En defensa del servicio público
En, probablemente la más desafortunada de sus últimas decisiones, el Ministerio de Justicia dirigido por el Sr. Caamaño aprobó el Real Decreto 1612/2011 regulando parcialmente los aranceles de los registradores de la propiedad y mercantiles, así como de los notarios.
Decreto que fue consecuencia de una demagógica campaña de la OCU, de la que se hizo eco la prensa y el gobierno, no se sabe si por la cercanía del proceso electoral. Decreto que, además de contravenir la ley 8/89 y excederse en su alcance interpretativo yendo más allá de las leyes 41/2007 y RD Ley 8/2010, provoca un importante daño económico a la profesión registral y debilita aún más los recursos económicos de los registros, llevando a muchos de ellos a una situación harto difícil. Registros que deberán ser subsidiados por el Colegio de Registradores, a través de las cuotas que a tal efecto pagamos lo que significa una nueva losa económica para todos, pues un registro no puede cerrarse, ni dejar de cumplir plazos y obligaciones legales.
Los registros de la propiedad y mercantiles prestan en España un servicio de altísima calidad – como ha sido reconocido tanto por los gobiernos españoles como por las instituciones extranjeras – servicio que requiere de una mínima viabilidad económica para poder prestarse. Contra ello atenta el Real Decreto mencionado.
Baste citar la red informática que permite que desde cada uno de los más de mil registros se pueda facilitar información fiable, vía internet, en un lapso de tiempo – medido en minutos que no en horas o días – inalcanzable para otras instituciones, públicas o privadas, con el consiguiente ahorro de costes de transacción. Importante es el esfuerzo económico, de todos y cada uno de los registradores, que hacen posible la prestación de estos y otros servicios, igual que muy grande es el beneficio para los ciudadanos. Y todo ello, al igual que otras actuaciones, como la gratuita colaboración con las Administraciones, se financia a partir de los aranceles que satisfacen los usuarios de los registros, pues nada paga el Estado y nada repercute a los contribuyentes.
Un servicio registral prestado en forma insuficiente es algo que no puede permitirse la sociedad española. Igualmente los registradores no podemos dejar caer el prestigio y reputación de una profesión, algo que corre serio peligro a medida que se acumulan las reducciones y bonificaciones, que inciden sobre la realidad de un sector inmobiliario azotado por una gravísima crisis. En una suerte de “tormenta perfecta” se unen la crisis inmobiliaria y las reducciones arancelarias contrarias a la ley.
La defensa de la profesión registral, rasgo esencial de la Asociación Independiente de Registradores, para que ésta pueda prestar el servicio que corresponde a la sociedad española, nos ha llevado a impugnar – según acuerdo unánime de la Junta Directiva de la Asociación de 23 de diciembre - ante el Tribunal Supremo, el Real Decreto 1612/2011. En la esperanza de que los Tribunales corrijan el desafuero cometido por el anterior Ministerio de Justicia.
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