Raquel Sánchez anuncia en Palma la firma de un convenio que facilitará el acceso a la vivienda a más de 800 familias

Raquel Sánchez anuncia en Palma la firma de un convenio que facilitará el acceso a la vivienda a más de 800 familias

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana – 27.5.2022

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha visitado Baleares para anunciar un acuerdo sobre el Cuartel de Son Busquets y para poner la primera piedra de 25 viviendas sociales en alquiler en Palma.

La ministra Raquel Sánchez ha mantenido una reunión, en la sede del Gobierno balear, con la presidenta de Illes Balears, Francina Armengol, tras la que ha anunciado que Mitma y el Ministerio de Defensa han llegado a un acuerdo respecto al Cuartel de Son Busquets por el que se redactará un convenio, que será firmado a finales de este año, y que facilitará la construcción de viviendas para más de 800 familias.

La ministra Raquel Sánchez y la presidenta de Illes Balears, Francina ArmengolLa ministra Raquel Sánchez (derecha) y la presidenta de Illes Balears, Francina Armengol

La titular de Mitma, que ha estado acompañada por la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha valorado el trabajo conjunto realizado desde el Gobierno, el Govern y el impulso decidido del alcalde Palma, José Hila, para llegar a este acuerdo que supone la constatación del compromiso del Ministerio con la vivienda en esta comunidad autónoma, a través de proyectos ambiciosos sobre alquiler asequible, rehabilitación y regeneración urbanas.

Inversiones de Mitma para vivienda en Baleares
Durante su intervención, la ministra ha puesto de manifiesto la apuesta de Mitma por la vivienda en Baleares, con unos objetivos muy marcados y para lo que se van a invertir este año 8 millones de euros del Plan Estatal 2022-2025. A esto, hay que sumar otros 4,8 millones del Bono de Alquiler Joven.

Durante el repaso de temas con la presidenta balear, Raquel Sánchez también ha expuesto la aplicación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de los que el Ministerio ya ha transferido más de 52 millones a Baleares con los objetivos de rehabilitar 8.737 viviendas para la recuperación económica y social en entornos residenciales y, además, construir 492 viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Un esfuerzo de coordinación y cooperación administrativa que, según la ministra, también va a hacer realidad las 25 viviendas del plan de alquiler asequible del edificio de la calle Lope de Vega, 3, en Palma, cuyo inicio de obras han visitado hoy.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por el desbloqueo del proyecto en Can Escandell, en Ibiza, donde serán una realidad 532 viviendas protegidas de las que 464 serán aportadas por Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo del Ministerio, y cuyas obras se espera empezar a principios de 2023.

Mitma garantiza la movilidad y la conectividad del archipiélago
Por otra parte, Raquel Sánchez ha anunciado que el Gobierno de España va a apoyar y financiar el proyecto del Tranvía de la Bahía de Palma, una infraestructura que es clave para transformar la movilidad urbana y el transporte público en Palma y de gran trascendencia para una ciudad cuyo aeropuerto puede llegar a mover 41 millones de pasajeros al año.

Según ha afirmado la ministra, el Ministerio lo valora positivamente por su importancia para la movilidad cotidiana y su ayuda a la descarbonización.?

En la reunión con la presidenta de Baleares, la ministra ha mostrado la firme determinación del Ministerio para garantizar la conectividad del archipiélago, como ya se concretó desde junio de 2018 cuando se solventaron las dificultades para aplicar el descuento del 75% al transporte de los residentes no peninsulares con el resto del territorio nacional y que, en los actuales presupuestos, se refleja la continuidad de este compromiso con la dotación de 270 millones de euros.

Raquel Sánchez, por último, ha asegurado que el compromiso del Ministerio es el de garantizar una vivienda digna y asequible, garantizar su movilidad, garantizar oportunidades y garantizar las inversiones necesarias para conseguirlo con Baleares.

Para ello, Mitma dispone este año de unos presupuestos que superan los 500 millones de euros y que ya se están materializando y ejecutando, dado que en los tres primeros meses del año ya se han ejecutado más de un tercio de las inversiones previstas y, las cifras de licitación en Baleares, superan en un 8% las realizadas en el mismo periodo del pasado año.

Primera piedra de 25 viviendas en Palma
La ministra Raquel Sánchez en el acto de puesta de la primera piedra de 25 viviendas en PalmaLa ministra Raquel Sánchez en el acto de puesta de la primera piedra de 25 viviendas en Palma

Durante su visita a Palma, Raquel Sánchez también ha presidido el acto de puesta de la primera piedra para la construcción de 25 viviendas asequibles de protección pública en la ciudad, acompañada por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio, David Lucas. Dos de las viviendas estarán adaptadas para personas con discapacidad y el edificio será levantado siguiendo un modelo sostenible.

El edificio se ubicará en la calle Lope de Vega de la ciudad y se edificará con la técnica de la minería urbana del siglo XXI que utiliza y recicla los materiales de los edificios demolidos para construir los nuevos. Este tipo de actuaciones, tal y como ha remarcado la ministra, sitúa a las Illes Balears en la vanguardia del nuevo modo de concebir la producción sostenible en el ámbito de la construcción.

Asimismo, ha reivindicado acciones concretas como esta construcción para promover el acceso a una vivienda asequible, especialmente en las zonas más tensionadas. Al respecto, ha apuntado que hacerlo en zonas como las Illes Balears es una prioridad para el Ministerio.

Plan de Vivienda para Alquiler Asequible
La construcción de estas 25 viviendas en este edificio forma parte del acuerdo firmado con el Consell de Mallorca y el Govern Balear que supondrá la financiación de 10 promociones de vivienda en esta Isla y la construcción de 177 viviendas para el alquiler asequible o social, en el marco del Plan de vivienda para el alquiler asequible.

En este contexto, la ministra ha recordado que el objetivo del Gobierno es poner a disposición de las familias 100.000 viviendas a través de diversas fórmulas como los Planes Estatales, los convenios con las entidades locales y el impulso directo a la construcción de viviendas en suelo público con colaboración de Sepes.

En esta línea, ha anunciado que Son Busquets, una de las actuaciones largamente anheladas de este Plan, muy pronto comenzará a ser una realidad. Que esto suceda, tal y como ha remarcado Raquel Sánchez, es gracias al esfuerzo, al trabajo y al diálogo entre el Estado, Illes Balears y Ayuntamiento de Palma.

Ley de Vivienda, Planes Estatales y Plan de Recuperación
Además del Plan de alquiler asequible, la ministra ha mencionado otras medidas en materia de vivienda, como la Ley de Vivienda, los planes estatales y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Respecto a la futura Ley de Vivienda que se está tramitando, la ministra ha dicho que se configurará como una herramienta fundamental al ser la primera norma que regula las políticas de vivienda como servicio público de interés general y que blinda dicha función.

Por su parte, ha explicado que los planes estatales de vivienda se han convertido en un mecanismo decisivo que permite afrontar, a través de las comunidades autónomas, numerosas situaciones con un marcado carácter social.

De hecho, ha concretado que el Plan Estatal 2018-2021 ha permitido financiar la construcción en Illes Balears de 61 viviendas destinadas al alquiler asequible, 97 al fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad y la rehabilitación de 96 viviendas, entre otras actuaciones.

Respecto al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, ha remarcado que cuenta con una aportación del Estado que superará los 32 millones de euros en las Islas y que irá destinado sobre todo al fomento del alquiler asequible.

PRTR: 52 millones para rehabilitación y alquiler asequible en Baleares
Sobre el Plan de Recuperación, la ministra ha asegurado que en las Illes Balears ya se han distribuido unos 52 millones de fondos europeos destinados a los programas de rehabilitación de barrios y edificios, incluida la de edificios públicos, y a proyectos de construcción de viviendas para el alquiler asequible o social en edificios energéticamente sostenibles.

Con todo, la responsable de Mitma ha incidido en que desde el Ministerio se está impulsando, junto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, una política muy ambiciosa para garantizar el alquiler asequible, la rehabilitación y la regeneración urbana, así como la Agenda Urbana Española como guía para la sostenibilidad social, económica y medioambiental de las ciudades.

El IPC sigue en cifras escandalosas y se acerca cada vez más al subyacente

Sindicato USO

El IPC sigue en cifras escandalosas y se acerca cada vez más al subyacente

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13 mayo, 2022 Notas de prensa

Los precios relacionados con vivienda y transporte siguen soportando subidas inasumibles, a las que se suma la alimentación

El IPC de abril sube un 8,3% y la tasa subyacente sube hasta el 4,4 %. “Y hemos visto que la lectura que se hace de ello es que sube un punto y medio menos que en marzo, y que los grupos de vivienda y transporte también suben menos que en marzo. En USO nos parece una burla decir que, con un alza de precios del 8,3 % nos tengamos que alegrar de que sube punto y medio menos que en marzo. No, la inflación está en el 8,3 % y eso es escandaloso, para la economía en su globalidad, pero, especialmente, para los trabajadores y los hogares”, manifiesta Joaquín Pérez, secretario general de USO.

El alza en los precios relacionados con la vivienda se sitúa en el 18,8 %; y la del transporte, en el 12,8 %. “Datos que se destacan como buenos, por su bajada con respecto a marzo, pero que, repetimos, son escandalosos”, incide Pérez.

A esto hay que sumarle “el aumento en los precios de la alimentación, 10,1 % anual y 3 puntos por encima de marzo, pero también el ocio y los cafés y restaurantes. Los altos precios de la energía y el transporte están ya repercutiéndose en el resto de productos, como se observa en que la inflación subyacente haya subido un punto y esté más cerca de la inflación real. Ya no sirve ni la excusa de que hay que observar ese indicador porque es el más fiable. O se actúa sobre la política energética, o los precios se desbocarán, usemos el indicador que usemos”, advierte el secretario general de USO.

Por ello, Joaquín Pérez vuelve a pedir “ligar los salarios a la inflación, al IPC real, no al subyacente o a cualquier otro invento, como se hizo con las pensiones. La cláusula de revisión salarial tiene que servir para, como mínimo, no perder poder adquisitivo. Hablar de 1, 2 %, productividad completamente subjetiva… es asumir que la subida de precios la volveremos a pagar los trabajadores. Vale ya de tanta pasividad, llevamos ya demasiados meses de empobrecimiento de la sociedad”.

La Oferta de Empleo Público para 2022 contempla 7.677 plazas para la Administración de Justicia

La Oferta de Empleo Público para 2022 contempla 7.677 plazas para la Administración de Justicia

25/05/2022

La Oferta de Empleo Público para 2022 contempla 7.677 plazas para la Administración de Justicia

Un total de 1.732 plazas corresponden a la OEP ordinaria, mientras que las restantes 5.945 pertenecen a la OEP extraordinaria de estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado

.Estas plazas, que serán convocadas en los próximos meses, se distribuyen entre el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia y entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de personal.

25 de mayo de 2022.- Las Ofertas de Empleo Público (OEP) ordinaria y extraordinaria de estabilización de empleo temporal de 2022 en el ámbito de la Administración General del Estado contemplan un total de 7.677 plazas para la Administración de Justicia, según se recoge en los Reales Decretos 407/2022 y 408/2022 publicados hoy en el BOE.

Estas plazas, que se distribuyen entre el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia y entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de personal, serán convocadas en los próximos meses.

De este conjunto de 7.677 plazas, 1.732 corresponden a la OEP ordinaria para este año. De ellas, 940 plazas serán de turno libre y las otras 792 se destinarán a la promoción interna, en una muestra de la decidida apuesta del departamento que dirige Pilar Llop por potenciar este sistema.

En esta misma línea, el pasado mes de marzo se convocaron otras 985 plazas de estas características, correspondientes a ofertas pendientes de ejercicios anteriores.

Reparto

Del total de plazas recogidas en la OEP ordinaria para la Administración de Justicia, 328 corresponden al territorio Ministerio, mientras que a las comunidades autónomas con competencias transferidas se reservan 1.404 plazas. El reparto final de todos estos puestos de trabajo será fijado en las convocatorias concretas de los procesos selectivos correspondientes.

Por otra parte, 5.945 plazas se destinan a la OEP extraordinaria de estabilización de empleo temporal en la Administración de Justicia. De ellas, 1.776 corresponden al territorio Ministerio, mientras que las 4.169 restantes se reservan a las comunidades autónomas con competencias asumidas. Estas plazas deberán estar convocadas antes de finalizar este año, como se prevé en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que responde a un compromiso adquirido con la Comisión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los procesos selectivos tendrán que estar finalizados antes del fin de 2024, con lo que se conseguirá reducir la temporalidad en la Administración de Justicia por debajo de un 8% respecto al total del personal.

Novedades

A nivel general, las OEP ordinaria y extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado cuentan con un total de 44.787 plazas. De ellas, 34.151 corresponden a la oferta ordinaria, y las 10.636 restantes, a la oferta de estabilización. También, se acumularán todas las OEP de 2020 y 2021 que aún no hayan sido convocadas a las de la OEP 2022.

Además, el Real Decreto que regula la OPE ordinaria introduce algunas novedades en cuanto a la selección. Estas novedades derivan del documento de Orientaciones presentando en mayo de 2021, fruto de las aportaciones realizadas por los sectores más representativos del empleo público, como son todas las administraciones públicas (incluida la UE), organizaciones sindicales, asociaciones profesionales y personas que preparan oposiciones.

Se introducen, así, medidas para promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Entre ellas, destacan la elaboración y puesta a disposición de manera gratuita de materiales de ayuda a la preparación de las oposiciones, como los códigos normativos elaborados por el BOE.

También se contempla la elaboración de un estudio de ayudas económicas, siguiendo el camino emprendido por el Ministerio de Justicia en sus ayudas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado.

Un juez de Pamplona plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma foral que grava la plusvalía municipal

Miércoles, 25 de mayo de 2022

Un juez de Pamplona plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma foral que grava la plusvalía municipal
Considera que el artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995, modificada por la Ley 19/2017, regula el método para determinar la base imponible del impuesto de idéntica forma al método establecido en los artículos ya declarados inconstitucionales de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Autor Comunicación Poder Judicial

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, modificada por la ley 19/2017, “por su eventual oposición a la prohibición de confiscatoriedad contenida en el artículo 31.1 de la Constitución Española”.

