Raquel Sánchez: “Hoy ratificamos más de 1.800 millones de euros para vivienda”

Raquel Sánchez: “Hoy ratificamos más de 1.800 millones de euros para vivienda”

Miércoles 9 de marzo de 2022

La Conferencia Sectorial de Vivienda ha ratificado la distribución de 400 millones de euros para el Bono Alquiler Joven y 1.443 millones de euros para las subvenciones del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presidido la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, celebrada para ratificar la distribución territorial de más de 1.800 millones de euros para las ayudas del Bono Alquiler Joven y las del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

En concreto, se ha ratificado, sin ningún voto en contra ni abstención, el reparto de 1.843 millones de euros, de los que 1.443 millones son para las subvenciones del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025; y los otros 400 millones son para las subvenciones del Bono de Alquiler Joven para este año 2022 y 2023 (200 millones para cada ejercicio).

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de distribución tanto del Bono Alquiler Joven como del nuevo Plan Estatal hoy ratificada. Previamente, fue acordada en la Conferencia Sectorial del día 2 de febrero.

Durante la reunión de hoy con las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la ministra ha subrayado que la intención es poner en marcha lo antes posible las ayudas del Bono de Alquiler para Jóvenes de hasta 35 años, así como seguir avanzando en la tramitación del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 para suscribir los convenios de colaboración en el menor plazo posible. Tal y como ha argumentado, es necesario y urgente.

Para la responsable de Mitma, reconocer la vivienda como un derecho es asegurar el ejercicio de otros derechos fundamentales y consagrarla como una fuente de dignidad de la que ningún ciudadano puede ser privado.

La vivienda como eje central en Mitma
Por este motivo, según ha explicado, la vivienda es uno de los ejes centrales de la acción del departamento, al tiempo que ha recordado que se ha elevado exponencialmente la inversión pública en este capítulo.

En este contexto, la ministra ha apuntado que los Presupuestos de este año contemplan la mayor partida destinada a vivienda de la historia. En concreto, se ha pasado a 3.290 millones de euros, frente a los 475 millones dispuestos al inicio de esta legislatura.

Por otro lado, además, la ministra ha enfatizado que se están articulando las ayudas a la rehabilitación de viviendas, edificios y barrios con 4.400 millones de euros con cargo al mecanismo de Recuperación.

Asimismo, ha subrayado que en los próximos cuatro años se va a destinar a vivienda en torno a 10.000 millones de euros con el objetivo de ayudar a la población más vulnerable y a colectivos que tienen más dificultades para el acceso a una vivienda; además de impulsar la rehabilitación en dos vertientes: accesibilidad y eficiencia energética; y la promoción de vivienda social.

La distribución territorial de los fondos estatales destinados al Bono Alquiler Joven y a las subvenciones del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 es la que se detalla en los cuadros adjuntos.

El TSJCyL rechaza la anulación total del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid

Martes, 8 de marzo de 2022

El TSJCyL rechaza la anulación total del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid

La Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que el Ayuntamiento actuó legítimamente y llevó a cabo una evaluación ambiental favorable. El Tribunal sí declara nula la clasificación como “suelo urbano no consolidado” de los terrenos del Sector Azucarera.

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, ha desestimado la pretensión principal de las mercantiles recurrentes de anular en su totalidad la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, aprobada definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de 3 de junio de 2020.

La Sala considera que el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid actuó legítimamente cuando por Acuerdo de 1 de marzo de 2016 dejó sin efecto la primera aprobación “inicial” de esa Revisión y estableció otros criterios para la ordenación de la ciudad como consecuencia de la nueva composición de ese Pleno que resultó de las elecciones llevadas a cabo en mayo de 2015.

El Tribunal tiene también en cuenta para desestimar la pretensión principal de los recurrentes que el Ayuntamiento llevó a cabo una evaluación ambiental que fue informada “favorablemente” por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, así como una nueva aprobación inicial de la Revisión del Plan General que se sometió a información pública por dos veces.

La Sala además desestima esa pretensión principal al considerar suficiente el Estudio Económico Financiero que contiene la Revisión del Plan General.

El Tribunal estima, sin embargo, la pretensión subsidiaria de las demandantes y declara la nulidad de la clasificación como “suelo urbano no consolidado” de los terrenos del Sector “Azucarera Santa Victoria” por tratarse de un suelo “urbano consolidado” al haberse llevado a cabo su urbanización y estar abiertos al público tanto los viales como los demás equipamientos de ese ámbito. Por ello, anula en ese aspecto la Orden impugnada.

La reserva hídrica española se encuentra al 43,9 por ciento de su capacidad

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 43,9 por ciento de su capacidad

Martes 8 de marzo de 2022

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 43,9 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 24.619 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 86 hectómetros cúbicos (el 0,2 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 83,6%
Cantábrico Occidental al 60,0%
Miño-Sil al 51,0%
Galicia Costa al 62,1%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 49,6%
Tajo al 44,9%
Guadiana al 30,4%
Tinto, Odiel y Piedras al 73,8%
Guadalete-Barbate al 29,0%
Guadalquivir al 28,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 29,2%
Segura al 32,9%
Júcar al 55,2%
Ebro al 64,1%
Cuencas internas de Cataluña al 53,0%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Alicante con 145,4 mm (145,4 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

El cuarenta por ciento de los consejos de las empresas españolas no tienen ninguna mujer entre sus miembros, según datos del Registro Mercantil

El cuarenta por ciento de los consejos de las empresas españolas no tienen ninguna mujer entre sus miembros, según datos del Registro Mercantil

08/03/2022 Registradores

El Colegio de Registradores ha dado a conocer hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer, un informe que recoge una foto fija de los consejos de administración vigentes en el Registro Mercantil. El estudio que analiza datos de 2021, presenta las siguientes conclusiones: entre los consejos de administración analizados, se observa que en el 40% de estos órganos decisorios no hay ninguna mujer, mientras que la situación inversa, es decir, sin hombres en el consejo, solo hay un 1% en las empresas analizadas.

Además, el informe indica que, sobre casi 380.000 consejeros de más de 80.000 empresas analizadas, solo uno de cada cuatro es mujer, evidenciando con claridad la llamada brecha de género en el terreno de la toma de decisiones empresariales.

En cuanto a los puestos ocupados en los consejos de administración, se aprecia que, en el caso de las mujeres, el cargo de presidenta lo ostentan solamente una de cada seis. En cuanto a los hombres que son miembros de consejo, el cargo de presidente lo ostentan casi uno de cada cuatro.

Analizando las empresas por capital social, se observa que las mujeres que pertenecen a empresas con más de 150.000 euros de capital social tienen una proporción mayor en el desempeño de los dos puestos más relevantes, como son presidenta y vicepresidenta, que conjuntamente suman el 43% de presencia femenina, mientras que, en las empresas de menos de 150.000 euros de capital, la proporción llega solamente al 35%. Cuanto mayor es la empresa más presencia de la mujer en los puestos de responsabilidad del consejo de administración.

Empresas en el ámbito jurídico

Por último, el Colegio de Registradores ha realizado el mismo estudio anterior, referido a las empresas pertenecientes a las actividades del ámbito jurídico. En este ámbito de actividad las principales conclusiones han sido las siguientes: de las más de 500 empresas analizadas, con casi 2.300 consejeros analizados, solo uno de cada cuatro es mujer, reproduciendo por tanto la media de todas las actividades españolas.

Con relación a la proporción de consejos de administración con o sin mujeres en su composición, en las actividades jurídicas, se alcanza el 32% de consejos sin mujeres (frente al 40% de todas las actividades globalmente consideradas), mejorando por tanto la media nacional en este aspecto. La proporción de consejos solo de mujeres es similar a la media, ligeramente por debajo del 1%.

En cuanto a los puestos ocupados en los consejos de administración por género, en el caso de las mujeres, el cargo de presidenta lo ostentan solamente una de cada ocho, empeorando la proporción de su capacidad de decisión sobre la media de actividades en España (una de cada seis).

Relativo a la participación masculina, los hombres ostentan la presidencia en el 27% de los casos, frente al 26% de media en las actividades generales. En consecuencia, los hombres mantienen también un nivel de clara prevalencia de género en puestos de máximo nivel, la presidencia, en los consejos de administración de empresas dedicadas a actividades jurídicas.

Con relación al tamaño de las empresas en relación con su capital social, las de más de 150.000 euros incorporan como presidenta o vicepresidenta a una mujer en el 45% de los casos, mientras que en las empresas de menos de 150.000 euros de capital dichos cargos suman el 35. Por lo tanto, muestran datos muy similares al análisis global antes señalado.

De esta forma se refrenda, con algún pequeño matiz antes indicado, que las actividades jurídicas mejoran algún indicador aislado, aunque reproducen en la mayoría de los aspectos analizados el mismo comportamiento global de los consejos de administración.

El Instrumento Financiero de Gestión Centralizada para facilitar el acceso a créditos al sector agroalimentario suma ya 17 entidades bancarias adheridas

Financiación del sector agroalimentario

El Instrumento Financiero de Gestión Centralizada para facilitar el acceso a créditos al sector agroalimentario suma ya 17 entidades bancarias adheridas

Viernes 4 de marzo de 2022

El Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC), un programa impulsado y coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para facilitar el acceso a créditos del sector agroalimentario, cuenta ya con 17 entidades financieras adheridas, después de la incorporación del Banco de Sabadell.

El convenio de colaboración entre el ministerio y esta entidad bancaria fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de marzo.

El IFGC es un mecanismo de apoyo financiero que tiene por objetivo promover un acceso más fácil al crédito a agricultores, ganaderos, selvicultores e industrias agroalimentarias. Permite apoyar inversiones viables y capital circulante ligados al sector agrario y agroalimentario en condiciones de financiación ventajosas.

El apoyo financiero ofrecido por el IFGC consiste en la prestación de garantías para los préstamos y superar así una de las trabas que habitualmente resulta más limitante para el acceso al crédito. Gran parte del riesgo (el 80 %) es asumido por el IFGC y no por las entidades bancarias.

El IFGC es de adhesión voluntaria, tanto para las entidades financieras como para las comunidades autónomas que decidan ofrecer este tipo de apoyo al sector primario en forma de garantía de préstamos con buenas condiciones de financiación, comunes para todos los solicitantes.

Las comunidades autónomas adheridas al IFGC son Castilla y León, Extremadura y Galicia, por lo que de momento, son estos territorios los que han decidido apoyar este tipo de financiación con la participación que les corresponde del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).

Para el periodo de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 se espera un refuerzo en el uso de los instrumentos financieros por parte de las comunidades autónomas, en gran parte motivado por la mayor agilidad y flexibilidad que ofrecen estos instrumentos en comparación con las subvenciones. Además suponen un mejor aprovechamiento de los fondos, ya que son ayudas reembolsables que pueden volver a reutilizarse tantas veces como estén disponibles.

El ministerio, conjuntamente con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), realiza las tareas de ejecución y gestión del IFGC bajo la responsabilidad de las autoridades de gestión de las comunidades autónomas participantes.

Para acceder a este tipo de apoyo, la persona física o jurídica interesada debe solicitar, a través de la comunidad autónoma donde reside o de las entidades bancarias adheridas -según se indique en la convocatoria-, un préstamo garantizado por el IFGC. La comunidad autónoma, tras una tramitación ágil de entre 1 y 3 meses, resuelve la solicitud otorgando un reconocimiento del derecho a un préstamo garantizado. Una vez que se dispone de esta resolución, el solicitante acude a la entidad bancaria para tramitar la firma del préstamo.

El Gobierno y los agentes sociales coinciden en la necesidad de responder con unidad al impacto económico de la guerra en Ucrania

Reunión con los agentes sociales

El Gobierno y los agentes sociales coinciden en la necesidad de responder con unidad al impacto económico de la guerra en Ucrania

La Moncloa, Madrid, lunes 7 de marzo de 2022

Reunión de la mesa con los agentes sociales para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido, en La Moncloa, el encuentro con los líderes de la CEOE y CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

El jefe del Ejecutivo ha coincidido con los agentes sociales en la necesidad de responder con la máxima unidad al impacto que la invasión de Ucrania tendrá sobre el crecimiento y la actividad.

Sánchez ha pedido la colaboración de patronal y sindicatos para impulsar el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, con medidas para atender a los sectores más afectados por esta crisis, acelerar la transición energética y reforzar la resiliencia de nuestra economía.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que los mecanismos del diálogo social pueden ayudar a distribuir el impacto del conflicto y permitir una recuperación más rápida. Sánchez ha planteado a los agentes sociales la necesidad de alcanzar un pacto de rentas, con el fin de proporcionar estabilidad y confianza al conjunto de la sociedad, evitando una espiral inflacionista y reforzando la recuperación económica, la creación de empleo y el poder adquisitivo de los salarios. Sánchez ha reconocido la labor realizada por la patronal y los sindicatos en la reciente reforma laboral y les ha animado a alcanzar un acuerdo tripartito para superar la actual situación.

El presidente del Gobierno ha transmitido a los agentes sociales su preocupación por la actual escalada de precios energéticos por el impacto que supone sobre los hogares y las empresas. Durante el encuentro, se han abordado las consecuencias sobre la economía española del conflicto. Por un lado, el impacto se manifestará a través de la reducción de los flujos comerciales con Rusia o terceros países vinculados a dicho país y, sobre todo, por el aumento de los precios de la energía y las materias primas.

Para mitigar el impacto del encarecimiento de los productos energéticos sobre la economía española, Sánchez ha resaltado que se va a trabajar en dos ámbitos: el europeo y el nacional. El Ejecutivo ha trasladado ya a la Comisión Europea la urgencia de adoptar medidas eficaces para reducir la volatilidad y desacoplar de forma temporal los precios del gas y la electricidad.

Pool Moncloa / Fernando CalvoEn el plano nacional, Sánchez ha detallado alguna de las nuevas medidas que se van a poner en marcha para mitigar el impacto de los altos precios de la energía. Además, ha pedido a los agentes sociales su ayuda y colaboración para agilizar la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsando la transición energética y reforzando así la autonomía estratégica de cara al futuro. En el primer semestre del año, se resolverán más de 24.000 millones de euros de convocatorias ligadas a los fondos europeos, tanto a través de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas.

Además, el presidente del Gobierno ha informado a los agentes sociales sobre la evolución del conflicto y ha detallado las sanciones que se han impuesto a Rusia. Asimismo, durante la reunión se ha abordado la importancia de seguir apoyando a los colectivos más vulnerables y de responder decididamente a la crisis humanitaria, gestionando de forma eficiente la acogida de refugiados ucranianos.

Por su parte, los agentes sociales han mostrado su apoyo al Gobierno en la respuesta a la agresión de Rusia y su disposición a mantener un intenso diálogo social, con el fin de amortiguar el impacto económico e impulsar el despliegue efectivo de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación.

El encuentro también ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el ministro de Universidades, Joan Subirats.

La creación de empresas supera las cien mil en 2021, la mayor cifra de los últimos cinco años

La creación de empresas supera las cien mil en 2021, la mayor cifra de los últimos cinco años

28/02/2022 Registradores

El Anuario Mercantil que publica el Colegio de Registradores recoge una estadística transaccional de las principales operaciones societarias que se inscriben en los Registros Mercantiles y que tienen especial significación en el ciclo económico. Este informe complementa y amplía la información proporcionada en los informes trimestrales de coyuntura. La excepcional situación sufrida en los dos últimos años provocada por la pandemia ha influido de forma significativa en la mayoría de las magnitudes analizadas.

La constitución de sociedades mercantiles en 2021 se incrementó el 27,5% sobre 2020, alcanzando las 102.135 nuevas empresas, después del descenso del 15,5% del año anterior, muy afectado por la crisis sanitaria. Con estos resultados, la creación de empresas supera claramente las 100.000 operaciones, cifra que no se veía desde 2016, aunque todavía permanece muy por debajo de sus máximos históricos, situados alrededor de las 150.000 constituciones en el año 2006.

En lo referente a la composición sectorial de actividad de las nuevas empresas, un año más, un 44,2% de las nuevas constituciones se reparten prácticamente por igual entre comercio y otros servicios (no financieros, inmobiliarios o de comunicaciones), un 9,9% pertenecen al sector de la hostelería, frente al 9,4% que representaba el año anterior; y el 22,2% (21,6% en 2020) se lo reparten la construcción y los servicios inmobiliarios. Ya son seis años seguidos en los que estos dos últimos sectores ocupan a una de cada cinco sociedades mercantiles creadas.

Con relación a la evolución anual de los sectores anteriores respecto al año anterior: la Construcción se incrementó el 3,5%, la Hostelería el 5,3%, siendo el sector Financiero y de Seguros el de mayor incremento relativo, con el 8,6%. En sentido contrario, ha disminuido de forma más significativa en Industria (-8,9%), Comercio (-4,3%) y Agricultura (-4,0%).

