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El notario es responsable civil si no avisa de cargas fiscales

Viernes, 30 de junio de 2017

El notario es responsable civil si no avisa de cargas fiscales
Xavier Gil Pecharromán
29/06/2017 – eleconomista.es
El notario no cumple de manera diligente con sus obligaciones si no advierte expresamente a los compradores de una vivienda de la existencia de cargas fiscales sobre el inmueble y de los aplazamientos del pago de la deuda que puedan existir y que consten en una nota registral que haya solicitado el propio fedatario.
Así lo establece una sentencia de la Audiencia de Santander, de 23 de febrero de 2017, que determina que el hecho de que el notario no deje constancia de las afecciones fiscales al tiempo de autorizar la escritura de compraventa ocasiona un grave perjuicio a los compradores”.
El ponente, el magistrado Fernández Díez, justifica que no puede negarse un nexo de causalidad entre la conducta de omitir las cargas y el detrimento patrimonial que sufre el comprador que ha de pagar. Por ello, la sentencia confirma que la responsabilidad civil debe circunscribirse a las cargas que figuraban en la nota registral, “sin que las causadas por escrituras posteriores fuesen conocidas por la notaria demandada”.
De esta forma, la Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena al pago de una indemnización de 43.436 euros a una notaria por no informar durante una compraventa de la existencia de cargas fiscales que pesaban sobre unas fincas que fueron adquiridas por los ahora demandantes.
En una sentencia que aún no es firme, puesto que la notaria ha recurrido ante el Tribunal Supremo, el órgano de apelación respalda la resolución del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santander que estimó parcialmente la demanda de los compradores.
El magistrado de Instancia no estimó totalmente la demanda por considerar que la notaria es responsable de no advertir de las cargas que sí aparecían en la nota registral que ella misma había solicitado para preparar la operación de compraventa, pero no de otras responsabilidades de pago que no figuraban en el documento.
En este sentido también se pronuncia la Audiencia. El ponente constata la “efectiva responsabilidad civil” de la notaria, por cuanto en las escrituras de compraventa “omitió y no informó” de las cargas por afección fiscal que pesaban sobre las fincas adquiridas.
Afirma que “las partes que acuden a la notaría, especialmente el comprador, confían en que el notario les informará adecuadamente de las cargas que pesan sobre el inmueble objeto de compraventa”.
El magistrado recuerda la sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de mayo de 2008, que la obligación de asesorar consiste en una actividad de comunicación, dimana de la condición profesional del notario y resulta ínsita en su función como fedatario público. La obligación de tramitar consiste en una actividad de gestión, no es específica de dicha profesión y requiere un encargo concreto.
La relación jurídica con las personas que reclaman los servicios notariales es de un arrendamiento de tal clase -Artículo 1544 del Código Civil (CC)-, al que le son de aplicación los artículos 1101 y 1104 del CC. Por su parte, el artículo 146 del Reglamento Notarial (NR) señala que: “El notario responderá civilmente de los daños y perjuicios ocasionados con su actuación cuando sean debidos a dolo, culpa o ignorancia inexcusable. Si pudieren repararse, en todo o en parte, autorizando una nueva escritura el notario lo hará a su costa, y no vendrá éste obligado a indemnizar sino los demás daños y perjuicios ocasionados”.

El Centro de Documentación Judicial cumple 20 años

Jueves, 29 de junio de 2017

Miércoles, 28 de junio de 2017  poderjudicial.es

El Centro de Documentación Judicial cumple 20 años

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrará mañana su reunión mensual en la sede del CENDOJ en San Sebastián, donde también tendrá lugar un acto conmemorativo del aniversario. El CENDOJ publica la jurisprudencia de todos los tribunales colegiados españoles y la difunde gratuitamente a la ciudadanía a través de la web www.poderjudicial.es. Además, ofrece a la Carrera Judicial un fondo documental con resoluciones analizadas, edita publicaciones con el material originado en la actividad formativa de jueces y magistrados y atiende sus consultas de información jurídica

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se reunirá este jueves a las 10:30 horas en el Palacio de Justicia de Donostia-San Sebastián, sede del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), que cumple ahora 20 años de su entrada en funcionamiento. A las 12:30 horas, y también con motivo del aniversario, se celebrará en el mismo lugar un acto conmemorativo en el que intervendrán el director del centro, Iñaki Vicuña; la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, María Jesús Carmen San José; y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.

Fue en junio de 1997 cuando un equipo de doce personas –un director, dos letrados, una técnico de administración general, dos documentalistas, tres auxiliares, dos informáticos y un ordenanza- puso en marcha el CENDOJ, creado por el Consejo General del Poder Judicial para satisfacer la necesidad de los miembros de la Carrera Judicial de recibir información legislativa, jurisprudencial y doctrinal permanentemente actualizada.

Dos décadas después, el CENDOJ se ha convertido en el centro tecnológico del CGPJ encargado de la gestión del conocimiento judicial y ofrece sus servicios no solo a jueces y magistrados, sino a toda la sociedad, poniendo a su disposición la jurisprudencia de los tribunales colegiados españoles a través de una base de datos de acceso público y gratuito que contiene más de 6 millones de resoluciones.

El Centro de Documentación Judicial tiene su sede en el Palacio de Justicia de Donostia-San Sebastián, que comparte con la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, gracias al convenio firmado en 1996 por el CGPJ y el Gobierno vasco, que cedió gratuitamente parte de las dependencias del edificio para la instalación del centro por un periodo de 50 años prorrogables.

La difusión de la jurisprudencia: del papel al ‘smartphone’

Cuando el CENDOJ se puso en marcha, el CGPJ aún publicaba la jurisprudencia en volúmenes de papel, lo que dificultaba enormemente las consultas. Una de las primeras tareas desarrolladas en el centro fue la recopilación e introducción de sentencias en un formato electrónico de fácil utilización, lo que permitió que el 1 de abril de 1998 se distribuyera a todos los jueces y magistrados en activo el primer CD-rom con jurisprudencia.

El siguiente objetivo fue conseguir que esa información estuviera en internet y fuera accesible para todos: la primera base de datos de jurisprudencia de acceso público se pudo consultar libre y gratuitamente el 26 de junio de 2006. Ese día se pusieron a disposición de los ciudadanos un total de 1.150.000 sentencias

Hoy la base de datos, que puede consultarse en el apartado “Acceso público a la jurisprudencia” de la web www.poderjudicial.es, contiene más de 6 millones de resoluciones, a las que hay que añadir las 188.889 del fondo histórico del Tribunal Supremo (1852-1978). España fue el primer Estado europeo en difundir su jurisprudencia en abierto a los ciudadanos y es también el que mayor número de resoluciones pone a su disposición.

El CENDOJ sigue trabajando día a día para difundir toda la documentación jurídica útil para la tarea de los jueces y para que los ciudadanos conozcan de primera mano cómo se aplica la Justicia en España, adaptando sus servicios a la constante evolución tecnológica: el 2 de octubre de 2012, por ejemplo, presentó la aplicación que permite consultar la jurisprudencia desde los teléfonos móviles (smartphones) o las tabletas.

Análisis jurídico

Entre los servicios exclusivos para los miembros de la Carrera Judicial destaca el Fondo Documental CENDOJ, una base de datos que se ofrece en el entorno restringido a jueces y magistrados de la web y que contiene cerca de 300.000 resoluciones analizadas.

Realizado por miembros del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo o por magistrados de la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, el análisis las resoluciones incluye un resumen de las mismas, la apreciación de su relevancia basándose en criterios documentales normalizados, la calificación del fallo, la determinación de las cuestiones planteadas, la clasificación conforme al Tesauro de Jurisprudencia del CENDOJ –que contiene más de 22.000 términos- y el establecimiento de vínculos con otras fuentes de información de índole jurisprudencial, legislativa y de publicaciones del CGPJ.

Documentación, publicaciones y bibliotecas

La actividad editorial del CENDOJ se centra fundamentalmente en la difusión en soporte digital del material originado en las actividades formativas de jueces y magistrados.

Además, el centro atiende cada año más de mil consultas de información jurídica, en su mayoría de jueces y magistrados, de las que más del 60 por ciento se contestan en el mismo día o en un plazo de 24 horas. Las consultas sobre doctrina suponen casi la mitad del total, seguidas por las relativas a jurisprudencia.

Por último, gestiona la red de bibliotecas judiciales, formada por las tres del CGPJ –ubicadas en su sede central, en la Escuela Judicial de Barcelona y en el propio CENDOJ- y las más de cien bibliotecas distribuidas por los diferentes órganos judiciales españoles.

Entornos web

El CENDOJ gestiona y mantiene el portal web público y privado www.poderjudicial.es, la vía a través de la que se accede a la mayor parte de los servicios prestados por el centro. La parte restringida para uso de los miembros de la Carrera Judicial constituye una herramienta de trabajo imprescindible y una plataforma para publicar y crear contenidos de interés profesional, que jueces y magistrados pueden compartir.

En su parte pública se muestra información de las instituciones judiciales, acercándolas así a la ciudadanía, se da acceso gratuito a la jurisprudencia y se proporciona una serie de servicios que pueden ser utilizados online, como las herramientas de cálculo de indemnizaciones por extinción de contrato de trabajo o de pensiones alimenticias. La información institucional se muestra en castellano, catalán, gallego, euskera, inglés y francés.

La web, que en 2016 recibió casi cinco millones y medio de visitas, también da acceso a los Portales de Transparencia del CGPJ, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, en los que se difunden todos los aspectos contemplados en la Ley 19/2013, los acordados mediante convenio con Transparencia Internacional y otros que el órgano de gobierno de los jueces ha querido reflejar voluntariamente.

Conmemoración del 20 aniversario

Con motivo del 20 aniversario del CENDOJ, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrará mañana en San Sebastián su reunión ordinaria correspondiente al mes de junio.

A continuación tendrá lugar un acto conmemorativo durante el que intervendrán el director del CENDOJ, Iñaki Vicuña; la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, María Jesús Carmen San José; y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. El acto se cerrará con la actuación del Orfeón Donostiarra.

Los asistentes recibirán un libro editado por la Oficina de Comunicación del CGPJ en el que se relata la historia del CENDOJ y se explica su funcionamiento y funciones. La publicación será distribuida también a los medios de comunicación, a los cargos gubernativos del Poder Judicial, a los analistas que colaboran con el CENDOJ y a los trabajadores del centro.

Por último, el CENDOJ ha aprovechado su 20 aniversario para renovar su web en el portal www.poderjudicial.es y dar el salto a las redes sociales, con el estreno de una cuenta en Twitter -@CENDOJ- desde la que desde hoy se difundirán sus actividades a la Carrera Judicial y a la ciudadanía en general.

El Gobierno aprueba un nuevo régimen jurídico para fortalecer las cooperativas de crédito

Miércoles, 28 de junio de 2017

23 de junio de 2017
mineco.gob.es
El Gobierno aprueba un nuevo régimen jurídico para fortalecer las cooperativas de crédito
Las entidades podrán crear Mecanismos Institucionales de Protección, una fórmula de consolidación y autoprotección
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia financiera cuyo objetivo es reformar el régimen jurídico de las cooperativas de crédito. El sector  supone el 6% del sistema crediticio y tiene una gran relevancia en la financiación de agentes económicos de menor tamaño del sector agrario, industrial y profesional, tales como pymes, autónomos o emprendedores. Con esta norma, se favorecen los procesos que contribuyan al fortalecimiento y a aumentar la resistencia de estas entidades, en concreto, mediante la constitución de los denominados Mecanismos Institucionales de Protección (MIP). Se completa así el ciclo de las reformas del sistema financiero que el Gobierno inició en 2012 y que han permitido al sector contribuir a la recuperación de la economía española.

