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Acceso a la información ambiental y urbanística

Acceso a la información ambiental y urbanística

Publicado el 29 de agosto de 2016 en Medio ambiente, Urbanismo

defensordelpueblo.es
Uno de los motivos mas frecuentes por los cuales los ciudadanos se quejan ante el Defensor del Pueblo es la falta de contestación a sus peticiones de información, en particular, sobre la información urbanística y medioambiental.

Respecto a la información urbanística, los ciudadanos se dirigen a sus Ayuntamientos requiriéndoles información, respecto de la clasificación o calificación de determinados terrenos o, con mucha mayor frecuencia, sobre las licencias otorgadas por las corporaciones municipales, en particular, sobre las condiciones establecidas en las licencias, impuestas al titular de las mismas para un correcto ejercicio de la actividad.

Los Ayuntamientos muchas veces o bien responden con mucho retraso y tras varias peticiones de los particulares, o proporcionan una información incompleta remitiéndose al cumplimiento de lo establecido en las leyes de forma genérica, o incluso se niegan a proporcionar la información alegando el derecho a la protección de datos personales e incluso el secreto de la propiedad industrial.

En el caso de la información ambiental, las administraciones son generalmente renuentes a proporcionar la misma, especialmente si se trata de documentación no accesible al público en general y que ha servido de base para adoptar decisiones, o si se trata de peticiones de información sobre las medidas adoptadas o a adoptar por las autoridades oficiales ante un problema concreto. En otros casos, incluso se llega a negar el carácter ambiental de la información, o se alega la prioridad de otros derechos, como se ha mencionado en el párrafo anterior.

En unos y otros casos el Defensor del Pueblo recuerda a las administraciones que la obligación de proporcionar información contenida en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente debe interpretarse de la forma más amplia posible, y que la protección de datos personales y el respeto a la propiedad industrial no son justificación suficiente para dejar de proporcionar la información.


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