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En la Catedral de León. Julio 2018 24. Entrada de la sacristía. Sepulcro de Don Gonzalo Osorio de Villalobos

Martes, 31 de julio de 2018

Catedral de León julio 2018 24

A punto de ser desahuciados por comprar un piso sin leer la letra pequeña

Martes, 31 de julio de 2018

A punto de ser desahuciados por comprar un piso sin leer la letra pequeña
La pareja afectada asegura que la inmobiliaria, la constructora y el notario les dijeron que la vivienda estaba libre de cargas
Ariadna Oller Mitjanas, Blanes

28/07/2018 lavanguardia.com

Coral Gibernau y David Vericat viven una pesadilla desde hace casi dos años. La pareja se enfrenta a la pérdida inminente de un piso que adquirieron en Blanes (la Selva, Girona) porque hace más de una década tenía una hipoteca y en el momento de la compraventa nadie les avisó. No leyeron la letra pequeña durante la transacción, convencidos que estaban doblemente asesorados por la inmobiliaria y por el notario.

“Compramos el piso el 9 de septiembre de 2005 por 150.000 euros y lo pagó mi pareja con el dinero de la venta de otro piso en Barcelona”, explica Coral. Durante años sus vidas han transcurrido con normalidad, hasta que el 3 de octubre de 2016 recibieron una citación del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Blanes por un procedimiento de ejecución hipotecaria.
“El piso tenía una hipoteca pendiente, pero nadie nos lo dijo”, lamenta ahora Coral. Se consideran víctimas de una “estafa legal” porque cualquier responsabilidad de los vendedores ya ha prescrito y no tienen a quién reclamar esta deuda que contrajeron sin darse cuenta ni poder pagar a tiempo. Ahora esperan el desahucio angustiados y no ven salida a la situación en la que se encuentran.

Coral y David aseguran que, durante el proceso de compra del piso, situado en la calle Vila de Lloret, tanto la inmobiliaria como el notario les aseguraron que la vivienda estaba libre de cargas. Tras recibir la citación judicial, la pareja consultó el caso con un abogado, que les confirmó que la empresa constructora de los pisos dejó una hipoteca pendiente de pago. “Nos dijo que era la primera vez que veía un caso así”, explican.
“Si nos hubieran dicho que había ese dinero pendiente habríamos pagado esa parte al banco y el resto a la constructora”
Coral Gibernau

Según ellos, ahora todos los implicados en la compraventa aseguran que les avisaron oralmente de la existencia de la hipoteca y no pueden demostrar lo contrario. Además, el anexo 1 de la escritura del piso lo dice explícitamente, con lo que no tienen margen legal para defender su tesis. “Somos conscientes de que el problema fue no haber leído todos los documentos, pero si nos hubieran dicho que había ese dinero pendiente habríamos pagado esa parte al banco por un lado y el resto a la constructora”, admite Coral. “Pecamos de inocentes, pero nunca habríamos pensado que un notario permitiría que esto ocurriera”, lamenta la afectada.

Presentaron un recurso ante el juzgado, pero éste lo desestimó dado que como habían firmado la escritura del piso y legalmente se les supone conscientes de que existía esa hipoteca. Ahora esperan a que el piso salga a subasta, lo que puede producirse en cualquier momento. Tampoco saben a qué plazos de desahucio se enfrentan, porque dependen de esta adjudicación al mejor postor y de los trámites administrativos: “Nos han dicho que los juzgados de Blanes acostumbran a ir un poco lentos, pero nunca se sabe”, suspira Coral.

Otro piso afectado en el mismo bloque

La pareja explica que, de las ocho viviendas que hay en el bloque, otro piso está en la misma situación. Sus propietarios lo tienen en alquiler y tanto ellos como Coral y David están pendientes de decidir si interponen una demanda conjunta. “No lo vemos claro, porque seguramente nos comportaría más gastos para finalmente no ganar el proceso”, admiten. Los afectados no saben qué más hacer y ven con impotencia como tanto la inmobiliaria como el notario siguen ejerciendo con total normalidad. “Incluso el constructor, con una empresa de diferente nombre”, afirma Coral.

El Defensor asegura que el esfuerzo para acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es excesivo

Martes, 31 de julio de 2018

El Defensor asegura que el esfuerzo para acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es excesivo

19/07/2018 defensordelpueblo.es
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha participado hoy en la jornada inaugural del curso “El derecho a una vivienda digna en la España actual” que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Junto a él han intervenido en esta primera sesión la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Tamames.
El Defensor ha asegurado que en España “el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es excesivo”. Fernández Marugán ha comenzado su intervención recordando los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares correspondiente a 2017 que ponen de manifiesto que el mayor gasto de las familias es el dedicado a la vivienda. Así señala que el año pasado la media nacional del gasto en vivienda se elevó a 8.774 euros, un 30,1% del total.
En su discurso, el Defensor ha apuntado que la crisis ha producido cambios en el mercado de vivienda y en el régimen de tenencia. Así, ha señalado que España ha dejado de ser uno de los países europeos con mayor propensión a la compra de vivienda.
Fernández Marugán también ha denunciado que hace 15 años se construían diez veces más viviendas de protección oficial (VPO) que hoy. “En 2017 se entregaron las llaves de tan solo 4.938 pisos sociales en toda España”, ha remarcado.
En su opinión, los problemas más destacados en materia de vivienda son: los precios elevados de venta y alquiler, el bajo número de viviendas de alquiler, el reducido nivel de gasto público destinado a ayudas para acceder a la vivienda y las escasas viviendas sociales disponibles. Además, a estos problemas, se une la aparición del alquiler turístico que, a juicio del Defensor, “ha distorsionado el mercado inmobiliario de alquiler residencial tradicional”. Por último, Fernández Marugán también ha señalado que la precariedad laboral hace que para muchos hogares “el alquiler no sea una opción sino una necesidad”.
En este sentido, el Defensor ha abogado por un cambio en la política de vivienda. En su opinión, “es urgente formular una oferta pública a favor del alquiler social para que los colectivos más desfavorecidos y los jóvenes puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo”.
El Defensor ha terminado su intervención vivienda UIMP apuntando que ha recibido con satisfacción el anuncio del Gobierno de poner en marcha medidas para que crezca la oferta de pisos en alquiler, dejen de escalar los precios y se facilite el acceso a la vivienda de jóvenes y familias de rentas bajas.
Fernández Marugán ha asegurado que “hemos vivido un periodo de retroceso en política de vivienda que nos ha conducido a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social en un bien tan esencial como éste”. Por este motivo, confía en que el conjunto de medidas anunciadas por el Gobierno se hagan realidad lo antes posible para ayudar especialmente a las familias con menos recursos y a los jóvenes y para evitar una nueva burbuja de precios de la vivienda que desestabilice otra vez la economía.

