AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo de diciembre de 2018

El Corte Inglés y Alibaba firman un acuerdo para desarrollar una colaboración global

Sábado, 15 de diciembre de 2018

El Corte Inglés y Alibaba firman un acuerdo para desarrollar una colaboración global

• Dentro de este acuerdo de intenciones entre el líder europeo de grandes almacenes y la compañía global de tecnología, ambos grupos desarrollarán nuevas oportunidades de negocio en el entorno del “nuevo comercio online” y la mejora de la propuesta omnicanal.
• Ambas compañías podrán colaborar en distintos proyectos de comercio global, cloud computing e innovación, y el pago por móvil, así como aprovechar las ventajas de las tiendas e infraestructuras físicas.

elcorteingles.es

Madrid (España) y Hangzhou (China), 29 de noviembre de 2018: El Corte Inglés, líder europeo de grandes almacenes, y Alibaba Group, líder mundial en tecnología, han firmado un acuerdo de intenciones para desarrollar una estrecha colaboración en las áreas de comercio minorista y distribución, servicios de cloud computing, innovación digital y pagos a través del móvil. Ambas compañías han puesto en marcha esta colaboración con el fin de aprovechar sus respectivas fortalezas y las de sus distintas unidades de negocio y empresas asociadas, incluyendo Tmall, Alibaba Cloud, Alipay y AliExpress, que podrán colaborar en el desarrollo de las iniciativas correspondientes.
Como parte de este acuerdo global e impulsados por la transformación digital, El Corte Inglés y Alibaba han acordado explorar una serie de oportunidades de colaboración, con el fin de mejorar sus respectivas propuestas omnicanales, y aprovechar lo mejor del mundo físico y del online.
Entre las principales iniciativas y proyectos de colaboración se incluyen:
Cloud computing e innovación
• El Corte Inglés tendrá la oportunidad de acceder a un paquete integral de soluciones tecnológicas proporcionado por Alibaba Cloud, el área de cloud computing de Alibaba Group, que incluye el análisis de big data para la toma de decisiones empresariales en tiempo real; y herramientas de inteligencia artificial que ofrecen la personalización de la oferta para una mejor atención al cliente.
Comercio
• El Corte Inglés tendrá la oportunidad de aprovechar las plataformas B2C de Alibaba, incluyendo Tmall y AliExpress, con el fin de ofrecer a los usuarios de Alibaba en China y en el resto del mundo sus marcas y productos, incluidas las marcas propias de El Corte Inglés. El objetivo final sería permitir a los consumidores de Alibaba acceder a una gama más amplia de grandes marcas españolas e internacionales que se venden en las tiendas de El Corte Inglés, incluyendo la posibilidad de dar a conocer nuevos productos made in Spain.
• Por su parte, AliExpress podrá desarrollar corners y otros espacios físicos en los centros comerciales de El Corte Inglés que permitan recrear nuevas y atractivas experiencias de compra así como dar a conocer al mercado español los últimos productos lanzados en la plataforma. Estas iniciativas vienen tras otro hito a principios de noviembre cuando AliExpress abrió una pop up en el centro comercial de El Corte Inglés de Sanchinarro (Madrid). Se trataba de una iniciativa pionera, ya que era la primera tienda temporal que la plataforma de origen chino inauguraba en un centro comercial en España con motivo de la celebración del 11.11, el Día del Soltero, cada vez más conocido como el Festival Mundial de las compras.
• Ambas compañías se han propuesto también trabajar estrechamente en la utilización de infraestructuras y canales logísticos. En este sentido, Alibaba se podrá beneficiar del conocimiento y capacidades logísticas de la empresa española, y utilizar sus centros físicos como puntos de recogida para compras online a través de AliExpress.
Medios de pago
• El Corte Inglés ya firmó el pasado mes de marzo un acuerdo con Alipay, la plataforma de pago móvil inteligente operada por Ant Financial, compañía asociada al grupo Alibaba, para hacer más fáciles y seguras las compras a los turistas chinos que visitan España. Ahora, tras este acuerdo, dicha alianza cobra mayor relevancia ya que podrán desarrollarse iniciativas conjuntas que permitan crear nuevas experiencias de compra para los turistas chinos.

Para Víctor del Pozo, consejero delegado de El Corte Inglés, “este acuerdo nos va a permitir aunar el mundo físico y el online, ofreciendo la mejor experiencia de compra al cliente. Juntos estamos escribiendo el futuro y situándonos a la vanguardia de la tecnología y del comercio. El Corte Inglés posee grandes almacenes en las mejores ubicaciones de las principales ciudades españolas y portuguesas, y cuenta con la confianza de los consumidores españoles e internacionales. Esto, unido a la tecnología de Alibaba, nos permitirá ofrecer una propuesta de valor imbatible”.
Rodrigo Cipriani Foresio, director de Alibaba Group para España, Italia, Portugal y Grecia , señala que “estamos encantados de haber firmado esta carta de intenciones con un grupo de distribución líder en el mercado internacional como El Corte Inglés, que involucra a cuatro de nuestras unidades de negocio. Esperamos unir fuerzas con ellos para ofrecer a los consumidores en China y en todo el mundo los mejores productos y experiencias. Como compañía global de tecnología, la transformación digital y la innovación en todos los campos son los impulsores fundamentales de la misión de Alibaba de facilitar los negocios en cualquier lugar, con el objetivo de servir mejor a nuestros clientes en todo el mundo, hoy y en el futuro. Por lo tanto, confiamos en que la experiencia y las habilidades aportadas por ambas compañías generarán un valor y unas oportunidades únicas a medida que la cooperación se materialice.”

Sobre Alibaba Group
La misión del Grupo Alibaba es facilitar los negocios en cualquier lugar. La compañía aspira a crear la infraestructura comercial del futuro. Su visión es que los clientes conozcan, trabajen y vivan en Alibaba y ser una empresa que perdure al menos durante 102 años.

Acerca de El Corte Inglés
El Grupo El Corte Inglés es la mayor cadena de grandes almacenes en Europa y un referente del comercio en España. Su estrategia de diversificación y su empeño por adaptarse a las nuevas necesidades y demandas del cliente le ha llevado a crear diferentes formatos comerciales. El Corte Inglés sustenta su relación con el cliente en cinco principios básicos: calidad, surtido, especialización, servicio y garantía. Todo ello en un marco de innovación y adecuación continua a las nuevas necesidades de la sociedad.

Luz verde al pago de 84 millones de euros en ayudas para la compensación de costes de CO2

Viernes, 14 de diciembre de 2018

Luz verde al pago de 84 millones de euros en ayudas para la compensación de costes de CO2

Miércoles 12 de diciembre de 2018  lamoncloa.gob.es
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha firmado las autorizaciones para el abono de 83,7 millones de euros a empresas de determinados sectores industriales dentro del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en base al Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, modificado por el Real Decreto 655/2017, de 23 de junio.

El objeto de estas ayudas es la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, que soporta el consumidor industrial. Están dirigidas a aquellas instalaciones pertenecientes a determinados sectores expuestos a un riesgo significativo de ‘fuga de carbono’, es decir, que puedan decidir trasladar su producción a otros países debido a los costes de las políticas climáticas en la Unión Europea

Las ayudas aprobadas hoy se dividen en las correspondientes a la convocatoria ordinaria de concesión de 5,99 millones de euros para costes de 2017 y en la concesión directa de 77,7 millones de euros para complementar hasta el 100% de la ayuda máxima establecida de los costes del año 2016.

