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Archivo de julio de 2017

Los juzgados especializados en materias bancarias en Aragón tramitan más de mil demandas en dos meses

Lunes, 31 de julio de 2017

Miércoles, 26 de julio de 2017  poderjudicial.es

Los juzgados especializados en materias bancarias en Aragón tramitan más de mil demandas en dos meses

La primera sentencia dictada por este juzgado fue el pasado día 3 de julio y tras ella se han dictado un total de 15 más, 10 correspondientes a reclamaciones de cláusulas suelo y 6 referidas a gastos hipotecarios o vencimientos anticipado

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los juzgados especializados en materias bancarias han recibido, a día de hoy, un total de 1.228 asuntos desde que se pusieron en marcha hace dos meses, el pasado 1 de junio.

El juzgado especializado de Zaragoza, Primera Instancia nº12 bis, es, de los tres existentes en la comunidad, el que soporta la mayor carga de asuntos con un total de 1.098 registrados a día de hoy, con un media de ingreso de entre 30 y 35 asuntos diarios.

En total, el magistrado ha celebrado 10 audiencias previas, la primera de ellas el pasado día 27, y antes de finalizar julio tiene previstas la celebración de cuatro más.

La primera sentencia dictada por este juzgado fue el pasado día 3 de julio y tras ella se han dictado un total de 15 más, 10 correspondientes a reclamaciones de cláusulas suelo y 6 referidas a gastos hipotecarios o vencimientos anticipados. Antes de agosto este juzgado prevé que el número de sentencias dictadas pueda llegar a las 20 en total.

Además de las audiencias previas, y sentencias dictadas, el juzgado ha dictado 23 autos de medidas cautelares en los que se solicitaba la suspensión de la cláusula suelo durante la tramitación del proceso. Este juzgado de refuerzo cuenta con una plantilla de un juez, un Letrado de la Administración de Justicia en comisión de servicios y cuatro funcionarios.

Por lo que a los juzgados especializados en materias bancarias de Huesca y Teruel se refiere los datos a fecha de ayer, arrojaban un volumen de asuntos ingresados de 91 en el juzgado de Primera Instancia e instrucción nº 5 de Huesca y 39 en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel.

Fuero de León

Domingo, 30 de julio de 2017

Fuero de León

1.000 años y un Fuero

Domingo, 30 de julio de 2017

1.000 años y un Fuero

leonoticias.com

La ciudad de León se prepara para conmemorar este domingo el milenario del Fuero de León, que contará con un acto religioso y varios eventos civiles que culminarán con un desfile de 100 pendones del Reino de León y más de 300 figurantes

Hace mil años que León cambió la historia de España y de Europa. Fue en concreto el 30 de julio de 1017, por ello la ciudad quiere rememorar este hito.

El Fuero de León celebra su milenario con una jornada que pretende recordar una efeméride que fue germen de los derechos universales.

El alcalde, Antonio Silván, ha presentado los actos que encumbran una «asamblea política en la ciudad de León y que supuso un hito para España y León en su contribución a Europa».

La conmemoración sirve como motivo para sentirse «orgullosos del legado de antepasados y de lo que somos como pueblo», ha reafirmado el primer edil.

San Isidoro será el epicentro de los actos. El domingo, desde las 11 de la mañana, se celebrará una misa por el rito mozárabe a cargo del abad de la Colegiata.

Un rito singular

Esta forma de llevar a cabo la eucaristía tuvo una importante repercusión en los primeros diez siglos de nuestra Era. Fue una forma diferente de realizar el rito de la Sagrada Cena en España, con especial incidencia en Toledo, donde convivían cristianos y musulmanes.

Distinguen a este acto la ausencia de signos corporalesla participación continuada de los feligreses.

Tras la invocación del Espíritu Santo en el Aula Regia y la interpretación del ‘Veni Creator Spiritus’, comenzarán las actividades civiles.

El singular evento tratará de recordar una representación con 1.000 años de antiguadad. Servirá para homenajear «a los grandes hombres que nos precedieron y sobre cuyos hombros nos hemos podido ayudar, porque parte de derechos y libertades que hoy consideramos fundamentales sin ellos no hubieran sido posibles», ha explicado la concejala de Cultura.

100 pendones ante el rey

100 pendones del Reino de León custodiarán un desfile entre San Isidoro y San Marcelo, donde un actor caracterizado como el Rey Alfonso V promulgará el Fuero de León, acompañado por el alcalde, y dará orden del despliegue de los estandartes, que posteriormente partirán por las calles de la capital. Este acto se verá acompañado por más de 300 figurantes ataviados para la ocasión.

Paralelamente, se repartirán 15.000 libros del Fuero, donde se explica su relevancia en la historia de León y de España. También se instalará en San Marcelo una exposición filatélica con motivo del Fuero. Y se entregarán pulseras bajo el lema ‘León es Fuero’ con el color púrpura del Reino y frases singulares de los leoneses.

Los actos conmemorativos servirán para rememorar las primeras leyes territoriales de la historia de Europa. 48 artículos que cumplen 1.000 años y que colocan a León como eje vertebrador de la historia de España.

El Tribunal Supremo confirma la pena de dos años y medio de prisión al exalcalde de Madroñera (Cáceres) por delito contra la ordenación del territorio

Domingo, 30 de julio de 2017

Miércoles, 26 de julio de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma la pena de dos años y medio de prisión al exalcalde de Madroñera (Cáceres) por delito contra la ordenación del territorio

La sentencia confirma su responsabilidad en la concesión de 18 licencias para construir viviendas residenciales o naves en terreno no urbanizable, entre julio de 1999 hasta mayo de 2007

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años y medio de prisión y a doce años y medio de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público al exalcalde del Ayuntamiento de Madroñera, Melecio S.S., por un delito continuado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación, en relación con la concesión de 18 licencias para construir viviendas residenciales o naves en terreno no urbanizable, entre julio de 1999 hasta mayo de 2007.

La sentencia también ha confirmado una pena de un año y nueve meses de prisión y de nueve años de inhabilitación por el mismo delito para la teniente de alcalde cuando ocurrieron los hechos, por su intervención en varios expedientes. De acuerdo con los hechos recogidos en la sentencia recurrida, en todos los casos, lo construido no sólo estaba en suelo no urbanizable sino que, además, se había realizado una obra que no se correspondía con lo solicitado que era la construcción de una habitación para aperos de labranza, almacén, caseta para uso agrícola, nave de uso ganadero, caseta de almacén o gallinero.

Para la Sala, no existe el vacío probatorio denunciado por el exalcalde en su recurso, pues existió prueba clara de la realización de una obra con el apoyo de una licencia concedida para un fin distinto, “obviándose todos los controles existentes sobre la legalidad urbanística” para realizar obras en un suelo no urbanizable de especial protección agrícola, sin registrarse el informe del arquitecto y sin que el promotor comunicase ni el comienzo ni el inicio de las obras, y sin que el Ayuntamiento realizase control alguno, limitándose a dar la autorización -en los 18 expedientes- que como pretexto se solicitaba, y que ocultaba en la mayoría de los casos una vivienda residencial o un almacén que excedía del volumen para el que había sido solicitado.

El tribunal indica que el recurrente no puede parapetarse en la confianza que tenía en los técnicos; “un mantra”, que recuerda, recorre todos los procesos penales de corrupción política y económica. “En realidad, se actuaba en clave de total opacidad, conscientemente asumida y querida por el recurrente, por lo que no puede eximirse de su responsabilidad”, subraya la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez.

La Sala de lo Penal también rechaza la alegación del exalcalde relativa a que son meras infracciones administrativas y que él desconocía que vulneraba la legislación vigente. A este respecto, indica que debido a que la vulneración de la legislación administrativa fue muy amplia y que de la prueba se deduce que el entonces alcalde sabía que estaba concediendo licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes, e incluso que sugería a algunos de los interesados que solicitaran licencia de obras porque sería concedida, es por lo que no se está ante un mero incumplimiento de algún requisito administrativo que pudiera dar lugar a un defecto en los expedientes, sino a “una acción coordinada de vulnerar la normativa urbanística vigente de una forma grosera, repetida y reiterada en el tiempo”.

Las empresas exportadoras mejoran sus perspectivas de actividad a 12 meses y las de contratación

Sábado, 29 de julio de 2017

18 de julio de 2017 mineco.gob.es
Las empresas exportadoras mejoran sus perspectivas de actividad a 12 meses y las de contratación
El Indicador Sintético de la Actividad exportadora (ISAE) refleja una mejora de las expectativas a 12 meses en casi tres puntos, hasta 40,3
Las perspectivas sobre contratación mejoran tanto en el trimestre actual como a 12 meses
Las empresas exportadoras mejoran sus perspectivas sobre evolución de la cartera de pedidos a doce meses, percepción que se extiende también a la previsión de contratación. Las perspectivas exportadoras a tres meses son bajistas, por el efecto estacional que implica la menor actividad en verano, lo que hace que el Indicador Sintético de Actividad Exportadora (ISAE) baje 2,8 puntos, hasta situarse en 23,4 puntos en el segundo trimestre del año.

El ISAE es un indicador compuesto que resume la información proporcionada por las empresas entrevistadas sobre la evolución de su cartera de pedidos de exportación en el trimestre de referencia y las perspectivas a tres y doce meses. Este indicador puede oscilar entre -100 y +100. Los valores positivos indican una mejor percepción de la actividad exportadora y de las previsiones. El ISAE se compone, a su vez, de tres indicadores simples (balance de cartera de pedidos del trimestre actual, de perspectivas a tres meses y de perspectivas a doce meses) que se construyen por la diferencia entre el porcentaje de las empresas que prevén evoluciones al alza y las que lo hacen a la baja.

El indicador balance del trimestre actual da un resultado de 20,9 puntos para el segundo trimestre, prácticamente estable respecto al trimestre anterior (21,3). Las perspectivas a tres meses descienden hasta los 18,5 puntos (30,9 en el primer trimestre), en línea con los factores estacionales asociados a las vacaciones de verano, y a doce meses las expectativas mejoran casi tres puntos, hasta los 40,3.

Respecto a los precios de exportación la estabilidad es la nota dominante, en tanto que en el margen de beneficio comercial de las exportaciones se registra una evolución ligeramente negativa.

Los tres factores destacados como influencia positiva son la evolución de la demanda externa (46,6%), la competencia en calidad (22,1%) y los recursos humanos adecuados (21,1%). Los mencionados como influencia negativa son el precio de las materias primas (54,8%), la competencia internacional en precios (53,9%), y el precio del petróleo (39%). Respecto al anterior trimestre, baja la percepción negativa en los precios de las materias primas y del petróleo y sube en la competencia en precios.

Atendiendo a la evolución del empleo o plantilla contratada en tareas   de exportación, la percepción es positiva. Los indicadores para el trimestre actual (9,9 puntos) y para los próximos doce meses (16 puntos) se incrementan respectivamente en uno y más de tres puntos sobre el periodo anterior y la contratación a tres meses (7,3) apenas desciende dos décimas. También sube, algo más de dos puntos, el indicador de empleo en actividades exportadoras.

En relación con los destinos de exportación, el valor del indicador se mantiene muy similar al del trimestre precedente, si bien empeora en Asia y mejora apreciablemente en Oceanía. Por su parte, el indicador balance a tres meses disminuye para todos los destinos excepto Latinoamérica y Oceanía.

