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Archivo de septiembre de 2017

Las exportaciones crecen un 9,1% hasta julio y siguen en máximos históricos

Sábado, 30 de septiembre de 2017

22 de septiembre de 2017 mineco.gob.es
Las exportaciones crecen un 9,1% hasta julio y siguen en máximos históricos
España exportó entre enero y julio por 163.065 millones de euros
El déficit comercial se situó en 13.187 millones de euros
Las ventas al exterior evolucionan mejor que en la UE y en la zona euro
Las exportaciones hacia fuera de la UE crecen un 10,7%
Las exportaciones españolas de mercancías en el periodo enero-julio ascendieron un 9,1% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 163.065 millones de euros, máximo histórico de la serie para el acumulado en este periodo. Las importaciones se incrementaron un 11,7% hasta los 176.252 millones. Como resultado, el déficit comercial de los siete primeros meses del año alcanzó los 13.187 millones de euros (8.436 millones en el mismo periodo de 2016). Las ventas españolas al exterior registraron mejor evolución que las del conjunto de la zona euro y la UE. Al tiempo, las exportaciones a mercados fuera de la UE crecieron un 10,7%.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 92,5% (94,7% en enero-julio de 2016) y es el tercer mejor registro de toda la serie histórica, sólo superado en 2013 y 2016.

En volumen, las exportaciones subieron un 8,9%, ya que los precios (aproximados por los Índices de Valor Unitario) crecieron un 0,2%; y las importaciones aumentaron un 5,8% (los precios subieron un 5,5%).

El saldo no energético arrojó un superávit de 87,6 millones de euros (1.014 millones de euros de superávit en el acumulado hasta julio de 2016) y el déficit energético se incrementó un 40,5%, hasta los 13.275 millones de euros (9.450 millones en 2016).

El crecimiento de las exportaciones entre enero y julio supera el del conjunto de la zona euro (7,5%) y la UE (7,8%). También es más alta que las tasas de Francia (3,6%), Alemania (6,4%), Italia (7,6%), EEUU (6,6%) y China (5,4%), pero inferior a la de Reino Unido (19,3%) y Japón (10%).

Entre los principales sectores destacan los crecimientos en bienes de equipo (representan un 20,1% del total), que subieron un 7,9% y alimentación, bebidas y tabaco (16,9% del total), que aumentó un 8,8%. El sector del automóvil (17% del total) bajó un 0,7%, asociado con las menores ventas a Reino Unido y Turquía.

En importaciones, los mayores precios energéticos, junto con la consolidación de la recuperación económica, explican el crecimiento en  la mayoría de los sectores. Destacan las de bienes de equipo (21,3% del total), que se incrementaron un 9,5% interanual, las del sector de productos energéticos (13,5% del total) aumentaron un 47,3% y las de semimanufacturas no químicas (7,3% del total) crecieron un 17,7%.

Las exportaciones dirigidas a la UE (66,2% del total) subieron un 8,4% entre enero y julio. Las ventas a la zona euro (51,9% del total) aumentaron un 9,2% y las destinadas al resto de la UE (14,3% del total), lo hicieron en menor medida, un 5,4%, como consecuencia de la depreciación de la libra y las menores ventas a Reino Unido.

Las mayores ventas a terceros destinos (33,8% del total, e incremento del 10,7%) vinieron impulsadas por las exportaciones a Oceanía (crecimiento del 12,6%), Asia excluido Oriente Medio (12,2%), América Latina (11,7%), África (10,1%) y América del Norte (9,6%). Por el contrario, se redujeron las destinadas a Oriente Medio (-0,4%). Destacan los crecimientos de ventas a Argentina (27,4%), China (24,4%), Marruecos (15,8%), México (13,8%) y Estados Unidos (9,4%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos de las exportaciones fueron Baleares (114,3%), Canarias (35,4%) y Asturias (21,6%). Los mayores descensos se dieron en Castilla y León (-4%), Cantabria (-3,7%) y Navarra (-1,2%).

Datos del mes de julio

En el mes de julio, las exportaciones de mercancías subieron un 3,9% sobre el mismo mes de 2016, hasta los 22.189 millones. Las importaciones aumentaron un 10,8% en términos interanuales, hasta los 24.288 millones de euros. Como resultado, en julio de 2017 se registró un déficit de 2.099 millones de euros (déficit de 558 millones en el mismo mes de 2016). La tasa de cobertura se situó en el 91,4%, 6,1 puntos porcentuales menos que en julio de 2016.

El saldo no energético arrojó un déficit de 174,6 millones (superávit de 914,3 millones en julio de 2016) y el déficit energético subió un 30,7%.

El incremento de las exportaciones en julio de España es menor que el registrado en la zona euro (5,9%) y en la Unión Europea (6,9%). Es similar al obtenido por Francia (4%) e inferior a los de Italia (5,1%), Alemania (8%) y Reino Unido (25,7%). Fuera de la UE, crecieron las exportaciones de Estados Unidos (5,5%), China (6%) y Japón (13,4%).

Por sectores, las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones en julio provinieron de semimanufacturas no químicas (aportación de 1,4 puntos), manufacturas de consumo (1,1 puntos), productos químicos (1 punto) y productos energéticos (0,8 puntos). Los únicos sectores que contribuyeron negativamente fueron el automóvil (-1 puntos), otras mercancías (-0,4 puntos) y materias primas (-0,3 puntos).

Desde una perspectiva geográfica, las exportaciones a la UE representaron el 63,5% del total en julio (65,3% en 2016) y crecieron un 1%. Las dirigidas a la zona euro crecieron un 3,7%, mientras que las destinadas al resto de la UE cayeron un 8,1%.

De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Francia (6,2%), Alemania (4,3%), Italia (1,7%) y Portugal (4,1%), mientras que bajaron las dirigidas al Reino Unido (-20,2%). Fuera de la UE destacan los incrementos de ventas a Argentina (57,5%), Arabia Saudí (25,9%), Marruecos (19,5%), EEUU (14,2%), Chile (10,1%), China (8,8%) y México (4,6%); y negativamente, Canadá (-28,6%) y Australia (-9%).

El Gobierno propone a los agentes sociales la necesidad de reducir el número de contratos

Viernes, 29 de septiembre de 2017

19 septiembre 2017

Diálogo Social – ceoe.es

El Gobierno propone a los agentes sociales la necesidad de reducir el número de contratos
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado a los agentes sociales que el Gobierno quiere, antes de que acabe el año, reducir a tres los tipos de contratos. La intención es que haya uno indefinido, otro temporal de indemnización creciente y un último formativo.
Báñez también planteó que hay que evaluar las bonificaciones a la contratación, para incentivar el empleo indefinido y desincentivar la temporalidad, aunque no concretó las fórmulas que estudia el Ejecutivo.

La ministra ha mantenido una reunión que ha durado cerca de dos horas con los líderes de CEOE y de CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, en la que han hecho balance de los asuntos pendientes que deben abordarse en el ámbito del diálogo social en los próximos meses.

Entre las propuestas que están sobre la mesa se encuentra, entre otros asuntos, la simplificación de los modelos de contrato; la revisión de los incentivos al empleo indefinido y los desincentivos a la temporalidad; el estudio de las medidas necesarias para reducir el empleo juvenil; la convocatoria de subvenciones públicas para impulsar las TIC y la economía digital; el diálogo sobre el futuro de las pensiones, y el debate sobre el Pilar Social Europeo, con el objetivo de crear una autoridad laboral europea.

Ante la propuesta de Fátima Báñez de reducir el número de contratos, el presidente de CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que “todo lo que sea simplificación nos parece bien”. También ha recordado que en España hay cerca de 40 modalidades de contratos. “Hemos de ver cuáles son las propuestas definitivas”, apuntó. En su opinión, la reducción del número de contratos es una tendencia en todos los países, aclarando que es algo que ya han aprobado en Francia, Alemania o Italia. Se mostró partidario de llegar a una acuerdo a medio plazo, ya que cambiar los tipos de contrato “de un día para otro es complicado”.

Asimismo, Juan Rosell se mostró abierto al diálogo: “No decimos que no a nada”. No obstante, avisó de que las cotizaciones sociales en España son las más altas de la UE con la excepción de Francia y que cualquier propuesta que plantee subirlas más es “ir en la dirección equivocada”.

El Tribunal Supremo rechaza suspender por la vía de urgencia los acuerdos Hacienda sobre Cataluña

Viernes, 29 de septiembre de 2017

Miércoles, 27 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo rechaza suspender por la vía de urgencia los acuerdos Hacienda sobre Cataluña

La Sala Tercera no considera acreditadas las circunstancias de especial urgencia ni las situaciones irreversibles alegadas por Podemos

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha rechazado la petición de suspensión cautelarísima solicitada por Podemos de las dos órdenes del Ministerio de Hacienda relativas al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se adoptaron medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En un auto, notificado hoy, la Sala considera que no se han acreditado las circunstancias de especial urgencia exigidas por la ley para adoptar una medida de este tipo (sin oír a las partes y en 48 horas) y menos aún las situaciones irreversibles alegadas por esta formación política.

El tribunal recuerda que la Comunidad Autónoma a la que afectan las órdenes impugnadas ha interpuesto sendos recursos contra ellas y en ninguno de ellos ha solicitado la suspensión por la vía de urgencia.

Por tanto, aunque rechaza la cautelarísima, la Sala acuerda que se tramite como una petición de medidas cautelares ordinarias con audiencia de las partes.

Las medidas para proteger a los deudores hipotecarios han beneficiado a 87.000 familias

Jueves, 28 de septiembre de 2017

20 de septiembre de 2017 mineco.gob.es
Las medidas para proteger a los deudores hipotecarios han beneficiado a 87.000 familias
La moratoria hipotecaria ha propiciado la suspensión de 27.400 desahucios desde su puesta en marcha en 2013
El Código de Buenas Prácticas (CBP) ha facilitado 42.575 reestructuraciones de deuda y más de 7.300 daciones en pago
Las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda iniciadas han caído un 64% desde el primer trimestre de 2014
Las que afectan a viviendas habituales de personas físicas son hoy menos de un tercio de las que se producían hace tres años
Las medidas para la protección de los deudores hipotecarios han beneficiado a casi 87.000 familias desde su puesta en marcha en 2012. El Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido que un total de 50.272 beneficiarios (hasta julio de 2017) hayan realizado una reestructuración de su deuda hipotecaria. En los más de cinco años de vigencia del CBP se han llevado a cabo 42.575 reestructuraciones viables, 7.324 daciones en pago y 8 quitas. Por su parte, el Fondo Social de Vivienda (FSV) ha permitido la realización de 9.020 contratos de alquiler (diciembre de 2016) y la moratoria hipotecaria ha propiciado la suspensión de 27.400 desahucios (hasta septiembre de 2017).

El CBP, junto con el FSV y la suspensión de los lanzamientos hipotecarios, forma parte del conjunto de medidas impulsado por el Ejecutivo desde el inicio de la X Legislatura con el objetivo de hacer frente al problema de los desahucios. El  CBP se aprobó en marzo de 2012 con el objetivo de dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos. Durante los últimos años se ha ampliado el colectivo que puede acogerse a estas medidas y se ha incluido la posibilidad de que los deudores cuya deuda haya sido ejecutada, se queden en su vivienda pagando un alquiler asequible. Se trata de un Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio para los bancos que lo suscriben, en la actualidad, la gran mayoría de los que tienen actividad en el sector.

