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El déficit de las AAPP se reduce hasta el 2,63% del PIB en 2018 y permite salir a España del Déficit Excesivo de la UE

Ministerio de Hacienda
Gabinete de prensa – hacienda.gob.es
Cierre 2018
El déficit público de las AAPP se reduce hasta el 2,63% del PIB en 2018 y permite salir a España del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE
España reduce su déficit público un 10,4% en 2018, pasando del 3,03% del PIB al 2,63%, lo que garantiza al país abandonar el brazo correctivo de la UE en el que se encontraba desde 2009
El Estado reduce su déficit un 12,9% y registra un superávit primario de 7.400 millones, mientras que los Organismos de la Administración Central elevan un 58,38% su saldo positivo
El déficit de las CCAA se reduce un 33,6%, pasando del 0,36% del PIB en 2017 al 0,23% de PIB en 2018. Quince CCAA cumplen el objetivo, de las cuales cinco cierran el ejercicio con superávit
Las CCLL registran superávit por séptimo año consecutivo, que alcanza el 0,52% de PIB
El déficit de la Seguridad Social se reduce al 1,41% del PIB y mejora las previsiones iniciales gracias al crecimiento de las cotizaciones sociales y a los resultados del Plan Director por un Trabajo Digno
El Gobierno aprueba un decreto que permite a las Corporaciones Locales y a las Comunidades Autónomas reinvertir el superávit de 2018 durante este año
29 de marzo de 2019.- El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2018 con un déficit del 2,63% del PIB, frente al 3,03% de 2017. De esta forma, el déficit de 2018 se ha reducido un 10,36% al pasar de 35.395 millones en 2017 a 31.727 millones de euros un año después. Una reducción que garantiza a España salir del Procedimiento de Déficit Excesivo, proceso en el que lleva inmerso el país desde 2009. Además, si se incluye la ayuda financiera, que asciende a 78 millones, el déficit se sitúa en el mismo 2,63% del PIB.
Esta disminución del déficit se produce por un incremento de los ingresos de un 6%, un ritmo superior al aumento de un 4,7% de los gastos.
Además, el déficit primario -descontando los intereses- se reduce un 75,5% al pasar de los 6.086 millones de 2017 a 1.490 millones en 2018. Este déficit primario equivale al 0,12% del PIB, frente al 0,52% de 2017.
Los recursos no financieros en 2018 se han situado en 468.836 millones, que representa un 38,80% del PIB. Esto supone un aumento del 6%, consecuencia de la mejora de los recursos impositivos y de las cotizaciones sociales, que se han incrementado un 4,9%, hasta los 150.114 millones.
Por su parte, el gasto público en 2018 ha registrado un aumento del 4,7% hasta los 500.641 millones. Una cifra que representa el 41,44% del PIB, 0,45 puntos porcentuales más que el gasto del año anterior. En cuanto a las rúbricas que presentan en 2018 un mayor nivel de gasto, cabe mencionar la remuneración de asalariados, el consumo intermedio o las prestaciones sociales distintas de las trasferencias sociales en especie.
Administración Central
La Administración Central, que incluye al Estado y sus Organismos Autónomos, ha recortado su déficit, excluyendo la ayuda financiera, del 1,85% del PIB en 2017 hasta el 1,5% en 2018, siendo el subsector que más ha reducido el déficit en este periodo

El déficit del Estado se ha situado en el 1,62% del PIB, registrando una reducción de 0,3 puntos de PIB. Esta evolución se debe a que los ingresos no financieros han crecido un 8% hasta alcanzar los 200.811 millones, fundamentalmente por el incremento de los ingresos impositivos en un 7,4%, frente al gasto no financiero que ha crecido un 5,7% hasta los 220.340 millones.
Por segundo año consecutivo el Estado ha registrado superávit primario, que asciende en 2018 a 7.400 millones (0,61% del PIB), es decir, un 85,8% superior al registrado en 2017.