La desaceleración de la actividad entre 2017 y 2019 fue bastante clara, descendiendo el dato del PIB, el de formación bruta de capital fijo, y el número de constituciones. El año 2020, el más afectado por la pandemia, reflejó la mayor caída de la serie histórica en el número de empresas constituidas, descendiendo un 15,5%. También descendieron de forma importante el PIB, un 8,8%, la formación bruta de capital fijo, un 5,7% y la parte del mismo indicador correspondiente a maquinaria y bienes de equipo, un 2,6%. En 2021, con el cambio de rumbo de la pandemia, y la paulatina normalización de casi todas las actividades económicas, salvo el turismo, se invirtió la tendencia de 2020. El PIB rebotó hasta el 5,2% y la inversión, especialmente en maquinaria y bienes de equipo al 10,26%. Esta situación tiene correlación con un enorme incremento de las empresas creadas (27,5%), mostrando la capacidad de rápida regeneración del tejido económico español, ayudado por el estímulo de los fondos europeos destinados a la recuperación económica.

Formas societarias

En 2021 las Sociedades Limitadas mantienen, un año más, su predominio absoluto, llegando al 98,7% del total, mientras que las sociedades anónimas mantienen el 0,4% del total de constituciones, porcentaje similar al año anterior. Con relación a tipologías societarias específicas, se puede destacar, con relación a los negocios transnacionales, que en 2021 se han inscrito 174 sucursales de sociedades extranjeras constituidas en nuestro país, frente a las 145 inscritas en 2020.

Plazos de tramitación en la creación de sociedades

El plazo medio de tramitación para constituir sociedades de forma presencial, entendiendo dicho plazo desde la solicitud de admisión del nombre previsto en el Registro Mercantil Central, pasando por la escritura de constitución ante notario, hasta la inscripción en el registro mercantil fue en total de 54,4 días, casi 8 menos que el año anterior. De éstos, en tramitación presencial, 7,4 días corresponden al período que transcurre entre la presentación y la inscripción en el registro mercantil correspondiente. La tramitación telemática, considerando los mismos pasos anteriores, supuso 39 días, 2 menos que el año anterior. Entre la presentación telemática y la inscripción en el registro mercantil provincial correspondiente transcurrieron 5,2 días.

Extinciones, concursos de acreedores y acuerdos extrajudiciales de pagos

Al igual que sucedió con las constituciones, las extinciones inscritas en 2021 se incrementaron de forma importante, alcanzando las 34.033 operaciones, un 21,4% más que el año anterior. En 2020 se había reducido un 10,16%, después de 5 años de incrementos. La proporción de extinciones sobre constituciones durante el año pasado fue del 33,3%.
Los concursos de acreedores habían repuntado ligeramente desde 2018 (3,7% en 2018 y 0,5% en 2019), después de varios años con descensos en torno al 20%, ralentizados hasta el 9% en 2017. En 2020 descendieron un 5,6%, afectados por la llamada “moratoria concursal” del RDL 16/2020, que permitía que las sociedades en dificultades pudieran retrasar el deber de solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre de 2020, aun así se mantuvieron en torno a los 3.500 concursos anuales durante los últimos cuatro años. En 2021 se sobrepasa ampliamente esa cifra, superando los 4.700 concursos, lo que supone un incremento importante del 37,5%, aunque muy lejos todavía de los más de 8.000 del máximo histórico alcanzado en 2013. La situación financiera de las empresas en 2021 refleja con claridad el fin de la mayoría de las medidas de restricción económica motivadas por la pandemia.
Los Acuerdos Extrajudiciales de Pagos sobre sociedades mercantiles tramitados a través de los RR.MM., según lo previsto en la ley 14/2013 y el Real Decreto-ley 1/2015, han registrado 584 expedientes en 2021 (337 en 2020), estando a la cabeza Cataluña con 118, seguido de Andalucía con 110 y Madrid con 84.

Depósitos de cuentas

La campaña de presentación de cuentas de 2021, correspondiente a cuentas anuales del ejercicio 2020, está marcada por una vuelta a la normalidad. En el año anterior se produjo una disminución en la presentación de las cuentas anuales, que cayeron el 13%, motivado por la ampliación del plazo de presentación hasta el 30 de noviembre de 2020 y las dificultades para realizar su actividad en medio de la crisis y las restricciones decretadas. Esta situación ha provocado un incremento de depósitos coyuntural durante los siguientes meses, y como consecuencia, los depósitos de cuentas individuales de las sociedades mercantiles en 2021 se incrementaron el 29,4% sobre 2020, presentándose un total de 1.349.530 depósitos. Con relación a los grupos consolidados, el número de depósitos presentados fue de 4.327, con un incremento del 24,7% sobre el año anterior. Un año más, destaca el uso de la tecnología en la presentación de los depósitos individuales al registro mercantil: el depósito digital telemático representó el 90,4% del total y el digital presencial el 3,2%, siendo en formato papel únicamente el 6.3% restante. Por tanto, 94 de cada 100 depósitos de cuentas se presentaron en formato digital.

Nota: El informe completo se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/estadistica-mercantil/

El Tribunal Supremo declara nulo el acuerdo del Ayuntamiento de Ferrol por el que se aprobó el Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Barrio de Ferrol Vello

Viernes, 4 de marzo de 2022

El Tribunal Supremo declara nulo el acuerdo del Ayuntamiento de Ferrol por el que se aprobó el Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Barrio de Ferrol Vello

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado la nulidad del acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ferrol, de fecha 16 de diciembre de 2015, por el que se aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Barrio de Ferrol Vello.

La Sala ha estimado el recurso interpuesto por dos particulares y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que declaró la nulidad del citado plan al no haber sido sometido a valoración sobre evaluación estratégica ambiental, pero admitió la posibilidad de que en ejecución de sentencia pudiera subsanarse el defecto esencial de procedimiento mediante la aportación de un documento complementario, que debía ser emitido por el órgano ambiental.

En su sentencia, el Tribunal Supremo explica que no resulta ajustado a Derecho que cuando se declara la nulidad de un plan por concurrir un vicio esencial en su elaboración, en la misma sentencia se condicione la subsanación de aquel defecto a la aportación posterior, en ejecución de sentencia, de un documento complementario.

Y ello porque, de acuerdo con su doctrina jurisprudencial, la declaración de nulidad de pleno derecho de una disposición general comporta su expulsión del ordenamiento jurídico, sin posibilidad de subsanación posterior del vicio que fue determinante de la nulidad, ni de convalidación alguna.

La sentencia, ponencia del magistrado Fernando Román, concluye que, aun teniendo presente la loable intención que animó a la Sala de instancia, al intentar evitar que se pudieran producir consecuencias desproporcionadas y excesivamente gravosas para el Concello y para los ciudadanos en el caso examinado, no puede considerar ajustada a Derecho su decisión.

Comercio refuerza el seguimiento de las relaciones comerciales de las empresas españolas que operan en Rusia y Ucrania

Conflicto Rusia-Ucrania

Comercio refuerza el seguimiento de las relaciones comerciales de las empresas españolas que operan en Rusia y Ucrania

Viernes 4 de marzo de 2022

La Secretaría de Estado de Comercio refuerza el seguimiento de las relaciones comerciales con Ucrania y Rusia. Desde la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones se ha mantenido un segundo encuentro con empresas españolas y asociaciones exportadoras potencialmente afectadas por el actual conflicto entre estos dos países.

En este encuentro han participado más de 300 asistentes.

Durante la jornada se abordó la situación de las empresas que operan en ambos mercados, sus dudas e incertidumbres sobre las cuestiones que les preocupan, así como se orientó a los participantes con información sobre las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania para valorar su implicación sobre la actividad económica española en la región.

Adicionalmente, se ha abierto el buzón de correo ‘Empresas Rusia-Ucrania’ para recibir y responder las consultas de las empresas sobre el impacto del conflicto Rusia- Ucrania. Las compañías interesadas pueden enviar sus peticiones a través del email empresas-rusia-ucrania@mincotur.es.

Comercio ha puesto en marcha este foro de comunicación entre la Administración y el sector empresarial español para potenciar el seguimiento de los intercambios comerciales y solventar posibles fricciones. El objetivo es facilitar y poner a disposición de las empresas implicadas todos los mecanismos que están al alcance desde la Secretaría de Estado de Comercio para apoyarlas en su actividad en los mercados internacionales.

El precio de la vivienda baja el beneficio del alquiler

El precio de la vivienda baja el beneficio del alquiler

Registradores

En total, la inversión bruta en España en 2021 alcanzó los 243.449 millones de euros. Los dos activos que más peso representan en el total de la inversión son la vivienda y otras construcciones no residenciales, que concentran el 51%, seguidas de la maquinaria y otros activos (excluidos TIC e inmateriales), que suponen el 19,5% de la inversión total.

Según explica el informe ‘El stock de capital en España y sus comunidades autónomas’, que elabora el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en colaboración con la Fundación BBVA, aunque estos tres activos se mantienen como los más destacados en la inversión española, han perdido peso en el total a lo largo de las últimas décadas, desde el 82% que representaban en 1995 hasta el 70,5% actual.

Respecto a las inversiones inmobiliarias, Ernesto Campos Campillo, Profesor en Finanzas, Contabilidad y Tributación del MBA de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). expone que aquellas dedicadas al arrendamiento están ofreciendo actualmente unos niveles de rentabilidad entre el 4% y el 8%.

En estas inversiones influyen factores como la tipología de los inmuebles, la ubicación geográfica, la duración del alquiler, el coste de las reformas y la financiación, entre otros. Aun así, destaca que “no existe actualmente otra inversión financiera equiparable que ofrezca ese nivel de rentabilidad, con un bajo nivel de riesgo, y mucho menos que cuente con los incentivos fiscales existentes (en el IRPF) para los arrendadores de viviendas.

Constituyen un importante valor refugio ante escenarios económicos con altos niveles de inflación y la revalorización obtenida en los inmuebles a largo plazo casi siempre supera al incremento del índice general de precios”.

“En un país como España, aunque aún está muy arraigada la idea de comprar y tener los inmuebles en propiedad, factores como la inflación en alza, la movilidad geográfica, la precariedad laboral y la dificultad de los jóvenes para acceder a comprar una vivienda, han incrementado la búsqueda de viviendas en régimen de alquiler. Asimismo, para maximizar la rentabilidad de los alquileres debemos tener en cuenta que los datos demuestran que es más beneficioso invertir en pisos baratos para destinar al alquiler, así como que es más rentable comprar pisos de segunda mano para alquilar”, continúa.

Sin embargo, la inflación histórica con la que cerró España 2021, en el 6,5%, anuló por primera vez en 15 años la rentabilidad que ofrece, de media, un alquiler en nuestro país, que se sitúa en el 3,7%, según los datos del Banco de España.

Esta cifra está muy por debajo de las que facilitan en sus estudios los portales inmobiliarios. Así, la rentabilidad de la vivienda en España en 2021 se sitúa en un 6,5%, un 0,3 punto menos que en 2020 (6,8%), pero un 1 punto más que hace 5 años (5,5%), según el estudio ‘La rentabilidad de la vivienda en España en 2021’, basado en el análisis de los precios de la vivienda en venta y alquiler de diciembre de 2021 por el portal inmobiliario Fotocasa. Los datos también indican que adquirir una propiedad para ponerla en alquiler en 2021 es 2,2 puntos más rentable que hace 10 años (4,3%).

Rentabilidad del arrendamiento

El análisis de Fotocasa sorprende, además, por ejemplo, en los datos de los distritos más rentables para comprar una vivienda y ponerla en alquiler. Así, del análisis se desprende que el distrito más rentable del país en 2021 por cuarto año consecutivo (de 2018 a 2021) es el distrito alicantino de Pla–Carolinas, que alcanza un 8,5% de rentabilidad. Le siguen, el distrito valenciano de Rascanya y L’Olivereta con un 8,3% y un 8,1%, respectivamente.

Por otro lado, los tres distritos con menor rentabilidad de España son: Centro (San Sebastián) con un 2,9%, Centre (Palma de Mallorca) con un 3,3%, y Barrio de Salamanca (Madrid) con un 3,4%.

En 2021, cinco de las comunidades tienen una rentabilidad igual o por encima de la media española (6,5%) y son: Región de Murcia (7,5%), Navarra (7,3%), Comunidad Valenciana (7,3%), Cataluña (6,6%) y Canarias (6,5%).

Por debajo de la rentabilidad media de España se encuentran las comunidades de Aragón (6,4%), Castilla-La Mancha (6,3%), Asturias (6,2%), Cantabria (6,1%), Castilla y León (6,1%), Andalucía (6,0%), La Rioja (6,0%), Extremadura (5,8%), País Vasco (5,5%), Galicia (5,5%), Madrid (5,2%) y Baleares (5,0%).

No obstante, es necesario tener en cuenta que, en comparación con las cifras alcanzadas durante la crisis financiera, la vivienda se ha revalorizado un 27,4%, aunque sigue un 24,3% por debajo de los máximos registrados en 2007, según datos del Servicio de Estudios de Tinsa. Se trata de un dato a tener en cuenta a la hora de pensar en invertir en el alquiler.

Las compraventas de vivienda en 2021, con un crecimiento del 34,6% respecto al año anterior, superaron las expectativas y confirmaron la recuperación del sector tras la pandemia, según coinciden los principales portales inmobiliarios.

La incógnita de la nueva Ley

La entrada en vigor de la Ley de Vivienda, además, trae nuevas incógnitas al mercado del alquiler. Así, los principales portales inmobiliarios coinciden en que la congelación de los precios de las rentas para los pequeños propietarios de todo el país es una medida intervencionista que no cuenta con la aprobación de los arrendadores, lo que podría verse reflejado en la contracción de la oferta de viviendas en renta. Algo que dificultaría aún más el acceso a la vivienda. De hecho, gracias a la experiencia de otras ciudades vecinas europeas como por ejemplo Berlín, se ha demostrado que este tipo de medidas no son eficientes a largo plazo.

Por otro lado, no obstante, valoran los alicientes al arrendamiento con desgravaciones fiscales para los particulares son muy positivos y servirán para controlar los precios y mantenerlos a un nivel estable, sobre todo en las zonas más tensionadas de las grandes capitales. Estos estímulos conseguirán el objetivo de evitar subidas de precios desorbitadas para los arrendadores e inquilinos actuales, pero consideran que no solucionarán el gran problema de la falta de vivienda en alquiler en las ciudades más pobladas. Aun así, demandan que la Ley de Vivienda incluya más medidas incentivadoras que doten de seguridad y estabilidad a ambas partes del mercado del alquiler.

El paro baja en 11.394 personas en febrero con récord de 22% de contratos indefinidos

El paro baja en 11.394 personas en febrero con récord de 22% de contratos indefinidos

Miércoles 2 de marzo de 2022

La Moncloa

El paro registrado se ha situado en 3.111.684 personas. Respecto a febrero de 2021, el paro ha descendido en 897.105 personas (-22,38%). Es la mayor bajada interanual de la serie histórica. En términos desestacionalizados, el paro registrado se reduce en 35.734 personas.


El número de desempleados y desempleadas registradas en las Oficinas del Servicios Público de Empleo, al finalizar el mes de febrero, ha descendido en 11.394 personas (-0,36%) en relación con el mes anterior. Es la mayor bajada en un mes de febrero desde el año 2015.

Contratación

El número total de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.444.057, de ellos 316.841 son contratos de trabajo de carácter indefinido.

Los contratos indefinidos representan el 21,94% de todos los contratos.

En términos interanuales supone un incremento de 184.410 contratos indefinidos (139,25%) sobre igual mes del año anterior.

Respecto a la situación previa a la pandemia, los mayores incrementos porcentuales en la contratación indefinida los encontramos en los sectores de la Agricultura y la Construcción.

Por sectores, el porcentaje de contratos indefinidos registrados en febrero es especialmente relevante en la Construcción y en los Servicios.

Destaca la caída de 94.311 de contratos por Obra o Servicio respecto a febrero de 2021 (-19,5%).

En magnitudes acumuladas, en enero y febrero de 2022 se han realizado 555.513 contratos por tiempo indefinido hasta febrero de 2022. Representa un ascenso de 298.891 (116,47%) sobre el mismo periodo del año 2021.

El paro por sectores económicos

Por sectores económicos con respecto a enero el paro registrado desciende en Servicios en 11.238 personas (-0,51%), Construcción en 7.199 personas (-2,87%) e Industria en 2.625 personas (-1,03%).

El paro sube en Agricultura con 6.543 parados más (4,41%) y entre el colectivo Sin Empleo Anterior que termina febrero con 3.125 personas inscritas más (1,27%).

El paro por sexo y edad

El desempleo femenino baja en 816 personas (-0,04%) en relación al mes de enero y se sitúa en 1.840.647. Si lo comparamos con febrero de 2021, el paro femenino baja en 464.132 mujeres (-20,14%).

