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Archivo de mayo de 2017

La Audiencia Nacional expresa su preocupación por el mal funcionamiento de las nuevas tecnologías en los órganos con Expediente Judicial Electrónico

Miércoles, 31 de mayo de 2017

Martes, 30 de mayo de 2017 – poderjudicial.es

La Audiencia Nacional expresa su preocupación por el mal funcionamiento de las nuevas tecnologías en los órganos con Expediente Judicial Electrónico

La Sala de Gobierno urge al Ministerio de Justicia a poner remedio a la situación

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional quiere expresar su profunda preocupación por el defectuoso funcionamiento de las nuevas tecnologías aplicadas a los distintos órganos jurisdiccionales en los que se ha implantado el Expediente Judicial Electrónico (EJE), por parte del Ministerio de Justicia.

Los defectos frecuentes en el sistema, tanto en las Sedes Judiciales como en los equipos de teletrabajo puestos a disposición de los Magistrados, inciden directamente en el trabajo de los Jueces y Magistrados y afectan al rendimiento de los órganos judiciales, además de provocar desánimo y frustración en los usuarios que no pueden proporcionar una respuesta rápida y de calidad a quienes intervienen en el procedimiento.

Estos problemas han sido puestos en conocimiento del Ministerio de Justicia y han dado lugar a numerosas incidencias remitidas al CAU, la mayor parte de las cuales no han sido resueltas o lo han sido tardíamente. También se han trasladado al Consejo General del Poder Judicial.

Además, los medios para la digitalización de expedientes empleados por la Administración no son, en general, compatibles con los existentes en la Audiencia, de modo que pierden sus propiedades de acceso y lectura digital al ser incluidos en el EJE, y las ventajas derivadas del uso de estas tecnologías.

Se considera urgente la adopción de medidas por parte del Ministerio de Justicia que pongan remedio a esta situación que, de prolongarse en el tiempo, abocaría a la paralización del trabajo en los órganos judiciales en los que, precisamente, aquél debería verse agilizado y racionalizado mediante el uso de unos medios tecnológicos y la asistencia precisa que en estos momentos no existen.

Las exportaciones crecen un 14,1% y marcan el mejor trimestre de la historia

Miércoles, 31 de mayo de 2017

23 de mayo de 2017 mineco.gob.es
Las exportaciones crecen un 14,1% y marcan el mejor trimestre de la historia
España exportó entre enero y marzo por 69.741 millones de euros
El déficit comercial se situó en 7.199 millones, un 45,6% más que un año antes
Las ventas al exterior evolucionan mejor que en la UE y en la zona euro
Las exportaciones españolas de mercancías en el periodo enero-marzo aumentaron un 14,1% sobre los mismos meses del año anterior y se situaron en 69.741 millones de euros, máximo histórico de la serie para este periodo y el mejor trimestre de la historia. Las importaciones subieron un 16,5%, hasta los 76.940 millones. Como resultado, el déficit comercial alcanzó los 7.199 millones de euros, un 45,6% más que un año antes. Las exportaciones españolas registraron mejor evolución que las del conjunto de la zona euro y la Unión Europea.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 90,6% (92,5% en enero-marzo de 2016).

En términos de volumen, las exportaciones subieron un 13,3%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, aumentaron un 0,8%; y las importaciones subieron un 8%, al subir los precios un 7,9%.

El saldo no energético arroja un déficit de 411 millones de euros (987 millones de euros de déficit en el acumulado hasta marzo de 2016) y el déficit energético se incrementó un 71,6%, hasta los 6.788 millones de euros (déficit de 3.956 millones en 2016).

La evolución de las exportaciones españolas entre enero y marzo fue mejor que la de las principales economías -con la excepción de Reino Unido (21,4%). En la zona euro, las exportaciones aumentaron un 9,5% y en la Unión Europea, un 9,7%. También crecieron en Francia (4,2%), Alemania (8,5%) e Italia (10%). Fuera de Europa, aumentaron las ventas exteriores de Japón (8,5%), EEUU (7,3%) y China (4,2%).

Sectores económicos

Los principales sectores experimentaron fuertes crecimientos en sus exportaciones. Los bienes de equipo (representan un 19,2% del total) se incrementaron un 10,5%; el sector del automóvil (17,6% del total) aumentó un 8,2%; y alimentación, bebidas y tabaco (17,2% del total) creció un 14,1%.

En importaciones, la consolidación de la recuperación económica explica el crecimiento de la mayoría de los sectores. Así, las de bienes de equipo (20,9% del total) crecieron un 15,2% interanual; las del sector automóvil (13,5% del total) ascendieron un 6,6%; las compras de manufacturas de consumo, un 4,1%; las de alimentación, bebidas y tabaco, un 9,7%; y las de bienes de consumo duradero un 5,7%.

Áreas geográficas

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (67,1% del total) aumentaron un 13,1% en los tres primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (52,4% del total) ascendieron un 13,6% y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,7% del total) se incrementaron un 11,2%.

La recuperación en los países emergentes explica que las ventas a terceros destinos (32,9% del total) se incrementaran un 16,3% en este periodo, con aumentos generalizados a todas las zonas. Por áreas geográficas, el mayor crecimiento de las exportaciones españolas se registró en Asia excluido Oriente Medio (25,4%), Oceanía (22,5%), América del Norte(18,5%), América Latina (12,8%), África (11%) y Oriente Medio (6,2%). Por países, destacan los aumentos de ventas a mercados con gran potencial como China (36,6%), Canadá (21,7%), Estados Unidos (18,1%), Marruecos (17,8%) y México (8%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares (133,7%), Canarias (38,3%) y Murcia (31,1%). Los menores aumentos se dieron en Castilla y León (3,9%), Cantabria (5,9%) y Comunidad Valenciana (6,4%).

Datos del mes de marzo

En el mes de marzo, las exportaciones de mercancías aumentaron un 16,9% sobre el mismo mes de 2016, hasta los 26.225 millones de euros. Se trata de la cantidad más alta exportada en un solo mes.

Las importaciones en marzo de 2017 crecieron un 19,1% en términos interanuales, hasta los 27.684 millones de euros. Como resultado, en marzo de 2017 se registró un déficit de 1.458 millones de euros, un 83,3% más que en el mismo mes de 2016. La tasa de cobertura se situó en el 94,7%, 1,1 puntos porcentuales por encima de la de marzo de 2016.

El saldo no energético arrojó un superávit de 529 millones de euros (superávit de 514 millones de euros en marzo de 2016) y el déficit energético aumentó un 51,7%.

La evolución de las exportaciones de España en marzo es mejor que la registrada en la zona euro (12,4%) y en la Unión Europea (12,9%), y también mejor que las exportaciones de Alemania (10,8%), Francia (9,5%) e Italia (14,5%). En Reino Unido (+25,5%) tuvieron una mejor evolución. Fuera de la UE, aumentaron las exportaciones de China (12,3%), Japón (12%) y Estados Unidos (8,1%).

Sectores económicos

En marzo, las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron de bienes de equipo (aportación de 3,2 puntos), alimentación, bebidas y tabaco (2,6 puntos), productos energéticos (2,3 puntos) y productos químicos (2,2 puntos). El único sector que contribuyó negativamente, aunque de forma muy ligera, fue el de otras mercancías (contribución de -0,1 puntos).

Áreas geográficas

En marzo de 2017, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 65,9% del total (67,2% en marzo de 2016) y se incrementaron un 14,5%. Las dirigidas a la zona euro subieron un 15,6% y las destinadas al resto de la UE lo hicieron un 10,9%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Italia (23,4%), Alemania (14,2%), Francia (11,6%), mientras que las dirigidas al Reino Unido (1,2%) tuvieron una evolución más moderada.

El superávit comercial de España con la Unión Europea se situó en los 1.881 millones de euros en marzo de 2017 (superávit de 1.627 millones de euros en marzo de 2016). Con la zona euro, el saldo comercial registró un superávit de 1.028 millones de euros (superávit de 821 millones de euros en el mismo mes del año anterior). Por su lado, el déficit comercial con los países extracomunitarios se incrementó un 37,8% respecto a marzo de 2016, hasta los 3.339 millones de euros.

El Tribunal Supremo reconoce que una empresa disuelta mantiene su personalidad jurídica ante la reclamación de deudas pendientes

Martes, 30 de mayo de 2017

Lunes, 29 de mayo de 2017  – poderjudicial.es

El Tribunal Supremo reconoce que una empresa disuelta mantiene su personalidad jurídica ante la reclamación de deudas pendientes

La inscripción de la escritura de extinción de una sociedad conlleva la pérdida de la personalidad jurídica pero la conserva frente a reclamaciones pendientes

Autor:Comunicación Poder Judicial

Una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha unificado doctrina en relación con la capacidad de una sociedad disuelta y liquidada, una vez cancelados los asientos registrales, para ser parte en un proceso de reclamación de deudas sobrevenidas.

La Sala sostiene que la inscripción de la escritura de extinción conlleva, en principio, la pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad, pero afirma que conserva esta personalidad frente a reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos.

La sentencia resuelve el problema planteado por la propietaria de un piso que, cinco años después de su compra, reclamó a la empresa que se lo vendió, cuando ya estaba disuelta, liquidada y con la escritura de extinción inscrita en el Registro, que reparase los defectos en la instalación del terrazo de la vivienda. La Sala de lo Civil anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y confirma la del juzgado de primera instancia que estimó la demanda de la propietaria obligando a la sociedad a realizar las obras de reparación o al pago del coste de la misma y al de una vivienda de alquiler.

Cómo decapitar la hidra: El FMI lucha contra la corrupción

Lunes, 29 de mayo de 2017

Cómo decapitar la hidra: El FMI lucha contra la corrupción
Por Alistair Thomson

blog-dialogoafondo.imf.org

La corrupción —el abuso de un cargo público para enriquecerse— es un monstruo de muchas cabezas. En muchos países, se trata de un fenómeno generalizado, pero son pocos los casos que salen a la luz y aun menos los que culminan en una condena. La magnitud global, sin embargo, es enorme: según algunas estimaciones, USD 1 billón cambian de manos cada año debido a sobornos, y esa es solo una de las facetas de la corrupción. Las cifra exacta constituye un tema de debate, pero la importancia del problema es indiscutible.

La carga recae desproporcionadamente en los sectores marginados. La corrupción drena las arcas del Estado y lastra el crecimiento económico de diversas maneras. Al igual que otros analistas, los economistas del FMI han examinado los vínculos entre la corrupción y el aumento de la mortalidad infantil, así como la disminución del gasto en educación y atención de la salud, que golpean con especial dureza a los pobres. En otras palabras, la corrupción exacerba la desigualdad, y provoca un efecto en cascada: la interacción entre una y otra alimenta el populismo, de acuerdo con un análisis publicado hace poco por el grupo de lucha contra la corrupción Transparency International.

“Cuando la corrupción es sistémica, dificulta la movilización de la inversión por parte de los gobiernos”, afirmó Sean Hagan, Consejero Jurídico del FMI, ante la Red Parlamentaria Mundial en ocasión de las Reuniones de Primavera de la institución. La corrupción socava las instituciones y los sistemas financieros, desalienta la inversión externa y distorsiona los flujos internacionales de capital. Estos riesgos para el crecimiento económico y la estabilidad financiera son precisamente lo que lleva al FMI a colaborar con los países miembros para mejorar las instituciones públicas y los marcos jurídicos, como lo señaló el año pasado un análisis del personal técnico sobre los costos y los antídotos contra la corrupción.

Son varios los flancos críticos en los que el FMI ataca la corrupción:
•Cuando resulta esencial hacerlo, los expertos jurídicos y financieros del FMI brindan asesoramiento específico sobre la lucha contra la corrupción en los informes del Artículo IV –las radiografías anuales de cada economía nacional– y los programas de crédito. Los programas concebidos para países que enfrentan retos específicos ofrecen asistencia técnica y capacitación para los funcionarios públicos, con especial atención al blanqueo de fondos generados por la corrupción. Ese aspecto forma parte también de cada evaluación del sector financiero, que se han comprometido a realizar quinquenalmente los países del G20 que representan alrededor de 85% de la economía mundial.
•Nuestros expertos fiscales y financieros ayudan a los países a mejorar la gestión financiera pública, la recaudación de impuestos y la transparencia del gasto público, de modo que congresales y ciudadanos puedan exigir al gobierno una rendición de cuentas. Hemos creado herramientas como la Evaluación de la Transparencia Fiscal (FTE), la Herramienta Diagnóstica de Evaluación de la Administración Tributaria (TADAT) y la Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública (PIMA), y colaborado con el Banco Mundial y otros socios para establecer el Marco de Responsabilización Financiera y del Gasto Público (PEFA) y la Evaluación del Desempeño de la Gestión de la Deuda (DeMPA).
•El FMI aporta sus conocimientos, su experiencia y su alcance mundial a iniciativas internacionales como la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas y el grupo de trabajo del G20 contra la corrupción.
•Nuestros especialistas en estadísticas ayudan a los países miembros a mejorar la calidad de los datos económicos nacionales y su divulgación, entre otras cosas mediante el establecimiento de normas internacionales, que contribuyen a la gobernanza y la transparencia.
•Los expertos del FMI ayudan a los bancos centrales a mejorar los mecanismos de gobernanza, los controles internos y la transparencia. Por ejemplo, en Albania y Bangladesh, se han afianzado los controles para evitar nuevos robos en los bancos centrales. Cuando otorgamos un crédito, nuestros especialistas financieros llevan a cabo una “evaluación de salvaguardias” para cerciorarse de que el banco central receptor administra los fondos velando por su seguridad y la rendición de cuentas.

