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El Tribunal Supremo confirma la sanción de tres millones de euros a BBVA por omisión contable de 224 millones en sociedades off-shore de Jersey y Liechtenstein

Miércoles, 5 de abril de 2017

Martes, 4 de abril de 2017 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma la sanción de tres millones de euros a BBVA por omisión contable de 224 millones en sociedades off-shore de Jersey y Liechtenstein

Rechaza los recursos planteados por la entidad contra las sentencias de la Audiencia Nacional de 2014 que confirmaron las dos sanciones impuestas

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado dos sanciones al BBVA impuestas en el año 2008 por el Ministerio de Economía, derivadas de sendos expedientes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por importe total de 3 millones de euros, por infracciones en relación a un patrimonio de 37.343 millones de pesetas (224,4 millones de euros) no registrado contablemente y que, según el informe del Banco de España sobre los hechos, fue gestionado en dos estructuras off-shore en Jersey y Liechtenstein.

La multa relativa a la actuación de la CNMV fue de 2 millones de euros y se impuso por la comisión de una infracción muy grave tipificada en la letra ñ) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la remisión, entre los ejercicios 1996 a 2000, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de información de carácter financiero y contable (Cuentas Anuales, información pública periódica -trimestral y semestral- y folletos explicativos conteniendo datos inexactos, no veraces y con omisión de aspectos relevantes, en relación con un patrimonio final por importe de 37.343 millones de pesetas no registrado contablemente.

En cuanto a la multa impuesta por el Consejo de Gobierno del Banco de España, fue de 1 millón de euros por la infracción consistente en el “incumplimiento de las normas vigentes sobre contabilización de operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados financieros de obligatoria comunicación al órgano administrativo competente”.

El Supremo ha rechazado los recursos planteados por BBVA contra las sentencias de la Audiencia Nacional de 2014 que confirmaron las dos sanciones impuestas. El banco alegaba, entre otros argumentos, que la tramitación conjunta de dos procedimientos sancionadores por idénticos hechos -la omisión contable-, determinaban la infracción del artículo 25 de la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, el alto tribunal no aprecia vulneración del principio ‘non bis in idem’. Explica que, en el expediente de la CNMV, se imputa la infracción al BBVA como sociedad cotizada por la remisión a la Comisión de información contable con inexactitudes relevantes o la omisión de aspectos o datos relevantes. El bien jurídico que se protege se refiere a la correcta formación de los precios en el mercado, la integridad, trasparencia y la eficiencia de los mercados que exige el respeto del principio de integridad contable básico y la protección de los inversores, cuya conculcación es potencialmente lesiva de los intereses de éstos así como del sistema financiero en general.

Por su parte, en el precepto aplicado por el Banco de España, la norma sanciona la conducta del BBVA como entidad de crédito, que exige la remisión a la autoridad supervisora de la completa información sobre la situación de la entidad financiera, su evolución y el conocimiento de las operaciones que incrementan los riesgos de insolvencia o falta de liquidez, todo ello con la finalidad de evitar riesgos de insolvencia o iliquidez de la entidad, la protección del sistema bancario y en fin, los perjuicios para los depositantes.

“Nos hallamos en este caso ante distintos tipos sancionadores que protegen bienes jurídicos diferenciados que se contemplan en diferentes normas, ambas aplicables a la entidad bancaria recurrente, que está sometida al doble régimen de supervisión, inspección y sancionados de la LDIEC a cargo del Banco de España en su condición de entidad de crédito y en cuanto a sociedad cotizada, sometida al régimen disciplinario de la LMV”, explican los magistrados. “Consecuentemente, los bienes jurídicos protegidos en cada norma aplicada son distintos y no presentan el mismo el fundamento en una y otra sanción, por lo que cabe concluir que es conforme a Derecho apreciar la existencia de dos infracciones y por tanto su diferenciada sanción”.

