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2017, un año más de crecimiento en el que no se han reducido las desigualdades

2017, un año más de crecimiento en el que no se han reducido las desigualdades

30 diciembre 2017  by UGT Comunicación Confederal  | ugt.es
En 2017 ha continuado el crecimiento económico registrado por nuestro país durante los últimos tres años. Un crecimiento fundamentado, entre otros factores, en un mercado laboral altamente precarizado que está provocando una injusta distribución de la riqueza en nuestra sociedad, un incremento de las desigualdades (sobre las que han alertado ya distintos organismos internacionales) y que compromete la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social.

Mientras que la Comisión Europea considera que la situación de España es “crítica” en materia de desigualdad económica (el 20% más rico gana 6,6 veces más que el 20% más pobre, nuestra tasa de trabajadores pobres es una de las más altas de Europa con el 13,1%, y la población en riesgo de pobreza o exclusión social es del 28%), el Gobierno de Rajoy se escuda en los datos cuantitativos de crecimiento del empleo, ignorando todas las variables que revelan la escasa calidad del mismo.

El año que termina supone un ejercicio perdido para el avance social de nuestro país, en el que ha quedado de manifiesto que el modelo de salida de la crisis que está siguiendo el Gobierno es una continuación de las medidas aplicadas durante la misma que, en esencia, han consistido en favorecer una ingente transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital por la doble vía de devaluar los salarios y los derechos laborales y debilitar las redes de protección de los servicios públicos.

¿A quién sirve la expansión económica?

La tasa interanual de crecimiento del PIB es del 3,1% (según los últimos datos de Contabilidad Nacional), lo que demuestra que nuestra economía está inserta en una sólida fase expansiva, contabilizando ya 15 trimestres consecutivos en los que crece la actividad productiva en términos anuales, los 10 últimos por encima del 3%, y eso debería traducirse en un reparto más justo y eficiente de los frutos derivados de ese crecimiento. Sin embargo, ese reparto no se está produciendo.

Los beneficios de las empresas no financieras crecieron un 65,8% en 2016, una tendencia que ha continuado de forma más atenuada durante los tres primeros trimestres de este año según el Banco de España; favorable evolución de la que también han participado las pequeñas y medianas empresas cuya actividad “continuó mejorando durante 2016, prolongándose la tendencia de recuperación de sus excedentes ordinarios” que se ha traducido en “un nuevo aumento de los niveles de rentabilidad” según este organismo.

Crecen los beneficios empresariales, aumenta el reparto de dividendos a los accionistas, y se incrementan los sueldos de los altos directivos, pero los trabajadores han sufrido una intensa devaluación salarial desde 2010 que todavía no han empezado a recuperar. Entre 2010 y 2016 el poder adquisitivo salarial (salarios nominales menos la inflación) ha caído en 5,4 puntos porcentuales de media; la pérdida ha llegado al 20% para el 10% de los trabajadores con salarios más bajos. El salario medio en términos netos es de 1.300 euros, y el salario mediano (la mitad de los asalariados cobran más de esa cifra y la mitad menos) es poco más de 1.100 euros netos al mes.

A pesar de que el empleo crece a un ritmo notable nuestra tasa de paro sigue siendo la segunda más alta de la UE (por detrás de Grecia) y triplica la media de los países de la OCDE, organismo que considera especialmente acuciantes las debilidades de nuestro país en materia de empleo y remuneración: la inseguridad en el mercado laboral y la tasa de desempleo de larga duración (36,5% según la última EPA) están entre las más altas de la OCDE. La tasa de temporalidad alcanza niveles máximos (27,4%), 1,6 millones de asalariados trabajan a tiempo parcial involuntario, 1 de cada 4 contratos dura menos de una semana, y la cobertura de la prestación por desempleo ha bajado hasta el 55,3%.

Esta precariedad del mercado laboral provoca menos cotizaciones sociales de los trabajadores al sistema público de Seguridad Social comprometiendo la financiación de sus prestaciones. Continuar por el camino de reducir las pensiones a cuantías de miseria, como está haciendo el Gobierno, ni es solución ni es aceptable. En este sentido, los ínfimos avances de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo convierten 2017 en un año perdido también para el Sistema de Seguridad Social.