La norma reconoce a las cooperativas de crédito la posibilidad de constituir un MIP como mecanismo concebido para la mutua autoprotección y que puede ser de dos tipos, reforzado o normativo. Los MIP reforzados mutualizan al 100% los beneficios y riesgos y cuentan con una entidad cabecera que dirige prácticamente la totalidad de las decisiones del grupo (tiene consideración de grupo consolidable). Los MIP normativos no tienen que mutualizar al 100% los beneficios y riesgos y se caracterizan por la constitución de un fondo de garantía privado financiado ex ante por las entidades miembros del grupo que se utilizará para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de las entidades que participan en el MIP.

Se establecen además incentivos para constituir estos MIP. Las entidades que lo integran tienen un perfil de riesgo menor al  aumentar su solvencia, lo que permitirá reducir los requerimientos mínimos de pasivos capaces de absorber pérdidas a efectos de una eventual resolución y las  aportaciones que las entidades integrantes de un MIP deben realizar al Fondo de Garantía de Depósitos.

Adicionalmente, el RD-Ley prevé una serie de medidas para potenciar el buen funcionamiento de los MIP. Así, las operaciones desarrolladas por una cooperativa con las otras entidades integrantes del MIP del que forma parte no computarán a efectos del límite para las operaciones activas con terceros del 50% de los recursos totales, especificado en la Ley de Cooperativas de Crédito. Es decir, las cooperativas de un mismo MIP podrán tener mayores exposiciones entre sí no limitadas.

Además, el fondo de garantía privado tampoco tendrá límites a la hora de invertir en el capital de una de las cooperativas integrantes del MIP. Levantar esta limitación facilita el uso del fondo cuando una entidad participante lo necesite. Sin embargo, se deberá presentar al Banco de España, para su aprobación, un plan de actuación a efectos de garantizar la viabilidad que contenga medidas concretas dirigidas a permitir la desinversión en la cooperativa de crédito, en condiciones adecuadas para todas las entidades integrantes del MIP.

Junto a la reforma del Régimen Jurídico de las Cooperativas de Crédito, este RD-Ley crea una nueva categoría de pasivos que pueden emitir todas las entidades de crédito: crédito ordinario no preferente o deuda senior non-preferred. Se trata de una nueva categoría de instrumentos financieros a efectos regulatorios con el fin de facilitar el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles por parte de las entidades. La idea es que este nuevo instrumento tenga un orden de prelación (en caso de resolución o concurso) inferior al resto de créditos ordinarios pero superior a la deuda subordinada.

Se da así de un marco jurídico adecuado a las entidades de crédito que se ven obligadas a empezar a emitir este tipo de pasivos. Tanto a nivel internacional como de la Unión Europea, la regulación sobre resolución bancaria exige a las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión contar con un número de pasivos que puedan absorber pérdidas en caso de que se inicie un proceso de resolución, el denominado requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL).

De acuerdo con la nueva norma, un crédito ordinario sólo podrá ser considerado como no preferente si satisface una serie de requisitos que garantizan que, en caso de resolución, el instrumento tendrá facilidad para absorber pérdidas: haber emitido con plazo de vencimiento efectivo igual o superior a un año; no tener características propias de instrumentos derivados; y que incluyan una cláusula en la que se establezca que tienen una prelación concursal inferior frente al resto de créditos ordinarios.

Asimismo, se modifica la Ley de Mercado de Valores para dar la consideración de instrumentos financieros complejos a estos instrumentos de deuda.

 

Las exportaciones crecieron un 9,8% hasta abril y fijan máximo histórico

Martes, 27 de junio de 2017

20 de junio de 2017 mineco.gob.es
Las exportaciones crecieron un 9,8% hasta abril y fijan máximo histórico
España exportó entre enero y abril por 91.537 millones de euros
El déficit comercial alcanzó los 8.398 millones, un 50,5% más que el año anterior
El déficit no energético bajó desde los 189,8 millones de euros de enero-abril de 2016 a 20 millones de euros
Las ventas al exterior evolucionan mejor que en la UE y en la zona euro
Las exportaciones españolas de mercancías en el periodo enero-abril crecieron un 9,8% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 91.537,7 millones de euros, máximo histórico de la serie para el acumulado en este periodo. Las importaciones crecieron un 12,4% hasta los 99.935,9 millones de euros. Como resultado, el déficit comercial de los cuatro primeros meses del año alcanzó los 8.398,1 millones de euros, un 50,5% más que el registrado en el mismo periodo de 2016. Las exportaciones españolas registraron mejor evolución que las del conjunto de la zona euro y la Unión Europea.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 91,6% (93,7% en enero-abril de 2016).

En términos de volumen, las exportaciones se incrementaron un 9%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario (IVUs), crecieron un 0,8%; y las importaciones aumentaron un 4,8%, por la subida de los precios en un 7,2%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 20 millones de euros (189,8 millones de euros de déficit en el acumulado hasta abril de 2016) y el déficit energético se incrementó un 55,4%, hasta los 8.378,1 millones de euros (5.391 millones en 2016).

El crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y abril es superior al registrado en los países del entorno, salvo en el caso del Reino Unido, donde subieron un 17,4% por el efecto de la depreciación de la libra. En el conjunto de la zona euro y en la Unión Europea las exportaciones aumentaron un 7,2%. También fueron más discretos los crecimientos registrados en Italia (6,6%), Alemania (5,5%) y Francia (2,3%), así como en EEUU (6,7%), China (4,2%) y Japón (8,2%).

Sectores económicos

Los principales sectores observaron crecimientos en sus exportaciones. Así, bienes de equipo (representan un 19,4% del total) subió un un 7,2% y alimentación, bebidas y tabaco (17,2% del total) creció un 10,8%. El sector del automóvil (17,1% del total) decreció un 0,7% por la caída en abril de las matriculaciones en los principales mercados de la UE, atribuible en gran medida al efecto calendario por la celebración de la Semana Santa.

En importaciones, la consolidación de la recuperación económica explica el crecimiento de la mayoría de los sectores. Así, las de bienes de equipo (20,9% del total) se incrementaron un 10,7% interanual; las de productos químicos (15% del total) aumentaron un 2,7%; y las de productos energéticos (14,5% del total) ascendieron un 64,2%. Por el contrario, las importaciones del sector automóvil (13,2% del total) disminuyeron un 0,4%, en línea con el leve descenso de las exportaciones del sector.

Áreas geográficas

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (66,6% del total) crecieron un 8,8% en los cuatro primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (52,2% del total) se incrementaron un 9,5% y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,4% del total) subieron un 6,2%.

La recuperación en los países emergentes explica que las ventas a terceros destinos (33,4% del total) subieran un 12% interanual, con aumentos generalizados de las exportaciones a todas las zonas: Asia excluido Oriente Medio (16,8%), América del Norte (13,5%), América Latina (12%), Oceanía (10,4%), África (7,7%) y Oriente Medio (1,4%).

Por países, destacan los aumentos de ventas a mercados con gran potencial como China (25,4%), Canadá (21,1%), México (20,8%), Marruecos (17,7%) y Estados Unidos (12,5%). Mientras, cayeron las ventas a Argelia (-11,1%), Chile (-6,4%) y Arabia Saudí (-5,5%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares (134,6%), Canarias (51,4%) y Murcia. Los únicos descensos se dieron en Castilla y León (-3,9%) y la Comunidad Valenciana (-0,8%).

Datos del mes de abril

En abril, las exportaciones disminuyeron un 2% sobre el mismo mes de 2016, hasta los 21.796,2 millones de euros. Este dato incluye un fuerte efecto estacional debido a que en 2017, a diferencia de 2016, la Semana Santa tuvo lugar en abril. Las importaciones subieron un 0,5% en términos interanuales hasta los 22.995 millones de euros. Como resultado, en el mes se registró un déficit de 1.198,8 millones de euros, un 88,1% más que en abril de 2016.

El saldo no energético arrojó un superávit de 391,3 millones de euros (superávit de 797,6 millones en abril de 2016) y el déficit energético se incrementó un 10,8%.

La caída de las exportaciones españolas en abril es ligeramente superior a la registrada en la zona euro (-1,4%) y en la Unión Europea (-1,5%), pero bajaron más las exportaciones de Francia (-3,8%), Alemania (-2,9%) e Italia (-2,8%). Registraron crecimientos el Reino Unido (6%), Estados Unidos (4,3%), China (4,2%) y Japón (7,5%).

Sectores económicos

En abril, las contribuciones positivas a la tasa de variación de las exportaciones provinieron de los productos energéticos (aportación de 4,1 puntos), materias primas (0,4 puntos) y alimentación, bebidas y tabaco (0,2 puntos). Por el contrario, los sectores con contribución negativa fueron el automóvil (-4,6 puntos), productos químicos (-0,6 puntos) y semimanufacturas no químicas (-0,5 puntos).

Áreas geográficas

En abril de 2017, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 65,3% del total y disminuyeron un 3,4%. Las dirigidas a la zona euro bajaron un 2,1% y las destinadas al resto de la UE descendieron un 8,2%. Fuera de la UE, destacaron los aumentos de ventas a México (59,7%), Marruecos (17,5%) y Portugal (6,2%), frente a los descensos de las ventas a Australia (19,8%), Arabia Saudí (16,4%) y Brasil (12,5%).

