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Archivo de diciembre de 2017

La Comunidad Valenciana tendrá 4 nuevos juzgados a partir del 31 de diciembre

Domingo, 31 de diciembre de 2017

Viernes, 29 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

La Comunidad Valenciana tendrá 4 nuevos juzgados a partir del 31 de diciembre

Ampliarán la planta judicial con dos nuevos órganos judiciales en Valencia, uno en Alicante y otro en Castellón. Comenzarán su actividad con una Jueza de Adscripción Territorial, JAT, y tres jueces sustitutos, hasta la incorporación de los titulares.

Autor:Comunicación Poder JudicialComunidad autónoma:Comunidad ValencianaPaís:España

La Comunidad Valenciana contará con cuatro nuevos juzgados a partir del 31 de diciembre, dos de ellos en la provincia de Valencia, uno en Alicante y otro en Castellón. Se trata de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Novelda, en Alicante, el número 7 de Llíria y el número 4 de Massamagrell, en Valencia, y el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Castellón de la Plana.

Ante la inminencia en la entrada en funcionamiento de estos cuatro  órganos judiciales y hasta la incorporación de los jueces titulares que serán designados por concurso de traslado, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, ha acordado la designación de una Jueza de Adscripción Territorial, JAT, para el nuevo Juzgado de Massamagrell. Los otros tres órganos judiciales estarán servidos de manera provisional por jueces sustitutos.

Los otros diez juzgados aprobados recientemente por el Ministerio de Justicia para la Comunidad Valenciana entrarán en funcionamiento de forma progresiva a lo largo del 2018. Según el Boletín Oficial del Estado del día 26 de diciembre, el próximo 31 de marzo comenzarán a funcionar cinco juzgados de la provincia de Alicante. En concreto, los Juzgados de Primera Instancia número 5 de Benidorm y número 7 y 8 de Elche, además del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 cuatro de Villajoyosa. En esta fecha también se activará el Penal 9 de Alicante.

Además Alicante contará con otro juzgado de Primera Instancia, el numero 13, a partir del 30 de junio, cuando también empezarán a funcionar en Valencia el Mercantil 4 y el Juzgado de lo Social número 18.

En la provincia de Castellón, el 30 de septiembre iniciará la actividad el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Nules y este mismo día comenzará su actividad el Juzgado de lo Penal número 4 de Orihuela, en la provincia de Alicante.

Las exportaciones crecen un 9,3% hasta octubre y fijan nuevo máximo histórico

Domingo, 31 de diciembre de 2017

22 de diciembre de 2017 mineco.gob.es
Las exportaciones crecen un 9,3% hasta octubre y fijan nuevo máximo histórico
España exportó entre enero y octubre por valor de 229.801 millones de euros
El déficit se sitúa en 21.073 millones de euros
Las ventas al exterior evolucionan mejor que en la UE y en la zona euro
Las exportaciones españolas de mercancías en el periodo enero-octubre aumentaron un 9,3% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 229.801 millones de euros, máximo histórico de la serie para el acumulado en este periodo. Las importaciones subieron un 11,3%, hasta los 250.873 millones. Como resultado, el déficit comercial de los diez primeros meses del año alcanzó los 21.073 millones de euros, un 39,9% superior al registrado en el mismo periodo de 2016, aunque es el tercer mejor saldo registrado en el acumulado de los diez primeros meses del año desde 1998, sólo superado en 2013 y 2016. Las exportaciones españolas registraron mejor evolución que las del conjunto de la zona euro y la Unión Europea.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 91,6% (93,3% en enero-octubre de 2016) y es el tercer mejor registro de toda la serie histórica, tras los de 2013 y 2016. En términos de volumen, las exportaciones se incrementaron un 8,7%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, crecieron un 0,6%; y las importaciones subieron un 6%, pues los precios ascendieron un 5%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 3.783 millones de euros (déficit de 1.798 millones de euros en el acumulado hasta octubre de 2016) y el déficit energético se incrementó un 30,4%, hasta los 17.290 millones de euros (déficit de 13.263 millones en 2016).

El crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y octubre supera al del conjunto de la zona euro (7,6%) y al de la UE (8%), así como a los de Italia (7,7%), Alemania (6,4%), EEUU (6,1%), China (5,6%) y Francia (4,7%). Es inferior al del Reino Unido (17%) y Japón (11,6%).

Los principales sectores experimentaron crecimientos en sus exportaciones (excepto el automóvil): bienes de equipo (que representan un 20,2% del total) subió un 10,3%; alimentación, bebidas y tabaco (16,5% del total) creció un 7,5%, productos químicos (14,2% del total) aumentó un 8,1% y semimanufacturas no químicas (10,2% del total) un 9,7%. El sector del automóvil (16,3% del total) disminuyó un 0,8%, especialmente por las menores ventas a Reino Unido, Turquía y Francia.

El crecimiento de las importaciones se explica en gran medida por el aumento de los precios de los productos energéticos así como por la consolidación de la recuperación económica en España. Así, las importaciones de bienes de equipo (21,4% del total) subieron un 10% interanual; las de productos químicos (15% del total) crecieron un 5,3%; las de productos energéticos (13,2% del total) un 40%; y las del sector automóvil (12,9% del total) aumentaron un 3,9%.

Las exportaciones dirigidas a la UE (65,7% del total) ascendieron un 8,2% en los diez primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (51,6% del total) crecieron un 9% y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,2% del total) lo hicieron un 5,5%.

El dinamismo fue aún mayor en las ventas a terceros destinos (34,3% del total), que se incrementaron un 11,3% en este periodo, con ascensos de las exportaciones a todas las grandes zonas: Oceanía (24,6%), América Latina (15,2%), Asia excluido Oriente Medio (11,4%), América del Norte (10,6%), África (10,5%) y Oriente Medio (2,1%).

Por países destacan los aumentos de ventas a mercados con gran potencial como Argentina (55,3%), Nigeria (29,9%), China (24,7%), Australia (21,6%), Filipinas (18,5%), Marruecos (17,6%), México (15,9%), Brasil (13,3%), Canadá (11,1%) o Estados Unidos (10,7%). Se redujeron las ventas a Venezuela (-56%), Argelia (-11%) y Egipto (-10,4%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares (76,3%), Canarias (30,1%) y Asturias (23,2%). Los mayores descensos se dieron en Navarra (-4,4%), Castilla y León (-2,7%) y Cantabria (-1,6%).

Datos del mes de octubre

En el mes de octubre, las exportaciones españolas de mercancías subieron un 11,2% sobre el mismo mes de 2016, hasta los 24.241 millones de euros. Las importaciones subieron un 13,2% en términos interanuales hasta los 26.752 millones de euros. Como resultado, en octubre de 2017 se registró un déficit de 2.511 millones de euros, un 37% superior al del mismo mes de 2016. La tasa de cobertura se situó en el 90,6%, 1,6 puntos porcentuales menos que en octubre de 2016.

El saldo no energético arrojó un déficit de 1.227 millones de euros (déficit de 620 millones de euros en octubre de 2016) y el déficit energético aumentó un 5,8%.

El aumento de las exportaciones en octubre de España (11,2%) es mayor que el registrado en la zona euro (9,2%) y en la Unión Europea (9,9%).

En octubre, las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron del productos energéticos (contribución de 2,7 puntos), productos químicos (contribución de 1,9 puntos), bienes de equipo (contribución de 1,7 puntos) y semimanufacturas no químicas (contribución de 1,5 puntos). Por el contrario, los únicos sectores que contribuyeron negativamente fueron el de otras mercancías (contribución de -0,4 puntos) y sector automóvil (contribución de -0,1 puntos).

En octubre de 2017, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 64,7% del total (65,7% en octubre de 2016) y aumentaron un 9,5%. Las dirigidas a la zona euro subieron un 9% y las destinadas al resto de la UE un 11%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Francia (8,9%), Italia (8,6%) y Alemania (6,3%), mientras que disminuyeron las dirigidas al Reino Unido (-1%).

