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Archivo de abril de 2018

El Tribunal General de la UE declara que una misma persona no puede ocupar a la vez el puesto de presidente del consejo de administración y de «directivo efectivo» en las entidades de crédito sometidas a supervisión prudencial

Lunes, 30 de abril de 2018

www.curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal General de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 54/18
Luxemburgo, 24 de abril de 2018
Sentencia en los asuntos acumulados T-133/16 a T-136/16
Caisses régionales de crédit agricole mutuel Alpes Provence, Nord Midi-Pyrénées, Charente-Maritime y Brie Picardie/Banco Central Europeo
El Tribunal General de la UE declara que una misma persona no puede ocupar a la vez el puesto de presidente del consejo de administración y de «directivo efectivo» en las entidades de crédito sometidas a supervisión prudencial
El concepto de «directivo efectivo» se refiere a los miembros de la alta dirección, función que no puede acumularse a una función no ejecutiva de supervisión
Crédit agricole es un grupo bancario francés descentralizado que dispone, entre otras, de caisses régionales de crédit agricole mutuel (cajas regionales de crédito agrícola mutuo). Cuatro de esas cajas regionales quisieron nombrar a una misma persona para los puestos de presidente del consejo de administración y de «directivo efectivo». El Banco Central Europeo (BCE), encargado de la supervisión prudencial de Crédit agricole, aprobó la designación de las personas en cuestión como presidentes del consejo de administración, pero se opuso a que ejercieran simultáneamente la función de «directivo efectivo».
En efecto, el BCE consideró que las funciones que permitían a una persona obtener la aprobación como «directivo efectivo» en el sentido del Derecho francés y del Derecho de la Unión 1 eran funciones ejecutivas (como las de consejero delegado), diferentes de las confiadas al presidente del consejo de administración. Según el BCE, debe existir en principio una separación entre el ejercicio de las funciones ejecutivas y no ejecutivas en el seno de un órgano de dirección.
Las cuatro cajas regionales recurrieron ante el Tribunal General de la Unión Europea solicitando la anulación de las decisiones del BCE. En esencia, alegan que el BCE no había interpretado correctamente el concepto de «directivo efectivo», al limitarlo a los miembros de la dirección que disponen de funciones ejecutivas.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal General desestima los recursos de las cuatro cajas regionales y confirma la postura adoptada por el BCE.
El Tribunal General analiza el concepto de «directivo efectivo» de una entidad de crédito a la luz del artículo 13 de la Directiva 2013/36/UE. Sobre la base de una interpretación literal, histórica, teleológica y contextual, concluye que dicho concepto se refiere a los miembros del órgano de dirección que forman parte de la alta dirección de la entidad de crédito. En particular, el Tribunal General recuerda el objetivo perseguido por el legislador de la Unión en materia de buen gobierno de las entidades de crédito. Este objetivo precisa de la búsqueda de una supervisión eficaz de la alta dirección por parte de los miembros no ejecutivos del órgano de dirección, lo que implica un equilibrio de las facultades en el seno del órgano de administración. Ahora bien, la eficacia de esa supervisión quedaría menoscabada si el presidente del órgano de dirección en su función de supervisión, pese a no desempeñar formalmente la función de consejero delegado, se encargara simultáneamente de la dirección efectiva de la actividad de la entidad de crédito.
1 Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).
www.curia.europa.eu
El Tribunal General considera que, puesto que el BCE interpretó correctamente el concepto de «directivo efectivo», también aplicó correctamente el artículo 88 de la Directiva 2013/36/UE, que establece que el presidente del órgano de dirección en su función de supervisión de una entidad de crédito (como el presidente del consejo de administración) no debe poder ejercer simultáneamente las funciones de consejero delegado de la misma entidad, salvo que las autoridades competentes lo autoricen expresamente.
Por último, el Tribunal General señala que el BCE también aplicó correctamente las disposiciones del Código monetario y financiero francés que transponen la Directiva 2013/36/UE, conforme a la interpretación de éstas realizada por el Consejo de Estado francés.
NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.
NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

El CGPJ aprueba la exención completa de reparto de asuntos para el juzgado especializado en cláusulas suelo de Asturias

Lunes, 30 de abril de 2018

Lunes, 23 de abril de 2018  poderjudicial.es

El CGPJ aprueba la exención completa de reparto de asuntos para el juzgado especializado en cláusulas suelo de Asturias

El Primera Instancia nº 6 de Oviedo en los cuatro primeros meses de 2018 ha registrado 2092 asuntos y ha notificado 1755 sentencias. La Sección de la Audiencia Provincial asignada para conocer todos sus recursos también ha aumentado notablemente sus números.

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado, en su reunión del pasado 12 de abril, el atribuir al Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, que desde el pasado día 1 de junio atiende en exclusiva todas las demandas presentadas en el Principado de Asturias vinculadas a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (reclamación de cláusulas suelo abusivas, gastos de tramitación de hipotecas, etc.), la exención, -en principio hasta el próximo 30 de junio-, en el reparto de asuntos habitual para los juzgados de Primera Instancia de Oviedo.

Con esta medida el CGPJ atiende así la petición del magistrado titular del Juzgado, ratificada posteriormente por la Sala de Gobierno del TSJA, que veían esta decisión como imprescindible para hacer frente al alto número de demandas presentadas en nuestra comunidad, y a las que ahora podrá dedicarse en exclusividad, al menos hasta el próximo mes de junio.

Concretamente, el Juzgado único especializado en claúsulas suelo de Asturias lleva registrados en los cuatro primeros meses de 2018, 2092 asuntos y ha notificado 1755 sentencias, siendo el juzgado de España más resolutivo en esta materia.

El Juzgado cuenta ahora mismo con el magistrado titular, Antonio Lorenzo, una jueza de refuerzo designada por el CGPJ en su plan nacional, Marta Huerta y varios jueces de apoyo han trabajado en el juzgado en periodos intermitentes. Además ha tenido que ser reforzado en tres funcionarios por el Gobierno regional.

Aumento de los números en la Audiencia Provincial

La gran cantidad de asuntos registrados y sentencias notificadas por el Juzgado especializado ha afectado asimismo a los números de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo, encargada de revisar todos los recursos presentados.

En este sentido, hay que destacar que si esta Sección en todo 2017 había registrado 165 asuntos, en el primer cuatrimestre de 2018 contabiliza ya 665, de los que 551 proceden del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo y el Registro en el Servicio de Reparto ha pasado de 687 a 1371 asuntos.

Comunicado del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

Domingo, 29 de abril de 2018

Viernes, 27 de abril de 2018 poderjudicial.es

Comunicado del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

Autor:Comunicación Poder Judicial

Madrid, 27 de abril de 2018.-

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ante las reacciones suscitadas por la sentencia 38/2018 notificada ayer por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, recaída en el procedimiento sumario ordinario 426/2016, y en especial ante las declaraciones realizadas por algunos responsables públicos, quiere poner de manifiesto lo siguiente:

“El tribunal ha valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces, sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico.

Todas las decisiones judiciales, como emanación de un poder público del Estado, están sin duda sometidas a la crítica pública y en este caso, como en todos, debe respetarse el derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales.

Quiero recordar, finalmente, que son los jueces y magistrados el más importante baluarte para la protección y defensa de todas las víctimas”.

Las exportaciones crecen un 4,4% hasta febrero y siguen en máximos

Sábado, 28 de abril de 2018

20 de abril de 2018  mineco.gob.es

Las exportaciones crecen un 4,4% hasta febrero y siguen en máximos

España exportó entre enero y febrero por valor de 45.419 millones de euros
El déficit se situó en 6.103 millones de euros

Las exportaciones españolas de mercancías en el periodo enero-febrero ascendieron un 4,4% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 45.419 millones de euros, máximo histórico de la serie para el acumulado en este periodo. Las importaciones subieron un 4,6%, hasta los 51.522 millones de euros, también nuevo record histórico. Como resultado, el déficit comercial de los dos primeros meses del año alcanzó los 6.103 millones de euros, un 6,3% superior al registrado en el mismo periodo de 2017.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 88,2% (88,3% en enero-febrero de 2017). En términos de volumen, las exportaciones aumentaron un 2,3%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, crecieron un 2%; y las importaciones se incrementaron un 3,4%, pues los precios subieron un 1,2%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 1.580 millones de euros (déficit de 940 millones en enero-febrero de 2017) y el déficit energético bajó un 5,8%, hasta los 4.523 millones (déficit de 4.800 millones en 2017).

Las exportaciones españolas crecieron en los dos primeros meses menos que en el conjunto de la zona euro (6,2% interanual) y en la UE (5,7%). También aumentaron más las ventas de Italia (6,6%), Francia (5,8%), Alemania (5,4%), EEUU (6,8%) y Japón (6,6%). Mientras, en Reino Unido las exportaciones crecieron menos ((2,4%).

Los principales sectores experimentaron crecimientos en sus exportaciones, a excepción del automóvil (16,7% del total), cuyas ventas disminuyeron un 0,9%, y del sector de alimentación, bebidas y tabaco (16,7% del total) que retrocedió un 1,1%. Así, los bienes de equipo (que representan un 18,7% del total) ascendieron un 4,9%; los productos químicos (14,4% del total) crecieron un 4,2%; y las manufacturas de consumo (10,6% del total) aumentaron un 11,2%.

El crecimiento de las importaciones se ha visto favorecido por el aumento de la demanda interna. Los ascensos se registran en todos los sectores: las compras de bienes de equipo (19,7% del total) se incrementaron un 0,5% interanual; las de productos químicos (15,9% del total) crecieron un 14,8%; las de productos energéticos (14,9% del total) aumentaron un 1,2% interanual; y las del sector automóvil (13,3% del total) un 4,8%.

Las exportaciones a la UE (67% del total) crecieron un 3,2% en enero-febrero. Las ventas a la zona euro (52,6% del total) ascendieron un 3,3% y las destinadas al resto de la UE (14,5% del total), aumentaron un 2,8%.

El dinamismo fue mayor en las ventas a terceros destinos (33% del total), que se incrementaron un 6,8%, con aumentos de las ventas a todas las grandes zonas geográficas: Oceanía (23,5%), América Latina (11,3%), África (9,5%), América del Norte (4,2%), Asia excluido Oriente Medio (1,7%) y Oriente Medio (1,5%).

Por países destacan los aumentos de las ventas a mercados como Argentina (76,8%), Australia (34,5%), Nigeria (21,7%), Egipto (20,5%), Argelia (20%), Indonesia (18%), México (14,6%), Marruecos (11,7%), Estados Unidos (4,3%) o Canadá (3,4%). En cambio, se redujeron las exportaciones a Emiratos Árabes Unidos (-20,9%), Hong-Kong (-13,8%), Corea del Sur (-11,6%), India (-7,4%) y Perú (-6,4%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Illes Balears (49,3%), Galicia (19,5%) y Extremadura (16,6%). Los mayores descensos se dieron en el Principado de Asturias (-11,8%), la Región de Murcia (-8%) y Cantabria (-3,8%).

Datos del mes de febrero

En el mes de febrero, las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 2,3% sobre el mismo mes de 2017, hasta los 22.590 millones de euros. Las importaciones subieron un 0,3% en términos interanuales, hasta los 24.757 millones de euros. Como resultado, en febrero pasado se registró un déficit de 2.167 millones, un 16,8% inferior al de febrero de 2017. La tasa de cobertura se situó en el 91,2%. Con la serie desestacionalizada y corregida del efecto calendario, los incrementos serían del 2,5% para las exportaciones y del 0,4% para las importaciones.

El saldo no energético arrojó un déficit de 456 millones de euros (déficit de 85 millones en febrero de 2017) y el déficit energético se redujo un 32,1%.

El aumento de las exportaciones españolas en febrero (2,3%) es menor que el registrado en la zona euro (3,4%) y en la Unión Europea (2,9%).

En febrero, las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron de los sectores de productos energéticos (contribución de 1,4 puntos), bienes de equipo (1 punto), semimanufacturas no químicas (0,6 puntos) y materias primas (contribución de 0,5 puntos). Por el contrario, los únicos sectores que lastraron de forma significativa las exportaciones fueron el sector automóvil (contribución de -0,8 puntos) y alimentación, bebidas y tabaco (contribución de -0,5 puntos).

En febrero de 2018, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 66% del total (67,7% en febrero de 2017) y se redujeron un 0,2%. Las dirigidas a la zona euro crecieron un 0,6% y las destinadas al resto de la UE bajaron un 3%. De los principales socios destacan los incrementos de ventas a Portugal (8,2%) y Alemania (3,1%), mientras que bajaron las dirigidas a Italia (-5,6%), Francia (-2,1%) y Reino Unido (-8,1%).