Los principales destinos de exportación para los próximos doce meses son Francia (40,4%), Alemania (38,9%), Italia (21%), EEUU (20,4%), Portugal (18,6%), Reino Unido (18,6%), México (11,8%), China (11%) y Polonia (10,1%).

El Juzgado de Cláusulas Suelo de Cantabria declara nula la atribución al cliente de todos los gastos hipotecarios

Viernes, 28 de julio de 2017

Jueves, 27 de julio de 2017  poderjudicial.es

El Juzgado de Cláusulas Suelo de Cantabria declara nula la atribución al cliente de todos los gastos hipotecarios

En su primera sentencia, que resuelve una demanda presentada el 2 de junio, condena a Liberbank al pago de las costas procesales Considera el juez que es al banco al que interesa una escritura pública porque al cliente le bastaría con un documento privado del contrato de hipoteca

Autor:Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

Santander, 27 de julio de 2017.-

 

El conocido como Juzgado de Cláusulas Suelo de Cantabria ha notificado hoy su primera sentencia que resuelve el conflicto planteado por una demanda presentada el pasado 2 de junio, un día después de su puesta en funcionamiento.

 

El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander y encargado del Juzgado bis, Jaime Anta, ha declarado nula la cláusula de un contrato hipotecario de Liberbank que atribuía al cliente el pago de todos los gastos derivados del mismo.

 

Entiende el magistrado que la citada cláusula es una condición general que el banco predispone con anterioridad al contrato, “que impone a los consumidores”, y que “contraría la buena fe creando desequilibrio en detrimento de los demandantes”.

 

La sentencia declara nula la cláusula, pero no condena al banco a la devolución de los gastos cobrados en la formalización de la hipoteca, dado que la demanda no lo pedía.

 

Sin embargo, sí le condena a no volverla a utilizar, por lo que no podrá cobrar futuros gastos como, por ejemplo, los de cancelación de la hipoteca.

 

 

El banco es el interesado en escriturar y registrar

 

En su resolución, Anta analiza el contenido de la cláusula y se refiere tanto a los gastos de registro como a los de notaría, para concluir que unos y otros se derivan de actos realizados en interés del banco.

 

“El interesado en que conste en escritura pública la garantía del crédito es la entidad bancaria, porque con ello obtiene numerosas ventajas de todo tipo”, en alusión al proceso de ejecución ordinaria y el de ejecución hipotecaria, mientras que “al prestatario le valdría con un documento privado”.

 

Y continúa: “Es al banco a quien le interesa una escritura pública y por ello es quien requiere al notario el otorgamiento, así que será él quien tenga que costearlo”.

 

Por su parte, los prestatarios asumen tales gastos “sólo porque de otro modo no tendrían financiación, pero en puridad no eran los interesados en escriturar”.

 

En cuanto a los impuestos, señala el juez que “el desplazamiento in totum de todos los impuestos, habidos y por haber, al prestatario no guarda equilibrio”.

 

En este punto, alude a la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015 y recuerda que “no se puede entender que el prestamista quede al margen de los tributos que pudieran devengarse”.

 

Cláusula abusiva

 

Finalmente, se refiere el magistrado a la cláusula invocada en la demanda, que “en sí misma no es nula, no vulnera ninguna norma imperativa o prohibitiva”.

 

Sin embargo, considera que no supera el control de abusividad, dado que “es omnicomprensiva, genérica y se redacta de tal modo que hace referencia a gastos de devengo futuro y eventuales”.

 

“Es decir –continúa la resolución- se incluyen todos los gastos habidos y por haber”, por lo que “tan sólo por estas razones la cláusula es abusiva; no es de recibo imponerle al prestatario todo gasto pensable”.

 

A su juicio, “es dable pensar que en un contexto de trato leal y equitativo, en el marco de una negociación individual, el banco nunca podría esperar razonablemente que su cliente hubiera aceptado una regla tan tajante, tan draconiana”.

 

Por todo ello, estima la demanda presentada contra Liberbank y declara la nulidad parcial de la cláusula –en la parte que la propia demanda cuestiona- así como la condena al banco a no utilizar la misma en el futuro y a asumir las costas procesales.

 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

El juzgado especializado para cláusulas suelo en Asturias ya ha notificado sus doce primeras sentencias

Viernes, 28 de julio de 2017

Martes, 25 de julio de 2017  – poderjudicial.es

El juzgado especializado para cláusulas suelo en Asturias ya ha notificado sus doce primeras sentencias

Ha recibido 722 demandas en mes y medio y todas las resoluciones han sido, hasta el momento, favorables a los demandantes

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, que desde el pasado día 1 de junio atiende en exclusiva todas las demandas presentadas en el Principado de Asturias vinculadas a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (reclamación de cláusulas suelo abusivas, gastos de tramitación de hipotecas, etc) ya ha empezado a notificar sus primeras sentencias.

Concretamente el Juzgado, que hasta el día 20 de julio había recibido 722 demandas, ha comunicado desde el día 7 de julio en que se notificó la primera de ellas y hasta el mismo día 20, un total de 12 resoluciones, 11 ordinarias y un auto de homologación. Hasta el momento todas han sido favorables a los intereses de los demandantes, cuatro de ellas además con imposición de costas.

El juzgado viene señalando una media de quince audiencias cada uno de los tres días previstos para celebrar, tanto por parte del magistrado titular como para la juez de adscripción territorial que desde el 19 de junio presta servicios de refuerzo en el Juzgado. La previsión es que a partir del 1 de septiembre ambos celebren un mínimo de 45 audiencias a la semana.

Teniendo en cuenta que el Juzgado ha recibido en mes y medio casi el cuádruple de las causas ordinarias que antes recibía en todo un año, hay que destacar la rapidez con la que está tramitando las demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, siendo uno de los Juzgados de España que más sentencias ha notificado ya.

El procedimiento ordinario es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros y otras en función de la materia, cualquiera que sea su cuantía: condiciones generales de la contratación, derechos fundamentales, retractos, publicidad, competencia desleal, propiedad intelectual o industrial, impugnación de acuerdos sociales, arrendamientos, propiedad horizontal, etc.

Plan de urgencia del CGPJ

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consistía en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

De los Juzgados especializados, el que más demandas había ingresado en su primer mes de funcionamiento es el de Madrid, seguido por Barcelona y Valencia.

El Consejo General del Poder Judicial, que con carácter previo a la puesta en marcha del plan ya mantuvo reuniones con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, con una representación de los jueces decanos y con las Administraciones –Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia- para informarles de las medidas previstas y evaluar las posibles necesidades, ha continuado celebrando durante el mes de junio encuentros de coordinación.

La Ley de Cogestión de los Trabajadores alemana es compatible con el Derecho de la Unión

Jueves, 27 de julio de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 81/17 curia.europa.eu
Luxemburgo, 18 de julio de 2017
Sentencia en el asunto C-566/15
Konrad Erzberger / TUI AG
La Ley de Cogestión de los Trabajadores alemana es compatible con el Derecho de la Unión
El hecho de que los trabajadores de un grupo de sociedades empleados fuera de Alemania carezcan del derecho a votar y a ser candidatos en la elección de los representantes de los trabajadores en el consejo de supervisión de la sociedad matriz alemana no es contrario a la libre circulación de trabajadores
TUI AG es una sociedad anónima alemana que dirige el grupo de turismo TUI, que actúa a nivel mundial. Este grupo emplea a más de 10 000 personas en Alemania y a unas 40 000 personas en otros Estados miembros de la Unión.
El Sr. Konrad Erzberger, uno de los accionistas de TUI AG, ha impugnado ante los tribunales alemanes la composición del consejo de supervisión de esta sociedad, que tiene por misión vigilar al consejo de administración que dirige la sociedad. Con arreglo a la Ley de Cogestión de los Trabajadores alemana, la mitad de los miembros del consejo de supervisión de TUI AG son nombrados por los accionistas y la otra mitad por los trabajadores.
El Sr. Erzberger alega que la Ley de Cogestión de los Trabajadores alemana es contraria al Derecho de la Unión, ya que dispone (1) que los trabajadores del grupo empleados en Alemania son los únicos que pueden elegir a los representantes de los trabajadores en el consejo de supervisión y ser candidatos a esos puestos. En su opinión, impedir que participen en la composición del consejo de supervisión de TUI AG los trabajadores de filiales del grupo TUI situadas en otros Estados miembros —de los que puede suponerse que por lo general no son ciudadanos alemanes— constituye una violación de la prohibición general de la discriminación por razón de la nacionalidad. Considera además que la pérdida de la condición de miembro del consejo de supervisión en caso de traslado del trabajador a otro Estado miembro puede disuadir a los interesados de hacer uso de su derecho a la libre circulación de trabajadores.
En este contexto, el Kammergericht (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Berlín, Alemania), decidió preguntar al Tribunal de Justicia si la Ley de Cogestión de los Trabajadores alemana es compatible con el Derecho de la Unión.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia distingue dos situaciones.
En lo que respecta a los trabajadores del grupo TUI empleados en una filial establecida en un Estado miembro distinto de Alemania, el Tribunal de Justicia indica que su situación debe analizarse, no desde el punto de vista de la prohibición general de la discriminación por razón de la nacionalidad, sino desde el punto de vista de la libre circulación de trabajadores, que constituye una norma específica que prohíbe la discriminación por razón de la nacionalidad en materia de condiciones de trabajo.
A continuación, el Tribunal de Justicia declara que la libre circulación de trabajadores no es aplicable a la situación de estos trabajadores. En efecto, las normas sobre libre circulación de
personas no pueden aplicarse a los trabajadores que nunca han ejercido su libertad de circular dentro de la Unión ni prevén hacerlo. El hecho de que la filial que emplee a los trabajadores de que se trate esté controlada por una sociedad matriz establecida en otro Estado miembro (en este caso Alemania) carece de pertinencia a este respecto.
En lo que respecta a los trabajadores del grupo TUI empleados en Alemania y que renuncien a su puesto de trabajo para ser contratados en una filial perteneciente al mismo grupo establecida en otro Estado miembro, el Tribunal de Justicia indica que la libre circulación de trabajadores se aplica, en principio, a la situación de estas personas. Por lo tanto, no procede analizar su situación desde el punto de vista de la prohibición general de la discriminación por razón de la nacionalidad.
Sin embargo, la pérdida del derecho de voto y del derecho a ser candidatos en la elección de los representantes de los trabajadores del consejo de supervisión de la sociedad matriz alemana y, en su caso, la pérdida del derecho a ejercer o a seguir ejerciendo un mandato de representantes en ese consejo no constituyen un obstáculo a la libre circulación.
En efecto, la libre circulación de trabajadores no garantiza a un trabajador que su desplazamiento a un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen será neutro en materia social. Dadas las disparidades existentes entre los regímenes y las legislaciones de los Estados miembros, tal desplazamiento puede ser, según los casos, más o menos ventajoso para el trabajador en este aspecto. Así pues, la libre circulación de trabajadores no otorga al trabajador el derecho a reivindicar en el Estado miembro de acogida las condiciones de trabajo de que disfrutaba en el Estado miembro de origen con arreglo a la legislación nacional de este último Estado.
El Derecho de la Unión no se opone a que, en materia de representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores en los órganos de gestión o de supervisión de una sociedad nacional —materia que a día de hoy no ha sido objeto de una armonización y ni siquiera de una coordinación a nivel de la Unión—, un Estado miembro disponga que las normas aprobadas por él sólo son aplicables a los trabajadores empleados en establecimientos situados en su territorio nacional.
En el presente caso, el mecanismo de cogestión establecido por la Ley de Cogestión de los Trabajadores alemana, que pretende hacer participar a los trabajadores, a través de sus representantes electos, en los órganos decisorios y estratégicos de la sociedad, forma parte, por este motivo, tanto del Derecho alemán de sociedades como del Derecho alemán de las relaciones laborales colectivas, cuyo ámbito de aplicación Alemania puede circunscribir legítimamente a los trabajadores empleados en establecimientos situados en su territorio, ya que tal delimitación se basa en un criterio objetivo y no discriminatorio.
Por lo que respecta, en particular, a la pérdida de la condición de miembro del consejo de supervisión a consecuencia del traslado del trabajador a otro Estado miembro, el Tribunal de Justicia indica que esa pérdida no es sino la consecuencia de la decisión legítimamente adoptada por Alemania de reservar la aplicación de sus normas nacionales sobre cogestión a los trabajadores empleados por establecimientos situados en territorio alemán.
1 El Kammergericht precisa que la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia alemanas interpretan la Ley de Cogestión de los Trabajadores en este sentido.