Tecnología financiera: Captar los beneficios, evitar los riesgos

Lunes, 26 de junio de 2017

Tecnología financiera: Captar los beneficios, evitar los riesgos
Por Christine Lagarde
19 de junio de 2017 imf.org
Cuando enviamos un mensaje de correo electrónico, nos basta con un clic para entregarlo al vecino de al lado o por todo el planeta. Atrás quedaron los días de los sobres de correo aéreo y los vistosos sellos para mandar cartas al extranjero.
No ocurre lo mismo con los pagos internacionales: aquí el destino sigue importando.
Podemos utilizar efectivo para pagar un té en el bar de la esquina, pero no para realizar un pedido de hojas de té a la lejana Sri Lanka. En función del transportista, es posible que las hojas de té lleguen antes de que el vendedor pueda acceder al pago.
Sin embargo, esto pronto podría cambiar. Es posible que dentro de unos años realizar pagos y transacciones transfronterizos resulte tan sencillo como enviar un mensaje de correo electrónico.
La tecnología financiera (Fintech) llega ya a consumidores y empresas de todo el mundo, desde el comerciante local que busca un préstamo hasta la familia que planifica su jubilación, pasando por el trabajador extranjero que envía dinero a casa.
No obstante, ¿podemos aprovechar el potencial y prepararnos a la vez para el cambio? Este es el objetivo del documento titulado Fintech and Financial Services: Initial Considerations, que publica hoy el personal técnico del FMI.
Las posibilidades de la tecnología financiera
¿Qué es exactamente la Fintech? En términos simples, es el conjunto de nuevas tecnologías cuya aplicación puede influir en los servicios financieros, e incluye la inteligencia artificial, los macrodatos, la biometría y las tecnologías de registro distribuido, como las cadenas de datos (blockchains).
A la vez que fomentamos la innovación, debemos asegurarnos también de que las nuevas tecnologías no se conviertan en herramientas para el fraude, el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como que no puedan desequilibrar la estabilidad financiera.
Aunque las revoluciones tecnológicas son imprevisibles, podemos adoptar una serie de medidas para estar preparados.
Este nuevo estudio del FMI analiza los posibles efectos de las tecnologías innovadoras sobre los distintos tipos de servicios que ofrecen las sociedades financieras, la estructura e interacción entre ellas, y las posibles respuestas de los reguladores.
Como se desprende de dicho documento, la tecnología financiera promete servicios financieros más rápidos, baratos, transparentes y fáciles de utilizar a millones de personas de todo el mundo.
Las posibilidades son fascinantes.
La combinación de inteligencia artificial y macrodatos podría automatizar las calificaciones crediticias, lo que se traduciría en unas tasas de interés de los préstamos más competitivas para consumidores y empresas.
Los “contratos inteligentes” permitirían a los inversionistas vender determinados activos cuando se cumplan las condiciones predefinidas en los mercados, lo que mejoraría su eficiencia.
Armados con teléfonos móviles y tecnología de registro distribuido, personas de todo el mundo podrían pagar bienes y servicios, y dejar de utilizar los bancos. Realizar un pedido de hojas de té en el extranjero podría resultar tan fácil como pagar un té en el bar de la esquina.
Es probable que estas oportunidades provoquen en cierta medida una reestructuración del panorama financiero, pero también conllevarán riesgos.
Los intermediarios, tan habituales en los servicios financieros —como los bancos, las empresas especializadas en servicios de mensajería, y los bancos corresponsales que prestan servicios de compensación y liquidación de operaciones transfronterizas— deberán hacer frente a una competencia significativa.
Nuevas tecnologías, como la verificación de identidad y cuentas, podrían reducir los costos de transacción y proporcionar más información sobre contrapartes, lo que restaría relevancia a los intermediarios. Los actuales intermediarios podrían verse empujados a especializarse y externalizar tareas bien definidas a empresas tecnológicas, incluyendo seguramente el principio de conocimiento del cliente.
De todos modos, no podemos cerrar los ojos ante la posibilidad de que algunos avances tecnológicos puedan poner en peligro la identidad del consumidor o generen nuevas fuentes de inestabilidad en los mercados financieros a medida que aumente la automatización de los servicios.
Las normas que funcionarán bien en este nuevo entorno posiblemente no se parecerán a las que están en vigor actualmente. Por tanto, el reto que se nos plantea es claro: ¿Cómo podemos desarrollar de un modo eficaz nuevas normas para un nuevo sistema?
Regular sin sofocar la innovación
En primer lugar, hay que repensar la supervisión. Actualmente, los reguladores se centran sobre todo en entidades bien definidas, como bancos, empresas de seguros y empresas de corretaje de valores. Es posible que deban complementar su planteamiento prestando mayor atención a servicios concretos, con independencia de cuáles sean los participantes en el mercado que los ofrecen. Se necesitarían normas para garantizar la protección suficiente de los consumidores, incluida la protección de la privacidad, y evitar el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En segundo lugar, será fundamental la cooperación internacional, porque los avances tecnológicos no entienden de fronteras, y será importante evitar que las redes se trasladen a jurisdicciones menos reguladas. Las nuevas normas deberán aclarar el régimen jurídico y la titularidad de los activos y fichas digitales (digital tokens).
Por último, la regulación debería seguir funcionando como salvaguardia esencial para generar confianza en la estabilidad y la seguridad de redes y algoritmos.
La publicación de este documento en el día de hoy supone un paso adelante más en elnproceso de preparación para esta nueva revolución digital. En cuanto organización dencomposición plenamente universal, el FMI se encuentra en una posición privilegiada paranservir de plataforma para el debate entre los sectores públicos y privados en el ámbito de lantecnología financiera, de rápido desarrollo.
Como muestra este estudio, la adaptación no solo es posible, sino que es la única forma dengarantizar que todo el mundo pueda disfrutar de la promesa de la tecnología financiera.
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Christine Lagarde es Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional. Tras concluir su primer mandato de cinco años, en julio de 2016 fue renombrada al cargo para un segundo mandato. Es ciudadana francesa, y previamente fue Ministra de Economía de Francia entre junio de 2007 y julio de 2011, además de haber desempeñado el cargo de Ministra de Estado para el Comercio Exterior de Francia durante dos años.
La Sra. Lagarde también ha tenido una larga y destacada carrera como abogada especializada en derecho laboral y competencia, y como socia del estudio jurídico internacional Baker&McKenzie, donde fue elegida Presidenta por los socios en octubre de 1999. Ocupó el cargo máximo de este estudio jurídico hasta 2005, cuando fue nombrada para su primer cargo ministerial en Francia. La Sra. Lagarde es Licenciada por el Instituto de Ciencias Políticas (IEP) y por la Facultad de Derecho de la Universidad de París X, donde fue profesora universitaria antes de incorporarse a Baker&Mckenzie en 1981.

El juzgado especializado en claúsulas suelo registra 189 asuntos en sus primeros veinte días de actividad

Domingo, 25 de junio de 2017

Viernes, 23 de junio de 2017 poderjudicial.es

El juzgado especializado en claúsulas suelo registra 189 asuntos en sus primeros veinte días de actividad

Desde el 19 de junio una JAT presta labores de refuerzo, según el plan previsto por el CGPJ

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, que desde el pasado día 1 de junio atiende en exclusiva todas las demandas presentadas en el Principado de Asturias vinculadas a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física -reclamación de cláusulas suelo abusivas, gastos de tramitación de hipotecas y suimilares-, ha registrado hasta el día de ayer, día 21 de junio, 189 procedimientos.

El Juzgado, que como el resto de los de Primera Instancia de la capital del Principado registraba anualmente unos 200 procedimientos ordinarios de esta temática y otras, aun con una entrada tan significativa en estos veinte días -de 50 a 60 a la semana-, funciona con total normalidad pudiendo asumir hasta el momento las demandas presentadas con los medios de los que se disponen.

Dentro del plan de refuerzos previsto por el CGPJ para este tipo de juzgados, el 19 de junio fue nombrada una Jueza de Adscripción Territorial (JAT) para prestar su labor en dicho Juzgado hasta el 31 de Diciembre de 2017, sin perjuicio de que pudiera renovarse su prestación si después de esa fecha continúa dicho plan.

La inflación se reduce al 1,9% por la energía y los paquetes turísticos

Sábado, 24 de junio de 2017

13 de junio de 2017 mineco.gob.es
La inflación se reduce al 1,9% por la energía y los paquetes turísticos
La tasa subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, cae dos décimas, hasta situarse en el 1%
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en mayo de 2017 un 1,9% interanual, siete décimas menos que en abril, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa coincidente con la adelantada por el INE a finales del pasado mes. En esta evolución destacan principalmente la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes, así como el descenso de los precios de los paquetes turísticos, tras la finalización de la campaña de Semana Santa. En términos intermensuales, el IPC se ha reducido un 0,1% en mayo, frente a la subida del 0,5% en el mismo mes de 2016.

Los precios de los productos energéticos aumentaron en mayo un 8,3% interanual, 3,7 puntos menos que en abril. Esta evolución se explica por la desaceleración de los precios de los carburantes y lubricantes, que pasaron del 11,5% interanual en abril al 4,9% en mayo. Por su parte, los precios del gas se aceleraron 1,7 puntos, hasta el 8,3%, y la tasa interanual de los precios de la electricidad se mantuvo inalterada en el 16,2%.

Los precios de la alimentación crecieron el 1,2% en mayo, al igual que en abril. La inflación de la alimentación no elaborada se situó en el 2,8%, seis décimas por debajo de la del mes precedente, destacando la evolución de los precios de las legumbres y hortalizas frescas (se desaceleraron 3,8 puntos, hasta el 3,3%) y, en menor medida, de las frutas frescas (pasaron del 5% en abril al 3,2% en mayo). Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco aumentaron el 0,4% en mayo, dos décimas más que en abril, destacando el comportamiento de aceites y grasas, que pasaron de crecer el 0,5% en abril al 2,3% en mayo.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y la energía, que son los elementos más volátiles del IPC) se redujo dos décimas en mayo, hasta el 1%, debido a la desaceleración de los precios de los servicios y, en menor medida, de los bienes industriales no energéticos (BINE), parcialmente compensada por el mayor ritmo de crecimiento de los precios de la alimentación elaborada. Los servicios se desaceleraron cuatro décimas, hasta el 1,7%, como consecuencia de la evolución de los paquetes turísticos, cuyos precios pasaron de crecer el 20,9% en abril al 7,9% en mayo. En este comportamiento ha influido el efecto calendario de la Semana Santa, que en 2017 se ha celebrado en abril, mientras que en 2016 se celebró en marzo. Por su parte, los precios de los BINE se desaceleraron dos décimas, hasta el 0,1%, destacando el comportamiento de los precios de vestido y calzado, que pasaron de crecer el 0,3% en abril al 0,1% en mayo.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación del -0,1% en mayo de 2017, frente al crecimiento del 0,5% registrado en el mismo mes de 2016. Por componentes, los precios de los productos energéticos retrocedieron un 1,1%, tras el incremento del 2,3% de un año antes; los de los servicios disminuyeron un 0,4%, tras el aumento del 0,1% en mayo de 2016; los de los BINE crecieron un 0,7%, una décima menos que en mayo del año anterior; y los de la alimentación aumentaron el 0,3%, idéntica variación a la de mayo de 2016.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en mayo de 2017 una tasa intermensual del 0,3% (0,8% en el mismo mes de 2016), al igual que los de los alimentos elaborados (variación nula un año antes).

La tasa interanual del IPC disminuyó en mayo en todas las comunidades autónomas. La mayor bajada respecto a la tasa de abril se registró en el Principado de Asturias (un punto, hasta el 1,6%), y las menores, ambas de tres décimas, correspondieron a Canarias (2% en mayo) y Extremadura (1,7%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en mayo en el 1,9%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de mayo de 2017, cuya tasa de variación interanual se sitúa en el 2%, seis décimas inferior a la de abril. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se situó en mayo en el 1,4%, medio punto inferior a la del mes anterior, resultando un diferencial de inflación para España respecto a la zona euro de 0,6 puntos, una décima inferior al de abril.

Catalá reafirma el compromiso español en la lucha contra el blanqueo de capitales

Jueves, 22 de junio de 2017

Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Catalá reafirma el compromiso español en la lucha contra el blanqueo de capitales
Miércoles 21 de junio de 2017 lamoncloa.gob.es

Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado hoy, durante su intervención en la inauguración de la tercera reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se celebra en Valencia, las iniciativas impulsadas por el Gobierno español hasta la fecha en la lucha contra el blanqueo de capitales, lo que demuestra el firme compromiso del Ejecutivo en este ámbito, ya que se han conseguido avances extraordinarios en materia penal, procesal, preventiva y de recuperación de activos.
Dentro del ámbito penal, la reforma impulsada en el año 2015 en España ha dado cumplimiento anticipadamente a las previsiones que plantea el paquete integrado por un reglamento y una directiva en materia de lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales que se negocian en estos momentos con la activa participación de España, en el seno del Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea.

En el terreno de lo procesal, la racionalización y actualización del enjuiciamiento criminal ha aportado medidas tecnológicas avanzadas de investigación que han conseguido incluir a nuestro país en la vanguardia contra la delincuencia organizada. En referencia a las medidas preventivas, el ministro se ha referido a la puesta en marcha de un instrumento esencial para la identificación, bloqueo, intervención y futuro decomiso de ganancias ilícitas derivadas del blanqueo, como es el Fichero de Titularidades Financieras, así como de un organismo altamente especializado como es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC).