El Supremo fija criterio sobre los márgenes de error de los radares de tráfico

Sábado, 28 de abril de 2018

Miércoles, 25 de abril de 2018  poderjudicial.es

El Supremo fija criterio sobre los márgenes de error de los radares de tráfico

Confirma la condena penal a un conductor grabado a 214 kilómetros por hora al aplicarle un margen del 5 y no del 7 por ciento

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal ha establecido que los radares móviles de tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación fija, en trípodes o en coches parados, tienen un margen de error del 5% y no del 7%, por lo que atribuye a este tipo de dispositivos el mismo porcentaje que a los fijos. Con este criterio, el tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un conductor, que fue grabado por un radar cuando conducía a 214 km/h por la AP-68 (sentido Zaragoza), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que le impuso el pago de una multa de 1080 euros y la prohibición de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial.

La Sala se plantea si un radar cuando se coloca sobre un trípode o en un vehículo parado es un instrumento fijo o móvil a los efectos de determinar el índice de error del 5% o del 7%, ya que considera que las órdenes ministeriales que regulan estos dispositivos –fijos y móviles (estáticos o en movimiento)- no aclaran esta cuestión.  En el caso planteado en este recurso de casación -señalan los magistrados- dicho porcentaje es relevante, pues, en función del margen de error que se aplique, el conductor puede ser absuelto o condenado. De hecho, el juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona le absolvió al considerar que el aparato de medición era móvil, por lo que después de aplicar un margen de error del 7% concluyó que la velocidad a la que circulaba el conductor podía ser de 199 km/h, y no superaba en 80 km/h la velocidad máxima permitida en esa vía, luego no era delito. Por su parte, la Audiencia Provincial de Navarra entendió que el sistema de medición era estático, con un margen de error del 5%, por lo que la velocidad a la que circulaba era como mínimo de 203 km/h. Al superar el margen legal, revocó la absolución y condenó a este conductor como autor de un delito contra la seguridad vial.

La conclusión a la que llegan los magistrados de la Sala de lo Penal es que “si el aparato de medición, cinemómetro, es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%”, y afirman, además, que esa catalogación es “lógica” porque “la medición de la velocidad, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que la medición realizada desde un dispositivo en movimiento”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, afirma que las órdenes ministeriales distinguen entre instrumentos de medición fijos o móviles, a los que asigna un distinto margen de error en sus mediciones, derivadas de su distinta ubicación y función. Los fijos son los instalados en elementos inmuebles –arco, edificio, poste o pórtico de carretera- con carácter permanente, y los móviles son los trasladados de un lugar a otro. Dentro de este último grupo, por su movilidad –explica el tribunal- se distingue entre móviles en sentido estricto, dispuestos para la medición en movimiento, y aquellos otros que, además de la movilidad, por poder ser trasladados, desarrollan su función de medición en situación de parados. “Estos últimos son denominados estáticos a los que se atribuye el margen de error de los fijos”, concluye la Sala en su sentencia.

Arrojar luz sobre la corrupción y el lado oscuro de la gestión de gobierno

Viernes, 27 de abril de 2018

Arrojar luz sobre la corrupción y el lado oscuro de la gestión de gobierno

blog-dialogoafondo.imf.org

Por Christine Lagarde
El Directorio Ejecutivo del FMI acaba de aprobar un nuevo marco para reforzar la labor que el FMI realiza con los países miembros en materia de gestión de gobierno y corrupción. Quisiera explicar por qué esto es importante y cómo incide en nuestro trabajo.

Costos de la corrupción

Todos sabemos que la corrupción arraigada es perniciosa para la economía ya que socava la capacidad de un país de generar un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

El estudio que acabamos de publicar presenta resultados empíricos que muestran que un alto grado de corrupción está asociado a niveles significativamente más bajos de crecimiento, inversión, inversión extranjera directa (IED) e ingreso tributario. Bajar del percentil 50 al percentil 25 en un índice de corrupción o gestión de gobierno implica una caída de la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita de medio punto porcentual o más, y un descenso en la relación inversión/PIB de 1½–2 puntos porcentuales.  Los resultados muestran asimismo que la corrupción y la gestión de gobierno inadecuada traen consigo un mayor grado de desigualdad y un menor crecimiento inclusivo.

Estas conclusiones no son difíciles de entender. Sabemos que la corrupción mina la capacidad impositiva del gobierno y distorsiona el gasto, desviándolo de inversiones valiosas en esferas como salud, educación y energías renovables hacia proyectos que despilfarran recursos y ofrecen beneficios a corto plazo. Sabemos que actúa como un impuesto a la inversión, o incluso como un obstáculo más grave, debido a la incertidumbre sobre las demandas de futuros sobornos. También sabemos que la corrupción hace que los jóvenes no inviertan lo suficiente en educarse y especializarse porque salir adelante depende de a quién se conoce y no qué se sabe. Sabemos que la corrupción perjudica a los pobres, limita las oportunidades económicas y la movilidad social, socava la confianza en las instituciones y disuelve la cohesión social. La corrupción es uno de los principales obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reforzar la labor del FMI

Todas estas razones están detrás de la decisión del FMI de redoblar la lucha contra la corrupción, y de hacerlo ahora. Cabe destacar que esta iniciativa contra la corrupción pasará a formar parte de nuestras actividades generales con las que buscamos promover la buena gestión de gobierno en ámbitos fundamentales, como la gestión de financiera pública, la supervisión del sector financiero y las medidas contra el lavado de dinero.

Este enfoque más amplio es indispensable. Las deficiencias en la gestión de gobierno son perjudiciales en sí mismas, pero además abren las puertas a una corrupción generalizada. Para ser verdaderamente eficaces, las estrategias contra la corrupción no deben reducirse simplemente al encarcelamiento de gente. Requieren reformas normativas e institucionales más amplias. Al fin y al cabo, la “cura” más perdurable para la corrupción es contar con instituciones sólidas, transparentes y que den cuenta de sus actos.  En las célebres palabras de Louis Brandeis, “se dice que la luz del sol es el mejor desinfectante y la luz eléctrica el policía más eficiente.”

Un beneficio adicional de este enfoque más amplio es que como la corrupción suele estar estrechamente ligada a fallas más generales en la gestión de gobierno y que, en muchos casos, es difícil de cuantificar, podemos usar las deficiencias en la gestión de gobierno para corroborar las evaluaciones de la corrupción.

He de señalar que este tema no es nuevo para nosotros. Desde 1997 contamos con una política de gestión de gobierno que ha dado buenos resultados: nuestro examen puso de manifiesto que los principios que la animan son los correctos. Esta política nos insta a abordar las cuestiones de gestión de gobierno y corrupción cuando tienen un impacto macroeconómico significativo. También nos exhorta a colaborar con nuestros socios institucionales (especialmente el Banco Mundial) en sus ámbitos de especialización y a no interferir en política o en casos específicos de aplicación de la ley.

No obstante, aunque estos principios son adecuados, nuestro examen constató que su aplicación es dispar. Ante acciones similares, no siempre medimos a los miembros con la misma vara. Nuestros análisis a menudo no fueron claros.

Esto va a cambiar. Hemos adoptado un marco para reforzar la labor del FMI en materia de gestión de gobierno y corrupción, para así facilitar una interacción más sistemática, imparcial, eficaz y franca con los países miembros.

Como primer paso, estamos elaborando una metodología clara y trasparente para evaluar la naturaleza y gravedad de las deficiencias de la gestión de gobierno. Evaluaremos una amplia serie de indicadores: calidad de las instituciones presupuestarias encargadas de la tributación y el gasto; solidez de la supervisión del sector financiero; integridad de los bancos centrales; transparencia e imparcialidad de la regulación del mercado; previsibilidad de los aspectos del Estado de derecho esenciales para la salud de la economía, en particular, el cumplimiento de los contratos; e idoneidad de los marcos jurídicos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y desde luego, evaluaremos la gravedad de la corrupción directamente.

El siguiente paso será determinar el impacto económico de las fallas identificadas en las esferas de gestión de gobierno y corrupción y, en respuesta, formular recomendaciones de política específicas para cada país. Cabe destacar que examinaremos estos aspectos en una perspectiva de más largo plazo, dado que la gestión de gobierno deficiente y la corrupción perjudican a la economía no solo a través de distorsiones a corto plazo sino también del lento deterioro institucional. En nuestros programas de crédito, analizaremos si estos problemas menoscaban la capacidad de los países para poner en práctica sus reformas económicas.

La corrupción enfocada desde el lado de la oferta

Hay un elemento más que debemos tener en cuenta. Es obvio que, parafraseando a Milton Friedman, la corrupción es siempre y en todas partes un fenómeno que involucra a dos partes. La contracara de cada soborno aceptado es un soborno ofrecido. Además, suele pasar que los fondos obtenidos por actos de corrupción se ocultan fuera del país y, en muchos casos, en el sector financiero de las grandes capitales. Es muy posible que un país tenga las “manos limpias” en casa, pero las “manos sucias” en el exterior.

Por ende, para combatir la corrupción verdaderamente, también es necesario abordar la forma en que las personas o las entidades privadas facilitan las prácticas corruptas. En tal sentido, alentaremos a los países miembros a que sometan sus marcos jurídicos e institucionales de forma voluntaria a una evaluación por parte del FMI, para determinar si los actos de soborno en el extranjero están tipificados como delito y son enjuiciables, y si existen mecanismos para detener el lavado y ocultamiento de dinero sucio. Me complace que nueve países —todos los del G-7 más Austria y la República Checa— ya se hayan ofrecido voluntariamente para participar en esta evaluación. Esto representa un importante voto de confianza en el nuevo marco.

Ahora que tenemos el respaldo pleno de nuestros países miembros, debemos centrarnos en el tema de la aplicación. Observarán que de aquí en adelante la gestión de gobierno y la corrupción serán temas que se evaluarán y analizarán más a fondo en nuestras actividades de supervisión y nuestros programas de crédito. También reforzaremos nuestras actividades de fortalecimiento de capacidades en estos ámbitos, para ayudar a los países a afianzar sus marcos normativos y sus instituciones.

Nuestro objetivo es ser francos, estrictos, trasparentes e imparciales. Esto a su vez aumenta nuestra credibilidad y nos permite mejorar aún más el cumplimiento de nuestra tarea.

Recordando nuevamente a Brandeis, estoy convencida de que el refuerzo de nuestra labor significará para la gestión de gobierno y la corrupción lo que la inversión en energía solar significa para el medioambiente: aprovechar el inmenso potencial de la luz solar para encauzar a la economía mundial por una senda más sostenible. Si todo marcha según lo previsto, el lado oscuro en el que se oculta la corrupción debería ser cada vez más reducido. Me interesa mucho trabajar en estrecha colaboración con los países miembros para hacer realidad este objetivo.

El Ministerio aborda con los sindicatos las reivindicaciones de los funcionarios de la Administración de Justicia

Jueves, 26 de abril de 2018

El Ministerio aborda con los sindicatos las reivindicaciones de los funcionarios de la Administración de Justicia

mjusticia.gob.es

25 de abril de 2018.- El secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, ha mantenido una reunión con los representantes de las organizaciones sindicales con los que ha analizado las reivindicaciones del personal de la Administración de Justicia correspondiente al ámbito territorial gestionado por el propio Ministerio.

Las principales demandas planteadas por los sindicatos afectan a diversas cuestiones retributivas entre las que figura el incremento del complemento específico, el reconocimiento de incentivos para ámbitos específicos como los juzgados de violencia sobre la mujer o el complemento de productividad, para procurar la equiparación salarial con el personal de las comunidades autónomas que tienen transferida la Justicia.

Durante la reunión se han analizado otras cuestiones como la necesidad de llegar a un acuerdo en materia de sustituciones profesionales para lo que la Administración ha ofrecido la creación de un grupo de trabajo.

Asimismo, los sindicatos han instado a la elaboración de planes de formación para el personal de la Administración de Justicia que contemplen especialmente la formación en nuevas tecnologías y en violencia de género, avanzar en igualdad y conciliación y la recuperación de los días de permiso a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Justicia se ha comprometido a estudiar el conjunto de cuestiones planteadas por los sindicatos teniendo en cuenta la viabilidad de cada una de ellas y dentro de las posibilidades que ofrezca el marco legal para su desarrollo. Igualmente se analizará el grado de cumplimiento de los anteriores acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales. A tal fin, y con objeto de avanzar en los temas planteados, la Administración remitirá a los representantes de los sindicatos el calendario de negociación para las materias a tratar. Ambas partes han acordado volverse a reunir en un plazo aproximado de dos semanas.

Además del secretario general de la Administración de Justicia, por parte de la Administración ha asistido a este encuentro el director general de Función Pública, Javier Pérez Medina, quien se ha referido al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos de la Administración General del Estado el pasado 9 de marzo y a la aplicación que haya de tener en el ámbito de Justicia.

En representación de los sindicatos han estado presentes Francisco Lama y Javier Jordán de Urríes por CSIF; Emilia Rubio y Alberto Arroyo por STAJ; Luis Calero y Flora Martínez por CC.OO. y María Victoria Carrero y Carlos García por UGT.