La cooperación financiera internacional sigue siendo crucial

Miércoles, 5 de abril de 2017

La cooperación financiera internacional sigue siendo crucial

Publicado en March 28, 2017 blog-dialogoafondo.imf.org

Por Tobias Adrian y Maurice Obstfeld

El crecimiento económico parece estar afianzándose en todas las grandes economías, pero eso no significa que ahora la regulación del sector financiero puede bajar la guardia. Por el contrario, ahora es más necesaria que nunca, tal como lo es la cooperación mundial para garantizar la seguridad y la capacidad de resistencia de los mercados mundiales de capital. Es por eso que el Grupo de los Veinte (G-20) ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales, en su reunión de la semana pasada en Baden-Baden, refrendó su apoyo a la continua reforma del sector financiero.

La crisis financiera mundial de 2008 fue excepcionalmente severa en términos de magnitud, alcance y persistencia de sus secuelas, pero fue tan solo una más en una larga serie de crisis financieras que viene ocurriendo desde hace siglos. La crisis no solo causan pérdidas financieras a los inversionistas profesionales, sino que, lo que es más grave, implican altos costos humanos para las personas que pierden sus trabajos, hogares y ahorros. A fin de proteger a sus ciudadanos, los gobiernos procuran reducir el riesgo de quiebras que podrían repercutir en toda la economía, y para ello suelen adoptar diversas regulaciones financieras tales como normas para los balances, reglas contra las transacciones basadas en información privilegiada, leyes más amplias sobre conflictos de intereses y protecciones para los consumidores.

¿Se ha ido demasiado lejos?

Hay quienes dicen que las regulaciones vigentes van demasiado lejos y que en la mayoría de los casos son perjudiciales para la economía porque, al reducir la rentabilidad de las instituciones financieras, limitan la capacidad de estas para proporcionar servicios esenciales. Su argumento es que los bancos y otras instituciones financieras velan por los intereses de sus accionistas, y por eso no se arriesgarían intencionalmente a quebrar; e incluso si no llegan a caer en una situación de insolvencia, el daño que sufrirían sus reputaciones las dejaría fuera del mercado. Pero la historia está repleta de ejemplos de comportamientos imprudentes, desde la crisis holandesa de los tulipanes o tulipomanía en el siglo XVII hasta el auge de los préstamos de alto riesgo en la década de 2000. E incluso cuando los gerentes de las empresas financieras evalúan de forma precavida sus propios riesgos personales, es posible que no sean lo bastante prudentes desde la perspectiva de la sociedad, ya que algunos de los costos de una quiebra recae en terceros, como los accionistas y los contribuyentes que son los que, en definitiva, pagan si el gobierno realiza un rescate.

Pero la tarea de supervisar el sector financiero, que nunca es fácil, se ha tornado más compleja en los últimos 50 años, conforme la actividad financiera ha ido atravesando cada vez más fronteras nacionales. Es por eso los gobiernos de los países han reforzado la colaboración a fin de promover la estabilidad e introducir condiciones igualitarias en los mercados financieros internacionales.

El alcance mundial de las finanzas modernas plantea por lo menos cuatro complicaciones importantes para los reguladores y supervisores nacionales. En primer lugar, es difícil evaluar las operaciones de instituciones financieras que realizan actividades más allá de las fronteras de su país de origen. En segundo lugar, las empresas financieras pueden aprovechar diferencias regulatorias entre los países para realizar actividades más riesgosas en las jurisdicciones menos reguladas. En tercer lugar, las instituciones complejas con operaciones que abarcan varias jurisdicciones nacionales son más difíciles de liquidar en casos de quiebra. Y en cuarto lugar, los países podrían competir activamente para atraer la actividad financiera internacional y al mismo tiempo brindar apoyo a los denominados “campeones nacionales” mediante normas regulatorias menos estrictas. Todos estos factores socavan la estabilidad del sistema financiero internacional, sobre todo a medida que los instrumentos y las redes financieras se tornan cada vez más intrincados.

El Comité de Basilea

Frente a estos desafíos, los reguladores nacionales pusieron en marcha en 1974 un proceso de consulta y coordinación bajo los auspicios del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El Comité de Basilea está enfocado en la regulación bancaria, en tanto que el Consejo de Estabilidad Financiera, creado por el G-20 a raíz de la crisis financiera de 2008, coordina la formulación de políticas regulatorias entre los mercados financieros internacionales a escala más general, integrando a las autoridades nacionales, las instituciones financieras internacionales y los organismos normativos sectoriales.

