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Archivo de enero de 2019

El TC avala que los actos de aviso y de notificación de resoluciones judiciales tienen distinto régimen jurídico

jueves, 31 de enero de 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 3/2019
El TC avala que los actos de aviso y de notificación de resoluciones judiciales tienen distinto régimen jurídico
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría desestimar la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, contra el último inciso del párrafo tercero del art. 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción incorporada por el artículo único, apartado diecisiete, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre) que señala “(…) La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”. Este precepto es de aplicación supletoria en el orden jurisdiccional social por remisión de la normativa procesal laboral.
La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Ricardo Enríquez, explica que “el acto de comunicación y el aviso, que carece de la garantía de autenticidad, discurren bajo dos regímenes jurídicos distintos que no permiten ser confundidos”.
El tribunal castellano leonés planteó la cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en cuanto desvincula la validez de la notificación de un acto de comunicación ya practicada con el incumplimiento de la obligación que tiene a su vez el órgano judicial de enviar un aviso al destinatario para que sepa que se ha producido dicha notificación.
El caso estudiado por la Sala Social era el siguiente: un graduado social facilitó a un juzgado una dirección de correo electrónico para recibir el aviso de que se le había comunicado una resolución judicial, pues así consta en el art. 152.2 de la LEC cuando dice “el destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones”. Merced a esa confianza el graduado social prescindió de consultar su buzón del sistema LexNET al que se le remitió la notificación de la sentencia y no pudo presentar el correspondiente recurso de suplicación porque se le había pasado el plazo al desconocer dicha notificación.
El Tribunal Constitucional explica que “el aviso representa un acto procesal efectuado por la oficina judicial, de carácter accesorio, que ayuda o facilita el conocimiento del hecho de haberse practicado un acto de comunicación, pero a cuyo acceso efectivo el aviso no coadyuva sino que exige la utilización del canal electrónico habilitado para el profesional”.
La sentencia tampoco acepta el argumento del TSJ de Castilla y León cuando dice que la utilización cotidiana por los profesionales de la justicia del sistema LexNET entraña una carga “desproporcionada”. En este sentido, el Tribunal señala que “no se alcanza a ver qué obstáculo legal para el bienestar de procuradores, graduados sociales o abogados, puede suponer que el legislador sustituya el régimen presencial diario en la recepción de los actos de comunicación imperante antaño, por otro de naturaleza electrónica al que puede accederse desde diversos dispositivos y en lugares diferentes, para comodidad de la persona, protegido dicho acceso con una serie de garantías dentro de la plataforma habilitada”.
La sentencia cuenta con un voto particular formulado por el Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, quien considera que se debería haber declarado la inconstitucionalidad y nulidad del último inciso del párrafo tercero del art. 152.2 LEC. A su juicio, la norma cuestionada es irrazonable y arbitraria, generando una indefensión prohibida por el art. 24.1 CE, ya que establece la potestad del ciudadano de solicitar del órgano judicial que se le avise por correo electrónico de la remisión de un acto de comunicación, imponiendo una correlativa obligación del órgano judicial de proceder a realizar dicho aviso, pero, de manera incoherente, hace recaer los perjuicios que origina el incumplimiento de esa obligación sobre el ciudadano que padece la anomalía, al establecer que en cualquier caso, y aunque no se haya verificado el aviso por parte del órgano judicial, el acto de notificación tendrá plena validez.
Madrid, 25 de enero de 2019

El TC declara inconstitucional y nula la creación del registro electrónico de voluntades anticipadas de Cataluña

miércoles, 30 de enero de 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 2/2019
El TC declara inconstitucional y nula la creación del registro electrónico de voluntades anticipadas de Cataluña
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el art. 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, que introduce la disposición adicional tercera del libro IV del Código Civil de Cataluña, por la que se crea y regula el Registro electrónico de voluntades digitales. La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Andrés Ollero, señala que “se trata de un registro jurídico de derecho privado, que solo puede ser establecido por el Estado, al amparo de su competencia exclusiva en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 de la Constitución)”.
La resolución judicial explica que el Registro electrónico de voluntades digitales “no aparece configurado como un mero instrumento registral de carácter administrativo, ligado a la competencia sustantiva en materia de derecho civil que la comunidad autónoma tiene estatutariamente asumida”. Se trata, por el contrario, “de un registro público privado en el que han de inscribirse para su validez los documentos de voluntades digitales, en defecto de disposiciones de última voluntad”.
Los preceptos impugnados por el Gobierno de Rajoy de la Ley autonómica 10/2017 permitían a los ciudadanos con vecindad civil catalana ordenar el destino de su patrimonio digital en caso de muerte no sólo mediante testamento, codicilo o memoria testamentaria sino también en ausencia de esas disposiciones de última voluntad, por medio del documento de voluntades digitales, que despliega efectos jurídicos sustantivos sobre las relaciones privadas en virtud de su inscripción en dicho registro.
Por tanto, el Tribunal subraya que “la normativa impugnada excede de la competencia meramente ejecutiva que la Comunidad Autónoma ostenta (art. 147 EAC) en relación con los registros públicos de derecho privado a que se refiere el art. 149.1.8 de la Constitución”.
En consecuencia, “su ordenación es competencia exclusiva del Estado”.
El Pleno, en consecuencia, declara inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos:
– La redacción del art. 6 de la ley al art. 411.10.3, letra b) del libro cuarto del Código Civil “Si la persona no ha otorgado disposiciones de última voluntad, un documento que debe inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales”.
– Del art. 8, en cuanto a la redacción dada al art. 421.24.1 del libro cuarto del mismo
Código, en el inciso “y, en defecto de estos instrumentos, en un documento de voluntades digitales, el cual necesariamente debe especificar el alcance concreto de su actuación. Este documento debe inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales”.
– Del art. 11, que añade al mismo Código la disposición final quinta del libro cuarto.
– De la disposición final primera.
La sentencia cuenta con un voto particular formulado por la Magistrada Encarnación Roca quien considera que la naturaleza de este tipo de registro es administrativa y que la Generalitat de Cataluña ostenta competencia legislativa para crearlo y ordenarlo. En su opinión, “el hecho de que la eficacia de las voluntades digitales se produzca después de la muerte de la persona y que a tales disposiciones se les denomine de manera semejante a las testamentarias no significa que tengan tal naturaleza testamentaria, ni que deban custodiarse en un registro civil de los que contempla el art. 149.1.8 CE”. Es más “incluso en el caso de que sí que la tuviera, no genera ningún problema de relación o coexistencia porque la ley catalana establece la incompatibilidad entre ambos instrumentos y limita la eficacia del documento de voluntades digitales a la falta de testamento”.
Madrid, 23 de enero de 2019

El director general para la Memoria Histórica se reúne con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias

martes, 29 de enero de 2019

El director general para la Memoria Histórica se reúne con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias

28 de enero de 2019  mjusticia.gob.es

Beatriz Corredor con Fernando Martínez
 
El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor

El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, ha mantenido hoy un encuentro con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor, y el coordinador de actividades culturales de dicha formación, Óscar Martín, con motivo de la programación de actos de conmemoración de los 80 años del exilio republicano español que prepara el Gobierno. Por parte del Ministerio, han asistido a la reunión, la directora de División de Coordinación Administrativa y Relaciones Institucionales de la Dirección General de Memoria Histórica, Socorro Prous, y Eduardo Ranz, asesor de la ministra de Justicia.

Концертные вариации на тему русской народной песни «Валенки». «Valenki»

martes, 29 de enero de 2019

La Audiencia Nacional confirma la sanción de 200.000 euros a Òmnium por tratar datos ideológicos para la encuesta del 9-N

martes, 29 de enero de 2019

Viernes, 25 de enero de 2019 poderjudicial.es

La Audiencia Nacional confirma la sanción de 200.000 euros a Òmnium por tratar datos ideológicos para la encuesta del 9-N

El tribunal considera probado que trataron datos personales de ideología y que eran unos datos sensibles o especialmente cualificados que requieren un reforzamiento de la prestación del consentimiento de su titular para ser objeto de tratamiento

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 200.000 euros que impuso la Agencia de Protección de Datos a la entidad Òmnium Cultural por vulnerar la Ley de Protección de Datos, al tratar datos ideológicos de los ciudadanos catalanes en una gran encuesta realizada los meses previos a la consulta del 9 de noviembre de 2014. El Tribunal rechaza el recurso presentado por Òmnium contra la sanción porque considera probado que trataron datos personales de ideología y que eran unos datos sensibles o especialmente cualificados que requieren un reforzamiento de la prestación del consentimiento de su titular para ser objeto de tratamiento.

Los hechos ahora analizados se remontan a los meses de octubre y noviembre de 2014, cuando las entidades ANC y Òmnium promovieron la campaña “Ara és l’ Hora” para realizar una encuesta que denominaron ‘gigaencuesta’ en todo el ámbito de Cataluña y que afectaba a 3 millones de domicilios.

Para realizar la encuesta se habilitó un formulario de 6 preguntas que comenzaba con “Si Cataluña fuera un estado tendría entre 8.000 y 16 .000 millones de euros más, ¿Cómo piensa que se debería gastar?”, la segunda pregunta empezaba declarando que “si construimos un país nuevo estará en nuestras manos decidir cómo deben ser los servicios públicos”; en la tercera, con carácter previo: “construir un nuevo país nos permitiría partir de cero y renovar la democracia”. Y la última pregunta, “¿Irá a votar el día 9 de noviembre?” con tres posibles respuestas: “A) iré a votar y ya tengo decidido mi voto; b) Iré a votar y ya decidiré mi voto y C) no iré a votar”.

30.000 voluntarios realizaron las encuestas “puerta a puerta”

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso recoge como la gigaencuesta se desarrolló por dos vías: por correo postal y a través de 30000 voluntarios que se dividieron por áreas geográficas, con visitas “casa a casa” organizadas por municipios, distritos y zonas. Los encuestadores, explican los jueces, “cumplimentaban los formularios de aquellos ciudadanos que así lo deseaban. Si los encuestados no abrían la puerta o no querían o no podían responder pero se apreciaba “receptividad”, se preveía la posibilidad de entregar el folleto o depositarlo en el marco de la puerta para que dichos encuestados lo remitieran por correo”.

Para efectuar el registro de los datos, Òmnium creó un fichero y era el destinatario de las respuestas recibidas tanto por correo como por los voluntarios, que se entregaban en los 20 locales que tenía la entidad repartida por toda Cataluña. Finalizada la encuesta en cada ámbito geográfico, la documentación se procedía a su mecanización a través de una aplicación facilitada por ANC.

La Agencia de Protección de Datos abrió una inspección y accedió a la aplicación informática desarrollada donde figuraban un total de 82.814 encuestas, que incluían tanto respuestas como datos personales de los encuestados. Las encuestas en papel almacenadas incluían un resumen, cumplimentado a mano, donde figuraba “el número de puertas que no abren, o que no quieren hacer la encuesta, además de la lista de edificios a visitar (calle, número y total de puertas). Figuran además una serie de anotaciones manuscritas referentes a cada una de las viviendas visitadas con indicaciones concretas (no irá a votar, no es legal, no interesa, no quiere atender, no abren, dejar a la encuesta, no quieren hacerla…)”.

La AEPD concluyó que se había producido una vulneración del artículo 7.2 de la LOPD, tipificada como muy grave en el artículo 44.4b) de la citada Ley.

Se trataron datos personales de ideología, con posibilidad de identificar a los encuestados

En línea con la Agencia de Protección de Datos y después de analizar la normativa nacional y europea el tribunal concluye que Òmnium sí hizo un tratamiento de datos de los encuestados que permitía asociar los datos a un domicilio concreto, “por lo que se puede llevar a cabo la identificación sin grandes esfuerzos y no es posible apreciar la disociación en los términos previstos”. Frente al argumento de los recurrentes de que no se realizó fichero alguno, el tribunal considera que sí se realizaron criterios de archivo que posibilitaban la localización de los datos personales, “información que además fue obtenida con la finalidad de ser conservada para permitir su utilización posterior, según se expone en el propio formulario/ encuesta”.

Òmnium en su recurso también planteaba la ausencia de datos de ideología. Un argumento que tampoco comparte LA Sala, al considerar acreditado que para rellenar el cuestionario había que partir previamente y aceptar implícitamente “el posicionamiento ideológico que deriva de tal formulario, que no es otro que el favorable a la independencia de Cataluña respecto del Estado español”
La encuesta, según la Sala, se inclina claramente a favor de una concreta posición ideológica, “cuál es la independencia de Cataluña, con la necesariamente ha de estarse conforme pues en otro caso no es posible contestar la misma, o al menos en su integridad”.

Por todo ello, el tribunal concluye que sí se podía conocer si el encuestado apoyaba o no el proceso independentista y por tanto, se ha realizado un tratamiento de datos personales de ideología por parte de Òmnium que por ser especialmente sensibles, la ley requiere un reforzamiento a la hora de prestar el consentimiento del titular para ser objeto de tratamiento.

La sanción correspondiente por infracción muy grave se encontraría comprendida entre los 300.001 euros y los 600.000 euros. La Sala considera proporcionada la cifra de 200.000 fijada por la Agencia de Protección de Datos que tuvo en cuenta que cuando Òmnium y ANC fueron requeridos para que dejaran de utilizar ilícitamente los datos recabados las dos entidades eliminaron la información y, además, tras el requerimiento de la Agencia, separaron en las encuestas la parte relativa a las respuestas y la referida a los datos personales del encuestado y su consentimiento.

La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo recuerda a las entidades su deber de informar sobre los riesgos para el cobro de planes de pensiones

lunes, 28 de enero de 2019

Viernes, 25 de enero de 2019 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo recuerda a las entidades su deber de informar sobre los riesgos para el cobro de planes de pensiones

La sentencia aborda un plan de pensiones de modalidad de renta asegurada

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en una sentencia del Pleno, ha hecho especial alusión a los deberes de transparencia e información que tienen las entidades de planes de pensiones acerca de los riesgos de las distintas modalidades del cobro de la prestación una vez producida la jubilación.

El caso que se estudia en esta sentencia, un plan de pensiones de renta asegurada, no consta una información adecuada sobre las características de las opciones de cobro del plan de pensiones firmado y, en particular, sobre la extinción del derecho a cobrar la renta garantizada si fallecían el partícipe y su esposa antes del plazo garantizado de los quince años.

Se adjunta nota informativa de la Sala.

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete técnico
STS 40/2019, de 22 de enero (Pleno). Recurso de casación 470/2016
Deberes de información de las entidades de planes de pensiones sobre los riesgos de la modalidad escogida para el cobro de la prestación una vez producida la jubilación; especialmente, en la modalidad de “renta asegurada”
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo llama la atención, en esta sentencia del Pleno, sobre los deberes de transparencia e información que tienen las entidades de planes de pensiones acerca de los riesgos de las distintas modalidades del cobro de la prestación una vez producida la jubilación.
En el caso resuelto en esta sentencia, el padre de las demandantes había optado en el momento de su jubilación (2003) por la modalidad de cobro de su plan de pensiones en forma de renta asegurada mensual y fija durante quince años y había designado como beneficiaria, para el caso de muerte, a su esposa, que luego falleció en 2008, dos años antes que él. Las hijas del matrimonio pretendían que se condenara a la promotora y a la gestora del plan al pago de las rentas devengadas desde el fallecimiento de su padre (2010) hasta la finalización del periodo de los quince años (2018). El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, pero la Audiencia Provincial revocó su sentencia y entendió que la prestación se había extinguido con el fallecimiento del partícipe y de su esposa.
La Sala estima el recurso de casación. Considera especialmente exigibles los deberes de información y transparencia acerca de los derechos de los partícipes y las distintas modalidades de cobro de las prestaciones (percepción del capital en pago único, renta garantizada o rentas financieras cuya cuantía o duración no están garantizadas). Cada una de estas modalidades de cobro presenta ventajas y riesgos y la valoración de la mejor forma de cobrar dependerá en cada caso de las necesidades del beneficiario, para lo que es preciso que cuente con un conocimiento de los riesgos asociados a cada modalidad.
En este caso no consta una información adecuada sobre las características de las opciones de cobro del plan y, en particular, sobre la extinción del derecho a cobrar la renta garantizada si fallecían el partícipe y su esposa antes del plazo garantizado de los quince años.
La Sala considera que, al ser los planes de pensiones productos que se comercializan como una forma de ahorro, para un consumidor medio sin conocimientos específicos la misma expresión «renta asegurada» evoca la
garantía proporcionada por la promotora y la gestora del plan de que la renta se va a cobrar durante el plazo de quince años.
La entidad debe informar de manera expresa y con claridad del riesgo que entraña esta modalidad de renta asegurada en caso de fallecimiento del beneficiario y de la persona a favor de la que se haya establecido la reversibilidad de los derechos antes del plazo fijado. Este riesgo, en un caso extremo, implicaría que, si al día siguiente de optar por esta modalidad de cobro, fallecieran en un accidente el pensionista y la persona a favor de quien se hubiera establecido la reversión (por ejemplo su cónyuge), se extinguiría por completo el derecho al cobro de la renta, es decir, la prestación propia del plan, sin que los hijos tuvieran ningún derecho sobre el ahorro acumulado.
Madrid, enero de 2019.
Área civil del Gabinete Técnico.

El Tesoro logra la mayor demanda de la historia de un emisor público en euros con un nuevo bono sindicado a 10 años

domingo, 27 de enero de 2019

22 de enero de 2019

mineco.gob.es

El Tesoro logra la mayor demanda de la historia de un emisor público en euros con un nuevo bono sindicado a 10 años

La cantidad solicitada ha superado los 46.500 millones de euros, la más alta recibida por un emisor soberano, subsoberano, supranacional o regional desde la creación de la moneda única
La elevada demanda pone de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en la fortaleza de la economía española
Confianza corroborada por los inversores asiáticos, entre los que se ha distribuido un 11,8% de la transacción, la mayor participación de esta región en una sindicación del Tesoro desde julio de 2010
Se han adjudicado 10.000 millones de euros entre 410 cuentas inversoras de alta calidad y muy diversificadas

El Tesoro Público ha efectuado una emisión sindicada de un nuevo bono a 10 años por importe de 10.000 millones de euros. Las peticiones han superado los 46.500 millones de euros, la mayor demanda de la historia de un emisor público en euros. Desde la creación de la moneda única ningún emisor soberano, subsoberano, supranacional o regional ha registrado un volumen similar de solicitudes para una emisión de estas características.

Esta elevada demanda pone de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en la fortaleza de la economía española y refuerza el papel del Tesoro Público como un emisor de referencia.

Ambos aspectos se han visto corroborados por la participación de inversores no residentes, que ha alcanzado el 81,6% de la sindicación, consolidándose así la progresiva recuperación de cuentas que en los últimos años no participaban en las compras de deuda pública. Hay que resaltar la significativa demanda de inversores asiáticos, entre los que se ha distribuido un 11,8% de la transacción, la mayor participación en una emisión del Tesoro desde julio de 2010.

Destacan también Francia e Italia, con un 18,8% de la operación; Reino Unido e Irlanda; con un 15,9%; Alemania, Austria y Suiza, con un 10,5%; países Nórdicos, con un 9,1%, Estados Unidos y Canadá, con un 6,5%, y otros, con 9,2%.

Es, asimismo, especialmente significativa no sólo la sólida demanda sino también la calidad de las órdenes recibidas. Así el Tesoro ha podido asignar la emisión entre 410 cuentas muy diversificadas, tanto por tipo de inversor como por zonas geográficas.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a fondos de pensiones y aseguradoras (24,6%) seguido de tesorerías bancarias (23%), gestoras de fondos (22,4%) y bancos centrales e instituciones oficiales (14,4%). Otros inversores bancarios adquirieron el 8,7%, fondos apalancados el 5% y otros inversores un 2%.

El bono emitido hoy vence el 30 de abril de 2029 y tiene un cupón del 1,45%. La rentabilidad de la emisión se ha situado en 1,462%, equivalente a 65 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés).

Con esta primera sindicación del ejercicio 2019 de 10.000 millones de euros el Tesoro lleva cumplido un 15,8% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (126.933 millones de euros).

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole CIB, HSBC France, J.P. Morgan Securities Plc y Société Générale han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.

El Tribunal Supremo rechaza los recursos contra el auto que confirmó su competencia para juzgar a los doce acusados del Procès

sábado, 26 de enero de 2019

Martes, 22 de enero de 2019

poderjudicial.es

El Tribunal Supremo rechaza los recursos contra el auto que confirmó su competencia para juzgar a los doce acusados del Procès

La Sala remitió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya lo referido a los seis procesados a los que el fiscal sólo acusaba de desobediencia

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de enjuiciamiento de la causa del Procés ha desestimado los recursos de súplica presentados por los procesados Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell y Santiago Vila, así como por la acusación popular de Vox, contra el auto del pasado 27 de diciembre en el que la Sala Segunda del Supremo confirmó su competencia para enjuiciar los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos (lo que afecta a 12 procesados) y remitió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya lo referido a los 6 procesados a los que el fiscal sólo acusaba de desobediencia.

En el caso de los cinco procesados que presentaron recurso de súplica, insistían en que su causa debía ser juzgada por el TSJ de Cataluña, mientras que la acusación popular recurría al considerar que el Supremo debía juzgar también a los acusados de desobediencia y no remitir esa parte al tribunal superior catalán.

La Sala destaca que las defensas incurren en un error doble en sus argumentos. De una parte, porque prescinden de una idea “sin la que los delitos de comisión plural o colectiva no pueden ser entendidos, a saber, que no todos los sujetos realizan por sí los elementos nucleares del tipo”. Y en segundo término, por identificar el delito de rebelión como delito de simple actividad en el que, en las propias palabras de los recurrentes, ‘…se supone que el lugar de comisión (…) debe radicar allí donde los supuestos rebeldes o sediciosos se hayan alzado violenta y públicamente’.

El tribunal indica que la consecuencia de ese erróneo análisis “sería la aplicación de la reduccionista teoría de la actividad como criterio para la solución de la duda competencial. Pero el delito de rebelión por el que el Fiscal y la acusación popular han considerado oportuno acusar a los procesados no es un delito de simple actividad. Es un delito de resultado cortado. La ausencia de este matiz conduce al equívoco de la defensa”, añade el auto.

Así, la Sala recuerda que en el delito de rebelión, cuando la finalidad perseguida sea la de ‘declarar la independencia de una parte del territorio nacional’, “aunque tal lesión no acaezca, el resultado al que ha de encaminarse afecta a las dos partes cuya unidad se pretende disolver, pues una y otra serían ya, de alcanzarse la lesión por efectividad del resultado, diversas en su identidad. Y tal disolución no es un efecto diferenciable ex post del resultado que se procura. Es el resultado mismo. No confunde, por tanto, la Sala, los efectos con los resultados”.

“Tampoco incurre en ese defecto el legislador que, al definir los límites de la jurisdicción penal española, en el artículo 23.3 c) LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) prescinde del «lugar de comisión» de la acción cuando se trata de los delitos de rebelión o sedición, en relación con los cuales atribuye siempre su conocimiento a la jurisdicción española, pues es el territorio español el escenario de su eventual resultado, por más que cortado”, explican los magistrados.

En cualquier caso, la Sala recuerda que la cuestión de la competencia del Tribunal no la determinan por considerar que existen méritos para proclamar determinados hechos como ocurridos, ni siquiera por tener por correcta su calificación como constitutivos de un delito de rebelión, ya que ello no es ahora objeto de valoración (lo será en el juicio y con la prueba que se practique), sino que han atendido al relato y la calificación recogidas en los escritos de acusación.

Sobre la alegación de Carme Forcadell en la que resalta que el resto de la Mesa del Parlament sólo está acusada de desobediencia, y que será juzgada por ello en el TSJ catalán, la Sala indica que la recurrente parece sugerir “la existencia de una identidad corporativa con consecuencias jurídico-procesales. Sin embargo, el derecho penal sólo conoce la responsabilidad por el hecho propio. No existe una responsabilidad solidaria ni un extravagante litis consorcio, en el que la pertenencia a uno u otro ente público sea la que determine la competencia del órgano jurisdiccional llamado al enjuiciamiento. Ni el Fiscal, ni la Abogacía del Estado, ni la acusación popular igualan en la exigencia de responsabilidades a la Sra. Forcadell y al resto de los integrantes de la Mesa”, resume, y añade: “La Sala ignora si ese tratamiento diversificado se corresponde o no con la realidad. Será la prueba practicada en el plenario la que resuelva lo que ahora no es objeto de valoración, pero que sí justifica un tratamiento competencial diferenciado”.

En cuanto al recurso de Vox contra la remisión de una parte de la causa al TSJ catalán, el Supremo se remite a las razones que dejó plasmadas en el auto recurrido en el que consideró esencial restringir el ámbito objetivo y subjetivo de la causa.

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre gastos asociados a un préstamo hipotecario

viernes, 25 de enero de 2019

Jueves, 24 de enero de 2019

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre gastos asociados a un préstamo hipotecario

El Pleno de la Sala Primera se pronuncia sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.

En primer lugar, analiza la posible abusividad de la cláusula que, en un préstamo hipotecario, establece una comisión de apertura. En segundo lugar, se pronuncia sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre.
Se adjunta nota informativa de la Sala

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete técnico
poderjudicial.es
Sentencias 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero.
Doctrina jurisprudencial sobre cláusulas abusivas: comisión de apertura, IAJD, aranceles de notario y registrador y gastos de gestoría
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.
En primer lugar, analiza la posible abusividad de la cláusula que, en un préstamo hipotecario, establece una comisión de apertura
Tras examinar la normativa sectorial aplicable al caso (tanto la nacional como la de la Unión Europea), el Tribunal Supremo considera que la comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo; por el contrario, el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen sendas partidas del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE, que permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo.
Por esa razón, la Sala concluye que la comisión de apertura no es susceptible de control de contenido, sino exclusivamente de control de transparencia, que considera superado o cumplido porque “es de general conocimiento entre los consumidores interesados el hecho de que, en la gran mayoría de los préstamos hipotecarios, la entidad bancaria cobra una comisión de apertura además del interés remuneratorio; es uno de los extremos sobre los que la entidad bancaria está obligada a informar al potencial prestatario de acuerdo con la regulación de las fichas normalizadas de información y, de hecho, suele ser uno de los extremos sobre los que versa la publicidad de las entidades bancarias; se trata de una comisión que ha de pagarse por entero en el momento inicial del préstamo, lo que hace que el consumidor medio le preste especial atención como parte sustancial del sacrificio económico que le supone la obtención del préstamo; y la redacción, ubicación y estructura de la cláusula permiten apreciar que constituye un elemento esencial del contrato”
En segundo lugar, la sala se pronuncia sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre.
1- Son pagos que han de hacerse a terceros- no al prestamista- como honorarios por su intervención profesional con relación al préstamo hipotecario. La declaración de abusividad no puede conllevar que esos terceros (notarios, gestores, registradores) dejen de percibir lo que por ley les corresponde.
2- El pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa vigente en el momento de la firma del contrato.
A- Arancel notarial.
La intervención notarial interesa a ambas partes, por lo que los costes de la matriz de la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse por mitad. Esta misma solución procede respecto de la escritura de modificación del préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la modificación o novación. En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, el interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, por lo que le corresponde este gasto; y las copias de las distintas escrituras notariales relacionadas con el préstamo hipotecario deberá abonarlas quien las solicite, en tanto que la solicitud determina su interés.
B- Arancel registral.
La garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco prestamista, por lo que es a este al que corresponde el pago de los gastos que ocasione la inscripción de la hipoteca. En cambio, la inscripción de la escritura de cancelación interesa al prestatario, por lo que a él le corresponde este gasto.
C- Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
La Sala reitera que el sujeto pasivo de este impuesto es el prestatario, como ya acordó en las sentencias 147 y 148/2018, de 15 de marzo, cuya doctrina se corresponde con la de las sentencias del pleno de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo 1669/2018, 1670/2018 y 1671/2018, de 27 de noviembre, que mantienen la anterior jurisprudencia de esa misma Sala Tercera. A esta doctrina jurisprudencial común no le afecta el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre siguiente), puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada en vigor, solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con posterioridad a su vigencia y no contiene regulación retroactiva alguna.
D- Gastos de gestoría.
También se impone el pago por mitad de los mismos.
Madrid, enero de 2019.
Área civil del Gabinete Técnico.

España, primer país de la Unión Europea que desarrolla una Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes

jueves, 24 de enero de 2019

España, primer país de la Unión Europea que desarrolla una Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes

Miércoles 23 de enero de 2019

lamoncloa.gob.es

7/08/2014

Con la elaboración de la Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes, España se convierte en el primer país de la Unión Europea que dispone de un marco único de notificación y gestión de incidentes de ciberseguridad, superando así la disparidad de criterios anteriormente existentes en este campo.
La Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes es un documento técnico que establece una referencia en el ámbito de la notificación y gestión de incidentes de ciberseguridad en  territorio español. Proporciona a los responsables de seguridad de la información directrices para reportar incidentes de ciberseguridad en las administraciones públicas, las infraestructuras críticas y operadores estratégicos de su competencia, así como el resto de entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 12/2018 sobre seguridad de las redes y sistemas de información.

La Guía, que consta de ocho capítulos y cuatro anexos, establece un detallado esquema de notificación a partir de una serie de criterios de impacto recogidos en el documento, y cataloga los incidentes en cinco niveles de peligrosidad: crítico, muy alto, alto, medio y bajo. Como uno de sus principales avances, plantea un sistema de «ventanilla única» para la notificación de estos incidentes con el propósito de aumentar la eficiencia en el tratamiento de la información y optimizar los resultados.

El aspecto más innovador de la Guía es la presentación de una clasificación única de incidentes, en un ejercicio de concreción técnica, colaboración público-privada y coordinación entre múltiples actores. Concretamente, el documento relaciona 38 tipos posibles de incidente, enmarcados dentro de 10 clasificaciones diferentes, que vienen acompañados por una serie de descripciones y ejemplos prácticos para orientar las comunicaciones y ayudar al análisis, contención y erradicación del ciberincidente.

Sobre este marco común, la Guía posibilita la existencia de otros casos especiales, en función de la existencia de normas jurídicas que puedan exigir un esfuerzo extra a las organizaciones dentro de su ámbito de aplicación. Es el caso de aquellos operadores designados como «críticos» en aplicación de la Ley 8/2011, PIC, a quienes se añaden una serie de especificaciones adicionales, entre las que se cuentan comunicaciones obligatorias, contenidos mínimos a notificar, o ventana temporal de reporte.

Esta Guía integra todos los aspectos comunes requeridos técnicamente por los CSIRT nacionales junto a aquellos específicos propios del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.

Además, se convierte en el eje fundamental que sustenta la implementación nacional, a través de la transposición de la Directiva NIS (RD-ley 12/2018), de la obligación de notificar ciberincidentes asignada a los operadores de servicios esenciales.

Intensa labor de coordinación

La Guía fue aprobada el 9 de enero por el Consejo Nacional de Ciberseguridad, presidido por el secretario de Estado-director del CNI, Félix Sanz Roldán, e integrado por representantes de diferentes departamentos ministeriales, entre ellos Interior. Se trata de un órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional previsto en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, en el ámbito de la ciberseguridad y en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.

La elaboración de un documento de estas características requiere un intenso trabajo de coordinación ante la complejidad de relaciones, casuísticas y consecuencias derivadas de un incidente cibernético. Por ello, su desarrollo se considera una demostración de los avances nacionales en ciberseguridad y pone de relevancia el papel unificador que el Ministerio del Interior desempeña en esta materia, al ser el departamento que ha coordinado los trabajos.

La redacción de un documento integrado para el reporte y gestión de incidentes cibernéticos se comenzó a gestar en 2017, en el marco de la Mesa de Coordinación de Ciberseguridad que el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, tiene abierta con los operadores de servicios esenciales que forman parte del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que en la actualidad asciende a más de 170 empresas y organismos.

Dada la relevancia en la evolución de los trabajos, el Consejo Nacional de Ciberseguridad encargó en 2018 la elaboración, bajo la coordinación del CNPIC y con la participación del Centro Criptológico Nacional (CCN), el Instituto de Ciberseguridad Nacional (INCIBE) y el Mando Conjunto de Ciberdefensa, todos ellos centros de respuesta a incidentes de referencia a nivel nacional, de un documento integrado que diera respuesta a las diferentes casuísticas existentes, partiendo de los contenidos desarrollados inicialmente en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas.

La oportunidad de la Guía, para cuya redacción se creó un grupo de trabajo con los mencionados organismos públicos, y que ha contado con el concurso de expertos y responsables de seguridad de la información de los principales operadores de servicios esenciales españoles, viene dada por la necesaria adecuación a las exigencias del mencionado RD-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información, aprobado recientemente, por el que se transpone la conocida como «Directiva NIS» (Directiva 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión).

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ destaca que la mediación es “clave” para la modernización de la Justicia

miércoles, 23 de enero de 2019

Martes, 22 de enero de 2019
poderjudicial.es

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ destaca que la mediación es “clave” para la modernización de la Justicia

Lesmes clausura el Día Europeo de la Mediación, que este año conmemora el vigesimoprimer aniversario de la Recomendación del Consejo de Europa sobre Mediación Familiar. Afirma que potenciar procedimientos alternativos de solución de conflictos contribuye a alcanzar el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha puesto de manifiesto la importancia de que las instituciones sigan impulsando la mediación como mecanismo alternativo para la resolución de los conflictos. La mediación, ha afirmado Lesmes, es “una forma de justicia económica, eficaz y rápida” y, como tal, es una herramienta eficaz para contribuir a la plena eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva.

Lesmes ha pronunciado estas palabras durante el acto de clausura del Día Europeo de la Mediación, que se ha celebrado hoy en el Consejo General del Poder Judicial y que ha contado con la presencia de la magistrada del Tribunal Supremo y vicepresidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, Lourdes Arastey Sahún. Asimismo, entre otros, han asistido los vocales del CGPJ encargados de mediación: Rafael Mozo, Álvaro Cdfdruesta, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez. Este año se conmemora el 21º aniversario de la aprobación por el Consejo de Europa de la Recomendación Número R (98)1 sobre Mediación Familiar, que supuso un hito en el impulso y desarrollo de la mediación a nivel europeo.

En opinión del presidente del Supremo, la mediación es un “elemento clave para la modernización de la Justicia” que contribuye a dar respuesta ante una de las demandas de la ciudadanía, como es la solución de sus conflictos. El desarrollo de este mecanismo, en el que el CGPJ está “plenamente implicado”, es una obligación que viene recogida en la Directiva 2008/52/CE, por la que la Comisión recomendó a los Estados miembros “intensificar sus esfuerzos por fomentar y alentar el recurso a la mediación” y que el Parlamento Europeo hizo suya en septiembre de 2017.

Estas recomendaciones han llevado al Consejo de Ministros a aprobar en fechas recientes un Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación que, entre otras medidas, opta por reforzar la cualificación y especialización profesional de los mediadores. En definitiva, la mediación es una realidad cuyo avance y desarrollo no tiene marcha atrás.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ señala que en las sociedades democráticas modernas, el derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se traduce en el derecho a una sentencia legal; es también “el derecho a obtener una solución satisfactoria y eficaz de los problemas”. Los Estados, por lo tanto, deben preocuparse por poner a disposición de la sociedad diversos sistemas de resolución de conflictos, de tal forma que los ciudadanos puedan ocuparse de gestionarlos y, solo cuando eso no sea posible, acudan a la Justicia.

Diálogo y consenso

Tras recordar que la normativa europea no concibe la mediación ni otros procedimientos alternativos de solución de conflictos como “sustitutivos de los procedimientos judiciales”, Lesmes ha señalado que potenciar estas herramientas “y crear servicios para hacerlas realidad, es una vía perfectamente útil, y con resultados contrastados” para alcanzar el objetivo de acceder a la justicia; es decir, para garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental.

Mejorando la calidad y los niveles de eficacia de la mediación, ha concluido Lesmes, “estaremos proporcionando a la sociedad una forma de alcanzar justicia basada en el diálogo y el consenso, elementos siempre conformadores de la convivencia pacífica a la que todos aspiramos”.

Desde hace años, el CGPJ ha dado muestras de su compromiso con el desarrollo de la mediación. Prueba de ello son los convenios firmados con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia; la colaboración institucional con las organizaciones representativas de los principales operadores jurídicos (fiscales, abogados, procuradores); o los acuerdos firmados con entidades, organizaciones, asociaciones y colectivos especializados.

El Consejo también ha trabajado en la formación de los jueces en materia de mediación, así como en la información y difusión de este mecanismo mediante la elaboración y distribución de material informativo y divulgativo.

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)

martes, 22 de enero de 2019

11 de enero de 2019
ine.es
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
Noviembre 2018. Datos provisionales
En noviembre se inscriben en los registros de la propiedad 170.271 fincas, un 9,4% más que en el mismo mes del año anterior
Las compraventas de viviendas inscritas aumentan un 2,8% respecto a noviembre de 2017
El número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) en el mes de noviembre es de 170.271, lo que supone un 9,4% más que en el mismo mes de 2017.
En el caso de las compraventas de fincas registradas, el número de transmisiones es de 85.348, con un aumento anual del 4,0%.

El Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables se prorroga hasta enero de 2020

lunes, 21 de enero de 2019

17 de enero de 2019

mineco.gob.es

El Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables se prorroga hasta enero de 2020

El Fondo cuenta en la actualidad con más de 9.600 viviendas y desde su constitución se han realizado 10.244 contratos de alquiler

El Fondo Social de Vivienda (FSV), destinado a facilitar el acceso a una vivienda a familias vulnerables, se ha prorrogado hasta enero de 2020. Este fondo se puso en marcha en enero de 2013 con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras.

En la actualidad el Fondo cuenta con más de 9.600 viviendas. Desde su constitución hasta junio de 2018 se han tramitado 10.244 contratos de alquiler. Estos inmuebles, propiedad de las entidades de crédito, están destinados a personas y familias que han perdido su vivienda habitual, mediante un arrendamiento a precios reducidos, entre 150 y 400 euros al mes.

La prórroga ha sido acordada por el Ministerio de Economía y Empresa con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, la Asociación Española de Banca, la Asociación Hipotecaria España, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Plataforma del Tercer Sector y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

El Fondo Social de Vivienda se creó con el objetivo de ofrecer cobertura a aquellas personas desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario o como resultado de una dación en pago, y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social.

Al Fondo pueden acceder las personas físicas que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y que en el momento de la solicitud los ingresos familiares no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, ni dispongan de otra vivienda en propiedad o en usufructo.

Asimismo, los solicitantes deberán encontrarse en uno de los siguientes supuestos de especial vulnerabilidad:
Unidad familiar con hijos menores de edad
Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo
Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite
Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado sus prestaciones
Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género
Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone un activo indispensable para su inclusión social
Personas mayores de sesenta años
Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos
Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las mencionadas

Justicia convocará 500 plazas para jueces y fiscales en 2019

domingo, 20 de enero de 2019

Justicia convocará 500 plazas para jueces y fiscales en 2019
mjusticia.gob.es
Será la mayor oferta lanzada por el ministerio en los últimos 25 años y superará en 200 a la del ejercicio anterior

16 de enero de 2019.- El Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado, convocará 500 plazas para jueces y fiscales en el año 2019 en caso de que se apruebe el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentado el pasado viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez. La cifra supera en 200 plazas la prevista en las cuentas anuales del año pasado y es la más alta de los últimos 25 años.

La convocatoria de estas 500 plazas de jueces y fiscales contribuirá a rebajar la pendencia de asuntos y los tiempos de respuesta en los tribunales, dando a su labor diaria una mayor celeridad y permitiendo reforzar los órganos que más lo necesiten. La medida, en definitiva, redundará en la mejora del servicio público que presta la administración de Justicia a los ciudadanos, una de las prioridades de la ministra Dolores Delgado.

La cifra supera en mucho a la de los ejercicios precedentes. En 2013, la oferta fue de 50 plazas para ambas carreras, mientras que, en los ejercicios de 2014, 2015, 2016 y 2017, ascendió a 100. En el Presupuesto de 2018, el número de puestos fue de 300, 200 menos de las que se convocarán en 2019 siempre que el Parlamento apruebe el proyecto de Presupuestos.

Una justicia dotada de medios para prestar un mejor servicio a la ciudadanía es uno de los objetivos del Ministerio de Justicia. Y para ello es esencial un incremento en las plazas de jueces y fiscales.

La AEPD publica un informe sobre el tratamiento de datos relativos a opiniones políticas por los partidos

sábado, 19 de enero de 2019

La AEPD publica un informe sobre el tratamiento de datos relativos a opiniones políticas por los partidos

aepd.es
Madrid, 19 de diciembre de 2018. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado un informe en el que analiza el tratamiento de datos personales en relación con la Disposición final tercera de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que modifica la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) añadiendo el artículo 58 bis. Esta modificación fue introducida durante la tramitación parlamentaria de la LOPD y, al no encontrarse en el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno, no fue objeto de informe preceptivo por parte de la Agencia.

La AEPD considera que la modificación de la LOREG, que aborda el tratamiento de datos relativos a opiniones políticas por los partidos, debe ser objeto de una interpretación restrictiva, en primer lugar, porque se trata de una excepción a la regla general recogida en el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en el 9.1 de la LOPD, que prohíbe el tratamiento de categorías especiales de datos personales −entre las que se encuentran las opiniones políticas−. Además, porque el artículo 58 bis debe ser interpretado conforme a lo establecido en la Constitución Española, de modo que no conculque derechos fundamentales como la protección de datos, el derecho a la libertad ideológica, la libertad de expresión e información o el derecho a la participación política.

El informe recoge que los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores sólo podrán tratar opiniones políticas cuando estas hayan sido libremente expresadas por las personas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y a su libertad ideológica. Este precepto no ampara aplicar tecnologías de big data o inteligencia artificial para inferir la ideología política de una persona, ya que esto supondría una vulneración de su derecho fundamental a no declarar su ideología.

En cuanto a la ausencia de definición en la Ley Orgánica 3/2018 de “fuentes de acceso público”, la Agencia considera que puede seguir aplicándose como criterio interpretativo la derogada LOPD 15/1999 pero, en cualquier caso, debe tratarse de webs y fuentes en las que la consulta la pueda realizar cualquier persona, lo que excluiría aquellas en las que el acceso está restringido a un círculo determinado, ya sea como “amigo” u otro concepto similar.

En lo relativo a la finalidad del tratamiento, la AEPD recoge en su informe que el tratamiento que se realice deberá ser “proporcional al objetivo perseguido” (artículo 9.2 g RGPD), lo que no ampara tratamientos no proporcionales como el microtargeting, ni tener por finalidad forzar o desviar la voluntad de los electores. “Si bien el funcionamiento de un sistema democrático puede requerir la elaboración de perfiles generales, de modo que los partidos políticos puedan conocer las inquietudes políticas de la ciudadanía, incluso por categorías genéricas como la edad, sexo, población, etc., lo que no puede en ningún caso pretenderse es la realización de perfiles individuales o realizados atendiendo a categorías muy específicas que conculcarían los derechos fundamentales anteriormente citados”, añade. En todo caso, esos tratamientos deben, además, cumplir con todos los principios recogidos en el artículo 5 del RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación de plazo de conservación; integridad y confidencialidad y responsabilidad proactiva.

En cuanto al “envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes” (artículo 58 bis LOREG), los datos que vayan a ser utilizados para el envío de propaganda electoral (números de teléfono, correo electrónico, etc.) deben haberse obtenido lícitamente, amparados en alguna de las bases del artículo 6 del RGPD. En todo caso, en los envíos que se realicen deberá constar su carácter electoral y facilitar el derecho de oposición por los destinatarios.

Garantías adecuadas

El texto del artículo 58 bis no detalla las garantías aplicables a este tipo de tratamientos. Por ello, la Agencia, en cumplimiento de las funciones de interpretación y aplicación de la normativa de protección de datos que le atribuyen los artículos 57 y 58 del RGPD, debe identificar esas garantías, sin perjuicio de otras que pueda exigir la Junta Electoral Central de cara a garantizar la transparencia del proceso electoral.

1. Responsabilidad desde el diseño y por defecto. Los responsables deberán adoptar medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización e incluso la agregación y anonimización.

2. Designar un delegado de protección de datos.

3. Elaborar el registro de actividades de tratamiento, debiendo ser precisos y claros, conforme a los principios de lealtad y transparencia.

4. Realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, al realizar un tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos.

5. Consultar a la AEPD antes de proceder al tratamiento cuando la evaluación de impacto muestre que el tratamiento entraña un alto riesgo. Si esa evaluación de impacto se realiza adecuadamente será obligatorio consultar a la AEPD, salvo que el responsable garantice que el riesgo puede mitigarse.

6. Adoptar medidas de seguridad, que deberán ser lo más rigurosas que permita el estado de la técnica, teniendo en cuenta que se trata de datos referentes a opiniones políticas cuyo tratamiento es excepcional y que suponen un importante riesgo para los derechos y libertades de las personas.

7. Cuando el tratamiento vaya a realizarlo un encargado del tratamiento, deberán seleccionar uno que ofrezca garantías suficientes y haber suscrito con él un contrato en el que deberá garantizarse que el encargado actuará sólo siguiendo instrucciones del responsable, debiendo contemplar dichas instrucciones las garantías definidas por la Agencia.

8. Facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición.

9. En el caso de que se pretenda obtener los datos de terceros (que no actúen como encargados del tratamiento) el responsable deberá comprobar que esos datos fueron obtenidos de manera lícita y cumpliendo con todos los requisitos del RGPD, especialmente que el tercero tenga una legitimación específica para obtener y tratar dichos datos y que haya informado expresamente a los afectados de la finalidad de cesión a los partidos políticos.

10. El responsable deberá cumplir con las garantías del artículo 22 del RGPD si se van a realizar decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles generales.

Además de estas garantías, adquiere una especial relevancia la obligación de informar sobre dichos tratamientos “teniendo en cuenta que nos encontramos ante un supuesto excepcional de legitimación de los datos relativos a la ideología política de los ciudadanos”. Ese deber de información deberá realizarse de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. Del mismo modo, cuando el responsable pretenda obtener los datos de un tercero, deberá comprobar que este ha cumplido con su obligación de informar sobre los mismos extremos a los afectados.

El informe detalla que, con anterioridad al inicio del periodo electoral, los sujetos legitimados y que vayan a presentar candidatura podrán desarrollar las actuaciones necesarias para preparar los tratamientos que vayan a desarrollar en el periodo electoral, conforme a las obligaciones anteriormente señaladas, pero sin poder iniciarlos. En especial, las relativas al registro de actividades, evaluación de impacto, consulta previa, designación del delegado de protección de datos (si no lo hubiera designado con anterioridad) y la celebración, en su caso, del contrato de encargado del tratamiento. En periodo electoral podrán iniciar el tratamiento, debiendo en primer lugar cumplir con su obligación de información y velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Por último, finalizado el periodo electoral, deberán garantizar la supresión de los datos personales conforme a lo establecido en la ISO 27001:2013 y la Norma UNE- EN15713:2010, sin que en ningún caso puedan ser objeto de tratamiento ulterior por los partidos políticos ni por ninguna otra entidad.

En cuanto a las potestades de la AEPD, para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a otros órganos −singularmente a la Junta Electoral Central, al Ministerio del Interior, al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al Tribunal Constitucional−, esta podrá ejercer las funciones que le atribuye el artículo 57 del RGPD y los poderes de investigación, correctivos y de autorización y consultivos del artículo 58.

La Bolsa negocia 587.479 millones de euros en 2018

viernes, 18 de enero de 2019

La Bolsa negocia 587.479 millones de euros en 2018

2 de enero de 2019 bolsasymercados.es
La Bolsa española negoció en Renta Variable 587.479 millones de euros en 2018 tras registrar 38.768 millones de euros en diciembre, un 5,4% menos que en noviembre y un 18,7% menos que el mismo mes del año anterior. El número de negociaciones del mes fue de 3,1 millones, un 15,8% menos que el mes anterior y un 5,7% menos que en diciembre 2017.

En el segmento de Warrants y Certificados se negociaron 41,3 millones de euros en diciembre 2018, un 16,9% menos que el mes anterior y un 44,6% más que en diciembre 2017. El número de negociaciones se sitúa en 7.059, un 11,5% menos que en noviembre y un 12,4% más que el mismo mes del año anterior. El número de emisiones admitidas a negociación en diciembre asciende a 5.173, un 9% menos que el año anterior.

En el segmento de Fondos Cotizados (ETF) se negociaron 181,4 millones de euros, un 22,7% menos que el mes anterior y un 39,4% menos que el mismo mes del año anterior. El número de negociaciones fue de 6.628, un 42,8% más que en noviembre y un 12,1% más que el mismo mes del año anterior.

El mercado de Derivados Financieros despidió 2018 con un volumen nominal negociado de 683.243 millones de euros. Vio aumentar un 1,2% la negociación en el segmento de Futuros sobre el IBEX 35 en el conjunto del año, mientras que las Opciones sobre el índice cedieron un 2,8%, tras mejorar un 16,6% en el último mes del año. La negociación en contratos de derivados relacionados con la cobertura del riesgo de dividendos registró un incremento del 63,1% en el Futuro sobre el IBEX Impacto Dividendo. Las Opciones sobre Acciones aumentaron su contratación en el mes un 94,1% (+36,2% respecto al mismo mes de 2017), y cerraron el año en línea con 2017.

La posición abierta de los mercados de Derivados Financieros de BME despidió diciembre un 2,3% por encima del nivel del mes anterior. Las Opciones sobre el IBEX 35 aumentaron su posición abierta un 13,8% y las Opciones sobre Acciones, un 4,3%.

En Renta Fija, el volumen negociado en el año fue de 200.757 millones de euros, un 45,1% más que en el año anterior. La contratación en diciembre aumentó un 38,4% con relación al mismo periodo del año anterior debido a la contratación de activos de Deuda Pública nacional e internacional.

Buen comportamiento del MARF

El importe de las nuevas emisiones incorporadas a negociación en el MARF en diciembre alcanzó los 671 millones de euros, lo que representa un aumento del 226% respecto al mismo periodo de 2017. El volumen acumulado a cierre de 2018 fue de 6.357 millones de euros, tras crecer un 60,1% en el año. El volumen vivo en circulación en este mercado alcanzó los 3.320 millones de euros, que representa un crecimiento anual del 46,9%.

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM)

jueves, 17 de enero de 2019

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM)
Noviembre 2018. Datos provisionales. ine.es
En noviembre se crean 7.974 sociedades, un 3,3% más que en el mismo mes de 2017, y se disuelven 1.989, un 9,9% más
Comunidad Foral de Navarra (24,6%), Galicia (12,6%) y Cantabria (12,3%) son las comunidades autónomas con mayor dinamismo empresarial
En noviembre se crean 7.974 sociedades mercantiles, un 3,3% más que en el mismo mes de 2017. El capital suscrito para su constitución supera los 305 millones de euros, con un descenso anual del 17,6%. El capital medio suscrito (38.330 euros) disminuye un 20,3%.
Por otro lado, en noviembre amplían capital 2.549 sociedades mercantiles, un 3,2% más que en el mismo mes de 2017. El capital suscrito en las ampliaciones registra un aumento del 35,2% y supera los 3.044 millones de euros. El capital medio suscrito en estas operaciones (1.194.396 euros) crece un 31,0% en tasa anual.
El número de sociedades mercantiles disueltas en noviembre es de 1.989, un 9,9% más que en el mismo mes de 2017. De éstas, el 77,2% lo hicieron voluntariamente, el 10,2% por fusión y el 12,6% restante por otras causas.

Hay que controlar el incremento de los precios de la vivienda

miércoles, 16 de enero de 2019

Hay que controlar el incremento de los precios de la vivienda
ugt.es
10 Ene 2019

UGT traslada al Gobierno sus propuestas en materia de vivienda
La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha mantenido una reunión con la Secretaria General de Vivienda, Helena Beunza, para analizar la situación de la vivienda en nuestro país y presentar las propuestas del sindicato en esta materia.

Barrera ha subrayado que, entre otras cosas, se ha pedido al Gobierno que “la futura Ley de Vivienda haga hincapié en la necesidad de dotar a este país de un parque social de viviendas como el que tienen otros países que dedican hasta un 47% de sus viviendas a alquiler social”.

“España no tiene ese parque social y teniendo en cuenta que los precios de los alquileres siguen aumentando, hasta en un 30% mientras que, en ese mismo periodo, desde 2007 a 2014 los salarios subieron tan sólo un 2,5%, es absolutamente necesario”.

Un mercado absolutamente opaco

“El acceso a la vivienda es un problema ya que la mayoría de los ciudadanos deben destinar una gran parte de sus salarios a vivienda. Además, con la política de vivienda hay que luchar contra la pobreza ya que sigue habiendo una elevada tasa de población que no puede acceder a ningún tipo de vivienda, condicionando ésta, su situación de pobreza” ha subrayado.

En ese sentido, Mari Carmen Barrera, ha señalado que “en España tiene que desaparecer esa lacra que arrastramos en el mercado de la vivienda, por la ausencia de control de un mercado absolutamente opaco y por las políticas absolutamente liberales del Gobierno del PP”.

“Hay que acabar con el drama de la vivienda en nuestro país. No puede ser que en España haya personas que no tienen esa necesidad cubierta y, por ello, hemos pedido que se den pasos para aumentar la transparencia y la información desde lo público estableciendo un índice público de precios de la vivienda que tenga un control a través de una serie de políticas a nivel estatal y a través del cual se pueda hacer un control efectivo y eficaz del incremento de los precios, no sólo de los alquileres sino también de la vivienda en propiedad” ha añadido.

Se trata de la primera reunión que UGT mantiene con el Gobierno en materia de vivienda tras la ronda de encuentros con los partidos políticos de todo el arco parlamentario.

AIREF confirma que el sistema de pensiones es sostenible, como defiende UGT

martes, 15 de enero de 2019

AIREF confirma que el sistema de pensiones es sostenible, como defiende UGT
ugt.es
10 enero 2019
Valoración de UGT respecto del informe de la AIREF sobre el sistema de Seguridad Social
La Unión General de Trabajadores considera que el informe presentado ayer por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social es una aportación de inestimable importancia, porque ha aportado luz donde antes solo había la oscuridad de los informes de las entidades financieras, que trataban una vez tras otra de inventar escenarios catastrofistas de futuro para defender la insostenibilidad de las pensiones y la necesidad de recortarlas.

El informe de la AIREF es una aportación de inestimable importancia para la comprensión de las fuerzas políticas y de la sociedad en general de que:

1.- El sistema de pensiones es perfectamente sostenible, incluyendo el mantenimiento del poder adquisitivo.

2.- Que el déficit actual es resultado de que la SS paga muchas cosas que no debe.

3.- Y que su solución, como tantas veces hemos dicho, pasa por dejar de hacerlo y pasa por que el Estado asuma los gastos que le corresponde y no las cotizaciones a la Seguridad Social.

En concreto, la AIREF coincide con UGT en que hay cuatro grandes conceptos que está pagando indebidamente la Seguridad Social y que son:
a.Gastos no contributivos (subsidios por desempleo) y Políticas de Empleo.

b.Ayudas a la contratación (reducción de cotizaciones que deberían ser pagadas por los PGE), tarifas planas y apoyos al empleo.

c.Subsidios a determinados grupos y colectivos dentro de la Seguridad Social (que se pagan con cotizaciones del Régimen General).

d.Los gastos de funcionamiento de la Administración (salarios, compras de bienes y servicios, inversiones)

4.-  Que con ese ajuste y racionalización de gasto, el déficit de la Seguridad Social desaparece (y queda donde corresponde: en el ámbito del Estado).
•La solución del desequilibrio a corto plazo ha salido a la luz y es la que decía UGT: la que le decíamos al PP y la que le decimos al Gobierno actual.

Nos alegramos de que la propia Ministra de Economía lo haya hecho suyo.
•Y en el largo plazo, el informe pone negro sobre blanco, con todo lujo de datos:
1.Que haciendo cálculos y supuestos sensatos (y no artificialmente catastrofistas) el gasto futuro en pensiones es sostenible dentro de 20, 30 y 40 años.

2.Que no hacía falta el IRP de 2013, que las pensiones pueden perfectamente mantener el poder adquisitivo, y que este puede y debe ser derogado.

3.Que incluido este y en el momento más alto de jubilaciones, el gasto en pensiones (alrededor de 2040, dentro de más de veinte años) será inferior al de once países de la UE.

4.Que se puede perfectamente financiar, como van a hacer los demás países.
•Necesitamos adoptar medidas, por supuesto, PERO NO RECORTES: ◦Que la gente no sea expulsada por las empresas del empleo y sean recortadas sus pensiones

◦Que mejore el empleo, aumentando la tasa de actividad, reduciendo la tasa de paro y manteniendo los niveles actuales de población en edad de trabajar

◦Que aumente la calidad del empleo y los salarios

◦Que se mejore la igualdad y la conciliación laboral

◦Que las mejoras de cotización de los trabajadores se trasladen a las pensiones

◦Que se adopten políticas útiles para el futuro:
◾Dirigidas a la natalidad y a la protección familiar

◾A mejorar el tejido productivo, la eficiencia económica y los mercados

◾La modernización y adaptación de las prestaciones

◾La mejor gestión de los flujos migratorios.

•El informe ha aportado luz donde antes solo había la oscuridad de los informes de las entidades financieras, que trataban una vez tras otra de inventar escenarios catastrofistas de futuro para defender la insostenibilidad de las pensiones y la necesidad de recortarlas.

•Los escenarios de futuro son mucho más solventes que los realizados por el sector privado.
Solo nos queda llevar estas ideas a la práctica a través del Diálogo Social. Y en eso estamos comprometidos

Acción de un tercero para reclamar, en vía de regreso, el pago liberatorio de lo satisfecho tras asumir la deuda de un prestatario.

lunes, 14 de enero de 2019

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete Técnico
STS 714/2018, de 19 de diciembre, CIP 3682/2015
poderjudicial.es
Acción de un tercero para reclamar, en vía de regreso, el pago liberatorio de lo satisfecho tras asumir la deuda de un prestatario.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha resuelto sobre un recurso de casación donde se plateaba la procedencia de la acción ejercitada por el cesionario del remate para recuperar del prestatario ejecutado el importe de la deuda pendiente del préstamo hipotecario que no quedó cubierta por la subasta y que, junto al importe de la adjudicación, también pagó.
En el caso, tras la celebración en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria de la subasta pública sin postores y tras adjudicarse la entidad bancaria ejecutante la vivienda objeto de ejecución por el 50% del importe de tasación, los padres de uno de los dos prestatarios y la entidad bancaria ejecutante acordaron en documento privado realizar los trámites oportunos para la cesión del remate por el importe de la adjudicación. En el mismo documento los padres se comprometían, además, a satisfacer a la entidad las cantidades pendientes de pago por parte de los prestatarios por no haber quedado cubiertas por el importe de la adjudicación. La entidad se comprometía a colaborar con los padres en el ejercicio de las acciones de reclamación contra los prestatarios por este último importe. Tras realizar el pago, los padres se dirigen contra uno de los prestatarios (expareja de su hijo) con el fin de recobrar la mitad de dicha cantidad.
La sala entiende que las consecuencias de la asunción de una deuda por quien inicialmente no era deudor están en función tanto del contenido del acuerdo del acreedor con quien asume el pago como de la relación existente entre este último y el deudor; en el caso, los demandantes pagaron a la entidad acreedora el importe de la deuda pendiente del préstamo hipotecario que no había quedado cubierto por la subasta. Los demandantes y la entidad acordaron que el pago por parte de los primeros de la deuda de los prestatarios sería un pago liberatorio respecto de la entidad, pero no pretendieron extinguir definitivamente la obligación, puesto que su intención de recobrar lo pagado quedó expresamente plasmada en el acuerdo suscrito con la entidad con anterioridad al pago.
Los dos prestatarios eran deudores solidarios de la entidad. Al pagar su deuda, la prestación de los demandantes constituyó una atribución gratuita a favor de su hijo respecto de la parte que le correspondía en la deuda. Querían beneficiar a su hijo y nada reclaman ahora frente a él. Por el contrario, la asunción de deuda con pago liberatorio respecto de la parte correspondiente a la otra prestataria debe ser tratada, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, como un pago, pues el supuesto no es tan distinto del pago por tercero contemplado en el art. 1158 CC. Del mismo modo que un tercero puede hacer el pago «ex» art. 1158 CC puede comprometerse con el acreedor a hacer el pago y, liberado el deudor primitivo, podrá dirigirse contra este por aplicación de las reglas del pago por tercero. En el caso, producido el pago por los demandantes, nació el derecho de regreso ejercitado con la finalidad de recuperar, de lo pagado, la parte que hubiera correspondido a la demandada.
Madrid, diciembre de 2018
Área civil del Gabinete Técnico.

El Gobierno estima que la economía española crecerá el 2,2% en 2019

domingo, 13 de enero de 2019

11 de enero de 2019

lamoncloa.gob.es

El Gobierno estima que la economía española crecerá el 2,2% en 2019

Se revisa la previsión de crecimiento del PIB en 2019 por el mayor ajuste fiscal exigido para reducir el déficit público hasta el 1,3%
La tasa de desempleo se reducirá hasta el 14%, con la creación de alrededor de 800.000 puestos de trabajo en el conjunto de 2018 y 2019
La demanda nacional se mantiene como principal motor del crecimiento económico

11 de enero de 2019.- El Consejo de Ministros ha actualizado el escenario macroeconómico que se incluye en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. El Gobierno estima que la economía española crecerá este año el 2,2%, previsión inferior una décima a la incluida en el Plan Presupuestario de 15 de octubre de 2018 debido, principalmente, al mayor ajuste fiscal necesario para reducir el déficit público hasta el 1,3%.

En cualquier caso, y dentro de un contexto internacional menos favorable, España mantendrá una tasa de crecimiento sólido, superior a la prevista para la zona euro. La buena marcha de los indicadores más recientes, junto con la caída de los precios del petróleo y el aumento de la renta disponible de los ciudadanos asociado a algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno, apuntan a una aceleración del crecimiento en el último trimestre de 2018 y los primeros de 2019.

La tendencia en el mercado laboral sigue siendo positiva, con la previsión de creación de 800.000 puestos de trabajo en el conjunto de 2018 y 2019 y la reducción de la tasa de paro hasta el 14%.

La demanda nacional se mantiene como el principal motor del crecimiento económico, con una aportación de 2,2 puntos porcentuales en 2019. Por su parte se prevé que la demanda externa tenga una contribución negativa de -0,1 puntos porcentuales.

Se estima que en 2019 el consumo privado crezca un 1,7%. El consumo público modera su crecimiento hasta el 1,4% por el tono más restrictivo de la política fiscal requerido para cumplir el objetivo de déficit del 1,3%.

Hay que destacar el dinamismo de la formación bruta de capital fijo, debido a la fortaleza de la inversión en equipo, que se prevé que crezca a tasas del 5%, y la inversión en construcción, con un crecimiento anual estimado del 4,5%.

Por lo que respecta al sector exterior, se estima que las exportaciones de bienes y servicios crecerán el 2,8%. Por su parte, las importaciones tendrán un crecimiento ligeramente superior al 3%.

Finalmente, se prevé que la balanza por cuenta corriente siga siendo superavitaria y la economía española mantenga capacidad de financiación frente al exterior.

Este crecimiento dinámico y sostenido será compatible con una evolución contenida de los precios.

Un notario gijonés, condenado al pago de más de 20.000 euros por mala praxis

domingo, 13 de enero de 2019

Un notario gijonés, condenado al pago de más de 20.000 euros por mala praxis

El fedatario olvidó enviar al Registro de la Propiedad la copia electrónica de la escritura de una finca que adquirió un matrimonio en Arroes

i. peláez   11.01.2019   lne.es   La Nueva España
Un notario gijonés ha sido condenado a indemnizar con poco más de 20.000 euros a un matrimonio, también de Gijón, tras una mala praxis en el ejercicio profesional al formalizar un contrato de compraventa de una finca en Villaviciosa que acarreó un perjuicio económico notable para los compradores, que ya han sido resarcidos con el dinero debido.

El matrimonio denunciante adquirió una finca en el mes de octubre de 2009 en la parroquia de San Miguel de Arroes, en Villaviciosa, a otra pareja que había recibido el inmueble tras beneficiarse de una herencia familiar. La formalización de la compraventa se realizó, como es habitual, ante notario y se hizo constar que el inmueble estaba libre de cargas. Pero no era así. Poco tiempo después, a primeros de 2010, a los compradores de la finca les llegó una notificación de embargo por impagos superiores a los 17.000 euros de un préstamo que no habían satisfecho, algo que les sorprendió notablemente, puesto que nunca tuvieron problemas económicos. Al interesarse por el tema, constataron que el embargo iba contra el matrimonio vendedor, totalmente insolvente y quien había contraído esa deuda tras un préstamo hipotecario.
El problema se originó porque después de formalizar el contrato de compraventa en ante notario, éste no envió la copia autorizada electrónica de la escritura, obligatoria, al registro de la propiedad de Villaviciosa a tiempo. Lo hizo sí, pero mucho tiempo después, en diciembre, cuando el plazo había expirado. «El reglamento del Colegio de Notarios le obliga a esa gestión en el menor tiempo posible para garantizar la seguridad de la compraventa, pero no lo hizo», explica María Cruz Rozada Ardavín, abogada del matrimonio perjudicado por esta compra.

Este hecho originó dos procedimientos judiciales. Por un lado, los damnificados denunciaron al matrimonio vendedor por estafa. El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón les dio la razón al entender que a sabiendas de que el inmueble tenía cargas lo vendieron sin advertirlo a los compradores. Es por ello que el magistrado les impuso la obligación del pago de una indemnización de 20.002,45 euros por la estafa y otros 6.236,12 euros en concepto de las costas del procedimiento. Los estafadores se declararon insolventes.

La otra causa se abrió contra el notario gijonés, al que responsabilizaban de mala praxis en el desempeño del ejercicio profesional, puesto que su lapsus al enviar la copia autorizada electrónica les provocó un notable perjuicio económico. «El notario alegó que no se le había encargado esa gestión, el envío de esa copia electrónica, pero es una gestión que va de suyo, lógica y normal para un notario; de hecho, se comprobó que en la factura emitida venían señalados gastos de gestión», resalta la letrada, del despacho «Otero u Ardavín» abogados.

Sentencia firme

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gijón concedió la razón al matrimonio gijonés perjudicado y ya condenaba al notario gijonés a indemnizar a sus clientes. No obstante, el afectado recurrió la sentencia en cuestión, pero la Audiencia Provincial ratificó el fallo inicia, manteniendo la sanción de 20.061,25 euros que ya les han sido abonados a los damnificados.

Se enfrenta a seis años de cárcel por hacerse amiga de un anciana para estafarle 85.000 euros

sábado, 12 de enero de 2019

Zaragoza
Se enfrenta a seis años de cárcel por hacerse amiga de un anciana para estafarle 85.000 euros

La Fiscalía sostiene que el engaño duró casi un año y medio. Junto a dos hombres, también acusados, cambió ante notario la titularidad del piso de la mujer para obtener más dinero.

M. Tragacete .Zaragoza 07/01/2019 heraldo.es

La acusada responderá ante la Justicia.

Una mujer se sentará este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza para enfrentarse a una petición de seis años y medio de cárcel y una multa de 4.800 euros como presunta autora de un delito de estafa continuada y agravada.

La Fiscalía acusa a Tamar G. de trabar amistad con una zaragozana de 77 años con el objetivo de obtener un enriquecimiento ilícito. Según mantiene el ministerio público, entre mayo de 2014 y diciembre de 2015, la acusada se valió de la edad y las circunstancias personales de la denunciante (que había perdido a su hijo hacía poco tiempo) para solicitarle préstamos que oscilaban entre los 500 y los 30.000 euros. En total, el Ministerio Público estima que la cantidad presuntamente estafada supera los 90.000 euros.

Las continuas peticiones de dinero agotaron todos los ahorros de la mujer jubilada, según sostiene la acusación particular ejercida por la abogada Carmen Sanz Lagunas en nombre de la denunciante. Incluso, agrega, la obligaron a cancelar un plazo fijo de 30.000 euros que tenía a medias con su hermana.
Según esta parte, la presunta estafadora embaucó a la mujer diciéndole que necesitaba liquidez para sus negocios (dos tiendas de ropa situadas en el Actur y el Arrabal) y que en cuanto recuperara el dinero se lo devolvería con un 10% de interés.

De acuerdo con las acusaciones, en septiembre de 2015, Tamar G. convenció a la anciana para solicitar un préstamo de 22.800 euros a un particular. Con objeto de formalizar la petición, ambas acudieron a una notaría de Zaragoza, donde se encontraban Alberto C. y Mario C., también acusados de un delito de estafa en este procedimiento.
En el despacho, la denunciante firmó un documento pensando que se trataba de las condiciones de devolución del préstamo, cuando en realidad suscribió «una escritura de concesión de derecho de opción a compra y apoderamiento» de su piso a favor de uno de los encausados, según el ministerio público.

La acusación argumenta que de su comparecencia en el notario la jubilada solo entendió que si en tres meses no pagaba los 22.800 euros que le habían prestado perdería su vivienda. Además, esta parte apunta que tras la concesión del préstamo, el contacto que mantenía Tamar G. con la anciana dejó de ser diario, lo que empezó a inquietar a la mujer, que temía perder su casa.

Preocupada, contactó con uno de los hombres que le habían dejado el dinero. Este le dijo que no tenía qué temer, pues si le abonaba 300 euros al mes en concepto de alquiler hasta que devolviera la totalidad del préstamo, conservaría el inmueble. Este hecho provocó aun más inquietud en la anciana, porque los únicos ingresos que mantenía entonces era una pensión de viudedad de 637 euros. «Engañada» y «destrozada», según su abogada, la mujer contactó con una sobrina lejana para pedirle ayuda, lo que a la postre destapó la presunta estafa de la que había sido víctima la anciana.

La defensa pide la absolución

En nombre de la anciana, la abogada Carmen Sanz Lagunas solicita a la Audiencia Provincial de Zaragoza que interponga a la principal acusada una condena de ocho años de cárcel y una multa de 10.800 euros por un delito de estafa continuada con la agravante de abuso de confianza.

Para Alberto C. y Mario C., la acusación particular exige seis años de cárcel y multa de 8.100 euros por un delito de estafa agravada, penas que la Fiscalía rebaja a cinco años y 3.600 euros. La defensa de estos acusados, ejercida por el letrado José Ángel Roy, ha informado a la Sala de que ha llegado a un acuerdo de conformidad con las acusaciones y que están dispuestos a reparar la parte del daño causado a la anciana que se les imputa.

Por su parte, el abogado de Tamar G., Mariano Tafalla, ha mostrado su disconformidad con las conclusiones de las acusaciones y ha solicitado la libre absolución de su representada.

Tanto el ministerio público como la denunciante exigen que los tres acusados devuelvan el dinero que presuntamente obtuvieron mediante engaño y piden al tribunal que declare la nulidad de las escrituras de opción a compra de la vivienda de la víctima otorgadas ante notario.

La reserva hidráulica española se encuentra al 54,8 por ciento de su capacidad

viernes, 11 de enero de 2019

El Ministerio para la Transición Ecológica informa

La reserva hidráulica española se encuentra al 54,8 por ciento de su capacidad

Miércoles 9 de enero de 2019   lamoncloa.gob.es

Reserva hidráulica
La reserva hidráulica española está al 54,8 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.739 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 196 hm³ (el 0,3% de la capacidad total de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 72,6%
•Cantábrico Occidental, al 61,6%
•Miño-Sil, al 50,8%
•Galicia Costa, al 68%
•Cuencas internas del País Vasco, al 66,7%
•Duero, al 54,6%
•Tajo, al 52,3%
•Guadiana, al 53,6%
•Tinto, Odiel y Piedras, al 82,1%
•Guadalete-Barbate, al 64,7%
•Guadalquivir, al 53,7%
•Cuenca Mediterránea Andaluza, al 66,5%
•Segura, al 25%
•Júcar, al 35%
•Ebro, al 66,2%
•Cuencas internas de Cataluña, al 90,1%

Las precipitaciones han sido prácticamente nulas en toda España. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 1,8 mm (1,8 l/m²).

La CNMC sanciona a Unipost por retener indebidamente envíos postales de sus clientes y ocultarlos

jueves, 10 de enero de 2019

La CNMC sanciona a Unipost por retener indebidamente envíos postales de sus clientes y ocultarlos

09 Ene 2019  cnmc.es
◦La empresa acumuló en sus instalaciones 3,4 millones de envíos sin entregar de dos de sus clientes correspondientes a 2016 y 2017.
◦La sanción se eleva a 80.001 euros de acuerdo con la Ley 43/2010 que protege los derechos de los usuarios y regula el sector postal.
◦Los operadores postales deben garantizar el deber de fidelidad en la custodia y gestión de los envíos de sus clientes.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado a Unipost con 80.001 euros por una infracción muy grave de la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, (SNC/DTSP/106/18).

Las compañías que ofrecen el servicio postal deben cumplir una serie de obligaciones a la hora de gestionar y entregar los envíos de sus clientes. Entre otros, está el derecho de los usuarios destinatarios a recibir su correspondencia y la obligación del operador a garantizar la fidelidad en su custodia.

La CNMC, organismo encargado de supervisar y controlar el mercado postal, tuvo conocimiento de la conducta ilícita de Unipost gracias a la colaboración ciudadana a través de una denuncia anónima.

Durante la instrucción del expediente, la CNMC ha acreditado que Unipost acumuló en sus instalaciones 3,4 millones de envíos sin entregar de dos de sus clientes, correspondientes a remesas de los años 2016 y 2017. La empresa, actualmente en liquidación, notificó los hechos en abril de 2018 a los clientes afectados instándoles a recoger los envíos sin entregar en su delegación.

La CNMC vela por la existencia de libre competencia en el mercado postal y por garantizar el Servicio Postal Universal, que incluye los derechos de los usuarios de los servicios postales. Estos derechos afectan tanto a los emisores de cartas (en este caso, clientes de UNIPOST, S.A. [en liquidación]) como a los receptores de las mismas (en este caso, personas naturales o jurídicas que no recibieron millones de comunicaciones).

La CNMC recuerda que esta resolución pone fin a la vía administrativa y que Unipost puede interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación.

El presidente del TS y del CGPJ pide a los nuevos jueces que contribuyan a la paz social y defiendan el “carácter irrenunciable” del imperio de la ley

miércoles, 9 de enero de 2019

Martes, 8 de enero de 2019 poderjudicial.es

El presidente del TS y del CGPJ pide a los nuevos jueces que contribuyan a la paz social y defiendan el “carácter irrenunciable” del imperio de la ley

Carlos Lesmes dice en el acto de entrega de despachos que el Poder Judicial “constituye hoy un pilar fundamental dentro del entramado institucional de nuestro Estado”. “La Justicia, tal y como hoy la entendemos (…), nació también con la Constitución”, recuerda el presidente del Poder Judicial en el 40 aniversario de la Carta Magna.

Autor:Comunicación Poder Judicial

Carlos Lesmes ha destacado “el carácter irrenunciable de los principios y postulados más básicos de nuestra convivencia: el imperio de la ley y el respeto a los derechos individuales y colectivos”
Carlos Lesmes ha destacado “el carácter irrenunciable de los principios y postulados más básicos de nuestra convivencia: el imperio de la ley y el respeto a los derechos individuales y colectivos”

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pedido hoy a los integrantes de la 68 promoción de la Carrera Judicial que contribuyan con sus decisiones a la paz social y que defiendan “el carácter irrenunciable de los principios y postulados más básicos de nuestra convivencia: el imperio de la ley y el respeto a los derechos individuales y colectivos”.

Durante su intervención en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que ha presidido el rey, Lesmes les ha advertido de que su tarea no estará exenta de dificultades y les ha dicho que a su identificación con los principios de independencia e imparcialidad deberán añadir una actitud personal y profesional intachable.

“En definitiva, de vuestro correcto actuar como jueces dependerá, en buena medida, el prestigio y la fortaleza de la institución judicial en su conjunto. Una institución que, como todas, debe ser cuidada”, ha añadido.

El presidente del Poder Judicial ha hecho referencia a la reciente celebración del 40 aniversario de la Constitución –de la que ha dicho que “ha proporcionado a los españoles a lo largo de estas cuatro décadas libertad, democracia, paz, estabilidad, convivencia y progreso”- y ha recordado que “la justicia, tal y como hoy la entendemos, emanada del pueblo y administrada en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, nació también con la Constitución”.

“El Poder Judicial constituye hoy un pilar fundamental dentro del entramado institucional de nuestro Estado, con la misión esencial de garantizar la convivencia en libertad en cada uno de los rincones de nuestro país y la protección de los derechos de todos”, ha señalado.

El presidente del TS ha recordado, además, que también con la Constitución nació hace cuarenta años el Consejo General del Poder Judicial, “que ha venido cumpliendo a lo largo de todos estos años su misión esencial de garantizar la independencia del Poder Judicial como elemento troncal del Estado de Derecho y de nuestra democracia”.

La conmemoración del aniversario del texto constitucional y de los 25 años de la aprobación de la ley que atribuyó al Consejo la competencia en materia de selección y formación de jueces y magistrados han sido los motivos de que el acto de entrega de despachos se haya celebrado en Madrid y de que al mismo hayan sido invitados los antiguos presidentes y vocales de la institución, a los que Lesmes ha trasladado su reconocimiento por la labor realizada “para consolidar un Poder Judicial independiente y responsable, como quiere la Constitución”.

El presidente del Poder Judicial ha finalizado su intervención agradeciendo al rey su presencia en el acto de entrega de despachos y destacando que “el apoyo de la Corona a la institución judicial de España solo puede ser correspondido mediante nuestro más firme compromiso con la Jefatura del Estado, en cuyo nombre administramos justicia, tal y como establece expresamente el artículo 117 de nuestra Carta Magna”.

El director de la Escuela Judicial: “No perdáis vuestros ideales”

En el acto ha intervenido asimismo el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, que ha pedido a los nuevos jueces que no olviden “que cada caso es distinto y único, aunque pudiera parecer similar a otro” y que no pierdan sus ideales, “esos que os llevaron a optar por esta bella profesión”.

“No penséis siempre que estáis en posesión de la verdad; es muy sana la duda, y no desechéis las opiniones de los demás, pues os pueden enriquecer con otros puntos de vista o incluso dar soluciones distintas a los problemas que tengáis que afrontar. Pero siempre, eso sí, con sujeción a la ley y al resto del ordenamiento jurídico”, ha añadido.

10 ejes para rescatar a las personas

martes, 8 de enero de 2019

Blog de Pepe Álvarez, Secretario General de UGT

ugt.es

10 ejes para rescatar a las personas

1 enero 2019 by UGT Comunicación Confederal
En mi artículo del pasado sábado hacía un descarnado análisis de la situación sociolaboral del país y reclamaba medidas urgentes. UGT tiene propuestas y, como continuación a ese análisis, quiero trasladaros algunas de ellas para dar respuesta a esas situaciones que describía. Para hacerlo lo más descriptivo y esquemático posible, he agrupado en 10 ejes las actuaciones más urgentes y que tendrían una mayor repercusión para corregir los problemas que señalaba.

Primero, el empleo.

Es urgente poner en marcha un Plan De Choque Por El Empleo, con una especial atención a los colectivos con mayores dificultades, como mujeres, mayores de 52 años, parados de larga duración, la universalización del contrato relevo, la potenciación de la formación y la recualificación, y la orientación profesional, sin olvidar, el desarrollo y la implementación del Plan de Choque por el Empleo Joven, porque no es posible hablar de futuro cuando la mitad de nuestros jóvenes está en el paro.

Además, es necesario actuar sectorialmente para generar un modelo de productivo generador de empleo de calidad, y para ello hay que impulsar un Pacto por la Industria, un Plan de Empleo por el Medio Ambiente, un plan de Estado por la Rehabilitación y la Eficiencia Energética, y un Plan Por El Turismo Y Los Servicios de Calidad.
◾Impulsar un pacto por la industria

Que aumente su peso en el PIB hasta el 20% y lo convierta en el principal generador de empleo estable y con derechos, basado en 5 ejes: formación, I+D+i; digitalización, estrategia energética, implicación de todas las administraciones para favorecer el desarrollo industrial.

Debemos ser conscientes de que solo será posible mejorar la calidad en el empleo y el estado de bienestar si somos capaces de desarrollar una industria 4.0 competitiva.

Ya sea en el marco de la subcomisión del Senado o en otro marco es posible desarrollar la industria a partir del consenso y como eje estratégico de país.
◾Acometer un plan de empleo por el medio ambiente

Para la regeneración y cuidado del entorno natural: bosques, ríos, costas. No tiene sentido que España tenga tres millones de parados y a la vez estén sin limpiar sus bosques, costas y riberas de los ríos con los riesgos, no solo medio ambientales, que conlleva.
◾Promover un plan por el turismo y los servicios de calidad

Capaz de generar de empleo estable, bien remunerado y con derechos. Necesitamos turismo de calidad que nos permita dar el salto y pasar del contrato temporal al contrato indefinido con cualificación, como el fijo discontinuo, que permita trabajadores formados y con perspectivas de estabilidad laboral.
Tenemos que dejar de contar los años turísticos en función del número de visitantes y hacerlo en base a los recursos que dejan, pasar del apartamento turístico al hotel. Evitar morir de éxito y generar los elementos que garanticen un sector turístico estable, sostenible y con futuro.

Segundo, salarios.

Somos conscientes de que la Negociación Colectiva es la clave de la recuperación de salarios y de condiciones de trabajo, y un reparto más equitativo de la renta y la riqueza que se genera. Hay que desarrollar el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC) firmado por sindicatos y patronal el 5 de julio, que recoge subidas salariales de 2018 a 2020 de hasta un 3%, y el aumento de los salarios mínimos de convenio hasta al menos 1.000 euros al mes, con catorce pagas.

Tenemos que proseguir en la consecución de un Salario Mínimo Interprofesional de 1000 euros por 14 pagas y revalorizar el IPREM para que recupere el poder adquisitivo perdido y dotarlo de un sistema de revalorización automática con el IPC. No hay que olvidar que el IPREM es un referente para el subsidio de desempleo, la concesión de ayudas, becas, subvenciones y otras políticas públicas que afectan a colectivos vulnerables económica y socialmente.

Tercero, contratación.

Hay que derogar la Reforma Laboral de 2012. Mientras, debemos introducir cambios urgentes en nuestro mercado laboral:
◾Obligatoriedad del Registro Horario (artículo 35 del ET)
◾Cuando una empresa sea sancionada porque un trabajador esté trabajando de manera fraudulenta, en los dos años siguientes, si ese trabajador es despedido de manera improcedente, el despido será declarado nulo.
◾Es necesario el cruce de datos entre el SEPE, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, con el objeto de detectar indicios de fraude en la contratación o las condiciones laborales por parte de una empresa.
◾Reforzar la inspección laboral, apoyada por la policía y resto de las fuerzas de seguridad del estado, a las que habría que dotar de la formación necesaria.
◾Creación de una fiscalía especializada en derechos laborales, como ya existe en materia de siniestralidad laboral.
◾Recuperar la autorización administrativa previa para la ejecución de los ERES
◾Recuperación de las causas objetivas en caso de despido anteriores a la Reforma de 2012
◾Situaciones como las que estamos viviendo en Alcoa, Cemex o Sargadelos pone en evidencia que nuestra legislación flaquea y no se puede dejar en manos de las empresas, sin la intervención administrativa previa, decisiones como las que están tomando.
◾Alcoa es un ejemplo de una empresa con beneficios que no ha hecho las inversiones a pesar de recibir subvenciones de la Administración.
◾Cemex es el exponente de una empresa con dividendos que, tras obtener durante años beneficios de su entorno, lo abandona a su suerte
◾Sargadelos es el colmo de la persecución sindical y de cómo atentar impunemente contra la libertad sindical, de una manera absolutamente obscena, a vista de todo el mundo y sin que las autoridades laborales hagan absolutamente nada.

Hay que dejar absolutamente claros qué compromisos adquiere una empresa que recibe subvenciones públicas. Tienen que estar recogidos en los convenios colectivos y sujeto a la participación, control y verificación por parte de los sindicatos.

Cuatro, siniestralidad laboral.

En estos precisos momentos ya sabemos que 2 trabajadores morirán antes de que termine la jornada laboral de hoy. Es el peso con el que nos levantamos cada día y que tiene causas:
◾La precariedad mata. Por eso necesitamos instrumentos ágiles para prevenir y acabar con esta situación de indignidad.
◾Hay que penalizar a las empresas que incumplan y tengan siniestros laborales, impidiendo además que puedan acceder a subvenciones y ayudas públicas.
◾Poner en marcha un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral
◾Habilitar juzgados especializados en esta materia
◾Prohibir la subcontratación en cadena
◾ IT: existe una obsesión por criminalizar las bajas médicas y poner en duda la profesionalidad de los facultativos. No hablaremos de esta cuestión hasta que haya el Observatorio del Absentismo y tenga conclusiones y conozcamos sus resultados.

Cinco, políticas sociales.
◾Es necesario apoyar a los parados de larga duración mayores de 50 años, mediante:
◾Planes de empleo para la reincorporación de estas personas al mercado de trabajo en condiciones dignas
◾Cuando no sea posible, asegurar sus ingresos y complementar las cotizaciones sociales de cara a la jubilación
◾Por otra parte, es fundamental una Prestación de Ingresos Mínimos para jóvenes (Plan de Garantía Juvenil) y la tramitación urgente de la Ley de Prestación de Ingresos Mínimos.
◾Es vital garantizar el derecho a una sanidad universal, potenciando la naturaleza pública del Sistema Nacional de Salud y la equidad y gratuidad en el acceso a sus prestaciones, eliminando los copagos farmacéuticos.
◾Es preciso hacer más asequible la vivienda, creando un potente parque público de viviendas sociales para el alquiler, aumentando la inversión en esta materia y primando como estrategia pública la rehabilitación y la eficiencia.
◾Hay que garantizar las oportunidades de acceso a la Universidad: que ningún joven deje de cursar estudios universitarios por cuestiones económicas

Seis, reforzar nuestro estado de bienestar

Los niveles de pobreza y exclusión social son intolerables. Nadie debe quedar excluido del sistema protección social. Este eje debe abordar varias líneas de actuación.
◾Pensiones

Tenemos que asegurar un nivel de pensiones digno, para ello hay que volver al acuerdo de 2011 y derogar las reformas posteriores.

La revalorización no es un tema resuelto. Solo solucionado para 2018 y 2019. De manera inmediata hay establecer un mecanismo de revalorización automática de las pensiones con el IPC y eliminar el llamado Factor de Sostenibilidad. El Gobierno podría actuar por decreto. Tiene que tomar decisiones.

Además, hay que asegurar la viabilidad futura del sistema de Seguridad Social, que no tiene un problema de gasto, sino de ingresos. Gastamos menos que la media de la eurozona. Hay que recaudar más, complementando las cotizaciones sociales con impuestos, destopando la pensión máxima, quitando gastos que no le son propios al sistema, eliminando las bonificaciones a la contratación, subiendo los salarios y acabando con el fraude fiscal.

Y no vamos a negociar ampliación de años de cotización. 25 son más que suficientes y entrarán en vigor en 2023.

Si no se avanza en esta materia, tendremos que retomar las movilizaciones.
◾Dependencia

Es también imprescindible activar de forma plena la ley de Dependencia, asegurando la percepción de prestaciones para las personas beneficiarias e incrementando sus cuantías.
◾Prestaciones por desempleo

Y tenemos que aumentar y extender la duración y cobertura de las prestaciones por desempleo. UGT considera imprescindible una propuesta de modelo de sistema de protección por desempleo, con la participación de los interlocutores sociales, que absorba al colectivo de potenciales beneficiarios del PAE y del PREPARA, algo que el Real Decreto-Ley tampoco especifica. Es necesario también comenzar la negociación para reformar el sistema de protección por desempleo, fruto de la reforma laboral de 2012, que deja fuera de cobertura a la mitad de los parados.

Siete, Igualdad: lograr una sociedad más igualitaria, en todos los ámbitos.

Igualdad entre hombres y mujeres, trasladando a la realidad las justas reivindicaciones feministas que han desbordado nuestras calles en el último año, comenzando por la aprobación de una Ley De Trasparencia e Igualdad Salarial que equipare por fin el valor del trabajo realizado por las mujeres al de los hombres, estableciendo retribuciones económicas para los permisos para cuidados familiares y abordando de manera inmediata actuaciones contundentes para erradicar la violencia machista.

Además, en el ámbito laboral, debe ser obligatorios los planes de igualdad y protocolos de acoso, y UGT va a crear una red de agentes de igualdad en las empresas, con formación y sensibilidad en materia de igualdad, acoso y violencia machista. Igualdad de trato y no discriminación, aprobando una ley específica que incentive su cumplimiento y penalice conductas contrarias. Y también igualdad de oportunidades profesionales y vitales, que debe traducirse en un sistema educativo equitativo, lo que pasa por derogar la LOMCE y sustituirla por una Ley asentada en un amplio pacto social y político por la educación.

En el ámbito social, la policía tiene que proteger objetivamente a las mujeres maltratadas. Las muertes son la punta del iceberg del maltrato y entre todos debemos generar el clima de opinión para cambiar esta situación.

Ocho, transición energética justa

La transición tiene que ser justa y con el tiempo necesario, que nadie se quede en el camino, porque si no ni será transición ni justa.

La Ley de Cambio Climático y Transición energética debe ser una oportunidad para cambiar nuestro modelo productivo, pasando de una economía basada en la especulación urbanística y en los servicios turísticos, en condiciones de elevada precariedad, a otra basada fundamentalmente en una industria de alto valor añadido, en sectores sostenibles, donde se genere empleo decente y de calidad. A su vez, debe ser un instrumento para alcanzar un sistema energético eficiente y que fomente el uso de las energías renovables a gran escala. Debe ser ambiciosa, pero justa y fruto de un Pacto Social de Estado, es decir, “debemos establecer un sistema de Gobernanza para que la lucha contra el cambio climático y las medidas a adoptar no dependen del signo político del Gobierno de turno y que el peso de las medidas no recaiga, como siempre, en los que menos tienen.

Esta ley debe prever la aprobación de un Plan Estratégico sobre Transición Justa, en la que deben intervenir distintos ministerios (Medio Ambiente, Energía, Industria, Fomento, Economía y Empleo) y contar con la participación de los interlocutores sociales. Se trata de paliar los posibles efectos negativos que pueda tener el paso del actual modelo económico, asociado a las emisiones contaminantes, a otro modelo de economía verde y maximizar las oportunidades. Hay que proteger a los trabajadores y las trabajadoras de los sectores que tengan que transformarse, al mismo tiempo hay que establecer medidas de apoyo a políticas industriales, una protección social específica, inversiones públicas para reactivar la economía de zonas afectadas y facilitar la adecuación de la formación y capacitación de los trabajadores.
El Plan Estratégico debe contar con un Fondo para la Transición Justa, dotado a través de los Presupuestos Generales del Estado y de instrumentos fiscales, y a su vez debe definir Planes de Reactivación Territoriales

Nueve, libertades públicas

Es necesario actuar para garantizar las libertades y los derechos fundamentales y de ciudadanía, Es urgente: Derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (Ley Mordaza), Derogar el art. 315.3 del Código Penal, que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga, y exonerar a todos los trabajadores y trabajadoras procesados y/o condenados por participar en una huelga, eliminando los expedientes que se les han abierto y tomar todas las medidas legales necesarias, indultos incluidos, para cerrar todos los procedimientos.

El Tribunal Supremo y el caso de las hipotecas es el ejemplo de que la justicia lleva arrastrando los pies en esta materia, moviéndose a golpe de sentencias europeas, al igual que el Gobierno. Como si hubiera algún bien superior a proteger que la ciudadanía.

Por el contrario, tenemos el caso de la libertad sindical. Un empresario despide a la mitad de la plantilla para obligar a la revocación de una delegada de personal, a la vista de todos, con publicidad, con información en los medios de comunicación. Cuando lo consigue, readmite a la plantilla despedida. Mientras, ninguna autoridad laboral, ningún fiscal y ningún juez actúa para detener este atentado contra la libertad sindical.

Diez, conseguir un sistema tributario que recaude más y de manera más justa.

Los impuestos son la principal fuente de financiación de ingresos del Estado, y por tanto, de financiación de las políticas públicas. En la actualidad, España recauda 7,2 puntos porcentuales de PIB menos que la media de la zona euro, 33,9% frente a 41,1%. Esto supone que nuestro país deja de recaudar el equivalente a 80.000 millones de euros respecto de esa media recaudatoria de nuestros socios en Europa, lo que determina también nuestras capacidades de gasto. Cambiar esto es crucial para el desarrollo del país.

Necesitamos más ingresos para gastar más y de manera más eficiente, mejorando la calidad de vida de la mayoría de la población. Además, nuestro sistema fiscal es injusto, porque no pagan proporcionalmente más los que poseen mayores rentas, sino que el sistema recae, sobre todo, en las familias asalariadas. Hay garantizar una mayor suficiencia de los ingresos y un reparto más justo del esfuerzo, haciendo que paguen más las rentas del capital, las grandes empresas y la acumulación de riqueza, y para ello es fundamental: dotar a la Agencia Tributaria de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para luchar con mayor efectividad contra el fraude, y agravar el régimen sancionador; en el IRPF, hacer que paguen lo mismo las rentas del trabajo y las del capital (ahora favorecidas con una tarifa más benévola), seguir mejorando la tributación de los autónomos según sus ingresos reales y revisar la mayoría de reducciones y deducciones fiscales (como la de las aportaciones a planes de pensiones y mutualidades de previsión social de ámbito privado); establecer una imposición real sobre la riqueza, con carácter general, que integre todo el patrimonio de los contribuyentes; en el Impuesto de Sociedades, seguir limitando al máximo las exenciones, deducciones y bonificaciones y garantizar un tipo efectivo mínimo (como el que se ha propuesto en el Acuerdo), en el IVA, impulsar (en los ámbitos europeos) un tipo impositivo ampliado para los bienes de lujo, y eliminar la exención de sanidad y educación privadas; diseñar una fiscalidad ambiental que nos equipare a Europa, en su vertiente de protección medioambiental como en su capacidad recaudatoria, con criterios de cohesión social y territorial, aumentar la fiscalidad a los pisos vacíos; gravar de forma homogénea y de manera más elevada las sucesiones y donaciones en todo el territorio nacional; poner en marcha el impuesto a la banca y las transacciones financieras; impulsar la armonización fiscal en la Unión Europea, eliminando los paraísos fiscales

Y Europa

Es preciso impulsar, con actuaciones coordinadas y concretas, una nueva construcción europea que prime los derechos sociales y fundamentales sobre las cuestiones puramente económicas y empresariales, para recuperar un verdadero progreso económico y social. Por ejemplo: el establecimiento de un seguro de desempleo a nivel europeo; acordar una política migratoria común que suponga un compromiso real con la defensa del derecho de asilo y el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes; intensificar la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión y elusión tributaria de las grandes multinacionales; coordinar una estrategia común que regule las nuevas formas de relación laboral, como las plataformas digitales, preservando los derechos y garantías de los trabajadores y las trabajadoras.

Nuevo Contrato Social

Es la hora de recuperar un nuevo contrato social, para recuperar derechos y libertades. Es cierto que el panorama político actual parece poco propicio para esos consensos en el ámbito parlamentario; pero eso no rebaja la urgencia de estas actuaciones. Por ello, es preciso diseñar ya esa estrategia de país, y comenzar a tejer las necesarias complicidades con los únicos instrumentos útiles para ello: el diálogo y la negociación.

Desde UGT, en este año en que cumplimos 130 años de historia, emplazamos al Gobierno a que abra y lidere este proceso de diálogo de profundo calado para intentar alcanzar un nuevo contrato social que sirva para promover solidariamente una sociedad más próspera y justa.

PD: os deseo un año 2019 lleno de felicidad, trabajo, salud, justicia y

Los nueve acusados por la trama de fraude en el Catastro, a juicio en enero

lunes, 7 de enero de 2019

Tribunales: Operación Isolda

Los nueve acusados por la trama de fraude en el Catastro, a juicio en enero
Dos funcionarios, un antiguo subalterno, un arquitecto, un abogado y tres empresarios, ante el juez
Se enfrentan a penas de entre 4 años y medio y 18 años por falsear certificados catastrales
Noelia Gómez Mira
Granada, 29 Diciembre, 2018 – granadahoy.com
Momento en que el funcionario detenido fue llevado al vehículo que le esperaba en la puerta del Catastro en 2013 Momento en que el funcionario detenido fue llevado al vehículo que le esperaba en la puerta del Catastro en 2013
Operación Isolda: del destape de la corrupción en 2013 a la vista judicial en 2019

El juicio por la presunta trama de corrupción en el Catastro de Granada arrancará el próximo 14 de enero. La vista será tres meses después de la primera fecha prevista para que la Audiencia Provincial acogiese esta causa en la que nueve personas se sentarán en el banquillo de los acusados por delitos de falsedad en documentos públicos, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos. Ante ello, la Fiscalía pide para los enjuiciados penas de entre cuatro años y medio y 18 años de prisión por las irregularidades que se hallaron en 70 expedientes de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada.

El jefe del Servicio de Gestión del Catastro de Granada, un funcionario del mismo, un antiguo subalterno de dicha administración, un empleado de la notaría de Albuñol, un arquitecto, un abogado y tres empresarios son los acusados de un fraude que, según se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Granada Hoy, se remonta al periodo comprendido entre marzo del año 2005 y mediados del 2013, que fueron investigadas por la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil, y que estalló en mayo del 2013 con la detención del jefe de Servicio y del arquitecto.

Tal y como relata el fiscal, los dos funcionarios “a sabiendas de su ilegalidad y en provecho propio y de terceros, se sirvieron de sus puestos de trabajo en el Catastro para alterar información de las bases de datos de dicha Oficina al objeto de obtener resoluciones y/o certificaciones catastrales en el sentido solicitado por distintas personas a cambio de percibir retribuciones económicas periódicas por dichos trabajos”. Es decir, que se valían de su puesto para cambiar de forma fraudulenta la propiedad de terrenos para que los interesados pudieran obtener beneficio de algún tipo a través de los PGOU o solicitando subvenciones.

Las modificaciones catastrales falsas se realizaron a través de tres vías: una notaría de Albuñol, el despacho de arquitectura –acudían particulares para que el arquitecto, que reconoció haber pagado al principal acusado entre 10.000 y 12.000 euros, les elaborara certificados de antigüedad falsos– y las mercantiles Magon S. L. y Agroatalaya S. L. –habrían usado las alteraciones catastrales para pedir subvenciones agrícolas o préstamos hipotecarios–; a las que habría que sumar una cuarta, que se trata de un caso aislado, en el que la alteración catastral fue instada por un abogado, también enjuiciado en esta causa.

Los fraudes que se realizaron a través de la notaría de Albuñol fueron los primeros descubiertos por la UCO, a raíz de una querella que se interpuso tras varias sospechas de Hacienda. Precisamente, a través de esta vía las modificaciones, según el fiscal, “eran efectuadas exclusivamente” por el jefe del Servicio, a instancias de un empleado de la notaría.

Alteraban información del Catastro para que los interesados optasen a subvenciones o hipotecas

En concreto, “se encargaba de asumir, a cambio de dinero, las encomiendas que les hacían los diferentes particulares que querían solucionar problemas catastrales con sus fincas”. En este proceso, el enlace entre la notaría y el Catastro era el antiguo subalterno de dicha administración.

Durante la investigación, se llegó a la conclusión de que las irregularidades cometidas podrían englobarse en cuatro. La primera, “la utilización de un procedimiento distinto para lograr una finalidad diferente a la prevista en la norma aplicable”. La segunda, “incumplir normas esenciales de procedimiento. Así la mayor parte de los expedientes se tramitan hasta su finalización el misma día en que se registran, saltándose el orden de incoación que se debiera haber respetado”.

La tercera, “se realizaron cambios en las bases de datos del Catastro, sin aportar documentación alguna o en caso de incorporarse, esta era insuficiente. (…) En unos casos los cambios eran definitivos y, en otros, de carácter temporal” –durante el tiempo que duraba la alteración, se emitían certificaciones descriptivas y gráficas que no se ajustaban a la realidad–. Y la cuarta, que “en la mayoría de los casos se desconoce el uso dado a las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas falsas obtenidas”.

Por todo ello la Fiscalía considera al jefe de Servicio de Gestión del Catastro como el autor de “gran parte de las falsas modificaciones”, por las que habría recibido una cantidad que asciende hasta los 141.175 euros, ingresos que tras su investigación se tildó de “origen desconocido o no justificable”. Para él, pide 18 años de cárcel, 27 de inhabilitación y una multa que asciende hasta 23.400 euros. Todo ello por delitos continuados de falsedad en documento público, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos.

Asimismo, por los mismos delitos, el fiscal pide 13 años de cárcel, 20 de inhabilitación y multa de 17.400 euros para el otro funcionario del Catastro. Este acusado recibió más de 31.000 euros en efectivo de origen desconocido, de los que 8.756 empleó para realizar una reforma en su domicilio.

Para el empleado de la notaría de Albuñol pide 8 años de cárcel y multas que ascienden a 13.800 euros, ya que habría asumido solucionar las pretensiones de particulares que acudían a él a los que cobraba cantidades que ascendían hasta 3.000 euros, por actuaciones catastrales que, con forme a la ley, serían gratuitas.
La primera vista está fijada para el 14 de enero y la última para el 27 de febrero

El abogado se enfrenta a cuatro años y 8 meses de cárcel y una multa de 14.400 euros por ser cooperador en un delito de cohecho y por falsedad en documento público. Mientras que para los tres empresarios solicita ocho años de cárcel y multas de 23.400 euros para cada uno.

Para el antiguo subalterno, que habría actuado como intermediario, solicita nueve años de prisión y 9.000 euros de multa como inductor o cooperador de un delito de falsedad en documento público y cooperador en dos tipos de cohecho.

Por último, el que se enfrenta a menor pena es el arquitecto, único acusado del que el fiscal aprecia la atenuante de confesión –admitió haber pagado al jefe de Servicio–: le pide cuatro años y medio de cárcel y 20.700 euros de multa por falsedad de documento público y cohecho.

El juicio, que arrancará el próximo 14 de enero a las 9:30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, se extenderá hasta el día 27 de febrero.

Cargados de ilusiones

domingo, 6 de enero de 2019

Cargados de ilusiones

Estrella de Belén .

domingo, 6 de enero de 2019

Estrella de Belén

Para CCOO, el descenso del paro es un dato positivo pero advierte de que la tasa de temporalidad y precariedad es muy alta

sábado, 5 de enero de 2019

Para CCOO, el descenso del paro es un dato positivo pero advierte de que la tasa de temporalidad y precariedad es muy alta

ccoo.es
El descenso del paro en el mes de diciembre, así como la subida de cotizantes afiliados a la Seguridad Social, sin duda, constituye una buena noticia. Sin embargo, a juicio de CCOO, no hay que “lanzar las campanas al vuelo” porque «seguimos con tasas de temporalidad y precariedad muy importantes». Así lo ha señalado la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, quien recordó que en 2018 se firmaron casi 22,3 millones de contratos, de los que más de 20 millones son temporales, lo que pone de manifiesto la gran rotación y, por tanto, la temporalidad y precariedad que hay en el mercado laboral español. Por ello, “es el momento de mejorar el empleo y los salarios, de luchar contra la desigualdad, lo que exige la modificación de los artículos 15 y 42 del Estatuto de los trabajadores para revertir los efectos nocivos que se mantienen por la reforma laboral del PP”, así como la puesta en marcha de un plan de choque para el empleo dirigido a los desempleados de larga duración, reclamó.

La plantilla de la Administración central cae a su mínimo histórico, con apenas 201.030 efectivos

viernes, 4 de enero de 2019

La plantilla de la Administración central cae a su mínimo histórico, con apenas 201.030 efectivos
– CSIF exige al Gobierno que concrete ya la oferta de empleo público

27 de Diciembre de 2018 csif.es

La plantilla de la Administración General del Estado cuenta con 201.030 efectivos registrando así su mínimo histórico desde 2002, año desde el que existen datos disponibles, según el informe del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas publicado hoy.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en esta Administración, advierte además de que un total de 31.801 empleados públicos de esta administración tienen más de 60 años (3.494 tienen más de 64) y por tanto se encuentran a las puertas de la jubilación.

En este sentido, CSIF exige al Gobierno que concrete la oferta de empleo público (aún no ha salido la convocatoria de 2018 pese a estar aprobada y es preciso definir la de 2019) y que se agilicen los procesos de estabilización de plazas interinas.

Así, es preciso un plan de choque específico para la Administración General del Estado, con un Plan Integral de Recursos Humanos que analice las carencias y determine la oferta de empleo público necesaria sin tasa de reposición. Aunque las ofertas recientes han sido mejores en comparación a la época de la crisis, CSIF ya advirtió de que por el envejecimiento de las plantillas no iban a ser suficientes.

De la misma manera, debemos planificar las expectativas de la vida laboral para cubrir las necesidades en el tiempo para que no se produzcan desequilibrios que pongan en peligro la viabilidad de esta Administración.

La Policía ve “connivencia” de varios notarios en las estafas del falso cura

jueves, 3 de enero de 2019

Estafa piramidal
La Policía ve “connivencia” de varios notarios en las estafas del falso cura
Los notarios “omitían conscientemente la diligencia debida”

Amanda Glez. de Aledo
02 Enero, 2019 – diariodesevilla.es

Los atestados policiales sobre el falso cura Manuel Tobaja, encarcelado desde noviembre de 2017 por una presunta estafa piramidal, apuntan a la “colaboración de un conjunto de fedatarios públicos, mediante la omisión de la diligencia debida de forma consciente”.

También señalan a un abogado, colaborador habitual de Tobaja. “Dados sus conocimientos legales, no es aceptable pensar que los manejos de Manuel Tobaja le hayan podido pasar desapercibidos”, afirma la Policía en uno de los atestados a los que ha tenido acceso este periódico.

Hasta ahora el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía ha aportado al juzgado de instrucción 4 de Sevilla tres informes. El último de ellos analizó casos concretos como la presunta falsificación de una carta del Secretario de Estado del Vaticano en la que el papa Francisco invitaba al “reverendo padre Manuel Tobaja” para una audiencia privada en octubre de 2013.

La Policía imputa a este falso cura presuntos delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal en la modalidad cualificada de afectar a viviendas y con cuantía superior a los 150.000 euros.

Estas estafas, según los atestados, se habrían desarrollado amparadas en la Fundación Luz del Mundo, creada por Tobaja para ayudar a la reinserción de ex presidiarios. Dice la Policía que la fundación “generaría una apariencia de actuación sin ánimo de lucro y de legitimidad, induciendo a error a las víctimas”.

Entre las personas que colaboraron al éxito de los timos se encuentran “terceras personas que representarían una función de asesoramiento jurídico”.

El grupo, según la Policía, “cuenta también con la presunta colaboración de un conjunto de fedatarios públicos, mediante la omisión de la diligencia debida de forma consciente”.

En las operaciones investigadas la Policía “se aprecia una repetición muy notable de notarios” que “nunca parecen plantear dificultades a esta forma de actuar, a pesar de que en algunos casos el préstamo y la posterior venta de la vivienda objeto se producen en su presencia, con escaso intervalo temporal”.

Entre los casos más llamativos, la Policía cita en diversas ocasiones a J.A.M.P., que “perdió la titularidad de sus propiedades, dos viviendas y dos plazas de garaje, en el transcurso de 39 días, con distintos prestamistas, en la misma notaría donde se habían suscrito los préstamos en protocolos sucesivos”.

El modo en el que esta persona pierde un patrimonio  valorado en 320.106 euros “resulta absolutamente atípico” y la Policía entiende que fue una víctima, más que un colaborador voluntario con Tobaja en la estafa al resto de afectados. Otras dos familias fueron privadas de su patrimonio mediante operaciones similares.

Las víctimas manifestaban haber sido engañadas para prestar dinero a la fundación con la promesa de “una alta e inmediata remuneración, que nunca llegaba a realizarse”.

La “excusa o señuelo” empleado para que los terceros de buena fe aportasen las garantías inmobiliarias era  en todos los casos la necesidad de liquidez que tenía la fundación Luz del Mundo.

Tobaja decía “contar con una liquidez no inmediata, basada en el cobro de unos derechos de publicación” de un libro sobre su vida, en primer lugar, y en segundo de una elevada cantidad derivada de una donación procedente de Norteamérica. Un atestado posterior cifró esa supuesta transferencia en 3,5 millones de euros, aunque la empresa cosmética norteamericana negó haber hecho ningún tipo de donativo a España.

La Policía considera que en el grupo organizado en torno a Tobaja “existe cierto modo de organización criminal pues no se trata de actividades esporádicas y puntuales, sino que consisten en una repetición sostenida a lo largo del tiempo del mismo tipo de operaciones”.

En un protocolo ante notario de 2014, Tobaja reconocía una deuda por parte de la fundación por un importe de más de 4 millones de euros a un total de 44 entidades  entre personas físicas y jurídicas.

En cuanto a los prestamistas que colaboran en las  operaciones de defraudación, la Policía entiende que actuaban “vulnerando la ley y cometiendo una infracción de ley manifiesta con la finalidad de eludir los controles básicos de la Administración sobre este tipo de actividad”.

La Policía cita además diversos movimientos que apuntan a posibles operaciones de blanqueo de capitales con dinero recibido de las islas anglo-normandas, Estonia, Tailandia y el Líbano.

Uno de los atestados afirma que, salvo Tobaja, que “parece carecer absolutamente de cualquier tipo de bien mueble o inmueble”, el resto de los investigados “tienen un patrimonio inmobiliario ingente y se dedican profesionalmente al negocio inmobiliario y a la concesión de préstamos particulares, aunque esta última actividad la ocultan siempre en las escrituras públicas”.

Tobaja, encarcelado desde noviembre e 2017, fue condenado en Sevilla por diversas estafas en los años 90, tras lo cual huyó a Puerto Rico. Allí se hizo pasar por sacerdote, aunque él afirma haber sido ordenado formalmente, y fue de nuevo condenado por apropiación indebida de fondos de las comunidades a las que servía. Tras cumplir seis años de cárcel en Puerto Rico fue extraditado a España y poco después quedó libre.

El Ministerio del Interior digitaliza los libros de registro oficiales para reforzar los derechos de los ciudadanos bajo custodia o detención

miércoles, 2 de enero de 2019

El Ministerio del Interior digitaliza los libros de registro oficiales para reforzar los derechos de los ciudadanos bajo custodia o detención
Madrid, 28/12/2018 interior.gob.es
El 1 de enero toda la información desde la detención o entrada en custodia de un ciudadano hasta el cese definitivo de la misma pasa a registrarse en una nueva aplicación informática, y el 1 de mayo se cerrarán los libros físicos.

Estos libros registran todas las incidencias que se producen desde el momento de la detención o entrada en custodia de un ciudadano hasta el cese definitivo de la misma, sea por su puesta en libertad o por el cambio de custodia a otro Cuerpo o institución.
Los libros de registro oficiales se digitalizarán a partir del 1 de enero para reforzar la protección de las personas bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según establece una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Estos libros registran todas las incidencias que se producen desde el momento de la detención o entrada en custodia de un ciudadano hasta el cese definitivo de la misma, sea por su puesta en libertad o por el cambio de custodia a otro Cuerpo o institución.

La instrucción, firmada el 27 de diciembre por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, determina que se tomarán las medidas oportunas para implantar la digitalización de los libros oficiales desde el 1 de enero de 2019 y contempla el pleno funcionamiento del sistema el 1 de mayo, fecha en que serán cerrados los libros físicos.

A tal efecto la Secretaría de Estado ha desarrollado una aplicación informática llamada DILISES que permitirá la creación, desarrollo, regulación y explotación de forma informática de todos los diferentes libros de registro oficiales (libro de registro y custodia de detenidos, libro de registro y custodia de menores detenidos, libro de registro de actuaciones con menores e incapaces en situación de riesgo, y libro de registro de diligencias de identificación).

Hacia una Administración digital

Con esta instrucción se da curso a lo estipulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la digitalización de los procedimientos administrativos y la transición hacia una Administración sin papel.

Los libros registro constituyen un sistema para salvaguardar los derechos fundamentales, facilitando el examen de la actuación policial y dotándola de seguridad jurídica.

En el mismo momento en que un ciudadano entra en dependencias policiales con motivo de una detención o guarda se reseñan todas las vicisitudes producidas desde la misma, junto con las circunstancias que la han rodeado, la identificación de los funcionarios que intervienen en ella, los datos personales del ciudadano, sus pertenencias personales, y eventuales partes y detalles médicos  en la misma. Esta información se va complementando con el reflejo secuencial de todas las acciones de las que sea objeto hasta el cese de la custodia. En ese momento se debe expresar con precisión el momento de la salida y su destino (centro penitenciario, juzgado, puesta en libertad u otros).

El Ministerio del Interior atiende con esta instrucción a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, y asegura el cumplimiento de los principios de neutralidad e imparcialidad policial al ofrecer testimonio documental de que todas las personas detenidas o que se encuentren bajo guardia o custodia son tratadas con la máxima diligencia en los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.

En los supuestos en los que la actuación policial se lleve a cabo con menores o personas necesitadas de especial atención (personas con discapacidad y menores en situación de riesgo o desamparo), la aplicación informática atenderá especialmente a su intimidad y a la correcta recogida y procesamiento de sus datos, que serán de acceso más restringido.

Por último, esta digitalización permitirá un mejor tratamiento estadístico de determinadas categorías de datos que sirva para dar respuesta a las interpelaciones de las Cámaras y autoridades, y enriquezca los análisis destinados a diseñar las líneas estratégicas de la función policial.

Feliz año nuevo 2019

martes, 1 de enero de 2019

Feliz año nuevo 2019