanza electrónica y calendarios autoprogramables, computadoras que reemplazan a asistentes jurídicos y automóviles que no necesitan conductor. Algunos se parecen al “robot” concebido por el autor checo de ciencia ficción Karel Čapek en 1921: una máquina inteligente básicamente imposible de distinguir de un humano.

Nadie sabe a dónde se encamina esta tecnología. Según Robert Gordon, el cambio tecnológico económicamente significativo —y el crecimiento de la productividad de Estados Unidos— se han desacelerado desde los años setenta, excepto durante un boom tecnológico de una década que concluyó en 2004 (véase la edición de F&D de junio de 2016). Pero bien podríamos estar presenciando el albor de una revolución en lo que a los robots inteligentes se refiere, y los economistas deberían plantearse seriamente lo que esto implica para el crecimiento económico y la distribución del ingreso.

Versiones dispares

Los análisis económicos de la tecnología, el crecimiento y la distribución se dividen en dos campos. Según uno, los avances tecnológicos incrementan la productividad y, por ende, el producto por persona. A pesar de algunos costos transicionales —determinados empleos se vuelven obsoletos—, el efecto global es una mejora del nivel de vida. La historia de este debate desde por lo menos el siglo XIX parece darle la razón inequívoca a los defensores de la tecnología. En 2015, el trabajador estadounidense promedio trabajó aproximadamente 17 semanas para vivir con el nivel de ingreso anual del trabajador promedio de 1915, en gran medida gracias a la tecnología (Autor, 2014).

Esta versión optimista revela que la tecnología hace mucho más que desplazar trabajadores. Logra que los trabajadores sean más productivos y estimula la demanda de los servicios que producen;
por ejemplo, gracias al software cartográfico (y ahora a Lyft y Uber), los taxistas son más eficientes. Y el aumento del ingreso genera demanda de todo tipo de productos y, por lo tanto, de mano de obra. En la década de 1950 y comienzos de la de 1960, una ola de temores en torno a las repercusiones de la computarización de los puestos de trabajo recorrió Estados Unidos, pero las siguientes décadas, marcadas por un fuerte aumento de la productividad y una mejora de los niveles de vida, fueron en general una época de desempleo estable y empleo en alza.

La otra versión, más pesimista, presta más atención a los perdedores (véanse, por ejemplo, Sachs y Kotlikoff, 2012; Ford, 2015; Freeman, 2015). Parte del aumento de la desigualdad observado en muchas economías avanzadas en las últimas décadas podría ser resultado de la presión tecnológica. En las economías desarrolladas, la revolución informática ha reducido la demanda relativa de empleos que conllevan tareas rutinarias (físicas o mentales), como la teneduría de libros o las líneas de producción. Como la combinación de computadoras y una menor planta de trabajadores —generalmente más calificados—puede producir los bienes que antes estaban relacionados con esos puestos de trabajo, los sueldos relativos de los trabajadores menos preparados han caído en muchos países.

¿Serán diferentes los robots?

Para saber dónde podrían encajar los robots inteligentes, diseñamos un modelo económico que supone que los robots son un tipo diferente de capital, un buen sucedáneo de los trabajadores humanos. Los macroeconomistas por lo general piensan que la producción es resultado de la combinación de capital físico (máquinas y estructuras públicas y privadas) y trabajo. Pero es sumamente esclarecedor pensar en los robots como un nuevo tipo de capital físico que, de hecho, engrosa la mano de obra (humana) disponible. Por ejemplo, la producción seguirá requiriendo edificios y carreteras, pero ahora los humanos y los robots pueden trabajar con este capital tradicional.

Entonces, ¿qué ocurre cuando este capital robótico alcanza un grado de productividad que lo hace útil? Si suponemos que los robots son sucedáneos casi perfectos de la mano de obra, lo bueno es que el producto por persona aumenta, pero lo malo es que la desigualdad se agudiza, por varias razones. Primero, los robots incrementan la oferta efectiva total de trabajo (humanos más robots), lo cual hace bajar los sueldos en una economía dictada por el mercado. Segundo, como ahora es rentable invertir en robots, se reduce la inversión en capital tradicional, como edificios y maquinaria convencional, lo cual reduce aún más la demanda de quienes trabajan con ese capital tradicional.

Pero esto es apenas el comienzo. Tanto el aspecto positivo como el negativo se intensifican a lo largo del tiempo. A medida que aumenta la cantidad de robots, sube el rendimiento del capital tradicional (los depósitos son más útiles si las estanterías las llenan robots), y la inversión tradicional termina subiendo también. Esto, a su vez, mantiene la productividad de los robots, incluso a
medida que su número sigue creciendo. Con el correr del tiempo, ambos tipos de capital crecen simultáneamente, hasta que logran predominar en la totalidad de la economía. Todo este capital tradicional y robótico, al cual el trabajo contribuye cada vez menos, produce más y más. Y los robots no consumen; lo único que hacen es producir (pese a las ambivalencias de la ciencia ficción).
Es decir, hay cada vez más producto para los seres humanos.

Ahora bien, los sueldos bajan, no solo en términos relativossino también absolutos, a pesar del aumento de la producción.

Esto puede parece extraño, o incluso paradójico. Algunos economistas tildan de falacia el hecho de que los oponentes a la tecnología no tienen en cuenta que los mercados encuentran un punto de equilibrio: la demanda aumentará hasta satisfacer la mayor oferta de bienes producidos gracias al avance tecnológico y los trabajadores encontrarán nuevos empleos. Esa falacia no se da aquí: en los supuestos de nuestro modelo económico simple no hay desempleo ni otras complicaciones, sino que los salarios se ajustan en equilibrio con el mercado laboral.

¿Cómo explicamos entonces la baja salarial coincidente con el aumento de la producción? En otras palabras, ¿quién compra toda la producción extra? La respuesta es: los propietarios del capital. A corto plazo, la inversión adicional compensa holgadamente toda disminución pasajera del consumo. A largo plazo, aumenta la parte de la creciente riqueza que les toca a los propietarios del capital, y lo mismo ocurre con su gasto de consumo. Como consecuencia del retroceso de los salarios y del crecimiento del capital, el trabajo (humano) ocupa una parte cada vez más pequeña de la economía. (En el caso limitante de sustituibilidad perfecta, la participación salarial es cero). Thomas Piketty nos recuerda que la participación del capital es un factor determinante básico de la distribución del ingreso. El capital ya está distribuido de manera mucho más desigual que el ingreso en todos los países. Dado que la introducción de los robots incrementaría la participación del capital indefinidamente, la distribución del ingreso sería cada vez más desigual.

¿Los robots como “singularidad” económica?

Es interesante constatar que este proceso autosostenido de crecimiento alimentado puramente por la inversión (robótica y tradicional) puede ponerse en marcha incluso con un aumento muy pequeño de la eficiencia de los robots, siempre que ese aumento permita a los robots competir con la mano de obra. Por lo tanto, esta mejora minúscula de la eficiencia produce una especie de
“singularidad” económica en la cual el capital acapara la economía en su totalidad y el trabajo queda excluido. Esto recuerda la hipótesis de la “singularidad tecnológica” descrita por Raymond
Kurzweil (2005), en la cual las máquinas inteligentes llegan a un punto tal de sofisticación que son capaces de autoprogramarse, iniciando un nuevo crecimiento vertiginoso de la inteligencia
artificial. No obstante, nuestra singularidad es de naturaleza económica, no tecnológica. Lo que estamos analizando es cómo un pequeño aumento de la eficiencia de los robots podría provocar
una acumulación autosostenida del capital en donde los robots acaparan la economía en su totalidad, no un crecimiento autosostenido de la inteligencia de los robots.