Finalmente, Catalá ha destacado la actuación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) como un órgano auxiliar de la Justicia encargado de perseguir y recuperar bienes procedentes de actividades delictivas para hacer frente a la restitución pecuniaria de las víctimas con las indemnizaciones estipuladas por los tribunales, así como a la realización de proyectos sociales de apoyo y asistencia a las víctimas y a la lucha contra la criminalidad organizada.

El ministro de Justicia se ha referido de forma específica a la gran amenaza del terrorismo internacional y ha enviado un mensaje de apoyo a las delegaciones de aquellos países que han sufrido sus actos. Para Catalá, ante la intensificación de la amenaza terrorista en los últimos años se ha hecho más necesaria que nunca una respuesta rápida y flexible, centrada en cuatro ejes de actuación.

El primero de ellos se refiere a la necesidad de asegurar que todas las jurisdicciones dispongan de un marco robusto contra la financiación del terrorismo. Para ello, se dispone de las recomendaciones del propio GAFI, resultando especialmente importante la relativa a la tipificación de esa financiación como delito, de modo que cubra no sólo la financiación de actos terroristas, sino también la financiación de organizaciones y de terroristas individuales sin necesidad de que exista un acto terrorista específico.

En este sentido, la legislación española ha adaptado su Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir un nuevo marco de investigación tecnológica en el proceso penal capaz de enfrentarse a los nuevos delitos del siglo XXI. Asimismo, hay que destacar el reciente acuerdo del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea que permitirá la creación de una Fiscalía comunitaria para perseguir los delitos financieros en toda la UE.

El segundo eje se refiere a la necesidad de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. Aquí destaca la intensa participación española en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, que está trabajando sobre una propuesta de lucha contra el blanqueo de capitales por medio de la norma penal y un reglamento de reconocimiento mutuo de órdenes de embargo y decomiso.

En tercer lugar, Catalá ha llamado a la anticipación de posibles vulnerabilidades del terrorismo mediante un análisis continuo y riguroso de riesgos derivados de su financiación. Finalmente, ha señalado, es imprescindible reforzar los mecanismos de intercambio de información de los servicios de inteligencia para lograr desarticular los entramados económicos de las organizaciones terroristas.

Ampliada la encomienda de gestión para completar el plan de regularización catastral

Jueves, 22 de junio de 2017

Ministerio de Hacienda y Función Pública
Gabinete de prensa
Consejo de Ministros
minhafp.gob.es
Ampliada la encomienda de gestión para completar el plan de regularización catastral
 Permitirá seguir actualizando el Catastro mediante la incorporación de inmuebles y alteraciones descubiertas por el mencionado plan
16 de junio de 2017.- El Consejo de Ministros ha autorizado una modificación de la encomienda de gestión para completar los trabajos del procedimiento de regularización catastral, fijados en un principio para el periodo 2013-2016, que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Dirección General del Catastro, suscribió en el año 2014 con la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, S.A. (SEGIPSA).
La ampliación permitirá seguir actualizando el Catastro mediante la incorporación de inmuebles y alteraciones (ampliaciones y rehabilitaciones) descubiertas por el citado procedimiento de regularización, que ya ha finalizado en 4.632 municipios.
La Ley de 27 de diciembre de 2011 por la que se adoptaron diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, incorporó el procedimiento de regularización catastral a la normativa reguladora del Catastro. El citado plan en un instrumento más de la lucha contra el fraude fiscal y aporta información relevante a los Entes Locales.

Juan Manuel Llopis Giner

Jueves, 22 de junio de 2017

Juan Manuel Llopis Giner

Homenaje a Juan Manuel Llopis de los registradores

Jueves, 22 de junio de 2017

Martes, 20 junio 2017,

Valencia. lasprovincias.es
Durante el acto de Clausura del Curso 2016-2017 de la Cátedra de Derecho Inmobiliario Registral ‘Bienvenido Oliver’, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Universitat de València rindieron un homenaje conjunto a Juan Manuel Llopis, encargado de la Cátedra durante más de quince años, en reconocimiento por su labor en este área. A tal efecto, el vicerrector de Estudios de Postgrado, Rafael Crespo, le hizo entrega de una placa conmemorativa.

La lección de clausura corrió a cargo de Vicente Guilarte, vocal del Consejo General del Poder Judicial y catedrático de Derecho Civil bajo el título ‘La defensa del deudor en el anteproyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario’.

Beatriz Corredor Sierra

Miércoles, 21 de junio de 2017

Beatriz Corredor Sierra>/center>

Comisión Ejecutiva Federal del PSOE

Miércoles, 21 de junio de 2017

COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL DEL PSOE

PRESIDENCIA

Cristina Narbona Ruiz

SECRETARIO GENERAL

Pedro Sánchez Pérez- Castejón

VICESECRETARIA GENERAL

Adriana Lastra Fernández

SECRETARIO ÁREA DE ORGANIZACIÓN

José Luís Ábalos Meco

→ SEC. EJECUTIVO COORDINACIÓN TERRITORIAL Santos Cerdán León

→ SEC. EJECUTIVO DE ACCIÓN ELECTORAL Francisco Salazar Rodríguez

→ SEC. EJECUTIVO DE DINAMIZACIÓN DE AGRUPACIONES LOCALES José Antonio Rodríguez Salas

→ SEC. EJECUTIVO DE FORMACIÓN Javier Izquierdo

→ SECRETARIA DE ÁREA DE IGUALDAD Carmen Calvo

→ SEC. EJECUTIVA PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Susana Ros Martínez

→ SECRETARIO DE ÁREA DE POLÍTICA FEDERAL Patxi López Álvarez

→ PORTAVOZ Óscar Puente Santiago

→ SEC. DE ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y AA.PP Alfonso Rodriguez Gómez de Celis

→ SEC. EJECUTIVA DE FUNCIÓN PÚBLICA Isaura Leal

→ SEC. DE ÁREA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA ECONOMÍA Hugo Morán Fernández

→ SEC. EJECUTIVA DE MUNDO RURAL Concha Andreu

→ SEC. EJECUTIVO DE MONTAÑA Francisco Boya Alós

→ SEC. EJECUTIVO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS Pedro Casares

→ SEC. DE ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Manuel González Ramos

→ SEC. EJECUTIVA DE PESCA María Luisa Faneca

→ SEC. DE ÁREA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y PSOE DEL EXTERIOR Pilar Cancela Rodríguez

→ SEC. EJECUTIVO DE POLÍTICA DE REFUGIADOS Luc André Diouf

→ SEC. DE ÁREA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA Beatriz Corredor Sierra

→ SEC. DE ÁREA DE COHESIÓN E INTEGRACIÓN Nuria Parlón Gil

→ SEC. EJECUTIVA DE SANIDAD Y CONSUMO María Luisa Carcedo Roces

→ SEC. EJECUTIVA DE SERVICIOS SOCIALES, DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD Begoña García Retegui

→ SEC. EJECUTIVO DE CULTURA Y DEPORTES Iban García del Blanco

→ SEC. EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES María Luz Martínez Seijo

→ SEC. DE ÁREA DE POLÍTICA MUNICIPAL Susana Sumelzo Jordán

→ SEC. EJECUTIVO ADJUNTO DE POLITICA MUNICIPAL Alejandro Soler

→ SEC. EJECUTIVO PEQUEÑOS MUNICIPIOS José Vélez Fernández

→ SEC. EJECUTIVO DE PROVINCIAS, CABILDOS Y CONSEILS Vicent Torres Guasch

→ SEC. DE ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES Héctor Gómez Fernández

→ SEC. EJECUTIVA DE UE Iratxe García Pérez

→ SEC. EJECUTIVA DE COOPERACIÓN DE DESARROLLO Belen Fernández Casero

→ SEC. DE ÁREA DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIVERSIDAD Mónica Silvana

→ SEC. EJECUTIVA DE MAYORES María Jesús Castro

→ SEC. EJECUTIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES Ignacio López Cano

→ SEC. DE ÁREA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPLEO Manuel Escudero Zamora

→ SEC. EJECUTIVO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES Toni Ferrer

→ SEC. EJECUTIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO Carles Ruíz Novella

→ SEC. EJECUTIVA DE ECONOMÍA DE LAS CIUDADES Milagros Tolón

→ SEC. EJECUTIVA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PACTO DE TOLEDO Magdalena Valerio

→ SEC. DE ÁREA DE EMPRENDIMIENTO, CIENCIA E INNOVACIÓN Francisco Polo Llavata

→ SEC. DE ÁREA DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS José Félix Tezanos Tortajada

→ SEC. DE ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Odón Elorza González

→ SEC. DE ÁREA DE JUSTICIA Y NUEVOS DERECHOS Andrés Perelló Rodríguez

→ SEC. EJECUTIVO DE LAICIDAD José Manuel Rodríguez Uribe

→ SEC. EJECUTIVO DE MEMORIA HISTÓRICA Fernando Martínez López

psoe.es

La AEPD publica una guía práctica para difundir el derecho a la protección de datos entre los ciudadanos

Martes, 20 de junio de 2017

La AEPD publica una guía práctica para difundir el derecho a la protección de datos entre los ciudadanos –  agpd.es

‘Protección de Datos: Guía para el Ciudadano’ recoge numerosas referencias a los cambios que incorpora el nuevo Reglamento General, que será aplicable el 25 de mayo de 2018, e incluye las principales novedades respecto al ejercicio de derechos.
• Repasa los tradicionales derechos ARCO e incluye otros como el derecho al olvido, el nuevo derecho a la portabilidad, o la forma de solicitar la eliminación de fotos y vídeos en internet y qué hacer en caso de no recibir respuesta
• Contiene ejemplos de los tratamientos de datos que más afectan a los ciudadanos, como ocurre en el caso de las comunidades de vecinos, los llamados ficheros de morosos, la videovigilancia o la publicidad, entre otros

(Madrid, 25 de mayo de 2017). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado ‘Protección de Datos: Guía para el Ciudadano’ en el marco de la 9ª Sesión Anual de la AEPD, un documento que recoge de forma práctica las claves necesarias para que los ciudadanos conozcan qué derechos les amparan y cómo ejercerlos, y qué obligaciones deben cumplir aquellos que traten sus datos personales. Los datos que maneja la Agencia respecto a las consultas recibidas constatan la importancia que los ciudadanos conceden a la protección de sus datos personales y a su privacidad. Así, en 2016 la AEPD recibió cerca de 237.000 consultas, casi un 9% más que en 2015. Por su parte, el Barómetro del CIS de febrero de 2017 también destacó esa importancia al señalar que al 76% de los españoles les preocupa la protección de datos personales y el posible uso de su información personal por terceros.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018, implica cambios respecto a la normativa actual. Por ello, la Guía para el ciudadano contiene numerosas referencias a la nueva normativa, incluyendo las principales novedades respecto al ejercicio de derechos, detallando qué se puede solicitar en cada uno de los casos.

La Guía repasa los tradicionales derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), la forma de ejercerlos y los plazos legales en los que el ciudadano debe obtenerse una respuesta, incluyendo también aspectos relacionados con el nuevo derecho a la portabilidad, en qué consiste y cómo ejercer el derecho al olvido, o cómo solicitar la eliminación de fotos y vídeos de internet.

Asimismo, la Guía contiene ejemplos de los tratamientos de datos que más repercusión pueden tener en los ciudadanos, como ocurre con los llamados ficheros de morosos, describiendo los requisitos que deben cumplirse para que los datos de una persona puedan ser incluidos en uno de estos ficheros. En este sentido, la inclusión indebida en ficheros de morosidad produce unos efectos especialmente negativos para los afectados, por lo que es imprescindible que las empresas extremen su diligencia antes de comunicar una información inexacta. Por otro lado, el documento recoge otros ámbitos concretos en los que se efectúan tratamientos de datos, como las comunidades de vecinos, la videovigilancia o la publicidad.

