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Abogado General Tanchev: El Tribunal de Justicia debería declarar que España no ha adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial

curia.europa.eu
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 43/19
Luxemburgo, 28 de marzo de 2019
Conclusiones del Abogado General en el asunto C-569/17
Comisión / España
Abogado General Tanchev: El Tribunal de Justicia debería declarar que España no ha adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial
España debería ser condenada a pagar una multa coercitiva diaria de unos 106 000 euros hasta que dé cumplimiento a la Directiva
La Comisión ha interpuesto un recurso por incumplimiento contra España por no haber adoptado, antes del 21 de marzo de 2016, las disposiciones necesarias para transponer la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. 1 La Comisión solicita asimismo al Tribunal de Justicia que imponga a España una multa coercitiva diaria de 105 991,60 euros, con efecto a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia por la que se declare el incumplimiento de la obligación de comunicar a la Comisión las disposiciones de transposición de la Directiva.
Este asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de pronunciarse, por primera vez, sobre el artículo 260 TFUE, apartado 3, introducido por el Tratado de Lisboa, que permite a la Comisión interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia sobre la base de que «un Estado miembro ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo» y solicitar al Tribunal de Justicia que imponga al mismo tiempo sanciones pecuniarias a dicho Estado miembro.
En sus conclusiones de hoy, el Abogado General Evgeni Tanchev propone al Tribunal de Justicia que declare que España ha incumplido sus obligaciones de informar y que, en consecuencia, imponga una multa coercitiva diaria. El Abogado General defiende asimismo una interpretación amplia acerca de cuándo un Estado miembro «ha incumplido la obligación de informar» sobre las medidas de transposición con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, en el sentido de que tal incumplimiento comprende la transposición incompleta o incorrecta.
El Abogado General señala que España no niega haber incumplido la obligación de adoptar las medidas necesarias para transponer dicha Directiva a su Derecho interno y de comunicar tales medidas a la Comisión. Por consiguiente, propone que el Tribunal de Justicia declare que la primera pretensión de la Comisión es fundada.
A continuación, el Abogado General examina el significado del incumplimiento por parte de un Estado miembro de «la obligación de informar» a efectos del artículo 260 TFUE, apartado 3. Tras un análisis de la redacción, la génesis, los objetivos y el contexto de la mencionada disposición, el Abogado General concluye que el artículo 260 TFUE, apartado 3, ha de interpretarse en el sentido de que se refiere al incumplimiento por parte de un Estado miembro de una obligación «sustantiva» de efectuar la transposición, lo que comprende tanto la ausencia absoluta de comunicación de cualquier medida de transposición como la notificación por un Estado miembro de medidas que constituyen una transposición incompleta o incorrecta de la Directiva en cuestión.
Seguidamente, el Abogado General analiza la evaluación de las sanciones pecuniarias en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 3. Más concretamente, el Abogado General estima que la Comisión debería poder utilizar el mismo método para calcular las sanciones pecuniarias que ella propone con arreglo a disposiciones similares del TFUE. Asimismo, considera que, sobre la base del artículo 260 TFUE, apartado 3, el Tribunal de Justicia puede imponer el pago de una suma a tanto alzado, así como una multa coercitiva, o una sanción pecuniaria que no haya propuesto la Comisión, dentro del límite al importe de la sanción pecuniaria que establece la referida disposición. A su juicio, ese límite afecta únicamente al importe de la sanción pecuniaria y no restringe la facultad de apreciación del Tribunal de Justicia en cuanto al tipo de sanción pecuniaria que debe imponerse.
En el caso de autos, el Abogado General considera que la imposición de una multa coercitiva es adecuada como medida persuasiva y que procede desestimar la alegación de España de que se trata de una sanción desproporcionada. También recomienda que el Tribunal de Justicia use como fecha de inicio de la duración de la infracción la fecha de referencia que figura en el dictamen motivado. A la luz del límite máximo establecido en el artículo 260 TFUE, apartado 3, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que imponga una multa diaria que ascienda hasta el pleno importe indicado por la Comisión.
NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.
1 Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (la denominada Directiva sobre créditos hipotecarios) (DO 2014, L 60, p. 34).
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.


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