Hasta el momento, hemos supuesto una sustituibilidad casi perfecta entre robots y trabajadores, junto con un pequeño aumento de la eficiencia robótica. Este tipo de robots imposibles de distinguir de un humano son los que aparecen en la película Terminator 2: El juicio final. Existe la posibilidad de otro escenario, diferente de estos dos supuestos. Al menos por ahora, es más realista suponer que los robots y la mano de obra son muy parecidos pero no sucedáneos perfectos, que la gente aporta una chispa de creatividad o un toque humano crítico. Al mismo tiempo, al igual que algunos tecnologistas, proyectamos que la productividad de los robots no aumentará un poco, sino drásticamente, en un plazo de dos décadas.

Con estos supuestos, recuperamos un poco el optimismo propio del economista. Las fuerzas antes mencionadas siguen en acción: el capital robótico tiende a reemplazar a los trabajadores y a comprimir los sueldos, y en un comienzo el desvío de la inversión hacia los robots agota la oferta de capital tradicional que contribuye al avance de los sueldos. Ahora bien, la diferencia radica en que los talentos especiales de los seres humanos se tornan más valiosos y productivos a medida que se combinan con esta acumulación gradual de capital tradicional y robótico. Llegado cierto momento, el aumento de la productividad de la mano de obra compensa el hecho de que los robots están reemplazando a los humanos, y los sueldos suben (junto con el producto).

Sin embargo, se plantean dos problemas. Primero, ese momento puede tardar en llegar. Exactamente cuánto depende de la facilidad con que los robots reemplacen el trabajo humano y de la velocidad con que el ahorro y la inversión respondan a las tasas de rendimiento. Según nuestra calibración de base, el efecto de productividad tarda 20 años en compensar el efecto de sustitución y en hacer subir los sueldos. Segundo, lo más probable es que el papel del capital en la economía siga creciendo mucho. El capital no será completamente predominante, como en el caso de la singularidad, pero ocupará una proporción mayor del ingreso, aun a largo plazo, cuando los sueldos estén por encima de los niveles de la era previa a los robots. Por lo tanto, la desigualdad será, quizá, muchísimo peor.

La gente es diferente

El lector quizás esté pensado que estas posibilidades escalofriantes nunca se harán realidad en su caso, porque un robot no puede reemplazar, por ejemplo, a un economista o a un periodista. En nuestro modelo, comenzamos con una sustituibilidad perfecta entre trabajadores y robots, y luego introducimos la idea de que en la producción pueden ser parecidos pero no idénticos. Otra complicación importante es que no todo el trabajo es igual. De hecho, cabe la posibilidad de que máquinas complejas dotadas de inteligencia artificial avanzada no puedan reemplazar a los humanos en todos los trabajos. En las películas, la variedad de trabajos que es necesario reemplazar es amplia, desde cazadores (Blade Runner) hasta médicos (Alien: El octavo pasajero). Y hay robots que han intentado reemplazar a profesores auxiliares e incluso a periodistas. Los cursos masivos en línea podrían poner en peligro hasta la docencia. Pero en la vida real, muchos trabajos parecen estar fuera de peligro, al menos por el momento.

Por esa razón nuestro modelo divide a todos los trabajadores en “calificados” y “no calificados”. Los primeros no son muy sustituibles por robots, sino que los usan más bien para aumentar su propia productividad; los segundos son muy sustituibles. Así, nuestros trabajadores calificados no tienen por qué ser los más preparados académicamente; pueden ser los que tienen creatividad
o empatía, algo que será especialmente difícil para los robots. Al igual que Frey y Osborne (2013), suponemos que alrededor de la mitad de la fuerza laboral puede ser reemplazada por robots
y es “no calificada”. ¿Qué ocurre cuando se abarata la tecnología robótica? Como antes, el producto por persona aumenta. Y la participación del capital global (robótico y tradicional) sube. Ahora bien, se da un efecto más: los sueldos de los trabajadores calificados suben tanto en relación con los de los trabajadores no calificados como en términos absolutos, ya que el primer grupo es más productivo en combinación con los robots. Imaginemos, por ejemplo, el aumento de la productividad de un diseñador que tiene a su servicio un ejército de robots. Entre tanto, los sueldos de los trabajadores no calificados se desmoronan, en términos tanto relativos como absolutos, incluso a largo plazo.

La desigualdad ahora aumenta por dos razones fundamentales. Como en el caso anterior, el capital ocupa una proporción mayor del ingreso total. Además, la desigualdad salarial se acentúa drásticamente. La productividad y los salarios reales de los trabajadores calificados aumentan sin pausa, pero los trabajadores poco calificados pierden rotundamente ante los robots. Las cifras dependen de algunos parámetros críticos, como el grado de complementariedad entre los trabajadores calificados y los robots, pero la magnitud aproximada de los resultados se desprende de los supuestos sencillos que hemos expuesto. La determinación a la que llegamos es que en unos míseros 50 años, el salario real de los trabajadores poco calificados disminuye 40% y la participación del grupo en el ingreso nacional baja de 35% a 11% en la calibración de base.

Hasta el momento, hemos pensado en una economía desarrollada grande como Estados Unidos. Y esto parece natural teniendo en cuenta que países como este suelen ser tecnológicamente más avanzados. Sin embargo, una era robótica también podría afectar a la distribución internacional del producto. Por ejemplo, si la mano de obra no calificada reemplazada por robots se parece a la de las economías en desarrollo, podría empujar a la baja los sueldos relativos de estos países.

¿A quién pertenecerán los robots?

El futuro no tiene por qué ser así. Primero, más que nada estamos especulando sobre el desenlace de tendencias tecnológicas incipientes, no analizando datos. Las innovaciones recientes que mencionamos no están (aún) reflejadas en las estadísticas de productividad o crecimiento de las economías desarrolladas; de hecho, el crecimiento de la productividad ha sido bajo en los últimos años. Y la tecnología no parece ser la causa del aumento de la desigualdad en muchos países. En la mayoría de las economías avanzadas, el avance de los sueldos relativos de los trabajadores calificados no ha sido tan grande como en Estados Unidos, incluso en las que supuestamente enfrentan cambios tecnológicos parecidos. Como han recalcado con justa fama Piketty y sus coautores, gran parte del aumento de la desigualdad en las últimas décadas estuvo concentrado en una parte muy pequeña de la población, y la tecnología no parece ser la razón principal. Pero la creciente desigualdad observada en tantas partes del mundo durante las últimas décadas —y quizás en cierta medida la inestabilidad política y el populismo conocidos— pone de relieve los riesgos y los acentúa. No es buena señal que en Estados Unidos la participación del trabajo en el ingreso parezca estar en caída desde comienzos de siglo, tras mantenerse más o menos estable durante décadas (Freeman, 2015).

Las famosas tres “leyes de la robótica” de Isaac Asimov están concebidas para evitar daños físicos a los seres humanos; según la primera “ningún robot causará daño a un ser humano ni permitirá,
con su inacción, que un ser humano lo sufra”. Se trata de una directiva adecuada para el diseñador de un robot, pero no ayuda a controlar las consecuencias a nivel de toda una economía que
analizamos aquí. Nuestro pequeño modelo muestra que, aun en una economía de mercado que funciona bien, los robots pueden ser redituables para los propietarios del capital y pueden hacer subir el ingreso per cápita promedio, si bien el resultado no sería el tipo de sociedad en la cual la mayoría de nosotros desearía vivir. Una política pública de respuesta es a todas luces necesaria.

