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Archivo de noviembre de 2018

Aprobada la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales

Viernes, 30 de noviembre de 2018

Aprobada la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales
La normativa ha obtenido un apoyo parlamentario del 93% y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado

aepd.es

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales ha sido aprobada con un 93% de apoyo parlamentario. La nueva normativa, que adapta el derecho español al modelo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), introduce novedades mediante el desarrollo de materias contenidas en el mismo.

La Ley facilita que los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos al exigir, en particular, que los medios para hacerlo sean fácilmente accesibles. Además, se regula el modo en que debe informarse a las personas acerca del tratamiento de sus datos optándose, específicamente en el ámbito de internet, por un sistema de información por capas que permita al ciudadano conocer de forma clara y sencilla los aspectos más importantes del tratamiento, pudiendo acceder a los restantes a través de un enlace directo.

Otro de los aspectos novedosos incluidos en la nueva normativa es que se reconoce específicamente el derecho de acceso y, en su caso, de rectificación o supresión por parte de quienes tuvieran vinculación con personas fallecidas por razones familiares o de hecho y a sus herederos. La medida limita el ejercicio de estos derechos cuando el fallecido lo hubiera prohibido.

En cuanto a los menores, la Ley fija en 14 años la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento de manera autónoma. También se regula expresamente el derecho a solicitar la supresión de los datos facilitados a redes sociales u otros servicios de la sociedad de la información por el propio menor o por terceros durante su minoría de edad.

La Ley refuerza, como propuso la Agencia, las obligaciones del sistema educativo para garantizar la formación del alumnado en el uso seguro y adecuado de internet, incluyéndola de forma específica en los currículums académicos y exigiendo que el profesorado reciba una formación adecuada en esta materia. A tal efecto, el Gobierno deberá remitir en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley un proyecto de ley dirigido específicamente a garantizar estos derechos y las administraciones educativas tendrán el mismo plazo para la inclusión de dicha formación en los currículums.

El texto regula, asimismo, el derecho al olvido en redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. Se exceptúa la supresión cuando los datos hubieran sido facilitados por terceros en el ejercicio de actividades personales o domésticas.

Por otra parte, la Agencia ha propuesto que se recogieran en la Ley los sistemas de denuncias internas anónimas, a través de los cuales puede ponerse en conocimiento de una entidad privada la comisión de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa. Estos sistemas son imprescindibles para que las personas jurídicas puedan acreditar la diligencia necesaria para quedar exentas de responsabilidad penal. De este modo, la Ley dota a las empresas de un mecanismo que les permite conciliar su propio derecho con el derecho a la protección de datos de las personas.

Además, la Ley actualiza las garantías del derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Asimismo, refuerza las garantías del derecho a la intimidad en relación con el uso de dispositivos digitales puestos a disposición de los empleados, complementando la regulación del derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, de los que deberán ser informados.

Otra novedad es la referida a la regulación de los sistemas de información crediticia (los conocidos como ficheros de morosos), que reducen de 6 a 5 años el periodo máximo de inclusión de las deudas y en los que se exige una cuantía mínima de 50 euros para la incorporación de las deudas a dichos sistemas. Con la anterior Ley, no existía una cantidad mínima.

Por último, se modifica la Ley de competencia desleal, regulando como prácticas agresivas las que tratan de suplantar la identidad de la Agencia o sus funciones y las relacionadas con el asesoramiento conocido como ‘adaptación a coste cero’ a fin de limitar asesoramientos de ínfima calidad a las empresas.

Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)

Viernes, 30 de noviembre de 2018

Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)

aepd.es

(Madrid, 23 de noviembre de 2018). La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales incluye una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En relación con el contenido de este artículo, la AEPD −que tiene entre sus competencias aplicar e interpretar la normativa de protección de datos con arreglo a las garantías establecidas en el RGPD− ha señalado que no se permitirá a los partidos políticos perfilar datos ideológicos, sexuales, de religión o de cualquier otro tipo que se puedan obtener de los ciudadanos en las redes sociales u otros servicios de internet.

Tampoco se permitirá a los partidos el envío de publicidad o propaganda electoral basada en un perfil ideológico a partir de información obtenida en los citados servicios. El envío de propaganda debe identificar, en cualquier caso, su naturaleza electoral, garantizando asimismo que los ciudadanos puedan ejercitar de forma sencilla y gratuita del derecho de oposición.

En este contexto, la AEPD ha manifestado su iniciativa para coordinarse con la Junta Electoral Central, señalando que, en el ejercicio de sus competencias, vigilará con especial diligencia y rigor el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Además, la Agencia ha precisado que en el listado de tratamientos que están obligados a realizar una evaluación de impacto, que va a presentar próximamente al Comité Europeo de Protección de Datos, estarán incluidos los realizados por partidos políticos que vayan a utilizar datos de las redes sociales u otros servicios de internet amparándose en esta modificación de la LOREG.

SS.MM. los Reyes reciben al Presidente de la República Popular China

Jueves, 29 de noviembre de 2018

El Tribunal Supremo dictamina que la convivencia de uno de los cónyuges con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio

Miércoles, 28 de noviembre de 2018

Viernes, 23 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo dictamina que la convivencia de uno de los cónyuges con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio

Para la Sala de lo Civil, el derecho de uso de la vivienda familiar se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera ha resuelto en esta sentencia el efecto que produce la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja respecto del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en la sentencia de divorcio.

La sentencia recurrida había acordado la extinción del derecho de uso en el momento en que se procediera a la liquidación de la sociedad de gananciales, por considerar que la entrada de una tercera persona en la vivienda hacía perder a esta su antigua naturaleza de vivienda familiar, al servir ahora en su uso a una familia distinta y diferente.

Según el alto tribunal, el derecho de uso de la vivienda familiar se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar

El Congreso convalida el Real Decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras

Martes, 27 de noviembre de 2018

El Congreso convalida el Real Decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras

Jueves 22 de noviembre de 2018 lamoncloa.gob.es
El Congreso de los Diputados ha convalidado, por amplia mayoría, el Real Decreto-ley 18/2018 sobre medidas urgentes en materia de carreteras, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre, y que introduce varias modificaciones, con carácter de urgencia y en beneficio del interés público general, en la Ley de Carreteras.
En su intervención ante el Pleno del Congreso, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha recalcado que, entre otras cuestiones, con su aprobación “se pretende facilitar y dotar de una mayor cobertura legal a actuaciones cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial, así como garantizar la prestación del servicio de las autopistas de peaje, ofreciendo el mejor nivel de servicio posible a los usuarios”.

Además, según Ábalos, “lo que hacemos es tratar de perfeccionar la gestión que llevó el Partido Popular y hacer posible que estas acciones las podamos hacer sin que nadie nos pueda denunciar u objetar algún problema legal, como está ocurriendo ahora mismo con los desvíos de los vehículos a su paso por la AP-7”.

El Real Decreto-ley, que el Congreso ha decidido tramitar como proyecto de ley, introduce, en primer lugar, la tipificación de una nueva infracción muy grave, para sancionar la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando estas ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios y, además, concurran circunstancias por las que la actual infracción grave resulta insuficiente.

Se trata de reforzar el régimen sancionador de las infracciones graves y para que sea más proporcional al daño causado. El carácter de urgencia de esta medida legal se debe a la proximidad en la aplicación de los planes de vialidad invernal por parte de las sociedades concesionarias y para, según Ábalos, “dar proporcionalidad a las infracciones graves y no tengan una sanción tan leve como las que vimos respecto a las nevadas del último invierno”.

Vehículos pesados

En segundo lugar, las reformas incluidas en este Real Decreto-ley permite que, por razones de seguridad vial o medioambientales, se pueda establecer la prohibición de circular a determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales obligándolos a circular por las autopistas. Estas medidas, que se desarrollan posteriormente mediante convenios o reales decretos, se acompañarán con distintas bonificaciones a los transportistas, algo que ya ha demostrado su eficacia en los tramos donde, hasta la fecha, ya han sido implantados, reduciendo la siniestralidad en los mismos.

En este sentido, Ábalos ha expuesto que dentro de la Red de Carreteras del Estado existen carreteras convencionales que soportan un elevado tráfico de vehículos, lo que provoca en ocasiones graves problemas de congestión y seguridad a su paso por distintas comarcas y localidades.

“Dicha problemática consideramos que puede ser mejorada si el tráfico de vehículos pesados se desplaza a las autopistas, cuyas características en cuanto a trazado y capacidad son superiores a las de las carreteras convencionales”, expresó el ministro.

El balance que se desprende del desarrollo de este tipo de medidas, en aquellos puntos donde se han aplicado, se ha revelado según Ábalos “muy eficaz con un impacto positivo, inmediato y significativo sobre la explotación de las carreteras afectadas”:
•Desde hace años en la N-II en Girona.
•Otro ejemplo sería en La Rioja. Desde el inicio del desvío de pesados de la N-232 y la N-124 a la AP-68, en vigor desde el 2 de diciembre de 2017, hasta hoy no ha habido ningún accidente mortal en esas carreteras. En idéntico periodo del año anterior se produjeron 9 accidentes mortales con 11 personas fallecidas.
•Así mismo, desde el pasado día 2 de septiembre, han comenzado a aplicarse en Cataluña y la Comunidad Valenciana desvíos obligatorios a vehículos pesados en diversos tramos de la N-240 y N-340, para dirigirlos a los tramos próximos de la AP-2 y AP-7, respectivamente.

“No se trata de sacar a los camiones de las carreteras” ha dicho Ábalos, sino “una medida excepcional, justificada y puntual que conlleva las bonificaciones correspondientes y que trata de dar cobertura a una medida que implantó el anterior Gobierno”. El ministro ha añadido que “esta modificación tiene mucha importancia pues, como he indicado en anteriores ocasiones, para el Gobierno es prioritaria la seguridad”.

La circunstancia de que el desvío del tráfico sea obligatorio atribuye este mismo carácter al pago del peaje, lo que justifica el empleo de una norma como la propuesta para mejorar la cobertura legal que ampara esta medida.

“Quiero advertirles que todas estas actuaciones las emprendió el anterior Gobierno y lo que se pretende ahora es darle cobertura legal necesaria”, concluyó Ábalos.

Autopistas radiales

Además, se introducen cambios en la Ley de Carreteras para dar cobertura de rango legal al eventual cobro de peajes por parte la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), que ha asumido la explotación de determinadas autopistas de peaje que han revertido anticipadamente al Estado, “las que conocemos coloquialmente como ‘autopistas rescatadas'”, ha apuntado el ministro. Hasta ahora, el cobro de estos peajes estaba amparado por contratos de concesión que ya se han extinguido, por tanto, la continuación de esta explotación necesita una norma legal que ampare a SEITTSA para la percepción de los nuevos peajes.

El ministro de Fomento ha indicado que “como saben, el Gobierno español ha venido analizando diferentes posibilidades para la gestión de las autopistas concursadas, que fueron promovidas por Gobiernos anteriores”.

