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viernes, 30 de marzo de 2018

Los registradores exigirán el ‘titular real’ a las empresas

jueves, 29 de marzo de 2018

Los registradores exigirán el ‘titular real’ a las empresas
Xavier Gil Pecharromán

27/03/2018 – eleconomista.es
Los Registros Mercantiles exigirán este año, junto con el depósito de cuentas anuales de cada sociedad mercantil, que aquellas que tengan una titularidad real a favor de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25 por ciento de su capital social, presenten una declaración a cerca de ella.
Así se establece en la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a presentarlas, publicada ayer en el BOE y que hoy entra en vigor.

En general se entiende por titular real a la persona o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Si el control es indirecto por medio de persona jurídica debe indicarse su identidad.

En ejercicios sucesivos este formulario solo deberá ser cumplimentado si se han producido cambios en la titularidad real. Esta nueva exigencia de control viene motivada por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centran en un formulario en el que debe manifestarse la identificación del titular real.

Prevención del blanqueo

Se trata de una de las piezas clave en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la lucha contra el terrorismo, saber quiénes son las personas físicas que están realmente detrás de las transacciones que son objeto de análisis por parte de los sujetos obligados a aplicar la normativa preventiva.

La mayoría de las sociedades tiene hasta el 31 de marzo para preparar sus cuentas anuales, pues por regla general el ejercicio termina el 31 de diciembre, puesto que el artículo 253 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, establece que los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

Las empresas deberán acompañar este año, además de la identificación del titular real, el Informe sobre Información no financiera.

Se insertan dos nuevas casillas entre las destinadas a identificar los documentos contables para indicar si se ha efectuado el depósito del Informe sobre Información no financiera en caso de que la empresa obligada decida emitir, en relación con estas materias, un informe separado del Informe de gestión, así como el depósito de la Declaración de identificación del titular real.

Hasta el momento, el Notariado era quien venía poniendo a disposición de las autoridades de lucha contra el blanqueo la Base de Datos de Titular Real, elaborada desde 2012 con la información procedente del Índice Único Informatizado Notarial.

También, como novedad, se modifican las circunstancias que permiten la utilización del modelo abreviado. Los modelos estarán disponibles en formato PDF, editable en la página web del Ministerio de Justicia. Asimismo, en dicha web están disponibles en formato bilingüe con las lenguas cooficiales propias de las comunidades autónomas.

El juez admite la personación de Puigdemont y de dos exconsellers de la Generalitat en la causa por el proceso secesionista de Cataluña

jueves, 29 de marzo de 2018

Martes, 27 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El juez admite la personación de Puigdemont y de dos exconsellers de la Generalitat en la causa por el proceso secesionista de Cataluña

Una vez detenido el expresidente del Govern y estando tramitándose las órdenes de detención relativas a los otros investigados.

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este martes una providencia en la que acuerda tener por personado al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont en la causa que sigue en el alto tribunal por el proceso secesionista de Cataluña, por lo que dará traslado de lo actuado hasta ahora a su procurador.

Llarena también ha aceptado la personación de los exconsellers Clara Ponsatí y Lluis Puig. Los tres solicitaron al juez personarse el pasado 20 de marzo pero el juez lo denegó el viernes 23 en atención a no haber sido hallados y no encontrarse a disposición de este tribunal.

Ahora, el magistrado considera que sí procede aceptar la personación al haber sido detenido Puigdemont en Alemania el pasado día 25 como consecuencia de la orden de detención emitida contra él, y al estar tramitándose las relativas a los otros dos investigados.

UGT y CCOO reclaman una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos

miércoles, 28 de marzo de 2018

UGT y CCOO reclaman una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos
UGT | jueves, 22 de marzo de 2018 ugt.es

• Según la ONU, más de 650 millones de personas viven sin suministro de agua potable y más de 1.800 millones utilizan una fuente de agua contaminada

• España es uno de los países que más está sufriendo las consecuencias del cambio climático, con el aumento de periodos de sequía o el incremento de fenómenos climáticos extremos

• Para UGT y CCOO, resulta imprescindible un gran Pacto del Agua, con la participación de las organizaciones sociales, que asegure el suministro, que incluya planes de actuación destinados a paliar el efecto de la sequía y establezca una gestión eficiente del agua

Hoy 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua con el lema «La respuesta está en la naturaleza”. El agua es un elemento esencial para el desarrollo sostenible. Una correcta gestión de los recursos hídricos es clave para reducir la pobreza, crear empleo verde y decente y aumentar la sostenibilidad ambiental.

La celebración de este año se centra en cómo la propia naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos relacionados con el agua en el siglo XXI. El cambio climático está empezando a provocar alteraciones asociadas a los recursos hídricos en todo el Planeta: inundaciones, sequías prolongadas, contaminación del agua…, que se ven agravadas debido a la degradación de la cubierta vegetal y del suelo. Por ello, cuando descuidamos nuestros ecosistemas estamos a la vez, dificultándonos el acceso a los recursos hídricos. En este sentido las soluciones naturales pueden dar respuesta a estos desafíos, a través, por ejemplo, de la reforestación y una adecuada gestión de los bosques, de la restauración de los humedales, etc. En definitiva, hay que devolver el equilibrio al ciclo del agua.

En la actualidad, según Naciones Unidas, más de 650 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar y más de 1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua contaminada por materia fecal. El agua no potable, acompañado por unas infraestructuras deficientes, es el causante de casi 850.000 muertes al año. En pleno Siglo XXI, estos dramáticos datos no se deben ni se pueden consentir.

Desde UGT y CCOO entendemos que urge actuar frente a estos datos con políticas globales y concretas en aras a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (entre los que se incluyen el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar o agua limpia y saneamiento).

Centrándonos en nuestro país, España es uno de los países que más va a sufrir (y que ya está sufriendo) las consecuencias del cambio climático. El aumento de periodos de sequias unido al aumento de episodios de fenómenos climáticos extremos, producirán la degradación de los ecosistemas marinos y terrestres, así como graves afecciones en la actividad económica. En especial, sobre la agricultura, el turismo y la industria. Ejemplo de ello es el último periodo de sequía que estamos sufriendo. Según los datos oficiales, en noviembre los embalses españoles alcanzaron su nivel más bajo en los últimos 22 años con el 37,3 % de su capacidad total.

Es necesario pues, establecer una gestión eficiente del agua, así como planes de actuación con medidas destinadas a paliar el efecto de la sequía. No podemos esperar únicamente a que nos salven las precipitaciones. Para ello, tanto CCOO como UGT hemos propuesto al Gobierno la creación de una Comisión Interministerial para estudiar la situación de la sequía en España y sus consecuencias en el empleo y en desprotección de los trabajadores.

Por otro lado, el Gobierno inició hace unos meses, un proceso de información sobre su propuesta de Pacto Político del Agua. UGT y CCOO comparten con el Gobierno la necesidad de abordar un gran Pacto del Agua, pero éste debe ser enfocado desde un punto de vista social y contar con el respaldo y la participación de las organizaciones sociales y de los partidos políticos, asegurando que el acuerdo perdure en el tiempo y que no esté sometido a vaivenes políticos.

Para CCOO y UGT durante el proceso del debate del Pacto Social por el Agua es necesario abordar los siguientes temas:

– Reconocer por Ley de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (A/RES/64/292).

– Redimensionar los diferentes usos del agua, siendo para ello una de las referencias científicas el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que en sus distintos informes ya vienen avisando de los efectos del cambio climático en la menor disponibilidad del recurso del agua.

– Poner en marcha una política de inversión en I+D+i para actualizar los conocimientos sobre los recursos disponibles y su estado (tanto los acuíferos, como la capacidad de almacenar agua en las infraestructuras existentes).

– Elaborar un catálogo que contemple los caudales ecológicos mínimos y los distintos ecosistemas de cada Demarcación. El impacto que generará el cambio climático sobre el agua dulce va a implicar un alto riesgo de cambio (abrupto e irreversible), tanto en su composición como estructura, lo que redundará en una pérdida significativa de biodiversidad y de capital natural.

– Mejorar la calidad del agua cumpliendo con la legislación europea y nacional para acabar con la contaminación del agua, eliminando los vertidos de productos químicos y materiales peligrosos.

– Crear bancos de agua públicos que regulen las concesiones de uso y gestión del agua. La gestión del agua no puede depender de los intereses privados.

– Considerar la reutilización y la desalación del agua como un recurso más en la gestión del agua.

– Reformar las cuencas hidrográficas para democratizar la gestión y cumplir con las nuevas funciones que el desarrollo económico, social y ambiental exigen.

– Democratizar los órganos de participación en la gestión del agua, dimensionándolos a la actual demanda de participación de la sociedad.

– Integrar el concepto de Transición Justa, así como la creación de empleo verde y de calidad como pilar básico del Pacto.

El Consejo General del Poder Judicial aprueba el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales

miércoles, 28 de marzo de 2018

Jueves, 22 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El CGPJ aprueba el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales

El texto aboga por introducir, como requisito para considerar secreto empresarial una información, la existencia de un interés legítimo de su titular para evitar su divulgación. El Consejo advierte de que los pactos de confidencialidad no pueden afectar a la experiencia, capacidad y conocimientos adquiridos por un trabajador durante su permanencia en la empresa, porque afectaría a su desarrollo profesional

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, con la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

El objetivo de la norma europea es paliar la falta de armonización existente en los ordenamientos de los Estados miembros de la Unión Europea en la definición y protección de los secretos comerciales, identificados con los conocimientos técnicos (know how) y la información empresarial, articulando las medidas, remedios y procedimientos a través de los que se ha de dispensar tal protección por los tribunales de justicia del orden jurisdiccional civil.

El informe aprobado hoy, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, considera que la trasposición de la Directiva podría efectuarse sin necesidad de articular una nueva ley, introduciendo las modificaciones exigidas por la norma europea en las españolas vigentes, en particular en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Competencia Desleal, al estimar que se produce cierto solapamiento normativo en tanto que la violación de los secretos empresariales constituye un acto desleal que cae dentro del ámbito material de esta última.

El Anteproyecto considera secreto empresarial cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa -incluido el tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero- que sea secreta –en el sentido de que no es generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión ni fácilmente accesible para ellas-, tenga un valor empresarial precisamente por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.

El Consejo considera, sin embargo, que esta definición es imprecisa y que el criterio para determinar cuándo una información debe ser considerada secreto empresarial “debería girar en torno a la existencia de un interés legítimo (de su titular) para mantenerla confidencial y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad”.

El informe añade que ese interés legítimo, en línea con lo señalado por el Tribunal Supremo al interpretar el artículo 13.1 de la Ley de Competencia Desleal, debe residir en el valor competencial de la información, es decir, en la ventaja que otorga a su titular sobre sus competidores y que, por ello, se esfuerza en conservar, evitando su divulgación. El CGPJ considera asimismo que “la facilidad o no del acceso a la información (…) debe venir referida a los competidores, actuales o potenciales”.

Distinción entre secreto empresarial y conocimientos del trabajador

El texto aprobado por el Pleno  también considera que sería conveniente que el Anteproyecto “ofreciera pautas normativas para identificar lo más objetivamente posible la información y los conocimientos técnicos que integran el concepto de secreto empresarial frente a los conocimientos, experiencias y competencias del trabajador sobre los que no ha de pasar el deber de reserva”.

En este sentido, el órgano de gobierno de los jueces señala que numerosos casos de utilización y revelación ilegítima de secretos empresariales se producen en el marco de las relaciones laborales –tanto durante su desarrollo como a su extinción- y que si bien el deber de reserva o confidencialidad del trabajador durante la relación laboral es consustancial al deber de buena fe que debe presidir ésta, la obligación de confidencialidad -y más si se concibe permanentemente- puede ser inconciliable con el derecho a la libertad de trabajo.

Así, para determinar qué conocimientos y experiencia adquiridos por el trabajador durante el tiempo que dura su relación con un empresario pueden ser puestos al servicio de otro una vez extinguida la relación con el primero, “cabe considerar que integran el acervo del trabajador aquellos conocimientos que, incluso recayendo sobre la información empresarial, las técnicas, los procedimientos, el know how o los conocimientos técnicos capaces de integrar el concepto de secreto empresarial, se encuentran tan estrechamente vinculados a la experiencia, capacidad y conocimientos del trabajador que, de no poder utilizarse, se impediría o limitaría excesivamente el desarrollo de su actividad profesional”, dice el Consejo.

Protección del secreto empresarial durante el procedimiento judicial

El Anteproyecto establece que los jueces y tribunales podrán, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar medidas concretas para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento judicial, entre ellas la restricción a un número limitado de personas del acceso a los documentos o a las vistas en las que pueda revelarse esa información.

Esas restricciones, además, pueden mantenerse en vigor incluso después de haber concluido el proceso judicial y en tanto que la información constitutiva del secreto empresarial no haya pasado a ser de dominio público. Eso incluye la publicidad parcial del texto de la sentencia, eliminando u ocultando los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

El CGPJ considera que estas medidas de confidencialidad se encuentran dentro de la esfera de excepciones del principio de publicidad de las actuaciones procesales que contempla el artículo 120.1 de la Constitución Española y el artículo 232.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cuentan con el marco legal habilitante exigido por esos preceptos.

El Anteproyecto, por otra parte, deja fuera de la protección que dispensa la Ley la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que haya tenido lugar en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información constitucionalmente reconocido, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación. También será lícita la revelación de un secreto empresarial que tenga como finalidad “descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal”.

Fijación de la indemnización por violación del secreto empresarial

El informe aprobado por el Pleno advierte de que el prelegislador no concreta en la norma los elementos para la fijación de la indemnización de los daños y perjuicios causados por la violación del secreto empresarial, y propone adaptar a esta materia los criterios establecidos en la Ley de Patentes, que incluyen los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas de la comisión de la infracción, las consecuencias económicas negativas (beneficios que el titular habría obtenido de no existir la infracción o beneficios obtenidos por el infractor), o la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia.

Las exportaciones aumentan un 6,5% y marcan máximos históricos

martes, 27 de marzo de 2018

21 de marzo de 2018 mineco.gob.es
Las exportaciones aumentan un 6,5% y marcan máximos históricos
España exportó en enero por valor de 22.830 millones de euros
Las exportaciones españolas de mercancías aumentaron en enero un 6,5% respecto al mismo mes del año anterior y alcanzaron los 22.830 millones de euros, máximo histórico de la serie para el mes de enero. Las importaciones crecieron un 8,9%, hasta los 26.765 millones, también en record histórico. Como resultado, el déficit comercial se situó en 3.935 millones, un 25,5% más que en el mismo mes de 2017. Con la serie desestacionalizada y corregida del efecto calendario, los incrementos serían del 3,1% para las exportaciones y del 5,1% para las importaciones.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 85,3% (87,2% en enero de 2017). En volumen, las exportaciones crecieron un 4,5%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, crecieron un 1,9%; y las importaciones se incrementaron un 6,5%, ya que los precios subieron un 2,3%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 1.124 millones de euros, (-855 millones en enero de 2017); y el déficit energético aumentó un 23,3%, hasta los 2.811 millones de euros (-2.280 millones en 2017).

Las exportaciones españolas crecieron en menor porcentaje que en la zona euro (9%), Unión Europea (8,1%), Italia (9,5%), Alemania (8,6%), Francia (8%), y Japón (12,3%). En cambio, los incrementos en Reino Unido (3%) y EEUU (6,2%) fueron menores.

Todos los sectores experimentaron crecimientos en sus exportaciones. En particular, los principales sectores fueron los bienes de equipo (representan un 17,9% del total) y ascendieron un 4,3%; alimentación, bebidas y tabaco (16,8% del total) creció un 0,4%; el automóvil (16% del total) aumentó un 3,3%; productos químicos (14,7% del total) subió un 8,6%; y manufacturas de consumo (11,1% del total) se incrementó un 24,2%.

Las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron de los sectores de manufacturas de consumo (contribución de 2,3 puntos), productos químicos (contribución de 1,2 puntos), bienes de equipo (contribución de 0,8 puntos) y semimanufacturas no químicas (contribución de 0,8 puntos).

