La Abogacía, bloqueada por la parálisis de sus normas clave
27.07.2010 M. Serraller/José Mª López Agúndez. Madrid - Expansión
Las tres normas más importantes para los abogados en los próximos quince años, la Ley de Acceso, la Ley de Justicia Gratuita y el Estatuto General de la Abogacía, se encuentran en un punto muerto. Se trata de las normas que –por diversas razones– más necesita la profesión y en las que no se observan avances significativos, a pesar de que cuenten con plazos para cumplirse o de que lleven más de tres años en estudio.
El caso más llamativo es el de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, que está prevista su entrada en vigor a finales de 2011. A día de hoy, no se dispone de un borrador definitivo, aunque se han conocido cuatro textos, tal y como ha venido informando EXPANSIÓN.
En esta norma los plazos son importantes porque, además de introducir una prueba de acceso para ejercer la abogacía, se establecerá un sistema de postgrado y prácticas en despachos de abogados, esquema en el que participarán las universidades, los propios bufetes, las escuelas de práctica jurídica y los colegios de abogados.
Según se explica desde el Ministerio de Justicia, se encuentra en la fase de informes por otros ministerios (Educación), luego se enviará al Consejo de Estado y finalmente al Consejo de Ministros. La previsión era que este proceso hubiera empezado el pasado junio.
La otra norma que introducirá cambios a su sistema actual de funcionamiento es la futura Ley de Justicia Gratuita. Esta ley afecta a los colegios, a las consejerías de Justicia de las autonomías y a los letrados del turno de oficio.
Además, la norma actual es de 1996, lo que significa que está desfasada en relación con temas tan esenciales como la Ley de Violencia de Género, la Ley de Igualdad, por poner dos ejemplos. Cuando entró en vigor, no se preveía una afluencia de inmigrantes como la que hubo poco después ni existían realidades como el matrimonio homosexual.
A ello se añaden los problemas que afectan al Turno de Oficio, motivados en parte por la crisis económica, que ha provocado demoras en el pago de la factura en algunas autonomías.
Desde Justicia apuntan que esta ley “se está trabajando con las comunidades autónomas y se están manteniendo reuniones”, pero no se precisa una fecha para iniciar su tramitación. Después de consultar con fuentes cercanas al proceso de elaboración, Expansión ya adelantó que con toda probabilidad agotaría este año.
Además, está pendiente de esta ley el Decreto que prepara la Comunidad de Madrid (CAM) para restringir el acceso al turno de oficio. La CAM tenía intención que viera la luz antes de junio, pero el retraso de la ley estatal lo ha postergado.
En lo que se refiere al Estatuto General de la Abogacía que, a día de hoy, lo más probable es que tenga rango de norma reglamentaria, fuentes consultadas por EXPANSIÓN apuntan que se han aprobado unos 80 artículos –es decir, dos tercios– en las votaciones que se están celebrando en el seno del Consejo General de la Abogacía Española, que preside Carlos Carnicer.
Queda la parte más conflictiva, el reparto de poder entre los colegios en las votaciones que se realizan en el Pleno del Consejo para los acuerdos que se tengan que adoptar en cuestiones que afectan al propio Estatuto de la Abogacía o a los presupuestos. El actual sistema de doble mayoría –mayoría de consejeros (decanos) que también representen una mayoría de colegiados– es lo que está en discusión entre los colegios grandes y los que tienen menos colegiados.
El punto de equilibrio al que se quiere llegar es que la mayoría para adoptar acuerdos se consiga sólo con el número de colegiados pero limitando el voto según una serie de baremos para la dimensión del colegio en cuestión, de forma que la mayoría exija la votación de al menos entre 25 y 38 colegios. En otras palabras, que a los colegios grandes se les asigne un baremo de votos que corresponda en función de su número de abogados, pero que el resultado sea ponderado.
Sin embargo, no parece fácil el entendimiento según explican otras fuentes consultadas. Lo cierto es que también está pendiente de aprobación la parte de infracciones y sanciones del futuro Estatuto. El horizonte más optimista de aprobación es la vuelta del verano, pero tampoco se puede descartar que las discusiones lleven más tiempo.
Hay que recordar, de todas formas, que este texto lleva en el horno unos tres años. En abril de 2008 se preveía su próxima aprobación. Y en fecha más cercana, el pasado enero, en rueda de prensa, el decano del colegio de abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, estimó que estaría listo antes de verano.
Desconcierto en bufetes, colegios y universidades
El cuarto y último borrador del Reglamento de la Ley de Acceso a la Abogacía estará en el Consejo de Estado en junio. Así lo aseguró un asesor en el gabinete del ministro de Justicia el pasado 21 de abril.
“El desarrollo reglamentario es inminente y vendrá acompañado de la orden ministerial”, adelantó en un foro que organizó la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).
Aún con junio como horizonte seguro, colegios, bufetes y universidades mostraron su preocupación ante un Anteproyecto que lleva más de cuatro años en el tintero. Y que ahora podría retrasarse más. En octubre de 2006 se aprobó la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, que establece que para poder ejercer como abogado, el licenciado en Derecho (a partir de ahora, graduado) debe hacer un curso o máster y unas prácticas que se extienden un año y medio, y un examen.
La Ley de Acceso deberá ser efectiva en 2011. Así, el año que viene saldrán al mercado los últimos licenciados. Quienes acaben sus estudios en 2012 deberán cursar máster y prácticas y hacer el examen, por lo que no podrán ejercer hasta 2014.