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El Gobierno refuerza la protección de los asegurados con la adopción de las nuevas normas europeas

Miércoles, 31 de enero de 2018

26 de enero de 2018 mineco.gob.es
El Gobierno refuerza la protección de los asegurados con la adopción de las nuevas normas europeas
El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera vuelta al Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros en adaptación de las nuevas normas europeas y que refuerza la protección del asegurado mediante obligaciones de transparencia y conducta para los distribuidores de seguros. El cliente deberá ser informado de todos los costes, gastos y riesgos que asume en los productos de inversión basados en seguros, y tendrá acceso a una evaluación periódica de su idoneidad. Se endurecen las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de información y se regulan por primera vez las denominadas ventas cruzadas, es decir, aquellas que añaden al contrato de seguro servicios o productos auxiliares. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y  volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria.

La Directiva 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros, ha introducido una serie de modificaciones en la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en seguros. Con ello se busca garantizar un mismo nivel de protección a los clientes, sea cual sea el canal a través del cual se adquiera un producto de seguro y su traslación a las disposiciones nacionales relativas al acceso y ejercicio de la actividad de distribución de seguros y reaseguros.

Se considera como distribuidores de seguros y reaseguros no sólo a los mediadores, como hasta ahora, sino también a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como a otros participantes en el mercado que distribuyan productos con carácter auxiliar (como las agencias de viajes o las empresas de alquiler de automóviles), que tendrán la consideración de mediadores de seguros complementarios. Asimismo, el concepto de distribución de seguros incluye la actividad desarrollada a través de los denominados comparadores de seguros.

Dentro de las categorías de mediadores de seguros, los operadores de banca-seguros se configuran, desde un punto de vista normativo, como agentes de seguros (exclusivos o vinculados), si bien con ciertas particularidades. Se suprimen las limitaciones en cuanto a  la puesta a disposición de un único  operador de banca-seguros de las redes de las entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito, sin perjuicio de mantener la incompatibilidad  para que las redes  cedidas puedan operar simultáneamente, en todo o en parte, como colaboradores mercantiles  de  otros mediadores de seguros de distinta clase.

El APL prevé que los mediadores de seguros puedan servirse de sitios web u otras técnicas de comercialización a distancia mediante los que se proporcione al cliente información comparando precios o coberturas de un número determinado de productos de seguros de distintas compañías.

Se refuerzan además los requisitos de organización y competencia profesional y las obligaciones de información y normas de conducta que deben seguir los distribuidores de seguros. Se establece la obligación para todos los mediadores de seguros de acreditar que los fondos pertenecientes a clientes son transferidos a través de cuentas completamente separadas del resto de recursos económicos del mediador.

El deber de información al cliente de productos de seguros se regula ampliamente en la APL estableciéndose requisitos adicionales en relación con la distribución de productos de inversión basados en seguros, buscando evitar o, en su caso, prevenir, potenciales conflictos de intereses. En cuanto a las obligaciones de información para los usuarios de productos de inversión basados en seguros se establece que deberá informarse de todos los costes y gastos asociados, incluidos el coste de asesoramiento, cuando proceda, el coste del producto de inversión basado en seguros, y la forma en que éste podrá pagarlo, así como cualquier pago relacionado con terceros. Se deberá advertir sobre los riesgos conexos a los productos de inversión basados en seguros o a determinadas estrategias de inversión propuestas; y por último, para las situaciones en las que se ofrezca asesoramiento, se crea la obligación de proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión.

Se introduce el concepto de ventas cruzadas, con la obligación para el distribuidor de seguros de informar al cliente, cuando el contrato de seguro se ofrezca conjuntamente con servicios o productos auxiliares, si los distintos componentes pueden adquirirse separadamente, y los correspondientes justificantes de los costes y gastos de cada componente. Se establecen requisitos en materia de gobernanza de productos, en particular en el diseño, aprobación y control de los mismos.

En materia de infracciones y sanciones, se refuerza su régimen, fijando unas sanciones de carácter pecuniario adaptadas y en línea con el marco general establecido por la Directiva 2016/97.

El número de ocupados roza los 19 millones al cierre de 2017 tras aumentar 490.300 en el último año

Martes, 30 de enero de 2018

25 de enero de 2018 mineco.gob.es
El número de ocupados roza los 19 millones al cierre de 2017 tras aumentar 490.300 en el último año
El desempleo baja en 471.100 personas y la tasa de paro se sitúa en el 16,55%, la menor para un cuarto trimestre desde la recesión
El número de asalariados con empleo indefinido ha aumentado en 357.900, mientras que el temporal se eleva en 179.200
La mayor parte del empleo se ha creado en el sector privado, con 401.700 nuevos puestos, casi cinco veces más que en el público
El empleo a tiempo completo aumenta en más de medio millón, mientras baja en 27.600 el que se contrata a tiempo parcial
El número de hogares con todos sus activos en paro baja en 177.200 y crece en 331.300 los que están todos ocupados
La economía española rozó los 19 millones de ocupados al cierre de 2017, tras aumentar en casi medio millón en el último año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el INE. El empleo crece a un ritmo anual del 2,65% y encadena cuatro años de recuperación, en paralelo a la evolución de la economía. El desempleo se recorta en 471.100 personas y la tasa de paro se sitúa en el 16,55%, con una caída de 2,09 puntos en el último año. El porcentaje de parados sobre población activa ha descendido más de diez puntos desde el pico más alto de la recesión y es el más bajo desde sus inicios para un cuarto trimestre. La mayor parte del empleo creado en el último año es a tiempo completo, es indefinido y se concentra en el sector privado.

Estos datos corresponden a la EPA del cuarto trimestre de 2017, cuyos resultados están afectados, como es habitual, por factores estacionales. En relación al tercer trimestre, el empleo ha caído en 50.900 personas (un 0,27%) y el número de parados ha aumentado en 34.900 (un 0,94%). La tasa de paro ha subido levemente, 16 centésimas, hasta el 16,55%de la población activa. Los asalariados con contrato indefinido han aumentado en 118.800 en el trimestre, mientras que los que tienen contrato temporal bajan en 102.900. En el trimestre se ha creado empleo en el sector público (12.700), mientras que en el sector privado ha descendido (63.500). También ha sido inferior el empleo a tiempo completo (130.400) frente al aumento del tiempo parcial (79.600).

El dato anual, es decir, comparado con el cuarto trimestre de 2016 elimina ese factor de estacionalidad y permite una mayor perspectiva. El año 2017 es el cuarto de creación de empleo, a un ritmo anual en torno al  medio millón de nuevos puestos de trabajo. Al cierre del pasado ejercicio se contabilizaron 490.300 puestos de trabajo más que en el último trimestre de 2016. En total, 18,99 millones de personas estaban ocupadas en España en esa fecha, aunque todavía por debajo de los 20 millones que es el objetivo del Gobierno para esta Legislatura. El pasado año el empleo creció a un ritmo del 2,65%, lo que significa que la mayor parte del crecimiento económico se traduce en nuevos puestos de trabajo.

Estos nuevos empleos son en su mayoría indefinidos en el conjunto del año. Respecto del total de asalariados, el empleo indefinido ha aumentado en 357.900, frente a los 179.200 temporales. La tasa de temporalidad se situó en el 26,71%, 23 centésimas superior a la de un  año antes. Frente a máximos de temporalidad del 35% previos a la crisis, casi el 75% de los asalariados en España tienen en la actualidad empleo fijo. Todo el empleo se ha creado a tiempo completo en los últimos doce meses (517.900) mientras se han destruido 27.600 puestos de trabajo a tiempo parcial. La tasa de parcialidad también es baja en España, ya que se sitúa en el 14,77% del total. La mayor parte del empleo se ha creado en el sector privado, 401.700 nuevos puestos, casi cinco veces más que en el público (88.700).

El paro encadena igualmente descensos en los últimos cuatro años, al reducirse en 471.100 en el último trimestre de 2017 respecto de un año antes, un 11,12% menos. El número total de parados se reduce así a 3.766.700, el segundo más bajo desde el primer trimestre de 2009. La tasa de paro ha caído 2,09 puntos en el último año, hasta el 16,55%, y algo más de diez desde el pico máximo de la crisis (primer trimestre de 2013) y el mejor dato para un cuarto trimestre desde la recesión. El número de hogares con todos sus miembros activos en paro se ha reducido a 1.210.500, tras bajar en 177.200 en el último año, mientras que aquellos que tienen todos sus miembros activos ocupados ha subido en 331.300 y se sitúa en 10.215.000

El Tribunal Supremo deniega a Oriol Junqueras y Jordi Sánchez el permiso para asistir al pleno de investidura en el Parlament

Martes, 30 de enero de 2018

Lunes, 29 de enero de 2018  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo deniega a Oriol Junqueras y Jordi Sánchez el permiso para asistir al pleno de investidura en el Parlament

El magistrado Pablo Llarena pide al CTTI de la Generalitat que ponga a su disposición los correos electrónicos de 32 investigados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha notificado este lunes un auto en el que deniega el permiso extraordinario de salida de prisión solicitado por el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el dirigente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) Jordi Sànchez para asistir mañana martes a la sesión de investidura del candidato a presidente de la Generalitat que se celebrará en el Parlament catalán.

El juez ha desestimado los recursos de reforma que habían presentado los dos citados, más el exconseller de Interior Joaquín Forn, contra el auto de 12 de enero de 2018 en el que declaró la incapacidad legal prolongada de estos investigados para asistir a los debates y las votaciones del pleno del Parlament. En el mismo acordó que correspondía a la Mesa de la Cámara autonómica arbitrar el procedimiento para que pudieran delegar sus votos en otro diputado, mientras subsistiese su situación de prisión provisional.

Llarena también ha dictado una providencia en la que requiere al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de Cataluña para que ponga a su disposición de forma inmediata todos los mensajes correspondientes a la totalidad de las direcciones de correo electrónico -personales o por razón de su cargo- de 32 personas relacionadas con la investigación que fueron solicitados el pasado 11 de enero. El magistrado realiza este nuevo requerimiento después de que la policía judicial le haya comunicado que este centro no entregó toda la información solicitada.

En su providencia, el juez añade que se indiquen los motivos que llevaron a no dar cumplimiento inicial a lo requerido.

El Sepblac tramitó 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% más

Lunes, 29 de enero de 2018

19 de enero de 2018 mineco.gob.es
El Sepblac tramitó 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% más
Las alertas por indicios enviadas por las entidades financieras suponen un 78,6% del total
Las comunicaciones de entidades no financieras han aumentado un 41% frente al ejercicio anterior
El Sepblac tramitó 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2016, lo que supone un incremento del 4,89% respecto a un año antes. En los últimos cinco años, estas actuaciones han experimentado un aumento del 63% gracias a la mayor vigilancia, tanto de las entidades financieras como de otros sectores de sujetos obligados. Las estadísticas publicadas ponen de relieve la creciente conciencia de los diferentes sectores en la necesidad de prevenir estos delitos.

Las comunicaciones por indicio remitidas por parte de las entidades financieras suponen el 78,6% del total en 2016. En el caso de los bancos, los asuntos remitidos al Sepblac ascienden a 2.646. La configuración del sistema financiero español se ha visto directamente afectada por el proceso de reestructuración bancaria, lo que ha tenido su reflejo directo en las cifras sobre comunicaciones remitidas al Sepblac. De ahí que las cajas de ahorros sólo hayan enviado cinco comunicaciones por indicio en 2016, lo que viene motivado por la práctica desaparición de esta clase de entidades.

Las entidades no financieras reportaron el 18,5% del total de las comunicaciones en 2016. Durante los últimos años, se ha producido un incremento paulatino por parte de estas entidades profesionales de carácter no financiero, que en 2016 han aumentado un 41% frente al ejercicio precedente, hasta alcanzar las 922 comunicaciones. En especial, los notarios y registradores siguen desempeñando un importante papel en el sistema español de prevención de blanqueo de capitales.

No solamente las comunicaciones y alertas de operaciones proceden de entidades privadas, sino que el número de alertas generadas por los organismos públicos sigue creciendo de forma significativa en los últimos dos años. En 2016, alcanzaron las 94, lo que supone un incremento del 88% frente al año previo y mucho más elevado que las 12 comunicaciones de 2012.

En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el Sepblac a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el envío de información a la Policía Nacional (2.663 comunicaciones, un 12% más), a la Guardia Civil (1.376 comunicaciones, un 4,5% más) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1.084 comunicaciones, en línea con 2015).

Por lo que se refiere al ámbito de investigación por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales varía muy ligeramente entre 2012 y 2014, con un incremento total en este periodo de cuatro años de un 10%. En 2015 y 2016 este número se ha incrementado un 10% respecto a 2014 y casi un 25% respecto de 2012, según la información facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha publicado estas estadísticas, referidas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por cuarto año consecutivo. Los datos son aportados por diferentes agencias y organismos, entre los que se encuentra el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

La Comisión de Prevención, presidida por la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y participada por diferentes agencias, instituciones y departamentos como el Banco de España, el Ministerio del Interior, la AEAT, la AEPD o el Consejo General del Poder Judicial, es el máximo órgano de coordinación de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de la que depende el Sepblac.

El Sepblac es la Unidad de Inteligencia Financiera española y la Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se trata de un organismo inter-agencia, en el que se encuentran destinados empleados del Ministerio de Economía, Banco de España, Agencia Tributaria, Policía y Guardia Civil.