En el auto, contra el que no cabe recurso, el juez explica que la duda de inconstitucional sobre la norma foral que grava la plusvalía reside en dos aspectos. En primer lugar, “en la medida en que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo que media entre su adquisición y transmisión, con independencia de que efectivamente haya existido ese incremento de valor”.

Y, en segundo término, añade el magistrado, en que “en aquellos casos en que existe incremento de valor, fija la base imponible del impuesto con total desconexión de la cuantía real de ese incremento”.

En este sentido, el juez cita una sentencia del Tribunal Constitucional —182/2021—, cuya redacción es análoga a la establecida en el artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995. “Y a juicio del Tribunal Constitucional, la relación existente entre la cuota tributaria resultante a raíz de aplicar las reglas de determinación de la base imponible y aplicar el tipo impositivo, y el efectivo incremento de valor experimentado, supone una carga fiscal excesiva, hasta el punto de incurrir en la prohibición de confiscatoriedad que opere a modo de límite al gravamen”, indica.

Es decir, en el presente caso, argumenta el magistrado, el artículo 175 de la Ley Foral 2/1995 regula el método para determinar la base imponible del impuesto de idéntica forma al método establecido en los artículos declarados inconstitucionales de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, por lo tanto, resulta contrario al principio de capacidad económica, por lo que procede plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del citado artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995 en línea con la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021.

Este pleito tiene su origen en un recurso contencioso administrativo interpuesto contra una resolución del Ayuntamiento de Pamplona de 17 de septiembre del 2021 relativa a la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Admitido a trámite el recurso, la vista oral se celebró el pasado 10 de marzo. La parte recurrente se ratificó en la demanda, mientras que el Ayuntamiento de Pamplona se opuso. El asunto quedó visto para sentencia.

Sin embargo, el 1 de abril el juez dictó una providencia (resolución judicial) en la que advertía de la posible existencia de un supuesto de inconstitucionalidad en los artículos 175 y 176 de la citada ley foral. Dio traslado al Ministerio Fiscal y al Ayuntamiento de Pamplona para que presentaran alegaciones, tras lo cual ha dictado este auto en el que plantea al Tribunal Constitucional esta cuestión.

El empleo turístico supera por vez primera el nivel prepandemia con 2,5 millones de afiliados

Ministerio de industria, comercio y turismo

Datos de Turespaña

El empleo turístico supera por vez primera el nivel prepandemia con 2,5 millones de afiliados

El turismo aporta el 42% del empleo creado en el último año con 465.978 nuevas altas 19 de mayo de 2022. El empleo en el sector turístico superó en el mes de abril el nivel prepandemia por vez primera con 2.555.064 afiliados a la Seguridad Social, según los datos publicados hoy por Turespaña. En el último año se han generado 465.978 nuevas altas de trabajadores vinculados a actividades turísticas, lo que supone un crecimiento del 22,3%, continuando la tendencia que se inició en junio de 2021. Así, en abril los trabajadores en alta laboral en el sector representaron el 12,7% del total de afiliados en la economía nacional.

“Dos años después de la peor crisis que ha enfrentado el turismo en toda su historia, España recupera los niveles de empleo que antes de la pandemia. En la crisis anterior de 2009, con un impacto mucho menor, el empleo en turismo tardó seis años en recuperarse, lo que demuestra que las recetas aplicadas en esta ocasión, con medidas para sostener a empresas y trabajadores como los ERTEs, los avales del ICO o las ayudas directas, han sido más eficaces a la hora de favorecer una recuperación rápida del turismo en nuestro país.
Además, el empleo sale fortalecido de la crisis porque se crea trabajo de más calidad, como evidencia el fuerte incremento de la contratación indefinida fruto de la reforma laboral”, ha valorado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Ramas de actividad

El crecimiento del empleo se dio en todas las ramas turísticas: la hostelería suma en el último año 357.342 nuevas altas (226.406 en los servicios de comidas y bebidas y 130.936 en los servicios de alojamiento); las agencias de viaje dieron de alta a 4.567 trabajadores, mientras que las otras actividades turísticas aumentaron en 104.069 afiliados.

En un 80,7%, los afiliados del sector turístico son asalariados (con un crecimiento del 28,2% con respecto al mismo mes de hace un año), mientras que los autónomos representan un 19,3% (han aumentado en el último año un 2,7%.

Por CCAA

El empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viaje/operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas. En cifras absolutas, los mayores incrementos se dieron en Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Comunidad de Madrid.

En términos relativos, destaca el aumento interanual de Baleares, que más que duplica las cifras del año pasado con un crecimiento del 125,5%, seguida de Andalucía, con un ascenso del 33,6%.

El Gobierno aprueba el PERTE de microelectrónica y semiconductores para situar a España como un país de referencia en el diseño y la fabricación de chips

24 de mayo de 2022

El Gobierno aprueba el PERTE de microelectrónica y semiconductores para situar a España como un país de referencia en el diseño y la fabricación de chips

https://portaledicion.mineco.gob.es/MediaNoticia/mineco/prensa/imagenes/2022/05/220524_np_perte.jpeg

Movilizará una inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027, situándose como el proyecto estratégico con mayor inversión de los diez aprobados hasta la fecha y tendrá un efecto multiplicador en el conjunto de la industria.

El proyecto tiene como objetivo desarrollar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la UE en este sector, en línea con lo previsto en la Ley Europea de Chips recientemente propuesta.
Articulará actuaciones en todos los eslabones de la cadena de valor, desde el diseño a la fabricación.

Sobre la base de los activos estratégicos en los que España está mejor posicionada, se desplegarán medidas en torno a 4 ejes para reforzar las capacidades de I+D+i, el diseño de chips, la construcción de plantas de fabricación de semiconductores y la dinamización de la industria electrónica y de tecnologías de la información (TIC) en España. Asimismo, se apoyará la participación de empresas españolas en los proyectos estratégicos desarrollados a nivel europeo (IPCEIs)

Esta iniciativa desplegará mecanismos de colaboración público-privada para promover las inversiones necesarias y se desarrollará de forma coordinada entre las administraciones públicas, la industria, las universidades y los centros de investigación.
Se creará un Fondo de chips, dotado inicialmente con 200 millones de euros para financiar startups y scaleups del sector de los semiconductores español y afianzar su posición en el mercado nacional y europeo.

Para asegurar la coordinación y efectividad de las actuaciones previstas, se crea el Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectrónica y Semiconductores, que dirigirá una persona de reconocido prestigio internacional en este ámbito, Jaime Martorell Suárez, apoyado en un grupo de trabajo interministerial y un grupo de expertos del mundo científico, académico y empresarial de referencia.

El Consejo de Ministros ha acordado hoy, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la aprobación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El PERTE Chip tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España desde una perspectiva integral y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la UE en este sector, en línea con lo previsto en la Ley Europea de Chips recientemente propuesta por la Comisión Europea.

El PERTE Chip se desarrollará en torno a cuatro ejes estratégicos, abarcando toda la cadena de valor de la industria en distintas fases: concepción, diseño y producción de chips y dinamización de la industria electrónica y de tecnologías de la información y comunicación (TIC), para que actúe como generadora de demanda de los microchips producidos, e impulso al ecosistema emprendedor de semiconductores. Esta visión integral ejercerá un efecto multiplicador para el conjunto de la economía española.

Está previsto que este proyecto estratégico movilice una inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027, financiado con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, y activará a su vez un importante volumen de inversión privada.

También desplegará mecanismos de colaboración público-privada para promover las inversiones necesarias y se desarrollará de forma coordinada entre las administraciones públicas, la industria, las universidades y los centros de investigación.

Potenciación de las fortalezas

La escasez de semiconductores a escala mundial desencadenada por los cuellos de botella en el suministro derivados de la pandemia ha puesto de manifiesto en Europa la necesidad de acelerar la autonomía en la fabricación de chips.

España está muy bien posicionada en diversos activos estratégicos: en el desarrollo de arquitecturas alternativas como RISC-V, donde el Centro Nacional de Supercomputación – Barcelona Supercomputing Center, es un centro de referencia internacional; en fotónica integrada, donde nuestro país es considerado a nivel mundial a través del papel que desempeñan las Universidades Politécnica de Valencia, Vigo y Madrid; en el ámbito del desarrollo de chips cuánticos, con el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como con el proyecto Quantum Spain, en el que participan 25 centros ubicados en 14 Comunidades Autónomas, como las universidades de Granada, Sevilla, Zaragoza, País Vasco o Islas Baleares, por señalar algunas.

Además, el crecimiento de la demanda de semiconductores en sectores tractores como la automoción (en el que España es el segundo productor de vehículos de la UE), la fabricación de máquinas herramientas (somos el tercer productor y exportador de UE y noveno del mundo) o los electrodomésticos, justifican las economías de escala necesarias para desarrollar estas actuaciones. Este incremento se acelerará en los próximos años y se sumarán otros ámbitos como las telecomunicaciones, la industria aeroespacial, el transporte ferroviario, defensa y la construcción de infraestructuras.

Las medidas del PERTE

Con el objetivo de impulsar la capacitación, diseño y producción de la industria de semiconductores y microelectrónica en España, se pondrán en marcha once actuaciones en torno a cuatro ejes estratégicos, que engloban toda la cadena de valor para la producción de microchips:

Refuerzo de la capacidad científica. Con actuaciones para fortalecer la I+D+i sobre microprocesadores de vanguardia y arquitecturas alternativas y la fotónica integrada, desarrollar chips cuánticos y lanzar una línea de financiación para reforzar el Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación. Se prevé una inversión de 1.165 millones de euros para el periodo 2022-2027.

Estrategia de diseño. Incluye actuaciones que potenciarán la capacidad española en el diseño de microprocesadores mediante la creación de: empresas fabless de diseño de microprocesadores de vanguardia y arquitecturas alternativas; líneas de pilotos de pruebas; red de capacitación en materia de semiconductores. Se destinarán 1.330 millones de euros para este eje.

Construcción de plantas de fabricación. Para dotar la capacidad de producción nacional de semiconductores en la fabricación de tecnología de vanguardia (por debajo de 5 nm) y de gama media (de más de 5 nm). La inversión pública presupuestada es de 9.350 millones de euros.

Dinamización de la industria de fabricación TIC. Contempla actuaciones como la creación de un fondo de capital centrado en los chips para financiar startups, scaleups y pymes innovadoras del sector de semiconductores nacional, con una dotación pública inicial de 200 millones de euros. También se dirige a fortalecer la producción interna de productos electrónicos –que utiliza los microchips como input- para que ejerza de sector tractor sobre la industria de los semiconductores y absorba parte de su producción. El presupuesto estimado asciende a 400 millones de euros.

Creación de un Comisionado Especial para la gobernanza del PERTE

Para asegurar la coordinación, efectividad y coherencia de las actuaciones, en las que participan varios departamentos (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, entre otros) se ha articulado un sistema de gobernanza liderado por el Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectrónica y Semiconductores, de nueva creación.

Esta unidad, de perfil directivo y técnico, se encargará de impulsar y coordinar las acciones del PERTE. Entre sus funciones, destacan: establecer un contacto permanente con la industria nacional y extranjera; valorar la viabilidad de los proyectos, en coordinación con las comunidades autónomas y los municipios; o ayudar a constituir las iniciativas empresariales en el marco de la Ley Europea del Chips.

La gobernanza se completa con una comisión interministerial, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y un grupo de expertos del mundo científico, académico y empresarial de referencia.

El Comisionado estará dirigido por Jaime Martorell Suarez, experto en el sector de la Microelectrónica y de las Telecomunicaciones. Fue uno de los pioneros en Silicon Valley al fundar en 1983 la empresa de semiconductores Logic Devices. En 1987, volvió a España como director general de ATT Microelectrónica, en la fábrica de chips de Tres Cantos, en Madrid. Ha sido presidente de Motorola en España y Director General de ONO, sólo por mencionar algunos de los cargos que ha ocupado. Cuenta con una experiencia de más de 40 años en el lanzamiento y gestión de empresas tecnológicas a nivel internacional.

Hacia una mayor soberanía digital y autonomía estratégica de España y la UE

La puesta en marcha del PERTE de Microelectrónica y Semiconductores se produce como respuesta del Gobierno a la necesidad de incrementar la capacidad de producción de semiconductores con el objetivo de lograr autonomía estratégica en España y en la UE.

Dada la elevada demanda actual en la sociedad digital y la alta dependencia a un número limitado de actores localizados fuera de la UE, como se ha puesto de manifiesto en el complejo contexto geopolítico actual, la Comisión Europea publicó una Comunicación en la que se ha fijado el objetivo de lograr que la producción de semiconductores de vanguardia en la UE alcance el 20% de la producción mundial en 2030.

El pasado mes de febrero propuso la Ley de Europea de Chips, que establece el marco para alcanzar esa meta que contribuirá a incrementar la autonomía estratégica y la soberanía digital entre los 27 Estados Miembros.

En este contexto, con la puesta en marcha del PERTE Chip, el gobierno pretende situar a España como país de referencia a la vanguardia en la industria de semiconductores y avanzar posiciones en la investigación, diseño, fabricación y suministro de estos componentes clave.