El desempleo masculino ha descendido en 10.578 personas (-0,83%) hasta un total de 1.271.037. En términos interanuales cae en 432.973 personas (-25,41%).

Atendiendo a la edad, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años sube en el mes de febrero en 6.005 personas (2,74%) respecto al mes anterior. El paro de 25 y más años baja en 17.399 (-0,60%).

En términos interanuales, el paro entre las personas menores de 25 años se ha reducido un 38,5%, hasta alcanzar un total de 225.480, la menor cifra en un mes de febrero de la serie histórica.

El paro por comunidades autónomas

El paro ha disminuido en todas las comunidades autónomas en términos interanuales.

El paro registrado en el mes de febrero baja en 9 Comunidades Autónomas respecto al mes de enero con Madrid (-15.770), Canarias (-2.022) e Illes Balears (-1.931) a la cabeza.

Prestaciones en el mes de enero

El número de personas beneficiarias existentes a final del mes de enero fue de 1.864.824. Los gastos totales de enero de 2022 supusieron 1.906,6 millones de euros, una disminución del 27,5% respecto al mes de enero de 2021.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de enero de 2022 ha sido de 1.047,9€.

La inversión total en prestaciones por ERTE ha supuesto 80 millones de euros.

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la compatibilidad de la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia

Jueves, 24 de febrero de 2022

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la compatibilidad de la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia

Los casos ahora resueltos surgen como consecuencia de que quien percibe la pensión de jubilación alega tener contratadas a varias personas a través de la comunidad de bienes de que forma parte

Autor Comunicación Poder Judicial

Dos sentencias dictadas por el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo explican que para poder percibir el 100% de la pensión de jubilación al tiempo que se desarrolla una actividad por cuenta propia no basta con ser miembro de una comunidad de bienes o administrador de una sociedad limitada, sino que es necesario desarrollar una actividad por cuenta propia, a título individual, y tener contratado algún trabajador. No basta con que la contratación laboral la haya llevado a cabo una comunidad de bienes o una sociedad limitada.

Para incentivar que las personas prologuen su vida activa, la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) contempla la llamada “jubilación activa”. Eso significa permitir que, cumpliendo ciertos requisitos, quien cobra la pensión de tal clase pueda compatibilizarla con un trabajo, por cuenta propia o ajena.

La regla general es que en tales casos la pensión se cobra al 50%. Sin embargo, de manera excepcional, la Ley dispone que “si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento”.

Los casos ahora resueltos surgen como consecuencia de que quien percibe la pensión de jubilación alega tener contratadas a varias personas a través de la comunidad de bienes de que forma parte. Puesto que la condición de comunero comporta asumir personalmente las responsabilidades derivadas cuanto haga la comunidad de bienes, consideraban los pensionistas que tienen derecho a la jubilación activa “plena”, es decir, sin merma de la pensión.

Para cimentar su solución, desestimatoria de las demandas, las sentencias examinan el tenor literal de la LGSS así como las consecuencias de que los contratos de trabajo sean realizados por la comunidad de bienes y no por uno de sus comuneros. Al concluir que es la comunidad de bienes (no el pensionista) quien aparece como empleadora descartan que en tales casos exista el derecho al cobro íntegro de la pensión de jubilación. Las dos sentencias invocan diversos argumentos para sostener su posición, en línea con la que había defendido el INSS.

Ya en julio pasado la Sala Cuarta había entendido que el requisito de haber contratado a un trabajador por cuenta ajena tampoco concurre cuando éste presta servicios para una sociedad de capital de la que el pensionista es socio mayoritario administrador.

Las nuevas sentencias del Pleno, bajo ponencias de su presidenta, María Luisa Segoviano Astaburuaga, y del magistrado Antonio Sempere Navarro, cuentan con voto particular suscrito por tres integrantes de la Sala.

La deuda de las Administraciones Públicas se redujo hasta el 118,7% del PIB en 2021, mejorando el objetivo previsto en el Plan Presupuestario

17 de febrero de 2022 mineco.gob.es


La deuda de las Administraciones Públicas se redujo hasta el 118,7% del PIB en 2021, mejorando el objetivo previsto en el Plan Presupuestario

?La ratio deuda PIB se redujo en 1,3 puntos porcentuales con respecto a 2020, iniciándose ya en 2021 la senda de reducción tras el aumento provocado por la respuesta extraordinaria a la pandemia


La positiva evolución de la economía y de los ingresos fiscales, especialmente en el segundo semestre del año, ha permitido que la ratio deuda PIB se haya situado ocho décimas por debajo de lo previsto en el Plan Presupuestario


Esta reducción es compatible con el mantenimiento de las medidas de política económica necesarias para apoyar a los sectores y hogares más afectados así como un importante impulso a la inversión productiva, en el marco del Plan de Recuperación


La deuda de la Administraciones Públicas se redujo en 2021 hasta el 118,7% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone una reducción de 1,3 puntos porcentuales sobre el cierre de 2020.

Esta ratio es ocho décimas inferior al objetivo remitido en octubre por el Gobierno a la Comisión Europea en el Plan Presupuestario de 2022, que era del 119,5%.

El crecimiento de la economía, especialmente en la segunda mitad del año, junto con la positiva evolución de los ingresos públicos, han permitido iniciar ya en 2021 la reducción de la ratio de deuda pública sobre el PIB, que se intensificará en los próximos años, de forma compatible con una política de apoyo continuado a los sectores y hogares más afectados y un importante incremento de las inversiones públicas en el marco del Plan de Recuperación.

En diciembre de 2021 la deuda de las Administraciones Públicas, según el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) alcanzó un saldo de 1.427.763 millones de euros.

El Tesoro Público mantuvo durante 2021 su capacidad de financiar en buenas condiciones el gasto adicional derivado de la respuesta a la COVID-19 en el plano sanitario, económico y social, tanto de la Administración Central como de las Comunidades Autónomas. Más de un 60% de las emisiones se cerraron a tipos negativos, el tipo de interés medio de las emisiones se situó en un -0,04%, la carga financiera se redujo por debajo del 2% del PIB y aumentó el plazo medio de la deuda viva por encima de los 8 años. Todo ello ha permitido reforzar la sostenibilidad financiera a largo plazo, en un contexto de confianza de los inversores internacionales.?

El Tribunal Constitucional declara que la publicación en el BOE de una sanción administrativa constituye un tratamiento de datos personales constitucionalmente protegido

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 11/2022

El Tribunal Constitucional declara que la publicación en el BOE de una sanción administrativa constituye un tratamiento de datos personales constitucionalmente protegido

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha desestimado el recurso de amparo por el que se cuestionaba la resolución dictada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) que ordenó publicar en el Boletín Oficial del Estado la sanción de 30.000 euros impuesta al consejero y secretario del consejo de administración de una sociedad anónima, por la comisión de una infracción muy grave consistente en haber adquirido por cuenta de un tercero acciones de la sociedad disponiendo de información privilegiada sobre la misma. Dicha publicación recogía la cuantía de la sanción y la identidad del sancionado.

En un plano formal, la Sala -a partir del análisis de la normativa nacional y europea sobre el régimen jurídico de la protección de datos personales, sobre la normativa dirigida a supervisar y prevenir la manipulación de los mercados de servicios financieros y las operaciones con información privilegiada, y sobre el régimen jurídico de publicación en el BOE concluye que la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuestionada se adoptó con pleno respeto a las garantías que rigen el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora (arts. 24.2 y 25 de la Constitución).

En cuanto a la decisión impugnada, se destaca que la publicación en el BOE de la sanción impuesta constituye una consecuencia anudada a la imposición de las sanciones graves prevista por la ley, que tiene como finalidad primordial advertir a los inversores de una actuación que puede afectar al buen funcionamiento del mercado financiero –en particular el abuso del mercado y el uso de información privilegiada–, garantizando así la transparencia y eficacia en la labor de supervisión que lleva a cabo la CNMV.

Al justificar la desestimación del amparo pretendido, se parte de considerar que tanto la comunicación a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado de la resolución emitida por la CNMV para su publicación en el “BOE”, como la publicación de esa resolución en el diario oficial “BOE”, constituyen supuestos de tratamiento de datos personales protegidos por el art. 18.4 CE. En tal medida, la decisión cuestionada se somete al análisis de los principios de proporcionalidad y temporalidad que rigen la materia expuesta.

La Sala concluye que la decisión de dar publicidad oficial a la sanción impuesta cuenta con expresa habilitación legal que respeta el contenido esencial del derecho a la protección de datos personales (art. 18.4 CE) y, en el caso concreto, responde a fines directamente relacionados con las funciones legítimas de la CNMV y del BOE, para cuyo cumplimiento es idónea, necesaria y proporcionada.

Por último, se descarta que la publicación desatienda el principio de temporalidad al que se halla sujeto el tratamiento de datos personales, dado que su mantenimiento y disponibilidad de acceso está sometido a las exigencias de supresión que impone el derecho al olvido al que se refiere la STC 58/2018, de 4 de junio, y se encuentra reconocido en las normas que desarrollan el derecho a la protección de datos personales.

Madrid, 23 de febrero de 2022

La normativa española que excluye de las prestaciones por desempleo a los empleados de hogar, que son casi exclusivamente mujeres, es contraria al Derecho de la Unión

Tribunal de Justicia Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 37/22

Luxemburgo, 24 de febrero de 2022

Sentencia en el asunto C-389/20

TGSS (Desempleo de los empleados de hogar)

La normativa española que excluye de las prestaciones por desempleo a los empleados de hogar, que son casi exclusivamente mujeres, es contraria al Derecho de la Unión

Esta exclusión constituye una discriminación indirecta por razón de sexo en el acceso a las prestaciones de seguridad social

La protección concedida por el sistema especial de seguridad social para empleados de hogar previsto por la normativa española (1) no incluye la protección contra el desempleo.

Una trabajadora, empleada de hogar que trabaja para una persona física, está dada de alta en ese sistema especial desde enero de 2011. En noviembre de 2019 presentó a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) una solicitud de cotización por la contingencia de desempleo con el fin de adquirir el derecho a las prestaciones por desempleo. La TGSS denegó esta solicitud basándose en que la posibilidad de cotizar a dicho sistema especial para obtener una protección contra el riesgo de desempleo está expresamente excluida por la normativa española.

La trabajadora interpuso entonces un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Vigo, alegando, en esencia, que la normativa nacional coloca a los empleados de hogar en una situación de desamparo social cuando pierden su empleo por causas que no les son imputables. Dicha trabajadora señala, en efecto, que ello les impide acceder no solo a la prestación por desempleo, sino a las demás ayudas sociales supeditadas a la extinción del derecho a dicha prestación.

En este contexto, el juez español subraya que el colectivo de trabajadores de que se trata está constituido casi exclusivamente por mujeres, razón por la cual solicita al Tribunal de Justicia que interprete la Directiva sobre igualdad en materia de seguridad social, (2) con el fin de determinar si existe en este caso una discriminación indirecta por razón de sexo, prohibida por dicha Directiva. En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva sobre igualdad en materia de seguridad social se opone a una disposición nacional que excluye las prestaciones por desempleo de las prestaciones de seguridad social concedidas a los empleados de hogar por un régimen legal de seguridad social, en la medida en que dicha disposición sitúe a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.

El Tribunal de Justicia recuerda de entrada que constituye una discriminación indirecta por razón de sexo una situación en que una disposición aparentemente neutra sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que tal disposición pueda justificarse objetivamente y sea proporcionada.

Si bien subraya que corresponde al juez español verificar si así sucede en este caso, el Tribunal de Justicia le proporciona indicaciones a esos efectos.

El Tribunal de Justicia observa que, con arreglo a la normativa española, todos los trabajadores por cuenta ajena sujetos al Régimen General de la Seguridad Social, en el que está integrado el Sistema Especial para Empleados de Hogar, tienen derecho en principio a las prestaciones por desempleo. En España, al parecer, la proporción de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena es más o menos similar. En cambio, esta proporción difiere en gran medida en el colectivo de los empleados de hogar, puesto que las mujeres representan más del 95 % de este colectivo. Por lo tanto, la proporción de trabajadoras por cuenta ajena a la que afecta la diferencia de trato derivada de la exclusión controvertida es significativamente mayor que la de trabajadores por cuenta ajena.

En consecuencia, la normativa nacional perjudicaría especialmente a las trabajadoras y entrañaría por tanto una discriminación indirecta por razón de sexo contraria a la Directiva, a menos que responda a un objetivo legítimo de política social y sea adecuada y necesaria para alcanzar dicho objetivo.

El Gobierno español y la TGSS alegan que la exclusión de la protección contra el desempleo de los empleados de hogar está ligada a las peculiaridades de este sector profesional, entre ellas la condición de los empleadores, y que responde a objetivos de mantenimiento de las tasas de empleo y de lucha contra el trabajo ilegal y el fraude a la seguridad social. El Tribunal de Justicia confirma que los objetivos mencionados son legítimos desde el punto de vista de la política social. No obstante, considera que la normativa española no parece adecuada para alcanzarlos, puesto que no parece aplicarse de manera coherente y sistemática a la luz de dichos objetivos.

En efecto, el Tribunal de Justicia pone de relieve que el colectivo de trabajadores excluido de la protección contra el desempleo no se distingue de manera pertinente de otros colectivos de trabajadores que no lo están. Subraya que esos otros colectivos de trabajadores, cuya relación laboral se desarrolla a domicilio para empleadores no profesionales, o cuyo sector laboral presenta las mismas peculiaridades en cuanto a índice de empleo, a cualificación y a remuneración que el de los empleados de hogar, plantean riesgos análogos en términos de reducción de las tasas de empleo, de fraude a la seguridad social y de recurso al trabajo ilegal, pero están todos ellos cubiertos por la protección contra el desempleo. Además, el Tribunal de Justicia añade que la inclusión en el Sistema Especial para Empleados de Hogar da derecho, en principio, a todas las prestaciones concedidas por el Régimen General de Seguridad Social español, salvo las de desempleo. Este sistema cubre, entre otros, los riesgos relativos a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales. Según el Tribunal de Justicia, existe también una falta de coherencia a este respecto, en la medida en que esas otras prestaciones presentan aparentemente los mismos riesgos de fraude a la seguridad social que las de desempleo.

El Tribunal de Justicia considera por último que la normativa española parece ir más allá de lo necesario para lograr los objetivos mencionados. En efecto, la exclusión de la protección contra el desempleo implica al parecer la imposibilidad de obtener otras prestaciones de seguridad social a las que podrían tener derecho los empleados de hogar y cuya concesión está supeditada a la extinción del derecho a las prestaciones por desempleo. Por lo tanto, esta exclusión entraña una mayor desprotección social de los empleados de hogar, que se traduce en una situación de desamparo social.

1 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE n.º 261, de 31 de octubre de 2015, p. 103291; corrección de errores en BOE n.º 36, de 11 de febrero de 2016, p. 10898).
2 Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174).

Planas solicita a la Comisión Europea medidas para paliar los efectos de la sequía en el sector agrario

Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE

Planas solicita a la Comisión Europea medidas para paliar los efectos de la sequía en el sector agrario

Lunes 21 de febrero de 2022

Planas responde a los medios de comunicación en Bruselas
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado importante que el Consejo de Ministros de la Unión Europea haya abordado la difícil situación que atraviesa el sector agrario, provocada por la escalada de los costes de producción, a la que se suman los efectos de la sequía, principalmente del sur de Europa.

Luis Planas ha participado, en Bruselas, en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, en el que se ha guardado un minuto de silencio en solidaridad con las familias de los fallecidos y desaparecidos en el hundimiento del buque pesquero “Villa de Pitanxo” y como muestra de apoyo al conjunto del sector pesquero. En España hoy se ha declarado día de luto oficial.

Planas ha precisado que España y Portugal han presentado a la Comisión Europea un documento que recoge algunas propuestas concretas para paliar los efectos de la sequía en la rentabilidad de las explotaciones. Así, ha mencionado que España solicitará el aumento del porcentaje del anticipo de los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) del año 2022, la introducción de excepciones en la práctica de diversificación de cultivos, la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan conceder ayudas a los productores más afectados, a través de los fondos para el desarrollo rural, o activar, si fuera necesario, algunas de las medidas previstas en la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA). El ministro ha valorado que la Comisión Europea se haya mostrado dispuesta a analizar algunas de estas medidas como, por ejemplo, incrementar el anticipo de las ayudas o activar causas de fuerza mayor.

Ha señalado que, en lo que llevamos de año hidrológico -de octubre 2021 a febrero 2022- la pluviometría ha descendido de forma significativa y que ante la previsiones de escasez de precipitaciones en los próximos meses, el ministerio convocará la denominada Mesa de la Sequía “para analizar la situación con el conjunto del sector y las comunidades autónomas y plantear posibles medidas que se sumen a las solicitadas a nivel europeo”.