En la Catedral de León. Julio 2018 23. En la Capilla de San Antonio: San Mamés y Santa Catalina

Lunes, 30 de julio de 2018

Catedral de León 2018 23

La Audiencia Nacional desestima el recurso de reposición interpuesto por el Notariado

Lunes, 30 de julio de 2018

La Audiencia Nacional desestima el recurso de reposición interpuesto por el Notariado

Julio 26, 2018  Notas de prensa – registradores.org

◾Contra el auto que denegaba las medidas cautelares contra la Orden Ministerial por la que se aprobaron los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales

26.07.’18.- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado las medidas cautelares que el Consejo General del Notariado había solicitado contra la Orden Ministerial de 21 de marzo, por la que se aprobaron los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

En dicha orden se encuentra como principal novedad la conocida como declaración de identificación del titular real, que debe contener la información extra-contable exigible en aplicación de lo que se establece en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

Dicha Directiva considera que es necesario identificar a toda persona física que posea una entidad jurídica o ejerza un control sobre ella, con el objetivo de responder a la amenaza del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Tribunal Constitucional, por unanimidad, admite el recurso de amparo de Puigdemont, Rull, Turull y otros contra la decisión del Supremo que le impide ejercer su cargo público representativo

Lunes, 30 de julio de 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa nº 70/2018 tribunalconstitucional.es
El TC, por unanimidad, admite el recurso de amparo de Puigdemont, Rull, Turull y otros contra la decisión del Supremo que le impide ejercer su cargo público representativo
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por unanimidad, admitir a trámite los recursos de amparo de Carles Puigdemont, Jordi Turrull, Josep Rull y otros contra el Auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2018 dictado por el instructor de la causa especial. Según los recurrentes, dicha resolución judicial vulneraba el derecho fundamental de los diputados y diputadas del Parlament de Cataluña a ejercer su cargo público representativo en condiciones de igualdad (art. 23 CE).
El Tribunal aprecia que concurre en el recurso de amparo una “especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho constitucional sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.
La resolución judicial requiere a la Sala Penal del Supremo para que, en un plazo que no exceda de 10 días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes.
Madrid, 24 de julio de 2018

El Tribunal Constitucional rechaza por unanimidad suspender la prisión preventiva de Turull y Rull

Lunes, 30 de julio de 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 73/2018 tribunalconstitucional.es
El TC rechaza por unanimidad suspender la prisión preventiva de Turull y Rull
El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado por unanimidad un auto por el que rechaza la suspensión de la prisión provisional y sin fianza de Jordi Turull y Josep Rull acordada por el Auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2018, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 23 de marzo de 2018 del magistrado instructor.
La resolución judicial, cuya ponente ha sido la Magistrada Encarnación Roca, explica que la doctrina constitucional ha establecido, de forma constante e indubitada, en relación con la posibilidad de acordar la suspensión de decisiones judiciales en las que se acuerdan medidas cautelares privativas de libertad, que “aunque la afección del derecho a la libertad personal que produce su ejecución cause perjuicios irreparables, sin embargo, su suspensión equivaldría a un otorgamiento anticipado del amparo”. Esta doctrina ha sido ratificada recientemente en los AATT 53 y 54/2018, de 22 de mayo.
Los recurrentes consideraban que el Supremo había vulnerado el derecho fundamental a la libertad, a la representación política y al acceso a cargos públicos, por acordar el ingreso en prisión.
Respecto al eventual perjuicio producido al derecho de los demandantes a la participación en asuntos públicos, el Tribunal aclara que “tal limitación se apoya precisamente en su situación de preso preventivo”. Precisamente, “por ser objeto de este proceso de amparo tanto la adecuación a la ley de tal limitación judicialmente acordada como el cumplimiento de un fin legítimo y el examen de proporcionalidad, su resolución anticipada no puede pretenderse en este incidente cautelar, debiendo ser abordada cuando se resuelva sobre el fondo de laqueja”.
El auto concluye que “el objeto principal de este recurso de amparo es única y exclusivamente valorar el ajuste constitucional de las medidas cautelares de prisión provisional que mantienen las resoluciones judiciales impugnadas”.
De esta manera, el Tribunal da respuesta a la admisión a trámite del recurso de amparo de Turull y Rull, el pasado 5 de junio, cuya providencia ordenaba la formación de una pieza separada para que tanto los recurrentes como el Ministerio Fiscal formularan alegaciones al respecto.
Madrid, 26 de julio de 2018

En la Catedral de León. Julio 2018 22. En la Capilla de San Antonio: Santa Cecilia y la Anunciación

Domingo, 29 de julio de 2018

Catedral de León 2018 22

El Gobierno da luz verde al Anteproyecto de Ley de Marcas

Domingo, 29 de julio de 2018

El Gobierno da luz verde al Anteproyecto de Ley de Marcas

Consejo de Ministros

20/07/2018  mincotur.gob.es
Los procedimientos de concesión de marcas se simplifican en beneficio de los ciudadanos y las empresas

Supone un importante avance en la lucha contra la piratería porque se podrá prohibir el uso de una marca e impedir la introducción de mercancías, sin necesidad de demostrar que van a ser comercializadas
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Marcas 17/2001 y la adapta a la Directiva europea 2015/2436, que armoniza las legislaciones comunitarias y facilita el registro y la gestión de las marcas.

La norma introduce novedades en aspectos materiales y procedimentales y da mayor homogeneidad a los sistemas de marcas de los Estados Miembros. Se evitan así distorsiones en el funcionamiento del Mercado Único, que afectan a las empresas.

La nueva regulación supone un avance importante en la lucha contra la piratería, ya que establece la posibilidad de prohibir el uso de una marca e impedir que se introduzcan en el país mercancías que lleven sin autorización una marca idéntica a la registrada, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, sin necesidad de demostrar que estas mercancías van a ser comercializadas.

Una de las principales novedades de la norma es la supresión del requisito que obligaba a que el signo distintivo tuviera que representarse gráficamente. Para adaptarse a las nuevas tecnologías, una vez que entre en vigor, la marca podrá ser susceptible de representarse por cualquier medio (sonoro, vídeo, holograma, etc.), siempre que el objeto de la protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad.

Además, se refuerza la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas mediante la sistematización de las prohibiciones absolutas, es decir, la de aquellos signos que no pueden registrarse. Por otro lado, desaparece el concepto de marca notoria y se prevé solo la categoría de marca o nombre comercial renombrados, aquella que sea conocida por el público en general, lo que le otorgará una protección especial.

En cuanto al procedimiento, se regula detalladamente la legitimación para formular oposición al registro de una marca y se agilizan los trámites para su renovación. El texto atribuye la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para declarar las causas de nulidad y caducidad de una marca, agilizando igualmente dichos procesos.

Beneficios para las empresas

El nuevo sistema facilitará el registro y la gestión de marcas en la Unión Europea y en España.

La necesidad de probar el uso de una marca contribuirá a depurar la creación de monopolios injustificados. Se instaura, de este modo, un mecanismo novedoso para España, que refuerza la actividad de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La nueva normativa ofrecerá a los usuarios procedimientos administrativos ágiles para la declaración de nulidad y caducidad de las marcas registradas, dejando la vía judicial para controversias de mayor calado económico.

En definitiva, esta norma mejorará el funcionamiento del mercado interior, aumentará la seguridad jurídica para los ciudadanos de la UE y facilitará la erradicación de monopolios injustificados.

Érase una vez un Príncipe de Marbella que nunca lo fue

Domingo, 29 de julio de 2018

La Diputación de la Grandeza de España lo califica de ‘fraude de ley inadmisible’

Érase una vez un Príncipe de Marbella que nunca lo fue

Antonio Pleguezuelos Velasco reivindica su condición de grande de España

27 de Julio de 2018 –   by  hola.com

Mientras los príncipes y reyes europeos están de vacaciones o, como el caso de Felipe VI, cuenta los días para estarlo, hay uno que reivindica su título y lo hace desde Marbella. Antonio Pleguezuelos Velasco está en boca de todos ya que, según él, es el “príncipe de Marbella”, un título que según la Diputación de la Grandeza de España es falso.

 

Fue la edición de Sevilla de ABC el que adelantó que un vecino de esta localidad de la provincia de Málaga se “ha adjudicado el título de príncipe de Marbella y muestra evidencias en sus canales de comunicación sobre la oficialidad de esta curiosa corte”. Al parecer Antonio Pleguezuelos se presenta como ese título en actos de la glamurosa vida social de Marbella y también cuenta con una corte entre las que están, según el citado medio, lady Pilar Martínez, presidenta del grupo Mujeres Poderosas de Marbella y a Natasha Romanov, que asegura ser descendiente de la última dinastía de zares de Rusia y es conocida en España por su aparición en un «reality» de televisión llamado Mujeres Ricas.