Los 151 beneficiarios de las ayudas de la convocatoria ordinaria, regulada por Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 30 de julio de 2018, desarrollan su actividad mayoritariamente en Galicia, con el 25% del total de las ayudas concedidas, seguida de Asturias con el 18% y de Cataluña con el 16%. Por sectores, la mayor cuantía corresponde al sector siderúrgico del acero, con el 38% de las ayudas recibido, seguido del aluminio con el 22%, el sector químico con el 16% y el papel con el 11%.

Con respecto a la concesión directa de 77,7 millones de euros, los 136 beneficiarios de las ayudas se encuentran de nuevo mayoritariamente en Galicia, con un porcentaje del 26% del total de las ayudas, seguida de Asturias con el 18% y Cataluña con el 16%. Por sectores, el sector del acero recibe el 32% del total, seguido del aluminio con un 23% y el sector químico con un 18%.

A estas ayudas se han acogido sociedades mercantiles del sector privado, incluidas o no en régimen de comercio de emisiones, que realizan una o varias actividades en los sectores enumerados en el Anexo II de las Directrices comunitarias. Entre ellas, se encuentra la producción de aluminio, la fabricación de prendas de cuero, la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, la fabricación de papel y cartón, el hilado de fibras de algodón y la extracción de mineral de hierro y de minerales para abonos y productos químicos.

En el 155

Jueves, 13 de diciembre de 2018

155.

La tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda aumenta cuatro décimas y se sitúa en el 7,2%

Jueves, 13 de diciembre de 2018

Índice de Precios de Vivienda (IPV). Base 2015
Tercer trimestre de 2018
ine.es
La tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda aumenta cuatro décimas y se sitúa en el 7,2%
Los precios de la vivienda suben un 2,2% respecto al trimestre anterior
Evolución anual de los precios de vivienda
La variación anual del Índice de Precios de Vivienda (IPV) en el tercer trimestre de 2018 aumenta cuatro décimas y se sitúa en el 7,2%.
Por tipo de vivienda, la tasa de los precios de vivienda nueva es del 6,1%, cuatro décimas superior a la del trimestre anterior.
Por su parte, la variación anual de la vivienda de segunda mano sube tres décimas, hasta el 7,3%.

La Sanidad afronta el invierno con 52.258 puestos de trabajo menos en toda España desde agosto

Miércoles, 12 de diciembre de 2018

La Sanidad afronta el invierno con 52.258 puestos de trabajo menos en toda España desde agosto
CSIF exige agilizar las ofertas de empleo público y el acuerdo acuerdo para estabilizar plazas interinas

04 de Diciembre de 2018 csif.es

 

El sector sanitario ha perdido 52.258 puestos de trabajo desde el verano, concretamente a lo largo de septiembre, octubre y noviembre (-14.038, -35.816 y -2.404, respectivamente), coincidiendo con el inicio de la campaña de la gripe, la bajada de temperaturas en toda España y incremento de la presión asistencial, según los datos de la Seguridad Social publicados hoy.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, advierte de que estas cifras reflejan además el abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo de nuestras Administraciones Públicas.

Esta precariedad también se refleja este mes, en términos generales del mercado de trabajo, con la pérdida de 47.000 empleos, en la afiliación de la Seguridad Social.

Para CSIF, las cifras de interinidad en la sanidad pública no son razonables, dado que se trata de un ámbito fundamental de nuestro Estado del Bienestar. Además, ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar el plan de estabilización en el empleo que se firmado en marzo del año pasado con el Ministerio de Hacienda y las ofertas de empleo público, que llevan un retraso de hasta dos años, en función de las comunidades autónomas.

El Gobierno aprueba medidas urgentes para el impulso de la industria española

Martes, 11 de diciembre de 2018

El Gobierno aprueba medidas urgentes para el impulso de la industria española
El Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio ha sido aprobado hoy en Consejo de Ministros
Industria | 07/12/2018 mincotur.gob.es

Su objetivo es fomentar la competitividad del sector industrial a través de acciones como la mejora de la productividad laboral, la reducción del coste energético o el refuerzo de la seguridad industrial
• El Real Decreto regula la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo para la industria manufacturera, de especial incidencia en el sector de automoción
• La creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo y de la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada, principales medidas de apoyo a las empresas electrointensivas
• El paquete normativo se inscribe en el Marco Estratégico para la España Industrial 2030 del Gobierno y en las Agendas Sectoriales que lo desarrollan
• Se complementa con medidas que inciden en la competitividad del sector comercial, como la limitación de la venta con pérdida y la supresión de los Registros de Franquiciadores y de Ventas a Distancia
El Gobierno ha aprobado hoy el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio en España, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, de la Ministra para la Transición Ecológica y del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Real Decreto-Ley aborda aspectos inaplazables que afectan a la competitividad de los sectores industrial y comercial. Según figura en el texto normativo aprobado hoy, “el cambio de paradigma hacia un modelo de economía circular y un modelo energético sostenible requiere un esfuerzo de transformación por parte del sector industrial que contribuya a mantener y potenciar su competitividad”. Así, el Marco Estratégico para la España industrial 2030 del Gobierno y las Agendas que lo desarrollan contemplan medidas a corto y medio plazo con el fin de alcanzar, en este ámbito, un crecimiento sostenible, justo e integrador, con los objetivos de incrementar la competitividad del tejido industrial español, favorecer e impulsar la adopción de la Industria Conectada 4.0,impulsar el crecimiento y desarrollo de las pymes industriales y profundizar en la generación de talento y puestos de trabajo de calidad.

Estas actuaciones deben acometerse sin demora para evitar una pérdida de competitividad que conduzca a la industria española a una situación de desventaja en los mercados internacionales y con respecto del resto de socios europeos, y que le permita hacer frente a los retos de la digitalización y globalización que la economía mundial está experimentando de manera cada vez más acelerada.

Dado que la industria es, además, el sector que genera empleo de más calidad en el conjunto de la economía española, con estas medidas se pretende con estas medidas anclar el tejido industrial en el territorio y evitar ajustes innecesarios en las plantillas.

En materia de industria, los apartados principales son:

• Regulación del contrato de relevo en la industria manufacturera, con impacto positivo en el sector del automóvil y en el empleo de trabajadores jóvenes.

• Disminución de los costes energéticos para consumidores electrointensivos, que podrán participar de redes cerradas de distribución y dispondrán de un Estatuto que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad.

• Se prorroga la vida útil de instalaciones de cogeneración que benefician especialmente a la industria.

• Seguridad industrial: Régimen Sancionador de Homologación de Vehículos y Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

Con este conjunto de medidas, el Gobierno apuesta decididamente por la industria como sector generador de crecimiento y de cohesión social. Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “el Real-Decreto Ley establece un nuevo marco de relación con la industria española. Este Gobierno ha puesto a la industria en la agenda política; además de resolver crisis, como se ha demostrado en el caso de Vestas, también estamos trabajando para que no vuelva a repetirse una situación como la que estamos viviendo, a causa de la dejación de funciones del Gobierno anterior”.

Este paquete regulatorio se complementa con medidas que inciden en la competitividad del sector comercial. Así, se regula la limitación de la venta con pérdidas, adaptando la regulación española a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se suprimen los Registros de Franquiciadores y de Ventas a Distancia.

Medidas en materia de industria

Medidas de fomento de la competitividad industrial

• Contrato de relevo:

Se prorroga hasta el 1 de enero de 2023 la aplicación de la normativa relativa a la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, dado que el 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazo de aplicación de la Disposición Transitoria 4ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), siempre y cuando se acredite el cumplimiento de ciertos requisitos.