 

El Gobierno impulsa un anteproyecto de ley para la reforma del acceso a las profesiones de abogado y procurador

Domingo, 28 de enero de 2018

Ministerio de Justicia
Gabinete de Comunicación
Nota de prensa mjusticia.gob.es
Consejo de Ministros
El Gobierno impulsa un anteproyecto de ley para la reforma del acceso a las profesiones de abogado y procurador
19 de enero de 2018.- El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.
Los principales objetivos del proyecto consisten en arbitrar la posibilidad del ejercicio conjunto de la abogacía y de la procura en las sociedades profesionales, habilitar un sistema de acceso único a dichas profesiones y clarificar el régimen arancelario de los procuradores.
El proyecto normativo responde a la necesidad de acomodar la legislación española a las previsiones del derecho comunitario y singularmente a lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, así como dar una respuesta integral y coherente a las directrices que la Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente.
Además de avanzar hacia un nuevo sistema de acceso, la ley eliminará las limitaciones que existen en la actualidad en el ámbito de las sociedades profesionales y permitirá que abogados y procuradores puedan integrarse en una misma entidad, preservando cada uno de ellos sus competencias, responsabilidades y obligaciones.
La independencia e imparcialidad en el ejercicio de cada profesión seguirá estando plenamente garantizada en todo caso por el mantenimiento de la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura.
Durante la tramitación del proyecto se contará entre otros, con los informes y participación del Consejo General de los Procuradores de España y del Consejo General de la Abogacía Española, que se completará con el resto de los informes preceptivos, siendo sometido al dictamen del Consejo de Estado con carácter previo a su aprobación como proyecto de Ley.
La tramitación de este proyecto de reforma se efectuará mediante el procedimiento de urgencia con el fin de lograr con agilidad la adecuación y plena coherencia de nuestra normativa con el ordenamiento jurídico comunitario.

España exportó hasta noviembre 255.155 millones de euros, más que en todo 2016

Sábado, 27 de enero de 2018

19 de enero de 2018 mineco.gob.es
España exportó hasta noviembre 255.155 millones de euros, más que en todo 2016
Las exportaciones se sitúan en máximos históricos, con un crecimiento del 9,1%
El aumento de las importaciones situó el déficit en 22.694 millones de euros
El incremento de las ventas al exterior sigue siendo superior al de la UE y zona euro
España exportó entre enero y noviembre de 2017 por valor de 255.155 millones de euros, un 9,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Es máximo histórico de la serie y supera los 254.530 millones registrados en todo el ejercicio 2016. Las importaciones crecieron un 11,1%, hasta los 277.849 millones, también el mayor valor de la serie para el acumulado de los once primeros meses. Como resultado, el déficit comercial de enero-noviembre alcanzó los 22.694 millones de euros, un 39,2% por encima del correspondiente al mismo periodo de 2016. Las exportaciones españolas siguen registrando mejor evolución que las del conjunto de la zona euro y la Unión Europea.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 91,8% (93,5% en enero-noviembre de 2016, con datos provisionales) y es el tercer mejor registro de toda la serie histórica, sólo superado en 2013 y 2016. En términos de volumen, las exportaciones subieron un 8,5%, ya que los precios (aproximados por los Índices de Valor Unitario) crecieron un 0,6%; y las importaciones aumentaron un 5,8%, pues los precios subieron un 5%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 3.425 millones de euros (déficit de 1.605 millones de euros en el acumulado hasta noviembre de 2016) y el déficit energético aumentó un 31,1%, hasta los 19.269 millones de euros (déficit de 14.702 millones en 2016).

El incremento de las exportaciones españolas entre enero y noviembre está por encima del crecimiento del conjunto de la zona euro (7,6%) y de la UE (7,9%), así como de Italia (7,9%), Alemania (6,5%), EEUU (6,5%), China (6,3%) y Francia (5,2%). En cambio, es menor al del Reino Unido (15,7%) y Japón (12%).

Los principales sectores registraron crecimientos en sus exportaciones, a excepción del automóvil: bienes de equipo (que representan un 20,3% del total) aumentó un 9,4%; alimentación, bebidas y tabaco (16,4% del total) creció un 7,2%; productos químicos (14,1% del total) subió un 8,3% y manufacturas de consumo (10,2% del total), un 10,3%. El sector del automóvil (16,4% del total) disminuyó un 0,9%, debido sobre todo al descenso de las ventas a Reino Unido, Turquía y Francia.

El crecimiento de las importaciones se explica por el aumento de los precios de los productos energéticos y por la consolidación de la recuperación en España. Las importaciones de bienes de equipo (21,4% del total) aumentaron un 9,2% interanual; las de productos químicos (15% del total) subieron un 5,6%; las de productos energéticos (13,3% del total) crecieron un 39,3%; y las de automóvil (13% del total), un 4%.

Las exportaciones dirigidas a la UE (65,8% del total) subieron un 8% en los once primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (51,6% del total) ascendieron un 8,5% y las destinadas al resto de la UE (14,2% del total) lo hicieron un 6%.

El dinamismo fue aún mayor en las ventas a terceros destinos (34,2% del total), que se incrementaron un 11,4% en este periodo, con aumentos en todas las áreas. Por países, destacan los aumentos de ventas a Argentina (54,1%), Nigeria (30,3%), China (26,2%), Australia (22,5%), Filipinas (17,2%), Marruecos (16,4%), Brasil (14,2%), Indonesia (13,8%), Estados Unidos (10,6%) o Canadá (10,3%). Mientras, cayeron las ventas a Venezuela (-51,3%), Argelia (-11,5%) y Egipto (-8,6%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares (68,2%), Canarias (29,7%) y Asturias (24,3%). Los únicos descensos se registraron en Navarra (-4,2%), Castilla y León (-3,2%) y Cantabria (-1%).

Datos del mes de noviembre

En el mes de noviembre, las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 7,9% sobre el mismo mes de 2016, hasta los 25.355 millones de euros. Las importaciones crecieron un 9% interanual hasta los 26.976 millones de euros. Como resultado, se registró un déficit de 1.621 millones de euros, un 30,1% superior al del mismo mes de 2016. La tasa de cobertura se situó en el 94%, 1 punto porcentual menos que en noviembre de 2016.

El saldo no energético arrojó un superávit de 359 millones de euros (superávit de 192 millones de euros en noviembre de 2016) y el déficit energético se incrementó un 37,6%.

El incremento de las ventas en noviembre de España (7,9%) es mayor que el registrado en la zona euro (7,3%) y en la Unión Europea (6,9%).

En noviembre, las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones fueron de los productos energéticos (contribución de 1,9 puntos), manufacturas de consumo (contribución de 1,6 puntos), semimanufacturas no químicas (contribución de 1,6 puntos) y productos químicos (contribución de 1,3 puntos). Los únicos sectores que contribuyeron negativamente fueron el de otras mercancías, en -0,3 puntos en cada uno de los casos.

En noviembre de 2017, las ventas a la Unión Europea representaron el 66,5% del total (67,7% en noviembre de 2016) y crecieron un 5,8%. Las dirigidas a la zona euro aumentaron un 4,4% y las destinadas al resto de la UE un 11,4%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Portugal (14,4%), Italia (7,8%), Reino Unido (4,7%) y Francia (3,9%), mientras que retrocedieron las dirigidas a Alemania (-5,9%).

El CGPJ elige a Vicente Magro nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Viernes, 26 de enero de 2018

Jueves, 25 de enero de 2018  poderjudicial.es

El CGPJ elige a Vicente Magro nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Actualmente destinado en la Audiencia de Madrid, desde 2002 es miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a Vicente Magro Servet, actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que ocupará la vacante –correspondiente al turno general- producida por la jubilación de José Ramón Soriano Soriano.

Magro ha obtenido diez de los 20 votos emitidos en Pleno, al que no ha asistido el vocal Álvaro Cuesta. Los también candidatos Javier Hernández García y Susana Polo García han recibido cinco votos cada uno.

El nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1987 y tuvo sus primeros destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cartagena y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Elche-Elx, donde fue elegido juez decano; para servir luego en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alicante.

Letrado del Servicio de Inspección del CGPJ en 1998, al año siguiente se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Alicante, de la que en 2001 fue nombrado presidente, cargo en el que permaneció hasta 2016, cuando obtuvo destino en la Audiencia Provincial de Madrid.

Elegido dos veces –en 1989 como juez y en 1994 como magistrado- para formar parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha sido miembro nato de este órgano gubernativo durante su etapa como presidente de la Audiencia alicantina.

Vicente Magro es desde 2002 asesor del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, formando parte de su grupo de expertos. Además, es autor de una veintena de protocolos, como el puesto en marcha en Alicante en 2001 para coordinar la lucha contra la violencia doméstica, el de prevención de la violencia juvenil de 2007 o el dirigido a la reeducación de los condenados por delitos de maltrato animal de 2016.

Además, cuenta con experiencia docente como profesor de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche-Elx, es autor o coautor de más de medio centenar de obras de carácter jurídico y ha publicado más de un millar de artículos doctrinales en revistas especializadas.

Carlos Lesmes: “La mediación permite mejorar la calidad de la respuesta judicial”

Jueves, 25 de enero de 2018

Viernes, 19 de enero de 2018  poderjudicial.es

Carlos Lesmes: “La mediación permite mejorar la calidad de la respuesta judicial”

En el Día Europeo de la Mediación, Álvaro Gil-Robles, ex Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, reivindica “los valores fundamentales de la identidad europea”

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha señalado hoy que “la mediación, utilizada en el marco del proceso judicial ya iniciado, permite mejorar la calidad de la respuesta judicial, dando una mayor satisfacción a los ciudadanos”.

El presidente del TS y del CGPJ ha inaugurado el acto conmemorativo del Día Europeo de la Mediación, y ha resaltado el trabajo llevado a cabo por el órgano de gobierno del Poder Judicial para lograr que la mediación intrajudicial sea una realidad cada vez más asentada en nuestro país.

Lesmes ha indicado que el desarrollo de la mediación en Europa, desde que hace veinte años se aprobara la primera Recomendación de la Unión Europea sobre Mediación familiar, se ha orientado hacia la configuración de la mediación como un sistema de carácter autónomo, complementario y alternativo a la vez, respecto del sistema judicial ordinario, a la hora de afrontar determinados tipos de controversia.

Tras señalar que los miembros de la judicatura española son jueces sujetos a la normativa que emana de las instituciones europeas y que entienden perfectamente el valor de la mediación, el presidente del TS y del CGPJ ha manifestado que “la mediación contribuye a hacer un poco más real el ideal del valor de justicia para todos los ciudadanos”.

En el acto conmemorativo del Día Europeo de la Mediación ha intervenido asimismo Álvaro Gil-Robles, ex Comisario Europeo de Derechos Humanos y ex Defensor del Pueblo, quien ha reivindicado en su lección magistral los valores fundamentales de la identidad europea.

Gil-Robles ha señalado que “la esencia de la identidad del proyecto europeo no es otra que la construcción de un modelo de convivencia y gobernabilidad basado en un desarrollo económico común y solidario, acompañado de un progreso social y enmarcado en un orden institucional que responde al reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos, las reglas del Estado de Derecho y el conjunto de los valores democráticos”.

El ex Comisario Europeo de Derechos Humanos ha recordado que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

Para Álvaro Gil-Robles, nos encontramos en un momento en que se detecta una cierta pérdida de identidad europea, pues la crisis económica ha afectado no sólo al progreso económico y a la estabilidad social de Europa, sino también a la solidez de las creencias de sus ciudadanos sobre el funcionamiento institucional de la Unión Europea y sobre los principios fundacionales.

Ha señalado que “si queremos que siga adelante la Unión Europea, es necesario un serio cambio de rumbo y la adopción de medidas imprescindibles para garantizar el respeto y la pervivencia de los valores que la identifican”. “Es necesario ser inflexibles –ha enfatizado- con quienes pisotean y vulneran los valores fundamentales de la identidad europea”.

Gil-Robles ha afirmado que es preciso dejar claro a todos los ciudadanos europeos que solo en una Unión Europea fuerte es posible el progreso común, la garantía de paz y seguridad, el respeto de las libertades, y la democracia.

Ha finalizado su intervención congratulándose de los avances operados en España en materia de mediación, al constatar que “lo que hace unos años nos parecía una excepción en nuestro mundo jurídico, se ha abierto paso con vigor y es una realidad pujante que refuerza el valor de la Justicia, con mayúsculas”.

“Queremos que conste en el Registro que una empresa es socialmente responsable”

Miércoles, 24 de enero de 2018

“Queremos que conste en el Registro que una empresa es socialmente responsable”
Xavier Gil Pecharromán

23/01/2018 – eleconomista.es
María Emilia Adán García. Es la primera decana-presidenta de la historia del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Llega con, entre otros objetivos, el de lograr el reconocimiento de las empresas socialmente responsables en asuntos de medio ambiente, mediante el otorgamiento por las Administraciones Públicas de un sello distintivo que se pueda inscribir en el Registro Mercantil, al igual que las participaciones sociales.
¿Puede el Registro Mercantil impulsar la responsabilidad social?

Hemos conseguido la coordinación Catastro-Registro, pero pensamos que no se puede quedar ahí. Tiene que servir de soporte para que se incorporen todos los derechos de contenido económico y social, porque es muy importante el desarrollo social y medioambiental. Por ejemplo, las empresas tienen los depósitos de cuentas y exigencias de una información medioambiental muy importante. Tenemos que luchar para que ellas obtengan, a través de esta información, un sello de socialmente responsable que se incorpore al Registro Mercantil. Así, cuando se emita una nota simple sobre esa sociedad, ese sello de socialmente responsable le estará dotando de un plus, que deberá ser tenido en cuenta por las Administraciones Públicas a la hora de conceder contratos. Eso es importante.

