Francisco Caamaño propone que se abone un depósito de escasa cuantía antes de recurrir una sentencia
21/05/2009 Fuente: Agencias | wemmurcia.com
● El ministro de Justicia afirma que con esta medida se pretende disuadir a quienes recurren sin fundamento alguno.
● Los ingresos que se obtuvieran se destinarían a financiar la modernización de la Justicia y a mejorar el sistema de Justicia gratuita.
● El ministro de Justicia resalta el intenso proceso de diálogo con todos los sectores durante sus tres primeros meses de mandato con tres temas sobre la mesa: nueva oficina judicial, modernización tecnológica y medidas contra la saturación judicial
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó hoy ante la Comisión de Justicia del Senado la intensa tarea realizada desde su toma de posesión para alcanzar un gran Acuerdo Social con todos los sectores para la mejora y modernización de la Justicia. El ministro anunció que propondrá a las Cortes Generales “la creación por ley de un depósito de escasa cuantía y previo a la interposición del recurso, cuyo fin principal será el de disuadir a quienes recurran sin fundamento”. Los ingresos que se obtuvieran se destinarían a financiar el proceso de modernización de la Justicia y a mejorar el sistema de Justicia gratuita.
Intenso Proceso de diálogo con los sectores de la Justicia
Esta primera etapa ha estado centrada, según explicó el ministro, en el mantenimiento de un intenso proceso de diálogo con las distintas organizaciones profesionales, especialmente con las organizaciones judiciales, a través de sucesivos encuentros y reuniones. Tres temas han merecido una especial consideración a lo largo de los sucesivos encuentros y reuniones:
-La organización y puesta en marcha de la nueva oficina judicial.
-Las acciones previstas de modernización tecnológica de la administración de justicia.
-La necesidad de establecer fórmulas que impidan la saturación masiva de la Administración de Justicia.
-Organización y puesta en marcha de la nueva oficina judicial. Una ley, explicó, que se está tramitando en el Congreso y de cuyo éxito depende la implicación activa de los distintos profesionales de la justicia que prestan sus servicios en ella: jueces, secretarios, fiscales, funcionarios.
-Señalamientos. El ministro aclaró que se ha buscado una fórmula razonable y satisfactoria, sobre la agenda de señalamientos, en la que se equilibra adecuadamente la función jurisdiccional que constitucionalmente corresponde a los jueces y magistrados y la dirección de la oficina judicial atribuida a los secretarios judiciales.
-Fe Pública Judicial. Apostó por la adaptación de la fe pública judicial que ejercen los secretarios al nuevo entorno tecnológico en el que se desarrolla el proceso. En este sentido, razonó que la posibilidad de grabación mediante técnica audiovisual del desarrollo de un juicio permite, por un lado, liberar al secretario de asistir presencialmente a su celebración, pudiendo emplear ese tiempo en el desempeño de otras funciones, y, por otro lado, la acreditación de la fehaciencia de lo sucedido seguirá dependiendo de la fe pública que habrá de proyectarse, en estos casos, sobre la verificación de los soportes y el material grabado.
-Jueces de adscripción territorial. Con esta nueva figura, que se introducirá dentro de la Ley de la Oficina Judicial, se pretende –manifestó Francisco Caamaño- conseguir una justicia titular y de calidad de modo que las necesidades derivadas de ausencias al frente de un juzgado o las necesidades de refuerzo de órganos judiciales sean cubiertas por jueces de carrera y no como sucede ahora por jueces sustitutos y magistrados suplentes. Dependerán de los Tribunal Superiores de Justicia y tendrán un ámbito de actuación dentro de la provincia.
-Conciliación de la vida familiar y laboral. Anunció que se incorporarán medidas que superen las consecuencias que en este ámbito se derivan del ascenso forzoso. También se promoverá la equiparación en algunos aspectos al régimen de la función pública o la modificación del sistema de concurso para la provisión de plazas en audiencia provinciales.
-Modernización tecnológica de la administración de Justicia. Para el ministro, ésta es una tarea que se debe acometer sin demora para conseguir que cualquiera de los tribunales de España, sea cual sea el lugar en que se radique, pueda conectarse con cualquier otro de nuestro país..