Es necesario y urgente alargar su período de aplicación para lograr los objetivos de esta modalidad de jubilación parcial: Procurar el rejuvenecimiento de las plantillas, fomentar la contratación indefinida e incrementar la productividad de las empresas. La medida también contribuirá a asegurar la transición ecológica de la industria, manteniendo su actividad y sus empleos.

A través de esta medida, la industria española renovará su plantilla y tendrá capacidades adicionales para abordar su necesaria digitalización y eficiencia energética. Se espera poder asegurar, al menos, 70.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años gracias a esta prórroga.

• Régimen sancionador de homologación de vehículos

Se modifica la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria en lo que se refiere al régimen sancionador de homologación de vehículos, al objeto de estar en condiciones de adaptar las reglamentaciones estatal y autonómica, al marco comunitario de reglamentos en materia de homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos.

Se refuerza la supervisión y control del sistema de homologación europeo y se imponen obligaciones estrictas en cuanto a la vigilancia de los productos comercializados en el mercado.

• Instalaciones Frigoríficas:

El Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas impone una serie de requisitos administrativos que hacen que, en la práctica, el coste de una instalación con gas refrigerante de categoría 2-L sea inviable. Para evitar esta traba, se ha iniciado una reforma reglamentaria, pero mientras se concluye, es urgente llevar a cabo una actuación de carácter transitorio que elimine unos trámites y requisitos tan exigentes como los actuales (sin comprometer la seguridad), de manera que los fabricantes obtengan la certidumbre jurídica sobre la aceptación en España de estos equipos frigoríficos, en tanto no se apruebe el nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

Medidas de apoyo para la transición justa de la industria electrointensiva

• Redes de distribución de energía eléctrica cerradas:

Se modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, que permitirán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.

El Real Decreto-Ley establece los principios básicos que deben regir la constitución y autorización de estas redes, y fija un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno desarrolle el reglamento que recoja el procedimiento y los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.

• Estatuto de Consumidores Electrointensivos:

El Real Decreto contempla la figura del Consumidor Electrointensivo y da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, elabore y apruebe un Estatuto que reconozca las particularidades de aquellos consumidores con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible, y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad.

Para estas empresas el precio de la electricidad es uno de los principales factores de producción, y con este Estatuto podrán mantener competitividad y cuota de mercado.
La creación y regulación de esta figura permitirá proporcionar a estos consumidores de escenarios predecibles para sus costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente a los mercados energéticos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales.

• Cogeneración:

En la Disposición Transitoria 3ª se establece que las instalaciones de cogeneración que utilicen combustibles renovables o gas natural y que hayan superado su vida útil regulatoria con fecha posterior al 1 de enero de 2018 podrán percibir el término de retribución a la operación correspondiente a su instalación tipo por la energía que produzcan hasta un periodo máximo de dos años.

Medidas en materia de comercio sobre precios en la distribución comercial minorista y registros específicos

• Venta con pérdida:

La nueva regulación de la venta a pérdida –mediante la modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista- establece limitaciones, conforme a lo dispuesto por la Directiva sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores.

Las ventas con pérdida se reputarán desleales cuando sean susceptibles de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento; tengan por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno, o formen parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado. Vender un producto por debajo de coste no es ilícito mientras no se den uno de estos tres supuestos mencionados, esto es, una venta a pérdida engañosa, denigratoria, o predatoria.

Con esta medida no sólo se da cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, sino que también se incorpora certeza y protección al conjunto de prácticas comerciales.

• Registro de Franquiciadores y Registro de Empresas de Ventas a Distancia

Se modifican los artículos 38 y 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista para suprimir ambos registros, ya que suponen una traba, sin aportar beneficios a consumidores y empresas. Con la eliminación de trabas administrativas innecesarias se persigue el objetivo de promocionar la actividad comercial.

Otros

El Real Decreto-Ley incluye sendas modificaciones de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, necesarias ambas a afectos de adecuar el ordenamiento jurídico estatal a los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la materia.

El TSJ de Galicia confirma la sentencia que ordena la demolición de las 52 viviendas de una urbanización de O Grove

Lunes, 10 de diciembre de 2018

Martes, 4 de diciembre de 2018 poderjudicial.es

El TSJ de Galicia confirma la sentencia que ordena la demolición de las 52 viviendas de una urbanización de O Grove

Situada en una zona clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas

Autor:Comunicación Poder Judicial

La sección segunda de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha confirmado la orden de demolición de las 52 viviendas de la urbanización Raeiros, situada en San Vicente do Mar (O Grove), en una zona clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas. El tribunal ha desestimado, de esta forma, el recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra dictada el 7 de abril de 2017.

Los magistrados concluyen en el fallo que el estado actual de la urbanización “conculca la legalidad urbanística” y subrayan que la orden de demolición “se erige en la única medida posible a disposición de la Administración para eliminar la parcelación ilegal”.

El TSXG recalca en el fallo que las obras ejecutadas no están “amparadas por la licencia”, obtenida en 1993 para construir un apartahotel de uso turístico, pues resulta “clara” la existencia de los apartamentos “como fincas independientes y de propietarios individuales, en el marco de un complejo inmobiliario privado sometido al régimen de propiedad horizontal, de naturaleza residencial”. Por ello, los magistrados señalan que “la única alternativa a la pervivencia de esa situación es la de su demolición”.

Los jueces consideran acreditado en la sentencia que los compradores de las viviendas eran “conocedores de sus obligaciones de restitución de la legalidad”, pues fueron anotadas por la Xunta de Galicia en el Registro de la Propiedad. En 2007 la Administración autonómica requirió a los dueños del complejo la implantación de uso hotelero en la zona y la disolución de la parcelación mediante la unificación de todas las casas en una sola propiedad, pero ignoraron la orden.

En 2010 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenó el derribo y volvió a exigirlo en 2014. “Ante el incumplimiento de la resolución de abril de 2007, y ante el mantenimiento de la parcelación ilegal y del uso residencial prohibido, los inmuebles siguen contraviniendo la legalidad urbanística, y como no han realizado en el plazo concedido las actuaciones de ajuste a las autorizaciones y licencia concedidas (que era para un único establecimiento hotelero), la forma de restaurar la legalidad pasa por la demolición, ya ordenada en el año 2010, obligación en la que se subrogan en cada momento quienes sean los titulares de los inmuebles a demoler”, destaca el tribunal.

Contra el fallo cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la sala correspondiente del TSXG.

El poco empleo que se crea sigue siendo precario

Domingo, 9 de diciembre de 2018

El poco empleo que se crea sigue siendo precario

4 diciembre 2018   ugt.es

Sólo un 6,2% de los contratos firmados son indefinidos a tiempo completo
Según los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el mes de noviembre finaliza con 3.252.867 parados registrados, una cifra que supone un leve descenso intermensual con respecto a octubre de 1.836 personas (-0,06%) y que mantiene la tendencia de reducción interanual (-6,37%, 221.414 parados menos). En términos desestacionalizados baja el paro en 26.258 personas. Por otra parte, la Seguridad Social perdió en noviembre una media de 47.449 afiliados (-0,25%).

UGT quiere llamar la atención sobre el hecho de que, tras dos años de ascensos del paro en este mes, 2018 vuelve a recoger el comportamiento estacional que muestran los meses de noviembre por el inicio de la campaña navideña, con un aumento de afiliación en las actividades de comercio.

Sin embargo, la mejora relativa del desempleo esconde una elevada precariedad y parcialidad debido al tipo de empleos que se están creando, fundamentalmente temporales y a tiempo parcial –la mayoría involuntarios-, con remuneraciones más bajas. De hecho, sólo un 6,2% de los contratos firmados en noviembre son indefinidos a tiempo completo.