Condenado un exempleado de Zara por clonar tarjetas

Jueves, 26 de abril de 2018

Martes, 24 de abril de 2018 poderjudicial.es

Condenado un exempleado de Zara por clonar tarjetas

El tribunal le sustituye la condena de prisión por 40 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a dos años de prisión a un extrabajador de una tienda de Zara en Barakaldo que duplicó 87 tarjetas de clientes que habían pasado por la tienda y que usó para pagar sus propias compras.

No obstante, el tribunal ha resuelto suspender la ejecución de la condena de cárcel durante tres años con la condición de que no vuelva a delinquir y ha sustituido la condena por 40 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y un programa formativo.

Si en ese periodo de 36 meses el condenado no vuelve a reincidir en el delito, quedará exento de cumplir la pena de cárcel.

La Audiencia de Las Palmas anula la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios

Miércoles, 25 de abril de 2018

Martes, 24 de abril de 2018 poderjudicial.es

La Audiencia de Las Palmas anula la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios

La Sala establece que no se corresponde a servicio real alguno y que, por tanto, es un gasto a cuenta del banco

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Audiencia de Las Palmas, sala especializada en condiciones generales de la contratación en la provincia, ha decretado la nulidad de las cláusulas de comisión de apertura en los créditos hipotecarios, al entender que no se percibe como correspondientes a servicio o gasto real y efectivo alguno, y además tampoco es una actividad inherente a la propia de su negocio bancario.

El Tribunal que preside el magistrado Juan José Cobo y que completan los magistrados Elena Corral Losada y Jesús Ángel Suárez Ramos establece que la citada comisión no son sino costes inherentes a la explotación del negocio (bancario) que se sufragan con sus propios recursos.

La sentencia que establece la doctrina de la Sala -no hay de momento jurisprudencia del Supremo- estima el recurso de una particular de Las Palmas y condena a la entidad con la que suscribió el crédito hipotecario, Bankia, a devolverle los 1.189,26 euros que había abonado por este concepto (fundamento jurídico sexto del fallo).

Por lo demás, el fallo reitera la doctrina que ya había plasmado la Sala en anteriores sentencias: el banco debe pagar la totalidad de los gastos de notario, del Registro de la Propiedad, de la Gestoría y de la tasación del inmueble, el l banco y el cliente pagan por mitad los gastos del timbre que se incluyen en la factura del notario y el cliente prestatario es quien debe abonar el impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La juez Lamela confirma el procesamiento de la antigua cúpula de los Mossos d’Esquadra por delitos de sedición y organización criminal

Miércoles, 25 de abril de 2018

Lunes, 23 de abril de 2018 poderjudicial.es

La juez Lamela confirma el procesamiento de la antigua cúpula de los Mossos d’Esquadra por delitos de sedición y organización criminal

La magistrada subraya que el auto de procesamiento no refleja “meras conjeturas o pareceres de los investigadores, sino hechos objetivos”

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado el procesamiento del exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre, así como los del exdirector de los Mossos Pere Soler y del exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig por organización criminal y un único delito de sedición, en su caso por el 1 de octubre. Igualmente ha ratificado el procesamiento de la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 desestima los recursos de reforma presentados por los cuatro procesados en los que señalaban que no existen indicios suficientes para afirmar su participación en los hechos investigados, así como su discrepancia con la calificación jurídica.

Lamela subraya que la resolución recurrida resultado ajustada a derecho y añade que en el presente caso se han expuesto los indicios racionales de criminalidad existentes, su origen, su secuencia y las interrelaciones entre ellos, fijando a través de los mismos las consecuencias incriminatorias reseñadas en el auto de procesamiento. “No se trata de meras conjeturas o pareceres de los investigadores, sino que el mismo se exponen hechos objetivos obtenidos a través de las veintiuna diligencias” que se detallan en el auto de procesamiento.

Respecto a la falta de competencia de la Audiencia Nacional alegada por César Puig, la magistrada explica que ya se ha dictado resolución abordando ese asunto que fue confirmada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Y en referencia a las dispersión de causas por estos hechos en diferentes órganos judiciales alegada también por Puig, la juez afirma que ella era partidaria “de la investigación conjunta de todos aquellos hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia”, si bien “la existencia de personas aforadas ha impedido la investigación de todos aquellos investigados por los hechos acontecidos durante el proceso que tenía por objeto la proclamación de una república catalana independiente de España”.

La información sobre los ‘titulares reales’ será pública

Martes, 24 de abril de 2018

La información sobre los ‘titulares reales’ será pública

Xavier Gil Pecharromán

19/04/2018 – eleconomista.es

El Parlamento Europeo aprobó ayer la quinta revisión de la directiva comunitaria antiblanqueo, que permitirá que cualquier ciudadano pueda acceder a la información sobre los dueños reales de compañías que operan en la Unión Europea (UE), una mayor vigilancia sobre las monedas virtuales y tarjetas de prepago, así como medidas de protección para los delatores, que incluyen el anonimato.

Tras su posterior aprobación por el Consejo de Ministros, la norma se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor tres días después. Los Estados disponen de 18 meses para su transposición.

La reforma da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE. El objetivo es acabar con la opacidad que facilitan las denominadas empresas buzón, a menudo usadas para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos, como revelaron los Papeles de Panamá.

El texto aprobado afirma que “si bien ha habido mejoras significativas en la adopción y aplicación de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y en el respaldo a la labor de la OCDE en materia de transparencia por parte de los Estados miembros en los últimos años, es clara la necesidad de un mayor incremento de la transparencia global del entorno económico y financiero de la Unión”.

En cuanto a los propietarios de fideicomisos (trusts), la información será accesible para los que puedan demostrar un “interés legítimo”, como por ejemplo, periodistas y ONG. Los Estados miembros podrán dar un acceso más amplio a la información, en línea con su legislación nacional.

Finalmente, se obligará a las plataformas de negociación y a los proveedores que ofrecen servicios de monederos electrónicos a aplicar controles de diligencia debidas similares a los exigidos a los bancos, como la verificación de los clientes.

Así, deberán registrarse, igual que las empresas de cambio de divisas y las oficinas de cobro de cheques, así como los proveedores de servicios fiduciarios o empresariales.

En el caso de las tarjetas prepago, el importe de identificación de titulares se rebaja desde los 250 euros actuales a 150 y a más de 50 para operaciones remotas de pago.

La norma incluye criterios más estrictos para evaluar si los países de fuera de la UE presentan riesgo y medidas de vigilancia más estrechas de transacciones con nacionales de esas jurisdicciones.

USO denuncia que los salarios ya suponen menos de la mitad de la riqueza de España

Lunes, 23 de abril de 2018

USO denuncia que los salarios ya suponen menos de la mitad de la riqueza de España

18 abril, 2018  uso.es
Según el estudio elaborado por el Gabinete de Estudios de la USO titulado “Crecimiento económico: salarios y empleo”, se demuestra que, a pesar de que el PIB ha crecido a un ritmo por encima del 3% en los últimos tres años, la mejora de la riqueza nacional no ha llegado a los salarios.

Desde 2008, la renta salarial, uno de los tres pilares que componen el PIB, ha pasado de suponer más de la mitad de este (50,15% en 2008) a superar apenas el 47% al finalizar 2017 (47,29%). Esto supone una bajada de casi 3 puntos que, además, no es solo un descenso de la relación del peso en la riqueza, sino también en términos absolutos: en 2008, la remuneración de los asalariados suponía en España 559.777 millones de euros, mientras que en 2017 ha sido de 550.272 millones. Es decir, hay 9.505 millones de euros menos de riqueza salarial hoy que al empezar la crisis.

El crecimiento del PIB en los últimos años se sustenta sin embargo en el aumento de las rentas del capital y el peso de los impuestos. La diferencia entre la aportación de los salarios y de las rentas era en 2008 del 8,48%, mientras que al terminar 2017 es casi la mitad: 4,87%. “Este análisis evidencia”, señala Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, “que ni se recupera el empleo ni se recuperan los salarios. Y, lo que a nuestro parecer es más grave: que el valor del trabajo como tal se está devaluando. La creación de riqueza en nuestro país acaba en manos de unos pocos en lugar de distribuirse. Las rentas del capital, además, no cotizan, lo que debilita el Sistema Público de Pensiones”.

En la comparativa del coste de la vida y el coste salarial, el trabajador sale aún peor parado: “el coste salarial ha sufrido un zigzag de subidas y bajadas desde 2009 hasta ahora, con la bajada más aguda en 2012 (-3,62%). Si nos vamos a los dos últimos años, con el PIB creciendo a ritmos altos y la anunciada mejora de la economía, nos encontramos sin embargo con que el coste salarial en 2016 bajó casi un punto y en 2017 apenas subió medio. Y todo esto, mientras la inflación acumuló un 2,7%. Con las estadísticas en la mano, es un dato difícil de rebatir por quienes mantienen que la recuperación ha llegado”, defiende Sara García.

El mayor coste salarial es sinónimo de más y mejor empleo
Por lo expuesto, “desde la USO llamamos a que la gente salga a la calle este 1 de Mayo para exigir la subida de los salarios. Ya ha llegado la hora de que el crecimiento del PIB no redunde solo en beneficios empresariales o de las rentas, sino que llegue a los sueldos, el empleo y las pensiones”, anuncia Joaquín Pérez, secretario general de la USO.

“Tal y como demuestra el estudio, no es cierto que pagar mejores salarios arruine el tejido productivo, sino que genera un mayor y mejor empleo. El coste salarial más alto lo tienen la Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra, que también tienen una mejor tasa de desempleo. Sin embargo, en Andalucía, Canarias y Extremadura, donde el coste salarial está a la cola, el paro se dispara. La solución pasa por cambiar el modelo productivo, no por recortar en sueldos. Se ha demostrado que los recortes no son la medida efectiva para reducir el desempleo”, continúa el secretario general de la USO.

“Los salarios son la deuda pendiente que los agentes económicos tienen con la clase trabajadora, tal y como reclamamos en nuestro lema y manifiesto del 1 de Mayo que celebraremos en un acto central en León y en otras concentraciones regionales por toda España”, recuerda Joaquín Pérez.

UGT y CCOO llaman a la participación este Primero de Mayo

Domingo, 22 de abril de 2018

UGT y CCOO llaman a la participación este Primero de Mayo
UGT | Viernes, 20 de abril de 2018 ugt.es
UGT y CCOO en el manifiesto del 1º de Mayo de 2018 hacen un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores a participar en las distintas movilizaciones convocadas ese día para reclamar mejor empleo, mayores salarios, pensiones dignas y más igualdad.

Ambas confederaciones recuerdan que la economía española lleva cuatro años creciendo, que hay más empresas con beneficios, que antes de la crisis y que, sin embargo, la desigualdad y la pobreza están en niveles muy superiores a los que había antes de 2008. La pobreza se ha cronificado y España ocupa ya el puesto 26 de 28 en la UE.

Ambos sindicatos responsabilizan a las políticas económicas del crecimiento de la precariedad y la desigualdad. Consideran que “la devaluación salarial y la precarización de las condiciones de trabajo, promovidas por la reforma laboral, fomentan una recuperación basada en un reparto desigual de la riqueza y fomenta un modelo de crecimiento asentado en actividades poco productivas”.

Denuncian que el 14% de las personas con empleo son pobres y que los niveles de protección contra el desempleo siguen en mínimos (la mitad de los desempleados ya no perciben ninguna prestación)

Asimismo, UGT y CCOO alertan sobre la expansión de las empresas multiservicios, las plataformas digitales y las fórmulas abusivas de organizar el tiempo de trabajo, con alargamientos de jornada que ni se retribuyen ni se compensan.

También recuerdan las brechas de género que discriminan a la mitad de la población y la violencia machista que continúa cobrándose la vida de muchas mujeres. En este sentido, califican de “inaceptable” que el Gobierno en su proyecto de PGE 2018 reduzca de 200 a 80 millones la partida presupuestaria para combatir la violencia de género.

Respecto a la negociación colectiva, las Confederaciones Sindicales de UGT y CCOO, señalan que la patronal se resiste a que los salarios recuperen poder adquisitivo y que “hay grandes dificultades para avanzar en las negociaciones actuales en torno a un nuevo Acuerdo para 2018 y años posteriores”.

Una negociación colectiva en la que los sindicatos defienden una mejora sustancial de los salarios, en general, y de los más bajos en particular, incluyendo cláusulas de garantía salarial. Asimismo, exigen un aumento de los compromisos empresariales en relación a la estabilidad y calidad del empleo, la reducción de las desigualdades, la protección de la salud y la inversión productiva. UGT y CCOO consideran, además, imprescindible recuperar el papel central de los convenios sectoriales.

Ambos sindicatos anuncian que lanzarán una “creciente movilización laboral y social, que obligue tanto a las patronales como al Gobierno, y a los grupos parlamentarios que le dan soporte en el Parlamento, a abordar las reformas necesarias en materia de negociación colectiva y de empleo de calidad”.

