El colegio de abogados se opone a que los notarios tramiten divorcios con acuerdo
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Los letrados alegan que la propuesta del ministro de Justicia encarecerá el proceso y no aliviará la congestión de los tribunales, ya que estas separaciones solo representan el 2% de los casos
“Sorprendente” es el adjetivo con el que los abogados coruñeses califican la idea del ministro de Justicia de que los notarios tramiten los divorcios de mutuo acuerdo para resolver la congestión de los juzgados. Los letrados del colegio coruñés rechazan que esta fórmula alivie el problema y advierten de que la mayoría de las separaciones matrimoniales sin conflicto precisan de la intervención de un juez por la existencia de hijos menores y que la tramitación notarial puede encarecer los costes para los ciudadanos
José Manuel Gutiérrez | A Coruña
La iniciativa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de que los notarios puedan tramitar los divorcios de mutuo acuerdo recibe el rechazo frontal del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, cuya junta de gobierno califica de “sorprendente” este anuncio porque esta propuesta no figuraba en el programa electoral del Partido Popular. La entidad colegial destaca que la posible intervención de los notarios en esta clase de divorcios no tendrá una “incidencia significativa” sobre la congestión que sufre el sistema judicial, ya que estima que representan “apenas el 2% de los asuntos que entran en los tribunales”.
Los abogados aclaran que, además, a esta cantidad hay que restarle los casos en los que los cónyuges que deseen separarse tengan hijos menores de edad, incapacitados o dependientes, puesto que en esas situaciones -”la inmensa mayoría, según los abogados- deben intervenir de forma obligatoria el Ministerio fiscal y el juez.
También ponen de relieve los letrados que el “mayor atasco” que se genera en los juzgados está derivado de la ejecución de las resoluciones adoptadas en los acuerdos de divorcio y que esta es una competencia de los jueces, de forma que si se incumplieran los términos de un proceso de este tipo que fuera tramitado por un notario, sería necesario iniciar un procedimiento judicial.
Los abogados ponen énfasis en asegurar que este tipo de medidas no son las adecuadas para agilizar la Justicia, sino la “ineludible provisión de medios materiales, técnicos y personales”, así como que no se produzcan una disminución de las garantías y los derechos de los justificables ni una discriminación por razón de los recursos económicos de las personas.
Una de las consecuencias que tendría la intervención de los fedatarios en los divorcios sería, en opinión de los letrados, que las personas con menos ingresos “se verían perjudicadas” por no poder afrontar el coste de los honorarios de estos profesionales, ya que el sistema de justicia gratuita no incluye las actuaciones extrajudiciales.
Para el colegio coruñés, los procesos de divorcio podrán encarecerse en función de los aranceles que perciba cada notario, ya que consideran que en este trámite habrá que añadir el coste del asesoramiento previo de un abogado, al que califica de “previsible y difícilmente eludible”.
Para este colectivo, los jueces, fiscales y abogados que toman parte en los procesos matrimoniales son “profesionales altamente especializados” y que, además, poseen “años de aquilatada experiencia. Según el colegio, en los divorcios “siempre se debe mantener la preceptiva intervención de un abogado”, incluso si finalmente se autoriza su tramitación al margen de los juzgados, ya que es la fórmula que garantiza los derechos de defensa y de tutela judicial efectiva.
La entrevista mantenida por Ruiz Gallardón con los miembros del Consejo General del Notariado está en el origen de la decisión del ministro, según la organización profesional de los abogados coruñeses, ya que se llevó a cabo poco antes del anuncio, de forma que, a su entender, “parece una compensación” por la pérdida de ingresos que han sufrido los notarios en los últimos años, debida en especial a la crisis inmobiliaria. La formalización de un número notablemente inferior de adquisiciones de viviendas por la caída del mercado ha derivado en una notable reducción de los actos notariales.
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