En todos estos escenarios, hay empleos para quien desee trabajar. El problema es que la mayor parte del ingreso cae en manos de los propietarios del capital y de los trabajadores calificados que no pueden ser reemplazados fácilmente por robots. Los demás ganan poco y son cada vez menos prósperos. Esto apunta a la importancia de una educación que promueva el tipo de creatividad y de aptitudes que no desaparecerán frente a las máquinas inteligentes, sino que las complementarán. Esa inversión en capital humano podría mejorar los sueldos promedio y reducir la desigualdad. Pero, aun así, la introducción de robots podría deprimir los sueldos promedio durante mucho tiempo, y la participación del capital aumentará.

En aras de la sencillez, hemos dejado de lado muchas de las obligaciones que afrontaría una sociedad de este tipo: asegurar una demanda agregada suficiente cuando el poder de compra esté cada vez más concentrado, resolver las dificultades sociopolíticas de un nivel de sueldos tan bajo y una desigualdad tan profunda, y lidiar con las implicaciones salariales en términos de los gastos en
salud y educación de los trabajadores y la inversión en sus hijos.

Implícitamente, hemos supuesto que la distribución del ingreso derivado del capital se mantiene sumamente desigual. Pero el aumento del producto global por persona implica que todo el mundo podría beneficiarse si ese ingreso se redistribuyera. Las ventajas de un ingreso básico financiado mediante la tributación del capital resultan obvias. Naturalmente, gracias a la globalización y a la innovación tecnológica, en la práctica ha sido más fácil evitar la tributación del capital en las últimas décadas. Por lo tanto, nuestro análisis lleva ineludiblemente a preguntarse quién será el dueño de los robots.

* Andrew Berg es Subdirector del Instituto de Capacitación del FMI, Edward F. Buffie es Profesor de Economía en la Universidad de Indiana en Bloomington y Luis-Felipe Zanna es Economista Principal en el Departamento de Estudios del FMI.

Este artículo fue originalmente publicado en la revista Finanzas & Desarrollo.

El Gobierno propone a José Manuel Maza como nuevo fiscal general del Estado

sábado, 12 de noviembre de 2016

Consejo de Ministros
El Gobierno propone a José Manuel Maza como nuevo fiscal general del Estado

mjusticia.gob.es

11 de noviembre de 2016.- El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el acuerdo por el que se recaba del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado de José Manuel Maza en sustitución de Consuelo Madrigal.

Una vez oído el informe del CGPJ, será el Congreso de los Diputados quien deberá respaldar la propuesta antes de que sea efectivo el nombramiento del candidato con la jura de su cargo ante el Rey.

José Manuel Maza (Madrid, 1951) es magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo desde 2002. Anteriormente fue presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, juez decano de los Juzgados de Distrito de Madrid y miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense de Madrid en 1973, diplomado en Criminología por la misma universidad y en Estudios Avanzados de Derecho Penal por la Universidad Europea de Madrid, José Manuel Maza es miembro de la carrera judicial desde 1975 y de la fiscal, de la que fue número uno de su promoción y hoy se encuentra en excedencia, desde 1978.

La CNMC mejora las condiciones para que los operadores alternativos puedan desplegar redes de nueva generación a través de los conductos de Telefónica

sábado, 12 de noviembre de 2016

La CNMC mejora las condiciones para que los operadores alternativos puedan desplegar redes de nueva generación a través de los conductos de Telefónica
Miércoles, 9 de noviembre de 2016 cnmc.es
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha aprobado la revisión de la oferta mayorista de registros y conductos de Telefónica, (Oferta MARCo), para dar respuesta a algunos retos que los operadores afrontan ante el despliegue intensivo de redes de acceso de fibra óptica, también llamadas redes de nueva generación.
La oferta MARCo (aprobada en 2009) regula el acceso a las infraestructuras de obra civil de Telefónica, es decir, a los conductos, postes, arquetas y cámaras de registro, que son imprescindibles para el despliegue sus nuevas redes de fibra óptica por parte de los competidores de Telefónica. En nuestro país, Telefónica utiliza un amplio número de infraestructuras de obra civil heredadas tras años de monopolio a las que, como operador con poder significativo de mercado, está obligado a facilitar el acceso a los operadores alternativos que quieran desplegar fibra óptica.
Desde su aprobación en el año 2009, más de 200 operadores han formalizado contratos con Telefónica y se ha alcanzado la cifra de 20.000 km de subconductos alquilados.

Entre las actualizaciones que la CNMC ha introducido en la nueva oferta MARCo destaca, por ejemplo, la eliminación de las restricciones al uso de mallas textiles y microductos, lo que conllevará mejoras operativas y económicas para los operadores. Además, se simplifican y agilizan algunos procedimientos, como el despliegue de acometidas en viviendas unifamiliares que requieran acceso a conductos (lo que permite acortar el plazo de provisión a 10 días, con respecto a los 35 actuales), o el de visita-replanteo a las instalaciones, que podrán hacer los operadores de forma “autónoma” (sin que Telefónica tenga que participar de forma obligatoria, como hasta ahora).

 

Mejoras en el acceso a los postes de Telefónica

Otra de las mejoras tiene que ver con el procedimiento de acceso a los postes de Telefónica. Este acceso sigue siendo un cuello de botella importante para el despliegue de redes de acceso ultrarrápidas en zonas alejadas de los núcleos urbanos, por sus dificultades operativas y los elevados costes.
A la hora de acceder a los postes de Telefónica, se han propuesto diversas mejoras, entre las que destaca un mecanismo de compartición de costes, de forma que el primer operador que despliegue su red en este tipo de infraestructuras podrá recuperar la inversión efectuada mediante pagos por parte de otros operadores que accedan con posterioridad al uso compartido de los postes. Hasta ahora, el primer operador que accedía al poste asumía la totalidad de los costes de adaptación de los postes (por ejemplo por la sustitución de postes de madera por otros de hormigón).
La actual revisión de la oferta es la quinta desde su puesta a disposición a los operadores. Telefónica tiene 4 meses para actualizar sus sistemas de provisión mayoristas para acomodar estas nuevas especificaciones.

El TC avala la constitucionalidad de las nuevas medidas previstas en la LOTC para velar por el cumplimiento de sus resoluciones

