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Banesto se adjudica en subasta notarial una vivienda al 60% del valor de 2006

Además, reclama 90.000 € a la familia desahuciada
El banco se queda un piso de la calle goroabe por 137.332 y el embargado sigue debiendo 91.554
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca recurrirá el acto por oponerse a un sistema extrajudicial en alza y “abusivo”
Ana Ibarra – Jueves, 5 de Abril de 2012 – El artículo en noticiasdenavarra.com
Pamplona. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Navarra protagonizó ayer un acto de resistencia pacífica frente a una notaría de Pamplona para denunciar la creciente utilización por parte de los bancos de las subastas extrajudiciales como sistema para recuperar pisos de familias que no pueden pagarlos. El acto fue convocado a la 12.45 horas en la avenida Carlos III, un cuarto de hora antes de que la entidad Banesto se adjudicara, en tercera subasta y ante notario, por valor de 137.332 euros, la vivienda adquirida en 2006 por una familia residente en la Milagrosa, de origen ecuatoriano y con dos niños pequeños (de diez y dos años y medio). La plataforma anunció ayer que impugnará la subasta ante los tribunales e hizo constar en acta que se oponen a la fórmula al igual que solicitan su anulación “por derivar de una cláusula abusiva que figura en contratos de préstamos impuestos unilateralmente por el banco” y porque vulnera “el derecho a la vivienda y a la protección de la familia”, a la vez que recuerdan que existen varias sentencias que declaran la “inconstitucionalidad” de la medida.
La subasta notarial aparece en las cláusulas de algunas hipotecas y permite agilizar trámites al banco. La PAH ya ha comenzado a recibir casos y alerta del “abuso y la indefensión” de un sistema de ejecución hipotecaria en el que no interviene ningún juez y en el que, tras dos subastas por el 100% y el 75% del importe de la deuda, a falta de postor, los bancos podían hasta recuperar los pisos por solo un euro. El decreto estatal de De Guindos evita esta opción de manera que ahora deben subastarse por un mínimo del 60% del valor de tasación, como en los procesos judiciales, pero la nueva medida no afecta a los proceso iniciados con anterioridad. La PAH se opone a un sistema sin garantías judiciales que, además, “va muy rápido”. Además, no puede personarse el abogado ni el afectado tiene derecho a justicia gratuita, entre otras tutelas. En cualquier caso, el desalojo debe sobrevenir a una orden judicial en caso de que la familia no abandone voluntariamente la vivienda. Por la vía judicial los bancos tardan entre ocho meses a un año para echar al propietario, mientras que los notarios pueden hacerlo en tres meses.
Tres subastas Es el caso de Gabriel y su familia, que se han visto despojados como titulares de su vivienda en menos de tres meses. La primera subasta tuvo lugar el 13 de febrero, la segunda el 8 de marzo y ayer se celebró la tercera. Como no hubo licitadores en ninguna de ellas, el banco se adjudicó la vivienda por 137.332 euros sobre una hipoteca valorada en 216.000 euros. Antes de que entrara en vigor el decreto de De Guindos los notarios ya anunciaron que impedirían embargos de pisos por debajo del 60% para garantizar a los ciudadanos los mismos derechos que en los procesos de ejecución judicial. De hecho, la vivienda ayer subastada se encuadra dentro de este marco de protección, ya que por fechas no le afecta el decreto estatal que elevó a categoría de ley ese tope del 60%.
La pareja ha luchado por mantener su vivienda y, tras año y medio sin disponer recursos, ha mejorado su situación económica. Gabriel es autónomo de la construcción y ha conseguido empleo mientras que a su mujer le han hecho fija en hostelería. La pareja compró hace siete años un piso de 78 metros cuadrados en la calle Goroabe con una antigͼedad de más de cincuenta años y sin ascensor. Sobre ella pesaba una deuda de 228.887 euros (la hipoteca más 11.000 euros de impagos) y, tras la subasta, tienen pendiente de pago 91.554 euros. La PAH ya planteó sin éxito como mediación saldar la deuda con un abono de 2.000 euros y cuotas de 500 euros hasta “estabilizarse”. Por otro lado, la familia ha pagado durante cuatro años letras de 1.270 euros. “En tres meses se nos quita la vivienda por haber firmado un documento que nadie nos explicó”, indicó ayer este padre de familia que quiere seguir viviendo en Navarra y no verse obligado a volver a su país “arrastrando una deuda que no hemos generado; pagando el pato justos por pecadores”.


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