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La contrarreforma laboral será un ‘empleicidio’

La contrarreforma laboral será un ‘empleicidio’

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Artículo de opinión de José Luis Feito, Presidente del IEE, en la revista “Actualidad Económica” el 11 de febrero de 2019

Este año la economía española continuará creando empleo, si bien a menor ritmo que en 2018 y algo por debajo, y de peor calidad, del que se hubiera creado sin la intensa subida del salario mínimo y de las cotizaciones sociales. Mientras persista el ciclo económico expansivo, seguirá aumentando el empleo y reduciéndose el paro en mayor o menor medida. La enfermedad de nuestro mercado de trabajo no se manifiesta durante la etapa expansiva, en la que habitualmente creamos empleo más intensamente que los países de nuestro entorno, sino en la etapa descendente del ciclo, cuando destruimos mucho más empleo que ellos. Ambos fenómenos están interrelacionados. Esto es, en las recuperaciones creamos más empleo y tendemos a crecer más rápidamente que la mayoría de los demás países porque durante las recesiones nuestras pérdidas de empleo son mucho mayores que las suyas.

Esta es la relación clave para comprender nuestros males laborales y sobre la que hay que actuar para erradicarlos: la evolución del empleo y del paro durante la fase bajista del ciclo. Como veremos, la reforma laboral de 2012 actuó positivamente sobre esta relación, si bien no lo hizo con la suficiente amplitud como para impedir que volvamos a tener desplomes de empleo más pesados que los demás países en la próxima recesión. Por eso, sería deseable profundizar dicha reforma antes de que acontezca un cambio de ciclo. Si en lugar de seguir corrigiendo las imperfecciones de nuestro mercado de trabajo, o al menos mantener la situación actual, se ejecuta una contrarreforma laboral como la que pretenden los sindicatos y al parecer el Gobierno, se cometerá un colosal sinsentido, altamente costoso para el país en su conjunto y especialmente dañino para los trabajadores más vulnerables.

1. El origen del problema: el comportamiento del empleo y del paro en el inicio de la etapa recesiva.

Después de cinco años de vigorosa expansión económica e intensa creación de puestos de trabajo, a finales del pasado año el nivel de empleo aún era inferior al existente antes de la crisis y la tasa de paro todavía casi duplica la registrada en 2007. Nuestra tasa de empleo continúa siendo una de las más bajas de la UE, sensiblemente inferior a la media de dicho conjunto de países, mientras que nuestra tasa de paro duplica la media de las suyas. Nada de esto es imputable a carencia alguna del proceso expansivo. El problema reside en la desorbitada destrucción de empleo acaecida durante los años de crisis. Así, entre la primera parte de 2008, cuando comienza dicha crisis, y la primera parte de 2013, cuando se alcanza el fondo de la misma, el PIB registra una caída del orden del 7% y el nivel de empleo desciende alrededor de un 18%. Caídas de empleo de esta magnitud sólo se encuentran en los años de la Gran Depresión del pasado siglo, si bien los retrocesos del PIB de aquellos años fueron muy superiores al 7%, siendo aproximadamente proporcionales a la caída del empleo. Caídas del empleo equivalentes a dos a tres veces la caída del PIB es una singularidad en las estadísticas económicas mundiales. En la mayoría de los países de la OCDE, durante la gran recesión que se inició a finales de 2007, el empleo cayó algo menos o, a lo sumo, en similar proporción a como lo hizo el PIB.

Algunas pseudoexplicaciones de esa singularidad española, de esa caída estrepitosa del empleo por unidad de caída del PIB en las recesiones, la atribuyen a factores específicos de la crisis en España en comparación con otros países de la OCDE. Aparte de que los supuestos factores específicos de la crisis en España (v.g. crisis de las entidades de depósito y del sector de la construcción) también se dieron en otros países de la OCDE sin que las pérdidas de empleo fueran tan devastadoras, caídas porcentuales del empleo del orden de dos veces y medio la caída porcentual del PIB constituyen una evidencia clamorosa de instituciones laborales altamente deficientes y perniciosas para el empleo sean cuales sean las especificidades de la estructura productiva del país. Pero además, y esto desmonta cualquier intento de atribuir la singularidad de nuestra crisis al sector de la construcción (o a la mayor o menor incidencia de los contratos temporales), caídas del empleo de intensidad muy desproporcionada con las desaceleraciones o caídas del PIB también se produjeron en las dos anteriores recesiones de la economía española durante el pasado siglo: la de finales de los años setenta (cuando no existían los contratos temporales y el sector que más sufrió fue la industria) y la de comienzos de los años noventa (cuando los contratos temporales y el peso de la construcción eran menores). Si bien entonces las pérdidas totales de empleo fueron inferiores a las padecidas durante la gran recesión, como lo fue también la gravedad de aquellas recesiones, las caídas del empleo también fueron mucho más intensas que las caídas del PIB y los aumentos de la tasa de paro fueron igualmente desaforados, duplicándose el nivel existente antes de las correspondientes recesiones. Así pues, en las etapas de debilitamiento y caída de la actividad económica, se conjuran las principales deficiencias institucionales de nuestro mercado de trabajo para ocasionar destrucciones masivas de empleo y generar un paro muy elevado y permanente que cuesta mucho absorber cuando llega la expansión.