Los juzgados especializados en cláusulas suelo de Balears empiezan a celebrar audiencias previas

Jueves, 27 de julio de 2017

Lunes, 24 de julio de 2017  poderjudicial.es

Los juzgados especializados en cláusulas suelo de Balears empiezan a celebrar audiencias previas

En las Islas se registraron más de 400 demandas en menos de dos meses

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los juzgados exclusivos de cláusulas suelo de Balears han recibido desde el 1 de junio más de 400 demandas relativas a litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario es una persona física. El Juzgado de Primera Instancia número 17 bis de Palma, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Eivissa, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Maó y el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciutadella son los órganos judiciales competentes para dichos asuntos en las Islas.

El juzgado exclusivo de la isla de Mallorca, el Juzgado de Primera Instancia número 17 bis de Palma celebra mañana su primera audiencia previa y el próximo jueves tiene señaladas dos más. En las audiencias previas se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que considera procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen solo prueba documental, el asunto quedaría ya visto para sentencia. En caso contrario, es necesaria la celebración de juicio.

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

La financiación mediante deuda corporativa alcanza los 117.000 millones y crece un 29%

Miércoles, 26 de julio de 2017

La financiación mediante deuda corporativa alcanza los 117.000 millones y crece un 29%

•La desintermediación de la financiación empresarial se intensifica en España, donde el grado de bancarización era superior a nuestro entorno
•Las principales empresas no financieras cotizadas han aumentado los recursos propios un 24% y la financiación bancaria se ha reducido un 42% desde 2010
•El reto es que las empresas de menor tamaño se apunten a esta tendencia a través de mercado alternativos como MAB y MARF

bolsademadrid.es

La caída de la financiación bancaria de las empresas no financieras del IBEX 35® tiene como contrapeso un significativo aumento de la financiación en forma de emisiones de Deuda Corporativa a corto y largo plazo. Esta modalidad, gestionada a través de los mercados de capitales, ha aumentado un 29% pasando de 90.800 millones de euros en 2010 a 117.000 millones en 2016, para el conjunto homogéneo de compañías que formaban parte del IBEX 35® en 2010 y lo seguían integrando en 2016.

El Banco de España, en su último Informe Anual, afirma que “se está produciendo un proceso de desintermediación de la financiación de las empresas españolas”, y esta conclusión la confirma también éste último estudio de BME. Los recursos propios han aumentado un 24% y la financiación bancaria se ha reducido un 42%, situándose ya muy por debajo del volumen de financiación en instrumentos de Renta Fija, que crece el 29%, según el análisis elaborado por el Servicio de Estudios.

“Como reflejan numerosos estudios recientes, la desintermediación y diversificación de la financiación de las empresas no financieras españolas es un hecho contrastado en los últimos años y es positivo para el tejido empresarial español porque reduce la vulnerabilidad financiera frente a diversas perturbaciones. Esta tendencia coincide en gran medida con los retos financieros de la empresa española, como la imperiosa necesidad de ganar tamaño, una reducción del endeudamiento que ya se ha producido de manera significativa y la diversificación de fuentes de financiación con presencia en los mercados especializados como el MAB o el MARF”, ha señalado Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME.

Los recursos propios sobre activo de las empresas españolas de mayor tamaño han llegado a situarse por encima del nivel promedio de sus homólogas de la Unión Europea Monetaria (UEM). Entre 2010 y 2016 los recursos propios de las compañías del IBEX 35® aumentaron un 24%, cifra que adquiere más significado al tratarse de empresas que en general cuentan con un acceso fácil a la financiación bancaria y a los mercados de Deuda Corporativa.

El fortalecimiento de la financiación propia en forma de capital se ha visto favorecido no sólo por el beneficio retenido, sino también por la apelación al mercado bursátil en forma de ampliaciones de capital cuyos volúmenes para el conjunto del mercado se han mantenido en los últimos cuatro años en cifras superiores a los 23.000 millones de euros de valor efectivo anual.

En los siete ejercicios últimos en los que se ha basado el Informe de BME sobre las empresas no financieras cotizadas en la Bolsa española, las ampliaciones de capital han alcanzado los 60.000 millones de euros.

En el apartado de emisiones de Deuda Corporativa, el cambio en la utilización de las empresas no financieras también ha resultado llamativo desde el año 2009. En los diez años precedentes las empresas no financieras que utilizaban este canal de financiación era de media unas diez, mientras que en los siete años últimos han sido 188 empresas las que han emitido en Renta Fija con una media anual de 27 compañías.

La financiación bancaria es la que ha sufrido la reducción más importante, especialmente en España donde el grado de bancarización era superior a nuestro entorno, y en el último año analizado, 2016, la tendencia se agudiza.  Con este panorama se abren dos grandes retos: conseguir que las empresas españolas aumenten de tamaño y abrir vías de financiación alternativas de mercado para las compañías medianas y pequeñas.

Los recursos propios sobre activo de las empresas españolas de mayor tamaño han llegado a situarse por encima del nivel promedio de sus homólogas de la Unión Europea Monetaria (UEM). Entre 2010 y 2016 los recursos propios de las compañías del IBEX 35® aumentaron un 24%, cifra que adquiere más significado al tratarse de empresas que en general cuentan con un acceso fácil a la financiación bancaria y a los mercados de Deuda Corporativa.

El fortalecimiento de la financiación propia en forma de capital se ha visto favorecido no sólo por el beneficio retenido, sino también por la apelación al mercado bursátil en forma de ampliaciones de capital cuyos volúmenes para el conjunto del mercado se han mantenido en los últimos cuatro años en cifras superiores a los 23.000 millones de euros de valor efectivo anual.

En los siete ejercicios últimos en los que se ha basado el Informe de BME sobre las empresas no financieras cotizadas en la Bolsa española, las ampliaciones de capital han alcanzado los 60.000 millones de euros.

En el apartado de emisiones de Deuda Corporativa, el cambio en la utilización de las empresas no financieras también ha resultado llamativo desde el año 2009. En los diez años precedentes las empresas no financieras que utilizaban este canal de financiación era de media unas diez, mientras que en los siete años últimos han sido 188 empresas las que han emitido en Renta Fija con una media anual de 27 compañías.

La financiación bancaria es la que ha sufrido la reducción más importante, especialmente en España donde el grado de bancarización era superior a nuestro entorno, y en el último año analizado, 2016, la tendencia se agudiza.  Con este panorama se abren dos grandes retos: conseguir que las empresas españolas aumenten de tamaño y abrir vías de financiación alternativas de mercado para las compañías medianas y pequeñas.

Los notarios piden que el legislador y no el juez fije lo que es lícito o no

Martes, 25 de julio de 2017

Los notarios piden que el legislador y no el juez fije lo que es lícito o no
Xavier Gil Pecharromán

20/07/2017 – eleconomista.es
El Notariado espera que la futura Ley de Contratos de Crédito aporte transparencia
“Las propias entidades crediticias deberían adoptar voluntariamente clausulados mucho más simples, claros y equitativos, que deberían estandarizarse en el sector de manera que la entidad que no los emplee sufra un elevado coste reputacional”, afirmó ayer el notario madrileño Manuel González-Meneses.
El fedatario, que intervino ayer en el seminario Protección del consumidor en la contratación hipotecaria, organizado por el Consejo General del Notariado en la universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander, afirmó que “para que el mercado hipotecario sea realmente más transparente, necesitamos que sea el legislador y no los jueces el que fije con claridad qué es lícito o no pactar en contratos de crédito con consumidores en las cuestiones sobre las que suscita conflicto”.

González-Meneses defendió la existencia de “una información fácilmente accesible online adaptada a lo que puede y debe entender un consumidor medio, pero sobre todo, independiente, objetiva y crítica sobre los clausulados que emplea cada entidad, para lo cual los más indicados podríamos ser los notarios, pero no necesariamente ni en exclusiva.

Así, terminó abogando por que datos que nunca han estado realmente en el mercado, sobre los cuales -por desconocimiento y por la propia falta de preparación- los consumidores nunca han podido ejercer su poder de elección, “empezasen a ser tenidos en cuenta a la hora de optar por la hipoteca de una u otra entidad, haciendo posible el shopping, es decir la elección entre diferentes productos de diferentes fabricantes”.

José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo del Notariado, por su parte, anunció que “los notarios hemos propuesto soluciones para incrementar la transparencia de los contratos que esperamos sean contempladas en el anteproyecto de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario”, cuya aprobación se intuye inmediata, como resultado de la transposición de la directiva comunitaria sobre la materia.

“Nos encontramos en un punto de inflexión en matera hipotecaria. Hasta ahora habíamos presenciado cómo la contratación era masiva, en serie, con unas condiciones generales estándares; tras la crisis se detectaron fallos en el sistema y se ha pasado a una situación en la que el consumidor demanda una máxima transparencia para que la contratación sea más justa y eficaz”, apuntó el presidente de los notarios.

Javier Rodríguez-Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca, dijo que “esperamos que la futura norma contribuya a aclarar el panorama de inseguridad jurídica actual. Pedimos claridad desde el sector bancario y que no se apliquen retroactivamente normas actuales a situaciones anteriores, ya que los productos hipotecarios duran 20 o 30 años. No hubo concesiones irresponsables de crédito, menos del 7 por ciento de la población desempleada tenía hipoteca”.

 

Sobre el anterior artículo

Martes, 25 de julio de 2017

Es curioso que hace tiempo cuando algún Notario recurría la calificación del Registrador, que trataba de impedir el acceso al registro de cláusulas abusivas, sostenía sin ningún miramiento que el único competente para dirimir la cuestión era el Juez y que el Registrador carecía de competencias en su función calificadora. El recurso notarial defendía los intereses de la entidad financiera, no los del consumidor.

 
Ahora dan un paso más. Ya no sólo el registrador, sino también el juez, carecen de competencia. Sólo la tiene el legislador.
Sobran los comentarios

 
Nos estamos refiriendo a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de abril de 2006, en la que la nota de calificación del Registrador basada en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, extendida en consideración a la posición más débil de la parte prestataria, fue recurrida por un Notario de Bilbao.