Sentencias en el asunto C-600/19 Ibercaja banco,
en los asuntos acumulados C-693/19 SPV Project 1503 y C-831/19 Banco di
Desio e della Brianza y otros, y en los asuntos C-725/19 Impuls
Leasing România y C-869/19 Unicaja Banco

Tribunal de Justicia

Comunicado de prensa n.º 85/22

Luxemburgo, 17 de mayo de 2022

Sentencias en el asunto C-600/19 Ibercaja banco, en los asuntos acumulados C-693/19 SPV Project 1503 y C-831/19 Banco di Desio e della Brianza y otros, y en los asuntos C-725/19 Impuls Leasing România y C-869/19 Unicaja Banco

Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores: los principios procesales nacionales no pueden ser un obstáculo para los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables

El principio de efectividad exige un control eficaz del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas

Mediante sus sentencias de hoy, el Tribunal de Justicia, en formación de Gran Sala, se pronuncia sobre varias peticiones de decisión prejudicial presentadas por unos órganos jurisdiccionales españoles, uno italiano y uno rumano, relativas a la interpretación de la Directiva 93/13/CEE (1) sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Se pregunta al Tribunal de Justicia si principios procesales nacionales, como el de la fuerza de cosa juzgada, pueden limitar las facultades de los jueces nacionales, en particular de ejecución, para apreciar el carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales. ¿Son compatibles con la Directiva 93/13 unos principios de Derecho procesal interno que no permiten dicha apreciación en el ámbito de la ejecución, incluso de oficio por el juez que conoce de la ejecución, debido a la existencia de resoluciones judiciales nacionales previas?

Sobre este particular, el Tribunal de Justicia recuerda la importancia que reviste el principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales. Así, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de esos recursos. (2)
Dicho esto, en primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel de información. (3) Habida cuenta de esta situación de inferioridad, la Directiva 93/13 prevé que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal del contrato por un equilibrio real. (4)
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 (5) y que los Estados miembros están obligados a establecer medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas.(6)

En principio, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual y, por consiguiente, corresponde a cada Estado miembro establecer dichos procedimientos en su ordenamiento jurídico interno. Las disposiciones procesales nacionales deben observar el principio de efectividad, es decir, cumplir la exigencia de tutela judicial efectiva. (7) A este respecto, el Tribunal de Justicia estima que si no hay un control eficaz del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas del contrato de que se trate, no puede garantizarse el respeto de los derechos conferidos en la Directiva 93/13. (8)


Basándose en estas consideraciones, el Tribunal de Justicia pronuncia las cuatro sentencias
de hoy.

Asunto C-869/19, Unicaja Banco

La petición se presentó en el contexto de un litigio entre L y Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S. A. U., en cuyos derechos se subrogó Unicaja Banco, S. A., en relación con la falta de examen de oficio por el juez nacional de apelación de un motivo basado en el incumplimiento del Derecho de la Unión. La entidad bancaria concedió a L un préstamo hipotecario. Dicho contrato establecía una «cláusula suelo» en virtud de la cual el tipo variable no podía ser inferior al 3 %. L interpuso una demanda contra dicha entidad bancaria, en la que solicitaba la nulidad de esa cláusula y la restitución de las cantidades indebidamente percibidas, al considerar que la cláusula debía declararse abusiva por falta de transparencia. El juez de primera instancia estimó la demanda, limitando en el tiempo los efectos restitutorios con arreglo a la jurisprudencia nacional. El juez de apelación, ante el que acudió la entidad bancaria, no acordó la restitución plena de las cantidades percibidas en virtud de la «cláusula suelo», porque L no había interpuesto recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia. Según el Derecho español, si un pronunciamiento de una sentencia no es impugnado por ninguna de las partes, el tribunal de apelación no puede dejarlo sin efecto ni modificarlo. Esta norma presenta similitudes con la cosa juzgada. Por lo tanto, el Tribunal Supremo español preguntó al Tribunal de Justicia acerca de la compatibilidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión, en particular en cuanto al hecho de que un tribunal nacional que conoce de un recurso de apelación contra una sentencia que limita en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas por el consumidor a consecuencia de una cláusula declarada abusiva no puede examinar de oficio un motivo basado en la infracción de la Directiva 93/13 y decretar la restitución íntegra de esas cantidades.
Recordando su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia reafirma que el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios y los circunscribe exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de una cláusula abusiva después del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró ese carácter abusivo. (9)
Asimismo, el Tribunal de Justicia estima que la aplicación de los principios procesales nacionales de que se trata puede hacer imposible o excesivamente difícil la protección de esos derechos, vulnerando de este modo el principio de efectividad. En efecto, el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de principios procesales nacionales en cuya virtud un tribunal nacional que conoce de un recurso de apelación contra una sentencia que limita en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas por el consumidor a consecuencia de una cláusula declarada abusiva no puede examinar de oficio un motivo basado en la infracción de dicha disposición y decretar la restitución íntegra de esas cantidades, cuando la falta de impugnación de tal limitación en el tiempo por el consumidor afectado no puede imputarse a una pasividad total de este.

Asunto C-600/19, Ibercaja Banco

La petición se presentó en el contexto de un litigio entre MA e Ibercaja Banco, S. A., en relación con una reclamación de pago de los intereses adeudados a la entidad bancaria debido a la no ejecución por MA y PO del contrato de préstamo hipotecario celebrado entre dichas partes.
El tribunal competente ordenó la ejecución del título hipotecario de Ibercaja Banco y despachó ejecución frente a los consumidores. MA invocó el carácter abusivo de la cláusula relativa a los intereses de demora y de la cláusula suelo únicamente en el procedimiento de ejecución, concretamente después de la subasta del inmueble hipotecado, es decir, cuando el efecto de cosa juzgada y la preclusión no permiten al juez examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales ni al consumidor invocar el carácter abusivo de dichas cláusulas. El contrato fue examinado de oficio al inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria, pero el examen de las cláusulas controvertidas, sin embargo, no fue expresamente mencionado ni motivado.

Según el Tribunal de Justicia, el Derecho de la Unión se opone a una legislación nacional que, debido al efecto de cosa juzgada y a la preclusión, no permite al juez examinar de oficio el carácter abusivo de cláusulas contractuales en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria ni al consumidor, transcurrido el plazo para formular oposición, invocar el carácter abusivo de las citadas cláusulas en ese procedimiento o en un procedimiento declarativo posterior cuando el juez ya ha examinado de oficio el eventual carácter abusivo de dichas cláusulas pero la resolución judicial en que se despacha ejecución hipotecaria no contiene ningún motivo, siquiera sucinto, que acredite la existencia de ese examen ni indica que la apreciación efectuada por dicho juez al término de ese examen no podrá ya cuestionarse si no se formula oposición dentro del referido plazo.

Sin embargo, cuando el procedimiento de ejecución hipotecaria ha concluido y los derechos de propiedad han sido transmitidos a un tercero, el juez ya no puede proceder a un examen del carácter abusivo de cláusulas contractuales que llevase a la anulación de los actos de transmisión de la propiedad y cuestionar la seguridad jurídica de la transmisión de la propiedad ya realizada frente a un tercero. No obstante, en esa situación, el consumidor debe poder invocar, en un procedimiento posterior distinto, el carácter abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario para poder ejercer efectiva y plenamente sus derechos en virtud de la Directiva, con el fin de obtener la reparación del perjuicio económico causado por la aplicación de dichas cláusulas.

Asuntos acumulados C-693/19, SPV Project 1503, y C-831/19, Banco di Desio e della Brianza y otros

Las peticiones se han presentado en el contexto de dos litigios: el primero de ellos, entre SPV Project 1503 Srl y Dobank SpA, como mandatario de Unicredit SpA, por un lado y, por otro, YB y, el segundo, entre Banco di Desio e della Brianza SpA y otras entidades de crédito, por un lado, y, por otro, YX y ZW, en relación con procedimientos de ejecución forzosa basados en títulos ejecutivos que han adquirido fuerza de cosa juzgada. Los jueces italianos que conocen de la ejecución se preguntan sobre el carácter abusivo de la cláusula penal y de la que establece intereses de demora contenidas en los contratos de financiación, así como sobre el carácter abusivo de determinadas cláusulas contenidas en los contratos de fianza. Sobre la base de estos contratos, los acreedores habían obtenido requerimientos de pago que habían adquirido firmeza.
Sin embargo, los jueces señalan que, en virtud de los principios de Derecho procesal interno, a falta de oposición del consumidor, la fuerza de cosa juzgada de un requerimiento de pago se extiende al carácter no abusivo de las cláusulas del contrato de fianza, incluso a falta de cualquier examen expreso del carácter abusivo de dichas cláusulas por parte del juez que expidió dicha orden.
El Tribunal de Justicia estima que una normativa nacional de este tipo puede vaciar de contenido la obligación que incumbe al juez nacional de proceder a un examen de oficio del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales. La exigencia de tutela judicial efectiva requiere que el juez que conoce de la ejecución pueda apreciar, incluso por primera vez, el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales sobre las que se fundamenta un requerimiento de pago expedido por un juez a instancia de un acreedor y contra el cual el deudor no ha formulado oposición.

Asunto C-725/19, Impuls Leasing România

La petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre IO e Impuls Leasing România IFN SA, en relación con la oposición a la ejecución contra actos de ejecución forzosa relativos a un contrato de arrendamiento financiero. El juez rumano indica que el contrato de arrendamiento financiero que sirvió de base al procedimiento de ejecución forzosa contiene determinadas cláusulas que podrían considerarse abusivas.
Sin embargo, la normativa rumana no permite que el juez que sustancia la ejecución de un crédito, que conoce de una oposición a dicha ejecución, aprecie, de oficio o a instancia del consumidor, el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional y constitutivo de un título ejecutivo, por razón de que existe una acción de Derecho común en virtud de la cual el juez que conozca de ella puede controlar el carácter abusivo de las cláusulas de tal contrato. Es cierto que el juez que conozca de la acción declarativa, separada del procedimiento de ejecución, dispone de la facultad de suspender ese procedimiento. Sin embargo, el consumidor que solicita la suspensión del procedimiento de ejecución debe constituir una fianza, calculada en función de la cuantía de ese proceso declarativo.
Pues bien, según el Tribunal de Justicia, es verosímil que un deudor en situación de impago no disponga de los recursos económicos necesarios para constituir la garantía exigida. Además, dichos costes no deben disuadir al consumidor de acudir al juez con el fin de que examine el carácter potencialmente abusivo de las cláusulas, lo que resulta tanto más cierto cuando la cuantía de los procedimientos incoados supera ampliamente el valor total del contrato.
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia estima que el Derecho de la Unión no permite una normativa nacional de estas características

1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
2 Sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08.
3 Sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C-421/14.
4 Sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15 (véase el CP 144/16).
5 Sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11 (véase el CP 30/13).
6 Sentencia de 26 de junio de 2019, Addiko Bank, C-407/18.
7 Sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19 (véase el CP n.° 100/21).
8 Sentencia de 4 de junio de 2020, Kancelaria Medius, C-495/19.
9 Sentencia Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, antes citada.

Las compraventas de vivienda inscritas durante el primer trimestre aumentaron el 14,1% sobre el trimestre anterior

Las compraventas de vivienda inscritas durante el primer trimestre aumentaron el 14,1% sobre el trimestre anterior

17/05/2022 Registradores

El Colegio de Registradores, en su Estadística Registral Inmobiliaria del primer trimestre de 2022 analiza, entre otros, el comportamiento que refleja las tendencias actuales de los españoles en la compra de viviendas: la proporción de pisos y viviendas unifamiliares, superficie media, y proporción de compraventas en capitales frente a su provincia. Se incluye también un informe de precios medios, adicional al tradicional índice Case & Shiller de precios aplicado a España.

Precios medios de las compraventas de vivienda inscritas

El precio medio de la vivienda sigue mostrando incrementos significativos tanto en sus resultados trimestrales como interanuales. Los 1.911 €/m² del primer trimestre suponen un incremento del 3,1% con respecto al trimestre precedente, originado sobre todo por el crecimiento en vivienda usada (3,5%), mientras que la vivienda nueva también crece ligeramente el 1,6%. Conviene tener en cuenta que la vivienda nueva apenas representa 2 de cada 10 operaciones y en ocasiones recoge acuerdos de compraventa con una antelación media de dos años, por lo que no siempre recogen el comportamiento actual del mercado, siendo por tanto más representativa la evolución de los precios de la vivienda usada.
Los resultados anualizados muestran un comportamiento más estructural, en el que para el conjunto de España los 1.856 €/m² de precio medio han supuesto un incremento interanual del 5,3%, originado por la mayor fuerza de la vivienda usada (6,8%), mientras que la vivienda nueva registra un aumento más moderado del 1,4%, en sus precios.

Por CC.AA., en el primer trimestre, los mayores precios medios se localizaron en Baleares (3.132 €/m2), Madrid (3.003 €/m2), País Vasco (2.890 €/m2) y Cataluña (2.391 €/m2). En sentido opuesto, los precios más bajos se registraron en Extremadura (786 €/m2) y Castilla La Mancha (849 €/m2), únicas comunidades por debajo de los 1.000 euros por m2.

Compraventas inscritas


Entre enero y marzo se inscribieron en los registros de la propiedad 164.299 compraventas de vivienda, con un incremento del 14,1% sobre el trimestre anterior.

En vivienda nueva se han registrado 32.316 compraventas (un crecimiento del 13,2% sobre el trimestre anterior). La vivienda usada registró 131.983 operaciones, con un incremento trimestral del 14.3%.
Los datos acumulados de los últimos doce meses, muestran casi 600.000 compraventas de vivienda, la mayor cifra desde el tercer trimestre de 2008 y superando los resultados anteriores a la crisis sanitaria, que mostraban poco más de 520.000 compraventas inscritas.

Compras de extranjeros
La demanda extranjera ha seguido recuperando niveles tras las restricciones de movilidad internacional durante la pandemia. En el primer trimestre ha alcanzado el 13,2%, con lo que se acumulan cinco trimestres consecutivos de crecimiento y se vuelve a niveles por encima del 13%, habituales antes de la pandemia. Los británicos vuelven a encabezar los resultados, con un 12,0%, seguidos por alemanes (9,5%), franceses (7,1%), marroquíes (5,8%), suecos (5,8%) y belgas (5,7%).

Los resultados de compras de extranjeros por comunidades autónomas han estado encabezados por Baleares (35,4%), Canarias (26,9%), Comunidad Valenciana (25,5%), Murcia (19,4%), Andalucía (15,1%) y Cataluña (12,8%).

