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La firma del socio basta para el poder de representación

Miércoles, 31 de octubre de 2018

La firma del socio basta para el poder de representación
Xavier Gil Pecharromán

29/10/2018 – eleconomista.es
Una sociedad no puede exigir que la firma extendida en un documento privado por un socio para su representación por otra persona en la junta general esté legitimada por alguno de los medios previstos en derecho, como la legitimación notarial de la firma.
Así, lo reconoce la Audiencia de Barcelona en una sentencia, de 8 de diciembre de 2018, en la que determina que el artículo 183.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) contempla los elementos formales que debe contener dicha representación del socio, los que se han venido a llamar por la doctrina científica los requisitos del poder. Estos son: poder escrito y especial para cada junta, salvo que conste en documento público.

Sin más exigencias

El ponente, el magistrado Merino Rebollo dictamina, además, que no caben poderes verbales, que no sería admisible una cláusula estatutaria en tal sentido, que el poder escrito puede constar en documento público o privado y que “en el caso del poder en documento privado la Ley no exige nada más, ni siquiera la legitimación notarial de la firma“.

Por otra parte, la sociedad no puede rechazar el documento privado con el poder de representación al no concretarse en él si ésta se otorgaba para todas las participaciones sociales de las que era titular el socio o para un número determinado de ellas.

En este caso el magistrado recuerda que el artículo 183 del TRLSC lo que indica es la “representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado” y no que en la representación se indique que dicha representación tiene por objeto una o varias de las participaciones sociales de las que es titular el socio representado en la junta general, a modo de representación parcial.

A este respecto, indica el ponente, que ello se debe a que la posición y condición de socio en una sociedad de responsabilidad limitada es única respecto de la indicada entidad dada, precisamente, las características propias de la sociedad de responsabilidad limitada (SL).

Además, en el mismo sentido, también, se pronuncia el artículo 186.4 del Reglamento del Registro Mercantil cuando exige que la “representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito”.

Asimismo, señala Merino Rebollo que la doctrina científica indica que el artículo 183.3 obliga a que la representación se extienda a la totalidad de las participaciones sociales del socio y que, por tanto, no cabe la representación parcial en cuanto referida a una parte de las participaciones configurándose como una norma imperativa a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2014.

Ya el artículo 49.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada establecía en su texto, de la misma manera, que la representación del socio para la junta deberá comprender la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y el poder constar por escrito, y si no es especial para la junta, deberá estar formalizado en escritura pública.

El Tribunal Supremo confirma la conclusión del sumario de la causa del “procés” y abre el juicio oral a los procesados

Miércoles, 31 de octubre de 2018

Jueves, 25 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma la conclusión del sumario de la causa del “procés” y abre el juicio oral a los procesados

Rechaza devolver la causa al Juez Llarena y remite la práctica de las pruebas solicitadas al juicio oral. Acuerda el sobreseimiento libre de la causa para Artur Mas, Neus Lloveras y Marta Pascal

Autor:Comunicación Poder Judicial

La práctica totalidad de los procesados interesaba la revocación del auto de conclusión del sumario y la práctica de nuevas diligencias. Consideraban incompleta la instrucción. Eran algo más de 300 diligencias de prueba las solicitadas por las partes y que habrían de completar el trabajo del Juez Llarena. La Sala deniega la revocación y remite al juicio oral como el escenario adecuado para la práctica de la prueba:

“La posibilidad que el art. 627 de la LECrim concede a las partes para proponer la práctica de diligencias de investigación no puede identificarse con la formulación de una batería de pruebas que, con visible confusión sobre la funcionalidad que es propia de la fase intermedia del procedimiento ordinario, aspira a demostrar la inocencia de los procesados. El debate actual no es un debate sobre la culpabilidad de los investigados, sino sobre la relevancia típica de los hechos que han motivado el procesamiento. La suficiencia de los indicios sobre los que se construye la inculpación ha sido ya objeto de fiscalización por la Sala de Recursos. Nada tenemos ahora que añadir ni valorar.

La fase intermedia del procedimiento ordinario no puede ser concebida como una segunda oportunidad para reactivar la tarea del instructor, imponiéndole la práctica de diligencias que no ha considerado necesarias para sustentar el auto de procesamiento. El número de diligencias cuya práctica -a juicio de las defensas- justificaría la devolución de la causa al Excmo. Sr. Magistrado instructor, se sitúa en torno a trescientas. La admisión de su pertinencia conduciría, sin duda alguna, a un inadmisible menoscabo del derecho de los inculpados a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). La reapertura del sumario para la práctica de varios centenares de diligencias frustraría toda expectativa de enjuiciamiento en un plazo razonable.

Con independencia de vinculación de esta Sala al mandato de celeridad que el art. 528 de la LECrim impone a «…todas las autoridades que intervengan en un proceso», el rechazo a la revocación del auto de conclusión del sumario se deriva de la propia naturaleza de las diligencias interesadas, todas ellas susceptibles de ser propuestas para su práctica, una vez superado el juicio de pertinencia, en el plenario”.

Los magistrados rechazan también la compartida petición de los Letrados de la defensa de que la Sala de Enjuiciamiento se pronuncie acerca de si concurren o no los elementos que definen el delito de rebelión:

“Nuestra tarea se limita a un control negativo de la tipicidad. De ahí que el esfuerzo argumental de las partes para trasladar a esta Sala, por ejemplo, la necesidad de un pronunciamiento expreso acerca de la suficiencia o insuficiencia de la violencia ejercida para concluir la existencia de un delito de rebelión, es un empeño tan legítimo, en términos de defensa, como inasumible en el plano técnico. La decisión sobre la apertura o cierre del juicio oral no puede hacerse depender de que los elementos del tipo previsto en el art. 472 se dibujen con mayor o menor nitidez. La apertura del juicio oral sólo descansa en la convicción de esta Sala de que los hechos descritos en el procesamiento son hechos típicos. Y esta decisión no exige de nosotros una toma de contacto con las diligencias practicadas durante la fase de investigación. No requiere un análisis del peso de los indicios sobre los que se ha construido el auto de procesamiento. El control de las decisiones del instructor ha tenido un cauce específico a través de las impugnaciones hechas valer ante la Sala de Recursos.

Con la apertura del juicio no se prejuzga ni la calificación jurídica de los hechos procesales, ni la responsabilidad de los presuntos culpables de los mismos, sino la necesidad de esclarecerlos”.

También es rechazada la alegada indefensión originada los problemas de compatibilidad para el acceso a la nube virtual habilitada por el Tribunal Supremo para el tratamiento digitalizado de la causa:

“Hacer depender la efectividad del derecho de defensa del formato -convencional o digital- en el que ese acceso se hace realidad, carece de sentido. Lo que ha sido objeto de tratamiento informático es lo que ya existía en la causa. El añadido de un formato digitalizado no ha sido una excusa para introducir de manera subrepticia documentos hasta ahora desconocidos para las partes. Dicho con otras palabras, lo que está en la nube virtual está en el sumario.

De hecho, así lo han entendido las partes que, mientras la instrucción se documentaba en papel, ninguna alegación formularon sobre una supuesta indefensión originada por las dificultades de acceso a la causa.

Carece de sentido, por tanto, que la puesta a disposición de las partes de un instrumento añadido para el más fácil manejo de la causa sea presentado como una fuente de indefensión, sobre todo, cuando los problemas de compatibilidad fueron ya solventados y dieron lugar a la concesión de un nuevo plazo para instrucción, decisión que se hizo extensiva, incluso, respecto de aquellas defensas que nada habían alegado sobre indefensión”.

El Tribunal Constitucional considera conforme a la constitución la obligación de los abogados de prestar asistencia jurídica gratuita

Martes, 30 de octubre de 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 101/2018
El TC considera conforme a la constitución la obligación de los abogados de prestar asistencia jurídica gratuita
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados contra los apartados uno, dos, cuatro y cinco del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, que modifica los artículos 1, 22 ,25 y 30 de la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
Los recurrentes consideraban que los preceptos impugnados, al imponer a los abogados colegiados la obligación de formar parte del servicio de asistencia jurídica gratuita, infringían los artículos 10,14, 24, 35, 37 y 38 de la Constitución. A su juicio, la imposición de la referida obligación era contraria a la dignidad de la persona; vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva; era discriminatoria, pues imponían a un sector de profesionales la obligación de realizar un servicio público; lesionaba el derecho al trabajo y a la libertad de empresa y limitaba el derecho a la negociación colectiva y a adoptar medidas de conflicto colectivo.
La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Juan Antonio Xiol, desestima el recurso al apreciar que la “obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica trae causa de la necesidad de asegurar el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita reconocido en el artículo 119 de la Constitución como derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y a las disponibilidades presupuestarias”.
Madrid, 17 de octubre de 2018

El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales

Lunes, 29 de octubre de 2018

El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales

Octubre 25, 2018  Notas de prensa – registradores.org

Contiene la información completa y actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de una sociedad de manera directa o indirecta

25.10’18.- La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, ha presentado hoy el Registro de Titularidades Reales, una nueva herramienta que los registradores ponen al servicio de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

María Emilia Adán ha destacado que “con la puesta en marcha de este servicio, los registradores de la propiedad y mercantiles renovamos y reforzamos nuestro compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales y las actividades que suelen encontrarse detrás, como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo”.

El nuevo registro contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta. Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, desde este año y según determina la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales.

Dicha Orden Ministerial da respuesta a las Directivas (UE) 2018/843 y 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La Directiva obliga a todos los Estados miembros de la UE a crear, gestionar y desarrollar un sistema registral nacional de identificación de “titulares últimos o reales” que debe asegurar la cooperación internacional (a través de la plataforma europea de acceso estandarizado) y cuya gestión se concede a autoridades que en los distintos países tienen encomendada la función del Registro Mercantil.

Por todo ello, “hemos creado este Registro, que se adapta a las necesidades contra el blanqueo; es público, está reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales”, ha asegurado la decana del Colegio de Registradores, que también ha subrayado la interconexión del Registro con los países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español.

La decana ha recordado por último que los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, y el Colegio de Registradores creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los Registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales y colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

Para los Administradores de Fincas, las comunidades de propietarios tendrían que autorizar, no prohibir, el uso de la vivienda como piso turístico

Domingo, 28 de octubre de 2018

cafmadrid.es
Para los Administradores de Fincas, las comunidades de propietarios tendrían que autorizar, no prohibir, el uso de la vivienda como piso turístico
Madrid, 26 de septiembre de 2018.- Ante el anuncio del Gobierno sobre los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal y Ley de Arrendamientos Urbanos para regular el grave problema de los pisos turísticos, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) afirma que las comunidades de propietarios no tendrían que prohibir esta actividad, sino que su potestad residiría en autorizar su uso, mediante un acuerdo aprobado por las 3/5 partes de la totalidad de propietarios que, a su vez, representen las 3/5 partes de las cuotas de participación.
No obstante, para Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid, “la búsqueda por el Gobierno de una solución a nivel nacional, muy demandada por su colectivo, es la más acertada pues armoniza las diferentes normas autonómicas”. “Además”, subraya, “podría evitar el abuso de la regla de unanimidad que rige en la actualidad para la aprobación o modificación de una norma estatutaria y, por tanto, autorizar los pisos turísticos en algunos edificios residenciales para de esta manera proteger los derechos de todas las partes implicadas”.
La presidenta de CAFMadrid, también vicepresidenta del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, insta al Gobierno a “no poner una vez más parches a la Ley de Propiedad Horizontal, sino escuchar a los administradores de fincas colegiados que, como técnicos profesionales en la materia, han preparado una nueva propuesta para la reforma de la LPH que pronto presentarán a los grupos políticos y que, además de los pisos turísticos, aborda otros problemas sociales que se viven en comunidad, como la ocupación de viviendas o la morosidad”.

El juez abre juicio oral a cuatro exdirectivos de Caixanova por presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias en Rivas-Vaciamadrid

Sábado, 27 de octubre de 2018

Miércoles, 24 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El juez abre juicio oral a cuatro exdirectivos de Caixanova por presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias en Rivas-Vaciamadrid

Les impone una fianza de responsabilidad civil de 68,3 millones de euros

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha abierto juicio oral a cuatro exdirectivos de la antigua Caixanova, entre ellos su expresidente Julio Fernández Gayoso, por operaciones inmobiliarias presuntamente irregulares en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, a través de la financiera Proinova, y les impone una fianza de responsabilidad civil de 68,3 millones de euros.

En un auto, De Egea, como juez de instrucción 3 hasta la incorporación de la nueva titular, María Tardón, acuerda enviar a juicio a Fernández Gayoso, a Gregorio Gorriarán Laza, a José Luis Pego Alonso y a Domingo González Mera, por un delito societario en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social. Además, confirma el archivo de la causa respecto de José González Rodríguez e Isaac Alberto Miguez Lourido.

La resolución, que recoge los escritos de acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de Abanca, da un plazo de diez días a las defensas para formalizar sus escritos de conformidad o disconformidad y señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los hechos.

El auto de apertura de juicio oral requiere a los acusados para que en el plazo de 24 horas presten, de forma directa y solidaria, una fianza de responsabilidad civil de 68.355.712 euros a fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles que pudiera imponérseles.