Por otra parte, critican el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 del Gobierno que, aunque intentan dar una apariencia de social, profundizan en las políticas regresivas y no contribuyen a repartir la riqueza, ni a cambiar el modelo productivo. En relación a las pensiones contienen medidas coyunturales, parciales y erróneas, que “no corrigen los efectos negativos que, para las y los pensionistas de hoy y de mañana, supone la reforma de las pensiones de 2013, adoptada de forma unilateral, por el Gobierno del PP y su mayoría parlamentaria”. En este sentido, afirman que se proseguirá e intensificarán las movilizaciones en defensa del Sistema Público de Pensiones.

El manifiesto tampoco obvia la situación de los 300 sindicalistas que siguen encausados o condenados simplemente por manifestarse o participar en un piquete informativo. Piden descriminalizar el derecho de huelga y de manifestación y derogar la Ley Mordaza.

UGT y CCOO reivindican, además, la inmediata puesta en marcha de la Prestación de Ingresos Mínimos; la necesidad de instaurar un sistema público de servicios sociales; reformar las prestaciones por desempleo para garantizar una cobertura general y prestaciones dignas; y garantizar los derechos y la integración de los inmigrantes, de las personas trabajadoras con discapacidad, con distinta orientación e identidad sexual, en riesgo de exclusión y de las personas que están afectadas por el VIH y el sida.

En el ámbito europeo consideran “imprescindible” dotar al pilar europeo de derechos sociales (PEDS) de las garantías financieras y de los instrumentos jurídicos que posibiliten a la ciudadanía europea convivir en una sociedad más justa y exigen al Gobierno español que sus políticas se ajusten a los compromisos que ha firmado con respecto al PEDS.

Ambas Confederaciones refuerzan su compromiso de solidaridad con los pueblos del mundo que defienden la libertad y con las trabajadoras y trabajadores que luchan por sus derechos sindicales, sociales y laborales.

El Indicador Sintético de la Actividad Exportadora cae ligeramente pero mejoran las expectativas de cartera de pedidos a tres meses

Domingo, 22 de abril de 2018

17 de abril de 2018 mineco.gob.es
El ISAE cae ligeramente pero mejoran las expectativas de cartera de pedidos a tres meses
Las empresas exportadoras empeoran la percepción sobre el comportamiento de la cartera de pedidos en el primer trimestre de 2018 y, en menor medida, para los próximos doce meses. Las previsiones a tres meses mejoran, si bien no llegan a compensar estos descensos, lo que se traduce en una ligera reducción del Indicador Sintético de Actividad Exportadora (ISAE), que se sitúa en 24,9 puntos (25,8 en el trimestre anterior).

El ISAE es un indicador compuesto que resume la información proporcionada por las empresas entrevistadas sobre la evolución de su cartera de pedidos de exportación en el trimestre de referencia y las perspectivas a tres y doce meses. Este indicador puede oscilar entre -100 y +100. Los valores positivos indican una mejor percepción de la actividad exportadora y/o de las previsiones. El ISAE se compone, a su vez, de tres indicadores simples (balance de cartera de pedidos del trimestre actual, de perspectivas a tres meses y de perspectivas a doce meses) que se construyen por la diferencia entre el porcentaje de las empresas que prevén evoluciones al alza y las que lo hacen a la baja.

El Indicador de balance de cartera de pedidos del trimestre analizado se ha situado en 19,3 puntos, desde los 22,5 del trimestre anterior, mientras que las perspectivas a doce meses descienden algo más de un punto, hasta los 38,1. Estos descensos no han sido compensados por la apreciable mejora de las expectativas a tres meses, que aumentan más de cinco puntos hasta alcanzar un valor de 30,2.

La estabilidad continúa siendo la percepción dominante de los encuestados para la evolución de los precios y márgenes de beneficio de exportación en el trimestre, si bien se aprecia una cierta evolución al alza en el comportamiento de los precios.

Los tres factores más citados por su influencia positiva sobre la actividad exportadora son la evolución de la demanda externa (47,1%), la competencia en calidad (22,3%) y los recursos humanos adecuados para la actividad exportadora (19,6%). Los más mencionados como influencia negativa son el precio de las materias primas (57,2%), la competencia internacional en precios (56,1%) y el precio del petróleo (43%).

Atendiendo a la evolución del empleo o plantilla contratada en tareas de exportación, la percepción es más desfavorable que la del trimestre anterior. Desciende casi un punto el valor del indicador balance para la contratación en el trimestre (9,1), dos puntos el que refleja las previsiones de contratación a tres meses (7,6) y seis el que se refiere a la contratación a doce meses (10,2). En cambio, el indicador del grado de dedicación de la plantilla a tareas de exportación aumenta casi dos puntos, hasta situarse en un valor de 16,5.

En relación con los destinos de exportación, el valor del indicador de balance actual de la cartera de pedidos empeora en todas las áreas consideradas, excepto en Latinoamérica y en los países europeos no pertenecientes a la UE-28. Sin embargo, las perspectivas a tres meses son más favorables para todos los destinos, excepto para los países de América del Norte.

Los principales destinos de exportación para los próximos doce meses son Francia (46,8%), Alemania (41,7%), Italia (23,9%), Portugal (22,5%), Reino Unido (21,7%), EEUU (20,5%), México (12,6%), China (10,7%) y Países Bajos (10,6%).

El Tribunal Supremo confirma que dos exdirectivos de NovaCaixaGalicia tendrán que devolver 10,4 millones de euros por cobros de prejubilaciones

Sábado, 21 de abril de 2018

Martes, 17 de abril de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma que dos exdirectivos de NovaCaixaGalicia tendrán que devolver 10,4 millones de euros por cobros de prejubilaciones

El tribunal concluye que la conducta de los acusados consistió en elaborar “unos contratos de alta dirección blindados para una prejubilación de altísimas remuneraciones en plena crisis bancaria”

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado que los exdirectivos de NovaCaixaGalicia José Luis Pego y Gregorio Gorriarán tendrán que pagar 10,4 millones de euros a la entidad financiera sucesora en los derechos y obligaciones de NovaCaixaGalicia  por el cobro de prejubilaciones millonarias. José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán deberán devolver 6.476.237 y 3.969.349 euros, respectivamente.

El tribunal concluye que la conducta de los acusados consistió en elaborar “unos contratos de alta dirección blindados para una prejubilación de altísimas remuneraciones en plena crisis bancaria (el FROB tuvo que inyectar una suma de más de 9.000 millones de euros para reflotar las cajas, unificarlas y bancarizarlas, creando NovaCaixaGalicia Banco).

Los acusados, a través de los nuevos contratos y a sabiendas de que iban a ser cesados en sus puestos cuando se constituyera el nuevo banco, consiguieron que, mediante engaño, se les aprobara unos contratos de prejubilación cuya suma supuso para el nuevo banco unas cantidades a devolver, cuando menos, de unos doce millones de euros, a favor de los cuatro altos dirigentes. Dinero que cobraron en el año 2011, esto es, cuando llevábamos ya tres años aportando dinero público a las entidades bancarias en crisis”, concluye la Sala.

La Sala ha estimado parcialmente los recursos de casación interpuestos por José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de octubre de 2016, que les declaró responsables civiles solidarios en relación con el delito de apropiación indebida por gestión desleal. También ha desestimado el recurso de Ricardo Pradas Montilla.

El tribunal indica que en una sentencia anterior, en la que confirmó las responsabilidades penales, devolvió la causa a la Audiencia Nacional para que corrigiera algunos aspectos relativos a esta cuestión de las responsabilidades civiles por considerar que se habían resuelto de forma errónea. En concreto, entendía que había sumado las dos cantidades alternativas de restitución dineraria que había propuesto el fiscal dependiendo de que el delito objeto de condena fuese el de estafa –más de diez millones de euros- o el de apropiación/administración desleal –más de tres millones de euros- en lugar de optar por una de ellas. En su nueva sentencia, la Audiencia Nacional optó por la primera alternativa debido a que de ese modo se indemnizaba en mayor cuantía a los perjudicados.

Ahora, afirman que en esta sentencia están de acuerdo con ese criterio, dada la naturaleza y contenido de los contratos que eran “claramente fraudulentos y resulta inexplicable, puesto que engañaron al Consejo de Administración del Banco, según consta en los hechos probados. Dado lo cual, y aunque no se entra en profundidad en el tema, resulta patente que estamos ante un delito de estafa y no de apropiación indebida, y así se deja entrever en la sentencia”.

Sin embargo, la Sala explica que la razón de la estimación parcial de los recursos reside en que la Audiencia Nacional al imponer a todos la responsabilidad solidaria en su segunda sentencia sin que lo hubiera solicitado ninguna acusación, perjudicó a los acusados (los únicos recurrentes), que habían sido condenados como responsables directos en la primera sentencia. Afirma que cuando dictó la nueva sentencia para ajustarse a lo acordado por la Sala, “no podía modificar el fallo en perjuicio de los recurrentes, ya que en tal caso estaríamos ante una reformatio in peius, al transformar una responsabilidad de carácter mancomunado en otra de carácter solidario sin que ninguna de las acusaciones lo hubiera interesado”. Por ese motivo, deja sin efecto la responsabilidad civil solidaria atribuida por la sentencia recurrida a estos tres recurrentes y establece la responsabilidad directa de José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán, exonerando a Óscar Rodríguez Estrada de toda responsabilidad civil.

Si algún día enfermas de palabras…

Viernes, 20 de abril de 2018

“Si algún día te enfermas de palabras, como a todos nos pasa, y estás harta de oírlas, de decirlas. Si cualquiera que eliges te parece gastada, sin brillo, minusválida. Si sientes náusea cuando oyes “horrible” o “divino” para cualquier asunto, no te curarás, por supuesto, con una sopa de letras.

Has de hacer lo siguiente: cocinarás al dente un plato de espaguetis que vas a aderezar con el guiso más simple: ajo, aceite y ají. Sobre la pasta ya revuelta con la mezcla anterior, rallarás un estrato de queso parmesano. Al lado derecho del plato hondo colmo de espaguetis con lo dicho, pondrás un libro abierto. Al lado izquierdo, pondrás un libro abierto. Al frente un vaso lleno de vino tinto seco. Cualquier otra compañía no es recomendable. Pasarás al azar, las páginas de uno y otro libro, pero ambos han de ser de poesía. Sólo los buenos poetas nos curan la llenura de palabras. Sólo la comida simple y esencial nos cura los hartazgos de la gula”.
Héctor Abad Faciolince: Escritor colombiano nacido en Medellín

La Audiencia Nacional investigará a CaixaBank por un posible delito de blanqueo de capitales

Viernes, 20 de abril de 2018

Jueves, 19 de abril de 2018 poderjudicial.es

La Audiencia Nacional investigará a CaixaBank por un posible delito de blanqueo de capitales

El juez Ismael Moreno considera que diez de sus sucursales actuaron presuntamente en el favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir procedimiento contra CaixaBank S.A. como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de  clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las 10.30 con objeto de que proceda a la designación de abogado y procurador.

El auto del juez explica que a raíz de la investigación a la entidad ICBC ( Industrial And Comercial Bank Of China S.A)  por conductas de blanqueo de capitales al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos, el Grupo de delitos Económicos de la Guardia Civil, así como el SEPBLAC detectaron una serie de comportamientos irregulares llevados a cabo por determinadas sucursales de CAIXABANK entre los años 2011 y 2015, para ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.

Estas organizaciones generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la Propiedad Industrial y Contrabando  “en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda  para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como CaixaBank e ICBC Sucursal España”.

CaixaBank desatendió  los requerimientos judiciales sobre clientes que siguieron transfiriendo 31.7 millones de euros

El auto del juez relata cómo entre 2013 y 2015 distintos juzgados de localidades de Madrid y de la Audiencia Nacional que investigaban los casos Emperador y Snake, entre otros, realizaron diversos requerimientos a las sucursales de CaixaBank para averiguar el patrimonio ilícito de los clientes investigados. Las sucursales implicadas “ hicieron caso omiso” al hecho de  tratarse  de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y “auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España” Esos requerimientos judiciales, añade el juez, “ fueron desatendidos por CaixaBank que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión”.

El informe del SEPLBAC destaca que entre los años 2013 y 2015 el número de clientes de CaixaBank  que han sido objeto de requerimiento judicial por delito de blanqueo y que han realizado transferencias por valor de 99.1 millones de euros  a China y Hong Kong son 193 (76 personas físicas y 117 sociedades limitadas). El juez destaca que no se realizaron exámenes especiales tras recibir esos requerimientos, ni tampoco comunicación al SEPBLAC, respecto de 165 de esos 193 clientes, que siguieron operando, transfiriendo 31.7 millones de euros.