Hasta que se definan las acciones a desarrollar, el Estado ha asumido el control de la operación a través de SEITTSA, en virtud del Convenio de Gestión Directa, suscrito en agosto de 2017 con la Administración General del Estado, excepto en el caso de la AP-41, para la cual se espera que asuma su gestión a principios de 2019.

La urgencia de esta medida se justifica en que no es posible la tramitación de un proyecto de ley de forma que esté en vigor antes del fin de la vigencia del convenio de gestión suscrito con la Sociedad, el 31 de diciembre de 2018.

Para Ábalos, “más allá de precisiones técnicas, el único cambio que podría haber por parte de SEITTSA sería positivo, ya que estamos planteando una bajada generalizada de los peajes en las autopistas radiales, las llamadas rescatadas, para estimular el tráfico y así conseguir mayores incrementos de seguridad y contribuciones económicas”.

Ejecución de obras sin demora

Por último, este Real Decreto-ley que modifica la Ley de Carreteras permitirá que la aprobación de los proyectos de construcción lleve implícita la declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios. Con ello, se pretende no demorar la realización de las obras, en particular, la ejecución de obras de menor envergadura económica, pero destinadas a mejorar la seguridad vial: mejoras de trazado, actuaciones en tramos de concentración de accidentes, etcétera.

El CGPJ aprueba una instrucción relativa a la obligatoriedad del uso de medios informáticos por los miembros de la Carrera Judicial

Domingo, 25 de noviembre de 2018

Jueves, 22 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

El CGPJ aprueba una instrucción relativa a la obligatoriedad del uso de medios informáticos por los miembros de la Carrera Judicial

La instrucción, que se publicará en el BOE, establece los requisitos que deben satisfacer los medios técnicos para que la obligatoriedad de su uso sea exigible a jueces y magistrados

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy una instrucción, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, relativa a la obligatoriedad del uso de medios informáticos por los miembros de la Carrera Judicial.

El artículo 230.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los Juzgados y Tribunales están obligados a utilizar los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos que las Administraciones pongan a su disposición para el ejercicio de sus funciones, pero es al Consejo General del Poder Judicial al que corresponde –según el apartado segundo del mismo precepto- dictar las instrucciones generales y particulares que hagan exigible esa obligatoriedad a jueces y magistrados.

La instrucción aprobada hoy determina, por tanto, las condiciones técnicas que deben reunir los programas y medios técnicos que se implanten en los Juzgados y Tribunales para que su uso sea obligatorio y, en segundo lugar, establece las condiciones que se deben satisfacer en relación con la formación en la utilización de esos programas y las políticas de prevención de salud profesional relativas al uso de pantallas de visualización de datos, conforme a la normativa vigente y al Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial.

El texto aprobado hoy fija también los procedimientos para verificar que los programas cumplen las condiciones que permiten imponer su obligatoriedad a jueces y magistrados y las consecuencias derivadas de la no superación del test de requisitos técnicos, de gestión y de formación mínima para que el programa pueda imponerse como obligatorio.
Así, “mientras los programas y herramientas procesales no sean obligatorios para los jueces y magistrados, se les deberá garantizar el acceso a expedientes en papel, bien sea porque su tramitación se lleva a cabo de dicha forma o bien porque se establezca un expediente paralelo o duplicado en papel”, señala la instrucción.

A modo de ejemplo, entre los requisitos que se exigen a los Sistemas de Gestión Procesal (SGP) que se implanten figuran la posibilidad de acceder a todas las funcionalidades que el juez precisa para ejercer su función en la misma herramienta, sin necesidad de cambiar de aplicación; de realizar búsquedas a texto completo sobre todo el expediente con un solo clic; o de contar con un índice asociado que permita el acceso rápido a cualquier documento.

La instrucción también establece que, para que el uso de los medios informáticos pueda considerarse obligatorio, las Administraciones deberán proporcionar a los jueces y magistrados medios adecuados para trabajar en un entorno digital: pantallas con un tamaño suficiente para presentar varios entornos de trabajo o, en su defecto, doble pantalla; impresora para uso personal, lectores de tarjetas criptográficas y de discos ópticos, altavoces para la audición de grabaciones, etcétera; así como los medios necesarios para trabajar en remoto.

Por último, dice que “los servidores de aplicaciones y herramientas centralizados estarán accesibles mediante líneas de comunicaciones de altas prestaciones, con altos anchos de banda, para permitir el acceso a información multimedia sin merma de calidad. Asimismo, tendrán la potencia suficiente para evitar bloqueos o lentitud en las respuestas y la alta disponibilidad que evite la pérdida del servicio”.

Las previsiones de la OCDE y la Comisión Europea constatan que España mantendrá un crecimiento robusto en 2019

Sábado, 24 de noviembre de 2018

21 de noviembre de 2018  mineco.gob.es

Las previsiones de la OCDE y la Comisión Europea constatan que España mantendrá un crecimiento robusto en 2019

Ambas instituciones coinciden en que el Plan Presupuestario contempla una reducción del déficit público.
La evaluación de la Comisión del Plan español está en línea con las realizadas a Francia, Bélgica, Portugal y Eslovenia.

La Comisión Europea ha hecho pública hoy su opinión sobre el Plan Presupuestario enviado por el Gobierno español. También la OCDE ha publicado el Informe sobre Perspectivas económicas, en el que se incluye una ficha de España con las previsiones macroeconómicas para el periodo 2018-2020.

Las previsiones de ambos organismos sobre la economía española están alineadas con las del Gobierno. Tanto la Comisión Europea como la OCDE prevén que España mantendrá un crecimiento robusto, superior al de la media de la Unión Europea, del 2,6% para este año y del 2,2% para el próximo, apenas una décima menos que la previsión del Gobierno.

Ambos organismos prevén una sensible disminución del déficit en 2019. La previsión de la OCDE coincide con la del Gobierno al estimar una reducción de 9 décimas y un déficit del 1,8% del PIB. Por su parte, la Comisión prevé que el déficit se reduzca 6 décimas, hasta el 2,1% del PIB. En ambos casos se trata de reducciones muy superiores a las de otras grandes economías comunitarias.

Como la propia Comisión ha reconocido, su previsión es “cautelosa” porque España no ha presentado todavía los Presupuestos Generales del Estado. Hay que tener en cuenta que en esta fase ex ante de la supervisión fiscal lo que se evalúan son planes, lo que justifica la prudencia de su análisis.

Las cifras contenidas en el Plan remitido por el gobierno español están dentro del margen de flexibilidad previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Como el propio Vicepresidente Dombrovskis ha señalado hoy la diferencia de cálculo se debe al hecho de que “no se ha podido tomar en consideración todas las medidas sobre las que no se ha legislado.” En este mismo sentido, el Comisario Pierre Moscovici señaló cuando se publicaron las previsiones de otoño que en esta fase del ciclo de supervisión fiscal es absolutamente normal que existan divergencias entre las estimaciones de los diferentes organismos.

En cualquier caso, España saldrá del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019, es decir, abandonará el Procedimiento de Déficit Excesivo. La evaluación de la Comisión Europea del Plan Presupuestario español responde a la mayor exigencia de este brazo preventivo y está en línea con las realizadas a otros países como Francia, Bélgica, Portugal y Eslovenia.

Finalmente, la cooperación entre el Gobierno español y la Comisión Europea ha sido muy buena y basada en la transparencia, como ha confirmado hoy el Comisario Moscovici.

Previsiones OCDE

Las previsiones de la OCDE coinciden con las del Gobierno no sólo en relación con crecimiento y déficit, sino también en los objetivos en materia de política económica.

La OCDE considera prioritarias la reducción de la elevada deuda pública y el impulso de medidas que aumenten la productividad. Recomienda actuaciones que reduzcan la temporalidad, mejoren la formación profesional dual, incrementen la participación de las mujeres en el mercado laboral y fomenten la educación infantil de 0 a 3 años. Son objetivos compartidos por el Gobierno y alineados con el Plan Presupuestario adoptado el 15 de octubre, que combina la necesaria disciplina presupuestaria con una política social que reduzca las desigualdades en nuestro país.

La Secretaría de Estado para el Avance Digital, Red.es y MWCapital crean el Observatorio Nacional de 5G

Viernes, 23 de noviembre de 2018

20 de noviembre de 2018

mineco.gob.es

La Secretaría de Estado para el Avance Digital, Red.es y MWCapital crean el Observatorio Nacional de 5G

Contribuirá a la estandarización e innovación para compartir conocimiento sobre 5G en todo el territorio
El Observatorio prestará asistencia a la Oficina Técnica del Plan Nacional de 5G en la coordinación de sinergias público-privadas
Podrán incorporarse al convenio otras instituciones, fundaciones o empresas que compartan el objetivo de fomentar el despliegue 5G en España

El Ministerio de Economía y Empresa, a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital; la entidad pública Red.es y la Fundación Mobile World Capital Barcelona (en adelante MWCapital) han firmado un convenio para la creación del Observatorio Nacional de 5G.

El observatorio tendrá sede compartida en las instalaciones de la MWCapital en Barcelona y Madrid, y contará con un presupuesto inicial de un millón y medio de euros durante los próximos tres años. Las actividades que desarrolle permitirán complementar y asistir a aquellas puestas en marcha por la Oficina Técnica del Plan Nacional de 5G, en su labor de coordinación de las sinergias público-privadas en el despliegue de redes y servicios 5G.

El Observatorio Nacional de 5G contribuirá a la estandarización y la innovación, la alineación de estrategias y la compartición de conocimiento en torno a la tecnología móvil 5G en todo el territorio nacional. Entre otras actividades, este ente producirá estudios e informes relacionados con la tecnología 5G, sus nuevos usos y su impacto potencial en la sociedad y la economía, e incentivará la colaboración público-privada y del sector investigador. Se prevé de igual modo que organice un evento con carácter anual para la difusión del 5G orientado a su aplicabilidad en sectores productivos. Además, desde este Observatorio se impulsará la formación y la capacitación en las tecnologías 5G a través de jornadas, cursos online y talleres.

Esta iniciativa actuará en coordinación con el Plan Nacional 5G y complementará la estrategia España Nación Emprendedora avanzada el pasado 5 de octubre por el Presidente del Gobierno de España. Así, desde el observatorio se promoverá también el emprendimiento y la internacionalización alrededor del nuevo paradigma de las telecomunicaciones.

Podrán adherirse al convenio otras instituciones, fundaciones o empresas, públicas o privadas, que compartan el objetivo de fomentar el despliegue 5G en España, compartiendo experiencias y fomentando la estandarización e innovación.

Presentación oficial
El Observatorio 5G será presentado oficialmente el próximo 29 de noviembre en Madrid, en un evento que tendrá lugar en el espacio ‘La Enredadera’ de Red.es.
La tecnología 5G será el componente tecnológico esencial en la transformación digital. Su despliegue permitirá el desarrollo del Internet de las Cosas, el big data, la robótica o la realidad virtual, con un efecto transversal sobre la sociedad y la economía durante la próxima década, siendo un catalizador de la atracción de inversión y palanca de un crecimiento inclusivo.

