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UGT reclama un Plan de Inclusión Tecnológica porque la mitad de los españoles son analfabetos digitales

martes, 21 de mayo de 2019

UGT reclama un Plan de Inclusión Tecnológica porque la mitad de los españoles son analfabetos digitales

17 Mayo 2019 ugt.es

► UGT apuesta por un Pacto de Estado capaz de solucionar las actuales brechas y desigualdades digitales: Un 40% de españoles no sabe qué es un procesador de texto, un 37% no usa nunca el correo electrónico y el número de personas que guarda sus archivos en Internet no supera el 40%.

► La brecha digital se ceba, sobre todo, en los colectivos más vulnerables, entre ellos las mujeres (representan a más del 60% de los desconectados), los mayores (hay una brecha de 50 puntos porcentuales respecto a los jóvenes) o los desempleados (hay una diferencia de hasta 12,4 puntos porcentuales respecto a los trabajadores ocupados)

► El sindicato propone establecer cursos de formación en TIC para personas en situación de desempleo, promover el derecho a la Formación Continua de los Trabajadores para mejorar sus competencias digitales, introducir asignaturas relacionadas con esta materia en todos los planes educativos y poner en marcha tarifas sociales de acceso a Internet para combatir la desigualdad.

La celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, también conocido como el Día Mundial de Internet, que se celebra hoy, debería servir no solo para recordar los beneficios que han conllevado la aparición de Internet y las TIC, sino también para denunciar las desigualdades que se han creado a su alrededor.

En el presente, todavía hay millones de conciudadanos que son analfabetos digitales, personas que no conocen ni pueden disfrutar de las ventajas que aportan las nuevas tecnologías. Las cifras son más que reveladoras: la mitad de los españoles no posee ningún tipo de competencia o habilidad digital, o su nivel es muy bajo. Se trata de mujeres y hombres que no saben lo que es un procesador de texto (40% de los españoles), un correo electrónico (un 37% de la población española no lo usa nunca) o qué significa la nube (el número de personas que guarda sus archivos en Internet no supera el 40%). Se trata de personas que no planifican sus vacaciones por Internet, ni usan la banca electrónica, ni pagan sus impuestos de forma telemática.

Mujeres, mayores y desempleados, tres colectivos en los que se ceba la brecha digital

La Brecha Digital que sufren estos colectivos se ceba especialmente en las mujeres (más del 60% de los desconectados son mujeres), en nuestros mayores (existe una diferencia de 50 puntos porcentuales entre el uso de Internet entre nuestros adolescentes y los mayores de 65 años), en las personas con menores estudios (la educación superior duplica en uso de Internet a la educación primaria), en las familias con menor renta disponible (uno de cada cuatro personas que cobra el SMI es un excluido digital), en los que residen en zonas rurales (aún hay millones de conciudadanos que no pueden acceder a las nuevas tecnologías como consecuencia de la falta de infraestructuras de telecomunicaciones adecuadas) y en los desempleados (los parados usan mucho menos Internet que los trabajadores ocupados, hasta 12,4 puntos porcentuales menos)

Todas estas tendencias se mantienen invariables, año tras año, conformando una exclusión digital sistémica y estructural, a la que no se pone freno ni se aplican medidas paliativas.

La falta de conocimientos o interés sigue siendo la principal razón detrás de esta nueva forma de desigualdad: un 68% de los desconectados afirman que no disponen de acceso a Internet porque no lo consideran interesante; porcentaje que se ha incrementado 8 puntos en tres años. Sin duda, la ausencia de medidas políticas y legislativas focalizadas en la raíz del problema está detrás de esta situación.

Un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica y un Pacto de Estado

UGT ha presentado, recientemente, un estudio sobre el tamaño y el alcance de La Brecha Digital en España y propone una batería de medidas en el marco de un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica, asociado a un gran Pacto de Estado. Algunas de las propuestas son:

• Establecer un ente público que coordine la transversalidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con responsabilidades en todo lo referido a nuevas tecnologías, formación e inclusión digital.

• Crear un Observatorio de la Brecha Digital, con la participación de todos los actores implicados, incluidas, y con especial referencia, las asociaciones de discapacitados, que elabore los indicadores de referencia de medición de los diferentes tipos de brecha y proponga los objetivos a lograr de forma anual.

• Instaurar planes de formación presenciales dirigidos los colectivos fuera del mundo digital, con líneas específicas para colectivos que conciten varios de los precursores identificados (género, edad, renta, formación académica o hábitat)

• Implantar, de manera masiva, cursos de formación de capacitación TIC para personas en situación de desempleo. Y establecer el derecho a la Formación Continua Profesional en la jornada laboral, dotando de recursos presupuestarios suficientes. Se trata de elaborar planes formativos en las empresas, dirigidos a trabajadores activos, con el fin de actualizar y mejorar sus competencias digitales.

• Introducir asignaturas relacionadas con la adquisición de habilidades digitales en todos los planes educativos.

• Puesta en marcha de tarifas sociales de acceso a Internet para colectivos en situación de vulnerabilidad digital, con las siguientes características: Conexión a Internet de 30 o más Mbps y Tarifa mensual de 20€.

• Establecer un Plan Nacional de Infraestructuras de Telecomunicaciones que, sobre la base de la tecnología 5G, lleve accesos de alta velocidad de conexión a Internet a todos los rincones del país.

• Elaborar una Estrategia Nacional del Teletrabajo que fomente esta práctica en las empresas, como paradigma universal de los beneficios que puede ofrecer la tecnología a la vida de las personas, mejorando cuantitativa y cualitativamente el equilibrio entre tiempo laboral y personal.

Islandia. Cascadas

lunes, 20 de mayo de 2019

Sanciones impuestas por el Banco de España

lunes, 20 de mayo de 2019

Sanciones impuestas por el Banco de España

bde.es

De acuerdo con lo establecido en el art. 115.7 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, el Banco de España publica en su página web las sanciones y amonestaciones impuestas por infracciones graves y muy graves en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha en que tales sanciones y amonestaciones sean firmes en vía administrativa pudiendo, en su caso, si así se acuerda, mantener confidencial la identidad del sujeto expedientado.

En cumplimiento de esta obligación, en el presente cuadro se incluye una referencia a las citadas sanciones y amonestaciones impuestas por el Banco de España desde la entrada en vigor de la Ley 10/2014 anteriormente citada, con indicación, en su caso, de los recursos en vía judicial contra la resolución sancionadora y el resultado de los mismos.

Información sobre las infracciones y sanciones impuestas

29-03-19
Sanción de multa impuesta a Banco Santander, S.A. por importe de tres millones doscientos mil euros (3.200.000 euros) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 5.d) de la citada Ley 26/1988, consistente en la realización meramente ocasional o aislada de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley, o con incumplimiento de requisitos establecidos en las mismas.

Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos de las Leyes 41/2007, 2/1994 y 44/2002 en materia, respectivamente, de: comisiones por amortización anticipada y compensación por riesgo de tipo de interés; comisiones por novación en ampliaciones de plazo; y redondeos de tipo de interés.
Firme en vía administrativa
29-03-19
Sanción de multa impuesta a Banco Santander, S.A. por importe de tres millones doscientos mil euros (3.200.000 euros) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 5.e) de la citada Ley 26/1988, consistente en la realización de actos u operaciones con incumplimiento de las normas dictadas al amparo del número 2 del artículo 29 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos de la Orden 2899/2011 y de la Circular 5/2012 del Banco de España en lo relativo a: la entrega de la información precontractual; el contenido de los documentos de liquidación en cancelaciones anticipadas en las que se percibe compensación por riesgo de tipos de interés; el adeudo de comisiones en la novación de operaciones; el cálculo de la TAE incluida en la información precontractual y en la documentación contractual; y el contenido de la información precontractual en relación a otros costes considerados en la TAE y en el importe total a reembolsar.
Firme en vía administrativa
29-03-19
Sanción de multa impuesta a Unicaja Banco, S.A. por importe de un millón cincuenta mil euros (1.050.000 euros) — tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 9.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.e) de la citada Ley 26/1988, consistente en la realización de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas.

Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos del artículo 7 de la Ley 41/2007, que prohíbe cobrar comisión por expedir la documentación bancaria que acredite el pago del préstamo.
Firme en vía administrativa
29-03-19
Sanción de multa impuesta a Unicaja Banco, S.A. por importe de cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 euros) — tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 5.e) de la citada Ley 26/1988, consistente en la realización de actos u operaciones con incumplimiento de las normas dictadas al amparo del número 2 del artículo 29 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos de la Orden 2899/2011 y de la Circular 5/2012 del Banco de España en lo relativo a la entrega de la información precontractual y el contenido tanto de dicha información como de la documentación contractual, así como a la forma en que se calcula la TAE en la documentación precontractual y contractual, toda vez que no se incluyen todos los gastos de formalización a cargo del prestatario y el coste del seguro de daños exigido para concertar la operación
Firme en vía administrativa

Ravello. Italia

domingo, 19 de mayo de 2019

Tres millones y medio de razones para votar (en las elecciones europeas, autonómicas y municipales)

domingo, 19 de mayo de 2019

Tres millones y medio de razones para votar (en las elecciones europeas, autonómicas y municipales)

18 mayo 2019 by UGT Comunicación Confederal | ugt.es

Llevamos una semana desde que se iniciará oficialmente la campaña electoral de los comicios europeos, autonómicos y municipales, y nos encontramos a tan sólo una semana de que acudamos a las urnas, y, lamentablemente, al igual que ocurrió con la campaña de las Elecciones Generales del pasado 28 de abril, volvemos a asistir a una escenificación de propuestas y debates en muchos casos alejados de la realidad, de la concreción y, sobre todo, eludiendo lo que, a nuestro juicio, es el principal problema de los españoles y españolas y del que se derivan otros muchos: el paro, casi 3´5 millones de desempleados, la mitad de larga duración, uno de cada dos sin ningún tipo de prestación o cobertura.

Los últimos datos de la EPA han vuelto a revelar que, a pesar de una favorable evolución, España sufre el desempleo de manera severa, porque una de cada seis personas en edad de trabajar no tiene empleo, donde muchas de ellas acaban aceptando trabajos de miseria y, las otras, han perdido la esperanza de poder encontrarlo, situación que lleva inexorablemente a la pobreza. Y a pesar de esta dura realidad y aunque parezca mentira, durante el último mes el paro no ha sido una prioridad en el discurso de nuestros políticos. Las campañas electorales se han vuelto a centrar en temas como Catalunya, la corrupción, las bajadas o subidas de impuestos (sin decir para qué) o quien debe ocupar que una butaca en el Congreso, pero no ha abordado con determinación un tema tan preocupante como el paro.

Crecimiento desigual

Después de cinco años de crecimiento económico desigual, donde unos pocos han visto aumentadas sus rentas mientras la mayoría seguían perdiendo poder adquisitivo, hablar de desempleo es un ejercicio fundamental que debería haber estado presente en la campaña electoral para las elecciones generales (lamentablemente no lo estuvo, ni si quiera en los debates principales), así como para las que vienen próximamente. Sin embargo, en España parece que lo hemos normalizado y los políticos ya no ven como una preocupación fundamental. Este país no puede resignarse a tener un paro estructural, que nos lleva a no tomar medidas y soluciones para rebajarlo considerablemente.

Ni siquiera son capaces de ponerse a debatir, a reflexionar y proponer sobre la protección por desempleo, que debería ser un elemento fundamental en todos los debates y programas, pensando en los millones de personas que a día de hoy están totalmente desprotegidas.

Desde UGT situamos justo antes de las elecciones generales un decálogo de propuestas dirigidas a los partidos políticos con una serie de medidas imprescindibles para los próximos cuatro años, y la principal es el empleo, un empleo de calidad y con derechos. Ahora, ante estos nuevos comicios, hemos renovado y adaptado ese decálogo, convencidos de que es imprescindible cambiar esta situación.

Nuevo modelo económico

Por ello, apostamos por un modelo económico y social sostenible que tenga en cuenta la salud laboral del trabajador, en el que al menos se duplique la dotación presupuestaria, en los diferentes ámbitos y administraciones, para políticas activas de empleo, para poder hacer frente a los retos que tiene nuestra sociedad y nuestro tejido productivo, con el fin de que respondan a la realidad y diversidad de la población trabajadora y del mercado de trabajo, y nos preparen ante fenómenos potencialmente peligrosos para el empleo como la digitalización.

Un modelo económico basado en un nuevo modelo productivo, fruto del consenso de los interlocutores sociales, y basado en un Plan Estratégico para la Industria, articulado y desarrollado en cada Comunidad Autónoma, que haga frente a la desindustrialización que sufren nuestros territorios desde hace décadas, y que contemple el desarrollo de servicios de alto valor añadido, que mejoran la competitividad de las empresas españolas basada en la creación de valor, y no en la reducción de los costes laborales. En definitiva, un nuevo modelo productivo sustentado en la industria, que se convertiría en el motor de la generación de empleo de calidad y con derechos.

En el que los Servicios Públicos de Empleo potencien e incrementen su papel de intermediación, formación y análisis de la situación del mercado de trabajo a nivel territorial, en el que se apueste por la formación de los trabajadores, con el fin de adecuar los perfiles de las personas trabajadoras a las necesidades de los mercados de trabajo sectoriales y en el territorio, dotándoles de una recualificación permanente y una mayor empleabilidad que les permita tener una mayor capacidad para encontrar empleo, mantener su puesto de trabajo y promocionar en él o en el mercado laboral.

Nuevo papel de las Administraciones Públicas

Un modelo en el que se plantee un nuevo papel de la Administraciones Públicas como emprendedoras e impulsoras de la Transición Energética y Medioambiental que requiere nuestra economía productiva, incluyendo en los pliegos de contratación de las Administraciones Publicas criterios sociales y medioambientales, dotándoles de un valor relevante sobre otros parámetros.

En el que se movilice el potencial de las zonas rurales como motor de desarrollo e innovación para alcanzar la cohesión social, territorial y económica en Europa, implementando las acciones necesarias de empleo de calidad, regeneración y cuidado del medio natural.

Un sistema en el que se apueste por una ordenación del territorio que considere el espacio geográfico como un recurso publico estratégico, primando los intereses de la comunidad a nivel medio ambiental, social y económico frente a la especulación.

Donde se valore la innovación, el desarrollo respetuoso con el medio ambiente y la creación de empleo de calidad. Apoyando aquellas iniciativas que aporten valor y no aquellas que promueven el empleo precario. Donde se efectúen políticas que luchen contra la lacra de la siniestralidad laboral y que garanticen las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. Donde esté asegurado el diálogo social y la interlocución de las organizaciones sindicales más representativas.

Donde se garantice y promuevan las estructuras sindicales regionales fronterizas (CSIR) como medida para garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras desplazados, la inserción laboral, el desarrollo de inversión y el progreso social y económico en regiones naturales de distintos países.

El próximo día 26 de mayo tendremos de nuevo la ocasión de expresarnos en las urnas y elegir a nuestros representantes, esta vez en los parlamentos europeo y autonómicos y en nuestros ayuntamientos. Tenemos, por lo menos, 3´5 millones de razones para votar, no desperdiciemos la oportunidad

Logística informativa de las elecciones locales y europeas

sábado, 18 de mayo de 2019

Elecciones locales y al Parlamento Europeo del 26 de mayo de 2019

Logística informativa de las elecciones locales y europeas

Viernes 17 de mayo de 2019

lamoncloa.gob.es

17/05/2019. Elecciones 26 de mayo. Ministerio del Interior

El 26 de mayo se celebran en España elecciones al Parlamento Europeo y elecciones locales, en las que un total de 8.131 municipios elegirán a sus representantes locales. Estas elecciones, que incluyen a las Asambleas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, coincidirán con los procesos electorales convocados por doce Gobiernos autonómicos para elegir a los diputados de sus Parlamentos.

Estas comunidades son Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Los datos correspondientes a las elecciones autonómicas serán ofrecidos por dichos Gobiernos, una vez que hayan finalizado los recuentos correspondientes a las elecciones europeas en primer lugar y a las locales a continuación.

Junto a estos procesos, se elegirán también por sufragio directo a los miembros de los Cabildos Insulares Canarios; de los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza; de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; de los Concejos de Navarra y del Consejo General de Arán.

En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, en España se elegirán 54 eurodiputados de un total de 751 para toda la Unión Europea. La circunscripción electoral es única para el territorio nacional, por lo que las formaciones políticas que presentan candidaturas lo hacen mediante una lista única y común en todo el país, si bien la Ley Electoral les permite utilizar en las papeletas denominaciones, símbolos y candidatos específicos por Comunidades Autónomas. Si Reino Unido finalmente sale de la UE el 31 de octubre, la Eurocámara se reduce a 705 eurodiputados pero España tendría cinco adicionales y pasaría a tener 59 eurodiputados.

Difusión de datos electorales

La coincidencia de todos estos comicios en una misma fecha ocasionará que, en algunas mesas electorales, se puedan acumular hasta cinco urnas distintas, como es el caso de Canarias. Se recuerda que, tal y como se establece en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, cada mesa electoral debe escrutar primero las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo y cuando este escrutinio acabe se iniciará el recuento de votos, por este orden, de las elecciones locales, autonómicas en las comunidades en las que se celebran, y finalmente de las elecciones a los Cabildos Insulares.

Según la normativa europea, los datos del escrutinio para el Parlamento Europeo no se pueden ofrecer hasta las 23:00 horas, una vez que cierren los colegios en Italia, el último país en concluir el proceso. A partir de esa hora, los datos de las elecciones europeas estarán disponibles en la aplicación para dispositivos móviles, en la página web de resultados de las elecciones y se ofrecerán en la rueda de prensa de resultados en el Centro Nacional de Datos de IFEMA.

A partir de las 21:00 horas podrán ir apareciendo, en tiempo real, los primeros datos de las elecciones locales, que serán muy poco representativos al corresponder a mesas con muy pocos electores o a poblaciones muy pequeñas que hayan finalizado ya el recuento de las elecciones europeas. Se calcula que los primeros datos significativos de las elecciones locales estén disponibles a partir de la medianoche.

Los datos de las elecciones a los Parlamentos Autonómicos, en aquellas comunidades en las que se celebran comicios, serán ofrecidos por los Gobiernos autonómicos, una vez que haya finalizado el recuento de las elecciones locales. Los datos se irán transmitiendo a medida que vayan cerrando mesas y podrían estar disponibles en los canales de difusión que haya establecido cada Comunidad a partir de las 21:00h. Si bien, debido al orden de escrutinio marcado por la normativa, el recuento de votos de éstas se iniciará al haber finalizado el de las locales. Por ello, se prevé que los primeros datos significativos estén disponibles de madrugada.

Simulacros para detección de fallos

Las empresas españolas que trabajan en los diferentes procesos electorales tienen probada experiencia en elecciones nacionales e internacionales. La Unión Temporal de Empresas (UTE) SCYTL-VECTOR es, en esta ocasión, la adjudicataria del escrutinio provisional en las elecciones de competencia estatal (europeas y locales), pero también lo es en algunos procesos electorales de competencia autonómica como es el caso de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. SCYTL también ha recibido el encargo del Parlamento Europeo para hacer la totalización de los resultados finales de las europeas a partir de los datos trasmitidos por cada uno de los Estados miembros.

El pasado sábado 11 de mayo la UTE SCYTL-Vector realizó el primer simulacro en el que se registraron algunas incidencias de conexión y transmisión de datos, aunque en las pruebas sucesivas el resultado ha sido correcto. Los simulacros están orientados a comprobar el funcionamiento de los sistemas, se hacen con tiempo de antelación suficiente para poder detectar y corregir posibles fallos en el proceso y tienen como finalidad que el día de las elecciones todo funcione correctamente. Mañana se volverá a repetir el simulacro al completo para terminar de cerrar el proceso de prueba. Estos simulacros se llevan a cabo con la participación de profesionales del Ministerio del Interior y del Centro Criptológico Nacional que colaboran en la detección de cualquier tipo de incidencia y necesidades de los sistemas informáticos.

Previsión de horarios domingo 26 de mayo

El Gobierno tiene previsto cinco comparecencias el domingo 26. Los horarios son orientativos, y vendrán determinados en función del orden de escrutinio establecido por la normativa.

08:00 h Inicio del proceso de constitución de mesas electorales en la península

09:00 h Inicio del proceso de constitución mesas electorales en Canarias

          Apertura al público de los colegios electorales en la península

10:00 h Apertura al público de los colegios electorales en Canarias

10:30 h Rueda prensa sobre el inicio de la jornada electoral – IFEMA

14:30 h Rueda prensa datos participación a las 14 horas – IFEMA

18:30 h Rueda prensa datos participación a las 18 horas – IFEMA

20:00 h Cierre de los colegios electorales en la península

          Inicio del recuento de votos elecciones europeas

21:00 h Cierre de los colegios electorales en Canarias

          Inicio de la difusión de datos de elecciones locales y autonómicas

23:00 h Cierre de los colegios electorales en Italia e inicio de difusión de los datos de las elecciones europeas

          Rueda prensa resultados elecciones europeas - IFEMA

00:00 h Posible rueda prensa a partir de las doce de la noche para ofrecer los resultados de las elecciones locales – IFEMA

En Islandia

sábado, 18 de mayo de 2019

La inflación se sitúa en el 1,5% en abril y se mantiene el diferencial favorable para España respecto a la zona euro

viernes, 17 de mayo de 2019

14 de mayo de 2019

mineco.gob.es

La inflación se sitúa en el 1,5% en abril y se mantiene el diferencial favorable para España respecto a la zona euro

La inflación subyacente se sitúa en el 0,9% debido al repunte de los precios turísticos por la Semana Santa 14 de mayo de 2019.

La tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) general se situó en el 1,5% en abril de 2019, tal y como avanzó el INE a finales del mes pasado. El incremento de dos décimas se debió a la subida de los precios de los servicios, influidos por el calendario de la Semana Santa.

Los precios de los productos energéticos redujeron en abril dos décimas su ritmo de aumento, hasta el 5,4%, debido a la desaceleración de los precios del gas, que prácticamente se estabilizaron, 0,2% interanual, y, en menor medida, de los carburantes y lubricantes, que se incrementaron el 6,4%.

Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 1,8% interanual, destacando la caída de los precios de frutas frescas, -1,9%, mientras que los precios de legumbres y hortalizas frescas se aceleraron hasta el 10,6%.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC (alimentación no elaborada y productos energéticos) aumentó dos décimas en abril, hasta el 0,9%, debido principalmente a los precios de los servicios, que se incrementaron el 1,7% y, en particular, de los paquetes turísticos, que subieron el 3,4%, influidos por la celebración íntegramente en abril de la Semana Santa, a diferencia del año pasado que comenzó en marzo. La inflación del resto de componentes del IPC se mantuvo relativamente estable, moderándose ligeramente la de alimentación elaborada hasta el 0,3% y manteniéndose en el 0,2% la de bienes industriales no energéticos.

En abril, la tasa interanual del IPC aumentó en todas las comunidades autónomas excepto en Galicia, donde se mantuvo en el 1,4%. Los mayores incrementos, de cuatro décimas, se produjeron en Navarra (2,1%), La Rioja (1,7%) y Aragón (1,6%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en abril en el 1,5%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de abril, cuya tasa interanual sube tres décimas, hasta el 1,6%. La inflación adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en dicho periodo en el 1,7%, resultando un diferencial favorable para España de 0,1 puntos porcentuales.

Notre Dame. Detalle tras el incendio

viernes, 17 de mayo de 2019

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 3.686,84 millones de euros

jueves, 16 de mayo de 2019

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 3.686,84 millones de euros

Martes 30 de abril de 2019

lamoncloa.gob.es

Este saldo, a 31 de marzo de 2019, representa un 0,29% del PIB, y es resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 38.129,74 millones de euros, que presentan un incremento del 11,72% y unas obligaciones reconocidas de 34.442,90 millones de euros (incluye la imputación de 1.324,36 millones de euros correspondientes a noviembre y diciembre de 2018).

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,89% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,11% restante a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 92,42% ha sido reconocido por las Entidades gestoras y el 7,58% por las Mutuas colaboradoras.

Comparación homogénea

Para establecer una comparación homogénea con el ejercicio anterior, hay que tener en cuenta que hasta marzo de 2019 se han imputado 1.324,36 millones de euros de gastos devengados en los meses de noviembre y diciembre de 2018 – correspondiente al pago delegado de incapacidad temporal y a la aportación por parte de las mutuas colaboradoras al sostenimiento de los servicios comunes- y que, en consecuencia, deben disminuirse de 2019. Todo esto se traduce en que el importe de gastos del primer trimestre de 2019 sería 33.118,54 millones de euros (34.442,90-1.324,36).

Asimismo, en marzo de 2018 aún no se había aplicado la revalorización adicional de las pensiones, lo que supone, en términos de homogeneidad, que el gasto acumulado en los tres primeros meses del pasado año debe aumentarse en 350,55 millones más. Cabe recordar que a principios del pasado año, la revalorización de las pensiones fue del 0,25%. Fue en julio, con los nuevos Presupuestos Generales del Estado, cuando las pensiones se incrementaron hasta el 1,6% con carácter general y al 3% en el caso de las mínimas. Esa diferencia, que alcanza los 350,55 millones de euros, sumada
al gasto computado en el mismo periodo de 2018, sitúa el total en 31.353,65 millones de euros (31.003,09 + 350,55).

Esto se traduce en un incremento del 5,63% del gasto en los tres primeros meses de 2019 respecto del mismo periodo de 2018.

Recapitulando, en términos homogéneos, el saldo positivo acumulado en los tres primeros meses de este año asciende a 5.011,20 millones de euros, que es la diferencia entre unos derechos reconocidos netos por operaciones no financieras de 38.129,74 millones de euros y unas obligaciones reconocidas de 33.118,54 millones de euros.

Ingresos no financieros

Las cotizaciones sociales han ascendido a 30.566,32 millones de euros, un 8,09 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior, originado por el aumento de la cotización de ocupados en un 8,10%, mientras que la cotización de desempleados registra un aumento del 8,00%. En conjunto, la Seguridad Social prevé ingresar este ejercicio un total de 114.915,75 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Así, los ingresos por cotizaciones representan, a finales de marzo, el 26,60% de lo previsto para todo 2019.

Las transferencias corrientes totalizaron 7.218,81 millones de euros, con un incremento del 31,81% sobre el importe a la misma fecha del ejercicio 2018. Una subida motivada fundamentalmente por el cambio en el calendario de las transferencias del Estado a la Seguridad Social en concepto de complementos a mínimos. Este aumento es del 53,12%, al incluir el mes de marzo los libramientos que, por tal concepto, corresponden a los meses de abril, mayo y junio. Asimismo, el tercer mes del año incluye la aportación del Estado para apoyar el equilibrio presupuestario por importe de 666 millones de euros.

Los ingresos patrimoniales registran 10,73 millones de euros, con un decremento interanual del 68,86%, y las tasas y otros ingresos reflejan la cantidad de 331,09 millones de euros, con un decremento interanual del 0,59%.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 32.552,27 millones de euros, un 10,10% más que en el mismo ejercicio del año anterior. Esta cifra representa un 94,51% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 29.934,16 millones de euros, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, que registra un crecimiento interanual del 10,68%. No obstante, debe tenerse en cuenta lo anteriormente dicho en relación con los gastos del mes de marzo de 2019 para hacer una comparativa con 2018 en términos de homogeneidad.

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) alcanzan un importe de 27.267,72 millones de euros, cifra superior en un 7,06% al año anterior. En cuanto a las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se elevaron hasta los 597,64 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 5,02%. En incapacidad temporal el gasto realizado alcanza un importe de 1.976,17 millones de euros, un 117,17% más que en el mismo periodo de ejercicio 2018, crecimiento afectado, como anteriormente se indicó, por la imputación en los meses de enero, febrero y marzo de 2019 del pago delegado de la incapacidad temporal del mes de noviembre y diciembre de 2018, por importe de 978,58 millones de euros, por lo que el gasto real de la incapacidad temporal fue de 997,59 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,63 %.

Asimismo, merece mención expresa el crecimiento interanual de los gastos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en concepto de aportación al sostenimiento de los servicios comunes y de reaseguro obligatorio y facultativo debido a que al ser gastos asociados a la recaudación, ha determinado que los correspondientes a noviembre y diciembre de 2018 se hayan tenido que imputar al presupuesto de 2019 como consecuencia de los actuales criterios de imputación presupuestaria. Con arreglo a dichos criterios el incremento interanual de estos gastos ha ascendido al 375%, si bien en términos de comparación homogénea el incremento habría sido del 13,28 %.

A 31 de marzo, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan un importe de 2.618,11 millones de euros, cifra que supone un aumento del 3,88% respecto al ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y mínimos 2.075,68 millones y a subsidios y otras prestaciones 542,43 millones de euros, de los que 524,93 millones de euros corresponden a prestaciones familiares, un 3,24% superior al del ejercicio precedente.

Por lo que respecta a los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social, han experimentado un aumento del 2,42% en gastos de personal, un aumento del 10,75% en gastos corrientes de bienes y servicios y una disminución del 44,35% en gastos dedicados a inversiones. Con un aumento global del 4,08 % interanual.

Notre_Dame. Paris

miércoles, 15 de mayo de 2019

Los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema que permita computar la jornada laboral diaria

miércoles, 15 de mayo de 2019

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 61/19
Luxemburgo, 14 de mayo de 2019
Sentencia en el asunto C-55/18
Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank, S.A.E.
Los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema que permita computar la jornada laboral diaria
El sindicato español Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) interpuso ante la Audiencia Nacional un recurso con objeto de que se dictase sentencia en la que se declarara la obligación de Deutsche Bank, S.A.E. de establecer un sistema de registro de la jornada laboral diaria que realiza la plantilla de esta entidad. El sindicato considera que este sistema permitiría comprobar el cumplimiento de los horarios de trabajo pactados y de la obligación, establecida en la normativa nacional, (1) de comunicar a los representantes sindicales la información sobre las horas extraordinarias realizadas mensualmente. Según CCOO, la obligación de establecer ese sistema de registro no deriva sólo de la normativa nacional, sino también de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta») y de la Directiva relativa al tiempo de trabajo. (2) Deutsche Bank sostiene que de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se desprende que el Derecho español no establece esa obligación con carácter general. De esta jurisprudencia resulta que la normativa española únicamente exige, salvo pacto en contrario, que se lleve un registro de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores y que, al final de cada mes, se comunique a los trabajadores y a sus representantes el número de horas extraordinarias efectuadas.
La Audiencia Nacional ha expresado sus dudas sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de la interpretación dada por el Tribunal Supremo a la normativa española y ha planteado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia sobre este particular. Según la información que ha proporcionado al Tribunal de Justicia, el 53,7 % de las horas extraordinarias trabajadas en España no se registran. Por otra parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social indica que, para comprobar si se han hecho horas extraordinarias, es necesario conocer con exactitud el número de horas ordinarias de trabajo realizadas. La Audiencia Nacional hace hincapié en que la interpretación del Derecho español adoptada por el Tribunal Supremo priva en la práctica, por un lado, a los trabajadores de un medio probatorio esencial para demostrar que su jornada laboral ha superado la duración máxima del tiempo de trabajo y, por otro, a los representantes de aquéllos de un medio necesario para comprobar si se respetan las normas aplicables en la materia. Por consiguiente, a su entender, el Derecho español no puede garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en la Directiva relativa al tiempo de trabajo y en la Directiva relativa a la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. (3)
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que estas Directivas, consideradas a la luz de la Carta, se oponen a una normativa que, según la interpretación que de ella hace la jurisprudencia nacional, no impone a los empresarios la obligación de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.
El Tribunal de Justicia comienza destacando la importancia del derecho fundamental de todo trabajador a la limitación de la duración máxima del tiempo de trabajo y a períodos de descanso diario y semanal, consagrado en la Carta y cuyo contenido se ve precisado por la Directiva relativa al tiempo de trabajo. Los Estados miembros deben velar por que los trabajadores se beneficien efectivamente de los derechos que se les han conferido, sin que los criterios concretos elegidos para garantizar la aplicación de la Directiva puedan vaciar de contenido esos derechos. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral, de modo que es necesario impedir que el empresario pueda imponerle una restricción de sus derechos.
El Tribunal de Justicia observa que, sin un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador, no es posible determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo efectivas ni su distribución en el tiempo, como tampoco el número de horas extraordinarias, lo que dificulta en extremo, cuando no imposibilita en la práctica, que los trabajadores logren hacer respetar sus derechos.
En efecto, determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo diario y semanal es esencial para comprobar si se han respetado la duración máxima del tiempo de trabajo semanal —que incluye las horas extraordinarias— y los períodos mínimos de descanso diario y semanal. Por ello, el Tribunal de Justicia considera que una normativa nacional que no establezca la obligación de utilizar un instrumento que permita realizar esa comprobación no puede asegurar el efecto útil de los derechos que confieren la Carta y la Directiva relativa al tiempo de trabajo, ya que priva tanto a los empresarios como a los trabajadores de la posibilidad de comprobar si se respetan esos derechos. Por consiguiente, una normativa de esa índole puede comprometer el objetivo de esta Directiva, que consiste en garantizar una mejor protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, independientemente de cuál sea la duración máxima del tiempo de trabajo semanal adoptada por el Derecho nacional. En cambio, un sistema de registro de la jornada laboral ofrece a los trabajadores un medio particularmente eficaz para acceder con facilidad a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo realizado, lo que puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado sus derechos como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos.
En consecuencia, para garantizar el efecto útil de los derechos que confieren la Directiva relativa al tiempo de trabajo y la Carta, los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. Corresponde a los Estados miembros definir los criterios concretos de aplicación de ese sistema, especialmente la forma que éste debe revestir, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades propias de cada sector de actividad de que se trate e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño.
1 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE n.º 255, de 24 de octubre de 2015) y Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE n.º 230, de 26 de septiembre de 1995).
2 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).
3 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO 1989, L 183, p. 1).

Notre Dame de Paris

martes, 14 de mayo de 2019

El TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del PP contra la ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

martes, 14 de mayo de 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 68/2019
El TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del PP contra la ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen convenientes.
Los recurrentes alegan que la norma impugnada no respeta el presupuesto habilitante establecido en el art. 86.1 CE, que exige la extraordinaria y urgente necesidad ni las materias vedadas a los decretos-leyes, por afectar al deber de contribuir (art. 31.1 CE).
Madrid, 13 de mayo de 2019

Gaspar Llamazares sobre Rubalcaba

martes, 14 de mayo de 2019

Alfredo dijo una vez que en España y en política se despide muy bien. Yo creo que es verdad y que no es solo algo formal ni protocolario.
La verdadera revolución sería tratarnos en vida un poco mejor, desterrando la mala educación, la difamación y los insultos.

La AIReF considera muy ajustada la reducción del déficit prevista en la APE y alerta de la existencia de riesgos

lunes, 13 de mayo de 2019

Nota de prensa
09/05/2019 airef.es
Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022
La AIReF considera muy ajustada la reducción del déficit prevista en la APE y alerta de la existencia de riesgos
• La institución avala el cuadro macroeconómico que sustenta la Actualización del Programa de Estabilidad (APE), que considera prudente en su conjunto, teniendo en cuenta los supuestos exógenos y las políticas definidas
• La senda fiscal prevista en la APE plantea una reducción del déficit público de 2,5 puntos del PIB en 4 años, lo que se considera factible hasta 2021 e improbable, por un estrecho margen, en 2022
• La AIReF considera factible la previsión de ingresos para 2019-2022 en la mayor parte del periodo, pero observa cierta falta de coherencia entre un cuadro macroeconómico prudente y las estimaciones de ingresos del Gobierno, que serían optimistas respecto a las previsiones macroeconómicas que teóricamente las sustentan
• En el caso de los gastos, la AIReF considera factible alcanzar la senda descendente de empleos no financieros de la APE durante todo el periodo, si bien pasaría a considerarse improbable en 2021 y 2022 de materializarse el PIB previsto en la APE
• La AIReF considera en el límite de lo factible las proyecciones de deuda incluidas en la APE 2019-2022
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy en su página web (www.airef.es) el Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2019- 2022, en el que considera muy ajustada la reducción del déficit prevista en la APE y alerta de la existencia de riesgos. En el informe, la institución avala el cuadro macroeconómico que sustenta dicha actualización, que considera prudente en su conjunto.
La AIReF recibió del Gobierno, antes del 15 de abril, información preliminar sobre la APE 2019–2022 que incluía el escenario macroeconómico y fiscal para el conjunto del periodo. En base a estos datos, avaló el 25 de abril el cuadro macroeconómico y realizó una primera evaluación del escenario presupuestario, que remitió al Gobierno incluyendo algunas recomendaciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la senda fiscal prevista y la coherencia entre el cuadro macroeconómico y las proyecciones fiscales.
La APE presentada ha incorporado buena parte de las recomendaciones, lo que ha permitido un reajuste del escenario fiscal, respecto al recibido inicialmente, cuya materialización la AIReF considera factible en el conjunto del periodo, con una probabilidad que desciende en los dos últimos años.
Según el Informe, el perfil de crecimiento del PIB real que se muestra en la APE 2019-2022 se considera prudente en su conjunto. Las hipótesis básicas en las que se basa este escenario se consideran factibles y la composición del crecimiento verosímil, aunque con un sesgo a favor de la demanda exterior en detrimento de la interna.
Las estimaciones del Gobierno esperan que el crecimiento de la actividad agregada se reduzca paulatinamente del 2,6% registrado en 2018 hasta el 1,8% en 2022. Estas previsiones están en la banda central del intervalo estimado por la AIReF y se encuentran alineadas con el resto de las previsiones disponibles, tanto en el ámbito privado como en el público, que de forma general solo abarcan los años 2019 y 2020.
Previsión de Ingresos y gastos
La AIReF considera que este escenario macroeconómico se traslada al escenario fiscal principalmente a través de los ingresos y, en menor medida, de una parte de los gastos. La institución considera factible la previsión de ingresos de la APE para 2019-2022 en la mayor parte del periodo, aunque con una composición distinta y un descenso de la probabilidad en los últimos años.
De acuerdo con la APE, en 2022 los ingresos habrán ganado 1,8 puntos en relación al PIB, pasando su peso de 38,9% al 40,7% del PIB, tres décimas por encima de la previsión de la AIReF. Esta diferencia, que afecta fundamentalmente a las previsiones tributarias, se debe a que la AIReF estima un menor impacto de las medidas de ingresos aprobadas y anunciadas por el Gobierno.
El efecto del ciclo de la AIReF sobre las variables fiscales es similar al de la APE aunque con distinta composición, considerando que existe cierta falta de coherencia entre el cuadro macro y las estimaciones de ingresos del Gobierno. En la APE se considera que el ciclo solo afecta positivamente a la recaudación por IRPF e Impuesto de Sociedades, mientras que la AIReF estima una composición más equilibrada. Respecto a las cotizaciones sociales, la AIReF estima una décima menos por el efecto cíclico.
En cuanto a los gastos, la AIReF considera factible alcanzar la senda descendente de empleos no financieros de la APE durante todo el periodo, si bien pasaría a considerarse improbable en 2021 y 2022 de materializarse el PIB previsto en la APE.
La senda de gastos de la APE prevé un ajuste de 6 décimas del PIB pasando del 41,3% al 40,7% del PIB, que se concentra entre 2019 y 2021 para estabilizarse en 2022, frente a unas estimaciones de AIReF que mantienen una senda relativamente estable en torno al 41% del PIB. Las estimaciones de la AIReF contemplan unos gastos superiores en términos nominales a los que se deducen de la APE en 5 décimas del PIB, que se concentran en la formación bruta de capital y, en menor medida, en la remuneración de asalariados y transferencias sociales en especie.
Reducción del déficit
Como resultado de la evolución descrita, la senda prevista en la APE plantea una reducción del déficit público de 2,5 puntos del PIB en 4 años, que la AIReF considera factible hasta 2021 e improbable, por un estrecho margen, en 2022.
Esta reducción, se explica, en una parte significativa, por la entrada en vigor de varias medidas de incremento de ingresos, algunas de ellas incorporadas en el Plan Presupuestario para 2019, pero no tramitadas por el rechazo al proyecto de los PGE y la convocatoria de las elecciones. Estas nuevas medidas de ingresos suponen un incremento de la recaudación de 5 décimas del PIB, aunque según las estimaciones de la AIReF su impacto sería de 4 décimas.
Además, se incluyen medidas que serían el resultado de la implementación de las propuestas de revisión de gasto público llevada a cabo por la AIReF con un efecto progresivo hacia el final del periodo. Estos ahorros se materializan de manera creciente a lo largo del periodo en mayores cotizaciones por la reducción de incentivos a la contratación y en un menor gasto en subvenciones y en transferencias sociales en especie, rúbrica que recoge el gasto farmacéutico no hospitalario, con un importe global de 2 décimas del PIB.
Según la AIReF, el reparto de objetivos previsto en la APE por subsectores no refleja, nuevamente, la situación real de cada uno de ellos. Por un lado, las Corporaciones Locales vienen registrando un superávit superior a medio punto de PIB. Además, el déficit estimado para las CC.AA. en 2019 fijado en la APE en el 0,3% del PIB difiere del 0,1% incluido en la “Notificación déficit y deuda a la Unión Europea (PDE)”. Por último, la APE prevé una reducción del déficit de los Fondos de la Seguridad Social hasta alcanzar el equilibrio que no resulta plausible en ausencia de medidas.
Por otro lado, la institución afirma que la APE no incorpora información suficiente sobre los riesgos fiscales que pueden afectar a la sostenibilidad de las AA.PP. dificultando la reducción del déficit estructural, como determinadas rúbricas de gastos sometidas a presiones al alza como la remuneración de asalariados, la inversión o la reforma del sistema de rentas mínimas.
Además, las debilidades ya identificadas por la AIReF en el diseño del marco fiscal español pueden conducir a tensiones adicionales sobre el déficit estructural por el agotamiento progresivo del déficit de las CCLL o por la presión al alza del gasto en sanidad y educación que pudiera derivarse de la reforma del sistema de financiación autonómica. Por último, una evolución macroeconómica peor de la prevista como escenario central también supone un riesgo fiscal como se ha señalado anteriormente.
En cuanto a la deuda, la AIReF considera en el límite de lo factible las proyecciones de deuda incluidas en la APE 2019-2022. La senda de la APE de deuda pública sobre PIB descendente durante todo el periodo, con un ajuste acumulado de 8,4 puntos, por encima del escenario normativo de AIReF. Según el análisis de sostenibilidad realizado por AIReF, una política fiscal orientada a conducir la ratio de deuda a su nivel de referencia y que asuma el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, estabilizaría la ratio de deuda en torno al 70%. Sin embargo, son necesarios márgenes para hacer frente a la vulnerabilidad derivada de pasivos contingentes, riesgos geopolíticos, crisis financieras o shocks macroeconómicos.
Por otro lado, la institución considera que la estrategia fiscal prevista en la APE no prevé esfuerzo fiscal en 2019 y distribuye el esfuerzo a realizar de manera uniforme en el período 2020-2022. El grueso de la corrección de los 2,5 puntos prevista por la APE en cuatro años (1,7 puntos) se fía a nuevas medidas que se distribuyen de manera uniforme en el período 2020-2022, con un promedio anual de 0,6 puntos de PIB. La evaluación de la AIReF, si bien coincide en los años 2019 y 2020, difiere en los esfuerzos previstos en 2021 y 2022. Según las estimaciones de la AIReF, el saldo estructural se reduce en casi 1 punto, achacable en su mayoría (2/3) a las medidas de ingresos y en menor medida a los ahorros derivados del proceso de revisión del gasto
Recomendaciones y buenas prácticas
En el informe, la AIReF mantiene algunas de las recomendaciones que ya incluyó en la evaluación preliminar de la APE, como la de asegurar la coherencia entre el cuadro macroeconómico y las proyecciones fiscales en los distintos hitos del ciclo presupuestario, o la de concretar las medidas que se van a adoptar en el marco del procedimiento de revisión integral del gasto comprometido con las instituciones comunitarias y cuya realización, en varias fases y áreas específicas de gasto, se encargó a la AIReF. Además, se mantiene la recomendación relativa a que se agilice la tramitación de las medidas tributarias previstas, de manera que efectivamente puedan estar en vigor a principios de 2020.
Por otro lado, la AIReF incluye una recomendación nueva dirigida al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, puesto que la APE publica por primera vez sus previsiones, lo que supone un importante avance en la transparencia en línea con la sugerencia de buenas prácticas recogida en la Opinión de la AIReF sobre la Sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social. La institución recomienda que este Ministerio haga públicos y accesibles los resultados, datos, hipótesis y metodología que sustentan sus previsiones de gasto en pensiones, de manera que sea posible la replicabilidad de sus estimaciones
Además, la AIReF sigue identificando la necesidad de regular el flujo de información, los procedimientos y el calendario relacionado con el proceso de aval del cuadro macroeconómico, por lo que mantiene la recomendación reiterada de regular el flujo y el calendario de intercambio de información mediante un convenio o “memorando de entendimiento”, en línea con las prácticas habituales en los países de nuestro entorno en la interacción entre el Gobierno y la Institución Fiscal Independiente Nacional.
Finalmente, mantiene vivas otras recomendaciones, como la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2022 sustentada en una senda de reducción de deuda pública, que se traduzca en una estrategia fiscal detallada que contemple un análisis de la evolución del saldo estructural en el medio plazo; la publicación del el análisis y la información que sirve de base para determinar la senda de los objetivos de estabilidad y de deuda para el total de AAPP y para cada uno de los subsectores; o que la estrategia fiscal tenga en cuenta el marco europeo y ofrezca información relevante sobre su cumplimento.
Asimismo, sugiere que se incluyan en la APE las proyecciones presupuestarias para el conjunto de AAPP y para cada uno de los subsectores que incorporen las medidas, visualizándose su contribución a la reducción del déficit previsto, los objetivos de deuda pública distribuidos por subsectores, la información de detalle para el análisis de la regla de gasto para cada uno de los subsectores y mayor información sobre riesgos que, de producirse, puedan afectar a los objetivos de estabilidad presupuestaria o de deuda. Además, recomienda la elaboración de un presupuesto inicial en términos de contabilidad nacional de la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social.

Torres de Notre Dame

domingo, 12 de mayo de 2019

Rubalcaba y Rajoy

sábado, 11 de mayo de 2019

Rubalcaba, un rival admirable

sábado, 11 de mayo de 2019

Rubalcaba, un rival admirable

Fue un hombre indispensable para el PSOE en las épocas más duras de su reciente historia y fue un hombre de Estado en los momentos más decisivos que pasó España en los últimos años

11 mayo 2019 elpais.com

“A nosotros lo que nos falta es un Rubalcaba”. Esa sentencia, que en bastantes ocasiones he escuchado a militantes del PP en momentos de dificultad, merece ser rescatada en homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba, como prueba de la admiración sincera que llegó a despertar entre sus adversarios y como reconocimiento de su valía personal más allá de nuestras diferencias políticas.

Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido una de las personalidades más importantes de la reciente historia de España y como tal merece ser honrado y reconocido. No llegó a ser presidente de Gobierno pero, hasta su retirada de la política, fue una persona decisiva en los distintos Ejecutivos socialistas y también en las labores de oposición. Inteligente, hábil negociador e implacable dialéctico, era un rival temible: brillante y afilado como un bisturí, pero sincero a la hora de negociar y todo lo leal que se puede ser entre contrincantes políticos.

Discrepamos en casi todo a lo largo de muchos años, y nos atizamos muy duro en el Parlamento y en debates electorales, pero a pesar de nuestras profundas diferencias ideológicas compartimos bastantes experiencias en común: ambos desempeñamos las carteras de Educación, de Presidencia y de Interior. Ambos fuimos también vicepresidentes de Gobierno y portavoces del ejecutivo. Cada uno desde los distintos lugares donde nos fueron situando los españoles con sus votos, cumplimos la misión de gobernar o de controlar al ejecutivo con respeto y responsabilidad. Por eso hoy quiero despedirle no como a un rival, sino como al compañero en una dedicación compartida por nuestro país.

Fue un hombre indispensable para el PSOE en las épocas más duras de su reciente historia y fue un hombre de Estado en los momentos más decisivos que pasó España en los últimos años. Su última e importante aportación a la democracia española fue su contribución al feliz resultado del proceso de abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación de don Felipe. Aquellas semanas, casi las últimas de su trayectoria política, pudimos disfrutar del mejor Rubalcaba, inteligente, discreto y prudente, sabedor de la enorme importancia del asunto que estaba en juego y comprometido con su éxito.

Con su marcha, la vida pública española perdió quilates de brillantez; Alfredo Pérez Rubalcaba respondía a un modelo de político ahora en desuso: ni vivía obsesionado por la imagen, ni se perdía por un regate cortoplacista. Sabía mirar más allá del próximo cuarto de hora y contaba con un discurso sólido que merecía ser escuchado porque destacaba por encima de consignas publicitarias y eslóganes ramplones; un discurso que se basaba en la racionalidad y en los argumentos, no en la búsqueda de un enemigo artificial contra el que legitimarse. Tal vez por ello fue un adversario admirable, que nos obligó a dar lo mejor de nosotros en cada momento.

Hoy comparto con muchos españoles un sentimiento de pérdida por quien fue un referente de la política española durante tantos años de entrega a sus ideas y a la vida pública. Y quiero recordar también con respeto y admiración a la persona discreta y afable que siempre encontré detrás del personaje del duro Rubalcaba con el que tanto tuve que batallar a lo largo de mi vida política. Descanse en paz.

Mariano Rajoy

El Gobierno modifica el Reglamento de ejecución de la nueva Ley de Marcas

viernes, 10 de mayo de 2019

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
mincotur.gob.es
Consejo de Ministros
El Gobierno modifica el Reglamento de ejecución de la nueva Ley de Marcas
Las empresas titulares de marcas en España aportan el 41% del empleo, 45% de las exportaciones, 40% del PIB y 55% de la inversión en I+D+i
26.04.19. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. La Ley de Marcas se modificó a finales del año pasado para adaptarla a la directiva europea 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que armoniza los sistemas nacionales de marcas de la Unión Europea para facilitar el registro y gestión de las mismas.
Las modificaciones del Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas se refieren a importantes aspectos procedimentales, entre los que podemos destacar la definición de los nuevos tipos de marcas surgidos por la supresión del requisito de la representación gráfica del signo, efectuado por la reforma de la citada Ley. Así, para adaptarse a las nuevas tecnologías, la marca podrá representarse por cualquier medio (por ejemplo, archivos de audio y vídeo) siempre que el objeto de la protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad y precisión, permitiendo expresamente el registro de marcas de movimiento, multimedia, holograma o sonoras, entre otras.
Así mismo, el nuevo Reglamento establece, de conformidad con la directiva anteriormente citada, los requisitos que han de cumplirse por el solicitante al enumerar los productos y servicios para los que se vaya a aplicar su marca.
Se regulan también pormenorizadamente en el procedimiento de oposición, los plazos y trámites que han de cumplirse para llevar a cabo la prueba de uso de la marca oponente si así fuera pedido por el solicitante.
Finalmente, el Reglamento aborda en un nuevo título IX la regulación de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad de marcas, cuya competencia directa fue atribuida a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la reciente reforma de la Ley de Marcas
Cabe destacar que las empresas titulares de marcas en España aportan el 41% del empleo, 45% de las exportaciones, 40% del PIB y 55% de la inversión en I+D+i.

New York…

viernes, 10 de mayo de 2019

Día soleado en New York

jueves, 9 de mayo de 2019

España remite a la Unión Europea el Programa de Estabilidad 2019-2022 y el Programa Nacional de Reformas 2019

jueves, 9 de mayo de 2019

30 de abril de 2019

mineco.gob.es
España remite a la Unión Europea el Programa de Estabilidad 2019-2022 y el Programa Nacional de Reformas 2019

El Programa de Estabilidad confirma el compromiso con el proceso de consolidación fiscal, que permitirá que la economía española alcance en 2022 el equilibrio presupuestario
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado como prudente el nuevo escenario macroeconómico

El programa de reformas está alineado con las recomendaciones de la Comisión Europea y de los principales organismos internacionales

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha actualizado el Programa de Estabilidad 2019-2022 y el Programa Nacional de Reformas de 2019 para su remisión a la Unión Europea. El envío se efectúa en cumplimiento de la obligación de todos los Estados miembros de presentar cada año en el mes de abril ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad, en el marco del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas.

En ambos documentos, el Gobierno en funciones explica la evolución reciente de la economía española, los avances en la agenda de reformas y el cumplimiento de las recomendaciones específicas formuladas por el Consejo Europeo en julio de 2018, además de exponer el escenario macroeconómico y fiscal a medio plazo.

Programa de Estabilidad 2019-2022

El Programa de Estabilidad detalla el escenario macroeconómico previsto por el Gobierno para el periodo 2019-2022, que prevé que la economía española convergerá gradualmente hacia la tasa de crecimiento potencial y seguirá manteniendo diferenciales de crecimiento positivos respecto a la zona euro.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado como prudente el nuevo escenario macroeconómico.

El crecimiento del PIB de España alcanzó el 2,6% en 2018, en línea con las previsiones del Gobierno. La economía española creció por encima de la media de la zona euro por cuarto año consecutivo y el diferencial de crecimiento positivo se amplió en la segunda parte del año. La economía española ha mostrado un alto grado de resistencia en un contexto internacional menos favorable, gracias al notable dinamismo de la demanda interna y a un intenso proceso de creación de empleo. Esta tendencia positiva continúa en los primeros meses de 2019, ratificada por el avance de Contabilidad Nacional publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que señala un crecimiento del 0,7% del PIB en el primer trimestre, una décima superior al del cuarto trimestre de 2018.

Las previsiones apuntan a que la demanda nacional seguirá siendo el motor del crecimiento en el periodo de proyección. Entre los componentes de la demanda nacional, se espera que el consumo privado siga creciendo a tasas elevadas. La inversión en equipo mantendrá una senda expansiva basada, fundamentalmente, en el crecimiento de la demanda, el saneamiento de los balances de las empresas y las favorables condiciones financieras. En lo relativo al sector exterior, las exportaciones reales de bienes y servicios crecerán a tasas próximas al 3%, superiores a la de 2018 (2,3%). Por su parte, las importaciones crecerán a tasas similares a las de las exportaciones, en línea con la evolución de la demanda.

En este contexto, se prevé que el saldo de la balanza por cuenta corriente seguirá siendo superavitario, situándose en el 0,5% del PIB al final del periodo de previsión y acumulando 10 años consecutivos de superávit exterior, lo que permitirá seguir reduciendo el endeudamiento externo de la economía.

El crecimiento económico seguirá creando empleo, con tasas de variación próximas a las del PIB en todo el periodo de previsión. Con ello, la tasa de paro continuará reduciéndose, hasta situarse por debajo del 14% en 2019 y del 10% de la población activa en 2022, cifra no alcanzada desde principios de 2008.

El Programa de Estabilidad confirma el proceso de consolidación fiscal, con una previsión de reducción del déficit público hasta el 2% en 2019 y un descenso paulatino del mismo en los próximos años que permitirá en 2022 alcanzar el equilibrio presupuestario.

A partir de 2019 se registrarán superávit primarios, lo que posibilitará acelerar la reducción de la ratio de deuda pública sobre PIB, hasta situarse por debajo del 90% al final del periodo de previsión.

Programa Nacional de Reformas

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado también la remisión a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas (PNR).

Este Plan recoge las acciones de tipo estructural para aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía con el fin de hacer frente a los retos futuros. En línea con las recomendaciones de diversos organismos internacionales, con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y con la hoja de ruta que ha guiado la acción del Gobierno, el Programa Nacional de Reformas recoge un conjunto coherente de reformas y acciones para sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo con siete ejes:

(1) Sostenibilidad fiscal y crecimiento inclusivo; (2) Formación y capital humano; (3) Transición ecológica y desarrollo sostenible; (4) Avance científico y tecnológico; (5) Un mercado laboral eficiente y justo (6) Reducción de la desigualdad y protección del Estado de Bienestar y (7) Administración eficiente y modernización de la arquitectura institucional

Islandia rural

miércoles, 8 de mayo de 2019

La Audiencia de Lugo establece un plazo de cinco años desde 2019 para reclamar las cláusulas abusivas en hipotecas

miércoles, 8 de mayo de 2019

Martes, 7 de mayo de 2019 poderjudicial.es

La Audiencia de Lugo establece un plazo de cinco años desde 2019 para reclamar las cláusulas abusivas en hipotecas

El tribunal ha decretado en una sentencia el reintegro, por parte de un banco a dos clientes, de la mitad de los gastos notariales, de gestoría y de tasación relacionados con una hipoteca

Autor:Comunicación Poder Judicial

La sección primera de la Audiencia Provincial de Lugo se ha pronunciado por primera vez sobre el plazo para reclamar a las entidades financieras los gastos derivados de las cláusulas abusivas a la hora de suscribir las hipotecas. El tribunal ha decretado en una sentencia el reintegro, por parte de un banco a dos clientes, de la mitad de los gastos notariales, de gestoría y de tasación relacionados con una hipoteca.

En la resolución, contra la que no cabe presentar recurso ordinario, la sala subraya que la acción de nulidad es “imprescriptible” y, sobre esa premisa, sienta el criterio de que la restitución derivada de los efectos de la nulidad, es decir, el plazo para reclamar el dinero a las entidades financieras, está sometido “al plazo de prescripción genérico de cinco años”. La Audiencia sitúa el inicio del cómputo para exigir la devolución de estos gastos hipotecarios en el 23 de enero de 2019, cuando el Tribunal Supremo sentó doctrina jurisprudencial sobre la cláusula de gastos y los efectos derivados de la misma.

Paisaje. Islandia

martes, 7 de mayo de 2019

El déficit del Estado hasta marzo se sitúa en el 0,54% del PIB, frente al 0,96% del PIB registrado el mes anterior

martes, 7 de mayo de 2019

Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del Estado hasta marzo se sitúa en el 0,54% del PIB, frente al 0,96% del PIB registrado el mes anterior

Martes 30 de abril de 2019

lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su web los datos de déficit del Estado hasta el mes de marzo, así como el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de febrero en términos de contabilidad nacional.

Déficit del Estado de marzo

El déficit del Estado hasta marzo se sitúa en los 6.754 millones, lo que equivale al 0,54% del PIB. Supone un descenso respecto al 0,96% registrado el mes anterior.

En términos anuales, se produce un incremento de 0,19 puntos porcentuales frente al 0,35% existente en los tres primeros meses de 2018. Este comportamiento se debe a un crecimiento de los ingresos no financieros del 1,1%, frente al incremento de los gastos un 6%. Hay que tener en cuenta que en estos primeros meses del ejercicio se recogen una serie de gastos que no tienen su equivalencia en el primer trimestre de 2018. Se trata de la subida de la remuneración de asalariados y de las pensiones, cuya revalorización computó más tarde el año pasado.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros ascienden a 46.049 millones, lo que supone un 1,1% más respecto al mismo periodo de 2018.

Los impuestos y cotizaciones sociales se sitúan en los 42.223 millones, lo que implica un ligero descenso del 0,3%. Esta evolución responde, por un lado, a la disminución de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que caen un 8,9%. El Impuesto sobre Sociedades desciende un 81,9% fundamentalmente por una devolución de actas a una única sociedad por importe superior a 700 millones de euros. Por otro lado, también ha influido el descenso de las cotizaciones por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas, por otros con Régimen de Seguridad Social

Por su parte, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 3,9% hasta los 28.740 millones, destacando el crecimiento un 4,6% del IVA.

Del resto de recursos, destaca el crecimiento un 10,1% de las rentas de la propiedad debido al mayor dividendo a cuenta recibido del Banco de España (un 19,7% superior al del año anterior). Por último, las transferencias corrientes y de capital entre Administraciones Públicas aumentan un 7,1% por los mayores ingresos por el Sistema de Financiación.

Empleos no financieros del Estado

En el primer trimestre del año los empleos no financieros ascienden a los 52.803 millones. Esta situación se debe al aumento de la aportación a los recursos propios de la UE, por IVA y RNB, en un 31,8% hasta situarse en 4.130 millones. También al incremento de las transferencias corrientes, que crecen un 8,7% hasta los 30.463 millones destacando el aumento de las transferencias realizadas a los Fondos de la Seguridad Social un 34,3%.

Los consumos intermedios se elevan un 13,3% como consecuencia de la cobertura de los gastos electorales del ejercicio, sin correspondencia en 2018.

La remuneración de asalariados ha aumentado un 6% debido a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos. Asimismo, también influye la subida de retribuciones tras el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos alcanzado en marzo de 2018 para la mejora del empleo público. En este caso, el incremento retributivo acordado para 2019 es un fijo del 2,25%, frente al 1% de subida existente durante el primer semestre de 2018 ya que, hasta el mes de julio del año pasado, con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, no se llevó a cabo el primer incremento de retribuciones contemplado en el citado acuerdo.

Estos incrementos se ven compensados, en parte, por el descenso de un 8,8% de los intereses de la deuda. También disminuye un 23,2% la inversión por el registro de un gasto de 405 millones en 2018 por el valor estimado de los activos revertidos de las autopistas en quiebra, sin correspondencia en este ejercicio. También cae un 48,9% el resto de empleos corrientes, entre los que se incluye fundamentalmente la cobertura del déficit eléctrico.

Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (febrero)

Hasta febrero de 2019, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, es de 11.908 millones de euros, cifra equivalente al 0,95% del PIB.

Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit se mantiene en el 0,95% del PIB en febrero de 2019.

Administración Central

El déficit de la Administración Central asciende a 12.506 millones a finales de febrero de 2019, el 1,0% del PIB, lo que supone un incremento de 0,08 puntos porcentuales de PIB sobre el mismo periodo de 2018.
•El déficit del Estado en febrero se sitúa en el 0,96% en términos de PIB, alcanzando la cifra de 12.032 millones, un 19,1% más que en 2018. Este mayor déficit se debe al incremento de las transferencias a otras Administraciones Públicas, la mayor aportación a la UE por recursos IVA y RNB, y el registro en 2019 de devoluciones de retenciones indebidas sobre la prestación de maternidad y paternidad.
•Los Organismos de la Administración Central registran a finales del mes de febrero un déficit de 474 millones, frente al déficit de 1.014 millones de febrero de 2018. Esta evolución se debe al crecimiento de los ingresos un 4,3% frente al descenso de los gastos que disminuyen un 10,8%.

Comunidades Autónomas
La Administración regional disminuye su déficit hasta el 0,01% del PIB en febrero 2019, lo que supone un descenso del 72,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta evolución responde fundamentalmente al incremento de los ingresos impositivos en un 8,1%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio que crecen un 9%. También al incremento registrado en las transferencias recibidas de otras administraciones públicas en un 7,3%.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta 5%, los consumos intermedios crecen un 0,7%, la remuneración de asalariados se incrementa un 5,1%, las transferencias sociales en especie crecen un 0,6% y la formación bruta de capital fijo un 1,5%.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un superávit de 773 millones, el 0,06% del PIB, frente al saldo positivo de 1.385 millones registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los recursos se han incrementado un 5,7%, destacando la evolución favorable de las cotizaciones que crecen un 7,2%. Por su parte, los empleos aumentan un 8,5%.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un superávit de 241 millones, el 0,02% del PIB, lo que supone una reducción interanual de 0,07 puntos porcentuales de PIB. Los ingresos por cotizaciones sociales se incrementan un 6,7% mientras que las prestaciones sociales han aumentado un 9,3%, sobre todo por la subida de las pensiones contributivas un 7,7%. Este comportamiento se debe, por un lado, al incremento en un 3% de las pensiones mínimas y en un 1,6% del resto de pensiones, aplicado desde febrero de 2019. Hay que tener en cuenta que en el ejercicio anterior, el primer incremento de las pensiones no se llevó a cabo hasta el mes de julio, con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos para 2018. Ello explica el elevado incremento de esta partida en los primeros meses de este año. También influye la diferencia en el importe medio de las nuevas pensiones respecto de las que causan baja.

El Servicio Público de Empleo Estatal presenta un superávit de 487 millones, el 0,04% del PIB, frente a los 224 millones de febrero de 2018.

Los recursos se incrementan un 11,7%. Esta mejora se debe al aumento un 9,9% de las cotizaciones sociales, que alcanzan los 4.146 millones. Una evolución positiva relacionada con la mejora del empleo y de los incrementos salariales, especialmente la subida un 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional. Por su parte, los gastos aumentan un 5%, destacando el derivado de las prestaciones por desempleo que aumenta un 3,7%.

El FOGASA registra un superávit de 45 millones de euros, inferior en 15 millones al de 2018.

El Reglamento exige aún más transparencia en la concesión de hipotecas: así serán las condiciones

lunes, 6 de mayo de 2019

El Reglamento exige aún más transparencia en la concesión de hipotecas: así serán las condiciones

El 1 de mayo entra en vigor el nuevo Real Decreto de Contratos de Crédito Inmobiliario

Xavier Gil Pecharromán

30/04/2019 – eleconomista.es

A partir de ahora, solo cuando se preste el servicio de asesoramiento de crédito inmobiliario podrá emplearse en la publicidad y en la información precontractual las expresiones asesor, asesoría, asesoramiento o términos que resulten en la práctica análogos, según se establece en el Reglamento de desarrollo de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario.

El Real Decreto, publicado el pasado 29 de abril en el BOE y que tiene su entrada en vigor el 1 de mayo, establece que este asesoramiento, prestado por el prestamista, intermediario de crédito inmobiliario o representante designado, constituye una actividad distinta de las de concesión e intermediación de préstamos inmobiliarios y tendrá que ser objeto de un contrato específico.

El asesoramiento constituirá una actividad distinta de las de concesión e intermediación de préstamos

Por tanto, estos profesionales cuando ofrezcan préstamos inmobiliarios y no ofrezcan este servicio de asesoramiento deberán eludir el uso de los citados términos u otros que en la práctica resulten análogos en la publicidad, en la información precontractual y en el contrato de préstamo inmobiliario, salvo para indicar de forma clara y directa que ese servicio no se incluye entre los servicios que se prestan o van a prestarse, afirmación que es obligatoria en el contrato.

Condiciones de la operación

Por otra parte, el asesor que reciba retribución o cualquier forma de ventaja, directa o indirecta, o vinculada o no con los servicios de asesoramiento, de algún prestamista o de un tercero distinto de la persona asesorada, deberá señalar expresamente en el contrato de asesoramiento este hecho, la periodicidad con la que el asesor vaya a recibir la ventaja del prestamista o del tercero y su cuantía o, cuando no se hubiese pactado cuantía expresa, la fórmula o criterio empleado para determinarla.

Y, además, introduce la norma que se entenderá que un prestamista de crédito inmobiliario está ofreciendo un servicio de asesoramiento en aquellos supuestos en los que los productos que se ofrecen al prestatario son tan solo los del propio prestamista.

El Reglamento establece, por un lado, qué requisitos mínimos deberán cumplirse para poder ofrecer servicios de asesoramiento y que permitirán, a su vez, a las personas que ofrezcan los mismos el uso de los términos asesoramiento independiente y asesor independiente.

El prestamista, intermediario de crédito inmobiliario o representante designado que preste servicios de asesoramiento independiente deberá cumplir, además de los requisitos generales contemplados en el propio Reglamento y en la Ley que desarrolla, la exigencia de presentar al potencial prestatario al menos tres ofertas vinculantes de entidades prestamistas, sobre cuyas condiciones jurídicas y económicas le asesorará y, también, no podrá percibir remuneración alguna por los s servicios de asesoramiento de uno o varios prestamistas o de cualquier tercero interesado en la operación.

Requisitos materiales

Por otro lado, el Real Decreto establece una serie de requisitos formales y materiales de la información que deben ofrecerse al prestatario durante la vigencia del contrato y, por otra parte, se centra en desarrollar diversos aspectos que se consideran necesarios para garantizar los derechos reconocidos a los prestatarios en la Ley 5/2019, de 15 de marzo.

La nueva norma determina que es fundamental garantizar en el sector un elevado grado de equidad, honestidad y profesionalidad, una gestión adecuada de los conflictos de intereses

La norma busca instaurar la confianza, para lo que determina que es fundamental garantizar en el sector un elevado grado de equidad, honestidad y profesionalidad, una gestión adecuada de los conflictos de intereses, en especial los derivados de la remuneración, y exigir que el asesoramiento se preste al servicio de los intereses de los prestatarios, fiadores o garantes.

También, se regulan los requisitos para la inscripción en el registro de los prestamistas de crédito inmobiliario y la información que debe facilitarse al prestatario durante la vigencia del contrato. Así, se hace una referencia a las características generales que debe cumplir toda aquella información que, bien por establecerse en la Ley, en este real decreto, o en otra norma aplicable, bien por recogerse en el contrato de préstamo inmobiliario, debe remitirse al prestatario.

Regula tanto aspectos formales, destacando la necesaria claridad y exactitud a que debe someterse la misma, como otros aspectos materiales tales como la información sobre comisiones y gastos devengados y tipos de interés efectivamente aplicados durante el año anterior, modificaciones del tipo deudor, o información que permita a los herederos de un prestatario, fiador o garante, una vez acreditada tal condición, conocer el estado del préstamo inmobiliario frente al prestamista al tiempo del fallecimiento del causante.

Con el fin de garantizar la adecuada protección de los ciudadanos, las obligaciones de información aquí recogidas, que se refieren exclusivamente al crédito inmobiliario, se ven complementadas por la correspondiente regulación sectorial que recoge las obligaciones de transparencia de otros productos que, eventualmente, puedan contratarse de manera conjunta.

Los prestamistas de crédito inmobiliario tendrán que cumplir una serie de requisitos de gobernanza de obligado cumplimiento.

Medios telemáticos

Además, se establecen las especificidades y requisitos técnicos de los medios telemáticos que deberán emplearse para la remisión al notario de la documentación establecida en la Ley, así como el procedimiento de remisión al notario por el prestamista, el intermediario de crédito o representante designado, en su caso, de la documentación necesaria para dar cumplimiento al principio de transparencia material. A este respecto, el Consejo del Notariado ya ha avanzado que emplearán su propia plataforma, que reúne todas las exigencias de la Ley y el Reglamento.

El Banco de España podrá establecer normas técnicas reguladoras de la forma de acceso a la Central de Información de Riesgos

Se establecen también las condiciones que debe cumplir el seguro de responsabilidad civil profesional o aval bancario de los intermediarios de crédito y su importe mínimo, así como los requisitos específicos de información que deben suministrarse en lo relativo a los contratos de crédito inmobiliario en el marco de las comunicaciones a través de telefonía vocal.

El Banco de España podrá establecer normas técnicas reguladoras de la forma de acceso a la Central de Información de Riesgos.

Autorización previa

Y, finalmente, este Real Decreto deroga la disposición adicional primera del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, a fin de eximir a las entidades de crédito españolas de una autorización previa para que sus emisiones de instrumentos de capital del nivel 1 adicional y capital de nivel 2 computen para cumplir con los requisitos de solvencia.

Señala el texto del Reglamento, que a diferencia de lo que ocurre en España, en la práctica totalidad del resto de países de la Unión Europea estos instrumentos computan como capital regulatorio sin obligación de que exista una previa autorización administrativa.

Así, en esos países, la obligación de aprobación previa solamente se aplica a los instrumentos de capital ordinario de nivel 1, conforme a la normativa de la Unión Europea. La eliminación de este requerimiento de autorización será de aplicación no solo a las nuevas emisiones sino también a los procedimientos de autorización actualmente en curso y no finalizados.

Feliz día de la Madre

domingo, 5 de mayo de 2019

El 81% de la población española dispone de cobertura de Internet a más de 100 Mbp

sábado, 4 de mayo de 2019

17 de abril de 2019 mineco.gob.es

El 81% de la población española dispone de cobertura de Internet a más de 100 Mbps

El Ministerio de Economía y Empresa publica su informe anual de cobertura de banda ancha constatando el progreso continuado en la extensión de la banda ancha ultra rápida en todo el territorio
Con los trabajos en curso, en el año 2020 se prevé que el 98% y el 89% de la población española tendrá acceso a una cobertura de más de 30 Mbps y 100 Mbps, respectivamente. La previsión de más de 100 Mbps para 2021 es del 93,45 poblacional
La cobertura de banda ancha móvil 4G ya llega al 99,5% de la población

El Ministerio de Economía y Empresa ha publicado la edición anual del informe ‘Cobertura de Banda Ancha en España’ correspondiente a 2018. El informe aporta datos actualizados a 30 de junio de 2018 y permite hacer un seguimiento interanual de la evolución del despliegue de la banda ancha en España.

Los datos de la última edición reflejan un aumento de 5 puntos porcentuales en la cobertura de banda ancha de 100 Mbps respecto a la misma fecha del año anterior, que alcanza ya al 81% de los españoles. Por su parte, la cobertura de 30 Mbps alcanza el 85% de la población.

En el año 2020, tras la ejecución de las obras en curso del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), la estimación es que el 88,7% de la población española tendrá cobertura de velocidad superior a 100 Mbps. En la misma fecha, la ejecución de las obligaciones de cobertura de los operadores de 4G impulsada por el gobierno, el 98% de la población tendrá cobertura a velocidades superiores a 30 Mbps.

Para 2021, una vez finalizada la ejecución de los proyectos de despliegue de banda ancha ultra rápida apoyados con la última convocatoria del programa PEBA-NGA, aprobada por el Consejo de Ministros el 15 de marzo y abierta esta semana, se prevé que la cobertura de más de 100 Mbps alcanzará el 93,45% poblacional.

El informe de cobertura publicado hoy recoge también la mejora de la cobertura de redes que ofrecen banda ancha móvil con mayores prestaciones. En particular, la cobertura de 4G alcanza ya al 99,5% de la población.

Otro dato significativo que incluye el informe es el aumento de más de seis puntos en la cobertura de redes de fibra óptica. España dispone de la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) más extensa de Europa con más de 43 millones de accesos.

Evolución de cobertura FTTH (ver gráfico adjunto)

Dentro del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), cofinanciado con FEDER, el Gobierno aprobó en 2018 la concesión de 185 ayudas por 122,67 millones de euros para el despliegue de banda ancha de muy alta velocidad, que facilitará el acceso a 100 Mbps a más de 1.792.000 habitantes en 3.865 entidades singulares de población. En el año 2019, el presupuesto de PEBA-NGA es de 150 millones de euros que se prevé proporcione cobertura de 100 Mbps a aproximadamente 2.196.000 de personas que actualmente no disponen de ella, mayoritariamente en zonas rurales.

La tabla siguiente presenta las coberturas poblacionales por Comunidad Autónoma registradas actualmente y las que se estiman tras la ejecución de los proyectos en curso.

Coberturas poblacionales por Comunidad Autónoma registradas actualmente y las que se estiman tras la ejecución de los proyectos en curso

Comunidad autónoma

≥ 100 Mbps 2018 Estimación ≥ 100 Mbps 2020

Andalucía 77,4% 86,5%
Aragón 79,2% 85,1%
Asturias (Principado de) 80,3% 83,4%
Balears (Illes) 85,6% 88,4%
Canarias 74,6% 86,5%
Cantabria 75,1% 81,0%
Castilla y León 65,4% 78,3%
Castilla-La Mancha 64,4% 86,4%
Cataluña 86,6% 92,3%
Ciudad Autónoma de Ceuta 85,7% 86,1%
Ciudad Autónoma de Melilla 100,0% 100,0%
Comunitat Valenciana 83,4% 92,4%
Extremadura 55,6% 81,2%
Galicia 61,5% 72,7%
Madrid (Comunidad de) 97,1% 99,3%
Murcia (Región de) 78,3% 82,5%
Navarra (Comunidad Foral) 80,1% 86,4%
País Vasco 94,3% 95,7%
Rioja (La) 86,4% 90,7%
TOTAL 80,9% 88,7%

Elaboración y publicación del informe

El informe está elaborado a partir de la información contenida en los mapas de cobertura por tecnología y velocidad elaborados por la Secretaría de Estado para el Avance Digital, con desglose geográfico relativo a cada una de las 61.695 entidades singulares de población existentes en España.

Para su elaboración se utilizaron los datos facilitados por más de 175 operadores, así como los demográficos y censales más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Resulta significativo el aumento del número de operadores de los que se han recogido datos, permitiendo incrementar la precisión del informe.

La pensión media de jubilación se sitúa en abril en 1.135,25 euros al mes

viernes, 3 de mayo de 2019

La pensión media de jubilación se sitúa en abril en 1.135,25 euros al mes

Jueves 25 de abril de 2019 lamoncloa.gob.es

La pensión media del Sistema asciende a 987,93 euros/mes. El sistema público abona 9.715.288 pensiones y la nómina asciende a 9.598,05 millones de euros.

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 9.598,05 millones de euros el pasado 1 de abril, lo que supone un incremento interanual del 5,1%, en términos homogéneos***.

La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), es de 987,93 euros mensuales. En concreto, la pensión media de jubilación asciende a 1.135,25 euros mensuales y la de viudedad se sitúa en 710,57 euros. En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (marzo) es de 1.369,64 euros en el conjunto del sistema.

El Sistema de Seguridad Social abona 9.715.288 pensiones contributivas, un 1,29% más que en abril del año pasado. 6.017.292 son de jubilación; 2.359.938 corresponden a prestaciones de viudedad; 955.675 son prestaciones por incapacidad permanente; 339.993 son de orfandad y 42.390, a favor de familiares.

Cabe recordar que el número de afiliados por pensionista ascendió a 2,3 de media en marzo, último dato publicado por la Seguridad Social. Esta proporción había sido más baja desde el año 2012.

*** El dato del incremento interanual en la nómina de enero, febrero, marzo y abril de 2019, que figura en la estadística adjunta, muestra la tasa de variación, 7,06%, respecto a la nómina correspondiente de 2018, que aún no registraba la revalorización definitiva. Esta se aprobó en el mes de julio y se aplicó con carácter retroactivo al 1 de enero de 2018.

El Gobierno finaliza la transposición de la Directiva sobre contratos de Crédito Inmobiliario

jueves, 2 de mayo de 2019

26 de abril de 2019 mineco.gob.es

El Gobierno finaliza la transposición de la Directiva sobre contratos de Crédito Inmobiliario

La Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero, se completa con el correspondiente desarrollo reglamentario, a través de un Real Decreto y una Orden Ministerial adoptados hoy
La normativa aprobada regula, entre otros aspectos, el régimen de asesoramiento, la información a facilitar a los clientes, la publicidad y los requisitos de formación y competencia que deben cumplir el personal y directivos de prestamistas inmobiliarios e intermediarios que suministran servicios de préstamo inmobiliario
El plazo de transposición de esta Directiva venció en marzo de 2016 y en estos meses se ha solventado el retraso acumulado
Se han incorporado al ordenamiento jurídico español 10 de las 14 Directivas Comunitarias que estaban aún pendientes de transponer en junio de 2018

El Gobierno ha completado la transposición de la Directiva comunitaria sobre Contratos de Crédito Inmobiliario, que estaba pendiente desde hace tres años. El Real Decreto y la Orden Ministerial adoptados hoy completan la Ley de Crédito Inmobiliario aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero.

Las normas refuerzan la protección de los consumidores y establecen un marco de seguridad jurídica para los operadores. Así, en el Real Decreto se recogen, entre otros, los requisitos para la prestación de los servicios de asesoramiento; los requerimientos para la inscripción en el registro correspondiente de los prestamistas de crédito inmobiliario; las especificaciones y requisitos técnicos de los medios telemáticos que deberán emplearse para la remisión al notario de la documentación pre contractual o la información a facilitar a los clientes durante la vigencia del contrato, que deberá ser accesible para las personas con discapacidad.

La Orden regula aspectos concretos como la extensión de las reglas de publicidad de la actividad bancaria a prestamistas e intermediarios de crédito inmobiliario; las Fichas de Información Precontractual y de Advertencias Estandarizadas que han de entregarse a los clientes; los términos de la información de los préstamos en moneda extranjera y los requisitos mínimos de conocimientos y competencia exigibles al personal y directivos de prestamistas inmobiliarios (incluidas las entidades de crédito) e intermediarios. Asimismo, en la Orden se han incorporado las medidas que garantizan el mantenimiento de la protección de los titulares de hipotecas inversas, que se podría haber visto afectado por los cambios introducidos en la regulación inmobiliaria por la nueva normativa.

Se completan así los aspectos pendientes de regular de la Ley de Crédito Inmobiliario. Una Ley que da respuesta y establece un marco de actuación claro que permite reforzar la protección de los clientes, especialmente de los colectivos vulnerables, a través de medidas proporcionadas, mejora de la información e incremento de la transparencia. Asimismo, la Ley proporciona seguridad jurídica a entidades y clientes, aspecto importante para que el mercado de la vivienda funcione adecuadamente y para que los ciudadanos puedan acceder a estos créditos en las mejores condiciones.

Con la incorporación al ordenamiento jurídico de esta norma se ha finalizado la transposición de 10 de las 14 Directivas Comunitarias que en junio de 2018 se encontraban pendientes de transponer en el ámbito del Ministerio de Economía y Empresa. Se trata de normas que regulan aspectos relacionados con el blanqueo de capitales, el funcionamiento de los mercados financieros y la protección de los consumidores, ciudadanos e inversores y cuya transposición garantiza sus derechos.

Enhorabuena Beatriz

miércoles, 1 de mayo de 2019