30 de junio de 2022
España se sitúa entre los países más avanzados en facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios y favorecer la restructuración y viabilidad empresarial
Se trata de dos importantes reformas estructurales del Plan de Recuperación para reforzar, dinamizar y facilitar la solvencia empresarial. Ambas se remiten al Senado para completar su tramitación parlamentaria
Con la Ley de Creación y Crecimiento empresarial (“Crea y Crece”) se fomenta la creación y crecimiento de las empresas, a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos, la agilización de los procedimientos y la ampliación del catálogo de actividades exentas de licencia
Esta norma incluye medidas para impulsar la creación de empresas, con la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro y facilita su constitución de forma ágil y telemática
Se extiende el uso de la factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos para luchar contra la morosidad comercial.
?Se crea un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que publicará un listado anual de empresas morosas con más de 600.000 euros de pagos o más de un 5% de sus facturas fuera de plazo.
?Se potencian los instrumentos de financiación alternativa al crédito bancario para las empresas, como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo.
Con la Reforma Concursal se garantiza que las empresas viables en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad; que las personas físicas insolventes, empresarios o no, puedan tener acceso a una segunda oportunidad; y que el procedimiento concursal incremente su eficiencia reduciendo, entre otros factores, su duración a menos de 16 meses.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves dos importantes proyectos legislativos -Ley Crea y Crece y Reforma Concursal-, con los que España se sitúa entre los países más avanzados en facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios y favorecer la restructuración y viabilidad empresarial.
La aprobación en el Congreso de ambas iniciativas legislativas supone un paso importante para cumplir dos hitos clave del Plan de Recuperación. Serán remitidas al Senado para completar su tramitación parlamentaria.
Con la Ley de Creación y Crecimiento empresarial (“Crea y Crece”) se impulsa la creación de empresas y facilita su crecimiento y expansión, especialmente de las pymes. La mejora en el proceso de crecimiento empresarial es esencial, según la evidencia reciente, para aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización.
Con este objetivo, la ley reduce y agiliza los trámites y condiciones para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, fomenta su crecimiento a través de la mejora regulatoria, generaliza el uso de la factura electrónica, establece medidas para luchar contra la morosidad en operaciones comerciales e impulsa la financiación alternativa potenciando mecanismos como el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo.
El texto legislativo apoyado por los grupos en el Parlamento es resultado de un intenso proceso de trabajo y de diálogo con todas las partes, que ha permitido la incorporación de mejoras durante su tramitación en el Congreso centradas, especialmente, en la morosidad. Previamente, también se sometió al trámite de audiencia pública con un proceso consultivo con los diferentes agentes públicos y privados implicados.
Crear una empresa será más fácil y más rápido
La Ley Crea y Crece facilita la creación de una empresa, al reducir el coste económico y simplificar los trámites para su constitución.
Con este objetivo, se establece la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro, frente al mínimo legal de 3.000 euros establecido hasta el momento, permitiendo a las empresas utilizar estos recursos en usos alternativo y facilitando la creación de nuevos negocios.
De esta forma, España se alinea con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el emprendimiento.
Asimismo, se facilita la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales.
Medidas para favorecer el crecimiento de las empresas
De forma adicional, el anteproyecto de Ley mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.
Se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. Se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.
Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.
Medidas para luchar contra la morosidad
La norma incluye también medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de las causas que más incidencia tiene en la liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, con particular incidencia en las pymes.
Para ello, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.
Asimismo, se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.
Finalmente, se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas. Entre sus actuaciones se incluye la publicación de un listado anual de empresas morosas (personas jurídicas que no paguen en plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas y que el importe total de las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros).
También se incluye en la Ley de Sociedades de capital y la Ley de Morosidad la obligación de que las empresas grandes indiquen en sus memorias anuales el periodo medio de pago a sus proveedores o el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad.
Refuerzo de la financiación
La norma incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.
En el ámbito del crowdfunding, la Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de inversión por proyecto (de 2 a 5 millones de euros) y se modifican los límites de inversión por proyecto para inversores minoristas, que pasan a se?r el más alto entre 1.000 euros o el 5% de la riqueza.
Se impulsa la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.
Por último, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países de nuestro entorno. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.
En relación con las Instituciones de Inversión Colectiva, se elimina el carácter obligatorio del informe trimestral, se establecen los medios telemáticos como medio de comunicación por defecto y se flexibiliza el régimen de diversificación de inversiones de las entidades de capital riesgo.
Ley de reforma concursal
Por otra parte, el Congreso también ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, una norma que sitúa España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en el ámbito europeo y constituye otro de los importantes hitos del Plan de Recuperación.
Con este proyecto normativo se transpone la directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas que facilitan el mantenimiento de empresas viables y que, en definitiva, refuerzan el tejido productivo.
Se trata de un texto dirigido a garantizar que las empresas viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad; que las personas físicas insolventes, empresarios o no, puedan ver exoneradas sus deudas después de un periodo de tiempo razonable, favoreciendo la segunda oportunidad; y que el procedimiento concursal incremente su eficiencia reduciendo, entre otros factores, su duración a menos de 16 meses.
Cabe señalar que el proyecto de Ley presta especial atención a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características, garantizando la asistencia letrada.
El texto normativo aprobado hoy en el Congreso incorpora un número importante de cuestiones acordadas en fase de enmiendas, en un esfuerzo de consenso por parte del Gobierno, y que tal y como han resaltado los portavoces de los grupos parlamentarios, ha mejorado el texto del proyecto, en cuestiones tales como la exoneración del crédito público, el procedimiento especial reduciendo los umbrales de lo que se considera micropyme a fin de ajustar su ámbito de aplicación y garantizando la asistencia letrada, o el favorecimiento de la posibilidad de adquisición de unidades productivas por parte de trabajadores constituidos en sociedad cooperativa o laboral, entre otras.
La reforma es especialmente importante en el actual contexto económico, marcado por los efectos derivados de la pandemia y de la guerra en Ucrania, puesto que la disponibilidad de este tipo de instrumentos de reestructuración, eficientes y ágiles, contribuirá a minimizar los impactos sobre el tejido productivo y al mantenimiento de empresas y negocios viables.
Ambas medidas, junto con el proyecto de Ley de Startup que está también en tramitación parlamentaria, son las tres reformas de mayor calado aprobadas en los últimos años para mejorar el clima de negocios, y dotar a las empresas de un marco legislativo que aborde todas las fases de una empresa o negocio y promueva su creación, expansión, desarrollo tecnológico y crecimiento.