Pisos y viviendas unifamiliares
Durante el primer trimestre del año, respecto a la proporción de pisos y viviendas unifamiliares, las compraventas de vivienda se han desagregado en un 81% de vivienda colectiva (pisos) y un 19% de vivienda unifamiliar (máximo histórico del 22,5% en el cuarto trimestre de 2020).

En cuanto a los datos acumulados anualizados, el peso de los unifamiliares se sitúa en el 19,9%, mostrando la fortaleza de este tipo en las preferencias de los compradores en los últimos meses. Por lo tanto, la proporción entre ambas modalidades, que se encontraba estabilizada en el 80% para pisos y el 20% para unifamiliares, tiende ahora hacía una vuelta a los resultados previos a la pandemia, que históricamente no llegaban al 18% de cuota.

Superficie media de las nuevas compraventas

En el primer trimestre la superficie media fue de 100,8 m2, lo que supone una reducción del 0,7%, frente al trimestre precedente. El máximo de la serie histórica pare el conjunto de vivienda se produjo en el primer trimestre de 2021, cuando se alcanzaron los 102,9 m2.
En vivienda nueva libre la superficie media vendida ha alcanzado los 109,3 m2, (110,4 m2 en el trimestre anterior), alejándose del máximo histórico que se alcanzó en el primer trimestre de 2021 (110,9 m2). Por su parte, la vivienda usada alcanzó una superficie media de 99,3 m2, con un descenso del 0,5% respecto al trimestre anterior. En consecuencia, se produce una ligera disminución en la evolución de la superficie media, siguiendo las nuevas preferencias de los compradores.

Proporción de compraventas de vivienda en capitales frente al total de su provincia.
En el primer trimestre del año, tomando las ocho principales capitales, en la mayoría han ganado peso relativo con relación a su provincia sobre los resultados del trimestre anterior, continuando la moderación de la tendencia de cambio producida al comienzos x dela pandemia. La evolución histórica de las ocho mayores capitales de provincia por número de habitantes muestra como en los últimos años se ha reducido el peso relativo en compraventas de vivienda en dichas capitales con respecto al total de su provincia. Tomando, por ejemplo, las cuatro grandes capitales de provincia, Madrid ha registrado en el primer trimestre un peso del 48%, siendo que a mediados de 2015 superaba el 55% de las compraventas de la provincia. En Barcelona el peso es del 24,8% y a mediados de 2014 representaba el 36,1% de las compraventas de la provincia. Valencia mostró un peso del 29,3% y a finales de 2016 estaba en el 37,3%. Por último, Sevilla registra el 37,6% de las compraventas de vivienda de la provincia, mientras que a finales de 2016 superaba el 50%. Si comparamos la evolución del primer trimestre con el mismo periodo del año anterior, se observa un incremento en el peso de las principales capitales, excepto en Málaga y Palma.

Datos del mes de marzo
Se incluyen a continuación datos de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de marzo, siguiendo con la serie mensual puesta en marcha desde 2020, en cuanto a compraventas e hipotecas inscritas, mediante la comparación de datos con el mismo mes del año anterior.
El número de compraventas totales, con incrementos significativos en los últimos meses, vuelven a mostrar una importante subida en marzo, con una subida del 20,8% respecto a marzo de 2021. De las 93.271 operaciones realizadas en marzo de 2021, se pasaron a las 112.665 en marzo de este año, un aumento de casi 19.400 operaciones. De igual forma, se produjo un fuerte incremento de las compraventas de vivienda, del 26,3%, sobre marzo de 2021. Se han inscrito este mes 55.065 operaciones, frente a las 43.605 del mismo periodo del año anterior, un aumento de más de 11.400 operaciones.

La evolución de las hipotecas constituidas continúa mostrando una tendencia de gran crecimiento, con incrementos persistentes hasta este mes de marzo. Algo similar a lo ocurrido con las compraventas, que mostraron incrementos ligeramente inferiores. En número de hipotecas totales, se han registrado 53.609 operaciones frente al 46.479 de marzo de 2021, lo que supone un incremento del 15,3%, una diferencia positiva de más de 7.100 operaciones. En cuanto a las hipotecas de vivienda, de las 33.782 operaciones de marzo del año pasado, se han pasado a las 39.819 de este mes, un 17,9% de incremento con 6.000 operaciones más. Por tanto, la evolución de las hipotecas muestra un mes más, una tendencia de gran incremento en marzo, como ha ocurrido con las compraventas.

Un Juzgado de Pontevedra emite una sentencia innovadora en Galicia sobre los plazos para reclamar el impuesto de plusvalía anulado por el Tribunal Constitucional

Miércoles, 18 de mayo de 2022

Un Juzgado de Pontevedra emite una sentencia innovadora en Galicia sobre los plazos para reclamar el impuesto de plusvalía anulado por el Tribunal Constitucional

Resuelve que las impugnaciones del impuesto de plusvalía son válidas si se realizaron con anterioridad a la fecha de publicación de la resolución del TC en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, el 25 de noviembre de 2021

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha emitido una sentencia pionera en Galicia en la que resuelve que las impugnaciones del impuesto de plusvalía, declarado nulo por el Tribunal Constitucional (TC) en octubre de 2021, son válidas si se realizaron con anterioridad a la fecha de publicación de la resolución del TC en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, el 25 de noviembre de 2021. El magistrado, por tanto, ha decretado que los cobros del impuesto que hayan sido impugnados hasta esa fecha pueden ser revisados. De esta forma, establece como día límite el 25 de noviembre de 2021 y no el 26 de octubre de 2021, día de la firma de la sentencia del TC.

El juez analiza en el fallo el recurso planteado por el dueño de un ático de Moaña que impugnó el cobro de 2.111 euros de plusvalía el 5 de noviembre de 2021, es decir, varias semanas antes de la publicación de la sentencia en el BOE. Por ello, ha declarado la nulidad del impuesto y ha condenado al Tesorero del Organismo Autónomo de Recursos Locales de la Diputación Provincial de Pontevedra (ORAL) a devolverle la cantidad abonada. En el fallo, indica que, de la documentación obrante en el expediente administrativo, “se constata que el recurrente había adquirido el inmueble, por compraventa, el 27 de diciembre de 2005, por el precio de 120.223 euros, y que lo vendió el 10 de mayo de 2021 por 180.000 euros”.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra explica que la declaración de nulidad de la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva, en principio, que todas las liquidaciones del tributo, por devengos anteriores al 10 de noviembre de 2021, deban declararse nulas de pleno derecho. No obstante, el TC le atribuye la condición de “situación consolidada”, es decir, no revisable, a las liquidaciones que hubiesen llegado a ser firmes, bien por no haber sido impugnadas en plazo, bien por haber sido confirmadas judicialmente mediante sentencia firme. En el caso concreto de la venta del piso de Moaña, según destaca el juez, no es aplicable este supuesto, pues la liquidación fue impugnada en plazo por el afectado, quien presentó un recurso de reposición.

Además, el TC estableció un segundo supuesto de “situación consolidada”, aplicable a las liquidaciones que, pese a carecer de firmeza, no hubiesen sido impugnadas “a la fecha de dictarse la sentencia”. El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra entiende que esa fecha se refiere a la de la publicación de la sentencia en el BOE (25 de noviembre de 2021), no a la de firma de la resolución (26 de octubre de 2021). Así, subraya que el fallo del TC no puede entrar en vigor “antes de adquirir efectos generales mediante su publicación en el BOE”.

El magistrado rechaza imponer el pago de costas a la administración debido a “las dudas interpretativas razonables que genera esta última cuestión”, pues destaca que “no existe todavía jurisprudencia que se pronuncie al respecto”. Por esta razón, el juez considera que concurriría “interés casacional” en la impugnación directa de la sentencia en casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, “a fin de que clarifique la fecha de efectos de la referida restricción”, pues destaca que afecta “a un gran número de situaciones, pudiendo resultar gravemente dañosa para los intereses generales”.

Un juzgado de Vitoria condena a Caixabank por cobrar comisiones a los usuarios que utilizan sus servicios en ventanilla

Miércoles, 18 de mayo de 2022

Un juzgado de Vitoria condena a Caixabank por cobrar comisiones a los usuarios que utilizan sus servicios en ventanilla
La magistrada señala en la sentencia que constituyen una práctica abusiva y contraria a la normativa de protección de los consumidores y usuarios

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por la Asociación de personas consumidoras y usuarias vasca (EKA/ACUV) EUSKAL KONTSUMITZAILEEN ALKARTEA, contra Caixabank S.A. y ha declarado que el cobro por parte de la citada entidad a consumidores y usuarios de la comisión por emisión de justificante especial por ingreso en cuenta de terceros indicando el concepto y hasta dos referencias identificativas, con emisión de justificante en papel y comunicación al titular de la cuenta mediante el extracto de movimientos periódico así como la comisión o recargo por uso de ventanilla en servicios que se pueden realizar por autoservicio, constituyen una práctica abusiva y contraria a la normativa de protección de los consumidores y usuarios.

Consecuentemente ha condenado a la demandada a cesar en la práctica indicada, a abstenerse del cobro de las indicadas comisiones o recargos y a eliminar del folleto de tarifas de comisiones, condiciones y gastos y del resto de los documentos informativos la información relativa a su devengo.

La demandada publicará a su costa el fallo de la presente sentencia, una vez firme, en un periódico de los de mayor tirada en el País Vasco.

Raquel Sánchez destaca los 500 millones de euros que Mitma ha movilizado para impulsar el uso de la bicicleta

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado

Raquel Sánchez destaca los 500 millones de euros que Mitma ha movilizado para impulsar el uso de la bicicleta

Martes 17 de mayo de 2022

Cartel de la Estrategia Estatal por la Bicicleta
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha informado en el Senado sobre la Estrategia Estatal por la Bicicleta, desarrollada por el Ministerio como parte de la respuesta al gran reto de movilidad de nuestro país.

Cartel de la Estrategia Estatal por la Bicicleta

La ministra Raquel Sánchez ha intervenido en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado donde ha informado sobre la Estrategia Estatal por la Bicicleta, desarrollada por el Ministerio, y ha destacado los 500 millones de euros que, con la ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Mitma ha movilizado para impulsar el uso de la bicicleta.

Raquel Sánchez ha afirmado que esas inversiones permitirán acometer unos 1.000 km de carriles bici y más de 4.100 aparcamientos seguros, además de reforzar los sistemas públicos de préstamo de bicicletas en 30 ciudades, si bien las cifras finales dependerán de las adjudicaciones definitivas de las convocatorias realizadas.

La titular de Mitma ha puesto en valor que, por primera vez, un Gobierno ha dotado de presupuesto a una estrategia que quiere promover el uso de la bicicleta y ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado 2021 y 2022 han incluido 5 millones de euros cada uno a ese fin.

Estrategia Estatal por la Bicicleta desarrollada por Mitma
Raquel Sánchez ha subrayado que la Estrategia Estatal por la Bicicleta desarrollada por el Ministerio recoge cinco prioridades que son impulsadas a través de 10 áreas temáticas, de las que se derivan un compendio de 28 bloques de acciones y más de 150 acciones concretas, que deben orientar las políticas públicas en torno a la bicicleta y que tiene la ambición de impulsar las actuaciones que se necesitan para hacer de la bicicleta un modo de transporte, ocio, deporte y turismo que aporte valor a la sociedad.

En este sentido, la ministra ha hecho hincapié en las múltiples acciones propuestas, como el establecimiento de una Oficina de la Bicicleta en el Ministerio; campañas de concienciación y difusión sobre la bicicleta; la elaboración de recomendaciones y guías de diseño de infraestructura ciclista; diseñar o construir conexiones ciclistas entre núcleos urbanos y polos de atracción, así como de aparcamientos de bicicletas seguros; el fomento del cicloturismo como herramienta con potencial económico; la creación de herramientas informáticas que permitan al usuario conocer la oferta de vías ciclables en España y de recomendación de itinerarios; o mejorar la seguridad ciclista mediante actuaciones normativas.

Raquel Sánchez ha expuesto que, para impulsar esta transformación, desde el Ministerio se está trabajando con tres instrumentos que reflejan este cambio de paradigma en las políticas de movilidad en nuestro país: la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (donde se ha enmarcado la Estrategia Estatal por la Bicicleta tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 8 de junio), la Ley de Movilidad Sostenible y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Medidas concretas de Mitma
La ministra ha mencionado algunas de las medidas concretas que ha emprendido Mitma para el impulso de la bicicleta. Entre ellas:

  1. El fomento de la intermodalidad del tren y la bicicleta, por ejemplo, con:

Acuerdos como los de Adif y la Red de Ciudades por la Bicicleta, para implantar aparcamientos seguros y carriles bici en estaciones.
Que los nuevos trenes de Renfe dispongan un espacio para la bicicleta.
El fomento de la movilidad cotidiana en bicicleta y a la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público a través de un proceso de subvenciones a entidades locales a través de la Fundación Española de los Ferrocarriles (FFE). Así, se está trabajando en la redacción y tramitación de las bases de las subvenciones, así como en la primera convocatoria.

  1. El fomento del cicloturismo a través del Programa de Vías Verdes, mediante:

La recuperación de antiguos trazados ferroviarios para crear itinerarios de conexión sostenible entre entornos rurales y ofrecerlos como una opción de turismo rural, atractivo y sostenible.
La creación de aplicaciones informáticas que permitan conocer la oferta de vías ciclables en España y de recomendación de itinerarios. Para ello, se está trabajando con el Centro Nacional de Información Geográfica.