Este Notario dijo en su recurso: La cuestión no es pues si las cláusulas son nulas o válidas. Ello no debe ser el objeto de la discusión. Sino si el registrador puede arrogarse la competencia de apreciar la validez o nulidad de las cláusulas, cuando la misma no ha sido cuestionada por las partes judicialmente.
Por consiguiente, en nuestro caso, el Registrador incurre en una clara extralimitación de sus competencias, e invade lo que, constitucional y legalmente, está reservado a los Tribunales de Justicia. Es importante subrayar aquí que de lo que en este Fundamento de Derecho se trata es de combatir el intento de los Registradores, en cuanto funcionarios, de invadir la esfera competencial de los Jueces y Magistrados, hasta tal punto patente que las más recientes Resoluciones de la D.G.R.N se han visto obligadas a poner coto a tal pretensión. Baste citar por todas la Resolución de la D.G.R.N de fecha 14 de diciembre de 2004, BOE n.° 10, de 12 de enero de 2005. Y de ahí también la transcendencia -sic-de cortar tal arrogación de funciones. Por lo expuesto solicito se tenga por presentado este escrito, y formulado recurso contra la calificación del Registrador de la Propiedad n° 7 de los de Bilbao, y que se revoque en su integridad dicha calificación, y se declare: 1).- Su falta de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de las disposiciones dictadas por los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias. 2).- Su absoluta falta de competencia y facultades para pronunciarse sobre la legalidad de cláusulas en base a la Ley 26/1984 y 7/1998.

Estos argumentos fueron recogidos por la Dirección General de los Registros y del Notariado

La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de la CNMC contra varias resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo

Lunes, 24 de julio de 2017

La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de la CNMC contra varias resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo

18 Jul 2017  cnmc.es
Unidad de Mercado

nota de prensa

◦Deniegan las subvenciones para la rehabilitación de fincas y edificios presentadas por comunidades de propietarios
◦La Xunta alega que los informes de evaluación de los edificios solo pueden estar firmados por un arquitecto o arquitecto técnico
◦Este requisito supone una restricción de la actividad de otros profesionales igualmente capacitados para elaborar esos informes

 

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) contra varias resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, en las que deniega una subvención para la rehabilitación de varias fincas o edificios presentada por varias comunidades de propietarios de A Coruña.
La CNMC ha presentado este recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado. Previamente a la interposición del recurso, la CNMC requirió al Instituto Gallego de la Vivienda para que anularse las resoluciones.
El Instituto Gallego fundamenta su negativa a conceder la subvención en que el informe de evaluación del edificio no está firmado por un técnico competente -a estos efectos un arquitecto o un arquitecto técnico. Además, en dos casos, también deniega la subvención porque el proyecto de instalación de un ascensor no estaría firmado por un técnico competente (se considera también que solo lo son arquitectos o arquitectos técnicos.
Reserva de actividad a favor de los arquitectos

La CNMC entiende que esta interpretación de la normativa implica una reserva de actividad a favor de los arquitectos y arquitectos técnicos. Esta podría vulnerar los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de circulación a los que se refiere la Ley, ya que no se justifica en la salvaguarda del interés general.

 

En enero de 2015, la CNMC publicó su “Informe sobre posibles reservas de actividad en el Informe de Evaluación de Edificios”. Además, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, la CNMC ha emitido varios informes en los que considera que las reservas de actividad, como las contenidas en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), deben ser interpretadas de forma restrictiva, ya que se trata de excepciones al principio general de libertad de empresa y de libre competencia.
En consecuencia, la exclusión de determinados profesionales en función de su titulación académica, y no por su capacitación, constituye una restricción de acceso a la actividad económica que debería motivarse en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general (artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre).
En la actualidad, hay pendientes en la Audiencia Nacional cinco procedimientos en los que la CNMC ha planteado la misma cuestión.

El sector asegurador incrementa un 13,7% el volumen de primas

Domingo, 23 de julio de 2017

17 de julio de 2017 mineco.gob.es
El sector asegurador incrementa un 13,7% el volumen de primas
La mejora viene motivada por el ramo de Vida, que crece un 21,39%, aunque el de No Vida también aumenta un 7,5%
El ratio de solvencia global del sector se situó en 2,39 veces el SCR, de acuerdo con la nueva normativa Solvencia II
El volumen de primas devengadas del sector asegurador experimentó un crecimiento del 13,75% a cierre del año pasado, hasta los 57.073 millones de euros, tal y como se deprende del Informe de Seguros y Pensiones 2016 que ha hecho público hoy en su página web la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones.

Esta mejora del negocio ha venido motivada por el ramo de Vida, que ha experimentado un crecimiento del 21,39%, aunque el ramo de No Vida también ha registrado un buen comportamiento, con un aumento del 7,45%. Este importante crecimiento provoca que, por primera vez en los últimos años, crezca el porcentaje de primas sobre el PIB nacional alcanzando el 5,83%.

La actividad del sector asegurador durante 2016 ha estado marcada por la entrada en vigor de Solvencia II. Los cambios en la medida de la solvencia se plasman en el informe: se ofrecen datos de margen de solvencia hasta 2015 y datos de cobertura del capital de solvencia obligatorio para 2016. Por otra parte, desaparece el estado de cobertura de provisiones técnicas.

Pese a la entrada en vigor de esta nueva normativa más exigente, el ratio de solvencia global del sector se situó en 2,39 veces el SCR, con un exceso de 139% y un comportamiento alcista en los resultados trimestrales de 2016.

El resultado técnico-financiero mejora en comparación con el del año anterior tanto para el ramo de Vida (7,9% frente al 7,0% de 2015) como para No Vida (10,6% frente a 9,6% en 2015), en ambos casos motivado por la mejora en los resultados técnicos del negocio asegurador, y con empeoramientos en los resultados financieros por la menor rentabilidad de su cartera de inversiones debido al entorno de bajos tipos de interés. Ante este contexto las entidades están fortaleciendo el resultado técnico y logrando compensar los menores resultados financieros.

En relación a las inversiones, la renta fija pública continúa siendo la categoría de activos de mayor peso en el total (53,04%) y la renta fija privada estabiliza su participación en el total (21,72%) tras la reducción de su peso de los últimos años.

El patrimonio gestionado en planes y fondos de pensiones fue de 106.466 millones de euros en 2016, lo que supone un incremento del 2,37% frente al ejercicio precedente. Este crecimiento en patrimonio gestionado contrasta con la tendencia decreciente del número de cuentas de partícipes (descenso de 0,44%), que empezó en 2011. Por su parte, el patrimonio en seguros colectivos se situó en 26.585 millones de euros; en PPAs, 12.293 millones de euros; en Planes de Previsión Social Empresarial, 317 millones de euros; y en seguros de dependencia, 18 millones de euros. En total, 145.679 millones de euros que representan casi el 8% del ahorro financiero de las familias españolas.

El Juzgado para cláusulas suelo de Valencia celebrará los primeros juicios en septiembre tras recibir casi 1.200 demandas en mes y medio

Sábado, 22 de julio de 2017

Domingo, 16 de julio de 2017  cgpj.es

El Juzgado para cláusulas suelo de Valencia celebrará los primeros juicios en septiembre tras recibir casi 1.200 demandas en mes y medio

Instancia 25 bis contará con un segundo juez en prácticas después del verano para agilizar la tramitación de las 40 causas que se reciben a diario. El juez decano reclama a la Conselleria tres funcionarios más para celebrar una media de 60 vistas a la semana a partir de septiembre

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia 25 bis de Valencia, el llamado juzgado para cláusulas suelo, celebrará los primeros juicios en septiembre, tras recibir en mes y medio casi 1.200 demandas  relativas a litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

El juzgado, creado el 1 de junio, ha señalado la primera audiencia previa para el día 11 de septiembre. En esta vista, según explica el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, “se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que considera procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen sólo prueba documental, y es previsible que en muchos casos sea así, el juicio quedaría visto para sentencia en esa vista. Si se propone otro tipo de prueba, habría que celebrar juicio otro día y nos iríamos a octubre”.

Viguer ha destacado la rapidez con la que el Juzgado de Valencia está tramitando las demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, pero ha insistido en la necesidad de reforzar la plantilla con otro juez y tres funcionarios para que el servicio público que se presta a los ciudadanos no se resienta.

Esta petición, aprobada en la Junta de Jueces de 1ª Instancia celebrada el pasado 29 de junio, ha sido respaldada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia esta semana.
Dos jueces y sesenta vistas semanales

El Juzgado para cláusulas suelo nació con un juez en prácticas, un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y cinco funcionarios: dos gestores, dos tramitadores y un auxilio. Ha registrado una entrada de 1.200 causas en mes y medio, superando así el límite de 900 asuntos que fijó el Consejo General del Poder Judicial a partir del cual habría que reforzar el Juzgado. Por tal motivo, el decano de Valencia ha pedido otro juez y tres funcionarios más: dos tramitadores y un funcionario del cuerpo de auxilio, plantilla que considera suficientes hasta que se reciban 1.700 asuntos. Advierte, no obstante, de que “hay que estar muy atento a los número de entrada para ir solicitando los jueces, funcionarios y otros medios que se precisen progresivamente ya que el Juzgado puede hundirse en cuestión de semanas”.

A finales de septiembre, según las previsiones del CGPJ y coincidiendo con las primeras vistas ya señaladas, se incorporará un segundo juez en prácticas. Con dos jueces, el órgano, según el decano, deberá ser reforzado con tres funcionarios más: dos tramitadores para atender la entrada media de 40 demandas diarias y un funcionario más del cuerpo de auxilio para atender las 60 vistas o juicios que se celebrarán semanalmente. “Obviamente ello requiere utilizar dos salas con inevitables solapamientos de vistas que hacen imposible que un solo funcionario del cuerpo de auxilio pueda dar servicio para todos los juicios y vistas señalados”, explica el decano de los jueces de Valencia.

El triple de juicios ordinarios que en los otros 22 juzgados

El Juzgado especializado para las cláusulas suelo en Valencia, el 25 bis, ha recibido en mes y medio el triple de juicios ordinarios que el resto de los 22 Juzgados de Primera Instancia de la capital juntos. Así, mientras el 25 bis registró 1.182 demandas, en los otros 22 juzgados entraron, en conjunto, 399 demandas por juicios ordinarios.

Este tipo de procedimiento, el juicio ordinario, es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros y otras en función de la materia, cualquiera que sea su cuantía: condiciones generales de la contratación, derechos fundamentales, retractos, publicidad, competencia desleal, propiedad intelectual o industrial, impugnación de acuerdos sociales, arrendamientos, propiedad horizontal.

Nuevas reuniones de coordinación

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado en su primer mes de funcionamiento es el de Madrid, seguido por Barcelona y Valencia.
El Consejo General del Poder Judicial, que con carácter previo a la puesta en marcha del plan ya mantuvo reuniones con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, con una representación de los jueces decanos y con las Administraciones –Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia- para informarles de las medidas previstas y evaluar las posibles necesidades, ha continuado celebrando durante el mes de junio encuentros de coordinación.

Así, el 30 de junio los jueces decanos expusieron en la sede del Consejo cómo ha sido el funcionamiento de los Juzgados especializados en sus respectivos territorios durante el primer mes y evaluaron las medidas de refuerzo que podrán adoptarse después del verano. Los decanos han sido convocados a un nuevo encuentro el próximo mes de septiembre.

También en septiembre volverá a reunirse la comisión de coordinación CGPJ-Ministerio de Justicia-Comunidades Autónomas, que el pasado 31 de mayo ya celebró un primer encuentro durante el que las Administraciones se comprometieron a colaborar con el plan de urgencia.

Declaración de UGT ante la situación en Venezuela

Viernes, 21 de julio de 2017

Declaración de UGT ante la situación en Venezuela
UGT | martes, 18 de julio de 2017 ugt.es

La Unión General de Trabajadores expresa su gran preocupación por la situación de permanente crisis política, institucional y humanitaria que sufre la población de Venezuela, en especial los trabajadores y trabajadoras.

