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2,6 millones de personas no pueden permitirse una conexión a internet

2,6 millones de personas no pueden permitirse una conexión a internet

FeSMC-UGT en Igualdad / Sociedad

29 Jul 2019

ugt.es

El último informe del INE sobe Condiciones de Vida, correspondiente al ejercicio 2018, describe la verdadera dimensión de la exclusión digital en nuestro país por cuestiones tecnológicas: todavía hay más de 2,5 millones de personas que no pueden costearse una conexión a Internet.

Gracias al estudio de los microdatos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, UGT ha podido cuantificar al alcance y volumen de la brecha digital por cuestiones de renta: un 5,53% de los adultos mayores de 16 años declara que no puede permitirse contratar una línea móvil o fija con Internet. En cualquier caso, la ciudadanía desconectada de Internet supera el 18% según los datos del INE.

Paradójicamente, se detecta que el 99,02% de los hogares tienen un ordenador (del tipo que sea). Parece fácil colegir que, si todos los hogares poseen un ordenador, una proporción similar de personas deberían tener acceso a Internet, pero la realidad refuta esta teoría. La falta de conocimientos, en primer lugar, y la incapacidad para costearse una línea con Internet, están detrás de un Brecha Digital inaudita para el cuarto país de la zona euro y la decimosegunda potencia económica del mundo por PIB.

Exclusión social y brecha digital

El análisis de la Encuesta sobre Condiciones de Vida también permite averiguar cómo la penuria económica afecta a la contratación de una línea telefónica, ya sea fija o móvil: 924.000 conciudadanos no pueden sufragar un contrato de teléfono, casi el 5% de la población española.

Cabe recordar que ni Internet ni el acceso a una línea telefónica son artículos de lujo: se trata de servicios imprescindibles en la sociedad del siglo XXI hasta el punto que la ONU considera el acceso a Internet como un Derecho Humano y nuestro acervo legislativo describe el acceso telefónico como un Servicio Universal comparable al acceso al agua o a la energía. Sin lugar a dudas, la exclusión social por cuestiones económicas tiene un reflejo en términos de Brecha Digital y analfabetismo tecnológico. Ser un desconectado digital supone un freno en el desarrollo personal, social, laboral y económico de cualquier persona. Por ello, a los denominados fenómenos de trabajadores pobres y pobreza energética, deberíamos añadir el de penuria digital.

Paradojas de un país con buenas infraestructuras digitales

Y todo esto está ocurriendo en un país que presume de inmejorables infraestructuras digitales: España posee la mejor red de fibra óptica de Europa y una de las más extensas, rápidas y capilares del mundo. La cobertura del 4G alcanza al 99,5% de los hogares y el 77% de la población puede acceder a velocidades de conexión a Internet del orden de los 600 Mbps.

A luz de estos hallazgos, es evidente que se deben complementar los planes de expansión de la banda ancha, los denominados PEBA, sufragados con fondos públicos, con medias complementarias para cerrar la amplia Brecha Digital que sufre nuestra ciudadanía. De nada sirve llevar redes de última generación a todos los hogares si al otro lado de la puerta no existe suficiencia monetaria para poder contratar los servicios o si las personas que los habitan no poseen los conocimientos necesarios para poder usar estas infraestructuras.

En consecuencia, UGT propone dos medidas de alto impacto: en primer lugar, la instauración de tarifas sociales de acceso a Internet para colectivos en situación de vulnerabilidad digital, en línea con los países de nuestro entorno, y de forma simultánea, la puesta en marcha de planes de formación presenciales dirigidos los colectivos fuera del mundo digital, con líneas específicas para colectivos que conciten varios de los precursores identificados (edad, género, renta, formación académica o hábitat rural).

Ambas medidas deben ser financiadas mediante partidas presupuestarias “ad hoc”, que complementen los planes de expansión de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones ya en marcha y deberían ser ejecutados en coordinación con todas las Administraciones Públicas (comunidades autónomas, diputaciones, municipios), al objeto de llegar de la forma más eficaz y directa a todos los excluidos digitales.

Si no se toman estas medias, en opinión de UGT, estaremos abocando al fracaso el esfuerzo inversor de Estado y operadoras en nuevas redes de telecomunicaciones y dejando atrás a millones de personas que quedarán fuera, quizás para siempre, de una sociedad que se está desarrollando en clave digital.


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