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De la Serna presenta el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística

Jueves, 31 de mayo de 2018

Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo

De la Serna presenta el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística
Miércoles 30 de mayo de 2018 lamoncloa.gob.es
El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha presidido la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, en la que ha presentado el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística.
La conferencia, que se ha celebrado en la sede del Ministerio, ha contado con la asistencia de los consejeros competentes de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, así como representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El Anteproyecto que ha presentado hoy el ministro es una medida muy esperada, tanto desde un punto de vista técnico, por magistrados y juristas, como práctico, por las administraciones competentes en materia de urbanismo. Con este texto se da respuesta a uno de los problemas más graves que tiene actualmente el planeamiento urbanístico en España y que afecta a ciudades de prácticamente todas las comunidades autónomas.

Se trata de evitar la nulidad total de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y otros instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos, cuando incurren, en alguno de sus apartados, en un defecto formal o material. Hasta ahora, estos casos conllevaban la nulidad total del plan, ya que no había posibilidad alguna de subsanación o convalidación, y por tanto obligaban a repetir todo el proceso desde cero a pesar de que la elaboración de un plan de este tipo es compleja y puede durar seis o siete años e incluso más.

Otra consecuencia derivada de los casos en los que se anulan los PGOU es que obliga a que el desarrollo urbanístico de una ciudad se rija por planes anteriores que normalmente están desfasados y que no se ajustan a la realidad del municipio.

Para corregir esta situación, el Anteproyecto propone la solución que han aportado expertos jurídicos en la materia y que argumentan que los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos tienen un doble contenido de distinta naturaleza jurídica: por un lado, están las disposiciones de carácter general y, por otro, los actos administrativos. La diferencia permite que, si se produce la nulidad de las normas, se puedan salvar los actos, e incluso que se aplique la nulidad parcial y otros mecanismos de conservación de actos.

La norma incorpora, además, otras medidas de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas.

El texto del nuevo Anteproyecto ya se ha entregado a las comunidades autónomas y a la FEMP para que, en el plazo de tres semanas, puedan realizar sus aportaciones.

El Tribunal Supremo anula un decreto del sistema viario de la Comunidad Valenciana de 2013 al estimar un recurso del ayuntamiento de Benidorm

Jueves, 31 de mayo de 2018

Lunes, 28 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo anula un decreto del sistema viario de la Comunidad Valenciana de 2013 al estimar un recurso del ayuntamiento de Benidorm

El consistorio calculó en 1,7 millones de euros anuales lo que le costaría el mantenimiento de una de las carreteras que le asignaba el catálogo

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado el Decreto del Gobierno valenciano del año 2013 que aprobó el Catálogo del Sistema Viario de la Comunidad Valenciana, por no incorporar una memoria económica, vulnerando así las normas legales estatales y autonómicas y la jurisprudencia reiterada en esta materia. El Supremo estima un recurso del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), que calculó en 1,7 millones de euros anuales lo que le costaría el mantenimiento de una de las carreteras que le asignaba el catálogo.

El TS anula el Decreto y revoca la sentencia del TSJ de Valencia, de 30 de junio de 2015, que desestimó la pretensión de nulidad formulada por Benidorm, aunque estimó la petición subsidiaria de dicho Ayuntamiento de anular la cesión del vial 7673 Accesos Terra Mítica.

Para el Supremo, debe anularse el Decreto 49/2013, de fecha 12 de abril de 2013 por no incorporar al procedimiento para su elaboración una memoria económica que pueda considerarse suficiente. En ese sentido, indica que no es bastante para entender cumplido este requisito, como defendía la comunidad autónoma, el argumento relativo a la existencia de un informe que acreditaría que la aprobación del Catálogo no comporta un incremento del gasto público para la Generalitat, informe que, según afirma ésta, permitiría, a su vez, eludir la necesidad de incorporar una memoria económica.

“Y no es bastante porque una cosa es que la mera aprobación del Catálogo no suponga un incremento inmediato de gasto para la Generalitat y otra bien diferente que la cesión de la titularidad de una carretera al Ayuntamiento de Benidorm (que conlleva “la asunción efectiva de las competencias y responsabilidades en materia de conservación y explotación” de la vía, que “se producirá a partir de la entrada en vigor de este decreto, con carácter previo a la formalización de la cesión”, según la Disposición Transitoria Única del citado Decreto) no pudiera comportar gasto alguno”, indica la resolución.

Añade que el propio Decreto preveía la generación de ese gasto cuando en su artículo 4, bajo la rúbrica “Obligaciones de la Administración cesionaria”, disponía que la administración cesionaria, tan pronto sea posible la habilitación de los créditos oportunos para ello, debía retirar la identificación de carretera de los nuevos tramos, y adaptar los carteles de señalización a la nueva realidad. Y proceder al marcaje de las secciones de los viales en que la carretera pasa a ser de otra administración por medio de hitos laterales, así como la captación de las coordenadas GPS de la sección límite para la catalogación en los programas de Sistemas de Información Geográfica de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Según la sentencia, aunque a priori no pudiera determinarse exactamente su cuantía, “podría presumirse –por pura lógica- que el mantenimiento y la explotación de una carretera podría conllevar algún gasto. Pero, obviamente, esta es una mera presunción que puede o no coincidir con la realidad y, precisamente por eso se exige la memoria económica, para determinar el impacto real que tal cesión pueda tener en la Administración cedente y en la cesionaria, en consonancia con lo establecido en los artículos 7, 9 y 10 de la L.O. 2/2012, a cuyas previsiones la propia Ley valenciana 10/2012 reconoce ajustarse”, concluye.

El Juzgado de cláusulas abusivas de Oviedo, premio Calidad de la Justicia por su “respuesta y solución rápida y eficaz al ciudadano”

Miércoles, 30 de mayo de 2018

Miércoles, 30 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El Juzgado de cláusulas abusivas de Oviedo, premio Calidad de la Justicia por su “respuesta y solución rápida y eficaz al ciudadano”

En la VIII edición de los premios, el CGPJ también reconoce al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante y al Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba en las modalidades de Justicia más transparente y Justicia más accesible. La Fiscalía y el Juzgado de Menores de Castellón, el servicio de actos de comunicación de Amposta y grupo de trabajo de la Administración de Justicia y registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana completan la lista de galardonados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial ha concedido al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, especializado en cláusulas abusivas, el premio Calidad de la Justicia en su modalidad de Justicia más eficaz “por conseguir dar una respuesta y solución rápida y eficaz al ciudadano frente a un nuevo problema social”.

En la VIII edición de los premios, el jurado reconoce así los resultados obtenidos por este órgano judicial, “basados en el trabajo en equipo del magistrado, los jueces de apoyo, el letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios”.

El Juzgado asturiano, especializado en cláusulas abusivas desde el pasado 1 de junio, dictó en 2017 un total de 992 sentencias en esta materia: 173 en el tercer trimestre del año –todas ellas favorables al cliente- y 819 en el cuarto trimestre, de las que el 98,9 por ciento fueron estimatorias. Teniendo en cuenta que el número de demandas presentadas en el órgano judicial el año pasado fue de 3.287, el Juzgado resolvió en solo siete meses más del 30 por ciento de los asuntos ingresados.

En la categoría destinada a otros organismos relacionados con la Administración de Justicia, el premio en la modalidad “Justicia más eficaz” ha sido para el equipo técnico de la Fiscalía y el Juzgado de Menores de Castellón, en colaboración con profesoras del Departamento de Psicología de la Universidad Jaume I, por su proyecto “Utilización del inventario YLS/CMI de valoración del riesgo de menores infractores para la propuesta de medida educativa según la LORPM 5/2000”.

El jurado ha valorado la introducción de “un instrumento eficaz, útil y capaz de dar respuestas uniformes, en el trabajo diario de los profesionales de Justicia juvenil, mejorando la calidad del servicio público”.

Justicia más transparente

En la modalidad de “Justicia más transparente”, el premio en la categoría destinada a órganos judiciales ha sido para el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante por su proyecto “Celeridad en la tramitación y resolución de procedimientos. Apuesta por la oralidad”, que apuesta por la oralidad como herramienta para garantizar la transparencia.

También en esta modalidad, el jurado ha reconocido al servicio de actos de comunicación de Amposta (Tarragona) por su proyecto “Los actos de comunicación como medio para una justicia accesible”, que ejecuta una estrategia de transparencia en relación con los actos de comunicación en términos asequibles y de fácil comprensión.

Justicia más accesible

Por último, en la modalidad de “Justicia más accesible”, el órgano judicial premiado ha sido el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba por su proyecto “Sistema de acumulación de procesos en los Juzgados de lo Social de Córdoba. Años 2007 a 2016”.

Ha sido galardonado asimismo en esta misma modalidad el grupo de trabajo de la Administración de Justicia y registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana por la obtención de resultados que han garantizado el acceso a medios para atajar y afrontar los problemas procesales y sustantivos en las materias en las que intervienen letrados de la Administración de Justicia, procuradores y magistrados.

El jurado de los premios Calidad de la Justicia, presidido por el vocal del CGPJ Gerardo Martínez-Tristán, ha estado formado por la también vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas; el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Ángel Tomás Ruano; el fiscal de Sala Francisco Moreno; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Colegio de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; y el vocal del Consejo General de Graduados Sociales Pedro Bonilla.

Estado y comunidades reforzarán las ayudas para la digitalización del pequeño comercio

Miércoles, 30 de mayo de 2018

23 de mayo de 2018 mineco.gob.es
Estado y comunidades reforzarán las ayudas para la digitalización del pequeño comercio
El Estado y las comunidades autónomas acordaron reforzar las ayudas para la transformación digital del pequeño comercio en la reunión de la Conferencia Sectorial de Comercio celebrada hoy. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, destacó en la inauguración de la sesión que el acuerdo por la digitalización y la modernización es clave para dar al sector un horizonte de futuro próspero y exitoso.

En representación del Gobierno central la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, presidió la Conferencia, que reunió en Madrid  a los responsables de Comercio de las comunidades. El sector tiene ante sí un reto de futuro por la aparición de las grandes plataformas de comercio electrónico, para lo cual la digitalización ofrece grandes oportunidades puesto que permite acceder a nuevos mercados. Estado y comunidades constataron la necesidad de dotar al comercio de las herramientas tecnológicas necesarias para competir en la nueva era digital.

Por ello se acordó crear un Grupo de Trabajo técnico en el seno de la Conferencia sectorial que identificará las necesidades prioritarias del sector; buscará dar mayor visibilidad y difusión a las ayudas, de las que se dará prioridad a las dirigidas a internacionalización y digitalización; establecerá un sistema dinámico de intercambio de información entre las administraciones mediante la puesta en marcha de una plataforma de ayudas; se creará una ventanilla única de información y links a las páginas webs de comunidades y ayuntamientos y se establecerán indicadores para evaluar la eficacia de las ayudas.

Se trata de ordenar y sistematizar todas las ayudas contenidas en los planes de apoyo de las comunidades autónomas y en el Plan Integral de la Administración del Estado, en el que se compilan todas las medidas puestas en marcha por doce ministerios y diversas instituciones en favor de las empresas y autónomos que operan en el sector.