En su auto el juez distingue entre la actuación de otras entidades bancarias y CaixaBank.  El magistrado recuerda que, a raíz de la llamada operación SNAKE, la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 7 de Parla, solicitaron información a las entidades bancarias sobre las comunicaciones que habían cursado al SEPBLAC por las  operaciones investigadas. 18 bancos reportaron que habían comunicado al SEPBLAC un total de 109 expedientes relacionados con 111 empresas y 42 personas físicas de la organización SNAKE, por movimientos sospechosos de blanqueo. El juez añade que, en el caso de ICBC no hubo ninguna comunicación y en el caso de CaixaBank se localizaron 4 de una de las sucursales investigadas,  cuyo director pese advertir indicios de blanqueo en una de las cuentas, “permitieron a su administrador contratar nuevas cuentas para otra sociedad de su propiedad y cliente de la misma sucursal”.

Un patrón común de actuación

El auto detalla las operaciones investigadas a las 10 sucursales implicadas, situadas en distritos cercanos al Polígono Cobo Calleja de Madrid. El auto analiza toda la información sobre los clientes investigados,  de los que existía carencias  de información y de control sobre su operativa. Los directores implicados  permitieron el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas, con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo  para eludir a Hacienda, fraccionando facturas, con empresas instrumentales y sin controlar a los clientes; Los directivos de esas sucursales, según el juez, permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.

A través de la banca on line los líderes de la organización criminal también operaban, sin necesidad de desplazar a testaferros instrumentales a las entidades bancarias. El juez cifra en 50 sociedades de la trama y 16 personas físicas las que utilizaron la banca electrónica de CaixaBank. Los directores de las sucursales investigadas permitieron a las organizaciones SNAKE, Chequia, Emperador, Juguetes que realizaran ingresos compartiendo IPs, compartiendo beneficiarios comunes. En el caso Emperador, por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41.648.140 euros.

Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros. A veces se producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí y realizadas por su administrador de perfil testaferro. Respecto a las transferencias a CHINA y Hong Kong, el  juez considera que los directivos y empleados de las sucursales investigadas “eran conocedores de los saldos diarios que se transferían y que sus importes eran siempre inferiores a 50.000 euros, al objeto de eludir la obligación de declararlas conforme a la normativa del Banco de España y permanecer así los movimientos ocultos para el seguimiento de las operaciones de tráfico de divisas”.

Responsabilidad como persona jurídica

Los hechos relatados en el auto describen, según el juez graves fallos del sistema de control para la prevención del blanqueo de capitales, que se habían puesto de manifiesto desde 2013 y que eran conocidos por todo el personal directivo de la entidad CaixaBank, “y en especial por el que fue su responsable de cumplimiento normativo al tiempo de los hechos”.

Es por ello que Ismael Moreno considera procedente incluir a la entidad como persona jurídica, sin perjuicio de los indicios de responsabilidad descritos en las 10 sucursales investigadas, por hechos ajenos cometidos por sus empleados y directivos, basados en la responsabilidad “in elegendo, in vigilando o in instruendo” de los administradores respecto a los hechos cometidos por sus empleados. Esa responsabilidad es transferida a la persona jurídica, en tanto que CAIXABANK no implementó las medidas necesarias y adecuadas de prevención, pese a conocer los riesgos en los que incurrió su red de sucursales y cajeros automáticos y tener las herramientas necesarias para ello: “se permitió operar, obviando la diligencia debida, a nacionales de países asiáticos sospechosos de estar implicados en investigaciones por blanqueo y fraude. Igualmente no procedió a la necesaria comunicación al órgano de prevención (SEPBLAC) para atajar la presunta práctica delictiva.” Ese incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida, añade el juez, como sujeto obligado a ser la primera frontera de prevención para impedir que las ganancias ilícitas de las organizaciones criminales puedan introducirse en el circuito económico “fue contumaz y no episódico” .

Comisión Europea. Nuevo acuerdo para los consumidores: más protección ante los abusos

Jueves, 19 de abril de 2018

Nuevo acuerdo para los consumidores: más protección ante los abusos
Engaños sobre emisiones de gases contaminantes en coches, cancelaciones masivas de vuelos, contaminación de leche para bebés… En los últimos años, los consumidores europeos han sido víctimas de malas prácticas de las empresas. Por eso, la Comisión Europea ha presentado el nuevo acuerdo para los consumidores, que introduce mejoras que refuerzan sus derechos.
11/04/2018 ec.europa.eu/spain
El nuevo acuerdo para consumidores es uno de los hitos marcados en el Programa de trabajo de la Comisión para 2018. Esta iniciativa llega, en parte, como respuesta a malas prácticas que han tenido un impacto masivo en todo el bloque, tales como el escándalo de las emisiones de automóviles en 2015 (que provocó que la UE endurezca sus normas para unos vehículos más seguros y más limpios), las masivas cancelaciones de vuelos(link is external) en 2017, y la contaminación de leche para bebés(link is external) en Francia (que también afectó a otros países).

El nuevo acuerdo de consumidores es de extrema importancia puesto que ante los abusos se corre el peligro de que el consumidor pierda la confianza en las empresas, lo que pone en peligro uno de los pilares de la UE: el mercado único (o interior).

Věra Jourová, Comisaria de Justicia, Consumidores, e Igualdad de Género, ha dicho: «En un mundo globalizado en el cual las grandes empresas tienen mucha ventaja sobre consumidores individuales, tenemos que introducir un equilibrio. (…) Las autoridades de consumo tendrán finalmente herramientas para sancionar a los tramposos. Hacer trampa no saldrá barato».

Por ello, básicamente, el nuevo acuerdo dará a los consumidores derechos y nuevas herramientas para acciones colectivas si se infringen sus derechos.
1. Reforzar los derechos del consumidor online
•Más transparencia en los market places – Este tipo de portales de venta permite a muchos vendedores, tanto particulares como profesionales, ofrecer sus productos. Saber a qué tipo de vendedor estás comprando es muy importante: de ello dependerán ciertos derechos, como el poder devolver el artículo en 14 días sin necesidad de dar ningún motivo. Con el nuevo acuerdo, esta información será obligatoria.
•Más transparencia en los resultados de búsqueda online –El usuario deberá ser claramente informado si un resultado es pagado o no. Además, los market places tendrán que informar cuáles son los principales parámetros que determinan el ránking de resultados. Nuevos derechos al consumidor para servicios digitales «gratuitos» –Al pagar por un servicio digital, los consumidores tienen ciertos derechos a ser informados y tienen 14 días para cancelar sus contratos. El nuevo acuerdo extenderá ese derecho a los servicios «gratuitos» en los cuales los consumidores dan sus datos personales aunque no pagan con dinero. Esto normalmente se aplica a servcios de almacenamiento en la nube, redes sociales o cuentas de correo electrónico.

2. Compensaciones
•Acciones colectivas – Con el nuevo acuerdo, asociaciones de consumidores sin fines de lucro y que cumplan criterios estrictos podrán presentar demandas colectivas que busquen compensación para los afectados por prácticas abusivas masivas. En algunos países, como España, esto ya es posible, pero esta posibilidad se extenderá a toda la UE.
•Más protección – Actualmente, aunque las prácticas comerciales injustas están prohibidas, la legislación no establece compensaciones para los afectados. El nuevo acuerdo garantiza compensaciones individuales (por ejemplo, financieras) para los afectados.

3. Introducción de sanciones efectivas
•Las autoridades de consumo de la UE no están preparadas para sancionar prácticas de daño masivo -como fue el Dieselgate-. Actualmente, las sanciones difieren segun el país, y suelen ser muy bajas. La propuesta establece que las autoridades nacionales puedan sancionar con el 4 % de los ingresos de la empresa en cada país, e incluso más.

4. Acabar con diferentes calidades
•La propuesta estabece que los países de la UE pueden abordar prácticas de empresas que promocionen productos en diferentes países de la UE como si fueran idénticos cuando en realidad son diferetes.

5. Mejoras para las empresas
•El nuevo acuerdo propone aliviar algunas obligaciones de las empresas. Por ejemplo, los consumidores no podrán devolver artículos usados -más allá de una prueba-, ni tampoco tendrán que devolver el dinero antes de recibir los productos devueltos.

El Tribunal Supremo ratifica la existencia de indicios de delito de rebelión en la actuación de los dirigentes del ‘procés’ y rebate los argumentos del tribunal alemán

Miércoles, 18 de abril de 2018

Martes, 17 de abril de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo ratifica la existencia de indicios de delito de rebelión en la actuación de los dirigentes del ‘procés’ y rebate los argumentos del tribunal alemán

La Sala cree que no es razonable equiparar lo ocurrido en Cataluña con las protestas contra la ampliación de un aeropuerto en Frankfurt

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que ratifica la existencia de indicios de delito de rebelión en las personas que dirigieron el ‘procés’ secesionista de Cataluña entre los años 2015 y 2017 y rebate los argumentos del tribunal alemán de Schleswig-Holstein que está estudiando la euroorden dictada contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al estimar que no es razonable, como ha hecho, comparar el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea con las protestas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt.

“En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo. Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales”, señala el auto.

La resolución ha sido dictada por la Sala de Apelaciones, formada por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, y desestima el recurso planteado por Jordi Sànchez contra la decisión del juez Pablo Llarena, del pasado 9 de marzo, de denegar la libertad de dicho investigado en la causa así como la concesión de un permiso extraordinario para asistir al primer pleno de investidura, el pasado 12 de marzo, para la que fue propuesto en el Parlamento catalán.

Rebelión por quienes ostentaban el poder autonómico

La Sala analiza en el auto la naturaleza del delito de rebelión, que está regulado en los Delitos contra la Constitución, y afirma que “en este caso parece que, cuando menos indiciariamente, se ha atacado la soberanía nacional y la unidad territorial de la Nación española (artículos 1 y 2 de Constitución)”.

En concreto, especifica que no se trata de una “rebelión de una muchedumbre de personas, más o menos organizada contra el Estado español para tomar sus centros de poder”, sino que las personas que llevaron la iniciativa en la ejecución de los presuntos hechos delictivos eran “sujetos que ocupaban oficial y legítimamente los poderes constitucional y legalmente establecidos en una comunidad autónoma”.

Por ello, según la Sala, en lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estado trataban de desconectar o desgajar del Estado español las instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían. Para ello contaban con los medios jurídicos que les habían proporcionado la Constitución y el Estatuto de autonomía a través de unas elecciones legítimas, “instrumental jurídico que acabaron utilizando con fines totalmente contrarios a los dispuestos por las normas que legitimaban su función”.

“En un contexto de esa índole, es claro que la violencia física pasaba a un segundo lugar, pues sólo era preciso utilizarla en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta que se habían marcado. Especialmente para realizar el referéndum de independencia, ya que se trataba de un peldaño imprescindible en su andadura para el objetivo de la secesión, y al tenerlo que materializar masivamente y en centros públicos se iban a encontrar con la oposición de la fuera legítima del Estado”, explica el auto.

Violencia previsible al lanzar a dos millones de personas a una votación ilegal

Los magistrados destacan al respecto del 1-O que el Gobierno español desplazó a Cataluña a unos 6.000 agentes que tenían la obligación de que se cumplimentaran las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, prohibiendo la celebración de un referéndum declarado inconstitucional.

Sin embargo, pese a todas las advertencias de los tribunales y de las autoridades gubernativas, “los protagonistas del procés prosiguieron con su hoja de ruta e indujeron a unos dos millones de personas a que salieran a la calle para votar ilegalmente”. El resultado fue que, como era “totalmente previsible e inevitable”, hubo violencia y más de cien enfrentamientos físicos entre personas que fueron a votar y la Policía.

El auto analiza a continuación la intensidad de la violencia ocurrida y la valoración de ese aspecto que realiza el tribunal alemán que conoce de la euroorden de Puigdemont, ya que estimó que dicho grado de violencia no fue suficiente para que el Gobierno español se hubiese visto obligado a rendirse a las demandas de los insurgentes al no resultar bastante para doblegar la voluntad del Estado.

El Supremo destaca al respecto que los 6.000 agentes que se utilizaron para impedir el referéndum resultaron ostensiblemente superados por los dos millones de votantes, y prueba de ello es que la consulta –aunque nunca tuvo las mínimas garantías- acabó realizándose, y que los procesados siguieron con su hoja de ruta secesionista y acabaron declarando la independencia de Cataluña. Añade que “si hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo acabara en una masacre y entonces sí sería muy factible que el resultado de la euroorden fuera muy distinto”.

El tribunal alemán hace una comparación no razonable

Además, el Supremo destaca que no es razonable que el tribunal alemán homologue lo ocurrido en el proceso separatista de una comunidad autónoma de más de siete millones de habitantes como Cataluña con unas revueltas organizadas por la ampliación del aeropuerto de Frankfurt, al tratarse de dos supuestos fácticos que nada tienen que ver el uno con el otro.

A la Sala lo que más le llama la atención de la argumentación del tribunal alemán es que empieza con un ejemplo hipotético muy adecuado al caso de Cataluña, como es preguntarse qué sucedería en Alemania si el presidente de un Land incurriera en una conducta como la perpetrada en Cataluña, “pero a las pocas líneas abandona ese discurso sin profundizar en él y se desliza repentinamente hacia el supuesto fáctico de la pista del aeropuerto, huyendo así del pantanoso ejemplo comparativo que tan adecuado y pertinente resultaba”.