Helene Fischer. Winter Wonderland

Domingo, 31 de diciembre de 2017

El Gobierno incorpora las normas europeas sobre funcionamiento y gestión de los mercados financieros

Sábado, 30 de diciembre de 2017

29 de diciembre de 2017 mineco.gob.es
El Gobierno incorpora las normas europeas sobre funcionamiento y gestión de los mercados financieros
El objetivo es cumplir los estándares internacionales sobre  transparencia, eficacia y estabilidad
Las sanciones se elevan hasta un máximo de cinco millones de euros o el 10% de la cifra de negocio para casos muy graves
Las comisiones de los mercados regulados deberán ser transparentes, equitativas y no discriminatorias
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley de medidas para la trasposición al derecho español de la Directiva Europea de Mercados e Instrumentos Financieros, conocida como MIFID II, en lo relativo a los centros de negociación. Con esta decisión, el funcionamiento de los mercados financieros en España se homologa con los estándares internacionales lo que supone mejoras en aspectos como la transparencia, eficacia y estabilidad de los mercados. Se introducen además nuevos requisitos en materia de gobierno corporativo para los órganos rectores de estos mercados en materias como nombramientos y conflictos de interés. Las sanciones por incumplimiento de la nueva normativa se elevan a un máximo de cinco millones de euros o el 10% del volumen de negocio anual en el caso de las muy graves. La entrada en vigor es el 3 de enero de 2018.

El RDL de medidas urgentes para la adaptación al derecho español a la normativa de la UE en materia de mercado de valores contiene una primera parte dividida en tres títulos que incluyen las normas de organización y funcionamiento de los mercados regulados, de los sistemas multilaterales de negociación (SMN) y de los sistemas organizados de contratación (SOC), así como algunas disposiciones relativas a facultades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que afectan a todos los tipos de mercados. En una segunda parte se incluye el nuevo régimen sancionador.

Respecto a los mercados regulados se recogen los requisitos de funcionamiento y organización impuestos por MIFID II para los propios mercados y los órganos rectores. Estos mercados son los que hoy se conocen como mercados secundarios oficiales, por ejemplo, las Bolsas de Valores, AIAF (renta fija), y MEFF (derivados). Los órganos rectores serán responsables del asegurar el cumplimiento de los nuevos requisitos impuestos bajo supervisión de la CNMV. Además, deberán contar con un comité de nombramientos.

Estos mercados deberán cumplir con nuevas obligaciones con el objetivo de hacerlos más transparentes y eficientes. En concreto, deberán implantar sistemas y procedimientos que permitan la detección de conflictos de interés ente sus miembros, el mercado y el organismo rector; asegurar una negociación ordenada; garantizar que haya suficientes creadores de mercado, lo que facilita la profundidad y liquidez del mercado; y permitir la gestión de los riesgos operativos a los que están expuestos, tales como las posibles anomalías provocadas por la negociación algorítmica (es decir, en la que las decisiones de inversión las toman máquinas según algoritmos) o los episodios de excesiva volatilidad.

Las comisiones de los mercados regulados deberán ser transparentes, equitativas y no discriminatorias. No se crearán incentivos para colocar, modificar o cancelar órdenes o para ejecutar operaciones de forma que contribuyan a perturbar las condiciones de negociación o se fomenten prácticas de abuso de mercado.

En lo que se refiere a la negociación en mercados regulados los organismos rectores tendrán que cumplir con obligaciones adicionales de comunicación de las suspensiones y exclusiones a las autoridades competentes, orientadas a garantizar la plena efectividad de la medida en distintos centros de negociación y distintas jurisdicciones. También deberán comunicar a la CNMV las infracciones significativas de sus normas, anomalías en las condiciones de negociación o posibles actuaciones prohibidas por la normativa sobre abuso de mercado.

El RDL contempla también los requisitos de funcionamiento y organización impuestos por MIFID II a los Sistemas Multilaterales de Negociación (SMN) y a los Sistemas Organizados de Contratación (SOC), figura de nueva creación. Los SMN son sistemas multilaterales en los que se intercambian fundamentalmente acciones o renta fija entre distintos agentes. Funcionan como mercados alternativos con menores requisitos para los emisores, y por tanto, más accesibles para empresas de menor tamaño. En España son el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Los SOC son un sistema multilateral, que no es un mercado regulado o un sistema multilateral de negociación, en el que interactúan los diversos intereses de compra y de venta de bonos y obligaciones, titulizaciones, derechos de emisión o derivados de múltiples terceros para dar lugar a contratos.

La norma aprobada hoy permite que las empresas de servicios de inversión puedan establecer SOC; se aplican las normas hasta ahora vigentes sólo para los SMN también a los SOC; y      se determinan las normas de acceso y funcionamiento de estos ambos tipos de centros derivadas de la MIFID II. En general, se hace cumplir a SMN y SOC con algunas obligaciones relevantes que ahora se imponen a los mercados regulados. De esta forma, se aplican determinados requisitos de funcionamiento como: la obligación de resistencia de sistemas, la implantación de mecanismos de gestión de volatilidad, las disposiciones que regulan la negociación electrónica y la obligación de sincronización de relojes, previstos todos ellos para los organismos rectores de mercados regulados. También destaca la aplicación en SMN y SOC de las reglas sobre suspensión y exclusión de instrumentos financieros que deben cumplir los mercados regulados, y sobre la supervisión del cumplimiento de las normas de estos centros de negociación. Por último, se añaden obligaciones de información a la CNMV sobre el funcionamiento de SMN y SOC.

También son nuevos y proceden íntegramente de la MIFID II los requisitos específicos para SMN y los requisitos específicos para SOC que son de carácter organizativo y de suficiencia de recursos. Asimismo, se incorpora a nuestro ordenamiento la denominación “mercado de Pyme en expansión” para aquellos en los que se coticen acciones de pymes y cumplan determinados requisitos. Estos centros de negociación tendrán un tratamiento regulatorio favorable en la normativa europea y les permitirá fomentar el acceso de las pymes al mercado de capitales, mejorando sus posibilidades de financiación.

Por último, se incluyen también algunos artículos con las medidas preventivas que puede imponer la CNMV en relación con mercados de otros Estados miembros cuando estos operan transfronterizamente en España y estos no cumplen con la normativa y la autoridad del Estado miembro de origen no toma medidas suficientes.

La última parte del RDL desarrolla el régimen sancionador. En primer lugar se aclara que continúan siendo de aplicación las disposiciones comunes a todas las sanciones que regulan aspectos tales como la instrucción o la prescripción de las sanciones. Posteriormente se tipifican las infracciones en muy graves y graves y se establecen las sanciones. El límite máximo de las sanciones muy graves se eleva siguiendo lo que establece la directiva. Actualmente, este límite es de 600.000 euros, el quíntuplo del beneficio obtenido, el 5% de los recursos propios, o de los fondos empleados en la actividad que dio lugar a la infracción, lo que sea mayor. Se eleva a 5.000.000 de euros o el 10% del volumen de negocios total anual, lo que sea mayor. Se procede de modo similar con las infracciones graves (2.500.0000 o el 5% del volumen anual  de negocios, frente a 300.000 o el doble del beneficio obtenido o 2% de los recursos propios o de los fondos utilizados en el régimen actual).

 

La quiebra de seguridad de LexNET no afectó a ficheros jurisdiccionales

Viernes, 29 de diciembre de 2017

Jueves, 28 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

La quiebra de seguridad de LexNET no afectó a ficheros jurisdiccionales

La Comisión Permanente acuerda el archivo de las diligencias abiertas el pasado 27 de julio y que han sido practicadas por el Centro de Documentación Judicial. El CGPJ da traslado del expediente a la Agencia Española de Protección de Datos para que prosiga la tramitación del procedimiento.

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy el archivo de las diligencias abiertas el pasado 27 de julio para determinar lo ocurrido en relación con la quiebra en materia de seguridad sufrida en esa fecha por el sistema de comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia (LexNET), al concluir que no afectó a ficheros jurisdiccionales, que son sobre los que el órgano de gobierno de los jueces tiene competencia en materia de protección de datos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 7/2005.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) en coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han permitido averiguar que ese día se produjo una brecha de seguridad en la versión LexNET 4.10.10 que afectaba a la versión web y que hacía posible el acceso a buzones de otros usuarios previa modificación consciente de la dirección que aparece en el navegador (URL) y, concretamente, del identificador del usuario visible en la misma.