Trabajar para frenar el deterioro del mercado de trabajo

En este sentido, la Unión General de Trabajadores insta al Gobierno a seguir avanzando con los interlocutores sociales para frenar el deterioro del mercado de trabajo, apostando por un empleo de calidad. Para ello será necesaria una reforma del sistema de prestaciones que de una vez mejore la cobertura y la empleabilidad de las personas que más lo necesitan ya que con casi 3,3 millones de personas en paro, sólo un 57,14% recibe protección por desempleo.

Asimismo, UGT cree imprescindible potenciar las políticas activas de empleo desde el ámbito público, dado que han sufrido las tijeras de la austeridad de manera especialmente acusada desde 2010 y subraya que hay que poner en marcha medidas de creación de empleo con recursos adicionales para los servicios públicos de empleo para mejorar la empleabilidad y la formación, y lograr la inserción permanente de los desempleados.

Datos
• En el pasado mes aumentó el desempleo masculino (2.751 parados más, un 0,21%), mientras el femenino descendió levemente (un 0,24%, 4.587 desempleadas menos). Desde noviembre de 2017 se han reducido ambos, en mayor medida entre los hombres (-8,37%) que entre las mujeres (-4,91%). El 58,7% de las personas en paro son mujeres, una tendencia estructural que se mantiene.
• En noviembre estaban registrados como desempleados 264.590 jóvenes. Ha decrecido en el mes el desempleo entre los menores de 25 años un 3,55% (-9.739 parados jóvenes menos), y son 26.885 menos en términos anuales (un -9,22%).
• Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros, la tendencia mensual es al alza: el número de desempleados crece en el mes un 2,98%, hasta alcanzar la cifra de 401.837 personas, si bien en la variación anual se observa un descenso del 4,66%.
• Por sectores de actividad, el paro registrado en el mes se reduce en todos los sectores excepto en servicios. En industria un 0,51%, un 0,25% en agricultura y un 0,06% en construcción. Destaca el descenso del paro en el colectivo sin empleo anterior (-2,75%). En cambio, suben las cifras en el sector terciario (con 8.092 desempleados más en el mes, un 0,36%). En términos anuales, desciende el desempleo en todos los sectores: en la agricultura un 9,01%, en la industria un 7,79%, en la construcción un 11,88%, en los servicios un 5,04% y en el grupo sin empleo previo un 8,48%.
• El número total de contratos registrados en el mes se reduce un 16,77% respecto al mes anterior, situándose la cifra total en 1.867.172 contratos firmados. Disminuye un 18,47% el volumen de contratos indefinidos y un 16,57% el de temporales. Si lo comparamos con los registrados en el mismo mes del año anterior, el global de los contratos registrados se incrementa un 2,69%; en este caso el aumento de la contratación indefinida (del 15,72%) es superior al de la temporal (1,33%). No obstante, la proporción de indefinidos sobre el total de contratos se sitúa en un 10,58%.
• Destaca en la evolución anual el aumento de la contratación indefinida a tiempo completo (15,88%) y también a tiempo parcial (12,71%). No obstante, del total de contratos registrados, más del 31% son temporales a tiempo parcial y sólo un 6,2% son indefinidos a tiempo completo.
• Se han registrado 23.548 contratos para emprendedores, mostrando una subida anual del 2%, una constante en la evolución del mercado de trabajo que alerta sobre el avance de la precariedad en la contratación indefinida desde la reforma laboral de 2012.
• La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 18.945.624 cotizantes, un 2,87% más que en noviembre de 2017. Sin embargo, en el mes se han perdido 47.449 afiliaciones (un -0,25%), fundamentalmente por su descenso en el sector de la hostelería (cae un 7,93% en el mes), y contrarrestando el avance mensual de las actividades de comercio y de educación (18.072 y 31.503 afiliados más, respectivamente).
• El número de beneficiarios de prestaciones desciende de nuevo en octubre de 2018 frente a octubre de 2017 (un 2,9%). La tasa de cobertura llega al 57,14%, 3,3 puntos más que un año atrás. El gasto total del sistema de protección por desempleo ha aumentado levemente un 0,8% respecto a noviembre de 2017, con un cambio en cuanto a la calidad de la cobertura. Aumenta el porcentaje de prestaciones contributivas y desciende notablemente el de prestaciones asistenciales.

Virgen de la Inmaculada. Patrona de España y de su Infantería

Sábado, 8 de diciembre de 2018

Patrona de España

CCOO exige a los gobiernos más compromiso para financiar el desarrollo bajo en carbono

Sábado, 8 de diciembre de 2018

CCOO exige a los gobiernos más compromiso para financiar el desarrollo bajo en carbono
CCOO participa en la Cumbre del Clima que se desarrolla entre el 3 y el 14 de diciembre en Katowice, en el marco de la delegación de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Los sindicatos abogan por impulsar un acuerdo sobre transición justa para trabajadores y trabajadoras, la creación de trabajo decente y empleos de calidad, así como un mayor compromiso de los gobiernos para financiar el desarrollo bajo en carbono.
04/12/2018. ccoo.es

Cumbre del clima
El informe especial del IPCC presentado el pasado mes de octubre ha dejado claro que se precisa más ambición para conseguir que el valor de las emisiones globales sea de un neto cero tan pronto como sea posible. Además, el informe “Brecha de Emisiones 2018” presentado el 27 de noviembre en París por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indica que menos de una tercera parte de los países están en el camino de reducir sus emisiones a partir de 2030 y, por tanto, deben triplicar la ambición de sus compromisos climáticos para poder limitar el calentamiento global en 2ºC a finales de siglo, como establece el Acuerdo de París. En este contexto de máxima urgencia, los sindicatos demandan aumentar la ambición en los compromisos adquiridos en dicho Acuerdo: “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5ºC con respecto a los niveles preindustriales”.

Esta cumbre de Katowice, número 24 de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 24), se centrará en definir los procesos para el seguimiento de las medidas y objetivos a los que están comprometidos los países firmantes del acuerdo de París y avanzar en definir una transición justa. Los sindicatos exigimos que las Partes se comprometan con la iniciativa del Gobierno polaco, la “Declaración de Silesia sobre Solidaridad y Transición Justa”, para impulsar un acuerdo sobre una transición para los trabajadores y trabajadoras así como la creación de trabajo decente y empleos de calidad. Así, la creación de empleos, la reducción de la pobreza, el desarrollo de competencias, el apoyo al empleo, la protección social, el desarrollo sostenible y la renovación de la comunidad deben tenerse en cuenta en la preparación y ejecución de las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), los planes nacionales de adaptación, estrategias de adaptación y estrategias de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo.

Los sindicatos exigimos también más ambición y compromiso en financiar el desarrollo bajo en carbono. Es necesario realizar la transición baja en carbono tanto en el hemisferio norte como en el sur. Es esencial apoyar a los países en vías de desarrollo para que sigan una vía baja en carbono. La financiación climática es un imperativo para gestar estrategias de desarrollo de baja emisión y resistentes al clima, y procesos de planificación de la adaptación que creen empleos de calidad. Por tanto, deben comprometerse nuevos medios financieros, incluida la reposición del “Fondo Verde para el Clima”.

CCOO participará en varias reuniones sindicales y técnicas de la Cumbre, donde trasladaremos nuestra visión y las medidas que se están implementando en nuestro país para conseguir los objetivos de París, así como las políticas necesarias para la transición justa.