La noticia sobre “el falso príncipe” o el “príncipe freak”, tal y como le ha bautizado el medio que destapó su caso, ha saltado rápidamente al ámbito nacional y ha llevado a la Diputación de la Grandeza de España, creada en 1815 para agrupar organismo que agrupa a los Grandes de España y a quienes ostentan títulos del Reino, a emitir un comunicado al que ha tenido acceso HOLA.com en que asegura que “el uso del supuesto título constituye un fraude de ley inadmisible”.

Con el fin de probar su condición de grande de España, Antonio Pleguezuelos ha compartido en sus redes sociales un documento publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha del 30 de diciembre de 2016 (un documento que actualmente no está disponible para consultar vía online) en el que el notario Juan Luis Gómez Olivares de Marbella anuncia en acta notarial la declaración del polémico título. “Hago saber: Que don Antonio Pleguezuelos Velasco ostenta el título principesco de Príncipe de Marbella como una dignidad principesca del Reino de España, con carácter vitalicio, y ha cumplido con la obligación fiscal referente sobre ese título principesco”.

Sin embargo, la Diputación de la Grandeza de España advierte que ese no es el procedimiento legal. “Aunque se alega que dicho título ha sido reconocido por un notario de Marbella, hay que decir que los notarios no tienen atribuida competencia alguna en materia de títulos nobiliarios, habiendo aquel invadido competencias reservadas constitucionalmente a S.M. el Rey”.

En el comunicado, se califica de “sorprendente” que el BOE haya publicado la mencionada ilegalidad; como asimismo que se haya admitido en la oficina tributaria el pago de los derechos fiscales de un título inexistente. “La consecuencia es que el procedimiento seguido por el notario ha de calificarse de fraudulento, al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para el otorgamiento o reconocimiento de títulos nobiliarios. Por tanto, Antonio Pleguezuelo Velasco no ostenta el título de príncipe de Marbella, sin que el pago de los derechos fiscales, que dice haber cumplimentado, subsane el defecto fundamental de la ilegalidad de todo lo actuado”.

En la Catedral de León. Julio 2018 21. Sepulcro del Obispo Martín, el zamorano

Sábado, 28 de julio de 2018

Catedral de León julio 2018 21

Por haber tardado en dar cumplimiento a la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se condena a España a abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso

Sábado, 28 de julio de 2018

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 120/18
Luxemburgo, 25 de julio de 2018
Sentencia en el asunto C-205/17
Comisión/España
Por haber tardado en dar cumplimiento a la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se condena a España a abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso
El Tribunal de Justicia ya había declarado una primera vez el incumplimiento de España en una sentencia de 2011
Una Directiva de la Unión (1)tiene como objetivo proteger el medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas (aguas domésticas y aguas residuales industriales). Dicha Directiva establece, entre otras cosas, que los Estados miembros velarán por que todas las aglomeraciones urbanas con más de 15 000 equivalentes habitante (2) dispongan de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas a más tardar el 31 de diciembre de 2000. Además, antes de ser vertidas, las aguas procedentes de las mencionadas aglomeraciones urbanas deben ser objeto de un tratamiento.
Al haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas españolas con más de 15 000 equivalentes habitante no disponían ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de las aguas residuales urbanas, la Comisión interpuso en 2010 ante el Tribunal de Justicia un recurso por incumplimiento contra España. Mediante sentencia de 14 de abril de 2011, (3) el Tribunal de Justicia declaró que España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva, al no haberse llevado a cabo ni la recogida ni el tratamiento de las aguas residuales urbanas de 6 y de 37 aglomeraciones urbanas, respectivamente, con más de 15 000 equivalentes habitante.
Al considerar que España seguía sin cumplir la sentencia de 2011 respecto de 17 (4) de las 43 aglomeraciones urbanas en cuestión, en 2017 la Comisión decidió interponer un nuevo recurso por incumplimiento contra dicho Estado miembro. En este marco, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que condenara a España a abonar una multa coercitiva por un importe de 171 217 euros por cada día de retraso, así como una suma a tanto alzado de 19 303 euros por cada día transcurrido entre la fecha en que se dictó la sentencia de 2011 y su plena ejecución.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido su obligación de dar cumplimiento a la sentencia de 2011, en la medida en que, al finalizar el plazo fijado por la Comisión para la ejecución de dicha sentencia (a saber, el 31 de julio de 2013), 17 de las 43 aglomeraciones urbanas seguían sin disponer de sistemas colectores y de tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Por la razón expuesta, el Tribunal de Justicia estima pertinente imponer a España sanciones pecuniarias, en forma de una multa coercitiva y de una suma a tanto alzado.
En lo que atañe a la multa coercitiva, el Tribunal de Justicia comienza indicando que la inexistencia de sistemas colectores o de tratamiento de las aguas residuales urbanas o la insuficiencia de los mismos pueden perjudicar el medio ambiente y deben considerarse incumplimientos graves. A pesar de los esfuerzos significativos que ha realizado España para reducir el número de aglomeraciones urbanas que no están dotadas de sistemas colectores y de tratamiento de las aguas residuales urbanas (actualmente en número de 9), el Tribunal de Justicia considera que el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante. En efecto, con arreglo a la información facilitada por España, la plena ejecución de la sentencia no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años en relación con el plazo que fija la Directiva (el 31 de diciembre de 2000). Por otra parte, el Tribunal de Justicia subraya que las dificultades jurídicas y económicas internas que España invoca para justificar su retraso en la ejecución de la sentencia no le eximen de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.
También a efectos del cálculo de la multa coercitiva, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta la duración considerable de la infracción -7 años a partir de la fecha en que se dictó la sentencia de 2011. A fin de tomar en consideración los progresos realizados por España en el cumplimiento de sus obligaciones, el Tribunal de Justicia decide imponerle una multa coercitiva de carácter decreciente, fijada sobre una base semestral.
En lo que respecta al cálculo de la suma a tanto alzado, el Tribunal de Justicia precisa que el número de aglomeraciones urbanas en cuestión, así como los numerosos procedimientos por incumplimiento incoados contra España en este ámbito (5) justifican la adopción de una medida disuasoria, como es la condena al pago de una suma a tanto alzado, a fin de evitar que se repitan en el futuro infracciones análogas del Derecho de la Unión.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera oportuno condenar a España a abonar al presupuesto de la Unión una suma a tanto alzado de 12 millones de euros, así como una multa coercitiva de 10 950 000 euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2011 (esta multa coercitiva deberá abonarse a partir de hoy y hasta la plena ejecución de la sentencia de 2011). (6)
NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

1 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO 1991, L 135, p. 40).
2 El concepto de «equivalente habitante» es una unidad que corresponde a la contaminación que un habitante produce de media cada día.
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de abril de 2011, Comisión/España (C-343/10).
4 Se trata de las aglomeraciones urbanas de Alhaurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Peñíscola, Aguiño–Carreira–Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vigo, Santiago de Compostela y Valle de Güímar.
5 Sentencias del Tribunal de Justicia Comisión/España, de 5 de julio de 2003 (C-419/01), de 29 de octubre de 2005 (C-416/02), de 28 de abril de 2007 (C-219/05) y de 15 de abril de 2016 (C-38/15).
6 El Tribunal de Justicia precisa que el importe efectivo de la multa coercitiva deberá calcularse al final de cada período de seis meses reduciendo el importe total relativo a cada uno de esos períodos en un porcentaje correspondiente a la proporción que represente el número de equivalentes habitante de las aglomeraciones cuyos sistemas colectores y de tratamiento de las aguas residuales urbanas hayan sido objeto de las adaptaciones necesarias en relación con el número de equivalentes habitante de las aglomeraciones que no dispongan de dichos sistemas a fecha de 25 de julio de 2018, día en que se dicta la presente sentencia.

