El Colegio de Registradores, a través de su Centro de Procesos Estadísticos, con el asesoramiento técnico habitual del equipo investigador de la Universidad de Zaragoza, presenta los resultados de su Estadística Registral Inmobiliaria relativos al segundo trimestre del año 2010.
     El número de compraventas de vivienda registradas durante el segundo trimestre del año ha sido de 110.378, reduciéndose en 7.533 con respecto al trimestre anterior. Sin embargo, este volumen supera al alcanzado en tres de los cuatro trimestres del año 2009, por lo que en cierta medida, se mantiene la ligera tendencia a la recuperación iniciada el trimestre anterior.
     Las compraventas interanuales al cierre del segundo trimestre de 2010 han sido 440.399, dando lugar a un descenso interanual del 3,24%, frente al descenso del 15,01% reflejado en el primer trimestre del año.
     La comparación directa de resultados trimestrales (segundo trimestre de 2010 frente al mismo trimestre de 2009) presenta un incremento del 9,45%.
     Las tasas de variación interanuales han mantenido su tendencia a la moderación de los descensos, manteniéndose en tasas negativas, pero con cuantías mucho más suaves.
     Algunas de las provincias costeras, especialmente castigadas durante el ciclo bajista, están empezando a presentar incrementos del número de compraventas de vivienda, pudiendo destacar los casos de Barcelona (15,75%), Girona (12,18%) o Tarragona (8,97%).
     DISTRIBUCIÓN DE COMPRAVENTAS DE VIVIENDA
     Las compraventas de vivienda nueva (50,42%) y vivienda usada (49,58%) han mantenido la tendencia a la aproximación de resultados iniciada hace pocos trimestres como consecuencia de la reducción de peso relativo de compraventas de vivienda nueva con respecto a la vivienda usada.
     Del total de compraventas de vivienda el 44,78% ha sido vivienda nueva libre y el 5,64% vivienda nueva protegida.
     La vivienda nueva protegida ha mantenido su mayor peso relativo con respecto al ciclo alcista, alcanzando las 6.226 compraventas durante el segundo trimestre, que representa el 11,19% del total de compraventas de vivienda nueva.
     En el último año se han registrado 24.922 compraventas de vivienda nueva protegida, que supone el 10,85% de las compraventas de vivienda nueva.
     El endeudamiento hipotecario por vivienda muestra una estabilidad de resultados muy notable, alcanzando en el segundo trimestre los 120.529€ (120.979€ el trimestre anterior) y en el último año 120.330€ (120.721€ interanual el trimestre anterior).
     La tasa de variación trimestral (con resultados interanuales) muestra una ligera reducción del 0,32% siendo previsible que los actuales niveles de endeudamiento hipotecario por vivienda se encuentren próximos a los mínimos del ciclo. La tasa de variación interanual modera la intensa caída de trimestres anteriores hasta situarse en el -8,22%.
     TIPOS DE INTERÉS CONTRATADOS
     Los contratos a tipo de interés variable han mantenido su general predominio durante el último trimestre utilizándose en el 97,13% de los nuevos contratos hipotecarios, quedando los tipos de interés fijo en el 2,87%.
     Las comunidades autónomas con mayor peso relativo de interés fijo han sido Canarias (5,11%), Murcia (4,81%), Cataluña (3,94%) y Andalucía (3,36%).
     El 90,40% de las nuevas hipotecas han utilizado como índice de referencia el EURIBOR, el 4,49% el IRPH y el 2,24% otros índices de referencia. Estos resultados se mantienen relativamente estables con el paso del tiempo, mostrando las tasas de variación interanuales una leve tendencia a la mayor contratación a tipo fijo (incremento de 0,46 puntos porcentuales) y el recurso al EURIBOR en la contratación a tipo de interés variable (incremento de 1,80 pp), reduciéndose el peso relativo del IRPH (-0,67 pp) y otros índices de referencia (-1,59 pp).
     Los plazos de contratación de los nuevos créditos hipotecarios sobre vivienda han mantenido la recuperación (incremento del 1,02%) iniciada el pasado trimestre, dando lugar al segundo trimestre consecutivo con ascensos después de siete trimestres consecutivos de descensos. En el segundo trimestre del año el plazo medio de contratación ha sido de 25 años.
     Las Cajas de Ahorros han repuntado durante el último trimestre en su liderazgo en la concesión de nuevo crédito hipotecario alcanzando una cuota de mercado del 48,46%, invirtiendo el crecimiento de los últimos trimestres alcanzado por Bancos, que se han quedado en el 42,05% para el segundo trimestre. Otras entidades financieras han reducido ligeramente su cuota de mercado, situándose en el 9,49%.
     CUOTA HIPOTECARIA MENSUAL
     En el segundo trimestre del año la cuota hipotecaria mensual media se situó en los 596,95€ y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial en el 31,99%. Los resultados interanuales fueron de 616,55€ de cuota hipotecaria mensual media y 33,04% del coste salarial, siendo la cuota hipotecaria similar a la alcanzada a mediados del año 2005 y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial el mínimo de la serie, es decir, el resultado más bajo de los últimos ocho años.
     En consecuencia los indicadores de accesibilidad se encuentran en la situación más favorable que se haya conocido desde la elaboración de la Estadística Registral Inmobiliaria, si bien previsiblemente existirá una tendencia a la estabilización de los resultados, debido al agotamiento del recorrido de las principales variables que han llevado a esta mejora (precio de la vivienda, endeudamiento hipotecario y tipos de interés).

     Barclays no entiende de crisis en España. El banco británico ha aumentado un 26% la retribución de su alta dirección, al tiempo que ha multiplicado por tres los créditos concedidos a los nueve miembros de su consejo de administración. Ambas medidas se producen al tiempo que la entidad financiera tiene en marcha un agresivo plan de ajuste en la Península Ibérica.
     La cúpula directiva de Barclays en España percibió 2,12 millones de euros, frente a los 1,67 millones recibidos en el primer semestre de 2009. Entre enero y junio, los consejeros de la filial española se embolsaron en dietas 385.000 euros, un 40,7% más respecto a los 275.000 de la primera parte del ejercicio anterior. Los administradores de Barclays en Madrid no tienen ningún otro tipo de remuneración, ni fija ni variable, ni tampoco aportaciones a planes de pensiones o primas por seguro de vida.

     Pero a lo que si tienen acceso en condiciones muy ventajosas es a los créditos que concede el grupo. En el primer semestre de 2010, la entidad les otorgó 35,66 millones en préstamos, casi tres veces más respecto a los 12,60 millones que tenían suscritos a 30 de junio del ejercicio precedente. Un aumento espectacular sobre el que fuentes oficiales de Barclays no han querido hacer ningún comentario a este diario.

     Entre los consejeros del grupo destacan Marcelino Oreja (ex ministro de Exteriores y ex presidente de FCC), Alberto Pedro Cortina Koplowitz (hijo de Alberto Cortina y de Alicia Koplowitz), Antonio Hernández-Gil (anterior presidente de Banco Zaragozano), Victor Urrutia (ex directivo de Vocento), Carmen Alcaide (ex presidenta del Instituto Nacional de Estadística) y Carlos Martínez de Campos (presidente), así como el máximo responsable ejecutivo en España, Pedro Fernández de Santaella.

     Las cifras están en el informe que el grupo londinense ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Un documento en el que especifica que desde marzo de 2009 viene aplicando un plan de competitividad o ajuste que incluye jubilaciones parciales, jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas. Esas medidas de recorte de gastos le han costado ya al banco 25 millones de euros.

     El incremento del 183% de los préstamos concedidos a los nueve consejeros del banco en España no tiene comparación con el aumento del 4,6% de los créditos dados a la clientela, hasta los 27.692 millones. La entidad ganó en el primer semestre del año 161 millones de euros, casi seis veces más que entre enero y junio de 2009. Pero este elevado crecimiento se produjo por la recompra de bonos de titulización a la casa matriz en condiciones “muy ventajosas” por 4.608,8 millones.

     Ello permitió a la entidad generar plusvalías, que se registraron íntegramente el 28 de junio, días antes de que se cerrara el semestre, y que fortalecieron las ratios de solvencia de la filial. Por tanto, un beneficio impulsado por operación de tesorería que no responde a la actividad ordinaria del banco. De hecho, el margen de intereses se redujo un 43,5%, hasta los 134 millones de euros. Barclays optó por destinar 667 millones de euros a dotaciones para cubrir riesgos de crédito.

     Unos resultados discretos que, sin embargo, no han sido un obstáculo para la subida generalizada de salarios. Y eso que la entidad, cuya reputación ya se vio golpeada por el escándalo de los bonos de Lehman Brothers, volvió a cometer un error a la hora de vender productos estructurados a sus clientes. En concreto, les colocó bonos de Morgan Stanley y de Société Générale con calificación de riesgo medio-bajo cuando realmente incluían una volatilidad alta. Barclays ha ofrecido a los clientes afectados canjear estos productos, con un valor nominal de 16,5 millones de euros, por otros más conservadores.

     Sus propietarios luchan para evitarlo
     Eva González - A Guarda – Faro de Vigo - 5 septiembre 2010
     Un total de tres viviendas unifamiliares tienen abierto en el Concello de A Guarda el expediente de demolición para su ejecución antes del día 10 de septiembre, cumpliendo así la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra que obliga al Concello de A Guarda a “incoar los trámites” para ello, con el compromiso de informar al juzgado, dentro de los cinco primeros días de cada mes, del estado de la demolición y de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la expiración de ese plazo.
     Las viviendas forman parte de las 21 con licencias municipales anuladas desde el año 2007, por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza. Fueron concedidas entre los años 1999 y 2000 por tres alcaldes diferentes, amparándose en el concepto “suelo de interés paisajístico” que figuraba en una ordenanza municipal, cuando según el Tribunal, están construidas en “suelo de protección paisajística” donde se prohibe cualquier obra.
     La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ejecutó el día 1 de diciembre de 2009 la demolición de tres de las casas (una habitada). El expediente abierto por el Concello afecta ahora a otras tres, una de ellas en la zona de Catanga, habitada desde hace cinco años, fecha en que la adquirió el actual propietario, sin ser advertido en ningún momento de la situación. “Nosotros pagamos los impuestos, fuimos al Registro de la Propiedad, a la Notaría y al Concello, sin que nadie nos advirtiese de la sentencia”, señaló en su día. Ayer, su esposa confirmó que “seguimos peleando por nuestra casa y creemos que la nueva Ley do Solo nos beneficia. Creemos que hay razones para presentar al juez la inejecución de la sentencia. Seguiremos luchando con uñas y dientes”, afirmó. Otro afectado advirtió que “quien venga será recibido a tiros ante la injusticia que se va a cometer”.
     El alcalde, José Manuel Domínguez Freitas, declinó realizar comentario alguno al respecto.

     Caixa Galicia y Caixanova han convocado para el próximo lunes a sus respectivos consejos de administración, en los que previsiblemente se aprobará el proyecto de fusión para conformar la nueva entidad gallega.
     Así, sendas reuniones verán el balance de la integración, la suma de los balances de las dos cajas auditados a 30 de junio y los estatutos redactados durante el verano, pues con anterioridad se presentó el plan de integración de la nueva caja, informaron a Efe fuentes financieras.
     Cada entidad decidirá los miembros actuales del consejo, once por caja, así como los representantes de las comisiones de control, pues por el momento ninguna de las dos cajas ha hecho públicos los nombres que se barajan a excepción de Caixanova, cuyo presidente, Julio Fernández Gayoso, será el primero que ejerza las funciones de la presidencia de la nueva entidad durante los primeros dieciocho meses, tal y como se decidió en junio.
     Probablemente Mauro Varela, presidente de Caixa Galicia, será elegido el próximo lunes como copresidente de la nueva caja, por lo que desempeñaría dichas funciones en los siguientes dieciocho meses, detallaron las mismas fuentes.
     El organigrama directivo, que ya está cerrado, está integrado por doce ejecutivos, la mitad procedente de cada una de las cajas, encabezado por el director general, José Luis Pego (Caixanova), y el director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes (Caixa Galicia).
     Asimismo, Óscar Rodríguez Estrada (Caixanova) y Ramón Seoane (Caixa Galicia) serán los responsables de la oficina de integración, en tanto que Enrique Tellado (Caixa Galicia) el director de estrategia.
     Además, habrá siete directores de área: riesgos, Francisco Zamorano (Caixa Galicia); planificación y control, Domingo González (Caixanova); finanzas y mercados, María Victoria Vázquez (Caixanova); tecnología y operaciones, José Manuel Valiño (Caixa Galicia); comercial, Juan Díaz Arnau (Caixanova); medios, José Venegas (Caixa Galicia), y grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán (Caixanova).
     El calendario
     El calendario previsto cuenta con otra fecha marcada a mediados de octubre, probablemente el día 13, en la que se convocará la asamblea para aprobar el proyecto de fusión al que previsiblemente los consejos darán su visto bueno el próximo lunes.
     Seguidamente, el 15 de noviembre las dos cajas se convertirán en una nueva entidad con personalidad jurídica una vez se produzca la inscripción registral.
     Al día siguiente, explicaron fuentes financieras, se reuniría el consejo de administración de la nueva caja y en diciembre se celebraría la primera asamblea de la entidad resultante.
     A Coruña acogerá las reuniones de la asamblea, por ubicarse en esta ciudad la sede social de la nueva caja, y Vigo las de los consejos de administración, por estar emplazada en ella la dirección ejecutiva del negocio.
     El pasado 28 de junio, Caixanova y Caixa Galicia aprobaron el documento definitivo del Plan de Integración formulado por ambas entidades ajustado a las observaciones efectuadas por el Banco de España, e informaron de la solicitud de 1.162 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
     Asimismo, tal y como precisaron en un comunicado, el beneficio neto medio anual (después de impuestos) de la caja gallega resultante superaría los 320 millones de euros entre los ejercicios 2010 y 2015, año en el que se amortizará el FROB y que permitirá acercar la eficiencia de la nueva entidad al 50 por ciento gracias a la obtención de unas sinergias netas de más de 330 millones de euros.
     La integración de Caixanova y Caixa Galicia originará una entidad financiera con unos 90.000 millones de euros de volumen de negocio y una red de más de 1.100 sucursales, si bien el plan incluye la reestructuración de 300 oficinas, menos de 200 en Galicia, además de la prejubilación de 1.200 empleados.
     Directivos de ambas cajas y responsables sindicales mantienen reuniones para acordar los términos laborales de la fusión, si bien por el momento no se ha llegado a un acuerdo definitivo.

     Los problemas de Hacienda
     Ingresos en peligro
     Según el documento del Instituto de Estudios Fiscales que tienen encima de la mesa los responsables de Hacienda, una de las causas que explica la complejidad y la falta de eficiencia del sistema tributario español es “la existencia de numerosos regímenes especiales y de toda suerte de beneficios fiscales (exenciones, bonificaciones, reducciones, etcétera), que desnaturalizan las figuras impositivas y ponen en peligro” algunos principios constitucionales.
     Propuestas
     El informe elaborado por el abogado Isaac Ibáñez García considera imprescindible que se realicen “evaluaciones” de todos los beneficios fiscales y de su “impacto normativo”. Asimismo, pide que se establezcan siempre las deducciones con un límite temporal, y que estén supeditadas a las necesidades que justifiquen su creación. Asimismo pide que la Comisión Nacional de la Competencia vigile que las ayudas públicas respetan los criterios de equidad.