En el último año, el nivel de conflictividad social y política en este país ha alcanzado la fatídica cifra de cien muertes por asesinato, que han costado la vida tanto a partidarios del gobierno y la oposición, como a personas que no tenían implicación alguna en el conflicto: trabajadoras y trabajadores, estudiantes, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, etc. Un nivel de violencia absolutamente inaceptable para la Unión General de Trabajadores, que hace suyo el comunicado emitido por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y su regional de Las Américas (CSA).

Ningún sistema democrático puede permitir que se produzcan y enquisten actos de violencia de ese tipo, que sólo acaba pagando una clase trabajadora ya duramente castigada por los recortes sociales del Gobierno, y ninguno de estos actos puede quedar impune: las circunstancias y responsabilidades jurídicas y penales tienen que ser aclaradas.

Es evidente que la actual polarización política del país ha partido a su ciudadanía en dos bandos enfrentados, y que esta división está produciendo un drama social y humano injustificable en una tierra de inmensos recursos naturales. Para UGT es intolerable que, según datos estimados, 500.000 millones de dólares se hayan fugado del país (el propio Ejecutivo reconoce la huida de 300.000 millones) mientras los trabajadores y trabajadoras atraviesan situaciones de penuria laboral, sanitaria, alimentaria, etc. Todos los agentes sociales y políticos de Venezuela deben trabajar de manera conjunta para paliar la crisis y conseguir recuperar la paz y la estabilidad en el país.

En línea con lo propuesto por el sindicalismo internacional, y especialmente pensando en los millones de trabajadoras y trabajadores venezolanos que están sufriendo violencia, lesión de derechos y recortes sociales, desde UGT queremos alentar a las centrales sindicales de Venezuela afiliadas a la CSI para que, desde el ejercicio democrático y legítima defensa de la clase trabajadora, contribuyan a la pacificación del país y trabajen por la convivencia pacífica y respetuosa en libertad, democracia y respeto a los derechos humanos anclados en la Constitución venezolana.

Además, UGT hace un llamamiento al Gobierno venezolano y a las instituciones para que, con todos los medios democráticos disponibles, garanticen el derecho a la vida y el ejercicio de las libertades y derechos civiles y políticos (entre ellos el derecho a la manifestación pacífica o a la huelga), protejan a su ciudadanía e identifiquen y pongan a disposición de la justicia a los agentes y cuerpos de seguridad que hayan participado en violaciones de los Derechos Humanos, así como a los civiles que hayan promovido actos violentos que hayan ocasionado muertos, heridos o destruido bienes públicos y privados, al tiempo que recordamos al resto de actores políticos del país que el estímulo de vías inconstitucionales y la no condena explícita de la violencia no legitima ningún proyecto democrático y hace más difícil su consecución.

El sindicato demanda también a todas las fuerzas políticas del país americano, así como a las españolas, se esfuercen en trabajar de manera constructiva y contribuyan con su discurso a la convivencia democrática y no a fomentar el debate bronco.

UGT, por último, apela a la solidaridad sindical internacional dentro de la CSI y se pone a disposición de la CSA y de nuestras hermanas y hermanos venezolanos en la manera que estimen oportuna para, sin injerencia, contribuir al progreso del país y que éste redunde en beneficio de la clase trabajadora, y del desarrollo democrático, social, cultural y económico de Venezuela.

El TC declara que varias partidas de la ley de presupuestos de la Generalitat son inconstitucionales si se destinan a financiar el referéndum sobre el “futuro político de Cataluña”

Viernes, 21 de julio de 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa tribunalconstitucional.es
Nota informativa Nº 49/2017
El TC declara que varias partidas de la ley de presupuestos de la Generalitat son inconstitucionales si se destinan a financiar el referéndum sobre el “futuro político de Cataluña”
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, y una vez concluida la tramitación del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno el pasado 4 de abril, ha decidido estimar parcialmente dicho recurso, dirigido contra la disposición adicional 40 de la Ley de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat para 2017 y contra varias partidas presupuestarias referidas a “procesos electorales y consultas populares” y a “procesos electorales y participación ciudadana”. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Pedro González-Trevijano, declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 40; y señala que las partidas presupuestarias impugnadas “son inconstitucionales en el caso de que se destinen a la financiación del proceso referendario” al que se refiere la disposición adicional anulada.
El recurso del Gobierno se dirige contra la disposición adicional 40 de la ley impugnada, que dispone textualmente lo siguiente:
“1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña.
2. El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña, acordado en el apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, con las condiciones establecidas en el dictamen 2/2017, de 2 de marzo, del Consejo de Garantías Estatutarias”.
Asimismo, se impugnan las partidas presupuestarias “GO 01 D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares”; “DD 01 D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares” y “DD 01 D/227.00157132. Procesos electorales y participación ciudadana”.
El Tribunal explica que la ley impugnada no contiene partidas presupuestarias que se destinen de forma específica a la financiación del proceso referendario al que se refiere en la disposición adicional 40. La denominación de las partidas presupuestarias impugnadas es, por el contrario, genérica e inconcreta.
Sin embargo, una interpretación sistemática de la ley impone concluir que “el Parlamento ha tenido que incluir dotaciones de crédito en dichas partidas presupuestarias destinadas a la financiación del referéndum sobre el futuro político de Cataluña”. Pues, por
el principio de “coherencia del legislador”, no parece factible que “el Legislador que en la Ley de Presupuestos dirige un mandato al Gobierno para que habilite, dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio, las partidas necesarias para hacer frente a los requerimientos económicos del proceso referendario, no recoja (…) en el estado de gastos las correspondientes autorizaciones de crédito destinadas a tal fin”.
Hecha la anterior consideración, el Tribunal señala que la generalidad de las rúbricas y de los contenidos de las partidas presupuestarias impugnadas “no permiten identificar qué concretas dotaciones pueden estar destinadas a la financiación del proceso referendario”. Por lo que existe la posibilidad de que también puedan destinarse “a la financiación de procesos electorales, consultas no referendarias y de participación ciudadana” respecto de las que la Comunidad Autónoma tiene competencia.
En conclusión, las partidas presupuestarias impugnadas “no merecen tacha alguna de inconstitucionalidad en la medida en que tengan por objeto sufragar los gastos que puedan generar estos procesos o consultas no referendarias”. Pero sí son merecedoras de reproche inconstitucional -por los mismos motivos que la disposición adicional 40- si se destinan a financiar gastos derivados de “la organización y convocatoria del referéndum” al que se refiere dicha la disposición adicional.
Madrid, 5 de julio de 2017

La Dirección de los Registros y del Notariado supera las 400 resoluciones

Jueves, 20 de julio de 2017

La Dirección de los Registros y del Notariado supera las 400 resoluciones
Xavier Gil Pecharromán

15/07/2017 – eleconomista.es
Se han resuelto dudas sobre las cláusulas abusivas y concursos

Durante el periodo comprendido entre 2016 y 2017, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) -a cuya cabeza se encuentra Javier Gómez Gálligo- ha dictado cerca de 400 resoluciones.
Buena parte de este trabajo se ha referido al convulso mundo hipotecario, pero también han tenido una atención especial las sucesiones, competencia judicial sobre embargos de bienes gananciales, aprovechamientos de aguas, derecho Mercantil y Concursal, propiedad horizontal o la transmisión de buques, entre otros muchos asuntos.

‘Cláusulas suelo’ e intereses

Así, en la resolución publicada el pasado 10 de noviembre de 2016 se plantea la cuestión de si es posible, dada la evolución del euribor y la existencia de eventuales intereses a favor del prestatario, el pacto de suelo cero en los intereses y la necesidad de declaración manuscrita del prestatario en estos casos.

En la resolución de 19 de octubre de 2016, se analiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016, que declaró nulos en los préstamos a consumidores los intereses de demora superiores en dos puntos a los ordinarios, y no sólo respecto de los préstamos o créditos autorizados con posterioridad a su fecha o a la de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) u otro medio oficial , sino también respecto de préstamos o créditos anteriores a tales fechas, pudiendo ser calificado por el registrador de la propiedad cuando el título que las contenga, cualquiera que sea su fecha, se presenta para su inscripción.

Se plantea una importante cuestión de interpretación del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la Resolución de 21 de octubre de 2016. Este artículo no puede ser interpretado literalmente, ya que podría producir un resultado distorsionado, sino que, se ha de atender al espíritu y finalidad de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que fue la de aumentar la protección a los ejecutados en el caso de ejecución de su vivienda habitual.

La Dirección General de los Registros y del Notariado afirma que la redacción literal del artículo 671 ha de ser interpretada en el mismo sentido que la del artículo 670, es decir, que el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación del inmueble por el 70 por ciento del valor de subasta, o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le debe por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al 60 por ciento de su valor de subasta.

Señala la DGRN que si se atiende a la literalidad del precepto podría ocurrir como en el caso del expediente que por ser la deuda inferior al 70 por ciento del valor de la subasta, se permita al acreedor adjudicarse la finca por el 60 por ciento y seguir existiendo un saldo a su favor o deuda pendiente a cargo del ejecutado que se ve privado de su vivienda habitual.

En la resolución de 24 de abril de 2017 se afirma que la ejecución hipotecaria no puede basarse en una tasación para subasta no inscrita.

Así, respecto de una prenda sobre licencia de taxi -tan importante para financiar su adquisición-, en la resolución de 10 de octubre de 2016 la admite en aquellos supuestos de autorización administrativa, bajo la condición de hacerse constar en el título de su constitución que para adjudicarse la licencia por parte del acreedor o para ser postor en la subasta, deberán cumplirse las exigencias establecidas en las normas municipales aplicables al caso.

Asuntos familiares

En asuntos de Derecho Civil, corcenientes a la familia, destaca el trabajo de la DGRN sobre quién es el juez competente para dictar embargos sobre bienes gananciales cuando el cónyuge del deudor está en situación concursal en resolución de 13 de octubre de 2016.

El criterio seguido en estos casos es que la anotación de embargo es competencia del juez del concurso. Además, la resolución de 20 de octubre de 2016 plantea la necesidad de que en el convenio regulador, el derecho de uso de la vivienda familiar debe fijar un plazo si no hay hijos menores, siguiendo el criterio marcado por el Tribunal Supremo en Sentencias de 18 y 29 de mayo de 2015.

En materias relativas al Derecho de Sucesiones, tanto de causantes sujetos al Código Civil, como a las legislaciones Civiles especiales de Galicia o del País Vasco.

En ambas Comunidades se han producido importantes modificaciones legislativas que están planteando múltiples cuestiones interpretativas, algunas de especial importancia en la vida familiar.

También se abordaron las sucesiones con elemento extranjero, sujetas al Reglamento Europeo de Sucesiones, desde agosto de 2015, y al Código Civil.

En el capítulo societario, no se puede dejar de señalar la Resolución de 11 de mayo de 2017, en la que se plantean los difíciles supuestos de reducción de capital, tanto en anónimas como limitadas, por amortización de las propias acciones.

Los contratos temporales suben un 8,5% en junio

Miércoles, 19 de julio de 2017

Los contratos temporales suben un 8,5% en junio

4 julio, 2017 uso.es

Las cifras de desempleo continúan en descenso, aunque éste se ha ralentizado un 26% con respecto al mismo mes de 2016. Junio ha dejado el paro registrado en 3.362.811 personas -3,6 millones si hablamos de demandantes de empleo no ocupados-, el paro ha bajado en 98.317 personas y la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 87.692.