Sin León no hubiera España…

Viernes, 27 de julio de 2018

Sin León no hubiera España,
antes que Castilla leyes,
concilios, fueros y reyes,
dieron prestigio a León.
La fama cantó su hazaña
con clarines de victoria:
¡León escribió la historia
de Covadonga a Colón!
Con su sangre a torrentes vertida
dio a la Patria preciado blasón
y en sus labios cobró vida
el hermoso lenguaje español.
¡Viva León!
Tierra hidalga, tierra mía:
estrofas del romancero,
desde Guzmán a don Suero,
va tremolando el honor.
¡Viva León!
Con su sangre a torrentes vertida
dio a la Patria preciado blasón
y en sus labios cobró vida
el hermoso lenguaje español.
¡Viva León!
De piedra una plegaria
la catedral semeja,
sobria y gentil refleja
el alma de León.
De historia milenaria,
de santidad osario,
del arte relicario
y de la fe expresión.
Tierra hidalga, tierra mía:
estrofas del romancero,
desde Guzmán a don Suero,
va tremolando el honor.
¡Es León!
Con su sangre a torrentes vertida
dio a la Patria preciado blasón
y en sus labios cobró vida
el hermoso lenguaje español.
¡Viva León!
Gloria a ti, pueblo sin par;
a mi labio el corazón
se asoma para gritar:
¡Viva León! ¡Viva León!

Himno de León

Viernes, 27 de julio de 2018

La Audiencia Nacional desestima de nuevo el recurso contra la declaración de titulares reales

Viernes, 27 de julio de 2018

La Audiencia Nacional desestima de nuevo el recurso contra la declaración de titulares reales

Xavier Gil Pecharromán

26/07/2018 – eleconomista.es
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de reposición presentado por el Consejo General del Notariado y la patronal Cepyme contra el auto de esta misma Sala, de 28 de mayo de 2018, en el que se negaba la suspensión de la orden ministerial JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
Consulte el auto de la Audiencia Nacional

El texto incluye la obligación de las empresas que tienen que presentar sus cuentas en el Registro Mercantil, a realizar una declaración sobre sus titulares reales con vistas a crear una base de datos única para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La ponente, la magistrada García García-Blanco, afirma en el auto que “no se ha demostrado que se deriven perjuicios irreparables de la ejecución del acto impugnado que hagan perder la finalidad legitima al recurso contencioso-administrativo perjuicios que, por otro lado, en el momento en que se solicita la suspensión se presentan como meramente hipotéticos, contingentes, eventuales y futuribles, frente a un innegable y cierto interés público subyacente en la Orden Ministerial recurrida”.

Comenta la magistrada que sobre los peligros contra la intimidad que alegan el Notariado y Cepyme, tan solo se exige la declaración en la identidad de aquellos socios  poseedores de más del 25 por ciento del capital social de no cotizadas, “siendo la transparencia un valor que ya viene implementado en ámbitos semejantes y supuestamente de mayor relevancia  económica, pese al peligro que se defiende que ello pueda  entrañar, y así existe la obligación de comunicación de  participaciones relevantes respecto de los titulares de  paquetes accionariales menores que ese porcentaje en el caso  de sociedades cotizadas”.

Además, alega que  a diferencia del caso en litigio, esta declaración se hace con una ilimitada transcendencia pública mediante declaración  de hechos relevantes y comunicación a la CNMV, obligación que  responde, igualmente, a preponderantes intereses públicos.

Considera, además, que “el tenor literal del auto es palmario que sí se le da expresa respuesta motivada y, el recurso de reposición obedece, precisamente, a que dicha respuesta no es la que se pretende obtener por el recurrente en la singularidad de los intereses particulares que defiende y no a que no se hagan patentes las razones que a juicio del Tribunal conducen a la misma”.

De otro lado, razona la magistrada, que “la utilización del adjetivo sesgado/a para referirse a la resolución y a los argumentos que la misma contiene, pretendiendo calificarla de tendenciosa y parcial se califica por sí misma en su gratuidad”.

Concluye la magistrada en su auto que “todos y cada uno de los argumentos expuestos en el auto recurrido atienden al particular de la cuestión, con valoración de lo alegado y probado al respecto, en un marco estrictamente jurídico”.

Vidriera de la catedral de León. julio 2018 12

Jueves, 26 de julio de 2018

Vidriera de la catedral de León julio 2018 12

La Administración General del Estado crea empleo neto por primera vez en 8 años y se acuerda una cifra récord de 6.000 plazas para la promoción interna

Jueves, 26 de julio de 2018

La Administración General del Estado crea empleo neto por primera vez en 8 años y se acuerda una cifra récord de 6.000 plazas para la promoción interna
. Primer acuerdo con la nueva ministra de Política Territorial sobre empleo público y recuperación de derechos perdidos durante la crisis
. La oferta para 2018 asciende a 17.534 plazas: 8.371 de nuevo ingreso, 2.863 para plazas interinas, 5.977 de promoción interna y una oferta extraordinaria para reforzar los centros de atención a inmigrantes
. Los empleados públicos con baja médica cobrarán de nuevo la nómina íntegra, a partir de este viernes
. Función Pública y sindicatos se citan para el mes de septiembre para negociar nuevas mejoras salariales y de condiciones laborales, como las 35 horas

23 de Julio de 2018 csif.es

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado el primer acuerdo sobre empleo público y recuperación de derechos perdidos con la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

El acuerdo contempla la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2018 para la Administración General del Estado (17.800 plazas, incluido 6.000 de promoción interna) y la eliminación de los descuentos en la nómina por baja médica a partir de este viernes, cuando previsiblemente lo apruebe el Consejo de Ministros.

Respecto a la oferta de empleo público –que crea empleo neto en la AGE por primera vez en 8 años—incluye:
•8.371 plazas de nuevo ingreso por tasa de reposición.
•2.863 plazas para consolidar puestos interinos.
•5.977 plazas de promoción interna.
•Una oferta extraordinaria de empleo público de 323 plazas para reforzar los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIs) y los Centros de Acogida al Refugiado (CAR), así como los servicios de Prevención de Riesgos
•Laborales.

CSIF valora de manera positiva este primer acuerdo firmado con la ministra Batet, si bien, consideramos preciso un esfuerzo adicional para recuperar las 38.800 plazas perdidas en la Administración General del Estado desde 2010. Según Función Pública, en septiembre, a la vuelta de las vacaciones, se retomarán las negociaciones para los presupuestos y oferta de empleo público de 2019.

Otras cuestiones pendientes para CSIF son:
•La devolución de la estructura salarial previa al recorte que realizó el Gobierno de Zapatero en 2010.
•Jornada laboral de 35 horas, como ocurre ya en Andalucía y Extremadura.
•Permisos de paternidad y maternidad intransferibles de 20 semanas en 2020, como contempla el acuerdo firmado en Andalucía.
•Bolsas de horas para la conciliación familiar (hasta el 5 por ciento de la jornada, equivalente a 80 horas, acumulables en días).
•Fondos adicionales para mejorar las retribuciones en los diferentes ámbitos (salario mínimo de 1.200 euros en la Administración General del Estado, equiparación con Cataluña y carrera profesional). CSIF plantea un acuerdo a 3 años para mejorar las retribuciones.
•Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (estableciendo, entre otras cuestiones, el desarrollo de la carrera profesional, la implantación de la Ley de Función Pública de la AGE o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones).
•Desbloqueo del IV Convenio único del personal laboral, que lleva más de dos años sin avances.
•Aplicación de la jubilación parcial para el personal de la AGE.
•Desarrollo de un macroconcurso de traslados en la Seguridad Social..
•Resolver el conflicto salarial en el colectivo de prisiones y avanzar hacia la equiparación con el personal de Cataluña.
•Revisión salarial del personal laboral en el exterior. El director general se compromete a analizar esta cuestión en la Comisión Interministerial de Retribuciones. Tras años de congelación salarial y abandono de este colectivo, que sufre las consecuencias de la inflación en los países de destino.