  1. El diseño de una red de vías ciclables de largo recorrido, con el fin de lograr un conjunto continuo y homogéneo que abarque todo el territorio nacional, bien conservado, con una oferta de servicios asociada, y con información clara y sencilla al usuario que le ayude a conocer la oferta disponible y planificar sus desplazamientos tanto de movilidad obligada como por motivos de ocio, turismo o deporte.
  2. La mejora de la seguridad ciclista. La Dirección General de Carreteras está trabajando en actualizaciones normativas para atender necesidades específicas de los ciclistas como:

La nueva normativa sobre marcas viales donde, desarrollada en colaboración con asociaciones, y respecto a la cual se está redactando con la DGT una modificación del Reglamento General de Circulación para actualizar el Catálogo de señales verticales de circulación y marcas viales, en el que las necesidades de la movilidad ciclista adquieren el mismo rango de importancia que las del resto de vehículos.
Además, Mitma y DGT trabajan junto a las CCAA titulares de las vías en la señalización de tramos con elevada presencia de ciclistas.
La inclusión de la construcción de infraestructura ciclista en los proyectos de mejora del firme o del trazado, especialmente en aquellos tramos de carretera convencional que disponen de autopista o autovía paralela.
Campañas de concienciación y difusión sobre los beneficios del uso habitual de la bicicleta, como las campañas asociadas al lema “El Efecto Bicicleta”, es decir, “Cuando te sumas, todo rueda” o “En bici al trabajo”, que serán complementadas con otra más en los próximos meses, centrada en el ámbito educativo.
Los datos reflejan un aumento del uso de la bicicleta en España
Durante su intervención en el Senado, la ministra se ha referido a los datos de uso de la bicicleta en España y, según las cifras del Barómetro de la Bicicleta, el estudio de ámbito nacional elaborado por la Red de Ciudades por la Bicicleta, en su última edición anterior a la pandemia, de 2019, vemos un aumento de su utilización:

El 50,7% de los españoles entre 12 y 79 años utilizan la bicicleta con alguna frecuencia, lo que representa unos 20 millones de personas.
Un 22,4% la utiliza de forma semanal, unos 9 millones de españoles.
Además, un 3,5%, casi 1,5 millones de españoles, la utiliza diariamente para ir a trabajar o estudiar.
Por otra parte, 7 de cada 10 españoles tiene alguna bicicleta en casa (71,8%), lo que indica un parque de bicicletas muy elevado.
Relacionado con todo ello, el sector de la bicicleta genera mucho empleo (más de 23.000 trabajadores directos según la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, AMBE). De hecho, ya en 2020 se superó un hito histórico, y es que en España se vendieron más de 1,5 millones de bicicletas (un 25% más que en 2019). Este dato es relevante, según la ministra, porque se vendieron más bicicletas que coches. Y esto ha vuelto a ocurrir en 2021.

En cuanto a la venta de bicicletas eléctricas, en 2021 se superó, un año más, la barrera de las 200.000 unidades vendidas (223.561). El parque de bicicletas eléctricas en España se acerca a las 900.000 unidades, situándose como el vehículo eléctrico preferido por los españoles. Además, se siguen creando empresas tanto de fabricación, venta y reparación de bicicletas y componentes, y de servicios turísticos y de ocio asociados.

Momento propicio para el uso de la bicicleta
Por todo lo anterior, la ministra ha afirmado que la bicicleta no es únicamente un modo de transporte más, sino que produce valor para la sociedad en términos de movilidad, de habitabilidad, salud, medio ambiente, equidad o sociabilidad. También produce beneficios no solo para los usuarios, sino también para el resto de la ciudadanía, al liberar espacio y reducir la contaminación atmosférica y la emisión de ruidos.

Raquel Sánchez ha concluido con la constatación de estar en un momento propicio, pues hay interés social, impulso político y alineación con las políticas europeas, financiación para poder acometer inversiones y, sobre todo, hay voluntad para enfrentarse a estos retos.

Anulada una resolución que autorizaba a la Administración del Estado a entrar en la vivienda de una octogenaria sobre la que pesa una orden de desahucio

Martes, 17 de mayo de 2022

Anulada una resolución que autorizaba a la Administración del Estado a entrar en la vivienda de una octogenaria sobre la que pesa una orden de desahucio
La mujer, de 86 años y viuda de un funcionario del Estado, reside en un edificio de titularidad estatal en Cáceres, desde 1977

Autor Comunicación Poder Judicial
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Cáceres, que autorizaba a la Administración del Estado a entrar en la vivienda de una octogenaria, para realizar los trámites previos a un próximo desahucio, al encontrarse la vivienda en un edificio de titularidad estatal.

La mujer, de 86 años y viuda de un funcionario del Estado, que lleva viviendo en el edificio desde 1977, se veía obligada a abandonar su vivienda, en base a una sentencia de julio de 2020, que confirmaba el desahucio, al no cumplir ya los requisitos necesarios para continuar viviendo en dicho inmueble.

Ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, sin entrar a discutir la conformidad a derecho del acto administrativo en sí, es decir, de la rescisión contractual donde vive la recurrente, lo que revoca es la sentencia por la que se autoriza la entrada en el domicilio de la mujer con el fin de ejecutar la sentencia de desahucio.

La sala del alto tribunal extremeño ha considerado en su sentencia que se trata de una persona de edad avanzada, con unos recursos económicos limitados y escasos, prueba de ello es que es beneficiaria del servicio de justicia gratuita, y que, por lo tanto, se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

La Abogacía del Estado, por el contrario, esgrime que la sentencia que confirmó el desahucio se dictó en julio desde 2020, tiempo en el que la afectada podía haber buscado una solución de habitabilidad.

Asimismo, argumenta la abogacía estatal que la recurrente es propietaria, al 50 por ciento, de una vivienda en la ciudad de Cáceres, en la que viven su hija y su yerno.

La Sala del TSJEx, en su resolución, toma como referencia la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2020, Rec. 4507/2019, en la que se pone de manifiesto que el “juez debe comprobar que la Administración adopta, realmente, las medidas de protección suficientes para no dejar desamparadas a las personas especialmente vulnerables que vayan a ser desalojadas forzosamente de la vivienda que ilegalmente ocupaban”.

Esta comprobación, añade la sentencia del TS, “adquiere singular importancia cuando entre los ocupantes ilegales de la vivienda haya menores de edad, dado que la normativa nacional e internacional obliga a tomar en consideración el interés superior del menor…”.

En este caso, el TSJEx estima que, aunque en este caso no haya menores en la vivienda, la mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad que debe ser tenida en cuenta, y considera que, para llevarse a cabo la ejecución de la sentencia de 2020, “la entrada deberá realizarse en horario diurno y en el menor tiempo posible para cumplir con lo acordado en la Resolución que se pretende ejecutar y se realizará de la forma menos gravosa para los ocupantes de la vivienda”.

Asimismo, la administración deberá comunicar al Juzgado de lo Contencioso- Administrativo el día de la entrada e informar del resultado de la misma, y el momento del lanzamiento deberá contar con los servicios sociales municipales y/o autonómicos a fin de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de quien reside en la vivienda que hay que desocupar”.

Dado que esas circunstancias no se han dado, el TSJEx ha procedido a estimar el recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo y “deniega la autorización de entrada solicitada, al no haberse hecho en la resolución el juicio de proporcionalidad que exige el Tribunal Supremo, sin que la Administración haya ofrecido información alguna sobre la solución habitacional para la persona vulnerable”.

La sentencia del TSJEx también recalca que, ello no es obstáculo para que la Administración pudiera realizar una nueva solicitud de entrada que cumpla la doctrina del Tribunal Supremo.

Se trata de una sentencia novedosa, ya que la doctrina del TS en la que se basa la sala del TSJEx para esta resolución se refiere a la protección de menores vulnerables, que vaya a ser desalojados de sus viviendas, extendiendo dicha protección a otras personas en situación de especial vulnerabilidad.

Se entiende por “persona vulnerable”, dice la sentencia del TSJEx, “a quien por sus características físicas, sociales, culturales o económicas se encuentra en situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.

Además, la Sala, que no entra a valorar las causas de por qué la recurrente no vive con su hija y yerno, puesto que considera que no son quienes para enjuiciar esto, sí considera que la pandemia por Covid ha obligado a los ciudadanos a etapas de confinamiento y a la limitación de sus salidas, lo que también ha podido dificultar la búsqueda de soluciones de habitabilidad.

Las exportaciones aumentan un 23,9% en el primer trimestre de 2022

Informe mensual de comercio exterior, marzo de 2022

Las exportaciones aumentan un 23,9% en el primer trimestre de 2022

Martes 17 de mayo de 2022 La Moncloa

Portada del informe mensual de comercio exterior de marzo de 2022

Portada del informe mensual de comercio exterior de marzo de 2022


Las exportaciones españolas de mercancías, con datos de comercio declarado de Aduanas, ascendieron un 23,9% en el periodo enero-marzo de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 89.611 millones de euros, máximo histórico para el periodo.

Las importaciones ascendieron un 39,0% hasta los 105.028 millones de euros, también máximo histórico.

Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, estos datos demuestran que “en marzo continúa el dinamismo del comercio exterior, con exportaciones e importaciones que moderan su crecimiento, pero que continúan avanzando a un ritmo elevado a pesar de la complejidad del actual entorno internacional”.

La tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 85,3%. El saldo no energético arrojó un déficit de 4.364 millones de euros y el déficit energético alcanzó los 11.052 millones de euros.

El crecimiento interanual de las exportaciones españolas en el primer trimestre de 2022 (23,9%) fue superior al registrado en Francia (20,3%), Alemania (11,1%) y Reino Unido (10,0%). Fuera de Europa, también crecieron las ventas de EE. UU. (18,4%), China (13,4%) y Japón (14,5%).

Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones de enero a marzo provinieron del sector de productos químicos, productos energéticos, semimanufacturas no químicas y alimentación, bebidas y tabaco.

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (63,4% del total) continuaron creciendo un 28,4% en los tres primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (55,9% del total) subieron un 28,8% y las destinadas al resto de la Unión Europea (7,6% del total), subieron un 25,2%.

Las ventas a terceros destinos (36,6% del total) se incrementaron también un 16,9% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a América Latina (22%), América del Norte (19,5%), Oriente Medio (19,2%) y África (16,5%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Canarias, la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Datos del mes de marzo
En el mes de marzo las exportaciones españolas de mercancías se incrementaron un 17,1% sobre el mismo mes de 2021, hasta los 33.090 millones de euros, máximo histórico para cualquier mes. Las importaciones ascendieron un 31,6% en términos interanuales hasta los 37.732 millones de euros, también máximo histórico para cualquier mes.´

“En marzo hay factores comunes que han causado una desaceleración simultánea de exportaciones e importaciones y que son coherentes con un entorno global menos favorable, caracterizado por una mayor incertidumbre y una elevada inflación”, explica Xiana Méndez.

Así, la tasa de cobertura se situó en el 87,7%. El saldo no energético arrojó un déficit de 574 millones de euros y el déficit energético ascendió a 4.068 millones de euros.

El aumento de las exportaciones en marzo de España (17,1% interanual) es de mayor magnitud que el registrado en Alemania (8,1%) y Francia (15,8%). Por su parte, en Reino Unido disminuyen sus exportaciones un 2,8% interanual. En el resto del mundo, las exportaciones de los Estados Unidos aumentaron un 18,3% interanual, las de China un 12,9% interanual y las de Japón un 14,7% interanual.

Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones provinieron del sector de productos químicos, productos energéticos, semimanufacturas no químicas y otras mercancías.

En marzo de 2022, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 64,2% del total (61,0% en marzo de 2021) y crecieron un 23,3%. Las dirigidas a la zona euro se incrementaron un 23,5% y las destinadas al resto de la UE ascendieron un 21,9%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Portugal (38,7%), Italia (13,9%), Francia (13,7%) y Alemania (6,9%). Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 35,8% del total y crecieron un 7,4% interanual y las ventas a Reino Unido aumentaron un 7,1%.

El Tribunal Supremo establece doctrina en relación con los procedimientos de comprobación limitada realizados por Hacienda

Viernes, 13 de mayo de 2022

El Tribunal Supremo establece doctrina en relación con los procedimientos de comprobación limitada realizados por Hacienda
La Sala fija que solo podrá ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación limitada, de forma motivada por referencia al caso concreto, cuando lo comunique al comprobado “con carácter previo” al plazo de las alegaciones

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece doctrina en relación con los procedimientos de comprobación limitada realizados por Hacienda. En concreto, se pronuncia sobre en qué momento la Administración tributaria puede comunicar al comprobado la ampliación del alcance de un procedimiento de este tipo para que éste sea válido.

La Sala fija que, en garantía de los derechos del contribuyente reconocidos en los artículos 34.1.ñ) y 137 de la Ley General Tributaria (LGT), Hacienda solo podrá ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación limitada, de forma motivada por referencia al caso concreto, cuando lo comunique al comprobado “con carácter previo” a la apertura del plazo de alegaciones.

Añade que será “nulo, por lo tanto, el acto final del procedimiento de gestión de tal clase en que se haya acordado esa ampliación en momento simultáneo, o posterior, a la comunicación al comprobado de la concesión del plazo para puesta de manifiesto y para efectuar alegaciones a la propuesta de liquidación”.

La Sala aplica esta doctrina al caso concreto resuelto en esta sentencia en la que estima el recurso de casación interpuesto por un contribuyente al que Hacienda notificó en el trámite de alegaciones la ampliación de una comprobación limitada y la propuesta de liquidación provisional.

Este contribuyente recurrió la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad valenciana sobre la liquidación practicada en relación con el IRPF de 2013 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La sentencia recurrida desestimó el recurso y confirmó la liquidación por importe de 15.327 euros, pero anuló la sanción. Entendió que dicha ampliación del procedimiento se produjo en el momento de la apertura del plazo de alegaciones y no después del mismo, que está vetado por el artículo 164.1 del Real Decreto 1065/2017, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria.

El Tribunal Supremo afirma que no comparte la interpretación extensiva que hizo el TSJ cuando señala que el término “con carácter previo” permite también que esa ampliación lo sea “con carácter simultáneo”.

Afirma que la adopción de una ampliación, considerada como tal por la propia Administración, “al mismo tiempo -no antes- y con ocasión de poner de manifiesto el expediente y de dar audiencia, en el mismo acto, sobre una propuesta de liquidación, no se limita a ser una mera irregularidad no invalidante, como sostiene la Sala de instancia y alega también el Abogado del Estado”.