Los recursos impositivos, que suponen el 85% del total, se han incrementado un 7,4% (11.780 millones más que en 2017).
Todas las figuras impositivas mejoran, destacando los aumentos, en términos de contabilidad nacional, del 11,2% del IRPF, el 10,2% del Impuesto sobre Sociedades y el 5,9% del IVA.
Las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas han superado en un 15,5% a las del año anterior, principalmente por las recibidas del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
El resto de los recursos, por importe de 9.946 millones, aumentan un 17,3% debido fundamentalmente a los mayores dividendos ingresados por el Banco de España y ENAIRE y a los mayores fondos recibidos de la UE incluidos en las ayudas a la inversión.
En el ámbito de los gastos destaca el incremento de las transferencias a otras administraciones públicas, que crecen un 3,4%. Entre otras partidas que aumentan se encuentran: la aportación por recursos propios de la UE: IVA y RNB, que ha sido un 27,6% superior al año anterior; el gasto en intereses, que ha aumentado un 2%; las prestaciones sociales distintas a las transferencias sociales en especie, que han crecido un 4,9% y la remuneración de asalariados, que se eleva un 2,7% (recogiendo el efecto del incremento salarial del 1,75%, frente al 1% en 2017, y la mejora retributiva correspondiente al acuerdo de equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, con un gasto aproximado de 283 millones).
La formación bruta de capital fijo, que incluye la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en el caso de la reversión al Estado de determinadas autopistas de peaje, con un valor de mercado estimado de 686 millones, crece un 31,4%,
Por último, las otras transferencias de capital, junto a las ayudas a la inversión, presentan un aumento del 124%, que se explica, por los 1.114 millones correspondiente a la parte de la RPA que no se ha registrado como inversión y por los 622 millones derivados de la exención de la prestación por maternidad. Dentro de la ayuda a la inversión destaca la mayor aportación a ADIF-Alta Velocidad y el aumento del 36,7% en las transferencias a empresas privadas y al exterior.
Las partidas que disminuyen han sido los consumos intermedios, que caen un 1,3%; la cooperación internacional corriente, que se reduce un 3,5%; y las subvenciones a los productos que se han reducido un 0,7% (incluye el gasto para la cobertura del déficit eléctrico que ha sido un 3,4% inferior a 2017).

Los Organismos de la Administración Central registran un superávit de 1.408 millones, frente a los 889 millones del cierre de 2017, lo que supone una mejora del 58,4%.
Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han cerrado el ejercicio con un déficit de 17.088 millones, el 1,41% del PIB, ligeramente inferior al 1,44% registrado en 2017.
Este resultado se debe a un incremento de los recursos no financieros del 4,5%, frente a los gastos, que crecen un 4,2%. Destaca la favorable evolución de las cotizaciones sociales, que se incrementan un 5,4% en el conjunto del subsector (7.116 millones de euros).
Los datos de la Seguridad Social se benefician de los resultados que está dando el Plan Director por un Trabajo Digno 2018, 2019 y 2020 que fue aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de julio de 2018.
Por agentes, el Sistema de Seguridad Social mejora su déficit desde el 1,65% del PIB hasta el 1,55%. Esto se debe a que el aumento de los gastos en un 4,6% ha sido inferior al incremento de los ingresos que se sitúa en el 5,8%.
Los ingresos por cotizaciones sociales se han elevado un 5,3%. Por su parte, las transferencias corrientes recibidas del Estado son un 12,6% superiores a las del año anterior, debido fundamentalmente a una transferencia para apoyar el equilibrio financiero de la Seguridad Social por importe de 1.334 millones, sin cuantía equivalente en 2017; las destinadas a complementar las pensiones mínimas aumentan un 1,9%; las destinadas a pensiones no contributivas suben un 2,1% y las destinadas al IMSERSO para gastos de dependencia aumentan un 4,9%.