El ICO participará en la financiación de proyectos de inversión realizados por Administraciones Territoriales

Jueves, 22 de noviembre de 2018

16 de noviembre de 2018

mineco.gob.es

El ICO participará en la financiación de proyectos de inversión realizados por Administraciones Territoriales

La participación del Instituto de Crédito Oficial tendrá carácter complementario e impulsará la movilización de recursos del sector privado

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del reinicio por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de su actividad financiera con las Administraciones Públicas Territoriales. El ICO volverá a financiar proyectos de inversión realizados por Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos dependientes en sectores de especial interés, como el tratamiento de aguas, la mejora de la eficiencia energética de edificios, planes de rehabilitación urbana y rural, vivienda social para alquiler o movilidad sostenible.

Esta medida es relevante porque apoya la entrada de las Administraciones Territoriales en los mercados financieros de forma gradual. Asimismo, impulsará la movilización de recursos del sector privado o instituciones financieras internacionales, puesto que el papel del ICO en la financiación de estos proyectos tendrá siempre un carácter complementario, favoreciendo el desarrollo de esquemas de colaboración público-privada. El ICO participa en estas operaciones en condiciones de mercado.

El marco de financiación aprobado fija el importe máximo de esta actividad en 250 millones de euros anuales, ampliables a 500 millones.

El acuerdo deja sin efecto la restricción de financiación a Administraciones Territoriales que estaba en vigor desde 2012.La puesta en marcha de mecanismos extraordinarios de financiación durante la crisis –Fondo de Pago a Proveedores y Línea de Financiación directa a CCAA-  produjo un incremento muy significativo del peso relativo de las Administraciones en el balance de ICO. Actualmente, la ausencia de saldos vivos de estas operaciones deja sin efecto esta restricción.

Comunicado del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

Martes, 20 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

Comunicado del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

20 de noviembre de 2018

Autor:Comunicación Poder Judicial

Las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me obligan a hacer las siguientes precisiones:

1. –Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.

2. Mi trayectoria como Magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional.

3. El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como Magistrado del Tribunal Supremo -de forma especial, como Presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados-, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado.

4. Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

El indicador de estrés de los mercados financieros se mantiene en niveles bajos

Martes, 20 de noviembre de 2018

El indicador de estrés de los mercados financieros se mantiene en niveles bajos
18 de noviembre de 2018 cnmv.es
A finales de octubre el indicador de estrés de los mercados financieros que elabora la CNMV se situaba próximo a 0,20 puntos, manteniéndose en niveles bajos
La Nota sobre Estabilidad Financiera de la CNMV analiza trimestralmente los riesgos que afectan a los mercados españoles
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho pública la Nota de estabilidad financiera correspondiente al mes de octubre de 2018, que refleja que el nivel de estrés de los mercados financieros españoles se mantenía a finales de octubre próximo a 0,20 puntos, dentro de lo que se considera un nivel de estrés bajo. Ello hay que situarlo en un año, 2018, en el que se han observado ligeros repuntes, como el de febrero (hasta 0,27), debido a las turbulencias protagonizadas por las bolsas estadounidenses o, más recientemente, los de junio y octubre (hasta 0,24 y 0,22 respectivamente), que hay que relacionar con las dudas sobre las finanzas públicas en Italia y, en menor medida, con otras fuentes de incertidumbre (la denominada “guerra comercial”, las tensiones en economías emergentes, la incertidumbre regulatoria, etc….). Por segmentos, los niveles de estrés más altos correspondían al mercado de deuda y a los intermediarios financieros, área esta última afectada por la caída de las cotizaciones de los bancos.
La Nota describe la evolución reciente de la economía española, que continúa siendo positiva, con un crecimiento del PIB que se mantiene en el 2,5%. Sin embargo, se observa cierta desaceleración de la actividad, algo menos intensa que en la zona euro, por lo que el diferencial de crecimiento se ha incrementado hasta ocho décimas.
Las fuentes de incertidumbre sobre la economía española son diversas. Las más importantes se derivan de las consecuencias de las restricciones sobre el comercio mundial, de las dificultades que atraviesan en algunas economías emergentes y, en consecuencia, su repercusión en los negocios de las empresas españolas con intereses en estas economías y de las características del contexto político actual. También cabe señalar la necesidad de avanzar en el proceso de consolidación fiscal de la economía, especialmente en momentos en que el giro de la política monetaria puede estar cercano.
Este contexto de múltiples incertidumbres se ha reflejado en la evolución de los mercados financieros nacionales en los últimos meses. En el caso de la renta variable, el Ibex 35 muestra un retroceso en el año (hasta el 31 de octubre) similar al de los índices europeos con un comportamiento más desfavorable (Ibex 35 –11,5%, Dax 30 –11,4%, Mib –12,8%). Sin embargo, se observa una mayor discriminación de los inversores entre compañías en función de sus expectativas y riesgos, por lo que las caídas no han afectado a todos los sectores. Así, se han revalorizado las empresas de los sectores petróleo y energía, tecnología y farmacia, mientras que han caído las cotizaciones de los bancos –que se han visto afectados por incertidumbres de carácter económico-financiero, político y regulatorio-, las empresas inmobiliarias y las de los sectores de bienes y servicios de consumo.
En los mercados de renta fija, los tipos de interés a corto plazo han permanecido en niveles muy reducidos, en consonancia con el tono de la política monetaria adoptada por el BCE, y los tipos a largo, que disminuyeron en las primeros meses del año como consecuencia de la mejora de la calificación crediticia de la deuda soberana española, han mostrado leves y transitorios repuntes asociados a la crisis de la deuda en Italia. En relación con el último episodio de incertidumbre de esta crisis, producido en octubre, el efecto contagio sobre la prima de riesgo de la deuda española ha sido muy limitado. Los riesgos de mercado y de liquidez siguen siendo relevantes en algunos segmentos de este mercado.
La Nota de Estabilidad Financiera presenta un amplio panel de indicadores, entre los que destacan el indicador de estrés de los mercados financieros españoles y los denominados mapas de color (también conocidos como mapas de calor). El primero proporciona una medida en tiempo real del riesgo sistémico en el sistema financiero español, que oscila entre 0 y 1 y se obtiene mediante agregación ponderada de los niveles de estrés estimados en los seis segmentos siguientes: renta variable, renta fija, intermediarios financieros, mercados monetarios, derivados y mercado de cambios. Las variables de estrés se corresponden, en términos generales, con volatilidades, primas de riesgo, indicadores de liquidez y pérdidas abruptas de valor. Los mapas de color permiten visualizar la evolución de las categorías de riesgo.
Documento completo: Nota de Estabilidad Financiera Nº8. Octubre 2018

El Consejo General del Poder Judicial publica por primera vez el tiempo medio estimado de resolución de todos los órganos judiciales

Lunes, 19 de noviembre de 2018

Martes, 13 de noviembre de 2018   poderjudicial.es

El CGPJ publica por primera vez el tiempo medio estimado de resolución de todos los órganos judiciales

Las tablas, elaboradas por el servicio de Estadística Judicial y publicadas en el Portal de Transparencia, ofrecen datos comparativos de los últimos diez años. Los datos se han obtenido a partir de la estimación de la duración media de los procesos judiciales concluidos en cada uno de los ejercicios analizados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial hace públicos por primera vez los datos correspondientes al tiempo medio estimado que cada órgano judicial tarda en resolver los procedimientos. Las tablas, que pueden consultarse en el Portal de Transparencia del CGPJ, han sido elaboradas por el servicio de Estadística Judicial a partir de la estimación de la duración media de los procesos judiciales concluidos cada año, independientemente de cuál haya sido la forma de terminación.

Esta nueva herramienta permite consultar el tiempo estimado de respuesta, que se expresa en meses, tanto por órgano y orden jurisdiccional, como por año, tipo de procedimiento o materia y ámbito geográfico. Para efectuar el cálculo del plazo medio estimado, se ha utilizado un modelo matemático a partir de las cifras de asuntos ingresados, resueltos y en trámite al comienzo de cada periodo en cada órgano judicial.

Las tablas incluyen también información correspondiente a otras circunstancias –como por ejemplo la movilidad del personal dentro del órgano judicial o la aplicación de medidas de refuerzo-, por la influencia que esas variables tienen sobre la duración de los procedimientos. De hecho, es previsible que los tiempos de respuesta sean más largos en los juzgados y tribunales con mayor movilidad del personal adscrito a los mismos y que, por el contrario, mejoren cuando el órgano judicial cuenta con una medida de refuerzo y tiene estabilidad en su composición.

El plazo de resolución de los procesos judiciales puede verse afectado también en función de la existencia de factores externos, como pueden ser la complejidad de los asuntos, la entrada extraordinaria de determinados procedimientos, los efectos de la crisis económica o las reformas procesales.

Las tablas publicadas por el CGPJ muestran datos correspondientes a los últimos diez años y, dentro de cada órgano judicial, ofrecen el tiempo estimado de respuesta según el tipo de procedimiento de que se trate. Así, por ejemplo, en los juzgados de instrucción y en los de primera instancia e instrucción, el tiempo estimado de resolución de los asuntos será diferente según se trate de diligencias previas, diligencias urgentes, “Habeas Corpus”, juicios de faltas, juicios de faltas rápidos, juicios sobre delitos leves, juicios sobre delitos leves de señalamiento rápido, procedimientos con Jurado, procedimientos abreviados, resto de juicios sobre delitos leves, resto de juicios de faltas o sumarios. La herramienta permite buscar la información referida a los tiempos medios de respuesta a nivel estatal y también por Comunidades Autónomas.

Con la publicación de estos datos, el CGPJ cumple con uno de los compromisos adquiridos en el convenio de colaboración suscrito el pasado 7 de septiembre con Transparencia Internacional España, que tiene como objetivo profundizar en la política de transparencia en la Justicia iniciada por el órgano de gobierno de los jueces desde el inicio del actual mandato.

* Consulte las tablas en la nota de prensa adjunta.

Puede acceder a los datos sobre tiempos estimados de respuesta de los órganos judiciales en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-duracion-de-los-procedimientos-judiciales/ .

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia analiza las nuevas prestaciones sanitarias que se incluirán en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud

Domingo, 18 de noviembre de 2018

La CNMC analiza las nuevas prestaciones sanitarias que se incluirán en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud

16 noviembre 2018  cnmc.es
nota de prensa Promoción de Competencia

◦El Proyecto de Orden Ministerial incluirá nuevas prótesis distintas a las de miembros, prótesis auditivas y otros recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos.
◦Se fijarán los importes máximos que podrán ser financiados con cargo al Sistema Nacional de Salud.
◦La CNMC no cuestiona la justificación ni las razones médicas y sanitarias previstas en este proyecto.
◦Sin embargo, recomienda que los procedimientos de licitación pública para proveer estos servicios respeten las normas de competencia.
◦A la hora de actualizar el catálogo de algunos productos, debe evitarse que los operadores coordinen sus estrategias.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), a solicitud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha emitido el informe sobre la disposición por la que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización[i]. (IPN/CNMC/028/18).