Estos esfuerzos están dando fruto. Kenya, Indonesia y Ucrania, por ejemplo, han fortalecido sus marcos legislativos de lucha contra la corrupción y las funciones de ejecución legislativa con ayuda del FMI. Retuvimos desembolsos que debía recibir Malí en 2014 debido a la compra de un nuevo avión presidencial que ocurrió fuera del presupuesto, poniendo en marcha una auditoría que desembocó en la cancelación de otros contratos problemáticos y la adopción de procedimientos de presupuestación y contratación más estrictos. En 2016, suspendimos los créditos a Mozambique a la espera de mejoras de la auditoría y la transparencia tras descubrir un endeudamiento externo por más de USD 1.000 millones. A escala internacional, atacamos el problema de empresas y fideicomisos utilizados para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de activos y cuentas incorporando las normas formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional a nuestra labor regular contra el lavado de dinero, con lo cual facilitamos la identificación y el rastreo de los frutos de la corrupción.

A pesar de todos estos avances, el mensaje rotundo de los países miembros en las Reuniones de Primavera de abril fue: “¡Sigan adelante!” Como lo pusieron de manifiesto los casos recientes de Corea y Brasil, los actos de corrupción pueden llegar a los altos niveles de gobierno y las oportunidades para cometerlos y ocultarlos en beneficio propio evolucionan constantemente en una era de rápidos avances tecnológicos.

La enorme carga que representa la corrupción, y la amenaza que plantean grupos terroristas internacionales como el del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y Al Qaeda, que se nutren de fondos ilícitos, ilustran la urgencia de esta empresa. “Es imperativo que el FMI se coloque a la cabeza de la lucha contra la corrupción”, declaró Stephen Mnuchin, Secretario del Tesoro estadounidense.

La corrupción no se detiene, pero nosotros tampoco. El FMI se está planteando cómo encarar la corrupción y otras dimensiones de la gobernanza a pedido de los miembros el año pasado. Estamos analizando cómo estrechar los lazos con otros organismos; por ejemplo, aprovechando la experiencia de los expertos de Transparency International para fortalecer nuestras evaluaciones de la transparencia fiscal.

Si no se le ponen riendas, la corrupción es como la hidra, aquella figura mitológica dotada de la virtud de regenerar dos cabezas cuando se le cortaba una. En colaboración con los miembros y otros socios, estamos empeñados en seguir adelante: el lastre que la corrupción representa para el crecimiento mundial, tanto de las economías como de los ciudadanos, significa que la tarea es prioritaria.

La AEPD publica dos documentos que recogen las obligaciones del Reglamento de Protección de Datos para las AAPP

Domingo, 28 de mayo de 2017

La AEPD publica dos documentos que recogen las obligaciones del Reglamento de Protección de Datos para las AAPP

La Agencia Española de Protección de Datos quiere fomentar que estas entidades conozcan las implicaciones prácticas de la nueva normativa, de forma que puedan tomar las medidas necesarias.
• ‘El impacto del RGPD sobre la actividad de las AAPP’ sintetiza en 15 puntos los aspectos que deben tener establecidos el 25 de mayo de 2018
• ‘El Delegado de Protección de Datos en las AAPP’ recoge la posición, las funciones y las cualidades profesionales de una figura que será obligatoria para las administraciones

(Madrid, 19 de mayo de 2017). agpd.es

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado dos documentos que contienen un conjunto de medidas que las Administraciones Públicas deberán tener implantadas el 25 de mayo de 2018, fecha en la que será aplicable el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La Agencia quiere fomentar que estas conozcan las implicaciones prácticas de la nueva normativa, de forma que puedan tomar las medidas necesarias para cumplir con las previsiones establecidas en la misma, ya que el Reglamento supone una gestión distinta de la que se viene empleando.

El documento ‘El impacto del RGPD sobre la actividad de las AAPP’ sintetiza en 15 puntos los aspectos más relevantes que deben estar establecidos cuando el Reglamento sea de aplicación. En muchos casos, los efectos de la nueva normativa van a ser los mismos que para cualquier otro responsable o encargado pero, en algunas áreas, existen especificidades que deben ser tenidas en cuenta por el sector público.

La necesidad de identificar con precisión las finalidades y la base jurídica de los tratamientos que realizan, con exigencias adicionales en el caso de los datos especialmente protegidos; ofrecer a los ciudadanos una información más amplia de la que actualmente se ofrece y hacerlo de forma concisa, transparente y con un lenguaje claro; establecer mecanismos sencillos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos; realizar análisis de riesgos de todos los tratamientos de datos que lleven a cabo y revisar las medidas de seguridad establecidas; establecer un registro de actividades y designar a un Delegado de Protección de Datos, entre otros puntos, son algunos de los aspectos recogidos en el texto.

En este sentido, el segundo documento está centrado en ‘El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas’. El Reglamento establece como obligatoria la designación de esta figura en el caso de autoridades u organismos públicos. En consecuencia, la designación de los DPD en el ámbito público debería producirse con antelación al 25 de mayo de 2018.

La regulación del Delegado de Protección de Datos que establece el Reglamento es válida tanto para entidades privadas como para autoridades y organismos públicos, si bien hay algún aspecto en el que existen disposiciones diferenciadas para el sector público y, en todo caso, el perfil del DPD puede presentar particularidades. El documento recoge de manera sistemática la posición y las funciones del DPD puntualizando los aspectos propios de las administraciones, además de abordar las cualidades profesionales que debe tener esta figura.

Ambos documentos se suman a los recursos de ayuda que la Agencia ya tiene disponibles en su sección específica sobre el Reglamento para ayudar a las entidades, tanto públicas como privadas, a adaptarse a los cambios que incorpora y cumplir así con sus obligaciones.

El CGPJ aprueba la especialización de 54 juzgados para conocer de los litigios por las cláusulas suelo

Sábado, 27 de mayo de 2017

Jueves, 25 de mayo de 2017  poderjudicial.es

El CGPJ aprueba la especialización de 54 juzgados para conocer de los litigios por las cláusulas suelo

A partir del 1 de junio, asumirán los asuntos de este tipo y otros relacionados con vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa que se registren en su provincia. Jueces en prácticas de la 67 promoción de la Escuela Judicial comenzarán a resolver esta clase de litigios desde ese mismo día en los juzgados especializados de quince grandes ciudades

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy, por 6 votos a 2, la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que a partir del próximo 1 de junio conocerán, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

El CGPJ lleva así a efecto el plan de urgencia en el que empezó a trabajar el pasado mes de febrero para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.
El plan estará inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse en caso necesario.

Ámbito y materia de competencia de los juzgados especializados

El acuerdo aprobado hoy por la Comisión Permanente atribuye a los juzgados especializados, en virtud de lo previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia para conocer -en el territorio de la provincia o isla en la que tengan su sede- de los asuntos que ingresen a partir del 1 de junio relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no es necesaria la especialización de juzgados, por tratarse de partidos judiciales únicos, pero los asuntos de esta clase serán asumidos por un único órgano mediante la modificación de las normas de reparto

La fecha de entrada en vigor de la especialización coincide con la conclusión de los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, para que las entidades de crédito adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad llegaran a un acuerdo o se tuviera por concluido el procedimiento extrajudicial.

Flexibilidad y gradualidad en la aplicación de medidas

A medida que se vayan conociendo las cifras de ingreso de asuntos en los órganos especializados, el Consejo General del Poder Judicial hará una valoración ajustada de las necesidades, de manera gradual y flexible, que será inmediatamente comunicada al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia. Ello permitirá acomodar los medios personales y materiales de cuya dotación son responsables estas Administraciones a las necesidades que vayan surgiendo en el desarrollo del plan de urgencia, con la necesaria flexibilidad.

Así, el plan contempla distintas medidas de refuerzo para los juzgados especializados, en función de la entrada de asuntos de la clase objeto de especialización y teniendo en cuenta que estos órganos judiciales continuarán conociendo de todos los procedimientos actualmente pendientes ante los mismos hasta su conclusión.

En aquellos territorios con menor entrada de asuntos, será el titular del juzgado el que asuma el conocimiento de la materia, adoptándose las medidas de compensación y refuerzo que resulten necesarias, como la exención parcial de reparto de determinada clase de asuntos, la liberación de sustituciones no voluntarias y el apoyo de los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que sean precisos.

Si el ingreso de asuntos es superior, el órgano judicial podrá contar con un “juzgado bis” servido por uno o más jueces de refuerzo, así como con los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que se necesiten, lo que se determinará en las evaluaciones mensuales que se irán realizando.

Jueces de refuerzo

En un primer momento, serán los 65 jueces en prácticas de la 67 promoción de la Escuela Judicial, que han recibido formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta, quienes realicen preferentemente estas funciones de refuerzo en los órganos especializados.

No obstante, en el caso de que los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia consideren que en los juzgados especializados no existe carga de trabajo suficiente, estos jueces realizarán funciones de refuerzo transversal en el resto de los órganos de la provincia, resolviendo los asuntos de esta naturaleza que hubieran tenido entrada antes del 1 de junio.

La distribución de jueces en prácticas por Comunidades Autónomas es la siguiente: 11 en Andalucía, 2 en Asturias, uno en Baleares, uno en Canarias, uno en Cantabria, 5 en Castilla y León, 4 en Castilla-La Mancha, 6 en Cataluña, 9 en la Comunidad Valenciana, 2 en Extremadura, 5 en Galicia, 8 en Madrid, uno en Murcia, 4 en Navarra y 5 en el País Vasco.

En aquellos territorios donde no haya disponibilidad de jueces en prácticas y sea necesario adscribir un juez de refuerzo, se podrá adscribir a un Juez de Adscripción Territorial (JAT), a un juez sustituto u ofrecer una comisión de servicio.

Ya hay refuerzos adscritos en quince grandes ciudades

Los juzgados especializados de quince grandes ciudades ya cuentan con un juez en prácticas adscrito como refuerzo, que desde el 1 de junio comenzará a resolver los asuntos de la materia objetos de especialización.

Los órganos judiciales que contarán desde el inicio con este refuerzo son los de Málaga, Sevilla, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Toledo, Barcelona, Alicante, Valencia, A Coruña, Vigo, Palma, Madrid, Murcia y Bilbao.
En el resto del territorio nacional, los jueces de refuerzo se incorporarán a partir del 1 de julio, en función de la entrada de asuntos que se registre en cada órgano especializado. En tanto se lleve a cabo la adscripción del juez en prácticas, el titular del juzgado será quien resuelva los incidentes urgentes.

Evaluación mensual del plan

Las medidas contempladas en el plan de urgencia serán evaluadas mensualmente por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia, con el objetivo de revisar la eficacia de las mismas y la necesidad de aportación de los medios personales y materiales responsabilidad de estas Administraciones.

La primera de esas reuniones de coordinación se producirá el próximo miércoles día 31, en la víspera de la entrada en vigor del plan.