Por otro lado, la suspensión de los lanzamientos hipotecarios supuso en 2013 la paralización inmediata de los desahucios de aquellas familias que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad. El Gobierno ha impulsado recientemente la prórroga de esta medida hasta 2020 en el Congreso de los Diputados y ha ampliado los criterios para incluir al máximo número de deudores vulnerables. El FSV, por su parte, permite atender a aquellos casos en los que no se ha podido evitar el desahucio, facilitando un alquiler de precio reducido.

Estas medidas han ayudado a paliar el problema social de los desahucios desde el inicio de la pasada legislatura, en la fase más aguda de la crisis. Las ejecuciones hipotecarias han caído un 58% respecto del primer trimestre de 2014 y las que afectan a vivienda se han reducido un 64%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, las ejecuciones hipotecarias que afectan a viviendas habituales de personas físicas son hoy menos de un tercio de las que se producían hace tres años. Esta reducción se explica, además de por las medidas puestas en marcha por el Gobierno, por la robusta recuperación de la economía española, que lleva tres años experimentando un crecimiento por encima del 3% y que acumula  una fuerte creación de empleo.

¿Te habías dado cuenta?

Miércoles, 27 de septiembre de 2017

El Tribunal Supremo exime a un banco de devolver las cantidades anticipadas a cuenta por el comprador de una vivienda que no se entregó a tiempo

Martes, 26 de septiembre de 2017

Jueves, 21 de septiembre de 2017 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo exime a un banco de devolver las cantidades anticipadas a cuenta por el comprador de una vivienda que no se entregó a tiempo

La Sala Primera concluye que la entidad cumplió con los deberes legales al abrir una cuenta especial para el dinero anticipado

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente su presidente, Francisco Marín Castán, ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que acordó estimar el recurso de apelación interpuesto por el demandante -particular comprador de una vivienda- y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia estimatoria parcial de la demanda.

El procedimiento tiene su origen en la demanda planteada por el comprador de una vivienda sobre plano sometida al régimen de la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, por incumplir la promotora su obligación de entregar la vivienda en plazo.

La demanda se dirigió no solo frente a la promotora sino también frente a la entidad de crédito (actualmente Kutxabank), en la que se había abierto la cuenta especial para ingreso de las cantidades anticipadas por los compradores de las viviendas de la promoción.

En primera instancia se consideró que la entidad de crédito no tenía obligación de responder solidariamente de las cantidades entregadas a cuenta por el comprador, mientras que la Audiencia Provincial entendió que sí debía de responder. En concreto, se discute en casación si Kutxabank debe de responder solidariamente con la vendedora-promotora, de la devolución de las cantidades anticipadas pese a haber abierto la cuenta especial prevista en dicha ley, en concreto si esa cuenta especial estaba o no debidamente garantizada.

La sentencia del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria, basándose en que ésta abrió la cuenta especial de la promotora legalmente exigida para el ingreso de las cantidades anticipadas por los compradores y en que la cuenta se encontraba garantizada mediante una póliza colectiva de afianzamiento suscrita por la promotora y una aseguradora, a quien el banco comunicó la apertura de la cuenta especial, por lo que no incurrió en la responsabilidad del art. 1-2.ª de la Ley 57/1968, pues cumplió con todo aquello que le era exigible.

Además, declara la Sala que no cabe argumentar que la compañía de seguros anunciase que iba a proceder a la anulación de la póliza en un plazo de 30 días naturales porque, además de no constar destinatario en el documento en que se hace dicho anuncio, el mismo carece de fecha, por lo que no hay razón alguna para entender que el banco recibiera dicho anuncio antes de admitir ingresos a cuenta del comprador demandante.

A estos argumentos suma la Sala que treinta pagos mensuales a cuenta no fueron ingresados ni en la cuenta especial ni en ninguna otra de Kutxabank, además de que, conforme a su doctrina, no cabe negar la eficacia de una póliza colectiva de afianzamiento por no haberse emitido los certificados o pólizas individuales. En definitiva, la responsabilidad de la entidad bancaria se limita al cumplimiento de las obligaciones que le impone el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 y no cabe declarar que siempre tenga que actuar como garante del avalista o del asegurador.

Sobre quienes desafían a los jueces y a la Constitución. John F. Kennedy

Lunes, 25 de septiembre de 2017


 

 

Americans are free, in short, to disagree with the law but not to disobey it. For in a government of laws and not of men, no man, however prominent or powerful, and no mob, however unruly or boisterous, is entitled to defy a court of law. If this country should ever reach the point where any man or group of men by force or threat of force could long defy the commands of our court and our Constitution, then no law would stand free from doubt, no judge would be sure of his writ, and no citizen would be safe from his neighbors.

 

“Los estadounidenses son libres, en resumen, de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres por la fuerza o la amenaza de la fuerza pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestra corte y nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”.

Los jóvenes deben estar en el mundo del trabajo en las mismas condiciones que el resto

Domingo, 24 de septiembre de 2017

Los jóvenes deben estar en el mundo del trabajo en las mismas condiciones que el resto

Pepe Álvarez interviene en la Asamblea de Aposta Jove en Valencia

UGT | jueves, 21 de septiembre de 2017 ugt.es
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que hay que “trabajar para que los jóvenes estén en el mundo del trabajo en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores, porque los últimos años han entrado bajo el paraguas de la precariedad”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante la Asamblea de Aposta Jove en Valencia, la organización de los jóvenes de UGT-País Valencià, donde ha recordado que el sindicato ya ha “planteado planes concretos al Gobierno para este colectivo, como la idea de poner en marcha el contrato relevo dentro de la garantía juvenil, con el fin de crear decenas de miles de puestos de trabajo en poco tiempo. Esperemos que se apruebe en pocas fechas”.

En este sentido, ha manifestado que “esta situación de más del 40% de jóvenes en desempleo no es aceptable, como tampoco lo son las condiciones de precariedad en las que desarrollan su labor profesional. Hemos convocado marchas por los pensionistas, pero estas marchas son también para los jóvenes, que no se pueden resignar a no tener una jubilación en un futuro”.

Además, ha considerado que “nuestro país ha ido generando riqueza que hay que repartir, y en ese reparto los jóvenes tienen que ser los beneficiados porque, durante los últimos años, han sido los principales perjudicados”.

El sistema de financiación autonómica hay que renegociarlo porque está caducado

En relación a la manifestación del 28 de octubre en Valencia por una financiación autonómica justa, el Secretario General de UGT ha señalado que “este sistema está caducado, hay que renegociarlo y ponerlo de nuevo en marcha. No ha sido justo y no obedece a las necesidades de las Comunidades Autónomas en función de los servicios que prestan”.

En este sentido, ha afirmado que “las regiones hacen de frontón porque muchas de las reivindicaciones que se corresponden con las necesidades de los ciudadanos no tienen el correspondiente aval económico. Es necesario que se reparta más justamente la riqueza y se dé cobertura a todas las necesidades”.

La inflación se eleva al 1,6% por la aceleración del precio de la energía

Sábado, 23 de septiembre de 2017

La inflación se eleva al 1,6% por la aceleración del precio de la energía
Miércoles 13 de septiembre de 2017 lamoncloa.gob.es
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en agosto de 2017 un 1,6% interanual, una décima más que en julio, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa coincidente con la adelantada por el INE a finales del pasado mes.
Esta evolución se explica principalmente por la aceleración de los precios de los productos energéticos y, en menor medida, de la alimentación elaborada, parcialmente compensada por el menor ritmo de crecimiento de los precios de servicios y bienes industriales no energéticos (BINE), y por el descenso más pronunciado de los precios de la alimentación no elaborada. En términos intermensuales, el IPC ha crecido un 0,2% en agosto de 2017, frente a la subida del 0,1% en el mismo mes de 2016.

Los precios de los productos energéticos aumentaron un 6,3% interanual, 2,2 puntos más que en julio, fundamentalmente por la aceleración de los precios de los carburantes y lubricantes, que pasaron del 1,9% interanual en julio al 5,4% en agosto. Asimismo, los precios del gas crecieron el 12,6%, frente al 10,7% del mes anterior. Por su parte, los precios de la electricidad redujeron ocho décimas su ritmo de aumento, hasta el 5,4%.

La inflación de la alimentación se situó en el 0,3% en agosto, igual a la del mes precedente. Los precios de la alimentación no elaborada se redujeron el 1,6%, seis décimas más que el mes anterior, destacando el comportamiento de las frutas frescas, cuyos precios intensificaron 2,8 puntos su ritmo de descenso (pasaron de caer el 12% en julio al 14,8% en agosto). Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco aumentaron el 1,1% en agosto, una décima más que en julio. Cabe señalar la aceleración de nueve décimas de aceites y grasas, hasta el 7%.

La inflación subyacente, que excluye la alimentación no elaborada y la energía, los elementos más volátiles del IPC, disminuyó dos décimas en agosto, hasta el 1,2%, debido principalmente al menor ritmo de aumento de los precios de los servicios y de los bienes industriales no energéticos (BINE). Los servicios crecieron el 1,7% interanual, dos décimas menos que en julio, destacando la evolución de los precios de los paquetes turísticos, que se desaceleraron 2,2 puntos, hasta el 6,2%, y de los servicios de telefonía y fax, que moderaron el ritmo de aumento nueve décimas, hasta el 1,5%.

Por su parte, los precios de los BINE se estabilizaron en agosto, tras el aumento del 0,3% en julio, destacando la desaceleración de los precios de los automóviles, que pasaron de crecer el 3,3% en julio al 1,7% en agosto. Por el contrario, la alimentación elaborada aumentó el 1,1%, una décima más que en el mes anterior.

En términos intermensuales, el IPC registró una tasa de variación del 0,2% en agosto, frente al incremento del 0,1% registrado en el mismo mes de 2016. Por componentes, los precios de los servicios aumentaron un 0,4%, dos décimas menos que un año antes; los de los BINE cayeron el 0,2%, frente a la estabilidad de agosto de 2016; los de la alimentación disminuyeron el 0,1%, tras la variación nula de un año antes; y los de los productos energéticos crecieron un 1%, tras la caída de igual magnitud de agosto del año pasado.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en agosto de 2017 una tasa intermensual del -0,9% (-0,3% en el mismo mes de 2016), y los de los alimentos elaborados del 0,2% (0,1% un año antes).

La tasa interanual del IPC aumentó en agosto en diez comunidades autónomas, se mantuvo inalterada en cuatro y disminuyó en las tres restantes. Los mayores repuntes se produjeron en las tasas de inflación de Cantabria y Principado de Asturias (cinco y dos décimas, respectivamente, hasta el 1,8% y 1,5%), y las mayores bajadas en La Rioja y Comunidad Foral de Navarra (dos décimas ambas, hasta el 1,5% y el 1%, respectivamente).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en agosto en el 1,6%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de agosto de 2017, cuya tasa de variación interanual se sitúa en el 2%, tres décimas superior a la de julio. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro fue del 1,5% en agosto, dos décimas por encima de la del mes anterior, de lo que resulta un diferencial de inflación para España respecto a la zona euro de 0,5 puntos, una décima superior al de julio.