Las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud incluyen las técnicas, procedimientos y tecnologías incluidos en la cartera de servicios comunes. El contenido concreto de esta cartera se encuentra en diferentes anexos del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre y será modificado próximamente con nuevas prestaciones.

Algunas de esas prestaciones se realizan en centros sanitarios o socio-sanitarios y están cubiertas íntegramente por financiación pública. Otras se refieren a la prestación de productos ortoprotésicos. Concretamente, a prótesis distintas a las prótesis de miembros, prótesis auditivas y otros recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos, y que están sujetas a dispensación ambulatoria y aportación del usuario.

Catálogo común de productos

Por primera vez, el proyecto incluye para este conjunto de prótesis un catálogo común (o productos que como mínimo deben ofertar los responsables de la prestación ortoprotésica) y sus Importes Máximos de Financiación, con la consiguiente fijación de sus precios.

Para proponer esos Importes Máximos financiables por la Seguridad Social se comparan con los importes financiables en otros catálogos (CCAA, sobre todo) y con los precios dados por las empresas Con esta información, se propone un importe que representa la ponderación media de los datos indicados anteriormente.

La CNMC, sin cuestionar la justificación ni la racionalidad médico sanitaria de las previsiones del proyecto, subraya el efecto que desde el punto de vista de la competencia tienen las nuevas prestaciones sanitarias en las empresas dedicadas a la producción y distribución mayorista y minorista de estos productos, y en los ciudadanos.

Recomendaciones de la CNMC

En general, la CNMC recuerda que los procedimientos de licitación pública para que el sistema nacional de salud se provea de estos productos y servicios deben llevarse a cabo respetando las normas de la libre competencia (libertad de acceso a las licitaciones, transparencia o no discriminación entre operadores).

En cuanto a la cartera común de prestación, recomienda que para actualizar el catálogo de las prótesis se utilicen mecanismos que minimicen el riesgo de comportamientos coordinados de los operadores.

Además, a la hora de fijar los Importes Máximos que pueden ser financiados, se debería atender en mayor medida a los precios de los productos de operadores eficientes y evitar usar la información que únicamente procede de operadores que ya existen en el mercado.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Publicados los datos de emisiones de 2017 de las principales industrias y otras actividades contaminantes

Sábado, 17 de noviembre de 2018

Información ambiental

Publicados los datos de emisiones de 2017 de las principales industrias y otras actividades contaminantes

Viernes 16 de noviembre de 2018 lamoncloa.gob.es
27/01/17. Calidad del Aire
Ministerio de Transición Ecológica
El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España) ha publicado los datos de las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y las transferencias fuera de la instalación de residuos peligrosos y no peligrosos, generadas por las principales actividades y complejos industriales en España durante el año 2017.
Este registro recoge la información sobre las emisiones de sustancias contaminantes al agua, atmósfera y suelo y las transferencias de residuos peligrosos y no peligrosos fuera del emplazamiento, de las principales actividades y complejos industriales de España.

Son las comunidades autónomas y las confederaciones hidrográficas las autoridades competentes para recabar toda esta información que, después de ser revisada y validada, es remitida al Ministerio para la Transición Ecológica para su publicación anual en el Registro PRTR-España y su envío a la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Como novedad, y con el fin de ir un paso más allá en el acceso a la información ambiental, este año se publican todos los datos validados de emisiones de sustancias contaminantes y transferencias de residuos peligrosos y no peligrosos en referencia al año 2017; y no sólo los que superan el umbral de información pública establecido en el Anexo II y artículo 3.1.b del Real Decreto 508/2007.

La información pública es fácilmente accesible en www.prtr-es.es. Pueden hacerse consultas de tipo agregado y en detalle, así como acceder directamente a las emisiones y transferencias de residuos, de cada complejo industrial afectado. También se ofrece la posibilidad de comparación con otros ámbitos geográficos, consultas a la carta y online sobre la evolución de las emisiones y transferencias de residuos por complejos y sustancias contaminantes, etc. Con esta última publicación, en la página web de PRTR-España están ya disponibles los datos desde el año 2001 hasta el año 2017. El Ministerio, a través de PRTR-España; dispone de una dirección de correo electrónico (info@prtr-es.es) donde se puede ampliar cualquier información.

La inflación se mantiene en octubre en el 2,3%

Viernes, 16 de noviembre de 2018

La inflación se mantiene en octubre en el 2,3%

Miércoles 14 de noviembre de 2018 lamoncloa.gob.es
La tasa del IPC general se mantuvo en octubre en el 2,3% interanual, tasa idéntica a la avanzada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales del mes pasado.
La estabilidad de la inflación se debe a que el ligero aumento del transporte y ocio y cultura, especialmente los paquetes turísticos, se ha compensado por la evolución a la baja del resto de componentes, destacando la desaceleración de los precios de la electricidad.

Los precios de los productos energéticos se incrementaron en octubre el 10,7% interanual, 1,3 puntos menos que en septiembre. Este menor crecimiento se explica principalmente por los precios de la electricidad, que aumentaron el 3,8% interanual, casi diez puntos menos que en septiembre. Esta evolución se vio parcialmente contrarrestada por la aceleración de los precios del gas, hasta el 10,8%, y de los carburantes y lubricantes, hasta el 13,2%.

Los precios de la alimentación no elaborada crecieron en octubre el 3,5% interanual, destacando el menor ritmo de aumento de los precios de las frutas frescas, casi cinco puntos, hasta una tasa del 7%.

Así, la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC (alimentación no elaborada y productos energéticos), se sitúa en el 1% interanual.

Entre los componentes de la inflación subyacente, los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco aumentaron el 1%, destacando la estabilización de los precios de la leche, frente a la caída del 1,1% de septiembre.

Los precios de los bienes industriales no energéticos (BINE) prácticamente se estabilizaron en octubre, anotando una tasa del 0,1% interanual.

Los precios del tercer componente de la inflación subyacente, los servicios, se aceleraron ligeramente (tres décimas), hasta el 1,6%, destacando los precios de paquetes turísticos, que crecieron el 1% (frente a la caída del 4,7% del mes anterior) y el transporte aéreo de pasajeros, cuyos precios cayeron a una tasa del 1,4%. (-10% en septiembre). En sentido contrario, los precios de servicios de telefonía y fax se desaceleraron siete décimas, hasta el 3,9%

La tasa anual del IPC disminuye en nueve comunidades autónomas en octubre respecto a septiembre, se mantiene en tres y aumenta en las cinco restantes. Los mayores descensos de la inflación se producen en Aragón y La Rioja, con una bajada de dos décimas en ambas.

Por su parte, Cantabria y Comunidad de Madrid son las comunidades donde más se incrementa la tasa anual, con subidas de dos décimas en cada una de ellas.
La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en octubre en el 2,3%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de octubre, cuya tasa interanual se mantiene también en el 2,3%. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en dicho mes en el 2,2%, resultando un diferencial de inflación general de 0,1 puntos porcentuales, una décima menos que en el mes anterior.

El Consejo de Estabilidad Financiera impulsa la creación de una autoridad macroprudencial

Jueves, 15 de noviembre de 2018

08 de noviembre de 2018  mineco.gob.es

El Consejo de Estabilidad Financiera impulsa la creación de una autoridad macroprudencial

El actual Consejo de Estabilidad Financiera (CESFI) se transformará en una autoridad macroprudencial con competencias reforzadas. La autoridad se denominará Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (ANESFI) y estará integrada por representantes del Ministerio de Economía y Empresa, Banco de España y CNMV
Con su creación España da cumplimiento a la recomendación realizada en 2011 por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS)
La finalidad de ANESFI será la supervisión macroprudencial del sistema financiero para prevenir y mitigar el riesgo sistémico y, en consecuencia, sus posibles efectos negativos sobre el crecimiento económico
ANESFI tendrá entre sus funciones el análisis de riesgos, la emisión de opiniones y alertas y la formulación de recomendaciones
En paralelo se impulsará un refuerzo de los instrumentos macroprudenciales del Banco de España

El Consejo de Estabilidad Financiera (CESFI) ha aprobado en la reunión celebrada hoy iniciar el procedimiento para la creación de una autoridad macroprudencial nacional. Dicha autoridad se denominará Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (ANESFI) y estará integrada por representantes de la Administración Central (Ministerio de Economía y Empresa), del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La nueva autoridad macroprudencial tendrá naturaleza de órgano colegiado, sin personalidad jurídica propia y adscrito al Ministerio de Economía y Empresa, aunque con independencia funcional.

Con la creación de ANESFI, España da cumplimiento a la recomendación de la Junta Europeo de Riesgo Sistémica (JERS) que, en 2011, instaba a los estados de la Unión Europea a crear autoridades macroprudenciales nacionales. España es uno de los pocos países que aún no cuentan con esta autoridad.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha destacado, además de la importancia de este acuerdo, la rapidez con la que se han realizado los trabajos: “en mi primera comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso el pasado 10 de julio me comprometí a convocar el Consejo de Estabilidad Financiera, que no se reunía desde 2013. De esa primera reunión salió el compromiso de impulsar una autoridad macroprudencial en España. En apenas cuatro meses hemos avanzado de forma importante en su diseño, funciones y composición, lo que pone de manifiesto el compromiso del Ministerio en el impulso de esta iniciativa y la excelente colaboración con el Banco de España y la CNMV”.

Por su parte, el gobernador del Banco de España ha dado la bienvenida a este nuevo órgano: “la creación de la autoridad macroprudencial muestra la voluntad de todas las instituciones involucradas de cumplir con las recomendaciones de la JERS y de reforzar la estabilidad financiera en España. Como complemento a la creación de esta nueva autoridad, el Banco de España amplía significativamente sus instrumentos macroprudenciales para poder controlar mejor el ciclo crediticio y el desarrollo de burbujas financieras en el futuro, lo que redundará en un crecimiento económico más estable y sostenible”.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella, ha señalado que “desde la CNMV valoramos la creación de la nueva autoridad macroprudencial, especialmente que en su diseño se haya tenido en cuenta la importancia de los mercados de capitales desde el punto de vista de la estabilidad financiera, una de las enseñanzas de la última crisis económica”.

Estructura y funciones

La nueva autoridad tendrá como finalidad la supervisión macroprudencial del sistema financiero español, con el objetivo de contribuir a la prevención o mitigación del riesgo sistémico.

Asimismo, podrá realizar análisis de riesgos y emitir opiniones y/o alertas sobre todos los aspectos que puedan suponer un riesgo sistémico que afecte a la estabilidad financiera. También tendrá potestad para formular recomendaciones para la adopción de medidas concretas cuando se prevean riesgos que amenacen la estabilidad financiera. Se establece un procedimiento de seguimiento del cumplimiento de estas recomendaciones a las que, si se considera deseable, se dará publicidad.