Listado de juzgados especializados

Andalucía:
– Juzgado de Primera Instancia 7 de Almería
– Juzgado de Primera Instancia 2 de Cádiz
– Juzgado de Primera Instancia 9 de Córdoba
– Juzgado de Primera Instancia 9 de Granada
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Huelva
– Juzgado de Primera Instancia 2 de Jaén
– Juzgado de Primera Instancia 18 de Málaga
– Juzgado de Primera Instancia 10 de Sevilla

Aragón:
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Huesca
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Teruel
– Juzgado de Primera Instancia 12 de Zaragoza

Asturias:
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Oviedo

Baleares:
– Juzgado de Primera Instancia 10 de Palma (Mallorca)
– Juzgado de Primera Instancia 2 de Ibiza (Ibiza)
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Mahón (Menorca)
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ciutadella (Menorca)

Canarias:
– Juzgado de Primera Instancia 1 de Arrecife (Lanzarote)
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria)
– Juzgado de Primera Instancia 1 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Cantabria:
– Juzgado de Primera Instancia 2 de Santander

Castilla y León:
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila
– Juzgado de Primera Instancia 4 de Burgos
– Juzgado de Primera Instancia 7 de León
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Palencia
– Juzgado de Primera Instancia 9 de Salamanca
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Segovia
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Soria
– Juzgado de Primera Instancia 4 de Valladolid
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Zamora

Castilla-La Mancha:
– Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 3 de Albacete
– Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 4 de Ciudad Real
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Cuenca
– Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 4 de Guadalajara
– Juzgado de Primera Instancia y Mercantil e Instrucción 1 de Toledo

Cataluña:
– Juzgado de Primera Instancia 50 de Barcelona
– Juzgado de Primera Instancia 3 de Girona
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Lleida
– Juzgado de Primera Instancia 8 de Tarragona

Comunidad Valenciana:
– Juzgado de Primera Instancia 5 de Alicante
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Castellón
– Juzgado de Primera Instancia 25 de Valencia

Extremadura:
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Mérida (Badajoz)
– Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Cáceres

Galicia:
– Juzgado de Primera Instancia 7 de A Coruña
– Juzgado de Primera Instancia 2 de Lugo
– Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 4 de Ourense
– Juzgado de Primera Instancia 14 de Vigo (Pontevedra)

La Rioja:
– Juzgado de Primera Instancia 6 de Logroño

Madrid:
– Juzgado de Primera Instancia 101 de Madrid

Murcia:
– Juzgado de Primera Instancia 11 de Murcia

Navarra:
– Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona

País Vasco:
– Juzgado de Primera Instancia 5 de Vitoria-Gasteiz
– Juzgado de Primera Instancia 8 de Donostia-San Sebastián
– Juzgado de Primera Instancia 11 de Bilbao

El TC anula parcialmente la regulación del impuesto estatal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

Viernes, 26 de mayo de 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa Nº 32/2017
El TC anula parcialmente la regulación del impuesto estatal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El Tribunal considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Andrés Ollero.
La sentencia reitera la doctrina establecida por el Tribunal en las sentencias 26/2017 y 37/2017, referidas, respectivamente, al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. En dichas resoluciones, el Tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE); asimismo, señaló que, para salvaguardar dicho principio, el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.
El Pleno explica que el objeto del impuesto regulado por la norma estatal ahora cuestionada es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo; sin embargo, el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino “a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre uno (mínimo) y veinte años (máximo)”. Por consiguiente, añade la sentencia, “basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”.
Es decir, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 CE)”.
Por todo ello, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la ley cuestionada, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”. A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.
Madrid, 17 de mayo de 2017.

El precio de la vivienda aumenta un 7,7% anual durante el primer trimestre

Viernes, 26 de mayo de 2017

El precio de la vivienda aumenta un 7,7% anual durante el primer trimestre

Notas de prensa – registradores.org
De enero a marzo se inscribieron 113.738 compraventas de vivienda, el resultado más elevado desde el primer trimestre de 2011
Las nuevas hipotecas a tipo fijo de interés protagonizaron cuatro de cada diez operaciones

17.05.’17.- El precio de la vivienda, calculado a través del Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (según metodología Case & Shiller aplicada a España), en el primer trimestre amplifica la tendencia de los últimos trimestres mostrando un incremento anual del 7,7% y del 4,1% sobre el trimestre anterior. El ritmo de crecimiento de los últimos trimestres acumula un descenso del índice del 22,8% desde los niveles máximos en 2007.

Compraventas inscritas

Según la Estadística Inmobiliaria del Colegio de Registradores correspondiente al primer trimestre, cuyo informe completo se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-de-propiedad/estadistica-registral-inmobiliaria, entre enero y marzo se inscribieron en los registros de la propiedad 113.738 compraventas de vivienda, suponiendo el resultado trimestral más elevado desde el primer trimestre de 2011. Con respecto al trimestre precedente, el aumento ha sido del 21,8%. En datos interanuales la tendencia positiva se mantiene: con relación al mismo trimestre de 2016 se ha producido un incremento del 14,4%.

Los datos interanuales acumulados al primer trimestre confirman también esta tendencia creciente, mostrando que en los últimos doce meses se han inscrito 418.054 operaciones, aumentando en 14.311 operaciones con respecto a los resultados interanuales acumulados del trimestre anterior.

La vivienda nueva en esta ocasión, contrariamente a la tendencia de los últimos años, ha acompañado el crecimiento general, habiendo correspondido al 18% del total inscrito, con un importante crecimiento intertrimestral del 27,5%, al inscribirse 20.490 compraventas, mientras que la vivienda usada se incrementó el 20,6% sobre el trimestre anterior, alcanzando las 93.248 operaciones (82,0% del total inscrito).
Compras de extranjeros

El peso de compra de vivienda extranjera se mantiene bastante estable durante el primer trimestre en términos relativos, al presentar una tasa del 13,1% sobre el total de compraventas inscritas. Esto ha dado lugar a cifras en torno a 15.000 compraventas trimestrales. En términos interanuales acumulados se alcanza un 13,3% de compra por extranjeros, en máximos históricos, dando lugar a unas cifras de más de 55.000 compras de vivienda anuales realizadas por extranjeros.

Por nacionalidades, continúan encabezando la clasificación los británicos con un 14,5% de las compras realizadas, aunque su caída continuada durante los últimos trimestres (en el trimestre anterior representaron el 16,4% de las operaciones extranjeras) los lleva a su mínima cuota histórica sobre el total de compraventas extranjeras. Los franceses ascienden a la segunda posición con un 9,6%, seguidos de alemanes con un 7,7%, con un 6,9%, suecos con un 6,3%, e italianos con un 6,1%. Estas seis primeras nacionalidades concentran más de la mitad del total de compras de vivienda por extranjeros.
Impagos hipotecarios

Según el informe de la Estadística Registral Inmobiliaria, que también se puede consultar en el Portal de Precios de Vivienda (http://www.preciosdevivienda.es/registradores.html) las certificaciones de vivienda por inicio de ejecución de hipoteca del primer trimestre continúan reduciéndose, alcanzando las 8.758, con una reducción trimestral del 8,1% (9.533 en el cuarto trimestre), situándose en mínimos desde su inclusión en el estudio, representando un descenso del 20,9% sobre el mismo período de 2016.

El 61,5% de estas certificaciones corresponde a personas físicas, frente al 38,5% de personas jurídicas. En cuanto a la nacionalidad, el 93,1% de las certificaciones ha correspondido a nacionales y el 6,9%, a extranjeros.

Durante el primer trimestre, se inscribieron 1.918 daciones en pago sobre viviendas, aumentando un 27,3% sobre el trimestre anterior, aunque con relación al mismo trimestre de 2016, la reducción ha sido del 27,9%. El 81,5% de las daciones en pago ha correspondido a personas físicas, frente al 18,5% de personas jurídicas. Con relación a la nacionalidad, el 88% de las daciones en pago ha sido de nacionales, frente al 12% de extranjeros.
Características del crédito hipotecario

El endeudamiento hipotecario por vivienda ha presentado un incremento del 3,6% sobre el trimestre anterior, alcanzando los 116.182 €.

La contratación a tipo de interés fijo continuó la intensa subida de trimestres anteriores, hasta alcanzar el 38,7% del total de los nuevos contratos frente al 31% del trimestre anterior, nuevo máximo de la serie histórica. Ello deja los índices variables en su cifra más baja y, especialmente, al euribor, que fue la referencia en el 60,3% del total de los créditos.

La cuantía media de los tipos de interés iniciales de los nuevos créditos ha descendido ligeramente hasta situarse en el 2,3% desde el 2,4% del trimestre anterior.
Los plazos de contratación de los nuevos créditos hipotecarios se mantienen básicamente estables, con un ligero incremento del 0,7% sobre el trimestre anterior, y una duración media de 23 años y 4 meses en el primer trimestre de 2017.

La accesibilidad en la compra de vivienda mostró un ligero deterioro: la cuota hipotecaria mensual media en el primer trimestre se ha situado en 536 €, con un incremento intertrimestral del 2,2%, mientras que el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial se incrementa hasta el 28,3% (27,6% en el trimestre anterior).

El TSJCV propone un protocolo de actuación frente a ataques informáticos

Miércoles, 24 de mayo de 2017

Jueves, 18 de mayo de 2017  poderjudicial.es

El TSJCV propone un protocolo de actuación frente a ataques informáticos

Convocará una reunión extraordinaria de la comisión mixta con la Conselleria, con participación de jueces y letrados de la Administración de Justicia. La imposibilidad de acceder a aplicaciones informáticas del Ministerio obligó a posponer juicios rápidos y otras actuaciones judiciales

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha propuesto la convocatoria de una reunión extraordinaria de la comisión mixta con la Conselleria de Justicia para la elaboración de un protocolo de actuación frente a eventuales ataques informáticos para minimizar su incidencia en el funcionamiento de los órganos judiciales.

Así lo acordó ayer la Sala de Gobierno del Alto Tribunal Valenciano, en el transcurso de una reunión celebrada ayer en la que se analizaron las disfunciones registradas en los juzgados de la Comunidad desde el pasado 15 de mayo como consecuencia de las medidas de seguridad (paradas informáticas) adoptadas por los técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración Autonómica.

La Sala ha expresado su “gran preocupación” por la situación generada en los órganos judiciales en general y, especialmente, en los juzgados en funciones de guardia, algunos de los cuales tuvieron que posponer la celebración de juicios rápidos o prorrogar detenciones ante la imposibilidad de acceder al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (siraj) y al Registro Central de Penados y Rebeldes, aplicaciones informáticas del Ministerio de Justicia en las que se anotan medidas cautelares, sentencias y órdenes de protección de maltratadas y en las que se consultan los antecedentes penales.

El TSJCV considera necesario aprobar un protocolo de actuación, para lo cual propone una convocatoria extraordinaria de la comisión mixta, con la participación de magistrados, jueces, letrados de la Administración de Justicia y representantes de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana.

La Sala de Gobierno del TSJCV, en su reunión de ayer, ha manifestado su agradecimiento a los técnicos de la DGTic por el “intenso trabajo” realizado para el restablecimiento del servicio, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces decanos, letrados de la Administración de Justicia y a los funcionarios por su colaboración en la minimización de efectos y normalización del servicio.

La competitividad-precio de la economía mejora frente a la OCDE en el primer trimestre de 2017

Miércoles, 24 de mayo de 2017

10 de mayo de 2017 mineco.gob.es
La competitividad-precio de la economía mejora frente a la OCDE en el primer trimestre de 2017
La competitividad-precio de la economía española frente a la OCDE mejoró en el primer trimestre de 2017, según el Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC) calculado con el Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque también refleja un empeoramiento con respecto al conjunto de la UE, debido fundamentalmente a la depreciación de la libra (el Reino Unido es con diferencia el principal socio comercial de la UE no zona euro) y, de forma más moderada, también frente a la zona euro.

Si bien el IPC es la referencia más usual para analizar la evolución de los precios, muchos de los productos y servicios que recoge o no son exportables o su peso en las exportaciones es muy residual. Por ello se usan también los Índices de Valor Unitario (IVUs), una referencia más fiel de los precios de la exportación porque computa exclusivamente productos y servicios vendidos al exterior, ponderados por su peso en el conjunto de las exportaciones. Los IVUs se demoran más que el IPC, por lo que los datos que se ofrecen con esa referencia son del trimestre anterior.

ITC calculado con IPC

Los datos del primer trimestre de 2017 reflejan que la competitividad-precio de España frente a la zona euro empeoró ligeramente (el ITC subió un 1%),tras trece trimestres consecutivos de mejoras y uno más, el último, de estabilidad, porque el aumento de los precios españoles fue ligeramente superior al registrado en media por el resto de países miembros. También se perdió competitividad frente a los países de la UE que no forman parte del euro, debido fundamentalmente al tipo de cambio consecuencia de la depreciación de la libra en el primer trimestre del año.

Frente a la OCDE, la competitividad mejoró (-0,3%), debido también a la depreciación del euro, que compensa el mayor incremento de precios en España y se encadenan así cuatro trimestres de ganancia de competitividad frente a esta zona. Esta mejora se da sobre todo frente a países de la OCDE que no forman parte de la Unión Europea.

En relación con los BRICS (Brasil, Rusia, India y China) el ITC cayó un 4,2% interanual, confirmando y reforzando la tendencia iniciada en el último trimestre de 2016 después de tres trimestres de pérdidas de competitividad. La mejora se produjo por la apreciación de las monedas de estos países frente al euro, que así corrigen parte de las caídas que habían sufrido en el año anterior.