- 600 millones de inversión. El ministro reiteró a los senadores el presupuesto que se va a destinar en los próximos tres años al este objetivo cuyo fin es que todos los juzgados y tribunales trabajen en red y puedan intercambiar información con independencia del sistema informático que utilicen. Para ello, anunció que propondrá al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y a las autoridades autonómicas, la constitución de un consorcio para articular en él la cooperación técnica necesaria para lograr la intercomunicación de los distintos órganos de nuestro sistema de justicia.
-Reforma del Registro Civil. Francisco Caamaño informó a la Comisión que se está trabajando ya en la elaboración de un proyecto de Ley del Registro Civil de España. Un proyecto con el que se pretende, por un lado, desjudicializar en todo lo posible la función del registro, en sintonía con los procesos modernizadores que se han emprendido en otros países de nuestro entorno; y, por otro lado, constituir una Registro Civil único para todo el Estado que sea accesible en línea a todos los ciudadanos y que cuente, a su vez, con unidades de información y atención en los distintos municipios.
-Medidas para evitar la saturación masiva de la Administración de Justicia. Según explicó el ministro, el nivel de litigiosidad de nuestro país es ciertamente alto. A finales del pasado año, en nuestros juzgados y tribunales estaban en tramitación nueve millones de asuntos.
-Potenciar la acción del arbitraje. El objetivo de esta acción es descargar a los jueces y tribunales de todos aquellos asuntos que no sean propiamente jurisdiccionales, potenciando al efecto aquellos otros procedimientos, como el arbitraje, la conciliación o la mediación mediante los que se pueden resolver cierto tipo de controversias de modo más eficiente. Para ello explicó que se está trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria sobre la base del presentado durante la pasada legislatura y que por diversos avatares no pudo concluir su tramitación. En él se mantiene el propósito compartido de sustraer al juez de tareas no jurisdiccionales y proyectar un procedimiento rápido y ágil que permita dar la resolución de los expedientes a los secretarios judiciales y a los notarios y registradores.
Replanteamiento del sistema de recursos. Para el ministro es necesario modificar el vigente sistema de recursos con el fin de atajar el abuso de derecho que tanto daño hace a la justicia. Apostó por simplificar los recursos y establecer algún elemento que frene a quienes abusan reiteradamente del sistema de recursos legalmente establecido, en perjuicio de los demás. Para ello anunció que se propondrá a las Cortes Generales la creación por ley de un depósito de escasa cuantía y previo a la interposición del recurso, cuyo fin principal será el de disuadir a quienes recurran sin fundamento alguno. Explicó que los ingresos derivados de este depósito estarán vinculados a la financiación del sistema de justicia y se destinarán a sufragar el proceso modernización de la administración de justicia, en particular la construcción de una plataforma de conectividad de los distintos sistemas informáticos de gestión procesal, así como a mejorar el sistema de justicia gratuita. Con ello se busca tres efectos positivos: desalentar al recurrente que abusa, garantizar que los juzgados y tribunales puedan estar interconectados y puedan trabajar en red, y acordarnos de los que tienen menos y acuden a la justicia implorando la tutela de sus derechos.
- Reuniones con otros sectores .
-Con los Fiscales. Reuniones de trabajo con las asociaciones de fiscales con quienes se ha tratado, entre otros aspectos, el desarrollo de la nueva ley del estatuto del ministerio fiscal.
-Abogacía . Sobre cuestiones de tanta importancia como el desarrollo reglamentario de la ley de acceso a la profesión o la mejora del sistema de justicia gratuita.
-Procuradores . Con sus representantes se ha tratado, de manera especial, la incidencia de la trasposición de la directiva de servicios sobre el carácter territorializado de la prestación de la procura.
-Otros. Los graduados sociales, así como los funcionarios de los distintos cuerpos de gestión y tramitación profesional a través de las correspondientes organizaciones y sindicatos, han participado, también, en este proceso. E, institucionalmente, tras la comisión bilateral celebrada entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, también el órgano de gobierno de jueces se ha sumado al Acuerdo social y a sus objetivos reformadores y modernizadores.