Igualmente se acordó crear un grupo de trabajo, en el que también participará la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para estudiar cómo regular los centros comerciales abiertos.

Además, la Secretaría de Estado ha informado de las líneas estratégicas del Plan Integral 2018, orientadas a la innovación y el impulso a los centros comerciales abiertos y mercados municipales así como a los emprendedores; el apoyo financiero; el fomento de las sinergias entre comercio y turismo; la mejora de la seguridad en el comercio; medidas legislativas para la eliminación de trabas; el apoyo a la internacionalización y actuaciones para facilitar el empleo y la formación.

Parte de estas actividades las desarrollarán las Cámaras de Comercio, en el marco del convenio suscrito con la Secretaría de Estado, que en este ejercicio está dotado con seis millones de euros. En 2017 las actuaciones del Plan Integral beneficiaron a cerca de 40.000 comercios en toda España.

Dos años de cárcel para un notario por estafa y apropiación indebida

Miércoles, 30 de mayo de 2018

Dos años de cárcel para un notario por estafa y apropiación indebida

lavozdealcala.com

El notario alcalareño Rafael M. L. ha sido condenado a dos años de prisión por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida tras haber desviado fondos de centenares de clientes durante más de una década.

A su vez, José Miguel H. M., que ejerció como contable del anterior, también ha sido condenado a un año de cárcel por participar en este «delito continuado», que, según la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, consistía en «distraer el dinero de las provisiones de fondos aportadas por los clientes» a través de un «concurso medial».

En total, Rafael M. L. se apropió de 792 540 euros. Lo singular de este caso es que sea ahora, diecisiete años después, cuando llegue la resolución judicial, pues los delitos comenzaron en 1989 y se extendieron hasta 2001. A la demora se une la rebaja de la condena por repararse el daño mediante la devolución de parte del dinero desviado.

En el verano de 1996 algunos clientes comenzaron a interponer denuncias al comprobar que sus viviendas no habían sido inscritas en el Registro de la Propiedad tras haber firmado las escrituras; o bien, recibían requerimientos de Hacienda para que pagasen con recargo los impuestos no abonados.

El dinero desviado, como señala la sentencia, solventaba «los problemas de tesorería» de la notaría; una notaría en la que existía, según el texto judicial, «un absoluto descontrol» en la gestión, pues no contaba con cuentas anuales ni con libro de caja para identificar facturas o minutas.

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales para una mayor protección frente al uso ilícito de información comercial

Martes, 29 de mayo de 2018

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
Nota de prensa mjusticia.gob.es
Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales para una mayor protección frente al uso ilícito de información comercial
• Con esta norma se transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Europea de protección de secretos comerciales
25 de mayo de 2018.- El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales que permitirá reforzar la protección de la información empresarial no divulgada contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Con esta norma, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, se transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los secretos comerciales que proporciona un marco jurídico armonizado para toda la Unión Europea.
Las empresas utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de su competitividad e innovación con objeto de proteger información que abarca tanto conocimientos técnicos como datos relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado. En un contexto globalizado como el actual, las compañías están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de información a través del robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad. Ello supone un desincentivo a la innovación y a la creatividad con efectos negativos para la inversión y la competitividad.
En el Proyecto de Ley que hoy se ha aprobado se definen las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales y también aquellas otras circunstancias en las que son consideradas lícitas las prácticas de obtención, utilización y revelación de información frente a las que no procederán las medidas de protección previstas en el Proyecto de Ley.
Por otro lado, se aborda la vertiente patrimonial del secreto empresarial para establecer la potencial cotitularidad del secreto empresarial y su transmisibilidad en los casos en los que no exista acuerdo entre las partes, en particular si se acomete mediante licencia contractual.
Asimismo, este Proyecto de Ley establece un catálogo abierto de acciones de defensa del titular del secreto empresarial para hacer frente a la posible violación de éste, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios. Se regulan también aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer al afectado herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica a través de un proceso eficaz, desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable.
Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando los obstáculos al libre comercio y su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. En este sentido, se agravan las medidas que los tribunales pueden adoptar por incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal cuando en la supuesta defensa de un secreto empresarial se ejerza una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación esté cubierta por alguna de las excepciones que se contemplan en la norma.
El marco jurídico de la protección de secretos empresariales se refuerza en tres aspectos:
• Incorpora una serie de reglas para preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial.
• Ofrece un marco normativo para que el demandante pueda preparar el ejercicio de su acción garantizándose así el derecho a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, medidas para acceder a las fuentes de prueba en poder del futuro demandado o de terceros y, en su caso, de medidas de aseguramiento de las mismas.
• Incorpora reglas específicas en materia de medidas cautelares para asegurar la eficacia de su acción y evitar de manera inmediata la revelación, uso u obtención ilícita del secreto empresarial.
Previamente a su aprobación por el Consejo de Ministros, el texto de este Proyecto de Ley de Secretos Empresariales ha sido sometido al trámite de información pública recabándose asimismo los informes pertinentes y el dictamen del Consejo de Estado.

“Internacionalización, digitalización y formacion, ejes sobre los que debe pivotar la economía española”

Lunes, 28 de mayo de 2018

“Internacionalización, digitalización y formacion, ejes sobre los que debe pivotar la economía española”

Jose Luis Bonet en el Círculo Financiero

14 de Mayo 2018  camara.es

La Cámara de España dedicará 141 millones de euros a apoyar a las pymes en sus procesos de internacionalización y de innovación y transformación digital hasta 2020
La formación y el emprendimiento recibirán 327 millones de euros
“Es urgente contar en Cataluña con un gobierno capaz de impulsar la reconstrucción institucional y social en el marco del orden constitucional”

Barcelona, 14/5/18. El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado hoy que la digitalización, la internacionalización y la formación son los tres ejes sobre los que debe pivotar la economía española para asegurar un crecimiento vigoroso y sostenible capaz de crear empleo cada vez de mayor calidad.

Durante la conferencia que ha ofrecido hoy en el Círculo Financiero de la Societat Económica Barcelonesa d´Amics del País, José Luis Bonet ha afirmado que “estos tres ejes deben ser nuestras prioridades como país, porque son estratégicos para conseguir una economía más competitiva y más resistente a los ciclos económicos. Son retos exigentes pero asumibles y constituyen también los ejes principales de la actividad de la Cámara de España, porque creemos firmemente en ellos.”

Por ello, según ha anunciado que esta institución a través del sistema cameral, dedicará más de 53 millones de euros para ayudar a las pymes en el proceso de innovación y transformación digital; 88 millones para fomentar la internacionalización y 327 millones de euros a formación y emprendimiento.

Sobre la actual coyuntura económica, José Luis Bonet se ha mostrado optimista. “Durante 2017 se consolidó la transformación del patrón de crecimiento económico, caracterizado por un modelo más equilibrado, sostenible y competitivo, así como más diversificado a nivel internacional. En los primeros meses de este año, estamos constatando la fortaleza de la economía española que continúa creando empleo y reduciendo el déficit público”.

No obstante, ha advertido que también existen riesgos, especialmente la incertidumbre sociopolítica que se está viviendo con Cataluña, que están desviando esfuerzos de lo que realmente importa.

“Cataluña”, ha afirmado José Luis Bonet, “parece haberse instalado en la anomalía institucional y las consecuencias políticas, económicas y sociales para toda España son incalculables”.  Por ello, ha subrayado la necesidad de contar en Cataluña con un gobierno que sea capaz de impulsar la reconstrucción institucional y social en el marco del orden constitucional.

En este sentido, ha recordado a las más de 4.000 empresas que se han visto obligadas a trasladar su sede social fuera de Cataluña por la “falta de reglas claras de juego y de seguridad jurídica. Estamos asistiendo a una paulatina y, quién sabe si irreversible, pérdida de relevancia de Cataluña como motor de la economía española. Estamos por tanto en una encrucijada. Cataluña no puede encerrarse en sí misma y aislarse del mundo; todo lo contrario, debe proyectarse al exterior”, ha añadido.

Por último, se ha referido al papel de la Cámara de España como coadyuvante en el proceso de consolidación y fortalecimiento de la economía y ha hecho una mención especial a la defensa institucional de la empresa que está llevando a cabo, poniendo en valor el trabajo y la contribución de las empresas y empresarios al conjunto de la sociedad española. “Los empresarios no podemos agachar la cabeza, muy al contrario, debemos actuar como líderes sociales y hablar alto y claro de cuantos problemas nos afectan y la red de Cámaras de Comercio debe servir de altavoz para que nuestras voces sean escuchadas”.

Agenda Digital convoca la subasta de la banda de frecuencias para la 5G

Domingo, 27 de mayo de 2018

Plan Nacional 5G

Agenda Digital convoca la subasta de la banda de frecuencias para la 5G

Viernes 25 de mayo de 2018

lamoncloa.gob.es

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha convocado la subasta de la banda de frecuencias 3,6-3,8 GHz, en la que se desarrollará la nueva tecnología de comunicaciones móviles 5G.

Se licitan un total 200 MHz distribuidos en 40 bloques de 5 MHz cada uno, todos ellos de ámbito nacional. El precio de salida de cada bloque se ha fijado en 2,5 millones de euros, en total 100 millones de euros para los 200MHz que se licitan.

Los operadores interesados podrán presentar sus solicitudes para participar en la subasta hasta el 29 de junio de 2018. La subasta se desarrollará mediante un mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas. Los operadores admitidos para participar en la subasta realizarán sus pujas económicas utilizando medios electrónicos. El proceso de rondas y pujas se prevé que pueda comenzar a mediados del mes de julio y en todo caso antes del 20 de julio de 2018. La subasta finalizará cuando en una ronda no se reciban nuevas pujas.

Los operadores que participen en la subasta deberán respetar el límite máximo de frecuencias de que puede disponer un mismo operador en la banda 3,4-3,8 GHz, fijado en 120MHz el pasado 20 de abril por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Por ello, aquellos operadores que no dispongan de frecuencias en la banda 3,4-3,6 GHz podrán optar a un máximo de 120 MHz en la subasta, mientras que los operadores que dispongan de 40 MHz en la citada banda podrán optar a un máximo de 80 MHz.

Las concesiones tendrán una duración de 20 años, de manera que los operadores adjudicatarios tengan un marco estable para acometer con certidumbre las inversiones necesarias para desplegar las nuevas redes 5G.

Los operadores podrán realizar el pago del importe de la subasta mediante un primer pago inicial equivalente a la vigésima parte del precio final y el resto de manera anual distribuido a lo largo del periodo de duración de la concesión a través de anualidades constantes. Esta medida favorecerá de manera muy relevante la inversión y la extensión de las nuevas redes 5G.

Plan Nacional 5G

La presente subasta se enmarca en el contexto del Plan Nacional 5G 2018-2020 publicado el pasado 1 de diciembre de 2017, que tiene como principal objetivo situar a nuestro país entre los más avanzados en el desarrollo de esta nueva tecnología.