Joaquín Galve: “Los jueces no aprobamos las leyes pero nos hemos comprometido a hacer cumplir la Constitución”

Viernes, 22 de septiembre de 2017

Viernes, 22 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

Joaquín Galve: “Los jueces no aprobamos las leyes pero nos hemos comprometido a hacer cumplir la Constitución”

El presidente del TSJN recalca en el acto de apertura del año judicial en Navarra que la sociedad española está viviendo acontecimientos “impensables”, ante los que los jueces mostrarán su inquebrantable fidelidad al ordenamiento jurídico

Autor:Comunicación Poder Judicial

Joaquín Galve: “Los jueces no aprobamos las leyes pero nos hemos comprometido a hacer cumplir la Constitución”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha recalcado hoy en el acto de apertura del año judicial en la Comunidad foral que la sociedad española está asistiendo a acontecimientos “impensables” ante los cuales la judicatura mostrará su “inquebrantable fidelidad a la Constitución”.

“Pese a lo que algunos parecen pensar, no puede obviarse que los jueces no aprobamos las leyes, pero una vez que estas forman parte del ordenamiento estamos sometidos al imperio de la ley y nos hemos comprometido no solo a cumplir sino a hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, administrando recta e imparcial justicia”, ha remarcado Galve.

Según ha expuesto el presidente del Tribunal Superior, la sociedad española está viviendo situaciones que hasta hace bien poco eran impensables. “Los jueces nunca creímos que la historia pondría a prueba el valor de nuestro compromiso, pero llegado el momento, que nadie dude de nuestra inquebrantable fidelidad a la Constitución. En este punto, no albergo duda alguna de que recojo la voluntad de todos los jueces navarros”, ha señalado.

Al acto, en el que también ha intervenido el fiscal superior de la Comunidad foral, José Antonio Sánchez, han acudido diversas autoridades, entre otras, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos; la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez; la delegada del Gobierno, Carmen Alba; la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont; y el vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Manuel Fernández.

En su intervención, el presidente del TSJN ha censurado las campañas de desprestigio y la absoluta falta de respeto a las resoluciones judiciales, “con críticas exacerbadas, sin fundamento ni rigor jurídico alguno en muchas ocasiones y que pueden comprenderse desde el sentimentalismo, el populismo o la demagogia, pero se tornan inadmisibles cuando proceden de quienes ostentan responsabilidades políticas o aspiran a ejercerlas, constituyendo auténticas intromisiones y ataques al respeto debido a la independencia judicial que, por otra parte, son estériles y no hacen sino retratar a quienes las profieren”.

Al respecto, Galve ha destacado que “las críticas razonables y proporcionadas, es decir, educadas, son perfectamente respetables y admisibles, incluso fortalecedoras del Estado de derecho”.

El presidente del Tribunal Superior ha incidido en que, un año más, la justicia navarra se encuentra en una posición de privilegio, entre las tres comunidades autónomas en las que funciona de forma más eficaz, según refleja el informe “La Justicia dato a dato”, elaborado por el órgano de gobierno de los jueces.

A lo largo de su discurso, Galve ha desgranado algunos datos estadísticos del primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así, en la jurisdicción civil se ha experimentado un descenso en los juzgados de primera instancia de Navarra, concretamente el 15%, tanto en el ingreso como en la pendencia de asuntos, sin contar con los datos del órgano que se ha venido en denominar Juzgado de Primera Instancia nº 7 bis de Pamplona, encargado desde el 1 de junio de todos los asuntos de cláusulas suelo y gastos hipotecarios.

Por el contrario, el ingreso de causas civiles en la Audiencia Provincial ha experimentado un ligero aumento, “que debe pasar a considerarse importante”, del 22 %, en lo que a pendencia se refiere.

Respecto al Juzgado de Primera Instancia nº 7 bis, Galve ha reconocido que las previsiones “se han desbordado, lo que a su vez también era previsible”, ya que los cálculos del CGPJ para Navarra eran de 400 y 900 asuntos al año, y a día de hoy se han registrado ya 1.012.

Galve ha calificado la situación como “preocupante, por utilizar una palabra amable, pero con la ventaja de saber que, aunque aún no la veamos, hay otra orilla, que intentaremos alcanzar lo antes posible”. En este punto, ha agradecido el trabajo y esfuerzo de todas las personas implicadas en el juzgado, donde ha incluido a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra.

En este sentido, el presidente del TSJN ha resaltado la labor realizada por el departamento de Justicia y, especialmente, por los integrantes de la Dirección General, quienes “con buena disposición y celeridad” atienden todas las solicitudes a pesar de las conocidas limitaciones presupuestarias.

En este punto, Galve ha reiterado su deseo de aspirar a una asignación presupuestaria estable, no inferior al 1% del presupuesto total, que no esté sometida a vaivenes coyunturales, políticos o económicos.

En su alocución, también ha hecho referencia a los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils perpetrados en agosto, a cuyas víctimas y familiares ha vuelto a transmitir su pesar y solidaridad.

“La democracia y el Estado de derecho prevalecerán siempre, y desde esta convicción proclamamos una vez más nuestra decidida voluntad de perseverar en su protección y defensa”, ha abundado Galve, quien ha mostrado su “apoyo, reconocimiento y agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su dedicación y colaboración con la Administración de Justicia, así como por el alto grado de seguridad que se disfruta en Navarra”.

Huapango de Moncayo. Arena Ciudad de México

Viernes, 22 de septiembre de 2017

El Juzgado para cláusulas suelo de Asturias ya ha notificado un centenar de sentencias

Viernes, 22 de septiembre de 2017

Martes, 19 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

El Juzgado para cláusulas suelo de Asturias ya ha notificado un centenar de sentencias

Se han recibido 1320 asuntos y se han señalado hasta finales de octubre todas las vistas de los procedimientos que ya han sido contestados. Sólo una de las resoluciones da la razón a la entidad bancaria demandada

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, que desde el pasado día 1 de junio atiende en exclusiva todas las demandas presentadas en el Principado de Asturias vinculadas a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (reclamación de cláusulas suelo abusivas, gastos de tramitación de hipotecas, etc), ya ha notificado un centenar sentencias.

Concretamente el Juzgado, que a día de hoy ha recibido 1320 demandas, ha comunicado noventa y nueve resoluciones favorables a los intereses de los demandantes, la gran mayoría con imposición de costas, y sólo en una se le ha dado la razón a la entidad bancaria demandada.

El juzgado viene señalando una media de quince audiencias cada uno de los tres días previstos para celebrar, tanto por parte del magistrado titular como para la juez de adscripción territorial que desde el 19 de junio presta servicios de refuerzo en el Juzgado, dentro del plan establecido por el CGPJ. Desde el pasado 1 de septiembre ambos celebran un mínimo de 45 audiencias a la semana y ya han señalado vistas hasta finales de octubre con todos los procedimientos que ya han sido contestados por la entidad bancaria respectiva.

Teniendo en cuenta que el Juzgado ha recibido en estos dos meses y medio más de el quíntuple de los procedimientos ordinarios de cualquier temática que antes recibía en todo un año, hay que destacar la rapidez con la que está tramitando las demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El procedimiento ordinario es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros y otras en función de la materia, cualquiera que sea su cuantía: condiciones generales de la contratación, derechos fundamentales, retractos, publicidad, competencia desleal, propiedad intelectual o industrial, impugnación de acuerdos sociales, arrendamientos, propiedad horizontal, etc.

Plan de urgencia del CGPJ

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consistía en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Seísmo en México

Jueves, 21 de septiembre de 2017

Mexico-luto

Cuando una institución financiera concede un préstamo denominado en divisa extranjera, debe facilitar al prestatario la información suficiente para que éste pueda tomar decisiones fundadas y prudentes

Jueves, 21 de septiembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 103/17 curia.europa.eu
Luxemburgo, 20 de septiembre de 2017
Sentencia en el asunto C-186/16
Ruxandra Paula Andriciuc y otros/Banca Românească SA
Cuando una institución financiera concede un préstamo denominado en divisa extranjera, debe facilitar al prestatario la información suficiente para que éste pueda tomar decisiones fundadas y prudentes
Por lo tanto, el profesional debe comunicar al consumidor afectado toda la información pertinente que le permita valorar las consecuencias económicas de una cláusula sobre sus obligaciones financieras
En 2007 y 2008, la Sra. Ruxandra Paula Andriciuc y otras personas, que percibían entonces sus ingresos en leus rumanos (RON), celebraron con el banco rumano Banca Românească préstamos denominados en francos suizos (CHF) con el fin de adquirir bienes inmuebles, refinanciar otros créditos o satisfacer necesidades personales.
Según los contratos de préstamo celebrados entre las partes, los prestatarios estaban obligados a reembolsar las cuotas mensuales de los créditos en CHF y aceptaron asumir el riesgo vinculado a las posibles fluctuaciones del tipo de cambio del RON con respecto al CHF.
Posteriormente, el tipo de cambio en cuestión varió considerablemente en perjuicio de los prestatarios. Éstos acudieron a los tribunales rumanos para que se declarara que la cláusula en virtud de la cual el crédito debe reembolsarse en CHF sin tener en cuenta la posible pérdida que los prestatarios pueden sufrir como consecuencia del riesgo del tipo de cambio constituye una cláusula contractual abusiva no vinculante, de acuerdo con lo establecido por una Directiva de la Unión. 1 Los prestatarios afirman, en particular, que en el momento de la celebración de los contratos el banco presentó su producto de manera engañosa, poniendo únicamente de relieve los beneficios que los prestatarios podrían obtener, sin mostrar sus riesgos potenciales ni la probabilidad de que éstos se materializaran. Según los prestatarios, la cláusula controvertida debe declararse abusiva a la luz de esta práctica del banco.
En este contexto, el Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de Oradea, Rumanía) pregunta al Tribunal de Justicia sobre el alcance de la obligación de los bancos de informar a sus clientes del riesgo del tipo de cambio vinculado a los préstamos denominados en divisa extranjera.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera que la cláusula de que se trata forma parte del objeto principal del contrato de préstamo, por lo que su carácter abusivo únicamente podrá examinarse con arreglo a la Directiva en el supuesto de que no haya sido redactada de manera clara y comprensible. En efecto, la obligación de reembolsar un crédito en una determinada moneda constituye un elemento esencial del contrato de préstamo, puesto que no se refiere a una modalidad accesoria de pago, sino a la propia naturaleza de la obligación del deudor.
A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible obliga también a que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate. En su caso, el contrato también debe indicar la relación entre ese mecanismo y el
1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
www.curia.europa.eu
prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él. El tribunal rumano debe examinar esta cuestión a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que se encuentran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista en el marco de la negociación de un contrato de préstamo.
Más concretamente, incumbe al juez nacional verificar si se han comunicado al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar el coste total de su préstamo.
En este contexto, el Tribunal de Justicia señala que las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes. Así, esta información debe referirse no sólo a la posibilidad de apreciación o de depreciación de la divisa del préstamo, sino también a los efectos en las cuotas de las variaciones del tipo de cambio y de una apreciación del tipo de interés de la divisa del préstamo.
De este modo, por una parte, el prestatario deberá estar claramente informado de que, al suscribir un contrato de préstamo denominado en una divisa extranjera, se expone a un riesgo de tipo de cambio que le será, eventualmente, difícil de asumir desde un punto de vista económico en caso de devaluación de la moneda en la que percibe sus ingresos. Por otra parte, la entidad bancaria deberá exponer las posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa extranjera, sobre todo en el supuesto de que el prestatario no perciba sus ingresos en esta divisa.
Por último, el Tribunal de Justicia considera que, en el supuesto de que la entidad bancaria no haya cumplido estas obligaciones y pueda examinarse, en consecuencia, el carácter abusivo de la cláusula controvertida, incumbe al juez nacional evaluar, por una parte, el posible incumplimiento por parte del banco de la exigencia de buena fe y, por otra parte, la existencia de un posible desequilibrio importante entre las partes del contrato. Esta evaluación deberá realizarse en relación con el momento de la celebración del contrato en cuestión, teniendo en cuenta especialmente la experiencia y los conocimientos del banco en lo que respecta a las posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa extranjera. A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que una cláusula contractual puede entrañar un desequilibrio entre las partes que sólo se manifieste mientras se ejecuta el contrato.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Mexico lindo y querido. Luz Rios