¿Se trata de un incentivo de reputación, pero de perfil económico?

Todo este movimiento de responsabilidad social se puede dotar de eficacia económica a través de los Registros, porque le darán visibilidad a través del tráfico jurídico económico y, así, cuando una sociedad sea socialmente responsable, o en otros casos cuando un ciudadano sepa que en el folio registral tiene claramente delimitadas las limitaciones legales. Lo que no puede ser es que te vendan una finca y que pase una vía pecuaria por medio o que linde con un monte y que se lo esté quedando poco a poco. Si todo esto lo regulamos bien, obligaremos a la autorregulación de la propiedad privada y a la puesta en valor de la propiedad social. El contenido social del artículo 33 de la Constitución española. Algunas comunidades autónomas trabajan actualmente en la creación de un sello de socialmente responsable, que se tendrá en cuenta en los registros de licitadores.

¿Ustedes abogan por la publicación de las participaciones sociales?

Para luchar contra la corrupción está la transparencia, porque si se conocen los titulares de todas las participaciones sociales puede evitarse que se creen diversas sociedades a la hora de licitar y luego si cruzas los datos, pues ves que son los mismos los que han condicionado el resultado de la licitación. Pero además, la inscripción de las participaciones sociales en el Registro Mercantil, permitirá que los jueces puedan embargarlas del mismo modo que se embargan los inmuebles

¿Qué beneficio tiene que se inscriban las participaciones sociales?

La sociedad quiere rigor, transparencia y que de alguna manera el esfuerzo fiscal sea realizado por todos y se evite que la sociedad caiga en fenómenos de corrupción. La institución registra!, que al fin y al cabo es pública, es el instrumento adecuado para una sociedad más justa. No ha interesado que las participaciones sociales fueran públicas. Si tú inscribes las participaciones sociales, sabes en todo momento quién es el propietario de las sociedades que están operando en las contrataciones administrativas y eso lo da la transparencia del Registro, que es público para quien tiene interés legítimo e, incluso, se pueden establecer mecanismos para proteger la intimidad de las personas. La protección de datos tiene que estar presente en todo ello. Pero la Administración tiene que saber con quién contrata y quien está detrás de cada sociedad, y eso estaba en la ley hasta los años ochenta. Eso está en la Quinta Directiva. Solo falta la transposición en España para que los registradores mercantiles den publicidad a estos datos, como lo hacen los registros mercantiles del resto de Europa.

¿Por qué dejaron de inscribirse las participaciones sociales?

Estoy convencida de que se quitó en los años ochenta la inscripción de las participaciones sociales, porque muchas sociedades no querían testigos. La sociedad ahora demanda transparencia. Volvamos a lo que había antes. La situación actual permite crear sociedades caparazones, legalmente, aparecían dos o tres y constituían una sociedad. Luego se iban y vendían las participaciones sociales, pero tampoco es necesario hacerlo en escritura pública, por lo que quedaba oculta la titularidad de la sociedad por lo tanto, si tú consigues que no tengan eficacia más que aquellas que están inscritas acabas con el problema. Ya se inventarán otro, pero al menos así acabas con un problema. Por eso nuestro compromiso con la inscripción de las participaciones sociales va a ser prioritario para esta Junta, porque creemos que es esencial para el servicio público, y cuando tú tienes el convencimiento de que algo no solo es bueno para la institución registral, que es a lo que yo represento, sino también para la ciudadanía, cierras el círculo, porque todas las instituciones tenemos que servir a la ciudadanía. Tenemos que darle a la ciudadanía las herramientas para que se desarrolle, conforme al artículo 10 de la Constitución. Hay que dar libertad, igualdad y seguridad.

¿Y en el ámbito medioambiental qué es lo que ofrecen los Registros?

Hay mucho trabajo que hacer en el ámbito medioambiental. Igual que nadie pensaba que el Registro de la Propiedad iba a servir para el urbanismo y ha venido muy bien, desde los años ochenta. Ha dado mucha seguridad jurídica a los ciudadanos, como ocurre en los procesos reparcelatorios, entendemos que ahora es preciso incorporar el medio ambiente. Una sociedad moderna tiene que proteger el medio ambiente y para eso tiene que conocerlo. Las normas están dispersas y hay que reordenarlas. Todo el tema de los suelos contaminados, el derecho de emisiones y hasta el problema de la política agraria común (PAC) de la Unión Europea debería tener un reflejo registra!, porque eso permite al que adquiere saber qué es lo que está adquiriendo. Estamos haciendo la coordinación catastral, hagamos también la coordinación sobre los edificios que sobre el suelo se asientan, a través del libro del edificio.

¿Y qué importancia tienen las bases gráficas en este proceso?

Tenemos que hacer la coordinación catastral, la coordinación medioambiental y la de la propiedad horizontal y las edificaciones. Y la medioambiental es muy importante. Tenemos que coordinar las vías pecuarias deslindadas, los montes, las carreteras, las costas. Estamos haciendo un gran esfuerzo de coordinación de bases gráficas y éstas nos pueden servir para colgar de ellas muchas cosas, como por ejemplo el agua. Las futuras guerras ya no van a ser por el petróleo, sino por el agua. El agua es un bien escaso y los aprovechamientos de agua, que estaban en los registros de la propiedad en los noventa se excluyeron y sería bueno recuperarlos, porque el agua es una riqueza, que debe estar incorporada como tal en el Registro de la Propiedad, porque dota de certeza y de viabilidad económica a ese bien inmueble.

¿Y cómo se coordina el medio ambiente con el urbanismo?

Nosotros no podemos revisar los actos de los ayuntamientos. Por eso es necesario un nuevo Reglamento y así se lo hemos hecho saber al ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque el texto refundido está vigente desde hace nada y nosotros estamos funcionando con un Reglamento del año 93, y hay que tener en cuenta que después de ese año se ha desarrollado todo el urbanismo de las comunidades autónomas y eso no está contemplado. Por eso consideramos que es imperiosa la necesidad de adaptar el Reglamento a las nuevas figuras. Hay que adaptar la regulación a la doctrina de los distintos tribunales. Y es que, además, tenemos problemas para que las comunidades autónomas puedan encajar sus figuras propias.

¿Qué papel desarrollan los Registros sobre los edificios?

En materia de propiedad horizontal, el Registro de la Propiedad tiene todavía que potenciarse mucho más, porque en él diligenciamos los libros de actas de las comunidades de propietarios, incorporamos los estatutos de las comunidades de propietarios, tenemos el libro del edificio y hasta por la seguridad técnica de los edificios es importante que el Registro pueda ofrecer al que compra un piso dónde está la estructura de su finca. En las revisiones de los 50 años, que sirven para comprobar que un edificio sigue en condiciones de poder seguir siendo habitada, también se ha incorporado. No puede ser que llegue un vecino y quite un tabique y se lleve uno de los pilares, porque luego se hunden las casas. Todo eso tiene la oportunidad de estar en el Registro.

La Sala de Gobierno del TSJ de Asturias refuerza el juzgado especializado en claúsulas suelo

Miércoles, 24 de enero de 2018

Lunes, 22 de enero de 2018  poderjudicial.es

La Sala de Gobierno del TSJ de Asturias refuerza el juzgado especializado en claúsulas suelo

Ante el gran número de asuntos ingresados, el Órgano de Gobierno asigna a un juez en prácticas y solicita al Gobierno Regional la incorporación de tres funcionarios más

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha acordado en su reunión del pasado miércoles, día 17 de Enero, y después de tomar conocimiento de un amplio informe remitido por el Magistrado Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, Antonio Lorenzo Álvarez, relativo a la adecuación de los medios personales a la planificación del Consejo General del Poder Judicial, respecto a las medidas de refuerzo complementarias en los juzgados especializados en “Cláusulas Suelo”, designar al Juez en prácticas adscrito a la Presidencia de este Tribunal Superior, Jorge González Ibarburen, para que desempeñe funciones de apoyo en asuntos relativos a la especialización del órgano judicial.

Para el Órgano de Gobierno de los jueces asturiano esta medida es absolutamente necesaria, pues los datos incluidos en el informe presentado ponen de manifiesto el elevado número de asuntos propios de la especialización que han entrado en el órgano judicial, 3.630 hasta la semana pasada y ya cerca de 400 desde que comenzó el 2108. De este número total de demandas se han resuelto un total de 1434, de las que 1183 fueron por sentencia y 251 por auto o decreto.

En lo que se refiere a la petición del magistrado de la necesidad de contar con un Letrado de la Administración de Justicia a tiempo total, la Sala ha sido informada de que la Secretaria de Gobierno del TSJA ya ha solicitado al Ministerio de Justicia, que la plaza de la Secretaria de este órgano judicial, reservada al actual Secretario Coordinador Provincial de Asturias, sea cubierta por un Letrado de la Administración de Justicia en Comisión de Servicio con relevación de funciones.

Con respeto a la última de las medidas contenidas en el informe, la necesidad de incrementar la plantilla de funcionarios sumando a los ya existentes otros tres funcionarios más, uno de auxilio judicial para funciones de sala, y otros dos de tramitación, la Sala de Gobierno estima justificada la petición y acuerda dar traslado de la misma a la Dirección General de Justicia del Principado de Asturias para que se proceda sin dilación al nombramiento del personal de refuerzo solicitado por el Juzgado de Instancia 6 de Oviedo.

Con estas medidas, la Sala respalda la labor del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo que, desde que comenzó hace seis meses esta especialización con el magistrado titular y un Jueza de Adscripción Territorial (JAT) de refuerzo, ha sido uno de los que mejores tasas de notificación de sentencias y conclusión de asuntos ha presentado de toda la geografía nacional.

El Tribunal Supremo confirma la condena de la expresidenta del Consell de Mallorca María Antonia Munar por la adjudicación de los terrenos de ‘Can Domenge’

Martes, 23 de enero de 2018

Viernes, 19 de enero de 2018  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma la condena de la expresidenta del Consell de Mallorca María Antonia Munar por la adjudicación de los terrenos de ‘Can Domenge’

El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears le impuso una pena de dos años y medio de prisión por un delito de cohecho

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación y multa de 5 millones de euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears a la expresidenta del Consell Insular de Mallorca María Antonia Munar Riutort por un delito de cohecho por importe de 4 millones de euros, que fueron exigidos por la acusada y otros dos cargos del Consell a un empresario para conseguir la adjudicación de los terrenos ‘Can Domenge’ que eran del citado organismo. El pago se realizó en el año 2006 y el dinero se lo repartieron los acusados, según los hechos probados.

Munar, que por escrito admitió en 2016 como ciertos los hechos por los que estaba acusada en este caso, reclamaba al Tribunal Supremo que rebajara la pena por el citado delito de cohecho al considerar que por los mismos hechos ya había sido condenada en la pieza principal del ‘caso Can Domenge’ por delito de fraude a la Administración.

En efecto, la Audiencia de Palma condenó en 2013 a Munar a un total de 6 años de cárcel por delitos de fraude a la Administración, prevaricación y revelación de información confidencial en el caso principal de ‘Can Domenge’, del que derivó el juicio posterior por el soborno (cohecho) de 4 millones de euros.

La Sala rechaza los argumentos de Munar y destaca que “sin perjuicio de que los hechos tengan una relación temporal, tienen sustantividad propia: por un lado, el mero acuerdo entre los acusados para defraudar a la Administración; y, por otro lado, la solicitud -y posterior percepción- de una dádiva-. De tal modo que se trata de hechos independientes que dan lugar a la consumación de diversos delitos (…) Se trata de hechos distintos, con momentos de consumación distintos y no cabe hablar de una «conducta única» desde el punto de vista fáctico”, explica la resolución.

Agrega que de aplicar exclusivamente el delito de cohecho (como pretende la recurrente) “no se agota todo el desvalor jurídico-penal que puede predicarse de las infracciones cometidas, en la medida en que no es suficiente para la correcta y plena valoración jurídico-penal de las mismas: el castigo penal por la solicitud (y posterior recepción) de la dádiva no abarca la total antijuridicidad del hecho, consistente también en un acuerdo para defraudar y causar un perjuicio patrimonial al ente público. De manera que es preciso aplicar las dos normas penales en juego para cubrir esa total significación antijurídica de lo acaecido, descartándose que ello suponga una doble valoración de un mismo hecho típico, así como la quiebra del principio de proporcionalidad y de culpabilidad”.

La Sala rechaza aplicar la atenuante de dilaciones indebidas

Munar planteó un segundo motivo de recurso, al pedir que se le aplicara la atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento, al tratarse de hechos de 2006 que no fueron sentenciados hasta 2016.

El Supremo argumenta que “la referencia para la ponderación del tiempo transcurrido no puede ofrecerla, sin más, la fecha de comisión de los hechos, sino la de incoación del procedimiento o, siendo más precisos, la de imputación del denunciado. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir el derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud. Por tanto, el tiempo transcurrido entre la producción de los hechos y la notitia criminis de estos que llega al órgano jurisdiccional no es computable como dilaciones indebidas imputables a éste”.

En ese sentido, recuerda que, en este caso, se declaró probado que los hechos no fueron conocidos hasta que medió el escrito presentado por uno de los acusados en fecha 20 de mayo de 2013.

«El regreso de las empresas a Cataluña es cada vez más difícil»

Martes, 23 de enero de 2018

«El regreso de las empresas a Cataluña es cada vez más difícil»

Entrevista con María Emilia Adán, Decana del Colegio de Registradores

Guillermo  Ginés
Madrid -21/01/2018 abc.es
Con su estadística sobre los cambios de sede social producidos los últimos meses, el Colegio de Registradores de la Propiedad se ha convertido en una referencia para señalar el impacto del secesionismo. Según sus cálculos, más de 3.000 empresas han salido de Cataluña desde el 1-O. María Emilia Adán, que se convirtió hace escasas semanas en la primera decana del organismo, va más allá de estas cifras y advierte: la crisis política puede suponer un lastre para el crecimiento.

—¿Ha pasado ya lo peor de la fuga empresarial de Cataluña?

—Es difícil hacer una previsión, ya que los futuros cambios de sede dependerán de la estabilidad jurídica de Cataluña. Cuanto más tarde en instaurarse de nuevo, más difícil será que vuelvan las empresas. La vida económica de un país se mide por su seguridad jurídica y los inversores quieren tener la certeza de que los instrumentos que están a su disposición van a permanecer. Eso sí, quiero dejar claro que los registradores deploramos que se hayan producido estos traslados.

—¿Ha quedado afectada la imagen internacional de España por la inestabilidad política de Cataluña?

— En principio, el resto de comunidades están siendo las receptoras de estas empresas, por lo que no tendría que repercutir esta situación a nivel nacional. Sin embargo, creo que ninguna comunidad le gusta ganar empresas por una crisis de este tipo. Está en manos de Cataluña volver a situarse como punta de lanza de las inversiones. Para ello deben recobrar la estabilidad.
—El sector inmobiliario ha despuntado en 2017 con crecimientos de dos dígitos. ¿Qué previsiones tienen para 2018?

— El Índice Registral de Actividad Inmobiliario (IRAI), elaborado por el Colegio de Registradores, nos aporta cierta visión de la situación inmobiliaria. Los datos del tercer trimestre de 2017 reflejaron un crecimiento interanual del 15,6% en esta actividad. La previsión de crecimiento para 2018 se sitúa en el entorno del 20%. Superar este registro dependerá de la incidencia de la crisis catalana, que puede lastrar dos o tres puntos este aumento.

—¿Por qué la recuperación del sector se está produciendo a dos velocidades?

—Hay que tener en cuenta que algunas regiones están recibiendo mucha inversión, tanto extranjera como nacional, por el impacto del sector turístico. De hecho, el número de transmisiones por persona son notablemente más altas en las regiones con mayor actividad turística. Para homogeneizar el sector antes habría que homogeneizar el crecimiento económico.

— Los registradores detectaron 140 posibles casos de blanqueo de capitales entre enero y octubre del año pasado. ¿Está España combatiendo correctamente estas prácticas?

—Existe un esfuerzo por intentar transponer determinadas directivas europeas al ámbito nacional. Los registradores consideramos que la más importante de ellas será la incorporación de las transmisiones de las participaciones sociales en el registro mercantil, como ya se produce en países como Alemania, Francia o Inglaterra. Cualquier persona que tenga un interés legítimo y con la debida protección del titular debe poder conocer quién está detrás de estas operaciones. Esto permite dar transparencia al proceso, que al fin y al cabo es lo que hacemos los registradores.

— ¿Qué impacto puede tener en la actividad de los registradores el auge de tecnologías como el blockchain, en la que se sustenta el bitcoin?

—Debemos adaptar las nuevas tecnologías a nuestra labor, pero no al revés. La cadena de bloques es una de las innovaciones que hay que analizar para determinar cómo puede ser útil a una institución como la nuestra. Hay que tener en cuenta que tiene determinados inconvenientes, como que no realiza el trabajo de calificación que desempeña el registrador en las transmisiones. Se centra exclusivamente en el enlace tecnológico de una transmisión, pero no ayuda a determinar si ese enlace está bien hecho desde un punto de vista jurídico. Este no es un proceso automático, sino que requiere de un análisis completo.

La decana de los registradores aboga por la mediación y para la resolución de conflictos extrajudiciales

Lunes, 22 de enero de 2018

La decana de los registradores aboga por la mediación y para la resolución de conflictos extrajudiciales

La eficacia otorgada por la Ley a la inscripción ha demostrado, a lo largo de más de siglo y medio, su eficacia para reducir al mínimo la litigiosidad

S.E.
Madrid -19/01/2018 abc.es
Con motivo del Día Europeo de la Mediación, la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha manifestado que los registradores españoles se sienten comprometidos con la mediación y que están al servicio de los ciudadanos en lo que consideran uno de los retos más importantes de la sociedad actual.

La decana de los registradores cree que “todos debemos perseverar en esta línea de adoptar iniciativas que faciliten la solución amistosa de los conflictos a través del diálogo entre las partes, con la colaboración de las instituciones y profesionales que apostamos por ella”.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria atribuyó a los registradores, funcionarios al frente de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, una nueva función de conciliación que es un instrumento más al servicio de aquella finalidad. Hay que recordar, como es sabido, que los Registros son una institución esencial para la seguridad jurídica.

La eficacia otorgada por la Ley a la inscripción ha demostrado, a lo largo de más de siglo y medio, su eficacia para reducir al mínimo la litigiosidad. La función de conciliación que la Ley encomienda ahora a los registradores contribuirá, sin duda, a esa misma finalidad, mediante la resolución amistosa de los conflictos ante el registrador, que actuará como mediador y no como árbitro.

El 21 de enero se celebra el Día Europeo de la Mediación en conmemoración de la Recomendación sobre Mediación Familiar, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998.

El ICO y la banca firman nuevas líneas para financiar planes de inversión de autónomos y empresas

Domingo, 21 de enero de 2018

16 de enero de 2018 mineco.gob.es
El ICO y la banca firman nuevas líneas para financiar planes de inversión de autónomos y empresas
Las Líneas ICO cumplen 25 años, periodo en el que han apoyado con 178.000 millones de euros a autónomos y a las pymes
El ICO concedió préstamos por importe de 4.594 millones en 2017, distribuidos en más de 79.900 operaciones
El Instituto Oficial de Crédito (ICO) ha firmado hoy los protocolos de colaboración con 10 entidades financieras para la concesión de las Líneas ICO 2018. A la firma han asistido la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido; el presidente del ICO, Pablo Zalba; y representantes de las diez entidades financieras más activas en la concesión de préstamos ICO durante el ejercicio pasado: Banco Popular (Grupo Santander), CaixaBank, Santander, Bankinter, Bankia, Sabadell, Abanca, BBVA, Microbank e Ibercaja.

El ICO concedió financiación por importe de 4.594 millones de euros en 2017, distribuidos en más de 79.900 operaciones. Estas cifras se sitúan en los mismos niveles que los resultados obtenidos en 2016, año en el que, gracias a la financiación ICO, se crearon o mantuvieron más de 300.000 puestos de trabajo en España.

Este año se cumple además el 25 aniversario del lanzamiento de la primera Línea ICO Pyme en colaboración con las entidades financieras bajo el modelo de mediación. Desde entonces, las Líneas ICO han concedido 178.000 millones de euros a través de 3.100.000 operaciones para financiar los planes de inversión y la actividad internacional de autónomos y empresas.

Por su carácter anticíclico y una vez consolidada la recuperación económica, el ICO centra su estrategia en ofrecer Líneas que aporten valor añadido a la financiación empresarial y promuevan la salida al exterior de las empresas.

En la distribución regional destaca Cataluña, donde se ha concedido el 15,8% del total de financiación, seguida de Madrid con el 15,3% y de Andalucía, con el 14,3%.

Las Líneas ICO se caracterizan por su gran capilaridad: más del 66,5% de los préstamos han sido suscritos por microempresas con menos de 10 trabajadores. El porcentaje sube hasta el 92,7% si se toma como referencia las empresas con menos de 49 trabajadores. Además, destaca que la mayoría de los préstamos concedidos, aproximadamente el 53%,  han sido microcréditos con un importe inferior a los 25.000 euros.

El catálogo de Líneas ICO para este año se divide de nuevo en dos grandes bloques: Empresas y Emprendedores e Internacionalización, con el objetivo de cubrir las necesidades de financiación de autónomos y empresas en cualquiera de sus estadios de desarrollo.

Además, este catálogo se complementa con otros nuevos productos recientemente anunciados como la Línea ICO-IDAE, que financia inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética de las empresas y  la Línea Canal Internacional, que posibilita que las empresas españolas puedan solicitar préstamos en la banca local o entidades internacionales que tienen sede en los países donde se desarrollan los proyectos de inversión o la actividad exportadora.

El ICO sigue impulsando con sus productos el desarrollo de proyectos de inversión a largo plazo y continúa trabajando para apoyar a las empresas españolas en su salida al exterior.

 

El arte de la inteligencia artificial: Los robots al servicio del bien público

Sábado, 20 de enero de 2018

El arte de la inteligencia artificial: Los robots al servicio del bien público

Por Brian McNeill

blog-dialogoafondo.imf.org
En los últimos años, la inteligencia artificial se ha desarrollado velozmente y se ha convertido en un campo tecnológico viable. Las máquinas que asimilan experiencias, que se adaptan a nuevos factores y que realizan tareas que antes eran de dominio exclusivo de los humanos han entrado en nuestras vidas cotidianas de maneras previstas e imprevistas. En la actualidad, los cambios y la innovación se producen a una velocidad vertiginosa, y por eso lo que los gobiernos y las autoridades deben plantearse es cómo aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial, pero evitando una distópica invasión de las máquinas. La respuesta es sencilla: hay que poner a los robots a nuestro servicio.

Hace poco, la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, reunió a algunas de las voces más distinguidas en el campo de la inteligencia artificial, como Malcolm Frank de Cognizant; Martin Ford, autor de Auge de los robots: La tecnología y la amenaza de un futuro sin trabajo; Martin Fleming, Ejecutivo Principal de Ciencias Analíticas de IBM, y Andrew McAfee y Simon Johnson, este último Economista Principal del FMI, y ambos profesores MIT.

Hay cuatro aspectos en los que la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas revisten importancia para labor del FMI:
1. Gestión de gobierno: Tanto los países como el FMI tendrán que abordar el tema de la procedencia de los datos, así como cuestiones relacionadas con la privacidad y el consentimiento informado, antes de basar los análisis o el asesoramiento sobre políticas en los macrodatos o algoritmos que se emplean para extraer conclusiones. Los macrodatos son dinámicos, heterogéneos y pueden provenir de sectores que no se adhieren claramente a las directrices de responsabilidad o de conocimientos que el FMI sigue en la actualidad. Por ejemplo, los datos generados por el comercio electrónico, el Internet de las cosas, satélites o cadenas de abastecimiento y sistemas logísticos aún no son totalmente comprendidos ni se han incorporado en los métodos que se emplean para evaluar el estado de la economía de los países. El FMI y los países tendrán que desarrollar conocimientos especializados para poder aprovechar datos a un nivel tan detallado.
2. Mercados laborales: El perfil de los mercados laborales cambiará en los próximos años. Habrá menos trabajos de mediana calificación, como procesamiento de reclamos de seguros, o trabajos que se realizan en espacio físico reducido, como operadores de montacargas o expedidores de pedidos. Estos tipos de trabajos hasta ahora han opuesto más resistencia a la deslocalización o la automatización. Pero es posible que pronto desparezcan, conforme la inteligencia artificial vaya perfeccionándose y los robots desarrollen mayor capacidad para tomar decisiones en situaciones ambiguas. Este fenómeno tiene implicaciones para la educación, la jubilación y los programas de asistencia social. La posible eliminación de grandes de cantidades de puestos de trabajo generaría desempleo y subempleo. Algunos empleos exigirán una amplia reconversión laboral para garantizar que los trabajadores puedan desempeñar las nuevas funciones. Muchos países ya se enfrentan a un rápido envejecimiento demográfico. Si grandes números de trabajadores abandonan el mercado laboral de forma prematura, a los gobiernos les resultará aún más difícil financiar las prestaciones de asistencia social y jubilación.
3. Impuestos: Por lo tanto, si, como muchos predicen, los mercados laborales van perdiendo rápidamente empleos de mediana y baja calificación, las estructuras tributarias de muchos países tendrán que reflejar la proporción cada vez menor del PIB atribuible a sueldos y salarios. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, aproximadamente la mitad de los ingresos fiscales proviene de los impuestos sobre la renta de las personas físicas o los impuestos de seguridad social. Si la mano de obra se va convirtiendo en un componente más reducido de las economías desarrolladas, será necesario modificar las estructuras tributarias para mantener los ingresos públicos en los niveles actuales, y para no crear nuevos factores que desincentiven la creación de empleo. Por ejemplo, el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha sugerido la idea de gravar un impuesto a los robots.
4. Equidad social: La toma de decisiones basada en computadoras debería someterse a escrutinio e inspección, y no debe ser sencillamente una versión automatizada de modelos mentales que tan solo incorporan las consecuencias de la desigualdad social. Por ejemplo, algunas empresas utilizan datos para ofrecer precios personalizados, basados en modelos predictivos de los flujos futuros de ingresos que podría generar un cliente potencial. Es posible que algunos clientes que no presenten un perfil óptimo sean “discretamente invitados a dejar de ser clientes”. Esta demarcación de ciertos grupos de clientes puede provocar una mayor marginalización, dando lugar así a una profecía autocumplida.

Los economistas por lo general construyen modelos y luego los van perfeccionando para reducir el error y hacerlos más robustos. Muchos métodos de inteligencia artificial no pueden ser sometidos a análisis externos, ya que el software basado en inteligencia artificial aprende y se adapta a medida que va encontrando nuevos datos. Tras millones de iteraciones, el algoritmo se habrá alterado considerablemente. “El algoritmo me dijo que lo hiciera”, probablemente no será un buen argumento frente a los cuestionamientos públicos que son la base del proceso de formulación de políticas.

Próximos pasos

Está claro que todas las instituciones deben mantenerse al tanto de los rápidos cambios que inciden en sus labores. Por eso, el FMI seguirá recurriendo a expertos para fomentar el intercambio de información y planificar la capacitación que le permita a su personal trabajar con estas nuevas tecnologías conforme vayan surgiendo. Así el FMI también podrá trabajar con los países miembros para poner la inteligencia artificial al servicio del bien publico.

La inflación se modera al 1,1% gracias a la desaceleración de los precios de la energía

Viernes, 19 de enero de 2018

12 de enero de 2018 mineco.gob.es

La inflación se modera al 1,1% gracias a la desaceleración de los precios de la energía
La tasa subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, se mantiene en el 0,8%
El diferencial de inflación respecto de la zona euro es favorable a España en dos décimas
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en diciembre de 2017 el 1,1% interanual, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa inferior en una décima a la adelantada por el INE a finales del mes pasado (1,2%) y en seis décimas a la registrada en noviembre (1,7%). Esta evolución se explica principalmente por la desaceleración de los precios de los productos energéticos y, en menor medida, de la alimentación no elaborada y de los servicios. En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación nula en diciembre de 2017, frente al avance del 0,6% del mismo mes de 2016.

Los precios de los productos energéticos aumentaron el 2,6% interanual en diciembre de 2017, 3,4 puntos menos que en noviembre, debido principalmente a la desaceleración de los precios de los carburantes y lubricantes. Estos pasaron de registrar una tasa del 6,7% interanual en noviembre al 3% en diciembre. Y, en menor medida, también se debe a la caída de los precios de la electricidad, del 0,2%, tras haber registrado un aumento del 3,5% en noviembre. Por su parte, los precios del gas moderaron su ritmo de crecimiento tres décimas, hasta el 6,8%.

La inflación de la alimentación se situó en el 1,7% en diciembre, cinco décimas inferior a la del mes precedente. Los precios de la alimentación no elaborada crecieron el 2,8%, 1,5 puntos menos que en el mes anterior, debido a la desaceleración de los precios de las frutas frescas, de 3,9 puntos, hasta el 4,1%, y de las legumbres y hortalizas frescas, que pasaron de crecer el 7,5% en noviembre a hacerlo un 3,3% en diciembre. La inflación de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se mantuvo en el 1,2%.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y los productos energéticos, elementos más volátiles del IPC) se mantuvo en diciembre en el 0,8%. Los precios de servicios se desaceleraron dos décimas, hasta el 1,3% interanual, debido al turismo y la hostelería y, en concreto, a los paquetes turísticos, cuyos precios pasaron de crecer el 5,8% en noviembre a caer el 1,2% en diciembre. Por su parte, la tasa de variación interanual de los precios de bienes industriales no energéticos (BINE) se mantuvo en el -0,3%.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación nula en diciembre de 2017, seis décimas inferior a la registrada en el mismo mes de 2016. Por componentes, los precios de los productos energéticos se incrementaron el 0,3%, frente al avance del 3,6% en diciembre de 2016; los de la alimentación se mantuvieron estables, frente al aumento del 0,4% en el mismo mes de 2016; los de los servicios aumentaron el 0,4%, dos décimas menos que en el mismo periodo del año anterior; y los de los BINE se redujeron el 0,6%, al igual que en diciembre de 2016.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en diciembre de 2017 una tasa intermensual del    -0,2% (1,4% en el mismo mes de 2016), y los de los alimentos elaborados se mantuvieron estables, al igual que un año antes.

La tasa de inflación disminuyó en diciembre respecto a la de noviembre en todas las comunidades autónomas. Los mayores descensos se produjeron en La Rioja (0,6%), Aragón (0,9%), Castilla y León (1%) y Cataluña (1,2%), con bajadas de ocho décimas en la primera y de siete décimas en las restantes. La Comunidad de Madrid (1,2%) es la que presenta una menor caída en su tasa anual, con un descenso de tres décimas.

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en diciembre en el 1,1%, al igual que la registrada por el IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de diciembre, cuya tasa interanual se sitúa en el 1,2%, seis décimas inferior a la de noviembre. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro en diciembre es del 1,4%, resultando así un diferencial de inflación favorable para España respecto a la zona euro de dos décimas, frente a los diferenciales desfavorables registrados a lo largo de los doce meses anteriores.

 

María Emilia Adán: “Ofrecemos al legislador la transparencia registral para mejorar la reforma hipotecaria”

Jueves, 18 de enero de 2018

Confilegal – Miercoles 17 de Enero de 2018  confilegal.com

María Emilia Adán: “Ofrecemos al legislador la transparencia registral para mejorar la reforma hipotecaria”

Luis Javier Sánchez

María Emilia Adán es desde el pasado 22 de diciembre la decana electa del Colegio de Registradores de España. Una entidad que paradójicamente elige un decano cada cuatro años que luego no repite a continuación. Esta valenciana, la primera mujer que ocupa este cargo, se muestra orgullosa del equipo que ha logrado atesorar su candidatura. “Los registradores somos los grandes desconocidos de la sociedad y debemos tener más protagonismo en la futura reforma hipotecaria”, apunta.

Uno de los retos que para este año se ha propuesto María Emilia Adán es lograr la comunicación con las notarías y el resto de las administraciones públicas vía online “creemos que las nuevas tecnologías deben facilitar esta colaboración que nos gustaría impulsar a lo largo de este año”. A su juicio es importante que este reto se solucione a corto plazo “habrá que buscar los consensos adecuados para que sea una realidad”

Nuestra interlocutora señala que la relación con los notarios “es muy buena a nivel de colaboración diaria y creo que hay una cierta incomprensión mutua en nuestras funciones que creo que estamos tratando de resolver con buena voluntad por todas las partes”.  Y confiesa que están trabajando de la mano en aquellos proyectos que requiera el propio Ministerio de Justicia.

¿Por qué cree que ha ganado estas últimas elecciones al Colegio de Registradores de España?

Creo que los compañeros han entendido que podíamos dar un cambio a la gestión del colegio y a la institución registral. Se trata de potenciarla de una manera diferente a lo que se ha hecho hasta este momento.

Colectivos como el nuestro creen que ha llegado el momento de rearmarse en ilusiones y eso exige un cambio, eso no indica que los anteriores decanos lo hicieran bien. Hay veces que es necesario dar un impulso diferente.

¿Cree que la sociedad conoce bien el papel de los registradores?

No. Creo que somos desconocidos pese a nuestra función.  Nuestro gran valor para que lo entienden sus lectores es que los ciudadanos duerman tranquilos. Una especie de ángel de la guarda de los ciudadanos que tienen bienes y derechos.

Nuestra existencia se manifiesta cuando las cosas no van bien. Es decir, cuidamos que el titular de un inmueble no sea desposeído de él y pueda ejercer sus derechos de la manera que la sociedad se los reconoce.

El sistema registral español se impone prácticamente en todos los países del mundo como garante de los bienes y servicios de los ciudadanos.

Hablando con compañeros registradores suyos se lamentan de que podrían hacer más por evitar la inscripción de cláusulas abusivas en las hipotecas, pero que están atados por la normativa actual…

Sí, eso es cierto. Creo que tenemos un potencial de servicio público que podría desarrollarse más. En la última reunión mantenida con el Ministro Catalá y su equipo he visto sus ganas de hacer las cosas bien y potenciar la fe pública. Aquí tiene unos leales colaboradores.

¿Potenciar la fe pública pasa por una reforma legislativa que impulse un mayor protagonismo de los registradores?

Yo creo que una de las reformas más importantes es la de los registros mercantiles. Ellos son el sostén de un montón de operaciones de tráfico jurídico y económico que generan riqueza en el país. Una buena regulación permitiría favorecer el crecimiento económico.

El Registro Mercantil es un registro transparente que puede ser muy útil a la hora de la transposición de la quinta directiva. Debería recuperar la inscripción de las participaciones sociales dotando de transparencia al tráfico jurídico. Esa transparencia permitiría eliminar lacras tan indeseables como la corrupción.

María Emilia Adán: “Los registradores somos los grandes desconocidos de la sociedad y debemos tener más protagonismo en la futura reforma hipotecaria”,

Frente a esta iniciativa que liderarían ustedes, hay otra de los notarios que pretendían crear un registro similar.

Los notarios hacen un papel importante en la sociedad, pero no son registradores. La Quinta Directiva habla de los registros y las participaciones sociales desde los Registros Mercantiles, así lo entendemos nosotros.

Habla de transparencia, ¿Cree que es fundamental para generar confianza en el propio consumidor?

Desde luego. No olvide que el Registro de la Propiedad es un registro público que tiene en su ADN dicha transparencia. Eso no quiere decir que no se proteja al titular registral. Existen las leyes de protección de datos, del derecho a la intimidad.

No se nos olvide que es público y eso lo convierte en el elemento esencial para el tráfico jurídico europeo. En Europa la transparencia también es importante.

El Registro de la Propiedad es un registro público que tiene en su ADN la transparencia y es esencial para el tráfico jurídico

Se va a tramitar un proyecto de ley en el Congreso sobre Créditos Inmobiliarios que ha generado muchas críticas. ¿Qué valoración hacen del mismo?

Es un proyecto mejorable, uno de los elementos que no nos gusta es que no se ha potenciado el papel del registrador en el mismo. El acta que expide el notario con las incidencias de la compra no puede calificarla el registrador. Eso quita seguridad jurídica a la propia situación.

Dicho esto, valoramos positivamente todo lo que tiene que ver con el Registro de Condiciones Generales de la Contratación pero entendemos que se podría haber ido mucho más allá. Desde este Colegio tendemos la mano para que así lo entiende el legislador utilice la transparencia registral para fortalecer los derechos de los consumidores y haya un equilibrio en las prestaciones.

Otra cuestión que sorprende es que los intereses de demora declarados abusivos por el Tribunal Supremo, este texto normativo los reconozca y los triplique en su cuantía…

SI, es un contrasentido y es cierto, pueden resultar más elevados de lo que ha señalado el Tribunal Supremo en sus últimos fallos.

Al mismo tiempo, sorprende en dicho proyecto de ley el papel del notario como garante de los derechos del consumidor…

En nuestro caso, queremos potenciar la imparcialidad del registro.  Pensamos que el registrador debe ser quien aclara que cláusulas son abusivas o no. El registrador puede aportar mucho en materia de hipotecas como lo ha hecho hasta ahora.

No olvide que muchos de los avances en materia hipotecaria en los años noventa se han producido por calificaciones registrales negativas.  Ese fue el caso de los intereses variables; que se referenciaban a las propias entidades financieras que los marcaban.  Fueron los registradores los que reclamaron índices objetivos y que hubiera un tope al alza en interés variable.

También nuestra labor ha servido para sacar cláusulas como el vencimiento anticipado en caso de fallecimiento del deudor, o en caso de impago de la prima del seguro de vida. Esas cláusulas abusivas ya no se discuten. Los registradores las sacamos de los contratos.  Si el legislador así lo entiende podemos seguir trabajando en ese sentido.

¿Es usted partidaria, como ha indicado Dionisio Moreno, abogado del caso Aziz que los contratos hipotecarios tuvieran mecanismos flexibles que previeran cualquier contingencia de pago del consumidor?

En nuestro caso siempre hemos sido partidarios que los contratos hipotecarios fueran algo más cortos. No más de veinte años.  Creo que es un error que ahora pueda superar la vida profesional de una persona. Pueden pasar muchas cosas en ese periodo de tiempo pero hasta la fecha no se ha hecho nada.

Usted como experta en mediación que es ¿Cómo explica que en una relación entre la entidad bancaria y el consumidor no exista un proceso de mediación hipotecaria fiable?

Las actividades de mediación han sido puntuales en CCAA como Castilla La Mancha o Valencia desde las Oficinas de Intermediación Hipotecaria pero aún falta cultura de la mediación.  En Valencia pusimos en marcha hace año y medio Conviventia de cara a impulsar métodos alternativos como la mediación y la conciliación.

Creo que la sociedad debe asumir que hay otras fórmulas para la resolución de conflictos a nivel extrajudicial que ayudan a la convivencia y evitan un segundo conflicto.  Creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo por la mediación y la conciliación.

¿Qué falta para una mediación hipotecaria se desarrolle en nuestro país?

El problema está en que en la mediación las dos partes deben querer acudir y por lo que hemos visto las entidades bancarias no están muy por la labor de ello.

El sistema español es más garantista que muchos otros europeos. Algunos de los pronunciamientos del TJUE manifiestan un desconocimiento de lo que es el derecho hipotecario español

En alguna ocasión el Tribunal Supremo falló señalando que las administraciones públicas tenían la potestad de sancionar a las entidades bancarias de las que se tuviera constancia su mala praxis…

No creo que las sanciones de este tipo ayudasen a mucho. Hay que buscar la manera de armonizar los intereses de todas las partes.  Es fundamental que todos nos concienciemos de hacer las cosas bien

De todas formas, el sistema español es más garantista que muchos otros europeos. Algunos de los pronunciamientos del TJUE manifiestan un desconocimiento de lo que es el derecho hipotecario español. Deberían darse que en otros países son menos garantistas para el consumidor.

¿Está de acuerdo con el Tribunal Supremo que el IRPH es un índice oficial no sujeto a transparencia como dijo en el fallo de Kutkabank?

En este tipo de asuntos, solo podemos respetar lo que dice el Tribunal Supremo pese a la polémica generada por dicho fallo. Preferimos no hacer ninguna valoración más a fondo de este tipo de cuestiones.

Hablemos de su gestión, María Emilia, con equipo nuevo ¿Qué objetivos se ha marcado al respecto?

Tengo la suerte de ser la cabeza visible de un equipo nuevo, joven y preparado, con muchas ilusiones que no temen al futuro. Queremos que la institución registral esté en el siglo XXI dando soporte a los principios hipotecarios que son la esencia de nuestra función.

Nosotros trataremos mejorar nuestro servicio para una sociedad que demanda cosas nuevas. No creo que demande una seguridad jurídica preventiva diferente pero sí una forma de prestarla de manera distinta. Todavía hay mucho camino por recorrer y muchos proyectos que realizar.

Al hablar de modos nuevos parece que habla de la transformación digital y de ofrecer esos servicios en tiempo real.

Con todo. No solo con la transformación digital. Debemos ser sensibles a lo que el ciudadano requiere al sistema. Desde el punto de vista registral exige que la información que demos esté e incorpore todas las limitaciones legales, ya derivadas del medio ambiente o de la situación del territorio. Todavía podemos asociar mucha información.

Desde esta perspectiva, el Registro de la Propiedad pueda dar más servicios al ciudadano en este momento. Para ello necesitaríamos un desarrollo reglamentario que nos permitiese incorporar esos aspectos a las fincas registrales. Y luego la forma de hacerlo llegar al ciudadano es desde el uso de las nuevas tecnologías. Se trata que las nuevas tecnologías se adapten al Registro y no a la inversa.

El Registro de la Propiedad puede dar más servicios al ciudadano en este momento

Ustedes han creado un organismo centralizado para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el CRAB, ¿están satisfechos de su funcionamiento?

Llevamos muchos años colaborando con las autoridades en dicha cuestión. Ahora con la puesta en marcha del CRAB el trabajo será más estructurado de cara a que el registrador detecte cualquier irregularidad que pase a dicho organismo centralizado.  Con el CRAB tenemos medios jurídicos y técnicos mejores para ser más eficaces en dicha tarea.

Muchos de los casos que se conocieron a finales de los noventa en tema de corrupción tuvieron origen en denuncias registrales. Ahora nos adaptamos a las nuevas exigencias de una sociedad moderna. La transposición de la Quinta Directiva sobre la prevención del blanqueo de capitales obligará a la inscripción de las participaciones sociales en el Registro Mercantil y de esa forma se favorecerá la transparencia en la contratación.

La hacienda catalana, abocada a la amnistía fiscal

Miércoles, 17 de enero de 2018

La hacienda catalana, abocada a la amnistía fiscal

La incapacidad para asumir el trabajo que hacían las oficinas liquidadoras, que Junqueras “despidió”, impide revisar todos los expedientes, lo que puede provocar una pérdida de 100M€ este año
María Jesús Cañizares

16.01.2018 elespanol.com
Prescindir de las 52 oficinas liquidadoras, con las que la Generalitat colaboraba desde hace 40 años, va a pasar factura a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). La imposibilidad de asumir todo el trabajo que hasta ahora realizaban los Registradores de la Propiedad, dependientes del Ministerio de Justicia, aboca a la hacienda catalana a una amnistía fiscal durante al menos un año, según aseguran a Crónica Global fuentes sindicales. Es decir, que el Govern ya no podrá hacer bandera de su capacidad para hacer aflorar el fraude fiscal. Un mérito atribuible a esas oficinas liquidadoras, aunque poco reconocido por el exvicepresidente económico Oriol Junqueras.

En febrero de 2017, el exnúmero dos de la Generalitat –actualmente en prisión preventiva– informó de que, durante 2015 y 2016, la ATC detectó un fraude de 360,42 millones de euros. La mayor cantidad se registró en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados con 145,2 millones, un 40,2% del total; seguido del impuesto de sucesiones y donaciones con 133,4 millones (37%), el impuesto sobre patrimonio con 59,9 millones (16,6%), y los tributos sobre el juego con 20,1 millones (5,58%). Se da la circunstancia de que las oficinas liquidadoras eran las responsables de revisar el impuesto de transmisiones y el de sucesiones y donaciones, precisamente los que más fraude fiscal afloraron.

Una “estructura de estado”

La ATC debe absorber ahora la labor de estas 52 oficinas liquidadoras a través de sus propias oficinas territoriales, algo que, según las mismas fuentes, puede provocar un bloqueo y la pérdida de unos 100 millones de euros. De hecho, gracias al convenio con las oficinas liquidadoras, en 2013 se evitó el colapso, dado que la ATC no se veía capacitada para realizar todas las revisiones y comprobaciones de los expedientes presentados en la zona de Barcelona. Para la ATC, no ha sido fácil encontrar a profesionales con larga experiencia en labores de ejecución y revisión de expedientes. Lo demuestra el hecho de que las últimas convocatorias de oposiciones y concursos para cubrir plazas en la hacienda catalana, llamada a ser una “estructura de estado”, no fueron cubiertas.

En octubre de 2016, la secretaría de Hacienda de la Generalitat comunicó a los representantes de los Registradores su intención de denunciar el convenio el 1 de septiembre de 2017, es decir, dos meses antes de lo previsto. Por ello, este colectivo ha presentado un recurso Contencioso-Administrativo en fase de resolución.

La decisión de Junqueras (ERC) de revocar el convenio con los Registradores de la Propiedad provocó un goteo de mociones municipales favorables a la continuidad del mismo. El caso más curioso tuvo lugar en Cerdanyola, donde ERC era favorable al mantenimiento de su oficina.

Comunicado del Ministerio de Hacienda y Función Pública – enero 2018

Martes, 16 de enero de 2018

Comunicado del Ministerio de Hacienda y Función Pública
Viernes 12 de enero de 2018 lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP) comunica que es falso que se hayan recortado los créditos de los departamentos ministeriales un 50% en 2018, sino que cuando la ejecución de determinadas partidas de gasto (las transferencias corrientes, de capital y las inversiones) supere el 50% del crédito inicial, el departamento ministerial afectado deberá solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Función Pública, como ocurrió el año pasado, para su utilización.

Precisamente, tal y como se indicaba en la nota de prensa del MINHAFP de 29 de diciembre y a diferencia de la prórroga presupuestaria de ejercicios anteriores, en 2018 no ha sido necesario aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos gracias a la favorable evolución de nuestras cuentas públicas.

En un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el último Consejo de Ministros de diciembre se adoptaron, como en años anteriores, medidas para controlar y mejorar la ejecución del gasto público antes de que se apruebe la Ley de PGE 2018.

Estas medidas son necesarias para garantizar una adecuada ejecución del gasto público en los primeros meses del año, evitando un exceso de gasto público que condicionaría el contenido de la próxima Ley de Presupuestos.

Por tanto, el Consejo de Ministros no aprobó una reducción de los créditos presupuestarios. Simplemente se establecieron medidas de control de ejecución del gasto público, que son las siguientes:
En primer lugar, los departamentos ministeriales deberán elaborar un calendario con las fechas estimativas de cuándo prevén aprobar determinados gastos como son: subvenciones nominativas, convenios, etc. Con esta medida se pretende mejorar la planificación del gasto.
En segundo lugar, cuando la ejecución de determinadas partidas de gasto (las transferencias corrientes, de capital y las inversiones) supere el 50% del crédito inicial, el departamento ministerial afectado deberá solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Esta autorización no es nueva, ya se pidió el año pasado en la prórroga de los PGE 2016 sin que existiese ningún perjuicio en la gestión. Esta es una práctica que no solo ha estado ya en vigor en España, sino que además es común en otros países.

El abogado que dé servicio a empresas se debe apuntar al Registro Mercantil

Lunes, 15 de enero de 2018

El abogado que dé servicio a empresas se debe apuntar al Registro Mercantil

La nueva Ley de Blanqueo sancionará con 6.000 euros por no registrarse

Xavier Gil Pecharromán

12/01/2018 – eleconomista.es
Una parte importante de los más de 250.000 abogados colegiados en España -ejercientes y no ejercientes- deberán darse obligatoriamente de alta en el Registro Mercantil, en el primer trimestre de cada año, a través de un formulario telemático preelaborado por el Ministerio de Justicia, como colectivo obligado a informar a la Administración, según lo establecido por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Descárguese el último número de la revista jurídica Iuris&lex
Según informa en un amplio informe Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista, así se establece en el proyecto de ley que modificará esta Ley de Prevención del Blanqueo, que introduce en el capítulo sancionador, una multa mínima de 6.000 euros por incumplir la obligación de registro.

Sin embargo, los letrados no serán los únicos, sino que la obligación de registrarse se extiende a todos los profesionales personas físicas que prestan profesionalmente servicios a sociedades o fideicomisos.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad considera que, al tratarse de una actividad no reservada, no es posible estimar el número de afectados por esta obligación de recibo que se verán sometidos a ella.

Actividades incluidas

Así, estarán obligadas las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional constituyan sociedades u otras personas jurídicas; ejerzan funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; que faciliten un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.

También se deberán registrarse aquellos profesionales que ejerzan funciones de fideicomisario en un fideicomiso (trust) expreso o instrumento jurídico similar o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones. Y, además, lo estarán, quienes ejercen funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza esas funciones.

En el caso de personas jurídicas, si no lo establece su norma reguladora, cualquier cambio de administradores, así como cualquier modificación del contrato social, serán igualmente objeto de inscripción en el Registro Mercantil.

Las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigor de esta reforma legislativa, que actualmente se encuentra en fase de información pública, estén realizando alguna de las actividades citadas y no se hayan inscrito, deberán inscribirse antes de un año, desde que entre en vigor la norma.

Por otra parte, las personas físicas -salvo los profesionales- y las jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo disponen sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil y las acompañarán con un documento para su depósito con datos sobre su operativa, facturación, número de operaciones realizadas, etc. En este caso, se excluyen de la obligación de depósito de cuentas anuales a los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales.

Sanciones internacionales

La norma que regula la reforma incluye también aspectos sobre la aplicación de las sanciones financieras internacionales. Son medidas restrictivas que, habitualmente, se adoptan en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Este tipo de restricciones pueden ser de diferentes tipos, entre la congelación de fondos a personas físicas o jurídicas o el establecimiento de procedimientos de autorización previa para la prestación de servicios financieros.

“Las participaciones sociales deben inscribirse en el Registro Mercantil”

Domingo, 14 de enero de 2018

“Las participaciones sociales deben inscribirse en el Registro Mercantil”
Xavier Gil Pecharromán

12/01/2018 – eleconomista.es
La Administración tiene que saber quién está detrás de cada empresa”

María Emilia Adán, registradora de la Propiedad acaba de tomar posesión como primera decana-presidenta del Colegio de Registradores de España. Hasta ahora ejercía como decana en la Comunidad Valenciana. Trae consigo un talante negociador y ambición de poner al día legislación y Registros, algo que ha chirriado en ocasiones en los últimos años.
¿Se va a reforzar la colaboración con el Ministerio de Justicia?

Como no podía ser de otra manera, estamos abiertos a todas las iniciativas en las que el Ministerio considere que debemos intervenir, porque en último extremo estamos para fortalecer la institución registral, porque creemos que es buena para la sociedad. Cualquier iniciativa que nos llegue para poderla potenciar va a ser puesta en marcha inmediatamente, sin ninguna duda. Justicia es un Departamento con grandes proyectos a los que nos sumamos de una manera entusiasta.

¿Qué más pueden hacer en la prevención del blanqueo?

Es una prioridad para todos los registradores. Desde siempre, han informado de cualquier actuación que pudiera originar un delito. Desde la instauración del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) se ha institucionalizado y se ha potenciado ante los nuevos modos de la delincuencia de guante blanco. Pero hay que dar un paso más y creemos que la mejor forma de combatirlo y de luchar contra la corrupción es la inscripción en los Registros Mercantiles de las participaciones sociales, de las acciones. Esto estaba así antes de la reforma de los años 80 y está así en Europa. En Alemania, Francia y Reino Unido se hacen constar en el Registro.

¿Qué beneficios aportaría esta inscripción registral de las acciones?

La Administración tiene que saber con quién contrata y quien está detrás de cada sociedad y eso estaba en la ley hasta los años 80. No ha interesado que las participaciones sociales fueran públicas. Eso está ahora en la Quinta Directiva. Solo falta la transposición en España para que los registradores mercantiles den publicidad a estos datos, como lo hacen los registros del resto de Europa. Si tú inscribes las participaciones sociales, sabes en todo momento quién es el propietario de las sociedades que están operando en las contrataciones administrativas y eso lo da la transparencia del Registro, que es público para quien tiene un interés legítimo.

¿Está preparado el colectivo para coordinarse con Lexnet?

Sin duda alguna estamos deseando poder coordinarnos con los juzgados de la misma manera que lo hacemos con las notarías, con los Ayuntamientos y con las Administraciones que nos lo han requerido. Creo que es un valor para la sociedad que esta conexión sea efectiva. Es muy importante que el juzgado pueda remitir sus documentos electrónicamente al Registro y en ello, sabe el Ministerio que tiene nuestra más firme y decidida colaboración.

¿Y cómo valora la reforma del Reglamento del Registro Mercantil?