La tecnología 5G no solo constituye el nuevo paradigma de las comunicaciones móviles, sino que será el componente tecnológico esencial en la transformación digital (permitirá el desarrollo del Internet de las Cosas, el big data, la robótica o la realidad virtual) con un efecto transversal sobre la sociedad y la economía en los países más avanzados durante la próxima década.

La banda 3,4-3,8 GHz (3400-3800 MHz) ha sido identificada como la banda principal para la introducción de servicios basados en 5G en Europa. De ahí que el Plan Nacional 5G contemple la licitación de los 200 MHz de la banda 3,6-3,8 GHz (3600-3800 MHz) con carácter prioritario.

La convocatoria y las condiciones de la subasta se harán efectivas desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El juez Pablo Llarena deniega una nueva petición de libertad provisional de Joaquim Forn al apreciar que persiste el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva

Domingo, 27 de mayo de 2018

Jueves, 24 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El juez Pablo Llarena deniega una nueva petición de libertad provisional de Joaquim Forn al apreciar que persiste el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva

Destaca que, pese a sus declaraciones judiciales, el procesado expresó en una carta pública su apoyo a los CDR e incitó a resistir y a mantenerse firmes

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez Pablo Llarena ha denegado una nueva petición de libertad provisional del exconseller de Interior Joaquim Forn al entender que persiste el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva, ya que, pese a sus declaraciones judiciales, ha expresado su apoyo a los Comités de Defensa de la República (CDR) en una carta, que ha escrito con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, en la que “incita a todos a resistir y a mantenerse firmes”, y proclama que son “un país vivo que no se resigna, ni cede a la represión ni a la amenaza”. En la misiva, que fue leída el pasado 2 de mayo en un acto público celebrado en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, el magistrado afirma que ambos procesados revalidaron su compromiso con la determinación reflejada en el Libro Blanco para la Independencia de Cataluña.

En un auto, que ha sido notificado hoy, el magistrado rechaza la petición de Forn en la que aludía al arraigo laboral y familiar, y a sus declaraciones ante el instructor en las que aseguró que no iba a fugarse, ya que ello supondría dejar en la estacada a otros miembros del departamento de Interior y a los responsables de los Mossos d’Esquadra que se encuentran en la misma situación procesal que él.

El juez explica que la “alineación con los encausados que han dificultado el ejercicio de la jurisdicción española buscando refugio en terceros países, y que lo han hecho con pleno sustento económico y organizativo, así como sorprendente éxito hasta ahora, refuerza aún más el riesgo de su fuga, tanto como pronóstico de que pueda llegar a abordarse un comportamiento en este sentido (como ya ha acontecido con otros fugados que tampoco inicialmente habían eludido la acción del tribunal), como por la posibilidad de que se haga en forma que dificulte real y materialmente la prosecución del proceso”.

Llarena recuerda también que el auto de procesamiento, dictado el pasado 21 de marzo, identificaba como factores que conformaban el riesgo de fuga una instrucción sumarial prácticamente terminada que reflejaba -sin seguridad, pero con firmeza- que el procesado se enfrentaba a una grave punición por una eventual responsabilidad penal como partícipe de un delito de rebelión.

Además de la proximidad del enjuiciamiento, el magistrado indica que ese mismo auto recogía que las fuentes de prueba recabadas durante la instrucción del sumario reflejaban “el claro desprecio de los procesados al acatamiento de las decisiones de la autoridad judicial”. Aunque señala que Forn se incorporó al gobierno de la Generalitat de Catalunya un trimestre antes de la declaración de independencia, el menosprecio de las decisiones judiciales no se mide por el tiempo durante el que se ejerce la desconsideración, sino por la gravedad o el calado de la desatención cuando se produce. En este sentido, destaca que “no puede eludirse la relevante osadía con la que el procesado cooperó a la ejecución de los hechos y desatendió el ordenamiento jurídico y las decisiones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial”.

Su actuación como nuevo Consejero de Interior del que dependía orgánica y funcionalmente el cuerpo de Mossos d’Esquadra supuso “la aprobación de un plan de actuación que impedía a cualquier agente cumplir con su obligación de evitar un referéndum declarado inconstitucional y que conducía a la declaración de independencia”, subraya Llarena. Sobre esta misma cuestión, el juez concluye que, al estar transferidas las competencias en materia de orden público por el Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña, el procesado “cooperó a intentar forzar al Estado a asumir el nuevo orden territorial desde el hecho material de que los 17.000 agentes armados destinados a garantizar un control no militar del territorio, no respondían a sus obligaciones legales y a las órdenes judiciales, sino a los designios de los insurrectos”.

También señala que el auto de procesamiento reflejó que el procesado forma parte de un colectivo que cuenta con recursos económicos y una estructura internacional desarrollada en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y en condiciones de prestar soporte. Añade que “comparte propósito con los procesados fugados y, en apariencia, con su misma forma de entender la defensa de sus proyectos, pues compartió con ellos candidatura electoral hace pocos meses”.

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, el magistrado afirma que, aunque es cierto que el procesado ha renunciado a su actividad parlamentaria y que asegura que no se incorporará a ninguna responsabilidad en el Gobierno de la Generalidad, no obstante, su comportamiento “no conjura el peligro objetivo que en él se aprecia”.Un peligro que deriva, según el juez, del Libro Blanco para la Independencia de Cataluña que contemplaba persistir en la estrategia tan pronto como se recuperara el control de las instituciones autonómicas, y de que hace unos días tanto Joaquím Forn como Oriol Junqueras escribieron la carta citada en la que ambos procesados revalidaron su compromiso con la determinación expresada en dicho Libro Blanco, expresando concretamente su apoyo a las actuaciones de los CDR.

El Tribunal Constitucional, por unanimidad, rechaza suspender la prisión provisional y la concesión de un permiso penitenciario a Jordi Sánchez

Sábado, 26 de mayo de 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de prensa
Nota informativa nº 51/2018 tribunalconstitucional.es
El TC, por unanimidad, rechaza suspender la prisión provisional y la concesión de un permiso penitenciario a Jordi Sánchez
En el primer recurso de amparo, el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad rechazar la petición de Jordi Sánchez en la que se solicitaba la suspensión de la prisión provisional acordada por la Sala Penal del Tribunal Supremo. El auto argumenta que “según la jurisprudencia constitucional, aunque la afección del derecho a la libertad personal que produce su ejecución cause perjuicios irreparables, sin embargo, su suspensión equivaldría a un otorgamiento anticipado del amparo”.
El segundo recurso de amparo relativo a la concesión de un permiso extraordinario penitenciario para acudir personalmente al Parlamento de Cataluña, en su condición de diputado y candidato a la presidencia del Gobierno de la Generalitat, el recurrente solicitaba que se autorizara la posibilidad de defender su candidatura de forma no presencial, a través de una videoconferencia desde el centro penitenciario o desde una sede judicial.
El recurrente argumentaba que acordar dicha medida supondría actuar de conformidad con las medidas cautelares adoptadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su resolución de 23 de marzo de 2018, según la cual el Comité, había solicitado al Reino de España, que adoptase todas las medidas que fueran necesarias para asegurar que el recurrente pudiera ejercer sus derechos políticos.
El auto, del que ha sido ponente el Magistrado Cándido Conde-Pumpido, señala que en los términos en los que ha sido planteada, la alegación carece de todo fundamento, pues “basta reparar en el carácter genérico de su contenido para rechazar la relación que establece el demandante entre dicha comunicación y el otorgamiento de la medida cautelar solicitada”.
El auto explica que el derecho recogido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos admite restricciones, siempre que no sean indebidas. Y que la situación de prisión provisional impone “indefectiblemente” limitaciones a los derechos políticos que derivan de la situación cautelar de privación de libertad.
En este sentido, la resolución señala que “por ser objeto de este proceso de amparo tanto la adecuación a la ley de tal limitación judicialmente acordada, como el cumplimiento de un fin legítimo y el examen de su proporcionalidad, su resolución anticipada no puede pretenderse en este incidente cautelar, debiendo ser abordada al resolver sobre el fondo de su queja”.
Madrid, 22 de mayo de 2018

EL Tribunal Constitucional, por unanimidad, rechaza suspender la prisión provisional de Oriol Junqueras

Sábado, 26 de mayo de 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 50/2018 tribunalconstitucional.es
EL TC, por unanimidad, rechaza suspender la prisión provisional de Oriol Junqueras
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad rechazar la petición del recurso de amparo presentado por Oriol Junqueras en el que solicitaba la suspensión de la prisión provisional acordada por la Sala Penal del Tribunal Supremo. El auto, que acepta los argumentos del Ministerio Fiscal, señala que “acceder a la petición equivaldría –con independencia del alcance y efectos de una eventual sentencia estimatoria en este recurso-, al otorgamiento anticipado del amparo solicitado”.
Tras las alegaciones presentadas por el recurrente respecto a su derecho de defensa, que se vería mermado por la situación de prisión provisional, el auto explica que “la carga alegatoria que corresponde a la parte recurrente aparece incumplida en cuanto se limita a poner de manifiesto meros inconvenientes y no un perjuicio real para el ejercicio de este derecho fundamental”.
Con respecto de la pretensión subsidiaria relativa al acercamiento del recurrente a su domicilio familiar, los magistrados argumentan que “esta solicitud de acercamiento del recurrente a su domicilio familiar supone una pretensión nueva, imprejuzgada y que nada tiene que ver con el objeto principal del recurso de amparo, que es única y exclusivamente valorar el ajuste constitucional de las medidas cautelares de prisión provisional que mantienen las resoluciones judiciales impugnadas”.
De esta manera, el TC resuelve sobre la providencia que admitió a trámite el recurso de amparo de Junqueras en el pasado Pleno, celebrado el día 8 de mayo, al apreciar que concurría una especial trascendencia constitucional al plantearse un problema que afecta a una faceta de un derecho constitucional sobre el que no hay doctrina en este Tribunal.
Madrid, 22 de mayo de 2018

Las exportaciones siguen en máximos históricos, con crecimiento del 1,8%, y se reduce el déficit

Viernes, 25 de mayo de 2018

22 de mayo de 2018

mineco.gob.es

Las exportaciones siguen en máximos históricos, con crecimiento del 1,8%, y se reduce el déficit

España exportó entre enero y marzo por valor de 71.025 millones de euros
El déficit comercial se situó en 6.933 millones de euros

Las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 71.025 millones de euros en el periodo enero-marzo, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Se trata de un nuevo máximo histórico. Las importaciones subieron un 1,3%, hasta los 77.958 millones. Como resultado, el déficit comercial de los tres primeros meses del año alcanzó los 6.933 millones de euros, un 3,7% menos que un año antes. Los datos de este trimestre están afectados por el efecto Semana Santa, que este año cayó en marzo, y por la apreciación del euro frente al dólar.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 91,1% (90,6% en enero-marzo de 2017). En términos de volumen, las exportaciones retrocedieron un 0,4% ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, ascendieron un 2,2%; y las importaciones aumentaron un 0,4%, dado que los precios crecieron un 0,9%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 551 millones de euros (déficit de 411 millones de euros en el acumulado hasta marzo de 2017) y el déficit energético disminuyó un 6%, hasta los 6.382 millones de euros (déficit de 6.788 millones en 2017).

El crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y marzo (1,8%) fue inferior al registrado en el conjunto de la zona euro (3,3%) y en la Unión Europea (2,9%), así como en los países del entorno: Francia (3,9%), Italia (3,3%), Alemania (2,8%) y Reino Unido (2%). También aumentaron por encima en EEUU (7,9%), China (13%) y Japón (4,9%).

Todos los sectores experimentaron crecimientos en sus exportaciones, excepto alimentación, bebidas y tabaco (16,4% del total), cuyas ventas cayeron un 3,2%. Así, los bienes de equipo (que representan un 19,1% del total) subieron un 1,5%; el automóvil (17,4% del total) aumentó un 0,6%; y los productos químicos (14,1% del total) crecieron un 0,4%.

Por su parte, las importaciones registraron incrementos en los principales sectores, excepto en bienes de equipo (20,3% del total), que bajó un 1,6% interanual. Las de productos químicos (15,7% del total) aumentaron un 6,2%; las de productos energéticos (14,3% del total) crecieron un 1% interanual; y las del automóvil (13,7% del total) subieron un 2,6%.

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (67,3% del total) aumentaron un 2,2% en los tres primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (52,8% del total) subieron un 2,7% y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,5% del total), se incrementaron un 0,4%.

Asimismo, evolucionaron positivamente las ventas a terceros destinos (32,7% del total), que crecieron un 1,2% en este periodo, con ascensos de las exportaciones a Oceanía (15,5%), África (6,2%) y América Latina (3,6%). Por el contrario, retrocedieron las dirigidas a Oriente Medio ;(-5,8%), Asia excluido Oriente Medio (-5,1%) y América del Norte (-1,6%). Por países destacan los aumentos de ventas a Argentina (40,5%), Australia (28,9%), Nigeria (26,1%) y Egipto (20%), mientras que se redujeron las ventas a Perú (-30,6%), Emiratos Árabes Unidos (-29%), Hong-Kong (-15,3%) y Corea del Sur (-12,6%), entre otros destinos.

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares (13,6%), País Vasco (10,8%) y Galicia (9,4%). Los mayores descensos se registraron en Cantabria (-8%), Canarias (-7,3%) y Murcia (-6,4%).

Datos del mes de marzo

En el mes de marzo, las exportaciones españolas de mercancías se redujeron un 2,4% sobre el mismo mes de 2017, hasta los 25.606 millones de euros. Este dato tiene un fuerte efecto estacional debido a que en 2018 la Semana Santa tuvo lugar mayormente en marzo, mientras que en 2017 fue íntegramente en abril. Las importaciones cayeron un 4,5% en términos interanuales hasta los 26.436 millones de euros. Como resultado, en marzo de 2018 se registró un déficit de 831 millones de euros, un 43,1% inferior al del mismo mes de 2017.

La tasa de cobertura se situó en el 96,9%, 2,1 puntos porcentuales más que en marzo de 2017 y el segundo mejor registro para el mes de toda la serie histórica, solo superado en 2013. Con la serie desestacionalizada y corregida del efecto calendario, tanto las exportaciones como las importaciones crecieron un 3,6% interanual.

El saldo no energético arrojó un superávit de 1.029 millones de euros (superávit de 529 millones de euros en marzo de 2017) y el déficit energético se redujo un 6,4%.

La caída de las exportaciones en marzo de España (-2,4%) supera la registrada en la zona euro (-1,8%) y en la Unión Europea (-2%).

Las únicas contribuciones positivas al aumento de las exportaciones fueron las de productos energéticos (0,5 puntos), el sector del automóvil (0,5 puntos) y las semimanufacturas no químicas (0,3 puntos). Los sectores con mayor contribución negativa fueron alimentación, bebidas y tabaco (-1,1 puntos), productos químicos (-0,9 puntos), bienes de equipo (-0,8 puntos) y manufacturas de consumo (-0,6 puntos).

En ese mes, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 67,7% del total (65,9% en marzo de 2017) y crecieron un 0,4%. Las dirigidas a la zona euro subieron un 1,5% y las destinadas al resto de la UE descendieron un 3,5%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Alemania (7%) y Francia (4,7%), mientras que bajaron las dirigidas al Reino Unido (-10,3%), Italia (-5,9%) y Portugal (-0,6%). Las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 32,3% del total y se redujeron un 7,7% interanual.

España mejora su competitividad precio frente a la Unión Europea en el primer trimestre de 2018

Jueves, 24 de mayo de 2018

10 de mayo de 2018

mineco.gob.es

España mejora su competitividad precio frente a la UE en el primer trimestre de 2018
La competitividad precio de la economía española frente a la UE mejoró un 0,3% en el primer trimestre del año, lo que confirma el cambio de tendencia iniciado en el cuarto trimestre de 2017. Esta mejora de competitividad es consecuencia del descenso del índice de precios relativos de consumo mientras que el índice de tipo de cambio tuvo un ligero ascenso, según refleja el Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC) calculado con el Índice de Precios de Consumo (IPC).

El ITC mide la competitividad de las exportaciones mediante el tipo de cambio y de los precios. Incrementos en el índice reflejan pérdidas de competitividad y viceversa. Aunque el IPC es la referencia de precios más común, muchos de los productos y servicios que recoge o no son exportables o su peso en las exportaciones es muy residual. Por ello se usan también los Índices de Valor Unitario (IVUs), que reflejan mejor los precios de la exportación porque computan solo productos y servicios exportados, ponderados por su peso en el conjunto de las exportaciones. Los IVUs se demoran más y por ello se ofrecen datos del trimestre anterior. Se da también información sobre los índices medidos con Costes Laborales Unitarios (CLUs), para analizar la competitividad coste de la economía y que también presenta un trimestre de retraso respecto a la información publicada para el IPC.

ITC calculado con IPC

Los datos del primertrimestre de 2018 del ITC frente al conjunto de la UE muestran una ganancia de competitividad del 0,3% por el descenso del índice de precios relativos (-0,4%). En cambio, el índice de tipo de cambio tuvo un ligero ascenso, del 0,1%..

La competitividad-precio de España frente a la zona euro mejoró (el ITC disminuyó un 0,3%). También en este caso se percibe un cambio de tendencia tras cinco trimestres consecutivos de pérdidas de competitividad y se debe a que el incremento de los precios en media de los países de la eurozona ha sido superior al registrado por España.

También se ganó competitividad frente a los países de la UE que no forman parte del euro, al registrar el ITC un decrecimiento interanual del 0,6%. Esta evolución se justifica porque el índice de precios relativos bajó un 0,9%, reducción parcialmente compensada por la apreciación del euro frente a la media de las monedas de estos países (0,3%).

Frente a la OCDE, el ITC subió un 4,3%. El deterioro de competitividad se fundamenta en la apreciación del euro en un 5,1% (sobre todo frente al dólar y al yen), mientras el índice de precios relativos disminuyó un 0,8%.

En relación con los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el ITC aumentó un 6,8% interanual en el primer trimestre. El deterioro de la competitividad también se debió al aumento del tipo de cambio en un 8,2%, mientras que el índice de precios disminuyó un 1,3%.

ITC calculado con IVUs

En el cuarto trimestre de 2017, el ITC medido con IVUs muestra pérdidas de competitividad frente a todas las zonas, por el incremento de los precios de exportación relativos. El ITC empeoró frente al conjunto de la UE (aumentó un 2,4%) y también en las subzonas (aumentó el 2,6% frente a los países euro y el 1,8% frente a los países de la UE no pertenecientes a la zona euro).

Frente a los países de la OCDE, el ITC muestra una pérdida de competitividad del 5,4%, debido fundamentalmente a la apreciación del euro frente a la cesta de monedas de la zona y, en menor medida, al aumento del índice de precios relativos. Esta pérdida de competitividad fue mayor frente a los países de la OCDE que no son parte de la UE-28.

ITC calculado con CLUs

El ITC calculado con CLUs frente a la UE decreció un 1,6% en el cuarto trimestre de 2017, de forma que se consolida, tras un ligero empeoramiento en el primer trimestre de 2017, la vuelta al escenario de mejora de la competitividad que se inició en el primer trimestre de 2016. La causa de esta ganancia de competitividad fue el comportamiento del índice de costes laborales unitarios, que disminuyó un 1,5%, unido al ligero descenso del índice de tipos de cambio que cayó un 0,1%.

Frente a los países de la zona euro, el ITC disminuyó un 1,1%. La mejora de competitividad fue superior frente a los países no pertenecientes a la UEM-19 (3,4%).

La juez Lamela concluye la investigación sobre Trapero y la antigua cúpula de los Mossos y la eleva a la Sala para enjuiciamiento

Jueves, 24 de mayo de 2018

Miércoles, 23 de mayo de 2018  poderjudicial.es

La juez Lamela concluye la investigación sobre Trapero y la antigua cúpula de los Mossos y la eleva a la Sala para enjuiciamiento

El exmayor de la Policía autonómica catalana está procesado por dos delitos de sedición y uno de organización criminal

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado un auto por el que da por concluido el sumario por delitos de sedición y organización criminal en el que están procesados el ex mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana, el exdirector de los Mossos Pere Soler y el exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, y lo eleva a la Sección Primera de la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento.

En la resolución, la magistrada señala que una vez “practicadas cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, participación que ha tenido el procesado y las circunstancias que en su comisión han concurrido y no hallándose indicada ninguna otra, es procedente concluir el presente sumario conforme determinan los artículos 622 y 623 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 recuerda en el auto que se encuentran pendientes de resolución en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal los recursos presentados por Trapero, Laplana, Soler y Puig contra el auto de procesamiento.

El pasado mes de abril Lamela, procesó a Trapero por un delito de organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consellería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre. La magistrada también procesó por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, a Pere Soler y a César Puig. La instructora procesó, además, a Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

BRIS: la interconexión de todos los registros mercantiles de la Unión Europea cumple un año

Miércoles, 23 de mayo de 2018

BRIS: la interconexión de todos los registros mercantiles de la UE cumple un año

Notas de prensa – registradores.org

◾Los registradores han comunicado al índice Central Europeo de Interconexión de Registros Mercantiles (BRIS) información de 2.960.203 sociedades

21.05.’18.- Se cumple un año de la publicación de la Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre interconexión de los registros mercantiles (BOE 16 de mayo), que supuso el lanzamiento en España del sistema de interconexión de registros mercantiles de los Estados miembros, basado en el portal de justicia en red europea, la plataforma central europea y los registros mercantiles nacionales.

Dicho sistema se estableció por la Directiva 2012/17/UE y fue traspuesta en el año 2015 en el artículo 17.5 del Código de Comercio, que señala que el Registro Mercantil asegurará la interconexión con la plataforma central europea en la forma que se determine por las normas de la Unión Europea y las normas reglamentarias que las desarrollen. Este sistema debe permitir la publicidad de los datos y documentos de los registros mercantiles así como la comunicación entre registros de distintos Estados.