2. Los costes de despido y la estructura de la negociación colectiva, causas principales del problema.

Las principales características institucionales de nuestro mercado de trabajo que generan ese comportamiento diferencial del empleo y del paro en España durante las etapas recesivas son esencialmente dos: los desorbitados costes del despido y la ineficiente estructura de la negociación colectiva. Como veremos, los costes de despido efectivos en España y la rigidez de la negociación colectiva (la ausencia de flexibilidad interna), alcanzan se sitúan entre los más elevados de la OCDE. Los costes de despidos inusitadamente altos que se materializan en los estadios iniciales de la recesión aumentan los costes laborales disparatadamente y reducen la demanda de empleo con especial intensidad. Ponen en peligro la supervivencia de empresas que podrían afrontar la recesión si el coste de ajustar sus plantillas no fuera tan elevado y, sobre todo, reduce el excedente empresarial disponible para invertir y llevar a cabo los reajustes necesarios para recuperar los niveles de producción perdidos. Por último, fomentan la adopción de tecnologías encaminadas a sustituir trabajo por capital y cercenan el avance de los sectores intensivos en la utilización del factor trabajo. Puede resultar paradójico, pero la evidencia es innegable: los países con costes de despido más elevados terminan despidiendo más trabajadores que los países con costes de despido más reducidos (incluso contabilizando únicamente los despidos de trabajadores con contrato indefinido, los despidos en España han sido mayores que en casi cualquier otro país de la OCDE).

La legislación laboral que ampara la estructura de la negociación colectiva en España prima el recorte del empleo como mecanismo de ajuste ante caídas de las ventas de la empresa, cegando otras posibilidades de ajuste como la reducción de jornada o la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores. Sobre todo, cuando se desencadena una pronunciada desaceleración de la actividad económica, impone a muchas empresas niveles de costes salariales que no pueden pagar dadas las condiciones de la demanda de sus productos y la productividad de sus trabajadores. La reacción de estas empresas es reducir todo lo posible su nivel de empleo a fin de disminuir sus costes laborales unidad de producto. Esto es, la imposición de condiciones laborales pactadas en convenios provinciales o sectoriales por empresas con una estructura de costes y productividad más sólidas que las de muchas otras empresas que no participan en la negociación de dichos convenios pero que se ven obligados a aceptarlos, provoca ajustes de empleo que, al menos en parte, se podrían haber evitado si estas otras empresas se hubieran descolgado del convenio.

Las diferencias entre el funcionamiento de estas instituciones laborales en España y en la mayoría de los países de nuestro entorno son mayores de lo que puede parecer a simple vista. En cuanto a los costes de despido, como en cualquier otro país, el monto de las indemnizaciones difiere según sea el despido justificado por causas económicas o improcedente. Después de las reformas de 2010 y, sobre todo de la de 2012, los costes teóricos del despido en nuestro país, tanto por despido procedente como improcedente, se situaban por encima de la media de los países de la UE, pero no tanto como lo estaban antes de estas reformas. El problema estriba en que los costes efectivos del despido son muy superiores a los costes teóricos, (y lo eran aún más hasta la reforma de 2012), por las resoluciones judiciales que apenas admiten los despidos por causas económicas y tienden a juzgar la mayoría de los despidos como improcedentes. En la práctica, esto se traduce en conciliaciones y negociaciones que se cierran con costes de despido sensiblemente superiores a los teóricamente estipulados en los despidos por causas económicas y, por ende, muy superiores a los de la mayoría de los países de la OCDE. Con todo, la reforma de 2012 supuso, al menos, una mejora apreciable respecto a la situación anterior y, además de haber contribuido positivamente a la salida de la crisis, permitirá suavizar los costes, en términos de destrucción de empleo, de una nueva recesión. Eso sí, sin reformas adicionales, estos costes seguirán siendo superiores a los del promedio de países de la OCDE. Es innecesario añadir que si se lleva a cabo una contrarreforma, eliminando los avances conseguidos en la reforma de 2012 para paliar la incertidumbre de la tutela judicial o administrativa en los despidos colectivos y en los despidos por causas económicas, la destrucción masiva de empleo sufrida en la crisis (en cualquiera de las crisis que hemos padecido) se volverá a reproducir en el siguiente episodio recesivo. Además, la contrarreforma tendría un impacto negativo inmediato sobre las expectativas empresariales, que afectaría tanto a las inversiones nacionales como internacionales, con lo que se acortaría la expansión y se limitaría la creación de empleo.