Los gobiernos cooperan a través del Comité de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera porque no hay una sola autoridad nacional que, actuando por cuenta propia, sea capaz de garantizar la estabilidad de su propio sistema financiero cuando los bancos y otras instituciones financieras operan a escala mundial. Los acuerdos internacionales sobre normas de regulación y supervisión desalientan los desmantelamientos regulatorios (las llamadas “carreras hacia el abismo”) porque establecen condiciones igualitarias a escala mundial para la competencia en el sector financiero. En términos más generales, cuando los países recurren a una desregulación excesiva con el fin de atraer negocios, todos salen perdiendo porque aumenta la probabilidad de que se produzcan accidentes financieros, y, cuando se producen, son más graves y más tendentes a propagarse a otros países.

Tras la crisis de 2008, el Comité de Basilea emprendió una importante iniciativa, conocida como el acuerdo de Basilea III, que eleva los requisitos mínimos en cuanto a la calidad y la cantidad del capital bancario (el margen o colchón de capital que les permite a los bancos absorber pérdidas sin quebrar y sin necesidad de respaldo del gobierno). Contar con suficiente capital bancario es vital, pero incluso los mayores niveles de capital podrían verse amenazados si se produce un pánico, y por eso el acuerdo dispone medidas adicionales para reducir el riesgo bancario. Por eso, si bien Basilea III todavía está siendo introducido gradualmente a escala mundial, los bancos ya están mucho mejor capitalizados y son menos vulnerables al nerviosismo en el mercado que hace una década.

Estados Unidos, que obligó a los bancos a intensificar sus esfuerzos de recapitalización y reconstrucción después de la crisis, se recuperó más rápidamente que otros países que no adoptaron tales medidas. Pero para que el sistema financiero mundial sea seguro no basta con introducir restricciones en los balances de los bancos. En paralelo con la formulación de las normas de Basilea III, el Consejo de Estabilidad Financiera desarrolló un enfoque común para gestionar las quiebras de las instituciones de financieras más grandes y de mayor importancia sistémica. Es crucial que las instituciones insolventes puedan ser liquidadas de forma segura, aun si son de gran magnitud y de carácter internacional y complejo; caso contrario, de quebrar, estas instituciones plantarían una amenaza para el sistema financiero en general. Si no pueden liquidarse de forma segura, las consecuencias serán una mayor probabilidad de rescates públicos, la toma excesiva de riesgos y la subversión de la disciplina del mercado.

Desde luego, la regulación financiera implica disyuntivas. En principio, exigir más capital y liquidez a los bancos puede elevar el costo del crédito para los hogares y las empresas o reducir la liquidez en el mercado. Según las investigaciones realizadas hasta ahora, las consecuencias no previstas son relativamente pequeñas. Pero las ventajas de un sistema financiero más seguro son incuestionablemente enormes.

Si bien el sistema financiero es más seguro hoy en día, también es cierto que las regulaciones financieras se han tornado mucho más complejas. En Estados Unidos, por ejemplo, la ley Dodd-Frank tiene más de mil páginas y ha dado lugar a folios y folios de reglas administrativas de implementación. No cabe duda de que hay margen para la simplificación. Por ejemplo, para designar a un banco de importancia sistémica y por ende poder someterlo a regulaciones más estrictas, el criterio actual es que su balance sea de por lo menos USD 50.000 millones; ese umbral podría flexibilizarse. La regulación de los bancos comunitarios también podría simplificarse sin incrementar el riesgo para el sistema, así como la implementación de las pruebas de tensión, que tienen como fin evaluar la resistencia de los bancos a potenciales shocks económicos y financieros.

Al mismo tiempo, deben preservarse los principios básicos del nuevo régimen regulatorio mundial. Paradójicamente, la relativa resistencia que han mostrado los mercados financieros en años recientes, debida en parte a las normas internacionales más estrictas, ha sido citada como argumento de que la regulación financiera constituye lastre excesivo para el crecimiento. Esta es una opinión miope. Como dijo Hyman Minsky, un conocido experto en crisis financieras, “el éxito genera un desacato a la posibilidad de quebrar…”. Dicho de otro modo, las autoridades no deben bajar la guardia y olvidar las duras lecciones del pasado reciente. La continua cooperación financiera internacional sigue siendo esencial; es la base sólida sobre la que se asienta una economía mundial fuerte y estable.