En este primer año los registradores de España han remitido al índice central del Sistema de Interconexión de Registros Mercantiles Europeos (BRIS) la información de 2.960.203 sociedades procedentes de los registros mercantiles existentes en nuestro país. Además, se han respondido 3.589 consultas destinadas a los registros mercantiles y se ha informado de diversas fusiones transfronterizas.

Este sistema se recoge hoy en la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades, que desarrolla en sus artículos 22 y siguientes la interconexión de los registros mercantiles.

El éxito de BRIS ha llevado al Consejo Europeo a aprobar la modificación de la V Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, concretamente de su artículo 30, estableciendo que la interconexión de registros de titularidades reales debe hacerse a través del mismo sistema europeo ya implementado para incrementar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

El Consejo General de Poder Judicial establecerá los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos para que su uso obligatorio pueda ser exigido a jueces y magistrados

Miércoles, 23 de mayo de 2018

Lunes, 21 de mayo de 2018  poderjudicial.es

El CGPJ establecerá los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos para que su uso obligatorio pueda ser exigido a jueces y magistrados

El Consejo podrá dictar criterios sobre el modo en que los jueces han de supervisar y controlar el estado de los asuntos en el proceso de implantación del expediente digital. El órgano de gobierno de los jueces advierte de que, en el momento actual, el expediente judicial electrónico está provocando la ralentización de la actividad jurisdiccional

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado la constitución de un grupo de trabajo –del que formarán parte tres presidentes de Tribunales Superiores de Justicia- cuyo objetivo será elaborar un documento que establezca los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos -y en concreto los desplegados por el Ministerio de Justicia- para que su uso obligatorio pueda ser exigido a los jueces y magistrados.

El órgano de gobierno de los jueces ha tomado esta decisión tras aprobar un informe en el que se concluye que el CGPJ podrá dictar criterios “sobre la manera específica en que las facultades de dirección e inspección por jueces y magistrados se llevase a cabo en aquellos órganos judiciales en los que se hubiese incorporado el expediente digital”, es decir, sobre el modo en que los titulares de Juzgados y Tribunales han supervisar y controlar el estado de los asuntos en el proceso de implantación del expediente digital.

La facultad de dirección de los jueces y magistrados se verificará mediante la dación de cuenta por parte del letrado de la Administración de Justicia de la Unidad de Apoyo Directo o, en aquellos órganos judiciales en los que no se haya desplegado la nueva oficina judicial, en los términos previstos en la legislación procesal.
El CGPJ señala que, de los informes emitidos por el Servicio de Inspección y la Sección de Informática, se desprende la ralentización en la actividad jurisdiccional que en el momento actual supone el expediente digital electrónico y la necesidad de que todos los documentos que conforman el mismo estén debidamente nominados e indexados, siendo ese contenido responsabilidad del letrado de la Administración de Justicia.

También se considera imprescindible la integración en una interfaz única de las tres herramientas informáticas: el sistema de gestión procesal (Minerva), el visor documental y el portafirmas, que debe permitir editar la resolución directamente por el juez o magistrado, sin que sea precisa su devolución a la oficina judicial.

Además, y hasta que se realicen las mejoras necesarias, se estima necesario mantener “un soporte físico testigo de los asuntos pendientes de decisión judicial que facilite la función jurisdiccional”, mientras que en lo relativo a la dación de cuenta al titular del órgano del estado de los asuntos se apuesta por “mantener los métodos actuales basados en la relación directa entre el juez y los funcionarios y/o la ‘carpetilla-testigo’ en soporte papel” hasta que se implanten las nuevas versiones anunciadas por el Ministerio de Justicia, momento en el que se deberá suprimir cualquier medio no telemático.

El CGPJ, por último, insiste en la necesidad de que los medios se dispongan de modo que los jueces y magistrados puedan llevar a cabo la función jurisdiccional que les encomienda la Constitución, “pues de no ser así el efectivo ejercicio de la misma quedaría seriamente comprometido por interferencias, como se observa, de muy fácil superación”.

Resulta asimismo necesaria “la verificación de que los programas y aplicaciones informáticas se ajusten a las exigencias de desarrollo de sus herramientas, de manera que posibiliten a jueces y magistrados efectuar su labor de dirección y control del proceso de una manera eficiente”

Transparencia societaria y libertad contractual

Martes, 22 de mayo de 2018

Transparencia societaria y libertad contractual
España seguirá mal situada en cuanto a las reglas de transparencia societaria y, lo más grave, su grado de cumplimiento
Benito Arruñada
18 mayo 2018 – elpais.es
Las sociedades mercantiles no sólo sirven para producir; también para delinquir. Sucede así cuando sus socios las usan para evadir impuestos, blanquear capitales o financiar el terrorismo. Por ello, debemos felicitarnos de que el Gobierno haya traspuesto parte de la directiva sobre blanqueo, recientemente reforzada por el Parlamento Europeo.
Como consecuencia, los administradores de sociedades de responsabilidad limitada (“limitadas”) habrán de declarar, junto con las cuentas anuales, quién posee participaciones superiores al 25% de su capital o derechos de voto. Será así más transparente la propiedad última de muchas sociedades que hoy permanece interesadamente oculta.
No obstante, España seguirá mal situada en cuanto a las reglas de transparencia societaria y, lo más grave, su grado de cumplimiento.
Aunque ha habido avances, España figura entre los países de la OCDE donde es más fácil constituir sociedades opacas

La transparencia sobre la propiedad societaria dificultaría la evasión, el blanqueo y la financiación del terrorismo. Por eso es parte esencial de los acuerdos del GAFI-FATF, la institución intergubernamental creada en 1989 para prevenir estos delitos. La transparencia también posibilitaría que las participaciones en limitadas pudieran funcionar en el tráfico mercantil con bajos costes de transacción. En especial, si hay transparencia pueden servir de garantía crediticia (prenda sin posesión), asegurando que los agentes económicos cumplan sus obligaciones, incluidos los embargos judiciales.

Por desgracia, nuestro marco legal dista de alcanzar ambos objetivos.

Cuando, en 2010, Jason Sharman publicaba en el Journal of Economic Perspectives su famoso estudio sobre sociedades instrumentales opacas, España figuraba entre los países de la OCDE donde era más fácil constituirlas. Aún hoy sigue siendo así, por la posibilidad de emitir acciones al portador y, sobre todo, porque las participaciones en limitadas pueden transmitirse en secreto.

Desde entonces, hemos avanzado en el ámbito financiero e inmobiliario, pero apenas en el societario. Máxime cuando, en ese terreno, el cumplimiento es deficiente, como demostraron Mike Findley y coautores en un estudio pionero, publicado en 2015 en el American Journal of Political Science. Para su sorpresa, encontraron que, incluso en los países de la OCDE, un 11,9% de los proveedores estaba dispuesto a proporcionar sociedades opacas contraviniendo las normas vigentes. (De los 19 proveedores españoles dispuestos a colaborar, solo 10 cumplían los requisitos del GAFI). Concluyen Findley et al. que la eficacia reposa, más que en la letra de la ley, en su cumplimiento efectivo. Y sabemos que éste, a su vez, depende de los incentivos de quienes integran la cadena de servicios profesionales que suministra esas sociedades opacas.

Acierta, por ello, la nueva regulación al encargar el control y la publicidad al Registro Mercantil, el único integrante de esa cadena que no es elegido por el usuario. Sin embargo, la nueva regulación se queda corta.

Primero, porque solo obliga a los administradores a declarar quién posee más del 25% del capital o los votos de cada sociedad. En consecuencia, muchas limitadas seguirán siendo opacas.

Segundo, porque, en contra de lo que ahora dicta la nueva redacción de la Directiva, el acceso a esos datos no será público, sino que aún dependerá de que el Registro estime que el interesado tiene un interés legítimo.

Y, por último, lo más importante, porque la mera declaración de propiedad no mejora el estatus jurídico de las participaciones, de modo que las participaciones de todas las limitadas seguirán sin constituir garantía eficaz de las obligaciones contraídas por sus titulares.

Cuando al fin se decida a trasponer toda la directiva, tarea en la que lleva casi un año de retraso, nuestro legislador debe ser más ambicioso.

Debe recuperar entonces el terreno perdido con las malhadadas reformas societarias de 1989 y 1995. Estas fueron tan reglamentistas en lo indebido (las relaciones entre los socios) como libertarias en lo que sí es necesario regular de forma imperativa. Me refiero a las “externalidades” o efectos sobre terceros, como son en este caso los daños que origina a todas las limitadas el secreto en cuanto a la propiedad final de las participaciones sociales.

Benito Arruñada es catedrático de Organización de Empresas, Universidad Pompeu Fabra.

Nueva Sección Penal de la Comisión General de Codificación

Martes, 22 de mayo de 2018

Ministerio de Justicia

Gabinete de comunicación

mjusticia.gob.es   Nota de prensa

Nueva Sección Penal de la Comisión General de Codificación

15 mujeres y 13 hombres estudiarán la posible reforma del Código Penal

Se incorporan 12 nuevas vocales permanentes

18 de mayo de 2018.- Finalmente serán 15 mujeres y 13 hombres juristas quienes abordarán el encargo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de analizar una posible reforma del Código Penal en el seno de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación cuya nueva composición se ha completado hoy.

Con los nombramientos efectuados se logra una representación equilibrada de mujeres y hombres en este órgano asesor que deberá pronunciarse sobre materias de especial sensibilidad como la libertad sexual de la mujer y la tipificación que se hizo en el Código Penal de 1995 de los delitos de abuso y agresión sexual.

La Sección de Derecho Penal queda integrada por 12 mujeres y 13 hombres con la condición de vocales permanentes: Esteban Mestre Delgado (presidente), Avelina Alonso de Escamilla, Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Patricia Faraldo Cabana, Pilar Fernández Valcárcel, Ana Mª Ferrer García, Piedad García-Escudero Márquez, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, Carmen Gómez Rivero, José Luis González Cussac, Myriam Herrera Moreno, Carmen Lamarca Pérez, Borja Mapelli Caffarena, Pilar Martín Nájera, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Susana Polo García, Gonzalo Quintero Olivares, Mª del Carmen Sánchez Morán y Jesús Mª Silva Sánchez.

Asimismo, Blanca Hernández Oliver y Lucía Pedreño Navarro han sido nombradas vocales adscritas, así como la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, que ha sido designada para esta labor por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.

 

El Registro Mercantil contará con un nuevo Reglamento

Lunes, 21 de mayo de 2018

El Registro Mercantil contará con un nuevo Reglamento
Xavier Gil Pecharromán

18/05/2018 eleconomista.es
El Ministerio de Justicia ha abierto el plazo para una consulta pública previa sobre la propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, que concluirá el 1 de junio.
Esta propuesta de reglamento tiene como objetivo prioritario la adaptación de la norma reglamentaria al conjunto de reformas sustantivas realizadas en los últimos años. Además, se propone configurar el Registro Mercantil como un registro electrónico e incorporar las normas sobre agilización de trámites y reducción de costes en la organización y funcionamiento de las sociedades y en sus relaciones con el Registro Mercantil.