El Gobierno y el sector de la minería del carbón firman un acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras

Viernes, 26 de octubre de 2018

El acuerdo comprende medidas entre 2019 y 2027

El Gobierno y el sector de la minería del carbón firman un acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras
Miércoles 24 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es
Firma del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras
Ministerio para la Transición Ecológica

El Gobierno de España, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounion) han firmado el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027.

En términos generales, el acuerdo -firmado en un acto con la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio-, contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años, para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras.

Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El acuerdo da respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión 2010/787/UE del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año. Su objetivo final es la reactivación económica y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y el bienestar social.

Ayudas de carácter social

El pacto, en primer lugar, actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón. Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional.

Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado.

El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

Por otro lado, los empleados no prejubilados dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa. En particular, tendrán acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas.

Los trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares a las empresas objeto de este acuerdo también podrán forman parte de la mencionada bolsa de trabajo.

El IMRC, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. Las estimaciones iniciales realizadas por los firmantes, y a falta de concretar las empresas y el número final de trabajadores que serán objeto del acuerdo, calculan que serán beneficiarios del mismo unos 600 empleados y que el 60% los empleados podrán optar por la prejubilación.

250 millones para reactivar las comarcas mineras

El acuerdo considera prioritario incentivar la creación de empleo en las comarcas y municipios mineros, históricamente asociados al monocultivo del carbón y con escasa actividad empresarial alternativa.

Para ello, se dedicarán 250 millones de euros, repartidos entre 2019 y 2023, para financiar proyectos empresariales y actuaciones de desarrollo alternativo como la mejora, restauración y revalorización de las zonas degradadas y los espacios afectados por las explotaciones mineras, incluyendo recuperaciones forestales; la dotación o renovación de líneas de telecomunicación o diversificación energética; o la creación de centros de desarrollo tecnológico.

Plan de Acción Urgente para Comarcas Mineras

Los 250 millones de euros contemplados en el acuerdo y el conjunto de ayudas sociales destinadas a los trabajadores se complementarán, además, con otro conjunto de medidas que se diseñarán en un Plan de Acción Urgente en Transición Justa para comarcas mineras afectadas por el cierre de instalaciones de minería. Para su desarrollo, el Ministerio para la Transición Ecológica abrirá próximamente un diálogo con las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes sociales de las zonas.

El plan favorecerá el impulso económico de las comarcas mineras a través de las siguientes actuaciones:

1.     Plan para la restauración de explotaciones en comarcas mineras 2019-2023, que tendrá como objetivo mitigar el impacto de la pérdida de empleo a corto plazo en las zonas y asegurar la clausura de las instalaciones y la restauración del espacio natural afectado por la actividad minera.

2.     Plan de Desarrollo de Energías Renovables y Eficiencia Energética 2019-2023.

3.     Elaboración de Contratos de Transición Justa para las comarcas afectadas con el objetivo de crear y fijar empleo a medio y largo plazo. Estos contratos, que se firmarán entre el Gobierno de España y las administraciones competentes, ofrecerán un acceso asistido y ágil a las ventanas de apoyo financiero disponible en la Administración General del Estado, a los fondos europeos y ofrecerán incentivos fiscales, entre otras medidas.

Por último, el acuerdo dedica un apartado al potencial de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) como vector del proceso de transición energética justa.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que “con este acuerdo, hemos resuelto la primera tarea urgente que nos encontramos encima de la mesa cuando llegamos al Gobierno. Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás”.

“Pero además queremos ir más lejos, queremos innovar. Nuestro compromiso es a largo plazo. Por eso ofrecemos la elaboración de contratos de Transición Justa, con el objetivo de ayudar a las comarcas a fijar el empleo del futuro con proyectos coherentes, ajustados a los contextos socioeconómicos y que desarrollen el potencial de las zonas. Este es solo el comienzo del diálogo”, ha dicho.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha expuesto que “el acuerdo de hoy es una demostración de que el diálogo social funciona. De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos estamos esforzando por dar respuestas  a la altura que necesita nuestra sociedad”.

Y ha añadido: “En este marco de Transición Justa que firmamos hoy se encuentran muchas de las soluciones necesarias para que las transiciones que se han de emprender desde los empleos de hoy a los del mañana demuestren solidaridad con los afectados y garanticen la cohesión social”.

El Juzgado de Primera Instancia seis de Las Palmas suspende la emisión de sentencias relativas a las hipotecas

Viernes, 26 de octubre de 2018

Miércoles, 24 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El Juzgado de Primera Instancia seis de Las Palmas suspende la emisión de sentencias relativas a las hipotecas

El órgano judicial que ve las condiciones de contratación en primera instancia espera la decisión del Supremo del 5 de noviembre. La Audiencia de Las Palmas, que se encarga de las apelaciones, ya paralizó sus deliberaciones el pasado lunes

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia número seis de Las Palmas de Gran Canaria, encargado de la resolución inicial de los asuntos relativos a las condiciones generales de contratación bancaria en la provincia, ha acordado hoy miércoles suspender la emisión de sentencias en todos aquellos pleitos en los que se discute el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, hasta al menos el próximo 5 de noviembre, fecha en la que está previsto que se reúna el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para unificar doctrina respecto a quién corresponde el abono de esta tasa.

El Juzgado del que es titular el magistrado Tomás González Marcos se encarga, entre otros asuntos, de los pleitos derivados de los problemas con los créditos hipotecarios o con la imposición de las cláusulas suelo. El órgano judicial cuenta con una jueza de refuerzo para responder a las demandas.

La decisión de la autoridad judicial del órgano unipersonal se complementa con la que tomó este lunes la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que es la sala competente para conocer de pleitos contra los bancos en segunda instancia: suspendió las deliberaciones sobre litigios en los que se discute el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales hasta que se conozca la decisión del Supremo.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los órganos judiciales no han tomado ninguna decisión consesuada y oficial sobre la suspensión de litigios contra las entidades bancarias, lo que no quiere decir que, de forma puntual, no se estén paralizando la emisión de este tipo de demandas a la espera de conocer el criterio a seguir de parte del Alto Tribunal español.

Dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas a favor del consumidor

Jueves, 25 de octubre de 2018

R. Casación número 1168/2017

R. Casación número 4900/2017

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Las exportaciones crecen un 4,2% hasta agosto

Miércoles, 24 de octubre de 2018

Informe de comercio exterior, enero-agosto de 2018

Las exportaciones crecen un 4,2% hasta agosto
Martes 23 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es
Según el comercio declarado, las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 4,2% en el periodo enero-agosto respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 189.986 millones de euros. Las importaciones subieron un 6,1% hasta los 210.876 millones.
Como resultado, el déficit comercial de los ocho primeros meses del año alcanzó los 20.890 millones de euros, un 27,3% superior al registrado en el mismo periodo de 2017.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 90,1% (91,7% en enero-agosto de 2017). En términos de volumen, las exportaciones se incrementaron un 1,2%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, crecieron un 3,0%; y las importaciones aumentaron un 2,3%, pues los precios subieron un 3,7%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 4.164 millones de euros, superior al déficit de 1.721 millones de euros del acumulado hasta agosto de 2017. Por su parte, el déficit energético aumentó un 13,8%, hasta los 16.726 millones de euros (déficit de 14.693 millones en enero-agosto de 2017).

El aumento de las exportaciones españolas entre enero y agosto (4,2%) es de intensidad similar al registrado en Alemania (4,2%) e Italia (4,3%), mientras que se incrementaron en mayor cuantía en Francia (4,5%), Reino Unido (6,6%), el conjunto de la zona euro (5,1%) y la Unión Europea (5,2%). También se incrementaron en mayor magnitud las exportaciones de EEUU (9,4%), China (11,4%) y Japón (6,0%).

Todos los sectores experimentaron crecimientos en sus exportaciones. Así, los bienes de equipo (representan un 19,6% del total) aumentaron un 1,0%; alimentación, bebidas y tabaco (16,3% del total) creció un 0,5%; el sector del automóvil (16,0% del total) aumentó un 2,2%; y los productos químicos (14,3% del total) lo hicieron un 4,5%.

Por su lado, las importaciones también se incrementaron en todos los sectores excepto en manufacturas de consumo (11,4% del total) que se mantuvieron estables (0,0% interanual). En particular, las importaciones de bienes de equipo (20,5% del total) crecieron un 1,9% interanual; las de productos químicos (15,3% del total) se incrementaron un 8,0%; las de productos energéticos (14,8% del total) subieron un 15,8% interanual; las del sector automóvil (12,9% del total) aumentaron un 6,0%; y las compras de alimentación, bebidas y tabaco (11,1% del total) crecieron un 1,9%.

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (65,7% del total) aumentaron un 4,2% en los ocho primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (51,5% del total) subieron un 4,3% y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,2% del total) lo hicieron con menor intensidad,  un 3,9%.

Las ventas a terceros destinos (34,3% del total) crecieron un 4,2% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a todas las grandes categorías de zonas excepto a Oceanía, que retrocedió un 0,2%. Así, aumentaron las ventas a África (3,9%), América del Norte (2,8%), Asia excluido Oriente Medio (2,5%), América Latina (2,1%) y Oriente Medio (1,5%). Por países destacan los aumentos de ventas a Singapur (43,9%), Argentina (27,2%), Argelia (22,4%), Egipto (19,6%) e Indonesia (14,5%), así como las reducciones a Nigeria (-16,9%), Emiratos Árabes Unidos     (-16,5%), Perú (-16,5%) y Hong-Kong (-10,7%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron la Comunidad Foral de Navarra (13,8%), Andalucía (10,9%) y Galicia (9,5%). En cambio, los únicos descensos se dieron en la Comunidad de Madrid (-4,3%), Aragón (-4,0%) y La Rioja (-0,7%).

Datos del mes de agosto

En el mes de agosto, las exportaciones españolas de mercancías subieron un 7,7% sobre el mismo mes de 2017, hasta los 20.715 millones de euros. Las importaciones ascendieron un 5,8% en términos interanuales hasta los 23.772 millones. Como resultado, en agosto de 2018 se registró un déficit de 3.057 millones de euros, un 5,3% inferior al del mismo mes de 2017. La tasa de cobertura se situó en el 87,1%, 1,5 puntos porcentuales más que en agosto de 2017. Con la serie desestacionalizada y corregida del efecto calendario, los incrementos fueron similares: las exportaciones crecieron un 7,5% interanual y las importaciones ascendieron un 5,9%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 802 millones de euros, inferior al déficit de 1.809 millones de euros en agosto de 2017, y el déficit energético se incrementó un 59,0%.

El incremento de las exportaciones en agosto de España (7,7%) es superior al registrado en la zona euro (5,4%) y en la Unión Europea (6,3%). También crecieron con menor intensidad que en España las ventas de Alemania (2,2%), Francia (3,1%) e Italia (5,1%), mientras que las exportaciones de Reino Unido aumentaron en mayor medida (20,0%).

Las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron de los productos energéticos (contribución de 2,7 puntos), semimanufacturas no químicas (contribución de 2,4 puntos), alimentación, bebidas y tabaco (contribución de 1,2 puntos) y productos químicos (contribución de 1,0 puntos). Por el contrario, los únicos sectores que contribuyeron negativamente fueron bienes de equipo (contribución de -0,8 puntos), materias primas (contribución de -0,1 puntos) y bienes de consumo duradero (contribución de -0,1 puntos).

En agosto de 2018, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 62,6% del total (61,8% en agosto de 2017) y aumentaron un 9,0%. Las dirigidas a la zona euro ascendieron un 8,2% y las destinadas al resto de la UE se incrementaron un 12,0%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Italia (24,6%), Reino Unido (15,1%), Portugal (14,2%) y Francia (6,4%), frente al descenso de las dirigidas a Alemania (-4,2%). Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 37,4% del total y aumentaron un 5,5% interanual.

Puede consultarse el informe completo, la nota metodológica y los informes de periodos anteriores en la siguiente dirección web:
http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/estadisticas-informes/Paginas/Informes-de-Comercio-Exterior.aspx

El Pleno de la Sala Tercera que examinará los recursos pendientes sobre el IAJD de las hipotecas se celebrará el 5 de noviembre

Martes, 23 de octubre de 2018

Lunes, 22 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El Pleno de la Sala Tercera que examinará los recursos pendientes sobre el IAJD de las hipotecas se celebrará el 5 de noviembre

El presidente del Tribunal Supremo señala que la sentencia dictada por la Sección Segunda de esa Sala sobre ese asunto “es firme y no susceptible de revisión”

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo, tras mantener una reunión con el vicepresidente del Tribunal, con el presidente de la Sala Tercera y los señores Magistrados de este Tribunal don Nicolás Maurandi Guillén, presidente de la sección segunda de la Sala, don Ángel Aguallo Avilés, don José Diaz Delgado, don Francisco José Navarro Sanchís, don Jesús Cudero Blas y don Dimitry Berberoff Ayuda, quiere poner de manifiesto tras los acontecimientos de la pasada semana los siguientes extremos:

1º.- La sentencia núm. 1505/2018, a la que se refería el acuerdo del presidente de la Sala Tercera del pasado viernes 19 de octubre, conocida por la opinión pública, dictada por la sección segunda de la Sala Tercera de este Tribunal, relativa a la determinación del sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las escrituras públicas que documentan préstamos con garantía hipotecaria, es firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio y respecto de la anulación del art. 68, párrafo segundo, del Reglamento del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Es importante destacar que simultáneamente a la sentencia 1505/2018, se deliberaron, votaron y fallaron otras dos sentencias entre las mismas partes y con similar objeto, ambas pendientes únicamente de notificación. Estas sentencias tampoco son susceptibles de revisión alguna.