Diálogo social: el SMI, una pequeña luz en un año poco fructífero

Tras la parálisis política de 2016 y la necesidad de formar un Gobierno en minoría, el Ejecutivo ha proclamado reiteradamente una voluntad de diálogo político y social. Pero sólo hasta finales de este año, con la negociación del Salario Mínimo Interprofesional, se ha producido un avance significativo, en el marco del diálogo social.

Un diálogo que ha sido de palabra, pero no de hechos, en lo relativo a la mayoría de las cuestiones fundamentales como las pensiones o la prestación de ingresos mínimos. Cabe recordar que el Ejecutivo ha paralizado, por uno u otro procedimiento, la mayoría de las iniciativas sociales aprobadas por el Congreso, incluyéndose en este capítulo toda una serie de bloqueos en la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una prestación de ingresos mínimos que presentamos conjuntamente UGT y CCOO. Asimismo, se opone a que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al IPC, lo que evitaría la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas.

Tampoco han obtenido resultado tangible las distintas mesas de diálogo social, incluidas las de empleo y calidad del empleo y aunque, en el sector público, se ha producido una importante mejora en la oferta de empleo público, aún es necesario concretar a través de un pacto de la Función Pública cuestiones que permitan recuperar el empleo, los salarios y los derechos de los empleados y empleadas públicas perdidos durante la crisis.

La situación ha sido prácticamente idéntica en el ámbito del diálogo social entre organizaciones empresariales y sindicales, donde la falta de compromiso de CEOE y CEPYME ni tan siquiera permitió dar cumplimiento al compromiso adquirido en el III Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC) de establecer una recomendación conjunta de incremento salarial para este 2017.
Es muy preocupante, además, que no se haya avanzado en combatir la brecha de género o la situación de desempleo y precariedad de los jóvenes en el mercado de trabajo.

La brecha salarial existente y la desigualdad en razón de género, son determinantes, también en protección social, prestaciones por desempleo y pensiones. Desde UGT demandamos, entre otras medidas, la puesta en marcha de una ley de igualdad para que las mujeres reciban el mismo sueldo por un trabajo del mismo valor (actualmente las mujeres trabajan gratis desde el 8 de noviembre hasta el 31 de diciembre, en comparación con los hombres).

Asimismo, UGT ha demandado más recursos y medidas, en todos los ámbitos, incluido el laboral, para hacer frente la violencia de género, una realidad intolerable que hay que atajar ya.
En cuanto, a los jóvenes es necesario establecer un plan de choque que nos permita reducir el desempleo y la precariedad insostenible de este colectivo. La tasa de paro juvenil supera el 40% y más del 60% de los contratos que se les realizan son temporales. Además 1 de cada 4 jóvenes tarda más de 2 años en encontrar su primer empleo.

El Gobierno debe virar su política económica en 2018 y buscar consensos

Aunque la prolongación de las Cuentas del Estado, para 2018, no aventura un buen año social, UGT confía en que finalmente, y también ante las presiones no solo sindicales, sino también de distintos organismos nacionales e internacionales, el Gobierno comience a virar su política económica y busque consensos. La economía y la política deben estar al servicio de las personas, no al revés, y los trabajadores y trabajadoras necesitan actuaciones políticas inmediatas para empezar a recibir la parte que, en justicia, les corresponde del crecimiento económico al que están contribuyendo.

Por el contrario, si el Gobierno insiste en mantener el actual modelo económico injusto, basado en un reparto desigual de la riqueza, la contestación y movilización social serán inevitables.
En definitiva, el Ejecutivo debe comenzar a desmantelar, con carácter urgente, sin esperar a escenarios de mayor rentabilidad electoral, el leonino marco de relaciones laborales y mercado de trabajo impuesto con la reforma laboral, y las políticas de recortes en derechos, libertades y servicios públicos.

Me despido con el deseo de que en 2018 podamos alcanzar estos objetivos, con el deseo de que consigamos más prosperidad y bienestar para todos, y en el que se produzca un reparto más equitativo de la riqueza.


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