Así, la Justicia basa la modificación del Reglamento del Registro Mercantil en las modificaciones introducida por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, para adaptarlo a los nuevos requisitos de acceso al Registro Mercantil de las operaciones de transformación, fusión y escisión, cesión global del activo y del pasivo, así como el traslado de domicilio al extranjero.

Junto con esta norma, el Ministerio de Justicia destaca también la importancia que adquiere el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y las sucesivas modificaciones que de este texto se han llevado a cabo, primero, por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, y, después, por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre de modificación de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

También en el ámbito del Derecho de sociedades se considera que es preciso establecer el procedimiento de inscripción de sociedades especiales o de subtipos societarios de ámbito europeo incorporados al Derecho español, e introducir otras reformas que afectan a aspectos concretos del funcionamiento de las sociedades.

Por otra parte, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización contiene varias disposiciones que exigen la reforma del Registro mercantil en relación con la llevanza en formato electrónico de los Registros mercantiles de conformidad con lo dispuesto en su artículo 19, así como con la inscripción de sociedades y de emprendedores de responsabilidad limitada y contenido normalizado de documentos estandarizados en cuyo caso es de aplicación la disposición final décima de dicha Ley.

Derecho comunitario

Por otra parte, destaca el Ministerio de Justicia que la Unión Europea ha reformado reiteradas veces la Directiva del Registro Mercantil (68/151/CEE) para incorporar las exigencias del registro electrónico, en el año 2003, y, luego, para integrar las exigencias de la Directiva 2012/17/EU, de 13 de junio, de interconexión de Registros Mercantiles.

Así las cosas, el texto reglamentario vigente, de 1996, no se ha adaptado a la transposición de la Directiva 2009/101/CE, de 16 de septiembre (nueva Directiva de Registro Mercantil) y en la Directiva 2012/17/EU, de 13 de junio, de interconexión de Registros Mercantiles.

Además, destaca Justicia en su texto de consulta, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria ha atribuido nuevas competencias a los Registradores mercantiles en materias muy dispersas y carentes de regulación disciplinaria a las que la Ley se remite.

A este respecto, concluye la consulta señalando que desde 1996 han sido numerosos y sustanciales los cambios normativos con relevancia mercantil registral, que hace que una parte muy considerable del texto reglamentario carezca de vigencia y que sea necesaria su reforma. Su mantenimiento sin la debida actualización puede afectar al principio de seguridad jurídica.

El Gobierno obligará al comerciante a ofrecer al consumidor alternativas al pago con dinero en efectivo

Domingo, 20 de mayo de 2018

18 de mayo de 2018  mineco.gob.es

El Gobierno obligará al comerciante a ofrecer al consumidor alternativas al pago con dinero en efectivo

La normativa da cabida a dos nuevos servicios de pago: los servicios de iniciación de pagos y los agregadores de cuentas
Da acceso a los iniciadores y agregadores a las cuentas bancarias, previa autorización de los clientes
Se reduce de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en caso de pago no autorizado (extravío o robo)

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago con el que se traspone la Directiva europea 2015/2366. La nueva normativa, conocida como PSD2, crea un marco integrado de este tipo de servicios en la Unión Europea y pretende hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en la operativa con tarjeta a través de internet o móviles así como reforzar la seguridad en los pagos electrónicos.

La directiva europea va a introducir diferentes novedades. En primer lugar, se va a dar cabida a dos nuevos servicios de pago. Por un lado, a los servicios de iniciación de pagos, que son intermediarios, generalmente entre comerciantes y consumidores, que garantizan el pago del consumidor al comerciante directamente, constituyendo una alternativa a los pagos con tarjetas. A estos se suman, por otro lado, los servicios de información sobre cuentas (agregadores de cuentas), que son entidades que consolidan toda la información de las diversas cuentas que tiene abiertas un usuario en diferentes entidades y la clasifican por categorías (categorías de gasto o de ingresos, por ejemplo). No obstante, las entidades que se dedican exclusivamente a uno de estos dos servicios de pago tendrán unas exigencias menores que el resto.

Así, la nueva regulación europea en materia de pagos conlleva cambios fundamentales en la industria al dar acceso a terceros a la infraestructura de los bancos. La PSD2 regula, de hecho, el acceso de terceros a las cuentas de los clientes de los bancos, bien para agregar la información (agregadores de cuentas) o bien para el inicio del proceso de pago (iniciadores de pago), en nombre y previa autorización del cliente.

A su vez, con el objetivo de mejorar la seguridad, la normativa incluye como novedad la exigencia de una autenticación reforzada del cliente en el acceso online a cuentas.

Por otro lado, se reduce de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en el caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta u otro instrumento de pago. Y se reduce el plazo de respuesta para la resolución por parte de las entidades de las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago (a 15 días, frente a los dos meses que se establecía anteriormente).

Pero el Gobierno ha querido ir más allá de la trasposición y ha establecido la obligación de todo empresario o profesional de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago sujeto a esta ley, como alternativo al dinero en efectivo, en transacciones cuyo importe supere la cantidad de 30 euros. El instrumento de pago disponible habrá de anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o instalaciones del empresario o profesional.

El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria.

Aumentan un 7,3% las presentaciones telemáticas de libros contables tramitadas por los registradores

Sábado, 19 de mayo de 2018

Aumentan un 7,3% las presentaciones telemáticas de libros contables tramitadas por los registradores

Notas de prensa – registradores.org

◾Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Gerona, registros que más presentaciones han recibido en la campaña recién finalizada
◾La tasa de éxito en primer intento ha sido del 96,6% del total

11.05.’18.- Los servicios de presentación telemática del Colegio de Registradores de España han tramitado un 7,35% más de presentaciones de libros ante el Registro Mercantil respecto a los datos de 2017.

Los registros que más presentaciones han recibido han sido los de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Gerona, mientras que los que experimentan mayores incrementos respecto a 2017 son Valverde (29,2%), Ibiza (26,7%), Menorca (23,8%), Valencia (23,8%) y Pontevedra (19,3%). Otros incrementos significativos se sitúan en los registros más grandes, con subidas del 4,2% en Madrid y del 8,8% en Barcelona.

La tasa de éxito de presentación en primer intento ha sido del 96,6% del total. El acuerdo de nivel de servicio en contratación o ASL (Service Level Agreement) de la campaña ha sido del 100%, con plena disponibilidad y sin interrupciones en el servicio, por lo que la experiencia de usuario ha mejorado en la interacción de los servicios respecto del año pasado.

La ratio de presentación del sistema directo (desde el programa Legalia, que permite realizar el envío sin necesidad de conectarse a la web del Registro online del Colegio de Registradores) se sitúa en un 74% del total de presentaciones, un 3% más que el año 2017.

Todo empresario está obligado presentar a legalización los libros en el Registro Mercantil Provincial competente. La ley estipula que todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios se legalizarán en soporte electrónico y se presentarán para su legalización en el Registro Mercantil competente, por razón del domicilio, por vía telemática, tras su cumplimentación, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social

Los servicios telemáticos del Colegio de Registradores permiten desde el año 2000 la presentación de todo tipo de documentos a los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, promoviendo el derecho de los ciudadanos, empresas y administraciones a relacionarse con los Registros Públicos por medios electrónicos.

La Unión Europea amplía el acceso a los registros de titulares reales

Viernes, 18 de mayo de 2018

La UE amplía el acceso a los registros de titulares reales
Xavier Gil Pecharromán

16/05/2018 – eleconomista.es

El Consejo ha dado su visto bueno a la conocida como Quinta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del terrorismo, que amplía el acceso de las personas con interés legítimo para acceder al Registro de Titulares Reales de las sociedades.
El texto da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE. El objetivo es acabar con la opacidad que facilitan las denominadas empresas buzón, a menudo usadas para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos, como revelaron los Papeles de Panamá.

La directiva se propone cerrar las vías a las finanzas de origen delictivo sin obstaculizar el funcionamiento normal de los sistemas de pago. La norma modifica la directiva 2015/849 y forma parte de un plan de acción lanzado tras la serie de ataques terroristas que sufrieron diversos países de la UE en 2016.

El texto aprobado afirma que “si bien ha habido mejoras significativas en la adopción y aplicación de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y en el respaldo a la labor de la OCDE en materia de transparencia por parte de los Estados miembros en los últimos años, es clara la necesidad de un mayor incremento de la transparencia global del entorno económico y financiero de la Unión”.

Los Estados de la UE exigirán que los titulares reales de sociedades u otras entidades jurídicas, inclusive mediante acciones, derechos de voto, participaciones en el capital social, carteras de acciones al portador o el control ejercido por otros medios, proporcionen a estas sociedades o entidades jurídicas toda la información precisa para que cumplan con los requisitos exigibles por el Derecho de la UE.

En cuanto a los propietarios de fideicomisos (trusts), la información será accesible para los que puedan demostrar un “interés legítimo”, como periodistas y ONG.

Los Estados miembros podrán dar un acceso más amplio a la información, en línea con su legislación nacional. Así, deberán permitir el acceso a la información relativa a la titularidad real de una manera “suficientemente coherente y coordinada, estableciendo normas claras de acceso público, de forma que los terceros puedan determinar, en toda la Unión, quiénes son los titulares reales de las sociedades y otras entidades jurídicas, así como de determinados tipos de fideicomisos -del tipo trusts- e instrumentos jurídicos análogos”.

“Estas nuevas reglas responden a la necesidad de una mayor seguridad en Europa mediante la eliminación de los medios disponibles para los terroristas”, dijo Vladislav Goranov, ministro de Finanzas de Bulgaria, que actualmente ocupa la presidencia del Consejo. “Nos permitirán desarticular las redes delictivas sin comprometer los derechos fundamentales y las libertades económicas”, aseguró.

Desarticular redes delictivas

La directivaha sido adoptada en una reunión del Consejo de Asuntos Generales, sin debate, tras la aprobación del texto por el Parlamento Europeo, en la sesión del pasado 19 de abril de 2018.

La normativa viene a ampliar el acceso a la información sobre el beneficiario final, mejorando la transparencia en la propiedad de las empresas y los fideicomisos.

Abordar los riesgos relacionados con las tarjetas de prepago y las monedas virtuales. Impulsa la cooperación entre unidades de inteligencia financiera; e instituye controles mejorados de las transacciones que involucran a terceros países de alto riesgo, como son los paraísos fiscales.

Declaración institucional de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional

Jueves, 17 de mayo de 2018

Declaración institucional de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional
poderjudicial.es
La Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE), con ocasión de su reunión anual (XVIII edición), que está teniendo lugar entre los días 14 a 17 mayo de 2018, en Águilas (Región de Murcia), manifiesta su compromiso con la construcción del “espacio de libertad, seguridad y justicia” en la Unión Europea, con el juez europeo y con el principio de confianza mutua entre nuestros sistemas judiciales, como instrumentos esenciales para la efectiva materialización del principio de reconocimiento mutuo y la consolidación del Espacio Judicial Europeo.
El Poder Judicial de España dispone desde 1999 de una Red Nacional de Cooperación Judicial Internacional, sin parangón en otros países del entorno.
Dicha Red cuenta con sesenta y dos (62) magistradas y magistrados especializados en cooperación judicial internacional, presentes en todas las Comunidades Autónomas.
La REJUE, gestionada por el Servicio de Relaciones Internacional del Consejo General del Poder Judicial, tiene como principales funciones:
Dar apoyo técnico a todos los Juzgados y Tribunales españoles en procesos con implicaciones transfronterizas, en los que se promueven comisiones rogatorias y otros instrumentos de auxilio judicial internacional, así como de instrumentos propios del Derecho de la Unión Europea como las órdenes europeas de detención y entrega.
Elaborar y mantener información actualizada sobre instrumentos normativos de cooperación judicial internacional a través del prontuario de auxilio judicial internacional. El prontuario es un documento en formato papel y en formato web (objeto de constante actualización), que ofrece a Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, y otras profesiones jurídicas, un instrumento o guía de uso sencillo y ágil, para dar respuesta a las cuestiones que se pueden generar ante la existencia de elementos internacionales en un proceso cualquiera que sea su índole (civil, penal, laboral o contencioso administrativo). El prontuario permite identificar los convenios internacionales u otras normas jurídicas aplicables a las situaciones más usuales en esta materia, y proporciona información sobre las diferentes instituciones que pueden ofrecer un apoyo suplementario (redes judiciales europeas, españolas o iberoamericanas, Eurojust, etcétera) con directorio de contactos.
La REJUE, que este año celebra su XVIII edición, mantiene anualmente una reunión presencial de cuatro días donde a través de talleres prácticos se abordan cuestiones de mayor actualidad en materia de cooperación y auxilio judicial internacional. En esta reunión, además de los sesenta y dos miembros de la Red, interviene la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, así como los magistrados de enlace españoles en Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Reino de Marruecos, así como los magistrados de enlace franceses, del Reino Unido y Marruecos. También participan representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil y otras instituciones y redes de cooperación judicial en el ámbito iberoamericano (IberRed).
Paralelamente a este encuentro se celebra el XII encuentro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE), cuya función esencial es la de apoyo técnico y consulta a los miembros de la carrera judicial en materia de Derecho de la Unión Europea. Esta edición ha contado con la participación de la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional.

Condenan al Concello de Ourense a autorizar la instalación de un ascensor sobre suelo público municipal

Miércoles, 16 de mayo de 2018

Lunes, 14 de mayo de 2018 poderjudicial.es

Condenan al Concello de Ourense a autorizar la instalación de un ascensor sobre suelo público municipal

Con el objetivo de dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él la normativa permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense ha condenado al Concello de esta ciudad a aceptar la instalación de un ascensor en la fachada de un edificio, con la consiguiente ocupación del dominio público municipal.

En una sentencia pionera, se obliga al Ayuntamiento a aplicar la normativa estatal de accesibilidad que, para dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él, permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público.

Se trata de un edificio de viviendas de cinco plantas, sin ascensor, en el que reside gente mayor con problemas de accesibilidad. El inmueble carece de patio interior, y para poder instalar el ascensor por dentro del edificio habría que realizar una obra desproporcionadamente compleja, derribando parte de las viviendas. Dadas estas circunstancias, el magistrado condena al Ayuntamiento a aceptar la opción de instalación del ascensor por la fachada exterior del edificio, sobre suelo público. El fallo no ha sido apelado por ninguna de las partes, por lo que el mismo es firme.

El 53,5 por ciento de las sentencias notificadas en 2017 fueron dictadas por juezas o magistradas

Martes, 15 de mayo de 2018

Lunes, 14 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El 53,5 por ciento de las sentencias notificadas en 2017 fueron dictadas por juezas o magistradas

El CGPJ publica el informe “Una perspectiva de género en la Justicia”, que analiza la presencia de la mujer en la Carrera Judicial. Además de en la Carrera Judicial, donde representan el 53,2 %, las mujeres son mayoría entre los letrados de la Administración de Justicia (67,5 %) y en la Carrera Fiscal (64,1 %)

Autor:Comunicación Poder Judicial

El 53,5 por ciento de las sentencias notificadas en 2017 por los órganos judiciales fue dictado por juezas y magistradas, que a 1 de enero de ese año representaban el 52,7 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial en activo.

Este es uno de los datos que figura en el informe “Una perspectiva de género en la Justicia” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el que se analiza la presencia de la mujer en la Carrera Judicial desde distintas perspectivas.

La mujer no pudo acceder a la Judicatura ni a la Carrera Fiscal hasta la entrada en vigor de la Ley 96/1966, que suprimía la limitación establecida en el apartado c) del número 2 del artículo tercero de la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos de la mujer. Aun así, hubo que esperar hasta la Ley 11/1981, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio para poder hacerlo sin necesidad de consentimiento del marido, en caso de estar casada.

Desde entonces se ha recorrido un largo camino, pero en los últimos años la mujer viene incrementando de manera imparable su presencia en la Administración de Justicia, como prueba su predominio total en el ingreso en la Carrera Judicial desde 1996, lo que ha hecho que desde el año 2013 las mujeres sean mayoría entre los jueces y magistrados españoles.

Así, a 1 de enero de 2018 el porcentaje de mujeres entre los miembros de la Carrera Judicial en activo era del 53,2 por ciento y superaba al de los hombres en todos los órganos unipersonales, a excepción de los Juzgados de lo Mercantil. Entre los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, las mujeres suponen el 71,4 por ciento.

Por el contrario, y tal y como reflejaba el informe sobre Estructura Demográfica de la Carrera Judicial publicado el pasado 28 de marzo, el porcentaje de presidentas de Sala de Tribunales Superiores de Justicia era del 20,7 por ciento; el de presidentas de Audiencia Provincial del 16,3 por ciento; y el de presidentas de Sección del 21,9 por ciento. Entre los magistrados del Tribunal Supremo, las mujeres suponen el 14,5 por ciento.

* Puede acceder a los datos del informe sobre Estructura demográfica de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2018 en el siguiente enlace: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Estructura-demografica-de-la-Carrera-Judicial/

El 53,5 por ciento de las sentencias, dictadas por mujeres

El porcentaje de sentencias dictadas en 2017 por juezas y magistradas, que en total fue del 53,5 por ciento, alcanzó el 66,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (penales), el 62,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (civiles) y el 62 por ciento en los Juzgados de Menores.

Las mujeres también dictaron prácticamente seis de cada diez sentencias en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción y en los Juzgados de lo Penal. Las juezas y magistradas también dictan más de la mitad de las sentencias –exactamente el 56 por ciento- en los Juzgados de lo Social.

Por el contrario, los órganos judiciales en los que el porcentaje de resoluciones finales dictadas por mujeres no alcanzó el 40 por ciento son las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (33,6 %), las Secciones civiles de las Audiencias Provinciales (34,8 %), las Salas de lo Social de los TSJ (37,9 %) y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (39,5 %).

En el caso de los órganos colegiados, aunque las sentencias las firman todos los miembros del tribunal, a cada juez/a o magistrado/a se le han contabilizado como suyas solo aquellas de las que ha sido el/la ponente.

Otras profesiones jurídicas

El informe “Una perspectiva de género en la Justicia” ofrece datos de la presencia de mujeres en otras profesiones jurídicas.

Así, en la Carrera Fiscal las mujeres representan a fecha de hoy el 64,1 por ciento de sus miembros y el 36 por ciento de sus cuadros directivos (fiscal de Sala, fiscal jefe, fiscal jefe de Área o fiscal superior de Comunidad Autónoma).

La presencia femenina también es mayoritaria entre los letrados de la Administración de Justicia, donde suponen el 67,5 por ciento. Las mujeres son exactamente el 50 por ciento de los LAJ destinados en el Tribunal Supremo y, entre los cuadros directivos, representan el 52,4 por ciento de los secretarios de Gobierno y el 46,9 por ciento de los coordinadores provinciales.

En otras profesiones jurídicas, la presencia de la mujer, aunque importante, aun es minoritaria: son el 40 por ciento de los abogados del Estado, el 30,8 por ciento de los notarios, el 44,7 por ciento de los registradores, el 33,4 por ciento de los procuradores y el 47,1 por ciento de los graduados sociales.

Por último, las mujeres superan el 55 por ciento entre los estudiantes matriculados de grado y primer y segundo ciclo de Derecho, y el 57 por ciento entre los que obtienen el título.

* Consulte el informe “Una perspectiva de género en la Justicia” y otros boletines de información estadística en el siguiente enlace:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Datos-de-Justicia/Datos-de-Justicia

 

Fortaleza

Lunes, 14 de mayo de 2018

Fortaleza

El Gobierno refuerza la protección de los asegurados con nuevas normas de conducta y más transparencia en la venta de seguros

Lunes, 14 de mayo de 2018

11 de mayo de 2018 mineco.gob.es
El Gobierno refuerza la protección de los asegurados con nuevas normas de conducta y más transparencia en la venta de seguros

El Proyecto de Ley, que traspone una directiva europea, establece condiciones de competencia equitativa para todos los operadores
El cliente deberá ser informado de todos los costes y gastos asociados al producto así como de sus riesgos
Se refuerza el régimen de infracciones y sanciones, con un aumento notable de estas últimas
La norma modifica la estructura del mercado y reconoce como distribuidores a más actores, como las entidades aseguradoras

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privados, con el que se transpone la Directiva 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016. Esta nueva normativa europea, que inicia su tramitación parlamentaria para adaptarla al ordenamiento jurídico español, persigue dos objetivos fundamentales. Por un lado, aumentar la protección de los asegurados mediante el incremento de la transparencia, evitando conflictos de interés o diseñando productos más adecuados para el consumidor. Pero, a su vez, se trata de establecer unas condiciones de competencia equitativa para todos los operadores del sector, que sean adecuadas y proporcionadas a los distintos tipos de canales distribución.

Para ello, se refuerzan las normas de conducta y transparencia y se establecen requisitos adicionales para la distribución de productos de inversión basados en seguros. Se evitarán así conflictos de interés que puedan perjudicar al cliente. En este sentido, se debe informar al asegurado de todos los costes y gastos asociados; advertirle sobre los riesgos conexos a los productos de inversión basados en seguros o a determinadas estrategias de inversión propuestas; y proporcionarle una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión cuando se ofrezca asesoramiento.

Se introduce el concepto de ventas vinculadas y combinadas, es decir, aquellas que ofrecen productos de seguros conjuntamente con otros servicios o productos distintos de los seguros como parte de un mismo paquete o acuerdo. El distribuidor de seguros deberá informar en este caso si los distintos componentes pueden adquirirse de forma separada, e indicarle los correspondientes justificantes de los costes y gastos de cada componente.

Se establecen requisitos en materia de gobernanza de productos, en particular en el diseño, aprobación y control de estos: los distribuidores de seguros que diseñen sus propios productos para su venta deberán elaborar, mantener y revisar un proceso de aprobación para cada uno de estos productos, así como de las modificaciones que estos puedan sufrir con el paso del tiempo. Deberán igualmente identificar el mercado al que se destina el producto.