Aunque la aplicación de herramientas macroprudenciales seguirá siendo competencia de las autoridades supervisoras, deberán informar con carácter previo a ANESFI. La propuesta de creación de esta autoridad incluye una relación de medidas sobre las que los supervisores deberán informar previamente a los diferentes organismos que integran el Comité de Estabilidad Financiera.

La propuesta de creación de una autoridad macroprudencial incorpora nuevas competencias para el Banco de España, entre las que se encuentran las relativas a herramientas macroprudenciales tales como el colchón de capital anticíclico sectorial, el establecimiento de límites máximos a la concentración sectorial de exposiciones crediticias y las relacionadas con las condiciones de concesión de créditos, así como la consideración del Banco de España como autoridad competente para la aplicación del artículo 458 del Reglamento (UE) nº 575/2013 de 26 de junio de 2013

Por lo que respecta a la estructura, la nueva autoridad macroprudencial contará con un Consejo, integrado por la ministra de Economía y Empresa que ejercerá las funciones de presidenta, el gobernador del Banco de España, que será el vicepresidente, la subgobernadora del Banco de España, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones.

Asimismo, contará con un Comité Técnico, que estará formado por nueve representantes de los organismos integrantes de ANESFI y será presidido por la subgobernadora del Banco de España. El Comité se reunirá con carácter trimestral y tendrá entre sus funciones realizar y elevar al Consejo su análisissobre la situación actual en términos de estabilidad financiera, proponer la adopción de opiniones, alertas y recomendaciones y el seguimiento de los foros internacionales en los que se debata sobre política macroprudencial, con especial atención a las medidas adoptadas en otras jurisdicciones que puedan tener implicaciones para España. Otras instituciones relacionadas con la estabilidad financiera podrán ser invitadas a participar en las reuniones.

Publicidad e información

Con periodicidad anual, ANESFI elevará un informe a las Cortes de carácter público, en el que se analizarán los principales riesgos para la estabilidad financiera, las medidas macroprudenciales vinculantes adoptadas y las recomendaciones y avisos emitidos.

El Consejo General del Poder Judicial pone en marcha una nueva herramienta para conocer al detalle el mapa judicial de España

Miércoles, 14 de noviembre de 2018

Martes, 6 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

El CGPJ pone en marcha una nueva herramienta para conocer al detalle el mapa judicial de España

La guía, que se podrá consultar desde la página web, plasma de forma clara y sencilla la demarcación y planta judicial. Ofrecerá información sobre el número de jueces y magistrados que integran cada órgano, así como datos de contacto de la sede judicial

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en marcha una nueva aplicación que permitirá al ciudadano acceder de forma sencilla y directa a información relativa a cada uno de los órganos que forman parte del mapa judicial de España. Desde la página web del órgano de gobierno de los jueces (www.poderjudicial.es), se podrán conocer qué juzgados y tribunales existen en cada territorio, cuál es su ámbito de actuación (estatal, autonómico o provincial) y el número de jueces que lo integran, así como acceder al directorio de cada uno de esos órganos judiciales. Esta nueva guía supone una notable mejora de la ya existente por tratarse de una herramienta sencilla e intuitiva para conocer la distribución y composición de todos los órganos judiciales.

La organización territorial de los juzgados y tribunales así como el número de jueces que pertenecen a cada uno de ellos está regulada en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta judicial. Esta norma configura la planta diseñada por la Ley Orgánica del Poder Judicial y articula los distintos órdenes jurisdiccionales con la finalidad última de dar cumplimiento al derecho a la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 24 de la Constitución.

La nueva guía de la demarcación y planta judicial del CGPJ da acceso, en primer lugar, a un organigrama que, de forma esquemática, muestra la organización territorial de los órganos judiciales, según su ámbito de actuación sea estatal, autonómico, provincial o se corresponda con el partido judicial al que pertenece (Documento adjunto fig. 1).

La consulta de la información relativa a cada órgano judicial podrá realizarse previa selección del ámbito territorial donde se desea buscar y, a continuación, por juzgado o tribunal y, dentro de éstos, por sala y orden jurisdiccional. En cada caso, podrá conocerse el número de plazas previstas por ley para el órgano judicial, el número de plazas efectivamente constituidas, el número de plazas pendientes de constituir (si las hubiera) y el número de plazas ya constituidas que estuvieran pendientes de entrar en funcionamiento (si se diera el caso). ( Documento adjunto fig. 2).

La guía permite, asimismo, acceder al directorio de cada órgano judicial, donde se podrá conocer el nombre de los jueces o magistrados que lo integran, así como información de utilidad como la dirección postal y de correo electrónico y números de teléfono y fax de la sede judicial (Documento adjunto  figuras 3 y 4).

Los órganos judiciales podrán ser identificados y localizados a través de esta herramienta también en función de su especialización, cuando se trate de órganos dedicados de forma exclusiva al conocimiento de determinados asuntos. Ocurre así con los juzgados de violencia sobre la mujer, los especializados en cláusulas abusivas o los de familia, por poner algunos ejemplos (Documento adjunto  figura 5).

Por último, la guía ofrece información sobre los Registros Civiles exclusivos existentes en todo el territorio nacional (Documento adjunto  fig. 6).

El siguiente enlace permite acceder al contenido íntegro de la guía:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Demarcacion-y-Planta-Judicial/Introduccion/

Grande-Marlaska defiende el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas como un instrumento clave ante las amenazas de ataques a los servicios esenciales

Martes, 13 de noviembre de 2018

6º Congreso de Protección de Infraestructuras Críticas en España

Grande-Marlaska defiende el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas como un instrumento clave ante las amenazas de ataques a los servicios esenciales

Jueves 8 de noviembre de 2018 lamoncloa.gob.es
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha inaugurado en Madrid el 6º Congreso de Protección de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales, que se ha celebrado en la sede de Telefónica y que organiza el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) del Ministerio del Interior, en colaboración con la Fundación Borredá.
Este Congreso reúne cada año a los directivos de las principales empresas de España y a más de 200 representantes de los operadores críticos, medio centenar de miembros de los cuerpos de seguridad y diversas autoridades de ministerios u organismos implicados en la protección de infraestructuras y ciberseguridad (PIC).

Durante el acto de inauguración, Grande-Marlaska ha destacado que este foro, que ya se ha consolidado en España como un “evento de referencia” en un aspecto tan trascendental como la protección de infraestructuras críticas y de los servicios esenciales, constituye “una excelente oportunidad para que Administración y la Empresa se encuentren y se fusionen en un aspecto tan importante para la seguridad y la prosperidad de nuestro país”.

Grande-Marlaska ha recordado que el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas español “ya es un proyecto veterano, con 11 años de vida y de acreditada solvencia”, y que constituyó en el momento de su creación en 2007 “una pequeña revolución normativa al introducir conceptos que hoy son de uso común, pero que en su día fueron innovadores, como el de la seguridad integral, o la colaboración público-privada edificada sobre presupuestos de confianza mutua y que es la clave del éxito cosechado”.

El papel de los operadores críticos

El sistema PIC está compuesto por 11 departamentos ministeriales, y por otros varios organismos de la Administración General del Estado (entre ellos el Departamento de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nuclear y el CNI), así como por las administraciones autonómica y local.

En este sentido, Grande-Marlaska ha destacado el papel de los llamados operadores críticos (los que gestionan infraestructuras críticas y servicios esenciales), que ascienden ya a más de 170, y que constituyen la mayor comunidad de colaboración público-privada de España.

El ministro del Interior ha señalado que el CNPIC es un órgano pionero que actúa como director y coordinador de las actividades relacionadas con la correcta prestación de los servicios esenciales, mantiene un catálogo nacional en el que están identificadas, designadas y priorizadas todas las infraestructuras, y ha conseguido una importante implicación del sector privado basada en el intercambio de información sensible.

Fernando Grande-Marlaska ha explicado que el CNPIC dispone de un modelo de planificación escalonado en cuya cúspide se mantiene el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, alineado con el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista y con el modelo de protección de la Unión Europea, “que garantiza su interoperabilidad internacional con los países de nuestro entorno”.

Durante su intervención, el ministro del Interior ha destacado el papel relevante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas, tanto para la prevención como la respuesta ante amenazas a infraestructuras esenciales para el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, ha señalado que la ciberseguridad “no debe, ni puede ser considerada como un elemento ajeno ni distinto al concepto de seguridad global, como bien reconoce nuestra propia Estrategia de Seguridad Nacional”. Sobre este asunto, Grande-Marlaska ha señalado que la aproximación a la Ciberseguridad “requiere de la aplicación de una estrategia integral” coordinada a través de la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC) desde el Ministerio del Interior, como único Departamento presente en todo el ciclo de la ciberseguridad.

La apreciación del euro lastra la competitividad precio de la economía española

Lunes, 12 de noviembre de 2018

Índice de Tendencia de Competitividad

La apreciación del euro lastra la competitividad precio de la economía española

Jueves 8 de noviembre de 2018 lamoncloa.gob.es

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
La apreciación interanual del euro en el tercer trimestre del año frenó la competitividad española, según el Índice de Tendencia de Competitividad (ITC) calculado con el Índice de Precios de Consumo.
En el tercer trimestre de 2018 empeoró ligeramente la competitividad de España frente a la UE-28 (el ITC subió un 0,4%), lo que confirma el cambio de tendencia iniciado el trimestre anterior. Esta pérdida de competitividad se debe principalmente a la apreciación del euro frente a las divisas de aquellos países comunitarios que no pertenecen a la zona euro, unida a un leve incremento del índice de precios.

Frente a la OCDE, el ITC aumentó un 1,0% a pesar de la mejora de la competitividad española por una evolución de los precios en España más moderada que en la OCDE, que solo pudo compensar parcialmente la apreciación del euro frente a las principales monedas de esta zona.

En relación con los países BRICS, el ITC se incrementó un 3,5% interanual en el tercer trimestre. El deterioro de la competitividad-precio frente a esta zona se debió al aumento del tipo de cambio en un 4,1%, mientras que el índice de precios disminuyó un 0,6%.

En el segundo trimestre de 2018, el ITC medido con Índices de Valor Unitario (IVUs) empeoró frente al conjunto de la UE-28 (2,1%), debido principalmente al incremento del índice de precios relativos. Frente a los países de la OCDE, el ITC también muestra una pérdida de competitividad (4,3%), debido fundamentalmente a la apreciación del euro frente a la cesta de monedas de la zona.

El ITC calculado con Costes Laborales Unitarios (CLUs) frente a la UE-28 se redujo un 1,2% en el segundo trimestre de 2018, consolidándose la tendencia de mejora de competitividad registrada los últimos trimestres. La causa fue el comportamiento del índice de costes laborales unitarios, que disminuyó un 1,5%, frente al índice de tipo de cambio que aumentó un 0,3%.

El informe completo, con las tablas, se puede consultar en la web  www.comercio.gob.es  .

El Gobierno modifica la ley para que los ciudadanos no paguen el impuesto a las hipotecas

Lunes, 12 de noviembre de 2018

Consejo de Ministros

El Gobierno modifica la ley para que los ciudadanos no paguen el impuesto a las hipotecas

La Moncloa, Madrid, jueves 8 de noviembre de 2018

lamoncloa.gob.es
El Ejecutivo ha aprobado la modificación de dos artículos de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que la banca asuma desde el sábado el pago del tributo a las hipotecas. Además, ha acordado una serie de medidas urgentes para mejorar la gestión de las carreteras y la seguridad vial.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado de que el Consejo de Ministros, tal y como anunció ayer el presidente del Gobierno, ha aprobado un Real Decreto Ley para modificar la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con el objetivo de que “los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto cuando escrituren una hipoteca, ya que, a partir de ahora, lo pagarán los bancos”.

Montero ha recordado que el Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo decidió el martes rectificar el criterio de una sentencia anterior del mismo tribunal que obligaba a los bancos a pagar este impuesto. “Esto ha generado una gran alarma social y también inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el propio mercado hipotecario”, ha dicho.

La ministra ha afirmado que el Gobierno respeta la separación de poderes, pero lamenta el cambio de criterio. Además, ha argumentado que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de “velar por el interés general de los ciudadanos y garantizar la seguridad jurídica del marco normativo para el normal funcionamiento del mercado hipotecario”.

En este sentido, Montero ha defendido que el Gobierno ha decidido actuar con celeridad y modificar la ley para que los bancos paguen este impuesto desde el próximo sábado, fecha en la que entra en vigor el Real Decreto. La norma se aplicará a las hipotecas formalizadas a partir de ese día. La urgencia de esta modificación se justifica, según la ministra, por la confusión generada en “la controvertida sentencia del Tribunal Supremo” y por la necesidad de clarificar quién es el sujeto pasivo de este impuesto.

La ministra de Hacienda, María Jesús MonteroPool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaLa ministra ha aclarado que el cambio fundamental aprobado es la inclusión de un párrafo en el artículo 29 de la Ley sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que establece que “cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista”.

El texto aprobado hoy también modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para introducir que “este gasto estará considerado como no deducible por parte del prestamista”. Es decir, que los bancos no podrán deducirse este gravamen.

Montero ha aclarado que el Gobierno ha descartado eliminar el tributo porque aporta 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas que contribuyen a financiar la Sanidad, la Educación y la Dependencia.

Protección al cliente

María Jesús Montero ha añadido que el Ministerio de Economía y Empresa trabaja en paralelo en la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente de Productos Financieros, entidad que velará para prevenir que se produzcan cláusulas abusivas que trasladen el coste del impuesto a los consumidores.

El Gobierno, ha añadido la ministra, quiere mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y actúa desde la responsabilidad asumiendo competencias para devolver la certidumbre al mercado hipotecario y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha resaltado que el Ejecutivo manifiesta así “su voluntad de estar junto a los ciudadanos y de prestar el apoyo que fuera necesario a las comunidades autónomas, que son las depositarias de este impuesto”.

El Tribunal Supremo desestima el recurso del Consejo General de la Abogacía contra la especialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas

Domingo, 11 de noviembre de 2018

Viernes, 2 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo desestima el recurso del Consejo General de la Abogacía contra la especialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas

La Sala Tercera avala el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ el 25 de mayo de 2017

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Consejo General de la Abogacía Española contra la resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de mayo de 2017, por el que se atribuye a determinados juzgados que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación de préstamos hipotecarios.

En primer lugar, la Sala rechaza falta de motivación del acuerdo del CGPJ y recuerda que la justificación de la excepcionalidad de la medida no requiere de una especial motivación precisamente por “la notoriedad de las circunstancias subyacentes. Ciertamente, la elevadísima litigiosidad que se trata de abordar a través de esta medida, y las circunstancias en que ha surgido, constituyen por sí mismas motivación más que suficiente para la decisión; siendo una vez más cuestión diferente la discrepancia de la parte recurrente sobre su oportunidad o acierto”.

Asimismo, indica que el acuerdo cita explícitamente la norma en que se ampara para justificar la decisión que incorpora (el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) que faculta al Consejo General del Poder Judicial a acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos.

La sentencia resalta que el acuerdo vino precedido de un estudio inicial del que se dio traslado a los presidentes de los tribunales superiores de justicia, a los jueces decanos, a los responsables de las comunidades autónomas, y para lo que se recabó informes del Servicio de Inspección del CGPJ, del Ministerio de Justicia, de las comunidades autónomas y de las salas de gobierno de los tribunales superiores.

“La decisión definitiva sobre la adopción de esta medida y la consiguiente determinación e individualización de los órganos jurisdiccionales afectados se encuentra, pues, ampliamente documentada; siendo, reiteramos, cuestión distinta que a la corporación recurrente no le satisfaga o no le convenza ni el sentido de lo acordado ni la determinación de los órganos judiciales a los que se encomienda el tratamiento procesal de los procedimientos concernidos”, señala la sentencia.

Asimismo, el Supremo tampoco aprecia que el Acuerdo impugnado haya incurrido en infracción del derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la Ley. “Asiste la razón al sr. abogado del Estado cuando pone de manifiesto, primero, que la medida adoptada tiene cobertura normativa expresa, y con rango adecuado, en el artículo 98.2 de la LOPJ; y segundo, que proyecta su operatividad sobre procedimientos aún no iniciados, lo que despeja cualquier sospecha de infracción de tal derecho fundamental”, señala la resolución. Los magistrados también rechazan que la medida acordada por el CGPJ sea arbitraria.

Un juzgado de Pontevedra confirma la orden de demolición de las 52 viviendas de una urbanización de O Grove

Sábado, 10 de noviembre de 2018

Martes, 6 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

Un juzgado de Pontevedra confirma la orden de demolición de las 52 viviendas de una urbanización de O Grove

Situada en San Vicente do Mar, está clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha confirmado la orden de demolición de las 52 viviendas de la urbanización Raeiros, situada en San Vicente do Mar (O Grove), así como de los viales y grandes movimientos de tierra realizados en la zona, clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas. Contra el fallo cabe presentar recurso de apelación ante el TSXG.

En la sentencia el magistrado desestima el recurso interpuesto por uno de los propietarios contra la resolución de octubre de 2017 de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta (APLU) en la que insta a los titulares de los 52 chalés a cumplir la orden de derribo de 2014. La demolición fue decretada por la Xunta por primera vez en 2010. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo también le impone al recurrente el pago de costas.

La sentencia explica que la legislación prohíbe usos residenciales en ese tipo de suelo, una zona boscosa que da a la playa de Balea-Raeiros. En 1993 el propietario obtuvo una licencia para construir un apartahotel de uso turístico, pero, según consta en el fallo, construyó los 52 chalés adosados con uso de vivienda y los vendió a diferentes propietarios. En 2007 la Xunta les requirió la implantación de uso hotelero y la disolución de la parcelación mediante la unificación de todas las casas en una sola propiedad, pero ignoraron la orden. En 2010 la APLU ordenó la demolición y volvió a requerirla en 2014. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra confirma en la sentencia esa última orden de demolición.

“La licencia de obras iba unida a la de actividad. Sin el uso de hotel (sin parcelación) todo lo construido carece de sentido”, subraya el juez en el fallo, en el que también apunta la posibilidad de que la licencia del hotel de 1993 haya caducado.

La constitución de sociedades aumenta el 0,3% en el tercer trimestre

Sábado, 10 de noviembre de 2018

La constitución de sociedades aumenta el 0,3% en el tercer trimestre

Octubre 29, 2018  Notas de prensa  – registradores.org

Entre julio y septiembre, las sociedades inmersas en concurso de acreedores subieron un 0,9% respecto al mismo trimestre de 2017
Más de 1.000 sociedades trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma

En el tercer trimestre se constituyeron en España 19.595 sociedades mercantiles, un 0,3% más que en el mismo trimestre de 2017. Con este dato, la creación de empresas aumenta, aunque levemente, por segundo trimestre consecutivo, después de seis trimestres de descensos, iniciados en el cuarto trimestre de 2016.

En los últimos 12 meses, de octubre de 2017 a septiembre de 2018, se constituyeron 95.127 sociedades, un 0,8% menos que en el mismo período acumulado del año anterior, claramente por debajo de las 100.000 operaciones anuales, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores.

Por territorios, la creación de empresas baja en Asturias, Cataluña, Murcia, Galicia, Castilla y León, Baleares y Navarra, mientras que sube en el resto, principalmente en Castilla-La Mancha, País Vasco, Aragón, Andalucía, Canarias y Extremadura.

Extinciones

Las extinciones alcanzan las 5.008 sociedades en el tercer trimestre, un 5,7% más que en el mismo trimestre de 2017, por lo que continúa la tendencia de subidas de trimestres anteriores. En los últimos 12 meses, de octubre de 2017 a septiembre de 2018, las extinciones aumentaron el 1,3% sobre el mismo período acumulado del año anterior.

Por territorios, aumentan en Ceuta y Melilla (87,5%), Castilla-La Mancha (84,8%), Navarra (59%), Comunidad Valenciana (26,3%), Baleares (17%), Asturias (9,4%), Madrid (8,3%) y Cataluña (6%). Por el contrario, descienden en Murcia (-23,5%), Aragón (-21,5%), Castilla y León (-15,2%), Galicia (-13,5%), País Vasco (-10,9%), La Rioja (-8,8%), Canarias (-3,8%), Extremadura (-3%) y Andalucía (-2,8%). Se mantienen sin cambios en Cantabria.

Operaciones de capitalización

En el tercer trimestre se contabilizaron 6.897 ampliaciones de capital, con un aumento del 4,2% sobre el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, en términos de importe de capital aumentado se desembolsaron 4.823 millones de euros, un 53,9% menos que en el mismo período de 2017.

Concursos

Las empresas con serias dificultades financieras, que se vieron inmersas en concurso de acreedores entre julio y septiembre fueron 708, un 0,9% más que en el tercer trimestre de 2017, por lo que aumenta durante dos trimestres consecutivos, después de varios años con importantes descensos.

En los últimos 12 meses, de octubre de 2017 a septiembre de 2018, se declararon en concurso 3.574 sociedades, un 0,9% menos que en el acumulado del año anterior. Las caídas que se venían produciendo desde 2014 continúan suavizándose en los últimos trimestres.

En el tercer trimestre y con respecto al mismo periodo de 2017, las caídas más acusadas se registran en Ceuta y Melilla, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Aragón, Cantabria, Canarias y Madrid, mientras que en el otro lado, los mayores incrementos en los concursos de acreedores se localizan en Navarra, La Rioja, Murcia, Asturias y Cataluña.

Traslados de sede social

Se detallan a continuación los traslados de sede social de empresas entre las diversas CC.AA., correspondientes al tercer trimestre de 2018. Debido al procedimiento para inscribir el cambio de domicilio social de una sociedad, que prevé un plazo de hasta tres meses para finalizar todo el proceso ante el Registro Mercantil de destino, una parte de los traslados inscritos en el trimestre, corresponden a solicitudes realizadas ante el Registro Mercantil de origen en el trimestre anterior.