2º.- Los magistrados integrados en la sección segunda de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo y el presidente de dicha sección han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso.

3º.- La avocación al Pleno de la Sala de los asuntos pendientes y no resueltos sobre esta materia por parte del presidente de la Sala forma parte de sus atribuciones legales cuando lo estime necesario para la Administración de Justicia, sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en Derecho proceda.

4º.- El presidente de la Sala Tercera ha decidido que el pleno jurisdiccional tendrá lugar el próximo día 5 de noviembre.

Lucha contra el fraude fiscal

Lunes, 22 de octubre de 2018

Consejo de Ministros 19 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es

Lucha contra el fraude fiscal

La titular de Hacienda ha reiterado que el Gobierno quiere construir una fiscalidad en la que “todos contribuyan según su capacidad y reciban según su necesidad”.

Con este objetivo, el Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recoge iniciativas para combatir las nuevas formas de fraude.

La medida más novedosa implica que las personas o empresas que realicen operaciones con monedas virtuales tendrán que informar de ello a la Agencia Tributaria. Además, se identificarán los titulares, autorizados o beneficiarios de estas criptomonedas.

La ministra de Hacienda, María Jesús MonteroPool Moncloa/JM CuadradoEl anteproyecto también prohíbe la tenencia y comercialización del llamado software de doble uso que permite manipular la contabilidad de las empresas para que parte de su actividad económica quede oculta. Los fabricantes de estos programas contables podrán ser sancionados con una multa de hasta 150.000 euros.

Igualmente, la futura ley prohibirá las amnistías fiscales que, a juicio de la ministra, suponen “un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y una derrota para la consolidación del Estado del bienestar”.

La nueva normativa amplía el concepto de paraíso fiscal y actualiza la lista de paraísos, incluyendo a aquellos países que “destacan por su opacidad fiscal o falta de transparencia”, según ha indicado Montero.

La lista de morosos con la Hacienda Pública incluirá también a los responsables solidarios. Además, se reduce el umbral para aparecer en el listado de un millón de euros a 600.000. Por otra parte, no se podrán realizar operaciones en efectivo entre profesionales que superen los 1.000 euros en efectivo, frente a los 2.500 actuales.

Otras medidas recogidas en el anteproyecto son la transposición de la directiva europea para que las multinacionales tributen en los países en los que ejercen su actividad y generen valor, así como el refuerzo del control de la actividad de juego y las apuestas deportivas.

La ministra ha subrayado que este conjunto de medidas de lucha contra el fraude supondrán “unos ingresos de 828 millones de euros, una estimación a la baja que se considera prudente”.

Impuesto sobre transacciones financieras

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Educación y FP y portavoz del Gobierno, Isabel CelaáPool Moncloa/JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley que crea el Impuesto sobre Transacciones Financieras para reforzar el principio de equidad del sistema tributario y para contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas.

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas que cotizan en bolsa con un valor de capitalización superior a los 1.000 millones de euros, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones.

La ministra ha aclarado que el impuesto “no se aplica al mercado primario”, sino que recaerá sobre el intermediario financiero que opera en el mercado secundario. La liquidación de este impuesto se hará con periodicidad mensual.

Los ingresos generados por este impuesto, según Montero, “aportarán unos 850 millones que estarán destinados a financiar el sistema público de pensiones”, lo que supone “una muestra más del compromiso ineludible del Gobierno con la sostenibilidad del sistema y con la mejora de los ingresos de la Seguridad Social”.

Impuesto sobre determinados servicios digitales

El Gobierno también ha abordado el anteproyecto de Ley por el que se crea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que se enmarca en la reforma fiscal emprendida para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI.

María Jesús Montero ha señalado que se aplicará un gravamen del 3% a los ingresos que se generan por los servicios de publicidad on line, servicios de intermediación en línea y a la venta de datos que se recopilan a partir de la información proporcionada por el usuario.

La ministra ha avanzado que España será el primer país que aplique este impuesto, que afectará a las empresas que facturan más de 750 millones de euros y generan ingresos superiores a los 3 millones de euros. “Una vez más las pymes estarán excluidas de este impuesto”, ha recalcado. La iniciativa tendrá un impacto estimado de 1.200 millones de euros.

Gran atractivo de la bolsa española para los inversores internacionales

Domingo, 21 de octubre de 2018

Gran atractivo de la bolsa española para los inversores internacionales

bolsamadrid.es

Informe de BME sobre la propiedad de las acciones cotizadas
•La participación de los inversores extranjeros alcanza el 46% del total, la más alta de la serie histórica
•Las empresas no financieras y las familias, con el 20% cada una, ocupan la segunda posición
•Bancos e intermediarios financieros se reparten el 14% restante
•La propuesta de incorporar una tasa a las transacciones financieras restaría atractivo a las empresas cotizadas españolas

La internacionalización de la economía y los negocios en España sigue avanzando de forma imparable. Según el Informe del Servicio de Estudios de BME sobre la propiedad de las acciones publicado hoy, la participación de los inversores extranjeros en el valor de las acciones cotizadas en Bolsa alcanzó el 46% a cierre de 2017, el nivel más alto de la serie histórica, con un crecimiento de 3 puntos porcentuales en el año, de 9 puntos en la década y de 16 desde 1992. “Esta tendencia es reflejo del creciente grado de apertura alcanzado por la economía española desde la entrada en la Unión Europea, hace más tres décadas, y de la consolidación del mercado bursátil español como uno de los más desarrollados del mundo”, señala el estudio. La globalización y la participación de capitales extranjeros en la superación de la crisis vivida en los últimos años también han incidido en esta evolución.

El estudio señala que familias y empresas no financieras suman cerca de un 20% cada una, mientras que fondos, compañías de seguros, bancos e intermediarios financieros se reparten el 14% restante.

Tras el fuerte aumento registrado en 2016, la participación de las empresas no financieras repite registro en el 20% del total y pasa a ocupar el segundo lugar como grupo de propietarios más relevante de la Bolsa española.

En cambio, aunque la elevada presencia de inversores individuales o familias ha sido históricamente uno de los rasgos diferenciales de la Bolsa Española, en los últimos tres años los inversores minoristas nacionales han reducido su inversión directa en acciones nacionales. A cierre de 2017, su participación se situaba en el 19,7%, retrocediendo a los mínimos históricos de 2008.

A pesar de ello, la riqueza financiera neta de los hogares (diferencia entre sus activos y sus pasivos financieros) alcanzó el récord histórico de 1,37 billones de euros a cierre del año pasado. Esta cifra es un 85% más elevada que la registrada en 2008, en los inicios de la crisis, y acumula cinco máximos históricos anuales consecutivos desde 2013. El aumento de la riqueza financiera neta es un factor impulsor del consumo de los hogares y está detrás del buen comportamiento de la economía española en términos de PIB de los cinco últimos años.

Instituciones de Inversión Colectiva españolas (Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones y SICAV) junto con las compañías de seguros y otras compañías financieras no bancarias, han sido el grupo de propietarios de acciones cotizadas que más ha aumentado su posición relativa en la Bolsa. Suponen ya el 8% del total, el nivel más alto en cinco años.

Por último, los bancos españoles aumentaron una décima su exposición a la Bolsa española, que se situó en el 3,1%. Esta participación es 13 puntos inferior a la de 1992 (primer año de la serie histórica de BME) y 6 puntos menor a la de 2007. Esta evolución refleja el impacto de la crisis en los últimos años y de la ruptura del modelo tradicional de negocio de la banca española.

Según el informe de BME, la distribución de la propiedad de las empresas cotizadas en la Bolsa española puede verse distorsionado y el atractivo de las cotizadas españolas reducido si el Gobierno finalmente implanta la tasa sobre las transacciones financieras. “En un entorno tan global y competitivo como el actual, esta medida genera desconfianza en la comunidad inversora, producirá inequidad y arbitraje fiscal con otros países de nuestro entorno y podría suponer una amenaza para la estructura financiera de las principales compañías españolas, arietes fundamentales de la competitividad exterior de nuestra economía”, concluye el estudio.

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidirá si confirma el giro jurisprudencial de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas

Sábado, 20 de octubre de 2018

Viernes, 19 de octubre de 2018  poderjudicial.es

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidirá si confirma el giro jurisprudencial de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas

Nota informativa del Presidente de la Sala Tercera

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha emitido la siguiente nota informativa:

Dado que la sentencia nº 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social, el Presidente de la Sala ha acordado, con carácter urgente:

Primero.- Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar.

Segundo.- Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.

El Tribunal Supremo establece que es el banco y no el cliente quien debe pagar el impuesto de las hipotecas

Viernes, 19 de octubre de 2018

Jueves, 18 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo establece que es el banco y no el cliente quien debe pagar el impuesto de las hipotecas

La Sala tiene en cuenta que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Supremo ha dictaminado que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.

En una sentencia de 16 de octubre, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda) modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Tiene en cuenta, para ello, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

La decisión cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución.

Un juzgado de lo mercantil da la razón al Villarreal Club de Fútbol en el pleito con un empresario por el uso del nombre del estadio

Jueves, 18 de octubre de 2018

Martes, 16 de octubre de 2018 poderjudicial.es

Un juzgado de lo mercantil da la razón al Villarreal Club de Fútbol en el pleito con un empresario por el uso del nombre del estadio

La magistrada aprecia mala fe en el industrial y ordena la cancelación de las marcas “Estadio de la Cerámica” y “Ceramic Stadium” que registró en 2015

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha desestimado la demanda de un empresario contra el Villarreal Club de Fútbol por la denominación del campo de fútbol como “Estadio de la cerámica”, marca que el demandante había registrado en 2015 en la Oficina Española de Patentes y Marcas .

La jueza da la razón al equipo castellonense al apreciar “mala fe” en la actuación del empresario que registró la marca “Estadio de la Cerámica” en español y también en inglés (“Ceramic Stadium”) siendo “conocedor de las serias intenciones de club deportivo demandado de utilizarlo para denominar el nuevo estadio de fútbol”.

Por tal motivo, la magistrada estima la demanda reconvencional interpuesta por el Villarreal C.F. en respuesta a la demanda del empresario; declara nulas las dos marcas y ordena la cancelación de las mismas a la Oficina Española de Patentes y Marcas .

El diésel, la automoción y el medio ambiente: por una transición justa

Miércoles, 17 de octubre de 2018

El diésel, la automoción y el medio ambiente: por una transición justa

13 octubre 2018 by UGT ugt.es
A nadie se le escapa la importancia del sector de la automoción para España. Pero merece la pena refrescar la memoria con algunos datos: el sector supone el 8,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) español, aunque, si se suman las actividades de comercialización, posventa, servicios financieros o seguros, se eleva hasta el 10 % del PIB nacional; factura más de 95.000 millones de euros al año (sumando los fabricantes de automoción y de componentes), produce cerca de tres millones de vehículos y exporta el 84% de lo que produce; y en España se matriculan cada año más de un millón de vehículos. Contribuye a la Hacienda Pública con más de 26.000 millones de euros. El sector del automóvil, vehículos industriales y componentes es también uno de los nichos de empleo más estables y con mayor crecimiento. Es una industria que sigue generando trabajo cualificado y estable, en la que el 83% de sus empleados tiene un contrato indefinido, y supone el 9% del total de la población activa en España. Un sector que, gracias en gran medida a la negociación colectiva y el diálogo entre empresarios y sindicatos, ha sabido sortear la crisis en sus peores momentos y afianzarse en la recuperación. Solo un pero: apenas existen centros de diseño, investigación, desarrollo e innovación en España y los centros de decisión de estas empresas, la inmensa mayoría multinacionales extranjeras (en el caso de los fabricantes, son todos, y solo en caso de los componentes existes multinacionales españolas que además si tienen sus centros de diseño, investigación y de dirección en España)

Ahora surgen nubes borrascosas en este panorama y estamos muy preocupados por la posición del Gobierno de España en materia de emisiones de gases contaminantes, la situación de los motores diésel y la transición energética. Creemos que hay que huir de posiciones maximalistas, con una transición justa en el tiempo. Es cierto que el acuerdo alcanzado esta semana por los ministros de Medio Ambiente de los países de la Unión Europea para que reducir un 35% las emisiones de turismos nuevos en el año 2030, de acuerdo con la postura defendida por el Gobierno alemán y apoyada desde el comienzo de la negociación por nuestra ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abre puertas a ese camino y permite a la presidencia austriaca del Consejo Europeo negociar en ese sentido con la Comisión Europea.