A su vez, se refuerza el régimen de infracciones y sanciones. Se establecen procedimientos específicos para canalizar las denuncias públicas frente a infracciones en materia de distribución de seguros y reaseguros, fomentando así la colaboración de los profesionales que trabajen en el sector, sin que ello implique riesgos laborales para los que comuniquen estas irregularidades. Pero también se refuerzan los poderes de supervisión de las autoridades de los Estados miembros, de tal manera que se mejore la protección de los usuarios de seguros privados. A todo esto se suma una subida notable de las sanciones actuales (por disposición de la Directiva).

Este Proyecto de Ley modifica la estructura del mercado de la distribución de seguros y reaseguros, fijando la tipología de distribuidores y los requisitos para acceder a esta actividad. En total, va a afectar a más de 3.200 corredores de seguros y 77.000 agentes de seguros sujetos a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a los sujetos a la supervisión de las Comunidades Autónomas, y a todas las entidades de seguros que distribuyan seguros directamente.

Así, se pasa a considerar como distribuidores de seguros y reaseguros, más allá de los mediadores tradicionales (agentes y corredores), a las entidades aseguradoras y reaseguradoras; a los mediadores de seguros complementarios, entre los que se incluyen a los participantes en el mercado que distribuyen productos de seguros con carácter accesorio; y a los comparadores de seguros. Además, en el caso de los operadores de banca-seguros, la entidad de crédito o el establecimiento financiero de crédito podrá poner su red de distribución a disposición de más de un operador de banca-seguros.

La norma prevé que los mediadores de seguros puedan servirse de sitios web u otras técnicas de comercialización a distancia mediante los que se proporcione al cliente información comparando precios o coberturas de un número determinado de productos de seguros de distintas compañías.

En cuanto a los requisitos para acceder a la actividad, se refuerzan los de profesionalidad y competencia de los mediadores de seguros y reaseguros, así como de los empleados de entidades aseguradoras que intervengan en la distribución de seguros, de forma que sus conocimientos profesionales estén en consonancia con el nivel de complejidad y naturaleza de sus actividades.

Los administradores de fincas piden que las nuevas instalaciones de calefacciones centrales sean económicamente rentables

Domingo, 13 de mayo de 2018

Nota de prensa  –  cafmadrid.es
Termina el plazo de información pública del Proyecto de Real Decreto que regula los repartidos de costes de calefacciones centrales
Los administradores de fincas piden que las nuevas instalaciones sean económicamente rentables
• Los edificios tendrán que instalar contadores individuales de calefacción antes de 2022
Madrid, 4 de abril de 2018.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha sometido a información pública, antes de su publicación en el BOE, el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, un capítulo que, según la Comisión Europea, tenía que haber sido de obligado cumplimiento en nuestro país desde el 1 de enero de 2017.
“El decreto llega tarde, sin el debate público necesario, empujado por Bruselas y sobre todo por un sector instalador cuyos argumentos no han tenido, al menos hasta el momento, el suficiente contraste público”. “Las experiencias que se vienen conociendo, si bien indican una reducción del consumo de energía, no confirman que se produzcan ahorros económicos en el recibo que se cursa a los vecinos”, señala Manuela Julia Martínez, presidenta en funciones de CAFMadrid. Por tanto, insiste que “habrá que estar muy vigilantes para que todo proyecto que se vaya a realizar `sea económicamente rentable´ como el mismo borrador de Real Decreto alerta”.
Según este Proyecto de RD, los edificios colectivos con sistema de calefacción central deberán tener instalados contadores individuales que midan el consumo de calor y frío de cada vivienda o local, “siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable”. Pero, en el caso de calefacción, y si la anterior opción no es posible, el Gobierno impondrá la obligación de instalar repartidores de costes de calefacción, unos dispositivos que se colocan en cada uno de los radiadores de las viviendas.
CAFMadrid lamenta que no se tenga en cuenta la necesidad de instalar válvulas termostáticas que permitan regular el caudal de agua que entra en cada uno de los radiadores y, con ello, la temperatura de cada una de las habitaciones independientemente a las demás.
“Conviene indicar también que para un correcto funcionamiento de las instalaciones, sobre todo las más antiguas, es preciso un equilibrado hidráulico del sistema e incluso la instalación de bombas de frecuencia variable”, añade Martínez.
Este Proyecto de Real Decreto somete a una evaluación técnica y otra económica la obligación de instalar los contadores de calorías en las comunidades de propietarios. “Si se concluye que es económicamente rentable, el titular tendrá la obligación de solicitar a una empresa instaladora o mantenedora, habilitada de conformidad con el RITE, un presupuesto en el que se determine, entre otras cuestiones, la viabilidad técnica y rentabilidad económica de la instalación concreta”, menciona el borrador.
A este respecto, los administradores de fincas consideran que las empresas (mantenedoras o no) de la instalación térmica centralizada, no deben de tener intervención alguna en el asesoramiento a las comunidades de propietarios. “Dicha competencia deberá ser exclusiva de ingenieros industriales debidamente acreditados para ello”, destaca Martínez.
También se establece un periodo transitorio para la instalación de repartidores de costes de calefacción, tal como había solicitado CAFMadrid durante la Consulta Pública. En este sentido, la fecha límite de instalación varía en función de que el número de viviendas sea mayor o menos que 70 y a la zona climática donde se ubique el edificio. En Madrid, por ejemplo, las instalaciones deberán realizarse con anterioridad a 2021, mientras que en otras zonas con clima más templado, como Cáceres o Jaén, la fecha límite será 2022.

El juez Llarena remite un escrito a Alemania con información complementaria para la entrega de Puigdemont y otro a Bélgica por Puig, Comin y Serret

Domingo, 13 de mayo de 2018

Viernes, 11 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El juez Llarena remite un escrito a Alemania con información complementaria para la entrega de Puigdemont y otro a Bélgica por Puig, Comin y Serret

El magistrado expone que, de acuerdo a las reglas de la Orden Europea de Detención (OED), el Estado requerido sólo podría denegar la entrega si los hechos por los que se ha emitido la orden de detención europea no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal en su territorio

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha remitido un escrito a la Fiscalía de Alemania en respuesta a la solicitud de información complementaria que se le requirió en relación a la orden europea de detención y el procedimiento de entrega a España del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, procesado por el instructor por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos en relación al proceso secesionista catalán.

El magistrado expone que, de acuerdo a las reglas de la Orden Europea de Detención (OED), el Estado requerido sólo podría denegar la entrega si los hechos por los que se ha emitido la orden de detención europea no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal en su territorio, sea cual sea el ‘nomen iuris’ que merezcan los hechos en Alemania. “Por ello, confiamos que autoricen la extradición del procesado Puigdemont por los hechos que han sido inicialmente calificados por la autoridad judicial de emisión como delito de rebelión”, señala.

En cuanto al delito de malversación/corrupción, señala el juez que está dentro del catálogo de delitos prevista en la Decisión Marco sobre la OED en relación a los cuales el Estado requerido debe proceder a la entrega aun cuando los hechos no sean constitutivos de delito en dicho Estado. En virtud de esta regla, “confiamos que autoricen la entrega del procesado Puigdemont, respecto de los hechos que nuestro ordenamiento jurídico cataloga como delito de malversación/corrupción”, indica el juez.

En cuanto a los hechos que el instructor en su auto de procesamiento considera delito de rebelión, añade que “con independencia de cuál sea el delito que constituyan estos hechos en Alemania o cual sea la gravedad de la calificación conforme a su ordenamiento jurídico, estamos convencidos de los hechos que se relatan en el Auto de Procesamiento y en el apartado e) de la OEDE, son constitutivos de algún tipo de infracción penal en Alemania”. “No resultaría entendible que los hechos descritos en nuestro Auto de 21 de marzo de 2018, si se ejecutaran con capital exclusivamente privado, puedan ser cometidos por el Presidente de un Land, sin contrariar la ley penal alemana en ninguno de sus preceptos”, agrega.

“Los hechos en España -explica Llarena- pueden ser constitutivos de un delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal. Este delito tiene como bien jurídico protegido el orden constitucional y exige en nuestro país de un alzamiento violento y público, siempre que la acción se realice -entre otros- para alguno de estos fines: Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, Declarar la independencia de una parte del territorio nacional, o Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Agrega que, “alternativamente, los hechos podrían ser calificados como un delito de sedición del artículo 544 del Código Penal. Este delito exige de un alzamiento público y tumultuario, para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, el ejercicio legítimo de la autoridad o el cumplimiento de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales. Es un delito que en sí mismo no precisa violencia y cuyo bien jurídico protegido es el orden público”.

El juez precisa que, de estas calificaciones, el Auto de 21 de marzo de 2018 opta por la calificación como delito de rebelión, por cuanto el artículo 8 del Código Penal español da preferencia al precepto especial sobre el general y al tipo penal que contemple mayor pena.
En todo caso, resalta que la concepción del Auto de procesamiento en nuestro derecho (como ocurre también con el análisis que debe hacer el Estado requerido respecto de una OEDE), fija que lo jurídicamente relevante en el auto de procesamiento sean los hechos que se atribuyen y no la calificación jurídica que como referencia pueda hacer el instructor. Con independencia de la calificación del instructor, el Ministerio Público podrá formular acusación por el tipo penal que fija el auto de procesamiento o puede optar por cualquiera de las calificaciones alternativas expuestas.

En cualquier caso, él entiende que la violencia ha tenido una entidad suficiente como para condicionar todos los resortes de gobierno y poder del Estado, y que eso tiene que tener reflejo en el tipo penal que analizan.

Y añade: “No resultaría entendible que el presidente de un Land alemán pueda impulsar una actuación como la que hemos descrito y que esa actuación no suponga un quebranto del orden penal alemán si se cuida que todo se ejecute con capital privado”.

En otro escrito, el juez se dirige a la Fiscalía de Bélgica en relación a la petición de entrega de los también procesados en la misma causa Luis Puig, Antonio Comin y Meritxell Serret, los tres exconsellers del Govern autonómico catalán presidido por Puigdemont.

El juez Pablo Llarena forma una pieza separada respecto de los siete procesados por el proceso secesionista de Cataluña que están en rebeldía

Sábado, 12 de mayo de 2018

Viernes, 11 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El juez Pablo Llarena forma una pieza separada respecto de los siete procesados por el proceso secesionista de Cataluña que están en rebeldía

El magistrado considera que existen elementos suficientes para que sean juzgados de forma independiente

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa abierta por el proceso secesionista de Cataluña, ha acordado formar una pieza separada respecto de los siete procesados que están declarados en rebeldía, al considerar que existen elementos suficientes para que sean juzgados de forma independiente.

Llarena atiende así la petición que la Fiscalía del alto tribunal le formuló en este sentido.

En una providencia notificada este viernes, el juez señala que, “en cuanto a la solicitud de formación de pieza separada, tal y como permite el artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal teniendo en cuenta la situación procesal de los procesados Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comin Oliveres, Lluís Puig Gordi, Meritxell Serret Aleu, Clara Ponsatí Obiols, Marta Rovira Vergés y Anna Gabriel Sabaté, declarados en rebeldía, y considerando que existen elementos suficientes para ser juzgados de forma independiente, procede la formación de pieza separada respecto a los mismos”.