‘Protección de Datos: Guía para el Ciudadano’ ofrece ejemplos de casos concretos y enlaces con información adicional disponible en la web de la Agencia para que el ciudadano pueda profundizar sobre las garantías de su derecho a la protección de datos. Además, contempla un glosario con los términos y definiciones utilizadas, así como un listado de recursos online para facilitar el ejercicio de derechos, incluyendo la posibilidad de interponer una denuncia o solicitar una tutela de derechos.

La AEPD sigue trabajando en su objetivo de difundir entre la ciudadanía una cultura de protección de datos, para lo cual viene desarrollando diferentes acciones e iniciativas específicas entre las que se encuentran la Guía sobre Privacidad y Seguridad de internet o la renovación de las consultas más frecuentes planteadas ante la Agencia (FAQs).

Recuerde que los “chiringuitos” son peligrosos e intentan engañarle. Si sospecha, pregunte.

Lunes, 19 de junio de 2017

Decálogo del inversor
Recuerde que los “chiringuitos” son peligrosos e intentan engañarle. Si sospecha, pregunte.
Adopte una actitud activa. Haga preguntas sobre las características del servicio y de la inversión que se le estén proponiendo.
Obtenga información por escrito.

cnmv.es

Recuerde que los «chiringuitos financieros» son peligrosos. No se trata de entidades más o menos solventes o con mayores o menores habilidades en la gestión financiera: están fuera de la legalidad e intentan engañarle.
El término «chiringuito financiero» define de manera informal a aquellas entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo.
Son peligrosos porque en la mayoría de los casos la aparente prestación de tales servicios es sólo una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas, haciéndoles creer que están realizando una inversión de alta rentabilidad.
Es importante tener claro que los elevados rendimientos que ofrecen suelen ser demasiado buenos para ser ciertos: sólo son el cebo con el que consiguen que los inversores menos informados o más confiados les entreguen sus ahorros.
Cuando no pueden justificar las pérdidas, simplemente desaparecen o cambian de nombre.

Si sospecha, pregunte. Adopte una actitud activa.
Cualquier inversión debe abordarse con suficiente conocimiento de las características y riesgos del producto, por lo que es importante tener claros todos los extremos antes de comprometer el capital.
El inversor necesita tiempo para decidirse y tiene derecho a expresar y obtener respuesta a todas sus dudas.
Sin embargo, los chiringuitos presionan a la víctima para obtener una respuesta afirmativa inmediata, sin darle ocasión para reflexionar.
Precisamente una de las principales diferencias entre las entidades autorizadas y los chiringuitos financieros consiste en que las primeras invitan al inversor a plantear sus dudas y le facilitan toda la información necesaria, mientras que el objetivo de los estafadores es confundirle y hacerle sentir ignorante, para que confíe en ellos sin cuestionar sus argumentos.
Ninguna pregunta puede ser improcedente ni irrelevante cuando se trata de cómo invertir su dinero.
A continuación se proponen, como ejemplo, algunas preguntas que conviene hacer a la persona de contacto para comprobar si se trata de un chiringuito.
En realidad, muchas de ellas, en especial las relativas a las características y riesgos de la inversión, deben hacerse también cuando tratamos con entidades autorizadas. La diferencia es que los chiringuitos financieros se mostrarán poco dispuestos a ofrecernos respuestas directas.

Realícele preguntas sobre las características del servicio y de la inversión.
Estas son algunas de las preguntas que conviene hacer a la persona de contacto; de tratarse de un «chiringuito financiero», se mostrará poco dispuesto a ofrecer respuestas directas.
¿Cómo ha conseguido mi nombre y teléfono?
¿Su entidad está registrada en la CNMV o en el Banco de España? ¿Están supervisados por algún organismo público? ¿Se encuentran adheridos a algún fondo de garantía de inversiones?
¿Cuánto tiempo llevan en este negocio? ¿Cuál es su experiencia provisional? ¿Hay alguna entidad financiera que pueda darme referencias de su entidad?
¿Coincide esta inversión con mis objetivos? ¿Es adecuada para mí?
¿Cuáles son los riesgos de la inversión? ¿Cuánto puedo perder y en qué circunstancias?
¿Durante cuánto tiempo debería mantener la inversión? ¿Cuál es su liquidez, es decir, cómo y en qué condiciones podré recuperar el capital en caso necesario?
¿Qué comisiones debo pagar por sus servicios? ¿Cómo se calculan? ¿Pueden remitirme una copia de las tarifas que tienen en vigor?
¿Cómo y con qué frecuencia recibiré información sobre mi inversión?

Obtenga información por escrito.
Exija que le proporcionen respuestas claras a este tipo de cuestiones y solicite información por escrito.
¿Pueden remitirme copia de los documentos y contratos que debería firmar? Sobre el producto financiero que ofrecen ¿existe algún documento oficial inscrito en la CNMV? ¿Pueden proporcionarme un resumen del mismo?
¿Puede enviarme una explicación escrita y detallada de la inversión propuesta para meditarla con tranquilidad y comentarla con algún experto independiente? ¿Le importaría explicarme la inversión en una reunión a la que pudiera acudir mi abogado o algún experto financiero de mi confianza?
Si hubiera alguna disputa en relación con mis inversiones, ¿qué mecanismos de reclamación están a mi alcance?

Y recuerde que siempre, ante cualquier duda, consulte en el teléfono de atención al inversor de la CNMV 900 535 015 o envíe una consulta mediante el formulario que puede encontrar en la Sección del Inversor de la CNMV.

Las obligaciones fiscales de las comunidades de vecinos se han incrementado en un 20% en los últimos cinco años

Domingo, 18 de junio de 2017

Arranca un bus para informar a los madrileños
Las obligaciones fiscales de las comunidades de vecinos se han incrementado en un 20% en los últimos cinco años
cafmadrid.es
Madrid, 5 de junio de 2017.- Según el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), la carga de trámites y obligaciones fiscales para una comunidad de propietarios se ha incrementado en un 20% en los últimos cinco años añadiendo cada vez más complejidad a la gestión de un edificio. La inspecciones eléctricas, certificado de eficiencia energética, solicitud de subvenciones, modelo 347 de Hacienda o notificaciones telemáticas son algunos ejemplos de nueva obligaciones.
Así, la responsabilidad de ser presidente de una comunidad es cada vez mayor y es importante conocer las obligaciones que implica el cargo, así como las consecuencias, porque por negligencia u omisión de deberes podría incluso tener una responsabilidad penal.
A la gran carga administrativa hay que sumarle que los problemas de un edificio son variados y a veces complejos. “El aumento de los pisos turísticos, las molestias ocasionadas por terrazas, la accesibilidad de las fincas, los okupas y la morosidad son cinco de los temas que más preocupan a los vecinos de Madrid y sobre los cuales el Colegio atiende un mayor número de consultas”, señala Manuela Julia Martínez, presidenta de CAFMadrid.
“Consideramos que los pisos turísticos, al igual que el desarrollo de actividades en un edificio residencial, tienen que estar debidamente regulados e inspeccionados por la Administración” opina la presidenta de CAFMadrid. “En este sentido”, añade, “siempre que la utilización de la propiedad como vivienda de uso turístico no genere molestias y que los estatutos de la comunidad no lo prohíban, esta nueva actividad debería conciliarse”.
Con respecto al tema de las terrazas y veladores, “se siguen incrementando las quejas de los vecinos, especialmente del Distrito Centro, sobre todo por el ruido, el difícil acceso al edificio y la suciedad ocasionados”, apunta esta institución, que solicita a la Administración que se tenga en cuenta la opinión de las comunidades de propietarios afectadas
Con el objetivo de orientar al ciudadano sobre estos y otros temas, el colegio ha puesto en marcha una campaña informativa “¡TE TOCA SER PRESIDENTE!”, con un autobús que recorrerá durante quince días los principales barrios de Madrid capital y algunos de los municipios más importantes de la Comunidad (Alcorcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Alcobendas, Majadahonda, Collado Villalba y Torrejón de Ardoz).

El Juzgado de Madrid especializado en cláusulas suelo ingresó 1.102 demandas vía LexNET en su primeros quince días de funcionamiento

Sábado, 17 de junio de 2017

Viernes, 16 de junio de 2017  – poderjudicial.es

El Juzgado de Madrid especializado en cláusulas suelo ingresó 1.102 demandas vía LexNET en su primeros quince días de funcionamiento

La proyección de este dato a un trimestre, elevaría la cifra a 6.612 procedimientos de esta materia, lo que supondría un aumento del 298 por ciento

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid, especializado desde el pasado 1 de junio en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, registró en sus primeros quince días de funcionamiento 1.102 demandas presentadas de forma electrónica vía Lexnet, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia al Consejo General del Poder Judicial.

La cifra incluye todos los litigios de este tipo registrados entre el 1 de junio y las 15:00 horas del 15 de junio.

La proyección de este dato a un trimestre supondría que serían 6.612 las demandas de procedimientos ordinarios sobre condiciones generales de la contratación registradas. Ello representaría un incremento del 298 por ciento en los asuntos de esta materia, ya que la cifra de ingreso de demandas relacionadas con esta materia correspondiente al primer trimestre de 2017 fue de 1.661, según la información facilitada al CGPJ por el decano de los Juzgados de Madrid.

Creada la Comisión de Seguimiento del mecanismo extrajudicial para la reclamación de cláusulas suelo

Viernes, 16 de junio de 2017

26 de mayo de 2017 mineco.gob.es
Creada la Comisión de Seguimiento del mecanismo extrajudicial para la reclamación de cláusulas suelo
Las entidades de crédito deberán dar información detallada sobre las solicitudes presentadas por los consumidores afectados
El decreto también flexibiliza el plazo de constitución del fondo de reserva de las fundaciones bancarias
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación del mecanismo extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo indebidas. Esta norma desarrolla el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y regula la composición de la comisión, las funciones que va a llevar a cabo y las obligaciones de información que tienen que asumir las entidades de crédito.

El cauce extrajudicial para la reclamación de los importes indebidamente cobrados por las cláusulas suelo se estableció en enero pasado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ella se estableció que la restitución de las cláusulas suelo debía producirse desde la fecha de la firma del contrato de hipoteca. Se trata de un mecanismo que permite reclamar ante las entidades de crédito de forma sencilla, rápida y gratuita a los consumidores afectados.

La Comisión de Seguimiento se va a encargar de recabar y evaluar la información que le traslade el Banco de España obtenida de las entidades de crédito. Publicará semestralmente un informe en el que se evaluará el grado de cumplimiento del mecanismo extrajudicial de reclamación.

Para cumplir con este objetivo, las entidades de crédito tendrán que remitir la siguiente información:

Número de solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, así como los motivos.
Importe correspondiente a las solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo
Número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores
Cada entidad deberá informar sobre el sistema que haya implantado para garantizar la comunicación previa a los consumidores, cuyo préstamo hipotecario tiene incluidas cláusulas suelo
Asimismo la Comisión podrá solicitar al Ministerio de Justicia información sobre procedimientos judiciales. En concreto, aquellos en los que se ejerciten acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación, incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias y cuyo prestatario sea una persona física.

La Comisión estará integrada por el subgobernador del Banco de España, que la presidirá; el secretario general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; un representante del Ministerio de Justicia; un representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios; un representante del Consejo General de la Abogacía Española; un representante del Consejo General del Poder Judicial; y un representante de la Asociación Hipotecaria Española.