Miércoles, 20 de septiembre de 2017

El juzgado de cláusulas suelo y gastos hipotecarios de Navarra dicta las dos primeras sentencias

Miércoles, 20 de septiembre de 2017

Martes, 19 de septiembre de 2017 poderjudicial.es

El juzgado de cláusulas suelo y gastos hipotecarios de Navarra dicta las dos primeras sentencias

El juez anula la cláusula de gastos pero exime al banco de abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, la notaria y la tasación. En la demanda por cláusula suelo, el juez impone las costas procesales a la entidad bancaria, que se allanó antes del juicio

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juzgado especializado en Navarra en los asuntos de cláusulas suelo y gastos hipotecarios, que entró en funcionamiento el 1 de junio, ha dictado las dos primeras sentencias relativas a ambas materias.

En la primera resolución dictada por cláusula suelo, en la que la entidad bancaria —Banco de Sabadell— se allanó antes del juicio pero reclamó las costas (los honorarios del abogado y procurador), el juez se las ha impuesto al banco demandado al apreciar mala fe, ya que hizo caso omiso del requerimiento previo del demandante y presentó una contraoferta una vez interpuesta la demanda.

Por su parte, en la primera sentencia sobre gastos hipotecarios del Juzgado de Primera Instancia número 7 bis de Pamplona, con competencia exclusiva sobre toda la Comunidad foral, el juez ha anulado la cláusula de gastos al considerarla abusiva, pero ha eximido a la entidad —CaixaBank— de reintegrar las cantidades abonadas por el impuesto de actos jurídicos documentados (2.199,38 euros), la tasación del inmueble (232 €) y los aranceles del notario (410,28 €).

En este asunto, el juez condena al banco a devolver los gastos originados por el Registro de la Propiedad (141,77 euros) y los honorarios de la gestoría (168,20 €). En total, el demandante reclamaba 3.151,63 euros. Al ser una estimación parcial de la demanda, el juez establece que cada parte abone sus costas.

Respecto de la cláusula anulada, el juez explica que la generalidad, imprecisión e imputación indiscriminada al prestatario de cada una de las partidas de gastos denunciadas (impuesto de actos jurídicos documentados, notario, registro, gestoría y tasación) “contribuyen a formar la convicción de que la cláusula de gastos provoca un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor”.

No obstante, al desgranar en la sentencia cada una de las partidas, el juez considera que debe ser el demandante quien abone los gastos del referido impuesto—“porque en la concesión de préstamos garantizados con hipoteca corresponde al prestario”—, de la notaría —porque es el prestatario el interesado, sustantiva y fiscalmente, en que el notario despliegue sus funciones— y de la tasación, porque el demandante es el primer interesado en acreditar la suficiencia de la garantía que ofrece al prestamista y, además, pudo haber elegido otra entidad tasadora.

Las dos sentencias pueden ser recurridas ante la Sección Tercera de la Audiencia de Navarra.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla declara la nulidad del 31% de las acciones del Betis

Martes, 19 de septiembre de 2017

Lunes, 18 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla declara la nulidad del 31% de las acciones del Betis

Anula la suscripción de 30.869 acciones, propiedad originariamente de la entidad Familia Ruiz Avalos S.A.

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla ha declarado la nulidad del 31 por ciento de las acciones del Real Betis Balompié en una sentencia en la que estima parcialmente la demanda interpuesta contra FARUSA y el Real Betis Balompié, entre otros. El juzgado, en una sentencia de 76 folios, declara la nulidad de la suscripción de 30.869 acciones de la entidad Real Betis Balompié S.A.D., propiedad originariamente de la entidad Familia Ruiz Avalos S.A. (FARUSA).

También declara la nulidad de la suscripción de 6.000 acciones de la entidad Real Betis Balompié S.A.D. numeradas de la 55.351 a 58.350 y de la 61.667 a 64.666 actualmente tituladas por FARUSA.

Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Según el Abogado General Saugmandsgaard Øe, los divorcios privados no entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento «Roma III»

Lunes, 18 de septiembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 98/17
Luxemburgo, 14 de septiembre de 2017 curia.europa.eu
Conclusiones del Abogado General en el asunto C-372/16
Soha Sahyouni / Raja Mamisch
Según el Abogado General Saugmandsgaard Øe, los divorcios privados no entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento «Roma III»
Considera que, en todo caso, dicho Reglamento, relativo a la ley aplicable al divorcio, no permite reconocer la validez de un divorcio de este tipo cuando la ley extranjera designada es discriminatoria
El Sr. Raja Mamisch y la Sra. Soha Sahyouni, que poseen tanto la nacionalidad siria como la nacionalidad alemana, residen actualmente en Alemania.
En 2013, tras haber manifestado el Sr. Mamisch la intención de divorciarse de su esposa, un representante suyo pronunció la fórmula requerida ante un tribunal religioso situado en Siria, el cual declaró el divorcio de los cónyuges. Se trata de un divorcio «privado», que no se basa en una resolución de carácter constitutivo de un órgano jurisdiccional o de otra autoridad pública, sino en una declaración de voluntad de los cónyuges, en este caso, unilateral y seguida de una intervención de índole meramente declarativa de una instancia extranjera. A continuación, la Sra. Sahyouni firmó una declaración en la que reconocía haber recibido la compensación íntegra que, según la legislación religiosa, le correspondía de acuerdo con el contrato matrimonial y debido a la disolución del matrimonio mediante divorcio por deseo unilateral de su marido, y eximía a éste de cualquier obligación que pudiera tener frente a ella.
A continuación, el Sr. Mamisch solicitó en Alemania el reconocimiento del divorcio, solicitud que fue aceptada por el Presidente del Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Múnich, Alemania) por considerar, concretamente, que el Reglamento «Roma III», relativo a la ley aplicable al divorcio, ( 1 ) cubría este tipo de demandas, y que en virtud de dicho Reglamento el divorcio en cuestión estaba sometido al Derecho sirio.
La Sra. Sahyouni impugnó el reconocimiento del divorcio ante el Oberlandesgericht München, que ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones relativas a la interpretación del Reglamento Roma III.
En sus conclusiones de hoy, el Abogado General Henrik Saugmandsgaard Øe observa, en primer lugar, que el Reglamento Roma III determina las normas de conflicto de leyes aplicables en materia de divorcio en los Estados miembros participantes, ( 2 ) pero no regula el reconocimiento de las resoluciones de divorcio ya dictadas. No obstante, este Reglamento se aplica indirectamente en el caso examinado, y su interpretación resulta por tanto útil, toda vez que el Derecho alemán se remite a dicho texto a fin de determinar la ley aplicable en los procedimientos judiciales relativos al reconocimiento de divorcios privados declarados en el extranjero.
Sin embargo, el Abogado General estima que, en contra de lo que presumió el legislador alemán, el Reglamento Roma III no cubre los divorcios declarados sin que medie la adopción de una resolución de efectos constitutivos por un órgano jurisdiccional o una autoridad pública, como un divorcio resultante de la declaración unilateral de un cónyuge registrada por un tribunal religioso. A esta conclusión llega, en particular, analizando los trabajos preparatorios de dicho Reglamento y teniendo en cuenta que la intención del legislador de la Unión era que el ámbito de aplicación de este último fuera coherente con el del Reglamento «Bruselas II bis», relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial. ( 3 )
En caso de que el Tribunal de Justicia declare que los divorcios privados están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Roma III, el Abogado General se pronuncia sobre la interpretación del artículo 10 de dicho Reglamento, según el cual los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro participante deben aplicar su propio Derecho nacional cuando la ley extranjera en principio aplicable establezca que el acceso al divorcio varía por razón del sexo del cónyuge de que se trate. A este respecto el Abogado General observa que, según el Oberlandesgericht München, el Derecho sirio no ofrece a la esposa las mismas condiciones de acceso al divorcio que las que se ofrecen al marido.
El Abogado General estima, en primer término, que la cuestión de si el acceso al divorcio previsto por el Derecho extranjero entraña una discriminación debe apreciarse de manera abstracta, y no de manera concreta a la luz de las circunstancias del caso en examen. Así, basta con que la ley extranjera aplicable sea discriminatoria por su contenido para que sea descartada. En efecto, el legislador de la Unión ha considerado que la discriminación en cuestión –la basada en el sexo de los cónyuges– reviste tal gravedad que debe ocasionar la exclusión absoluta, sin posibilidad de excepciones puntuales caso por caso, de la totalidad de la ley que, en otro caso, se habría aplicado.
A continuación, el Abogado General examina si el hecho de que el cónyuge discriminado haya prestado eventualmente consentimiento al divorcio permite al órgano jurisdiccional nacional no descartar la ley extrajera a pesar de su carácter discriminatorio, y aplicar en consecuencia esa ley.
Según el Abogado General, procede responder negativamente a esta cuestión. En efecto, la norma establecida en el artículo 10 del Reglamento Roma III, que se basa en el respeto de valores considerados fundamentales, está dotada de carácter imperativo y, en consecuencia, ha sido situada, por voluntad del legislador de la Unión, fuera del ámbito en el que las personas interesadas pueden renunciar libremente a la protección de sus derechos.
NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
1 Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (DO 2010, L 343, p. 10).
2 Dado que el Reglamento Roma III establece una cooperación reforzada, a día de hoy sólo se aplica en Bélgica, Bulgaria, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia.
3 Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).