Por el lado de los gastos, destacan las prestaciones sociales, que han aumentado un 4,7%, y las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie, que crecen un 3,4%.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presenta un saldo positivo de 1.480 millones, equivalente al 0,12% del PIB. Destaca el crecimiento de las cotizaciones sociales en un 5,8%, el cual se ve compensado por el descenso de las transferencias recibidas del Estado, que han pasado de 1.632 millones en 2017 a 55 millones en 2018, como consecuencia de los menores pagos por prestaciones por desempleo derivado de la buena evolución del mercado laboral.
El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) registra un superávit de 166 millones de euros en 2018, frente a los 396 millones del año anterior, motivado también fundamentalmente por el descenso de las transferencias recibidas del Estado, que caen en 283 millones.
Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas han reducido en más de un 33% su déficit, hasta el 0,23% del PIB, lo que supone una disminución de 0,13 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Prácticamente todas las Comunidades Autónomas han mejorado su saldo respecto al año 2017. De hecho, 15 de ellas han cumplido el objetivo de déficit, cinco de las cuales cierran 2018 con superávit.
Esta evolución se debe a un crecimiento de los ingresos no financieros del 5,2% frente a un aumento de los gastos del 4,3%.
Este resultado está influido por el incremento de los recursos de las comunidades. La recaudación del ITP y AJD aumentó en 842 millones y el incremento de las transferencias netas derivadas del Sistema de Financiación se incrementó en 3.824 millones.
Por el lado de los empleos, destaca la remuneración de asalariados que crece un 3,4%, debido, principalmente y como en el caso del resto de agentes y subsectores, al incremento salarial en 2018 del 1,75%, frente al 1% de 2017, y, en menor medida, al aumento en el número de empleados públicos. Por su parte, el gasto en consumos intermedios ha aumentado un 4% respecto al año anterior y las transferencias sociales en especie han crecido un 2,5%.
Corporaciones Locales
La Administración Local vuelve a registrar superávit por séptimo año consecutivo. Un saldo positivo que asciende a 6.292 millones en 2018. En términos de PIB, el superávit supone el 0,52%, frente al 0,61% del año anterior. Esta evolución se debe a un crecimiento de los empleos no financieros del 2,2%, motivado especialmente por el incremento de las inversiones financieramente sostenibles, frente a los ingresos que crecen un 0,9%.
Como todos los años, estas cifras se notificarán a Eurostat en los plazos fijados por la normativa comunitaria.
Estos datos certifican la salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo en el que lleva inmersa desde 2009, permitiendo la entrada en el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al situarse el déficit público de 2018 holgadamente por debajo del valor de referencia del 3% del PIB.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha publicado hoy los datos de ejecución presupuestaria hasta el mes de febrero del Estado. El saldo en los dos primeros meses del año se sitúa en el -0,94% del PIB frente al -0,84% registrado un año antes. Los datos están afectados por la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad.
También se ha difundido hoy el dato consolidado de Administraciones Públicas, excluyendo las corporaciones locales. En su conjunto, el déficit de las tres administraciones se sitúa en el 0,43%. La Seguridad Social aumentó su superávit un 4,3% hasta los 1.688 millones. Las comunidades autónomas cerraron el mes de enero con una reducción de su déficit hasta el 0,03%.
Reinversión del superávit
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley que permite a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas destinar el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles en 2019.
La Ley de Estabilidad recoge que el saldo positivo de las administraciones tiene que ser destinado a amortizar deuda. Sin embargo, contempla una excepción: las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Para permitir a los municipios y a las Comunidades Autónomas beneficiarse de esta medida, el Gobierno aprueba este Real Decreto-Ley que habilita a estas entidades a reinvertir su saldo positivo.
Además, la norma también contempla que las entidades locales y las Comunidades Autónomas puedan disponer de más tiempo para desarrollar estas inversiones. En concreto, permite que la ejecución aprobada en 2019 pueda terminar de ejecutarse en 2020.


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