El Pleno del CGPJ avala el anteproyecto de reforma de la legislación civil y procesal que reconoce plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad

Viernes, 7 de diciembre de 2018

Jueves, 29 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

El Pleno del CGPJ avala el anteproyecto de reforma de la legislación civil y procesal que reconoce plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad

El informe aprobado por el órgano de gobierno de los jueces considera que el texto recoge de forma adecuada las exigencias de la Convención de Nueva York. La reforma propugna la igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica y la eliminación de toda discriminación por razón de discapacidad, exigencias derivadas de la dignidad inherente a la persona

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy un informe que avala el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia para reformar la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. El dictamen, que ha obtenido el voto unánime de los 21 vocales que integran el Pleno, contiene un juicio favorable en términos generales a esta reforma legislativa, especialmente desde el punto de vista del respeto a los principios y valores contenidos tanto en la Constitución como en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en 2006. La reforma, concluye el informe, permitirá hacer efectivos los derechos que la Convención reconoce a las personas con discapacidad con el fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación.

El CGPJ considera que la efectividad de la reforma y el pleno cumplimiento de los fines perseguidos con la misma demanda la introducción de mejoras en la planta judicial, al ser necesarios más órganos para dar una respuesta adecuada a la carga de trabajo que se derivará de aquella, así como seguir avanzando en la especialización de los mismos. Al mismo tiempo es preciso proveer a estos órganos de los recursos necesarios para hacer el diseño personal de las medidas de apoyo que el nuevo sistema demanda.

El objeto del anteproyecto de ley es llevar a cabo las reformas sustantivas y procesales necesarias para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias contenidas en el art. 12 de la Convención de Nueva York. Este precepto proclama que las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica, en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados a poner en marcha medidas apropiadas que permitan a las personas con discapacidad tener acceso al apoyo necesario en cada caso para ejercer de forma plena su capacidad jurídica.

El anteproyecto diseña un nuevo régimen jurídico civil y procesal de la discapacidad cuyo eje central es la consideración de que las personas que tienen alguna discapacidad, física, psíquica, intelectiva, sensorial o funcional “son verdaderos sujetos de derechos y obligaciones, con capacidad jurídica y capacidad de obrar en igualdad de condiciones que las demás personas”. Para el pleno y adecuado ejercicio de su capacidad jurídica y de obrar, debe garantizarse su acceso a medidas de apoyo adecuadas a sus necesidades.

Para adaptar el ordenamiento jurídico interno a las exigencias de la Convención, el anteproyecto acomete una profunda reforma de los Títulos IX y X del Libro I del Código Civil consistente en la desaparición de la declaración judicial de incapacidad y de la modificación judicial de la capacidad, por considerar que son mecanismos incompatibles con el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídicas de las personas con discapacidad. Desaparecen, asimismo, los términos “incapaz” e “incapacitación” del lenguaje jurídico.

Prioridad de la voluntad de las personas con discapacidad

El anteproyecto prioriza el autogobierno y la autonomía de la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, así como su voluntad, deseos y preferencias.

La intervención judicial se mantiene, pero no para modificar la capacidad sino para establecer “el régimen de guarda legal adecuado y las medidas de apoyo precisas para asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y de obrar”. Con la reforma, la curatela se convierte en el sistema de guarda legal adecuado para aquellos casos en que no exista una medida de apoyo adecuada o suficiente para la persona con discapacidad, teniendo carácter representativo solo de forma excepcional.

El dictamen considera que el anteproyecto “sirve adecuadamente” al objetivo de adaptar la legislación civil y procesal a las exigencias contenidas en el Convenio. Las reformas que contiene, añade, permitirán “hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención”, en particular “el reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, con el fin de “promover la igualdad y eliminar la discriminación por motivos de discapacidad”. Por todo ello, desde esta perspectiva la valoración es favorable,

La reforma “supone la consagración de la discapacidad no como una limitación excluyente, sino como una realidad que requiere del tratamiento normativo adecuado para lograr la definitiva y plena participación e inclusión social de las personas con discapacidad”, una realidad que requerirá un “esfuerzo por parte de todas las instituciones y poderes públicos, de los operadores jurídicos, de los intérpretes y aplicadores del ordenamiento jurídico y, en fin, de la sociedad en su conjunto”.

El informe advierte, sin embargo, de las consecuencias que puede tener la desaparición del sistema de tutela de autoridad, pues puede generar situaciones incompatibles con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad, al dejar espacios ajenos al control de los jueces.

Por esta razón, el CGPJ recomienda “conjugar el régimen de protección basado en el autogobierno y la autoorganización” de la persona con discapacidad “con el debido control judicial, que permita asegurar la protección y la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las personas con discapacidad”.

La tensión entre el principio orientado hacia el autogobierno y primacía de la voluntad de la persona con discapacidad y el derecho fundamental a la tutela judicial de sus derechos e intereses debe resolverse buscando el equilibrio entre ambos extremos. El informe recomienda que la intervención judicial ante medidas de carácter voluntario no se conciba como algo excepcional, sino que se permita “en términos claros” el control judicial de la adecuación, idoneidad y suficiencia de dichas medidas, así como su efectiva puesta en marcha.

Adaptar la Administración de Justicia a un sistema nuevo

Asimismo, considera que la implantación de un sistema de autorregulación no debe significar necesariamente una disminución de la intervención judicial. Al contrario, la determinación de los apoyos necesarios en cada caso conlleva una serie de incidencias y trámites que deberían venir acompañados de “un aumento, cuantitativo y cualitativo, de la intervención judicial y de la estructura auxiliar de la Administración de Justicia”, especialmente en las primeras fases de implantación del nuevo sistema, donde deberán revisarse las medidas adoptadas con la legislación vigente.

El órgano de gobierno de los jueces alerta también de la necesidad de redimensionar y reorganizar la estructura judicial y la de la Administración de Justicia para poner en práctica el nuevo sistema, pues la reforma implica un “nuevo paradigma de la discapacidad” que, a su vez, requiere de “un cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad por parte de todos los sectores, profesionales y sociales, implicados en su tratamiento, y en la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, que cabalmente cabe suponer”.

Asimismo, se requerirá “un mayor grado de especialización de los órganos judiciales”; un mayor número de órganos y personal especializados; un nuevo diseño de distribución territorial de competencia, de acuerdo con el mapa territorial del tratamiento judicial de la discapacidad que suponga una mayor cercanía del órgano judicial a la persona con discapacidad; y la adopción de medidas de accesibilidad que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos en el proceso y ver plenamente satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva.

En cuanto al desarrollo de las medidas de apoyo, el CGPJ señala que debe evitarse que resulte gravoso para quien las ejercita y que suponga un gasto difícilmente asumible para la persona con discapacidad. Por ello, con el fin de dotarlo de eficacia, recomienda “la articulación de mecanismos asistenciales, predominantemente públicos”.

Manuel Azaña

Jueves, 6 de diciembre de 2018

Manuel Azaña. Biografía

cervantes.es

Manuel Azaña Díaz. (Alcalá de Henares, 10 de enero de 1880 – Montauban, Francia, 3 de septiembre de 1940). Escritor y político español.

Estudia en el Colegio Complutense, en el Instituto Cisneros y en los Agustinos de El Escorial; licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1897, se doctora en 1900.

En 1909 ingresa como funcionario en la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Dos años después viaja a París con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, experiencia que queda reflejada en su primer libro, Estudios de política francesa contemporánea, la política militar (1919). Es secretario del Ateneo de Madrid entre 1913 y 1920 y presidente de esta institución en 1930.