CCOO y UGT suscriben el Pacto por un Sistema Nacional de Salud público y universal

Domingo, 17 de septiembre de 2017

CCOO y UGT suscriben el Pacto por un Sistema Nacional de Salud público y universal
CCOO y UGT firman hoy, en el Congreso de los Diputados, el “Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal”. Dicho Pacto supone un nuevo impulso a la lucha en defensa de la sanidad pública sobre la base de la calidad, la equidad, la solidaridad y la accesibilidad. Ambos sindicatos vienen reclamando desde 2012 la retirada del Real Decreto Ley que afecta también al aseguramiento, la cartera de servicios, los recursos humanos y los presupuestos sanitarios.
12/09/2017. ccoo.es
CCOO y UGT suscriben el “Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal” presentado en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. El documento recoge dos de las reivindicaciones centrales de ambas organizaciones sindicales en materia sanitaria: la defensa del acceso universal a la salud y la suficiencia presupuestaria del SNS.

1.- La defensa del acceso universal a la salud, para UGT y CCOO, se enmarca en una estrategia de mayor alcance:

La derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, de su desarrollo reglamentario y de la normativa relacionada con el espíritu de esta reforma. Como primera medida deberá garantizarse la restitución del derecho universal a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, en condiciones de equidad, a todas las personas que viven en España.La evaluación de los efectos en la salud y el incremento de desigualdades ocasionados por el Real Decreto-ley 16/2012 y las políticas de las CCAA, en especial, las restricciones presupuestarias, la colaboración público-privada y los modelos de gestión y organización.

2.- De igual forma, para CCOO y UGT, la suficiencia presupuestaria del SNS se logrará con:

El establecimiento de un modelo de financiación sanitaria que garantice la suficiencia de los recursos y sirva para atender los servicios de asistencia sanitaria en el conjunto del SNS y en cada una de las CCAA, además de asegurar la equidad y recuperar los recursos económicos perdidos a lo largo de la crisis.La recuperación del Fondo de Cohesión en relación con sus fines de cohesión sanitaria, equidad, solidaridad y corrección de desigualdades, y dotarlo del presupuesto adecuado para ello.

Para ambos sindicatos son fundamentales, además, la recuperación del empleo destruido y la creación de nuevos puestos de trabajo en función de las necesidades actuales, incrementando, entre otras, las plazas de personal de formación sanitaria especializada.

Desde 2012, CCOO y UGT han venido exigiendo la retirada del Real Decreto-ley 16/2012 –que también afecta al aseguramiento, la Cartera de Servicios, los recursos humanos y los presupuestos sanitarios– mediante distintas iniciativas, entre ellas, la firma, en diciembre de 2015, del Manifiesto “En defensa de la sanidad pública: por la derogación de la reforma sanitaria, la mejora de la financiación y la recuperación del empleo”, junto con FADSP, FAECAP y FAISS.

Las centrales sindicales valoran este Pacto como un nuevo impulso a la lucha en defensa de la sanidad pública sobre la base de la calidad, la equidad, la solidaridad y la accesibilidad

Aprobada la Estrategia de Internacionalización 2017-2027 y el Plan Integral de Competitividad del Comercio Minorista para este año

Sábado, 16 de septiembre de 2017

08 de septiembre de 2017 mineco.gob.es
Aprobada la Estrategia de Internacionalización 2017-2027 y el Plan Integral de Competitividad del Comercio Minorista para este año
La Estrategia de Internacionalización pretende aumentar la aportación del sector exterior al crecimiento y al empleo
El Plan de Comercio Minorista impulsará la incorporación al mundo digital
El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 y el primer Plan de Acción Bienal (2017-2018) incluido en la misma. El objetivo de la Estrategia es asegurar que la contribución positiva del sector exterior al crecimiento económico se convierta en un fenómeno estructural y revierta en creación de empleo, como ocurre desde el año 2014. El Consejo ha aprobado igualmente el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2017, que busca potenciar la competitividad del sector y ayudar especialmente a los formatos tradicionales a renovarse para trabajar en el nuevo escenario digital.

La Estrategia de Internacionalización incorpora una amplia variedad de campos de actuación e identifica áreas y sectores con gran potencial de expansión exterior, con el consiguiente efecto arrastre sobre el conjunto de la economía. La elaboración, por primera vez, de una estrategia a 10 años responde a la necesidad de contar con un marco que permita una planificación a más largo plazo, instrumentada luego en planes bienales, que se adaptan a las circunstancias que impactan en el comercio mundial en cada momento. Estos incorporan un conjunto de medidas concretas para apoyar a los exportadores y atraer inversión hacia España, en colaboración con otras instituciones y con el sector privado.

El programa a 10 años incluye un análisis de la situación de la economía española en materia de internacionalización e identifica seis áreas de actuación en las que se centrarán los esfuerzos del sector público:

1. Apoyo cada vez más adaptado a las necesidades y perfil de las empresas, propiciando su aumento de tamaño.

2. Incorporación de la innovación, la tecnología, la marca y la digitalización en los procesos de internacionalización.

3. Desarrollo del capital humano.

4. Aprovechamiento de oportunidades derivadas de la política comercial común y de las instituciones financieras y organismos multilaterales.

5. Captación y consolidación de inversión extranjera de alto valor añadido.

6. Refuerzo de la coordinación y complementariedad de las acciones de todos los actores públicos y privados relevantes.

Además, recoge medidas para aumentar la base de empresas que exportan regularmente (actualmente en torno a 50.000). Para ello se harán diagnósticos más ajustados de las necesidades de las empresas y se elaborarán programas en consonancia; se potenciará el programa ICEX NEXT de iniciación a la exportación; se actualizará el catálogo de servicios personalizados; y se reforzará el programa ICEX Capacita, en colaboración con las Cámaras de Comercio y los institutos autonómicos de promoción comercial, entre otras actuaciones.

Se pretende también diversificar y consolidar los mercados de destino y asegurar el apoyo financiero a las operaciones de internacionalización mediante diversas actuaciones relacionadas con los fondos FIEM, con CESCE, COFIDES y el ICO.

La Estrategia incorpora un conjunto de acciones dirigidas específicamente a startups, como misiones directas e inversas específicas para este tipo de compañías y otras en las que vayan de la mano de empresas ya consolidadas. Para pymes, incluye la adaptación de los instrumentos de financiación de la internacionalización; acciones de sensibilización sobre la importancia de salir al exterior y el fomento de la colaboración entre ellas para abordar mercados internacionales.

Para empresas de tamaño mediano, propone, entre otras acciones, el refuerzo del Programa del ICEX Cre100do, la determinación de las causas de interrupción de sus ventas al exterior o la identificación de aquellas compañías con potencial para la internacionalización. En el caso de las grandes empresas, la Estrategia apuesta por potenciar los  programas del ICEX Integra, Gran Distribución y Sourcing.

El sector exterior ha sido decisivo en la salida de la crisis, con un máximo histórico de exportaciones en 2016 (254.530 millones de euros) y una reducción del déficit comercial entre 2007 y 2016 de 81.000 millones de euros, consecuencia, principalmente, del aumento de las exportaciones (68.000 millones), y, en menor medida, del abaratamiento de la factura energética (13.000 millones). Esta evolución ha permitido que en los últimos cuatro años España haya tenido superávit corriente (equivalente al 2% del PIB en 2016).

Todo ello ha impulsado el grado de internacionalización de la economía española en casi 8 puntos (las exportaciones de bienes y servicios han pasado de representar el 25% del PIB en 2008 al 33% en 2016). Además, en este tiempo España ha mantenido su cuota exportadora en el comercio mundial y ello a pesar de la fuerte irrupción de China.

La elaboración de la Estrategia corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en el marco del Grupo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la empresa española. Ha contado con una amplia participación de los distintos ministerios así como de agentes económicos y sociales. El Gobierno aspira a contar también con un amplio consenso político puesto que el sector exterior es capital en tanto que uno de cada cuatro puestos de trabajo en España depende de la actividad internacional de las empresas.

El Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2017 da continuidad a los impulsados desde 2013 para hacer frente a la crisis que atravesó este sector, especialmente el pequeño comercio tradicional, desde finales de 2007 como consecuencia del retraimiento del consumo. Desde 2013 se han beneficiado de estos planes más de 300.000 comercios, con una dotación de 33 millones de euros. El comercio minorista supone en torno al 5% del PIB español y da empleo a más de 1,9 millones de personas (10,2% del total de ocupados).

El Plan 2017 –que se financia con cargo a los presupuestos de 2017 y no implica gasto adicional- se orienta al nuevo escenario comercial, a la necesaria renovación del sector, a la adaptación al mercado digital y a facilitar el relevo generacional. Se pretende dar un impulso a la modernización del comercio minorista tradicional y para ello apuesta por combinar la apertura de tiendas físicas con las estrategias on line. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en 2016 el comercio electrónico facturó en España 24.185 millones de euros, un 20,8% más que el 2015.

Contempla diez líneas estratégicas, que se plasman en más de 40 medidas, a desarrollar con la colaboración de 12 ministerios, las  comunidades autónomas, ayuntamientos y asociaciones del sector:

1.- Innovación para adaptarse a los nuevos hábitos de compra y de venta. Formación en nuevas tecnologías para configurar comercios modernos e innovadores sin que ello suponga perder su singularidad.

En este punto, destaca la convocatoria junto con la FEMP de un concurso de ideas para aunar tecnología y actividad comercial y aportar soluciones innovadoras.

2.- Fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales para mantener la actividad en las calles y en los centros de las ciudades.

3.- Apoyo financiero a las empresas, para facilitar la inversión y la modernización (mejora de la gestión empresarial, ahorro de costes y  optimización de los  recursos).

4.- Promoción comercial y reactivación de la demanda para aumentar las ventas y dar sostenibilidad a los negocios.

5.- Respaldo a los emprendedores para impulsar la creación de empresas  del sector comercial, a través de la reducción de cargas administrativas y la provisión de información útil para el inicio y desarrollo de la actividad (ayudas, incentivos o propiedad intelectual e industrial, entre otros).

6.- Desarrollo de las sinergias entre comercio y turismo. Promoción del turismo de compras.

7.- Mejora de la seguridad de los establecimientos comerciales y de los productos así como de la protección de las marcas.

8.- Seguimiento de los efectos de la aplicación de las medidas legislativas en la eliminación de trabas al ejercicio de la actividad comercial.

9.- Impulso a la internacionalización como estímulo para ampliar mercados y reforzar la imagen de calidad de los productos españoles en otros países.

10.- Desarrollo del empleo y la formación para dignificar la profesión. Destaca la colaboración que desarrollarán la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Secretaría de Estado de Comercio para  implementar acciones de formación en Experiencia de Cliente, así como el análisis de la problemática del relevo generacional en el sector.

El Plan fue presentado a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del pasado 21 de abril y ha contado en su elaboración con una amplia participación, tanto de ministerios como de comunidades, entidades locales, Cámaras de Comercio y organizaciones empresariales, entre otros.

Comunicado de las Asociaciones Judiciales sobre la situación en Cataluña

Viernes, 15 de septiembre de 2017

Comunicado AAJJ sobre la situación en Cataluña

Publicado por apmnacional  el 14 Septiembre, 2017   Comunicados
apmnacional.es

Las Asociaciones Judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente,  han aprobado el siguiente comunicado en relación con la situación de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Comunicado

Cuando se pretende desconocer lo evidente, es preciso comenzar por recordar lo básico.