Diálogo Social

Pero no basta. Es necesario asegurar un equilibrio razonable entre la consecución de los objetivos medioambientales, con los que UGT está absolutamente comprometida, y el mantenimiento de la competitividad de la industria de automoción española, sobre la base de una transición ordenada y no forzada que minimice los posibles efectos adversos en el empleo. Esta transición tiene que ser negociada con empresarios y sindicatos y dirigida y apoyada mediante un plan estratégico consensuado. Una transición precipitada e impuesta supondrá un grave perjuicio para el empleo y la industria instalada en España, pudiendo obligar a las empresas a adoptar decisiones de deslocalización de sus fábricas. De las decisiones y políticas que se adopten ahora dependerá la futura sostenibilidad de la industria del automóvil en España

España debe apoyar también la introducción de un paquete de medidas de flexibilización que ayuden a la consecución del objetivo de reducción e incentive a las tecnologías de cero y bajas emisiones, principalmente basado en no penalizar sino incentivar. Y tener en cuenta que un planteamiento precipitado volverá a perjudicar, una vez más a los más débiles, a los ciudadanos y ciudadanas con menos recursos y más dificultades para afrontar esta transformación y cambiar sus vehículos, además de los pequeños y medianos empresarios, especialmente del sector del transporte, en definitiva, los segmentos sociales y económicos que más necesitan del apoyo de la Administración y no de lo contrario. Los planes de ayuda tipo “renove” serán fundamentales una vez más.

Además, una transición hacia la electromovilidad ha de tener en cuenta que hoy por hoy faltan infraestructuras de recarga, existe una alta dependencia de los fabricantes asiáticos de baterías, hay un bajo nivel de aceptación de los vehículos eléctricos por parte de los usuarios (1,5% del mercado europeo en 2017), motivado en gran medida por su elevado precio.

Seducir al usuario para que se sume al cambio y apueste por la movilidad eléctrica depende de que se den tres condiciones, fundamentalmente: infraestructura, precio y autonomía. La infraestructura no está en manos de los fabricantes, sino de las administraciones públicas y los operadores eléctricos; el precio lo determinará exclusivamente el mercado, si no se establecen mecanismos de ayuda; Y en materia de autonomía, se están logrando progresos importantes. Pero para que funcione el cambio hacia la electromovilidad, han de darse las tres condiciones a la vez.

Conclusión: hay mucho por hacer, la precipitación puede conducirnos al desastre en muchos sentidos, el diálogo y el consenso son fundamentales y es necesario pensar, una vez más, en las personas.

BME prevé aumentar sus ingresos a una tasa del 4% en los próximos tres años

Martes, 16 de octubre de 2018

BME prevé aumentar sus ingresos a una tasa del 4% en los próximos tres años
Presenta su Plan Estratégico en el Día del Inversor

bolsamadrid.es
•Nueva etapa de crecimiento apoyado en su sólido modelo de gestión, el impulso de sus áreas de negocio y el crecimiento inorgánico
•Los pilares del nuevo Plan son la diversificación y el foco en el cliente
•Redobla su compromiso de ofrecer una alta rentabilidad y una política de dividendo estable para el accionista
•Aspira a ser el proveedor de infraestructuras de los mercados españoles de las entidades financieras en toda la cadena de valor

BME ha presentado hoy al mercado su Plan Estratégico para los próximos tres años en su primer Día del Inversor con el objetivo de diversificar sus ingresos, acelerar el crecimiento y mantener la rentabilidad para el accionista.

La jornada comenzó con la intervención de Antonio Zoido, presidente de BME, en la que subrayó la importancia de la compañía en el sistema financiero. “Somos los administradores de una infraestructura que facilita la formación de precios creíble y transparente de los principales activos de este país”.

Javier Hernani, consejero delegado de BME, resaltó en su exposición las fortalezas con que cuenta la compañía para encarar el Plan Estratégico, que será la nueva hoja de ruta de la compañía durante los tres próximos ejercicios. Destacó su modelo de negocio sólido y rentable, le relación estrecha y de largo plazo que mantiene con sus clientes, su eficiencia tecnológica, el talento de sus equipos de trabajo y la potencia y reconocimiento de su marca. “BME quiere convertirse en el proveedor de infraestructuras de los mercados españoles de las entidades financieras en toda la cadena de valor”. Para ello, impulsará la actividad de sus áreas de negocio y estudiará oportunidades de crecimiento inorgánico que le permitan diversificar y ofrecer el mejor servicio a sus clientes.

A continuación, tomó la palabra Marta Bartolomé, directora financiera, quien indicó que el nuevo Plan Estratégico apunta a un crecimiento de ingresos del 4% anual hasta 2021, con un incremento del 2% en la base de costes y una mejora del 6% en el beneficio neto. Este crecimiento se basa en una favorable previsión de los volúmenes de negocio y de los nuevos fondos canalizados a los mercados, así como en la creación de nuevos productos y servicios para el cliente. “Estudiaremos con prudencia operaciones corporativas que generen sinergias con nuestro ‘core business’ y nos permitan mantener una política de dividendo estable para el accionista”, concluyó.

Jorge Yzaguirre, director de Mercados, centró su presentación en analizar el impacto de los cambios regulatorios en la evolución de los diferentes mercados y las medidas adoptadas por BME para afrontarlo. “Revisamos las tarifas en renta variable, transformamos los mercados de renta fija e impulsamos la actividad en derivados”, indicó Yzaguirre. “Estas medidas no son de impacto inmediato, pero harán posible una mejora de nuestras actividades”, añadió. Los directores de BME Clearing, Liquidación y Registro y Market Data y Servicios de Valor Añadido, Ignacio Solloa, Jesús Benito y Ramón Adarraga, presentaron sus planes para los próximos años, basados en el impulso de nuevos productos y servicios y la diversificación geográfica.

El ICAC avanza en el desarrollo reglamentario de la Ley de Auditoría de Cuentas

Lunes, 15 de octubre de 2018

El ICAC avanza en el desarrollo reglamentario de la Ley de Auditoría de Cuentas
Miércoles 3 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha abierto hoy el trámite de audiencia pública del proyecto de Real Decreto para la aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC).

El objetivo principal de este desarrollo reglamentario es incrementar la garantía y seguridad para interpretar y ejecutar las disposiciones que se establecen en la Ley. Este incremento de la seguridad jurídica redundará en una mejor ejecución y realización de los trabajos de auditoría, en el mejor cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en la norma y, por consiguiente, en una mayor fiabilidad de la información que se audita.

Con la nueva regulación se busca proteger la función de interés público que desempeña la auditoría de cuentas al afianzar su calidad. Para ello, se desarrollan, entre otros, los aspectos relacionados con el deber de independencia y las medidas que deben adoptar los auditores para salvaguardarla, y se precisan las normas que limitan la concentración de honorarios respecto a una entidad auditada.

Asimismo, se desarrollan los principios que deben seguir los procedimientos y sistemas internos de los auditores y sociedades de auditoría para que cuenten con una sólida organización interna. Con ello, se asegura la efectiva aplicación del principio de responsabilidad proactiva que incorpora la Ley que se desarrolla.

Finalmente, la nueva regulación desarrolla también las disposiciones específicas para los auditores de menor tamaño en cumplimiento de las habilitaciones contenidas en la Ley.

Para su elaboración, se han mantenido numerosas reuniones con representantes de las corporaciones representativas de los auditores, debatiéndose pormenorizadamente su articulado.

Las modificaciones entrarán en vigor, con carácter general, a partir del 1 de julio.

La inflación sube una décima en septiembre y se sitúa en el 2,3%

Lunes, 15 de octubre de 2018

11 de octubre de 2018 mineco.gob.es

La inflación sube una décima en septiembre y se sitúa en el 2,3%

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, se mantiene en el 0,8%

El IPC general aumentó en septiembre el 2,3% interanual, tasa superior en una décima a la avanzada por el INE y a la registrada en agosto. Este ligero aumento de la inflación se debe principalmente a la aceleración de los precios de la electricidad, parcialmente compensada por el menor incremento de los precios de los alimentos no elaborados, en especial los de las frutas frescas.
Los precios de los productos energéticos se aceleraron en septiembre nueve décimas, hasta el 12% interanual. Este mayor crecimiento se explica principalmente por los precios de la electricidad, cuya tasa se incrementó casi tres puntos hasta el 13,7% y, en menor medida, por los precios del gas, que se aceleraron 1,1 puntos, hasta el 2,4%. Por su parte, los precios de los carburantes y lubricantes moderaron siete décimas el ritmo de aumento, hasta el 12,3%.
Los precios de la alimentación no elaborada crecieron en septiembre nueve décimas menos que en agosto, a un ritmo del 3,7% interanual, destacando la desaceleración de los precios de las frutas frescas, 5,4 puntos, hasta una tasa del 11,9%.
Así, la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC (alimentación no elaborada y productos energéticos), se mantuvo en septiembre en el 0,8% interanual.
Entre los componentes de la inflación subyacente, los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se aceleraron una décima, hasta el 0,8% interanual.
Los precios de los bienes industriales no energéticos disminuyeron ligeramente en septiembre, el 0,1% interanual, destacando los precios de los automóviles, que aumentaron a una tasa del 0,8%, superior en siete décimas a la de agosto, y, en sentido contrario, las publicaciones, cuyos precios moderaron 1,2 puntos el ritmo de subida, hasta el 0,4%.
Los precios de los servicios mantuvieron en septiembre un ritmo de crecimiento interanual del 1,3%, destacando el transporte aéreo de pasajeros, cuyos precios disminuyeron el 10%, el doble que en el mes previo, y los precios de paquetes turísticos, que intensificaron tres décimas la intensidad de caída, hasta el 4,7%. En sentido contrario, los precios de servicios de alojamiento se aceleraron 1,8 puntos, hasta el 3,9%.
La tasa interanual del IPC aumentó en septiembre en nueve Comunidades Autónomas, correspondiendo la mayor subida a Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura (dos décimas en cada caso, hasta el 2,7%, 2,6% y 2,4%, respectivamente); la inflación disminuyó en Cantabria (dos décimas, hasta el 2,2%), Asturias y País Vasco (una décima en ambas, hasta el 2,1%); y se mantuvo en el resto.
La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en septiembre en el 2,3%, al igual que la registrada por el IPC general.
En términos intermensuales, el IPC registró en septiembre de 2018 un aumento del 0,2%, idéntico al del mismo mes de 2017.
El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de septiembre, cuya tasa interanual también aumenta una décima, hasta el 2,3%. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en septiembre en el 2,1% interanual.

La AIReF prevé que la población aumente entre 4 y 13 millones en 30 años y se sitúe entre 51 y 60 millones de habitantes en 2050

Domingo, 14 de octubre de 2018

La AIReF prevé que la población aumente entre 4 y 13 millones en 30 años y se sitúe entre 51 y 60 millones de habitantes en 2050
04/10/2018 airef.es
Acceso a la herramienta interactiva de previsiones demográficas

La AIReF publica por vez primera sus propias previsiones demográficas con la máxima transparencia y pone a disposición de todos los interesados las cifras que utilizará como base a partir de ahora en sus análisis de sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo
•Las previsiones de la AIReF, con una población entre 51 y 60 millones de personas en 2050, superan las proyecciones del INE y de Eurostat, que sitúan la cifra en 44 y 49 millones, respectivamente

•El grueso de la discrepancia está en la población en edad de trabajar:  mientras la AIReF prevé que en 2050 la población entre 16 y 66 años se sitúe en un nivel similar al actual -en torno a 30 millones-, el INE y Eurostat prevén una contracción de 7 y 5 millones de personas respectivamente

•Las proyecciones de ambas instituciones supondrían la “japonización” de nuestra economía, entendida como una aceptación pasiva del desafío demográfico, donde no tiene cabida ni la entrada de inmigrantes ni políticas que conduzcan a aumentar la fecundidad

•La AIReF estima que la tasa de dependencia podría duplicarse desde el 25% actual hasta un rango de entre el 45-60% en 2050. Este envejecimiento progresivo de la población, comparable al del INE o Eurostat, va a ejercer una presión creciente sobre el gasto público asociado al envejecimiento

•La AIReF considera que las previsiones demográficas y económicas deben realizarse de manera coherente. Ambos fenómenos están íntimamente relacionados y un análisis por separado de cada uno de ellos lleva inevitablemente a la introducción de sesgos. El tener en cuenta esta interacción conduce además a conclusiones muy distintas a las habitualmente ofrecidas por los institutos estadísticos

•La AIReF cree que las previsiones deben ofrecerse con una medida realista de su nivel de incertidumbre, que en el largo plazo es muy elevada. Esto no debe entenderse como una menor precisión sino como un reconocimiento de la enorme dificultad que rodea a este tipo de fenómenos y un ejercicio de realismo. Esta incertidumbre en el largo plazo es el reflejo de las posibilidades que tiene la sociedad para cambiar hoy su realidad de dentro de 50 años

La calidad del aire en España en 2017 baja levemente con respecto al año anterior

Sábado, 13 de octubre de 2018

La calidad del aire en España en 2017 baja levemente con respecto al año anterior
Jueves 4 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es
Ministerio de Transición Ecológica

El Ministerio para la Transición Ecológica publica en su página web el Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en España correspondiente al año 2017 que, en términos generales, muestra peores resultados respecto al año 2016, ya que se ha incrementado el número de zonas de calidad del aire que superan los valores legislados para NO2  y PM10.
El informe de evaluación de la calidad del aire en España 2017 presenta los resultados que han sido notificados a la Comisión Europea, detallando la situación de las zonas con respecto a los valores legislados. Su objetivo es dar una visión global de la calidad del aire, además de describir cómo se realiza su evaluación y  gestión.