Sin embargo, la contratación temporal sigue su ascenso imparable. “Durante el mes de junio la contratación temporal ha aumentado un 8,5% con respecto a junio de 2016. A pesar de que formalizaron 2.089.520 contratos, tan sólo el 7,97% fueron indefinidos, y han empleado a 1,5 millones de trabajadores, con lo que la media entre número de contratos y personas empleadas ha sido de 1,40”, ha recalcado Joaquín Pérez, secretario de Comunicación y Formación de USO.

Y es que el mercado laboral no ha experimentado ningún cambio en términos de calidad, ya que sigue apostando por la temporalidad para crear empleo.

No hay más que echar un vistazo a los datos y analizar en qué actividades ha crecido la afiliación: hostelería, comercio, administrativos, actividades sanitarias e industria manufacturera, con contratos de muy poca duración en la mayoría de casos. En educación, como cada fin de curso, se han perdido casi 52.000 afiliados.

Desde USO continuaremos denunciando el abuso en los contratos de formación, tiempos parciales, el uso abusivo de prácticas no laborales o la figura fraudulenta del falso autónomo, y exigimos al Gobierno una acción decidida por la creación de empleo de calidad que permita salir del paro a los casi 4 millones de desempleados, aportándoles una estabilidad más que necesaria.

La Administración del Estado destruye 14 empleos al día desde 2010 y se encuentra al borde del colapso

Martes, 18 de julio de 2017

La Administración del Estado destruye 14 empleos al día desde 2010 y se encuentra al borde del colapso
Los últimos certifican la necesidad de un plan de choque para salvar esta Administración

12 de Julio de 2017  csif.es
La Administración General del Estado (ministerios, centros penitenciarios, Seguridad Social, Agencia Tributaria, entre otros) contaba con un total de 188.506 efectivos a enero de 2017, 2.352 menos que en el semestre anterior, según los últimos datos del Boletín Estadístico del personal de las Administraciones Públicas publicados por el Ministerio de Hacienda.
Los últimos datos también arrojan un descenso en las plantillas del personal al servicio de los ayuntamientos y diputaciones (-4.715) así como en las universidades (-2.261).
En lo que se refiere a la Administración del Estado, el último dato encadena 7 años consecutivos de descenso de personal, período en el que se han perdido 34.943 empleos, o lo que es lo mismo, se destruyeron 14 empleos al día desde 2010.
Además, el registro de personal vuelve a evidenciar el envejecimiento de las plantillas, de tal manera que ya solo queda un millar de jóvenes menores de 30 años, frente a 27.665 que se encuentran ya a las puertas de la jubilación.
Así, respecto al último semestre de 2016, se vuelven a producir descensos en las plantillas de los ministerios (-986); docencia no universitaria (-255), centros penitenciarios (-81), Seguridad Social (-160), Patrimonio Nacional (-9) y en la Agencia Tributaria (-861).

Situación por departamentos
La situación por el déficit de personal ya está teniendo sus consecuencias en diferentes ámbitos:

•Seguridad Social. Cierre de oficinas por falta de personal. La Seguridad Social pierde un empleado público cada cuatro días desde 2012 (un total de 333), bien porque se han jubilado, bien porque se han trasladado a otro destino por el deterioro de las condiciones laborales.

•Privatización de la gestión de datos sensibles como son las vidas laborales o la tarjeta sanitaria europea.

•SEPE. Incremento de la carga de trabajo (1.700 expedientes/gestiones/consultas al año por persona, 300 por encima de la marca idónea que establece la propia Administración para realizar una correcta atención al ciudadano). Estamos en una media de 10 minutos de atención al ciudadano por cada expediente tramitado. Además, se afrontan situaciones de inseguridad en el puesto de trabajo. En los próximos 5 años, previsiblemente se jubilará el 40 por ciento de la plantilla.

•Oficinas de renovación del DNI. En las grandes ciudades hay una demora de hasta dos meses para pedir cita.

•Ministerio de Defensa. Privatizaciones. El mantenimiento de vehículos blindados está en manos privadas. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa, recientemente trasladado a Colmenar Viejo, aún no se ha podido poner en marcha por falta de personal.

•Dirección General de Tráfico. Se están mermando las plantillas a un ritmo alarmante. En estos momentos hay 924 vacantes sin cubrir, lo que se traduce en menos funcionarios en ventanilla, esperas, colas, malestar y quejas de los ciudadanos. Además, se ha mermado la plantilla de examinadores de tal manera que hay provincias donde solo hay un examen práctico al mes.

•CSIC. Reducción de las plantillas de investigadores. Abuso de la contratación de personal interino.

•Agencia Estatal de Meteorología. Las oficinas meteorológicas de aeropuertos y de defensa se han visto afectadas igualmente por el déficit de personal. El nivel de jubilación está entre 80 y 100 personas al año y el déficit de personal se suple con incremento de horas de trabajo y personal interino de menor cualificación. Hay oficinas meteorológicas que solo están atendidas por interinos y una misma persona funcionaria se tiene que hacer cargo de la jefatura de varios centros.

•Instituto Nacional de Estadística. Desde 2012 no hay oferta de empleo público, lo que ha provocado el consecuente envejecimiento de plantillas. Hay provincias como Cuenca, Lérida, Guadalajara o Ávila que están bajo mínimos. La Administración contrata personal fijo discontinuo fuera de los periodos de campaña para puestos estructurales, como refuerzo, que en nuestra opinión supone un fraude de ley.

Ante esta situación, CSIF propone:

– Eliminar de manera definitiva la tasa de reposición e impulsar un plan de choque específico para la Administración General del Estado, con un Plan Integral de Recursos Humanos que analice las carencias y determine la oferta de empleo público necesaria sin tasa de reposición. Ya hemos dado un primer paso con la oferta de empleo público extraordinaria, pero es preciso dar nuevos pasos.
– Planificar las expectativas de la vida laboral para cubrir las necesidades en el tiempo para que no se produzcan desequilibrios.
– Negociación efectiva de la Relación de Puestos de Trabajo.
– Recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010, con un plan de revisión salarial a varios años.
– Garantizar la carrera profesional y la movilidad.
– Reservar actos administrativos que deben ser desempeñados por empleados públicos investidos de autoridad, que garanticen con su independencia los derechos de la ciudadanía.
– Detener el proceso de privatización.

UGT presenta su Plan de Choque por el Empleo para los mayores de 50 años al grupo parlamentario socialista

Lunes, 17 de julio de 2017

UGT presenta su Plan de Choque por el Empleo para los mayores de 50 años al grupo parlamentario socialista
UGT | miércoles, 12 de julio de 2017 ugt.es
La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mª Carmen Barrera, ha afirmado que UGT ha aprovechado el encuentro que han mantenido hoy con el grupo parlamentario socialista para exponerles y presentarles el Plan para mayores de 50 años, elaborado por el sindicato y que actualmente “estamos negociando con el Gobierno, en la mesa de diálogo social sobre el Plan de Choque para el Empleo. Son un colectivo que necesita medidas urgentes, puesto que el recorte en sus pensiones alcanza hasta el 60% y son personas que están abocadas a una pobreza inminente”.

Asimismo, en este encuentro, se ha trasladado “la preocupación de UGT por la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social”. Barrera ha señalado que precisamente mañana se celebrará una reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en el Ministerio de Empleo,  en la que UGT expondrá al Gobierno su preocupación por el crédito de 10.200 millones que ha introducido, de manera unilateral y de espaldas al diálogo social. Un crédito incluido en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado y sobre el que el Gobierno no ha dado ninguna explicación a los sindicatos y tampoco ha expuesto cómo va a quedar la situación de déficit de la Seguridad Social”.

Tras la reunion con la ejecutiva del PSOE en el Congreso se acordó establecer grupos de trabajo sobre una agenda común de temas, con asuntos prioritarios como las pensiones o la situación de las desempleados de más de 50 años. El objetivo es dar contiunidad a un compromiso de trabajo común.

La inflación se reduce al 1,5% por la caída de los precios de la energía

Domingo, 16 de julio de 2017

La inflación se reduce al 1,5% por la caída de los precios de la energía
Jueves 13 de julio de 2017 lamoncloa.gob.es
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en junio de 2017 un 1,5% interanual, cuatro décimas menos que en mayo, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), coincidentes con la adelantada a finales del pasado mes.
Esta evolución se explica por la desaceleración de los precios energéticos, en particular, de los carburantes y lubricantes y, en menor medida, de la electricidad, así como por el menor ritmo de crecimiento de los precios de la alimentación no elaborada. En sentido contrario, los precios de los servicios, de la alimentación elaborada y de los bienes industriales no energéticos (BINE) se aceleraron. En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación nula en junio de 2017, frente a la subida del 0,5% en el mismo mes de 2016.

Los precios de los productos energéticos aumentaron un 3,7% interanual, 4,6 puntos menos que en mayo. Esta evolución se explica por la desaceleración de los precios de los carburantes y lubricantes, que pasaron del 4,9% interanual en mayo al 0,4% en junio y, en menor medida, de los precios de la electricidad, que moderaron el ritmo de crecimiento 7,8 puntos, hasta el 8,4% interanual. Por su parte, los precios del gas se aceleraron 1,7 puntos, hasta el 10%.

Los precios de la alimentación crecieron el 0,9% en junio, tres décimas menos que en mayo. La inflación de la alimentación no elaborada se situó en el 1,4%, 1,4 puntos por debajo de la del mes precedente, destacando la evolución de los precios de las frutas frescas, que pasaron de crecer el 3,2% en mayo a caer el 2,6% en junio y, en menor medida, de las legumbres y hortalizas frescas, que se desaceleraron 2,3 puntos, hasta el 1%. Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco aumentaron el 0,7% en junio, tres décimas más que en mayo.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y la energía, que son los elementos más volátiles del IPC) aumentó dos décimas en junio, hasta el 1,2%, debido a la aceleración de todos sus componentes, principalmente los servicios y, en menor medida, la alimentación elaborada y los BINE. Los servicios se aceleraron dos décimas, hasta el 1,9%, como consecuencia de la evolución de los precios de turismo y hostelería, que pasaron del 2,4% interanual en mayo al 3% en junio y, en menor medida, del transporte público interurbano, cuyos precios se aceleraron 2,7 puntos, hasta el 3,5%. Por su parte, los BINE aumentaron en junio el 0,2%, una décima más que en mayo.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación nula en junio de 2017, frente al crecimiento del 0,5% registrado en el mismo mes de 2016. Por componentes, los precios de los servicios aumentaron un 0,5%, frente al aumento del 0,3% en junio de 2016; los de los BINE disminuyeron un 0,3%, al igual que en junio de 2016; los de la alimentación registraron una variación nula, frente al aumento del 0,2% de un año antes; y los precios de los productos energéticos retrocedieron un 0,9%, tras el incremento del 3,5% de junio del año pasado.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en junio de 2017 una tasa intermensual del -0,5% (0,9% en el mismo mes de 2016) y los de los alimentos elaborados, del 0,2% (-0,1% un año antes).

La tasa interanual del IPC disminuyó en junio en todas las comunidades autónomas. La menor caída respecto a la tasa de mayo se registró en Canarias (tres décimas, hasta el 1,7%), y las restantes comunidades experimentaron descensos de cuatro o cinco décimas.