ITC calculado con IVUs

En el acumulado de 2016 se ganó competitividad frente a la zona euro, destino del 50% de nuestras mercancías, mientras que se registró un deterioro frente a los países de la UE que no forman parte del euro, debido a la evolución de los tipos de cambio. También empeoró la competitividad frente a la OCDE, por la vía de los precios y, en menor medida, por la vía del tipo de cambio.

En el último trimestre de 2016 la evolución fue un reflejo de lo sucedido a lo largo del año. El ITC calculado con Índices de Valor Unitario mejora frente a la zona euro (caída del 0,3%) y empeora frente al conjunto de la Unión Europea. Esta pérdida de competitividad se produjo exclusivamente por la apreciación del euro ya que los precios de exportación españoles cayeron más que la media de los precios de exportación del resto de países de la UE-28.

Frente a los países de la OCDE, el ITC creció un 0,5% en el último trimestre de 2016, sobre todo por el aumento en el índice de tipos de cambio, y fundamentalmente debido a los países de la UE que no forman parte del euro (otra vez, como consecuencia de la evolución de la libra).

Los tribunales de un Estado miembro pueden controlar la legalidad de las solicitudes de información fiscal dirigidas por otro Estado miembro

Martes, 23 de mayo de 2017

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n° 53/17
Luxemburgo, 16 de mayo de 2017
Sentencia en el asunto C-682/15
Berlioz Investment Fund SA/Directeur de l’administration des contributions directes
Los tribunales de un Estado miembro pueden controlar la legalidad de las solicitudes de información fiscal dirigidas por otro Estado miembro
Dicho control se limita a verificar que la información solicitada no parezca carecer manifiestamente de toda pertinencia previsible respecto a la investigación fiscal de que se trate
En 2014, en el marco del examen de la situación fiscal de la sociedad francesa Cofima, la Administración tributaria francesa dirigió a la Administración tributaria luxemburguesa una solicitud de información relativa a la sociedad matriz luxemburguesa de Cofima, Berlioz Investment Fund. A petición de las autoridades tributarias luxemburguesas, Berlioz aportó toda la información solicitada, salvo los nombres y direcciones de sus socios, el importe del capital poseído por cada uno de ellos y su porcentaje de participación. Según Berlioz, no era previsible que esta información fuera pertinente para el examen efectuado por la Administración tributaria francesa.
Como consecuencia de la negativa de Berlioz a facilitar la citada información, la Administración tributaria luxemburguesa le impuso en 2015 una sanción tributaria de 250 000 euros. Berlioz interpuso recurso contencioso-administrativo ante los tribunales luxemburgueses con objeto de que se anularan la sanción pecuniaria y la decisión de requerimiento (es decir, la decisión de las autoridades luxemburguesas por la que se le requería que aportara la información controvertida). En primera instancia, el tribunal administratif de Luxembourg (Tribunal Contencioso-Administrativo de Luxemburgo) redujo la sanción pecuniaria a 150 000 euros, pero rechazó comprobar la procedencia de la decisión de requerimiento. A este respecto, dicho tribunal se basó en la Ley luxemburguesa a tenor de la cual es posible solicitar la anulación o la reducción de la sanción pecuniaria, pero no la anulación de la solicitud de intercambio de información y de la decisión de requerimiento.
Berlioz interpuso entonces recurso de apelación ante la Cour administrative de Luxembourg (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Luxemburgo), considerando que se había violado su derecho a la tutela judicial efectiva, garantizada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Por su parte, la Cour administrative de Luxemburgo planteó varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia para que determine, en particular, si aquélla puede examinar la procedencia de la decisión de requerimiento y, por tanto, de la solicitud de información de las autoridades francesas en la que se basa la mencionada decisión.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara, para empezar, que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE es aplicable, puesto que, para imponer una sanción pecuniaria a Berlioz por su negativa a facilitar la información solicitada, las autoridades tributarias luxemburguesas aplicaron la Directiva de la Unión relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. 1
Por otro lado, el Tribunal de Justicia considera que el juez nacional que conoce de un recurso contra una sanción pecuniaria impuesta a un administrado por no atender la decisión de requerimiento debe poder examinar la legalidad de esta última para que se respete el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en la Carta.
A continuación, el Tribunal de Justicia recuerda que esa decisión de requerimiento sólo se ajusta a la legalidad cuando la información solicitada es «previsiblemente pertinente» para las necesidades de la inspección fiscal en el Estado miembro que la solicita. En efecto, según los propios términos de la Directiva, la obligación que incumbe a las autoridades tributarias de un Estado miembro de cooperar con las autoridades tributarias de otro Estado miembro se extiende únicamente a la comunicación de información «previsiblemente pertinente». Así, los Estados miembros no pueden emprender investigaciones aleatorias ni solicitar información que probablemente no sea pertinente para la situación fiscal del contribuyente de que se trate. Es cierto que han de determinar la información que consideren que van a necesitar. Sin embargo, no pueden solicitar información que no tenga pertinencia alguna para la investigación en cuestión, y el destinatario de una decisión de requerimiento debe poder invocar ante un juez la falta de conformidad de la solicitud de información con la Directiva y, consecuentemente, la ilegalidad de la decisión de requerimiento resultante de ello.
El Tribunal de Justicia añade que las autoridades del Estado requerido (en este caso, las autoridades tributarias luxemburguesas) no deben limitarse a comprobar sumaria y formalmente la regularidad de la solicitud de información, sino que también deben asegurarse de que la información solicitada no carece de toda pertinencia previsible para las necesidades de la inspección fiscal, habida cuenta de la identidad del contribuyente a que se refiere la inspección y de la finalidad de ésta. Asimismo, el juez del Estado requerido (en el presente caso, el juez luxemburgués) debe poder ejercer el control de la legalidad de la solicitud. Pero únicamente debe verificar que la decisión de requerimiento se basa en una solicitud de información suficientemente motivada relativa a información que no parece carecer manifiestamente de toda pertinencia previsible para la inspección fiscal de que se trate.
Por último, el Tribunal de Justicia considera que, para poder ejercer el control jurisdiccional, el juez debe tener acceso a la solicitud de información y a cualquier otro dato complementario que las autoridades del Estado requirente hayan podido transmitir a las autoridades del Estado requerido. El Tribunal de Justicia añade que el secreto de la solicitud de información puede oponerse, en cambio, al administrado, y que éste no dispone por tanto de un derecho de acceso a la totalidad de dicha solicitud. No obstante, a fin de que su causa sea oída de manera equitativa, el administrado debe tener acceso a la información esencial de la solicitud de información (a saber, la identidad del contribuyente de que se trate y el objetivo fiscal para el que se pide la información), pudiendo el juez aportarle algunos otros datos si estima que esa información esencial no es suficiente.
1 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO 2011, L 64, p. 1).
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Pedro Sánchez gana las primarias a la Secretaría General del PSOE

Lunes, 22 de mayo de 2017

Pedro Sánchez gana las primarias a la Secretaría General del PSOE
Mario Jiménez compareció para proclamar los resultados

22/05/2017 psoe.es

El responsable de Organización y portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, ha comparecido en la sala de prensa del PSOE pasadas las 22:30 horas y ha anunciado que, con el 90’53% del censo escrutado -que representan a más de 170.000 militantes-, el resultado  de las elecciones primarias ha sido el siguiente:

•Pedro Sánchez ha conseguido el 49,8% de los votos, más de 67.500 votos, que lo convierten en el próximo Secretario General del PSOE.

•Susana Díaz ha obtenido el 40,2% de los votos, esto es, más de 54.500 votos.

•Patxi López obtuvo el apoyo del 10,2% de los militantes, lo que implica haber recibido el voto de más de 13.580 militantes.

A las largo de las próximas horas se completará el escrutinio hasta llegar al 100%, y será la Comisión de Ética y Garantías quien verifique y ratifique el resultado con las actas que le hagan llegar todas las agrupaciones.

En su comparecencia, Mario Jiménez ha agradecido a toda la militancia del PSOE “su comportamiento ejemplar y compromiso democrático, que ha hecho grande este proceso” de primarias. También tuvo palabras de gratitud para los 12.000 miembros del partido que han hecho que la jornada transcurra con absoluta normalidad y se haya ejercido el voto con todas las garantías, así como a los 5.000 interventores que han velado por el proceso en nombre de las tres candidaturas.

Como destacó Jiménez, las primarias celebradas hoy han sido un “proceso limpio, transparente, sin incidencias reseñables, que dan una idea de la talla democrática, única, del PSOE, el partido con más trayectoria democrática en nuestro país”.

Patxi López

Tras Mario Jiménez, ha intervenido Patxi López que –tras expresar su “enhorabuena” a Pedro Sánchez, le ha deseado “toda suerte de aciertos porque mañana, con él a la cabeza, tenemos que empezar a trabajar para recuperar al mejor Partido Socialista”.

“Ya ha acabado el proceso interno y ahora nos esperan ahí fuera la sociedad española para volver a ser esa referencia de la izquierda que necesita este país”, añadió.

Susana Díaz

Por su parte, Susana Díaz quiso mostrar su agradecimiento “a todos los compañeros y compañeras del PSOE que han participado de manera masiva en estas elecciones primarias, porque es un síntoma de participación, de democracia y de transparencia de nuestro partido, que como siempre, está a la vanguardia en el conjunto del país”. También quiso agradecer su apoyo a todos aquellos que han apoyado su candidatura, especialmente en Andalucía, donde ha recibido el apoyo del 64% de los socialistas andaluces, que han valorado las políticas socialistas que está llevando a cabo el PSOE en esta tierra.

Díaz, que  avanzó que ya ha trasladado la enhorabuena al secretario general electo, aseguró que “todos los compañeros y compañeras que representamos este proyecto colectivo vamos a arrimar el hombro y nos vamos a poner a disposición de lo que el Partido necesite de nosotros” y siempre con el objetivo que el PSOE “tiene que ser la alternativa de gobierno en España y que para serlo defendemos ese proyecto coherente y autónomo que los ciudadanos necesitan”.

El Tribunal General de la UE desestima el recurso del Landeskreditbank Baden-Württemberg contra su sujeción a la supervisión directa del BCE

Domingo, 21 de mayo de 2017

Tribunal General de la Unión Europea
Comunicado de prensa nº 54/17 curia.europea.eu
Luxemburgo, 16 de mayo de 2017
Sentencia en el asunto T-122/15
Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank/ BCE
El Tribunal General de la UE desestima el recurso del Landeskreditbank Baden-Württemberg contra su sujeción a la supervisión directa del BCE
La decisión del BCE de clasificar este banco público alemán como «entidad significativa» fue conforme a Derecho
El Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank es el banco de inversiones y desarrollo del Land de Baden-Wurtemberg (Alemania), al cual pertenece íntegramente su capital. El valor de sus activos es superior a 30 000 millones de euros.
El Landeskreditbank interpuso un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de clasificarlo como «entidad significativa». Dicha clasificación supone que la entidad bancaria recurrente queda sometida a la supervisión directa del BCE en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). 1 En cambio, las entidades clasificadas como «menos significativas» se someten esencialmente a la supervisión directa de las autoridades nacionales dentro del MUS.
El Landeskreditbank considera, en particular, que, dado su bajo perfil de riesgo, 2 una supervisión ejercida por las autoridades alemanas 3 ofrecería una protección suficiente al objetivo de estabilidad financiera, por lo que debería ser reclasificada como entidad «menos significativa».
Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal General, en Sala ampliada, desestima el recurso del Landeskreditbank.
El Tribunal General precisa que la supervisión directa de las entidades «menos significativas» ejercida por las autoridades nacionales en el marco del MUS no implica el ejercicio de una competencia autónoma, sino el ejercicio de forma descentralizada de una competencia exclusiva del BCE.
El Tribunal General recuerda que, de acuerdo con la normativa pertinente, 4 salvo que se den circunstancias particulares, un banco será clasificado como «entidad significativa» y, por tanto, quedará sometido a la supervisión directa del BCE, entre otros supuestos, 5 cuando el valor de sus activos supere los 30 000 millones de euros.
Según el Tribunal General, sólo puede decidirse no aplicar esa clasificación si concurren circunstancias de hecho específicas que determinen que la supervisión prudencial directa por las autoridades nacionales permitiría conseguir los objetivos y realizar los principios de la normativa pertinente con mayor eficacia, en particular la necesidad de garantizar la aplicación coherente de normas de supervisión estrictas,.
El Tribunal General señala al respecto que el Landeskreditbank no alegó que las autoridades alemanas podrían conseguir tales objetivos y realizar tales principios con mayor eficacia, sino que se limitó a tratar de demostrar que la supervisión ejercida por dichas autoridades era suficiente.
NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.
NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento
1 El MUS está integrado por el BCE y las autoridades nacionales competentes.
2 Según el Landeskreditbank, su bajo perfil de riesgo viene determinado por el hecho de que es imposible que, en la práctica, caiga en una situación de insolvencia.
3 El Landeskreditbank menciona, al respecto, el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) (Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania), el Bundesbank (Banco central de Alemania) y el Ministerio de Finanzas del Land de Baden-Wurtemberg.
4 Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al BCE tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63), y Reglamento (UE) n.º 468/2014 del BCE, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el MUS entre el BCE y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (DO 2014, L 141, p. 1).
5 La evaluación del carácter significativo de una entidad bancaria responde a tres criterios principales alternativos: el tamaño de la entidad, la importancia de ésta para la economía de la UE o de un Estado miembro participante y el carácter significativo de las actividades transfronterizas desarrolladas por la entidad.