El crecimiento de las importaciones se explica por el aumento de la demanda interna y por el incremento de las compras al exterior de productos energéticos. Los ascensos se registraron en todos los sectores: bienes de equipo (18,7% del total) subieron un 3,7% interanual; productos energéticos (16,8% del total), un 15,1%; productos químicos (15,1% del total), un 13,1%; y automóvil (12,7% del total), un 9,7%.

Las exportaciones dirigidas a la UE (68% del total) crecieron un 6,7% interanual en enero pasado. Las ventas a la zona euro (53,2% del total) aumentaron un 6,1% y las destinadas al resto de la UE (14,8% del total), un 8,9%. De entre nuestros principales socios, los mayores aumentos correspondieron a Portugal (17,6%), Reino Unido (6,4%), Alemania (5,7%) y Francia (3,2%). En el resto de Europa, las ventas a Turquía y a Rusia se incrementaron un 12,4% y 16,3%, respectivamente.

Las ventas a terceros destinos (32% del total) crecieron un 6% en este periodo, con aumentos de las exportaciones a todas las grandes zonas excepto a Oriente Medio (-9,8%). Subieron las ventas a Oceanía (45,6%), América Latina (16,3%), África (9,1%), América del Norte (0,8%) y Asia excluido Oriente Medio (0,7%).

Por países destacan los aumentos de exportaciones a mercados como Argentina (68,9%), Australia (49,9%), Nigeria (34,3%), Egipto (32,1%), México (29,9%), Taiwán (27,9%), Argelia (26,1%), Marruecos (9,9%), Canadá (2,8%) o Estados Unidos (0,6%). Se redujeron las ventas a Emiratos Árabes (-36,7%), Arabia Saudí (-18,2%), Singapur (-17,3%), Corea del Sur (-16,3%), India (-11,3%) o Hong-Kong (-8,3%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares (46,4%), Galicia (34,5%) y Extremadura (17,4%). Los mayores descensos se dieron en Asturias (-28,6%), Murcia (-8,4%) y Cantabria (-5%).

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de súplica de Jordi Sánchez y rechaza de nuevo su petición de excarcelación

martes, 27 de marzo de 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa nº 32/2018 tribunalconstitucional.es
El TC desestima el recurso de súplica de Jordi Sánchez y rechaza de nuevo su petición de excarcelación
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha desestimado el recurso de súplica presentado por Jordi Sánchez contra la decisión, adoptada el pasado 7 de marzo, de denegar su excarcelación. Sánchez había solicitado al Tribunal que suspendiera cautelarmente su situación de prisión provisional con el fin de poder asistir, el día 9 de marzo, a la sesión en la que el Parlamento de Cataluña tenía previsto celebrar el debate sobre su investidura como Presidente de la Generalitat.
En una resolución dictada hoy, el Pleno explica que, según reiterada doctrina constitucional, la suspensión cautelar de las resoluciones judiciales recurridas en amparo es una “medida provisional de carácter absolutamente excepcional”. De hecho, suspender los efectos de las resoluciones dictadas por jueces y tribunales “supone una injerencia de la jurisdicción constitucional en las decisiones adoptadas por la jurisdicción ordinaria” que, si bien puede producirse, “ha de ser abordada con cautela para evitar que este Tribunal desempeñe funciones que le están constitucionalmente vedadas”. La suspensión cautelar de esas resoluciones, señala el Tribunal, puede acordarse sólo excepcionalmente, y cuando exista riesgo de que los derechos fundamentales objeto del recurso de amparo puedan sufrir un daño irreparable.
En este caso concreto, los derechos cuya protección Sánchez reclama al Tribunal mediante el recurso de amparo presentado el 22 de noviembre de 2017 son el derecho a la libertad y el derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, son únicamente estos derechos los que el Tribunal debe examinar antes de decidir si procede o no acordar la suspensión cautelar de los autos de prisión recurridos en amparo.
Si el recurrente, advierte el Pleno, “con posterioridad a la interposición del amparo, ha visto condicionado el ejercicio de otros derechos fundamentales, por ejemplo el de participación política del art. 23 CE a consecuencia de la medida de prisión provisional, ha de denunciar dicha vulneración sobrevenida ante la jurisdicción ordinaria y después, en el oportuno proceso de amparo”. Es decir, dentro del presente proceso de amparo, Sánchez no puede denunciar que la negativa a excarcelarle vulnera su derecho de participación política, pues cuando se acordó su ingreso en prisión provisional “el recurrente en amparo no era siquiera candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña”.
El Tribunal afirma que, con su pretensión, el recurrente no sólo ignora “la interpretación restrictiva” que debe hacerse respecto de la suspensión cautelar de las resoluciones judiciales; también olvida que la negativa del Tribunal Supremo a concederle un permiso extraordinario para poder acudir a la sesión de investidura es una decisión que “aúnpuede ser objeto de recurso tanto en vía jurisdiccional como mediante recurso de amparo ante este Tribunal Constitucional, siempre que se agote la vía judicial previa”.
“La pretensión del recurrente de utilizar el recurso de súplica frente a la denegación de suspensión de medidas cautelares en el presente recurso de amparo, para abrir una suerte de recurso de amparo en paralelo es, sencillamente, inviable”, concluye el Tribunal. De hecho, supondría alterar las normas procesales que rigen por igual para todos los recurrentes.
El Tribunal explica, además, que en este caso no procede levantar la medida cautelar de prisión provisional porque supondría otorgar el amparo de forma anticipada. De hecho, dejar en suspenso ahora la prisión provisional equivaldría a corregir la decisión del órgano judicial; y la corrección de esa medida provisional es, precisamente, lo que se discute en este proceso de amparo.
Además, la suspensión cautelar de la prisión provisional “negaría toda virtualidad” a los fines perseguidos por esta medida, que la jurisprudencia de este Tribunal ha reconocido como “constitucionalmente legítimos” y “congruentes” con el objetivo de evitar el riesgo de fuga, la obstrucción a la acción de la justicia y la reiteración delictiva..
Por último, el Pleno rechaza que la decisión del Tribunal Supremo de mantener la prisión provisional sea una mera confirmación de los autos dictados por la Audiencia Nacional, únicos que han sido objeto de este recurso. Se trata “de resoluciones distintas, independientes y autónomas, que responden a argumentaciones propias de cada órgano jurisdiccional y que, por tanto, no pueden considerarse equivalentes tal y como alega el recurrente en amparo, ni pueden tenerse como objeto implícito del presente recurso de amparo”.
Madrid, 22 de marzo de 2018

Comunicado de la Comisión Permanente del CGPJ. 25 de marzo de 2018

lunes, 26 de marzo de 2018

Domingo, 25 de marzo de 2018 poderjudicial.es

Comunicado de la Comisión Permanente del CGPJ

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida hoy en sesión extraordinaria, ha aprobado la siguiente declaración:

“En el día de hoy, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tenido conocimiento del ataque producido en las inmediaciones de una las residencias del Magistrado del Tribunal Supremo, D. Pablo Llarena Conde, en una localidad de Cataluña. Y asimismo también ha tenido noticia de actuaciones similares que se han producido en las sedes judiciales de diversas localidades de Cataluña.

Ante estos hechos, la Comisión Permanente del Consejo:

1. Considera que estas acciones entrañan una manifiesta coacción sobre el Magistrado y su familia que atentan contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como miembro y servidor del Poder Judicial.

2. Ha procedido a dar cuenta de estos hechos al Ministerio del Interior a fin de que se adopten las medidas necesarias para la protección del Magistrado agredido y de su familia, así como de los restantes Jueces y Magistrados en Cataluña.

3. Ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se proceda a la investigación de los delitos que pudieran haberse cometido.

4. Hace una llamada a la sensatez y la calma a la ciudadanía en Cataluña para que cualquier discrepancia que mantenga con el contenido de las resoluciones judiciales se exprese por cauces civilizados y dentro de la Ley, en la convicción de que solo en la Ley y con respeto a la Ley es posible expresar la discrepancia; pero advierte que, en todo caso, amparará y defenderá la independencia del Poder Judicial y de quienes lo ejercen en Cataluña”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos

lunes, 26 de marzo de 2018

Miércoles, 21 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El TSJ de Madrid recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos

Estima parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Octava de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA y ha ordenado al juez que autorizó la entrada en el domicilio para llevar a cabo el desalojo que rectifique la parte dispositiva del auto e incluya en éste cautelas encaminadas a evitar situaciones de desprotección ante la eventual presencia de menores en la familia, con la advertencia de que se informe a los servicios sociales correspondientes para recabar su necesaria colaboración.

Con su decisión, los jueces, según se refleja en la sentencia, se apartan “respetuosamente” de la doctrina del Tribunal Supremo y señalan que el juicio de ponderación que se ha de adoptar en los supuestos de presencia de menores en los desalojos no afecta a la decisión de entrada, sino a la manera en que la administración debe ejecutar la misma.

El Tribunal Supremo, en un caso similar, ordenó al juzgado retrotraer las actuaciones al momento anterior a la solicitud de desalojo por parte del IVIMA para no lesionar la debida protección jurídica de los derechos e intereses de los menores de edad en el proceso de desahucio, y ordenó también que se dictase una resolución suficientemente motivada que ponderase su situación personal, social y familiar, en la que, sin entrar en juicio acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad, se respondiera, teniendo en cuenta los datos y elementos disponibles, sobre la afectación de los derechos e intereses de los menores afectados por la decisión judicial.

La Sala del TSJ de Madrid entiende, sin embargo, que las circunstancias personales de precariedad y necesidad, por “muy atendibles que puedan ser en los ámbitos propios de los servicios sociales asistenciales de la administración”, no pueden servir para paralizar la concesión de entrada solicitada, ya que esta circunstancia convertiría al juez que tramita el asunto “no en un juez garante de la inviolabilidad del domicilio y de la ejecutividad del acto, sino en un juez revisor del acto mismo, alterando el sistema de ejecutividad de los actos administrativos”, al que sólo se le permitiría adoptar medidas en orden a la ejecución de entrada tendentes a la protección efectiva del menor.

En el asunto presente, se trata de una mujer que reside en una vivienda propiedad del IVIMA con una hija menor de edad, nacida en el año 2002, sobre la que perdió el derecho de uso tras el fallecimiento de su marido en 2004 al extinguirse la relación contractual.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acuerda la prisión provisional incondicional de Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell

lunes, 26 de marzo de 2018

Viernes, 23 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acuerda la prisión provisional incondicional de Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell

Por riesgo de fuga y de reiteración delictiva

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional incondicional de los exconsellers del Govern de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa y de la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell.

El juez ha tomado esta decisión una vez celebradas laa comparecencias del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal después de haberles procesado por un delito de rebelión y, en el caso de los cuatro exconsellers, también de malversación.

En los autos de prisión, el juez aprecia un grave riesgo de fuga en los encausados derivado de la grave punción a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, en un momento en el que las sospechas que se plasmaban al inicio del proceso son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados.

Condenan a una empresa a indemnizar a una trabajadora que cobró menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo

domingo, 25 de marzo de 2018

Viernes, 23 de marzo de 2018 poderjudicial.es

Condenan a una empresa a indemnizar a una trabajadora que cobró menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo

La Sala de lo Social del TSJA confirma la sentencia de un Juzgado de lo Social que había condenado a la empresa por discriminación salarial por razón de sexo

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga ha confirmado íntegramente la sentencia de un Juzgado de lo Social que condenó a una empresa a indemnizar con 35.000 euros a una trabajadora que los demandó por cobrar menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo. La trabajadora alegó una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación al percibir una retribuciones inferiores a las que se le abonan a los otros responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.

El Juzgado de lo Social número 2 de Málaga condenó a la empresa demandada a restituir el derecho de la trabajadora a percibir el salario del resto de responsables de departamento y condenó a la empresa a abonar la indemnización de 35.000 euros por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial.

La sentencia del TSJA recoge que la trabajadora, durante los años 2010 a 2017 “ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros responsables de departamento, habiendo llegado a dicha conclusión el Magistrado de instancia tras analizar los diferentes recibos de salarios y justificantes de retribuciones”.

La trabajadora demandó a la empresa al sentirse discriminada salarialmente respecto de sus compañeros de trabajo varones que ostentaban el mismo puesto de trabajo de responsable de departamento.

La sentencia señala que “no toda desigualdad de trato supone una infracción del contenido del artículo 14 de la Constitución Española, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”.

Así, se recoge que la trabajadora durante los años 2014, 2015 y 2016 ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones, pues en el año 2014 la demandante percibió un total de 37.897, 60 euros, mientras que el resto de sus compañeros de idéntica categoría percibieron una retribuciones comprendidas entre los 39.622,56 euros y los 41.122,64 euros, incrementándose dichas diferencias en el año 2015 (la actora percibió 37.897, 60 euros frente a los 42.022 € de sus compañeros) y en el año 2016 (38.047 euros de la actora frente a 43.650,04 euros de uno de sus compañeros y 48.950,12 euros de los tres restantes).

Asimismo, prosigue la sentencia, “consta probado que la cantidad abonada a la actora en concepto de incentivo era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento, existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 euros».

La inversión extranjera en España alcanzó los 36.122 millones de euros, un 0,7% más que en 2016

sábado, 24 de marzo de 2018

20 de marzo de 2018 mineco.gob.es
La inversión extranjera en España alcanzó los 36.122 millones de euros, un 0,7% más que en 2016
La inversión se sitúa en máximos desde 2008
La inversión extranjera en España en 2017 alcanzó los 36.122 millones de euros, la cifra más alta desde 2008 y un 0,7% superior a la de 2016, según los datos del Registro de Inversiones Extranjeras (RIE) de la Secretaría de Estado de Comercio. En términos netos, la inversión extranjera se situó en 24.545 millones de euros, un 12,3% menos que en 2016. Las cifras de flujos de inversión directa suelen ser muy volátiles ya que una sola operación de envergadura puede alterar significativamente al alza o a la baja las comparaciones, por lo que es pertinente contrastarlas con medias de los últimos años. Así, la comparación con la media de los últimos cinco años refleja un aumento de la inversión bruta del 25,6% y del 18,7% en términos netos.

La inversión productiva extranjera (descontadas las ETVE -entidades de tenencia de valores extranjeros- que son financieras y no generan efectos económicos reales significativos) experimentó un descenso del 7,2% hasta los 23.758 millones en términos brutos. En neto se situó en 12.323 millones, un 36% menos que un año antes. La inversión bruta en ETVE alcanzó 12.365 millones, con un crecimiento del 20,6%, debido sobre todo a tres operaciones puntuales que equivalen al 73% de la inversión total en este tipo de entidades.

La disminución de la inversión productiva neta se explica por el incremento de las desinversiones en un 80,1%. Parte importante de este ascenso corresponde a una única operación de venta de una participación en una compañía por parte del inversor extranjero a una sociedad española, pero en realidad este movimiento accionarial no tiene impacto negativo en la economía puesto que no supone reducción de la actividad empresarial. Lo mismo ocurre con la mayoría de las ventas registradas en el año.

Las inversiones extranjeras para nuevas aportaciones a empresas por parte de los inversores extranjeros (constituciones y ampliaciones), que son las que tienen impacto sobre el empleo, suponen el 78,7% de la inversión productiva bruta y aumentaron un 52%. La adquisición de empresas ya constituidas supone el 21,3% restante y descendió un 62%.

Los principales países inversores son Luxemburgo (20,9%), Alemania (13,6%), Reino Unido (13,1%), Estados Unidos (10,7%) y Francia (9,7%). Entre los cinco concentran el 68% del total. EEUU dejó de ser el primer inversor (caída del 50,1%) y pasó a ocupar la cuarta posición. Suiza aumentó sus inversiones un 347,8% respecto a 2016, debido al efecto de una sola operación.

Por regiones, los países de la OCDE, que acaparan el 93,1% de las inversiones, registraron un descenso del 5,3%. También cayeron las inversiones procedentes de áreas como Latinoamérica (66,7%), América del Norte (52,8%) y Asia y Oceanía (76,8%). Las inversiones procedentes de la UE (que concentran el 70,2%), aumentaron un 18,7% y las de África lo hicieron un 344,8%, debido fundamentalmente a dos inversiones.