“El supuesto hipotético del presidente del Land daba mucho de sí, pero muy probablemente en el caso de que se siguieran en su análisis argumental las reglas propias del discurso de la racionalidad comunicativa, su desenlace acabaría en la concesión de la euroorden”, dice el auto.

Si los hechos hubieran ocurrido en Alemania, no habría una sentencia simbólica

Así, destaca que “si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania con los mismos factores de evolución, tiempo y resultado, no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica como se dice en la resolución del tribunal regional superior de Schleswig-Holstein”, explica.

En cualquier caso, la Sala recoge además en su resolución que la Fiscalía dejó abierta la puerta en su escrito de querella para que, en el supuesto de que no se constatara suficientemente el elemento de la violencia en el caso concreto, se subsumiera la conducta de los sujetos investigados en el tipo penal de la sedición.

La inflación sube al 1,2% en marzo por los paquetes turísticos

Miércoles, 18 de abril de 2018

13 de abril de 2018  mineco.gob.es
La inflación sube al 1,2% en marzo por los paquetes turísticos

La celebración de la Semana Santa impulsa al alza los precios de los servicios turísticos y de la hostelería

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en marzo de 2018 el 1,2% interanual, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa idéntica a la adelantada por el INE y superior en una décima a la registrada en febrero (1,1%). Esta evolución se explica por la aceleración de los precios de la alimentación y, en menor medida, de los servicios, compensada parcialmente por la ligera caída de los bienes industriales no energéticos (BINE), tras la variación nula del mes anterior, y por el menor ritmo de crecimiento de los precios de la energía. En términos intermensuales, el IPC ha registrado un aumento del 0,1% en marzo de 2018, frente a la estabilización del mismo mes de 2017.

Los precios de los productos energéticos crecieron en marzo el 1,3% interanual, una décima menos que en febrero, debido a la caída del 1,4% de los precios de la electricidad, tras la subida del 0,5% del mes precedente, y, en menor medida, a la desaceleración de los del gas, que moderaron 1,1 puntos el ritmo de crecimiento, hasta el 6,6%. Por su parte, los precios de los carburantes y lubricantes pasaron de crecer un 0,7% interanual en febrero al 1,6% en marzo, y los de los combustibles líquidos aumentaron un 1,8%, tras el descenso del 1,9% en febrero.

La inflación de la alimentación se situó en el 1,4% en marzo, cuatro décimas superior a la del mes precedente. Los precios de la alimentación no elaborada crecieron el 1,6%, 1,3 puntos más que en el mes anterior, debido, principalmente, a la menor caída de los precios de las legumbres y hortalizas frescas (-3,4%, tras la caída del 10,6% en el mes previo). Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se desaceleraron una décima, hasta el 1,3% interanual.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y los productos energéticos, elementos más volátiles del IPC) aumentó en marzo una décima, hasta el 1,2%, al igual que la inflación general, debido fundamentalmente a los servicios, cuyos precios se aceleraron dos décimas, hasta el 1,9%, impulsados principalmente por el turismo y la hostelería, cuyos precios aumentaron un 2,8% (2,3% en el mes anterior). Por su parte, los precios de los BINE cayeron el 0,1%, tras la estabilización del mes previo.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación del 0,1% en marzo de 2018, frente a la estabilización del mismo mes de 2017. Por componentes, aumentaron los precios de los BINE (1%, tasa inferior en una décima a la de marzo de 2017), servicios (0,4%, frente al incremento del 0,2% del mismo mes del año anterior) y alimentación (0,1%, tras la caída del 0,3% de un año antes), mientras que descendieron los de los productos energéticos (-2,6%, al igual que en marzo de 2017). Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos tanto no elaborados como elaborados registraron en marzo de 2018 una tasa intermensual del 0,1% (-1,2% y 0,2%, respectivamente, en el mismo mes de 2017).

La inflación de marzo aumentó respecto a la de febrero en todas las comunidades autónomas, excepto en Canarias (se moderó dos décimas, hasta el 1,2%). Los mayores incrementos de inflación, de tres décimas, se produjeron en Madrid (1,4%), Extremadura (1%) y Murcia (0,9%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en marzo en el 1,2%, al igual que la registrada por el IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de marzo, cuya tasa interanual se sitúa en el 1,3%, una décima superior a la de febrero. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro en marzo es del 1,4%, resultando un diferencial de inflación favorable para España de una décima.

Mercantil 2 de Alicante pide que se investigue a tres administradores concursales y un perito de la promotora inmobiliaria Luxender

Martes, 17 de abril de 2018

Lunes, 16 de abril de 2018 poderjudicial.es

Mercantil 2 de Alicante pide que se investigue a tres administradores concursales y un perito de la promotora inmobiliaria Luxender

El juez aprecia indicios de falsedad, prevaricación, alzamiento de bienes, insolvencia punible y tentativa de estafa y de delito fiscal

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil númeo 2 de Alicante ha acordado deducir testimonio contra tres administradores y un perito que han intervenido en el concurso de la promotora inmobiliaria Luxender, en concurso de acreedores.

El juez considera que en los diez años que dura la tramitación del concurso, se han encontrado “evidentes indicios de actuación fraudulenta concerta”, motivo por el que remite los hechos a un Juzgado de Instrucción para que abra una investigación por falsedad documental, prevaricación, alzamiento de bienes, insolvencia punible y tentativa de estafa y de delito contra la Hacienda Pública.

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: normas más estrictas en la Unión Europea

Lunes, 16 de abril de 2018

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: normas más estrictas en la UE

Para aumentar la transparencia y adaptarse a avances tecnológicos como las monedas virtuales, la UE tendrá nuevas normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

europarl.europa.eu

La próxima semana, el Parlamento Europeo votará la quinta actualización de la directiva de la UE contra el lavado de dinero y la financiamiento del terrorismo. La nueva directiva está dirigida a evitar el uso del sistema financiero de la UE para la financiación de actividades delictivas y reforzar la transparencia para evitar que se oculten fondos a gran escala.

Hemos hablado con los eurodiputados responsables de esta negociación en el Parlamento Europeo, el “popular” letón Krišjānis Kariņš y la holandesa Judith Sargentini, de los Verdes, para conocer las novedades que supone esta reforma.

Aquí puede consultar las medidas clave adoptadas por la UE en el marco de la lucha contra el terrorismo.

Más transparencia

Las nuevas reglas supondrán más transparencia y mejorarán el acceso a los registros de titularidad real de compañías y empresas fiduciarias. Los registros de beneficiarios finales de las empresas, que ahora solo son accesibles a aquellos que demuestren un interés legítimo, serán públicos. Además estarán interconectados para facilitar la cooperación entre los Estados miembros.

La nueva legislación también introducirá registros de beneficiarios reales de empresas fiduciarias cuando haya un interés legítimo, así como registros de cuentas bancarias y cajas de seguridad, que serán accesibles para las autoridades públicas. Por ejemplo, si “Europol busca un delincuente en un Estado miembro, podrá ver si tiene cuentas en otros países”, explica Kariņš.

“El objetivo es mantener el dinero sucio fuera del sistema bancario europeo. Los bancos deben saber quién está detrás de cada cuenta”, continúa el eurodiputado. “Hay dos problemas con el dinero sucio, uno es que destruye la economía y el otro que puede acabar financiando el terrorismo”, dice Kariņš. “Dejemos claro que si no quiere mostrar quién es el propietario, será difícil hacer negocios en Europa”, añade por su parte Sargentini.

Financiación del terrorismo

“Las fuentes (de financiación) son muchas, pero es a través de la actividad ilícita, el dinero procedente del mercado negro, el comercio de productos ilegales, armas, tráfico de personas que este dinero entra en el sistema bancario europeo y se blanquea”, explica Kariņš. Sargentini recuerda que el terrorismo se puede financiar con un presupuesto muy reducido, especialmente en Europa, “se alquila un automóvil o incluso se puede robar un automóvil y se comete un atropello de una multitud, esto no cuesta dinero”.

Tarjetas bancarias y monedas virtuales

El umbral para identificar a los titulares de tarjetas bancarias que han sido pagadas con antelación y cuyo titular permanece en el anonimato se rebajará hasta los 150 euros, frente a los 250 euros en la actualidad y se amplían los requisitos de verificación del cliente.

Sargentini dice que este cambio fue muy importante para los Estados miembros. Por ejemplo, “las autoridades francesas insistieron, diciendo que los coches de alquiler utilizados en los ataques en Francia fueron pagados con tarjetas anónimas”.

Las nuevas reglas requerirán  a las plataformas de cambio de monedas virtuales, como el bitcóin, y a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos que apliquen controles de diligencia debida con respecto al cliente, lo que pondrá fin al anonimato asociado a dichos intercambios. Sargentini considera este cambio “bastante revolucionario” frente a la situación actual.

Kariņš explica que los propietarios de criptomonedas querrán convertirlos en euros si quieren comprar algo. “Ahí es cuando las criptomonedas entrarán en el sistema bancario europeo y en este punto queremos que los bancos pregunten quién es este cliente y de dónde proviene el dinero [virtual]”, agrega.

Ciudadanos y compañías

El objetivo de la legislación es acabar con la financiación criminal sin obstaculizar el funcionamiento normal de los mercados financieros y los sistemas de pago, como las tarjetas de débito de prepago. “El objetivo es crear problemas para los delincuentes, pero no para los ciudadanos europeos ordinarios y honestos”, subraya Karinš. “No queremos obligar a que la gente tenga que volver al dinero en efectivo, queremos mejorar el sistema digital”, agrega Sargentini.

Próximos pasos

El Parlamento y el Consejo de la UE ya alcanzaron un acuerdo informal sobre las nuevas normas el pasado diciembre. Ahora el pleno del Parlamento votará la legislación de manera oficial, el jueves 19 de abril. Una vez que la normativa obtenga el visto bueno oficial y entre en vigor, los Estados Miembros tendrán 18 meses para adaptar su legislación nacional.

España destaca en la UE con uno de los mayores aumentos del número de empresas de elevado crecimiento entre 2015 y 2016

Domingo, 15 de abril de 2018

España destaca en la UE con uno de los mayores aumentos del número de empresas de elevado crecimiento entre 2015 y 2016

ieemadrid.es 12 abril 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de datos sobre “High growth enterprises (growth by 10% or more) and related employment”, Eurostat, actualización de 14 de marzo de 2018.
Las empresas de alto crecimiento desempeñan un papel muy importante para la dinámica económica y la creación de empleo de un país. Se definen como aquellas empresas que han tenido un aumento medio anual del empleo del 10% o más a lo largo de un periodo de 3 años y que contaban con al menos 10 trabajadores en el momento en el que se inicia el crecimiento. En el conjunto de la UE‐28, el número de empresas de alto crecimiento ha llegado a 180.000 en 2016, un 14% más que el año anterior. Estas empresas cuentan con unos 15 millones de empleados.
Entre 2015 y 2016, se observa que las empresas de alto crecimiento se han expandido en todos los países, a excepción de Letonia, Estonia, Malta y Finlandia. Los mayores incrementos corresponden a Chipre con un 104% y Rumania con un 34%. España ocupa el tercer lugar. Las empresas de alto crecimiento han aumentado en nuestro país un 27% entre 2015 y 2016 y su número se sitúa en torno a 17.300, sólo superado por Alemania con casi 40.000 y el Reino Unido con 26.000. En Francia e Italia la tasa de crecimiento ha sido del 26%, mientras que Dinamarca ha registrado un 21%. Polonia, los Países bajos, Portugal e Irlanda superan el promedio de la UE, al tiempo que el Reino Unido se sitúa justo en el 14%.
Por debajo de la media están, entre otros, Austria (9%), Suecia (8%) y también Alemania que registra un 5%. En cuatro países de la UE el número de empresas de alto crecimiento ha disminuido, destacando las caídas en Estonia (‐30%) y en Letonia (‐38%).
Tasas de variación anual en el número de empresas de alto crecimiento entre 2015 y 2016 (En %)
Chipre 104       Austria 9
Rumania 34     Suecia 8
Eslovenia 29    Luxemburgo 8
España 27        Bélgica 7
Francia 26       Croacia 6
Italia 26           Rep. Checa 6
Dinamarca 21    Bulgaria 5
Polonia 19        Hungría 5
Países Bajos 18    Alemania 5
Portugal 18       Lituania 4
Irlanda 17         Finlandia ‐4
Reino Unido 14    Malta ‐18
UE‐28 14         Estonia ‐30
Grecia* 13       Letonia ‐38
Eslovaquia 12
* Datos de 2014/2015

UGT exige la derogación del Factor de Sostenibilidad para evitar su entrada en vigor en 2019

Sábado, 14 de abril de 2018

UGT exige la derogación del Factor de Sostenibilidad para evitar su entrada en vigor en 2019

Cuanto mayor sea la esperanza de vida más baja será la pensión

UGT | domingo, 8 de abril de 2018 ugt.es

•Convierte la esperanza de vida, que presupone igual para todos, en un coeficiente reductor de la pensión
•Afectará a la cuantía inicial de cada una de las pensiones independientemente de la edad de jubilación y de los años cotizados

•Al aplicarse a la base reguladora, no afecta a las pensiones más altas que se librarán de la rebaja que impone la longevidad

La Unión General de Trabajadores considera que el Factor de Sostenibilidad planteado por el Partido Popular en su reforma de 2013, y que se aplicará en el cálculo inicial de todas las pensiones a partir del 1 de enero de 2019, es un mecanismo innecesario- ya que el aumento del nivel de gasto en pensiones es sostenible-, altamente regresivo –porque se aplica sobre la base reguladora y no sobre la cuantía de la pensión, lo que supone que no afecta a las pensiones más altas-, opaco, discriminatorio –porque no afecta a las pensiones más altas, que se librarán de la rebaja que impone la longevidad-, y totalmente injusto –porque trata a los pensionistas como si todos tuvieran la misma esperanza de vida-. Además, discrimina por razon de sexo y las profesiones mas penosas con menos esperanza de vida son las más perjudicadas
El sindicato, que ya solicitó al Gobierno que aclarase cómo iba a afectar este mecanismo a las pensiones, subraya que el Factor de Sostenibilidad convierte los aumentos de la esperanza de vida en un coeficiente reductor de la pensión de manera que el importe total que perciba a lo largo de su vida un pensionista que acceda al sistema de pensiones dentro de unos años sea el mismo que percibiría si no hubiese aumentado la esperanza de vida.