Por otro lado, el Real Decreto amplía el plazo de constitución del fondo de reserva de las Fundaciones Bancarias que controlen entidades de crédito, desde los 5 años actuales prorrogables dos más mediante autorización del Banco de España, hasta 8 años ampliables uno más. Los plazos cuentan desde que entró en vigor la Circular del Banco de España de junio de 2015. Además, hasta que el fondo de reserva alcance el importe objetivo, las fundaciones bancarias deberán destinar al mismo el 30% de los dividendos cobrados por las entidades de crédito, porcentaje que con anterioridad era del 50%. Ambas modificaciones permiten dar una cierta flexibilidad para dotar el fondo de reserva, sin mermar la finalidad principal de reforzar la solvencia de las antiguas cajas de ahorro.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la transposición de la directiva europea que establece los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado. La modificación introduce la potestad de la CNMV de suspender el ejercicio de los derechos de voto asociados a los instrumentos financieros que se hayan adquirido sin cumplir con las correspondientes obligaciones de comunicación.

Además, se ha aprobado la adaptación a la normativa comunitaria la regulación sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores. El objetivo de estos cambios es permitir la adaptación de Iberclear, la plataforma española de pagos y liquidación de valores, a Target2-Securities, la plataforma paneuropea de la que formará parte desde septiembre de este año y reforzar la protección de las garantías otorgadas en las operaciones de compensación y liquidación de valores.

La posición de inversión productiva extranjera en España aumentó un 1,9% en 2015

Viernes, 16 de junio de 2017

30 de mayo de 2017 mineco.gob.es
La posición de inversión productiva extranjera en España aumentó un 1,9% en 2015
De esta inversión dependen 1,18 millones de empleos, un 1,5% más que en 2014
La cifra de negocio asociada al stock se sitúa cerca de 390.000 millones de euros, casi un tercio del PIB
La posición total de la inversión extranjera (stock) en España se situó en 387.315 millones de euros al cierre de 2015, con un aumento del 0,5% sobre 2014. Si se descuentan las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), que no tienen efectos económicos directos, la inversión productiva alcanzó los 347.745 millones de euros, un 1,9% más que en el ejercicio anterior, según los datos de las 12.346 empresas que figuran en el Registro de Inversiones Extranjeras (RIE).

De estas inversiones productivas dependen 1,18 millones de empleos, un 1,5% más que en 2014. La cifra de negocios generada por el stock extranjero ascendió a 389.450 millones de euros, en torno a un tercio del PIB español, con un incremento del 2% sobre el año anterior.

Los resultados de las empresas en las que tienen participación inversores extranjeros (sólo se consideran a estos efectos porcentajes superiores al 10%) aumentaron un 6,6%, hasta 21.310 millones de euros.

El stock de inversión extranjera es el resultado de sumar el valor de las participaciones en el patrimonio neto (valor contable) de la empresa en que se realiza la inversión directa y el saldo vivo de los préstamos netos de inversores no residentes a esas empresas.

Los datos del RIE reflejan que el aumento del stock productivo se debió, fundamentalmente, al incremento del patrimonio neto en un 6,3%, dado que la financiación de inversores extranjeros a sus participadas se redujo un 13,5%, reflejo de la mejora en el acceso a la financiación en España. El stock se concentró, sobre todo, en sociedades no cotizadas, que representaron un 91% del total del patrimonio neto.

La posición de inversión productiva está altamente concentrada en grandes empresas: 100 grupos empresariales absorben el 61,7% del total en tanto que 2.283 empresas apenas aportan el 1,5% de la inversión productiva.

Respecto a la procedencia de la inversión, Estados Unidos encabeza el listado, con un 14,4%; seguido de Reino Unido (12,8%), Italia (11,8%) y Francia (11,5%). Los diez primeros países representan el 80,7% del stock. Los cuatro países principales repiten posiciones respecto al ejercicio 2014, si bien el stock procedente de Reino Unido subió un 10% y el de Francia, un 3,2%, mientras que el de EE.UU bajó un 2% y el de Italia, un 6,3%.

El stock por sectores receptores de inversión continúa estable en los últimos años y se concentra en el suministro de energía eléctrica y gas (15,8%); fabricación de otros productos minerales no metálicos (8,7%); telecomunicaciones (6,7%); comercio al por mayor e intermediación comercial (6,5%); y actividades inmobiliarias (4,9%), entre otros.

Por comunidades autónomas, la distribución del stock se concentra en un 87% en cuatro de ellas: Madrid (64,5%); Cataluña (13,7%); Asturias (5,1%); y País Vasco (3,7%), aunque hay que advertir que el llamado “efecto sede” tiende a sobrevalorar las ubicaciones en los grandes polos económicos.

Las estadísticas de stock se publican con tanta demora porque, a efectos del RIE, el cierre contable del ejercicio 2015 de las empresas extranjeras que invierten en España se realiza hasta el 30 de junio de 2016 y las empresas disponen de 9 meses más para declarar sus inversiones (hasta marzo de 2017).

El juzgado Contencioso de Cartagena condena al Ayuntamiento a devolver las plusvalías de la venta de terrenos urbanos

Jueves, 15 de junio de 2017

Lunes, 12 de junio de 2017  poderjudicial.es

El juzgado Contencioso de Cartagena condena al Ayuntamiento a devolver las plusvalías de la venta de terrenos urbanos

Tras la sentencia que declara la inconstitucionalidad del cálculo de este impuesto, establece que la Administración debe probar el incremento de valor

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena ha dictado recientemente dos resoluciones por las que se condena al Ayuntamiento de Cartagena a devolver 5.143 euros y 2.580,81 euros que cobro de plusvalía, o impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la venta de un terreno por parte de una persona física y una sociedad limitada, respectivamente.

Se recoge por primera vez en la Región de Murcia la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas (LRHL), declarada por el Tribunal Constitucional en Sentencia de 11 de mayo de 2017. Preceptos referidos al sistema de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y a las facultades del Ayuntamiento para la comprobación del mencionado impuesto.

En estas resoluciones se establece que no es el contribuyente el que tiene que probar que no hubo el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana entre la adquisición y la transmisión sino que es la Administración que recauda la que debe probar su concurrencia.

“Es un hecho notorio que el suelo puede incrementar o disminuir su valor con el paso del tiempo en función de múltiples variables; en esta tesitura se dictaron múltiples sentencias en que se abría la posibilidad al contribuyente para que pudiera probar la inexistencia de incremento del valor del suelo a través de una prueba pericial”, recoge una de las resoluciones.

Tras declarar la inconstitucionalidad del artículo 107.1 y 107.2.a LRHL, en la que se parecía dar por supuesto (y así lo defendían los Ayuntamientos y la Dirección General de Tributos) que con toda transmisión de terrenos de naturaleza urbana existiría siempre un incremento de valor del mismo respecto al momento previo de su adquisición, “se cierra el paso a cualquier tipo de presunción sobre la existencia de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

“En esta tesitura, en relación a las liquidaciones llevadas a cabo por los Ayuntamientos sobre plusvalías será necesario que estos acrediten la existencia de ese incremento de valor si les es discutido por el contribuyente (a través de una prueba pericial pública o privada), mientras que en las autoliquidaciones deberán permitir el recurso, y en caso de que se alegue la inexistencia de incremento del valor deberá ser estimado, salvo que a través de la antedicha pericial municipal se acredite que si existe ese incremento” fundamenta la resolución.

España mantiene su puesto en el ranking de competitividad mundial

Jueves, 15 de junio de 2017

01 jun 2017
World Competitiveness Ranking 2017

España mantiene su puesto en el ranking de competitividad mundial
España mantiene su posición en el Ranking de Competitividad Mundial 2017 al ocupar el puesto 34 –el mismo que en 2016– de un total de 63 economías analizadas, según la información elaborada por el Servicio de Estudios de CEOE, en base al informe World Competitiveness Ranking que ha elaborado el Institute for Management Development (IMD), con el que colabora CEOE, y en el que se aborda la dimensión política, social y cultural de la competitividad, además de la estrictamente económica.
ceoe.es

En comparación con el estudio de 2016, nuestro país mejora su posición en Eficiencia del Sector Público, en la posición 38, y en Infraestructuras, donde se sitúa en el puesto 26, y empeora en Resultados Económicos, con el lugar 35, y en Eficiencia Empresarial, en el 42 del total de 63 países.

Los aspectos en los que más se ha avanzado en el último año son: riesgo de inestabilidad política, diferencial de tipo de cambio, estabilidad del tipo de cambio, inflación y velocidad de la banda ancha.

Los aspectos en los que más se ha deteriorado la competitividad en el último ejercicio son: capitalización de la Bolsa, gasto público en educación por alumno, exportaciones de servicios comerciales y financiación de pensiones.

Los factores más atractivos de la economía española siguen siendo: infraestructuras fiables, mano de obra cualificada, dinamismo de la economía, actitudes abiertas y positivas.

El World Competitiveness Ranking 2017 está liderado por Hong Kong, Suiza y Singapur, ocupando las siguientes posiciones EEUU y Holanda. Irlanda se coloca en sexta posición y se sitúa por encima de Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Emiratos Árabes Unidos, que ocupan las primeras diez posiciones. Por lo que se refiere a las grandes economías de la Unión Europea, Alemania se coloca en el puesto 13 del ranking, Reino Unido en el 19, Francia en el 31 e Italia en el 44.

Por otra parte, en esta edición se incluye, por primera vez, un informe sobre competitividad digital. El nuevo Digital Competitiviness Ranking introduce criterios para medir la capacidad de los países de adoptar y explorar las tecnologías digitales, dirigiendo la transformación de las actuaciones gubernamentales, los modelos de negocio y la sociedad en general. Este informe está liderado por Singapur, seguido de Suecia, Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Hong Kong, Suiza, Canadá y Noruega. La economía española ocupa el puesto 30, igual que en 2016.
– Resultados del World Competitiveness Ranking 2017 .

Los Juzgados especializados en cláusulas suelo registraron 1.986 demandas vía LexNet en su primera semana de funcionamiento

Miércoles, 14 de junio de 2017

Lunes, 12 de junio de 2017  poderjudicial.es

Los Juzgados especializados en cláusulas suelo registraron 1.986 demandas vía LexNet en su primera semana de funcionamiento

De mantenerse ese ritmo en la entrada de demandas sobre condiciones generales de la contratación, el número de demandas en un año natural ascendería a 90.611. Los datos corresponden a las trece Comunidades Autónomas que tienen implantado el sistema LexNET

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de demandas presentadas vía LexNet en la primera semana de funcionamiento de los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 1.986, según los datos facilitados al Consejo General del Poder Judicial por el Ministerio de Justicia.

La cifra incluye las demandas presentadas de forma electrónica a través de este sistema entre el 1 de junio y las 15:00 horas del 8 de junio en las trece Comunidades Autónomas que lo tienen implantado, que son todas salvo las de Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco.

Teniendo en cuenta que los datos corresponden solo a la primera semana de funcionamiento, la proyección de esta cifra a un año natural supondría que serían 90.611 las demandas de procedimientos ordinarios sobre condiciones generales registradas en los órganos judiciales especializados.

En estas trece Comunidades Autónomas, la media anual de procedimientos ordinarios –no se incluyen los procedimientos verbales ni los monitorios- durante los últimos cinco años (2012-2016) fue de 123.511.