Los principales sectores de destino de la inversión productiva fueron actividades inmobiliarias (13,2% del total), suministro de energía eléctrica y gas (10,3% del total), servicios financieros (7%), telecomunicaciones (6,7%) y comercio al por mayor (6,4%). Estas cinco rúbricas acaparan casi la mitad de la inversión del año.

La Comunidad de Madrid, con 14.521 millones (61,1% del total y aumento del 24,7%); Cataluña, con 3.093 millones (13% del total y un descenso del 39,8%) y País Vasco, con 2.616 millones (11% del total y un aumento del 70,8%) concentran el 85,1% de la inversión productiva. Cataluña volvió al segundo puesto que había perdido en el tercer trimestre debido a una recuperación de la inversión entre octubre y diciembre pasados (910 millones), a pesar de que fue prácticamente la mitad de la registrada en el mismo periodo de 2016 (1.764 millones). El peso de la inversión en Cataluña respecto al conjunto del país ha pasado del 20,1% en 2016 al 13% en 2017. Si la comparación se lleva a cabo con la inversión media de los últimos cinco años, la caída registrada en 2017 alcanza el 23,9%.

Inversión española en el exterior

En 2017 la inversión española en el exterior alcanzó los 30.736 millones de euros, un 42% menos que en 2016. En neto, se situó en -2.606 millones de euros, un 106,5% menos que un año antes. La inversión productiva bruta alcanzó los 19.761 millones de euros, un 47% menos, y en términos netos se situó en -9.856 millones, un 137,8% menos que en 2016. La caída de la inversión neta se debe fundamentalmente a una operación de reestructuración societaria de un grupo extranjero por la que una sociedad española absorbe una filial en el exterior, liquidando por tanto su inversión.

El destino principal de la inversión productiva española bruta fue EEUU, que, a pesar de registrar una caída del 45% respecto a 2016, incrementó su porcentaje relativo sobre el total hasta el 14,2% (desde el 13,7%). Le siguió Francia, con 2.795 millones y una cuota que pasó del 1,2% al 14,1%. La tercera posición la ocupó México, que recibió 1.567 millones de euros (643 en 2016), lo que representa un 8,7% del total. Destacó el incremento de las inversiones en Colombia (216,6%) y en Portugal (115,6%) así como la caída de las dirigidas a Irlanda (77,5%) y Reino Unido (93,6%).

El Tribunal Supremo desestima los recursos de Joaquim Forn y Jordi Sànchez contra su prisión provisional

sábado, 24 de marzo de 2018

Jueves, 22 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo desestima los recursos de Joaquim Forn y Jordi Sànchez contra su prisión provisional

La Sala Segunda coincide con el magistrado instructor, Pablo Llarena, en que existe riesgo de reiteración delicitiva

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha dictado dos autos en los que acuerda desestimar los recursos de apelación planteados por el exconseller de Interior catalán Joaquim Forn y por el expresidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) Jordi Sànchez contra su situación de prisión provisional. En ambos casos, la Sala comparte con el juez instructor Pablo Llarena que existe riesgo de reiteración delictiva que motiva la decisión.

En el auto relativo a Joaquim Forn, el tribunal indica, en primer lugar, que el recurrente mostró una especial determinación en la ejecución de los hechos delictivos que se le imputan, “cuya organización y ejecución se prolongó durante un periodo cercano a los dos años”, “hechos entre los que se encuentran aquellos que se orientaban a a incitar a los ciudadanos a votar en un referéndum ilegal como paso previo a la independencia a pesar de la oposición evidente del Estado, y a permitir el enfrentamiento físico de los ciudadanos con las fuerzas policiales que trataban de asegurar el cumplimiento de la ley”.

Como segundo punto, la Sala recuerda que Forn ocupó entonces un cargo de especial responsabilidad como conseller de Interior, desde el cual se impulsaron y cometieron los hechos que indiciariamente se consideran delictivos, lo que le convertía en uno de los referentes de sus partidarios, “situación que previsiblemente recuperaría en caso de obtener la libertad provisional”.

En tercer lugar, la Sala considera un hecho notorio que, en este momento, no existen indicios claros de que aquellos que cometieron los hechos que se investigan hayan abandonado definitivamente la voluntad de enfrentamiento directo con el Estado con la finalidad de obtener la independencia, lo cual aumenta las posibilidades de reiteración delictiva.

Por último, la Sala tiene en cuenta la gravedad de los hechos y la intensidad correlativa del posible daño a los bienes jurídicos protegidos, por lo que el interés público aconseja el aseguramiento de tal protección aunque sea sacrificando la libertad individual del recurrente.

En relación con la posición mantenida por el fiscal, que solicitó en la vista del recurso la libertad bajo fianza de 100.000 euros de Forn, el tribunal señala que en su exposición el Ministerio Público se limitó a señalar en primer lugar que no existía riesgo de reiteración delictiva lo que no acompañó de argumento alguno de sentido contrario a los desarrollados por la propia Fiscalía en el informe de alegaciones por escrito presentado el 19 de febrero ante la Sala, en el que, conocidas ya las manifestaciones del recurrente sobre su abandono de la actividad política y su renuncia al escaño, asumió el criterio del instructor y solicitó la confirmación del auto recurrido.

En segundo lugar, el fiscal mencionó una enfermedad del recurrente “cuya existencia –destaca el auto—no consta a esta Sala, y que no fue alegada ni documentada por la defensa”. El tribunal, teniendo en cuenta estos dos aspectos, concluye que no se aprecian razones derivadas de las mencionadas alegaciones que puedan ser consideradas suficientes para rectificar el criterio del instructor, “sin perjuicio de que el mismo, en momentos posteriores, pueda valorar esos aspectos en relación con todos los demás que resulten de la instrucción de la causa y de la eventual modificación de las circunstancias concurrentes para adoptar en cada momento la resolución que resulte a su criterio procedente”.

En relación con el recurso presentado por Jordi Sànchez, la Sala afirma que en este caso “resulta evidente que la magnitud de los indicios y la apariencia de buen derecho, junto con una motivación precisa permiten concluir que la decisión adoptada fue respetuosa con los derechos a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el juicio de proporcionalidad inherente a la gravedad de los delitos y sus penas y el derecho a la libertad, pues ponderaba adecuadamente, en una resolución motivada, los derechos a la libertad provisional y a la presunción de inocencia con los fines constitucionalmente legítimos con los que un Estado de Derecho protege la paz pública, el orden social y la seguridad democrática que está en la base de su propia pervivencia. El respeto a la ley que los investigados despreciaron con sus actuaciones criminales ha sido precisamente el que ha presidido el dictado de esta resolución, que solo sobre el presupuesto de fundadas razones sacrificaba los derechos invocados”.

Del mismo modo, la Sala niega que se hayan vulnerado los derechos a la libertad ideológica y a la participación en asuntos públicos del recurrente. “No existen presos políticos en esta causa, sino políticos que están presos por haber cometido indiciariamente delitos gravísimos de rebelión y sedición entre otros, donde, no existiendo víctimas individualizadas, son atacados los bienes jurídicos colectivos protegidos. Pretendían, con violencia, absolutamente imprescindible para consumar sus propósitos de sustitución de la legalidad constitucional por otra distinta y espuria, segregar de España un aparte de su territorio. Y ese es un gravísimo delito contra la Constitución española”.

“Con arreglo a ello, resulta evidente, por tanto, que respecto del investigado -en el plano indiciarlo propio de este momento- desde su posición de influencia en las movilizaciones multitudinarias y su compromiso de integrarse en una candidatura que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el juicio de reiteración delictiva surge nítido”, señala el auto.

Añade que es así “en atención a los parámetros exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de previsible continuación prolongada de actos punibles, gravedad de los perjuicios sufridos por las víctimas con la crisis política, económica, y constitucional abierta en Cataluña por el intento de segregación violenta de ese territorio de la unidad nacional, la personalidad del acusado como icono (la calificación del Instructor como «carismático», sin duda se refiere simplemente al sentido dado por el Diccionario de la Real Academia, como «dotado de un don») de asociaciones expertas en movilizaciones populares, la perturbación del orden público provocada por la infracción penal, la experiencia y el grado de capacidad del imputado para facilitar la repetición de los actos delictivos, o las exigencias del interés público en atención a la particulares circunstancias del caso”.

El Tribunal Supremo establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas incumbe al prestatario

viernes, 23 de marzo de 2018

Miércoles, 21 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas incumbe al prestatario

El Pleno de la Sala Primera notifica la sentencia cuyo fallo adelantó el pasado 28 de febrero en la que resuelve dos recursos sobre el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha estudiado este miércoles dos recursos relativos a reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria que les atribuían todos los gastos e impuestos generados por la operación.

En concreto, el alto tribunal discutía únicamente lo relativo al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los magistrados estiman en parte los recursos y establecen que: a) por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala III del propio Supremo; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.

La nota informativa facilitada por la Sala Primera señala lo siguiente:

“El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto en el día de hoy dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación.

El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

El Colegio de Registradores y CEOE refuerzan su colaboración

viernes, 23 de marzo de 2018

registradores.org
21.03.18.-

El director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores de España, Fernando Acedo-Rico, y la secretaria general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Ana Plaza Arregui han renovado el convenio de vinculación de la institución registral con la CEOE, ampliando además la colaboración entre ambas. Este convenio se enmarca dentro de la política de relaciones institucionales con todos los organismos de su ámbito que la actual Junta de Gobierno está intensificando como uno de sus ejes de actuación.

Así, el Colegio de Registradores formará parte del Consejo Asesor del Presidente y podrá participar en todos los Órganos Consultivos de CEOE, entre los que están, por ejemplo, la Comisión de Infraestructura y Urbanismo, la de Mercado Interior o la de la Unión Europea.

Además de la participación en los actos, eventos y viajes organizados por la CEOE, entre los nuevos ámbitos de colaboración también se incluye el intercambio de documentación que le permitirá al Colegio de Registradores el acceso a los documentos e informes elaborados por CEOE, cuya información pueda afectar de forma directa a la actividad desarrollada por la institución registral o sus colegiados.

El instructor en el Tribunal Supremo de la causa por el proceso secesionista de Cataluña notificará el próximo viernes el auto de procesamiento

jueves, 22 de marzo de 2018

Miércoles, 21 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El instructor en el Tribunal Supremo de la causa por el proceso secesionista de Cataluña notificará el próximo viernes el auto de procesamiento

El magistrado Pablo Llarena cita para las 10:30 horas de ese día a todas las partes personadas para comunicarles la resolución

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este miércoles una providencia en la que cita para el próximo viernes 23, a las 10:30 horas, a todas las partes personadas en la causa que instruye en relación con el proceso secesionista de Cataluña para notificarles el auto de procesamiento.

Llarena ha citado a la misma a seis de los investigados –la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; los exconsellers del Govern Jordi Turul, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa; y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya Marta Rovira- acompañados de letrado «a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Ese precepto se refiere a la convocatoria por parte del juez o tribunal de una audiencia “en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza”.

La jueza procesa por prevaricación al alcalde de Alicante por el despido de la cuñada del portavoz de la oposición

jueves, 22 de marzo de 2018

Miércoles, 21 de marzo de 2018 poderjudicial.es

La jueza procesa por prevaricación al alcalde de Alicante por el despido de la cuñada del portavoz de la oposición

La instructora archiva la causa respecto del concejal de Recusos Humanos. Entiende que actuó de manera “arbitraria” y con una “evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder”

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Instrucción número dos de Alicante ha finalizado la instrucción y ha dictado auto de procedimiento abreviado en la causa abierta para investigar al alcalde del municipio, Gabriel Echávarri, por el despido irregular de una trabajadora del Consistorio, cuñada del portavoz de la oposición en el Ayuntamiento.

La instructora encuentra indicios de la comisión de un delito de prevaricación en la actuación del primer edil y considera que despidió a la funcionaria interina “como represalia” por ser cuñada del portavoz municipal del Partido Popular, Luis Barcala, que días antes le había denunciado por supuesto fraccionamiento de contratos

En su auto, la magistrada considera que no hay duda de que el alcalde “ordenó el despido inmediato de “la cuñada de Barcala”, sin hacer mención alguna a la causa por la cual debía ser cesada” un día después de que el concejal de la oposición interpusiera la denuncia por fraccionar contratos, hechos por lo que Echávarri también ha sido procesado en otra causa instruida por otro juzgado.

Añade la resolución que existen indicios de que el Decreto de cese de la funcionaria “obedece únicamente a la voluntad del alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder, dando apariencia de legalidad a su voluntad que se erige como fuente del derecho”. Explica que Echávarri actuó de forma “arbitraria”, y “para dar forma jurídica a la orden recibida los técnicos elaboran un Decreto de cese, indicando como causa del mismo realizaba trabajos para el Centro de las Artes y en La Lonja de Pescado, destino distinto a aquel para el que había sido nombrada con ocasión de la puesta en marcha del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y Las Cigarreras y en ese momento se dedicaba a preparar las exposiciones en el Centro de las Artes y en La Lonja de Pescado.

En cuanto al concejal responsable del área de Recursos Humanos, Carlos Giménez, la jueza considera que no ha quedado suficientemente acreditado que cometiera el delito por el que se le investigaba y acuerda el sobresemiento provisional de la causa.

La magistrada concluye que el concejal actuó “movido por la preeminencia orgánica del Alcalde respecto a él y por dictamen de los técnicos del Ayuntamiento, no habiendo tenido más intervención que la firma del Decreto que fue dictado por orden directa” del primer edil alicantino.

Con el auto dictado por Instrucción 2 y notificado hoy a las partes, la jueza acaba la investigación, transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y le comunica a las partes que se abre plazo para que pidan la apertura de juicio oral, presenten los escritos de acusación en los que concretarán delitos y penas, o bien soliciten el archivo de la causa. En este trámite y de manera excepcional acusaciones y defensa pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.

Con esta resolución, que puede ser recurrida ante la Audiencia provincial, el asunto queda listo para el juicio si alguna de las acusaciones personadas lo solicitan.

Unai Sordo advierte de que seguirán las movilizaciones si no se cambian las políticas y se produce un reparto del crecimiento económico más justo

miércoles, 21 de marzo de 2018

Unai Sordo advierte de que seguirán las movilizaciones si no se cambian las políticas y se produce un reparto del crecimiento económico más justo

Centenares de miles de personas se han manifestado en todo el país
«Hoy, ya, se pueden tomar medidas para mejorar los ingresos del sistema y revalorizar las pensiones para que las personas pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Es perfectamente posible.»

Marzo trae vientos de movilización. Si el 8 de marzo el grito de igualdad de las mujeres resonó en las calles con más fuerza que nunca, este 17 de marzo son los pensionistas los que han vuelto a alzar la voz para exigir una mayor subida de las pensiones, según el incremento de los precios, y defender el sistema público de pensiones.
17/03/2018. ccoo.es

Ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, pero muy mayoritariamente pensionistas y jubilados, han recorrido las calles de más de cien localidades contra la subida de las pensiones de solo el 0,25%, lo que supone una nueva pérdida de poder adquisitivo en 2018. Además, los objetivos de CCOO, UGT con estas movilizaciones incluía derogar la reforma que impuso el Gobierno del PP en 2013, especialmente la fórmula de revalorización de las pensiones y el llamado factor de sostenibilidad, y mejorar significativamente los ingresos del sistema público de pensiones.

En declaraciones a los medios de comunicación por la mañana antes del comienzo de la manifestación en Madrid, que se ha desarrollado bajo una intensa lluvia, que por momentos ha sido nieve, y con una masiva asistencia que ha desbordado las calles del recorrido previsto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que los centenares de miles que están saliendo hoy a la calle constituyen “un auténtico aguacero” de trabajadores y pensionistas que tiene que ser atendido por parte del Gobierno».