La inflación se eleva al 2,6% por los servicios turísticos y la energía

Sábado, 20 de mayo de 2017

La inflación se eleva al 2,6% por los servicios turísticos y la energía
Viernes 12 de mayo de 2017 lamoncloa.gob.es

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en abril de 2017 un 2,6% interanual, tres décimas más que en marzo, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa coincidente con la adelantada por el INE a finales del pasado mes.
En este comportamiento destaca especialmente la subida de los precios de los servicios turísticos, afectados por la fecha de la celebración de la Semana Santa, que este año ha transcurrido en abril, a diferencia del año pasado, cuando tuvo lugar íntegramente en marzo. Por tanto, se trata de una subida transitoria. En términos intermensuales, el IPC ha crecido un 1% en abril, frente a la subida del 0,7% en el mismo mes de 2016.

Los precios de los productos energéticos aumentaron en abril un 12% interanual, tres décimas más que en marzo. Esta evolución se explica por el mayor ritmo de crecimiento de los precios de la electricidad (pasaron del 12,5% interanual en marzo al 16,2% en abril) y, en menor medida, del gas (se aceleraron más de cinco puntos, hasta el 6,6%), parcialmente compensados por la desaceleración de los precios de los carburantes y lubricantes, de 1,3 puntos, hasta el 11,5%.

Los precios de la alimentación crecieron el 1,2% en abril, dos décimas menos que en marzo. La inflación de la alimentación no elaborada se situó en el 3,4%, nueve décimas por debajo de la del mes precedente, como consecuencia de la evolución de los precios de las frutas frescas (se desaceleraron 5,3 puntos, hasta el 5%). Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco aumentaron el 0,2% en abril, una décima más que en marzo, destacando el comportamiento de aceites y grasas, que pasaron de caer el 0,7% en marzo a crecer el 0,5% en abril.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y la energía, que son los elementos más volátiles del IPC) aumentó tres décimas en abril, hasta el 1,2%, debido a la notable aceleración de los precios de los servicios y, en menor medida, de la alimentación elaborada, parcialmente compensados por el menor ritmo de crecimiento de los precios de los bienes industriales no energéticos (BINE). Los servicios se aceleraron un punto, hasta el 2,1%, destacando especialmente la evolución de paquetes turísticos, cuyos precios pasaron de una práctica estabilidad en marzo (0,1%) a crecer el 20,9% en abril. Este comportamiento se debe al efecto calendario de la Semana Santa, que en 2017 se ha celebrado en abril, mientras que en 2016 se celebró en marzo. Por su parte, los precios de los BINE se desaceleraron tres décimas, hasta el 0,3%, destacando el comportamiento de los precios de vestido y calzado, que pasaron de crecer el 0,8% en marzo a hacerlo el 0,3% en abril.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación del 1% en abril de 2017, frente al crecimiento del 0,7% registrado en el mismo mes de 2016. Por componentes, los precios de los productos energéticos subieron un 0,5%, tras el aumento del 0,2% de un año antes; los de los servicios crecieron un 0,8%, tras el retroceso del 0,2% en abril de 2016; los de los BINE crecieron un 2,5%, tres décimas menos que en abril del año anterior; y los de la alimentación retrocedieron el 0,1%, frente al crecimiento de la misma magnitud en abril de 2016.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en abril de 2017 una tasa intermensual del -0,4% (0,5% en el mismo mes de 2016), mientras que los de los alimentos elaborados subieron un 0,1% (variación nula un año antes).

La tasa interanual del IPC aumentó en abril en todas las comunidades autónomas. La mayor subida respecto a la tasa de marzo se registró en la Comunidad de Madrid (seis décimas, hasta el 2,5%), y las menores, todas ellas de una décima, correspondieron a Extremadura (2%), Cantabria (2,6%), Castilla-La Mancha (2,7%) y Galicia (2,8%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en abril en el 2,6%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de abril de 2017, cuya tasa de variación interanual se sitúa en el 2,6%, superior en medio punto a la de marzo. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en abril en el 1,9%, cuatro décimas por encima de la del mes anterior, resultando un diferencial de inflación para España respecto a la zona euro de 0,7 puntos, una décima superior al de marzo.

La jueza suspende el acuerdo del ayuntamiento encaminado a inmatricular dos iglesias de Zaragoza

Viernes, 19 de mayo de 2017

Miércoles, 17 de mayo de 2017  poderjudicial.es

La jueza suspende el acuerdo del ayuntamiento encaminado a inmatricular dos iglesias de Zaragoza

El auto dictado invalida un apartado del acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento en el que se decidía emprender acciones para cambiar la titularidad registral de dos iglesias de Zaragoza, La Seo y Santa María Magdalena

Autor:Comunicación Poder Judicial

La jueza del Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Zaragoza ha dictado al mediodía de hoy un auto de medida cautelar por el que suspende el apartado primero del acuerdo de 27 de marzo del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se decretaba que “se ejercitasen acciones administrativas y judiciales de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada al respecto de la Catedral de San Salvador (La Seo) y de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes”.

La magistrada ha acordado dicha medida cautelar al no existir, tal y como establecen las disposiciones legales en materia de Régimen Local, un dictamen jurídico previo al ejercicio de cualquier acción por parte de las corporaciones locales.

Expresa en su resolución que el informe presentado por el Ayuntamiento no contiene un solo razonamiento explícito sobre la viabilidad de lo que se pretende llevar a cabo. “Tampoco consta en ese informe – explica- el más mínimo indicio relativo a los posibles de derechos que pudiera ostentar el Ayuntamiento de Zaragoza sobre los referidos templos, para plantear las acciones que se mencionan en el Acuerdo”.

Sobre el informe jurídico, exigido por la ley y que debe acompañar este tipo de acuerdos, aclara que su finalidad es que la corporación se encuentre adecuada y debidamente asesorada sobre la procedencia y viabilidad de la acción que se pretende.

Condenado un hombre por estafar a una mujer al simular que alquilaba un apartamento en Benidorm

Viernes, 19 de mayo de 2017

Viernes, 12 de mayo de 2017  – poderjudicial.es

Condenado un hombre por estafar a una mujer al simular que alquilaba un apartamento en Benidorm

La sentencia señala que el acusado no tenía intención de alquilárselo, sino que su propósito era “enriquecerse con el dinero así obtenido”

Autor:Comunicación Poder Judicial

Un hombre acusado de estafar a una vecina de Zaragoza, al simular que le alquilaba un apartamento en Benidorm que no pretendía arrendarle, ha sido condenado a un año y ocho meses de prisión por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. El acusado ha mostrado su conformidad y ha reconocido los hechos durante el juicio. La Sala ha ordenado al encausado que haga entrega de la cantidad defraudada, que se encuentra consignada, a la perjudicada en concepto de responsabilidad civil.

Los magistrados consideran probado en la sentencia que el acusado Manuel C. J., condenado en cuatro ocasiones anteriores por estafa, insertó un anuncio en la página web “multianuncios” ofreciendo el alquiler de un apartamento en Benidorm que no pretendía arrendar. Fue en el mes de mayo de 2016, cuando una vecina de Zaragoza, María Esther S. M., se interesó por el apartamento y realizó una trasferencia de 200 euros a la cuanta indicada por el encausado.

Según señalan el Tribunal, María Esther S. M nunca pudo disfrutar del alojamiento, ya que el acusado no tenía intención de alquilárselo, sino que su propósito era “enriquecerse con el dinero así obtenido”.

Justicia equipara al notario inglés y al español en el Registro

Miércoles, 17 de mayo de 2017

Justicia equipara al notario inglés y al español en el Registro
Xavier Gil Pecharromán

16/05/2017 – eleconomista.es
Un poder otorgado en el extranjero lleva implícito el ‘juicio de equivalencia’

El juicio de suficiencia de un poder otorgado en el extranjero, por parte de un notario del Reino Unido, lleva implícito el juicio de equivalencia, según establece la Dirección General de los Registros y del Notariado, en resolución de 17 de abril de 2017 -publicada en el BOE del 28 de abril de 2017-.
Esta nueva aclaración doctrinal, que ampara la admisión del recurso del notario británico frente a la negativa del registrador, deja en suspenso el contenido de la doctrina establecida en la resolución de 14 de septiembre de 2016, al determinar que “si hay una expresa declaración de suficiencia para el acto o negocio concreto que se autoriza, esta debe implicar la de equivalencia necesariamente”.

En esa resolución, justifica el Centro Directivo, no se afirmaba que el poder cuestionado no fuera equivalente al de un notario español, sino que lo que se adecía era que en ese supuesto el notario británico se había limitado a legitimar la firma, sin que esta legitimación pudiera equiparse al documento público del artículo 1280.5 del Código Civil

Ahora, la DGRN, determina que el notario no tiene por qué mencionar el juicio de equivalencia, ni justificar los motivos por los que estima que se dan las condiciones materiales para la equivalencia del documento público extranjero, bastando la mera indicación de las condiciones formales del mismo.

Como el registrador no puede solicitar que se aporte o transcriba el poder, éste no tiene forma de comprobar la corrección del juicio de equivalencia notarial que se le presenta implícito, sin motivar y sin documento adjunto.

La doctrina de la DGRN señala que si “el registrador disintiera de la equivalencia declarada por el notario deberá motivarlo expresa y adecuadamente”.

Pero insiste en que dicho disentimiento resulta imposible si el registrador no puede conocer el poder ni tampoco los motivos en que el notario fundamenta el juicio de equivalencia material, salvo en el caso en que el notario autorizante, aun no estando obligado, exprese su juicio de equivalencia o aporte o transcriba el poder en su escritura.

Para que el registrador tenga elementos para corregir el juicio de equivalencia, pero no en otro caso, dice la DGRN: “Si el notario autorizante del instrumento público tiene conocimiento del mismo y desea facilitar su más eficaz circulación, nada impide que incorpore al mismo su juicio de equivalencia, evitando así los inconvenientes y retrasos inherentes cuando así no ocurre”.

Y concluye que el acceso a bases de datos jurídicas de otros Estados miembros facilita a notarios y registradores la motivación adecuada de su decisión, facilitando el tráfico jurídico de bienes y servicios en un entorno en el que la existencia de un elemento de extranjería es un elemento normal del negocio jurídico.

Catalá reafirma la necesidad de trabajar en un plan de acción integral para una reforma estructural de la Justicia

Martes, 16 de mayo de 2017

Conferencia magistral en la Jornada de la Fundación Lex Forum en Denia

Catalá reafirma la necesidad de trabajar en un plan de acción integral para una reforma estructural de la Justicia
Sábado 13 de mayo de 2017 lamoncloa.gob.es
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha clausurado este viernes en la localidad alicantina de Denia la Jornada Nuevo proceso penal: un reto compartido, organizada por la Fundación Lex Forum e inaugurada por la subsecretaria del Ministerio, Áurea Roldán. En su intervención, el titular de Justicia ha propuesto un plan de acción integral de reforma estructural de la Justicia basado en una serie de medidas centradas en cinco líneas de acción como son las procesales, dotacionales, organizativas, culturales y tecnológicas.

Catalá, que ha reconocido la necesidad histórica de una Justicia más rápida en nuestro país, ha destacado la conveniencia de replantear el actual sistema procesal para superar modelos agotados. Para lograrlo, apuesta por una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal propia del siglo XXI que contemple la dirección de la investigación por parte del Ministerio Fiscal, con un juez de garantías que tutele los derechos fundamentales.

Ese modelo, según Catalá, acabaría con los juicios prolongados durante años que dañan la imagen de  la Justicia, dejando atrás el sistema inquisitivo para implantar el modelo acusatorio que da todo el protagonismo al juicio oral. Además, se mejorarían las garantías de la defensa con la participación de las partes en la fase de investigación y se simplificarían procedimientos y recursos.

Eso implicaría acelerar la extensión de la red de oficinas fiscales para conseguir mayor proximidad a la investigación, aprovechar las infraestructuras existentes y evitar la movilidad geográfica de los funcionarios de las nuevas fiscalías. En cuanto a los juzgados que en la actualidad tienen funciones instructoras, el ministro ha asegurado el mantenimiento y la garantía de los derechos laborales de sus trabajadores.

Rafael Catalá ha recordado que estos cambios supondrían una reforma paralela del Estatuto Fiscal que conciliaría el principio de autonomía con el de unidad de actuación, remarcando la imparcialidad y sometimiento exclusivo a la ley. Además, incidiría en la potestad normativa del Ministerio Fiscal, prohibiendo las órdenes verbales de manera que estas se publiquen en un diario oficial, otorgando mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las Juntas de Fiscalía, facilitando la discrepancia jurídica de forma transparente y haciendo que se resuelva por un órgano colegiado y regulando mérito y capacidad para el acceso a puestos discrecionales.

En cuanto al proceso civil, el ministro ha señalado la necesidad de separarlo de todo lo que le resta operatividad, simplificando trámites en las comunicaciones y notificaciones en las que las tecnologías electrónicas han demostrado su utilidad.

Respecto a la dotación de recursos, Catalá se ha referido a los esfuerzos presupuestarios ya realizados por el Gobierno que han servido para crear 16 plazas de magistrados para la segunda instancia penal, dar estabilidad laboral a los trabajadores de la Administración de Justicia y aprobar un total de 1.140 medidas de refuerzo judicial. Recursos que volverán a crecer en 2017 gracias a que el presupuesto del Ministerio de Justicia asciende un 7,7%, hasta alcanzar los 1.700 millones de euros, y por tercer año consecutivo.

Igualmente, la Oferta de Empleo Público reforzará las plantillas con 100 plazas de jueces y fiscales, así como con 3.000 puestos en Cuerpos de la Administración de Justicia.

Reformas organizativas

En relación con las necesarias reformas organizativas, el ministro apuesta una vez más por el máximo diálogo con los agentes implicados para realizar una distribución adecuada de las cargas de trabajo, paliando las situaciones de sobrecarga y compensando aquellas en las que exista una infrautilización de recursos.

En este sentido, destaca la necesidad de reforzar la Oficina Judicial y Fiscal, cuya implantación ya ha supuesto un incremento del 31% en el número de sentencias resueltas y una apuesta decidida por la especialización, que se ha hecho realidad en la atención prestada al posible impacto de las sentencias sobre cláusulas suelo y, a su juicio, debería extenderse a la especialización de la Fiscalía.

Los cambios culturales hacen referencia a las nuevas formas de abordar y resolver los conflictos, puesto que se ha demostrado que no siempre la mejor respuesta está en los tribunales. Catalá ha destacado el trabajo de los profesionales en materia de mediación, arbitraje o jurisdicción voluntaria para resolver diferencias mediante diálogo y acuerdo. En este ámbito, la Ley de Jurisdicción Voluntaria ya ha permitido dejar al margen de los tribunales más de 320.000 asuntos.

Por último, Catalá se ha referido a la transformación digital de la Justicia que permitirá mejorar los tiempos de respuesta y el aumento de la calidad del servicio. El ministro apuesta por completar esa transformación tecnológica que actualmente ya ha permitido alcanzar los 100 millones de comunicaciones electrónicas.

Cinco años de inhabilitación para el exalcalde y cuatro concejales de Alcora (Castellón) por prevaricación en la concesión de la redacción del PGOU

Lunes, 15 de mayo de 2017

Miércoles, 10 de mayo de 2017  poderjudicial.es

Cinco años de inhabilitación para el exalcalde y cuatro concejales de Alcora (Castellón) por prevaricación en la concesión de la redacción del PGOU

El juez considera que Javier Peris y los cuatro ediles adjudicaron el contrato a una empresa sin seguir los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Penal número 1 de Castellón ha condenado al exalcalde de Alcora, Javier Peris, y a cuatro concejales del equipo de gobierno en 2004 a cinco años de inhabilitación para empleo público por las irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación del contrato para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU). El juez les considera autores de un delito de prevaricación administrativa.

Según el relato de hechos probados, Javier Peris, alcalde del municipio en 2004, decidió iniciar la elaboración de un nuevo PGOU para Alcora y organizó, junto a otros cuatro concejales, un plan para lograr la adjudicación de su elaboración a una empresa concreta, ANFAB S.L., “ignorando los intereses públicos que tenían a su cargo y persiguiendo anteponer el contenido de su voluntad a cualquier otra consideración”. La sentencia explica que los ediles “perseguían única y exclusivamente dotar de apariencia de legalidad y rigor a dicha decisión y excluir a cualesquiera otros competidores”.

El juez recuerda que en mayo de 2007 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón anuló del Decreto de alcaldía de Alcora por el que contrataba los servicios de consultoría y asistencia en la elaboración del PGOU con la primera empresa, y se lo adjudicaba a otra mercantil candidata, por inadecuación del objeto social de la primera.

Nota informativa sobre los ciberataques a varias compañías

Domingo, 14 de mayo de 2017

Nota informativa sobre los ciberataques a varias compañías
No afecta ni a la prestación de servicios, ni a la operativa de redes, ni al usuario de dichos servicios
minetad.gob.es
12.05.17. Tras la confirmación de diversos ciberataques a compañías españolas, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), está trabajando con las empresas afectadas con el objetivo de solucionar cuanto antes la incidencia.
Por la información disponible hasta el momento, el ataque ha afectado puntualmente a equipos informáticos de trabajadores de varias compañías. Por tanto, no afecta ni a la prestación de servicios, ni a la operativa de redes, ni al usuario de dichos servicios.
El ataque, un malware del tipo ramsonware, actúa sobre la vulnerabilidad de los componentes de ofimática de los PCs. Tras instalarse en el equipo, bloquea el acceso a los ficheros del ordenador afectado y pide un rescate. No compromete la seguridad de los datos ni se trata de una fuga de datos.
Desde el Incibe, en coordinación con las diferentes administraciones, se ha elaborado un diagnóstico de lo ocurrido en las empresas afectadas. El instituto está ofreciendo ayuda para solucionar los problemas y se asesora a otras compañías en una labor de prevenión para que no se vean afectadas por este ataque.
Los equipos de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales están en contacto con las organizaciones afectadas, así como el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Crítica La alerta con detalles se puede consultar en las direcciones de los blogs corporativos de Incibe:
Alerta CERTSI:
https://www.certsi.es/alerta-temprana/avisos-seguridad/oleada-ransomware-afecta-multitud-equipos
Alerta ciudadanos:
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2017/05/importante-oleada-de-ransomware-afecta-multitud-de-equipos
Alerta empresas:
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/importante-oleada-ransomware-afecta-multitud-equiposs del Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior evalúa el impacto que la oleada de ransomware ha tenido en los servicios esenciales de España

Sábado, 13 de mayo de 2017

El Ministerio del Interior evalúa el impacto que la oleada de ransomware ha tenido en los servicios esenciales de España

Viernes 12 de mayo de 2017  lamoncloa.gob.es

Ministerio del Interior

El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) ha activado el protocolo de comunicación con los operadores críticos españoles y el de gestión de incidentes, a través de los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos nacionales. El incidente no ha afectado a los servicios esenciales, que se siguen proporcionando normalmente a la sociedad.
El CNPIC (Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, ha confirmado que se han producido distintas infecciones masivas, tanto de equipos personales como de organizaciones, de un malware del tipo ransomware que cifra y bloquea el acceso a los ficheros de los ordenadores afectados, solicitando un rescate para poder recuperar la información. Además, estas infecciones podrían propagarse a otros ordenadores de la red, con el riesgo que ello conlleva.

El Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de Seguridad e Industria, coordinado por el propio CNPIC y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha asegurado que, hasta el momento, la provisión de los servicios esenciales (energía, transporte, servicios financieros, servicios TIC, etc…) no se ha visto afectada. No obstante, el protocolo de comunicación y de gestión de incidentes con los más de 100 operadores que ya forman parte del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas se mantiene activo y en alerta, a la espera de nuevos datos.

Toda esta información se está viendo complementada con las aportaciones del CERT del Centro Criptológico Nacional, en lo que respecta a las posibles afecciones al sector público. De la misma manera, los hechos susceptibles de delito que puedan ser conocidos a partir de la información manejada por el CNPIC se trasladarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a efectos de la oportuna investigación y persecución del delito.

La Audiencia de Zaragoza desestima el desahucio de una mujer de una nave

Viernes, 12 de mayo de 2017

Lunes, 8 de mayo de 2017  poderjudicial.es

La Audiencia de Zaragoza desestima el desahucio de una mujer de una nave

La mujer había arrendado un trastero que utilizaba como vivienda, y carecía de cédula de habilitación

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado el desahucio de una mujer por impago del suministro de luz de una nave-trastero que utilizaba como vivienda. La Sala declara no haber lugar a la resolución del contrato de arrendamiento ni al lanzamiento de la nave.

Según recogen los magistrados en la sentencia, la mujer había arrendado un trastero que utilizaba como vivienda, el cual carece de cédula de habilitación y de las licencias pertinentes pare el ejercicio del comercio y la industria.

El tribunal confirma la sentencia del juzgado de Instancia número 10 de Zaragoza al desestimar parcialmente la demanda interpuesta por el propietario de la nave al no constar probado que la inquilina no hubiera pagado la única contraprestación pactada para 2016 que ascendía a 40 euros por el consumo eléctrico cada dos meses.

Los magistrados señalan que “el pago siempre es prueba del deudor, no del acreedor, pues se trataría de la difícil prueba de un hecho negativo”, por lo que al existir dudas razonables sobre la existencia de suministro eléctrico en la parte de la nave ocupada por la arrendataria no estiman la demanda.

El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,119 % en abril

Jueves, 11 de mayo de 2017

Banco de España . Eurosistema
Departamento de Comunicación. Nota de prensa
Madrid, 3 de mayo de 2017 bde.es
El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,119 % en abril
El índice euríbor, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, bajó en abril hasta el -0,119 % desde el -0,110 % del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un descenso de 0,109 puntos.
El euríbor se calcula con los datos de las principales entidades de la zona del euro y consiste en el tipo de interés medio de contado para las operaciones de depósito de euros a plazo de un año.
Evolución del euríbor en el último año
Los datos correspondientes al mes de abril muestran también un descenso, hasta el -0,119 %, del míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000.
Estos índices de referencia para el mercado hipotecario son válidos a partir de su publicación en el BOE, lo que normalmente se produce unos días después de su difusión por el Banco de España.
Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda
Abril de 2017
Rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años 0,215 %
Referencia interbancaria a un año (euríbor) -0,119 %
Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años1 0,163 %
Tipo interbancario a un año (míbor) -0,119 %
El resto de los tipos de referencia oficiales para el mercado hipotecario (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España y tipo medio de los préstamos hipotecarios entre 1 y 5 años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro)2 se actualizarán, en torno al día 20 de este mes, en el cuadro 19.1 del capítulo 19 del Boletín Estadístico. Desde el 1 de noviembre de 2013, el Banco de España ha dejado de publicar el Tipo activo de referencia de cajas de ahorros -Indicador CECA- y los tipos medios de préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre de bancos y cajas de ahorros de conformidad con la legislación vigente3. Las referencias a estos tipos serán sustituidas4, con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato. En el caso de que no exista un tipo sustitutivo en el contrato, o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo. El diferencial aplicable en cada caso puede calcularse utilizando el simulador publicado a tal efecto en el Portal del Cliente Bancario.
1 y 2 Calculados según la definición de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
3 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
4 Según lo dispuesto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; Disposición adicional decimoquinta. Régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia.

Valencia reclama tres jueces para hacer frente a la “avalancha” de demandas por cláusulas abusivas

Miércoles, 10 de mayo de 2017

Jueves, 27 de abril de 2017  poderjudicial.es

Valencia reclama tres jueces para hacer frente a la “avalancha” de demandas por cláusulas abusivas

Los Juzgados de Primera Instancia piden que se mantenga el mismo refuerzo que ha permitido resolver 20.000 causas por productos financieros en tres años. Consideran imprescindible que el juzgado provincial especializado que propone el CGPJ empiece a funcionar cuando Conselleria y Ministerio pongan funcionarios. El decano de Valencia prevé la entrada a partir de junio de miles de demandas por cláusulas suelo, intereses de demora, vencimiento anticipado o gastos de formalización de hipoteca

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los magistrados de Primera Instancia de Valencia han pedido que se refuerce los 22 juzgados de la capital con el nombramiento de tres jueces para poder responder al “extraordinario aluvión de demandas” que previsiblemente se interpondrán por cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.