En cuanto a la negoción colectiva, las características distintivas de la situación española frente a otros países son la cláusula erga omnes y, hasta la reforma de 2012, la práctica imposibilidad de ajustes a la baja de salarios y jornadas, dejando el recorte del empleo como único mecanismo de respuesta a la crisis. La cláusula erga omnes, establecida en el Estatuto de los trabajadores, impone la eficacia general de los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa acordados por organizaciones sindicales y empresariales, con independencia de que dicho convenio sea acordado por un número mayor o menor de las empresas que operan en ese ámbito sectorial o provincial. Así, su contenido es de obligada observación para todas las empresas del sector o provincia, aunque la mayoría de dichas empresas no hayan participado en su negociación o tengan condiciones de costes y demanda que hagan desaconsejable aplicar el convenio. Como se ha dicho antes, esta rigidez impuesta a las empresas por la eficacia general de los convenios obliga a muchas de ellas en tiempos de crisis a efectuar ajustes de empleo mucho más intensos de los que ocurrirían si pudieran negociar condiciones salariales y de jornada diferentes a las del convenio. Esta rigidez, además, se veía acentuada por la ultraactividad de los convenios que estipulaba la vigencia de los convenios vencidos hasta su sustitución por un nuevo convenio.

La reforma de 2012 abrió la posibilidad del descuelgue de empresas de un convenio de ámbito superior cuando las circunstancias así lo aconsejarán. También limito el alcance de la ultraactividad mediante la acotación temporal de la vigencia de los convenios vencidos. Al igual que sucedía con la reforma de los costes de despido, estas medidas han contribuido positivamente a la salida de la crisis y permitirán reducir los costes de la próxima recesión. Sería deseable seguir avanzando en esta línea de reformas hasta conseguir que los convenios de ámbito superior a la empresa sean aplicables únicamente a las empresas que tácita o explícitamente se adhieran a los mismos, como ocurre en todos los países de la OCDE, además de potenciar la flexibilidad interna para ajustar jornadas y movilidad funcional cuando la caída de actividad así lo aconseje. Si no sólo no se progresa en esta dirección, sino que se eliminan las dosis de flexibilidad introducidas con la reforma de 2012 y se vuelve a la situación anterior a dicha reforma, antes o después volveremos a padecer los niveles de desempleo del pasado.

3. Conclusiones

La vibrante expansión económica y la intensa creación de empleo que estamos viviendo desde finales del 2013 no debe cegarnos y hacernos ignorar la realidad de las profundas distorsiones que siguen plagando el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. La economía española efectuó los ajustes impuestos por la crisis mediante una destrucción inaudita de empleo que, a su vez, acentuó la gravedad de la crisis, una destrucción que podría haber sido mucho menor si el mercado de trabajo se hubiera reformado antes y con mayor profundidad de lo que se hizo, acercando sus pautas de comportamiento a las vigentes en la mayoría de los países de la OCDE. El crecimiento del empleo y de la economía a lo largo de estos años están, en buena parte, siendo impulsados por los ajustes engendrados por aquellas masivas pérdidas de producción y empleo. La reforma del mercado de trabajo de 2012, al mejorar las expectativas empresariales y disipar el miedo a contratar, ha contribuido positivamente a la salida de la crisis, y permitirá afrontar mejor la próxima recesión. Sin embargo, en ausencia de medidas adicionales, será insuficiente para impedir que volvamos a sufrir mayores pérdidas de empleo por unidad de producto que los demás países cuando nos enfrentemos a una pronunciada desaceleración de la actividad económica. Una contrarreforma laboral sería un regreso al pasado, una operación desnortada para recomponer la mortífera maquinaría de destrucción masiva de empleo que tanto daño nos ha causado. Supondría, en suma, si se me permite autocitarme, cometer un empleicidio de enorme magnitud.


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