En el tercer trimestre del año 1.036 sociedades mercantiles trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma. Cataluña registra el mayor número de salidas, con 259 sociedades que mueven su domicilio social a otra comunidad, seguida de Madrid (255), Andalucía (103) y Comunidad Valenciana (70). En el balance entre entradas y salidas, Cataluña presenta un balance negativo, es decir, de pérdidas de sede social de 155 empresas mientras que la Comunidad de Madrid muestra un saldo positivo de 163 sociedades. El resto de CC.AA. muestra saldos más o menos equilibrados.

Sánchez anuncia un decreto ley para que el impuesto de las hipotecas “lo pague la banca y no los ciudadanos”

Jueves, 8 de noviembre de 2018

Sánchez anuncia un decreto ley para que el impuesto de las hipotecas “lo pague la banca y no los ciudadanos”

El Consejo de Ministros de mañana llevará también la creación de una Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros.

07/11/2018  psoe.es

Pedro Sánchez anunció hoy la aprobación –mañana en Consejo de Ministros- de un Real decreto ley para que “sea la banca” y “nunca más los españoles quienes paguen” el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al suscribir un crédito hipotecario.

La decisión del ejecutivo socialista presidido por Sánchez, y presentada por él mismo en el curso de una rueda de prensa en Moncloa, se produce pocas horas después de que el pleno del Tribunal Supremo rectificara la decisión adoptada hace días por la sección segunda de este órgano, que lo hacía recaer en el sector financiero.

Sánchez, que comenzó destacando su respeto a la labor y a la independencia del poder judicial, subrayo que la situación generada “no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces, ni, sobre todo y especialmente, para los ciudadanos”. Y justificó la decisión de su Gobierno en la necesidad de dar “seguridad jurídica” y en el “compromiso” de “actuar siempre en interés de la ciudadanía”.

El también secretario general del PSOE anunció además una segunda medida, como es “la creación de la Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros”; una iniciativa para “reforzar la protección ante potenciales abusos y mejorar la capacidad de resolver conflictos” en el sector financiero, que será remitida en las próximas semanas a las Cortes Generales.

Sánchez explicó que “la voluntad del Gobierno es la de garantizar la seguridad jurídica de todos y para todos, por eso la reforma se aplicará a partir de la fecha de su entrada en vigor, tanto la de la Autoridad independiente cuando llegue al Congreso de los Diputados y sea aprobada por el poder legislativo, como el Real decreto ley a partir de su publicación este viernes en el BOE”.

En definitiva, como explicó el presidente Sánchez lo que hace el Gobierno con estas medidas es “aclarar la situación; garantizar y fortalecer la seguridad jurídica y, sobre todo, garantizar y fortalecer un principio básico para este Gobierno como es la igualdad”.

Preguntado por las movilizaciones convocadas por otros partidos políticos para protestar por la decisión del Supremo, Sánchez aseguró que “cada partido es libre de hacer la oposición como considere”, pero “nosotros creemos que se tiene que hacer en las instituciones”, de ahí que haya instado a Unidos Podemos y al resto de fuerzas parlamentarias a que lleven sus propuestas al Congreso de los Diputados. “Más allá de que luego de convoquen manifestaciones, es la hora de la política, de ser ejecutivos, de ser prácticos y de tomar decisiones para llevarlas adelante”, subrayó.

Nota informativa de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (6-11-2018)

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

Martes, 6 de noviembre de 2018  poderjudicial.es

Nota informativa de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (6-11-2018)

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala III, tras dos días de deliberaciones, ha acordado por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario. El texto de las sentencias se conocerá en los próximos días.

El Congreso endurece la separación del socio por falta de dividendos

Martes, 6 de noviembre de 2018

El Congreso endurece la separación del socio por falta de dividendos

El texto aprobado introduce más limitaciones para la salida de los minoritarios
Xavier Gil Pecharromán

2/11/2018 – eleconomista.es

El Congreso de los Diputados ha modificado, una vez más, las condiciones para que un socio pueda separarse de la sociedad en los casos de falta de distribución de dividendos, según consta en el texto del Proyecto de ley por el que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad -procedente del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre-.
La norma, aprobada por el Congreso y remitida al Senado para su discusión, regula que una vez transcurrido el quinto ejercicio, contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que haya hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acuerde la distribución como dividendo de al menos el 25 por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente distribuibles, siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores.

Cuentan los últimos ejercicios

En la legislación vigente basta con que el socio hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales y el límite era la aprobación por la junta de un tercio de los beneficios sociales distribuibles.

Además de este cambio de circunstancias, el texto aprobado en el Congreso incluye una limitación que impedirá la separación del socio, si durante los últimos cinco años los dividendos distribuidos equivalen al 25 por ciento de los beneficios le-galmente distribuibles registrados en dicho periodo.

Estas novedades se entenderán sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que puedan corresponder y salvo disposición contraria en estatutos.

En este último caso, para la supresión o modificación de la causa de separación , la norma establece que será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a a favor de tal acuerdo.

El plazo para el ejercicio del derecho de separación no variará con respecto a la legislación en vigor y, por tanto, seguirá siendo de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios. También, se mantiene la inaplicación de este artículo para las sociedades cotizadas, pero también quedan fuera de su regulación aquellas que sociedades cuyas acciones están admitidas a negociación en un sistema multilateral.

En las sociedades cotizadas la salida del socio mediante la venta de sus acciones es fácil por existir un mercado abierto, lo que no ocurre con las sociedades no cotizadas.

Y se añaden otras situaciones que quedan fuera de esta regulación, como es el caso de las sociedades que se encuentren en concurso o cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

Finalmente, también quedan fuera de esta norma. Los casos en que la sociedad ha alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas por la legislación concursal.

La regulación de separación del socio por falta de distribución de dividendos se aprobó en 2011, pero no entró en vigor hasta 2016. Este artículo fue suspendido antes de su vigencia, suspensión que fue prorrogada en 2012 y 2014, mediante la inclusión de disposiciones transitorias o finales en Reales Decretos-Ley.

Con estas medidas se trata de poner fin a los abusos del socio mayoritario para hacerse con el capital del minoritario si, como suele ocurrir, éste tiene derecho a la percepción de salarios u otras prebendas asociadas al control societario o a transacciones sobre las participaciones, que obligan a poner más recursos al minoritario o a ver cómo se diluye su inversión.

Se trata de un caso muy corriente en herencias familiares, en las que el padre deja a sus hijos participaciones sociales en lugar de cuotas de propiedad sobre los activos del patrimonio social y uno de ellos logra hacerse con una mayoría.

En la tramitación, ERC sugirió introducir en el texto propuesto la remisión a las cuentas anuales consolidadas en caso de tratarse de sociedades dominantes de un grupo, pues es bien frecuente que, por decisión del socio mayoritario, las sociedades filiales no repartan dividendos a la dominante, burlando así el derecho del socio minoritario.

Existen antecedentes jurisdiccionales y sentencias dictadas por el Mercantil número 9 de Barcelona. Sin embargo, esta propuesta no llegó a prosperar en el Congreso.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el abuso del socio mayoritario en sentencia de 7 de diciembre de 2011. Aunque el artículo 204.1 de la LSC silencia el abuso de derecho y el de poder, para el TS no constituye un obstáculo insuperable para anular los acuerdos sociales en tales supuestos.

Hipotecas: ¿Y ahora qué?

Lunes, 5 de noviembre de 2018

Hipotecas: ¿Y ahora qué?
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Artículo de opinión de Almudena Semur, Secretaria General del IEE, en diario El Economista el 28 de octubre de 2018 – ieemadrid.es

A la fragmentación parlamentaria existente en nuestro país, que le impide poner en marcha reformas de calado, los significativos datos de paro, el desafío independentista o la falta de medidas de ajuste para resolver el gran problema de las pensiones, hay que añadirle la eclosión de un gran conflicto provocado por un cambio interpretativo de la norma tributaria, hecho que pone de manifiesto la inseguridad jurídica en la que se halla inmerso nuestro país. En este sentido, resulta obvio señalar que la mejor medida para evitar conflictos de esta índole es estar dotados de un ordenamiento que transmita de forma clara a los ciudadanos y a los agentes económicos cómo tienen que cumplir las normas. Las normas tienen que ser fáciles de localizar, así como deben estar dotadas de estabilidad en el tiempo con el fin de que puedan ser asumidas y asimiladas por todos aquellos que deban ajustarse a ellas. Realidad que, en absoluto, se corresponde con la normativa tributaria imperante en nuestro país, en cuya redacción se utiliza un lenguaje esotérico y oscuro que mezcla la economía, el derecho y la contabilidad. Pero es que, además de ser farragosa, es inestable en el tiempo, al aceptar todo tipo de cambios que obedecen a necesidades electoralistas escondidas en la oscuridad de un lenguaje técnico tributario que oculta su veracidad. Y es que como señala el maestro Ferreiro Lapatza, nuestro sistema tributario pone de manifiesto su cara más injusta. Esto es, unas leyes fiscales hechas a espaldas del principio de igualdad, unas leyes plagadas de excepciones, de exenciones, de regímenes especiales, de normas de excepción, de normas dictadas por y para la propaganda electoral, y de normas que declaran hoy justo, lo que mañana declararan injusto. Y es que el legislador tributario y la burocracia que le prepara los Proyectos de Ley no sé muy bien si por ignorancia o por mala fe, hacen creer al ciudadano que las leyes tributarias son muy complicadas y difíciles de entender con el aplauso, eso sí, de abogados y asesores fiscales. Desde luego, en estas condiciones resulta muy difícil evitar conflictos entre Administración y administrados, como tampoco la norma sirve para un mejor funcionamiento de un sistema económico que, como todos sabemos, debe estar basado en tres pilares fundamentales: seguridad jurídica, confianza y previsibilidad. Y son estos tres pilares los que han saltado por los aires a raíz del cambio de criterio del Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de octubre de 2018, respecto a la determinación del sujeto pasivo, es decir, del obligado al pago del tributo en el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) de los préstamos con garantía hipotecaria. Impuesto que, dicho sea de paso, tiene más de tasa que de impuesto, aunque por su diversidad resulta complicado convertir este gravamen en tasa.