Y ello porque “la infracción del artículo 164 RGAT no supone un defecto formal o procedimental, no es un vicio de forma, sino una infracción sustantiva de la letra y el espíritu de la ley formal, incluso del propio texto reglamentario que, al exigir el carácter previo, excluye cualquier ampliación que no lo fuera. Desde esta perspectiva, lo previo no puede abarcar lo simultáneo, pues ambas nociones no sólo son distintas, sino incompatibles”.

Hoy se ha inaugurado en Oporto el Congreso Mundial de Derecho Registral, IPRA-CINDER con asistencia de más de 500 participantes de 40 países

Hoy se ha inaugurado en Oporto el Congreso Mundial de Derecho Registral, IPRA-CINDER con asistencia de más de 500 participantes de 40 países

16/05/2022 Registradores

Hoy se ha inaugurado, en la ciudad portuguesa de Oporto, el XXII Congreso Internacional de IPRA-CINDER con asistencia de 500 representantes de más de 40 países de los cinco continentes desde Canadá a Timor Oriental y desde el Reino Unido hasta Sudáfrica. Los registradores españoles están representados por una delegación encabezada por la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán y asisten como autoridades del Ministerio de Justicia de España, junto a otras muchas de diversos países, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.

El Congreso ha sido inaugurado por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa que ha dirigido unas palabras de bienvenida a todos los asistentes. Posteriormente, el Secretario general de IPRA-CINDER el español, Alfonso Candau se ha referido en su discurso a la innovación tecnológica en los registros de la propiedad y ha resaltado que “la nueva forma de llevanza de los registros en formato y soporte electrónico, debe garantizar la titularidad pública de los datos así como de las bases de datos en las que se depositen los asientos electrónicos y sus documentos y archivos complementarios o relacionados” incidiendo que el registro electrónico debe “ lleva necesariamente a extremar las garantías en un doble sentido: la seguridad de los datos y el necesario equilibrio entre publicidad registral y derecho a la intimidad personal y familiar.

Candau también ha señalado la importancia en todo el mundo de registros como herramienta en la lucha contra el blanqueo de capitales, lo que “ha dado origen incluso a la generación en el interior de nuestras instituciones registrales de organismos especializados en intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

En el acto de inauguración, que ha tenido lugar esta mañana, también han participado la ministra de Justicia de Portugal, Francisca Van Dunem, la presidenta del Instituto de Registro y del Notariado de Portugal, Filomena Rosa y la presidenta de la Asociación de Registradores Portugueses, Luisa Clode.

En el Centro de Congressos do Alfândega durante los días 16 al 18 de mayo se desarrollarán numerosas potencias, en el marco de los dos temas generales: “El Registro de la Propiedad ante la globalización” y “Desarrollo sostenible. El papel del Registro inmobiliario ante los desafíos del siglo XXI Consecuencias económicas y sociales”

En el primero de los temas se abordarán las materias relativas a las organizaciones internacionales y redes de cooperación entre los distintos sistemas registrales, por su parte en el segundo de los temas, se tratarán cuestiones tan diversas como la georreferenciación, la participación del Registro en la eliminación o reducción de injusticias sociales, la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado o la revolución tecnológica y el Big Data.

Durante el primer trimestre los deudores concursados disminuyeron un 1,8% sobre el trimestre anterior

Durante el primer trimestre los deudores concursados disminuyeron un 1,8% sobre el trimestre anterior

12/05/2022 Registradores

En el primer trimestre de 2022 el número de deudores concursados alcanza la cifra de 2.920, lo que supone una disminución del 14,7% respecto al mismo período del año anterior, y un 1,8% respecto al trimestre anterior.

Por tipo de concurso, son voluntarios 1.476 (un 17,2% menos que en el primer trimestre de 2021), consecutivos 1.431 (un 11,6% menos), y necesarios 13 (un 40,9% menos que en el primer trimestre de 2021[1]). Por clase de procedimiento, los concursos exprés (apertura y cierre simultáneos del mismo por insuficiencia de masa activa), se han contraído un 1,5%, mientras que los abreviados disminuyen un 19,1%, y los ordinarios a su vez un 45,7%.

Deudores concursados según naturaleza jurídica del concursado, tipo de concurso y clase de procedimiento. 1er Trimestre 2022.

Evolución de la tasa trimestral

Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, el gráfico siguiente muestra la variación del número de deudores concursados entre el primer trimestre del año y el cuarto trimestre del año precedente a lo largo de los últimos cinco años. En 2022 esta tasa ha sido del -1,8%.

Empresas concursadas por naturaleza jurídica y tramo de volumen de negocio

De los 2.920 deudores concursados en el cuarto trimestre, 1.125 son empresas personas jurídicas, 717 son personas físicas con actividad empresarial, y 1.078 son personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone el 38,5%, 24,6% y 36,9% respectivamente, del total de deudores.

El número de empresas personas jurídicas concursadas disminuye un 20% en el primer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo del año pasado.

Según la forma jurídica, el 92,7% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada.

El 49,7% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y son, principalmente, Sociedades de Responsabilidad Limitada

EMPRESAS concursadas por forma social y tramo de volumen de negocio. 1er Trimestre 2022

Empresas concursadas por actividad económica y tramo de asalariados

El 22,4% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio, el 16,6% la Construcción, y el 12,1% la Hostelería.

En cuanto al número de asalariados, el 54,4% del total de empresas concursadas tiene menos de seis. Y, entre éstas, el 22,8% no tiene asalariados.

EMPRESAS concursadas por tramo de asalariados y actividad económica principal. 1er Trimestre 2022

Empresas concursadas por antigüedad

El 21,4% del total de empresas concursadas en el tercer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años. Por otra parte, el 48,3% tiene ocho o menos años de antigüedad.

Por sectores, en la Hostelería, el 60,3% de las empresas concursadas tiene ocho o menos años de antigüedad. Por su parte, en Industria y Energía, el 43,3% de las concursadas tiene veinte o más años de antigüedad.

EMPRESAS concursadas por antigüedad y actividad económica principal. 1er Trimestre 2022

Resultados por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el primer trimestre de 2022 son Cataluña (950), Comunidad de Madrid (535) y Comunidad Valenciana (367), concentrando entre las tres el 63,4% del total de deudores concursados.

Deudores concursados según tipo de concurso y clase de procedimiento. 1er Trimestre 2022

Madrid, Murcia, Navarra y Cantabria presentan los únicos incrementos anuales en el primer trimestre (17,6%, 20,3%, 33,3% y 106,7% respectivamente); y Ceuta y Melilla, Castilla y León, y Castilla La Mancha los mayores decrementos (un 100,0% por ausencia de concursos registrados, un 44,9%, y un 43,2% respectivamente).

Revisiones y actualizaciones de datos

Los datos del primer trimestre de 2022 son provisionales y se revisarán cuando se difundan los del mismo periodo del año próximo. Es decir, cuando se publiquen los datos del primer trimestre de 2023, se difundirán los definitivos del mismo trimestre de 2022.

Nota sobre las diferentes moratorias concursales motivadas por la pandemia

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en su artículo 43, procedió a suspender temporalmente el deber de solicitar la declaración de concurso por el deudor insolvente (mientras estuviere vigente el estado de alarma), a la vez que, también de forma temporal (durante el estado de alarma, hasta transcurrir dos meses a contar desde la finalización de este), se preveía la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. La norma fue derogada por otra posterior, Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que extendía sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2020. Posteriormente por medio de la Disposición Final Décima (tercer punto) del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, esta extensión se prorrogó hasta el 14 de marzo de 2021. En 2021, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en su apartado cuarto de la Disposición final séptima, habilitó una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021. Y con posterioridad, el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, se habilita una nueva moratoria hasta el próximo 30 de junio de 2022.

Nota: Las tablas completas, así como el informe metodológico estandarizado y la metodología se pueden descargar en el siguiente enlace del Portal Estadístico Registral en la web del Colegio de Registradores: https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-concursales

[1] Esta disminución es consecuencia directa de las diferentes moratorias establecidas en sucesivos Reales Decretos aprobados a lo largo de 2020 y 2021, que suponen la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. Ver nota al final para más información.

Tres años de prisión y una multa millonaria a un empresario de la construcción por no pagar durante años a la Seguridad Social

Miércoles, 11 de mayo de 2022

Tres años de prisión y una multa millonaria a un empresario de la construcción por no pagar durante años a la Seguridad Social
La Audiencia de Cantabria considera que “de manera intencionada ha procedido a una estrategia encaminada a evitar el pago de las cuotas de la Seguridad Social” y lo ha hecho a través de “maniobras de ocultación”

Autor Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

Santander, 11 de mayo de 2022.-

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a tres años de prisión a un empresario de la construcción por no abonar entre 2016 y 2021 las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que tenía empleados.

En una sentencia recientemente notificada, el tribunal considera al ahora condenado autor de un delito contra la Seguridad Social y junto a la pena de prisión le impone una multa del triple de la cuantía defraudada, lo que supone una cantidad de 1,2 millones de euros.

Asimismo, se le retira la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de tres años.

En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia de Cantabria le condena a pagar a la Seguridad Social una indemnización de 403.441 euros, la deuda global generada a consecuencia de los impagos.

La sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, describe la actuación del acusado, empresario dedicado a la actividad de la construcción como persona física entre 2016 y 2017, y en su calidad de administrador de una empresa dedicada a la misma actividad a partir de esa fecha y hasta 2021.

A lo largo de esos años “incumplió de forma consciente y voluntaria sus obligaciones en materia de cotización social”, de modo que no abonó las cuotas de los trabajadores que tenía dados de alta y, en algunas ocasiones, no dio de alta a otros. Este proceder se mantuvo “incluso tras la presentación de la denuncia por la Tesorería General de la Seguridad Social”, explica la resolución.

El ahora condenado tampoco declaró operaciones con terceros ante la Agencia Tributaria entre 2016 y 2017, ni presentó el impuesto de sociedades en 2017 y 2018, “siendo inefectivos” todos los embargos de cuentas y facturación, así como las notificaciones realizadas para contactar con el empresario a efectos de solicitar un aplazamiento de la deuda.

Maniobras de ocultación

Para la Audiencia de Cantabria, el constructor “de manera intencionada ha procedido a una estrategia encaminada a evitar el pago de las cuotas de la Seguridad Social” y lo ha hecho a través de “maniobras de ocultación”.

En este punto, se refiere el tribunal a la inexistencia de facturación desde el año 2016, según los datos de la Agencia Tributaria, “a pesar de acreditarse la existencia real de actividad con trabajadores en plantilla”.

También alude a que “de forma sistemática y generalizada, salvo alguna excepción” no elaboraba nóminas a los trabajadores y el abono del salario se realizaba en metálico y sin justificante de recepción.

La “labor de obstaculización” se completaba con la falta de presentación de las cuentas sociales en el Registro Mercantil.

Destaca el tribunal que el empresario “nunca ha realizado una oferta o propuesta formal a la Seguridad Social para regularizar sus cotizaciones o para conseguir un aplazamiento de deuda o fraccionamiento de la misma”.

La Audiencia ha dado por acreditados los hechos relatados a la vista de la prueba documental aportada y también del testimonio de quienes comparecieron en el juicio: empleados que describieron el modo de proceder del empresario y la subinspectora de la Seguridad Social que le requirió en varias ocasiones para que regularizara la situación.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas restrictivas en respuesta a la invasión de Ucrania

El Congreso convalida el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas restrictivas en respuesta a la invasión de Ucrania

Jueves 12 de mayo de 2022 La Moncloa

La ministra de Justicia, Pilar Llop, en representación del Gobierno, ha presentado y solicitado la convalidación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la UE en respuesta a la invasión de Ucrania.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, en la tribuna del Congreso

El RDL, aprobado por 259 votos a favor, 2 en contra y 75 abstenciones, se encuadra en el marco de medidas adoptadas conjuntamente por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) frente a la invasión de las tropas rusas en territorio soberano de la República de Ucrania.

En su intervención, Llop ha destacado la unidad que esta agresión ha generado: “Ha provocado una ola de rechazo global a la actuación injustificable y execrable de Rusia. Rechazo en Naciones Unidas, rechazo en la Unión Europea y rechazo en España”.

La titular de Justicia ha indicado que el bloqueo emprendido contra los intereses de Rusia, así como de las personas cuya situación económica ofrece una capacidad de decisión a los intereses de este país, y que están incluidas en listas elaboradas al amparo del Reglamento UE 269/2014, “no es efectivo si no se actúa también contra los testaferros”.

Según Llop, “los testaferros y oligarcas deben ser las dos caras de una misma moneda; sus patrimonios e intereses económicos deben bloquearse para que se reduzca el margen con el que Rusia cuenta para prolongar este conflicto en el tiempo.”

La ministra ha matizado que si se procediese contra los testaferros con las garantías tradicionales que ofrece el ordenamiento jurídico se haría, “paradójicamente, contra los fundamentos del ordenamiento”.

Por ello, Llop ha explicado que este RDL “permite congelar estos bienes dentro del tráfico jurídico con todas las garantías aun cuando estuvieran inscritos a nombre de estas personas-pantalla”, con el apoyo de un informe de indicios racionales elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así, dicho informe se comunicará al Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles quien, a su vez, lo notificará al registrador o registradora competente para que practique la nota marginal de inscripción de la prohibición de disponer.

Finalmente, la ministra de Justicia ha indicado que a través del artículo segundo del RDL se establecerán medidas para el pago de las obligaciones de la Administración Exterior, y el pago de nóminas y de servicios que se atenderán usando la liquidez en rublos de la que dispone el Consulado General en Moscú.

Las constituciones de empresas en abril disminuyen el 7,3% anual

Las constituciones de empresas en abril disminuyen el 7,3% anual

10/05/2022 Registradores

El Colegio de Registradores informa sobre la evolución de la actividad del Registro Mercantil en abril, como avance sobre el informe trimestral.

Constituciones

La evolución de las constituciones durante el mes de abril desciende después cinco meses consecutivos de incrementos. Se crearon 8.615 empresas, un 7,3% menos que en el mismo periodo de 2021. Los mayores volúmenes de empresas creadas correspondieron a Madrid, Cataluña y Andalucía, que conjuntamente constituyeron seis de cada diez empresas creadas.