Su fórmula, poco sofisticada, tiene en cuenta las medias de las esperanzas de vida del conjunto de los pensionistas de la Seguridad Social (que se calculan cada cinco años) y se aplica a la cuantía inicial de la pensión, reduciéndola en esa proporción para toda la vida del pensionista y acumulando las elevaciones de las esperanzas de vida desde su entrada en vigor, lo que significa que acumula y aumenta el coeficiente reductor de cada revisión quinquenal con el de la anterior. Esto implica que la pensión se irá haciendo más baja cuanto mayor sea la duración media de vida, y los complementos a mínimos de las pensiones más bajas no eximen del recorte.

Los cálculos

Si tomamos en cuenta las estimaciones realizadas por Analistas Financieros Internacionales encargada por BBVA, en el primer cálculo de 2019, el Factor de Sostenibilidad reducirá la pensión en un 0,7% (otros cálculos lo cifran en un 0,5%, pero la diferencia material entre uno y otro es mínima), lo que, en términos mensuales, en una pensión de 1.000 euros/mes supondrá una reducción de 7 euros (bastante más que la subida por el 0,25% de revalorización). En términos anuales la reducción será de unos 100 euros.

Esta reducción se mantendrá para toda la vida de la pensión, pero los que se jubilen en 2024 tendrán ya una reducción aún mayor, del 4% por cada mil euros de pensión, es decir, cuarenta euros mensuales y 553 euros anuales. Y así irá sucediendo en cada revisión, cada cinco años.

A todo esto, habrá que sumar las pérdidas acumuladas de poder adquisitivo provocadas por el Índice de Revalorización (IRP) de la reforma de 2013, que se aplican por igual a todas las pensiones sin diferenciación de cuantías, ni de edad, ni de la fecha en la que se causó la pensión y supondrá  que el gasto en pensiones quede prácticamente igual en % del PIB (alrededor de un 12%) aunque el número de pensionistas pase de nueve a quince millones (un 50% más) en veinte años y que las pensiones individuales se reduzcan de forma considerable y generalizada, empujando a los activos a contratar planes de pensiones complementarios.

Si aumentan los pensionistas, se reducirá la pensión

Su filosofía es clara, aunque aumente el número de pensionistas, no se gastará más en pensiones, sino que se reducirá en proporción la pensión de cada uno.

Según datos de la Seguridad Social el gasto total en pensiones, sin el factor de Sostenibilidad ni el Índice de Revalorización, estaría en 2050, dentro de 30 años, en los niveles del PIB que hoy ya destinan otros importantes países de nuestro entorno como Austria, Italia, Francia, Portugal o Grecia, sin que por ello se vean en dificultades. No hay, por tanto, un problema de sostenibilidad por el crecimiento de la longevidad, ni tampoco por el aumento en el número de pensionistas debido a la jubilación de la generación del baby boom. Tampoco hay un problema de sostenibilidad, aunque sí hay lógicamente un aumento (asumible) en el volumen de gasto en % del PIB respecto al actual.

Del limitado efecto demográfico (y sobre el gasto) del incremento de la longevidad se deriva, por otro lado, la cuestión de que el principal factor de recorte de las pensiones no será el Factor de Sostenibilidad sino el Índice de Revalorización de las Pensiones que impide el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

La caída de un 30% en términos reales (por efecto de los precios) cada veinte años de vida del pensionista del importe de su pensión supone un recorte de gasto en pensiones de por lo menos el triple que el del Factor de Sostenibilidad.

Callar

Viernes, 13 de abril de 2018

Callar es más prudente,

más seguro, más cómodo, más práctico,

callar es más astuto,

más rentable,

más útil,

callar no da problemas,

callar evita líos,

callar trae más cuenta,

callar impide que se cuelen moscas

en la boca, callar propio es de sabios,

se está muy bien

callado.

Porque el que calla

otorga

licencia, impunidad,

perdón, facilidades

y patente de corso,

y por la boca muere el pez y siempre

se ha de sentir lo que se dice y nunca

decir lo que se siente

si se quiere triunfar

en sociedad

y recibir migajas

del gran pastel

del mundo.

 
Jesús Munárriz

Economía reduce los recargos del seguro de riesgos extraordinarios

Viernes, 13 de abril de 2018

02 de abril de 2018 mineco.gob.es

Economía reduce los recargos del seguro de riesgos extraordinarios

La rebaja media en el importe de los recargos es del 13%, lo que abaratará las pólizas de particulares y empresas
El Consorcio de Compensación de Seguros cuenta con reservas suficientes debido a la moderación de la siniestralidad

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha aprobado una reducción del importe de los recargos que aplica el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) para cubrir riesgos extraordinarios. En concreto, a través de una Resolución de la DGSFP, se rebaja en media un 13% el importe de los recargos para riesgos extraordinarios mediante el ajuste de las tasas para la cobertura de daños en los bienes (como las viviendas y comunidades y los riesgos industriales), de la tasa para daños a personas y de la tasa para la cobertura de pérdidas pecuniarias. Para calcular el porcentaje de rebaja en cada uno de los casos se ha estudiado la siniestralidad en el periodo 1987-2016 así como su severidad.

Por el carácter catastrófico de los riesgos cubiertos, el Consorcio debe constituir una reserva de estabilización destinada a cubrir las desviaciones negativas y desfavorables de la siniestralidad. Esta reserva tiene carácter acumulativo al generarse a partir del excedente de cada ejercicio (diferencia entre los ingresos por recargos y los gastos por siniestros). La evolución de la siniestralidad derivada de los riesgos extraordinarios se ha mantenido, de un tiempo a esta parte, en un nivel moderado, lo que ha permitido un crecimiento significativo de la reserva de estabilización hasta alcanzar un nivel suficiente para afrontar dichos riesgos. A través de la presente medida se pretende reducir el ritmo de crecimiento de la reserva de estabilización, permitiendo un ahorro para los asegurados.

A su vez, la Resolución de la DGSFP actualiza el contenido de las cláusulas de cobertura del seguro de riesgos extraordinarios que se deben insertar en las pólizas de seguro.

El Consorcio de Compensación de Seguros es el organismo público que se encarga, entre otras funciones, de compensar los daños producidos a las personas y en los bienes por determinados fenómenos de la naturaleza, actos de terrorismo y otros eventos extraordinarios. Como condición, se debe tener suscrita una póliza en alguno o algunos de los ramos respecto de los que la legislación vigente establece la obligación de incluir en sus correspondientes coberturas la garantía de estos riesgos.

Puede consultar la Resolución completa en:

http://www.dgsfp.mineco.es/sector/documentos/legislacion/2018/180402_RESOLUCION_TARIFAS.pdf .

las investigaciones concluyen que el fallo de LexNET no afectó a expedientes judiciales

Jueves, 12 de abril de 2018

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación 10 abril 2018
Nota de prensa mjusticia.gob.es
Defecto en el acceso al sistema del pasado mes de julio
Las investigaciones concluyen que el fallo de LexNET no afectó a expedientes judiciales
CGPJ y AEPD confirman que no se vieron afectados ficheros jurisdiccionales ni documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía
Protección de Datos reconoce la colaboración del Ministerio de Justicia y los esfuerzos inmediatos realizados para mitigar los efectos del error
El Ministerio ha puesto en marcha 69 medidas correctivas y preventivas 10 de abril de 2018.- Una vez que se han hecho públicas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sus conclusiones sobre la investigación relativa al incidente de seguridad del sistema LexNET que se produjo el pasado mes de julio de 2017, ha quedado probado que el fallo no afectó a ficheros jurisdiccionales ni a expedientes completos y que los documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía no estuvieron expuestos en momento alguno.
Puesto que en LexNET no existen expedientes completos, el número de documentos que se vieron afectados fue muy limitado y se estima que el número de buzones que pudo verse perjudicado apenas fue el 0,1%.
La AEPD reconoce que el Ministerio de Justicia ha colaborado con total transparencia, lealtad y respeto institucional en las investigaciones y desde el primer momento reconoció el fallo que, debido a un error de programación y control en una actualización de LexNET por parte de la empresa que desarrolla el sistema, permitía a los usuarios acreditados con certificado digital y tras una serie de acciones, acceder al buzón de un tercero. Dado que el error informático que se produjo afectó a determinados ficheros no jurisdiccionales, se ha declarado una infracción automática en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Un total de 140 usuarios accedieron de forma irregular a 150 buzones que no les pertenecían y visualizaron 1.023 mensajes de forma no autorizada, aunque no descargaron contenidos. Fueron 74 los que sí lo hicieron de 431 mensajes consistentes en notificaciones ya practicadas y limitadas a los 60 días anteriores. La Agencia da por probado que no se podían manipular documentos, acceder a comunicaciones que no hubieran sido abiertas previamente por el usuario legítimo, ni presentar escritos en nombre de otros usuarios, así como que no pudieron visualizarse mensajes anteriores a 60 días dado que el sistema borra los datos de forma automática.
Constata asimismo, los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia para mitigar el incidente de seguridad y evitar situaciones similares en el futuro. El Ministerio ha diseñado 69 medidas correctivas y preventivas, de las que 55 ya se han implementado y el resto se encuentra en fase de desarrollo y pruebas. Todo ello hace que hoy LexNET sea mucho más seguro que antes del incidente.
Con anterioridad han archivado el expediente de investigación sin infracción alguna, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, supervisor de servicios no cualificados de entrega electrónica certificada como es LexNET.
Con la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos concluyen las actuaciones que las diferentes autoridades con competencias y los servicios de inspección del Ministerio han venido realizando sobre el incidente de LexNET.

El Tribunal Supremo confirma las multas por 16,9 millones de euros al Banco Santander por dos infracciones en la comercialización de uno de sus productos

Miércoles, 11 de abril de 2018

Lunes, 9 de abril de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma las multas por 16,9 millones de euros al Banco Santander por dos infracciones en la comercialización de uno de sus productos

La entidad financiera fue multada por no disponer de información necesaria sobre sus clientes en el proceso de suscripción de la emisión de su producto “Valores Santander”

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la resolución del Subsecretario de Economía y Competitividad, de 16 de mayo de 2013, que a su vez confirmó dos sanciones: la primera de ellas, la resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de 13 de junio de 2012, que impuso al Banco Santander una multa de 10 millones de euros, como autor de una infracción grave prevista en el artículo 100.t/ de la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores (redacción anterior a 21 de diciembre de 2007), por no disponer de información necesaria sobre sus clientes en el proceso de suscripción de la emisión del producto “Valores Santander”.

La segunda sanción que ha sido confirmada es la Orden de 20 de julio de 2012 del Secretario de Economía y Apoyo a la Empresa, por delegación del Ministro de Economía, y a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que dictó una multa de 6,9 millones de euros por otra falta, en este caso muy grave, prevista en el artículo 99.z.bis/de la misma ley (redacción posterior a 21 de diciembre de 2007), por el incumplimiento de alguna de las obligaciones que regulan la relación entre la entidad financiera y su cliente respecto al mismo producto.

La Sala ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, por un lado, anuló la primera de las multas citadas -10 millones de euros por una falta grave- y, por otro lado, mantuvo la segunda de ellas -6,9 millones de euros por falta muy grave. Al mismo tiempo, ha desestimado el recurso de casación del Banco Santander en el que solicitaba la nulidad de esta última sanción.

El tribunal indica que no comparte el criterio de la sentencia recurrida respecto a la primera de las multas y explica que los Valores Santander, de acuerdo con la resolución sancionadora, fueron calificados por el propio banco como producto “amarillo”, que significa de riesgo y complejidad media, lo que suponía, conforme al Manual de procedimientos del Grupo Santander para la comercialización minorista de productos, que debían de comercializarse de forma generalizada entre los clientes que, al margen de sus objetivos de inversión y experiencia inversora, tuvieran un patrimonio superior a 200.000 euros. Añade que también podía comercializarse –aunque de forma no habitual- entre clientes con patrimonio inferior a 200.000 euros siempre que cumplieran dos condiciones: la primera, que los comerciales considerasen que el producto se ajustaba al perfil del cliente; y la segunda, que el cliente firmase un documento en el que reconocía haber sido informado de las características y riesgos del producto, haber hecho su propio análisis y haber decidido proceder a la suscripción del mismo.

La sentencia señala que el banco procedió siguiendo “criterios meramente patrimoniales, de manera que, sin tener en cuenta ni la experiencia inversora ni los objetivos de inversión de los clientes, procedió únicamente a segmentarlos en tres categorías: categoría A (Banca Privada), para aquellos con patrimonio superior a 500.000 euros; categoría B (Banca Personal), para patrimonios entre 200.000 y 500.000 euros, y categoría C (Banca de Particulares), para patrimonios inferiores a 200.000 euros.

El tribunal concluye que “no hay en el expediente ningún dato o documento que acredite el cumplimiento de la obligación de recabar información y perfilar a los clientes; ni consta que el banco diese a los comerciales ninguna instrucción o directriz que tuviera como finalidad impartir criterios objetivos para que la determinación la adecuación del producto al perfil de cliente se hiciera por todos los comerciales de forma relativamente homogénea”.

“Por todo ello consideramos que aunque la fecha de la emisión del producto denominado Valores Santander es anterior a la trasposición de las Directivas MIFID por la ley 47/2007, que introdujo una regulación más pormenorizada de la obligación de recabar información de los clientes, dicha obligación ya se recogía en la anterior redacción del artículo 79 de la Ley del Mercado de Valores, que es la aplicable al caso, y Banco Santander, S.A. la incumplió, en los términos y por las razones que acabamos de exponer”, subraya la Sala.

Unai Sordo advierte de un “proceso de movilización creciente si no se produce un cambio de políticas y un reparto justo del crecimiento”

Miércoles, 11 de abril de 2018

Unai Sordo advierte de un “proceso de movilización creciente si no se produce un cambio de políticas y un reparto justo del crecimiento”
Los Presupuestos Generales del Estado que se han presentado “no son los que necesita este país para reducir el paro y la desigualdad. El gasto social crece menos de lo que crece el conjunto de la economía y, por tanto, está incidiendo en una distribución mas injusta de la riqueza”. Así, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho que “necesitamos unos presupuestos más expansivos a partir de una profunda reforma fiscal”.
06/04/2018. ccoo.es

Unai Sordo en una asamblea en Cuenca
El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha advertido hoy de un “proceso de movilización creciente si no se produce un cambio de políticas en beneficio de la mayoría social y un reparto justo del crecimiento económico y de la riqueza”.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en Cuenca, junto con el secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, y la secretaria general de CCOO de Cuenca, Mª José Mesas, en una asamblea con cerca de 200 delegadas y delegados sindicales.

“En España se producen más bienes y servicios que antes de la crisis, tenemos una previsión de crecimiento en torno al 3%, llevamos cuatro años creciendo mientras que los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo y las personas pensionistas y jubiladas no ven que sus pensiones se revaloricen”.

Además, “la precariedad sigue instalada en el conjunto de la sociedad, principalmente la sufren mujeres y jóvenes, consecuencia de las reformas que se han adoptado durante la crisis (la Reforma Laboral y la de pensiones, entre otras), pensando en devaluar el país, y que siguen operando e impiden una distribución justa de la riqueza”.

Una Sordo ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado que se han presentado “no son los que necesita este país para reducir el paro y la desigualdad. El gasto social crece menos de lo que crece el conjunto de la economía y, por tanto, está incidiendo en una distribución mas injusta de la riqueza”. Así, ha dicho que “necesitamos unos presupuestos más expansivos a partir de una profunda reforma fiscal”.

“No puede ser que para hacer populismo de derechas y satisfacer las pretensiones de Ciudadanos se sigan perdonando impuestos en España y se siga reduciendo la presión impositiva en 2.000 millones de euros cuando España está 8 puntos por debajo en recaudación fiscal con respecto de la media de la UE. Son entre 15.000 y 17.000 millones de euros los que en los últimos 3 años se han dejado de recaudar por hacer propuestas de populismo fiscal que quizás dé votos, pero que no sirven para mejorar las cuentas públicas, las de la Seguridad Social, la capacidad de inversión del poder público, y la posibilidad de crecer de una forma más justa”, ha denunciado Unai Sordo.

En este sentido, el secretario confederal de CCOO ha insistido en que “si no hay un cambio en la orientación de las políticas laborales, de pensiones, de igualdad y fiscales va a haber un proceso de movilización creciente en este país”.

CCOO tenemos propuestas en materia de empleo, salarios, igualdad, pensiones, etc y “tenemos auténtica voluntad de negociarlas, pero no vamos a estar negociando medidas de cartón piedra. Queremos medidas que en profundidad cambien la dinámica de crecimiento que está instalada en este país”.

“Si hay negociación vamos a ir a la negociación, pero si no hay negociación con contenido vamos a ir a la movilización y al conflicto”.

“Necesitamos recuperar los salarios para que las y los trabajadores recuperen poder adquisitivo. Los salarios han perdido de media un 7% de poder adquisitivo, en torno a un 22% los salarios más bajos, y esto es consecuencia de una Reforma Laboral que se ha hecho para devaluarlos. También las pensiones, garantizando el Sistema Público de Pensiones que es posible y viable y en ese empeño vamos a estar las CCOO”, ha hecho hincapié Unai Sordo

A preguntas de los periodistas sobre si “otoño caliente”, el secretario general de CCOO ha afirmado que “tiene pinta porque a día de hoy no parece que haya una voluntad por parte del Gobierno de reconducir las reformas y políticas adoptadas”.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha ha subrayado que para este sindicato es una “prioridad la recuperación de los derechos que en los últimos años han sido arrebatados, así como la conquista de otros nuevos derechos. Si esto no se produce, CCOO está en disposición de disputar en la calle la conquista de esos derechos”.

De la Rosa ha afirmado que “nos jugamos nuestro futuro y el de nuestros hijos. Un futuro en el que las personas tenemos que recuperar el protagonismo social que nos corresponde”.

Por último, ha pedido al empresariado y a los gobiernos y partidos políticos “responsabilidad y compromiso” para que la recuperación llegue a las personas.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Cuenca ha instado al Gobierno a que se deje de “falsos discursos y mentiras” y negocie con los agentes sociales medidas para la mayoría social para garantizar un presente y un futuro digno para las personas.

Asimismo, ha asegurado que la actitud de “resistencia” por parte de la patronal nacional CEOE-Cepyme a que la riqueza se distribuya de una forma justa entre el capital y el trabajo “debe desaparecer”. Es imprescindible que la clase trabajadora sea partícipe del crecimiento vía salarios y empleo de calidad, ha remarcado Mesas, quien ha añadido que “derogar la Reforma Laboral va a seguir siendo nuestro caballo de batalla”.

La reciprocidad en las relaciones internacionales

Martes, 10 de abril de 2018

La reciprocidad en las relaciones internacionales
Manuel Morales Lama

listindiario.com

En la actualidad la reciprocidad es considerada un principio universalmente aceptado del derecho internacional de indispensable aplicación en las relaciones internacionales, en virtud del cual, en ausencia de norma aplicable a una materia, o como complemento a una norma existente, un Estado adopta una determinada conducta en respuesta simétrica a la adoptada por otro Estado. (M. Morcillo /A. Plantey)

Así, por ejemplo, cabe recordar que en materia de status diplomático en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se establece que, respetando las disposiciones del Convenio, pueda un Estado aplicar a otro una interpretación restrictiva del mismo en respuesta a una actitud similar de éste, o puedan aplicarse recíprocamente dos países un trato más favorable en la materia. El principio no puede ser interpretado en el sentido de que una nación, por el hecho de seguir una determinada conducta ante otra, tenga derecho a exigirle un trato paralelo, la interpretación estriba en que un Estado puede rehusar un determinado trato a otro, si éste último no adopta ante el primero una actitud similar a la de éste. En igual dirección se podría afirmar que la reciprocidad es un principio de gran arraigo en el ámbito internacional que permite, en gran medida, que las relaciones diplomáticas sean posibles. Ese principio ha servido de base para la aplicación de los privilegios e inmunidades diplomáticos, para las leyes de la defensa, y asimismo para mecanismos relativos al incumplimiento de disposiciones contenidas en tratados internacionales (Francesco Parisi/Martínez Lage).

En el ámbito político, varios autores citan un acontecimiento histórico de aplicación de la reciprocidad en este marco. Se trata de la suscripción del Acuerdo de Principios Básicos entre el entonces Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon y el Presidente de la desaparecida Unión Soviética Leonid Brezhnev, que tuvo lugar en Mayo de 1972, el cual establece que las discusiones y negociaciones con respecto a asuntos pendientes entre Estados Unidos y la Unión Soviética serían llevadas a cabo tomando en cuenta el principio de la reciprocidad y que las partes tratarían de “complacerse” mutuamente con el objetivo de obtener mutuos beneficios.

La reciprocidad es, sin duda, un concepto práctico en las relaciones internacionales. En ese sentido es una acción equivalente que depende de una acción o reacción de otro Estado. La equivalencia no requiere ser absoluta para que halla reciprocidad y en algunos casos es imposible determinar si una acción es exactamente equivalente a la otra. ¿Cómo saber la equivalencia entre la promesa de un Estado de defender a otro frente a un tercer Estado y la autorización del otro Estado a que el primero pueda instalar sus tropas en su territorio?. Es difícil, en ciertos casos, determinar si la acción que es reciprocada es exactamente equivalente con la que se recíproca. El requisito de la equivalencia en la reciprocidad ilustra el hecho de que muchas relaciones en el ámbito internacional no son recíprocas. En ese sentido, determinados autores coinciden en afirmar que históricamente han existido “reclamaciones o exigencias de reciprocidad que pueden ser fraudulentas al estar escondiendo el dominio o la explotación”. Hay que resaltar que en la teoría de las relaciones internacionales la reciprocidad ha sido considerada como un instrumento para lograr el desarrollo de relaciones de mutua confianza y obligaciones recíprocas a largo plazo y un incentivo para el cumplimiento de las normas internacionales. Igualmente, se ha considerado un principio fundamental para la interacción de Estados para el manejo eficaz en casos de crisis. La reciprocidad ha jugado un importante papel en generar cooperación y resolución de conflictos entre Estados. Pero también puede jugar un rol fundamental en la dinámica de un conflicto, pudiendo dar lugar a un ciclo recíproco de violencia dependiendo de la naturaleza de la acción que se recíproca (Anat Niv-Solomon).

En ese contexto, cabe recordar que la cooperación, sostiene Robert O. Keohane, debe respetar el principio de la soberanía de los Estados. Asimismo, la reciprocidad ha sido considerada como una forma adecuada de comportamiento que genera cooperación entre Estados soberanos. Determinados autores han dividido la reciprocidad en específica y difusa. En la específica las obligaciones y los derechos son atribuidos a actores determinados. La difusa conlleva a que se actúe conforme a parámetros de comportamiento generalmente aceptados. La reciprocidad puede tener lugar tanto entre dos Estados, o sea, de manera bilateral o entre más de dos Estados, o sea, de manera multilateral. La reciprocidad implica una acción condicionada que depende de las acciones de los otros.

Finalmente, debe recordarse que la reciprocidad, en modo alguno, podría interpretarse como represalia. Si bien, manejos inexpertos en la aplicación de la reciprocidad pudieran interpretarla y aplicarla, en cierto sentido, de esa forma. Recuérdese que la represalia, conforme lo señala Martínez Morcillo, es una reacción limitada de un Estado contra una determinada conducta de otro Estado que le perjudica, que es contraria al derecho internacional, pero que se presume justificada por la previa violación de ese mismo derecho por el otro Estado. Sin duda la represalia es una reacción contraria al espíritu y esencia de la reciprocidad. En el marco de las relaciones humanas propiamente dichas, existe una dinámica semejante en determinada forma a la reciprocidad. Incluso en el lenguaje coloquial se califica de inconsecuentes a las personas que no actúan conforme a tal dinámica. Naturalmente, por obvias razones, esto último corresponde a otras consideraciones.

El autor es Premio Nacional de Didáctica y diplomático de carrera.