viernes, 11 de noviembre de 2016

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa tribunalconstitucional.es
Nota informativa Nº 88 /2016
El TC avala la constitucionalidad de las nuevas medidas previstas en la LOTC para velar por el cumplimiento de sus resoluciones
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) aprobada en octubre de 2015 y ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno del País Vasco. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Pedro González- Trevijano, afirma que el Tribunal Constitucional ha sido configurado por la Constitución como un “verdadero órgano jurisdiccional” y, como tal, tiene potestad para ejecutar sus resoluciones; y explica que la medida que permite suspender temporalmente a un empleado o cargo público en el ejercicio de sus funciones no tiene carácter punitivo, no supone inhabilitación alguna, pues su única finalidad es garantizar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal. Por ello, el Pleno rechaza que dichas medidas desnaturalicen la jurisdicción constitucional, modifiquen el sistema de controles de las Comunidades Autónomas por el Estado y vulneren los principios de separación de poderes y de legalidad penal. Han redactado voto particular discrepante la Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, y los Magistrados Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol.
El recurso de inconstitucionalidad se dirige principalmente contra los nuevos apartados b) y c) del art. 92.4 LOTC. El primero de ellos prevé la suspensión temporal en sus funciones de las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan las resoluciones del Tribunal; el segundo, la ejecución sustitutoria de las resoluciones dictadas por el Tribunal, que puede requerir para ello la colaboración del Gobierno de la Nación.
Antes de analizar los motivos del recurso de naturaleza sustantiva, el Tribunal recuerda que el control de constitucionalidad de las leyes tiene “carácter jurídico, no político”, por lo que no son objeto de enjuiciamiento “las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito”. Y añade que dicho control es “abstracto” y, por lo tanto, “desvinculado de cualquier consideración concreta” sobre la aplicación de la norma impugnada a un “específico supuesto de hecho”. La viabilidad de las medidas y la constitucionalidad de su aplicación a un concreto supuesto deberán ser analizadas por el Tribunal, caso por caso, cuando eventualmente se planteen para velar por la ejecución de resoluciones recaídas en un determinado proceso constitucional.
Asimismo, explica que el hecho de que la Constitución no prevea un mecanismo para la ejecución de las sentencias del Tribunal no implica “un desapoderamiento del Tribunal Constitucional de la potestad de ejecutar y velar por el cumplimiento de sus resoluciones”. La Constitución configura al Tribunal Constitucional “como un verdadero órgano jurisdiccional”, por lo que también tiene atribuida la potestad de “obligar al cumplimiento de sus resoluciones”. “Si ello no fuera así, el Tribunal, único en su orden, carecería de una de las notas esenciales del ejercicio de la función jurisdiccional y con ello de la potestad necesaria para garantizar la supremacía de la Constitución”.
Hechas las anteriores consideraciones, el Pleno descarta que la reforma desnaturalice el modelo de jurisdicción constitucional diseñado por la Constitución y altere la posición y funciones del Tribunal. El constituyente de 1978, explica, no quiso un modelo de jurisdicción constitucional “cerrado, petrificado y congelado en el tiempo” y por eso confirió al legislador una amplia capacidad para regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional mediante ley orgánica (art. 165 CE).
Es precisamente el art. 165 CE el que permite al legislador orgánico regular la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional y determinar las medidas necesarias “para garantizar su cumplimiento y efectividad”. Por lo tanto, las medidas impugnadas constituyen, igual que otras también previstas en el art. 92.4 LOTC y no cuestionadas por el recurrente, “instrumentos o potestades puestos a disposición del Tribunal por el legislador para garantizar el debido y efectivo cumplimiento de sus sentencias y demás resoluciones, al que están obligados todos los poderes públicos, incluidas las Cámaras legislativas”.
Asimismo, la sentencia considera constitucionalmente legítima la finalidad de dichas medidas, pues no es otra que “garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla, que es lo mismo que decir, preservar la primacía de la Constitución, a la que todos los poderes públicos están subordinados (art. 9.1 CE), y cuyo supremo intérprete y garante último es este Tribunal en el ejercicio de su función jurisdiccional” (art. 24 CE).
Todo ello lleva a concluir que las medidas impugnadas no alteran por sí mismas, tal y como se sostiene en el recurso, las funciones ni la posición institucional del Tribunal Constitucional, que sigue ejerciendo en exclusiva la función jurisdiccional que le encomienda la Constitución y al que no solo le corresponde resolver los procesos constitucionales, sino también ejecutar sus resoluciones.
La sentencia tampoco aprecia vulneración alguna del principio de legalidad penal por el carácter punitivo, y no meramente coercitivo, que, en opinión del recurrente, tiene la medida de suspensión temporal en sus funciones de autoridades o empleados públicos (art. 92.4.b LOTC).
Las características de la medida de suspensión en sus funciones a los empleados o cargos públicos ponen de manifiesto que su naturaleza no es punitiva. Así, explica el Pleno, “sólo podrá aplicarse cuando esté en la esfera de actuación de la autoridad o empleado público concernidos el cumplimiento de la resolución de que se trate y se acredite su voluntad deliberada y persistente de no atender al mismo”; se prolongará “durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal”; habrá de ajustarse a las funciones “cuya suspensión resulte imprescindible para asegurar la ejecución de la resolución dictada”; y, por último, dado que sirve para “garantizar la efectividad y el cumplimiento de las resoluciones” del Tribunal, “habrá de levantarse tan pronto como cese la voluntad incumplidora”.
En definitiva, el hecho de que se trate de una medida “gravosa” para las autoridades o empleados públicos “no la convierte sin más en una medida punitiva”. Su finalidad “no es la de infligir un castigo ante un comportamiento antijurídico o ilícito, como podría ser la desatención de la obligación de todos los poderes públicos y los ciudadanos de cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional”; de hecho, para exigir eventuales responsabilidades penales, el legislador ha previsto otro tipo de medida, como es la deducción de testimonio. La medida cuestionada no tiene un “componente punitivo”, sino que está “directamente vinculada a la ejecución efectiva de las resoluciones del Tribunal Constitucional”. Por todo ello, no se produce la vulneración del principio constitucional de legalidad penal.
Por último, el Pleno descarta que la ejecución sustitutoria, prevista en el art. 92.4 c) LOTC, implique una alteración del sistema de controles del Estado sobre las Comunidades Autónoma al ser coincidente, según el demandante, con el mecanismo previsto en el art. 155 CE.
El Tribunal explica que se trata de instrumentos diferentes, pues diferentes son también los principios que legitiman su uso. El art. 155 CE legitima al Estado a adoptar las medidas necesarias frente al eventual incumplimiento por una Comunidad Autónoma de “las obligaciones que la Constitución u otras leyes impongan” o frente a una actuación que “atente gravemente al interés general de España”. Es el Gobierno quien decide las medidas, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma de que se trate y con la aprobación por mayoría absoluta del Senado.
Por el contrario, la ejecución sustitutoria prevista en la ley impugnada es un mecanismo puesto a disposición del Tribunal “para instar al cumplimiento de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales”. Es el Tribunal quien podrá, en cada caso, decidir su aplicación; e incluso podrá requerir, si lo estima oportuno, la colaboración del Gobierno, cuya actuación deberá “desarrollarse en los términos que fije el propio Tribunal”. Es decir, el Gobierno no podrá intervenir discrecionalmente en la ejecución sustitutoria ni es “quien decide qué medidas concretas implica la ejecución”. Por lo tanto, no puede afirmarse que la reforma altere en este punto el sistema de controles del Estado sobre las Comunidades Autónomas.
Los Magistrados discrepantes consideran inconstitucionales dos de las medidas impugnadas, concretamente la suspensión de funciones de autoridades y empleados públicos y la ejecución sustitutoria de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Además, no comparten el método seguido para enjuiciar la norma impugnada ni, por ende, las conclusiones a las que llega la mayoría. Consideran que el Tribunal ha abdicado de ejercer su jurisdicción, al no entrar en el fondo de diversas cuestiones sobre las que el recurso le forzaba a pronunciarse; y que, cuando excepcionalmente ha entrado en ellas, lo ha hecho con una argumentación superficial incompatible con la naturaleza y la gravedad de los reproches de inconstitucionalidad alegados por la entidad recurrente.
Madrid, 3 de noviembre de 2016.

La CNMC sanciona a Orange con 150.000 € por irregularidades en materia de numeración

viernes, 11 de noviembre de 2016

La CNMC sanciona a Orange con 150.000 € por irregularidades en materia de numeración

Jueves, 10 de noviembre de 2016 cnmc.es

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado con 150.000 euros a Orange por incumplimiento de los derechos de uso de numeración mayorista, al no haber llevado a cabo el control del uso de la numeración asignada para evitar su utilización con fines fraudulentos. (SNC/DTSA/045/15).