Para el secretario general de CCOO, si el Gobierno sigue sin escuchar lo que sucede en las calles y no toma medidas para fomentar un reparto de la riqueza más justo “va a provocar un estallido social, va a haber una creciente movilización”. En su opinión, como se ha visto hoy, han reaccionado los pensionistas, pero va a salir a la calle mucha más gente que los jubilados y pensionistas. “Va a salir a las calles la gente joven también porque no se trata solo de cuanto suben las pensiones este año, sino que se trata también de garantizar las pensiones futuras”, aseguró.

En este punto Unai Sordo se dirigió al Gobierno demandando que haga propuestas, y que restablezca los consensos del Pacto de Toledo que rompieron con la reforma de 2013. Tras exigir que se revierta la reforma de 2013, una reforma que “acarreará en las próximas décadas una caída brutal de las pensiones en España”, subrayó que “Hoy, ya, se pueden tomar medidas para mejorar los ingresos del sistema y revalorizar las pensiones para que las personas pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Es perfectamente posible, es cuestión de voluntad política, de querer salirse de la lógica de los recortes, del empobrecimiento de la mayoría social”, señaló.

En caso contrario, el secretario general de CCOO advirtió de que los sindicatos están dispuestos a seguir con el proceso de movilizaciones para cambiar la orientación de las políticas. “No no nos vale el crecimiento sin distribución. El crecimiento o es justo, o es inclusivo, o equitativo, se reparte la riqueza, o no le vale a la sociedad española”, concluyó.

La manifestación de Madrid concluyó en la plaza junto al Museo Reina Sofía donde los artistas Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel y María Botto leyeron un manifiesto firmado por CCOO, UGT y más de 200 organizaciones y personalidades del mundo de la cultura que pide el blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar ahora y en el futuro unas pensiones dignas.

En el transcurso de la segunda manifestación celebrada en Madrid en defensa del sistema público de pensiones, en la que también ha participado el sindicato, Unai Sordo ha señalado que “CCOO, junto con los distintos movimientos sociales que estamos convocando estas enormes movilizaciones en toda España, queremos decir que el sistema de pensiones es viable y que el gobierno tiene un problema social de primera magnitud si no atiende estas reivindicaciones”. “Hay que cambiar las políticas, hay que revalorizar las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo, hay que derogar la reforma de 2013 y hay que garantizar la futura viabilidad de las pensiones”, ha reiterado el secretario general de CCOO, manifestando que “es posible hacerlo, es una cuestión de voluntad política y si el Gobierno no atiende a razones va a tener que atender al reclamo y al clamor que se va a hacer, que ya se está haciendo, desde las calles de este país”.

El 98,3 por ciento de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados en cláusulas abusivas fueron favorables al cliente

martes, 20 de marzo de 2018

Viernes, 16 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El 98,3 por ciento de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados en cláusulas abusivas fueron favorables al cliente

En 22 de las 50 provincias españolas, el cien por cien de las resoluciones notificadas el año pasado fueron estimatorias. El número de sentencias dictadas, que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre fue de 1.230, se incrementó hasta las 8.096 en el último trimestre del año. El total de asuntos ingresados en estos órganos judiciales en el segundo semestre de 2017 fue de 138.156, a los que hay que sumar los casi 16.000 recibidos entre el 1 y el 30 de junio

Autor:Comunicación Poder Judicial

El 98,3 por ciento de las 9.326 sentencias dictadas el año pasado por los Juzgados de Primera Instancia especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fueron favorables al cliente.

Así lo revelan los datos contenidos en el anexo sobre cláusulas suelo que la Comisión Nacional de Estadística Judicial acordó incorporar a los boletines estadísticos el año pasado y que los letrados de la Administración de Justicia comenzaron a cumplimentar en el tercer trimestre de 2017. El primer plan de urgencia sobre cláusulas abusivas había entrado en funcionamiento un mes antes, el 1 de junio.

El plan consistía en la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- para conocer de manera exclusiva y no excluyente de esta clase de asuntos, que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

La información recogida muestra que el número de sentencias dictadas por los juzgados especializados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, teniendo en cuenta que los órganos judiciales se dedicaron fundamentalmente a la tramitación de las demandas ingresadas y que el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción civil, fue de 1.230, de las que el 99, 3 por ciento fueron estimatorias.

La cifra de resoluciones notificadas se incrementó notablemente en el siguiente trimestre, el último del año, alcanzando las 8.906, de las que el 98,1 por ciento fueron favorables al cliente.
El total de asuntos ingresados en los juzgados especializados en el segundo semestre de 2017 fue de 138.156. A esta cifra hay que añadir los 15.801 que tuvieron entrada entre el 1 y el 30 de junio, periodo que queda fuera del recogido en los boletines estadísticos.

Un cien por cien de sentencias estimatorias en 22 provincias

La información recogida refleja asimismo que en 22 de las 50 provincias españolas el porcentaje de sentencias favorables al cliente fue del cien por cien en 2017.

Así, todas las resoluciones dictadas el año pasado fueron estimatorias en Albacete, Ávila, Barcelona, Badajoz, Cantabria, Castellón, Córdoba, Girona, Huelva, Huesca, Lugo, Lleida, Málaga, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Toledo y Zamora.

La nueva ‘APP’ de la Agencia Tributaria permitirá a más de 4.850.000 contribuyentes presentar su declaración de la Renta ‘en un clic’

lunes, 19 de marzo de 2018

Anticipación de servicios de asistencia de Renta 2017

La nueva ‘APP’ de la Agencia Tributaria permitirá a más de 4.850.000 contribuyentes presentar su declaración de la Renta ‘en un clic’

Jueves 15 de marzo de 2018 lamoncloa.gob.es

Renta 2017
Ministerio de Hacienda y Función Pública

Los contribuyentes que el año pasado confirmaron sin cambios su Renta en una oficina de la AEAT, recibirán desde una carta con los datos fiscales, la casilla 450 para obtener el número de referencia e información sobre el plan ‘Le Llamamos’ de confección telefónica de declaraciones mediante llamadas al contribuyente.
La Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes una nueva aplicación móvil que, a partir del próximo 4 de abril, permitirá presentar la Renta 2017 ‘en un solo clic’ para las declaraciones más sencillas (se estima un colectivo de beneficiarios de al menos 4.850.000 contribuyentes) y también será una potente herramienta de asistencia para el resto de declarantes, al facilitar la obtención del número de referencia, la visualización de los datos fiscales y la recepción de mensajes ‘push’ con información de interés como el momento de la emisión de su devolución.

Se estima que, potencialmente, la nueva ‘APP’ podrá ser descargada en más de 44 millones de teléfonos móviles, permitiendo a los contribuyentes acceder a los servicios de la Agencia Tributaria desde cualquier ubicación y en cualquier momento, con lo que se simplifica a los ciudadanos la gestión de sus trámites más frecuentes.

La APP está disponible desde hoy en los ‘markets’ de Google y Apple para todos los teléfonos móviles (y tabletas, en su caso) que funcionen con Android e iOS. Adicionalmente, por razones de seguridad, su utilización para servicios personalizados como la gestión y presentación de declaraciones de Renta exige que el terminal cuente con un sistema de bloqueo de pantalla activado.

Una vez descargada la aplicación, para acceder a los servicios personalizados el contribuyente deberá identificarse mediante el número de referencia, que se podrá obtener por tres vías: con la casilla 450 de la declaración del año anterior, el NIF y su fecha de validez; o bien mediante ‘Clave PIN’ o certificado electrónico. A continuación, le aparecerá el número de referencia -que quedará almacenado en la aplicación para usos posteriores- y podrá aceptar la recepción de mensajes ‘push’ en la APP.

Presentación ‘en un clic’

En el caso de las declaraciones más sencillas, aquellas en las cuales la Agencia dispone de información suficiente para su presentación directa, los contribuyentes, una vez que verifiquen los datos, podrán presentar la Renta en un solo clic.

Para estas declaraciones, si el contribuyente quiere hacer alguna modificación, o incorporar algún dato adicional, la APP le ofrece la opción en el propio terminal accediendo a Renta Web. A continuación, puede finalizar el proceso en el propio móvil, dado que la aplicación se mantendrá en segundo plano para que el contribuyente pueda volver y presentar la declaración.

Al resto de perfiles de contribuyentes, los que necesariamente tienen que aportar información para poder presentar, la aplicación les derivará desde un principio a Renta Web.

La APP admite hasta 20 perfiles de usuario, cada uno con su número de referencia, lo que permitirá la confección y presentación de declaraciones de familiares y allegados, y también el cálculo de la opción más favorable entre declaraciones individuales y conjuntas.

Adelanto de servicios de asistencia

La puesta en funcionamiento de la nueva APP se combina con el adelanto, también, de otros servicios de asistencia que la Agencia Tributaria ha decidido este año anticipar para que el contribuyente pueda prepararse con más tiempo y, si así lo desea, estar en disposición de presentar su declaración desde el primer día a través de internet, cauce de presentación que el pasado año ya utilizaron el 88% de los contribuyentes.

Así, desde hoy mismo todos los contribuyentes podrán solicitar su número de referencia y visualizar en la página web de la AEAT (www.agenciatributaria.es) y en la APP sus datos fiscales.

También desde hoy comienzan los envíos postales a un colectivo de 860.000 contribuyentes que el pasado año acudieron a una oficina de la Agencia, pero se limitaron a confirmar sin cambios la propuesta de declaración que les había confeccionado la AEAT.

Estos contribuyentes, que presumiblemente en la mayoría de casos podrán presentar su Renta de manera sencilla desde el primer día y, en su caso, obtener antes la devolución que les corresponda sin esperar a la asistencia presencial en mayo y junio, recibirán desde hoy una carta con sus datos fiscales, la casilla 450 para obtener el número de referencia y la información de los servicios de asistencia.

Plan ‘Le Llamamos’

A estos contribuyentes se les indicará también la posibilidad de aprovechar, al igual que todos los que cuenten con perfil de asistencia telefónica, el denominado plan ‘Le Llamamos’.

Este plan, que junto con la APP es la gran novedad de la campaña, ya tuvo el pasado año un antecedente en forma de plan piloto, que se extiende ahora a un amplio colectivo de contribuyentes y se abre el primer día de campaña, el 4 de abril, mediante un sistema de cita previa que puede solicitarse a partir del mismo día 4 de abril.

Las citas se facilitarán en tramos de 15 minutos, entre las 9 y las 20.30 horas, según la disponibilidad del contribuyente, que deberá tener a disposición la información necesaria para realizar la declaración en el momento acordado para recibir la llamada de la Agencia.

Con la combinación de estas dos nuevas herramientas, la APP y el plan ‘Le Llamamos’, así como con las continuas mejoras en Renta Web y el resto de servicios telemáticos tradicionales, se prevé que, de manera natural, se reduzca el número de contribuyentes que necesitan atención presencial para confeccionar y confirmar su declaración, de manera que se podrá ir dedicando mayores esfuerzos en la asistencia en oficinas para rentas más complejas.

Mejorar el poder adquisitivo de las personas, mejorará la calidad del consumo

domingo, 18 de marzo de 2018

Mejorar el poder adquisitivo de las personas, mejorará la calidad del consumo
UGT | jueves, 15 de marzo de 2018  ugt.es

•UGT hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a que conozcan y ejerzan sus derechos como consumidores.
•Denuncia que es el poder judicial y no el Gobierno, quien está respondiendo a las demandas de la sociedad en materia de consumo.
•Exige una política específica y diferenciada para el consumo y beneficios sociales para la población más desfavorecida y más golpeada por la crisis.
Mucho se ha avanzado desde que, allá por los años 50 del pasado siglo, se comenzase a hablar del consumidor como sujeto de derechos y surgiese un incipiente movimiento consumista que aquí en nuestro país llegaría más tarde, pero queda camino por recorrer. El Día Mundial de los Derechos de los Consumidores es una jornada reivindicativa en la que los ciudadanos en general y los trabajadores en particular, demandamos nuestros derechos como consumidores. Unos derechos que no son estáticos sino dinámicos, en consonancia con los tiempos que nos toca vivir y luchar.
La Unión General de Trabajadores quiere aprovechar esta jornada para hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras en su condición de consumidores y recordarles que tienen derechos que les protegen y que deben ejercitarlos y reconocer con ello la relevancia social que dicha protección tiene como instrumento al servicio de un desarrollo económico y social justo, equitativo y sostenible en el tiempo.
Las decisiones de consumo de los trabajadores y trabajadoras se han visto modificadas tras las pérdidas de poder adquisitivo de los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales y debido a que el empleo que se genera está mal remunerado y es de muy baja calidad. Por ello el sindicato considera que es absolutamente necesario mejorar el poder adquisitivo de los salarios para garantizar un crecimiento económico sostenible, una mayor renta disponible y con ello reducir las desigualdades sociales y la pobreza.
Nuestros gobernantes, parecen ir a remolque en materias de protección al consumidor,  teniendo que ser los tribunales de justicia quienes a través de sus sentencias reconozcan y amparen esta materia: cláusulas suelo, vencimiento anticipado de las hipotecas, plusvalías, devolución de los gastos hipotecarios…etc. Está teniendo que ser el poder judicial el que está respondiendo a las demandas de la sociedad, no el Gobierno.
UGT subraya que resulta primordial que se implementen medidas legislativas que fomenten beneficios sociales desde el consumo para la población más desfavorecida, tales como la supresión de comisiones y gastos bancarios para aquellas familias y trabajadores que perciban una pensión o prestación de naturaleza no contributiva o asistencial o bien el que se aplique un IVA superreducido (4%) para productos de higiene íntima femenina o en los pañales de bebés, entre otras.
El sindicato entiende que es el momento de reivindicar una política específica y diferenciada para el consumo y demanda que esta materia deje de depender únicamente del Ministerio de Sanidad, limitando esta materia al ámbito sanitario. El consumo es algo más, por eso UGT aboga por una política singularizada, con poder ejecutivo y más si tenemos en cuenta el volumen de reclamaciones (más de un millón) y los sectores económicos afectados (telecomunicaciones, consumo colaborativo, protección de datos, bancos, aseguradoras, compañías suministradoras de luz, agua, gas, etc.).
Hay que defender la presencia institucional de los agentes sociales en los órganos de representación de los Consejos de Consumidores, tanto a nivel estatal como en el conjunto de las comunidades autónomas y entidades locales, e impulsar los cambios normativos necesarios para reorganizar y redefinir el consumo y los nuevos hábitos de consumo, mediante políticas globales, teniendo las políticas de consumo carácter transversal dentro de las Administraciones Públicas y exigiendo de éstas una mayor implicación y coordinación.

Más de un centenar de manifestaciones recorrerán el país en defensa de las pensiones públicas

sábado, 17 de marzo de 2018

Más de un centenar de manifestaciones recorrerán el país en defensa de las pensiones públicas
CCOO y UGT han convocado para el sábado, 17 de marzo, más de un centenar de manifestaciones y concentraciones en todo el país para exigir pensiones dignas, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la defensa del Sistema Público de Pensiones. CCOO y UGT, como han hecho en los últimos meses desde la exitosa marcha por las pensiones dignas desarrollada en septiembre y octubre del año pasado, animan a participar activamente en las manifestaciones y concentraciones que han convocado para el próximo sábado en todo el Estado y reiteran que continuarán con las movilizaciones hasta conseguir que el Gobierno deje de empobrecer a los pensionistas actuales y futuros y lograr un sistema de pensiones público, eficiente y viable en este país.
15/03/2018. ccoo.es

Los sindicatos hacen un llamamiento a la participación de la ciudadanía en estas movilizaciones porque no se puede consentir que el Gobierno siga empobreciendo a los pensionistas que pierden poder adquisitivo, cuando la economía crece al 3% y los precios se sitúan en el 1,1%, mientras les suben la pensión el 0,25%.

Es necesario exigir un modelo público de pensiones eficaz, eficiente y viable, algo que es incompatible con la reforma que el Partido Popular aprobó en solitario en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo. Una reforma que el Gobierno, que ya no tiene la mayoría absoluta de 2013, no puede mantener contra todos.

Ambas organizaciones sindicales exigen que se afronten soluciones de manera urgente. Medidas como la derogación de la reforma de 2013, el aumento del poder adquisitivo de los pensionistas y la garantía de la viabilidad del sistema público en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social.

En este sentido, reclaman la reforma inmediata de las fuentes de financiación, mediante una nueva recomendación del Pacto de Toledo que permita que el sistema no solo se financie a través de cotizaciones como fuente básica y principal sino también, adicionalmente, con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE y destopando las bases de cotización.

UGT y CCOO, como han hecho en los últimos meses desde la exitosa marcha por las pensiones dignas desarrollada en septiembre y octubre del año pasado, animan a participar activamente en las manifestaciones y concentraciones que han convocado para el próximo sábado en todo el Estado y reiteran que continuarán con las movilizaciones hasta conseguir que el Gobierno deje de empobrecer a los pensionistas actuales y futuros y lograr un sistema de pensiones público, eficiente y viable en este país.

Denegar a un detenido información sobre las causas de su arresto puede vulnerar el derecho fundamental a la libertad

viernes, 16 de marzo de 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa   tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 26/2018
Denegar a un detenido información sobre las causas de su arresto puede vulnerar el derecho fundamental a la libertad
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de un hombre al que la Policía no informó de forma suficiente sobre las razones por las que había sido detenido, lo que le impidió preparar bien su defensa durante el interrogatorio policial. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Cándido Conde-Pumpido, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental del recurrente a la libertad personal, que la Constitución garantiza en su art. 17.1 y 3.
Los hechos se produjeron tras la detención del recurrente, junto a otros jóvenes, por su presunta participación en una reyerta en la que había habido varios heridos. Tras ser detenido, fue informado de sus derechos y se le indicó que el arresto se debía a su presunta participación en un delito de lesiones y a su presencia en el lugar de los hechos. El abogado que le fue asignado solicitó el habeas corpus después de que la Policía le negara el atestado, pero el Juzgado de guardia rechazó iniciar el procedimiento.
La Sala analiza los hechos desde la perspectiva del art. 17.3 de la Constitución, que “reconoce expresamente a toda persona detenida el derecho a ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible no sólo de los derechos que le asisten, sino también de las razones de su detención”. Se trata, además, de la primera sentencia que el Tribunal dicta desde que se incorporaron a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) las directivas europeas dirigidas a garantizar los derechos de las personas detenidas. Tras la reforma de 2015, la LECrim reconoce  a los detenidos el derecho a ser informados “del procedimiento” que pueden seguir para recurrir su detención y el derecho “de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención”.
Este derecho, afirma la sentencia, no implica que la persona detenida pueda tener acceso a todo el contenido del atestado; “únicamente cobra sentido y se reconoce el acceso a aquéllas [actuaciones policiales] que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención”, aclara la sentencia. De hecho, el atestado puede recoger información sobre terceras personas no detenidas o sobre líneas de investigación cuyo conocimiento por uno de los posibles implicados pondría en peligro la operación policial.
Por tanto, de la nueva regulación puede desprenderse que a los agentes responsables de la custodia del detenido les corresponde informarle por escrito “de forma inmediata y comprensible, no solo de los derechos que durante tal condición le corresponden, sino también de los hechos que se le atribuyen y de las razones objetivas sobre las que se apoya su privación de libertad”. Y cuando el detenido así lo solicite, “deben también proporcionarle acceso a aquellos documentos o elementos de las actuaciones en los que se apoye materialmente” la privación cautelar de libertad.
En este caso concreto, según se afirma en la demanda, al recurrente sólo se le indicó que había sido detenido por “ser interceptado en el lugar de los hechos por los efectivos policiales actuantes”. Sin embargo, se omitieron otros datos (varios testigos avisaron a la Policía de que se estaba produciendo una reyerta; el recurrente y otros jóvenes huyeron del lugar cuando llegaron los agentes; uno de ellos tiró al suelo un machete de grandes dimensiones) que relacionaban al demandante de amparo con la comisión del delito y que, por tanto, habrían permitido a su abogado “cuestionar fundadamente” su detención.
La Sala concluye que la negativa a informar de forma suficiente al recurrente sobre las razones de su detención ha supuesto la vulneración del art. 17.1 y 3 CE, que garantiza el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Por ello, el Tribunal acuerda declarar la nulidad del auto del Juzgado de guardia que denegó el inicio del procedimiento de habeas corpus.
La sentencia aclara que el recurso de amparo se estima no porque no hubiera motivos para detener al recurrente, sino porque, existiendo esos motivos, no fueron comunicados ni al detenido ni a su abogado.
Madrid, 8 de marzo de 2018

La economía española encadena tres años consecutivos con crecimientos por encima del 3%

jueves, 15 de marzo de 2018

Contabilidad Nacional. IV Trimestre 2017
La economía española encadena tres años consecutivos con crecimientos por encima del 3%
El crecimiento del PIB durante el cuarto trimestre se situó en el 3,1% interanual
Se consolida la superación del nivel de PIB previo a la pasada crisis, con un protagonismo destacado de la demanda nacional y una aportación de la demanda externa contenida
El crecimiento para 2018 podría ser más elevado de lo previsto inicialmente, pero persisten incertidumbres que urge solucionar
camara.es
Madrid, 1/3/18. La economía española creció un 3,1% interanual en el cuarto trimestre de 2017, una tasa similar a la registrada en los dos trimestres previos, según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Este avance permite a España cerrar el año 2017 con un incremento en el PIB del 3,1%, siendo el tercer año consecutivo en el que se registra un avance superior al 3% y se consolida la superación del nivel de PIB previo a la pasada crisis.
Esta situación mantiene a la economía española como una de las más dinámicas de Europa, con un diferencial positivo de crecimiento de 6 décimas porcentuales respecto al conjunto de países de la zona euro (2,5%).
Con respecto al trimestre anterior, el avance del PIB fue del 0,7%, la misma tasa que la registrada de julio a septiembre. De nuevo, la demanda nacional se manifestó como el principal pilar del crecimiento económico, especialmente en lo referido al consumo y la inversión en equipo. Por el contrario, pese a la desaceleración experimentada por las importaciones, el menor avance de las exportaciones ha derivado en una ligera aportación negativa al crecimiento de la demanda externa en el año.
El contexto favorable se ha trasladado al mercado de trabajo de forma muy efectiva. El empleo cerró 2017 con un crecimiento del 2,9% interanual en el cuarto trimestre, tasa similar a la de los dos trimestres precedentes. En total, a lo largo del año se crearon más de 505 mil nuevos empleos (equivalentes a tiempo completo). En este contexto hay que destacar el descenso que ha registrado la productividad del trabajo, que se ha situado en el 0,2%, una décima menos que la alcanzada el año previo.
Perspectivas
Con un contexto internacional más favorable de lo previsto hace algunos meses, y la contención parcial del efecto derivado de la inestabilidad política a la que estuvo sometida la economía española durante el último trimestre de 2017, la Cámara de Comercio de España considera que el avance del PIB durante 2018 podría ser superior al 2,4% estimado hace unos meses. Lo cual, sin duda, repercutirá favorablemente en la creación de empleo, con un incremento estimado de más de 400.000 nuevos puestos de trabajo en el presente ejercicio.
La prolongación del dinamismo queda asimismo avalada por la opinión manifestada por las empresas. En particular, en la Encuesta de perspectivas empresariales de la Cámara de España, las compañías españolas eran manifiestamente más optimistas sobre la marcha de sus negocios en 2018 que el conjunto de sus homólogas de la Unión Europea en todas las variables analizadas – ventas nacionales, exportaciones, inversión y empleo-. En este sentido, nuestro tejido empresarial expresaba su firme voluntad de continuar aumentando sus plantillas durante el año 2018, a ritmos similares a los de 2017 y también por encima del promedio europeo.
No obstante, quedan asuntos graves que urge solucionar para evitar sus efectos negativos sobre la economía. Por un lado, el problema territorial interno persiste. Pese a la celebración de elecciones en Cataluña en diciembre, aún se mantiene la incertidumbre sobre la constitución de gobierno en la Comunidad Autónoma. De prolongarse en el tiempo, esta situación acabará teniendo un impacto negativo en el crecimiento de la economía catalana y, por ende, en el conjunto de la economía nacional.
Por otro lado, hay que destacar que aún se carece de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Se trata de la principal herramienta macroeconómica para cimentar las bases del crecimiento a lo largo del año, cumpliendo a su vez con los objetivos de déficit comprometido con las instituciones comunitarias. Su ausencia deja a la economía española en una situación vulnerable que podría tener efecto en la inversión, en el crecimiento y en la creación de empleo.
Finalmente, es necesario poner de manifiesto que cada vez emerge con más fuerza la necesidad de acometer una serie de reformas estructurales de calado para asegurar el crecimiento y el estado del bienestar: reforma de las Administraciones Públicas para aumentar su eficiencia, financiación autonómica, sistema de pensiones, o la necesidad de consensos en materia de educación o energía.
Todo ello sin olvidar que en el ámbito externo persisten ciertos riesgos geopolíticos, como las tensiones en Corea del Norte o las amenazas terroristas, a lo que se sumaría la incertidumbre sobre el desarrollo del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, circunstancias que podrían suponer una amenaza para la recuperación de la economía global.
Motores del crecimiento
La demanda nacional tuvo una aportación al crecimiento en el último cuarto de 2017 superior a la prevista, superando en 2 décimas a la registrada de julio a septiembre (aportación de 3,2 puntos en el cuarto trimestre frente a los 3,0 puntos de aportación en el tercero). Consumo de los hogares e inversión en bienes de equipo son las partidas más destacadas, con avances interanuales del 2,5% y 7,9%, respectivamente.
Por el contrario, la aportación al crecimiento de la demanda externa se ha reducido hasta tornarse negativa. Esto ha sido así a pesar del menor crecimiento de las importaciones, con un crecimiento interanual del 5,2% (frente al 5,9% del tercer trimestre). Sin embargo, las exportaciones también han registrado un crecimiento más moderado (4,4% interanual frente al 5,6% del trimestre anterior). Como resultado, la aportación negativa de la demanda externa se situó en 0,1 puntos porcentuales.
Más información: Cámara de Comercio de España Comunicación y marketing Tfno: 91 590 69 09 C/ Ribera del Loira, 12 28042 – Madrid

La inflación se sitúa en el 1,1% por la electricidad y los servicios turísticos

miércoles, 14 de marzo de 2018

13 de marzo de 2018 mineco.gob.es
La inflación se sitúa en el 1,1% por la electricidad y los servicios turísticos
Los precios de los productos energéticos crecieron en febrero el 1,4% interanual, tras la caída del 1,7% de enero
La tasa subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, se eleva tres décimas, hasta el 1,1%
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en febrero de 2018 el 1,1% interanual, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa idéntica a la adelantada por el INE y superior en medio punto a la registrada en enero (0,6%). El incremento de la inflación en febrero se explica por el aumento de los precios de los productos energéticos, tras la caída del mes anterior, y, en menor medida, por la aceleración de los precios de los servicios y de los bienes industriales no energéticos (BINE), parcialmente contrarrestados por el menor ritmo de crecimiento de los precios de la alimentación. En términos intermensuales, el IPC ha registrado un aumento del 0,1% en febrero de 2018, frente al descenso del 0,4% en el mismo mes de 2017.

Los precios de los productos energéticos crecieron en febrero el 1,4% interanual, tras la caída del 1,7% de enero, debido principalmente a los precios de la electricidad, que pasaron de disminuir el 13% interanual en enero a aumentar el 0,5% en febrero. Por su parte, los precios de los carburantes y lubricantes y del gas se desaceleraron 1,8 y 0,5 puntos, respectivamente, hasta el 0,7% y el 7,7%.

La inflación de la alimentación se situó en el 1% en febrero, tasa inferior en tres décimas a la del mes precedente. Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 0,3%, 1,3 puntos menos que en el mes anterior, debido, principalmente, a la mayor caída de los precios de las legumbres y hortalizas frescas (-10,6%, tras la caída del 3% del mes previo). Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se aceleraron tres décimas, hasta el 1,4% interanual.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y los productos energéticos, elementos más volátiles del IPC) aumentó en febrero hasta el 1,1%, debido fundamentalmente a los servicios, cuyos precios se aceleraron cuatro décimas, hasta el 1,7%, impulsados principalmente por los precios de paquetes turísticos, que aumentaron el 3,8% (-1,9% en el mes anterior). Por su parte, los precios de los BINE se mantuvieron estables, tras disminuir el 0,2% en el mes anterior, mientras que los de alimentos elaborados se aceleraron.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación del 0,1% en febrero de 2018, superior en medio punto a la registrada en el mismo mes de 2017. Por componentes, descendieron los precios de los productos energéticos (-0,5%, frente al -3,5% de febrero de 2017), alimentación (-0,1%, frente al incremento del 0,2% del mismo mes del año anterior) y BINE (-0,3%, tasa superior en dos décimas a la de un año antes), mientras que aumentaron los de los servicios (0,7%, cuatro décimas más que en febrero del pasado año). Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en febrero de 2018 una tasa intermensual del -0,3% (0,9% en el mismo mes de 2017), mientras que los de los alimentos elaborados se mantuvieron estables (-0,2% un año antes).

La inflación de febrero aumentó respecto a la de enero en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos, de siete décimas, se produjeron en Comunitat Valenciana (1,1%) y la Rioja (0,9%). Castilla y León (0,8%), Castilla-La Mancha (0,9%) y Galicia (0,9%), son las que presentan un menor incremento de la inflación, de tres décimas.

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en enero en el 1,1%, al igual que la registrada por el IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de febrero, cuya tasa interanual se sitúa en el 1,2%, medio punto superior a la de enero. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro en febrero es del 1,2%, resultando así un diferencial de inflación nulo para España respecto a la zona euro.

Los asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales españoles se incrementaron un 1,14 por ciento en 2017

martes, 13 de marzo de 2018

Viernes, 9 de marzo de 2018 poderjudicial.es

Los asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales españoles se incrementaron un 1,14 por ciento en 2017

El total de asuntos de nuevo ingreso fue de 5.873.689. Incrementos de 9,2 puntos en la jurisdicción civil y de un 5,8 por ciento en la jurisdicción social. El número de nuevos asuntos bajó en el resto de las jurisdicciones: el 4 por ciento en Penal y el 0,1 por ciento en Contencioso-Administrativa. Canarias, con 164,5 asuntos por cada mil habitantes, se situó a la cabeza en tasa de litigiosidad, que fue de 126,1 asuntos para toda España

Autor:Comunicación Poder Judicial

En los órganos judiciales españoles tuvieron entrada durante el año 2017 un total de 5.873.689 asuntos, un 1,1 por ciento más que en el año anterior. En el mismo periodo, los tribunales resolvieron 5.748.410 asuntos, un 4,3% menos, y han quedado en trámite un total de 2.379.293 asuntos, lo que significa un incremento del 6,5%.

En la jurisdicción Civil el número de asuntos ingresados alcanzó los 2.040.018, con un incremento del 9,2 por ciento respecto a 2016. En este incremento ha tenido un papel relevante las demandas relacionadas con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

En esta jurisdicción se resolvieron 1.873.998 asuntos, un 1,6 por ciento menos que en el año 2016, y quedaron en trámite 1.205.134, un 16,2 por ciento más que al final del año anterior.

En la jurisdicción Penal han entrado 3.232.678 asuntos, con una disminución del 4 por ciento, habiéndose  resuelto  3.275.857 asuntos, un 6,1 por ciento menos,  y quedando en trámite 705.454 asuntos, un 2,4% menos que en 2016.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se han registrado 195.908 nuevos asuntos, con una disminución del 0,1 por ciento respecto a 2016. Se resolvieron 205.396 asuntos, un 3,9 por ciento menos que en 2016,  y quedaron en trámite 186.250 asuntos, un 2,9 por ciento inferior al año anterior.

En la jurisdicción Social  han ingresado  404.860 nuevos asuntos, con un incremento del 5,8 por ciento. Se han resuelto 392.927 asuntos, un 2 por ciento menos que en 2016,  y han quedado tramitándose 282.387 asuntos, con una disminución del 0,1 por ciento respecto de 2016.

Canarias, Andalucía e Illes Balears  a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de  126,1 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (164,5), Andalucía (145,1), Illes Balears (138,6), Cantabria (129,6), Asturias (128,7) y Murcia (128). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (85,4),  País Vasco (93,5) y Navarra (94,3)  (*).

Datos del cuarto trimestre de 2017

En los órganos judiciales españoles ingresaron en el cuarto trimestre de 2017 un total de 1.523.357 asuntos, un 5,8 por ciento más que en igual trimestre de 2016.

Al igual que en el tercer trimestre, la jurisdicción civil ha mostrado un importante incremento interanual en los asuntos ingresados: el 21,2 por ciento. La social ha tenido un incremento del 1,7 por ciento, mientras que, por el contrario,  se ha observado una disminución del 1,9 por ciento en la penal, y del 5,7 en la contencioso administrativa.

El número de asuntos resueltos ha mostrado incrementos interanuales en la jurisdicción civil, del 5,2 por ciento; en la contencioso administrativa, del 1,6; y en la social, del 2,5. Por contra, ha disminuido un 1,5 por ciento en la penal.

Puede consultar los datos estadísticos detallados correspondientes al cuarto trimestre de 2017 y al conjunto del año 2017 en la siguiente dirección:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Juzgados-y-Tribunales/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/ .

El Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

lunes, 12 de marzo de 2018

Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

La Moncloa, Madrid, viernes 9 de marzo de 2018 lamoncloa.gob.es

El Plan, dotado con 1.443 millones de euros, incluye ayudas para el acceso y la promoción de viviendas en alquiler y para la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana y rural. La iniciativa atiende especialmente las necesidades de los jóvenes, las personas mayores y las familias más vulnerables.

El Consejo de Ministros ha aprobado a través de un Real Decreto el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que según ha subrayado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tiene «una enorme vocación social» y está «decididamente orientado a satisfacer las necesidades reales de las personas y a favorecer, por un lado, el alquiler, y por otro, la rehabilitación y la regeneración urbana y rural».

De la Serna ha señalado que es fruto de un amplio proceso de participación en el que han intervenido las comunidades autónomas, los ayuntamientos y representantes del sector y que el Gobierno ha recogido más del 80% de las sugerencias formuladas. El Plan, entre otros aspectos, tiene en cuenta el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Las aportaciones previstas ascienden a 1.443 millones de euros, lo que representa un aumento del 62% respecto al Plan 2013-2016. De la Serna ha estimado en más de 557.000 las ayudas que se concederán a lo largo de todo el periodo y en más de 60.000 puestos de trabajo los que se generarán de manera directa.

El ministro ha explicado que el 15 de marzo se celebrará la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas para decidir el reparto de los fondos. «A partir de ahí, iremos cerrando los convenios con cada una de ellas para firmarlos y, con ello, materializar este conjunto de importantes ayudas, que en cualquier caso tienen carácter retroactivo al 1 de enero», ha dicho. De esta manera, en mayo o junio ya podrían gestionarse las solicitudes.

Fomento del alquiler

Facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler es una de las líneas estratégicas del Plan, que incluye ayudas del 40% de la renta -el 50% en el caso de los menores de 35 años y los mayores de 65-, hasta un máximo de 900 euros al mes. El límite anterior (600 euros) se ha incrementado ante la petición de algunas comunidades por el precio del alquiler en determinadas ciudades, según ha explicado el titular de Fomento.

Para acceder a la ayuda, los ingresos máximos de la unidad familiar deben estar por debajo de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en estos momentos se sitúa en 537,84 euros al mes. El umbral es más alto para las familias numerosas y las personas con discapacidad.

El Plan también busca fomentar la promoción de viviendas en alquiler. De la Serna ha apuntado que por primera vez se subvencionarán promociones de titularidad privada; estas tendrán que estar destinadas al alquiler durante un mínimo de 25 años.

Desahucios y rehabilitación

Otro eje del Plan lo constituye la atención de quienes están atravesando un proceso de desahucio de su vivienda habitual. El ministro ha defendido la conveniencia de contar con este programa específico a pesar de que los desahucios se redujeron en 2017 a los niveles más bajos de los últimos diez años. El Plan pondrá a disposición de estas personas viviendas de las entidades financieras, de particulares o de parques públicos, por una renta máxima de 400 euros al mes y un plazo de tres años. El importe de la ayuda puede ser de hasta el 100% del precio del alquiler.

Íñigo de la Serna ha destacado las mejoras que el nuevo Plan presenta con respecto al anterior en lo relativo a la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana y rural. Así, por primera vez las ayudas de rehabilitación para edificios se podrán conceder a viviendas unifamiliares y también de forma individualizada a una vivienda que forme parte de un edificio. Además, se destinarán de manera preferente a viviendas anteriores al año 1996 -en el último plan era 1981-, lo que aumenta en un tercio el número de posibles beneficiarios. Las ayudas se incrementan con carácter general del 35% al 40% de la inversión, porcentaje que se eleva hasta el 75% en el caso de personas con discapacidad y más de 65 años.

En las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, se amplía el plazo para finalizarlas de los tres años actuales a los cinco, con lo que se responde a una demanda de muchos ayuntamientos, según ha indicado el ministro.

Ayudas para el medio rural y las personas mayores

Otra novedad del Plan es la relacionada con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con dos apartados fundamentales: la rehabilitación -por primera vez se dan ayudas con este fin para viviendas unifamiliares en el medio rural- y la adquisición.

De la Serna ha señalado que este es el único caso en el que el Plan recoge ayudas directas para la compra; irán dirigidas a jóvenes que tengan su vivienda habitual en municipios de menos de 5.000 habitantes e ingresos inferiores a tres veces el IPREM.

El precio máximo de la vivienda será de 100.000 euros, con un límite de ayuda del 20%. «Se trata de ayudar a ese joven que tiene la oportunidad de mantenerse en el núcleo rural, pero que necesita de una ayuda para poder rehabilitar una de esas viviendas, adquirirla y establecerse en ese municipio», ha manifestado De la Serna.

El Plan incluye una línea específica para las personas mayores o con discapacidad, con ayudas al promotor de inmuebles en los que se establezcan instalaciones y servicios comunes adaptados que deberán destinarse durante al menos 40 años al alquiler.

Los sefardíes originarios de España dispondrán de un año más para solicitar la nacionalidad española

lunes, 12 de marzo de 2018

Ministerio de Justicia
Gabinete de Comunicación  mjusticia.gob.es
Consejo de Ministros
Los sefardíes originarios de España dispondrán de un año más para solicitar la nacionalidad española
• Desde que entró en vigor la norma se ha concedido la nacionalidad española a 6.432 sefardíes
9 de marzo de 2018.- El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha acordado hoy prorrogar un año, hasta el 1 de octubre de 2019, el plazo de presentación de solicitudes de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, en virtud de la ley 12/2015, de 24 de junio. Esta norma establece un plazo de tres años desde su entrada en vigor para que los interesados puedan formalizar sus solicitudes, período que terminaría el 1 de octubre de este año.
La Ley 12/2015, de 24 de junio, pretende ser el punto de encuentro entre los españoles de hoy y los descendientes de quienes fueron injustamente expulsados de nuestro país a partir de 1492. Frente a la intolerancia de tiempos pasados, persigue que podamos construir juntos un nuevo espacio de convivencia y concordia que reabra para siempre a las comunidades expulsadas de España las puertas de su antiguo país.
Esta norma dispone que la condición de sefardí originario de España y la acreditación de su especial vinculación con nuestro país son circunstancias extraordinarias que justifican la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 del Código Civil. Por lo tanto, son dos las circunstancias excepcionales cuya acreditación se exige para adquirir la nacionalidad: probar la condición de sefardí originario de España del solicitante, con independencia de su nacionalidad de origen, ideología, religión o creencia actuales, y demostrar una especial vinculación con España. Además, modifica el artículo 23 del Código Civil, con lo que exime a los sefardíes originarios de España de renunciar a su anterior nacionalidad para poder adquirir la española.
Desde que entró en vigor la norma se ha concedido la nacionalidad española a 6.432 sefardíes, incluidos los 4.302 que la obtuvieron por carta de naturaleza mediante Real Decreto 893/2015, de 2 de octubre, y los 220 que la percibieron a través del Real Decreto 322/2016, de 5 de agosto, por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a determinados sefardíes originarios de España.
Con este acuerdo del Consejo de Ministros se pretende que la ley pueda desplegar todo su potencial, teniendo en cuenta que la Federación de Comunidades Judías de España ha solicitado la prórroga del plazo de presentación de solicitudes previsto en la ley atendiendo a las dificultades que se les presentan para la obtención de la documentación de los países de origen y por el tiempo que se necesita para superar las pruebas de Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) y de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) necesarias para la obtención de la nacionalidad.

El Tribunal Supremo rechaza poner en libertad a Jordi Sànchez o darle permiso para asistir al Pleno de investidura

lunes, 12 de marzo de 2018

Viernes, 9 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo rechaza poner en libertad a Jordi Sànchez o darle permiso para asistir al Pleno de investidura

El magistrado Pablo Llarena considera que persiste el riesgo de reiteración delictiva

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo LLarena ha denegado hoy la libertad solicitada por el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, así como los permisos extraordinarios para poder acudir al Parlamento de Cataluña al acto de investidura previsto para el próximo lunes 12 de marzo, manteniendo la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza para él.

El magistrado basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva, al subrayar que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas “claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente”.

En un auto de 26 páginas, el juez relata primero los indicios de delito contra Jordi Sànchez que se han ido afianzando a lo largo de la instrucción, y su participación en un concierto de voluntades para conseguir la república en Catalunya fuera de todo cauce legal.

Explica que, aun cuando los encausados nunca hubieran buscado un desafío violento, a partir del 20 de septiembre de 2017 (fecha del asedio a la Consellería de Economía) “hubieron de representarse que sus movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace. Y si aceptando el pronóstico, persistieron en su intención de instrumentalizar ese comportamiento colectivo, su responsabilidad abarcaría la intencional utilización de la violencia en la consecución de sus fines secesionistas que se analiza en este proceso”.

El auto destaca que es “intolerable, social y jurídicamente, que pueda alcanzarse la secesión (de Cataluña) desde vías de hecho que, sin soporte constitucional y legal, rompen inexorablemente la convivencia social, familiar y personal de todos y cada uno de los miembros de la comunidad”.

Una vez constatada la gravedad de la conducta, el juez considera que no se han desvanecido los elementos objetivos que configuran el riesgo de que el encausado persevere en alcanzar su objetivo siguiendo una estrategia contraria a la norma penal.

“La investigación muestra que los partícipes en el delito se concertaron a perseverar en su táctica”, señala el auto, que subraya además la reciente integración de Jordi Sánchez en una candidatura electoral “que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república que declararon”.

“Dado que los hechos cuya reiteración se teme afectan a valores constitucionales que tienen una proyección directa en los derechos subjetivos de toda la población, su protección en la eventualidad de conflicto con otros derechos resulta preponderante respecto la libertad del encausado y del derecho de sufragio pasivo que le corresponde”, explica el auto.

Además, recuerda que esta situación afecta a un candidato como Jordi Sánchez que ya concurrió privado de libertad al proceso electoral, y que, asimismo, “no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama”. Añade que la candidatura presenta otros integrantes “todos ellos con el mismo número de apoyos en los electores en los que no se aprecian los riesgos colectivos que tratan de conjurarse”. Y señala también el juez que el diputado puede participar en las decisiones parlamentarias mediante la delegación de su voto.

No al permiso de excarcelación para asistir al Pleno de investidura

Sobre la petición de Sànchez, en caso de no quedar en libertad, de obtener un permiso específico para acudir al Pleno del día 12 convocado para debatir su investidura, el magistrado la deniega tras realizar una ponderación entre los derechos y bienes jurídicos que tratan de protegerse.

Explica que si bien el artículo 23.1 de la Constitución reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones, esos derechos se pueden limitar fundándose en finalidades constitucionalmente legítimas que presenten una correspondencia razonable en su intensidad.

Concluye al respecto que, “aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección”.

Diferencias con casos precedentes

Frente a la invocación por la defensa del precedente de los años ochenta, cuando la Audiencia de Navarra concedió permiso de salida a un preso acusado de terrorismo, Juan Carlos Yoldi, para acudir a defender su investidura como lehendakari, el magistrado Llarena indica que los delitos en ambos casos eran distintos.

En el caso de Yoldi, se trataba de comportamientos delictivos que no verían potenciado el riesgo de su reiteración en la eventualidad de que el permiso condujera a un mayoritario apoyo parlamentario a su candidatura. En aquel caso, el permiso solo podía afectar a un eventual riesgo de fuga, por lo que se adoptaron las pertinentes medidas de seguridad.

Sin embargo, en relación a Jordi Sànchez, la prisión provisional no reside en razones de orden público, sino en el riesgo de reiteración delictiva.

En este sentido, el juez resalta que una conducción vigilada no aporta la contención precisa para un traslado seguro, “menos aún en quien -como reflejan los hechos descritos al principio de esta resolución- ha empleado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que un Estado democrático puede aplicar para la observancia de la ley”.

Por ello, el ejercicio del derecho que se solicita por Sànchez “no supone sino favorecer la reiteración delictiva que trata de conjurarse, visto que la actividad delictiva que se investiga se desplegó -precisamente- desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente”.

El Tribunal Superior de Justicia plantea una cuestión de inconstitucionalidad frente al decreto ley de la Generalitat Valenciana sobre plurilingüismo

domingo, 11 de marzo de 2018

Miércoles, 7 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El TSJ plantea una cuestión de inconstitucionalidad frente al decreto ley de la Generalitat Valenciana sobre plurilingüismo

Considera que la norma vulnera la Constitución porque se dictó para evitar cumplir las resoluciones judiciales que ordenaban suspender el modelo lingüístico en la enseñanza no universitaria

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha acordado plantear una cuestión de inconstitucional frente al decreto ley 3/2017 por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos en los centros educativos.

La Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo considera que la norma, aprobada por el Consell el pasado mes de septiembre no hace sino mantener el modelo lingüístico sobre el uso del valenciano en las enseñanzas no universitaria recogido en el decreto 9/2017 que había sido suspendido por el Alto Tribunal meses antes.

“La Conselleria de Educación no cumplió la orden de suspensión; en su lugar, el Gobierno Valenciano aprueba Decreto-Ley 3/2017, de 1 de septiembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos de centro, convalidado por el Pleno de Les Corts en la sesión del 8 de septiembre de 2017 (DOCV de 12 de septiembre de 2017)”, explican los magistrados para quienes el decreto ley vulnera el artículo 86.1 de la Constitución en relación con el art. 44.4 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el artículo. 9.3 de la Constitución por arbitrariedad al no existir extraordinaria y urgente necesidad para el dictado de tal norma.

Además, el Tribunal pide al TC que declare la inconstitucionalidad del decreto ley por vulneración del artículo 24.1 de la Constitución en relación con el artículo. 117.3 ya que se aprobó con la finalidad de impedir la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo que acordaban la suspensión del decreto de plurilingüismo y establecían, además, la forma en que tal suspensión debía ejecutarse.

Así, la Sala señala que el propio decreto ley cuya constitucionalidad se cuestiona, en su exposición de motivos “pone de relieve que pretende poner en marcha el sistema establecido en el Decreto del Consell 9/2017 que estaba suspendido por el Tribunal (auto 23 de mayo de 2017 confirmado por de 20 de junio de 2017) y evitar la aplicación de la disposición transitoria primera punto 4 del propio decreto que mantenía el sistema anterior en tanto se implantaba el nuevo sistema (auto de 27 de julio 2017, luego confirmado por auto 22 de septiembre de 2017)”.

Añade que “las disposiciones específicas puestas en cuestión ponen en funcionamiento el sistema durante el curso 2017-2018 en el primer curso del segundo ciclo de educación Infantil y los centros sostenidos con fondos públicos para Infantil de 2 años del 1er ciclo de Educación Infantil”.

En sendas resoluciones en las que se estima la petición de la Diputación Provincial de Alicante y de la Asociación para la defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana, el TSJ explica que “no se cuestiona la constitucionalidad intrínseca ni del Decreto 9/2017 ni el Decreto Ley 3/2017” sino que lo que se trata de determinar es si el decreto ley (norma con rango de ley) “impide o limita la ejecución de la suspensión del Decreto 9/2017” acordada en varias resoluciones de la Sala.

Así, cita el auto de la Sección Cuarta de 23 de mayo de 2017 confirmado por otro de 20 de junio de 2017; asimismo, menciona el auto de 27 de julio de 2017 que resuelve incidente para la ejecución de la suspensión y el auto de 22 de septiembre de 2017 desestimando recurso frente al anterior, resoluciones, todas ellas, que confirman que el sistema lingüístico establecido en el decreto queda en suspenso y que, de conformidad con la disposición transitoria primera punto cuarto de dicha norma “se mantiene el sistema anterior establecido en el Decreto 127/2012”.

La decisión del TSJ de plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente al decreto ley no puede ser recurrida.

Las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados cayeron un 37,8 % en 2017

sábado, 10 de marzo de 2018

Lunes, 5 de marzo de 2018 poderjudicial.es

Las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados cayeron un 37,8 % en 2017

Los 60.754 lanzamientos practicados el año pasado suponen un descenso del 3,6 % respecto a 2016. Los concursos subieron el 7,9 % y las demandas por despido aumentaron un 6 %

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2017 fue de 30.094, lo que representa un descenso del 37,8 por ciento respecto a las presentadas el año anterior, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Es la cifra más baja de las registradas desde 2008, cuando se iniciaron 58.686 ejecuciones hipotecarias. En 2009 fueron 93.319, mientras que se presentaron 93.636 en 2010,  77.854 en 2011, 91.622 en 2012, 82.680 en 2013, 80.749 en 2014, 68.165 en 2015 y 48.410 en 2016.

Cantabria fue la única Comunidad Autónoma en la que no se registró una bajada de las ejecuciones hipotecarias el año pasado, con un aumento del 2,1 por ciento. Por el contrario, los descensos fueron superiores al 50 por ciento en Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja.

En términos absolutos, Andalucía fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2017 (7.002), seguido por Cataluña (4.635) y la Comunidad Valenciana (4.558).

Datos del cuarto trimestre de 2017

En el último trimestre de 2017, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en toda España fueron 6.409, un 40,2 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

También en este caso fue Andalucía la Comunidad Autónoma con más ejecuciones hipotecarias presentadas, con 1.332, por delante de Cataluña (1.053) y de la Comunidad Valenciana (991).

60.754 lanzamientos practicados en 2017

El número de lanzamientos practicados el año pasado fue de 60.754, lo que supone un descenso del 3,6 por ciento respecto a los 63.037 de 2016. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Casi seis de cada diez lanzamientos -35.666, el 58,7 %- fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 22.330 –el 36,8 %- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 2.758 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento del 4,3 por ciento en 2017, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 15,4 por ciento.

Cataluña –con 13.308, el 21,9 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que el año pasado se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía -con 10.437- y la Comunidad Valenciana, con 8.207.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 8.624; seguida en esta ocasión por la Comunidad de Madrid, con 5.001; y por Andalucía, con 4.713. En cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias, los tres primeros lugares los ocupan Andalucía (5.150), la Comunidad Valenciana (3.885) y Cataluña (3.832).

Datos del cuarto trimestre de 2017

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017 se practicaron en España 15.259 lanzamientos, un 3,4 % menos que en el mismo periodo del año anterior. El 60,3 % fue consecuencia del impago de alquileres, el 35 % se derivó de ejecuciones hipotecarias y el 4,7 % restante obedeció a otras causas.

Como en el caso de los datos anuales, también en el cuarto trimestre de 2017 fue Cataluña –con 3.410, el 22,3 % del total nacional- el territorio con más lanzamientos practicados, seguido por Andalucía -con 2.581- y por la Comunidad Valenciana –con 2.099-. La catalana fue asimismo la Comunidad Autónoma donde en ese periodo se registraron más lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU -2.186-, mientras que Andalucía encabezó la clasificación de los procedentes de ejecuciones hipotecarias, con 1.266.

Los concursos presentados suben un 7,9 por ciento

El número de concursos presentados en 2017 fue de 7.594, un 7,9 % más que los registrados el año anterior. De ellos, 2.237 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial –cuya competencia corresponde desde el 1 de enero de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, mientras que los otros 5.357 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.

La Comunidad Autónoma donde se presentaron más concursos de personas físicas –que en toda España experimentaron un incremento del 41,7 %- fue Cataluña, con 799. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 349, y Madrid, con 279.

También fue Cataluña el territorio donde más concursos de empresas se registraron ante los Juzgados de lo Mercantil, con 1.067 –el 19,9 % del total nacional-, seguido por Madrid –con 918- y por la Comunidad Valenciana, con 798. En total, los 5.357 concursos de empresas presentados en 2017 representaron un 1,9 por ciento menos que los registrados el año anterior.

Datos del cuarto trimestre de 2017

El número de concursos presentados en el cuarto trimestre de 2017, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 2.011, lo que supone un incremento del 5,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.

De esa cifra, 604 concursos correspondieron a personas físicas no empresarios, un 22,5 % más que en el cuarto trimestre de 2016. Cataluña fue la Comunidad Autónoma en la que se registraron más concursos de este tipo: 227, el 37,6 % del total nacional. En segundo y tercer lugar se situaron la Comunidad Valenciana (98) y Andalucía (63), respectivamente.

También fue Cataluña el territorio donde se presentaron más concursos de empresas entre los pasados 1 de octubre y 31 de diciembre: 282 de los 1.407 registrados, es decir, el 20 por ciento del total nacional. Le siguieron Madrid, con 240 concursos; y la Comunidad Valenciana, con 230.

Las demandas por despido aumentan un 6 por ciento

Las 104.824 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en 2017 supusieron un incremento del 6 por ciento respecto a las registradas el año anterior.

Por territorios, Madrid –con 20.552, el 19,6 % del total nacional- es la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 18.275- y Andalucía, con 16.066.

Además, los Juzgados de lo Social registraron el año pasado 122.350 reclamaciones de cantidad, un 9,3 por ciento más que en 2016. De ellas, 25.121 se presentaron en Madrid, 20.599 en Andalucía y 14.318 en Cataluña.

Datos del cuarto trimestre de 2017

El número de demandas por despido presentadas en el último trimestre de 2017 fue de 25.688, lo que supone una subida del 4,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. Madrid –con 4.619- fue la Comunidad Autónoma donde más demandas se presentaron, seguida por Cataluña (4.334) y Andalucía (4.221).

Respecto a las reclamaciones de cantidad, las presentadas entre los pasados 1 de octubre y 31 de diciembre fueron 29.408, lo que representa un incremento interanual del 1,1 por ciento.

Procedimientos monitorios

El informe de la Sección de Estadística señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados el año pasado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 506.076, un 5,8 por ciento menos que en 2016.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Datos del cuarto trimestre de 2017

En el último trimestre de 2017, los procedimientos monitorios registrados fueron 143.788, un 5,5 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al cuarto trimestre de 2017, los datos anuales y las series completas desde 2007 en:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/ .

Empresarios y economistas exigen seguridad jurídica

viernes, 9 de marzo de 2018

Empresarios y economistas exigen seguridad jurídica
Xavier Gil Pecharromán

6/03/2018 – eleconomista.es
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado de acuerdo con las 14 propuestas planteadas por el Consejo General de Economistas y la patronal CEOE para mejorar la Justicia, presentadas ayer, y afirmó que «la falta de seguridad jurídica y de respeto a la convivencia frenan el crecimiento».
Por ello ha abogado por que el Parlamento alcance acuerdos para desarrollar un marco que permita aumentar la confianza de los inversores y apuntado la necesidad de profundizar en la agilización del funcionamiento de la Justicia, en las reformas dirigidas a desincentivar la litigiosidad y en la mejora de la Ley Concursal, para la que apostó por un texto refundido que sistematice su articulado, evite duplicidades y sea homologable con la normativa de la Unión Europea.

Catalá recordó ayer que llega el tiempo de «poner sobre la mesa asuntos de vital importancia», como el Código Civil, el Código Mercantil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la reforma de la Ley Hipotecaria.

Además, recordó que es necesario seguir avanzando, en la digitalización de la Justicia, sobre la que destacó que el año pasado se contabilizaron 80 millones de comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia.

Finalmente, explicó que «debemos fomentar la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria. A día de hoy, 500.000 asuntos que antes hubiesen sido gestionados en la Administración de Justicia ante los tribunales, hoy están siendo resueltos mediante los procedimientos de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria», aseveró Catalá.

Valentín Pich, presidente del Consejo de Economistas se mostró de acuerdo de que en 2018 se vaya a implantar también la plataforma digital LexNET para todos los administradores concursales, reivindicación que el colectivo de economistas ha estado impulsando en los últimos años, que redundará en una mayor eficiencia en la gestión de los concursos de acreedores.

Pich manifestó que «uno de los aspectos a tener en cuenta en esta reforma pasa por replantear el papel privilegiado de los créditos públicos en los acuerdos de refinanciación, ya que la tendencia a la baja en la utilización de este tipo de acuerdos -a los que no está obligados a concurrir el crédito público- (un 24 por ciento menos en 2017, según datos del Registro de Economistas Forenses, REFOR, hace pensar que la pequeña y mediana empresa en nuestro país no ve en ellos una solución a sus problemas de solvencia».

Factores para invertir

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, señaló que «dentro de los factores que los inversores tienen en cuenta a la hora de apostar por un país están la existencia de una legislación clara, práctica y razonable y un sistema judicial predecible, ágil y eficiente» y apostó por una normativa europea sobre las juntas generales de las sociedades.

Las propuestas, discutidas por un amplio número de especialistas en unas jornadas celebradas este pasado verano en Santander, parten de la necesidad de redefinir la planta judicial y el modelo de juzgado, con la desaparición de los partidos judiciales y la propuesta de creación de tribunales provinciales, recogida en el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014. En la misma línea se apoya la especialización de los juzgados y la dotación de más medios y aumentos de plantillas de jueces y fiscales. Junto con la digitalización de la Justicia se apuesta por agilizar los procedimientos judiciales y potenciar el principio de seguridad jurídica.

Se propone favorecer la mediación como fórmula de la solución de disputas y en el ámbito concursal eliminar los privilegios del crédito público y laboral.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra abre la vía a anular todas las liquidaciones impugnadas de las plusvalías municipales

viernes, 9 de marzo de 2018

Viernes, 2 de marzo de 2018 poderjudicial.es

El TSJ de Navarra abre la vía a anular todas las liquidaciones impugnadas de las plusvalías municipales

La Sala de lo Contencioso resuelve el primer recurso de casación autonómico, que crea jurisprudencia en Navarra en esta materia

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) considera que todas las liquidaciones que ya han sido impugnadas —o que estén en el plazo de serlo— del impuesto que grava las plusvalías con la anterior legislación, que fue declarada inconstitucional, son nulas al haber quedado “huérfanas de de amparo legal”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN recuerda en esta sentencia, firme, que resuelve el primer recurso de casación autonómico, que, a la vista de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) indicada, no cabe una interpretación de la misma conforme a la cual pueda y deba analizarse en cada caso concreto por los órganos judiciales en vía de recurso si ha existido o no un incremento de valor.

Dicho de otro modo, del tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional, el TSJN se pregunta si se puede colegir que el contribuyente pueda alegar y probar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos transmitidos. “La respuesta ha de ser negativa, y es que no cabe dicha conclusión a la vista de la lectura, no solo del fallo, sino de su debida ‘integración’ con el contenido íntegro de la sentencia”, sostiene.

La liquidación girada en aplicación de los preceptos expulsados del ordenamiento jurídico, prosigue el Tribunal, “no puede ser reexaminada a la vista del resultado de prueba alguna (singularmente la pericial) para la que se carece de parámetro legal, pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el TC ha rechazado en aquella sentencia.

En el presente momento, según la Sala, ante la inexistencia de dicho régimen legal, no es posible no solo determinar si existe o no hecho imponible, sino ni siquiera cuantificar la base imponible.

Según los magistrados, es al legislador y solo a él, en su libertad de configuración normativa, y a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, a quien le corresponde determinar los supuestos de eventual incremento o decremento y su constitucional cuantificación, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (y en general situaciones inexpresivas de capacidad económica).

Por lo tanto, concluye la Sala, la expulsión del ordenamiento jurídico de los preceptos que en orden a la determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica obliga a este Tribunal a estimar el recurso de casación autonómico, al ser procedente la nulidad de las liquidaciones impugnadas que han quedado huérfanas de amparo legal.

La sentencia, deliberada por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo —compuesta por cinco magistrados—, estima el recurso presentado por dos empresas constructoras contra una resolución del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Pamplona que dio la razón al Ayuntamiento de Burlada.

El Tribunal Constitucional, por unanimidad, deniega la petición de excarcelación de Jordi Sánchez

jueves, 8 de marzo de 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 24/2018
El TC, por unanimidad, deniega la petición de excarcelación de Jordi Sánchez
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha acordado denegar la petición de excarcelación realizada ayer por Jordi Sánchez.
El 22 de noviembre de 2017, Sánchez interpuso un recurso de amparo frente a la orden de ingreso en prisión acordada el 16 de octubre de ese mismo año por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y frente al auto, dictado el 6 de noviembre siguiente, con el que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la medida privativa de libertad.
El 5 de febrero de 2018, este Tribunal admitió a trámite dicho recurso de amparo y acordó abrir pieza separada para tramitar la solicitud de excarcelación. En el día de ayer, el recurrente reiteró esta petición alegando que su designación como candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña es una circunstancia sobrevenida que debe ser tenida en cuenta por los Magistrados y que, en su opinión, debe llevar a la suspensión de su situación de prisión provisional. De lo contrario, sostiene, se estarían vulnerando sus derechos como diputado del Parlamento de Cataluña y los derechos de los ciudadanos que votaron a la opción política que le propone como candidato a presidir la Generalitat, y se estarían causando “graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional de la Generalitat de Cataluña”.
El Pleno recuerda que es reiterada jurisprudencia constitucional no acordar la suspensión de las medidas privativas de libertad aunque éstas afecten de forma directa al derecho fundamental a la libertad personal. En este caso, además, el Tribunal ha valorado que la actual situación de prisión provisional responde a las decisiones adoptadas por el Magistrado instructor del Tribunal Supremo, decisiones que no han sido recurridas en amparo y que, por lo tanto, no son objeto del presente recurso.
El Tribunal concluye que suspender la medida de prisión provisional sería igual que otorgar de forma anticipada el amparo al recurrente, por lo que el recurso quedaría vacío de contenido. Y en relación con las circunstancias sobrevenidas a las que se refiere el recurrente en su escrito, el Tribunal recuerda que pueden “hacerse valer en la vía judicial ordinaria”.
Madrid, 7 de marzo de 2018

“El éxito de la huelga del 8M marcará un punto de no retorno en la lucha por la igualdad”

jueves, 8 de marzo de 2018

“El éxito de la huelga del 8M marcará un punto de no retorno en la lucha por la igualdad”
“El discurso de la igualdad en la sociedad no está ganado, todavía pervive y hay que hacerlo irreversible a partir de este 8M con un colectivo organizado de mujeres empoderadas como no ha conocido España, y hombres que estaremos ahí diciendo que la igualdad es una reivindicación de todas y todos”. “El 8M va a ser el gran acicate para que el discurso de la desigualdad no tenga cabida en la sociedad”, ha señalado el secretario general de CCOO en la multitudinaria asamblea celebrada en Sevilla.
06/03/2018. ccoo.es

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, su homóloga en Andalucía, Nuria López, y en Sevilla, Alfonso Vidán, han hecho un llamamiento a secundar la huelga por turnos en los centros de trabajo y a sumarse a las movilizaciones convocadas durante el día 8, ya que como ha apostillado Sordo, “Las huelgas no se hacen por Twitter sino estando con la gente a la que decimos que paren y en las calles en las movilizaciones”.

