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El Instituto de Estudios Económicos presenta el informe de Coyuntura Económica, ‘España en la encrucijada: la disciplina fiscal es innegociable’

15/06/2016 ieemadrid.es

El Instituto de Estudios Económicos presenta el informe de Coyuntura Económica, ‘España en la encrucijada: la disciplina fiscal es innegociable’

El IEE ha presentado su informe de coyuntura económica en el que señala que España podría crecer hasta el 3% del PIB en 2016 y 2017 si se combinan las dosis adecuadas de disciplina fiscal y reformas económicas.
Si se revierten las reformas, se interrumpiría bruscamente el crecimiento económico y la economía española se adentraría en una nueva recesión

Madrid, 21 de junio de 2016. El Instituto de Estudios Económicos ha presentado su informe de Coyuntura Económica, número 64, elaborado a partir de las conclusiones obtenidas tras la reunión celebrada con destacados economistas el pasado 17 de mayo. En el acto ha intervenido José Luis Feito, Presidente del IEE, para analizar la evolución económica en el Informe titulado “España en la encrucijada: la disciplina fiscal es innegociable”.

El informe señala que existen numerosos factores de preocupación sobre el contexto exterior en que se desenvuelve la economía española. El primero de ellos es la posibilidad de la salida del Reino Unido de la UE. La consecuencia más destructiva sería la ruptura de la confianza en el mantenimiento de la unidad europea, riesgo que ya se está acentuando por el preocupante ascenso de los populismos antieuropeos. Otro motivo de preocupación es la posibilidad de que fracasen las negociaciones con Estados Unidos sobre el TTIP. Finalmente, otro elemento de inquietud son los reiterados incumplimientos consentidos de las reglas de déficit público que pueden terminar por poner en duda el compromiso con la sostenibilidad fiscal y la futura capacidad de pago de la deuda, lo cual, en un contexto de elevado endeudamiento público y volatilidad de los mercados financieros, puede resultar muy caro para algunos países.

Aparte de estos lastres, la evolución de la economía española estará condicionada por la política económica que ponga en práctica el próximo Gobierno. En un contexto de políticas orientadas a la consolidación presupuestaria, así como de profundización de las reformas más importantes, el crecimiento del PIB podría mantenerse en la senda del 3% impulsado por la mejora de las expectativas empresariales y por el aumento de la confianza de los inversores tanto nacionales como extranjeros. Por contra, la puesta en práctica de medidas que puedan poner en duda la solvencia de nuestra economía, o que supongan la reversión de las reformas efectuadas, así como el incremento de impuestos, tasas o cargas que graven la actividad económica, ejercerían un efecto muy negativo sobre las decisiones de inversión tanto nacional como extranjera y una paralización de la creación de empleo. Bajo estas políticas, el crecimiento para el año próximo no superaría el 1,7%, con un preocupante escenario de cara a los años posteriores.

Reforma laboral y bajada de las cotizaciones sociales
Uno de los temas clave que se trataron en la reforma laboral del 2012 era la eliminación de la autorización administrativa en el caso de los despidos colectivos, que suponían una ralentización de los procesos de reestructuración empresarial, lo que incide negativamente sobre la competitividad y la creación de empleo. Con la nueva redacción de la norma se posibilita una vez existan tres trimestres consecutivos de pérdidas en la empresa. Pero, en la práctica, se ha producido una excesiva judicialización e incertidumbre sobre la posibilidad de acometer estos procesos. Es necesario que se avance en la clarificación de la propia norma para evitar que se preste a una excesiva arbitrariedad judicial. Lo mismo sucede con la ultraactividad, que ha quedado sin aplicación y es necesaria una clarificación de esta que explicite cuál es el procedimiento a seguir en el caso de vencimientos de convenios donde existe un vacío legal, y genera, por lo tanto, inseguridad jurídica.

Es necesario modificar las políticas de empleo activas y pasivas, adecuándolas a las de los países de nuestro entorno. En Europa existe un consenso sobre la idea de que la percepción de prestaciones por desempleo, además de ser un derecho que tienen los trabajadores, adquirido de forma contributiva para mitigar los efectos adversos de estar desempleado, lleva aparejado el deber de buscar empleo. Es decir, debe estar condicionada a la búsqueda efectiva de empleo o a la participación en programas de reinserción laboral o de formación. La parte no contributiva del sistema debe ser destinada exclusivamente a aquellos trabajadores que, por su perfil sociodemográfico, tengan mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral y, con ello, se incremente su probabilidad de caer en la exclusión social. Pero también se debe trabajar de manera más eficaz y coordinada en las políticas activas de empleo, competencia transferida a las Comunidades Autónomas. Una bajada de las cotizaciones sociales sería deseable, ya que potenciaría la creación de empleo juvenil y baja cualificación. Esta bajada, sería compensada, con un incremento de la imposición indirecta, para no poner en riesgo la disciplina presupuestaria.

La negociación colectiva y la regulación del marco laboral, por parte de los interlocutores sociales, son fundamentales para conseguir un mejor comportamiento de nuestro mercado de trabajo. La firma del III Acuerdo para la Negociación Colectiva está siendo muy positiva. Además, está incidiendo en un aspecto muy importante que afecta sobremanera a la competitividad de las empresas españolas, como es la congruencia entre los avances salariales y el crecimiento de la productividad. Sin embargo, hay que modernizarla para que sea más ágil, eficaz y adaptada a las necesidades impuestas por el nuevo marco de relaciones laborales.

Sistema de pensiones
Es imprescindible seguir abordando reformas adicionales en el sistema público de pensiones que persigan un triple objetivo: aumentar la proporcionalidad del sistema entre las contribuciones efectuadas durante la vida laboral y las pensiones percibidas; elevar la edad de jubilación; e incentivar la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el alargamiento de la vida laboral. Pero, además, se deben incentivar los sistemas de pensiones promovidos por las empresas, y que están orientados a generar ahorro privado para la futura jubilación de sus empleados, y los productos de previsión que por iniciativa propia contratan los individuos con su entidad financiera o con su compañía de seguros. Para favorecer la contratación de planes de previsión social privados es necesario reducir la tributación para los distintos productos de ahorro y de inversión, buscando la neutralidad del sistema tributario.

Por encima de todo, el Presidente del IEE ha señalado que “es importante mantener la competitividad exterior de nuestra economía y controlar el déficit público de manera que se vaya reduciendo el importe de la deuda pública y de la deuda exterior neta en proporción al tamaño de la economía”. En los años venideros, se iniciará un ciclo alcista de los tipos de interés y del precio del petróleo y otras materias primas, invirtiendo con ellos los potentes efectos expansivos que esta variable está ahora ejerciendo sobre la economía española. Preservar la competitividad de nuestras empresas y asegurar el control de las cuentas públicas es la única receta posible para seguir creciendo en un entorno de alza de tipos de interés y subida de precios de las importaciones de productos energéticos y otras materias primas.


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