El sistema LexNET es utilizado por abogados, procuradores, graduados sociales, centros penitenciarios, funcionarios de la Oficina Judicial, Policía Nacional, policías locales, Guardia Civil y hospitales -que lo emplean para remitir atestados o partes de lesiones-, pero no es usado por los jueces y solo mínimamente por los fiscales (en pruebas piloto y solo con ocasión de aceptar notificaciones).

Del resultado de la investigación se desprende que no todos los tipos de cuentas quedaron afectados, sino solo las correspondientes a los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales, en tanto que otras más sensibles, como las de la Fiscalía, Juzgados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios jurídicos de las Comunidades Autónomas y Seguridad Social, no se vieron afectadas por el incidente.

Por otra parte, de acuerdo con los informes recabados, el acceso a un buzón ajeno no permitía realizar acciones consistentes en el acceso a expedientes completos, acceso a notificaciones no practicadas en caso de usuarios distintos a procuradores, ni realizar presentaciones de escritos en nombre de terceros, ni la posibilidad de borrado manual y modificación de datos del sistema.

“En este sentido, puede afirmarse que la quiebra de seguridad (…) no afectó a ficheros jurisdiccionales, cuya independencia y autonomía respecto a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como a la presentación electrónica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos y al traslado de copias es completa, de manera que la seguridad, tanto de los sistemas de gestión procesal como de los ficheros jurisdiccionales, ha estado siempre salvada”, concluye la Comisión Permanente.

La Permanente acuerda por ello archivar el expediente y dar traslado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) –órgano competente para determinar si han existido posibles vulneraciones en materia de protección de datos de carácter personal en ficheros no jurisdiccionales- a fin de que prosiga con la tramitación del procedimiento.

El Gobierno congela de nuevo los peajes de electricidad y gas para 2018

Jueves, 28 de diciembre de 2017

Tarifas energéticas
El Gobierno congela de nuevo los peajes de electricidad y gas para 2018
Se congelan los peajes para ambos sistemas, por quinto año en el caso de la electricidad y cuarto año en el caso del gas
Adicionalmente, para el gas, se reduce el precio del alquiler de los contadores, que supondrá un ahorro medio de 8 euros al año en la factura de los consumidores
27.12.17. minetad.gob.es
El Gobierno mantiene constantes los peajes de electricidad y gas para el 2018. En los últimos cinco años, la parte regulada de la factura (peajes), la única que depende del Gobierno, se ha mantenido constante para la electricidad. En el caso del gas, es el cuarto año consecutivo.
Se estima un equilibrio económico en los sistemas eléctrico y gasista para los próximos años, que permite la congelación de la parte regulada de las facturas.
No incrementar los peajes redundará en un impacto positivo tanto en la competitividad de la economía española como sobre el conjunto de la actividad económica.
Adicionalmente, en el caso del gas natural, se ha reducido el precio del alquiler de los contadores que pagan los consumidores en las facturas. Se estima que la rebaja supondrá un ahorro medio de 8 euros al año y por cliente, para unos 7,8 millones de consumidores domésticos.

El CGPJ insta a Justicia a poner en funcionamiento en 2018 los 87 juzgados creados y constituidos este año

Miércoles, 27 de diciembre de 2017

Miércoles, 20 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

El CGPJ insta a Justicia a poner en funcionamiento en 2018 los 87 juzgados creados y constituidos este año

El pleno del órgano de gobierno de los jueces aprueba el informe al proyecto de orden ministerial que dispone la fecha de entrada en funcionamiento de esos órganos judiciales

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial considera “razonable, deseable y adecuado” que la puesta en funcionamiento de los 87 juzgados creados y constituidos por el Real Decreto 902/2017 se produzca en 2018, incluyendo la de los once que han quedado fuera del proyecto de orden ministerial por la que se dispone la fecha de entrada en funcionamiento de 76 juzgados correspondientes a la programación del año 2017.

El pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado hoy por unanimidad el informe a ese proyecto de orden ministerial, en el que se determina la entrada en funcionamiento de esos 76 juzgados en cinco fases: 17 lo harán el 31 de enero de 2018, 16 el 31 de marzo, 22 el 30 de junio, 13 el 30 de septiembre y otros 8 el 31 de diciembre del año que viene.

El informe del CGPJ, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, señala que “sería deseable que la puesta en funcionamiento de los juzgados comprendiera la totalidad de los creados y constituidos mediante el Real Decreto 902/2017. Esto es, los 76 a los que se refiere el proyecto de orden, pero también los restantes once cuya entrada en funcionamiento se encomienda a otra orden posterior, posiblemente ya en el año 2019, a pesar de referirse a juzgados en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Cataluña, en los que urge especialmente la adecuación de su planta a las necesidades que acreditan, para la eficaz prestación del servicio de la Administración de Justicia”.

El texto dice también que “diferir la puesta en funcionamiento de una gran parte de las unidades correspondientes a la programación de 2017 a la segunda mitad del año 2018 y no ofrecer fecha de constitución para una parte de las creadas puede conducir a que aquellas unidades ya informadas como necesarias de presente para la correcta prestación del servicio de la Administración de Justicia, y que se ponían de manifiesto al Ministerio para su posible consideración en las programaciones ulteriores, vean dilatada su creación y por supuesto su entrada en funcionamiento más allá de lo razonable”.

El Consejo valora, en cualquier caso, la entrada en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales en cuanto que “contribuirá a paliar la situación de desequilibrio existente en la planta judicial y parte de las deficiencias estructurales existente en la distribución de cargas de trabajo” y cree positivo que el cronograma de entrada en funcionamiento se establezca en una sola orden, ya que eso “va a permitir la gestión más transparente y eficaz de la cobertura de sus medios personales mediante la oportuna programación de los concursos ordinarios de provisión” y posibilitará aprobar con la suficiente previsión la especialización de alguno de los juzgados en determinadas materias (familia, capacidad de las personas, etcétera).

No obstante, el informe estima que sería conveniente que el cronograma “limitara a lo sumo a cuatro las fases de puesta en funcionamiento de los juzgados, suprimiendo la correspondiente al 31 de diciembre de 2018”, argumentando que “no deja de ser paradójico que unidades creadas y constituidas en la programación de 2017 vayan a entrar en funcionamiento real en el año 2019, al recaer su entrada en funcionamiento nominal en el último día de 2018, inhábil a efectos procesales”.

También cree conveniente el Consejo que la puesta en funcionamiento fijada para el 31 de enero de 2018 comprendiera, además de las ya previstas en esa fecha, “los juzgados creados y constituidos en el ámbito del Ministerio de Justicia que, sin embargo, se difieren para otras fases posteriores”. Se trata de unidades creadas o constituidas en las localidades de Albacete, Murcia, Guadalajara, Eivissa, León, Medina del Campo, Illescas, Navalmoral de la Mata, Cartagena, Talavera de la Reina y Toledo.

El informe del CGPJ concluye señalando que “la efectividad de los juzgados creados y constituidos determina la necesidad de asegurar que en la fecha de su puesta en funcionamiento estén dotados de los medios personales y materiales adecuados, para lo cual las Administraciones competentes en esta materia habrán de adoptar las decisiones oportunas”.

El TSJA revoca el auto que suspendía el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza sobre inmatriculaciones

Martes, 26 de diciembre de 2017

Jueves, 21 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

El TSJA revoca el auto que suspendía el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza sobre inmatriculaciones

El TSJA estima, en sendas sentencias, los recursos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la medida cautelar, adoptada por un juzgado de Zaragoza, que suspendía el acuerdo de la corporación municipal sobre las inmatriculaciones de La Seo, Santa María Magdalena, San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor. La Sala levanta la medida cautelar pero no entra en el fondo de la cuestión

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón estima, en sendas sentencias, los recursos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la medida cautelar (adoptada por el juzgado de lo Contencioso nº 5 de Zaragoza), auto que suspendía el apartado primero del acuerdo del Gobierno de Zaragoza referido a la nulidad y rectificación registral de la Catedral de San Salvador (La Seo), la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza.

Los acuerdos de la corporación municipal, de fechas 27 y 31 de marzo de 2017 expresan :”Que por la Asesoría Jurídica Municipal se ejerciten, en el momento que proceda, las pertinentes acciones administrativas y judiciales declarativas de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada respecto de los templos de San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza, con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes”, y lo mismo para la Catedral de San Salvador (La Seo) y de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena.