Los ciudadanos y los poderes públicos, todos sin excepción, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que la misma ampara. Solo el respeto a la Constitución y a los principios y valores que propugna garantiza la convivencia democrática. Fuera de la Constitución y de los cauces que prevé no hay legalidad ni Estado de Derecho.

La Justicia, como Poder del Estado, emana del conjunto del pueblo español, único sujeto de la soberanía nacional, y se administra por jueces y juezas, magistrados y magistradas independientes y sujetos únicamente a la Constitución y a la ley.

No corresponde a los miembros del Poder Judicial interpretar la historia ni resolver conflictos políticos, pero sí ejercer la función jurisdiccional, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y la ley, para garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas de todas las personas.

La aprobación por el Parlamento de Cataluña de las denominadas Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación y Ley de 7 de septiembre de 2017, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, suspendidas por el Tribunal Constitucional,  carece por tanto de eficacia alguna para alterar el sistema constitucional descrito al situarse fuera del marco que sustenta su propia autoridad, como recuerda el propio Tribunal.

 

En consecuencia, las mencionadas normas no tienen valor vinculante alguno y nuestro deber, como Poder Judicial, es no aplicarlas, como tampoco las disposiciones reglamentarias o administrativas que pudieran derivarse de ellas.

Los ciudadanos y ciudadanas no están obligados a cumplir dichas Leyes ni las normas dictadas en su desarrollo. Por su parte, los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad constitucional, cumpliendo las resoluciones judiciales y prestando la colaboración requerida para su ejecución. Unos y otros encontrarán amparo y respuesta en los Juzgados y Tribunales ante cualquier actuación encaminada a aplicar o imponer disposiciones suspendidas o declaradas nulas.

Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima, pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia, no es un acto heroico sino totalitario.

En el desarrollo de su difícil labor, los jueces y juezas que ejercen la potestad jurisdiccional en la Comunidad Autónoma de Cataluña cuentan con todo el apoyo y cobertura institucional, material y moral del conjunto de la Judicatura española de la que forman parte.

En Madrid, a 14 de septiembre de 2017.

APM Manuel Almenar Belenguer                       AJFV Raimundo Prado Bernabéu

JpD Ignacio González Vega                                 FJI. Concepción Rodríguez González

El juzgado para cláusulas suelo de Asturias ya ha notificado 41 sentencias desde su especialización

Viernes, 15 de septiembre de 2017

Lunes, 11 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

El juzgado para cláusulas suelo de Asturias ya ha notificado 41 sentencias desde su especialización

Se han recibido 1028 asuntos y ya se han señalado vistas hasta primeros de octubre. Instancia 6 de Oviedo cuenta con una jueza de adscripción territorial para agilizar la resolución de los procedimientos

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, que desde el pasado día 1 de junio atiende en exclusiva todas las demandas presentadas en el Principado de Asturias vinculadas a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (reclamación de cláusulas suelo abusivas, gastos de tramitación de hipotecas, etc), ya ha notificado cuarenta y una sentencias.

Concretamente el Juzgado, que hasta el pasado viernes 7 de septiembre ha recibido 1028 demandas, ha comunicado cuarenta resoluciones favorables a los intereses de los demandantes, la mayoría con imposición de costas, y sólo en una se le ha dado la razón a la entidad bancaria.

El juzgado viene señalando una media de quince audiencias cada uno de los tres días previstos para celebrar, tanto por parte del magistrado titular como para la juez de adscripción territorial que desde el 19 de junio presta servicios de refuerzo en el Juzgado. Desde del 1 de septiembre ambos celebren un mínimo de 45 audiencias a la semana y ya han señalado vistas hasta el 5 octubre, con previsión de que se sigan completando fechas.

Teniendo en cuenta que el Juzgado ha recibido en estos dos meses el quíntuple de los procedimientos ordinarios de cualquier temática que antes recibía en todo un año, hay que destacar la rapidez con la que está tramitando las demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El procedimiento ordinario es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros y otras en función de la materia, cualquiera que sea su cuantía: condiciones generales de la contratación, derechos fundamentales, retractos, publicidad, competencia desleal, propiedad intelectual o industrial, impugnación de acuerdos sociales, arrendamientos, propiedad horizontal, etc.

Plan de urgencia del CGPJ

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consistía en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

La CNMC interpone recurso contencioso-administrativo contra los Decretos de Galicia y de Castilla y León que regulan los apartamentos y viviendas turísticas

Jueves, 14 de septiembre de 2017

La CNMC interpone recurso contencioso-administrativo contra los Decretos de Galicia y de Castilla y León que regulan los apartamentos y viviendas turísticas

06 Sep 2017
Promoción de Competencia nota de prensa  cnmc.es
◦La CNMC formuló sendos requerimientos previos contra los Decretos Turísticos de Galicia y de Castilla y León, por resultar contrarios a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, con el fin de evitar recurrirlos en vía contencioso-administrativa.
◦Ambas Comunidades Autónomas, a pesar de responder a la CNMC, no modificaron su normativa.
◦Ante esta situación, la CNMC ha interpuesto los correspondientes recursos contencioso-administrativos en julio.

La CNMC ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra los Decretos de Galicia y de Castilla y León que regulan los apartamentos y viviendas turísticas. El motivo ha sido que la legislación aprobada en dichas autonomías es contraria a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente.

La CNMC está legitimada para impugnar ante los Tribunales las disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

En virtud del artículo 5.4 de su Ley de creación y con objeto de mejorar la norma evitando la impugnación, la CNMC remitió el pasado 7 de abril sendos requerimientos previos a la Xunta de Galicia y a la Junta de Castilla y León. En dichos requerimientos se argumentaban los diversos artículos contrarios a la competencia y a la regulación económica eficiente tanto  en el Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma de Galicia, como del Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León.

Entre los obstáculos injustificados impuestos por la norma de Galicia destacan la obligatoriedad de ceder la vivienda en su totalidad, la limitación del alquiler a tres meses, la exigencia de un catálogo de requisitos técnicos y servicios mínimos a incluir en el alquiler (apartamentos y viviendas turísticas). También el que los Ayuntamientos puedan limitar el número de viviendas, la prohibición de cesión de habitaciones, la imposición de cargas a la declaración responsable y la obligatoriedad de contar con unos requisitos y servicios mínimos (viviendas de uso turístico).

En el caso de Castilla y León, se solicita al Tribunal que elimine por injustificados y perjudiciales a la competencia: la inclusión de los precios en catálogos, directorios, guías o sistemas informáticos, la posible intervención de la Administración para realizar recomendaciones de precios que pueden ser empleados como precios de referencia, además de la existencia de un catálogo exhaustivo de requisitos técnicos y servicios mínimos, la exigencia de un distintivo en el inmueble, la obligatoriedad de asistencia telefónica 24 horas (sin permitir vías alternativas de atención a los usuarios), la prohibición de cesión por habitaciones y la fijación de criterios temporales para limitar la estancia.

Con los requerimientos de abril se pretendía argumentar la necesidad de mejorar las normas y evitar la vía contencioso-administrativa. En el tiempo transcurrido entre los requerimientos y la interposición efectiva del recurso judicial, los Gobiernos Autonómicos de Galicia y de Castilla y León pudieron mejorar o anular las restricciones injustificadas puestas de relieve por la CNMC, en beneficio de los consumidores y usuarios. Al no haberse realizado, la CNMC ha procedido a interponer los oportunos recursos contencioso-administrativos dentro del plazo señalado por la ley, en julio 2017.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Las acciones referidas se ejercen en virtud de la legitimación activa reconocida a la CNMC en el artículo 5.4 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El rescate bancario ha costado 82.000 empleos y 40.078 millones de euros

Jueves, 14 de septiembre de 2017

El rescate bancario ha costado 82.000 empleos y 40.078 millones de euros
FeSMC-UGT | viernes, 8 de septiembre de 2017 ugt.es
El Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT señala que el rescate bancario ha supuesto la pérdida de 82.000 puestos de trabajo, el cierre de más de 16.000 oficinas y 40.078 millones de euros que el Estado, es decir, el conjunto de la sociedad española no va a recuperar. Tras la cifras, hay familias que ha sufrido las consecuencias de los “errores de previsión” de los reguladores, eufemismo con que se ha despachado el ex subgobernador del Banco de España, para no decir que fueron consentidores de las decisiones indebidas e irresponsables de los altos directivos. Además, son más de 40.000 las mentiras del Gobierno, pues no olvidamos la aseveración de su presidente y de su ministro de Economía: “El rescate no costará ni un euro a los españoles”.

La cifra económica supera los 120.000 millones, si se tiene en cuenta que el Fondo de Garantía de Depósitos puso otros 9.745 millones de euros y si al montante en cash se le suman otros riesgos asumidos por el Estado en concepto de avales, etc.

FeSMC-UGT considera que el fiasco económico es histórico, pues a fecha de hoy no se ha recuperado el 92,9% de lo desembolsado directamente por el erario público. Manifiesta el Banco de España que se espera la recuperación de hasta otros 10.416 millones, si bien esa es una expectativa incierta.

También nos preocupa el coste no cuantitativo de la restructuración bancaria que tan mal se está realizando en nuestros país, particularmente por la altísima concentración bancaria que se ha producido, de la que se deviene un oligopolio financiero de hecho, con graves repercusiones para los clientes y para el empleo en el sector.

La CNMC recomienda mejoras en la contratación centralizada de papel por parte de la Administración

Miércoles, 13 de septiembre de 2017

La CNMC recomienda mejoras en la contratación centralizada de papel por parte de la Administración

28 Ago 2017
Promoción de Competencia nota de prensa  cnmc.es

◦La contratación pública debe orientarse a la eficiencia y a la competencia, mejorando la calidad, la transparencia en la información y el análisis económico.
◦Aconseja utilizar Sistemas Dinámicos de Adquisición, no limitar el número de adjudicatarios y diseñar la contratación en función del patrón de consumo más probable de papel.
◦Este informe se emite a petición del Ministerio de Hacienda que se dirige a la CNMC como organismo independiente para verificar si el Acuerdo para la compra de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras y multicopiadoras respeta las normas de competencia y así mejorar la contratación pública.

 

Madrid, 28 de agosto de 2017-. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha analizado los Pliegos del Acuerdo Marco para el suministro de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras y multicopiadoras INF/CNMC/112/17. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se ha dirigido a un organismo independiente para que  verifique si el acuerdo que ha diseñado respeta las normas de competencia.

 

La Administración selecciona a los futuros adjudicatarios que estarán encargados de suministrarle ciertos bienes o servicios, en este caso el papel, durante un periodo de tiempo y en unas condiciones prefijadas a través de los Acuerdos Marco (AM). La finalidad de dichos acuerdos es  racionalizar y centralizar la contratación para garantizar ahorros sustanciales.

 

La CNMC, como organismo independiente regulador de los mercados, tiene que emitir un informe que no vinculante de acuerdo con el artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, con el fin de que dichos Acuerdos garanticen y promuevan una competencia efectiva en la contratación pública.