En concreto, se trata de una falta de control de su numeración (de uso mayorista), obligación establecida en el Reglamento de mercados, acceso y numeración, que define las condiciones generales impuestas para la utilización de los recursos públicos de numeración. Esta conducta supone una infracción administrativa grave de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
El expediente sancionador se inició tras la tramitación de dos conflictos de interconexión interpuestos por Vodafone y Orange por el  tráfico irregular generado desde sus redes hacia numeración asignada a Jazztel.
Hay que recordar que el operador Jazztel fue absorbido por Orange en febrero de 2016. Así, aunque la conducta infractora fue cometida por Jazztel, la sanción recae en Orange como compañía sucesora tras la absorción.
La CNMC recuerda que contra esta resolución se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su notificación.

La omisión por parte del prestamista de un crédito al consumo de mencionar en el contrato determinada información esencial podrá sancionarse con la privación del derecho a los intereses y gastos

jueves, 10 de noviembre de 2016

www.curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 119/16
Luxemburgo, 9 de noviembre de 2016
Sentencia en el asunto C-42/15
Home Credit Slovakia, a.s./Klára Bíróovà
La omisión por parte del prestamista de un crédito al consumo de mencionar en el contrato determinada información esencial podrá sancionarse con la privación del derecho a los intereses y gastos
Una sanción de esta índole se admitirá cuando la falta de esa información no permita al consumidor valorar el alcance de su compromiso contractual
En junio de 2011, el banco Home Credit Slovakia concedió a la Sra. Klára Bíróovà un crédito por importe de 700 euros sin indicar, no obstante, con precisión en el contrato de crédito determinada información relativa al préstamo, como, en particular, la tasa anual equivalente. El contrato estipulaba que las condiciones generales de contratación del prestamista formaban también parte integrante del contrato. Al celebrar el contrato, la Sra. Bíróovà declaró, mediante su firma, que había leído y comprendido las condiciones generales de contratación a pesar de que no las había firmado.
Después de pagar dos cuotas, la Sra. Bíróovà dejo de reembolsar el crédito, por lo que Home Credit Slovakia interpuso contra ella una demanda ante el Okresný súd Dunajská Streda (Tribunal de Distrito de Dunajská Streda, Eslovaquia). Home Credit Slovakia le reclama el pago del principal, los intereses de demora y las penalizaciones por demora previstas en el contrato.
El tribunal eslovaco que conoce del litigio alberga dudas sobre la validez del contrato porque las partes no firmaron las condiciones generales de contratación. Asimismo, manifiesta sus dudas acerca de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de determinadas disposiciones del Derecho eslovaco en materia de protección de los consumidores. Entre esas disposiciones se encuentra la que priva al prestamista del derecho a los intereses y gastos en el supuesto de que no mencione determinada información en el contrato. En consecuencia, el tribunal eslovaco solicita al Tribunal de Justicia que aclare estas cuestiones a la luz de la Directiva relativa a los contratos de crédito al consumo. 1
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva no exige que los contratos de crédito deban establecerse en un único documento. Sin embargo, cuando un contrato de este tipo se remita a otro documento e indique que este último forma parte integrante de él, dicho documento, al igual que el propio contrato, debe constar en papel o en otro soporte duradero, y debe entregarse efectivamente al consumidor antes de la celebración del contrato para que éste pueda conocer todos sus derechos y obligaciones.
A continuación, el Tribunal de Justicia señala que, aun cuando la Directiva no exige la firma de los contratos de crédito establecidos en papel, no se opone a una normativa nacional que supedite la validez de tales contratos a su firma por las partes, aunque dicha exigencia de firma se aplique a todos los documentos en los que figuren los datos esenciales del contrato.
Por último, el Tribunal de Justicia estima que los Estados miembros podrán sancionar con la privación del derecho a los intereses y gastos la omisión por parte del prestamista de mencionar en el contrato de crédito todos los datos que, en virtud de la Directiva, deban incluirse obligatoriamente en el contrato, cuando el hecho de no especificar esos datos pueda menoscabar la posibilidad de que el consumidor valore el alcance de su compromiso.
Éste es el caso en lo que respecta a los datos obligatorios como la tasa anual equivalente, el número y la periodicidad de los pagos que debe efectuar el consumidor, los gastos de notaría y las garantías y los seguros exigidos por el prestamista.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

1 Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en DO 2009, L 207, p. 14; en DO 2010, L 199, p. 40, y en DO 2011, L 234, p. 46).

El nuevo gobierno de Rajoy debería abrir un tiempo de diálogo y concertación, sin ninguna línea roja

miércoles, 9 de noviembre de 2016

El nuevo gobierno de Rajoy debería abrir un tiempo de diálogo y concertación, sin ninguna línea roja
Su posición de minoría en el Congreso de los Diputados exigiría impulsar el diálogo parlamentario, político y social para afrontar los grandes retos en materia de economía, fiscalidad y empleo, pensiones, protección social e igualdad y reforma constitucional
03/11/2016.  ccoo.es
Tras conocer la composición del nuevo gobierno de Mariano Rajoy, la Dirección Confederal de CCOO ha hecho pública una declaración en la que emplaza al Ejecutivo a abrir un nuevo tiempo de diálogo y pactos para cambiar legislaciones pasadas y abordar reformas y políticas futuras, sin líneas rojas, y con el único límite que impone la interpretación flexible del texto constitucional. “La economía, el empleo, la legislación laboral, la fiscalidad, el sistema público de protección social, con especial referencia a las pensiones, la lucha decidida contra la desigualdad y la pobreza, la violencia de género o la calidad de los servicios públicos, deberían afrontarse por parte del nuevo gobierno, con altura de miras y voluntad de consenso. Si no lo hace así, se encontrará con fuertes tensiones sociales y parlamentarias”, advierte el secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano.

La composición del nuevo gobierno abre un periodo de incertidumbre, que el movimiento sindical trabajará para que poco a poco se transforme en un proceso real y verificable de concertación social y acuerdos. CCOO cree que la movilización democrática de las trabajadoras y trabajadores ayudará a transitar por la senda del diálogo y la recuperación de los derechos perdidos. “En este sentido, resulta imprescindible acabar con los capítulos de las reformas laborales que incrementaron el poder discrecional de los empresarios, que alteraron injustamente las condiciones para el despido individual y colectivo, que redujeron los costes de la indemnización y que modificaron sustancialmente la estructura de la negociación colectiva con la indisimulada voluntad de avanzar hacia la individualización de las relaciones laborales”, recuerda CCOO.

Un primer escenario para evaluar las intenciones del nuevo ejecutivo serán los PGE 2017 y el más que previsible mandato comunitario a fin de acometer un ajuste de 5.500 millones de euros. “Han de ser las necesidades de las personas las que se impongan en los PGE, y debe ser la apuesta decidida por incrementar los ingresos públicos la que determine la actuación política del Gobierno para equilibrar las cuentas del Estado, en lugar de proceder a recortar el gasto público, una medida tan injusta como desaconsejable”, concluye CCOO.

El nuevo presidente de lo Contencioso del TSJ apuesta por la mediación para descongestionar una Sala con 12.700 asuntos pendientes

martes, 8 de noviembre de 2016

Viernes, 4 de noviembre de 2016   cgpj.es

El nuevo presidente de lo Contencioso del TSJ apuesta por la mediación para descongestionar una Sala con 12.700 asuntos pendientes

Baeza denuncia la “penuria” de medios con la que trabajan los magistrados y reclama a la Conselleria una “urgente solución a las carencias” para acortar los tiempos de respuesta en los pleitos entre particulares y administraciones. La presidenta del TSJCV destaca la importancia de dar seguridad jurídica y una respuesta ágil para no lesionar los intereses ni de la Administración ni de los justiciables.