Ante el juzgado de lo Contencioso nº 5 de Zaragoza, el Arzobispado de Zaragoza solicitó (en dos recursos distintos) la suspensión de los acuerdos municipales. El juzgado adoptó entonces la medida cautelar al considerar que no constaba un informe jurídico previo al acuerdo, siendo éste un requisito “esencial” para advertir a la corporación de la viabilidad jurídica de las acciones que pretendían llevar a cabo. Este razonamiento llevo a la magistrada a considerar que el acuerdo municipal era nulo por lo que adoptó la medida cautelar.

Discrepa la sala del TSJA de este criterio y mantiene en las sentencias ahora dictadas que “no puede afirmarse que el acuerdo recurrido sea manifiestamente nulo” porque el acuerdo fue precedido del oportuno dictamen. No obstante, matizan los magistrados a este respecto que la sala no puede entrar a valorar en estas sentencias el fondo de la cuestión ya que “no se cuentan con todos los elementos precisos para resolver” y porque resulta improcedente efectuar en este momento consideración alguna sobre si el acuerdo cumple o no las exigencias.

No aprecian los magistrados que la ejecución de los acuerdos municipal pueda generar perjuicios irreparables o de difícil reparación, si no que los perjuicios serían los derivados de las acciones judiciales que llevara a cabo el Ayuntamiento contra el Arzobispado de Zaragoza, amparándose en los acuerdos.

Entienden los magistrados del TSJA que podría verse gravemente afectado el derecho fundamental del Ayuntamiento a la tutela judicial efectiva ya que al suspender el acuerdo municipal, se imposibilitaría al Ayuntamiento el poder ejercer acciones judiciales.

Por ello, y basándose en estos razonamientos, estiman el recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza y revocan el auto de suspensión del acuerdo municipal dictado por el juzgado.

Helene Fischer – Ave Maria

Lunes, 25 de diciembre de 2017

Feliz Navidad. Helene Fischer

Domingo, 24 de diciembre de 2017

Helene Fischer. All I want for Christmas is you

Domingo, 24 de diciembre de 2017

El Juzgado especializado en cláusulas suelo ha notificado ya más de un millar de sentencias

Sábado, 23 de diciembre de 2017

Martes, 19 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

El Juzgado especializado en cláusulas suelo ha notificado ya más de un millar de sentencias

Instancia 6 de Oviedo cuenta con una jueza de adscripción territorial para agilizar la tramitación de las 3038 demandas que se han recibido hasta el 18 de diciembre

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, que desde el pasado día 1 de junio atiende en exclusiva todas las demandas presentadas en el Principado de Asturias vinculadas a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (reclamación de cláusulas suelo abusivas, gastos de tramitación de hipotecas, etc) ha notificado ya más de un millar sentencias.

Concretamente el Juzgado, que a 18 de diciembre había recibido 3028 demandas, ha dictado 1016 sentencias, de las cuáles, el 98 por ciento son favorables a los consumidores. En estas demandas mayoritariamente se reclaman tanto la claúsula suelo como los gastos y, en menor medida, las multidivisas y el IRPH.

Asimismo el Juzgado especializado ha comenzado a imponer las costas con temeridad y mala fe a las entidades bancarias en los casos en que se reclaman los gastos admitidos y reconocidos por la Seccion Primera de la Audiencia Provincial de Asturias en su sentencia de 10 de Octubre del año 2017 cuando las entidades no se allanan al pago de los mismos.

El juzgado viene señalando una media de quince audiencias cada uno de los tres días previstos para celebrar, tanto por parte del magistrado titular, Antonio Lorenzo, como para la juez de adscripción territorial, Marta Navas, que desde el 19 de junio presta servicios de refuerzo en el Juzgado. Con este planteamiento cada mes se cierra con la celebración de 200 audiencias previas.

Hay que destacar la rapidez con la que este Juzgado está tramitando las demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa que, por el momento, tiene aprobado por Junta de Jueces de Oviedo una exención del reparto ordinario de materias del 80 por ciento.

El procedimiento ordinario es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros y otras en función de la materia, cualquiera que sea su cuantía: condiciones generales de la contratación, derechos fundamentales, retractos, publicidad, competencia desleal, propiedad intelectual o industrial, impugnación de acuerdos sociales, arrendamientos, propiedad horizontal, etc.

Plan de urgencia del CGPJ

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consistía en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura

Viernes, 22 de diciembre de 2017

Tribunal Constitucional
Nº de asunto: 5659-2017 tribunalconstitucional.es
Asunto: Recurso de inconstitucionalidad promovido por la Presidenta del Gobierno en funciones.
Sobre: Diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2017, de 17 de febrero, de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura.
El Pleno, en el asunto de referencia, a propuesta de la Sección Cuarta, acuerda:
1.- Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Presidenta del Gobierno en funciones y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra el artículo 1, apartados Uno (en cuanto modifica el artículo 1.1 de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura), Tres (en cuanto a la incorporación de los apartados 13 y 15 al artículo 3 de la Ley 3/2001), Cuatro (al añadir un nuevo artículo 16 bis a la Ley 3/2001), Doce y Catorce [en cuanto a la introducción de los apartados l) y m) en el artículo 58 de la Ley 3/2001]; el artículo 2; y la Disposición Transitoria Primera de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2017, de 17 de febrero, de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura.
2.- Dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como a la Junta de Extremadura y a la Asamblea de Extremadura, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes.
3.- Tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso -21 de noviembre de 2017– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, lo que se comunicará a los Presidentes de la Junta de Extremadura y Asamblea de Extremadura.
4.- Publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de Extremadura.
Madrid, a doce de diciembre de dos mil diecisiete.

Los asuntos civiles aumentan un 22% en el tercer trimestre de 2017 debido a las demandas de cláusulas suelo y gastos hipotecarios

Jueves, 21 de diciembre de 2017

Lunes, 18 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

Los asuntos civiles aumentan un 22% en el tercer trimestre de 2017 debido a las demandas de cláusulas suelo y gastos hipotecarios

Los juzgados y tribunales navarros recibieron durante el tercer trimestre 14.128 casos, un 6,5% menos que en el mismo periodo de 2016

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los juzgados y tribunales navarros recibieron durante el tercer trimestre de 2017 un total de 14.128 asuntos, un aumento del 6,51 del por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, en el que se incoaron 13.264.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha difundido hoy su informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2017, que señala asimismo que, en este mismo periodo, se resolvieron en la Comunidad foral 12.699 procedimientos (13.004 el año anterior), un descenso del 2,35%, quedando en trámite al final del trimestre un total de 16.490 (16.024), lo que significa un aumento del 2,91%.

Por jurisdicciones, en civil el número de demandas ingresadas en entre julio y septiembre alcanzó las 3.981 (3.259 en 2016), lo que supone un incremento interanual del 22,15%, motivado en buena medida por los asuntos de cláusulas suelo y gastos hipotecarios. En esta materia se resolvieron 3.048 procesos (3.369), un 9,53% menos, y quedaron en trámite 7.358 (6.788), lo que arroja una subida del 8,40%.

En la jurisdicción penal se incoaron en el citado trimestre 8.953 diligencias (8.924 el año anterior), se resolvieron 8.871 (8.598) y quedaron pendientes 5.912 (5.966).

Asimismo, en la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 325 nuevos pleitos (354 en el periodo análogo del año anterior), se resolvieron 246 (269) y quedaron en trámite 1.267 (1.448).

Por último, en la jurisdicción social los litigios ingresados ascendieron a 869 (727) —aumento del 19,53%—, finalizaron 534 (768) —un descenso del 30,47%— y quedaron tramitándose 1.953 asuntos (1.822), lo que significa un incremento del 7,19%.

Navarra, la tercera comunidad con menor tasa de litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el tercer trimestre del año fue de 28,6 asuntos por cada mil habitantes.

Las Comunidades Autónomas con mayor tasa de litigiosidad en el periodo estudiado fueron Canarias —con 37,4 asuntos por cada mil habitantes—, Baleares —con 33,3— y Andalucía —con 32,7—. También en Cantabria —con 29,6 asuntos por cada mil habitantes— y en Murcia —con 28,8— se superó la media nacional.