La proyección del dato conocido hoy permitiría estimar en un 73,4 por ciento el incremento anual de los procedimientos ordinarios como consecuencia del ingreso de litigios sobre condiciones generales de la contratación.
Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

La Guardia Civil destapa un importante fraude en la gestión de residuos de la construcción y demolición que se vertían ilegalmente en un Parque Natural

Miércoles, 14 de junio de 2017

08/06/17 guardiacivil.es
La Guardia Civil destapa un importante fraude en la gestión de residuos de la construcción y demolición que se vertían ilegalmente en un Parque Natural

Los vertidos afectan a un espacio natural protegido con un importante valor ecológico que albergan especies de flora y fauna protegida

Se han vertido ilegalmente más de 800.000 metros cúbicos

Existe un potencial riesgo de incendio entre otros riesgos medioambientales

Se ha detenido a 12 personas y se ha investigado a otras 25, además de haber sido investigadas 11 personas jurídicas y bloqueadas más de 170 bienes muebles e inmuebles valorados en más de 5 millones de euros
La Guardia Civil destapa un importante fraude en la gestión de residuos de la construcción y demolición que se vertían ilegalmente en un Parque Natural

La Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el Juzgado de Instrucción nº 1 de Torrox, en el marco de la operación “RUBBISH”, desarrollada en la localidad de Nerja, ha procedido a la detención de 12 personas, 25 personas investigadas, y la investigación de 11 personas jurídicas, así como al bloqueo de más de 170 bienes muebles e inmuebles (viviendas, terrenos, embarcaciones, vehículos, etc.) valorados en más de 5 millones de euros,  por los supuestos delitos contra el medio ambiente y recursos naturales, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva, y prevaricación administrativa.

 

La investigación de inició en agosto del pasado año, a raíz de las denuncias presentadas por la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA) y por la Federación Española de Asociaciones de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición, por el vertido ilegal e incontrolado de residuos de la construcción y demolición, residuos peligrosos, residuos de podas y vegetación, plásticos, etc., en una antigua cantera situada en el Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama de Nerja.

 

Fruto de las investigaciones, se pudo comprobar que se había constituido desde hace más de 15 años un vertedero ilegal en una antigua cantera sita en el Paraje de “Río de la Miel de Nerja”, que estaba siendo explotado y gestionado económicamente por un grupo de empresas del sector de la construcción del municipio de Nerja incumpliendo las normas administrativas.

 

Estas empresas estaban realizaron una actividad importante de recogida y transporte de residuos de la construcción y demolición entre los que también se encontraban residuos peligrosos, para posteriormente verterlos sin ningún tipo de control en dicho vertedero ilegal.

 

Dichos vertidos se realizaron a sabiendas de su ilegalidad y con conocimiento de la existencia de plantas autorizadas en la zona y de la normativa de aplicación, e incluso se llegaron a expedir certificaciones acreditativas a clientes de que los residuos habían sido depositados en vertederos controlados, por lo que se sintieron engañados ya que habían pagado un servicio bajo la creencia de que sus residuos estaban siendo gestionados correctamente y cumpliendo con la normativa medioambiental.

 

Cabe destacar, que este vertedero ilegal afecta directamente al espacio natural protegido Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, el cual cuenta con otras figuras de protección como Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA), Red Natura 2000, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Conservación, etc.

 

Entre los riesgos y graves peligros medioambientales que representa este vertedero destacan:
•El riesgo potencial de incendio por la no gestión de los gases producidos en la masa del residuo, siendo alguno de ellos inflamables y por lo tanto, con riesgo de explosión por autocombustión.
•La estabilidad del vertedero, ya que el depósito incontrolado de los residuos se ha estado llevando a cabo durante todos estos años sin ningún tipo de control ni estudio lo que supone un gran peligro de estabilidad con el consiguiente riesgo para las personas.
•Contaminación por filtración de los líquidos a las aguas subterráneas.

Además, se ha comprobado la existencia de un posible fraude en la gestión de los residuos de la construcción y demolición podría ascender a más de 2.500.000 millones de euros que sería el coste aproximado de la correcta gestión de esos residuos que han sido vertidos indiscriminadamente y de manera ilegal en el vertedero de Río de la Miel de Nerja.

 

Se estima, según informes técnicos, que el volumen total aproximado de los residuos existentes en dicho vertedero podría ser más de 800.000 metros cúbicos, y que el coste aproximado de restauración podría superar los 10.700.000 de euros, todo ello según Informe Técnico Visado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía.

 

En la operación han participado agentes pertenecientes al Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Málaga.

 

Desde el SEPRONA se recuerda que la normativa de residuos obliga a todos los agentes implicados (promotores, constructores, particulares, etc.) a que todos los residuos de la construcción y demolición deben ser entregados a un gestor autorizado para su correcta gestión, debiéndose previamente comprobar que los residuos están siendo entregados a empresas legalmente autorizadas y por otro lado conservar los documentos acreditativos de dicha gestión.

Para más información pueden dirigirse a la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga en el teléfono 952 07 15 39.

La Audiencia de Alicante condena a un falso agente de una entidad financiera por intentar vender pisos de la Caja sin conocimiento de la entidad

Martes, 13 de junio de 2017

Viernes, 9 de junio de 2017  – poderjudicial.es

La Audiencia de Alicante condena a un falso agente de una entidad financiera por intentar vender pisos de la Caja sin conocimiento de la entidad

La Sala absuelve a otro hombre acusado de participar en estas operaciones

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a nueve meses de prisión a un hombre que se hizo pasar por un agente inmobiliario de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, para intentar vender pisos del stock de viviendas del banco, cuyos propietarios originales no habían podido pagar, por lo que habían pasado a ser propiedad de la entidad.

La Sala le considera culpable de los delitos de intento de estafa y falsedad en documento mercantil. La sentencia absuelve a otro hombre, que estaba acusado de participar en operaciones similares.

Según el relato de hechos probados, el condenado, que conoció en 2011 por los medios de comunicación la situación económica de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la importante bolsa de viviendas de la que disponía, confeccionó un documento falso en el que se certificaba que el acusado estaba autorizado para vender en exclusiva los inmuebles del banco. El hombre nunca había trabajado para la entidad. Además, obtuvo de la web de la CAM un listado de viviendas, sobre todo de Madrid y la zona del Mediterráneo, con el precio de venta fijado por el banco, al que él añadió a mano un precio de tasación, muy superior al que había fijado la entidad.

Con este sistema, contactó con al menos un posible cliente, al que remitió los dos documentos con la intención de realizar una operación de compra-venta. El cliente dudó de la documentación y avisó a la CAM.

El TC, por unanimidad, declara inconstitucional la llamada “amnistía fiscal” aprobada por el gobierno en 2012

Martes, 13 de junio de 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 38/2017 tribunalconstitucional.es
El TC, por unanimidad, declara inconstitucional la llamada “amnistía fiscal” aprobada por el gobierno en 2012
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Esta norma permitió regularizar la situación tributaria de las personas físicas y jurídicas que no habían declarado a la Hacienda Pública todos sus ingresos. La disposición impugnada ha sido declarada inconstitucional y nula por vulnerar el art. 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (art. 31.1 CE). En virtud del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la decisión del Tribunal no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Andrés Ollero.
El Real Decreto-ley impugnado previó la posibilidad de que los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y del impuesto de sociedades (IS) que no declararon todas sus rentas presentaran una declaración para regularizar su situación tributaria. Las rentas así declaradas tributarían al 10%, sin aplicación de recargos ni sanciones penales o administrativas.
Para determinar si el Gobierno traspasó los límites establecidos por la Constitución al empleo del decreto-ley (art. 86.1 CE), el Tribunal ha valorado si la medida prevista en la disposición adicional recurrida afectó de forma sustancial al deber general de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza y mediante un sistema tributario justo. Dicho análisis se ha realizado mediante el examen de la naturaleza de los tributos afectados, de los elementos del tributo que resultaron alterados y, finalmente, mediante el examen del alcance de la regulación aprobada.
El Pleno concluye que la medida impugnada ha tenido tres “importantes efectos”: permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas “a un tipo reducido” (10 por ciento); eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de “la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria”; y, por último, convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación “en renta declarada a todos los efectos”.
La sentencia explica que la regularización se dirigió “a la totalidad de los contribuyentes afectados por los impuestos directos”, que “constituyen los pilares estructurales del sistema tributario”. Además, repercutió en “la determinación de la deuda
tributaria pendiente de los tributos afectados, en todos sus componentes (cuota tributaria, intereses de demora, recargos y sanciones)”, permitiendo “la regularización a un tipo reducido con exclusión de toda responsabilidad accesoria”. Con ello, “el efecto que ha producido en quienes se han acogido a la regularización es (…) la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización”.
Todo ello lleva al Tribunal a afirmar que la previsión contenida en el Real Decreto-ley 12/2012 “ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o no residentes), al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas –aunque ocultadas a la Hacienda Pública- por un gravamen único del 10 por ciento, exento de intereses, recargos y sanciones (administrativas y penales)”. Por tanto, la norma “ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” que enuncia el art. 31.1 CE al haber “alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes”. Y lo ha hecho en unos términos “prohibidos” por el art. 86.1 CE.
En respuesta a algunas de las alegaciones del Abogado del Estado, el Tribunal realiza también las siguientes consideraciones:
Sostiene que el hecho de que la medida cuestionada pudiera contar con una justificación que la legitimase (como es la “necesidad de ajustar el déficit público para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el art. 135 CE”), “sería un requisito necesario pero en ningún caso suficiente, desde el plano constitucional, cuando se introduce mediante el uso de un instrumento normativo a través del cual no se puede afectar al cumplimiento de un deber de los previstos en el Título I de la Constitución”. Lo mismo ocurre con las recomendaciones de la OCDE referidas a la promoción de procedimientos especiales para quienes hubieran incumplido sus obligaciones tributarias, pues “tampoco servirían para legitimar la forma en la que se ha adoptado la medida impugnada”. “Cualesquiera que sean los fines que guíen al legislador”, “(…) deben respetarse los principios establecidos en el art. 31.1 CE, en orden a conseguir un sistema tributario justo”.
Finalmente, la sentencia advierte de que la adopción de medidas que, “en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE)”. De esta forma, se legitima “como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.
En conclusión, “el objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular”.
Madrid, 8 de junio de 2017

El BCE mantiene los tipos de interés en el 0,00% en junio

Lunes, 12 de junio de 2017

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales
8 de junio de 2017  bde.es
Decisiones de política monetaria
En su reunión de hoy, celebrada en Tallin, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,40 % respectivamente. El Consejo de Gobierno espera que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en los niveles actuales durante un período prolongado que superará con creces el horizonte de sus compras netas de activos.
En relación con las medidas de política monetaria no convencionales, el Consejo de Gobierno confirma que las compras netas continuarán al actual ritmo de 60 mm de euros mensuales hasta el final de diciembre de 2017 o hasta una fecha posterior si fuera necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de Gobierno observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con su objetivo de inflación. Las compras netas se llevarán a cabo paralelamente a la reinversión del principal de los valores adquiridos en el marco de este programa que vayan venciendo. Si las perspectivas fueran menos favorables, o si las condiciones financieras fueran incompatibles con el progreso del ajuste sostenido de la senda de inflación, el Consejo de Gobierno prevé ampliar el volumen y/o la duración de este programa.