 

En su informe, la CNMC valora de forma positivamente los Acuerdos Marcos,  siempre que se diseñen respetando una serie de principios como garantizar el libre acceso, no se discrimine a licitadores, se minimicen los riesgos de concentración y se prevengan comportamientos anticompetitivos. La finalidad de todo ello es contribuir a un uso más eficiente de los recursos públicos y mejorar los procesos de contratación pública.

 

Establecidas dichas cautelas, los ahorros que genera la compra centralizada podrían compensar los costes que origina reducir temporalmente la competencia. Por esta razón, la CNMC realiza una serie de recomendaciones para el diseño de Acuerdo Marco desde el punto de vista de la regulación económica eficiente y de la promoción de la competencia.

 

Así, la Comisión valora positivamente las mejoras que ha introducido la Administración en el diseño de este Acuerdo Marco, como son la tramitación íntegramente electrónica, la reducción parcial de los criterios de solvencia y la exigencia de una segunda licitación para  determinados contratos.

 

No obstante, la CNMC recomienda introducir mejoras adicionales:
Reforzar la transparencia, la accesibilidad, el tratamiento y la integración de la información de contratos públicos previos, en ejecución y en licitación.

Dar mayor profundidad a los análisis de mercado que deben preceder a toda licitación. Así, deben abarcar con detalle la estructura y dinámicas del mercado y las variables del Acuerdo Marco en vigor. Las consultas a los operadores deben garantizar la mínima afectación a la competencia.

Implantar, aún de forma experimental, Sistemas Dinámicos de Contratación (SDC) en lugar de Acuerdos Marco. Se trata de una fórmula que no cierra el mercado a un número limitado de suministradores, sino que está abierto a que entren nuevos operadores (incluso a nuevos órganos de contratación). Además, el riesgo de manipulación de ofertas con efectos anticompetitivos es menor.

Fijar la división en lotes y el valor estimado del contrato atendiendo a la evolución previsible en los patrones de consumo de papel, tanto en cantidad como en calidad. En este mercado no se considera eficiente replicar el patrón histórico de consumo y los precios del acuerdo marco en vigor.

Revisar el plazo de duración del contrato, interpretar la posibilidad de prórroga de forma restrictiva y no extender más allá de 4 años su duración total.

No limitar el número de adjudicatarios del acuerdo marco y, en todo caso, no fijar el límite en sólo 5, dado que restringe la competencia de forma especialmente severa si se tiene en cuenta la estructura de mercado ejecutada en el último Acuerdo Marco (4 adjudicatarios copan el 86% del suministro, con cuotas de mercado muy similares).

Explorar el uso de indicadores alternativos de solvencia económica y técnica. En el caso de mantener los previstos, se recomienda fundamentar mejor las cuantías exigidas. No deben suponer una barrera de entrada injustificada a licitadores.

Aumentar la ponderación del criterio precio en la adjudicación, en especial en el lote 2. Cabría reconsiderar la ponderación del precio por tipo de producto en función del consumo histórico, así como la forma de valorar los criterios medioambientales.

Optar de forma generalizada por segundas licitaciones en los contratos basados en el Acuerdo Marco, dadas las ganancias de eficiencia que conllevan.

Evitar el riesgo de colusión, haciendo alusión a la normativa de competencia en los Pliegos y reforzando el grado de compromiso de los operadores frente a comportamientos ilícitos.

 

Para consultar el contenido íntegro del informe pincha aquí INF/CNMC/112/17.

La bolsa española negocia 33.644 millones de euros, un 9,5% más que hace un año

Miércoles, 13 de septiembre de 2017

01-Septiembre-2017 bolsademadrid.es
La bolsa española negocia 33.644 millones de euros, un 9,5% más que hace un año

•Durante el período enero-agosto el volumen de contratación se sitúa en 450.719 millones de euros
•El número de negociaciones en agosto crece un 6,4% respecto al pasado año
•El total de emisiones incluidas a negociación en el MARF al finalizar agosto superan en un 105% las de hace un año

Renta Variable

La Bolsa española ha negociado en Renta Variable durante el mes de agosto 33.644 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,5% sobre las cifras de hace un año. El volumen de contratación en los ocho primeros meses del año se ha situado en 450.719 millones de euros, un 4,2% inferior al del mismo periodo de 2016.

El número de negociaciones en agosto se ha situado en 3,3 millones, con un crecimiento del 6,4 por ciento respecto al mismo mes del pasado año. El número de negociaciones acumulado en los ocho meses asciende a 34,8 millones, un 7,7% inferior al registrado en el mismo período de 2016.

En agosto, el volumen negociado en el segmento de Fondos Cotizados (ETF) se ha situado en 218,6 millones de euros, un 0,4% inferior al mes precedente y un 15,3% menos que hace un año. El número de negociaciones en ETFs en agosto se ha situado en 6.532, lo que representa un aumento del 13% respecto al mismo mes de 2016.

La actividad en el mercado de warrants y certificados hasta agosto alcanza los 304,3 millones de euros, un 38,2% menos que en el mismo periodo de 2016. Durante el mes de agosto, el efectivo negociado ha alcanzado 33,9 millones de euros, un 26,3% superior al mes precedente.

Futuros y Opciones

El volumen de negociación acumulado (27,3 millones de contratos) en el año en el Mercado de Derivados se mantiene respecto al año anterior.

En agosto, se han negociado 471.127 contratos de Futuro IBEX 35 y 121.835 contratos de Futuro IBEX Mini, lo que supone un aumento del 3,6% y del 2,3% respecto a los volúmenes de julio. En cuanto a la posición abierta en estos contratos, los aumentos son de un 16% y un 6%, respectivamente, respecto a agosto de 2016.

La negociación en Opciones sobre IBEX 35 en agosto disminuye respecto al mismo mes del año anterior en un 5,3%, habiéndose negociado un volumen de 160.879 contratos. Sin embargo, la posición abierta aumenta un 0,5% al situarse en 643.723 contratos.

En Futuros sobre Acciones tanto la negociación como la posición abierta aumentan respecto a agosto del año anterior un 11,4% y un 22,6%, respectivamente.

La negociación en Opciones sobre Acciones aumenta tanto respecto al mismo mes del año anterior como en el acumulado anual en un 40,2% y en un 4,4%, respectivamente. Los contratos negociados en el mes de agosto ascienden a 1,3 millones y el acumulado anual a 13 millones. La posición abierta aumenta un 6,8% respecto al mes anterior.

Renta Fija

La negociación de Renta Fija ha sido de 3.657 millones de euros, alcanzando un volumen acumulado durante los primeros ocho meses del ejercicio de 70.368 millones de euros (-41,4%).

Las nuevas emisiones admitidas a cotización en el mercado de Deuda Privada durante el mes de agosto también registraron el mínimo del año con 1.145 millones de euros, lo que supone un volumen acumulado de 80.488 millones de euros (-15,3%).

En el MARF el total de  emisiones incluidas a negociación al cierre de agosto se sitúan en 2.658 millones de euros, un 105% superior al mismo mes del pasado año. El saldo vivo en circulación a 31 de agosto en este mercado fue de 2.358 millones de euros, con aumento del 54,7% en relación a las cifras de hace un año.

Un juzgado de Madrid dicta la primera sentencia en la que entra al fondo del asunto y anula varias cláusulas abusivas de un contrato hipotecario

Martes, 12 de septiembre de 2017

Lunes, 11 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

Un juzgado de Madrid dicta la primera sentencia en la que entra al fondo del asunto y anula varias cláusulas abusivas de un contrato hipotecario

El juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid anula la cláusula relativa al vencimiento anticipado, la del interés de demora y las que obligaban a los prestatarios a hacerse cargo de los aranceles de notario y registro

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid, encargado en exclusiva de las demandas por ‘cláusulas abusivas’ en la región, ha dictado la primera sentencia en la que entra al fondo del asunto y declara la nulidad, y por tanto su total expulsión del contrato, de la cláusula relativa al vencimiento anticipado, en virtud de la cual la entidad financiera podía dar por vencido el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre las partes ante cualquier tipo de incumplimiento de los prestatarios, por ínfimo o esencial que fuera el incumplimiento.

En la misma línea, también ha declarado la nulidad relativa a los intereses de demora, al considerar que eran abusivos, pues contemplaban un interés de demora superior en cuatro puntos porcentuales al interés remuneratorio.

Esta declaración de nulidad se ha efectuado teniendo en cuenta no sólo parámetros legales –como el previsto en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria-, sino también jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Además, y en relación a la cláusula que imponía los gastos de hipoteca a cargo de los prestatarios, ha declarado nulas las que obligaban a los prestatarios a hacerse cargo de los aranceles de notario y registro. En la sentencia, el juzgado argumenta que es la entidad demandada (Bankia S.A.) quien está obligada al pago de los mismos pues es quien ostenta un interés en la constitución de la garantía real de la hipoteca, mientras que el prestatario únicamente está interesado en la obtención de un préstamo.

La constitución de garantía real -señala la resolución que se acompaña íntegra en archivo adjunto-, sólo beneficia a la entidad bancaria, pues es ella la que obtiene un título ejecutivo para acudir al procedimiento de ejecución especial y un crédito preferente en caso de que los prestatarios incurran en concurso de acreedores, ya que el crédito garantizado con hipoteca ostenta un privilegio especial para su cobro al ser ejecutivo. El prestatario, concluye la sentencia, tiene interés en la obtención de un préstamo -que no requeriría escritura pública-, y no en la constitución de una garantía real hipotecaria.

Por último, en la sentencia no se considera que sea nulo el inciso de la cláusula que impone a los prestatarios el pago de los tributos que se deriven del préstamo hipotecario, en consonancia con la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y la normativa legal y reglamentaria, que obliga al pago de dichas cantidades a éstos.

Cataluña continua incrementando la presión fiscal con seis impuestos nuevos aprobados en el Parlament el 2017

Lunes, 11 de septiembre de 2017

Catalunya continua incrementando la presión fiscal con seis impuestos nuevos aprobados en el Parlament el 2017

Es la autonomía con más tributos propios y tipos impositivos más altos
4 de septiembre de 2017 | foment.com

◾Los impuestos elevados y el marco normativo imprevisible no ayuda a la captación y retención del talento, ni atrae a las nuevas inversiones.
◾La aplicación de los nuevos impuestos genera elevados costes administrativos y crea tensiones y conflictos entre contribuyentes y administración. Genera también un permanente conflicto institucional entre las administraciones y requiere, incluso, la intervención del Tribunal Constitucional.
◾Foment entiende que, en un momento de crecimiento económico como el actual, es necesario revertir de forma gradual el incremento de la fiscalidad que se justificó por la situación de crisis.
◾Actualmente hay un notable incremento de la recaptación. La Agencia Tributaria de Catalunya ha aumentado en el 1er semestre del 2017 un 13,7% más.
El Comité Ejecutivo de Foment del Treball ha considerado hoy que la continua actividad legislativa del Parlament de Catalunya para la creación de nuevos impuestos –durante este año 2017, hasta el mes de agosto, un total de seis tributos nuevos– es contraproducente para la actividad económica de Catalunya, para los contribuyentes y para las empresas. La normativa y aplicación de los nuevos impuestos comporta conflictos entre contribuyentes y administraciones, y proyecta una imagen de incertidumbre y poca previsión normativa que no fomenta la captación y retención del talento. El Comité Ejecutivo de Foment considera, en definitiva, que es un obstáculo más para la atracción de nuevas inversiones y la creación de lugares de trabajo. Catalunya es la comunidad autónoma con más tributos propios de todo el Estado y con los tipos impositivos más altos en las otras figuras tributarias. Hasta el 31 de diciembre del 2016 Catalunya contabilizaba un total de 14 tributos propios, entre los cuales hay que añadir los 6 nuevos impuestos aprobados hasta el mes de agosto del 2017.