En el otro extremo, los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja —18,4 asuntos por cada mil habitantes—, el País Vasco —19,7 asuntos—, Navarra —22,1 asuntos— y Extremadura —22,4 asuntos—.

Las separaciones y divorcios se redujeron un 7,8 por ciento en el tercer trimestre del año

Miércoles, 20 de diciembre de 2017

Viernes, 15 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

Las separaciones y divorcios se redujeron un 7,8 por ciento en el tercer trimestre del año

Los divorcios de mutuo acuerdo descendieron un 8,2 por ciento y los no consensuados, un 6,4 por ciento. Las tasas más altas de disolución matrimonial se dieron en Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares, y la más baja se produjo en el País Vasco.

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de demandas de disoluciones matrimoniales (separaciones y divorcios) se redujo en el tercer trimestre de 2017 en un 7,8 por ciento respecto a igual trimestre del año anterior, según los datos recogidos y hechos públicos hoy por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

La mayor reducción interanual se dio en las separaciones consensuadas, que fue del 16,3 por ciento. En las separaciones no consensuadas la reducción fue del 12,3 por ciento. Respecto a los divorcios, que son la forma de disolución más importante numéricamente, las 12.545 demandas de divorcio de mutuo acuerdo representaron un 8,2 por ciento menos que las demandas presentadas en el tercer trimestre de 2016; y los 8.727 divorcios no consensuados, un 6,4 por ciento menos.

Se presentaron 35 demandas de nulidad, frente a las 34 presentadas en el tercer trimestre de 2016.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2017, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en Canarias, con una tasa del 5,72; Comunitat Valenciana, con 5,67; Illes Balears, con 5,4; Andalucía, con 5,1; Cataluña, con 5,03; y Murcia, con 4,82. Todas estas Comunidades superaron la media nacional, que fue de 4,79. Por el contrario, la tasa más baja, se produjo en el País Vasco, con 3,57.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

Salvo en las modificaciones de medidas consensuadas, de las que se presentaron 2.082, un 5 por ciento más que en igual trimestre del año anterior, en el resto de los procedimientos de modificación de medidas se observaron disminuciones interanuales. Se presentaron 6.385 solicitudes de modificación de medidas no consensuadas, con una disminución interanual del 3,9 por ciento;  3.417 solicitudes de modificación de medidas consensuadas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, un 5,7 por ciento menos que el año anterior; y 5.362, no consensuadas, con un descenso interanual del 6,7 por ciento.

Se adjuntan los datos estadísticos, a los que también se puede acceder desde la página web:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial .

El Tribunal Supremo establece que la mera referenciación de una hipoteca al IRPH no supone falta de transparencia o abusividad

Martes, 19 de diciembre de 2017

Lunes, 18 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo establece que la mera referenciación de una hipoteca al IRPH no supone falta de transparencia o abusividad

La Sala Primera estima el recurso de Kutxabank contra una sentencia de la Audiencia de Álava que declaró la nulidad de la cláusula

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha notificado la sentencia sobre el recurso interpuesto por Kutxabank contra una resolución anterior de la Audiencia Provincial de Álava que declaraba la  nulidad de la cláusula IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios). El fallo fue anticipado el pasado 22 de noviembre.

La sentencia, en primer lugar, considera que una cláusula en la que se establece el interés remuneratorio de un contrato de préstamo puede ser una condición general de la contratación, y como no consta que la que aquí nos ocupa fuera negociada individualmente, debe considerarse que tiene tal cualidad de condición general, en tanto que reúne todos y cada uno de los requisitos necesarios para su calificación como tal.

En segundo término, la sala explica que, frente a los préstamos en los que se pacta un interés fijo, existen también los préstamos con un interés variable, referenciados a un determinado índice, en relación con el precio del dinero (Mibor, Euribor, IRPH) más un margen o diferencial, establecido en términos porcentuales, que se suma o resta al índice de referencia, y examina las diferentes normas que han regulado la utilización del IRPH hasta su desaparición. En el caso, el préstamo fue referenciado al índice IRPH Entidades, definido legalmente, por lo que no corresponde al control de la jurisdicción civil conocer si dichos índices aplican o no la normativa reguladora, sino a la Administración. Por tanto, el IRPH como tal no puede ser objeto de control de transparencia, puesto que tanto la Ley de Condiciones Generales de Contratación como la Directiva 93/13, de protección de los consumidores, excluyen de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, aunque sí pueda serlo la cláusula que lo incorpora.

Para determinar la transparencia de la cláusula que incorpora el índice de referencia (IRPH-Entidades) habrá que ver si el consumidor era consciente, porque hubiera sido informado, de que esa cláusula configuraba un  elemento esencial del préstamo, así como la manera en que se calculaba el interés variable.

Dado el carácter esencial de la propia cláusula, no cabe considerar que el consumidor no advirtiera su importancia económica y jurídica o no pudiera conocer que el interés resultante en dicho periodo se calculaba mediante la aplicación de un índice oficial, consistente en una media de los índices hipotecarios de todas las entidades que actuaban en España, al que se sumaba un margen o diferencial.

Al tratarse de índices oficiales utilizados por las diversas entidades financieras en sus ofertas comerciales, resulta fácilmente accesible para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, conocer que se utilizan diferentes sistemas de cálculo del interés variable y comparar las condiciones utilizadas por los distintos prestamistas en un elemento tan esencial como el propio precio del préstamo, sin que fueran exigibles a la entidad bancaria los requisitos que la Audiencia planteaba en su sentencia.

La Audiencia afirma que el Euribor ha tenido un comportamiento más favorable para el consumidor que el IRPH, pero aparte de que dicha circunstancia se hace desde un sesgo retrospectivo que no puede servir de pauta para el control de transparencia- que debe hacerse al tiempo de la celebración del contrato-, no tiene en cuenta que el tipo de interés no se forma solo con el índice de referencia, sino también con el diferencial, y no consta que los diferenciales aplicados a préstamos con Euribor fueran también más beneficiosos para el prestatario que los aplicados a préstamos con IRPH.

Al contrario, estadísticamente, en los préstamos con este último índice de referencia los diferenciales son más bajos, y esto, lógicamente, sirve para hacer competitiva la oferta, puesto que a un índice de referencia que supone un tipo porcentual más alto que otros, como el Euribor, se le añade un diferencial menor.

Tampoco cabe afirmar que el IRPH resulta en todo caso más caro cuando resulta que el préstamo todavía no ha llegado ni a la tercera parte de su plazo de vigencia, puesto que se pactó en 2006 por un periodo de 35 años y se desconoce qué sucederá en los 24 años que todavía quedan para su extinción.

En la práctica, la Audiencia acaba haciendo un control de precios, al declarar la nulidad de una condición general de la contratación porque el precio resultante sea más o menos elevado, lo que no es admisible.

Por eso, el Tribunal Supremo puntualiza que si se siguiera la argumentación de la Audiencia para declarar nula la referencia al IRPH, también habría que declarar nulas las referencias al Euribor en otros préstamos si en cualquier etapa de su vigencia la evolución del Euribor hubiera sido menos favorable para el consumidor.

La sentencia cuenta con el voto particular de dos magistrados que consideran que la cláusula que incorpora el IRPH no supera el control de transparencia.

Pese a ello, consideran que el recurso de casación debería estimarse solo en parte, a fin de sustituir la referencia al IRPH por una referencia al Euribor, en vez de dejar el préstamo con interés cero, como había resuelto la Audiencia Provincial.

Las medidas para proteger a los deudores hipotecarios vulnerables han beneficiado a 88.000 familias

Martes, 19 de diciembre de 2017

Las medidas para proteger a los deudores hipotecarios vulnerables han beneficiado a 88.000 familias
Miércoles 13 de diciembre de 2017 lamoncloa.gob.es
Las medidas de protección para los deudores hipotecarios vulnerables puestas en marcha en 2012 han beneficiado a cerca de 88.000 familias. Entre ellas, el Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido que 51.071 beneficiarios (hasta octubre de este año) hayan reestructurado su deuda hipotecaria.

En los casi seis años de vigencia del CBP se han realizado 43.607 reestructuraciones viables, 7.456 daciones en pago y ocho quitas. Por su lado, el Fondo Social de Viviendas (FSV) ha permitido la realización de más de 9.000 contratos de alquiler (cierre de 2016) y la moratoria hipotecaria ha propiciado la suspensión de más de 27.800 desahucios (hasta diciembre de 2017).

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado en el Congreso de los Diputados que la reducción de las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual (un 60% menos entre julio y septiembre respecto a un año antes y un 84% menos desde el segundo trimestre de 2014, el punto más álgido) “está siendo espectacular”. De Guindos achaca esta reducción en gran medida a las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo desde 2012 para proteger a los deudores hipotecarios más afectados por la crisis y a la “vigorosa recuperación económica, caracterizada por una intensa creación de empleo”.

El CBP, junto con el FSV y la suspensión de lanzamientos hipotecarios, forma parte del conjunto de medidas impulsado por el Gobierno desde el inicio de la X Legislatura con el objetivo de dar una respuesta rápida y contundente al drama de los desahucios.

El CBP se aprobó en marzo de 2012 con la finalidad de dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en desempleo o por ausencia de ingresos. Durante los últimos años se ha ampliado el colectivo que puede acogerse a estas medidas y se ha incluido la posibilidad de que los deudores cuya deuda haya sido ejecutada, se queden en su vivienda pagando un alquiler asequible. Se trata de un Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio para los bancos que lo suscriben, que en la actualidad son la mayoría.

Por otro lado, la suspensión de lanzamientos hipotecarios supuso en 2013 la paralización de los desahucios de aquellas familias que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad. El Gobierno ha impulsado este año la prórroga de esta medida hasta 2020 y ha ampliado los criterios para incluir al máximo número de deudores vulnerables. El FSV, por su parte, permite atender a aquellos casos en los que no se ha podido evitar el desahucio, facilitando un alquiler a precio reducido.

El TC declara inconstitucional y nula la reducción de la jornada laboral de los funcionarios andaluces a 35 horas semanales

Lunes, 18 de diciembre de 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 106/2017 tribunalconstitucional.es
El TC declara inconstitucional y nula la reducción de la jornada laboral de los funcionarios andaluces a 35 horas semanales
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso presentado por el Gobierno contra el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía. El Pleno considera que, al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de esa Comunidad Autónoma, el Decreto-ley recurrido vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las Administraciones públicas. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Santiago Martínez-Vares, cuenta con el voto particular del Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.
El Tribunal resuelve, en primer lugar, si el establecimiento de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales para los funcionarios de la Comunidad Autonómica de Andalucía vulnera, como sostiene el recurrente, la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
La citada Ley de Presupuestos Generales del Estado, explica la sentencia, fue aprobada por el Gobierno en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación laboral (art. 149.1.6 CE) y para establecer las bases tanto del régimen jurídico de las Administraciones públicas como del régimen estatutario de sus funcionarios (art. 149.1.18 CE). La norma determina que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos, incluidos los autonómicos, “no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual”.
En consecuencia, el establecimiento por la ley recurrida de una jornada de treinta y cinco horas semanales de promedio al año “resulta incompatible” con la ley estatal, que la fija en un mínimo de treinta y siete horas y media semanales.
Lo mismo ocurre con las horas lectivas semanales del personal docente de Andalucía, que el Decreto-ley impugnado fija en 18 horas, a excepción del profesorado de educación infantil y primaria. En este caso, la regulación autonómica también es considerada por el Pleno incompatible con la estatal, pues, según ésta (art. 3 del Real Decreto-ley 4/2012), “la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas”.
Como consecuencia de todo ello, la sentencia declara que ley recurrida invade la competencia del Estado para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y para regular las condiciones de obtención de títulos académicos (art. 149.1.18 y 30 CE).
Finalmente, el Tribunal explica que, una vez declarada la inconstitucionalidad del decreto recurrido por razones competenciales, no es necesario pronunciarse sobre la eventual vulneración, también denunciada por el recurrente, del art. 86 de la Constitución y del art. 110 del Estatuto de Autonomía andaluz, que establecen los límites de la aprobación de normas por decreto ley.
En su voto particular, el Magistrado Valdés Dal-Ré se remite a los argumentos con los que expresó su discrepancia respecto de las STC 99/2016 y 158/2016. Entonces consideró que el Tribunal debía haber declarado inconstitucionales la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y el art. 3 del Real Decreto-ley 14/2012, que el Tribunal entiende vulnerados por la norma foral recurrida. Estos preceptos establecen, respectivamente, la duración semanal de la jornada laboral de los funcionarios de las Administraciones públicas en 37 horas y media y, en 18, la del personal docente de las escuelas públicas y concertadas.
Madrid 15 de diciembre de 2017

Los lanzamientos, las demandas por despido y los concursos presentados aumentan en Castilla y León en el tercer trimestre de 2017

Lunes, 18 de diciembre de 2017

Miércoles, 13 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

Los lanzamientos, las demandas por despido y los concursos presentados aumentan en Castilla y León en el tercer trimestre de 2017

Las ejecuciones hipotecarias descienden respecto al mismo periodo del año anterior

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de lanzamientos, las demandas por despido y los concursos presentados han aumentado en Castilla y León en el tercer trimestre del presente año respecto al mismo periodo de 2016, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del CGPJ ha hecho público hoy. Por el contrario, las ejecuciones hipotecarias han descendido.

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre del año fue de 533, lo que supone un incremento del 2,5 por ciento respecto al mismo trimestre de 2016.

El número de ejecuciones hipotecarias presentadas en el tercer trimestre de 2017 fue de 281, lo que representa una disminución del 5,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en el tercer trimestre del presente año fue de 1.049, una cifra superior a la del mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 951. El informe revela un incremento interanual del 10,3 por ciento.

El número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2017, contabilizando tanto los registrados en los Juzgados de lo Mercantil como los de personas físicas presentados en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, fue de 72, de los que 12 correspondieron a personas naturales no empresarios. El dato supone un incremento del 14,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2016.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al tercer trimestre de 2017 y las series completas desde 2007 en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/

El CGPJ y la RAE tienden un nuevo puente entre los países iberoamericanos con la presentación del Diccionario panhispánico del español jurídico

Domingo, 17 de diciembre de 2017

Viernes, 15 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

El CGPJ y la RAE tienden un nuevo puente entre los países iberoamericanos con la presentación del Diccionario panhispánico del español jurídico

El rey ha presidido en la Universidad de Salamanca el acto de presentación, al que han asistido presidentes de Tribunales y Cortes Supremas iberoamericanas y representantes de las Academias hispanoamericanas de la Lengua. El presidente del TS y del CGPJ señala que “el correcto uso del lenguaje y su claridad constituye un instrumento imprescindible para la Justicia”. Más de cuatrocientos juristas y filólogos españoles y americanos han participado en la preparación del Diccionario, que reúne más de 40.000 entradas con léxico procedente de todos los países hispanoamericanos.

Autor:Comunicación Poder Judicial

El rey ha presidido este viernes en la Universidad de Salamanca el acto de presentación del Diccionario panhispánico del español jurídico, elaborado gracias a la colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia Española (RAE) y con el que –como señala en el prólogo de la obra el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes- se tiende “un nuevo puente entre los países iberoamericanos”.

Al acto de presentación, que ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad salmantina, que celebra su VIII centenario, han asistido presidentes de Tribunales y Cortes Supremas iberoamericanas, representantes de las Academias hispanoamericanas de la Lengua, miembros de las Universidades de ambos lados del Atlántico que han participado en la preparación de la obra y otras altas autoridades iberoamericanas y españolas.

Un equipo de más de cuatrocientos juristas y filólogos –más de la mitad americanos y el resto españoles- han participado en la elaboración del Diccionario bajo la dirección del catedrático y académico de la RAE Santiago Muñoz Machado, que ya estuvo al frente de los trabajos que culminaron con la publicación en 2016 del Diccionario del español jurídico.

La obra que hoy se ha presentado, editada por Santillana en dos volúmenes, parte de la anterior, y reúne en sus 2.220 páginas más de 40.000 entradas con léxico procedente de todos los países hispanoamericanos y definiciones enriquecidas con indicaciones de uso de cada palabra o locución y con documentos extraídos de leyes o jurisprudencia.

El Diccionario incluye además dos apéndices: un repertorio de máximas y aforismos latinos, con su traducción e información correspondiente, y una extensa bibliografía que amplía los títulos citados en los artículos.

Un instrumento imprescindible para la Justicia

Durante su intervención en la presentación del Diccionario, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dicho que “el correcto uso del lenguaje y su claridad constituye un instrumento imprescindible para la Justicia”.

“La función comunicativa que se espera del lenguaje legal exige que la regla jurídica –ley o sentencia- sea comprendida por todos los ciudadanos y, lo que es más importante, que sea cumplida, y no podrá serlo cuando no se entiende, de manera que esa claridad y precisión se erige en condición de la propia eficacia de los actos jurídicos”, ha añadido Lesmes.

El presidente del TS y del CGPJ, que en el prólogo de la obra afirma que con ella “tendemos un nuevo puente entre los países iberoamericanos que nos ayudará a comprender mejor nuestras expresiones y vocablos, a la par que a reafirmar nuestra diversidad”, ha manifestado que “hoy, más que nunca, se impone la idea de transmitir a la sociedad la idea de que el Derecho y la Justicia están a su servicio”.

“Con este Diccionario panhispánico del español jurídico hemos colmado dicho propósito, al surgir con la vocación de ser texto de referencia y manejo constante para los juristas y también para quienes no lo son; en definitiva, para todos”, ha concluido.

Tarantella siciliana. Mandolin

Domingo, 17 de diciembre de 2017

La inflación se eleva al 1,7% por el repunte de la energía mientras se contienen servicios y alimentación

Sábado, 16 de diciembre de 2017

14 de diciembre de 2017 mineco.gob.es
La inflación se eleva al 1,7% por el repunte de la energía mientras se contienen servicios y alimentación
La tasa subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, se reduce una décima, hasta el 0,8%
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en noviembre de 2017 un 1,7% interanual, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa superior en una décima tanto a la adelantada por el INE para dicho mes como a la registrada en octubre. Este aumento de la inflación se explica por el repunte de los precios energéticos, en línea con la evolución del precio del petróleo, parcialmente compensado por la ligera desaceleración de los precios de servicios y alimentación, y por el mayor descenso de los bienes industriales no energéticos (BINE). En términos intermensuales, el IPC ha registrado una subida del 0,5% en noviembre de 2017, frente al avance del 0,4% del mismo mes de 2016.

Los precios de los productos energéticos aumentaron en noviembre de este año el 6% interanual, 2,1 puntos más que en octubre, evolución principalmente asociada a la aceleración de los precios de los carburantes y lubricantes. Los precios de los combustibles líquidos se aceleraron seis puntos, hasta el 8,9%, y los de la electricidad una décima, hasta el 3,5%. Por su parte, los precios del gas redujeron el ritmo de crecimiento siete décimas, hasta el 7,1%.

La inflación de la alimentación se situó en el 2,2% en noviembre, una décima inferior a la del mes precedente. Los precios de la alimentación no elaborada crecieron el 4,3%, seis décimas menos que en el mes anterior, debido a la desaceleración de los precios de las frutas frescas, 2,1 puntos hasta el 8%, y, en menor medida, de las legumbres y hortalizas frescas, que pasaron de crecer el 8,8% en octubre al 7,5% en noviembre. Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco subieron el 1,2%, dos décimas más que en octubre.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y los productos energéticos, elementos más volátiles del IPC) se redujo una décima en noviembre, hasta el 0,8%, debido a la desaceleración de los precios de los servicios y a la mayor caída de los precios de los BINE. Los precios de servicios aumentaron el 1,5% en tasa interanual, una décima menos que en el mes previo, como consecuencia, principalmente, de la evolución del turismo y hostelería, cuyos precios pasaron de crecer el 2,6% en octubre al 2,2% en noviembre. Por su parte, los precios de los BINE cayeron el 0,3%, una décima más que el mes anterior.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación del 0,5% en noviembre de 2017, una décima superior a la registrada en el mismo mes de 2016. Por componentes, los precios de los productos energéticos se incrementaron el 2%, frente a la estabilización de un año antes; los de los BINE aumentaron el 1,4%, una décima menos que en noviembre del pasado año; y los de servicios y alimentación se redujeron ambos el 0,2%, caída superior en una décima a la de noviembre de 2016.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en noviembre de este año una tasa intermensual del -1% (-0,4% en el mismo mes de 2016), y los de los alimentos elaborados del 0,2%, frente a la estabilización de un año antes.

La tasa de inflación aumentó en noviembre respecto a la de octubre en la mayoría de las comunidades autónomas y se redujo sólo en La Rioja (dos décimas, hasta el 1,4%). Los mayores incrementos, de tres décimas, se produjeron en Galicia (1,8%) y en la Región de Murcia (1,2%). Las comunidades de Cataluña (1,9%), Melilla (1,9%), Islas Baleares (1,8%), País Vasco (1,6%) y Comunidad de Madrid (1,5%) mantuvieron la tasa de inflación del mes anterior.

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en noviembre en el 1,7%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de noviembre, cuya tasa interanual se sitúa en el 1,8%, una décima superior a la de octubre. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro en noviembre es del 1,5%, frente al 1,4% del mes precedente, manteniéndose el diferencial de inflación para España respecto a la zona euro en 0,3 puntos porcentuales

Tarantella napolitana con mandolino

Sábado, 16 de diciembre de 2017

España tendrá en 2018 el mayor crecimiento del empleo entre los países europeos de la OCDE

Viernes, 15 de diciembre de 2017

España tendrá en 2018 el mayor crecimiento del empleo entre los países europeos de la OCDE

ieemadrid.es

Según las previsiones que acaba de publicar la OCDE en sus “Perspectivas Económicas”, el aumento del empleo se desacelerará levemente en 2018. El promedio de la OCDE para 2017 se sitúa en un 1,4% y bajará al 1,1% en 2018. El mayor incremento del empleo en el conjunto de la OCDE corresponderá, el año próximo, a Turquía con un 3,1%, junto con Nueva Zelanda que llegará a un 2,6%.

Si nos centramos en la evolución del empleo en los países europeos de la OCDE, se observará que en la mayoría de ellos el empleo crecerá menos en 2018, excepción hecha de Dinamarca, Austria, Noruega, Suiza y Alemania que registrarán una aceleración. España ocupará el primer lugar en 2018 con un 2,3%, una tasa que duplica la media de la OCDE y demuestra que la economía española sigue creando  empleo con fuerza, a pesar de una ligera desaceleración. Luxemburgo compartirá la tasa del 2,3% con España, figurando a continuación Irlanda con un 2,2% y Grecia con un 1,9%. Dinamarca registrará un 1,7%, al tiempo que los Países Bajos, Austria y Noruega estarán en torno al 1,5%. Eslovenia, Eslovaquia, Portugal y Suiza compartirán un 1,3%. Suecia y Alemania superarán levemente la media de la OCDE  con un incremento del empleo del 1,2%.

Bélgica, Italia y Francia estarán una décima por debajo del promedio. Polonia se situará en un 0,8% y la República Checa en un 0,7%. Las tasas más bajas entre los países europeos de la OCDE corresponderán al Reino Unido y a Letonia, ambos con un 0,2%.

Tarantella siciliana. Mandolino

Viernes, 15 de diciembre de 2017

Los ingresos fiscales en España se situarán en un 38,4% en 2018

Jueves, 14 de diciembre de 2017

Los ingresos fiscales en España se situarán en un 38,4% en 2018

ieemadrid.es

Según las previsiones que acaba de publicar la OCDE en sus “Perspectivas Económicas” de noviembre, los ingresos fiscales del conjunto de las Administraciones Públicas se mantendrán en una media levemente por encima del 37% sobre el PIB en 2018 para el total de países de la OCDE. No obstante, se observan grandes diferencias, ya que hay una serie de países que superan el 50% sobre el PIB y otros, en el extremo opuesto, que se sitúan en torno al 30% o incluso por debajo como es el caso de Irlanda.

Noruega ocupa el primer lugar con unos ingresos fiscales en aumento que llegarán al 56,4% en 2018. A continuación están Francia con un 53,0%, así como Finlandia y Dinamarca, ambos por encima del 51%. Suecia y Bélgica contarán con ingresos fiscales en torno al 50% sobre el PIB, mientras que Grecia y Austria compartirán un 48,6%. Alemania se situará en un 45% y los Países Bajos en un 43,5%. Eslovenia y Hungría son los dos países de reciente adhesión a la UE con los mayores ingresos fiscales superando el 42%. Por debajo del 40% figurarán, entre otros, Polonia, la República Checa, Estonia y Canadá. Para España, la OCDE prevé en 2018 unos ingresos fiscales del conjunto de las Administraciones Públicas del 38,4% sobre el PIB. Ello supone un leve incremento de tres décimas respecto de 2017, a la vez que un aumento considerable desde el mínimo del 34,8% que registró nuestro país en 2009. El Reino Unido, Letonia e Israel completan la lista de miembros de la OCDE que estarán por encima del promedio.

Por debajo de la media sólo figuran 6 países. Entre los que cuentan con los menores ingresos fiscales en términos de PIB están Japón (33,8%), Estados Unidos (32,3%) y, sobre todo, Irlanda con un 26,4%.

Ingresos fiscales del conjunto de las administraciones públicas
(En % sobre el PIB)

Países   2018   2017
Noruega  56,4   55,6
Francia  53,0   53,2
Finlandia 51,8  52,7
Dinamarca  51,1   51,5
Suecia   50,3  50,5
Bélgica  50,0   50,7
Grecia   48,6   49,3
Austria  48,5   48,8
Italia   46,9   47,0
Alemania  45,0  44,9
Islandia  44,2   41,4
Países Bajos  43,5   43,7
Eslovenia  42,6   43,2
Hungría  42,3   42,5
Portugal  42,0   42,5
Luxemburgo 41,5   42,2
Nueva Zelanda  40,6   40,5
Polonia  39,9   39,3
Rep. Checa 39,9   40,2
Estonia  39,6   40,0
Eslovaquia  38,9   38,9
Canadá   38,4   38,5
España   38,4   38,1
Reino Unido  37,8   38,2
Letonia  37,6   37,6
Israel   37,4   38,2
OCDE   37,1   37,4
Australia  35,0   34,6
Suiza  34,6   34,8
Corea  34,0   34,2
Japón   33,8   33,9
EE.UU.   32,3   33,0
Irlanda  26,4   26,3

 

 

Julián Sánchez Melgar toma posesión de su cargo como fiscal general del Estado

Miércoles, 13 de diciembre de 2017

Martes, 12 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

Julián Sánchez Melgar toma posesión de su cargo como fiscal general del Estado

El acto ha sido presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

Autor:Comunicación Poder Judicial
El Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha acogido este martes, bajo la presidencia del presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el acto de toma de posesión de Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado. Ha actuado como padrino el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas.

Sánchez Melgar, nacido en Palencia en 1955, era magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde enero de 2000. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña, con premio extraordinario, ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1983 y ascendió a magistrado en 1987.

Estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió en Juzgados de Reinosa y de Santander, donde fue elegido juez decano; como magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y, desde junio de 1993, como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila.

El 15 de diciembre de 1999, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial le nombró magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ocupando la vacante producida por la elección de Luis Román Puerta Luis como presidente de esa misma Sala. Sánchez Melgar tomó posesión de su plaza de magistrado del alto tribunal el 18 de enero de 2000.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena solicita a la Guardia Civil la práctica de varias diligencias en relación con el proceso secesionista de Cataluña

Miércoles, 13 de diciembre de 2017

Lunes, 11 de diciembre de 2017 poderjudicial.es

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena solicita a la Guardia Civil la práctica de varias diligencias en relación con el proceso secesionista de Cataluña

Además, reclama al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona diversas actuaciones que pueden resultar de interés para la causa que instruye en el Tribunal Supremo

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este lunes una providencia en la que solicita a la Guardia Civil, como policía judicial actuante, la práctica de determinadas diligencias para determinar la eventual responsabilidad de los investigados, así como la posible participación de otras personas, en los hechos que se investigan en el alto tribunal por delitos de rebelión, sedición prevaricación o malversación de caudales públicos.

En concreto, solicita al grupo de policía judicial actuante que practique diligencias tendentes a esclarecer y justificar si hubo un eventual concierto inicial entre los partidos políticos CDC, ERC y las asociaciones Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, así como la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) y que hayan podido estar orientados a compartir una estrategia para lograr la independencia de Cataluña. Del mismo modo, el magistrado pregunta si estas entidades han sufragado actuaciones acordadas por alguno de estos partidos políticos.

El magistrado quiere que la Guardia Civil recabe los elementos objetivos que puedan existir que indiquen que estos partidos políticos y asociaciones o cualquiera de sus principales integrantes impulsaron, sostuvieron o conocieron sin alterar después sus planes las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo como instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia.

El juez reclama también a la Guardia Civil un informe individualizado y secuencial sobre los distintos actos de agresión, daño, así como de grave resistencia o amedrentamiento sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista, principalmente los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre, para esclarecer la participación de cada uno de los investigados.

Además, pide al instituto armado un informe sobre las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados “Comités de Defensa del Referéndum” y “Comités de Defensa de la República” y por sus responsables, así como un informe sobre los integrantes del Comité Estratégico definido en el documento “Enfocats”.

En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas que hubieran sido anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes.

Por último, solicita a la Guardia Civil que indague sobre las órdenes dadas por el consejero de Interior catalán en relación con las prohibiciones acordadas por los tribunales sobre los hechos investigados o sobre la inexistencia de ellas.

El magistrado reclama también al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona diversas actuaciones practicadas en relación con el proceso secesionista y que puedan resultar de interés para la causa especial que investiga por los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación de caudales públicos contra los exmiembros de la Mesa del Parlament, los exconsellers y los representantes de ANC y Ómnium.

María Emilia Adán García, nueva Decana Nacional de los Registradores de España

Martes, 12 de diciembre de 2017

María Emilia Adán García, nacida en Segorbe (Castellón, el 18 de septiembre de 1964)

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, formando parte de la promoción, 1982-1987 obtuvo el premio extraordinario de licenciatura. En esos años, junto a otros compañeros fundó la AIE ( asociación de estudiantes independientes) siendo elegida claustral por los compañeros.
Becada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, para asistir al Curso de Derecho Internacional de La Haya en 1987.Es diplomada de Estudios Avanzados por la Universidad de Valencia.

Ingresó en el cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles, y de Bienes Muebles en el año 1988, habiendo servido los registros de la Propiedad de Viver (Castellón), Gandia-4 (Valencia), Manises (Valencia), y actualmente Gandia-1.

Es desde el año 1993 miembro del consejo de redacción de la revista jurídica valenciana Lunes 4,30. Ha sido miembro del Consejo de redacción del Boletín del Colegio de Registradores de España,(1994-2002).

Ha sido parte de la Comisión de calificación del Colegio Nacional del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Miembro del Foro por la Justicia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).Comisión tercera.

Ha participado como vocal del Tribunal de Selección de la prueba selectiva específica previa al curso selectivo, para el acceso al Cuerpo de Abogados de la Generalitat, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 10/2005, de Asistencia Jurídica a la Generalitat

Ha formado parte de la Junta Autonómica del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles dirigida por Vicente Carbonell Serrano, como directora del Centro de Estudios Registrales desde el año 2002 hasta el año 2010.

En la actualidad es miembro del observatorio para el funcionamiento de la Justicia de la Comunidad Valenciana.

Miembro del Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Valenciana.

Ha sido profesora en la Escuela de Práctica Jurídica de la Uned.

Ha impartido diversas clases en distintas universidades, presentado ponencias en diversas jornadas de administradores de fincas, secretarios judiciales, ICAV”. Ha impartido seminarios en la Universidad cardenal herrera Ceu y en la Universidad  Católica de Valencia San Vicente Mártir. en la que fue profesora del Master Universitario de la Abogacía. Así como colaboraciones escritas en diversas revistas y libros colectivos.

Presidenta de la Asociación de Registradores para el arbitraje, la mediación y la conciliación, “Conviventia”.

Ha sido Decana Autonómica de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de la Comunidad Valenciana, desde el 2010 hasta el 2017.

¡Enhorabuena María Emilia!

Martes, 12 de diciembre de 2017

Decana nacional de los registradores