Es esencial para un buen desarrollo económico, con seguridad jurídica. Las sociedades mercantiles no pueden funcionar, ni desarrollarse sin el registro Mercantil.

¿Y las comunicaciones electrónicas entre registradores y notarios?

Estamos en disposición de poner en marcha un sistema que permita a los notarios la consulta del libro de entrada. Así se cerrará esta materia de una forma satisfactoria para todos. Hemos manifestado nuestra voluntad de llegar a acuerdos y consensos para que la contratación notarial sea más ágil informáticamente de lo que lo es, y lo es mucho. Todo ello, sin menoscabo de las relaciones con otros operadores jurídicos, con las Administraciones Públicas y la judicial, porque la seguridad jurídica preventiva debe darse en igualdad de condiciones. Es un empeño de esta Junta poner en marcha todos los procedimientos electrónicos que sean posibles, siempre que no menoscaben nuestros principios hipotecarios.

¿Seguirán trabajando en expedientes de nacionalidad por residencia?

Hemos desarrollado un trabajo importante agilizando los expedientes y el ministro Rafael Catalá nos ha agradecido enormemente la colaboración realizada, que está llamada a terminar, ya que se ha establecido un nuevo procedimiento en el que nosotros ya no desempeñaremos ninguna función. Pero nuestro compromiso con Justicia está aún vigente. Hemos prestado un gran servicio a la Sociedad con un alto coste profesional, personal y económico para todo el Colegio.

¿Satisfecha con la reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario?

En esta Ley teníamos que haber desempeñado un mayor protagonismo los registradores de la Propiedad, porque a veces se olvida que las hipotecas y las cláusulas que las desarrollan solo cuentan las que constan inscritas en los Registros. Y es esta institución la que determina el contenido del derecho real de hipoteca. Llevamos muchos años trabajando en la determinación de qué cláusulas son o no abusivas y creemos que deberíamos haber seguido avanzando en esa dirección. No obstante, la Ley supone avances en materias significativas como es el registro de condiciones generales de la contratación, en la limitación de los intereses de demora y en otras materias que supondrán un avance significativo para el ciudadano. En definitiva, nos hubiera gustado que se hubiera ido un poquito más allá en la elaboración del texto legislativo.

¿Para cuándo la coordinación de Registro y derecho urbanístico?

El Real Decreto del año noventa y tres fue muy importante en esta coordinación, pero los avances urbanísticos, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, exigen ya una adecuación a las nuevas reglas urbanísticas y así se lo hemos trasladado al Ministerio. Creemos que es el momento de desarrollar un nuevo reglamento del Registro de la Propiedad en materia de urbanismo. Hemos ayudado a que el urbanismo se desarrolle, pero hay que delimitar mejor la labor que desarrolla el Registro de la Propiedad en relación con esta materia.

Educando en Justicia en León

Sábado, 13 de enero de 2018

Jueves, 11 de enero de 2018  poderjudicial.es

Educando en Justicia en León

Este año participarán 15 centros escolares de León y provincia

Autor:Comunicación Poder Judicial

Magistrados y profesores han celebrado este jueves una reunión en la Audiencia Provincial de León para poner en marcha en este curso escolar el programa “Educando en Justicia”. Se trata de una acción promovida desde el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial de León que cuenta con la colaboración del decanato de los Juzgados de León y de los jueces del territorio, así como de la Consejería de Educación y la Dirección Provincial de Educación de León. Este año participarán 15 centros escolares de León y provincia.

El programa pretende acercar la Justicia a los centros educativos, mediante visitas a los tribunales y representaciones de juicios simulados en los centros o en las sedes judiciales en las que intervienen jueces y alumnos. Además, el objetivo es poner en relieve el valor de la Justicia en un Estado de Derecho, contribuyendo a la mejora de la convivencia mediante el desarrollo del diálogo. El propósito final es la mejora de la formación de los alumnos como ciudadanos libres que respetan los derechos ajenos y la Ley.

El programa, que está dirigido a los alumnos de los dos últimos cursos de la ESO, consta de varias partes que pueden adaptarse en función de las características de cada centro escolar. Incluye una charla formativa sobre la importancia de la Justicia y la puesta en escena de una representación de un juicio penal, con la participación de un juez y la distribución del resto de los papeles entre los alumnos. Se podrá completar con una visita a la Sala de Vistas de la Audiencia o de los Juzgados.

Este programa educativo, coordinado por la Presidenta de la Audiencia Provincial y el juez decano de León, cuenta con la participación de forma activa de los magistrados de la Sección Penal de la Audiencia Provincial, del juez de Instrucción 1 de León, del juez de lo Penal de Ponferrada, del juez de Cistierna y de otros jueces y magistrados que voluntariamente colaboran en su desarrollo.

Por su parte, participan centros educativos de León (La Asunción, Nuestra Señora del Carmen, Santa Teresa, Discípulas de Jesús, Juan de la Encina) Trobajo del Camino (La Anunciata), Mansilla de las Mulas (Astura), Valderas (Octaviano Andrés), La Bañeza (Ornia), Astorga (La Salle, IES Astorga), Boñar (Pablo Díez), Villablino (Obispo Argüelles), Bembibre (Álvaro Yáñez) y Toreno (La Gándara), con un número aproximado de mil alumnos.

El Tesoro reduce a 40.000 millones de euros la emisión neta en 2018

Viernes, 12 de enero de 2018

08 de enero de 2018 mineco.gob.es
El Tesoro reduce a 40.000 millones de euros la emisión neta en 2018
La emisión bruta cae a 220.145 millones, de los que más de la mitad se captarán mediante bonos a medio y largo plazo
El coste medio de las nuevas emisiones se situó en 2017 en el 0,62%, cerca de mínimos históricos
El coste de la deuda en circulación bajó al 2,55% al cierre del pasado año, nuevo mínimo histórico
El continuado descenso del coste medio ha permitido reducir un 12% la carga financiera desde el máximo en 2014
El Tesoro Público ha anunciado la estrategia de financiación para 2018, ejercicio en el que realizará una emisión neta de 40.000 millones de euros, lo que supone una reducción del 11% frente a la de 2017. La emisión bruta ascenderá a 220.145 millones de euros, por debajo del año anterior, de los que 126.310 serán a medio y largo plazo. Los objetivos para este año vuelven a ser el incremento de la vida media de la deuda, la reducción de costes y la diversificación de la base de inversores. Todo ello, en un contexto de recuperación económica en Europa y ante la previsible normalización gradual de la política monetaria en la zona euro durante este ejercicio.

Los objetivos del año que acaba de comenzar parten del cumplimiento exitoso de la estrategia fijada en 2017. La financiación neta se ha situado en 45.031 millones de euros, importe superior al previsto al incluir los 10.192 millones del préstamo otorgado a la Seguridad Social. Este préstamo no se tradujo en un aumento del déficit fiscal ni de la ratio deuda/PIB. Mientras, la emisión bruta se ha situado en 233.900 millones de euros.

El coste medio de las nuevas emisiones durante 2017 se ha mantenido cerca de mínimos históricos, al aumentar sólo un punto básico (una centésima) frente al ejercicio previo, hasta el 0,62%. Por su parte, el coste de la deuda en circulación se ha reducido hasta el 2,55% al cierre de año, la cifra más baja de la historia reciente del Tesoro. El continuado descenso del coste medio, gracias al mantenimiento de la confianza en España por parte de los inversores, ha permitido la reducción de la carga financiera en términos de Contabilidad Nacional en un 12% desde el máximo alcanzado en 2014, lo que ha supuesto un ahorro de 3.567 millones de euros. La carga de intereses ha caído un 8,8%  respecto al Presupuesto en 2017, lo que se ha traducido en un ahorro de 2.493 millones de euros.

A su vez, la vida media de la deuda en circulación ha aumentado desde los 6,20 años en 2013 hasta los 7,13 años en 2017, reduciendo el riesgo de refinanciación de la Deuda del Estado y la vulnerabilidad de la carga financiera ante la anunciada normalización de la política monetaria en la zona euro. La concentración de las emisiones en los plazos largos -las realizadas a 30 y 50 años representan aproximadamente un 11% del total emitido a medio y largo plazo en 2017- ha sido posible gracias a la elevada demanda de valores del Tesoro en todo el ejercicio.

La base de inversores del Tesoro continuó siendo diversificada. Las tenencias de no residentes se mantuvieron estables en el entorno del 42% del total. Incluso en los momentos de mayor tensión política en Cataluña, los inversores han seguido apostando por la fortaleza de la economía española. La ratio de cobertura de las emisiones (relación entre la cantidad demandada y la cantidad adjudicada),  se ha situado en 2,14. El diferencial a 10 años frente a Alemania o prima de riesgo también se ha reducido, hasta moverse en torno a los 110 puntos básicos.

En 2018, el Tesoro mantiene los objetivos de reducción de coste, incremento de la vida media y diversificación de la base de inversores. Se reduce la apelación al mercado en términos netos, hasta 40.000 millones de euros. La financiación bruta ascenderá a 220.145 millones de euros, de los que 126.310 millones serán a medio y largo plazo, una cifra que supone 13.152 millones menos que en 2017. Por su parte, la emisión de Letras del Tesoro será negativa en 5.000 millones. Esto permitirá seguir alargando la vida media de la deuda en circulación y converger con otros países de la zona euro en lo que respecta al peso de las Letras sobre el total de títulos representativos de Deuda del Estado en circulación.

No se modificará la pauta en las subastas ordinarias de Bonos y Obligaciones del Estado nominales con cupón fijo. Como regla general, estas subastas ordinarias tendrán lugar el primer y el tercer jueves de cada mes. La emisión esperada en las subastas ordinarias se situará dentro del rango publicado sin tener que alcanzar el máximo anunciado, como ya se hizo en los ejercicios previos.

Este año el Tesoro va a continuar desarrollando su programa de Bonos y Obligaciones indexados a la inflación europea, que permite diversificar la base de inversores de la deuda española, incorporando una posible subasta de una referencia indexada en la primera subasta del mes. Este programa, iniciado en 2014, ha acumulado un volumen total de 41.803 millones de euros, incrementando progresivamente su peso en el total de la cartera de Deuda Pública, hasta superar el 4,3% del total de Deuda del Estado en circulación. El Reino de España se ha convertido en un emisor de referencia en este mercado, junto con Francia, Italia y Alemania.

Al igual que en años anteriores, el Tesoro recurrirá a sindicaciones bancarias para colocar determinadas referencias, aunque las subastas seguirán siendo el principal método de emisión de Deuda del Estado. Además, el Tesoro tendrá la opción de convocar subastas especiales, fuera del calendario habitual, para dotar de liquidez a ciertas referencias y mejorar así el funcionamiento del mercado secundario. Se prevé también la posibilidad de recurrir a colocaciones privadas, en las que se emite un valor directamente a un inversor, en condiciones favorables para los objetivos estratégicos del Tesoro.

La reserva hidráulica española se encuentra al 40,4 por ciento de su capacidad

Jueves, 11 de enero de 2018

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente informa

La reserva hidráulica española se encuentra al 40,4 por ciento de su capacidad
Martes 9 de enero de 2018 lamoncloa.gob.es
La reserva hidráulica española está al 40,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 22.636 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, lo que supone un aumento en la última semana de 804 hm³ (el 1,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 91,8%
Cantábrico Occidental al 74,9%
Miño-Sil al 53,3%
Galicia Costa al 62,6%
Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
Duero al 33,9%
Tajo al 38,0%
Guadiana al 44,1%
Tinto, Odiel y Piedras al 71,2%
Guadalete-Barbate al 39,8%
Guadalquivir al 32,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 30,7%
Segura al 14,6%
Júcar al 25,4%
Ebro al 54,9%
Cuencas internas de Cataluña al 44,3%

Catalá se reúne con la nueva dirección del Colegio de Registradores de España

Miércoles, 10 de enero de 2018

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
Nota de prensa mjusticia.gob.es
Primera toma de contacto
Catalá se reúne con la nueva dirección del Colegio de Registradores de España
8 de enero de 2018.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido hoy con la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, encabezada por su decana, María Emilia Adán, en la que constituye la primera toma de contacto con el nuevo equipo directivo del Colegio, elegido tras los comicios celebrados el pasado 11 de diciembre.
Durante el encuentro se ha avanzado en la definición de las líneas de trabajo para los próximos años, orientadas a reforzar el actual marco de colaboración y de sintonía con el Ministerio de Justicia en beneficio del ejercicio de la profesión, la protección de los derechos del colectivo y la prestación del servicio público.
El ministro de Justicia ha reconocido la función esencial que desempeñan los registradores junto con los notarios en la seguridad jurídica preventiva, en la agilidad del tráfico jurídico y en el desarrollo económico de nuestro país y ha agradecido su colaboración en la puesta en marcha de algunas de las reformas llevadas a cabo en los últimos años en la Administración de Justicia, como la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Ley 13/2015 de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario. Catalá ha subrayado también el trabajo realizado por los registradores en materia de nacionalidad que ha permitido agilizar de forma significativa la gestión de los expedientes de tramitación.
En lo relativo a la iniciativa reglamentaria y legislativa, ambas partes han coincidido en la necesidad de aprobar la Ley de Crédito Inmobiliario cuyo proyecto ya ha enviado el Gobierno a las Cortes, así como de desarrollar otras reformas legales como la regulación de las garantías mobiliarias y la coordinación entre la institución del Registro de la Propiedad y el derecho urbanístico.
Asimismo, se ha puesto de manifiesto la conveniencia de abordar cuanto antes el Reglamento del Registro Mercantil y el real decreto que regule las comunicaciones electrónicas entre registradores y notarios, de manera que la información de cargas sobre los inmuebles se facilite a los notarios por vía digital como ya ocurre con la presentación electrónica de escrituras en los registros de la propiedad y mercantiles. Se quiere igualmente fomentar la expedición digital de las certificaciones registrales en los procedimientos de ejecución judicial sobre inmuebles. Desde el Ministerio de Justicia se considera prioritario el desarrollo de las comunicaciones electrónicas con el registro y su coordinación con la Administración de Justicia a través de LexNET.
El ministro ha estado acompañado en esta reunión de la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, y del director general de los Registros y del Notariado, Javier Gómez Gálligo.