Autor:Comunicación Poder Judicial

El nuevo presidente de lo Contencioso del TSJ apuesta por la mediación para descongestionar una Sala con 12.700 asuntos pendientes

El magistrado Manuel José Baeza Díaz-Portales ha tomado hoy posesión como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Baeza, elegido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial  celebrado el pasado 29 de septiembre, ha jurado su cargo ante la Sala de Gobierno del Alto Tribunal Valenciano.

En su intervención, el nuevo presidente de lo Contencioso-Administrativo ha hecho una apuesta firme por la mediación para paliar la congestión de la Sala, con 12.700 asuntos pendientes de resolver, y para reducir los tiempos de respuesta ya que, en la actualidad, las demandas de los ciudadanos contra las decisiones de las distintas administraciones tardan casi dos años en resolverse frente a la media nacional, que se sitúa en un año.

“La conciliación intrajudicial permite acortar el tiempo de resolución del conflicto, reduce la pendencia y consigue la satisfacción de todos hasta el punto de que las partes evolucionan de disputarse un pulso judicial a estrecharse la mano, con lo que todos los operadores jurídicos, incluido el órgano judicial, quedan contentos”, ha subrayado.

El presidente de la Sala de lo Contencioso, jurisdicción que resuelve los pleitos entre la administración y los particulares, ha querido reconocer el trabajo que realizan los magistrados de las cinco secciones que integran la Sala que preside desde hoy pese a “la penuria de medios materiales con los que trabajan”; ha reclamado medios informáticos acordes a las necesidades actuales y ha instado a la Administración a que “ponga urgente solución a estas carencias”.

A este respecto, ha destacado que “la Sala de lo Contencioso del TSJ de la Comunidad Valenciana es la que, proporcionalmente al número de magistrados con los que cuenta, soporta una de las mayores cargas de trabajo, en cuanto a volumen de asuntos, y, sin embargo, tiene una de las mejores ratio de resolución de los mismos”.

En su discurso, ha insistido en la importancia de trabajar para unificar criterios de modo que las distintas secciones que integran la Sala ofrezcan la misma respuesta ante problemas similares. “El prestigio de la Sala -ha dicho- depende de la seguridad jurídica representada por la unidad de criterios en el seno de la propia Sala y también respecto de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo”.

Al acto, presidido por la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, han asistido los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gerardo Martínez Tristán, quien ha ejercido como padrino, y Carmen Llombart.

De la Oliva ha remarcado la “posición especial” de la jurisdicción Contencioso Administrativa por tener encomendado “el mandato constitucional de garantizar el recto proceder del funcionamiento de la Administración Pública” y no sólo el de los particulares implicados en un litigio. Este cometido de control de legalidad, “no debe llevar a equívoco porque no existe un antagonismo institucional sino que se comparten fines constituciones”, ha señalado la presidenta del TSJCV  para quien “las sentencias de la jurisdicción administrativa no deben verse como reveses, sino como hitos y guías del camino del derecho por el ambos deben transitar” desde “el respeto y la colaboración en la consecución de los cometidos que la Constitución les asigna”.

En su discurso, la presidenta del Alto Tribunal Valenciano ha incidido en la importancia de transmitir seguridad jurídica y de agilizar la respuesta porque “una justicia tardía no es justicia”. “La tardanza, ha aseverado De la Oliva, es siempre un grave problema para los implicados. Para el justiciable, que puede ver irremediablemente perdido su derecho o interés, y para la propia Administración, por el tiempo perdido y el esfuerzo estéril trabajando en la dirección equivocada cuando su decisión no es confirmada, o por la incerteza ante la eventual reversión de su acción, que puede paralizar actuaciones posteriores ante la responsabilidad que contrae”.

La toma de posesión también ha contado con la presencia del fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montabes; el decano de los jueces de Castellón, José Luis Conde Pumpido; el  Secretario Autonómico de Justicia, Ferrán Puchades; representantes de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores, Registradores y Notarios; y los decanos de las Facultades de Derecho de la Universitat, Elena Olmos y de la Universidad Católica, José Manuel Pagán, así como una nutrida representación de magistrados, fiscales y letrados de la administración de Justicia destinados en el TJS.

Curriculum

Baeza ingresó en la Carrera Judicial en el año 1992 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tomelloso (Ciudad Real). Posteriormente sirvió en el Juzgado mixto número 1 de Valdepeñas (Ciudad Real) y en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao.

En 2002 se convirtió en titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete y dos años después se incorporó como magistrado a la Sala que hoy preside.

El Presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJCV cuenta con experiencia docente como profesor del Máster Financiero y Tributario de la Universitat de València. Además, ha sido ponente y director en varias ediciones del Congreso de Derecho Tributario y es autor de numerosas publicaciones, entre ellas el libro “Responsabilidad tributaria: administraciones sociales y otras cuestiones problemáticas”.

El Gobierno asegura que cumplirá el objetivo de déficit acordado con la UE

lunes, 7 de noviembre de 2016

Consejo de Ministros

El Gobierno asegura que cumplirá el objetivo de déficit acordado con la UE
La Moncloa, Madrid, viernes 4 de noviembre de 2016 lamoncloa.gob.es
Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo
El primer Consejo de Ministros del nuevo Gabinete ha abordado la situación económica y los compromisos del Ejecutivo en materia educativa y de financiación territorial, así como la próxima convocatoria del diálogo social y del Pacto de Toledo.
En la primera reunión del Consejo de Ministros tras el acto de jura o promesa de los miembros del Gabinete, el titular de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que asume la Portavocía del Ejecutivo, ha calificado al Gobierno de «continuista en aquello que debe continuar -que es la recuperación económica, la creación de empleo, las reformas y la estabilidad presupuestaria- y renovado, porque he visto seis caras nuevas sentadas alrededor de la mesa del Consejo de Ministros con muchas ganas de hacer las cosas bien y de trabajar para España».

Méndez de Vigo ha iniciado la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete expresando su deseo de mantener la «relación franca y directa» establecida con los medios de comunicación por su antecesora en esas funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.

Objetivo de déficit

El Consejo ha analizado un informe sobre la situación de la economía española elaborado por los ministros de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, y de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. La conclusión, ha afirmado Méndez de Vigo, es que «el Gobierno confía en que va a cumplir, y va a cumplir, el objetivo de déficit del 4,6% del Producto Interior Bruto acordado con la Unión Europea». El portavoz del Gobierno ha defendido que el «crédito» de España depende en gran parte de cumplir esos objetivos.

Méndez de Vigo ha destacado los «buenos resultados» de las últimas medidas adoptadas en ese ámbito: el acuerdo de no disponibilidad por valor de 2.000 millones de euros, el cierre del ejercicio presupuestario y el reciente Real Decreto sobre el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades para las empresas que facturen más de diez millones de euros.

El ministro de Hacienda ha informado precisamente en el Consejo de que los ingresos por ese pago fraccionado van en «muy buena dirección». Además, los procedentes del IRPF han crecido un 6%, los pagos del IVA han aumentado un 4,4% y en los impuestos especiales se ha registrado una subida del 1%, ha detallado Méndez de Vigo.