En abril disminuyó la creación de empresas en trece territorios, con descensos por encima del 20% en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Murcia. En la parte positiva, se incrementaron en cinco comunidades, destacando en Baleares y Canarias.
Con este descenso en las constituciones durante el mes de abril, se ha interrumpido la senda positiva observada desde febrero de 2021, a excepción de un suave descenso del 0,4 en el mes de octubre.

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM. que de noviembre a febrero mostraron datos positivos, han descendido ligeramente un 0,6% en abril y se acumulan tres meses consecutivos de caídas.

Por CC.AA., presentan mayor actividad, Madrid con 623 ampliaciones, un 1,6% más que en 2021 y Cataluña con 508, un 12,9% más. Han descendido más en Ceuta y Melilla, Castilla – La Mancha, Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana.

Concursos de acreedores

Los concursos de acreedores, en este avance del mes de abril fueron 391, y comparados con el mismo mes del año anterior, muestran un descenso del 16,8%, con fuerte influencia de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que constituyeron por sí mismas seis de cada diez concursos presentados a nivel nacional.
Desde el tercer trimestre de 2021, los crecimientos de concursos de acreedores se han moderado paulatinamente hasta entornos de ligera subida, como la mostrada en el primer trimestre. Sin embargo, en abril se ha producido un importante descenso, aunque deberemos esperar a los próximos meses para confirmar si constituye o no un cambio de tendencia. Hasta la finalización de la moratoria concursal vigente hasta junio, los concursos no podrán mostrar con precisión la tendencia real.

En cuanto a su distinción entre concursos voluntarios y necesarios, los primeros sumaron en abril 299 inscripciones, con un descenso del 17,9% frente al mes anterior, mientras los concursos necesarios disminuyeron el 31,9%, habiéndose inscrito 92 en abril frente a los 135 del mes anterior.

EPA 1T2022. Menos ocupación y menos jornadas completas, unido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios

EPA 1T2022. Menos ocupación y menos jornadas completas, unido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios

28 abril, 2022 USO

La EPA del 1T de 2022 viene marcada por los precios de la energía y el golpe al sector industrial

El IPC adelantado, aun con los carburantes subvencionados, supera en 6 puntos la subida salarial media: subir los salarios, prioridad en las calles el 1 de mayo

El primer trimestre ha golpeado la ocupación y, sobre todo, al sector industrial. Sube el paro en 70.900 personas y, además, se reduce el número de ocupados en 100.200. El golpe lo reciben los principales sectores productivos, la industria (-68.000) y los servicios (-50.100), aunque en relación al número de ocupados en ambos, la bajada del empleo industrial es aún más significativa. También el número de autónomos baja de forma significativa, en 55.700 personas.

Son algunos de los datos de la EPA del primer trimestre de 2022, marcada “no tanto por los efectos de la guerra de Ucrania, sino por la falta de políticas energéticas y la brutal subida de precios, que han golpeado especialmente a los sectores más dependientes de la electricidad y al consumo”, analiza Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Pero, además, señala Pérez, “no solo es el cuánto, sino el cómo. Sí ha aumentado el porcentaje de contratos indefinidos, lo cual es una buena noticia, pero también crece el empleo por horas. Se ha destruido empleo a jornada completa, más de 170.000 puestos, mientras que sí se han creado puestos de trabajo a tiempo parcial, algo más de 70.000. Volvemos a trocear el trabajo. Y si un salario, hoy, no permite hacer frente a los gastos más necesarios, mucho menos es posible con la mitad de un salario”.

Sobre los salarios, Joaquín Pérez ha querido recalcar que “ahora mismo, es la prioridad de nuestras reivindicaciones. Sin olvidar la necesaria calidad del empleo que se crea, este también debe tener una remuneración justa. Y, ahora, los salarios deben recuperarse con respecto a la inflación. Acabamos de conocer el IPC adelantado, de un 8,4 %. Ligeramente más bajo que el anterior, por las rebajas subvencionadas a los carburantes, pero muy por encima del 2,5 % de media que están subiendo los salarios por convenio”.

Por ello, el secretario general de USO, hace un llamamiento “a no quedarse en casa el 1 de mayo. Es el primer Día del Trabajo sin restricciones desde 2019. Nosotros llevaremos nuestro lema, ‘Subir salarios, única salida’, a la manifestación principal, que celebramos en Burgos, pero también a otras ciudades, como Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y en las Islas Canarias. Y en cada mesa de negociación colectiva, la subida salarial es nuestra prioridad”.

El Tribunal Supremo confirma la comisión de delito de prevaricación por el exalcalde de Alicante en dos causas

Miércoles, 11 de mayo de 2022

El Tribunal Supremo confirma la comisión de delito de prevaricación por el exalcalde de Alicante en dos causas
Fue alcalde de Alicante por el PSOE entre 2015 y 2018

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la comisión de delito de prevaricación por quien fue alcalde de Alicante por el PSOE entre 2015 y 2018, Gabriel E.F., en dos causas judiciales distintas. Así, por el caso de unas contrataciones irregulares realizadas desde la Concejalía de Comercio, se establece una pena de 8 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, y por la decisión de despedir a una funcionaria interina del Ayuntamiento, familiar del portavoz entonces del partido de la oposición, como represalia por una denuncia planteada por dicho partido contra el alcalde, se le ratifica la pena de 4 años y medio de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Según los hechos probados de la primera sentencia, durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, y por decisión del entonces alcalde de Alicante Gabriel E., la Concejalía de Comercio contrató mediante la figura del contrato menor de servicios (cuyo importe, sin incluir el IVA, no puede exceder de 18.000 euros), un total de veinticinco operaciones con diferentes empresas por un importe acumulado de 189.762’86 euros produciéndose el fraccionamiento deliberado de los objetos de las prestaciones a fin de eludir la normativa vigente en materia de contratación administrativa, que exige respeto a los principios de publicidad y concurrencia, en nueve de ellos.

Dichas nueve contrataciones, añade el relato fáctico, debieron haber sido tramitadas legalmente mediante concurso público en lugar de contrato menor, por referirse a unos mismos objetos y tratarse de unidades funcionales, y si no se siguió la tramitación correcta fue para no superar el límite legal del contrato menor de servicios, llegando a superarse en uno de ellos por un céntimo.

La Audiencia Provincial de Alicante condenó en esta causa al exalcalde a ocho años y medio de inhabilitación por delito continuado de prevaricación, y a la misma pena al entonces asesor del equipo de Gobierno Pedro D.G.L., a quien el primero había encargado llevar de facto la responsabilidad de la Concejalía de Comercio. Asimismo, condenó a 7 años de inhabilitación al entonces jefe de Gabinete de la Alcaldía Eduardo D.E.

Los condenados recurrieron en apelación al TSJ de la Comunidad Valenciana, que desestimó sus recursos, pero al mismo tiempo elevó la pena de inhabilitación de sus condenas a 12 años, para los dos primeros, y a 9 años para el tercero.

El Tribunal Supremo ahora estima parcialmente los recursos del exalcalde y exasesor y repone sus condenas iniciales de 8 años y medio de inhabilitación por el delito de prevaricación, ya que, según explica, la elevación a 12 años que hizo el TSJ suponía una agravación de las condenas de los acusados, únicos recurrentes, que está prohibida en derecho si no media recurso del Ministerio Fiscal ni petición alguna como en este supuesto. En cuanto al tercer acusado, Eduardo D., su recurso se estima totalmente, y queda absuelto, al considerar el tribunal que en su caso no hay pruebas suficientes.

Por otro lado, la sentencia ratifica que los hechos en relación al exalcalde y exasesor encajan en el delito de prevaricación (el segundo como cooperador necesario), ya que el fraccionamiento de un contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de ejecución que corresponda, reúne los requisitos de dicho delito, y la prueba indiciaria fue válida en su caso.

Cese de funcionaria

El segundo caso se refiere a la decisión del exalcalde de cesar a una funcionaria interina de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento como represalia por la denuncia ante la Fiscalía formulada en su contra por un miembro de partido distinto, que era cuñado de la funcionaria.

El Supremo confirma que fue una arbitrariedad burda y patente realizada con absoluta inobservancia de las más elementales normas de procedimiento. El Supremo desestima íntegramente el recurso del exalcalde en este caso, y confirma los 4 años y medio de inhabilitación impuestos por el TSJ de Valencia, que había reducido la pena de 9 años de inhabilitación establecidos por la Audiencia de Alicante.

El Gobierno pone en marcha la Línea de Avales para garantizar la liquidez de autónomos y empresas y paliar los efectos económicos de la guerra

10 de mayo de 2022 mineco.gob.es

El Gobierno pone en marcha la Línea de Avales para garantizar la liquidez de autónomos y empresas y paliar los efectos económicos de la guerra

La Línea de Avales, con un importe máximo de 10.000 millones de euros, tiene como objetivo garantizar el acceso a la liquidez de las empresas afectadas por el incremento de los costes energéticos o materias primas derivados de la guerra de Rusia en Ucrania

El Consejo de Ministros ha aprobado el primer tramo de la Línea por importe de 5.000 millones de euros

Para importes avalados de hasta 400.000 euros, la garantía cubre hasta el 80% y el plazo de la financiación puede ser de hasta 10 años

Para préstamos por importe superior se garantizará el 80% de la nueva financiación a autónomos y pymes y hasta el 70% para el resto de empresas, y dispondrán de un plazo de amortización de hasta ocho años

Todas las empresas tendrán derecho a una carencia inicial del principal de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2022

?El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo que recoge las características del primer tramo de la Línea de Avales para autónomos y empresas, por importe de hasta 5.000 millones de euros, que forma parte de las medidas incluidas en el Plan de respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania aprobadas en el Real Decreto-ley 6/2022.

La nueva línea reforzará la liquidez de autónomos y empresas que se estén viendo afectados por el incremento de los precios de la energía, materias primas o electricidad como consecuencia de la guerra, garantizando de esta forma su acceso a la liquidez. Esta Línea de Avales se enmarca en el nuevo marco temporal de ayudas aprobado por la Comisión Europea, destinadas a respaldar el tejido productivo y la economía europea ante los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania.

El primer tramo aprobado de 5.000 millones de euros, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial en colaboración con las Entidades Financieras, está dirigido a todas los autónomos y empresas de todos los sectores económicos afectados por los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania, con excepción del sector financiero y de seguros.

Los avales se destinarán a garantizar nuevas operaciones de financiación concedidas por las Entidades Financieras, y podrán solicitarlos hasta el 1 de diciembre de 2022 los autónomos y empresas que no se encuentren en situación de morosidad ni en procedimiento concursal a la fecha de firma de la operación, ni estén sujetos a sanciones por parte de la Unión Europea, ni tengan en el momento de solicitud del aval ningún proceso de ejecución de avales gestionados por el ICO.

El aval garantizará hasta el 80% de los nuevos préstamos de operaciones solicitadas con importe máximo avalado de hasta 400.000 euros con carácter general, o 35.000 euros para empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias operaciones de préstamo. En estos casos, el aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de 10 años.

Para préstamos por un volumen superior el aval podrá garantizar hasta el 80% del importe del crédito para pymes y autónomos y hasta el 70% para el resto de empresas, si bien el importe total del préstamo no podrá ser mayor del 15% del volumen de negocios anual medio total del beneficiario durante los tres últimos ejercicios, o del 50% de los costes de la energía en los doce meses anteriores a la solicitud del préstamo.

Para estos préstamos el aval coincidirá también con el plazo de amortización de la operación, que será de hasta ocho años.

Todas las operaciones contarán, a solicitud del deudor, con un periodo de carencia inicial del principal de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, las Entidades Financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes y no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

El Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea defiende la primacía del derecho de la UE como garantía de los derechos fundamentales y de la igualdad de los estados miembros

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

Nota informativa Nº 41/2022

El Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea defiende la primacía del derecho de la UE como garantía de los derechos fundamentales y de la igualdad de los estados miembros

El Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts, ha defendido esta mañana en la sede del Tribunal Constitucional la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión como garantía del sistema de protección de los derechos fundamentales y de la igualdad de todos los Estados Miembros, independientemente de su talla, población o riqueza, ya que son símbolos de “nuestros valores comunes en tanto que europeos”: “Hoy más que nunca, cuando la guerra toca a las puertas de la UE, debemos defenderlos y preservarlos. Forman parte de nuestra herencia humanista y tienen vocación universal”.

Acompañado del Presidente Pedro González-Trevijano, Lenaerts ha impartido una conferencia magistral con motivo de su visita al Tribunal Constitucional, bajo el título “La protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico de la UE: un diálogo entre el Tribunal de Justicia y los Tribunales Constitucionales de los Estados Miembros”. Se trata de la primera visita que realiza un Presidente del TJUE a la institución. En su intervención, ha subrayado que los derechos fundamentales deben ocupar una posición central en la construcción europea, en tanto que la “Unión Europea es, antes que nada y sobre todo, una Unión de valores, valores que son compartidos y custodiados por las constituciones de los Estados miembros”.

En este sentido, el Presidente del TJUE ha resaltado que el Tribunal Constitucional español “es uno de los más prestigiosos, respetados y admirados de Europa, cuya influencia ha servido de puente entre los Tribunales Constitucionales europeos y los Tribunales Constitucionales de Latinoamérica”. Asimismo, ha señalado el papel fundamental que ha desempeñado en la transición democrática de la sociedad española al tiempo que ha interpretado la Constitución española como una norma abierta al proyecto de integración europea.

Koen Lenaerts ha reflexionado sobre el diálogo entre el Tribunal de Justicia de la UE y los Tribunales Constitucionales, que busca construir puentes entre estos ordenamientos jurídicos y crear sinergias para brindar a los justiciables una protección eficaz, completa y ordenada de sus derechos fundamentales. También ha insistido en la necesidad de que los Estados miembros independientemente de su modelo constitucional y de su identidad nacional, respeten el Derecho de la Unión: “Dicha identidad no puede servir a los Tribunales Constitucionales de excusa para cerrar las puertas al diálogo prejudicial ni para poner en tela de juicio la interpretación del Derecho de la Unión que ha hecho el Tribunal de Justicia”.

“El Derecho de la Unión no se opone, en principio, a que los Tribunales Constitucionales juzguen que una legislación nacional es conforme a la constitución y que sus fallos sean vinculantes para la justicia ordinaria. Sin embargo, la fuerza vinculante de las sentencias de los Tribunales Constitucionales no puede llegar al extremo de impedir que un juez nacional examine, por sí mismo o en cooperación con el Tribunal de Justicia a través del mecanismo de remisión prejudicial, la compatibilidad de una legislación nacional con el Derecho de la Unión”, ha explicado el Presidente del TJUE.

Por su parte, el Presidente Pedro González-Trevijano ha afirmado que España y el Tribunal Constitucional son profundamente europeístas. Así, ha resaltado el valor fundador que la defensa y promoción de derechos humanos han ostentado en la propia construcción de la UE. Y también el papel jugado por los Tribunales, y especialmente por el Tribunal de Justicia, con sentencias que transitaron de lo económico, de lo técnico, de lo político, a lo humano. Con carácter cada vez más acentuado, ha señalado González-Trevijano, el Tribunal Constitucional ha afirmado que debe velar por el respeto del principio de primacía de la Unión Europea en los casos en que exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución.

No obstante, González-Trevijano ha puntualizado que desde la entrada en vigor de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se hace necesario vigilar que la interpretación y el alcance que se dé a derechos de contenido y alcance similares, pero no idénticos, en el plano español y europeo, no desemboquen en contradicciones y malentendidos entre los ordenamientos jurídicos español y europeo y los Tribunales llamados a aplicarlos.

Al acto han asistido los magistrados del Tribunal Constitucional, presidentes y magistrados eméritos del Tribunal así como numerosas autoridades del mundo jurídico, político y académico, entre ellas, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la Presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, el Secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, el Secretario de Estado de Unión Europea, Pascual Navarro Ríos, vocales del CGPJ, Magistrados del Tribunal Supremo, diputados y senadores, así como embajadores de la Unión Europea en España.

Madrid, 6 de mayo de 2022

Un juzgado de Vitoria considera práctica abusiva el cobro de comisiones por ingresar dinero en efectivo a los no clientes del BBVA

Miércoles, 11 de mayo de 2022

Un juzgado de Vitoria considera práctica abusiva el cobro de comisiones por ingresar dinero en efectivo a los no clientes del BBVA
También condena el cobro de comisiones a los clientes de la entidad que retiren hasta 2.000 euros en ventanilla

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil de Vitoria ha dictado una sentencia en la que considera que el cobro de la comisión de BBVA por ingreso de efectivo en ventanilla por parte del no titular de la cuenta así como la comisión por retirada en efectivo de 2.000 euros o menos, también en ventanilla pero por parte del titular de la cuenta, constituyen unas prácticas abusivas, contrarias a la normativa de protección de los consumidores y usuarios y, consecuentemente, se considera nula la cláusula en virtud de la cual practica el cobro.

En base a ello, ha condenado a la entidad a cesar en la práctica indicada y a eliminar de sus condiciones generales las cláusulas contractuales por la que impone el cobro de estas comisiones.

Un juzgado de Vitoria considera abusivo que Banco Santander cobre comisiones por ingresar en efectivo a los que no son titulares de la cuenta

jueves, 12 de mayo de 2022

Un juzgado de Vitoria considera abusivo que Banco Santander cobre comisiones por ingresar en efectivo a los que no son titulares de la cuenta

Insta a la entidad a eliminar del folleto de tarifas de comisiones, condiciones y gastos la información relativa a su devengo

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria – Gasteiz ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la Asociación de personas consumidoras y usuarias vasca (EKA/ACUV) Euskal Kontsumitzaileen contra el Banco Santander y ha declarado que el cobro de la comisión por ingreso en efectivo en ventanilla por parte de un tercero consumidor o usuario no titular de la cuenta, indicando el concepto del ingreso, constituye una práctica abusiva, contraria a la normativa de protección de los consumidores y usuarios.

En consecuencia, ha condenado a la demandada a cesar en la práctica indicada, a abstenerse del cobro de la indicada comisión y a eliminar del folleto de tarifas de comisiones, condiciones y gastos la información relativa a su devengo.

No se entra a valorar la posible abusividad de la práctica del cobro de la comisión por aviso especial de ingreso en efectivo.

El TSJ de Asturias rechaza el uso residencial en los terrenos del antiguo Naval Gijón que solicitaba un astillero

Martes, 10 de mayo de 2022

El TSJ de Asturias rechaza el uso residencial en los terrenos del antiguo Naval Gijón que solicitaba un astillero
La Sala de lo Contencioso mantiene la reserva del 80% de ese suelo para empresas de economía azul, como había planificado el Ayuntamiento

Autor Comunicación Poder Judicial
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por la reprresentación legal de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) contra el Plan General de Ordenación de Gijón, en el que esta sociedad reclamaba para los terrenos de Naval Gijón un uso mixto -residencial y empresarial- para poder construir allí hasta 400 viviendas.

La sentencia mantiene todas las determinaciones de la ficha urbanística del Plan General para esos 60.000 metros cuadrados de suelo. La ficha que regula las condiciones de desarrollo para esos terrenos plasma los planes municipales para transformar el antiguo astillero en un parque empresarial centrado en la economía azul, es decir, en las actividades relacionadas con la mar. Para conseguir ese objetivo se obliga a destinar al menos un 80% del aprovechamiento urbanístico del PERI-Naval Gijón a ese tipo de actividades. Sí se admiten en cambio oficinas y usos hoteleros, comerciales y hosteleros.

En lo que respecta al primer motivo de impugnación, en el que la recurrente hablaba de “arbitrariedad e incongruencia en la calificación urbanística del ámbito”, haciendo referencia al hecho de que en terrenos colindantes al antiguo astillero sí se contemplaba la posibilidad de construir viviendas, el fallo del TSJA indica que “el diseño de ciudad corresponde a la autoridad planificadora. Y por más que puedan ser respetables otras alternativas, opiniones o diseños, no nos encontramos en plano de resolver propuestas sobre criterios subjetivos de interpretación, sino de analizar si el contenido de los documentos normativos es acorde con el diseño planteado, y resulta factible física y económicamente”.

A este respecto, considera que está en el mismo barrio, rodeando el borde edificado de la zona del Natahoyo, con tres áreas limítrofes pendientes de ordenación y posterior gestión. Para la Sala “lo que pretende el planificador, partiendo de la especial ubicación de los terrenos del antiguo Naval Gijón, que le otorga una singularidad específica respecto de otros puntos de la ciudad, es tomar esta área como referencia y punto de partida de la transformación de la zona con la implantación de actividades vinculadas al mundo marino y marítimo, a través de la denominada industria azul”.

Según los magistrados, al mismo tiempo, “concentra el uso edificatorio en las otras dos áreas”. El tribunal concluye por tanto que “nada cabe objetar a los usos que señala la ficha urbanística” de estos terrenos y que “en todo caso el uso industrial previsto no resulta incompatible con el residencial que se prevé en las áreas limítrofes, dado que se trata de una industria limpia, con actividades múltiples que pretende integrarse con el uso público de la zona y ser motor de recuperación social y económica”.

La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo si se denuncia infracción de legislación estatal o por la propia Sala del TSJA si lo es por legislación autonómica.

Desestimado un recurso de Bankinter contra la sentencia que le obliga a no cobrar una comisión por ingreso en efectivo a los que no son clientes

Martes, 10 de mayo de 2022

Desestimado un recurso de Bankinter contra la sentencia que le obliga a no cobrar una comisión por ingreso en efectivo a los que no son clientes
El tribunal ratifica la sentencia que consideraba que el titular de la cuenta de la entidad financiera ya pagaba una comisión de mantenimiento que debía incluir ese servicio de ingresos de terceros

Autor Comunicación Poder Judicial
La Audiencia Provincial de Álava ha desestimado el recurso interpuesto por Bankinter contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria que ordenaba a la entidad financiera cesar en el cobro de dos euros de comisión por el ingreso en efectivo en cuentas de clientes de la entidad por parte de quienes no lo eran.

De esta forma, la Audiencia ratifica la sentencia que consideraba que el titular de la cuenta de Bankinter ya pagaba una comisión de mantenimiento que debía incluir ese servicio de ingresos de terceros.

Contra esta resolución en segunda instancia, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya insta al cumplimiento inmediato de la sentencia de enseñanza del 25% de castellano en los centros educativos

Lunes, 9 de mayo de 2022

El TSJ de Catalunya insta al cumplimiento inmediato de la sentencia de enseñanza del 25% de castellano en los centros educativos
Requiere al Conseller de Educación para que implemente la sentencia y a la Alta Inspección para que verifique su cumplimiento

Autor Comunicación Poder Judicial

El auto de la Sección 5ª de la Sala Contencioso-Cdministrativo del TSJ de Catalunya ha dispuesto requerir a la Adminsitración para el cumplimiento inmediato de la sentencia del 25% de castellano todos los centros educativos de Catalunya.

Esta decisión es consecuencia de la legitimación de una asociación que solicitó la ejecución forzosa. El mismo tribunal ha desestimado la solicitud de ejecución forzosa del partido VOX y de algunos diputados del Parlament por falta de legitimidad.

El tribunal resuelve:

-Requerir al Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal que, en el termini màxim de 15 dies, dicti les instruccions i estableixi les garanties de control de les mateixes que s’escaiguin als efectes que al sistema educatiu de Catalunya tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l’ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dos llengües oficials en els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors al 25 % en un i altre cas; utilització que inclourà com a mínim la docència de la mateixa llengua i la d’un altra assignatura o matèria de caràcter troncal o anàleg, i informi al Tribunal en el mateix moment que finalitzi el nou termini d’execució sobre les mides adoptades i el grau de compliment de les mateixes.

-Requerir a la Alta Inspecció Educativa als efectes de verificar el compliment de la part dispositiva de la sentència dictada en aquestes actuacions en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya, informant al Tribunal de l’activitat desplegada i de la situació constatada a la finalització del termini d’execució assenyalat.

-Inadmetre la sol·licitud d’execució forçosa formulada per la representació de diverses persones que invoquen la seva condició de diputats a Parlament de Catalunya i el partit polític “Vox”, per manca de legitimació.”

En el auto el tribunal especifica que: “Cal assenyalar que al cos de la sentència es reconeix la llibertat de la Generalitat de Catalunya per determinar amb llibertat d’apreciació els mitjans que consideri oportuns per fer efectiu l’ús vehicular de les llengües oficials. Allò determinant en la sentència no és el mitjà sinó el resultat. El que es condemna és una inactivitat en el dictat de normes, instruccions o actes d’aplicació que siguin necessaris als efectes de determinar l’ús vehicular de les llengües a l’ensenyament, o l’exercici de la potestat de control.

A sentència manté una pauta de respecte de la llibertat de la Generalitat de Catalunya de respecte no sols pel que fa a la forma d’ordenar l’ús vehicular de les llengües oficials, sinó també el contingut de dita ordenació. La sentència es limita a determinar el mínim constitucionalment exigible en aquest àmbit.

En conclusió, l’elecció del medi per garantir el resultat establera la sentència és facultat de la Generalitat de Catalunya, però el que no està en la seva llibertat és no actuar i permetre una situació contraria al mandat constitucional”.

Esta ejecución forzosa deriva de la sentencia dictada por esta sala el 16 de diciembre de 2020 y que fue firme el 20 de enero de 2022.

La reserva hídrica española se encuentra al 50,7 por ciento de su capacidad

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 50,7 por ciento de su capacidad
Martes 10 de mayo de 2022

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica


La reserva hídrica española está al 50,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.452 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 73 hectómetros cúbicos (el 0,1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5%
Cantábrico Occidental al 64,5%
Miño-Sil al 55,3%
Galicia Costa al 70,0%
Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
Duero al 57,9%
Tajo al 50,5%
Guadiana al 32,3%
Tinto, Odiel y Piedras al 80,3%
Guadalete-Barbate al 36,9%
Guadalquivir al 32,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 50,6%
Segura al 45,1%
Júcar al 65,7%
Ebro al 76,9%
Cuencas internas de Cataluña al 59,8%
Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Valencia con 151,7 mm (151,7 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Registradores mercantiles de toda Europa se dan cita en Madrid para estudiar su contribución al plan estratégico de la Unión Europea

Registradores mercantiles de toda Europa se dan cita en Madrid para estudiar su contribución al plan estratégico de la Unión Europea

09/05/2022 | Registradores

Delegaciones de todos los Registros Mercantiles europeos se dan cita en Madrid, los próximos 15 y 16 de junio, en un encuentro internacional al que asistirán, además, representantes de las asociaciones de registradores mercantiles de América Latina, Asia y África. Durante dos días, los registradores mercantiles abordarán el plan estratégico de la Comisión Europea y las contribuciones de los Registros Mercantiles para su consecución.

Los registradores mercantiles europeos estudiarán su contribución en la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado; el escenario planteado por la guerra de Ucrania y, de forma especial, diferentes posibilidades de innovación para seguir en la senda de la digitalización promovida por las instituciones europeas.

Los Registros Mercantiles de toda Europa se agrupan en la Asociación Europea de Registros Mercantiles (European Business Registry Association, EBRA), que proporciona datos registrales, oficiales y fiables, directamente del Registro Mercantil de cada país y su consulta puede realizarse en el portal de la Unión Europea ejusticie.

Entre los países que integran la asociación se encuentran: Albania, Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Gibraltar, Guernsey, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Montenegro, Noruega Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Serbia y Suecia.

El Registro Mercantil en España tiene encomendado, en exclusiva, el control de legalidad del tráfico jurídico mercantil y ofrece una radiografía de la situación empresarial en España a la vez que colabora en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.