Reunión con el Ministro y la Subsecretaria de Justicia

Miércoles, 10 de enero de 2018

Catalá y la Subsecretaria de Justicia con la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Registradores

El TSJ de Asturias anula la ordenanza municipal para el uso del bable en el concejo de Noreña

Martes, 9 de enero de 2018

Jueves, 4 de enero de 2018  poderjudicial.es

El TSJ de Asturias anula la ordenanza municipal para el uso del bable en el concejo de Noreña

La Sala de lo Contencioso señala, entre otros fundamentos para dictarla como no conforme a derecho, que declarar la oficialidad de una lengua no es una de las competencias de un Ayuntamiento

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado la ordenanza municipal para el uso de la lengua asturiana en el concejo de Noreña, que fue recurrida por un concejal del Partido Popular tras su aprobación por el pleno del Ayuntamiento en octubre de 2016, por considerarla no ajusta a derecho.

En la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de legislación estatal o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA si lo es por legislación autonómica,  se destaca que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre las competencias de un Ayuntamiento “no se incluye la de declarar la oficialidad de una lengua, sino que la Constitución expresamente establece que la declaración de oficialidad de cualquier lengua, al margen del castellano, corresponde a los Estatutos de cada Comunidad Autónoma”.

Asimismo la Sala constata la falta de una memoria económica aunque en dicha ordenanza haya indicios de que al aplicarse pueda suponer un coste para el municipio. La resolución impone las costas al Ayuntamiento de Noreña en un límite de 1.000 euros.

2017, un año más de crecimiento en el que no se han reducido las desigualdades

Lunes, 8 de enero de 2018

2017, un año más de crecimiento en el que no se han reducido las desigualdades

30 diciembre 2017  by UGT Comunicación Confederal  | ugt.es
En 2017 ha continuado el crecimiento económico registrado por nuestro país durante los últimos tres años. Un crecimiento fundamentado, entre otros factores, en un mercado laboral altamente precarizado que está provocando una injusta distribución de la riqueza en nuestra sociedad, un incremento de las desigualdades (sobre las que han alertado ya distintos organismos internacionales) y que compromete la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social.

Mientras que la Comisión Europea considera que la situación de España es “crítica” en materia de desigualdad económica (el 20% más rico gana 6,6 veces más que el 20% más pobre, nuestra tasa de trabajadores pobres es una de las más altas de Europa con el 13,1%, y la población en riesgo de pobreza o exclusión social es del 28%), el Gobierno de Rajoy se escuda en los datos cuantitativos de crecimiento del empleo, ignorando todas las variables que revelan la escasa calidad del mismo.

El año que termina supone un ejercicio perdido para el avance social de nuestro país, en el que ha quedado de manifiesto que el modelo de salida de la crisis que está siguiendo el Gobierno es una continuación de las medidas aplicadas durante la misma que, en esencia, han consistido en favorecer una ingente transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital por la doble vía de devaluar los salarios y los derechos laborales y debilitar las redes de protección de los servicios públicos.

¿A quién sirve la expansión económica?

La tasa interanual de crecimiento del PIB es del 3,1% (según los últimos datos de Contabilidad Nacional), lo que demuestra que nuestra economía está inserta en una sólida fase expansiva, contabilizando ya 15 trimestres consecutivos en los que crece la actividad productiva en términos anuales, los 10 últimos por encima del 3%, y eso debería traducirse en un reparto más justo y eficiente de los frutos derivados de ese crecimiento. Sin embargo, ese reparto no se está produciendo.

Los beneficios de las empresas no financieras crecieron un 65,8% en 2016, una tendencia que ha continuado de forma más atenuada durante los tres primeros trimestres de este año según el Banco de España; favorable evolución de la que también han participado las pequeñas y medianas empresas cuya actividad “continuó mejorando durante 2016, prolongándose la tendencia de recuperación de sus excedentes ordinarios” que se ha traducido en “un nuevo aumento de los niveles de rentabilidad” según este organismo.

Crecen los beneficios empresariales, aumenta el reparto de dividendos a los accionistas, y se incrementan los sueldos de los altos directivos, pero los trabajadores han sufrido una intensa devaluación salarial desde 2010 que todavía no han empezado a recuperar. Entre 2010 y 2016 el poder adquisitivo salarial (salarios nominales menos la inflación) ha caído en 5,4 puntos porcentuales de media; la pérdida ha llegado al 20% para el 10% de los trabajadores con salarios más bajos. El salario medio en términos netos es de 1.300 euros, y el salario mediano (la mitad de los asalariados cobran más de esa cifra y la mitad menos) es poco más de 1.100 euros netos al mes.

A pesar de que el empleo crece a un ritmo notable nuestra tasa de paro sigue siendo la segunda más alta de la UE (por detrás de Grecia) y triplica la media de los países de la OCDE, organismo que considera especialmente acuciantes las debilidades de nuestro país en materia de empleo y remuneración: la inseguridad en el mercado laboral y la tasa de desempleo de larga duración (36,5% según la última EPA) están entre las más altas de la OCDE. La tasa de temporalidad alcanza niveles máximos (27,4%), 1,6 millones de asalariados trabajan a tiempo parcial involuntario, 1 de cada 4 contratos dura menos de una semana, y la cobertura de la prestación por desempleo ha bajado hasta el 55,3%.

Esta precariedad del mercado laboral provoca menos cotizaciones sociales de los trabajadores al sistema público de Seguridad Social comprometiendo la financiación de sus prestaciones. Continuar por el camino de reducir las pensiones a cuantías de miseria, como está haciendo el Gobierno, ni es solución ni es aceptable. En este sentido, los ínfimos avances de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo convierten 2017 en un año perdido también para el Sistema de Seguridad Social.

Diálogo social: el SMI, una pequeña luz en un año poco fructífero

Tras la parálisis política de 2016 y la necesidad de formar un Gobierno en minoría, el Ejecutivo ha proclamado reiteradamente una voluntad de diálogo político y social. Pero sólo hasta finales de este año, con la negociación del Salario Mínimo Interprofesional, se ha producido un avance significativo, en el marco del diálogo social.

Un diálogo que ha sido de palabra, pero no de hechos, en lo relativo a la mayoría de las cuestiones fundamentales como las pensiones o la prestación de ingresos mínimos. Cabe recordar que el Ejecutivo ha paralizado, por uno u otro procedimiento, la mayoría de las iniciativas sociales aprobadas por el Congreso, incluyéndose en este capítulo toda una serie de bloqueos en la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una prestación de ingresos mínimos que presentamos conjuntamente UGT y CCOO. Asimismo, se opone a que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al IPC, lo que evitaría la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas.

Tampoco han obtenido resultado tangible las distintas mesas de diálogo social, incluidas las de empleo y calidad del empleo y aunque, en el sector público, se ha producido una importante mejora en la oferta de empleo público, aún es necesario concretar a través de un pacto de la Función Pública cuestiones que permitan recuperar el empleo, los salarios y los derechos de los empleados y empleadas públicas perdidos durante la crisis.

La situación ha sido prácticamente idéntica en el ámbito del diálogo social entre organizaciones empresariales y sindicales, donde la falta de compromiso de CEOE y CEPYME ni tan siquiera permitió dar cumplimiento al compromiso adquirido en el III Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC) de establecer una recomendación conjunta de incremento salarial para este 2017.
Es muy preocupante, además, que no se haya avanzado en combatir la brecha de género o la situación de desempleo y precariedad de los jóvenes en el mercado de trabajo.

La brecha salarial existente y la desigualdad en razón de género, son determinantes, también en protección social, prestaciones por desempleo y pensiones. Desde UGT demandamos, entre otras medidas, la puesta en marcha de una ley de igualdad para que las mujeres reciban el mismo sueldo por un trabajo del mismo valor (actualmente las mujeres trabajan gratis desde el 8 de noviembre hasta el 31 de diciembre, en comparación con los hombres).

Asimismo, UGT ha demandado más recursos y medidas, en todos los ámbitos, incluido el laboral, para hacer frente la violencia de género, una realidad intolerable que hay que atajar ya.
En cuanto, a los jóvenes es necesario establecer un plan de choque que nos permita reducir el desempleo y la precariedad insostenible de este colectivo. La tasa de paro juvenil supera el 40% y más del 60% de los contratos que se les realizan son temporales. Además 1 de cada 4 jóvenes tarda más de 2 años en encontrar su primer empleo.

El Gobierno debe virar su política económica en 2018 y buscar consensos

Aunque la prolongación de las Cuentas del Estado, para 2018, no aventura un buen año social, UGT confía en que finalmente, y también ante las presiones no solo sindicales, sino también de distintos organismos nacionales e internacionales, el Gobierno comience a virar su política económica y busque consensos. La economía y la política deben estar al servicio de las personas, no al revés, y los trabajadores y trabajadoras necesitan actuaciones políticas inmediatas para empezar a recibir la parte que, en justicia, les corresponde del crecimiento económico al que están contribuyendo.

Por el contrario, si el Gobierno insiste en mantener el actual modelo económico injusto, basado en un reparto desigual de la riqueza, la contestación y movilización social serán inevitables.
En definitiva, el Ejecutivo debe comenzar a desmantelar, con carácter urgente, sin esperar a escenarios de mayor rentabilidad electoral, el leonino marco de relaciones laborales y mercado de trabajo impuesto con la reforma laboral, y las políticas de recortes en derechos, libertades y servicios públicos.

Me despido con el deseo de que en 2018 podamos alcanzar estos objetivos, con el deseo de que consigamos más prosperidad y bienestar para todos, y en el que se produzca un reparto más equitativo de la riqueza.

El Defensor insta a las administraciones a proteger el medio ambiente en Mugardos en A Coruña y en la Sierra de Tramontana en Mallorca

Domingo, 7 de enero de 2018

El Defensor insta a las administraciones a proteger el medio ambiente en Mugardos en A Coruña y en la Sierra de Tramontana en Mallorca

Protección del Medio Ambiente

27/12/2017  defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo trabajó en 2017 para proteger el medio ambiente y el entorno natural. Ejemplo de ello son las actuaciones realizadas por la exclusión de evaluación de impacto ambiental de un planta de almacenamiento de gas en Mugardos (A Coruña) y por la aprobación de una ley medioambiental de Baleares que rebaja la protección en los espacios protegidos de las islas y en especial, de la Sierra de Tramontana (Mallorca).

Exclusión de evaluación de impacto ambiental en la planta de gas de Mugardos

La Institución inició una actuación de oficio ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital tras conocer la decisión del Gobierno de excluir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Mugardos (A Coruña).

Dos sentencias del Tribunal Supremo anularon la autorización administrativa para la instalación de la planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004  porque en el momento de emitirse no se contaba con un instrumento de planificación urbanística adecuado. Al tener que pedir la planta nuevas autorizaciones, el Gobierno decidió eliminar el trámite de evaluación ambiental para agilizar el procedimiento.

En opinión del Defensor del Pueblo, la Ley de evaluación ambiental establece que antes de llevar al Consejo de Ministros una propuesta de este tipo es necesario informar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para que éste elabore un informe sobre el estudio de viabilidad ambiental y sobre el resultado de las consultas y la participación pública.

Y así se lo recomendó al Ministerio de Industria que, sin embargo, rechazó la resolución formulada.

No obstante, el Defensor del Pueblo ha proseguido sus actuaciones y ha recomendado al Ministerio de Medio Ambiente que, en la próxima modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental, se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo a la decisión por el Consejo de Ministros de excluir un proyecto del trámite de evaluación ambiental.

Rebaja de la protección ambiental de los espacios naturales de Illes Balears

La Ley de evaluación ambiental, aprobada en agosto de 2016 en Illes Balears, introduce modificaciones que afectan a los usos de zonas de máxima protección medioambiental y permite el acceso y la estancia en esas zonas para actividades recreativas y de ocio, previa autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

A la Institución le preocupa especialmente la situación de la Sierra de  Tramontana, en Mallorca, que está catalogada como parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves.

El Defensor del Pueblo considera que cuando una administración promueve cambios normativos aplicables a los espacios naturales protegidos, dichas modificaciones deben ir precedidas de una sólida justificación técnica que asegure que no se reduce el nivel de protección ambiental existente.

Por ello, el Defensor ha pedido a la administración autonómica que realice un estudio que acredite que estos cambios no van a tener consecuencias nocivas y que, ante un posible impacto negativo, prohíba el acceso a las zonas de máxima protección y dé marcha atrás en el cambio legislativo que lo ampara.

Además, ha recomendado a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de Illes Balears que, antes de promover o tramitar normas que modifiquen el régimen de protección de los espacios naturales, acredite mediante una memoria técnica que la nueva regulación no va a suponer un retroceso en el grado de protección alcanzado.

6 enero 2018

Sábado, 6 de enero de 2018

estrella fugaz