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en junio en el 1,5%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de junio de 2017, cuya tasa de variación interanual se sitúa en el 1,6%, cuatro décimas inferior a la de mayo. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se situó en junio en el 1,3%, una décima inferior a la del mes anterior, resultando un diferencial de inflación para España respecto a la zona euro de 0,3 puntos, tres décimas inferior al de mayo.

Duros a cuatro pesetas

Sábado, 15 de julio de 2017

Santiago Rusiñol, intentó vender duros a cuatro pesetas en las Ramblas  de Barcelona.

Nadie le creyó y volvió con todos sus duros a casa.

Por qué no lo intentó con acciones de un banco?

El CBP ha permitido a 45.697 familias reestructurar la deuda hipotecaria o la dación en pago

Viernes, 14 de julio de 2017

10 de julio de 2017 mineco.gob.es
El CBP ha permitido a 45.697 familias reestructurar la deuda hipotecaria o la dación en pago
Cerca de 79.000 deudores en riesgo de exclusión se han beneficiado de las medidas antidesahucios del Gobierno
El Código de Buenas Prácticas (CBP)  ha permitido que un total de 45.697 familias hayan podido beneficiarse de una reestructuración de su deuda hipotecaria. En los más de cinco años de vigencia del CBP se han realizado 38.595 reestructuraciones de deuda pendiente, 7.095 daciones en pago y 7 quitas. En el conjunto de 2016, se han llevado a cabo 14.730 operaciones a través del CBP, un 2% más que el año anterior, según la información remitida al Congreso por la Comisión de Control del CBP. De esta cifra, 13.669 operaciones corresponden a reestructuraciones de deuda y 1.060 a daciones en pago.

El CBP, junto con el Fondo Social de Viviendas (FSV) y la suspensión de los lanzamientos hipotecarios, forma parte del conjunto de medidas impulsado por el Ejecutivo desde el inicio de la X Legislatura con el objetivo de hacer frente al problema de los desahucios. En total, 78.798 familias se han beneficiado de estas medidas destinadas a colectivos en riesgo de exclusión: 45.697 al CBP, el FSV ha permitido la asignación 9.062 viviendas (cierre 2016) y se han suspendido 24.039 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria (febrero 2017).

Según la información remitida al Congreso, se observa una reducción de las solicitudes de reestructuración de deuda a través del CBP en correlación con el impulso de la economía española. En total, en el segundo semestre de 2016 se han recibido 9.239 solicitudes frente a las 17.306 del primer semestre. De estas, se han realizado 5.223 operaciones, de las que 4.806 han sido reestructuraciones de deuda y en 417 casos, dación en pago.

Las Comunidades Autónomas que mayor número de solicitudes registraron en el último semestre del año fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los deudores de estas regiones son los que más uso han hecho del CBP desde 2015. El tipo de interés medio de los préstamos de las familias solicitantes se situó en el 2,13% frente al 2,98% del primer semestre de 2015 y el tramo de deuda en el que se encuentran la mayoría de los solicitantes se sitúa entre 100.000 y 150.000 euros.

El CBP se firmó en marzo de 2012 con la práctica totalidad de las entidades con actividad hipotecaria en España, hasta 93 en la actualidad. El Gobierno impulsó este Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio durante dos años para las entidades firmantes. El objetivo es dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos.

Los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de protección del Real Decreto-ley son los titulares de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, que se encuentran con dificultades sobrevenidas para hacer frente a los pagos de sus préstamos, por cuanto los miembros de su unidad familiar no tienen rentas derivadas del trabajo o actividades económicas y las cuotas a pagar superan el 50% o 40% de sus ingresos. El Real Decreto-ley prevé que puedan solicitar una reestructuración de su deuda, una reducción de la misma de modo que disminuya el importe de sus cuotas o, en último término, entregar la vivienda quedando cancelada la deuda.

El CGPJ y la AEPD colaborarán en las inspecciones de órganos judiciales en materia de protección de datos

Jueves, 13 de julio de 2017

Jueves, 6 de julio de 2017  poderjudicial.es

El CGPJ y la AEPD colaborarán en las inspecciones de órganos judiciales en materia de protección de datos

En el supuesto de ficheros jurisdiccionales, la AEPD prestará asistencia a los órganos inspectores del CGPJ ante la posible comisión de una infracción de la normativa de protección de datos. Cuando se trate de inspecciones relativas a ficheros no jurisdiccionales, el CGPJ prestará su colaboración a la Agencia Española de Protección de Datos

Autor:Comunicación Poder Judicial

El convenio establece mecanismos de cooperación entre ambas instituciones para el desarrollo de investigaciones por posible infracción de la normativa de protección de datos
El convenio establece mecanismos de cooperación entre ambas instituciones para el desarrollo de investigaciones por posible infracción de la normativa de protección de datos

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, han suscrito hoy un convenio de colaboración entre la AEPD y el CGPJ en las diversas tareas que, como autoridades de control, deben llevar a cabo y, en especial, sobre la inspección de órganos judiciales en materia de protección de datos.

El convenio establece mecanismos de cooperación entre ambas instituciones para el desarrollo de investigaciones por posible infracción de la normativa de protección de datos.

El Consejo General del Poder Judicial es la institución competente en relación con los tratamientos de datos efectuados con fines jurisdiccionales en ficheros de esta naturaleza, mientras que los tratamientos de datos no jurisdiccionales y sus correspondientes ficheros son competencia de la Agencia Española de Protección de Datos.

En el supuesto de ficheros jurisdiccionales, el CGPJ notificará a la AEPD su intención de iniciar una inspección a un determinado órgano judicial para investigar si existe una posible infracción del derecho a la protección de datos. Los inspectores del CGPJ realizarán la visita de inspección acompañados de inspectores de la AEPD, que prestarán la asistencia técnica requerida, sin que ello suponga asunción de ninguna competencia en la materia.

De igual manera, cuando se trate de ficheros no jurisdiccionales, la AEPD comunicará al CGPJ su intención de inspeccionar un determinado órgano judicial ante una posible infracción de la normativa de protección de datos. Los inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos llevarán a cabo la inspección acompañados de inspectores del CGPJ.

En caso de que existieran indicios suficientes que determinaran la apertura de un expediente por la posible participación de un miembro de la Carrera Judicial en la infracción de la normativa de protección de datos, la incoación y tramitación del mismo corresponderá en exclusiva al CGPJ.

El Convenio suscrito hoy recoge igualmente la colaboración entre ambas instituciones en la elaboración de Códigos de buenas prácticas para Usuarios de los Sistemas de Información de la Administración de Justicia, que ayuden a cumplir con las obligaciones de responsabilidad activa que introduce el Reglamento General de Protección de Datos.

Finalmente, el texto recoge el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de formación sobre normativa española y comunitaria de protección de datos, en especial el Reglamento General (UE) 2016/679 y la Directiva de la Unión Europea relativa a la protección de datos de personas físicas en los ámbitos policial y judicial penal.

La Audiencia de Las Palmas obliga al banco a pagar la totalidad de los gastos de notario y registro de una hipoteca

Miércoles, 12 de julio de 2017

Martes, 11 de julio de 2017  cgpj.es

La Audiencia de Las Palmas obliga al banco a pagar la totalidad de los gastos de notario y registro de una hipoteca

Según el tribunal, tanto la formalización de la escritura ante notario como la inscripción registral se efectúan en el exclusivo interés del Banco

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Audiencia de Las Palmas ha anulado los gastos de notaría y registro de la propiedad en la constitución de una hipoteca firmada con Bankia.

La sentencia de la Sección Cuarta – que es la competente para resolver los recursos de apelación sobre condiciones generales de la contratación- señala que son nulas “las cláusulas de los préstamos hipotecarios que atribuyen a los clientes el pago de la totalidad de los gastos de Notaría y de Registro de la Propiedad”, detallando que el banco debe reintegrar a los clientes no la mitad sino todos los gastos que éstos hayan abonado por dichos conceptos.

“Dado que tanto la formalización de la escritura pública ante notario como la inscripción de la garantía hipotecaria en el Registro de la Propiedad se efectúan en el exclusivo interés del Banco, es éste quien debe correr con dichos gastos”, añade la sentencia.

Un juzgado de Vitoria obliga a Iberdrola a anular una cláusula abusiva de sus contratos

Martes, 11 de julio de 2017

Jueves, 6 de julio de 2017  poderjudicial.es

Un juzgado de Vitoria obliga a Iberdrola a anular una cláusula abusiva de sus contratos

Incluida en los contratos de suministro de energía eléctrica y gas natural, la cláusula obligaba a contratar un servicio “adicional” de reparación a domicilio de electrodomésticos

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria ha condenado a Iberdrola a eliminar una cláusula que utiliza en los contratos de suministro de energía eléctrica y gas natural para contratar un servicio “adicional” de reparación a domicilio de electrodomésticos.

La Unión de Consumidores de Euskadi denunció la existencia de esta cláusula que hace referencia a la “contratación del servicio de protección eléctrica hogar” porque, si bien se puede contratar marcando una X en la casilla en la casilla del contrato de suministro de electricidad, gas natural o ambos, la baja de este servicio se desvincula del contrato de suministro. Así, la cláusula ahora impugnada establecía que la baja en el suministro no implicaba la desactivación del servicio de reparación.

La juez ha considerado que esta cláusula es “abusiva” porque “ limita u obstaculiza” los derechos del consumidor causando “importantes desequilibrios de derechos y obligaciones de las partes del contrato”.

Fátima Báñez destaca que se han recuperado ya 7 de cada 10 empleos destruidos por la crisis

Martes, 11 de julio de 2017

Acto conmemorativo del 30 aniversario de CONFESAL

Fátima Báñez destaca que se han recuperado ya 7 de cada 10 empleos destruidos por la crisis

Martes 4 de julio de 2017 lamoncloa.gob.es

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha destacado que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de junio, conocidos hoy, “son los mejores datos de empleo de la serie histórica, tanto en términos absolutos como porcentuales” y confirman que “estamos en la buena dirección porque marcan el mejor primer semestre de la historia”.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, que ha participado en el acto conmemorativo del 30 aniversario de la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales (CONFESAL), ha afirmado en su intervención que “el paro nunca se ha reducido tanto y tan intensamente” y que la creación de empleo se sitúa “en máximos”.

Los datos de los datos de empleo conocidos, procedentes del registro de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), apuntan un descenso del paro del 9,19 % en el primer semestre del año, con 340.163 parados menos y la creación de 584.052 empleos, un 29,25% más que en el mismo período del pasado año. “Son los mejores datos de empleo de la serie histórica, tanto en términos absolutos como porcentuales”, remarcó la ministra quien aseguró que ya se han recuperado 7 de cada 10 empleos destruidos por la crisis.

En su intervención, la ministra destacó otros dos datos: el crecimiento de la contratación indefinida y la recuperación de femenino destruido por la crisis. Así, la contratación indefinida, que aumentó en junio un 12,17% encadena 41 meses de incrementos sucesivos.  “En estos meses se ha consolidado el período más largo de incrementos sucesivos de contratación indefinida y se ha recuperado”.

En cuanto al empleo femenino, Báñez aseguró que ya “se ha recuperado todo el empleo femenino destruido durante la crisis” y hoy, con 8.506.468 mujeres ocupadas, “hay más mujeres trabajando que nunca”.