UGT exige compromiso político para acabar con la pobreza, especialmente, la que afecta a los niños y niñas

Lunes, 12 de junio de 2017

UGT exige compromiso político para acabar con la pobreza, especialmente, la que afecta a los niños y niñas

Mañana se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil

UGT | domingo, 11 de junio de 2017 ugt.es
UGT, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra mañana, pide el compromiso de los partidos políticos para implementar, cuanto antes, medidas que combatan la pobreza en nuestro país, especialmente la que afecta a los niños y niñas (muchos de los cuales no tienen cubiertas sus necesidades básicas). El Sindicato critica la lentitud en la tramitación para poner en marcha la Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos por la pobreza no puede esperar,  y afirma que el Gobierno, pese al crecimiento económico, sigue sin priorizar las necesidades sociales (tal y como ha reflejado nuevamente en los Presupuestos Generales del Estado). El sindicato exige más recursos para los servicios sociales y la protección a las familias y a la infancia.

Este año, la OIT centra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en la protección a los niños que trabajan en las zonas afectadas por los conflictos y catástrofes, una reivindicación compartida con nuestro Sindicato.

Los niños son los grandes damnificados también por las grandes crisis económicas como en la que hemos estado inmersos en nuestro país, y sus derechos básicos son vulnerados (muchos se ven expulsados incluso de sus hogares, al no poder afrontar su familia los gastos de la vivienda; otros padecen falta de alimentos, de ropa, de asistencia sanitaria y de medicinas y tiene limitaciones drásticas en sus posibilidades de formación). Es decir, padecen situaciones de pobreza de las que es muy difícil salir.

Se debe prever la implantación de medidas que eviten que los efectos de una crisis económica y decisiones políticas de reducción del gasto social, tengan una repercusión negativa en su  bienestar, tal y como está sucediendo. La baja calidad del empleo, el elevado desempleo, la cada vez más escasa cobertura de prestaciones (como la protección de desempleo), o la insuficiencia de otras prestaciones como las rentas mínimas de inserción y otras ayudas sociales (como la prestación con hijo a cargo) no son capaces de prevenir las situaciones de pobreza ni, por tanto, de proteger a la infancia. En España, la tasa de riesgo de pobreza para los menores de 16 años asciende al 28,9% (es decir, 2,3 millones de niños y niñas son pobres) y la pobreza severa afecta a un 8,4% estos menores.

Pese al crecimiento económico, el Gobierno sigue sin dar respuesta a esta situación, tal y como se ha comprobado en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, pues no ha incrementado el gasto público destinado a las familias más vulnerables, ni está en su agenda priorizar medidas para atajar esta realidad social: han aumentado las personas pobres y éstas cada vez son más pobres (se empobrece la pobreza). En este sentido, el sindicato hace hincapié en la importancia de redoblar los esfuerzos de la inspección de trabajo y el control para prevenir y evitar el trabajo infantil.

UGT alerta de la urgencia para solucionar la pobreza en nuestro país, sobre todo la que afecta a los niños. Es una cuestión de justicia social.  En este sentido, exige un incremento de los recursos destinados a los servicios sociales y a la protección a las familias y a la infancia. Esto implica, entre otras medidas, ayudas económicas a las familias con rentas más bajas, el incremento de la prestación por hijo a cargo; el establecimiento de bonificaciones, descuentos y la gratuidad en el acceso y disfrute a bienes y servicios; la implementación de apoyos sociales para garantizar el acceso a una escuela de calidad, a una vivienda digna, a alimentos, ropa, a la sanidad, al ocio y la cultura.

UGT demanda, asimismo, avanzar en la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular por una Prestación de Ingresos Mínimos, presentada por los sindicatos en el Congreso de los Diputados, y que cuenta con el aval de  más de 700.000 firmas y apoyo mayoritario de los partidos parlamentarios. Actualmente se encuentra estancada, ante una eterna presentación de enmiendas fijada por la mesa del Congreso.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 propuesto por el Gobierno es insuficiente y poco útil

Domingo, 11 de junio de 2017

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 propuesto por el Gobierno es insuficiente y poco útil

UGT presenta alegaciones al Plan y reclama clarificar su financiación

UGT | sábado, 10 de junio de 2017 – ugt.es

La Unión General de Trabajadores considera que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 presentado por el Gobierno no pasa de ser un escaso y muy insuficiente paliativo para los serios problemas de acceso a la vivienda existentes en nuestro país. En las alegaciones presentadas por el Sindicato al Borrador de Real Decreto del Plan destaca que no se incorpora al mismo el impacto económico y presupuestario, y sería importante conocer de dónde van a salir los recursos para financiar el Plan, especialmente si tenemos en cuenta que los tres programas que conforman la política de vivienda del Ministerio de Fomento han bajado un 20,54%. Las medidas destinadas a los jóvenes, además, resultarán prácticamente inviables para la inmensa mayoría de ellos dada la precariedad laboral que padecen.

El Sindicato considera que es necesario que el nuevo Plan tenga una mayor dotación de recursos que el vigente Plan de Vivienda 2013-2016, y que se defina y concrete el programa de fomento del parque de viviendas en alquiler que debe contribuir a reforzar el débil peso de la vivienda de alquiler en nuestro país. España tenía en 2016 (según la Encuesta Continua de Hogares) un 77,5% de viviendas principales en propiedad y un 17,3% de alquiler, del que sólo un 2% eran viviendas sociales en alquiler, lo que equivale a decir que en España no existe un parque social de viviendas en alquiler.

La falta de datos presupuestarios impide conocer el número de actuaciones que se pretende alcanzar en cada programa, el número de ayudas al alquiler que se pretenden conceder en cada anualidad del Plan, o las cifras de viviendas a construir, rehabilitar, etc; datos de los que dependerá el éxito y alcance de la norma, especialmente para valorar su impacto sobre el empleo.

Las ayudas a jóvenes, prácticamente inviables

Las medidas incluidas en el Plan destinadas a la población joven resultarán poco útiles frente al hándicap que supone para su emancipación el aumento de la precariedad laboral, especialmente por los bajos salarios y la extrema temporalidad, y por la insuficiencia de las ayudas frente a la escalada de precios en el mercado de la vivienda español.

Así sucede, por ejemplo, cuando el Plan establece como requisito para optar a las ayudas a la adquisición de vivienda el disponer de una fuente regular de ingresos, lo que excluiría a miles de trabajadores y trabajadoras jóvenes sometidos a la extrema precariedad laboral. Además, se establece la incompatibilidad de las nuevas ayudas del Plan con la Renta Básica de Emancipación y/o con las concedidas por entes locales o autonómicos, así como la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan reducir el plazo de tres años para las ayudas al alquiler, lo que puede generar enormes desigualdades entre territorios.

Parece contradictorio, en definitiva, que se presente este Plan de Vivienda cuando los PGE recortaron un 20,6% las políticas de vivienda, o cuando la dotación prevista para 2017 de la Renta Básica de Emancipación es de dos millones de euros frente a los catorce millones presupuestados en 2015.

Incluir un Programa específico para víctimas de violencia de género

Asimismo, UGT ha planteado en sus alegaciones la inclusión, entre los programas de ayudas que contiene el Plan de Vivienda, un programa específico de ayuda para las víctimas de violencia de género que cumpla correctamente con las previsiones de la Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la obligatoriedad de establecer criterios de priorización para acceder a todas ayudas de todos los programas de vivienda. De igual modo, se reclama recoger los mismos derechos para las unidades familiares monoparentales con un hijo o más a su cargo (no sólo a partir de dos hijos) que, como sabemos, son mayoritariamente encabezadas por mujeres solas con hijos.

La Audiencia de Alicante condena a un año de prisión a un cartero que no repartió más de 200 cartas y paquetes postales

Sábado, 10 de junio de 2017

Jueves, 8 de junio de 2017  – poderjudicial.es

La Audiencia de Alicante condena a un año de prisión a un cartero que no repartió más de 200 cartas y paquetes postales

El funcionario de Correos, que trabaja en el área de Torrevieja, no podrá ejercer en los próximos cuatro años y medio

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un año de prisión a un cartero que repartía en el área de Torrevieja y que no entregó 226 envíos, entre cartas y paquetes postales. La sentencia, que le considera culpable de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, le impone una multa de 900 euros y le inhabilita para empleo o cargo público durante cuatro años y medio. La Sección Séptima de la Audiencia con sede en Elche ha acordado la suspensión de la pena con la condición de que el condenado no vuelva a delinquir durante los tres próximos años.

Durante el juicio, seguido por el procedimiento del Tribunal del Jurado, el Ministerio Fiscal, la acusación y la defensa del cartero mostraron su conformidad con la calificación de los hechos y con la pena solicitada, por lo que el jurado se disolvió y la Sala dictó sentencia condenatoria.

Los hechos sucedieron entre los años 2011 a 2014 cuando el cartero dejó de entregar hasta 226 envíos, la mayoría de ellos, cartas de compañías eléctricas, de organismos oficiales o de entidades bancarias. El hombre ocultó muchas de estas cartas en su taquilla y cuando la Unidad de Inspección le pidió que la abriera, el condenado dijo que no tenía la llave. Posteriormente, sí la abrió y tiró la correspondencia no entregada a la papelera del aseo de la oficina de Correos.

Además, cometió irregularidades en la entrega de correos certificados que, o bien depositaba directamente en los buzones de las casas, sin la correspondiente firma de recepción del destinatario, o bien firmaba él mismo o terceras personas, sin relación con el receptor.

España mantiene su puesto en el ranking de competitividad mundial

Viernes, 9 de junio de 2017

01 jun 2017 ceoe.es
World Competitiveness Ranking 2017

España mantiene su puesto en el ranking de competitividad mundial
España mantiene su posición en el Ranking de Competitividad Mundial 2017 al ocupar el puesto 34 –el mismo que en 2016– de un total de 63 economías analizadas, según la información elaborada por el Servicio de Estudios de CEOE, en base al informe World Competitiveness Ranking que ha elaborado el Institute for Management Development (IMD), con el que colabora CEOE, y en el que se aborda la dimensión política, social y cultural de la competitividad, además de la estrictamente económica.
En comparación con el estudio de 2016, nuestro país mejora su posición en Eficiencia del Sector Público, en la posición 38, y en Infraestructuras, donde se sitúa en el puesto 26, y empeora en Resultados Económicos, con el lugar 35, y en Eficiencia Empresarial, en el 42 del total de 63 países.

Los aspectos en los que más se ha avanzado en el último año son: riesgo de inestabilidad política, diferencial de tipo de cambio, estabilidad del tipo de cambio, inflación y velocidad de la banda ancha.

Los aspectos en los que más se ha deteriorado la competitividad en el último ejercicio son: capitalización de la Bolsa, gasto público en educación por alumno, exportaciones de servicios comerciales y financiación de pensiones.

Los factores más atractivos de la economía española siguen siendo: infraestructuras fiables, mano de obra cualificada, dinamismo de la economía, actitudes abiertas y positivas.

El World Competitiveness Ranking 2017 está liderado por Hong Kong, Suiza y Singapur, ocupando las siguientes posiciones EEUU y Holanda. Irlanda se coloca en sexta posición y se sitúa por encima de Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Emiratos Árabes Unidos, que ocupan las primeras diez posiciones. Por lo que se refiere a las grandes economías de la Unión Europea, Alemania se coloca en el puesto 13 del ranking, Reino Unido en el 19, Francia en el 31 e Italia en el 44.

Por otra parte, en esta edición se incluye, por primera vez, un informe sobre competitividad digital. El nuevo Digital Competitiviness Ranking introduce criterios para medir la capacidad de los países de adoptar y explorar las tecnologías digitales, dirigiendo la transformación de las actuaciones gubernamentales, los modelos de negocio y la sociedad en general. Este informe está liderado por Singapur, seguido de Suecia, Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Hong Kong, Suiza, Canadá y Noruega. La economía española ocupa el puesto 30, igual que en 2016.

Informe. Resultados del World Competitiveness Ranking 2017.

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