Es por este motivo que Foment del Treball solicita que la aplicación de los impuestos debería ser entendida para crear una situación que haga compatible el mantenimiento del Estado del Bienestar, con una gestión eficiente de los impuestos y revertir de forma gradual el incremento continuado de la presión fiscal, que se justifica a partir del año 2008 como consecuencia de la crisis económica. La economía crece y los principales organismos internacionales prevén mejoras de los principales indicadores.

Nuevos impuestos en el 2017
1.El Impuesto de las bebidas azucaradas se aprobó a principios del año y está en vigor desde el 1 de mayo. En julio empezó el primer periodo de autoliquidación.
2.Impuesto sobre los activos no productivos de personas jurídicas, que se devengó el pasado 30 de junio. A día de hoy aún no se ha aprobado ni el reglamento ni los parámetros de liquidación, previstos a partir del año que viene.
3.A la ley de medidas fiscales aprobada el pasado 28 de marzo se introdujeron nuevos impuestos como el referido a las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, y el de elementos radiotóxicos que entrará en vigor el próximo 1 de enero, mediante la ley 5/2017, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de la creación y regulación de los impuestos de grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas y sobre las emisiones de dióxido de carbono.
4.El Parlament de Catalunya ha aprobado –DOGC de 3 de agosto– la Ley 16/2017 de cambio climático, que modifica el impuesto aprobado por la ley de medidas del pasado 28 de marzo, y además se anuncian dos nuevos impuestos:
◾El primero sobre las actividades económicas que generan dióxido de carbono. El Govern tiene que presentar al Parlament el proyecto de ley del impuesto sobre las actividades económicas que generan gases de efecto invernadero, de manera que el Parlament pueda aprobar la ley correspondiente y el impuesto pueda entrar en vigor en 2019, con el agravio añadido para las empresas sujetas al mercado europeo de derechos de comercio de derechos de emisiones.
◾El segundo sobre las emisiones portuarias de grandes barcos, de acuerdo con su articulo 39 y las disposiciones finales Undécima y Duodécima de esta ley.
◾Adicionalmente, hay el Anteproyecto de ley de ordenación del litoral, que en su artículo 25 se crea una nueva figura tributaria “el canon de explotación de actividad”, con un tipo impositivo del 3% de los beneficios netos anuales, que ya se encuentran grabados en el IRPF o el Impuesto de Sociedades por los rendimientos de las actividades económicas, ya sea por las personas físicas o bien jurídicas, respectivamente.

Catalunya destaca por ser la comunidad autónoma con más tributos propios. Antes de la aprobación de estos nuevos impuestos, Catalunya disponía, a finales del año pasado, de 14 tributos propios, siendo la comunidad autónoma con un mayor número.

Tipos impositivos más altos: IRPF, Patrimonio…

Catalunya tiene también los tipos impositivos más altos respecto a la media estatal. Si analizamos el IRPF observamos que es la Comunidad Autónoma con uno de los tipos, tanto mínimo como máximo, más elevados. Respecto del Impuesto sobre Patrimonio, en algunas de las comunidades autónomas está bonificado, pero en Catalunya, conjuntamente con Aragón y Extremadura es donde más se paga por este concepto.

En relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Catalunya está situada dentro de la media española. Cabe recordar, que en una comunidad como la de Madrid, el importe de Patrimonio no opera y el de Sucesiones y Donaciones tiene un carácter testimonial por los supuestos más comunes.

Finalmente, si analizamos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Catalunya fue pionera en subir los tipos impositivos, logrando actualmente los valores más elevados.

Todo ello, en un contexto donde se están aplicando revisiones de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos en ciudades, como Barcelona o Terrassa, con efectos del próximo 1 de enero. Estos cambios, aparte de un incremento en el IBI, tendrán un impacto directo sobre el Impuesto de Patrimonio, entre otros.

Ante esta realidad hay que tener en cuenta, como mínimo, tres reflexiones:
1.La realidad actual fomenta la imagen de Catalunya como la de un territorio con impuestos altos, al menos comparativamente con el resto del Estado tanto por número de impuestos como por los tipos nominales. La imagen de impuestos elevados y el marco normativo imprevisible no fomenta ni la captación ni la retención de talento ni de inversión, y por tanto de empleo.
2.Un tema no menor es el revuelo que provoca la aplicación de estos nuevos impuestos, tanto para las empresas como para el resto de contribuyentes, para comprender el diseño y su aplicación. Aparte de los elevados costes administrativos, este hecho crea tensiones y conflictos entre los contribuyentes y la administración.
3.Dada la contradicción de los tributos propios con los impuestos estatales, se deriva en un constante conflicto institucional entre las administraciones, con necesidad de la intervención del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, con el Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas (canon digital) o el Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, entre otros.
4.Todas estas nuevas figuras tributarias se dan en un contexto en el que la recaudación de la Agencia Tributaria de Catalunya ha subido el 13,7% en el primer semestre de 2017. Destaca el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que lo ha hecho en un 17,5%.

ANEXO

Tributos Propios de Catalunya el 2016:
◾Canon del agua.
◾Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales.
◾Canon sobre la deposición controlada de residuos industriales.
◾Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción (suspendida su aplicación).
◾Canon sobre la incineración de residuos municipales.
◾Gravamen de protección civil.
◾Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
◾Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
◾Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (declarado inconstitucional).
◾Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial.
◾Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria.
◾Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.
◾Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión de la cultura digital.
◾Impuesto sobre las viviendas vacías.

Tributos Propios de Catalunya creados el 2017:
◾Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.
◾Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.
◾Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxico.
◾Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica (entrada en vigor a 1 de enero de 2018).
◾Impuesto sobre las actividades económicas que generan gases de efecto invernadero.
◾Impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos.
◾Canon de explotación de actividad (anteproyecto de ley de ordenación del litoral).

Correos empeora los tiempos de entrega de las cartas y paquetes del Servicio Postal Universal (SPU) durante 2016

Domingo, 10 de septiembre de 2017

Correos empeora los tiempos de entrega de las cartas y paquetes del Servicio Postal Universal (SPU) durante 2016

07 Sep 2017
nota de prensa Postal  cnmc.es
◦La   CNMC  publica el informe con los resultados del control y medición de los indicadores de calidad del Servicio Postal Universal.
◦Se confirma la tendencia del descenso en la calidad del servicio de Correos en comparación con los años anteriores.
◦Los peores resultados se registran en la entrega de paquetes de hasta 20 Kg, con un desvío del 9,5% con respecto a los objetivos fijados por la  normativa.

 

La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) ha hecho público su informe anual sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal universal (SPU) prestado por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Correos) durante el ejercicio 2016.

En este informe, la CNMC verifica y analiza, como en años anteriores, el cumplimiento de los indicadores de calidad que Correos, el operador designado para prestar el Servicio Universal Postal (SPU), debe cumplir según la normativa vigente.

En el caso de los plazos medios de entrega tanto de la carta ordinaria como del paquete postal nacional, los resultados confirman la tendencia al empeoramiento en la calidad de los servicios que ofrece Correos en el ámbito del SPU.
◦Así en el ejercicio 2016, Correos entregó el 92,66% de las cartas ordinarias en tres días o menos y el 97,84% en cinco días o menos, lo que supone un ligero incumplimiento del –0,34% con respecto al objetivo de  D+3 (Día de depósito de la carta + 3) fijado en el 93% y una desviación de -1,16% respecto al objetivo D+5 (Día de depósito de la carta + 5) establecido en el 99%. Estos resultados son inferiores a los de los ejercicios 2013 y 2014 y muy similares a los del año 2015.
◦En el caso del paquete postal nacional de hasta 20 kg (paquete azul)[1], el porcentaje de envíos entregados en D+3 fue del 70,41%, un 7,01% inferior respecto a 2015. Este dato supone un desvío del -9,59% con respecto al objetivo del 80% que marca la actual normativa. El porcentaje de envíos entregados en D+5 fue en 2016 del 85,03%, lo que implica una bajada respecto a 2015 del 3,49% y una desviación del -9,97% respecto del objetivo legal del 95%.

A la vista de los resultados obtenidos la CNMC considera que Correos debe adoptar las medidas necesarias para frenar esta tendencia negativa en los resultados del plazo de entrega.

 

Tiempos de espera en oficinas y reclamaciones

Con respecto a otros indicadores que miden la calidad del Servicio de Correos, la CNMC ha detectado los siguientes aspectos:
◦El tiempo medio de atención ordinaria al usuario en las oficinas y locales de Correos ha sido en 2016 de 7,3 minutos, lo que representa una mínima mejoría respecto a 2015 (-0,2 minutos).
◦El grado de fiabilidad de los servicios postales en 2016 fue del 0,15 % muy similar al del año 2015 (0,17%). Las reclamaciones recibidas por Correos aumentaron un 4% con respecto a 2015, por lo que la CNMC señala que Correos debe analizar y mejorar aquellos aspectos que han generado más reclamaciones por parte  de los usuarios.
◦Del estudio realizado sobre 475 oficinas de Correos, la valoración de aspectos como la limpieza, luminosidad y trato dado a los clientes fue buena.
◦En todo caso, la CNMC ha detectado puntos en los que Correos podrían mejorar su relación con los clientes como la disponibilidad de información sobre el horario de recogida en buzones y oficinas postales o la disponibilidad y visibilidad de las hojas de reclamaciones y tarifas disponibles en sus oficinas.

El TSJ de Cataluña registra dos querellas de la Fiscalía contra Govern y Mesa Parlament

Sábado, 9 de septiembre de 2017

Viernes, 8 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

El TSJ de Cataluña registra dos querellas de la Fiscalía contra Govern y Mesa Parlament

Autor:Comunicación Poder Judicial

La sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha recibido dos querellas de la Fiscalía Superior de Catalunya. Las querellas han sido registradas y repartidas a sendos ponentes, los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos. Sus ponencias respectivas serán debatidas en la denominada Sala de Admisiones, tal como exige el procedimiento.

Una de las querellas está dirigida contra la Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, y cuatro miembros de la Mesa por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Ésta, registrada con el número 40/2017, ha sido repartida, siguiendo el turno establecido, al magistrado Carlos Ramos, quien actuará como ponente ante la Sala de Admisión.

La segunda de las querellas está dirigida contra el Consell Executiu, el Presidente Puigdemont y las otras doce personas que lo integran, por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación, y malversación de caudales públicos. Ésta, registrada con el número 41/2017, ha sido repartida, siguiendo el turno establecido, al magistrado José Francisco Valls, quien actuará como ponente ante la Sala de Admisión.

La Sala de Admisión tiene previsto iniciar sus sesiones de debate esta misma tarde.