Entre otros asuntos, el Consejo también ha debatido sobre la reciprocidad de los acuerdos comerciales con países terceros, en línea con las condiciones de sostenibilidad que introduce el Pacto Verde para los agricultores europeos. A este respecto, Planas ha recalcado que España defiende el multilateralismo en el comercio internacional, basado en reglas, abierto, transparente y con acuerdos comerciales estables.

Según ha puntualizado, España comparte con la Presidencia francesa la necesidad de adoptar determinadas medidas para hacer compatible el comercio internacional con los altos estándares ambientales de las producciones europeas, con medidas como la reducción del límite máximo de residuos de fitosanitarios, la disminución de los límites de tolerancia o la adaptación de los acuerdos con países terceros a las reglas comunitarias (conocidas como “cláusulas espejo”).

La defensa de la reciprocidad es una prioridad política para España, ya que la importación de productos con estándares ambientales inferiores a los europeos puede neutralizar los beneficios ambientales que se buscan, además de ocasionar perjuicios sociales y económicos.

En relación con la sanidad vegetal, España ha destacado que la aplicación del tratamiento en frío para los cítricos importados a la Unión Europea es un paso adelante en la buena dirección.

Por otra parte, Planas ha valorado la propuesta de reglamento sobre la puesta a disposición en el mercado de la Unión y la exportación de productos asociados con la deforestación y la degradación forestal. Se trata de una propuesta de gran interés para España pero que, para el ministro, debe articularse de una manera equilibrada, midiendo cuidadosamente los costes e impactos para los sectores productivos. España apoya esta iniciativa, que debe aplicarse evitando cargas administrativas desproporcionadas en relación con el objetivo que se persigue.

En materia pesquera, el Consejo ha abordado el papel de la evaluación científica en la pesca. A este respecto, Planas ha subrayado que “la actividad pesquera, además de estar muy regulada, es inmensamente dura y arriesgada”, especialmente en determinados lugares como los caladeros de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO, por sus siglas en inglés).

Para el ministro, la preservación de las poblaciones de peces “constituye una prioridad que hay que tener en cuenta sobre una base contrastada”, es decir, que las evaluaciones científicas de las pesquerías sean completas y tengan en cuenta no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la social y económica de las zonas costeras. Ha recalcado que muchas empresas, trabajadores y familias dependen de la actividad pesquera, “y hay que medir bien el impacto de las decisiones que se adoptan desde el punto de vista científico en términos sociales y económicos”.

Tras haber participado en el Consejo, el ministro Planas viajará a Santiago de Compostela para acompañar al presidente del Gobierno y recibir al avión fletado por el Gobierno de España para repatriar a los supervivientes y víctimas del naufragio del buque “Villa de Pitanxo”. El Gobierno de España ha declarado hoy día de luto oficial como testimonio de dolor de la nación y en señal de condolencia con las familias y personas allegadas a los fallecidos y desaparecidos.

El Excmo. Sr. D. Antonio Pau reelegido secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

El Excmo. Sr. D. Antonio Pau reelegido secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

El Pleno de académicos de número ha reelegido por unanimidad al Excmo. Sr. D. Antonio Pau secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

D. Antonio Pau es presidente de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación y consejero de Estado.

Es Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, registrador de la propiedad, notario y abogado del Estado. En la Real Academia es presidente de las Secciones de Derecho Registral, de Derecho de la Cultura y de Derecho Premial.

Ha sido director general de los Registros y del Notariado y decano-presidente del Colegio de Registradores de España.

Las exportaciones españolas en 2021 alcanzan un máximo histórico y superan los 316.000 millones de euros

Informe de comercio exterior: enero-diciembre de 2021

Las exportaciones españolas en 2021 alcanzan un máximo histórico y superan los 316.000 millones de euros

Jueves 17 de febrero de 2022

Portada del Informe de comercio exterior
Las exportaciones españolas de bienes en el conjunto del 2021 marcan un máximo histórico anual y superan por primera vez los más de 300.000 millones de euros (316.609 millones de euros), tal y como muestran los datos de comercio exterior de mercancías declarado de Aduanas.

Esto supone un crecimiento del 21,2% interanual respecto al 2020 y un aumento del 9,1% frente a 2019, superándose los niveles previos a la pandemia.

Asimismo, como se refleja en el informe, la actividad exportadora española muestra mayor dinamismo que la del conjunto de las economías europeas. El crecimiento interanual de las exportaciones españolas entre enero y diciembre (21,2%) fue superior al registrado en la UE-27 y zona euro (17,1% en ambos casos).

Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez: “Estos datos reflejan que la recuperación de las exportaciones españolas es un hecho. Tras el impacto que la crisis sanitaria marcó en los flujos comerciales, nuestro sector exterior se ha recuperado de forma muy intensa en 2021, llegando a superar muy por encima los niveles previos a la pandemia”.

Además, la secretaria de Estado de Comercio destaca que el sector exterior está siendo un motor indiscutible para la recuperación económica de nuestro país: “El sector exterior ha contribuido al crecimiento del PIB desde el segundo trimestre de 2021. La ratio de las exportaciones de bienes y servicios españoles sobre el PIB aumentó 4 puntos porcentuales en 2021, hasta el 34,6%, recuperando un peso similar al de los años previos a la pandemia”.

Las importaciones, por su parte, alcanzaron los 342.787 millones de euros, también máximo histórico anual. Esta cifra supone un crecimiento interanual del 24,8% respecto a 2020 y un 6,4% más que en 2019.

Recuperación más rápida y de todos los sectores
Respecto a la situación por mercados, la recuperación de las exportaciones españolas ha sido más rápida con nuestros principales socios europeos: las exportaciones a la UE-27 crecieron por encima la media (23,8%) y su peso ascendió al 61,8%. Los países que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones fueron: Francia, Bélgica, Italia y Portugal.

Las ventas a terceros destinos (38,2% del total) también subieron un 17,3% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a América Latina (26,1%), América del Norte (19,5%), África (18,5%), Asia excluido Oriente Medio (14,2%), Oriente Medio (12,7%) y Oceanía (9,6%).

Todos los sectores contribuyeron de forma positiva al aumento de las exportaciones. Los que más aportan crecimiento en 2021 son los sectores de productos químicos, semimanufacturas, productos energéticos y bienes de equipo.

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron la Comunidad de Madrid (36,3%), el Principado de Asturias (32,6%) y Castilla-La Mancha (25,9%).

Aumenta la base exportadora
La base exportadora logra un nuevo récord histórico en 2021. Continúa creciendo más de un 7% en el último año hasta superar los 59.000 exportadores regulares.

Como explica Méndez, “Nuestro sector exportador ha demostrado ser resiliente y muy competitivo. En los últimos 10 años, el número de exportadores regulares ha aumentado cerca del 60%. España cuenta con una base exportadora sólida y en expansión, preparada para seguir aprovechando la recuperación internacional”.

Prueba de ello es que, a pesar de la caída de las exportaciones en 2020 a consecuencia del impacto de la pandemia en la actividad comercial internacional, las empresas españolas internacionalizadas no solo conservaron su cartera de clientes, sino que ampliaron sus relaciones comerciales.

Ante este contexto y para afrontar los desafíos de los mercados internacionales, uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría de Estado de Comercio es reforzar el sector exterior para consolidarlo como pieza clave para la economía española y la generación de empleo. Para ello, se ha puesto en marcha el ‘Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía española 2021-2022’ que está basado en la colaboración público-privada. A través de él se quiere impulsar, entre otras medidas:

Mayor resiliencia del tejido productivo y exportador potenciando los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización y con acciones de soporte con especial atención a las PYMEs.
La diversificación de las exportaciones y la implantación de empresas españolas en sectores y destinos estratégicos.
Atraer la inversión extranjera directa en sectores estratégicos.
Promover la transformación digital y el desarrollo sostenible entre las empresas internacionalizadas.
Este ‘Plan de Acción 2021-2022’ está alineado con el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ y cuenta con líneas de ayudas de los fondos europeos Next Generation EU.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acoge la firma del protocolo de las entidades financieras para garantizar la inclusión financiera y la atención personalizada de los mayores

21 de febrero 2022

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acoge la firma del protocolo de las entidades financieras para garantizar la inclusión financiera y la atención personalizada de los mayores

?En presencia de la vicepresidenta primera del gobierno y del Gobernador del Banco de España, las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC han suscrito una actualización del ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’, comprometiéndose a garantizar que los mayores reciban un trato personal, humano y de calidad

El protocolo recoge un catálogo de medidas, en respuesta a la demanda de la vicepresidenta primera y las asociaciones de mayores, para garantizar servicios bancarios adaptados a las necesidades de los mayores, mejorando la atención presencial y telefónica, acceso a cajeros y medios digitales y formación

En concreto, las entidades se comprometen a mantener una atención personalizada en las oficinas bancarias a los mayores entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde y se establece su preferencia en caso de haber aglomeraciones

Para garantizar la efectiva implementación de estas medidas, el Observatorio de Inclusión Financiera creado por las asociaciones bancarias hará un seguimiento semestral del cumplimiento. Esta tarea de evaluación será completada por el Banco de España, que elaborará un informe anual de seguimiento. Además, se ha pedido al Banco de España que elabore un informe específico sobre la inclusión financiera que se revisará anualmente

En las próximas semanas, el Consejo de Ministros publicará para audiencia pública el anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa de los Clientes Financieros, para proporcionar una herramienta legal adicional que garantice el cumplimiento de las obligaciones frente a los clientes.

Las asociaciones de la banca, en presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han firmado la actualización del ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’ suscrito el 23 de julio de 2021, para incluir nuevas medidas para garantizar la atención personalizada de los ciudadanos, especialmente las personas mayores, de forma que dispongan de servicios bancarios adaptados a sus necesidades.

El protocolo es la respuesta de las entidades a la llamada de la vicepresidenta para poner en marcha medidas que respondan a las demandas de las asociaciones de mayores y garanticen que los ciudadanos reciban un trato personal, humano y de calidad en sus relaciones con los bancos y cajas.

Previamente a la firma, la vicepresidenta primera, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y el secretario General del Tesoro, Carlos Cuerpo, se han reunido con representantes de las asociaciones de mayores para compartir las distintas medidas en marcha para impulsar la inclusión digital y garantizar una atención personalizada de las entidades financieras.

Protocolo de actuación de las entidades financieras

El protocolo de actuación presentado por las entidades financieras incluye un decálogo de medidas que garantizan la atención presencial y telefónica, la mejora del acceso a cajeros, una formación adecuada a las necesidades de este colectivo y un seguimiento de las medidas implantadas.

El documento recoge el compromiso de las entidades financieras de ampliar los servicios de caja con atención personalizada para mayores desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Asimismo, los mayores y las personas con discapacidad tendrán prioridad en casos de alta afluencia de público en oficinas. Para garantizar la calidad del servicio los empleados de las entidades recibirán formación específica que permita ofrecer una atención más ajustada al perfil de las personas mayores.

Los bancos y cajas se comprometen también a facilitar la atención telefónica preferente, sin coste adicional y a través de un interlocutor personal, para los clientes mayores.

El protocolo también asegura que los servicios bancarios se adapten a las necesidades de las personas mayores. Con este objetivo, se garantiza la accesibilidad y sencillez de los cajeros, aplicaciones móviles y páginas web, poniendo a disposición de estos clientes versiones con lenguaje y vista adaptados y simplificados. Asimismo, los cajeros automáticos serán reparados en un máximo de dos días laborables.

Finalmente, las entidades reforzarán la educación financiera, digital y de prevención de fraudes que ofrecen a los clientes mayores a través de talleres, seminarios o herramientas similares.

Con el fin de garantizar la efectiva implementación de estas medidas, el Observatorio de Inclusión Financiera creado por las asociaciones bancarias hará un seguimiento semestral del cumplimiento.

Esta supervisión será completada por el Banco de España, que elaborará un informe anual de seguimiento de la situación y de las medidas adoptadas para garantizar el acceso de la población española a los servicios bancarios.

Refuerzo de los elementos regulatorios

En las próximas semanas, se adoptará por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, que incluirá exigencias específicas para el sector financiero, mejorando los canales y la atención personalizada, con el fin de garantizar una respuesta adecuada a los clientes.

También, el Consejo de Ministros verá en primera vuelta y publicará para audiencia pública el anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa de los Clientes Financieros, para reforzar la protección de los usuarios de servicios financieros y asegurar que las entidades cumplen con sus obligaciones frente a sus clientes.

Esta Autoridad fomentará la educación financiera, dotando a los ciudadanos de herramientas, habilidades y conocimientos para adoptar decisiones financieras informadas y apropiadas.

En paralelo, en el marco del despliegue de inversiones del Plan de Recuperación y en colaboración con organizaciones del tercer sector de acción social y diputaciones provinciales, se han previsto acciones dirigidas a la formación y la inclusión digital de la población mayor, especialmente en las zonas rurales.

En la Conferencia Sectorial de Transformación Digital, que se celebrará en marzo, el Gobierno expondrá la necesidad de reforzar los programas de desarrollo de competencias digitales, cuyos ?destinatarios sean personas de más de 65 años. En 2021, se transfirieron 140 millones de euros a las Comunidades Autónomas con el objetivo de expandir las competencias digitales de la población, con especial atención a los colectivos vulnerables.

La afiliación sigue creciendo en febrero, con un aumento del empleo indefinido y una caída de los contratos de muy corta duración

Avance afiliación

La afiliación sigue creciendo en febrero, con un aumento del empleo indefinido y una caída de los contratos de muy corta duración

Viernes 18 de febrero de 2022

El dinamismo del mercado laboral de los últimos meses continúa y febrero cerrará, por décimo mes consecutivo, con un nuevo crecimiento de empleo, de en torno a los 20.000 afiliados.

En los dos primeros meses del año, el aumento medio del empleo ha sido de casi 40.000 personas al mes, en línea con el promedio de los años anteriores a la pandemia. Además, en febrero, la tendencia de la afiliación es creciente a medida que avanza el mes.

Según la estadística experimental de afiliación quincenal de la Seguridad Social, este incremento permitirá marcar otro récord histórico de afiliación en términos ajustados de estacionalidad y calendario, consolidando la tendencia de crecimiento de antes de la pandemia y por encima del nivel de empleo de febrero de 2020, según los datos presentados por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Una de las características del empleo que se está creando en los últimos meses es el cambio en la composición, “con una mayor tendencia hacia el empleo indefinido y menor hacia el temporal”, según ha subrayado Escrivá. Este comportamiento, que venía produciéndose en los últimos meses, se ha amplificado en enero y febrero. En concreto, desde el inicio del año, el número de contratos indefinidos se sitúa en niveles superiores a los registrados en los años anteriores, con una evolución creciente a medida que transcurren las semanas. Por el contrario, los contratos temporales se sitúan en un nivel inferior al promedio de años anteriores, con una distancia también creciente en el tiempo. En concreto, hay 160.000 afiliados indefinidos más que en años anteriores y 150.000 temporales menos.

En el caso de los contratos fijos discontinuos, que se han reforzado en la reforma laboral aprobada en el Parlamento hace unas semanas, también se aprecia un incremento que se va acelerando a medida que avanza el año 2022 y hay ahora 20.000 afiliados más con este tipo de contrato que en ejercicios anteriores.

Caída de los contratos de muy corta duración
Además, tras la introducción de un nuevo desincentivo a los contratos de muy corta duración en la reforma, se aprecia una notable reducción del porcentaje de contratos de muy corta duración. Los datos disponibles, correspondientes al periodo 1 de enero-7 de febrero de 2022, indican que el porcentaje de relaciones contractuales de un 1 día supuso menos del 30% del total de contratos firmados. Esto supone 10 puntos menos de lo que venía siendo habitual en años anteriores.

Como resultado de ello, la duración media de los contratos firmados en enero y ya finalizados se ha incrementado en más de un día. Este comportamiento se ha producido de forma generalizada tanto por sectores como por tamaño de la empresa. Y también se aprecia una mayor tasa de supervivencia de los contratos firmados en enero.

Crecimiento especialmente intenso en sectores innovadores
El crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es generalizado por sectores y la mayoría de ellos se sitúan en niveles de empleo superiores a los que registraban en febrero de 2020. Además, según ha destacado el ministro de Inclusión se ha producido un incremento especialmente intenso en algunos sectores vinculados a la innovación, como son información y comunicaciones o actividades científico-técnicas.

El dinamismo mostrado por el empleo en los últimos meses también tiene reflejo en los ingresos por cotizaciones sociales, que en 2021 cerrarán con un nuevo máximo histórico, por encima del anterior récord, de 2019, marcando, además, en los últimos meses un nuevo récord de crecimiento.

Estabilidad de los trabajadores en ERTE
Por su parte, el número de trabajadores en ERTE-COVID se mantiene estable, en torno a los 100.000 trabajadores desde hace dos meses, incluso a pesar de que se ha producido la sexta ola de la pandemia. En concreto, a fecha 17 de febrero, la cifra de trabajadores en ERTE-COVID era de 104.363, aproximadamente el 0,66% de los afiliados. De ellos, aproximadamente la mitad trabajan a tiempo parcial.

Esta modalidad de ERTE continúa con una gran concentración en pocos sectores, especialmente en el de agencias de viajes, que tiene aún al 28% de sus trabajadores protegidos por ERTE.

Más de 31.000 trabajadores en este tipo de ERTE ya han sido confirmados para participar en programas de formación, con un protagonismo especial del sector del transporte aéreo. En este sector, más del 80% de sus trabajadores en ERTE participarán en actividades de formación, muy por encima del promedio del resto de sectores.

Estadística 2021 del Registro Mercantil Central. Más de un tercio de las empresas creadas en España en 2021 se dedicaron a construcción y hostelería

Estadística 2021 del Registro Mercantil Central. Más de un tercio de las empresas creadas en España en 2021 se dedicaron a construcción y hostelería

16/02/2022 Registradores

En 2021 se produjo una importante recuperación del dinamismo empresarial, como puede observarse en el número de empresas constituidas en los RR.MM. en relación al número de habitantes de las distintas CC.AA. como consecuencia de la mejora sanitaria que permitió mejorar mucho la movilidad y en consecuencia la actividad económica, comparada con 2020, primer año de la pandemia.

La media nacional de habitantes por cada empresa creada en 2021 fue de 463 habitantes, frente a los 592 de 2020. Por encima de la media nacional se situaron: Madrid, con una empresa nueva por cada 281 habitantes (369 habitantes en 2020), seguido de Baleares, una por cada 339 (470 en 2020), Cataluña, una por cada 400 habitantes (509 en 2020) y Valencia, con una empresa por cada 425 (528 en 2020). En el lado opuesto se situaron Extremadura (1 por cada 890 habitantes), seguida de Castilla y León (1 por cada 879 habitantes), Asturias (1 por cada 794) y Navarra (1 por cada 748 habitantes).

Estos datos forman parte de la Estadística del registro mercantil Central correspondiente al año 2021. Se incluyen los principales actos registrales por su influencia en la actividad económica, con amplios desgloses geográficos y sectoriales de actividad, enfocados hacia el ámbito de las nuevas sociedades creadas. La estadística completa puede ser consultada en: ESTADISTICAS SOCIETARIAS (rmc.es)

La constitución de sociedades inscritas en los RR.MM. ha evolucionado de forma muy positiva respecto al año anterior, con importantes incrementos en todos los territorios. Sobre todo en la Ciudad Autónoma de Ceuta (44,4%), seguida de Cantabria (43,7%), Canarias (35,7%), Baleares (34,1%), Navarra (32,9%), Madrid (31,4%), Castilla – La Mancha (30,7%), Cataluña (28,9%) y Andalucía (27,3%).

Con relación a la distribución sectorial de la actividad en los diferentes niveles de nuestra geografía, medida a través de los objetos sociales declarados en las nuevas constituciones inscritas en los RR.MM., el estudio realizado muestra claramente el patrón económico estructural de los últimos tres años en España: cifra habitual en 2019, caída importante en 2020 y recuperación completa, incluso con crecimientos en varios sectores durante 2021.Mientras que en 2020 la crisis sanitaria produjo una importante reducción en la creación total de empresas, del 15,8% respecto al año anterior, en 2021 se ha revertido la situación, con un incremento muy considerable, del 27,9%.

Como puede apreciarse en el gráfico posterior, en cifras aproximadas, de las más de 102.000 empresas creadas en 2021, 29.000 pertenecían al sector de la construcción (22.000 en 2020) y 9.000 a hostelería (7.000 en 2020). Entre ambos sectores coparon más de un tercio de las empresas creadas en 2021, en línea con la situación previa a la pandemia.

Aunque se ha producido un incremento generalizado de las empresas creadas en 2021, la comparación del peso relativo de las distintas actividades frente al año anterior muestra cierta variabilidad. Por un lado, entre las actividades con mayor incremento de su peso relativo en 2021 frente al que tenían en 2020, destacan: Seguros (incrementa su porcentaje sobre la actividad total en un 16%), Energía (12%) y Turismo (8%). Por el contrario, disminuyen más su peso relativo sobre las nuevas empresas creadas los sectores de: actividades de Crédito (-8%), Minería y Textil (ambos, -7%) e Informática (-6%).

Y como sector relevante para el futuro más inmediato de nuestra economía, un año más resulta interesante señalar la creación de empresas de energías alternativas que, aunque mantienen su peso relativo alrededor del 2,7% de las empresas creadas, duplican ampliamente la cifra de las que se crean en el sector tradicional de la Energía, confirmando de nuevo durante el último año la importancia de las iniciativas empresariales con alto valor añadido y, por lo tanto, impulsoras de la competitividad y la sostenibilidad de nuestra economía.

En el estudio, se informa sobre la distribución territorial de los diferentes sectores y la participación de cada comunidad autónoma y principales provincias sobre el total nacional. Centrándonos en algunos sectores mencionados antes, por su importancia actual en unos casos y futura en otros, las CC.AA. que destacan en Construcción son Madrid (20,1%) y Cataluña (19,3%), seguidas muy de cerca por Andalucía, con el 19,2% de las constituidas a nivel nacional. Estas tres comunidades juntas, crearon casi seis de cada 10 empresas españolas del sector.

Sobre el sector de la hostelería, las CC.AA. que más empresas crearon fueron Cataluña y Madrid (ambas con el 19,5%), seguidas de Andalucía (18%), en esta ocasión a más distancia, con el 18,0% de las nacionales. Las tres comunidades juntas crearon más de la mitad de las nuevas empresas hosteleras en España.

Para terminar, volviendo al sector de las energías alternativas, destaca nuevamente Madrid, que creó por sí misma una de cada tres empresas del sector en España, a gran distancia de la siguiente, Andalucía, con el 14,7%, seguida de Cataluña con el 13,2% y la Comunidad Valenciana, con el 10,4%.

La reserva hídrica española se encuentra al 44,3 por ciento de su capacidad

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 44,3 por ciento de su capacidad

Martes 15 de febrero de 2022

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica


La reserva hídrica española está al 44,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 24.882 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 160 hectómetros cúbicos (el 0,3 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 82,2%
Cantábrico Occidental al 61,2%
Miño-Sil al 53,3%
Galicia Costa al 60,8%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 49,6%
Tajo al 45,4%
Guadiana al 30,4%
Tinto, Odiel y Piedras al 74,2%
Guadalete-Barbate al 29,6%
Guadalquivir al 28,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 30,3%
Segura al 34,4%
Júcar al 54,8%
Ebro al 65,1%
Cuencas internas de Cataluña al 55,5%
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 27,0 mm (27,0 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Justicia aprueba un Plan de Medidas Antifraude para gestionar los fondos Next Generation UE

Justicia aprueba un Plan de Medidas Antifraude para gestionar los fondos Next Generation UE

18/02/2022

Justicia aprueba un Plan de Medidas Antifraude para gestionar los fondos Next Generation UE.

El Ministerio de Justicia gestionará un total de 410 millones de euros, en los ejercicios 2021 a 2023, para transformación digital procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Plan se enfoca a la prevención, detección, corrección y persecución de cualquier fraude, corrupción o conflicto de interés en la gestión.

El Ministerio de Justicia ha aprobado un Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea, destinados al departamento que dirige Pilar Llop. En total, Justicia recibirá 410 millones de euros para transformación digital, en los ejercicios 2021 al 2023, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Este Plan es de aplicación exclusiva a las actuaciones que lleve a cabo el Ministerio, para ejecutar los fondos dentro de sus obligaciones establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Su aprobación responde a la obligación de los Estados Miembros de velar por una utilización de los fondos que garantice que han sido utilizados de conformidad con las normas comunitarias y nacionales, en particular en lo referente a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Junto con este Plan, el Ministerio de Justicia ha asumido una declaración institucional contra el fraude, en la que se compromete expresamente con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, con la adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de forma que su actividad en la gestión del PRTR sea percibido como totalmente opuesto al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.

En este sentido, desde el departamento que dirige la ministra Llop se ha puesto en marcha una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, estableciendo un sistema de control robusto, diseñado de forma especial para prevenir y detectar los actos de fraude y corregir su impacto, en el caso de que se produjeran.

El Plan de Medidas Antifraude contempla una serie de actuaciones eficaces y proporcionadas, basadas en un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude. De esa forma, se dará garantía de que el gasto en que se ha incurrido en las actuaciones del PRTR está libre de conflicto de interés, fraude y corrupción. Además de esta evaluación del riesgo de fraude, se cuenta con procedimientos adicionales para prevenir, detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude y corrupción y para el seguimiento de las mismas.

El Plan se estructura en torno a cuatro áreas que constituyen el ciclo de lucha contra el fraude, como son prevención, detección, corrección y persecución. El enfoque tiene en cuenta el riesgo de fraude en todo su conjunto, tanto en la dimensión operativa, que incluye aspectos como la eficacia y eficiencia de la organización, como en términos de integridad, veracidad de la información, public compliance, prevención del fraude y la corrupción, así como todos los valores, actitudes y comportamientos que determinan la ejemplaridad, transparencia, buena reputación y praxis adecuada de las Administraciones Públicas.

El Gobierno completa la reorganización de las frecuencias de 3,5 GHz, una de las bandas prioritarias para el 5G

El Gobierno completa la reorganización de las frecuencias de 3,5 GHz, una de las bandas prioritarias para el 5G

Jueves 17 de febrero de 2022

La Moncloa

Permitirá a los operadores hacer un uso más eficiente de las frecuencias, aprovechar mejor las posibilidades de la tecnología 5G y, en última instancia, reducirá costes en el despliegue de las redes de comunicaciones móviles en esta banda.

El Gobierno ha completado la reorganización de las concesiones que tienen los operadores de telecomunicaciones en la banda de frecuencias 3400-3800 MHz, una de las prioritarias para la introducción de servicios basados en tecnología 5G en Europa, poniendo fin a la dispersión que existía hasta ahora.

El principal objetivo de la reorganización es facilitar un despliegue más eficiente de los servicios de banda ancha inalámbrica 5G, aprovechar todas las posibilidades que proporciona la tecnología 5G y, en última instancia, reducir los costes en el despliegue de las redes de comunicaciones móviles en esta banda.

Después de la reorganización, la asignación de frecuencias es la siguiente:

­ Banda de guarda (frecuencias que proporcionan un margen de seguridad para evitar interferencias): 3400-3420 MHz
­ Xfera Móviles, S.A (Grupo MásMóvil): 3420-3500 MHz;
­ Telefónica de España, S.A.U, (40 MHz) y Telefónica Móviles España, S.A.U., (60 MHz): 3500-3600 MHz
­ Orange Espagne, S.A.U.,3600-3710 MHz;
­ Vodafone España, S.A.: 3710-3800 MHz.


Actuaciones para evitar interferencias con la TDT


Por otra parte, se han publicado las actuaciones técnicas que deben realizar los operadores de telecomunicaciones que tienen concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico en las bandas de 800 MHz y 700 MHz para garantizar que el servicio de comunicaciones electrónicas móviles en dichas bandas no interfiere con el servicio de televisión, que se continúa prestando en la banda 470 a 694 MHz.

Ambas actuaciones contribuyen al impulso del 5G, una prioridad del Plan de Recuperación que movilizará inversiones por valor de 1500 millones de euros para su desarrollo y que permitirá que otras tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada o la realidad virtual alcancen todas sus capacidades.

Las características de la tecnología 5G (alta velocidad, baja latencia, es decir tiempo muy rápido de respuesta) permiten mejorar las comunicaciones, pero sobre todo tendrá impacto en la manera en la que se producen y se distribuyen los productos. Tendrá una influencia directa en la transformación de amplios sectores de la economía como la fabricación, la gestión de los recursos naturales, la agroindustria, la salud o la educación. También impactará en el sector de la movilidad y de la logística, al permitir, entre otras aplicaciones, el vehículo autónomo.

Villa de Pitanxo

Pesquero Villa de Pitanxo

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acaba de activar una nueva fase del Plan de Asistencia Consular para dar atención a la llegada al Puerto de San Juan de Terranova de los tres supervivientes y los nueve cuerpos recuperados tras el naufragio del barco Villa de Pitanxo. La Moncloa

La vicepresidenta primera enfatiza el papel protagonista de las pymes y autónomos para lograr los objetivos del Plan de Recuperación

15 de febrero de 2022

La vicepresidenta primera enfatiza el papel protagonista de las pymes y autónomos para lograr los objetivos del Plan de Recuperación

?
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha participado hoy en el acto ‘Fondos Europeos 2022: una oportunidad histórica para las pymes y los autónomos’ organizado por el grupo Prisa, para acercar a las pymes y autónomos el Plan de Recuperación.

Durante la inauguración, Calviño ha enfatizado el papel protagonista que pymes y autónomos para hacer realidad los objetivos de este plan, que supone una oportunidad extraordinaria para tener una salida muy diferente de la crisis.

La vicepresidenta primera ha destacado algunas de las herramientas que se han puesto a disposición de las pymes y autónomos para conocer y acceder a las convocatorias que se están lanzando. Así, se refirió a la página web www.planderecuperacion.gob.es, así como al despliegue de la red de oficinas Acelerapyme. También ha apuntado a la oportunidad de avanzar en la colaboración con Cepyme y las asociaciones sectoriales y la puesta en marcha de un nuevo servicio de asistencia telefónica a través del 060.

Pymes y autónomos, protagonistas del Plan de Recuperación

En su intervención, ha recordado que las pymes y autónomos, -que representan el 99% del tejido productivo-, tienen jugar un papel fundamental en hacer realidad los objetivos del Plan de Recuperación. Entre ellos, Calviño ha subrayado el impulso al emprendimiento, entendido como apoyo a la creación de empresas y a su crecimiento: “Necesitamos no sólo apoyar el emprendimiento sino apoyar la inversión en I+D, el capital humano, la formación de los empresarios de todos los trabajadores y el funcionamiento en red de estas pymes”.

Esto redundará en una mayor productividad, en creación de empleo de calidad y en una mayor competitividad y un refuerzo de la presencia ya importante que tienen nuestras empresas pequeñas y medianas en el ámbito internacional.

El Plan de Recuperación dedica un componente específico para el impulso a las pymes, con una dotación de 5.000 millones de euros de inversión. También incluye reformas que favorecen el crecimiento empresarial como la Ley Crea y Crece, la Ley de Startups, la reforma de la Ley concursal, que actualmente se están tramitando en las Cortes.

Entre las inversiones destinadas a pymes y autónomos, la vicepresidenta ha destacado el Kit Digital, un programa innovador, gestionado por Red.es, con el que se van a invertir más de 3.000 millones de euros para la digitalización de pymes y autónomos. La primera convocatoria de ayudas estará dotada con 500 millones de euros y se lanzará en las próximas semanas para empresas de entre 10 y 49 empleados.

Puede consultar la intervención completa en el Foro ‘Fondos Europeos 2022: una oportunidad histórica para las pymes y los autónomos’ aquí

Durante el cuarto trimestre los deudores concursados aumentaron el 21,8% sobre el trimestre anterior.

Durante el cuarto trimestre los deudores concursados aumentaron el 21,8% sobre el trimestre anterior.

15/02/2022 Registradores

En el cuarto trimestre de 2021 el número de deudores concursados alcanza la cifra de 2.377, lo que supone una disminución del 20,4% respecto al mismo período del año anterior.

Por tipo de concurso, son voluntarios 1.182 (un 59,1% menos que en el cuarto trimestre de 2020), consecutivos 1.190 (nueva categorización en 2021), y necesarios 5 (un 94,9% menos que en el cuarto trimestre de 2020[1]). Por cuarto trimestre consecutivo se categorizan los procedimientos exprés (apertura y cierre simultáneos del mismo por insuficiencia de masa activa), que han sido 737. Siguiendo con la clase de procedimiento, los abreviados disminuyen un 44,9%, mientras que los ordinarios disminuyen un 49,6%.

Deudores concursados según naturaleza jurídica del concursado, tipo de concurso y clase de procedimiento. 4o Trimestre 2021.

Evolución de la tasa trimestral

Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, el gráfico siguiente muestra la variación del número de deudores concursados entre el tercer y el cuarto trimestre del año corriente a lo largo de los últimos cinco años. En 2021 esta tasa ha sido del 21,8%.

Empresas concursadas por naturaleza jurídica y tramo de volumen de negocio

De los 2.377 deudores concursados en el cuarto trimestre, 929 son empresas personas jurídicas, 590 son personas físicas con actividad empresarial, y 858 son personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone el 39,1%, 24,8% y 36,1% respectivamente, del total de deudores.

El número de empresas personas jurídicas concursadas disminuye un 26,27% en el cuarto trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año pasado.

Según la forma jurídica, el 91,5% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada.

El 47,8% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y son, principalmente, Sociedades de Responsabilidad Limitada

EMPRESAS concursadas por forma social y tramo de volumen de negocio.

4º Trimestre 2021.

Empresas concursadas por actividad económica y tramo de asalariados

El 23,9% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio, el 16,5% la Construcción, y el 13% la Industria manufacturera.

En cuanto al número de asalariados, el 54,3% del total de empresas concursadas tiene menos de seis. Y, entre éstas, el 23,9% no tiene asalariados.

EMPRESAS concursadas por tramo de asalariados y actividad económica principal.

4º Trimestre 2021.

Empresas concursadas por antigüedad

El 24,4% del total de empresas concursadas en el tercer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años. Por su parte, el 20,3% tiene cuatro o menos años de antigüedad.

El 19% de las empresas concursadas con cuatro o menos años de antigüedad pertenecen al sector Hostelería. Por su parte, el 26% de las concursadas con 20 o más años de antigüedad se dedican al Comercio.

EMPRESAS concursadas por antigüedad y actividad económica principal.

4º Trimestre 2021.

Resultados por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el tercer trimestre de 2021 son Cataluña (780), Comunidad de Madrid (413) y Comunidad Valenciana (311), concentrando entre las tres el 63,3% del total de deudores concursados.

Deudores concursados según tipo de concurso y clase de procedimiento.

4º Trimestre 2021.

Andalucía, Asturias y Navarra presentan los únicos incrementos anuales en el tercer trimestre (0,8%, 21,1%, y 58,8% respectivamente); e Islas Baleares, La Rioja, y Ceuta y Melilla los mayores decrementos (un 79,1%, un 63,6%, y un 60% respectivamente).

Revisiones y actualizaciones de datos

Los datos del cuarto trimestre de 2021 son provisionales y se revisarán cuando se difundan los del mismo periodo del año próximo. Es decir, cuando se publiquen los datos del cuarto trimestre de 2022, se difundirán los definitivos del mismo trimestre de 2021.

Nota sobre las diferentes moratorias concursales motivadas por la pandemia

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en su artículo 43, procedió a suspender temporalmente el deber de solicitar la declaración de concurso por el deudor insolvente (mientras estuviere vigente el estado de alarma), a la vez que, también de forma temporal (durante el estado de alarma, hasta transcurrir dos meses a contar desde la finalización de este), se preveía la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. La norma fue derogada por otra posterior, Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que extendía sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2020. Posteriormente por medio de la Disposición Final Décima (tercer punto) del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, esta extensión se prorrogó hasta el 14 de marzo de 2021. En 2021, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en su apartado cuarto de la Disposición final séptima, habilitó una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021. Y con posterioridad, el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, se habilita una nueva moratoria hasta el próximo 30 de junio de 2022.

Nota: Las tablas completas, así como el informe metodológico estandarizado y la metodología se pueden descargar en el siguiente enlace del Portal Estadístico Registral en la web del Colegio de Registradores:

https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-concursales.


[1] Esta disminución es consecuencia directa de las diferentes moratorias establecidas en sucesivos Reales Decretos aprobados a lo largo de 2020 y 2021, que suponen la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. Ver nota al final para más información.

Llop: “La inmediación digital será un instrumento necesario en esta etapa de cohesión social, territorial y digital”

Llop: “La inmediación digital será un instrumento necesario en esta etapa de cohesión social, territorial y digital”

14/02/2022 Ministerio de Justicia

Proyecto pionero en transformación digital

Llop: “La inmediación digital será un instrumento necesario en esta etapa de cohesión social, territorial y digital”

La ministra de Justicia ha intervenido hoy en una sesión informativa para explicar los proyectos de inmediación digital pioneros que lleva a cabo su cartera.

En la sesión han compartido casos prácticos el Principado de Asturias, la región de Murcia y la Abogacía.

La inmediación favorece la lucha contra la despoblación, impulsa el ahorro energético, favorece la universalidad del servicio y acerca la Administración de Justicia a la ciudadanía.

14 de febrero de 2022.- “La transformación digital no es un fin en sí mismo; es un medio para mejorar la vida de las personas y, en Justicia, va a mejorar, además, la prestación del Servicio Público de Justicia”. Así lo ha dicho hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una sesión informativa organizada por su gabinete para explicar los proyectos de inmediación que está llevando a cabo y que son “únicos en el mundo”.

El Ministerio de Justicia, junto a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha desarrollado un conjunto de procedimientos técnicos y organizativos, así como herramientas asociadas a los mismos, para dar seguridad jurídica en la inmediación digital y los servicios no presenciales. El objetivo último es aportar confianza a los ciudadanos y profesionales del sector en su relación con la Administración de Justicia.

La inmediación digital se refiere a la posibilidad de que la ciudadanía, entidades privadas o administraciones públicas, así como los profesionales que les representan, puedan comparecer telemáticamente en vistas judiciales, actos de conciliación ante jueces o letrados de la Administración de Justicia, entre otros.

Así, el Ministerio de Justicia ha integrado el sistema Cl@ve de la AEAT, desarrollando una aplicación propia llamada ClaveJusticia, que actúa como interfaz para que el funcionario de la Administración de Justicia pueda identificar con seguridad a las personas que participan en actos a distancia.

Para el resto de actuaciones procesales, más allá de las vistas, se ha desarrollado la herramienta EVID, que dota de seguridad en la identificación de la persona usuaria del servicio público de Justicia.

Actualmente ya se están realizando algunas actuaciones judiciales mediante inmediación digital. Entre ellas: información general personalizada, apoderamientos apud acta, ratificaciones de mutuo acuerdo en materia de divorcio o separación o juntas de herederos.

En última instancia, “este proceso busca mejorar la vida de las personas, al no tener que desplazarse para realizar actuaciones judiciales, reduciendo gastos económicos y tiempo, especialmente aquellas que viven en lugares con una baja densidad de población y cuyo desplazamiento es especialmente costoso; también va a impactar positivamente en el medio ambiente”, ha destacado Llop.

“Vamos a cuidar a las personas con dificultades para facilitar su acceso a estos instrumentos desde las Oficinas de Justicia en los municipios y la Oficina Judicial, o las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. Las personas mayores o las personas con alguna discapacidad estarán debidamente atendidas para no dejar a nadie atrás”, ha asegurado la ministra de Justicia.

Igualmente tendrá un impacto positivo en los profesionales -abogacía, procura, graduados sociales-, que, además, tendrán más tiempo para conciliar la vida laboral y personal.

En definitiva, este proyecto, en el que se trabaja en colaboración con todo el sector Justicia -órganos judiciales, trabajadores del sector, abogados, procura, las consejerías de Justicia de las 12 Comunidades Autónomas (CCAA) que tienen las competencias de Justicia transferidas, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado, “será un instrumento necesario en esta etapa de cohesión social, territorial y digital”, ha concluido Llop.

“Salto cualitativo”

Por su parte, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, se ha referido a este proyecto de transformación digital como un magnífico ejemplo de las posibilidades brindadas por los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Nos permiten contar con tecnología innovadora y emprender cambios organizativos e, incluso, culturales hacia una digitalización útil e inteligente que redunde en la ciudadanía, e incremente la competitividad del país”.

Olmedo ha destacado el “salto cualitativo” que en este proceso de transformación digital van a suponer las tres leyes –de eficiencia procesal, organizativa y digital- que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia, aportando una base legal común.

“La inmediación digital es un proyecto enmarcado en el plan Justicia 2030, que cuenta con un presupuesto, ya ejecutado de tres millones de euros, y aprobado por unanimidad por las CCAA”, ha puesto en valor el secretario general.

“Creo que estamos en el buen camino para aportar calidad e innovación en el servicio público de Justicia de forma coordinada y compartida”, ha concluido Olmedo.

Por su parte, el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, ha ahondado en los beneficios que supone la inmediación digital en las políticas contra la despoblación, al posibilitar el teletrabajo de funcionarios y la atención a la ciudadanía desde cualquier lugar. Asimismo, favorece la universalidad del servicio, ya que permite el uso desde cualquier dispositivo sin necesidad de un software específico, ha señalado. “Se trata de una medida que, en definitiva, acerca la Administración de Justicia al ciudadano, con una atención personalizada para cada trámite”.

Cubo también ha querido destacar “la vertiente social de este proyecto, al permitir, por ejemplo, la declaración de las víctimas en entornos seguros”, y “los beneficios claros en la lucha contra la brecha de género”.

El subdirector general de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales, Javier Hernández, ha puesto en valor “las garantías de autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad exhaustiva” que permite este sistema que trabaja desde la nube.

Ejemplos prácticos

En la sesión informativa, además han participado otros agentes de las administraciones públicas y del sector para explicar sus experiencias en la implementación del proyecto de inmediación digital.

Así, Miguel Ángel Soler, secretario coordinador del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha destacado las 183 actuaciones de inmediación llevadas a cabo hasta finales de 2021 en esta región que, junto a Palencia, han llevado a cabo los proyectos piloto. En ellas, “se ha impedido el desplazamiento de 350 personas, que son las que han intervenido en estas actuaciones, con los consiguientes ahorros que esto implica”.

Miguel Hermosa, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia, ha señalado el valor de la inmediación en ahorro de tiempo, “pasando a 5-10 minutos para hacer un proceso de aceptación de cargo de perito que antes implicaba un desplazamiento de varios cientos de kilómetros”.

Por su parte, desde la Consejería de Justicia de Asturias, se ha enfatizado que, además de la agilización de los procedimientos, existe un plan alternativo para quienes no cuenten con las herramientas digitales que se requieren. “Elimina brechas digitales, pero también de otro tipo, al poner el foco en las personas vulnerables”, han concluido.

La constitución de sociedades aumentó el 27,5% en 2021

La constitución de sociedades aumentó el 27,5% en 2021

18/01/2022 | Registradores

Según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores el pasado año se constituyeron en España 102.135 sociedades, un incremento del 27,5% respecto a 2020 (80.134 constituidas) y del 7,7% frente a 2019 (94.840). Se vuelven a superar, por segundo trimestre consecutivo, las 100.000 operaciones en los últimos doce meses, cifra que no se veía desde el acumulado anual del primer trimestre de 2017.

Con relación al cuarto trimestre de 2021 respecto al mismo trimestre del año anterior, se constituyeron en España 24.107 sociedades mercantiles, mostrando un incremento del 5,6%. Si lo comparamos con el mismo trimestre de 2019, es decir, año anterior a la pandemia, se ha producido un incremento del 6,4%.

La Estadística Mercantil trimestral del Colegio de Registradores permite conocer información estructural básica de las empresas españolas y puede ser consultada, por meses, en el siguiente enlace: http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/estadistica-mercantil/

Por Comunidades Autónomas, en el cuarto trimestre, con relación al mismo período de 2020, la creación de sociedades mercantiles aumentó más en Baleares (39,7%), La Rioja (19,3%), y Cantabria (17,5%). En sentido contrario, descendió sobre todo en Extremadura (-16,8%), Murcia (-8,9%) y País Vasco (-8,4%).

Constituciones societarias según actividad (Ramas CNAE)

Analizando la proporción que tienen los diferentes sectores de actividad sobre los nuevos proyectos empresariales, se compara la dedicación actual de las empresas creadas con la dedicación de las que se creaban hace un año, mostrando la evolución de su peso relativo según ramas de la CNAE y durante el cuarto trimestre de 2021, respecto al mismo de 2020.

Los resultados revelan que sectores importantes vuelven paulatinamente a la cuota de actividad anterior a la pandemia. Destacan por su importancia: la Hostelería (rama I de la CNAE) que ocupa al 10,7% de las empresas creadas, incrementando su presencia el 26,0% anual. Otra actividad de gran importancia es Construcción (rama F), que aumenta hasta el 13,9%, con un incremento del 8,1% sobre el peso relativo del año anterior. También crecen Otros servicios (rama S), el 121,6%, la Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento (ramas D-E), el 7,2%, Educación (rama P), el 6,7%, Financieras y Seguros (rama K), con el 0,5% anual. En la parte negativa desciende más el peso relativo anual en Agricultura y ganadería (rama A), el -23,8%, Actividades sanitarias y de servicios sociales (ramas Q-R), el -16,7%, Industrias extractivas y manufacturera (ramas B-C), el -13,8%, Comercio (rama G), el -12,7%, e Información y comunicaciones (rama J), -7,3%.

Operaciones de capitalización

En el cuarto trimestre se contabilizaron 7.108 ampliaciones de capital, con un aumento del 5,3% sobre el mismo periodo del año anterior. En términos de importe de capital aumentado se desembolsaron 5.181 millones de euros, con un descenso del 15,4% sobre el mismo período de 2020. Si se compara con el cuarto trimestre de 2019, las operaciones disminuyeron el 4,3%, mientras que el capital desembolsado disminuyó el 25,9%.

Extinciones

Las extinciones de sociedades alcanzaron las 9.836 sociedades durante el cuarto trimestre, un 6,3% más que en el mismo trimestre de 2020 y un 11,1% comparado con el mismo periodo de hace dos años.

Concursos de acreedores

Las empresas con serias dificultades financieras, que inscribieron concurso de acreedores entre octubre y diciembre fueron 1.238, un aumento del 0,6% en relación al mismo trimestre de 2020. Si lo comparamos con el mismo trimestre de 2019, los concursos se han incrementado un 20,2%. Durante 2021, se declararon en concurso 4.714 sociedades, un 37,5% más que en el acumulado del año anterior y 29,8% de incremento sobre 2019.

Traslados de sede social entre Comunidades Autónomas. 4T 2021(*).

Se indican en la siguiente tabla los datos sobre los traslados de sede social entre las diversas CC.AA. relativas al cuarto trimestre. Dichos movimientos no corresponden a solicitudes de traslado sino a confirmaciones de traslado inscritas en el registro de destino.

Entre las Comunidades de las que se van, destaca Madrid, con 362 salidas, seguido de Cataluña, 194, Andalucía, 120 y Comunidad Valenciana con 91. Sin embargo, si comparamos el saldo de entradas y salidas, Cataluña destaca con un saldo negativo de 81 empresas, y en el lado opuesto, Galicia, con un saldo positivo de 40 empresas y Baleares y Madrid con 26.

MES DE DICIEMBRE

Constituciones

La evolución de las constituciones durante el mes de diciembre. Fue también positiva, creándose 8.519 empresas, un 9,2% más que en el mismo periodo de 2020, y un 19,2% más que diciembre de 2019. Madrid y Cataluña, conjuntamente constituyeron el 42% de las empresas creadas.

En cuando a la evolución de las constituciones, se ha producido un incremento más moderado en el tercer trimestre (6,9%), con una ligera caída en octubre (-0,4%) y los datos positivos de noviembre (7,7%) y diciembre (9,2%), que muestran una tendencia de fondo positiva en el último periodo del año.

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM. reflejan de modo directo la apuesta de los propietarios por sus proyectos empresariales. En el mes de diciembre se incrementaron un 10,5%, mientras que respecto a diciembre de 2019 se mantienen estables, el incremento fue del 8,4%.

Concursos de acreedores

Los concursos de acreedores de sociedades mercantiles inscritos en diciembre fueron 411, mostrando un incremento del 4,1% anual comparado con el mismo mes del año anterior, mientras que si se comparan con el mismo mes de 2019, los datos muestran un incremento del 36,1%. En la segunda mitad del año se ha observado una estabilización, con oscilaciones mucho más suaves que las del primer semestre e incrementos anuales por debajo del 10%.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aborda con asociaciones de usuarios medidas para impulsar el acceso a los servicios bancarios

8 de febrero de 2022

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aborda con asociaciones de usuarios medidas para impulsar el acceso a los servicios bancarios

Ha mantenido un encuentro con Carlos San Juan, promotor de la iniciativa para solicitar una atención personalizada de las entidades financieras a las personas mayores, que ha entregado en la sede del Ministerio las 600.000 firmas recogidas

El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, también se reunió ayer con la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Plataforma de Mayores

Estos encuentros tienen como objetivo identificar y analizar las medidas más eficaces para asegurar el acceso a los servicios bancarios de los mayores

La vicepresidenta primera ha declarado en un encuentro informal con Carlos San Juan que espera que a final de mes el Ministerio reciba de las patronales de los bancos un plan de medidas eficaces que se pongan en marcha inmediatamente y que den respuesta a esta situación

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital continúa analizando posibles ámbitos de mejora para impulsar la inclusión financiera, con especial atención a la preocupación de los servicios prestados a los mayores por parte de las entidades bancarias.

Con este objetivo, se han celebrado reuniones con representantes de estos colectivos para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran. Estos encuentros se suman a la reunión mantenida el pasado 20 de enero por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, con los representantes de las tres patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) en la que les emplazó a plantear medidas para garantizar la inclusión financiera de los mayores.

En el día de ayer el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, mantuvo una reunión con la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y con la Plataforma de Mayores, para abordar mejoras que favorezcan el acceso a los servicios bancarios de los mayores.

Asimismo, hoy ha mantenido una reunión con Carlos San Juan, promotor de la iniciativa “Soy mayor, no idiota” con la que reclama una atención personalizada de las entidades financieras a los mayores.

San Juan ha entregado en el registro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las 600.000 firmas recogidas.

Al finalizar el encuentro, el médico jubilado y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se han encontrado a las puertas del Ministerio donde se han saludado e intercambiado unas palabras. “Es una prioridad para nosotros acompañar a las personas más vulnerables, especialmente a los mayores”, ha señalado la vicepresidenta primera.

San Juan ha expresado su agradecimiento a la ministra por “el trato muy cordial y muy cercano” que han mostrado en el Ministerio y ha señalado que sus demandas representan “a los ciudadanos de a pie”.

Calviño ha recordado que desde el Ministerio se lleva tiempo trabajando con las entidades financieras para garantizar que los servicios en el ámbito rural y ahora se ha puesto el foco en los mayores. “Espero que de aquí a final de mes podamos tener un plan de medidas eficaces que se pongan en marcha inmediatamente y que den respuesta a esta situación. No es una cuestión de las personas mayores, es de nuestra sociedad”.

Ribera anuncia nuevas actuaciones y un aumento de más de 100 millones para la regeneración ambiental en el entorno del Mar Menor

Ribera anuncia nuevas actuaciones y un aumento de más de 100 millones para la regeneración ambiental en el entorno del Mar Menor

Viernes 11 de febrero de 2022

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado en Murcia los avances en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor ante colectivos y organizaciones sociales, universidades y alcaldes de los ayuntamientos del Mar Menor.

Este plan para la regeneración de la laguna que “ha sido ampliado, mejorado y enriquecido con las aportaciones recogidas durante la fase de información pública”, según ha señalado Ribera.

Fruto de este proceso participativo se han incorporado nuevos proyectos que suponen un incremento importante del presupuesto de partida, en concreto 102 millones de euros que se suman a la dotación inicial. Es decir, los 382,25 millones previstos inicialmente para actuaciones hasta el año 2026 se convierten en 484 millones de euros aproximadamente, lo que supone un aumento presupuestario del 26,7%.

Sin duda, ha recordado Ribera, “es el mayor esquema de actuaciones e inversiones diseñado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación de un enclave natural y contempla proyectos e intervenciones destinados a recuperar la integridad biológica de la laguna, contribuir a reordenar los usos socioeconómicos de su entorno y hacerlos más compatibles con la preservación del capital natural”.

Los nuevos proyectos y actuaciones se concentran en los apartados dedicados a la restauración y mejora ambiental de la cuenca del Mar Menor mediante soluciones basadas en la naturaleza (67,9 millones) y a la gestión de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante (14,6 millones). Por ejemplo, se incrementan sustancialmente las medidas de restauración de ecosistemas en la franja perimetral del Mar Menor y la creación del cinturón verde, pasando el presupuesto estimado de 32 a 52 millones de euros; y se refuerzan las medidas de saneamiento y depuración con 20 millones de euros adicionales para apoyar a los ayuntamientos de la zona en la mejora de las redes y sistemas de saneamiento que eviten vertidos al Mar Menor o a los acuíferos.

Otra parte de ese incremento presupuestario, en torno a 20 millones de euros, se destinará a actuaciones del MITECO destinadas específicamente a los agricultores del Campo de Cartagena. Esta línea, cuyo diseño se está ultimando, se materializará en convocatoria pública como un sistema de incentivos ambientales complementarios a la PAC para ayudar a reducir en origen la contaminación por nitratos y facilitar también la adaptación al cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza. Prácticas de agricultura de conservación, de reducción de escorrentías y erosión en parcela, y otras que permitan recuperar o mejorar los servicios ambientales del territorio en la cuenca vertiente del Mar Menor entrarán dentro de las propuestas subvencionables por esta vía.

Una estrategia ampliamente participativa
Acto de presentación de los avances en el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar MenorTeresa Ribera ha destacado y agradecido la alta participación ciudadana (51% de las observaciones recibidas) para mejorar y completar el Marco de Actuaciones Prioritarias, que durante el mes que ha estado en consulta pública ha recibido más de 600 observaciones procedentes de un total de 79 participantes, administraciones públicas, entidades privadas y particulares. “Desde el principio hemos insistido en que la estrategia para recuperar el Mar Menor debía ser ampliamente participativa, porque es un reto de las administraciones y también de la ciudadanía”.

Asimismo, en las reuniones que ha mantenido con colectivos, organizaciones sociales y universidades y con alcaldes de los ayuntamientos del Mar Menor, la vicepresidenta ha expuesto los avances desde que visitó por última vez la zona el pasado 4 de noviembre. Entre ellas, el Gobierno ha declarado de interés general y utilidad pública las principales obras recogidas en el Marco de Actuaciones, paso necesario para que el Estado pueda iniciar las actuaciones de:

Restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde.
Restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración de zonas afectadas por la minería en la zona de influencia al Mar Menor.
Renaturalización y mejora ambiental de las ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería.
Renovación de la impulsión de la rambla del Albujón (en diciembre se sacaron a información pública tres proyectos para sustituir otros tantos tramos en una primera fase, a la que seguirán pronto otras actuaciones para la mejora integral de la impulsión).
Actuaciones de corrección hidrológica y laminación de crecidas asociadas a las áreas de riesgo potencial significativo de inundación de la cuenca vertiente.
Identificación de zonas idóneas
En este sentido, los equipos de las diferentes Direcciones Generales y de la CHS han intensificado durante estos meses los trabajos para la identificación preliminar de zonas sobre el territorio en las que aplicar las diferentes actuaciones en función de su idoneidad y de los condicionantes que presenten para su ubicación.

Un trabajo que ha permitido avanzar a nivel técnico en un escenario de intervención donde desarrollar diferentes tipologías de actuaciones para cada una de las medidas relacionadas con la restauración, la renaturalización y la mejora ambiental; la prevención del riesgo de inundación y la conservación.

En este tiempo, también se han aprobado los Reales Decretos de protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y la modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica.

Vigilancia y control del dominio público hidráulico
Además, se ha continuado trabajando en la vigilancia y control del dominio público hidráulico. En este sentido, Ribera ha repasado la actividad de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a enero de 2022. Así, desde 2018 se han iniciado 283 expedientes sancionadores por uso privativo de aguas sin autorizaciones en el ámbito del Mar Menor, con una superficie de 4.917 ha que ya ha sido objeto de resolución sancionadora (más de la mitad de las hectáreas de regadíos sin título legal identificadas en el Campo de Cartagena). La superficie de regadío con expediente sancionador abierto o pendiente de finalizar es de 2.437 ha.

La CHS ha remitido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 203 expedientes en aplicación de la Ley 3/2020, que se corresponden con 3.000 ha, y a la Fiscalía, 249 expedientes sancionadores en el Mar Menor.

Estas actuaciones, ejecutadas en procedimientos administrativos con todas las garantías, culminan con el precintado y desconexión de las instalaciones de riego. A finales de enero de 2022, se han producido 144 apercibimientos de ejecución subsidiaria para precintado y desconexión, por un total de 2.141 ha. En 52 expedientes, por un total de 1.007 ha, se ha producido el cumplimiento voluntario del cese del uso privativo ordenado en la resolución sancionadora. Y se encuentra en trámite la ejecución subsidiaria en 628 ha, que pasarán a ejecución material de la medida de precintado y desconexión una vez que sea firme la resolución y se disponga, en su caso, de la autorización judicial para entrar en la finca.

Reforzar el trabajo de la comunidad científica
Asimismo, el Gobierno trabaja para reforzar y coordinar el esfuerzo de la comunidad científica (IEO, CSIC y universidades) en la mejora del conocimiento y el seguimiento de estado de la laguna, del acuífero y de la cuenca vertiente y de los efectos de las intervenciones. En este sentido, los informes del IEO nos ayudan a seguir al detalle el estado y evolución de la laguna.

Los últimos datos muestran claramente cómo en los meses de invierno se atenúan de forma progresiva los efectos del último episodio de proliferación fitoplanctónica y aguas turbias. Sin embrago, los expertos advierten de que se trata de una dinámica estacional, que no significa una mejora del estado del ecosistema laguna, ni la reducción de las presiones antropogénicas que lo fuerzan, en especial el exceso de nutrientes provocados por la agricultura y ganadería intensivas, o la presión urbanística, entre otras.

Ordenación de los usos
Todas estas actuaciones forman parte del Marco de Actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor en el ámbito de las competencias del MITECO (medidas de control del dominio público hidráulico y del dominio público marítimo-terrestre y las obras de interés general), pero además la vicepresidenta ha insistido en la necesidad de que la actividad agraria y el desarrollo urbanístico, fundamentalmente, sean compatibles con la protección del Mar Menor.

NOTA ACLARATORIA: la cifra correcta del presupuesto total asignado por el MITECO al Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar Menor es la consignada en esta nota de prensa, 484 millones de euros, una vez sumadas todas las nuevas líneas de actuación anunciadas hoy por la vicepresidenta en el transcurso de su viaje a Murcia.

En los materiales complementarios -presentación PPT y documento del Marco de Actuaciones- la cifra global que aparece es inferior -464 millones-, al no incluir los 20 millones previstos para la línea de actuaciones que el MITECO está ultimando destinadas específicamente a los agricultores del Campo de Cartagena como un sistema de incentivos ambientales complementarios a la PAC.

El Gobierno urge a los bancos a garantizar la inclusión financiera de los mayores

20 de enero de 2022

El Gobierno urge a los bancos a garantizar la inclusión financiera de los mayores

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

La vicepresidenta primera se reúne con los representantes de las tres patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España para abordar la importancia de garantizar la inclusión financiera para el conjunto de la sociedad, incluyendo a nuestros mayores, y la urgencia de adoptar medidas en este sentido

En el encuentro, la vicepresidenta ha trasladado la inquietud del gobierno y ha solicitado información sobre la efectividad de las medidas que el sector bancario ya ha puesto en marcha

Se ha acordado que en el plazo de un mes las patronales bancarias revisarán su ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’, planteando así nuevas soluciones para garantizar la inclusión financiera de nuestros mayores

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha reunido hoy con el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, el director general de la CECA, José María Méndez, la secretaria general de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), Cristina Freijanes, y el director de Conducta de entidades del Banco de España, Fernando Tejada, para abordar conjuntamente la urgencia e importancia de garantizar la inclusión financiera de toda la sociedad, incluyendo a nuestros mayores.

En el encuentro, en el que también han estado presentes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, y el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta ha traslado la inquietud del Gobierno sobre esta cuestión y ha solicitado información sobre la efectividad de las medidas que el sector bancario ya ha puesto en marcha. Asimismo, ha señalado la necesidad de adoptar medidas para asegurar el acceso de los mayores a los servicios financieros.

S?e ha acordado que el Observatorio para la Inclusión Financiera realizará un diagnóstico de la situación y en el plazo de un mes, las patronales bancarias revisarán su ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’, planteando así nuevas soluciones para garantizar la inclusión financiera de nuestros mayores.

Llop: “Vuestro trabajo es imprescindible para el desarrollo social y económico de un Estado social y democrático de Derecho”

Llop: “Vuestro trabajo es imprescindible para el desarrollo social y económico de un Estado social y democrático de Derecho”

10/02/2022 Ministerio de Justicia

Entrega de medallas en el Colegio de Registradores de la Propiedad de España

Llop: “Vuestro trabajo es imprescindible para el desarrollo social y económico de un Estado social y democrático de Derecho”

La ministra de Justicia ha clausurado hoy el acto de entrega de medallas de honor del Colegio de Registradores de la Propiedad.

Llop ha recordado que, además, la labor de estos profesionales contribuye también a la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la delincuencia transfronteriza.
10 de febrero de 2022.- La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha clausurado hoy el acto de entrega de medallas de honor del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España y de las placas homenaje a registradores que se jubilaron en 2021.

En el acto, celebrado en el Colegio de Registradores de la Propiedad de España, Llop ha destacado la labor de estos profesionales: “Vuestro trabajo es imprescindible para el desarrollo social y económico de un Estado social y democrático de Derecho, como es el nuestro”.

La titular de Justicia ha recordado que, además, la labor de los registradores contribuye también a la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la delincuencia transfronteriza, con herramientas como el Registro de Titularidades Reales que garantiza la transparencia.

Llop se ha referido a la “la estrecha y dilatada cooperación” del Colegio de Registradores con la Fiscalía General del Estado, como la interconexión del Registro con los países de la Unión Europea (UE), a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español; o la colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Según la ministra, esta cooperación “demuestra el compromiso del Registro con la transparencia y el orden público”.

Finalmente, la ministra ha puesto en valor la colaboración de los registradores con RED.es, una plataforma gubernamental que tiene entre sus objetivos simplificar y agilizar los trámites para la resolución de las ayudas del Kit Digital con garantías. “Con ello se contribuye eficazmente a la asignación de los fondos de este programa para lograr el cumplimiento de los fines del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España”, ha concluido Llop.

La ministra de Justicia ha estado acompañada por el secretario de estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; y la directora general de Seguridad y Fe Pública, Sofía Puente; así como por la decana y el secretario del Colegio de Registradores, Mª Emilia Adán y José Mª Rodríguez.

Las constituciones de empresas aumentan en enero el 3,7% anual

Las constituciones de empresas aumentan en enero el 3,7% anual

08/02/2022 | Registradores

El Colegio de Registradores informa sobre la evolución de la actividad del Registro Mercantil en enero, como avance sobre el informe trimestral.

Constituciones

La evolución de las constituciones durante el año comienza con datos positivos. En el mes de enero se crearon 8.241 empresas, un 3,7% más que en el mismo periodo de 2021. Los mayores volúmenes de empresas creadas correspondieron a Madrid, Cataluña y Andalucía, que conjuntamente constituyeron seis de cada diez empresas creadas.

En enero disminuyó la creación de empresas en cinco comunidades: Asturias, Murcia, Canarias, Cataluña y Castilla – La Mancha. Los crecimientos más importantes se produjeron en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, La Rioja, Aragón y Navarra.

Este indicador continúa la senda de moderación iniciada en 2021. La variación en relación al mismo periodo del año anterior muestra cómo, en el primer trimestre de 2021, las constituciones se incrementaron anualmente el 15,6%, llegando a incrementarse en el segundo trimestre hasta el 119%, como consecuencia de la comparación con el segundo trimestre de 2020, de confinamiento estricto. Los incrementos se moderaron con claridad durante el tercer trimestre (6,9%) y el cuarto (5,6%). En enero de 2022 continúa el crecimiento moderado iniciado durante el tercer trimestre, manteniendo hasta el momento la evolución positiva

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los registros mercantiles reflejan de modo directo la apuesta de los propietarios por sus proyectos empresariales. En los últimos meses se observa una tendencia moderadamente positiva y en el mes de enero se incrementaron un 6,6% anual, lo que supone el tercer incremento mensual consecutivo.

Por CC.AA., las que presentan mayor volumen de actividad son Madrid con 873 ampliaciones, un 11,1% más que el mismo mes del año anterior y Cataluña con 677, un 10,3% más. Entrando al detalle, se observan descensos en seis territorios: Ceuta y Melilla, Navarra, Cantabria, Castilla y León, Murcia y Andalucía. Por otro lado, aumentan más, sobre todo en La Rioja, seguida de Aragón, Castilla – La Mancha, Baleares y Canarias.

Como sucedió con las constituciones, las tasas de variación trimestral en relación al mismo periodo del año anterior muestran el impacto de la crisis en el segundo trimestre de 2021, produciéndose un incremento del 72,6%, e igualmente se produjeron moderados incrementos en el tercer trimestre (4,5%) y cuarto trimestre (5,3%). En este mes de enero se incrementaron un (6,6%), en una evolución también positiva.

Concursos de acreedores

Los concursos de acreedores, en este avance del mes de enero, fueron 326, y comparados con el mismo mes del año anterior, muestran un incremento del 7,6%, con fuerte influencia de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que constituyeron por sí mismas más de la mitad de todos los concursos presentados a nivel nacional.

La tendencia de estabilización iniciada en el tercer trimestre de 2021, con el 12,5% de incremento anual seguida del 0,6% en el cuarto trimestre, muestra sin embargo un repunte en enero de este año, hasta situarse en el 7,6% anual. Hasta que no finalice la moratoria concursal vigente hasta el mes de junio, los concursos de acreedores no podrán mostrar con precisión la tendencia real.

En cuanto a su distinción entre voluntarios y necesarios, los primeros sumaron en enero 226 inscripciones, con una disminución del 27,6% frente al mes anterior, mientras los concursos necesarios quedan prácticamente igual, en enero se han inscrito 100, uno más que en el mes de diciembre.

El Tribunal Supremo confirma la anulación del acuerdo del Consejo General del Notariado sobre la digitalización del documento nacional de identidad

Martes, 8 de febrero de 2022

El Tribunal Supremo confirma la anulación del acuerdo del Consejo General del Notariado sobre la digitalización del documento nacional de identidad


El Supremo concluye que la aprobación del acuerdo comporta el ejercicio de una potestad reglamentaria que la mencionada Corporación no tiene atribuida

Autor Comunicación Poder Judicial


La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Consejo General del Notariado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló el acuerdo del Pleno de dicho Consejo, de 16 de diciembre de 2017, que aprueba la digitalización del documento nacional de identidad, a través de la creación en la plataforma SIGNO (Servicio Integrado de Gestión Notarial) de un servicio de digitalización y grabación centralizada y gratuita de los datos del índice informatizado relativo a la documentación mercantil que afecta a la titularidad real.

La sentencia del TSJ de Madrid ahora ratificada anuló el mencionado acuerdo corporativo y ordenó al Consejo General del Notariado la destrucción certificada de todos los datos y documentos que pudiera disponerse en su ejecución y estuvieran a su disposición directa o en poder de la mercantil interpuesta constituida por el mismo Consejo «Agencia Notarial de Certificación» («ANCERT SRLU»). El TSJ estimó un recurso del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y de varios notarios.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala III han analizado si el Consejo del Notariado tenía competencias para establecer nuevas obligaciones a los notarios, como las indicadas en el acuerdo, que afectaban a una pluralidad indeterminada de personas y al tratamiento de sus datos de carácter personal; o, por el contrario, si el referido acuerdo se limitaba a regular obligaciones previamente establecidas en la normativa reguladora de la prevención del blanqueo de capitales.

El Supremo concluye que la aprobación del acuerdo comporta el ejercicio de una potestad reglamentaria que la mencionada Corporación no tiene atribuida y que además su contenido no puede estimarse amparado en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La sentencia subraya que el debate no es si la creación del nuevo fichero único sería más idónea para la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, sino si, aun aceptando esa utilidad, “que no está acreditada”, la creación de dicho fichero puede hacerse ‘motu proprio’ por el Consejo y en ejercicio de una potestad, la de dictar circulares, con un contenido muy concreto y que a la vista de lo regulado excede de ese ámbito doméstico y constituye una auténtica norma reglamentaria.

La Sala destaca que lo establecido en el Acuerdo impugnado es la creación de un nuevo fichero a partir de los datos recogidos en cada Notaría, con la remisión obligatoria por cada Notario de su Índice informatizado, de modo que no solo se constituye en el Consejo un Índice Único Informatizado, sino que dicho Índice constituye un nuevo fichero en el cual se incluye el DNI, cuyo tratamiento se encomienda a una entidad sujeta al régimen del Derecho Privado (ANCERT).

“Es decir, si cada Notaría tiene su «fichero» y los ficheros de todas las Notarías se integran en uno diferente en el Consejo General del Notariado, es manifiesto que se trata de un nuevo fichero diferente de los existentes en las notarías, como pone de manifiesto el informe que obra en autos de la Agencia de Protección de Datos”, señalan los magistrados.

Asimismo, la sentencia indica que “no puede negarse que con la pretendida Circular, de una parte, se imponen específicas obligaciones a los Notarios, por cuanto, cuando menos, se amplía la forma en que han de remitir al Consejo sus particulares índices informatizados; pero, de otra parte, es indudable que la creación de ese nuevo fichero, cuyo tratamiento se encomienda a un ente sometido al Derecho Privado, afecta a todos los ciudadanos que concurren a una notaría a celebrar actos jurídicos que requieran una protocolización, que están sujetos a que sus datos obre en cada Notaría en sus respectivos índices, pero no que deban, además de ello, figurar en un nuevo fichero creado por el Consejo con la incorporación digitalizada de los DNI que contiene la más amplia información personal de cada ciudadano”.

El Tribunal Constitucional ampara a un sindicato al considerar que la administración vulneró su derecho a la huelga al establecer unos servicios mínimos abusivos por desproporcionados

El TC ampara a un sindicato al considerar que la administración vulneró su derecho a la huelga al establecer unos servicios mínimos abusivos por desproporcionados

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional en sentencia, cuyo ponente ha sido el Vicepresidente Juan Antonio Xiol Ríos, ha reconocido que se ha vulnerado el derecho a la huelga del sindicato Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores de España, al fijar la Administración unos servicios mínimos desproporcionados no debidamente justificados.

El caso estudiado por la Sala Segunda es el siguiente:

El comité de empresa de la entidad mercantil Áreas, S.A, que gestiona establecimientos de hostelería del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, entre ellos el 100% de los puntos de venta al público situados en el lado de aire (la que empieza superados los controles de seguridad) de las Terminales T1, T2, T3 y T4 Satélite, y la práctica totalidad de los puntos de restauración de la Terminal T4, convocó huelga para los días 4, 5, 22, 23, 29 y 30 de diciembre de 2017 en el horario de 13:00 a 15:00 horas. La empresa y el sindicato no llegaron a un acuerdo sobre la fijación de los servicios mínimos, sobre todo, con los puntos de venta situados en el denominado lado de aire , por lo que la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento dictó una resolución de 30 de noviembre de 2017 en la que establecía que en las zonas restringidas del lado aire debían prestarse los servicios mínimos mediante la apertura de la totalidad de los 12 establecimientos gestionados por la empresa y que afectaba a la totalidad de su plantilla en esa zona.

El sindicato presentó un recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución ante la Audiencia Nacional porque consideraba que los servicios mínimos fijados afectaban al 100% de la plantilla, lo que implicaba una vulneración de los derechos de huelga y libertad sindical. La Sala de lo Contencioso-administrativo desestimó el recurso concluyendo que la extensión de los servicios mínimos resultaba justificada y proporcionada.

Contra esta resolución se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue inadmitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de fecha 9 de mayo de 2019.

Finalizada la jurisdicción ordinaria, el sindicato demandante interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de huelga, libertad sindical y tutela judicial efectiva, que fue admitido a trámite al concurrir una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este Tribunal.

La Sala Segunda del TC razona que la resolución administrativa impugnada no aporta ningún elemento, dato o hecho que permita poner en relación el derecho de huelga de los trabajadores y el derecho a la salud de los pasajeros con la decisión de que los servicios mínimos se fijaran para la llamada zona de aire en el 100% de los establecimientos de la empresa y de su plantilla.

La sentencia explica que “la resolución administrativa considera sin más que el nivel habitual de prestación de servicios coincide en su integridad con lo que debe considerarse como un elemento mínimo de prestación en función de las exigencias de la salud pública”. Por tanto, “esta apreciación supone no ya limitar sino privar íntegramente del ejercicio del derecho de huelga a los trabajadores de este sector de actividad”, que hubiera exigido una motivación específica sobre el carácter mínimo de los servicios.

Igualmente, destaca que si el servicio prestado por los establecimientos de restauración se mantiene en la franja horaria de la huelga en el 100 % del habitual y, simultáneamente, como se reconoce por la propia Administración, se ha obligado a reforzar el servicio prestado por las máquinas expendedoras para esa franja horaria, la prestación del servicio esencial para la comunidad se desarrolló con un nivel de prestación superior al habitual, lo que es incompatible con la lógica propia de un juicio de proporcionalidad.

En definitiva, el Tribunal concluye afirmando que “la motivación contenida en la decisión de la autoridad gubernativa pone de manifiesto que la fijación de los servicios mínimos acordados no resulta proporcionada a la resolución del conflicto de intereses que debía resolver”.

En consecuencia, se anula la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento de 30 de noviembre de 2017; la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Asimismo, se ordena la retroacción de las actuaciones al momento de pronunciarse la primera de las resoluciones anuladas para que, una vez declarada la nulidad de la resolución administrativa impugnada, se resuelva sobre el resto de pretensiones y, singularmente, sobre la petición indemnizatoria.

Madrid, de 1 febrero de 2022

Confirmada una multa a Banco Santander por infracción grave del Código de Buenas Prácticas del Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos

Jueves, 3 de febrero de 2022

Confirmada una multa a Banco Santander por infracción grave del Código de Buenas Prácticas del Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos


La sanción impuesta por el Banco de España es de 485.000 euros

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que confirma una resolución del Banco de España que impuso una multa de 485.000 euros al Banco de Santander por una infracción grave del Código de Buenas Prácticas (CBP) del Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

El Banco de España impuso la citada sanción a esta entidad tras realizar una inspección para comprobar la aplicación de las medidas de reestructuración de la deuda hipotecaria, en los términos del artículo 5.4 del Real Decreto, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

De los 1.233 expedientes en los que se aplicó esta medida de reestructuración de la deuda hipotecaria durante 2014, la inspección comprobó una muestra aleatoria de 66 expedientes, de cuyo examen concluyó que en el 89% de los casos (59 de 66), la entidad no había situado los efectos de la reestructuración de la deuda hipotecaria en el momento en el que el deudor acreditó hallarse en el umbral de exclusión, sino que mantuvo las condiciones financieras del préstamo primitivo con posterioridad a dicho momento (en un 53% de los casos se mantuvieron hasta dos meses después, en un 42% la prolongación fue de entre 2 y 6 meses, y en el 5% restante excedió de los 6 meses).

La sentencia recoge que el informe de la inspección estimó que el importe de los intereses girados por encima del que correspondía si se hubieran aplicado los efectos de la reestructuración desde la acreditación del requisito de hallarse el deudor en situación de exclusión, ascendía a 239.000 euros en los expedientes tramitados en 2014 (solo valoró aquellos en los que el tiempo entre acreditación requisitos y fecha de aplicación de reestructuración fuera superior a un mes).

El tribunal concluye que en este caso la parte recurrente, “que no ha aplicado las medidas de reestructuración de las deudas hipotecarias establecidas por el CBP en el momento en que consideró que el deudor hipotecario había acreditado hallarse situado en el umbral de exclusión, sino que lo hizo en un momento posterior, normalmente en el momento de la formalización de la reestructuración o en el momento en que se giró la cuota anterior a dicha formalización, con un retraso de hasta 6 meses desde la acreditación de la situación de exclusión, ha incumplido el artículo 5.4 del RDL 6/2012, que dispone la obligada aplicación de las previsiones del CBP desde el primero de los momentos indicados”.

Como consecuencia, desestima el recurso de casación interpuesto por el Banco de Santander contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la resolución sancionadora adoptada por el Consejo de Gobierno del Banco de España, de 24 de octubre de 2017, contra dicha entidad.

La Sala se pronuncia sobre el momento en que debe aplicarse dicha reestructuración –de forma inmediata una vez acreditada la situación del umbral de exclusión o, por el contrario, una vez realizada la novación del contrato de préstamo. También resuelve sobre cuándo se entiende que el deudor ha acreditado hallarse en ese umbral de exclusión y si ello depende de la aportación de todos y cada uno de los documentos previstos en el Real Decreto.

En su sentencia establece que “el momento temporal en que deben ser aplicadas las previsiones del Código de Buenas Prácticas, en lo que se refiere a las concretas medidas de reestructuración de la deuda, es el de la acreditación de encontrarse los deudores hipotecarios situados en el umbral de exclusión”.

Añade que aceptado por la entidad de crédito que el deudor hipotecario se halla en el umbral de exclusión, la falta de aportación de alguno de los documentos previstos en dicho Real Decreto “no exime a la entidad de aplicar las previsiones del artículo 5.4 del citado texto legal”.

La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Comunicado de prensa n.º 18/22

Luxemburgo, 27 de enero de 2022

Sentencia en el asunto C-788/19

Comisión/España (Obligación de información en materia tributaria)

La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión


Las restricciones a la libre circulación de capitales que impone son desproporcionadas

El 15 de febrero de 2017, la Comisión emitió un dictamen motivado en el que declaró la incompatibilidad con el Derecho de la Unión de determinados aspectos de la obligación de los residentes fiscales en España de declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero (1) por medio de un formulario denominado «modelo 720». Según la Comisión, las consecuencias derivadas del incumplimiento de esta obligación son desproporcionadas atendiendo a los objetivos perseguidos por la legislación española, que son garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales.
En virtud de la legislación nacional controvertida, (2) los residentes en España que no declaren o declaren de manera imperfecta o extemporánea los bienes y derechos que posean en el extranjero se exponen a la regularización del impuesto adeudado por las cantidades correspondientes al valor de dichos bienes o derechos, incluso cuando estos hayan sido adquiridos durante un período ya prescrito, así como a la imposición de una multa proporcional y de multas de cuantía fija específicas.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales. En efecto, la obligación de presentación del «modelo 720» y las sanciones derivadas del incumplimiento o del cumplimiento imperfecto o extemporáneo de dicha obligación, que no tienen equivalente en lo que respecta a los bienes o derechos situados en España, establecen una diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos. Esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo, y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales.

El Tribunal de Justicia subraya que la legislación controvertida podría estar justificada por la realización de los objetivos antes mencionados ya que, pese a la existencia de mecanismos de intercambio de información o de asistencia administrativa entre los Estados miembros, la información de que estos disponen en relación con los activos que sus residentes fiscales poseen en el extranjero es, globalmente, inferior a la que poseen en relación con los activos situados en su territorio. No obstante, el examen del Tribunal de Justicia revela que esta legislación va más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos, y ello en tres aspectos:

En primer lugar, considera que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como «ganancias patrimoniales no justificadas», sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción.

Según el Tribunal de Justicia, la presunción de obtención de «ganancias patrimoniales no justificadas» establecida por el legislador español no resulta desproporcionada en relación con los objetivos de garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales, puesto que, entre otros factores, puede ser destruida por el contribuyente. En cambio, las opciones elegidas en materia de prescripción son desproporcionadas atendiendo a esos objetivos, puesto que permiten a la Administración tributaria proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado por las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos situados en el extranjero y no declarados, o declarados de manera imperfecta o extemporánea, mediante el «modelo 720».

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia señala que la normativa adoptada por el legislador español, además de producir un efecto de imprescriptibilidad, permite también a la Administración tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica. Al atribuir consecuencias de tal gravedad al incumplimiento de una obligación declarativa, el legislador español ha ido más allá de lo necesario para garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia estima que España también ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con una multa proporcional del 150 % del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos poseídos en el extranjero. Esta multa puede acumularse con multas de cuantía fija que se aplican a cada dato o conjunto de datos omitidos, incompletos, inexactos o falsos que deban incluirse en el «modelo 720».
El Tribunal de Justicia señala que la imposición de esta multa está directamente relacionada con el incumplimiento de obligaciones declarativas, puesto que solo se aplica a los contribuyentes que no hayan cumplido la obligación de información. Este incumplimiento basta para determinar la existencia de una infracción tributaria, que se considera muy grave y se sanciona con la imposición de la multa del 150 % del importe del impuesto eludido, porcentaje que no está formulado como un tipo máximo. El Tribunal de Justicia señala asimismo que el tipo muy elevado de esta multa le confiere un carácter extremadamente represivo y que su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar, en muchos casos, a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100 % del valor de sus bienes o derechos en el extranjero. Ello constituye un menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia declara que el legislador español incumplió asimismo las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con multas de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para infracciones similares en un contexto puramente nacional y cuyo importe total no está limitado. El importe de estas multas es de 5 000 euros por cada dato o conjunto de datos omitido, incompleto, inexacto o falso, con un mínimo de 10 000 euros, y de 100 euros por cada dato o conjunto de datos declarado fuera de plazo o no declarado por medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando existía obligación de hacerlo, con un mínimo de 1 500 euros.

El Tribunal de Justicia señala a este respecto que la ley española sanciona el incumplimiento de meras obligaciones declarativas o puramente formales mediante la imposición de multas de cuantía fija muy elevadas, ya que se aplican a cada dato o conjunto de datos; van acompañadas, según los casos, de un importe mínimo de 1 500 o 10 000 euros y su importe total no está limitado. El Tribunal de Justicia tiene en cuenta asimismo que estas multas pecuniarias fijas se acumulan con la multa proporcional del 150 % y observa que su importe no guarda proporción alguna con el de las multas que sancionan el incumplimiento de obligaciones similares en un contexto puramente interno en España. Por consiguiente, esas multas pecuniarias fijas establecen una restricción desproporcionada de la libre circulación de capitales.

1 Entre ellos, bienes inmuebles, cuentas bancarias, títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, así como seguros de vida e invalidez de los que dispongan fuera del territorio español.
2 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE n.º 302, de 18.12.2003), en su versión modificada por la Ley 7/2012; Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE n.º 285, de 29.11.2006), en su versión modificada por la Ley 7/2012, y Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE n.º 288, de 28.11.2014).

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.