Y es que la Sentencia de la Sección de la Sala Tercera cambia un criterio judicial consolidado sobre quién es el sujeto pasivo de un impuesto, contradiciendo numerosas Sentencias previas del Tribunal Supremo y declarando ilegal un artículo de un Reglamento de 1995, veintitrés años después de que se aprobara tras ser aplicando pacíficamente por las Administraciones públicas. Es decir, el legislador ha trasladado la condición de sujeto pasivo al que no lo era, declarando injusto lo que ayer era justo.
Sin lugar a duda, este cambio menoscaba la seguridad jurídica, precepto fundamentalmente para que los ciudadanos y operadores económicos puedan desarrollar una correcta planificación fiscal y ajustar su comportamiento económico al coste previsible de los impuestos, adaptándose a la normativa vigente en cada momento. A la vez que daña la confianza legítima. Esto es, los ciudadanos toman sus decisiones de ahorro o gasto basándose en la legislación vigente, por lo que un cambio en la misma totalmente imprevisible, si fuese aplicado retroactivamente podría estar vulnerando el principio de confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
En definitiva, se trata de un cambio de criterio que contradice un Reglamento tanto tiempo después, y en contra de precedentes previos tan sólidos: es el tipo de “sorpresa” que aleja la inversión y erosiona la confianza en la economía española. Es el tipo de sorpresa que afecta a nuestra estabilidad institucional y de competitividad externa.

El Banco Mundial publica el indicador Doing Business 2019, que analiza el periodo entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018

Domingo, 4 de noviembre de 2018

31 de octubre de 2018 mineco.gob.es

El Banco Mundial publica el indicador Doing Business 2019, que analiza el periodo entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018

España pasa del puesto 28 al 30 en el ránking, su segunda mejor posición desde 2008
La puntuación global de España experimenta una ligera mejoría hasta los 77,68 puntos, aproximándose al nivel de referencia situado en 100

España obtiene el segundo mejor resultado desde 2008, con una puntuación de 77,68 puntos, en el indicador Doing Business 2019 que publica anualmente el Banco Mundial. Este indicador analiza la facilidad para hacer negocios en 190 países, otorgando una nota final global y una nota por cada área analizada, siendo 100 el valor de referencia.

En el periodo analizado, que corresponde a los meses comprendidos entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018, España ha descendido dos puestos en el ránking, pasando del 28 al 30, pero ha mejorado la distancia al valor de referencia pasando del 77,02 al 77,68.

El Doing Business pone el foco en 10 áreas regulatorias que influyen en el clima de negocios de un país. Durante el último año, España mejora la puntuación en relación al valor de referencia en siete de las áreas analizadas, entre las que destaca el indicador sobre manejo de permisos de construcción. Por el contrario, experimenta un retroceso únicamente el indicador de registro de propiedades y dos se mantienen en los niveles del año anterior.

En la comparativa con las economías europeas mejor posicionadas, España avanza un puesto respecto al año anterior, situándose en la decimoprimera posición.

Si bien la posición relativa en el ránking ha experimentado pocos cambios significativos en los últimos cinco años, los resultados obtenidos se enmarcan en una tendencia de mejora paulatina del marco regulatorio.

El juez propone juzgar a la excúpula de Caixanova y a dos empresarios por una operación inmobiliaria en Cangas del Morrazo (Pontevedra) que causó un perjuicio de 43 millones de euros

Domingo, 4 de noviembre de 2018

Miércoles, 31 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El juez propone juzgar a la excúpula de Caixanova y a dos empresarios por una operación inmobiliaria en Cangas del Morrazo (Pontevedra) que causó un perjuicio de 43 millones de euros

En el auto de pase a procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción, el magistrado entiende que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro de apropiación indebida

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, a cuatro exdirectivos de la entidad y a dos empresarios por una operación inmobiliaria presuntamente irregular en la localidad pontevedresa de Cangas de Morrazo que supuso un perjuicio para la caja de 43 millones de euros.

En el auto de pase a procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción, el magistrado entiende que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro de apropiación indebida.

Atribuye dichos delitos al que fuera presidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, a los exdirectores generales Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada y Ángel Corona, al entonces jefe de Empresas Participadas Juan Manuel Gutiérrez Ois y a los administradores de la inmobiliaria Atlántico Construcciones y promociones SL Ubaldino Rodríguez Bello y su mujer Natividad Blanco González Pereda.

En su auto el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa para once personas, entre ellas el exdirector general José Luis Pego, y concede un plazo de diez días a Fiscalía, Abogacía del Estado y Abanca como partes acusadoras para soliciten la apertura de juicio oral presentando escrito de acusación o solicitando el sobreseimiento.

La operación investigada en este procedimiento se refiere a un proyecto de inversión inmobiliaria en Cangas de Morrazo entre dos socios, Atlántico Construcciones y Caixanova, que aportaría la financiación. El proyecto se desarrollaría a través de dos sociedades (CRMA y RMA) -participadas al 50 por ciento por los dos socios- para la promoción de una urbanización de carácter residencial, comercial y hotelero, así como la construcción y explotación de un puerto deportivo. Todo ello con una inversión máxima de 151 millones de euros.

Una vez analizada toda la operativa desarrollada y las presuntas irregularidades, el juez considera que la operación se diseñó específica y deliberadamente por los investigados para que el coste financiero de la misma fuera asumido por Caixanova de modo que Atlántico de Construcciones se limitaba a inyectar en el proyecto las cantidades que recibía de dicha entidad, “de modo que todo el riesgo de la operación (altísimo ante la situación urbanística de los terrenos, que imposibilitaba el desarrollo pretendido) y las consiguientes pérdidas, que superaron los 43 millones de euros, corriera a cargo de Caixanova”.

A tales efectos, indica el auto, los directivos de Caixanova consiguieron que los órganos corporativos de la entidad adoptaran los acuerdos necesarios para dotar al proyecto en cada momento de las fuentes de financiación necesarias, “ocultando la inexistencia de suficiente análisis técnico que soportara la asunción del riesgo en la fase inicial y sin proveer la información suficiente en relación con los sucesivos acuerdos que se fueron adoptando, en particular en cuanto a la situación urbanística de los terrenos y a la viabilidad legal y técnica del proyecto”.

Actuando así, continúa el magistrado, los directivos de Caixanova consiguieron que se acordara la alianza con un socio que no tenía capacidad económica y financiera para materializar la compra de los terrenos ni para asumir de modo independiente la parte del proyecto que le correspondía, sin evaluar el precio razonable de los terrenos y pagando por ellos, en consecuencia, una “cantidad elevadísima y no justificada en absoluto (para ocular ahí las enormes plusvalías de Rodríguez Bello y Rodríguez Pereda”. Además, explica, se disimuló el pago de un canon a este último injustificado en el pago del precio de los terrenos, se omitió la realización de una auditoría legal y se evitó la “más elemental diligencia para comprobar primero y, para asegurar después, la viabilidad del proyecto y sustrayendo a los órganos corporativos de Caixanova (Comisión Delegada y Consejo de Administración) la información apropiada para que pudiera tomar decisiones informadas”.

De la Mata subraya también que en la legislación autonómica se establece que es competencia de la Consejería de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia, en relación con la cajas de ahorros de la comunidad, autorizar las tomas de participación de capital superiores al 20 por ciento, autorización que deberá ser expresa, previa y escrita. En este caso, señala el magistrado, el acuerdo del Consejo de Administración de Caixanova fue adoptado, por tanto, antes siquiera de comunicar a la Xunta de Galicia la existencia del proyecto y la toma de participación pretendida.

El instructor también reseña que el proyecto urbanístico no ha sido iniciado y que el terreno estaba calificado como suelo urbano no consolidado de uso predominantemente industrial, calificación urbanística que se mantiene en 2018, catorce años después.

Los jueces obligan a los bancos a devolver las comisiones de apertura de las hipotecas

Sábado, 3 de noviembre de 2018

Audiencia provincial

Los jueces obligan a los bancos a devolver las comisiones de apertura de las hipotecas

La Audiencia de Palma declara nula otra cláusula abusiva impuesta por las entidades financieras
j.f. mestre | palma   31.10.2018  diariodeibiza.es

Los jueces de Balears han declarado nula otra cláusula abusiva impuesta por las entidades bancarias a la hora de aprobar un préstamo hipotecario. S e trata de la comisión de apertura de dicho préstamo, que varía en función del banco que concede el préstamo, pero que  va desde el 0.25 al 1.5 por ciento de la cantidad que se presta. La Audiencia de Palma ha dictado en los últimos meses varias sentencias condenando a los bancos a que devuelvan a sus clientes el dinero cobrado en este préstamo, a lo que hay que sumar los correspondientes intereses.

Esta decisión de los jueces va a suponer un duro revés económico a las entidades bancarias, dado que las sentencias no fijan una fecha límite para reclamar la devolución de esta comisión de apertura. “En la mayoría de casos la factura que tendrán que pagar los bancos por esta cláusula abusiva será superior a las minutas de los notarios y registradores que también tendrán que devolver a sus clientes”, señaló un abogado experto en estas demandas.
A la hora de negociar un préstamo con un banco para poder adquirir una vivienda, el cliente se veía obligado a aceptar esta cláusula abusiva. No se trataba de una condición que se podía negociar, sino que venía impuesta por el banco, bajo la excusa de que era una forma para que el cliente pagara el trabajo previo que realizaba la entidad financiera para estudiar el perfil de la persona que solicitaba el préstamo y, sobre todo, su solvencia económica.

Sin embargo, en el momento de firmar el préstamo, el banco no demostraba nunca este trabajo de estudio que había realizado que justificara, en algunos casos, el pago de una comisión del 1.5 por ciento sobre la cantidad que se pagaba. Esta cláusula se imponía tanto si se firmaba una hipoteca variable, como a un interés fijo. El porcentaje que impone el banco a la hora de aceptar el préstamo en este concepto de comisión de apertura aparece reflejado en la escritura que redacta el notario.

La declaración de cláusula abusiva es relativamente reciente. Los jueces de Palma no fueron los primeros en aplicar este criterio, pero sí coinciden con otros tribunales en que se trata de una cláusula abusiva y, por tanto, debe declararse nula. De hecho, la Audiencia de Palma en sus últimas sentencias está dando la razón a los clientes que reclamaban la devolución de estas cantidades pagadas, unas cifras que en muchos casos superan el dinero que el banco también debe devolver por la minuta del notario, del registrador y de la gestoría que se encargó de los trámites administrativos del préstamo.

Abogados especialistas en derecho bancario han señalado que el criterio es muy claro sobre este caso y, si bien no existe ninguna prohibición legal para que los bancos exijan una comisión para conceder un préstamo, ya que así viene expresamente admitida por la normativa bancaria, esta cláusula debe responder a un servicio efectivo. En este sentido, en una reciente sentencia de la Audiencia de Palma se señalaba que “si no hay servicio o gasto, no puede haber comisión” e incidía en que “no se acierta a percibir qué tipo de servicio se le otorga al cliente bancario, pues el contrato se perfecciona con la entrega del dinero”.

Los expertos coinciden también en que la declaración de esta cláusula como abusiva va a disparar las demandas judiciales contra los bancos, puesto que muchos clientes se mostraban reticentes para reclamar únicamente a las entidades financieras los gastos del notario y el registro. “Muchos clientes ni siquiera se acuerdan que al firmar su hipoteca tuvieron que pagar esta comisión de apertura, por lo que ahora se plantearán demandar al banco para que les devuelva el dinero que abonaron por una cláusula que no pudieron negociar, sino que les vino impuesta”, señaló uno de los abogados.