Báñez, que clausuró el acto, felicitó a la Confederación de Sociedades Laborales, por estos 30 años de andadura y destacó que la Economía Social se ha convertido, por derecho propio, en Marca España, por “su capacidad de crear y de mantener empleo”. “Con la vuelta al crecimiento, la economía social ha demostrado que puede ser también un motor de creación de empleo de calidad”, afirmó la ministra, quien destacó que la destrucción de empleo en las cooperativas fue 7 puntos y medio inferior al conjunto de fórmulas empresariales.

La inserción indebida en ficheros de morosidad y la contratación irregular concentran más del 65% de las sanciones impuestas por la AEPD

Lunes, 10 de julio de 2017

La inserción indebida en ficheros de morosidad y la contratación irregular concentran más del 65% de las sanciones impuestas por la AEPD

Estas áreas, de gran importancia para los ciudadanos, suponen respectivamente un 21,5% y 11,3% de las resoluciones sancionadoras de la Agencia.

Madrid, 29 de junio de 2017. agpd.es

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado hoy su Memoria 2016, que recoge de forma exhaustiva las actividades realizadas por esta institución, las tendencias más destacadas, las decisiones y procedimientos más relevantes del año, y un análisis de los retos presentes y futuros en materia de protección de datos.

El año 2016 fue especialmente relevante por tres motivos: la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, que será aplicable el 25 de mayo de 2018, el impulso y desarrollo de las 113 actuaciones recogidas en el Plan Estratégico 2015-2019 de la AEPD y la sentencia del TJUE que declaró inválida la Decisión de Puerto Seguro.

La AEPD ha puesto en marcha el 88% de las 84 iniciativas previstas en el Plan estratégico para 2016. Entre las medidas más significativas del Plan destacan, entre otras, la creación de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, la Unidad de Admisión, el servicio de atención especializado en cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos de menores y los materiales y recursos para fomentar un uso seguro de internet.

Durante el año 2016 tuvieron entrada 10.523 denuncias y reclamaciones de tutela de derechos (7.935 denuncias y 2.588 reclamaciones). Mientras que las denuncias se han reducido un 6,53% respecto al año anterior, las reclamaciones se han incrementado un 24,30%.

En cuanto a la naturaleza de las denuncias tramitadas, son relevantes los casos de inclusión indebida en ficheros de morosidad y contratación irregular. Uno de los objetivos prioritarios de la Agencia es garantizar los derechos de los ciudadanos en estos casos, infracciones que suponen respectivamente un 21,5% y 11,3% de las resoluciones sancionadoras realizadas por la Agencia en 2016. La inserción indebida en los ficheros de morosidad y la contratación irregular aglutinan más del 65% del importe global de sanciones impuestas por la Agencia.

El incremento en el número de reclamaciones de tutela de derechos presentadas ante la Agencia constata la creciente preocupación por parte de los ciudadanos -ya apuntada en años anteriores- para que aquellos que tratan su información personal dejen de hacerlo cuando así lo solicitan. El derecho de cancelación ha sido un año más el derecho más reclamado (63% del total), refiriéndose a la inclusión indebida en ficheros de solvencia casi el 25% de las reclamaciones planteadas. La mayoría de ellas se producen porque el ciudadano niega la existencia de la deuda que se inscribe en los ficheros por parte, sobre todo, de compañías de telecomunicaciones o de empresas que compran créditos.

En la gestión de las denuncias hay que destacar el descenso en un 22% respecto a 2015 de las denuncias inadmitidas (aquellas que no dan lugar a actuaciones posteriores). Ello se refleja también en el incremento en un 23% de los expedientes iniciados en el año 2016 (2.826 frente a 2.293), lo que implica la realización de un número mayor de actuaciones investigadoras.

Por otro lado, la Agencia retomó en el año 2016 las inspecciones sectoriales de oficio, con la realización, entre otras, del Plan de Inspección sectorial de sanidad, la inspección del Sistema de Información de Visados y Schengen.

En relación con las infracciones declaradas en 2016 hay que destacar el incremento en un 16,7% de los procedimientos de apercibimiento respecto a 2015 y una reducción del 21% en el número de infracciones con sanción económica (560). En relación con la utilización del apercibimiento frente a la imposición de sanciones hay que señalar que son muchas las ocasiones en las que los hechos investigados permiten a la Agencia apercibir al denunciado (con frecuencia pymes y particulares) en lugar de imponer una sanción, exigiéndole la corrección de la conducta y la adopción de medidas. El importe global de sanciones económicas (14.190.173 euros), por su parte, ha subido un 3,48% respecto a 2015.

En el caso de las Administraciones Públicas, en 2016 se han resuelto 56 procedimientos de infracción, correspondiendo 23 a la Administración Local, 20 a la Autonómica, 10 a la Administración General del Estado y 3 a otras entidades de derecho público.

En cuanto a las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la AEPD, de las 74 sentencias dictadas en 2016, un 78% confirmaron los criterios de la Agencia en cuanto al fondo del asunto, el porcentaje más elevado desde 2005.

En 2016 se atendieron casi 237.000 consultas planteadas por los ciudadanos a través de diferentes canales (+8,5% respecto a 2015). Los temas más consultados en esta área están relacionados con la inscripción de ficheros ante la AEPD, comunidades de vecinos o videovigilancia. Respecto a las consultas telefónicas y presenciales sobre el ejercicio de derechos, más de la mitad (53,34%) fueron sobre el derecho de cancelación, a las que hay que se sumar un 26,56% que solicitaron información específica sobre el denominado derecho al olvido.

El área específica de la Agencia para potenciar la comunicación con los menores, padres y profesores (Canal Joven) ha atendido cerca de 700 consultas, en su mayor parte planteadas por padres, miembros de la comunidad educativa, servicios sociales y sanitarios.

El año 2016 finalizó con más de 4,5 millones de ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos (+9,8%). De ellos, el 96,41% (4.348.454) son ficheros de titularidad privada y el 3,59% (161.892) de titularidad pública.

En lo relativo a transferencias internacionales de datos, en 2016 tuvo lugar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró inválida la Decisión de Puerto Seguro. Como consecuencia ello, se produjo un importante incremento de las solicitudes de autorización basadas en la aportación de garantías contractuales, recibiéndose 737 solicitudes durante 2016 frente a las 128 que se registraron en 2015, un incremento de un 475%. Las autorizaciones concedidas por la Agencia aumentaron un 362%, pasando de 108 en 2015 a 499 en 2016.

Cuatro pasos para deshacerte de tu móvil de forma segura

Domingo, 9 de julio de 2017

Cuatro pasos para deshacerte de tu móvil de forma segura

19/06/2017 agpd.es

Si has decidido vender tu ‘viejo’ móvil o se lo vas a ceder a algún amigo o familiar para que lo reutilice te facilitamos las claves para evitar que su próximo dueño pueda acceder a la información que contiene sobre ti

Llevas tiempo utilizando tu móvil y ha llegado el momento de cambiarlo por otro. El teléfono ha sido un accesorio de gran importancia en tu vida: lo has utilizado para acceder a tus redes sociales y a tu correo; has hecho fotografías y vídeos; te has descargado archivos; has utilizado aplicaciones de mensajería instantánea; has sincronizado tu dispositivo con tu pulsera de actividad o con tu cámara fotográfica o de vídeo, etc.

Ahora has decidido vender tu ‘viejo’ móvil o se lo vas a ceder a algún amigo o familiar para que lo reutilice, pero es más que probable que no quieras que esa persona pueda acceder a tus correos electrónicos o a tus redes sociales o que pueda ver las fotografías o conversaciones que contiene tu dispositivo.

Cambiar las contraseñas de servicios como el correo electrónico o las redes sociales puede ser una solución, aunque no es la mejor. Algunas apps para leer el correo electrónico permiten acceder a los mensajes que ya habían sido descargados en el dispositivo con anterioridad al cambio de la contraseña, por lo que cambiar la contraseña evitará que tu viejo dispositivo acceda a los mensajes nuevos pero no a los que ya habías leído. El cambio de las contraseñas puede ser útil cuando has cedido tu dispositivo a otra persona sin tener en cuenta los pasos que recomendamos en este post, pero no evitará que alguien pueda acceder a la información que ya contenía el dispositivo.

A continuación te indicamos los cuatro pasos que debes de tener en cuenta para despedirte de tu móvil evitando que su próximo dueño pueda acceder a la información que contiene sobre ti:
1. El primer paso para deshacerte de tu viejo dispositivo es realizar una copia de seguridad (ficha 1). Vas a borrar toda la información que contiene y, por lo tanto, guardar durante un tiempo una copia de todo lo que has ido almacenando podría ser útil para evitar que pierdas archivos. Es recomendable hacer copias de seguridad en la nube o en otro dispositivo, aquí te dejamos algunos motivos que pueden ayudarte a entender la utilidad de esta recomendación.
2. Ya has realizado la copia de seguridad y ahora debes eliminar toda la información personal que contiene tu dispositivo. El primer paso para limpiar el dispositivo es restaurar o restablecer los valores de fábrica. Esta opción te da la posibilidad de eliminar el contenido personal del dispositivo. No obstante, algunos dispositivos dejan parte de esta información sin eliminar y conviene que hagas la comprobación que te sugerimos en el siguiente paso. Verifica con el explorador de archivos que toda tu información personal ha sido eliminada (algunos dispositivos móviles no disponen de explorador de archivos pero puedes utilizar el explorador de archivos de tu ordenador conectando tu viejo dispositivo a tu ordenador con un cable USB).
3. Verifica con el explorador de archivos que toda tu información personal ha sido eliminada (algunos dispositivos móviles no disponen de explorador de archivos pero puedes utilizar el de tu ordenador conectando el móvil con un cable USB).

Para asegurarte que toda tu información personal ha desaparecido, elimina las siguientes carpetas:

a. Carpetas cuyo nombre esté relacionado con las apps que has utilizado, apps de tus redes sociales, correo electrónico, productos que hayas utilizado (pulsómetros, pulseras de actividad, equipos de sonido, automóvil, etc.) Incluso cuando estas carpetas no contengan información, el nombre de las apps puede dar información sobre tu persona: redes sociales que utilizas, cámaras fotográficas que has utilizado, dispositivos en general, vehículo que posees, etc. Toda esta información habla de ti, de tu nivel económico, de tus redes sociales y, en general, sobre tu forma de vida y la de tu entorno (amigos y familiares).

b. Busca una carpeta que se denomina download o descargas. En ocasiones algunos dispositivos móviles no eliminan el contenido de esta carpeta cuando restauras los valores de fábrica. Puede ocurrir que hayas descargado algún informe médico o bancario y cedas esta información a otra persona sin ser consciente de esta situación. Asegúrate que esta carpeta está vacía.

c. Revisa si aún quedan fotografías o vídeos que no deseas que sean vistos por otras personas. Habitualmente las cámaras de los dispositivos guardan este contenido en una carpeta que se denomina DCIM, pero puedes hacer búsquedas de imágenes o vídeos por el dispositivo para asegurarte que has eliminado todas tu imágenes y vídeos.

Si la información que has almacenado en tu dispositivo es extremadamente confidencial, deberás valorar si quieres utilizar un programa de borrado seguro que evite que alguien pueda recuperar la información que has eliminado.  Aquí puedes consultar cómo obtener información sobre la forma de realizar el borrado seguro del contenido de tu dispositivo.
4. Has eliminado todo el contenido de tu dispositivo pero te recomendamos seguir un último paso. Algunas redes sociales o servicios de correo electrónico guardan información de los dispositivos que utilizas y esta información puede estar vinculada a tu persona, por lo que es recomendable que revises la configuración de tus redes sociales y servicios de correo electrónico eliminando los dispositivos que ya no utilizas.