Más proyectos para el resto de legislatura
El ministro de Justicia también explicó ante la Comisión de Justicia detalladamente todos y cada uno de los proyectos que tiene encima de la mesa para abordar en estos tres años que restan de legislatura.
-Nueva Ley de Planta y Demarcación.
Francisco Caamaño subrayó que se trata de actualizar el mapa judicial vigente hoy en España, diseñado por una ley de planta judicial de 1988 y que no se corresponde con el mapa real de las necesidades y demandas de 45 millones de habitantes. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de este año se ha nombrado una comisión de personas expertas que habrá de presentar un informe en el que se cotejen las necesidades reales en todo el territorio nacional y de lugar a un diagnóstico de las necesidades así como una prospectiva de las posibles soluciones. Posteriormente se abrirá un proceso de discusión con las Comunidades Autónomas que permita elaborar un proyecto de ley de la nueva planta judicial que refleje la geografía social de la España de hoy.
-Acciones con las comunidades.
El ministro dio prioridad a la necesidad de concluir el proceso de traspaso de competencias a las comunidades que aún no las tienen trasferidas. Con este fin se ha retomado con carácter general los contactos con la Comunidades Autónomas concernidas con la intención de que a lo largo de la legislatura se pueda concluir con éxito las respectivas negociaciones. Asimismo, y como consecuencia de las nuevas opciones estatutarias, avanzó la apertura de un proceso de reflexión con el Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas y las fuerzas políticas con el fin de concretar la figura de los consejos autonómicos de justicia.
-Reforma del Código Penal. El ministro señaló que próximamente se remitirá a las Cámaras una importante reforma del Código Penal mediante la que se incorporará la protección frente amenazas y riesgos especialmente desvalorados por la sociedad como la lucha contra la corrupción pública y privada, la salvaguardia de la indemnidad sexual de los menores, la piratería o el combate de la delincuencia practicada bajo el velo de las personas jurídicas.
-Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según explicó el ministro a los senadores, es necesario configurar un proceso penal que deslinde con precisión las funciones instructoras de las juzgadoras y en el que esté garantizada plenamente la segunda instancia. También se debe diseñar un proceso en el que se prevean mecanismos tempranos para impedir que se produzca la denominada “pena de banquillo”. Así mismo, es necesario articular un entramado normativo que garantice plenamente los derechos fundamentales de las partes, de acuerdo con la abundante doctrina jurisprudencial emanada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. E igualmente se requiere reforzar la protección que concede el proceso a la víctima, a quien, el ministro admitió, las normas procesales no siempre le han facilitado las cosas.
-Reforma de la Jurisdicción Universal. Francisco Caamaño anunció que se va a abordar una reforma de la jurisdicción universal mediante la que se introducirá en la ley los criterios jurisprudenciales que han venido empleado los tribunales en su aplicación.
-Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Para el ministro, la ley vigente regula de manera escueta un fenómeno tan rico y complejo como el pluralismo religioso y de conciencia que muchos de los problemas que se han generado en su articulación ordenada no han encontrado respuesta en ella sino a través de la interpretación de los tribunales a la luz de lo establecido por nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, dijo, resulta necesario acomodar normativamente la nueva realidad y hacerlo, desde luego, con el mayor consenso posible tal y como exige una ley de desarrollo de un derecho fundamental.
-Actualización de la Ley Concursal. Se pretende, según el ministro, adecuar este importante texto normativo a las necesidades de nuestra realidad económica una vez hecha la reforma urgente convalidada recientemente por el Congreso
Presidencia de la Unión Europea.
El ministro también abordó la próxima presidencia de España de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 y avanzó que los objetivos del Ministerio de Justicia serán
-Ampliar los cauces para que los ciudadanos europeos ejerzan sus derechos sin las trabas derivadas de la diversidad de ordenamientos y prácticas nacionales.
-Mejorar la prestación de los servicios de la administración de justicia a escala europea
-Perfeccionar los instrumentos para combatir eficazmente la delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado con las debidas garantías jurídicas
-Avanzar en la cooperación judicial con países terceros.
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