La propuesta de los magistrados de Primera Instancia de la capital, acordada en sendas juntas de jueces, ha sido elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y al Consejo General de Poder Judicial con el objetivo de poder responder desde el primer momento a esta situación en tanto se crea el juzgado provincial especializado que propone el CGPJ.

El CGPJ, a nivel nacional, ha propuesto la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia. Este órgano tendría competencia extendida a todo el territorio de la misma y, de manera exclusiva y no excluyente, conocería de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.

Los jueces de Valencia consideran que ese juzgado especializado, que pretende dar respuesta a las demandas por cláusulas suelo, intereses de demora, vencimiento anticipado y gastos de formalización de hipoteca no será viable ni operativo si no echa a andar con la suficiente dotación de funcionarios y letrados de la administración de Justicia para lo que se requiere del compromiso de las otras administraciones con competencias en la materia: Ministerio de Justicia y Conselleria.

Por tal motivo, el decano de los Jueces de de Valencia, Pedro Viguer, ha pedido que por el momento se mantenga el refuerzo que se aprobó para responder a las demandas por productos financieros complejos, plan que ha permitido resolver más de 20.000 pleitos por acciones, preferentes, swaps y otros productos en tres años y ha evitado el colapso de uno de los órdenes jurisdiccionales que más se ha resentido como consecuencia de la crisis económica.

“Actualmente quedan en trámite en los Juzgados de Valencia alrededor de 600 asuntos sobre productos financieros. El refuerzo, que en algunos momentos ha llegado a ser de seis jueces, ha sido extraordinariamente eficaz ya que ha permitido hacer frente con eficacia a 20.140 demandas en un tiempo muy razonable de respuesta similar al de cualquier juicio verbal u ordinario”, subraya Viguer.

Un paréntesis

Según el decano “nos hallamos ante un mero paréntesis ya que en los meses de mayo o junio, una vez transcurrido el plazo de tres meses dado por el Gobierno para que bancos y clientes alcancen un acuerdo extrajudicial, con toda seguridad se va a producir un aluvión de miles de demandas sobre cláusulas abusivas, muy superior al que ya se ha producido respecto de los productos financieros”.

Esto es consecuencia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 diciembre 2016 sobre cláusulas suelo y de 26 enero de 2017 sobre cláusula de vencimiento anticipado así como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 diciembre de 2015 sobre los gastos de formalización de préstamos hipotecarios.

Sin embargo, respecto del juzgado especializado provincial que proyecta el CGPJ, integrado por un juez titular y uno o varios jueces de refuerzo por cada 1.000 asunto, los jueces de Valencia, en sendas juntas, han mostrado su “escepticimo” respecto de la actuación de la Conselleria, que cuando se especialice el juzgado tendría que nombrar cuatro funcionarios por cada juez ; y del Ministerio, a quien compete el nombramiento de uno o varios letrados de la Administración de Justicia.

“La experiencia demuestra que en lo relativo a refuerzos los jueces se han tenido que arreglar con lo que tenían, autoorganizándose, sin que hayan dispuesto de medios humanos adicionales, que, no obstante, se pidieron en su día. Por eso, en las juntas han mostrado su preferencia por el mantenimiento del sistema de refuerzo transversal existente, que ha dado buenos resultados con muy escasos medios”.

Pretendemos, añade Viguer, “aprovechar la eficacia y potencialidad resolutiva del refuerzo ya existente, que ha resultado ser extraordinariamente efectivo, aunque no sin esfuerzo, pues ha requerido organizar agendas con miles de señalamientos, calcular su duración según el tipo de juicio y materia, coordinar la remisión de los asuntos por cada uno de los 22 juzgados, organizar las salas de vistas, adaptar los sistemas informáticos, disponer de funcionarios de auxilio, etc…. Pero finalmente ha funcionado perfectamente, sin apenas suspensiones, una vez que se consiguió ajustar todas sus piezas”.

La prórroga “provisional” del refuerzo, hasta que empiece a funcionar el juzgado especializado en cláusulas abusivas sólo ofrece, según el decano de los jueces de Valencia “aspectos positivos, ya que redunda en beneficio del ciudadano y permite ir afrontando ya, desde este momento, con agilidad, eficacia y sin solución de continuidad, las demandas que se vayan presentando, sin perjuicio de que dicho refuerzo cese una vez especializado el juzgado provincial si finalmente se cuenta con los medios necesarios para ello”.

Juzgados sobrecargados

En 2016 la entrada de asuntos en los Juzgados de Primera Instancia de Valencia fue un 16% inferior a la del año anterior. Descendieron los pleitos por asuntos financieros complejos (de 9.500 a 6.100); bajaron a la mitad las demandas por ejecuciones hipotecarias (pasaron de 861 en 2015 a 420 en 2016) y se registró también un descenso de los lanzamientos derivados de los juicios de desahucio por arrendamientos y ejecuciones hipotecarias (pasaron de 2.052 a 1.851).

A pesar de estas cifras, los Juzgados de Primera Instancia registraron el pasado año una entrada de 41.000 casos, unos 1.860 por órgano. Están muy por encima de lo que se registraba antes de la crisis económica (34.000 asuntos en 2006). Esto supone que reciben el doble de casos de los que el CGPJ considera recomendable (un 129% más). Y la situación, a tenor de las estadísticas de los primeros meses de 2017, irá a peor.

Según el juez decano esta realidad es consecuencia de la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A este respecto, explica que “nos encontramos ante un nuevo panorama en materia de protección del consumidor frente a las cláusulas abusivas. El TJUE ha introducido un nuevo modelo que requiere la intervención positiva del juez mediante el control de oficio de dichas cláusulas abusivas, algo desconocido hasta hace unos años en el derecho procesal español, lo que ha supuesto una auténtica transformación de nuestro sistema procesal”.

Más de 200.000 mujeres reciben el complemento de maternidad en su pensión

Martes, 9 de mayo de 2017

06/05/2017 empleo.gob.es
La medida entró en vigor el 1 de enero de 2016
Más de 200.000 mujeres reciben el complemento de maternidad en su pensión

•110.829 pensiones reciben el complemento por 2 hijos (5%), 58.878 por 3 hijos (10%) y 40.804 por 4 hijos (15%)
•En el primer año de vigencia del complemento, la brecha de género en pensiones se redujo el 11,3%
La Seguridad Social abona ya 211.843 complementos de pensión a las mujeres que tuvieron hijos durante su carrera laboral, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El complemento entró en vigor el 1 de enero de 2016 con la finalidad de reforzar la contributividad del sistema reconociendo la  contribución demográfica de las madres trabajadoras. Se trata de un porcentaje adicional a las nuevas pensiones en función del número de hijos: 5% por 2 hijos; 10% por 3 hijos y el15% por 4 o más hijos.

En este sentido, los datos constatan que en el primer año de vigencia del complemento, la brecha de género en pensiones se redujo el 11,3%.

De las 211.843 pensiones complementadas, 110.829 corresponden a las de mujeres con 2 hijos; 58.878 se abonan a pensionistas que tuvieron 3 hijos y 40.804 a pensiones de mujeres con 4 o más hijos.

Por prestaciones, el mayor número de pensiones complementadas son las de Viudedad, 110.262 (67,34%); seguidas de Jubilación, 82.535 (51,25%) e Incapacidad Permanente, 19.046 (40,55%).

Desde su puesta en marcha (2016) de las altas iniciales de pensión reconocidas a mujeres (371.753), casi seis de cada diez (211.843) tienen el complemento de maternidad vigente. Y una parte importante, aproximadamente el 20% (40.156) han visto incrementada su pensión un 15%. El complemento medio obtenido supera los 56 euros mensuales

Actualizados los tipos de interés de los préstamos sobre viviendas protegidas

Martes, 9 de mayo de 2017

Actualizados los tipos de interés de los préstamos sobre viviendas protegidas

La revisión se establece sobre los índices de referencia publicados por el Banco de España
Con respecto a la anterior actualización, descienden los tipos de interés de los Planes de Vivienda 2002-2005 y 2005-2008
Esta reducción beneficiará a más de 267.600 familias

Nota de prensa fomento.gob.es

31.03.17 -El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se propone la revisión y modificación de los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.

Los nuevos tipos de interés son los siguientes:

Nuevos tipos de interés

Tipo de interés revisado

Programa 1996 (Plan 1996-1999)
2,50%

Plan 2002-2005
1,74%

Plan 2005-2008
1,75%

Con respecto a la anterior actualización, cuyo acuerdo se aprobó en los Consejos de Ministros del 11 de abril de 2014 y 26 de febrero 2016, bajan como se constata en el presente acuerdo, los tipos de interés de los Planes de Vivienda 2002-2005 y 2005-2008, que se situaban respectivamente en el 1,87% y el 1,90%. En el caso del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, los tipos se mantienen en el 2,50%.

Con carácter general, la revisión se realiza en función de la evolución de los tipos de referencia del mercado que son publicados por el Banco de España, tomando como referencia la variación de los últimos meses.

El número de familias beneficiadas por esta reducción asciende a 267.605. La reducción media anual de la cuota será de entre 25,20 y 29,64 euros, en el caso del Plan 2002-05, y de 57,72 euros para el Plan 2005-2008.

La normativa vigente que regula el funcionamiento de los distintos Planes de Vivienda establece que en el primer trimestre de cada año procede revisar y modificar, en su caso, el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos concedidos en los mencionados programas.

Los criterios que se siguen para la revisión de estos tipos se fijan en la normativa de cada uno de los planes de vivienda. Su determinación está reglada.

El Gobierno distribuye 1.893 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para políticas activas de empleo

Lunes, 8 de mayo de 2017

Consejo de Ministros

El Gobierno distribuye 1.893 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para políticas activas de empleo
La Moncloa, Madrid, viernes 5 de mayo de 2017  lamoncloa.gob.es
Esta cantidad se elevaría hasta los 2.018 millones con la aprobación de los Presupuestos de 2017. Además, el Gobierno ha presentado un informe sobre la evolución del empleo, que constata que todo el crecimiento se está trasladando a la creación de puestos de trabajo, y ha aprobado el Plan Hidrológico del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.
El Consejo de Ministros ha acordado el reparto de los fondos para la ejecución de las políticas activas de empleo entre las Comunidades Autónomas. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha señalado que esta decisión, unida a la prórroga la semana pasada del Programa de Activación para el Empleo, refleja el compromiso del Ejecutivo de trabajar por el empleo desde el consenso.

La cantidad que se distribuirá asciende a 1.893 millones de euros, un 5,14% más que en el año 2016. Báñez ha apuntado que si se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado cuya tramitación está en marcha, el porcentaje de aumento sería del 12,7% (2.018 millones). Los fondos incluyen 129 millones de euros para un programa de acción conjunto dirigido a los parados de larga duración.

La titular de Empleo ha afirmado que el reparto recoge el acuerdo alcanzado en la pasada Conferencia de Presidentes de evaluar las políticas activas en función de los resultados. En la Conferencia Sectorial, ha explicado, se aprobaron “por unanimidad” los criterios con los que posteriormente se ha llevado a cabo la evaluación y el reparto de los fondos.

Creación intensa de empleo

Por otra parte, Fátima Báñez ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre la evolución del empleo que refleja lo que, a su juicio, es el “gran cambio estructural” del mercado laboral español: “Todo el crecimiento económico se traduce de manera intensa en creación de empleo”.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.Pool Moncloa/ JM CuadradoEl ritmo de creación de puestos de trabajo, ha detallado, es del 3,77%, mientras que en diciembre de 2011 el empleo se destruía a un ritmo del 2%.

De esta manera, España ha recuperado casi el 60% de los trabajos destruidos por la crisis, en términos de afiliados a la Seguridad Social. Báñez ha recordado que, según los datos de los registros públicos de empleo conocidos el jueves, en abril se produjo el mayor descenso mensual del paro de toda la serie histórica.

La ministra también ha apuntado que la mitad de la reducción del desempleo en la zona euro se produce en España, como recogen los últimos datos de Eurostat. “Algo muy diferente a lo que ocurría al comienzo de la legislatura pasada, cuando España aportaba el 60% del desempleo a la zona euro”, ha manifestado.

Recuperación inclusiva

En cuanto a la calidad del empleo, Fátima Báñez ha indicado que la economía española se encuentra en el periodo más prolongado de incrementos continuados de la contratación indefinida. En la actualidad, ha añadido, el porcentaje de asalariados con contratos indefinidos es del 75%, seis puntos más que al inicio de la crisis. Además, nueve de cada diez empleos recuperados lo son a tiempo completo.

La ministra ha subrayado igualmente que el sector privado sigue siendo el gran creador de puestos de trabajo -con el 96,4% del total- y que la recuperación es “muy inclusiva”, ya que el empleo crece en todas las comunidades autónomas, provincias, grupos de edad y sectores económicos.