Vidriera de la catedral de León. julio 2018 11

Miércoles, 25 de julio de 2018

Vidriera de la caedral de León julio 2018 11

Discurso de toma de posesión como miembro del Consejo de Estado. Pablo Hernández de Cos

Miércoles, 25 de julio de 2018

19.07.2018 bde.es
Discurso de toma de posesión como miembro del Consejo de Estado
Pablo Hernández de Cos
Gobernador del Banco de España
Señora presidenta del Consejo, consejeros, letrados, señoras y señores:
En primer lugar, quiero agradecer a D. Alberto Aza y a D. Juan Velarde haber aceptado ser mis padrinos en la ceremonia de hoy. Para mí, es un verdadero honor tomar posesión como miembro nato del Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno y una de las instituciones de mayor tradición de nuestro país.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, “consejero” es aquel que da una opinión sobre lo que se considera beneficioso o necesario para el aconsejado. Precisamente, una parte importante de las funciones del Banco de España, de acuerdo con su ley de autonomía, consiste en asesorar al Gobierno en materias económicas y financieras.
Desde esta doble condición de miembro del Consejo de Estado y de gobernador del Banco de España, permítanme que aproveche este acto para hacer una breve reflexión sobre cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la economía española.
En los últimos cinco años, nuestra economía ha experimentado un intenso proceso de crecimiento de la actividad y de reducción de la tasa de paro, que ha permitido una gradual corrección de los desequilibrios acumulados antes y durante la crisis económica.
Haciendo uso de mi recién estrenada condición de consejero, diría que el consejo rector sería evitar caer en la complacencia y, por el contrario, aprovechar la expansión económica para adoptar las medidas que permitan alcanzar un crecimiento sostenible, un mayor grado de estabilidad y un margen de maniobra más amplio ante eventuales crisis futuras.
Este consejo nace de un diagnóstico que conviene enfatizar: la economía española todavía mantiene importantes elementos de vulnerabilidad. Entre ellos, resaltaría un endeudamiento exterior elevado, un nivel de deuda pública cercano a su máximo histórico, una tasa de desempleo que duplica los niveles de nuestros socios europeos y un sistema financiero que se enfrenta a retos considerables; todo ello, en un escenario en el que la economía deberá afrontar el impacto del fenómeno del envejecimiento poblacional y el problema estructural de la baja productividad.
Además, conviene recordar que, aunque la recuperación ha descansado en un conjunto diverso de medidas, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, también se ha sustentado en el apoyo que ha supuesto la política monetaria extraordinariamente expansiva del Banco Central Europeo. Adicionalmente, esta expansión se ha visto acompañada de un impulso fiscal significativo en los últimos años. No obstante, el efecto de estos impulsos -el monetario y el fiscal- tenderá a agotarse gradualmente en los años venideros.
En este contexto se hace necesario, en primer lugar, ahondar en el proceso de consolidación fiscal. El elevado nivel de deuda pública perjudica las condiciones de financiación de la economía, limita los márgenes de actuación contracíclicos de la política presupuestaria y obliga a dedicar un volumen elevado de recursos al pago de la carga de intereses.
Existe margen, además, para que el proceso de consolidación fiscal sea compatible con una revisión de la estructura de ingresos y gastos públicos, de forma que se mejoren su eficiencia y su contribución al crecimiento, al mismo tiempo que se debe fomentar un mayor grado de corresponsabilidad fiscal en los distintos niveles de la Administración Pública.
Resulta prioritario, asimismo, continuar con la reducción del desempleo y de su persistencia en determinados colectivos, especialmente entre los trabajadores con menor nivel de cualificación. El elevado nivel de paro está también muy relacionado con el notable aumento de la desigualdad que se ha producido durante la crisis. Alcanzar este objetivo exige actuaciones no solo en el ámbito del mercado de trabajo, sino también, de una manera más amplia, en el de la educación y la formación de los trabajadores, para fomentar su mayor adaptabilidad a un nuevo entorno, caracterizado por el progreso tecnológico, la automatización de los procesos productivos y la economía del conocimiento.
Mientras, el sector financiero sigue enfrentándose, a pesar de los significativos avances de los últimos años, a retos de calado, que incluyen la necesidad de abordar los efectos de los profundos cambios en los ámbitos regulatorio, tecnológico y competitivo, de mejorar unos niveles de rentabilidad reducidos y de culminar el proceso de reducción de los activos problemáticos.
Si miramos al medio y largo plazo, el envejecimiento de la población constituye probablemente el principal desafío al que se enfrentan las sociedades desarrolladas. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en los próximos 50 años la población mayor de 65, que actualmente supone menos de una quinta parte de la población total, pasará a representar más de un tercio. Este fenómeno ejercerá -y ya lo está haciendo- un efecto adverso sobre la tasa de actividad, el empleo y la productividad de la economía, y de manera muy singular sobre las finanzas públicas, elevando el gasto en pensiones, en sanidad y en cuidados de larga duración.
La magnitud de este desafío obliga a definir una estrategia amplia y de miras largas, en la que, además de revisar el esquema de nuestro estado del bienestar y su financiación, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad, cobran especial importancia las políticas que incentiven la participación de los trabajadores en el mercado laboral, la adecuación de la política migratoria a las necesidades del mercado de trabajo y las políticas de fomento de la natalidad para acercarla a las tasas de otros países europeos.
La economía española también presenta unos registros muy pobres en la evolución de la productividad. Revertir esta dinámica exige medidas en distintos ámbitos que incluyan, entre otros aspectos, la mejora de la educación, de la calidad de las instituciones, de la competencia de los mercados de productos y servicios y de la inversión en investigación, innovación y desarrollo, así como la reducción de la elevada temporalidad en el mercado de trabajo.
Me gustaría acabar subrayando la importancia de hacer nuestros los retos europeos, que, en materia económica, se pueden sintetizar en la actualidad en dos: completar la Unión Bancaria y apuntalar la capacidad de estabilización fiscal de los países del área del euro.
Una vez asentado el pilar de la supervisión, la Unión Bancaria debe aún completarse –tal como han concluido recientemente los jefes de Estado y de Gobierno del área- a través de un mecanismo de respaldo financiero común para el Fondo Único de Resolución. Y, sobre todo, a través de la creación de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.
En el ámbito de la política fiscal, es importante completar la capacidad de estabilización fiscal en la zona del euro a través de dos vías: la mejora del margen fiscal de los propios países y el desarrollo de instrumentos supranacionales de aseguramiento cíclico.
Para finalizar, vuelvo a remitirme a la Real Academia Española, que define “reto” como un objetivo difícil de llevar a cabo, que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. La gestión de la política económica exige afrontar permanentemente los retos que nuestra sociedad encara. Citando a Jean Monnet, «Nada sería más peligroso que confundir los problemas con el fracaso»1.
Muchas gracias.
1 1 Jean Monnet, Memorias, trad. de José M. Martínez García, Madrid, Siglo XXI, 1985, p. 512.

Vidriera de la catedral de León. julio 2018 10

Martes, 24 de julio de 2018

Vidriera de la catedral de León julio 2018 10

El Consejo General del Poder Judicial elige este martes a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Supremo

Martes, 24 de julio de 2018

Lunes, 23 de julio de 2018 poderjudicial.es

El CGPJ elige este martes a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Supremo

A solicitud de varios vocales, el Pleno decidirá las tres plazas de la Sala Segunda entre todas las candidaturas presentadas e incluye cinco nuevos aspirantes a la plaza de la Sala Tercera

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá en su reunión de este martes a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Supremo: tres de la Sala Segunda, que ocuparán las vacantes producidas por el fallecimiento de José Manuel Maza Martín, por el nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido Tourón y por la declaración en la situación de servicios especiales de Julián Sánchez Melgar tras su designación como fiscal general del Estado; y uno de la Sala Tercera, para sustituir a Manuel Vicente Garzón Herrero tras su jubilación.

El pasado día 17, la Comisión Permanente aprobó las ternas de candidatos a cada una de las plazas, seleccionando a siete de los veintidós que optaron a la Sala Tercera y a seis para cada una de las ofertadas en la Sala Segunda, de un total de 34 aspirantes.

Finalmente, sin embargo, el Pleno del CGPJ tendrá en cuenta esas 34 candidaturas a la hora de decidir el destinatario de cada una de las tres plazas de magistrado de la Sala Segunda, ya que el vocal Vicente Guilarte así lo ha solicitado haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 16.6 del Reglamento 1/2010, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales. También los vocales Roser Bach, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Enrique Lucas y Carmen Llombart habían solicitado la inclusión de distintos aspirantes en las ternas, acogiéndose a ese precepto del Reglamento.

El artículo 16.6 establece que, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la aprobación de las ternas, cualquier vocal “podrá proponer otros candidatos de entre la lista de peticionarios admitidos”, comunicándolo a la Comisión Permanente, “que los incluirá en la relación” que se eleve al Pleno.

De este modo, el Pleno debatirá y votará, en cada una de las plazas de la Sala Segunda, sobre las 34 candidaturas presentadas, que son las siguientes:

–      María Catalina Pilar Alhambra Pérez, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid

–      Javier Mariano Ballesteros Martín, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

–      Jesús María Barrientos Pachos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

–      Clara Eugenia Bayarri García, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      Manuel Caballero-Bonald Campuzano, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga

–      Miguel Ángel Encinar del Pozo, magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid

–      Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      María del Rosario Esteban Meilán, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid

–      Manuela Fernández Prado, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      María Teresa García Quesada, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid

–      Joaquín González Casso, magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz

–      Eduardo Luis González del Campillo Cruz, magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo

–      Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      Javier Hernández García, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona

–      María Dolores Hernández Rueda, magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia

–      Ángel Luis Hurtado Adrián, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      Carmen Lamela Díaz, magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3

–      Enrique López López, magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional

–      Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

–      Ismael Moreno Chamarro, magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 2

–      José Félix Mota Bello, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

–      María Teresa Palacios Criado, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      Susana Polo García, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

–      Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid

–      José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      Leopoldo Puente Segura, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

–      Jaime Requena Juliani, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

–      Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba

–      Ignacio Subijana Zunzunegui, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa

–      María Félix Tena Aragón, presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres

–      Eduardo de Urbano Castrillo, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

–      Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional

–      María de los Ángeles Villegas García, magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz

En cuanto a la plaza de la Sala Tercera, los vocales Roser Bach, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Enrique Lucas y Carmen Llombart han solicitado la inclusión de nuevos candidatos, de modo que a la terna aprobada por la Comisión Permanente se añaden los nombres de Jesús María Calderón González, Miguel de los Santos Gandarillas Martos, Edilberto Narbón Laínez, María Asunción Salvo Tambo y Santiago-Pablo Soldevila Fragoso. La lista de aspirantes queda así:

–      Dimitry Berberoff Ayuda, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Actualmente director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

–      Jesús María Calderón González, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

–      Ignacio de la Cueva Aleu, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

–      Miguel de los Santos Gandarillas Martos, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

–      Ana Isabel Martín Valero, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

–      Fernando de Mateo Menéndez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

–      Edilberto Narbón Laínez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

–      Juan Pedro Quintana Carretera, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

–      María Asunción Salvo Tambo, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

–      Berta María Santillán Pedrosa, magistrada de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

–      José Santos Gómez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla

–      Santiago-Pablo Soldevila Fragoso, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

…de León

Lunes, 23 de julio de 2018

El Gobierno eleva un 4,4% el techo de gasto para 2019 hasta alcanzar los 125.064 millones de euros

Lunes, 23 de julio de 2018

Consejo de Ministros

El Gobierno eleva un 4,4% el techo de gasto para 2019 hasta alcanzar los 125.064 millones de euros

La Moncloa, Madrid, viernes 20 de julio de 2018 lamoncloa.gob.es

El Ejecutivo mantiene la previsión de crecimiento económico y su compromiso de reducir el déficit. Además, prevé la creación de alrededor de 1.200.000 puestos de trabajo en tres años y que la tasa de paro se sitúe por debajo del 11%. Por otra, parte el Gobierno mejora las pensiones de viudedad de las personas con 65 años o más.

El Ejecutivo ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de los próximos tres ejercicios, así como el límite de gasto no financiero del Estado para 2019. Además, ha presentado un informe sobre la situación de la economía española, que incluye el escenario macroeconómico para el periodo 2018-2021.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la hoja de ruta del Gobierno tiene como objetivo recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones para resolver sus problemas y hacer que la recuperación económica llegue a las familias.

Con este fin, el Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación del objetivo de déficit para los próximos ejercicios. “Se trata de 6.000 millones más para el bienestar de los ciudadanos, en especial para las clases medidas y trabajadoras”, ha dicho Montero.

El déficit del Estado queda establecido en el 1,8 para 2019; el 1,1% para 2020 y el 0,4% para 2021 y los parámetros de deuda pública se sitúan para el conjunto de las administraciones en el 96,1% del PIB en año 2019, en el 94,1% en 2020 y en 91,5% en 2021.

Montero ha asegurado que, con estas cifras, “continuamos en la senda de reducción de nuestro nivel de endeudamiento”. Además, ha apuntado que las administraciones más beneficiadas serán las comunidades autónomas y la Seguridad Social. En este sentido, ha argumentado que el Gobierno pretende que políticas públicas como la sanidad, la educación, la dependencia y la atención a las personas en situación de desempleo lleguen a los ciudadanos “con independencia de quiénes son las administraciones que se beneficien de este margen”.

Las comunidades, ha precisado, “dispondrán de 2.500 millones más para elaborar sus presupuestos en 2019 que revitalizarán el Estado del bienestar”.

Asimismo, la ministra ha indicado que se fija la tasa de variación de la regla de gasto que afecta a todas administraciones públicas en el 2,7 en el año 2019, en el 2,9 para 2020 y en el 3,1 para el año 2021.

Límite de gasto no financiero

La titular de Hacienda, ha concretado, que el límite de gasto no financiero para 2019 queda fijado en 125.064 millones de euros: “Esto significa que incrementamos el techo de gasto para 2019 un 4,4% con el objetivo de posibilitar un presupuesto expansivo que garantice una recuperación económica justa. Esta será la cifra referente para el nuevo presupuesto”.

Este ajuste, ha dicho, es consecuencia de “un escenario macroeconómico donde las bases del crecimiento siguen siendo estables con unos márgenes fiscales de los que se van a beneficiar principalmente las administraciones territoriales”. Montero también ha señalado que la recaudación tributaria “se comporta de forma favorable”, por lo que la medida no va a suponer “un mayor esfuerzo fiscal ni para clases medias o trabajadoras ni para pymes o autónomos”.

Cuadro macroeconómico

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha afirmado que las previsiones realizadas en el cuadro macroeconómico del Gobierno “están basadas en hipótesis prudentes con respecto a la evolución de la economía internacional”.

Calviño ha señalado que se prevé un aumento paulatino de los tipos de interés tanto a corto como a largo plazo, una ligera apreciación del euro en este año, la estabilización del tipo de cambio en los próximos años, un crecimiento mundial sólido y que las exportaciones en España sigan creciendo a buen ritmo.

La ministra también ha resaltado que la previsión de crecimiento del PIB en 2018 se mantiene en el 2,7% y para 2019 en el 2,4%.

Nadia Calviño ha mantenido que estas previsiones son coherentes con el esfuerzo estructural de reducción del déficit del 0,4% del PIB que se ha comunicado a la Comisión Europea. También nos permite mantener una tasa de crecimiento del 2,4%. “Nuestra política se orienta a una consolidación fiscal que no esté reñida con el mantenimiento y la sostenibilidad del crecimiento económico y la creación de empleo en los próximos años”, ha subrayado.

Además, ha estimado que estas previsiones son coherentes con la agenda social del Gobierno y con su propósito de recuperar la inversión en el Estado del bienestar. Asimismo, ha subrayado que los ministerios de Hacienda y Economía se han comprometido a mantener la estabilidad presupuestaria como objetivo imprescindible para reducir el peso de la deuda pública en España y apostar por el crecimiento sostenible a medio y largo plazo.

El Gobierno aprueba el aumento en 8 puntos del porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad

Domingo, 22 de julio de 2018

El Gobierno aprueba el aumento en 8 puntos del porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad
Viernes 20 de julio de 2018 lamoncloa.gob.es

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un Real Decreto por el que se aumenta en 8 puntos el porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad.
A partir de la nómina de agosto, aumenta desde el 52% hasta el 56% el porcentaje que determina la pensión de viudedad. Desde el próximo 1 de enero de 2019, la viudedad será el 60% de la base reguladora, así se culmina la subida de 8 puntos.

Esta subida que beneficia a las personas con 65 o más años y que no perciben ingresos por trabajo ni otras pensiones, notarán esta subida a partir de  la nómina de agosto.

En el caso de que sean pensiones complementadas a mínimos, no percibirán variación en la paga, ya que el Estado complementa adicionalmente su pensión hasta un mínimo que se fija anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

Requisitos a cumplir

Tener 65 años, no percibir otra pensión pública ni ingresos que superen el límite fijado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para poder beneficiarse de la pensión mínima de viudedad, son los requisitos imprescindibles para acogerse del incremento.

En definitiva, el objetivo es el de mejorar las pensiones de las personas de mayor edad -65 o más años- con recursos limitados. En este sentido, la norma señala que no deben percibir otra pensión pública española o extranjera, ni ingresos por trabajo u otros rendimientos por encima del límite establecido en los PGE (7.347,99 €/ año, para 2018).

Los beneficios de este incremento no tienen carácter consolidable, es decir, la persona recibirá la mejora en la pensión mientras siga cumpliendo los requisitos exigidos en la ley.

Para quienes cobran una pensión de viudedad complementada a mínimos, la subida no supondrá un aumento de la paga. En este colectivo, las pensiones reciben el mínimo establecido cada año en los Presupuestos. Por lo tanto, esta mejora se absorbe parcial o totalmente en el complemento que abona el Estado.

La mejora hoy aprobada es independiente de la subida adicional de las pensiones que se aplicará con efectos retroactivos del 1 de enero y que con carácter general supone un aumento del 1,35%  (que se suma al 0,25% aplicado en enero). En el caso de las pensiones mínimas, la subida adicional será del 3% (2,75% + 0,25%) en todas las modalidades. Esta subida ha sido aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

La Seguridad Social prevé que  este año cerca de 400.000 personas se beneficiarán de la mejora de la pensión de viudedad, alrededor de 465.000, a partir del 1 de enero de 2019, cuando se culmine el aumento de la viudedad hasta el 60% de la base reguladora.

Para la Seguridad Social la aplicación de la base reguladora del 56%, se estima un aumento del gasto de 301,31 millones de euros desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018.

A partir de 2019, cuando culmine la subida hasta el 60%, el aumento del gasto anual para el sistema de la Seguridad Social, será de 1.381,73 M€/año.

Una subida aplazada desde 2012

El Real Decreto aprobado hoy  da cumplimiento a la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto -Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social- que preveía la aplicación gradual de la subida, en un plazo de 8 años a partir del 1 de enero de 2012, hasta el 60% de la base reguladora de la pensión de viudedad.

Los gobiernos posteriores aplazaron la entrada en vigor de la medida hasta el presente año, en que la recién aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 recoge en una de sus disposiciones adicionales un incremento del 4% en el porcentaje de la base reguladora de la pensión de viudedad y otro 4%, hasta el 60%, a partir del 1 de enero de 2019.

La constitución de sociedades aumenta un 3,6% en el segundo trimestre

Sábado, 21 de julio de 2018

La constitución de sociedades aumenta un 3,6% en el segundo trimestre

Notas de prensa – registradores.org
Entre abril y junio, las empresas inmersas en concursos de acreedores subieron un 14% respecto al mismo trimestre de 2017
Más de 1.500 sociedades trasladaron su sede social a otra comunidad, siendo Cataluña la que presenta el mayor saldo negativo entre entradas y salidas
17.07.’18.- En el segundo trimestre se constituyeron en España 26.130 sociedades mercantiles, un 3,6% más que en el mismo trimestre de 2017. Con este dato, la creación de empresas aumenta, después de seis trimestres consecutivos de descensos, iniciados en el cuarto trimestre de 2016.
Sin embargo, en los últimos 12 meses, de julio de 2017 a junio de 2018, se constituyeron 95.073 sociedades, un 3,4% menos que en el mismo período acumulado del año anterior, claramente por debajo de las 100.000 operaciones anuales, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores.

Por territorios, la creación de empresas baja en Extremadura, Asturias, Cantabria, Cataluña, Baleares, Castilla y León y Canarias, mientras que sube en el resto, principalmente en La Rioja, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Murcia y Castilla–La Mancha.

Extinciones
Las extinciones de sociedades alcanzan las 5.802 sociedades en el segundo trimestre, un 1% más que en el mismo período de 2017, por lo que continúa la tendencia de subidas de trimestres anteriores. En los últimos 12 meses, de julio de 2017 a junio de 2018, las extinciones aumentaron el 0,5% sobre el mismo período acumulado del año anterior.
Por comunidades autónomas aumentan en Castilla-La Mancha (22,1%), Murcia (20,3%), Baleares (17,3%), Cantabria (16%), Canarias (14,4%), Madrid (4,9%), País Vasco (2,2%) y Castilla y León (1,0%). Por el contrario, descienden en La Rioja (-37,1%), Asturias (-15,0%), Aragón (-9,8%), Navarra (-9,4%), Extremadura (-6,5%), Comunidad Valenciana (-5,6%), Galicia (-5,0%), Andalucía (-3,3%) y Cataluña (-0,7%). Se mantiene igual en Ceuta y Melilla.
Operaciones de capitalización
En el segundo trimestre se contabilizaron 7.550 ampliaciones de capital, con un aumento del 2,6% sobre el mismo período del año anterior. Por otro lado, en términos de importe de capital aumentado se desembolsaron 5.384 millones de euros, un 61,1% menos que en el mismo período de 2017.
Concursos
Las empresas con serias dificultades financieras, que se vieron inmersas en concurso de acreedores entre abril y junio fueron 1.021, un 14% más que en el segundo trimestre de 2017, cambiado la tendencia descendente de los últimos meses.
En los últimos 12 meses, de julio de 2017 a junio de 2018, se declararon en concurso 3.568 sociedades, un 0,8% menos que en el acumulado del año anterior. Las caídas que se vienen produciendo desde 2014 se suavizan en los últimos trimestres e incluso repuntan en el último trimestre analizado.

En el segundo trimestre y con respecto al mismo período de 2017, las caídas más acusadas se registran en Cantabria, Extremadura, Navarra, Asturias, y Castilla y León, mientras que en el otro lado, los mayores incrementos en los concursos de acreedores se localizan en La Rioja, Canarias, Cataluña, Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha.

Traslados de sede social
Entre abril y junio, 1.575 sociedades trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma. Debido al procedimiento para inscribir el cambio de domicilio social de una sociedad, que prevé un plazo de hasta tres meses para finalizar todo el proceso ante el Registro Mercantil de destino, una parte de los traslados inscritos en el trimestre, corresponden a solicitudes realizadas ante el Registro Mercantil de origen en el trimestre anterior.
Entre los datos del cuadro de la página siguiente, destacan las 536 empresas que trasladan su sede desde Cataluña a otras comunidades, de ellas, la mayoría, 323, con destino a la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la cifra de empresas que se trasladan desde Madrid, alcanzan las 339. Si comparamos el flujo de entradas y salidas, Cataluña muestra un saldo negativo, es decir, de pérdidas de sede social de 422 empresas mientras que la Comunidad de Madrid muestra un balance positivo de 312 sociedades, seguida de la Comunidad Valenciana que gana 47 sociedades, Baleares, 26 y Aragón, 23.

y la montaña

Sábado, 21 de julio de 2018

Carlos Lesmes destaca la importancia de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos en la entrega de los Premios a la Calidad de la Justicia

Viernes, 20 de julio de 2018

Lunes, 16 de julio de 2018 poderjudicial.es
Carlos Lesmes destaca la importancia de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos en la entrega de los Premios a la Calidad de la Justicia

En la VIII edición de los premios, han recibido sus distinciones el Juzgado de cláusulas abusivas de Oviedo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante y el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba. La Fiscalía y el Juzgado de Menores de Castellón, el servicio de actos de comunicación de Amposta y el grupo de trabajo de la Administración de Justicia y registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana completan la lista de galardonados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha presidido hoy el acto de entrega de los premios a la Calidad de la Justicia en su octava edición, al que han asistido también, entre otras autoridades, la fiscal general del Estado, María José Segarra y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo.

En su intervención, Lesmes ha señalado que los premios a la Calidad de la Justicia reconocen “el esfuerzo, el talento, la iniciativa y la ilusión de quienes han apostado por ofrecer un mejor servicio a la sociedad”, recordando que el CGPJ distingue así los proyectos y las iniciativas de órganos judiciales o de otras administraciones y entidades que más han destacado en la búsqueda de un servicio público, el de Justicia, para hacerlo más eficaz, más transparente y más accesible para los ciudadanos.

Justicia eficaz

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, especializado en cláusulas abusivas, ha recibido el premio a la Calidad de la Justicia en su modalidad de Justicia más eficaz “por conseguir dar una respuesta y solución rápida y eficaz al ciudadano frente a un nuevo problema social”.

El Juzgado asturiano, especializado en cláusulas abusivas desde el pasado 1 de junio, dictó en 2017 un total de 992 sentencias en esta materia: 173 en el tercer trimestre del año –todas ellas favorables al cliente- y 819 en el cuarto trimestre, de las que el 98,9 por ciento fueron estimatorias. Teniendo en cuenta que el número de demandas presentadas en el órgano judicial el año pasado fue de 3.287, el Juzgado resolvió en solo siete meses más del 30 por ciento de los asuntos ingresados.

En la categoría destinada a otros organismos relacionados con la Administración de Justicia, en la modalidad “Justicia más eficaz”, también ha recibido su galardón el equipo técnico de la Fiscalía y el Juzgado de Menores de Castellón, que en colaboración con el Departamento de Psicología de la Universidad Jaume I, pusieron en marcha el proyecto “Utilización del inventario YLS/CMI de valoración del riesgo de menores infractores para la propuesta de medida educativa según la LORPM 5/2000”.

Justicia más transparente

En la modalidad de “Justicia más transparente”, el premio en la categoría destinada a órganos judiciales ha sido entregado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante por su proyecto “Celeridad en la tramitación y resolución de procedimientos”, que apuesta por la oralidad como herramienta para garantizar la transparencia.

También en esta modalidad, ha recibido su distinción el servicio de actos de comunicación de Amposta (Tarragona) premiado por su proyecto “Los actos de comunicación como medio para una justicia accesible”, que ejecuta una estrategia de transparencia en relación con los actos de comunicación en términos asequibles y de fácil comprensión.

Justicia más accesible

Por último, en la modalidad de “Justicia más accesible”, el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha recibido su premio por el proyecto “Sistema de acumulación de procesos en los Juzgados de lo Social de Córdoba. Años 2007 a 2016”.

Ha recibido su galardón igualmente en esta misma modalidad el grupo de trabajo de la Administración de Justicia y de los registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana por la obtención de resultados que han garantizado el acceso a medios para atajar y afrontar los problemas procesales y sustantivos en las materias en las que intervienen letrados de la Administración de Justicia, procuradores y magistrados.

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Jueves, 19 de julio de 2018

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El Bierzo. León

Jueves, 19 de julio de 2018

La inflación aumenta en junio hasta el 2,3% por los precios de la energía

Jueves, 19 de julio de 2018

13 de julio de 2018 mineco.gob.es

La inflación aumenta en junio hasta el 2,3% por los precios de la energía

Los precios de los carburantes y lubricantes repuntan hasta una tasa del 14,5% interanual
La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, disminuye una décima y se sitúa en el 1%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en junio de 2018 el 2,3% interanual, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa idéntica a la adelantada por el INE y superior en dos décimas a la registrada en mayo (2,1%). Esta evolución se explica por la aceleración de los precios de los productos energéticos y, en menor medida, de la alimentación no elaborada. La inflación subyacente, que recoge el resto de componentes, se moderó una décima, hasta el 1%. En términos intermensuales, el IPC registró un aumento del 0,3% en junio de 2018, frente a la estabilización del mismo mes de 2017.

Los precios de los productos energéticos se incrementaron en junio el 9,9% interanual, 2,1 puntos más que en mayo, debido, principalmente, a la aceleración de los precios de los carburantes y lubricantes, tres puntos y medio más hasta el 14,5%, y, en menor medida, a la subida del 5,4% de los precios de la electricidad, superior en seis décimas a la de mayo. Por su parte, los precios del gas disminuyeron el 1,6%, descenso 1,2 puntos más pronunciado que el del mes previo.

Los precios de la alimentación se incrementaron en junio un 2,5%, tasa superior en medio punto a la del mes precedente. Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 5,4%, casi dos puntos más que en el mes anterior, debido al aumento de los precios de las frutas frescas y, en menor medida, los de las legumbres y hortalizas frescas, cuyas tasas prácticamente se duplicaron, hasta el 14,1% y el 6%, respectivamente. Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se desaceleraron tres décimas, hasta el 1% interanual, destacando en esta evolución el aceite de oliva, cuyos precios pasaron de crecer el 1,1% en mayo a caer el 2,2% en junio.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y los productos energéticos, elementos más volátiles del IPC) se redujo en junio una décima, hasta el 1%, debido principalmente a los servicios, cuyos precios moderaron dos décimas el ritmo de aumento, hasta el 1,6%, a lo que contribuyó principalmente el componente de turismo y hostelería, que registró en junio una tasa del 2% interanual, tres décimas inferior a la de mayo. Por su parte, los precios de los bienes industriales no energéticos (BINE) se redujeron ligeramente, el 0,1%, tras mantenerse estabilizados el mes anterior.

En términos intermensuales, el IPC registró una tasa de variación del 0,3% en junio de 2018, frente a la tasa nula del mismo mes de 2017, aumentando el 1% la energía (-0,9% en junio de 2017), el 0,4% la alimentación (variación nula un año antes) y el 0,3% los servicios (0,5% en junio del pasado año), mientras que los precios de los BINE disminuyeron el 0,3%, al igual que en el mismo mes de 2017. Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados aumentaron un 1,3% intermensual (-0,5% un año antes) y los de los elaborados se estabilizaron (0,2% en junio del pasado año).

La tasa interanual del IPC aumentó en junio en todas las comunidades autónomas, destacando Murcia, donde repuntó medio punto, hasta el 2,1%, así como Cantabria y Navarra, donde subió cuatro décimas, hasta el 2,5% en ambos casos.

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en junio en el 2,3%, al igual que la registrada por el IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de junio, cuya tasa interanual se sitúa en el 2,3%, dos décimas superior a la de mayo. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro en junio es del 2%.