Los próximos pasos del Ejecutivo en este terreno serán la remisión a Bruselas de la actualización del Plan Presupuestario y, «después de hablar con los grupos políticos», la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del  año 2017, según ha apuntado el portavoz.

Compromisos de Gobierno

Méndez de Vigo también ha anunciado que el Ejecutivo «va a acometer en los próximos tiempos toda una serie de compromisos que adquirió en la sesión de investidura o antes».

En el ámbito educativo, se va a poner en marcha el acuerdo para crear una subcomisión en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para llevar a cabo el Pacto Nacional por la Educación, «uno de los objetivos de esta legislatura». Además, el portavoz del Gobierno ha recordado que Mariano Rajoy avanzó en la sesión de investidura la suspensión de los efectos académicos del calendario de aplicación de la LOMCE para las evaluaciones de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato, para lo que se requiere una modificación legislativa.

Como ministro de Educación, Méndez de Vigo ha transmitido un mensaje de «tranquilidad» a todos los estudiantes respecto a las pruebas de acceso a la Universidad. Esa evaluación de ingreso, ha manifestado, «se parecerá mucho» a la actual PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) y en una orden ministerial que se aprobará en las próximas semanas «quedarán claros todos los modelos».

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa / Diego CrespoPor otra parte, el Consejo ha debatido la próxima convocatoria del Pacto de Toledo. «El presidente ha instado a que se haga y también a la convocatoria del diálogo social», ha asegurado Méndez de Vigo. Además, el jefe del Ejecutivo ha expresado su compromiso de «abrir la negociación de un sistema de financiación territorial estable y suficiente con el conjunto de los grupos parlamentarios, y en su momento se abordará también la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos en el Senado», según ha relatado el portavoz del Gobierno.

Por último, a propuesta de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el Gabinete ha abordado la próxima remisión al Consejo de Ministros del Acuerdo de París sobre cambio climático para su remisión a las Cortes. Ese asunto, ha añadido el portavoz del Ejecutivo, puede figurar en el orden del día de la reunión del Gabinete de la próxima semana.

Diálogo y consenso

En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, el nuevo portavoz ha informado de que el presidente del Gobierno ha transmitido a los ministros la necesidad de «hablar mucho, dialogar mucho, pactar mucho y consensuar mucho», siempre teniendo en cuenta que España tiene que seguir la senda de la recuperación económica y la creación de empleo.

Preguntado por la financiación autonómica, Méndez de Vigo ha dicho que el objetivo es alcanzar un «diálogo compartido sobre la situación del modelo autonómico y su suficiencia financiera, así como una puesta al día de los principios de solidaridad y cooperación que han marcado su desarrollo hasta el día de hoy».

El portavoz ha aclarado que tanto la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, «tienen que estar» en la negociación para sacar adelante ese nuevo modelo de financiación. Además, ha confirmado que Sáenz de Santamaría «seguirá ejerciendo la coordinación política del Gobierno».

Asimismo, ha señalado que Rajoy seguirá presidiendo la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y que se intentará aprobar el techo de gasto «lo antes posible, en diálogo con los grupos políticos».

Íñigo Méndez de Vigo ha recordado que Rajoy «siempre ha estado abierto al diálogo» y recibirá al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando su agenda lo permita, si bien ha indicado que «no hay que venir con apriorismos y con líneas rojas».
El portavoz también ha expresado la voluntad de colaboración del Gobierno con el PSOE porque hay que consolidar el objetivo de que «en España haya veinte millones de personas trabajando en el año 2020».

Respecto al reparto de poder y la continuidad de Luis de Guindos y Cristóbal Montoro en el Ejecutivo, Méndez de Vigo ha destacado la solvencia de ambos y ha argumentado que «las cosas que van bien no hay que cambiarlas». También ha resaltado el talante negociador y de búsqueda de consenso de Fátima Báñez, Dolors Montserrat y de Álvaro Nadal durante sus negociaciones con Ciudadanos para intentar formar gobierno.

Respecto a la huelga de deberes escolares promovida por la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), considera que «es una mala idea», si bien ha añadido que esta cuestión «puede ser objeto de debate en el Pacto Nacional por la Educación» que el Ejecutivo va a «poner en marcha inmediatamente en el Congreso de los Diputados».

En su condición de ministro de Educación, Cultura y Deporte, Méndez de Vigo ha atribuido a «una serie de despistes» la concesión del Premio Nacional a la Mejor Traducción a Luis Baraiazarra, ya que su obra incumplía una de las bases de la convocatoria, y ha pedido disculpas al autor por la anulación de su galardón.

BME negocia en octubre 44.063 millones € en renta variable, un 3% más que en septiembre

lunes, 7 de noviembre de 2016

BME negocia en octubre 44.063 millones € en renta variable, un 3% más que en septiembre

•Durante el período enero-octubre la contratación efectiva alcanza los 557.470 millones de euros
•El número de negociaciones acumuladas hasta octubre asciende a 45,5 millones
•Hasta octubre el volumen negociado en ETF se ha situado en 5.050 millones de euros
•El volumen negociado en Derivados en octubre aumenta un 17% respecto al mismo mes del año anterior
•Las emisiones de Medio y Largo Plazo admitidas en octubre en el mercado de Deuda Corporativa se incrementan un 16% y se triplican las emisiones admitidas en el MARF

bolsamadrid.es

Renta Variable

BME ha negociado en Renta Variable en octubre un volumen de 44.063 millones de euros, un 3% superior al del mes precedente, pero inferior en un 44% al registrado en el mismo mes de 2015. El volumen efectivo acumulado en los diez primeros meses asciende a 557.470 millones de euros, con un descenso del 32% respecto al mismo período del pasado ejercicio.

El número de negociaciones acumuladas hasta octubre asciende a 45,5 millones, un 14% inferior al registrado en el mismo período del ejercicio pasado. El número de negociaciones de octubre se ha situado en 4,2 millones, un 12% más que en el mes septiembre pero inferior en un 19% al mismo mes de 2015.

El efectivo acumulado hasta octubre en el segmento de Fondos Cotizados ha sido de 5.050 millones de euros, un 53% por debajo del contabilizado en igual periodo del ejercicio anterior. En octubre, el volumen negociado se ha situado en 294 millones de euros, con un descenso del 66% respecto al mismo mes de 2015.

La actividad del mercado de warrants y certificados hasta octubre alcanza los 609 millones de euros, de los que 54,1 millones corresponden al último mes, que refleja un descenso del 26% respecto a octubre del pasado año.

 

Futuros y Opciones

El volumen negociado en octubre en el mercado de Derivados se ha situado en 3,4 millones de contratos, con un crecimiento del 17% sobre el mismo mes del año anterior. Durante el mes de octubre se han negociado 238.968 Futuros sobre Acciones y 2.250.916 Opciones sobre acciones, lo que representan aumentos del 37% y 40%, respectivamente sobre el mes anterior.

En el acumulado del año, la negociación en Futuros sobre Índice se mantiene ligeramente por debajo de la registrada en el mismo periodo del año anterior, mientras que la posición abierta aumenta a 99.595 contratos, un 3% superior a la registrada en octubre de 2015.

La negociación  en  Futuros sobre Dividendo sigue creciendo. En el acumulado del año se han negociado 274.905 contratos de Futuros sobre Dividendos de Acciones y 35.633 contratos de Futuros Ibex 35 Impacto Dividendo, lo que supone un aumento del 41,1% y 69,5%, respectivamente, sobre el mismo periodo del año anterior.

 

Renta Fija

La negociación registrada el mercado de Deuda Corporativa de BME en el mes de octubre fue de 14.626 millones de euros, cifra que se eleva a 147.786 millones de euros en el conjunto de los diez primeros meses.