También ha destacado los avances en el empleo de las mujeres -la cifra de afiliadas es la más alta de la historia-, los jóvenes, los mayores de 45 años, los parados de larga duración y las personas con discapacidad (la contratación entre ese colectivo registró un récord en 2016 y ha seguido creciendo en los primeros meses de este año).

Diálogo ante los retos

Íñigo Méndez de Vigo y Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/J.M. CuadradoLa titular de Empleo y Seguridad Social ha asegurado que aún “queda mucho por hacer”, especialmente en el caso de los parados de larga duración y los menores de 30 años. Báñez ha señalado que más de 2,3 millones de desempleados no han concluido la Educación Secundaria Obligatoria, “que es un elemento clave para la empleabilidad”. De hecho, la tasa de paro es tres veces más baja entre las personas con educación superior, ha dicho.

La ministra ha defendido que en la lucha contra el paro “la política económica ayuda, pero también los acuerdos de negociación colectiva son capitales para las ganancias de poder adquisitivo de los trabajadores, la competitividad de las empresas y la creación de 500.000 empleos cada año en nuestro país”. Báñez ha animado a los interlocutores sociales a renovar sus acuerdos para este año y el próximo y ha recalcado la importancia de “la unidad, el consenso y el diálogo permanente para seguir creando oportunid

La economía y el empleo crecerán una media del 2,5% hasta 2020 y la tasa de paro caerá al 11,2%

Domingo, 7 de mayo de 2017

28 de abril de 2017 mineco.gob.es
La economía y el empleo crecerán una media del 2,5% hasta 2020 y la tasa de paro caerá al 11,2%
La demanda nacional tirará del PIB, aunque con contribuciones positivas del sector exterior en los cuatro años
El saldo de la balanza por cuenta corriente se mantendrá con superávit próximos al 2% del PIB durante cuatro años más
El crecimiento económico seguirá intensivo en creación de empleo, con medio millón de puestos de trabajo más al año
La tasa de paro bajará unos dos puntos más al año, hasta situarse en el 11,2% de la población activa a finales de 2020
El Consejo de Ministros ha aprobado la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España (2017-2020) para su remisión a Bruselas donde se mejoran las previsiones de crecimiento del PIB y del empleo respecto de la anterior revisión. Se trata de previsiones prudentes y realistas que mantendrán a España a la cabeza del crecimiento entre los países desarrollados y permitirán situar el déficit público por debajo del 3% en 2018 con superávit primario. La nueva proyección estima un crecimiento medio anual en estos cuatro años del 2,5% (desde el 2,7% este año hasta el 2,4% en 2019 y 2020) y una tasa similar para el empleo, lo que permitirá la creación de medio millón de puestos de trabajo anuales. La tasa de paro se reducirá al 11,2% a finales de 2020, el nivel más bajo desde mediados de 2008, es decir, al inicio de la recesión.

Los fundamentos de la economía española respaldan la continuidad de un robusto crecimiento durante el periodo 2017-2020, trayectoria que viene avalada por las previsiones más recientes de los organismos internacionales y los analistas. Aunque algunos factores que han impulsado el crecimiento económico en los países desarrollados, como el precio del petróleo, la política monetaria expansiva o el tipo de cambio del euro se moderan, España se mantiene a la cabeza del crecimiento entre las principales economías.

El Gobierno ha decidido revisar al alza las previsiones de crecimiento, tanto para este año como para el próximo (en dos y una décimas, respectivamente, hasta el 2,7% y el 2,5%), pese a que los denominados “vientos de cola” pierden impulso. La razón es que los datos más recientes muestran que la economía española mantiene el vigor en el crecimiento. Para el primer trimestre del año, el INE avanza un crecimiento en el primer trimestre del año del 0,8% y del 3% en tasa interanual, la misma que en el último trimestre de 2016.

Los cuatro años que abarca el Plan de Estabilidad arrojan una media de crecimiento del 2,5%, con un perfil ligeramente descendente, hasta el 2,4% en 2019 y 2020.  Los organismos internacionales estiman un crecimiento relativamente estable para la zona euro, ligeramente inferior al 2% hasta 2020. El contexto es de elevada incertidumbre derivada de acontecimientos como el calendario electoral en Europa, el Brexit o las medidas de política económica en EE UU. El nuevo cuadro macro español se basa en hipótesis como el mantenimiento del tipo de cambio del euro, la estabilidad también en los tipos de interés a corto plazo y un aumento de los precios del petróleo hasta en torno a los 53 dólares por barril durante todo el periodo de previsión.

El diferencial del crecimiento español respecto de los principales países de nuestro entorno es resultado de las reformas estructurales llevadas a cabo, en especial, la laboral, el saneamiento del sistema financiero y la consolidación fiscal. Se han reducido los principales desequilibrios, y se ha avanzado en el proceso de desapalancamiento del sector privado, compatible con el aumento del crédito para familias y empresas. Ya en el primer trimestre de 2017 es previsible que la economía española haya recuperado el nivel de renta que tenía al inicio de la recesión, pero se necesita no variar el rumbo para crecer al menos el 2,5% en los próximos años y recuperar así también lo que se ha dejado de crecer como consecuencia de la crisis.

Las medidas adoptadas han configurado un patrón de crecimiento más equilibrado y sostenible, con aportaciones positivas tanto de la demanda nacional como del sector exterior. Está previsto que la balanza por cuenta corriente registre hasta 2020 superávit próximos al 2% del PIB. Se prolongará así hasta al menos ocho años el saldo exterior positivo, un hecho insólito en la economía española, sobre todo cuando viene acompañado de un periodo sostenido de crecimiento de la demanda interna. La economía española generará en los próximos cuatro años una capacidad de financiación de 90.000 millones de euros, lo que permitirá seguir reduciendo el saldo deudor de la posición neta de inversión internacional.

El consumo y la inversión permanecen como motores del crecimiento económico, lo que sustenta un alto ritmo de creación de empleo y un acusado descenso de la tasa paro. El consumo privado sigue robusto como consecuencia de las previsiones de creación de empleo, las condiciones financieras y la mejora de la confianza. Estos factores permiten a su vez mantener el dinamismo de la inversión, en especial, la destinada a bienes de equipo, que crece a tasas del 4% al final del periodo. La construcción aumentará con menos fuerza, aunque alcanzará tasas próximas al 3,5% hacia 2020.

La creación de empleo responde a estas variables con un avance medio del 2,5% y medio millón de nuevos empleos al año. La tasa de paro bajará al 11,2% a finales de 2020 (11,9% en media anual), lo que supone 16 puntos menos desde el pico máximo cercano al 27% que se alcanzó con la crisis en el primer trimestre de 2013. El ritmo de reducción previsto es de dos puntos por año. Los 20 millones de ocupados que había al inicio de la recesión se alcanzarán a finales de 2019, si se cumplen las previsiones.

La evolución del mercado de trabajo es consecuencia también de las reformas llevadas a cabo, en especial la laboral, que han permitido reducir por debajo del 1% el umbral del crecimiento económico a partir del cual se crea empleo en España. Esta mejora se ha producido en un contexto de moderación salarial e inflación negativa. A partir de este año y con una evolución de los precios positiva, se prevé una remuneración por asalariado en crecimiento, hasta el 1,7% en el año 2020.

Condenado por desobediencia el alcalde de A Merca por no derribar una vivienda (Ourense)

Sábado, 6 de mayo de 2017

Jueves, 4 de mayo de 2017  poderjudicial.es

Condenado por desobediencia el alcalde de A Merca por no derribar una vivienda (Ourense)

Por un delito de desobediencia

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha condenado al pago de una multa de 700 euros y a cuatro meses de inhabilitación al alcalde de A Merca como responsable de un delito de desobediencia. De acuerdo con la sentencia, dicha inhabilitación supone que Manuel Jorge V.R. “se ve privado de la condición de alcalde del Ayuntamiento de A Merca”.

Indica el fallo, que no es firme, ya que se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Ourense, que “no podrá obtener dicho cargo durante el tiempo de la condena, ni tampoco el de teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique participación en el gobierno municipal. Tampoco podrá obtener cargos de gobierno en el ámbito provincial, autonómico o estatal durante el tiempo de la condena”.

Recuerda el juez en los fundamentos de la sentencia que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia “requirió de manera reiterada” al acusado para que procediese a la demolición de una vivienda, lo que no se ejecutó, a pesar de las advertencias, hasta que se dedujo testimonio por un posible delito de desobediencia y se incoaron diligencias previas en el Juzgado de Celanova.

El paro se reduce en 536.400 personas en el último año con una mejora de la tasa de temporalidad

Viernes, 5 de mayo de 2017

27 de abril de 2017 mineco.gob.es
El paro se reduce en 536.400 personas en el último año con una mejora de la tasa de temporalidad
Se han creado 408.700 empleos en el último año, a un ritmo del 2,3% en el primer trimestre
Prácticamente la mitad de los nuevos contratos de asalariados fueron indefinidos y en su gran mayoría a tiempo completo
La tasa de paro se sitúa en el 18,75%, con un descenso de 2,25 puntos en el último año
El número de hogares con todos los activos en paro baja en 216.200 y sube en 321.600 los que tienen todos ocupados
El número de parados bajó en 536.400 personas en el primer trimestre del año respecto del mismo periodo del año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa que publica el INE. Se trata de una caída del 11,2%, con lo que se acumulan tres años y medio de reducción del desempleo. La tasa de paro se mantiene prácticamente estable, en el 18,75% (sube 12 centésimas) y se reduce 2,25 puntos respecto de hace un año. En el mismo periodo se han creado 408.700 puestos de trabajo, a un ritmo anual del 2,3%, y con tres años  seguidos de evolución positiva. Prácticamente la mitad del nuevo empleo asalariado es indefinido y a tiempo completo y la tasa de temporalidad se sitúa en el 25,75%, 72 centésimas menos que en el trimestre previo.

La evolución del mercado de trabajo refleja que la recuperación de la economía española se consolida a buen ritmo. Lleva camino del cuarto año de mejora en los niveles de empleo y de reducción del paro. El desempleo se reduce en más de medio millón anual en los últimos trimestres, con un avance superior a los dos dígitos. El empleo se crea a un ritmo del 2,3%, también en torno al medio millón en los últimos años. El número de ocupados se sitúa en 18,438 millones en la actualidad y el número de parados, en 4,255 millones. Desde el peor momento de la crisis, en España se han creado casi 1,5 millones de empleos netos, el número de parados se ha reducido en dos millones de personas y la tasa de paro ha bajado en más de ocho puntos. En el primer trimestre de 2017, el porcentaje de parados sobre la población activa se ha situado en el 18,75%, en niveles muy próximos a los de 2009.

Los datos del primer trimestre reflejan en parte la estacionalidad del mercado de trabajo en España. La ocupación descendió en 69.800 personas respecto del último trimestre de 2016, caída similar a la que se produjo en el mismo periodo del año anterior. Si se desestacionaliza el dato, el empleo aumenta el 0,7% en tasa intertrimestral, lo que supone una aceleración de tres décimas respecto al trimestre previo. Se ha destruido empleo temporal (122.600 empleos menos) mientras que ha aumentado la contratación indefinida (78.000 empleos más). Baja el empleo a tiempo completo (en 111.100 personas) y aumenta el que se contrata a tiempo parcial (en 41.300 personas).

El resultado anual elimina el componente de estacionalidad y, por tanto,  refleja mejor el pulso del mercado laboral. En los últimos doce meses, se han creado 408.700 empleos, a un ritmo del 2,3%, tasa igual a la del trimestre anterior. La creación de empleo del último año se ha concentrado en su totalidad en el sector privado, con 453.100 ocupados más, mientras que se ha reducido en el sector público, en 44.400 ocupados. En estos doces meses, el empleo a tiempo completo aumenta en 365.200 personas y el empleo a tiempo parcial sube en 43.400 personas.           El número de asalariados con contrato indefinido se incrementó en 195.600 trabajadores y con contrato temporal, en 210.100.

En cuanto a las cifras de paro, en el primer trimestre de 2017, el número de desempleados subió en 17.200 personas, frente al aumento de 11.900 en el primer trimestre del año pasado. En este periodo, el paro se ha reducido entre los menores de 25 años (en 22.100) y entre los de más de 55 años (en 13.900). El número de parados de larga duración se reduce en 75.800 (personas que perdieron su empleo hace más de un año) y en 25.200 entre los que buscan su primer empleo. En el cómputo anual, el paro se ha reducido en 536.400 personas, de las cuales el paro de larga duración ha bajado en 391.100 y en 27.300 entre los que buscan su primer empleo. En los últimos doce meses, el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se ha reducido en 216.200 y los que tienen todos sus activos ocupados ha aumentado en 321.600.