Desde el punto de vista político, milita desde 1913 hasta 1923 en el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, pero hasta 1925 no hace explícita su vocación republicana al crear la formación Acción Republicana, que agrupa al republicanismo ilustrado y burgués. Como representante de este partido, y tras caer la dictadura de Primo de Rivera en 1930, forma parte del Comité Revolucionario que contribuye a la instauración de la República el 14 de abril de 1931, en cuyo gobierno provisional ocupa la cartera de Guerra, primero, y la Presidencia, después. Las elecciones a Cortes Constituyentes en junio de 1931 le confirmaron como Jefe del Ejecutivo, puesto del que dimitiría en septiembre de 1933.

En abril de 1934, ya en la oposición, consigue la unidad de los partidos republicanos dando lugar a Izquierda Republicana, organización política de la que es elegido presidente. En octubre del mismo año es detenido bajo la falsa acusación de estar implicado en los sucesos revolucionarios de Asturias y Cataluña. Tras su liberación en enero de 1935, inicia una campaña política que da lugar a la creación del Frente Popular, coalición que obtiene la victoria en las elecciones de febrero de 1936. En mayo de aquel año es elegido Presidente de la República, cargo que ocupa durante todo el desarrollo de la Guerra Civil española. Dimite de ese cargo en febrero de 1939, se exilia a Francia y fallece en Montauban en 1940.

Relevante escritor y periodista, colabora en los diarios El Imparcial y El Sol y dirige las revistas La Pluma y España entre 1920 y 1924. Recibe el Premio Nacional de Literatura en 1926 por su obra Vida de Juan Valera. Autor de novelas como El jardín de los frailes (1927) y la inacabada Fresdeval, también realiza incursiones en el teatro con obras como La Corona (1930).

Es también un relevante traductor y un gran ensayista, recogiéndose su producción en este campo en los volúmenes Plumas y palabras (1930) y La invención del Quijote y otros ensayos (1934). Su obra La velada en Benicarló, compuesta por una serie de diálogos sobre la guerra de España, puede considerarse como la más importante reflexión acerca de la década de los años treinta en nuestro país. De igual modo dejó escritas unas memorias que constituyen un destacado reflejo de la Segunda República Española.

 

Manuel Portela Valladares

Miércoles, 5 de diciembre de 2018

Manuel Portela

 

Manuel Portela Valladares (Pontevedra, 31 de enero de 1867 – Bandol,29 de abril de 1952) fue un político español de ideología liberal centrista Fue ministro durante el reinado de Alfonso XIII y llegó a ser presidente del gobierno durante la Segunda República Española.
Hijo de Juan Portela Dios y Teresa Valladares Rial, quedó huérfano de padre con sólo diez años. Fue acogido por su tía, Juana Portela Dios, mujer del impresor José Villas. Este matrimonio disfrutaba de una situación económica desahogada, lo que le permitió estudiar en el colegio de jesuitas de Camposancos en La Guardia, para posteriormente seguir la carrera de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela.

Se graduó en1889 en la universidad compostelana. Hasta 1899 residió en la ciudad de Pontevedra, donde trabajó como redactor del Diario de Pontevedra, ejerció de juez municipal y fue decano del Colegio de Abogados.

En 1898, con solo 31 años, consiguió plaza como registrador de la propiedad en Madrid.

Instalado en Madrid, entró en el mundo de la política de la mano de Montero Ríos siendo elegido diputado a Cortes en 1905. En 1910 lo fue de nuevo por el distrito lugués de Fonsagrada. En 1909 fue fundador, junto con otros intelectuales y políticos, de la Liga Agraria de Acción Gallega que lideraría Basilio Álvarez, a quien le unió una gran amistad.

Hombre de confianza de José Canalejas, fue nombrado en 1910 Gobernador Civil de Barcelona y dos años más tarde fiscal del Tribunal Supremo. En 1923 ejerció como ministro de Fomento del último gabinete liberal de García Prieto anterior a la dictadura de Primo de Rivera.

En 1924 fundó en Vigo El Pueblo Gallego, periódico democrático que abrió las puertas a intelectuales republicanos y galleguistas e hizo campaña a favor de una regeneración de la vida política española.
En 1930, Portela Valladares fue uno de los firmantes del llamado Pacto de Barrantes, en el que participaron los más destacados líderes republicanos y nacionalistas del momento en Galicia, entre ellos Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, con quien compartía la necesidad de autonomía para Galicia y la quien lo uniría una mutua relación de amistad y confianza.
En 1931 contrajo matrimonio con la aristócrata catalana Clotilde Puig i Mir, que le dio el título de conde de Brías y le proporcionó una importante fortuna.
Durante la República fue desde 1931 a 1933 parlamentario por Lugo y en1936 salió elegido por la provincia de Pontevedra.

En 1935, bajo el gobierno derechista de Alejandro Lerroux, fue gobernador general de Cataluña (marzo-abril 1935) y ministro de la Gobernación en dos ocasiones.

A finales de año,el presidente de la República Alcalá Zamora le encomendó la presidencia del Gobierno.

El gobierno centrista que presidió ejerció sus funciones hasta la toma de posesión en febrero de 1936 del gobierno resultante de las elecciones generales. A pesar de las presiones golpistas de los grupos derechistas, reconoció la victoria del Frente Popular y entregó el poder a los vencedores legítimos el 19 de febrero.

Tras estallar ese mismo año la Guerra Civil, Portela Valladares permaneció leal a la República, siendo fiel a su ideología liberal y reformista. Desde Barcelona, donde lo cogió la sublevación del 18 de julio, se retiraría a Niza, para posteriormente retornar a España y ofrecer sus servicios al gobierno republicano de Juan Negrín. Participó en las cortes de Valencia reunidas en octubre de 1937.

Finalizada la contienda en 1939, se vio obligado a salir de nuevo para Francia, donde fue apresado por la Gestapo. Aunque el régimen franquista instalado en España solicitó su extradición, esta no fue concedida.

Falleció en el exilio en Bandol, cerca de Marsella, en 1952.

El aumento del precio de la vivienda se modera hasta el 6,7% anual durante el tercer trimestre

Martes, 4 de diciembre de 2018

El aumento del precio de la vivienda se modera hasta el 6,7% anual durante el tercer trimestre

Noviembre 15, 2018  Notas de prensa registradores.org

◾Entre julio y septiembre se inscribieron 133.295 compraventas, un 11,9% más que en el mismo trimestre de 2017
◾Las compras por extranjeros se frenan ligeramente, pasando del 12,9% en el segundo trimestre al 12,1% en el tercero

El precio de la vivienda, calculado a través del Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (según metodología Case & Shiller aplicada a España) ha presentado una ligera reducción intertrimestral (-0,3%), produciendo una moderación en la tasa interanual, que se ha situado en el 6,7%. El IPVVR muestra como, desde los precios mínimos registrados a finales de 2014, el precio de la vivienda se ha incrementado un 26,5%, por lo que el ajuste acumulado desde los máximos de mediados de 2007 se encuentra en poco más del -18%, habiendo llegado a superar el -35%.

Compraventas inscritas

Según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores correspondiente al tercer  trimestre, entre julio y septiembre se inscribieron en los registros de la propiedad 133.295 compraventas de vivienda, un 0,7% menos que en el trimestre anterior, habiéndose registrado el segundo mayor número de compraventas trimestrales desde mediados de 2008. Con relación al mismo trimestre de 2017, se produce un aumento del 11,9%. En los últimos doce meses se han inscrito 508.402 compraventas, cifra que no se alcanzaba desde 2008.