Las emisiones admitidas a negociación totalizan 7.353 millones de euros en octubre, siendo especialmente destacable el volumen registrado en emisiones de Medio y Largo Plazo, con 5.646 millones de euros, que se incrementa un 16% respecto al mismo mes del pasado año. Las admisiones registradas entre enero y octubre ascienden a 105.787 millones de euros.

El volumen de admisiones a negociación en el MARF en octubre se sitúa en 360 millones de euros (+237%), más de tres veces superior al registrado en el mismo mes del pasado año, y se eleva a 1.868 millones de euros para el conjunto del año (+167%).

La negociación de Deuda Pública en octubre en SENAF, la plataforma electrónica de Deuda Pública para mayoristas de BME, ha sido de 14.209 millones de euros (+40%), y el volumen acumulado en los diez primeros meses asciende a 144.239 millones de euros (+71%).

El presidente del TS y del CGPJ defiende el valor de la transparencia para aumentar la confianza de los ciudadanos

sábado, 5 de noviembre de 2016

Miércoles, 2 de noviembre de 2016  cgpj.es

El presidente del TS y del CGPJ defiende el valor de la transparencia para aumentar la confianza de los ciudadanos

Durante la inauguración del X Congreso sobre Cooperación Judicial de la Red Latinoamericana de Jueces que acoge la Escuela Judicial. Carlos Lesmes recuerda el bagaje ético de los jueces y reitera que deben de actuar con profesionalidad e independencia

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha inaugurado hoy en la sede de la Escuela Judicial de Barcelona el X Congreso sobre Cooperación Judicial de la Red Latinoamericana de Jueces.

En su intervención, Lesmes ha incidido en los principales retos que tanto a nivel institucional como a nivel personal afrontan hoy los jueces y magistrados de los países latinoamericanos, y que se concretan en la necesidad de reforzar e incrementar la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

“Contamos para ello –ha indicado el presidente del CGPJ- con el más eficaz de los instrumentos, la transparencia, que debemos convertir en guía permanente de nuestra actividad, en pauta de comportamiento constante”.

En este sentido, Carlos Lesmes ha señalado la necesidad de interiorizar que cuando las decisiones que se toman desde las instituciones se someten al examen de su publicación íntegra, se genera de manera espontánea un filtro de calidad y de corrección en la actuación de los poderes públicos.

Tras recordar el proceso imparable emprendido por el propio CGPJ en esta materia, con la puesta en marcha del Portal de Transparencia, ha afirmado que “el compromiso con la transparencia, que se debe ir extendiendo a la Administración de Justicia en su conjunto y a todos sus órganos de gobierno, es el que nos ha de permitir ganar en credibilidad ante la sociedad”.

El presidente del TS y del CGPJ ha señalado a continuación que los tiempos actuales exigen que los jueces hayan de enfrentarse a retos complejos, “para los que se han de dotar de un bagaje intelectual pero sobre todo de un bagaje ético sólido”. En este sentido, ha recordado la necesidad de la existencia de Códigos Éticos de la carrera judicial, como el vigente Código Iberoamericano de Ética Judicial o el que está elaborando en estos momentos el CGPJ para los jueces españoles.

Carlos Lesmes ha subrayado la necesidad de que los ciudadanos confíen en la Justicia y en sus jueces, y para ello, ha apostado decididamente por que los jueces y magistrados actúen con las mayores cotas de profesionalidad e independencia.

En la parte final de su discurso, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ se ha referido al lenguaje jurídico como elemento generador de confianza y de cercanía con los ciudadanos.

Tras recordar la reciente elaboración del Diccionario del Español Jurídico, obra que ha calificado como “monumental”, ha anunciado que la elaboración de un Diccionario Panhispánico del Español Jurídico es “ya un apasionante proyecto en marcha”, que está llamado a convertirse en elemento clave para la comprensión y factor de integración y acercamiento entre los países latinoamericanos.

“Es necesario aportar luz y taquígrafos –ha afirmado Carlos Lesmes- cuando se fijan competencias, se reconocen derechos o se imponen obligaciones o sanciones pues de esta manera el riesgo de la arbitrariedad y de la incertidumbre se desvanece o, al menos, disminuye”.

Para el presidente del TS y del CGPJ, siendo la función del juez tan relevante para la sociedad actual, “la precisión conceptual es más perentoria en el Derecho y en la jurisprudencia que en ningún otro campo, por las consecuencias que conlleva su aplicación práctica y por unas insoslayables exigencias de seguridad jurídica”.

El presidente del TS y del CGPJ ha concluido animando a todos los integrantes de la Red Latinoamericana de Jueces (REDLAJ) a continuar reforzando la cooperación judicial entre los países que la integran, con la vista puesta en el bienestar de la sociedad.

La REDLAJ, creada en 2006 en la Escuela Judicial, es una organización formada por magistrados de todas las instancias de 19 países de América del Sur, Centroamérica, Caribe y México, además de magistrados del Tribunal Supremo de España como miembros de honor. Su objetivo es congregar a los jueces latinoamericanos para desarrollar mecanismos de cooperación judicial e integración.

El paro registrado aumenta en octubre en 44.685 personas

viernes, 4 de noviembre de 2016

El número total de desempleados se sitúa en 3.764.982

El paro registrado aumenta en octubre en 44.685 personas
Jueves 3 de noviembre de 2016 lamoncloa.gob.es
El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha aumentado en octubre en 44.685 personas en relación con el mes anterior. En los últimos 10 años en este mismo mes el paro registrado aumentó por término medio en 92.859 personas.
De esta forma, la cifra total de parados registrados se sitúa en 3.764.982, y continúa en los niveles más bajos de los últimos 7 años.

En términos desestacionalizados, el paro se reduce en 48.007 personas en el mes de octubre. Se trata de la reducción más intensa en un mes de octubre. La variación mensual del paro desestacionalizado se ha reducido en 41 de los últimos 42 meses.

El paro cae en el último año en 411.387 personas, registrando una reducción del 9,85% interanual. Se trata de la mayor reducción interanual registrada a lo largo de toda la serie histórica.

El paro entre los jóvenes menores de 25 años, ha disminuido en los últimos doce meses en 53.025 personas, de tal manera que el desempleo juvenil se reduce un 14,24% interanualmente, por encima de la media general del 9,85%.

El paro registrado disminuye en cuatro comunidades autónomas entre las que destacan la Comunidad Valenciana (-6.875), País Vasco (-2.935) y Navarra (-586). Sube, en cambio, en las 13 restantes encabezadas por Castilla-La Mancha (13.864) e Illes Balears (8.737).

El paro registrado aumenta entre los trabajadores procedentes de los sectores de Agricultura en 13.413 (8;07%) , Industria en 1.036 (0,30%), Servicios en 34.763 (1,39%) y en el colectivo Sin Empleo Anterior en 1.828 personas (0,56%). Y en cambio disminuye en Construcción en 6.355 (-1,68%).

La contratación indefinida aumenta un 10 por ciento

El número de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 1.867.360, el mayor número de contrataciones de los últimos 9 años en un mes de octubre. Supone una subida de 106.750, un (6,06%) respecto al mismo mes del ejercicio anterior.

En octubre se han registrado 166.830 contratos de carácter indefinido, supone un incremento de 15.178 (10,01%) sobre el mes de octubre de 2015.

Desde enero se han realizado 1.436.114 contratos estables, representa un incremento de 167.674 (13,22%) sobre el mismo periodo del año 2015.