La evaluación de 2017 se realizó para los siguientes contaminantes: dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas (PM10 y PM2,5), plomo (Pb), benceno (C6H6), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) y benzo(a)pireno (B(a)P).

Además, se han llevado a cabo mediciones indicativas de las concentraciones de otros hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) distintos al B(a)P y de mercurio en aire ambiente y particulado, así como mediciones de los depósitos totales de arsénico, cadmio, mercurio, níquel, benzo(a)pireno y los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos.

La situación de la calidad el aire en lo que se refiere al dióxido de nitrógeno (NO2) empeora ligeramente respecto a 2016, al incrementarse el número de aglomeraciones urbanas que superan los valores legislados. En concreto, en 2017, el valor límite horario se superó en la misma zona en la que ya lo hizo en el año anterior, y en lo que respecta al valor límite anual, se registraron superaciones en siete zonas, frente a las seis del año anterior. Las superaciones se producen en grandes ciudades como Madrid y alrededores, Barcelona y alrededores, Granada y su área metropolitana, y Bilbao y su entorno debido a su estrecha relación con el tráfico.

En lo que se refiere a la situación de material particulado (PM10), el informe pone de manifiesto que también ha aumentado el número de zonas que superan el valor límite diario pasando de tres zonas en 2016 a cinco en 2017: Granada y Área Metropolitana, Málaga y Costa del Sol, Villanueva del Arzobispo, Avilés, y Plana de Vic y Terres de L’Ebre. Los datos de evaluación del valor límite anual señalan que la situación se mantiene respecto al año anterior, siendo una única zona, Avilés, la que presenta superaciones.

En cuanto al ozono troposférico (O3), el informe muestra que en 2017 se siguieron registrando niveles elevados en zonas suburbanas o rurales, debido en gran medida a la alta insolación y a la emisión de sus precursores (principalmente NOx y compuestos orgánicos volátiles).

La situación es muy similar a la de años anteriores, si bien se aprecia un mínimo aumento en el número de zonas que superan el valor objetivo para la protección de la salud respecto a 2016 (pasan de 35 a 36).

Datos preliminares de 2018

Con carácter general, los datos de contaminantes atmosféricos de 2018 registrados hasta la fecha, aunque aún no han sido validados por las administraciones responsables y a falta de que termine el año, muestran cierta mejoría, especialmente en el caso del NO2. Esto hace pensar que las medidas puestas en marcha por las diferentes administraciones están empezando a dar sus frutos en los niveles de calidad del aire.

Como principales novedades del informe de 2017 destaca un nuevo capítulo específico sobre la evaluación de la calidad del aire de cada Comunidad Autónoma y de las ciudades de Madrid y Zaragoza (que poseen sus propias redes de medida), además de incluir un resumen general de España.

Se incluyen además, en su caso, tablas resumen de los planes de mejora de calidad del aire que cada una de las autoridades competentes ha puesto en marcha a fin de mejorar la situación de la calidad del aire de su territorio.

El informe completo está disponible en: miteco.es .

El ICAC adapta la regulación contable a la normativa de información financiera de la UE

Viernes, 12 de octubre de 2018

El ICAC adapta la regulación contable a la normativa de información financiera de la UE
Miércoles 3 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha abierto hoy el trámite de audiencia pública del proyecto de Real Decreto, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad (PGC) y sus disposiciones complementarias.

Se avanza así en la adaptación de la regulación contable de España a los criterios contenidos en dos normas internacionales de información financiera adoptados por la Unión Europea (NIIF-UE). Estas disposiciones afectan a dos áreas muy significativas, como son la contabilización de los instrumentos financieros y el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y prestación de servicios. La convergencia normativa supone una mejora de la calidad de la información financiera en estas áreas, tras la experiencia acumulada a nivel internacional.

Con este proyecto, se mantiene la estrategia de armonización contable española con las normas europeas de acuerdo a los principios de simplificación y proporcionalidad, considerando las características y actividades desarrolladas por las empresas que aplican el Plan General de Contabilidad, que no pertenecen al sector financiero.

La elaboración del proyecto se realizó por un grupo de trabajo en el que han formado parte expertos y profesionales relacionados con la futura aplicación de la norma: empresas, auditores, catedráticos de contabilidad e instituciones públicas (Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Banco de España, CNMV, DGS e IGAE). El proyecto recibió el informe favorable del Consejo de Contabilidad del ICAC, órgano donde quedan representadas la mayoría de esas instituciones.

Las modificaciones del PGC se aplicarán a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 por las empresas no financieras.
Los interesados pueden consultar el proyecto en la página web del Instituto: www.icac.meh.es.

Fondo Monetario Internacional. España: Declaración Final de la Misión De la Consulta del Artículo IV de 2018

Jueves, 11 de octubre de 2018

España: Declaración Final de la Misión De la Consulta del Artículo IV de 2018

3 de octubre de 2018 imf.org
En una Declaración final se describen las conclusiones preliminares del personal técnico del FMI al término de una visita oficial (o ‘misión’), realizada en la mayoría de los casos a un país miembro. Las misiones se llevan a cabo ya sea como parte de consultas periódicas (por lo general anuales) dentro del marco del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, en el contexto de una solicitud de uso de los recursos del FMI (es decir, un préstamo del FMI), como parte de las conversaciones sobre programas supervisados por el personal, o como componente de otros estudios de la situación económica que lleva a cabo el personal.

Las autoridades han otorgado su consentimiento a la publicación de esta declaración. Las opiniones expresadas en esta declaración son las del personal técnico del FMI y no representan necesariamente las del Directorio Ejecutivo. Sobre la base de las conclusiones preliminares de esta misión, el personal técnico elaborará un informe que, una vez aprobado por la Gerencia, será presentado al Directorio Ejecutivo del FMI para debate y decisión.

España ha continuado recuperando el terreno perdido durante la crisis con un crecimiento económico que ha generado abundante empleo gracias a las reformas pasadas. Pero el ciclo económico está llegando a su madurez y varios riesgos a la baja ensombrecen el panorama a medio plazo. Ante esta coyuntura, resulta esencial fortalecer la resistencia de la economía para hacer frente a shocks. Dos ámbitos de las políticas públicas son fundamentales para alcanzar dicha meta: relanzar el ajuste fiscal estructural y preservar el espíritu de las reformas del mercado de trabajo. Estas políticas pueden y deben verse acompañadas de esfuerzos que fomenten un crecimiento más inclusivo y promuevan objetivos sociales. En particular, la generación más joven necesita estar mejor integrada en el mercado laboral para potenciar de forma sostenible sus perspectivas de renta.

 

Perspectivas

La economía mantiene un tono fuerte pero ha superado ya su pico cíclico. Se prevé que el crecimiento del PIB real se modere hasta situarse en torno al 2,7 por ciento en 2018 y el 2,2 por ciento en 2019, todavía por encima de la media de la eurozona, lo que refleja tanto un entorno externo menos propicio como un debilitamiento de la demanda interna. Después de 2019, la expansión económica está destinada a converger hacia su tasa potencial, estimada en un 1¾ por ciento. Importantes retos estructurales, tales como una deuda pública notablemente elevada, un alto desempleo estructural y un lento aumento de la productividad, lastran el crecimiento potencial del PIB.

Se están acumulando los riesgos a la baja para la economía. En el exterior, estos incluyen los cambios repentinos en el apetito de los inversores por el riesgo, la escalada del proteccionismo a nivel global y el debilitamiento de las condiciones de las economías emergentes. A nivel doméstico, los riesgos todavía incluyen las presiones para derogar las reformas y la continuación de una política fiscal procíclica.

Política fiscal: crear el espacio fiscal necesario

Es necesario reconstituir los colchones fiscales, que quedaron agotados durante la crisis. Esto significa que la política fiscal tendría que aprovechar plenamente las condiciones económicas, que todavía son fuertes, para reducir el elevado nivel de deuda pública más rápidamente. De lo contrario, España se vería obligada a aplicar un ajuste fiscal procíclico cuando la economía se vea afectada por shocks futuros. Así pues, constituir colchones fiscales hoy creará más espacio fiscal en el futuro, lo que ayudará a proteger mejor a la población frente a grandes oscilaciones del empleo.

Las medidas estructurales serán fundamentales para una reducción sostenible del déficit fiscal y de la deuda pública. La disminución del déficit nominal a lo largo de los tres últimos años se ha debido íntegramente al fuerte ciclo económico. Al mismo tiempo, el saldo estructural (es decir, el saldo fiscal tras descontar el efecto del ciclo económico) se ha deteriorado hasta alcanzar un 2,5 por ciento del PIB aproximadamente. Para 2018, se prevé una relajación estructural adicional del 0,2 por ciento del PIB. Como resultado, los niveles de deuda solo han caído marginalmente mientras la economía crecía con fuerza. Por tanto, el objetivo de déficit del 1,8 por ciento del PIB anunciado por el gobierno para 2019 es crucial y apropiado, implicando un esfuerzo estructural que ronda el 0,5 por ciento del PIB. Dicho ritmo de ajuste anual debería persistir hasta que se alcance un equilibrio en el saldo fiscal estructural y la deuda emprenda una clara senda descendente.

El presupuesto de 2019 necesita incluir un paquete de medidas creíble. Las autoridades no han completado aún la elaboración del presupuesto, y la misión no puede evaluar si las propuestas preliminares son suficientes para cumplir el objetivo de déficit. Las medidas en materia de ingresos (el instrumento de ajuste elegido por el gobierno) pueden contribuir a un ajuste fiscal sostenido a medio plazo, pero resulta esencial proyectar con prudencia el impacto recaudatorio de las nuevas medidas y planificar actuaciones de contingencia que puedan compensar con celeridad cualquier deficiencia de ingresos.

Las medidas para reducir las desigualdades pueden y deber ir de la mano de una reducción del déficit fiscal. Recaudar ingresos superiores a los que se necesitan para reducir el déficit puede ayudar a financiar gastos adicionales para proteger a los más vulnerables, apoyar las perspectivas de empleo de los jóvenes y los parados de larga duración, fomentar la capacidad de innovación y la protección del medio ambiente, así como lograr objetivos distributivos. Pero es esencial diseñar cuidadosamente las medidas tributarias para limitar distorsiones y repercusiones sobre el crecimiento.

La aceptabilidad social de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 se ha puesto en entredicho. El sistema de pensiones ha protegido a la generación de más edad frente a los peores impactos de la crisis, al permitir incrementos del poder adquisitivo que redujeron significativamente la pobreza de la población de mayor edad, si bien se enfrenta a desafíos de aquí en adelante. Al mismo tiempo, la crisis ha exacerbado la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes, dejando huella sobre sus perspectivas de renta. De cara al futuro, el envejecimiento de la población implica que el sistema de pensiones se enfrentará al reto de que menos cotizantes tendrán que financiar a un número creciente de jubilados. Las reformas pasadas respondieron con medidas apropiadas desde el punto de vista financiero para aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, pero la reducción esperada en las prestaciones futuras ha puesto en tela de juicio la aceptabilidad social delas reformas.

Hace falta un paquete de medidas en materia de pensiones que sea sostenible e integral para aliviar las tensiones que aquejan al sistema. Las recomendaciones del Pacto de Toledo consistentes en volver a vincular el aumento de las pensiones a un indicador del poder adquisitivo no deberían traducirse en medidas legislativas que no formen parte de un paquete integral. Un ajuste ad hoc de las prestaciones podría hacer peligrar la sostenibilidad financiera del sistema. Se estima que vincular la revalorización de las pensiones a la inflación de forma permanente añadiría alrededor de un 3-4 por ciento del PIB al desembolso por pensiones de aquí a 2050 según las previsiones demográficas y macroeconómicas actuales. Un aumento de tal magnitud en el gasto estructural ha de verse contrarrestado por otras medidas estructurales. Entre los instrumentos disponibles a tal efecto figuran, por ejemplo, el incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y de los ingresos máximos sujetos a cotización, así como vincular directamente la edad legal de jubilación a la esperanza de vida. A menos que exista una correspondencia plena entre el aumento de ingresos y el gasto adicional previsto, no podrá evitarse una futura reducción de las pensiones, aunque sea moderada. Es necesario considerar las consecuencias distributivas de todas las medidas posibles. Adicionalmente, resulta esencial ser completamente transparentes en cuanto al efecto de los cambios en el sistema de pensiones, a fin de que los futuros jubilados puedan tomar decisiones informadas sobre su vida laboral y sus ahorros.

 

Mercado de trabajo: avanzar hacia una mayor inclusión

El mercado laboral ha continuado fortaleciéndose pero siguen existiendo retos significativos. Gracias a una abundante creación de empleo, la tasa de paro se redujo al 15 por ciento en el segundo trimestre de 2018, por debajo de su media histórica. Esto resultó especialmente favorable para los desempleados de larga duración, que representaron más de la mitad del total de parados que encontraron trabajo en los últimos 18 meses. Sin embargo, muchos siguen excluidos del mercado laboral formal, se enfrentan a una situación de empleo incierta o trabajan menos horas de las que quisieran. En algunas comunidades autónomas la tasa de paro sigue superando el 20 por ciento. Además, el desempleo juvenil en España se mantiene entre los más elevados de la UE, y los jóvenes siguen siendo el grupo de edad en mayor riesgo de pobreza pese al descenso de las tasas de pobreza que se inició en 2015.