El aumento del precio de la vivienda se modera hasta el 6,7%
Número de compraventas registradas. Tercer trimestre 2018

En vivienda nueva se registran en el tercer trimestre 23.420 compraventas, un 3,4% más que en el trimestre anterior, con lo que se intensifica el crecimiento del segundo trimestre (1,6%). En vivienda usada, sin embargo, se han registrado 109.875 compraventas, con un descenso del 1,5% sobre el segundo trimestre, resultado que contrasta con el crecimiento del trimestre anterior, que fue del 4,5%.

Compras de extranjeros

La demanda extranjera desciende en términos porcentuales y absolutos. El 12,1% de las compras del tercer trimestre han sido realizadas por extranjeros, frente al 12,9% del trimestre precedente, lo que ha supuesto algo menos de 16.000 operaciones inscritas, mientras que en el segundo trimestre se registraron algo más de 17.100. Las nacionalidades con mayor actividad de compra por extranjeros han sido británicos con un 16,2%, seguidos de franceses (7,7%), alemanes (6,8%), belgas (5,9%) y rumanos (5,9%). En los últimos doce meses, los extranjeros han registrado más de 65.500 compras de vivienda, el 12,9% del total.

Las comunidades autónomas que durante el trimestre han registrado un mayor número de compras de vivienda por ciudadanos extranjeros han sido Baleares, donde el 27,9% de las compraventas de la región han sido efectuadas por extranjeros, Canarias (25,3%) y Comunidad Valenciana (25%).

Características del crédito hipotecario

El endeudamiento hipotecario por vivienda continúa la tendencia al alza de los últimos trimestres y se ha visto incrementado un 3% durante el tercer trimestre con relación al segundo,alcanzando un resultado medio de 125.592 €. El incremento sobre el mismo trimestre de 2017 ha sido del 5,2%.

La contratación a tipo de interés fijo se incrementó hasta alcanzar el 40,7% de los nuevos créditos hipotecarios, desde el 39,7% del trimestre anterior, quedando la contratación a tipo de interés variable en el 59,3%, que casi en su totalidad (58,4% del total) utilizó como índice de referencia el Euríbor.

La duración media de los nuevos créditos hipotecarios se estabilizó durante el tercer trimestre,  alcanzando los 23 años y 4 meses, misma cifra que el trimestre anterior.

Los indicadores de accesibilidad se han deteriorado de nuevo en el tercer trimestre del año. La cuota hipotecaria mensual media ha sido de 577,6 € (563,1€ en el segundo trimestre) y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial ha sido del 30,3%. Con relación al trimestre anterior, la cuota hipotecaria mensual media se incrementa un 2,6% y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial aumenta en 0,7pp. Estos resultados son consecuencia de que el aumento del endeudamiento hipotecario por vivienda (3%), no se ha compensado por la leve reducción de los tipos de interés (-0,04 pp) y el ascenso de los salarios (0,1%), permaneciendo sin modificación los plazos de contratación.

Impagos hipotecarios

Según la Estadística Registral Inmobiliaria, que también se puede consultar en el Portal de Precios de Vivienda (http://www.preciosdevivienda.es/registradores.html), las certificaciones de vivienda por inicio de ejecución de hipoteca del tercer trimestre han sido 4.831, con un incremento del 7,8% sobre el mismo trimestre de 2017. El peso de personas físicas sigue descendiendo y marca un nuevo mínimo histórico, con el 33,8%, con lo que el peso de las personas jurídicas sube hasta  el 66,2%. En cuanto a la nacionalidad, el 3%, ha correspondido a extranjeros, frente al 97% de nacionales.

Las daciones en pago han sido 1.560 con un descenso del 2,3% sobre el mismo trimestre de 2017. El 86% afectó a personas físicas, frente al 14% de personas jurídicas. Con respecto a la nacionalidad, el 11% de las daciones en pago han correspondido a extranjeros, frente al 89% restante de nacionales.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el interés de demora en préstamos con consumidores tras el respaldo del TJUE a su doctrina

Lunes, 3 de diciembre de 2018

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete técnico
Sentencia del Pleno 671/2018, de 28 de noviembre  – poderjudicial.es
Criterios y efectos de la abusividad de las cláusulas de interés de demora en préstamos hipotecarios tras la confirmación por el TJUE de la doctrina de la Sala Primera.
La sentencia 671/2018, dictada en el día de hoy, aborda por primera vez la abusividad de los intereses de demora en préstamos concertados con consumidores después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre esta materia.
Esta sala había estudiado desde el año 2015 el control de abusividad de los intereses de demora en los préstamos personales e hipotecarios firmados por consumidores. En las sentencias dictadas a partir de ese año había considerado que, ante la falta de una previsión legal que fijara el criterio aplicable para el control de su abusividad, el interés de demora no podía exceder de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio. Si se superaba este porcentaje, la cláusula se consideraba abusiva y la consecuencia era la supresión total del recargo que el interés de demora supone respecto del interés remuneratorio. Sin embargo, este seguía devengándose por el capital pendiente de devolución.
Esa doctrina jurisprudencial fue cuestionada por diversas resoluciones en las que se pretendía que el TJUE declarara que no era conforme con el Derecho de la Unión Europea. El TJUE decidió en su sentencia de 7 de agosto de 2018 que la jurisprudencia de la Sala Primera se ajusta al Derecho de la Unión y, en particular, a la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
El recurso de casación que ahora se resuelve versa sobre un préstamo hipotecario en el que el interés remuneratorio era del 4,75% y el de demora del 25%. La sentencia del Pleno confirma la abusividad de este último, ya que, una vez que el TJUE ha despejado cualquier duda sobre la conformidad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo con el Derecho de la Unión Europea, no es correcta la solución de la sentencia recurrida, que había sustituido el interés de demora abusivo por el triple del interés legal del dinero. Pero tampoco puede aceptarse la pretensión del recurrente de no abonar interés alguno, porque el interés remuneratorio fijado en el contrato sigue cumpliendo su función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución, por lo que continúa su devengo. Por ello, el recurso de casación ha sido parcialmente estimado.
Gabinete Técnico. Área Civil
Noviembre, 2018

Nota informativa sobre ayudas financieras en el proceso de reestructuración del sistema bancario español (2009-2017)

Domingo, 2 de diciembre de 2018

Nota informativa sobre ayudas financieras en el proceso de reestructuración del sistema bancario español (2009-2017)
El Banco de España ha publicado periódicamente desde 2013 notas informativas sobre las ayudas financieras aportadas en el proceso de reestructuración del sistema bancario español. La presente nota tiene por objeto actualizar la información teniendo en cuenta los datos públicos disponibles a 31 de diciembre de 2017, proporcionados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC).
Desde 2009, las ayudas en forma de apoyo de capital han ascendido a 54.353 millones de euros en fondos públicos aportados por el FROB y 9.745 procedentes del FGDEC. Una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, venta o resolución de entidades, hasta un total de 5.150 millones de euros —de los cuales, el FROB ha recuperado 4.477 millones y el FGDEC 673 millones—.
Además de las aportaciones de capital, se estiman los fondos provisionados para hacer frente a los costes que puedan derivarse de garantías concedidas en los procesos de integración y venta, cuyos importes actualizados se cifran en 11.590 millones de euros en el caso de los EPA y 2.026 millones para otras garantías (algunas de ellas ya ejecutadas).
En sentido contrario, sería necesario deducir el valor de los activos propiedad del FROB y cuya venta o resolución podrán generar ingresos en un futuro, cuyo valor estimado a finales de 2017 era de 9.857 millones. Como se ilustra en el cuadro, el ajuste por estos conceptos llevaría a una estimación de los recursos netos destinados al apoyo del sistema financiero que se sitúa en 42.017 millones aportados por el FROB y 22.332 millones por el propio sector a través del FGDEC. Lógicamente, este concepto de coste no incorpora las pérdidas que han soportado los antiguos accionistas, ni las de los tenedores de preferentes y deuda subordinada, como resultado de los ejercicios de gestión de híbridos realizados como parte del acuerdo de asistencia financiera firmado con el MEDE. Tampoco incorpora los intereses obtenidos, ni los gastos incurridos.

BDEnov2018

a) En estos importes no se incorporan las pérdidas soportadas por los antiguos accionistas, ni las de tenedores de preferentes y deuda subordinada, como resultado de los ejercicios de gestión de híbridos, ni los intereses y comisiones obtenidos y/o pagados ni los gastos incurridos
b) El concepto de híbridos corresponde a preferentes y CoCo.
c) El valor de los EPA y otras garantías se corresponden con el valor estimado al cierre de 2017 por expertos independientes.
d) Estas cifras se basan en estimaciones y ejercicios de valoración. Las estimaciones se basan en las cantidades reconocidas por el FROB en sus cuentas anuales.
e) En CEISS, de los 1.129 millones de euros de ayudas en capital e híbridos, 604 millones de euros son CoCo que se
amortizaron, estando actualmente CEISS integrado en Unicaja Banco.
En Banca Cívica, los 977 millones de euros son preferentes que fueron devueltos en su integración en CaixaBank.
En Caja3, los 407 millones de euros son CoCo, que actualmente están pagados en su totalidad.
En Liberbank, los 124 millones de euros son CoCo que se amortizaron.
f) El FGDEC participaba en el FROB con 2.250 millones de euros. Esta inversión se perdió cuando el FROB redujo su capital a cero en 2012 (atendiendo al patrimonio neto resultante de las cuentas del FROB en 2011). Por tanto, parte de las ayudas otorgadas por el FROB se ha financiado con la aportación del FGDEC.
g) El FGDEC dotó de liquidez a los tenedores minoristas de las acciones no cotizadas de entidades controladas por el FROB recibidas en el marco de la gestión de híbridos. A este respecto, el FROB otorgó una garantía al FGDEC valorada en 115 millones de euros.
h) El FROB aportó 2.192 millones de euros a la Sareb (parte en acciones y parte en deuda subordinada). En las cuentas del FROB esta inversión se registra por 550 millones de euros, habiendo registrado pérdidas por 1.642 millones (la Sareb acordó reducir su capital a cero y capitalizar el 60 % de la deuda subordinada).
i) En estas entidades, el FGDEC llegó a ser titular de participaciones en su capital social, hecho derivado de la aplicación del mecanismo de liquidez ofrecido por este organismo a los inversores minoristas que, en su día, adquirieron instrumentos híbridos de la entidad.

El Ministerio de Economía y Empresa avanza en la transposición de normativa europea en materia financiera

Sábado, 1 de diciembre de 2018

23 de noviembre de 2018 mineco.gob.es

El Ministerio de Economía y Empresa avanza en la transposición de normativa europea en materia financiera

El Real Decreto-Ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera transpone varias directivas europeas con plazo vencido y adapta el ordenamiento jurídico interno a algunos reglamentos comunitarios
La adaptación de la normativa europea permitirá, entre otras cosas, mejorar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, aumentar la eficacia supervisora para garantizar la protección de los inversores ante posibles conductas de abuso de mercado e incrementar la eficacia del marco de supervisión y resolución de entidades financieras

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley (RDL) de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Este RDL transpone una serie de directivas europeas, con plazo de transposición vencido y procedimiento de infracción abierto, y adapta el ordenamiento jurídico interno a algunos reglamentos comunitarios ya en vigor.

Con la aprobación de este Real Decreto-Ley, el Ministerio de Economía y Empresa continúa avanzando en el proceso de transposición y adaptación de nuestro ordenamiento interno a la normativa europea y a las recomendaciones de los principales organismos internacionales.

Directivas

El RDL incluye la transposición parcial de la Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior, cuyo plazo de transposición venció en enero de 2018.

El objetivo de esta Directiva es crear un marco integrado de servicios de pago a nivel europeo y hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en los servicios de pagos, en particular los realizados con tarjeta, internet y móviles, para garantizar la seguridad de las transacciones.

La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español permite mejorar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, con el objetivo de que puedan realizar transacciones más seguras, a la vez que fomenta la innovación.

De forma específica, se refuerzan los derechos de los clientes, al reducirse a 50 euros la responsabilidad del ordenante por las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas como consecuencia del robo o sustracción de un instrumento de pago. Asimismo, se reducen los plazos de resolución de reclamaciones a 15 días y se refuerzan los requisitos de seguridad en la autentificación de clientes, con el fin de evitar la suplantación de identidad o el robo de claves.

Por lo que respecta al fomento de la innovación, se amplía el ámbito de la regulación para dar cabida a dos nuevos servicios de pago: los iniciadores de pagos, intermediarios que garantizan el pago del consumidor al comerciante como alternativa a los pagos con tarjeta; y los agregadores de cuentas, que consolidan toda la información de las diversas cuentas que tiene abiertas un usuario en diferentes entidades y la clasifican por categorías.

Asimismo, se completa la transposición de la Directiva de ejecución sobre abuso de mercado, al contemplar la posibilidad de denunciar a la CNMV de forma anónima determinados incumplimientos contemplados en el Reglamento europeo de abuso de mercado. El plazo de transposición de esta Directiva venció en julio de 2016.

En el RDL se completa la transposición de la Directiva de requisitos de capital, conocida como CRD IV, y cuyo plazo de transposición venció en 2013. Aunque esta Directiva ya se consideraba transpuesta, la Comisión Europea inició el año pasado un procedimiento de infracción por considerar que estaba incompleta.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva se incluye un canal de denuncias (whistleblowing) en el Banco de España dirigido a comunicar los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia. Asimismo, se incorporan determinadas obligaciones de la CNMV y del Banco de España en materia de intercambio de información y se mejora la cooperación y coordinación entre distintas autoridades competentes de la Unión Europea.

Reglamentos

Adicionalmente, mediante este Real Decreto-Ley se adapta el ordenamiento jurídico español a una serie de reglamentos comunitarios que, por su propia naturaleza, son de aplicación directa desde su entrada en vigor, con el fin de mejorar la seguridad jurídica de los operadores de mercado y la eficiencia de su funcionamiento.

Con este objetivo se procede a la adaptación de la normativa interna para adecuarla al Reglamento de abuso de mercado, incorporándose a la Ley del Mercado de Valores las disposiciones necesarias para atribuir a la CNMV las competencias de supervisión, inspección y sanción y detallándose las infracciones y sanciones aplicables.

Se adapta también la Ley del Mercado de Valores para incorporar las disposiciones necesarias sobre supervisión, inspección y sanción de los incumplimientos del Reglamento sobre índices de referencia, así como del Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros y del Reglamento sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, atribuyendo las correspondientes competencias a la CNMV.

Finalmente, se adecua la normativa española para la correcta aplicación del Reglamento sobre fondos del mercado monetario, mediante la inclusión de una modificación en la Ley 35/2003 de instituciones de inversión colectiva, que permitirá establecer el régimen sancionador de los incumplimientos del Reglamento y cuya competencia será también de la CNMV.

Otros contenidos

El Real Decreto-Ley incluye una serie de mejoras y ajustes técnicos con el fin de asegurar la correcta ejecución de otro conjunto de Directivas ya transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico.