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Discurso de toma de posesión como miembro del Consejo de Estado. Pablo Hernández de Cos

19.07.2018 bde.es
Discurso de toma de posesión como miembro del Consejo de Estado
Pablo Hernández de Cos
Gobernador del Banco de España
Señora presidenta del Consejo, consejeros, letrados, señoras y señores:
En primer lugar, quiero agradecer a D. Alberto Aza y a D. Juan Velarde haber aceptado ser mis padrinos en la ceremonia de hoy. Para mí, es un verdadero honor tomar posesión como miembro nato del Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno y una de las instituciones de mayor tradición de nuestro país.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, “consejero” es aquel que da una opinión sobre lo que se considera beneficioso o necesario para el aconsejado. Precisamente, una parte importante de las funciones del Banco de España, de acuerdo con su ley de autonomía, consiste en asesorar al Gobierno en materias económicas y financieras.
Desde esta doble condición de miembro del Consejo de Estado y de gobernador del Banco de España, permítanme que aproveche este acto para hacer una breve reflexión sobre cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la economía española.
En los últimos cinco años, nuestra economía ha experimentado un intenso proceso de crecimiento de la actividad y de reducción de la tasa de paro, que ha permitido una gradual corrección de los desequilibrios acumulados antes y durante la crisis económica.
Haciendo uso de mi recién estrenada condición de consejero, diría que el consejo rector sería evitar caer en la complacencia y, por el contrario, aprovechar la expansión económica para adoptar las medidas que permitan alcanzar un crecimiento sostenible, un mayor grado de estabilidad y un margen de maniobra más amplio ante eventuales crisis futuras.
Este consejo nace de un diagnóstico que conviene enfatizar: la economía española todavía mantiene importantes elementos de vulnerabilidad. Entre ellos, resaltaría un endeudamiento exterior elevado, un nivel de deuda pública cercano a su máximo histórico, una tasa de desempleo que duplica los niveles de nuestros socios europeos y un sistema financiero que se enfrenta a retos considerables; todo ello, en un escenario en el que la economía deberá afrontar el impacto del fenómeno del envejecimiento poblacional y el problema estructural de la baja productividad.
Además, conviene recordar que, aunque la recuperación ha descansado en un conjunto diverso de medidas, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, también se ha sustentado en el apoyo que ha supuesto la política monetaria extraordinariamente expansiva del Banco Central Europeo. Adicionalmente, esta expansión se ha visto acompañada de un impulso fiscal significativo en los últimos años. No obstante, el efecto de estos impulsos -el monetario y el fiscal- tenderá a agotarse gradualmente en los años venideros.
En este contexto se hace necesario, en primer lugar, ahondar en el proceso de consolidación fiscal. El elevado nivel de deuda pública perjudica las condiciones de financiación de la economía, limita los márgenes de actuación contracíclicos de la política presupuestaria y obliga a dedicar un volumen elevado de recursos al pago de la carga de intereses.
Existe margen, además, para que el proceso de consolidación fiscal sea compatible con una revisión de la estructura de ingresos y gastos públicos, de forma que se mejoren su eficiencia y su contribución al crecimiento, al mismo tiempo que se debe fomentar un mayor grado de corresponsabilidad fiscal en los distintos niveles de la Administración Pública.
Resulta prioritario, asimismo, continuar con la reducción del desempleo y de su persistencia en determinados colectivos, especialmente entre los trabajadores con menor nivel de cualificación. El elevado nivel de paro está también muy relacionado con el notable aumento de la desigualdad que se ha producido durante la crisis. Alcanzar este objetivo exige actuaciones no solo en el ámbito del mercado de trabajo, sino también, de una manera más amplia, en el de la educación y la formación de los trabajadores, para fomentar su mayor adaptabilidad a un nuevo entorno, caracterizado por el progreso tecnológico, la automatización de los procesos productivos y la economía del conocimiento.
Mientras, el sector financiero sigue enfrentándose, a pesar de los significativos avances de los últimos años, a retos de calado, que incluyen la necesidad de abordar los efectos de los profundos cambios en los ámbitos regulatorio, tecnológico y competitivo, de mejorar unos niveles de rentabilidad reducidos y de culminar el proceso de reducción de los activos problemáticos.
Si miramos al medio y largo plazo, el envejecimiento de la población constituye probablemente el principal desafío al que se enfrentan las sociedades desarrolladas. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en los próximos 50 años la población mayor de 65, que actualmente supone menos de una quinta parte de la población total, pasará a representar más de un tercio. Este fenómeno ejercerá -y ya lo está haciendo- un efecto adverso sobre la tasa de actividad, el empleo y la productividad de la economía, y de manera muy singular sobre las finanzas públicas, elevando el gasto en pensiones, en sanidad y en cuidados de larga duración.
La magnitud de este desafío obliga a definir una estrategia amplia y de miras largas, en la que, además de revisar el esquema de nuestro estado del bienestar y su financiación, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad, cobran especial importancia las políticas que incentiven la participación de los trabajadores en el mercado laboral, la adecuación de la política migratoria a las necesidades del mercado de trabajo y las políticas de fomento de la natalidad para acercarla a las tasas de otros países europeos.
La economía española también presenta unos registros muy pobres en la evolución de la productividad. Revertir esta dinámica exige medidas en distintos ámbitos que incluyan, entre otros aspectos, la mejora de la educación, de la calidad de las instituciones, de la competencia de los mercados de productos y servicios y de la inversión en investigación, innovación y desarrollo, así como la reducción de la elevada temporalidad en el mercado de trabajo.
Me gustaría acabar subrayando la importancia de hacer nuestros los retos europeos, que, en materia económica, se pueden sintetizar en la actualidad en dos: completar la Unión Bancaria y apuntalar la capacidad de estabilización fiscal de los países del área del euro.
Una vez asentado el pilar de la supervisión, la Unión Bancaria debe aún completarse –tal como han concluido recientemente los jefes de Estado y de Gobierno del área- a través de un mecanismo de respaldo financiero común para el Fondo Único de Resolución. Y, sobre todo, a través de la creación de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.
En el ámbito de la política fiscal, es importante completar la capacidad de estabilización fiscal en la zona del euro a través de dos vías: la mejora del margen fiscal de los propios países y el desarrollo de instrumentos supranacionales de aseguramiento cíclico.
Para finalizar, vuelvo a remitirme a la Real Academia Española, que define “reto” como un objetivo difícil de llevar a cabo, que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. La gestión de la política económica exige afrontar permanentemente los retos que nuestra sociedad encara. Citando a Jean Monnet, «Nada sería más peligroso que confundir los problemas con el fracaso»1.
Muchas gracias.
1 1 Jean Monnet, Memorias, trad. de José M. Martínez García, Madrid, Siglo XXI, 1985, p. 512.


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