Hacer más inclusivo el mercado laboral requiere un enfoque holístico. La mayor flexibilidad salarial, introducida con las reformas del mercado de trabajo, ha sustentado la recuperación económica de España, con abundante creación de empleo, y la recuperación de la competitividad. Resulta crucial preservar el espíritu de las reformas, en particular la prevalencia de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales. Al mismo tiempo, se necesitan esfuerzos para corregir algunas carencias existentes en la legislación laboral. Los futuros incrementos salariales deberían seguir al crecimiento de la productividad, y son bienvenidas las directrices sobre los aumentos de los salarios en general acordadas en julio por los interlocutores sociales. Sin embargo, con incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional se pondrían en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes. A largo plazo, el principal motor para impulsar el aumento salarial lo constituirán los esfuerzos por elevar la productividad. Dichos esfuerzos necesitan abordar la arraigada dualidad del mercado laboral, que sigue siendo un obstáculo fundamental a la hora de potenciar la productividad de los trabajadores, además de limitar la movilidad regional y contribuir a la persistente brecha entre las tasas de desempleo de las comunidades autónomas. Así pues, aumentar el atractivo de los contratos indefinidos continúa siendo una prioridad para la política de empleo. Afrontar la dualidad del mercado de trabajo y la elevada tasa de desempleo estructural ayudará además, de forma significativa, a reducir la desigualdad. Los importantes esfuerzos actualmente en curso para atajar el abuso de los contratos temporales contribuyen a este fin, pero no bastarán por sí solos.

Unas políticas públicas mejor enfocadas pueden potenciar las perspectivas de empleo, especialmente para los jóvenes. Unas políticas activas de empleo más coordinadas y mejor diseñadas pueden fomentar la empleabilidad. Las estrategias para mejorar los programas de formación y los resultados educativos, aumentar la relevancia de la educación terciaria con respecto al mercado laboral, ampliar la formación profesional y la formación permanente y reducir las tasas de abandono escolar revisten particular importancia a la hora de cerrar brechas significativas en materia de cualificaciones. Así mismo, merece la pena considerar políticas públicas que ofrezcan incentivos para que las personas se desplacen a otras comunidades autónomas a fin de encontrar empleo (por ejemplo, subvencionar los costes del traslado y proporcionar ayudas para la vivienda de carácter específico y temporal).

 

Reformas estructurales:  recuperar el potencial desaprovechado

La productividad ha mejorado, pero se mantiene notablemente por debajo del nivel de los homólogos europeos. La brecha es especialmente acusada en el caso de las pequeñas empresas y las microempresas. La productividad laboral también varía marcadamente entre comunidades autónomas, con una brecha que ronda el 50 por ciento. Esta dispersión no solo es el reflejo de las distintas estructuras económicas de las comunidades autónomas, sino también de sus diferencias en cuanto a la eficiencia en la utilización de los recursos. Las comunidades autónomas con un menor desajuste de cualificaciones, una inversión extranjera directa más elevada y una mayor dedicación a las actividades de investigación y desarrollo (I+D) tienden a utilizar sus recursos de manera más eficiente.

La agenda de reformas estructurales requiere un nuevo impulso. Las perspectivas de crecimiento a medio plazo saldrían beneficiadas si se realizasen esfuerzos para reducir la fragmentación regulatoria entre los tres niveles de las administraciones públicas, para mejorar el acceso a los mercados y la competencia (en particular en el caso de los servicios profesionales) y para reducir las barreras al crecimiento empresarial. Una mejor coordinación de las políticas en materia de investigación e innovación entre las distintas administraciones públicas, con acciones que atenúen los factores que limitan el aprovechamiento de los incentivos a laI+D y a la cooperación entre ciencia y empresa, podrían ayudar a expandir la capacidad innovadora del sector privado. Los intercambios sistemáticos de mejores prácticas en el sistema educativo, así como las revisiones por pares a nivel de las comunidades autónomas, podrían contribuir a la reducción de las diferencias regionales en cuanto a resultados educativos. El mayor hincapié de las autoridades en las políticas de género debería resultar beneficioso a la hora de reducir la desigualdad y aumentar el crecimiento a largo plazo.

Sector financiero: reforzar la resistencia y mejorar la arquitectura financiera

La salud del sistema bancario continúa mejorando, al tiempo que emergen nuevos riesgos. La intensificación de esfuerzos realizada por grandes bancos en los últimos meses ha reducido notablemente las cifras de préstamos dudosos y activos inmobiliarios adjudicados del sistema, pero algunos bancos todavía tienen que seguir su ejemplo. La actual recuperación económica y del precio de la vivienda está ayudando a reparar el balance de los bancos. Y aunque hasta el momento no haya indicios claros de que se esté produciendo una sobrevaloración generalizada de los precios inmobiliarios, es necesaria la vigilancia, ya que continúa aumentando el número de nuevos préstamos para la vivienda y, especialmente, el crédito al consumo. Así pues, a fin de que el Banco de España se encuentre plenamente equipado para contrarrestar una excesiva acumulación de riesgos, deberían ampliarse cuanto antes sus herramientas macroprudenciales para incluir instrumentos que recaigan sobre los prestatarios, tales como los límites a la ratio entre el nominal del préstamo y el valor de garantía, así como los límites a la ratio entre el servicio de la deuda y la renta del prestatario. Adicionalmente, es preciso ejercer una gestión rigurosa de los riesgos de liquidez y de tipo de interés, en particular de cara a la eventual normalización de las políticas acomodaticias del BCE, así como frente al riesgo de volatilidad del mercado y a cambios repentinos en el apetito por el riesgo. Sería beneficioso que los bancos españoles acelerasen la constitución de colchones de capital de alta calidad a fin de proteger su negocio frente a shocks (incluidos los efectos de desbordamiento derivados de unas condiciones económicas más inciertas en algunos mercados emergentes), ya que siguen rezagados con respecto a sus homólogos europeos en términos de ratios de capital, aunque por lo general su apalancamiento es menor.

Los planes para modernizar el marco institucional de supervisión financiera son bienvenidos y deberían agilizarse. El sistema financiero se encuentra cada vez más interconectado, pero la supervisión sigue careciendo de un enfoque integrado que se centre en los potenciales canales de transmisión y de amplificación de riesgos entre sectores. Por tanto, la creación prevista de una autoridad macroprudencial nacional (compuesta por el Banco de España, el Tesoro y otros organismos de supervisión financiera) debería ser un proyecto prioritario. La configuración de esta agencia, incluidas sus funciones y competencias, debería orientarse a fomentar la vigilancia del riesgo sistémico, potenciar la toma de decisiones macroprudenciales y promover la coordinación. Otros proyectos para fortalecer la supervisión del sector financiero, tales como la creación de un organismo independiente de supervisión de seguros y fondos de pensiones, así como de una autoridad para la protección del consumidor financiero, y la mayor transparencia en el proceso de designación de altos cargos de las agencias de supervisión financiera, son bienvenidos y deberían completarse con celeridad.

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El equipo de la misión del FMI quisiera dar las gracias a las autoridades españolas, el BCE y otros interlocutores por su cálida hospitalidad y el diálogo franco y constructivo.

Doña Rosario Silva de Lapuerta es elegida Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Miércoles, 10 de octubre de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 152/18
Luxemburgo, 9 de octubre de 2018 curia.europa.eu
Doña Rosario Silva de Lapuerta es elegida Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Tras la renovación parcial de los Miembros del Tribunal de Justicia, 1 Doña Rosario Silva de Lapuerta ha sido elegida Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el período comprendido entre el 9 de octubre de 2018 y el 6 de octubre de 2021. Sucede en sus funciones al Sr. Antonio Tizzano.
Curriculum vitae de Doña Rosario Silva de Lapuerta
Nacida en 1954; Licenciada en Derecho (Universidad Complutense de Madrid); Abogada del Estado destinada en Málaga; Abogada del Estado en el Servicio Jurídico del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y posteriormente en el Servicio Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores; Abogada del Estado-Jefe del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Subdirectora General de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional en la Abogacía General del Estado (Ministerio de Justicia); miembro del Grupo de Reflexión de la Comisión sobre el futuro del sistema jurisdiccional comunitario; Jefa de la Delegación Española en el Grupo de «Amigos de la Presidencia» para la reforma del sistema jurisdiccional comunitario en el Tratado de Niza y del Grupo ad hoc del Consejo «Tribunal de Justicia»; Profesora de Derecho Comunitario en la Escuela Diplomática de Madrid. Codirectora de la revista «Noticias de la Unión Europea»; Jueza del Tribunal de Justicia desde el 7 de octubre de 2003. Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el 9 de octubre de 2018.

El juez admite una querella contra el expresidente del Grupo Caixa, Caixabank y Criteria Caixa por operaciones para adquisición banco portugués BPI

Martes, 9 de octubre de 2018

Jueves, 4 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El juez admite una querella contra el expresidente del Grupo Caixa, Caixabank y Criteria Caixa por operaciones para adquisición banco portugués BPI

El magistrado José de la Mata considera que los delitos objeto de investigación en este caso son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite la querella presentada por dos accionistas contra el expresidente del Grupo Caixa Isidro Fainé, así como contra Criteria Caixa SA y Caixabank SA por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués BPI.

En el auto de admisión de la querella, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos objeto de investigación en este caso son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la Junta de accionistas).

La querella admitida también se dirige contra el presidente del Consejo de Administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, y los directivos de Caixabank Alejandro García Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla, Juan Antonio Álvarez García y Gonzalo Gortázar Rotaeche.

En el caso de las personas jurídicas Criteria Caixa SA y Caixabank SA, la resolución judicial les requiere para que designen un representante, abogado y procurador.

Relata la querella una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de Caixabank con su accionista de control Criteria (hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015) y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.

Perjuicio de cientos de millones de euros

De la Mata explica que este caso es competencia de la Audiencia Nacional por el importe de la cantidad en que se cifra el perjuicio, de cientos de millones de euros, así como por el quebranto a la entidad bancaria de manera personal y directa y, por ende, apunta el magistrado, a todos los accionistas de la misma, que pueden haber sido perjudicados por la actuación de la entidad en los hechos querellados.

“A la existencia de un amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria”, añade el instructor.

Las primeras diligencias acordadas por el juez van dirigidas a solicitar diversa documentación a Caixabank, entre ella la relación de miembros del Consejo de Administración entre 2015 y 2017 y de la Comisión de Auditoría y Control, así los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada ad hoc para el análisis de la operación de permuta y la documentación que manejaron.

Igualmente solicita el juez la relación de personas que emitieron el Informe anual de cumplimiento normativo en el ámbito del mercado de valores que recoja el análisis de la legalidad de la operación de permuta y también toda la documentación disponible en Caixabank relativa al préstamo de 400 millones a BFA.

El Tribunal Supremo confirma la condena de Rodrigo Rato a cuatro años y medio de prisión por las “tarjetas black”

Lunes, 8 de octubre de 2018

Miércoles, 3 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma la condena de Rodrigo Rato a cuatro años y medio de prisión por las “tarjetas black”

La Sala Segunda condena a otros 63 exdirectivos o exconsejeros de Caja Madrid por disponer “a su antojo” del dinero de la entidad

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado 4 años y medio de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por delito continuado de apropiación indebida en el caso de las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid. El tribunal ratifica las líneas maestras de la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en este asunto, y confirma la comisión del delito de apropiación indebida por otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración de la Caja, que se beneficiaron de estas tarjetas cuya operativa era opaca a Hacienda.

Las penas varían para algunos de los condenados al estimar el Supremo que la atenuante de reparación del daño aplicada a los acusados que consignaron judicialmente las cantidades que extrajeron con la tarjeta debe entenderse como muy cualificada y no simple, igual que la Audiencia Nacional apreció para quienes ingresaron el dinero directamente a los perjudicados (FROB o Bankia). Las penas firmes dictadas por el Supremo oscilan entre los 4 meses de prisión y los 4 años y medio de Rodrigo Rato.

En el caso del exdirectivo de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, la Sala estima parcialmente su recurso y rebaja de 2 años y 6 meses a un año menos un día de prisión su condena, al considerarle responsable de un delito de apropiación indebida. El tribunal entiende que debe ser condenado por un único delito continuado de apropiación indebida y no por dos delitos (uno como cooperador necesario y otro como cómplice) por los que le condenó la Audiencia. Además, en su caso, el tribunal también le aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

La sentencia confirmada estableció como responsabilidad civil la devolución por los acusados de más de 12 millones de euros gastados con las tarjetas. De ellos, 9,3 millones se gastaron en la etapa de Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid y 2,6 millones cuando el presidente de dicha entidad o Bankia era Rato. Ambos fueron condenados a responder civilmente de forma solidaria por las cantidades gastadas durante sus mandatos, que fue de enero de 2003 a enero de 2010, en el caso Blesa, y de febrero de 2010 a mayo de 2012, en el caso de Rato.

Dispusieron “a su antojo” del dinero de “Caja Madrid”

La Sala analiza los recursos planteados por los 64 acusados y da una respuesta conjunta a una serie de cuestiones comunes planteadas por todos ellos.

El Tribunal considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Las tarjetas tenían límites de disponibilidad mensuales y anuales a cargo de una cuenta de la entidad. A sus titulares no se les exigía justificación alguna del gasto y las cantidades no tenían reflejo alguno en los contratos que suscribían los acusados con la entidad y tampoco formaban parte de las retribuciones pactadas cuando se trataba de directivos, ni de las cantidades que estaban autorizados a recibir en concepto de “ dietas” quienes pertenecían a los órganos de gobierno; tampoco aparecían en las declaraciones de los impuestos individuales de cada uno de ellos, ni en las certificaciones de haberes ; si en algún periodo temporal no disponían de alguna de las cantidades dispuestas, éstas no pasaban a ingresar el patrimonio de los acusados sino que permanecían en poder de la entidad; tampoco se aplicaba retención fiscal alguna sobre los importes asignados y no se hacía en ningún momento liquidación alguna de las cantidades dispuestas; no aparecían en ningún documento oficial de la entidad como retribuciones asignadas a cada uno de ellos; y tampoco en ningún momento se requería a los acusados para que justificaran de alguna forma los gastos efectuados. En definitiva, corrobora la Sala, no había más control que “ los limites mensuales o anuales establecidos”.

La Sala, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, subraya que el delito imputado a los presidentes ejecutivos de la Caja consistió en el establecimiento, puesta en marcha o mantenimiento de un sistema que permitía a los miembros de los órganos de gobierno y a ciertos directivos de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus atenciones personales o para cualquier otro fin que ellos mismos establecieran.

Autores o cooperadores de delito de apropiación indebida

La sentencia distingue entre el papel de los presidentes ejecutivos, que pusieron en marcha o mantuvieron este sistema de tarjetas de funcionamiento opaco y el de los directivos que actuaron como cooperadores necesarios del mismo delito de apropiación indebida. El acuerdo, entre el autor y los cooperadores , explica la sentencia, surge de forma natural desde el momento en que el primero decide entregar nuevas tarjetas o mantener las anteriores y los segundos las reciben y deciden utilizarlas en su propio beneficio. “Los receptores de la tarjeta no tenían la obligación de utilizarla, de forma que, si lo hacían, ello implicaba que aceptaban la participación en el plan que se les ofrecía. Y con cada acto de disposición concretaban la apropiación que realizaban en su beneficio e incrementaban la apropiación total que el presidente autorizaba al señalar los límites mensuales o anuales para el uso de cada tarjeta”.

La sentencia argumenta que la consumación del delito de apropiación indebida no se producía en el momento de la entrega de la tarjeta, sino con cada utilización de la misma en ejecución de un acto concreto de apropiación. Si dentro de esos límites, como ocurría en los hechos juzgados, el receptor de la tarjeta disponía de alguna cantidad, participaba activamente en el plan defraudatorio, “desarrollando una conducta que no se califica como autoría, sino como cooperación necesaria” , mientras que quien entregaba las tarjetas era el responsable, ya que éstas se utilizaban dentro de un plan previsto y aceptado .Asi, se indica: “Y los beneficiarios de cada tarjeta lo son igualmente al ejecutar cada uno de ellos los concretos actos de apropiación. Cada apropiación se consuma como infracción independiente, tanto para el organizador como para cada ejecutor, en el momento del acto apropiatorio. Y todas ellas se integran en el delito continuado.

Agrega la Sala que, dadas las características del sistema, con una opacidad que no sólo se manifestaba en relación a la Hacienda Pública sino también respecto a aquellos que no fueran beneficiarios o usuarios de las tarjetas, “no es posible aceptar que actuaran creyendo que el presidente ejecutivo tenía facultades para disponer de esa forma del dinero de la entidad para beneficiar a los miembros de los órganos de gobierno más allá de la percepción de las dietas autorizadas por ley y los estatutos. O que estaban actuando conforme a la ley al disponer de esa forma del dinero de la entidad para sus atenciones personales o para cualquier tipo de gasto sin control de ninguna clase y sin reflejo fiscal”.

Hombre medio no vería justiificación

En definitiva, la sentencia resume que “ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable, que unas percepciones dinerarias que funcionaban con tal grado de ocultación y opacidad, también a efectos fiscales, pudieran estar justificadas en las normas aplicables”. Con ello descarta en los acusados un error de prohibición (una atenuante o eximente de su actuación por pensar que lo que hacían era legal).

Para los magistrados del alto tribunal, el hecho de que las percepciones de cantidades a través de las tarjetas pudieran considerarse una forma de retribución , “o más exactamente, como una forma en la que los consejeros se retribuían a sí mismos a costa del patrimonio de la entidad, dado que cada uno disponía de lo que se le antojaba dentro de los límites máximos que se les imponían, no supone que tales percepciones tuvieran algún apoyo legal o estatutario”.

Rato mantuvo y amplió un sistema percertido desde el principio

En relación con Rodrigo Rato, la sentencia relata que su conducta como presidente de la entidad, al igual que la de su antecesor, consistió en mantener conscientemente un sistema que ya cuando se estableció en 1988 “estaba pervertido en su origen y en su traslado a la práctica”, pues ya entonces no era posible otra percepción dineraria que las dietas y las indemnizaciones. Y “como se consideró insuficiente, al criterio interesado de quienes las podían recibir, se decidió prescindir del camino legal, que habría conducido a solicitar un aumento de las cuantías asignadas a tales conceptos, y se construyó un sistema nuevo, consistente en utilizar el concepto permitido de indemnizaciones pero suprimiendo la exigencia legal de justificación documental del gasto, con lo cual, en realidad, se facultaba a los titulares de las tarjetas que se expedían a utilizarlas en su beneficio sin necesidad de justificar que se habían empleado en gastos indemnizables, lo cual, en aquella época estaba fuera de la ley”.

Es un hecho admitido, según constata el tribunal, que las tarjetas se emitieron inicialmente por decisión de la presidencia ejecutiva, “manteniéndolo y ampliándolo luego los demás presidentes, entre ellos el recurrente Rodrigo Rato. Y ha sido establecido en la sentencia que, aunque este último se aprovechó de su cargo, carecía de facultades para disponer de esa forma del patrimonio sobre el que tenía serias obligaciones de cuidado”. Además, el tribunal declara probado que los titulares de las tarjetas las utilizaron por unos importes determinados que hicieron suyos en la medida en que los invirtieron en lo que consideraron oportuno, “actuando como si fueran dueños del dinero, en cuya cuantía se perjudicó al patrimonio de la entidad contra cuya cuenta se giraban las cantidades pagadas con las tarjetas”. Los presidentes, de esta forma, concluye el Supremo, “ disponían ilícitamente del dinero de la entidad, y si bien autorizaban la disposición cada vez que entregaban una tarjeta, estableciendo el límite de disposición, sabían que cada apoderamiento solo se consumaba en el momento en que cada uno de los titulares de las tarjetas hacía uso de las mismas, dentro del plan elaborado por aquellos y aceptado por éstos al participar en su ejecución”.

El presidente ejecutivo, dadas sus responsabilidades y experiencia y preparación para el cargo no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas. A pesar de ello “mantuvo el sistema, e incluso lo amplió a otras personas” cuando el recurrente accede a la Presidencia de Caja Madrid – concluye la sentencia- existía el sistema de tarjetas que se ha descrito. “El recurrente fue informado de esa situación, y su decisión fue no solo mantener el sistema sino extenderlo a su favor y, posteriormente, ya en Bankia, de las otras personas mencionadas ( Jose Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj) con la finalidad de que todos continuaran disponiendo de la misma forma del patrimonio de la entidad. La sala recuerda que el recurrente utilizo una tarjeta en provecho propio, “a pesar de que debería haberse sentido advertido de la irregularidad de la situación por el Consejero delegado F.S. Verdú, cuando rechazó la tarjeta que se le entregó”.

Por último, el Supremo considera proporcionada la pena de 4 años y 6 meses impuesta a Rato por su posición preeminente en las entidades de cuyo patrimonio “se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás”, una posición que le obligaba especialmente a la protección de los intereses de aquellas, “lo que desconoció durante un apreciable periodo de tiempo y por cuantías importantes, como resulta de los hechos probados”.

Atenuantes de reparación del daño: de cualificadas a muy cualificadas

La sentencia de la Audiencia Nacional había distinguido entre dos grupos de acusados a la hora de aplicar las atenuantes de reparación del daño. La Sentencia diferenciaba entre los que antes del juicio habían ingresado a disposición del FROB o de Bankia el importe extraído con las tarjetas y entre los acusados que habían consignado lo reclamado como fianza para atender posibles responsabilidades pecuniarias derivadas en sentencia. A los primeros la Audiencia Nacional les aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño y a los segundos la atenuante simple.

El Supremo considera que puede sostenerse, en línea con lo defendido por el fiscal y con la doctrina jurisprudencial sobre la materia, que la devolución de la totalidad de las cantidades dispuestas no justifica la cualificación de la atenuante. Igualmente, podría afirmarse que la consignación para responder a las posibles responsabilidades pecuniarias no justifica ni siquiera la atenuación simple.

Pero en este caso, ha de partirse de lo acordado por la Audiencia, que en este aspecto no fue recurrido por ninguna acusación, en cuanto considera que la devolución de la totalidad mediante entrega directa al perjudicado da lugar a la atenuación muy cualificada, lo que no puede rectificarse. De ese modo, solo ha de examinarse ahora si se han vulnerado las exigencias derivadas del principio de igualdad, que prohíbe un trato diferente no justificado a situaciones sustancialmente iguales, en relación a los que consignaron la totalidad o una cantidad próxima al total.

Después de analizar la diferencia entre los que ingresaron las cantidades a los que entendían perjudicados y los que consignaron esa suma judicialmente, la Sala concluye que el tribunal de instancia no añade datos ni mayores precisiones sobre esas consignaciones por lo que concluye que el motivo debe ser estimado, extendiendo sus efectos a todos los acusados a los que se apreció la atenuante simple y no la muy cualificada, cambiándola por esta última.

Así, se destaca que la Audiencia no añadió al hecho de la consignación dato alguno que permita establecer si se hizo como medio de entregar al perjudicado lo reclamado, con independencia del sentido de la futura sentencia, o si por el contrario se trató solo de afianzar la responsabilidades pecuniarias. Ante tal silencio, el Supremo indica que no es posible descartar que la finalidad de la consignación fuera la primera mencionada. Asimismo, el tribunal de instancia no precisó quienes habían consignado la totalidad del importe de que dispusieron de las tarjetas, y quienes una cantidad próxima al total, por lo que los hechos probados deben valorarse con el significado más favorable al reo y considerarse que esa diferencia de cuantía no es relevante a los efectos de la atenuación.

En el caso de Rodrigo Rato el tribunal no le aplica la atenuante de reparación del daño; aunque devolvió el dinero que utilizó con su tarjeta su responsabilidad alcanzaría a una cantidad muy superior, en tanto que se le reconoció la responsabilidad de forma solidaria de las cantidades fijadas para el resto de los acusados.

No vulneración de intimidad y protección de datos

Algunos de los recurrentes denunciaban la vulneración de su derecho a la intimidad y a la protección de datos porque a su juicio Bankia accedió y divulgó datos íntimos y personales, sin consentimiento de sus titulares y sin autorización judicial, con la finalidad de obtener pruebas. Por ese motivo, cuestionaban la licitud del documento de Excel con la lista de gastos efectuados con las tarjetas y los dos informes de auditoría interna de Bankia que se elaboraron a partir de dichos datos.

La Sala resuelve que Bankia “no accedió ilícitamente” a los datos de carácter personal relativos a los gastos concretos realizados por cada uno de los titulares de las tarjetas de crédito, por lo que no se ha producido tal vulneración de derechos. Lo que sí realizó la entidad financiera, explica la sentencia, fue “un acceso legítimo”, que se mantiene exclusivamente dentro del ámbito interno, relacionado con el contrato de emisión de las tarjetas de crédito que le habilita para ello, como vía para comprobar el uso concreto de las tarjetas y cómo y cuándo se han cargado los gastos efectuados por sus titulares.

Así, obtuvo elementos indicativos de la realización de actividades que podrían ser ilícitas en la medida en que los cargos de esas tarjetas, que habían sido emitidas fuera del circuito regular, se habían realizado contra una cuenta de la entidad y no contra las cuentas personales de los titulares y, además, no tienen apoyo en la ley o en los estatutos ni en los contratos suscritos con alguno de los titulares”.

Con esos datos, añade, se elaboraron unos informes internos, que se comunicaron al FROB, que se limitó a remitirlos al Ministerio Fiscal, y se adjuntó a los mismos unos listados en los que constan los totales dispuestos por cada uno de los titulares. En ellos no figuran de forma individualizada los gastos efectuados por cada titular, por lo que, al no constar ninguna información sobre el empleo particular que cada uno ha hecho de la tarjeta emitida a su nombre no se produce ninguna afectación del núcleo central de la intimidad.

Además, afirma que la cesión al fiscal de dichos datos, que afectarían a la intimidad de cada uno, estaba amparada por el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que no exige el consentimiento del interesado.