     Una de las novedades más importantes que incluye la ley que ha reformado el Código Penal vigente desde 1995, y que entrará en vigor en diciembre, seis meses después de su publicación en el BOE, es que a partir de ahora las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o cuenta de las mismas por sus representantes legales o administradores.
     El cambio es sustancial para millones de empresas que operan en España y que responderán de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su provecho por las personas que tienen poder de dirección. Además, las empresas tienen la obligación de ejercer el debido control sobre sus empleados. De no ser así serán multadas, inhabilitadas o incluso disueltas.
     Sin embargo la reforma incluye un apartado (art. 31 bis, punto 5) que libera de esta obligación al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e instituciones, a los Organismos Reguladores, a las Agencias y Entidades Públicas Empresariales y a los partidos políticos y sindicatos. Tampoco se les aplicará esta nueva disposición a las organizaciones que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés general.
     Excepciones
     Algunos de los expertos en Derecho Penal consultados por EXPANSIÓN creen que la mayoría de estas excepciones tienen sentido porque, como explica Adriana de Buerba, of counsel del bufete Pérez-Llorca y ex fiscal, “no tendría sentido que el Estado o las Administraciones se sancionasen a sí mismos, ya que el dinero de las sanciones que establece el código saldrían de las arcas públicas, con lo que lo pagaríamos los ciudadanos. Lo mismo sucede en algunos de los países más importantes de la Unión Europea como Francia, Italia, Holanda, Austria o Dinamarca.
     Sin embargo la mayoría de estos abogados penalistas creen que es inexplicable que no se aplique a partidos políticos y sindicatos. La socia del despacho Baker & McKenzie Mar de Pedraza asegura que “no se encuentra justificación alguna a esta decisión y ninguno de los colegas penalistas con los que he intercambiado opiniones encuentra explicación a esta excepción”.
     El socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Joaquín Burkhalter también se muestra crítico con la decisión del legislador de excluir de la responsabilidad penal de la persona jurídica a partidos y sindicatos, ya que “la experiencia nos demuestra que algunos de los delitos más graves para los que se establece la misma se cometen precisamente en nombre y en provecho de tales entidades.
     Por ejemplo, los delitos de corrupción en el ámbito de los partidos o los fraudes de subvenciones por lo que respecta a los sindicatos”. Burkhalter añade que “desde el punto de vista político-criminal no se justifica tratar a dichas entidades de forma más benévola que a otras”.
     Para Abraham Castro, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, “no hay ninguna explicación posible salvo la protección de quien hace la ley y se quiere curar en salud, algo así como el refrán: el que hace la ley hace la trampa”. Castro añade que “también es preocupante que no se aplique a sociedades públicas, cuando es donde más problemas de corrupción suele haber”.
     Por su parte, Carlos Gómez-Jara, abogado penalista de Molins & Silva cree que “a los partidos se les ha excluido de la responsabilidad penal de personas físicas porque ya existe un régimen exclusivo para ellos, la Ley de Partidos. Hubiera sido políticamente complicado y jurídicamente no gana mucho”. Para Gómez-Jara, “lo que no se sostiene desde el punto de vista técnico jurídico es la excepción de los sindicatos, como tampoco que estén exentas las sociedades mercantiles estatales, pero no autonómicas”.
     La enmienda del PP en el Congreso no prosperó
     El Partido Popular incluyó una enmienda el 18 de marzo de 2010 en el Congreso de los Diputados al apartado 5 del artículo 31 bis del proyecto de reforma del Código Penal donde anulaba la salvedad de responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos como personas jurídicas.
     El grupo Popular daba como justificación a esta enmienda que consideraba adecuada la exclusión del régimen penal de las personas jurídicas respecto a todas aquellas que suponen poder público, pero que no era adecuado incluir en este bloque a los partidos políticos, que ya tienen en la Ley de Partidos y en el Código Penal sanciones dirigidas contra ellos directamente, ni a los sindicatos, por la misma razón. El PP expresaba también que ni mucho menos se podía excluir a personas jurídicas que prestasen servicios generales a la comunidad (la ley lo especifica como servicios de interés económico general). Sin embargo, la enmienda fue rechazada por todos lo grupos políticos del Congreso excepto el popular.
     Novedades
     1. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por representantes legales y administradores.
     2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible cuando se constate la comisión de un delito cometido por quien ostenta los cargos o funciones aludidas en el primer punto.
     3. La concurrencia en las personas que hayan realizado materialmente los hechos o lo hubieran hecho posible por no ejercitar el debido control, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
     4. Serán circunstancias atenuantes tras la comisión del delito: confesar la infracción, colaborar en la investigación aportando pruebas, reparar o disminuir el daño y haber prevenido futuros delitos.
     5. Las disposiciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, Administraciones Públicas, sociedades públicas, partidos políticos, sindicatos…
     6. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán desde multas proporcionales, pérdida de subvenciones, disolución de la sociedad, suspensión de actividades hasta 5 años o clausura de sus locales.