Los dirigentes se han mostrado convencidos de que el 8M será “un éxito apoteósico y marcará un punto irreversible para que el discurso de la desigualdad deje de tener cabida en la sociedad”.

Sobre la doble dimensión de este 8M, Unai Sordo ha dejado claro que “toda nuestra intención en poner los recursos, el discurso y la práctica del sindicalismo de clase para favorecer el éxito de esa jornada de movilización social, pero el 8M tiene que tener una versión laboral, sindical y socioeconómica porque muchas de las discriminaciones sociales entre mujeres y hombres no se pueden entender sin entender las desigualdades que en materia laboral y socio económica siguen perviviendo en España”.

En ese sentido, ha insistido en que “las brechas salariales y de género son ciertas, no son un invento estadístico y para ganar lo mismo que los hombres de media, las mujeres tendrían que subir sus salarios un 30%”. Igualmente, el dirigente de CCOO ha señalado datos como que el 75% del empleo a tiempo parcial es ocupado por mujeres “algo que no tiene que ver con el ADN sino con prácticas empresariales, o que hay un 44% de diferencia en los complementos salariales”. En esa misma línea, López ha recordado que “además, se siguen repitiendo los estereotipos sexistas y patriarcales en el mudo del trabajo con poca presencia de la mujer en la industria, en los puestos directivos y en sectores de futuro como las nuevas tecnologías”.

La dirigente culpa directamente de esa situación a “todas y cada una de las reformas implementadas en este país, que han atacado a la clase trabajadora pero han ido al corazón de la igualdad de oportunidades y de los derechos de la mujer”. En ese mismo sentido se ha expresado Sordo quien ha señalado que “la reforma laboral es la expresión máxima de la apuesta por la desigualdad”.

Una huelga corresponsable

También se han pronunciado los dirigentes sobre la idoneidad de que huelga y movilizaciones sean secundadas por hombres y mujeres. “Esta huelga es feminista y el feminismo es sumar, es compartir y por eso con la bandera de la igualdad hemos sumado a nuestros compañeros, para que asuman su parte de responsabilidad, estén codo con codo trabajando con nosotras, y sean corresponsables para construir una sociedad con políticas que nos permitan ser iguales, ciudanadas de primera y de derechos y partipar en la democracia en igualdad de oportunidades”, ha explicado López.

Por su parte, Sordo ha añadido que “el discurso de la igualdad en la sociedad no está ganado, todavía pervive y hay que hacerlo irreversible a partir de este 8M con un colectivo organizado de mujeres empoderadas como no ha conocido España, y hombres que estaremos ahí diciendo que la igualdad es una reivindicación de todas y todos”. “El 8M va a ser el gran acicate para que el discurso de la desigualdad no tenga cabida en la sociedad”, ha apostillado

La lucha por la igualdad no acaba el 8 de marzo

jueves, 8 de marzo de 2018

La lucha por la igualdad no acaba el 8 de marzo
UGT | martes, 6 de marzo de 2018 ugt.es

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que este 8 de marzo va a representar un antes y un después en la lucha por los derechos de la mujer, va a ser un punto de inflexión, pero ha advertido que “la lucha por la igualdad no acaba” y ha reafirmado el compromiso pleno y absoluto de los sindicatos para acabar con la situación de desigualdad que viven las mujeres. “Vamos a continuar a fondo con este trabajo, como lo hemos hecho en el pasado”- ha recordado.

Álvarez ha hecho estas declaraciones en el marco de la Asamblea conjunta que se ha desarrollado en Sevilla, con motivo de la huelga general de dos horas por turno convocada por UGT y CCOO con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El Secretario General de UGT ha señalado que ya se ha conseguido un objetivo fundamental que es que “el día 8 de marzo sirva para que haya un gran debate en el conjunto del país, que se pueda evidenciar hasta qué punto vivimos en una sociedad patriarcal, en la que las mujeres sufren muchas discriminaciones y, sobre todo, a partir de ahí, ver cómo somos capaces de empezar a construir una sociedad en la que vayan desapareciendo estas discriminaciones”.

Ha manifestado que la lucha por la igualdad es una cuestión de mujeres y de hombres, no solo de mujeres, y que la brecha salarial es una de las cuestiones centrales de las reivindicaciones este 8 de marzo, una brecha que va mucho más allá de los salarios, tiene que ver también con la promoción de las mujeres en el mundo laboral, “la brecha en los puestos de mando es brutal”- ha dicho.

Asimismo, ha destacado que “la reforma laboral solo ha traído más discriminación y más marginación de la mujer en el mundo del trabajo”.

Por otra parte, ha recordado que UGT lleva trabajando día a día por la igualdad en las empresas y en las administraciones, mediante la negociación de los convenios y de los planes de igualdad, y que ha defendido y defiende, también, los derechos y los intereses de las mujeres a nivel institucional y ante los distintos gobiernos.

Perseguir el acoso y acabar con la violencia machista

El Secretario General de UGT, ha afirmado que el 8 de marzo debe ser “una ventana” para visibilizar el acoso que sufren las mujeres en los centros de trabajo y ha animado a las trabajadoras a denunciar todos los casos de acoso. “Deben saber que cuentan con el apoyo social y los individuos que las acosan que se les va a perseguir y que se va a acabar con su impunidad”.

Asimismo, ha instado a que el 8 de marzo sirva para denunciar la violencia machista. Ha señalado que le produce “rubor” que el Pacto de Estado se utilice en términos políticos y que esté condicionado a que haya Presupuestos Generales del Estado o no. En este sentido, ha instado a que las Cortes Generales aprueben, cuanto antes, la dotación presupuestaria para desarrollarlo.

No obstante, ha remarcado que “hay que ser conscientes de que con esto no es suficiente”, la sociedad en su conjunto debe comprometerse para acabar con esta lacra. Hay que acabar los con los chistes sexistas, con las actitudes machistas, etc.

Alzar la voz alta y clara por la igualdad

Por su parte, la Secretaria General de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha denunciado que la precariedad tiene cara de mujer y que la suma de brechas que sufren las mujeres supone un gran robo. Por eso, ha instado a “alzar la voz alta y clara en busca de la igualdad. Este 8 de marzo tenemos que conseguir entre todos y todas que sea histórico”.

Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo. “Ahora es el Momento #CSIFsiempre8M”

miércoles, 7 de marzo de 2018

Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo. “Ahora es el Momento #CSIFsiempre8M”

05 de Marzo de 2018 csif.es

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado conmemora el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, una jornada auspiciada por Naciones Unidas para visibilizar las acciones dirigidas para combatir la discriminación, las situaciones de abuso y la violencia que, a diario, sufren las mujeres de todo el mundo.

Bajo el lema, ‘Ahora es el momento. #CSIFsiempre8M’ nuestro sindicato defiende las mujeres, a diario, desde nuestro ámbito de responsabilidad sindical y con medidas efectivas y palpables

CSIF es consciente del movimiento mundial y el debate social, también en la sociedad española para favorecer la igualdad, la visibilidad y otorgar a la mujer el papel que históricamente se le ha negado.

Por eso CSIF, como sindicato y agente activo en el ámbito laboral, promueve y reivindica la aplicación de medidas evidentes e inmediatas en favor de la igualdad y los derechos sociales de las mujeres ante situaciones como la brecha salarial, las responsabilidades familiares, la violencia de género o los abusos sexuales.

CSIF considera que debemos aprovechar este clamor generalizado y el debate reflejado por los medios de comunicación y redes sociales para transformar la realidad y mejorar la situación a la que se enfrentan las mujeres de este país.

Desde nuestra responsabilidad, CSIF centra la celebración del 8 de Marzo en tres ejes fundamentales: la eliminación de la brecha salarial; las medidas para favorecer la conciliación y corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres para garantizar la igualdad de oportunidades y la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad; y la lucha contra la violencia de género, el acoso y el abuso sexual.

Las administraciones públicas deben actuar como ejemplo, punta de lanza y acicate en los avances sociales que se han de producir en todos los ámbitos de la sociedad y ser modelo de empresa para el sector privado.

BRECHA SALARIAL

Este año, ha cobrado especial relevancia la necesidad de combatir la brecha salarial. En el caso de la Administración Pública, según los últimos datos del

Instituto Nacional de Estadística, el sueldo bruto medio de los hombres es de 28.772 euros anuales, frente a los 26.267 de las mujeres (es decir 2.505 euros menos al año).

En la misma línea, un estudio del Ministerio de Fomento y las empresas públicas dependiente de este departamento y al que ha tenido acceso CSIF ha detectado una brecha salarial de 6.719 euros de media. Además las empresas del grupo incumplen la Ley de Igualdad, dado que la presencia de las mujeres en sus consejos de administración apenas alcanza el 18 por ciento.

El Gobierno tampoco ha cumplido importantes compromisos adquiridos en el marco del Plan Para la igualdad de la Administración General del Estado:

– Proyectos de investigación sobre igualdad entre mujeres y hombres y un estudio específico para detectar desequilibrios salariales y de nivel.

– Impulsar la concurrencia de mujeres a puestos mayoritariamente ocupados por hombres.

– Desarrollar una base de datos de perfiles profesionales con información de mujeres cualificadas para ocupar puestos de responsabilidad.

– Analizar las causas o factores asociados a la promoción o trayectoria profesional que puedan determinar menor retribución.

CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN

CSIF defiende la corresponsabilidad familiar como pieza clave para el avance y empoderamiento personal, social, laboral y familiar de la mujer. Y la Administración General del Estado debe ser el referente de las medidas de racionalización de horarios que plantea el Gobierno, dando ejemplo al conjunto de la sociedad con buenas prácticas, horarios flexibles y productivos

Y por eso, CSIF pretende devolver a las administraciones la posibilidad de negociar la jornada laboral de 35 horas semanales, a través de la negociación que ha retomado con el Ministerio de Hacienda.

CSIF también mantiene como medida simbólica el cierre de los departamentos ministeriales a las 18.00 horas –sin pérdida efectiva de horas de trabajo, manteniendo por tanto las retribuciones, pero organizando la jornada de una manera más racional para fomentar la conciliación–, en línea con la propuesta que realizó la Ministra de Empleo, Fátima Báñez.

CSIF también promueve la “bolsa de horas”, es decir, flexibilidad horaria que permitan a los empleados públicos disminuir su jornada de trabajo, en determinados periodos y por motivos directamente relacionados con la conciliación y debidamente acreditados, recuperando el tiempo con posterioridad.

Asimismo, defendemos el teletrabajo regulado, siempre con un horario, como modelo complementario a la jornada presencial, y cumpliendo la Ley de Prevención de riesgos laborales.

Otras medidas, contenidas en el Plan de Igualdad, pendientes aplicar son: la lactancia como un derecho individual de las empleadas y empleados públicos que sea ejercido por uno de los dos progenitores para garantizar la igualdad en el ámbito laboral y profesional.

Y desarrollar el permiso por cuidado de hijo o hija menor afectado por cáncer o enfermedad grave.

VIOLENCIA DE GÉNERO

CSIF es parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y pretende desarrollar desde ya las medidas que hemos impulsado en el ámbito laboral y las administraciones públicas.

El Gobierno aún no ha desarrollado un protocolo de detección, tratamiento de la violencia de género que favorezca la movilidad sin merma de retribuciones. Igualmente, tiene pendiente el desarrollo del protocolo frente el acoso sexual.

Por eso, en colaboración con otras asociaciones referentes en este ámbito, hemos puesto en marcha una campaña para detectar y atender de manera precoz a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral.

Bajo el lema “Nos preocupa tu vida”, se trata de una medida pionera por la que los delegados/as sindicales, especializados en la materia, actuarán como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas. De esta manera pretendemos cubrir un vacío asistencial en nuestras administraciones y empresas.

Además, gracias a nuestra reivindicación, las Administraciones Públicas promoverán la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, a través de cuotas de reserva en los contratos programa.

De la misma manera, promoveremos el uso del teletrabajo particularmente en las Administraciones Públicas, para favorecer la vinculación laboral de las víctimas.

USO convoca paros parciales el 8 de marzo

miércoles, 7 de marzo de 2018

USO convoca paros parciales el 8 de marzo

12 febrero, 2018  uso.es
USO convoca paros parciales entre las doce del mediodía y las cuatro de la tarde del 8 de Marzo para protestar por la discriminatoria situación laboral que sufren las mujeres en España.

Con esta convocatoria, la USO pretende animar a la participación y la reivindicación de los derechos de la mujer en el trabajo. Las diferentes Uniones Territoriales, Federaciones y secciones sindicales la organizarán en función de sus ámbitos y turnos.

Los paros vendrán respaldados por concentraciones de cinco minutos en los centros de trabajo, a las 12:00 y 16:00 horas según el turno, para apoyar la campaña impulsada desde la Confederación Europea de Sindicatos (CES) de promover la directiva comunitaria que mejore el sistema de licencias de paternidad retribuida y de licencias para los cuidados familiares. “Desde la USO, queremos darle un toque de atención a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento Europeo para que apoyen esta directiva, que equilibraría la carga de los cuidados familiares entre hombres y mujeres”, reclama Dulce Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de la USO.

USO lleva años organizando actos reivindicativos para luchar por la equiparación real de la situación de la mujer en el mundo laboral. Este año, “lo hacemos bajo el lema ‘Rompamos la etiqueta de la precariedad femenina’, porque aunque la precariedad la sufren muchos trabajadores en España, sigue teniendo un tinte marcadamente femenino. Desde jóvenes, acceden a puestos más inestables y peor remunerados; padecen en la edad adulta los recortes de jornada o la discriminación por la maternidad; y todo ello deriva en unas pensiones un 40% más bajas por las menores cotizaciones durante toda su vida laboral”, explica Dulce Moreno.

Por todo eso, finaliza la Secretaria de Igualdad, “la USO se une al movimiento internacional que reclama acciones contundentes para este 8 de Marzo y, además de promover los paros en las empresa, organizaremos diversos actos de protesta en todos los territorios”.

El Colegio de Registradores, acreditado para gestionar el Identificador de Entidad Legal (LEI)

martes, 6 de marzo de 2018

El Colegio de Registradores, acreditado para gestionar el Identificador de Entidad Legal (LEI)

Notas de prensa – registradores.org

Ha recibido el certificado correspondiente de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)

05.03.18.- El Colegio de Registradores de España ha sido acreditado por la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) como Unidad Operativa Local (LOU) para la gestión del Identificador de Entidad Legal (LEI).

El Colegio de Registradores había venido gestionando, a través de los registros mercantiles provinciales, la emisión del LEI desde 2013, en virtud de la encomienda recibida del Banco de España, representante de nuestro país en el Comité de Supervisión Regulatoria (ROC).

Este reconocimiento supone la culminación de dos años de intenso trabajo en los que se han adaptado los procesos, organización y operativa del Colegio de Registradores y los registros mercantiles provinciales, a los exigentes requisitos establecidos por el ROC.

Con la acreditación del Colegio de Registradores se introduce un nuevo modelo operativo centralizado que permite incrementar la eficiencia en la prestación del servicio y facilita sustancialmente la realización telemática de los trámites con el Registro Mercantil brindando a los usuarios los mayores niveles de calidad y soporte, al tiempo que se mantiene el máximo rigor y seguridad jurídica que garantiza la intervención del registrador mercantil en el proceso.

El Identificador de Entidad Jurídica (LEI, por sus siglas en inglés) es un código global que contribuye a una correcta y fiable identificación de las entidades que participan en los mercados financieros y de capitales.

De acuerdo con la normativa europea, el código LEI debe ser empleado para identificar a las partes contratantes en las transacciones financieras en todo el mundo y hacer más fácil para los reguladores conocer los posibles riesgos sistémicos en las primeras fases. El objetivo final es mejorar la gestión de los riesgos financieros.

El portal del Identificador de Entidad Legal, integrado en el Ministerio de Justicia, es accesible en: https://www.justicia.lei.registradores.org/ .