El FMI considera que la economía española mantiene un “tono fuerte”

Lunes, 8 de octubre de 2018

03 de octubre de 2018 mineco.gob.es
El FMI considera que la economía española mantiene un “tono fuerte”
En su informe aboga por fomentar un crecimiento más inclusivo con iniciativas que promuevan objetivos sociales

En relación con el mercado de trabajo, el Fondo Monetario pone de manifiesto los avances conseguidos, aunque señala la necesidad de avanzar hacia una mayor inclusión

El FMI considera que una mayor recaudación fiscal permitiría recortar el déficit y financiar gastos destinados a reducir las desigualdades

El Fondo valora como apropiado el objetivo de déficit del 1,8% establecido por el Gobierno para 2019

03 de octubre de 2018. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado las conclusiones del informe elaborado por sus técnicos tras la visita realizada a España, en cumplimiento del artículo IV del FMI.

En la declaración final, el Fondo Monetario señala que la economía mantiene un tono fuerte en un ciclo económico que está llegando a su madurez, por lo que es necesario fortalecer su capacidad de resistencia. En este sentido, consideran importante relanzar el ajuste fiscal estructural, suspendido durante tres años, y preservar el espíritu de las reformas del mercado de trabajo. En su informe ponen de manifiesto que estas políticas deben acompañarse de medidas que fomenten un crecimiento más inclusivo y promuevan objetivos sociales.

En relación con el mercado de trabajo, el FMI señala la necesidad de avanzar hacia una mayor inclusión. El informe señala, como uno de los retos a abordar, la dualidad del mercado, que se podría corregir mediante mejoras en formación y medidas para hacer más atractivos los contratos indefinidos para las empresas. El FMI considera que los esfuerzo en curso para atajar los abusos de los contratos temporales contribuyen a este fin.

Asimismo, ponen de manifiesto la necesidad de impulsar medidas para frenar el abandono escolar y mejorar la formación profesional y otras políticas activas de empleo. El FMI valora positivamente el esfuerzo de las autoridades en políticas de género que, a su juicio, resulta beneficioso para reducir la desigualdad y aumentar el crecimiento a largo plazo.

En relación con la política fiscal, los analistas del FMI consideran que es necesario reconstituir los colchones fiscales que se agotaron durante la crisis y que se deberían aprovechar las buenas condiciones económicas actuales, para reducir el elevado nivel de deuda pública. En este sentido, el informe recoge que una mayor recaudación fiscal puede ayudar no solo a recortar el déficit sino a financiar gastos para proteger a los más vulnerables.

El FMI considera que la estimación del 1,8% anunciada por el Gobierno para 2019 es crucial y apropiada. Además, hace hincapié en la necesidad de reducir el déficit estructural, desatendido en los últimos años. El FMI ha rebajado ligeramente las previsiones de crecimiento para 2018, hasta el 2,7% desde el 2,8%, debido a la caída de las exportaciones en los seis primeros meses del año y del consumo interior.

En sus recomendaciones sobre pensiones el FMI subraya la necesidad de elaborar un paquete de medidas integral que permita que el sistema sea sostenible.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ afirma que fuera del Estado constitucional la libertad y los derechos no podrían garantizarse

Domingo, 7 de octubre de 2018

Martes, 2 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ afirma que fuera del Estado constitucional la libertad y los derechos no podrían garantizarse

Lesmes preside el solemne acto de apertura del Año Judicial en la jurisdicción militar

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha presidido hoy el acto de apertura del Año Judicial en la jurisdicción militar, durante el que reiterado que la democracia “no existe sin reglas, sin Derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad” y ha insistido en el papel fundamental de la Constitución como fundamento de convivencia y de libertad. Al acto, celebrado en la sede del Tribunal Militar central, han acudido la fiscal general del Estado, María José Segarra; el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre; y el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Francisco Javier Varela Salas, entre otras autoridades.

En el año del cuadragésimo aniversario de la Constitución, Lesmes ha advertido de que “fuera de las premisas del Estado constitucional, la libertad y los derechos se debilitarían y sólo podrían garantizarse frente a quienes se mostrasen sumisos al poder establecido en cada momento”. Esa es la razón por la que no existe la democracia “sin reglas, sin derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad y no preservan los derechos y libertades de todos”.

Para el presidente del Tribunal Supremo, si se parte de la premisa según la cual “la Constitución es la expresión democrática del poder político, resulta una contradicción insuperable que ese poder, en alguna de sus formas, pretenda subvertir la norma que legitima su ejercicio”.

Tras señalar que una Constitución democrática, como es la española, “obliga a que su reforma se acometa por los mecanismos previstos en el propio pacto constituyente”, Lesmes se ha referido al principio de “lealtad constitucional”, que “no tiene que suponer, necesariamente, una identificación emocional acrítica” con la Constitución, sino que, más bien, “se traduce en una actitud sincera y positiva a la hora de interpretar y aplicar sus reglas (…)”. “Y esa actitud es deseable –ha concluido- no solo para los ciudadanos, sino también para los poderes públicos, como premisa para mantener entre ellos un diálogo fructífero y tolerante a todos los niveles”.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ ha alertado sobre el efecto que las “visiones sesgadas o partidistas que persiguen el gratuito descrédito de la institución judicial” pueden generar en “la libertad de ánimo” y “el sosiego” con que ha de ejercerse “la responsabilidad constitucional de juzgar”. Ante esa situación, Lesmes ha reclamado “responsabilidad y comprensión a todas las instituciones, no por un mal entendido ánimo corporativo de defensa de los jueces, sino por la necesidad de velar por la independencia de los tribunales, como uno de los pilares básicos del Estado de Derecho y de la democracia misma”.

Durante su intervención, Lesmes ha expresado “la más firme condena” del Poder Judicial de los actos violentos ocurridos ayer en Cataluña y ha recordado “el deber de quienes ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones de garantizar el orden público e impedir que la actuación de unos pocos dificulte la convivencia ciudadana en espacios que son de todos”.

Por su parte, el auditor presidente del Tribunal Militar Central, general consejero togado Rafael Eduardo Matamoros, ha recordado que la Constitución y las leyes que la desarrollan atribuyen a la jurisdicción militar el mismo papel que ha desempeñado desde su origen, por lo que identifican a “las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y la Jurisdicción Militar como los tres elementos básicos de la organización de la defensa nacional”.

No obstante, ha explicado, es un componente externo a las Fuerzas Armadas y al Ejecutivo, incardinado “netamente en el Poder Judicial”, por lo que, en definitiva, la jurisdicción militar es “el cauce a través del cual el Poder Judicial participa en la función de defensa militar de España, junto a la Corona, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

El auditor presidente del Tribunal Militar Central ha afirmado que se siente orgulloso tanto de su condición de militar como de desempeñar su función en el seno del Poder Judicial; “especialmente –ha asegurado- en unos momentos en que este Poder como tal, y singularmente los magistrados y jueces que están conociendo de los procedimientos en trámite y los fiscales que intervienen, se han mostrado los más firmes garantes del orden constitucional, la convivencia democrática y el disfrute por todos de sus derechos y libertades, ante los burdos ataques a dichos valores, que son los fundamentos del propio Estado (…)”.

La jurisdicción militar está integrada por 6 tribunales y 20 juzgados y tiene encomendada la función de garantizar la ordenada convivencia y la efectividad de los principios de jerarquía y disciplina dentro de los tres Ejércitos y la Guardia Civil.

Según datos contenidos en la Memoria correspondiente al año 2017, los juzgados y tribunales castrenses han investigado un total de 504 hechos con apariencia de delito (lo que supone un incremento del 3% con respecto a 2016), de los que 446 correspondieron a figuras tipificadas en el Código Penal Militar de 2015; 58 a tipos del Código Penal de 1995 y 7 fueron delitos comunes. Las calificaciones más frecuentes de esos hechos fueron las de insulto a superior, abuso de autoridad, deslealtad, abandono de destino o residencia, delitos contra la eficacia del servicio, delitos contra el patrimonio en el ámbito militar y delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares.

Los procedimientos penales incoados por denuncias basadas en asuntos de género fueron 19, lo que supone un descenso del 26,9% respecto a 2016.

Durante 2017, se dictaron 121 sentencias penales, 72 de las cuales fueron de conformidad. Los fallos condenatorios ascendieron al 78,6% del total. En el orden contencioso-disciplinarios, se dictaron 297 sentencias, un 15% menos que el año anterior. Por su parte, el único juzgado militar que desarrolla labores de vigilancia penitenciaria resolvió 151 expedientes sobre permisos, acumulación de condenas, libertad condicional y quejas, una cifra muy similar a la de 2016.

Los delitos que no revistan particular gravedad pueden justificar el acceso a los datos personales almacenados por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas cuando dicho acceso no suponga una injerencia grave en la vida privada

Sábado, 6 de octubre de 2018

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 141/18
Luxemburgo, 2 de octubre de 2018
Sentencia en el asunto C-207/16
Ministerio Fiscal
Los delitos que no revistan particular gravedad pueden justificar el acceso a los datos personales almacenados por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas cuando dicho acceso no suponga una injerencia grave en la vida privada
En el marco de la investigación de un robo con violencia de una cartera y un teléfono móvil, la Policía Judicial española solicitó al Juzgado de Instrucción encargado del caso que le concediera acceso a los datos personales o de filiación de los usuarios de los números de teléfono activados desde el teléfono sustraído durante un período de doce días desde la fecha del robo. El juez instructor denegó la diligencia solicitada, en particular porque consideraba que los hechos que habían dado lugar a la investigación penal no constituían delito «grave» —es decir, con arreglo al Derecho español, los delitos sancionados con una pena de prisión superior a cinco años—, único tipo de delitos que permite justificar el acceso a los datos personales o de filiación. 1 El Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación contra dicha decisión ante la Audiencia Provincial de Tarragona.
La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas 2 establece que los Estados miembros pueden limitar los derechos de los ciudadanos cuando tal limitación constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, o garantizar la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas.
La Audiencia Provincial de Tarragona expone que, con posterioridad a la adopción de la decisión del juez instructor, el legislador español introdujo 3 dos criterios alternativos para determinar el nivel de gravedad de un delito respecto del cual se autoriza la conservación y la cesión de los datos personales. El primero es un criterio material, vinculado a delitos específicos y graves, especialmente lesivos para los intereses jurídicos individuales y colectivos. El segundo es un criterio normativo-formal que establece un umbral mínimo de tres años de prisión, umbral que abarca la gran mayoría de los delitos. Además, el tribunal español observa que el interés del Estado en castigar las conductas infractoras no puede justificar injerencias desproporcionadas en los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta»). Por tanto, la Audiencia Provincial de Tarragona pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la fijación del umbral de gravedad de los delitos a partir del cual puede justificarse una injerencia en los derechos fundamentales, como el acceso por parte de las autoridades nacionales competentes a los datos personales almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que el acceso de las autoridades públicas a datos personales almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en el marco de un procedimiento de instrucción penal está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva. Además, el acceso a los datos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de éstos, consagrados en la Carta. No obstante, el Tribunal de Justicia declara que esta injerencia no presenta una gravedad tal que, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, dicho acceso deba limitarse a la lucha contra la delincuencia grave.
El Tribunal de Justicia señala que el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas constituye una injerencia en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos, consagrados en la Carta, incluso a falta de circunstancias que permitan calificar esta injerencia de «grave» y sin que sea relevante que la información relativa a la vida privada de que se trate tenga o no carácter sensible o que los interesados hayan sufrido o no inconvenientes en razón de dicha injerencia. Sin embargo, la Directiva enumera objetivos que pueden justificar una norma nacional que regule el acceso de las autoridades públicas a estos datos y establezca de ese modo una excepción al principio de confidencialidad de las comunicaciones electrónicas. Esta enumeración tiene carácter exhaustivo, por lo que dicho acceso ha de responder efectiva y estrictamente a uno de esos objetivos. El Tribunal de Justicia observa a este respecto que el tenor de la Directiva no limita el objetivo de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos a la lucha contra los delitos graves, sino que se refiere a los «delitos» en general.
En su sentencia Tele2 Sverige, 4 el Tribunal de Justicia declaró que únicamente la lucha contra la criminalidad grave puede justificar el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que, examinados en su conjunto, permitan extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se ven afectados. No obstante, esa interpretación estaba motivada por el hecho de que el objetivo perseguido por una norma que regula ese acceso debe guardar relación con la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales en cuestión que suponga dicha operación. En efecto, conforme al principio de proporcionalidad, una injerencia grave sólo puede estar justificada en este ámbito por el objetivo de luchar contra la delincuencia que a su vez también deba calificarse de «grave». En cambio, cuando la injerencia no es grave, dicho acceso puede estar justificado por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general.
El Tribunal de Justicia considera que el acceso limitado únicamente a los datos cubiertos por la solicitud de que se trata no puede calificarse de injerencia «grave» en los derechos fundamentales de los individuos cuyos datos se ven afectados, ya que dichos datos no permiten extraer conclusiones precisas sobre su vida privada. El Tribunal de Justicia deduce de ello que la injerencia que supone el acceso a esos datos puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general, sin que sea necesario que dichos delitos sean calificados de «graves».
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
1 Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones (BOE n.º 251, de 19 de octubre de 2007, p. 42517).
2 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO 2002, L 201, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 11).
3 Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (BOE n.º 239, de 6 de octubre de 2015, p. 90192).
4 Sentencia de 21 de diciembre de 2016, Tele2 Sverige y Watson y otros (C-203/15 y C-698/15, véase el CP nº 145/16).
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento