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El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ afirma que fuera del Estado constitucional la libertad y los derechos no podrían garantizarse

Martes, 2 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ afirma que fuera del Estado constitucional la libertad y los derechos no podrían garantizarse

Lesmes preside el solemne acto de apertura del Año Judicial en la jurisdicción militar

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha presidido hoy el acto de apertura del Año Judicial en la jurisdicción militar, durante el que reiterado que la democracia “no existe sin reglas, sin Derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad” y ha insistido en el papel fundamental de la Constitución como fundamento de convivencia y de libertad. Al acto, celebrado en la sede del Tribunal Militar central, han acudido la fiscal general del Estado, María José Segarra; el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre; y el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Francisco Javier Varela Salas, entre otras autoridades.

En el año del cuadragésimo aniversario de la Constitución, Lesmes ha advertido de que “fuera de las premisas del Estado constitucional, la libertad y los derechos se debilitarían y sólo podrían garantizarse frente a quienes se mostrasen sumisos al poder establecido en cada momento”. Esa es la razón por la que no existe la democracia “sin reglas, sin derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad y no preservan los derechos y libertades de todos”.

Para el presidente del Tribunal Supremo, si se parte de la premisa según la cual “la Constitución es la expresión democrática del poder político, resulta una contradicción insuperable que ese poder, en alguna de sus formas, pretenda subvertir la norma que legitima su ejercicio”.

Tras señalar que una Constitución democrática, como es la española, “obliga a que su reforma se acometa por los mecanismos previstos en el propio pacto constituyente”, Lesmes se ha referido al principio de “lealtad constitucional”, que “no tiene que suponer, necesariamente, una identificación emocional acrítica” con la Constitución, sino que, más bien, “se traduce en una actitud sincera y positiva a la hora de interpretar y aplicar sus reglas (…)”. “Y esa actitud es deseable –ha concluido- no solo para los ciudadanos, sino también para los poderes públicos, como premisa para mantener entre ellos un diálogo fructífero y tolerante a todos los niveles”.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ ha alertado sobre el efecto que las “visiones sesgadas o partidistas que persiguen el gratuito descrédito de la institución judicial” pueden generar en “la libertad de ánimo” y “el sosiego” con que ha de ejercerse “la responsabilidad constitucional de juzgar”. Ante esa situación, Lesmes ha reclamado “responsabilidad y comprensión a todas las instituciones, no por un mal entendido ánimo corporativo de defensa de los jueces, sino por la necesidad de velar por la independencia de los tribunales, como uno de los pilares básicos del Estado de Derecho y de la democracia misma”.

Durante su intervención, Lesmes ha expresado “la más firme condena” del Poder Judicial de los actos violentos ocurridos ayer en Cataluña y ha recordado “el deber de quienes ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones de garantizar el orden público e impedir que la actuación de unos pocos dificulte la convivencia ciudadana en espacios que son de todos”.

Por su parte, el auditor presidente del Tribunal Militar Central, general consejero togado Rafael Eduardo Matamoros, ha recordado que la Constitución y las leyes que la desarrollan atribuyen a la jurisdicción militar el mismo papel que ha desempeñado desde su origen, por lo que identifican a “las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y la Jurisdicción Militar como los tres elementos básicos de la organización de la defensa nacional”.

No obstante, ha explicado, es un componente externo a las Fuerzas Armadas y al Ejecutivo, incardinado “netamente en el Poder Judicial”, por lo que, en definitiva, la jurisdicción militar es “el cauce a través del cual el Poder Judicial participa en la función de defensa militar de España, junto a la Corona, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

El auditor presidente del Tribunal Militar Central ha afirmado que se siente orgulloso tanto de su condición de militar como de desempeñar su función en el seno del Poder Judicial; “especialmente –ha asegurado- en unos momentos en que este Poder como tal, y singularmente los magistrados y jueces que están conociendo de los procedimientos en trámite y los fiscales que intervienen, se han mostrado los más firmes garantes del orden constitucional, la convivencia democrática y el disfrute por todos de sus derechos y libertades, ante los burdos ataques a dichos valores, que son los fundamentos del propio Estado (…)”.

La jurisdicción militar está integrada por 6 tribunales y 20 juzgados y tiene encomendada la función de garantizar la ordenada convivencia y la efectividad de los principios de jerarquía y disciplina dentro de los tres Ejércitos y la Guardia Civil.

Según datos contenidos en la Memoria correspondiente al año 2017, los juzgados y tribunales castrenses han investigado un total de 504 hechos con apariencia de delito (lo que supone un incremento del 3% con respecto a 2016), de los que 446 correspondieron a figuras tipificadas en el Código Penal Militar de 2015; 58 a tipos del Código Penal de 1995 y 7 fueron delitos comunes. Las calificaciones más frecuentes de esos hechos fueron las de insulto a superior, abuso de autoridad, deslealtad, abandono de destino o residencia, delitos contra la eficacia del servicio, delitos contra el patrimonio en el ámbito militar y delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares.

Los procedimientos penales incoados por denuncias basadas en asuntos de género fueron 19, lo que supone un descenso del 26,9% respecto a 2016.

Durante 2017, se dictaron 121 sentencias penales, 72 de las cuales fueron de conformidad. Los fallos condenatorios ascendieron al 78,6% del total. En el orden contencioso-disciplinarios, se dictaron 297 sentencias, un 15% menos que el año anterior. Por su parte, el único juzgado militar que desarrolla labores de vigilancia penitenciaria resolvió 151 expedientes sobre permisos, acumulación de condenas, libertad condicional y quejas, una cifra muy similar a la de 2016.


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