16 enero 2023
La mejora de la calidad institucional del comercio en España: cuantificación de su impacto económico y social
España es uno de los países desarrollados con mayores niveles de carga regulatoria, con un exceso normativo y una deficiente calidad institucional.
En la regulación aplicada al sector del comercio, España tiene una regulación peor que la de nuestro entorno, ocupando la posición 27 de 38 países, situándose la misma del orden de un 15% por debajo del promedio de la UE. En el caso concreto de España, la regulación del comercio se valora como más desfavorable que la normativa general y con una tendencia de deterioro de los últimos años.
EI IEE ha estimado en un 0,8% del PIB la pérdida de bienestar que supone para la economía española la deficiente calidad institucional en la regulación del comercio. La supresión de estas disfunciones podría aumentar la renta familiar por hogar al año en un orden de 470 euros.
La mejora de la calidad Institucional puede suponer una reducción de los costes y, por lo tanto, una palanca de reducción de los precios al consumo de hasta 1,7 puntos en el IPC y un incremento del número de empleos en el sector que se ha estimado en 88.000 personas.
Dentro de las acciones a acometer para mejorar la calidad institucional de la regulación del comercio en España podemos destacar la agilización y mejora de eficiencia en los procesos administrativos de obtención de licencias y permisos. Entre las acciones se propone reforzar el silencio administrativo positivo y sustituir la autorización previa por declaración responsable. Se debe avanzar en el reconocimiento mutuo de normativas por las comunidades autónomas y armonizar los objetivos de sostenibilidad y de materia de protección de los consumidores a nivel de comunidades autónomas. Además, se debería instaurar una moratoria en el nuevo impuesto relativo a los plásticos de un solo uso que ha entrado en vigor el 1 de enero.
Madrid, 16 de enero de 2023. Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, presidente y director general del Instituto de Estudios Económicos, respectivamente, han presentado el informe “La mejora de la calidad institucional del comercio en España: cuantificación de su impacto económico y social”, en el cual se destaca la importancia que tiene el sector del comercio en cualquier economía moderna. Por ello, las Administraciones públicas deben tener como objetivo prioritario de política económica conseguir una regulación y unas condiciones de mercado que promuevan la eficiencia del comercio. Al mismo tiempo, es necesario establecer un marco regulatorio que promueva la inversión y la innovación en el sector. En este mismo sentido, hay una creciente evidencia empírica que muestra que la calidad regulatoria de las actividades económicas es de vital importancia para la prosperidad económica, ya que condiciona, en gran medida, el crecimiento económico, el nivel de empleo y la productividad de los factores de producción. También se pone de manifiesto la necesidad de que España mejore su calidad institucional, como requisito esencial para conseguir nuevos progresos en el ámbito económico.
España tiene una posición muy deficiente en “la carga de la regulación gubernamental” situándose en la posición 114 de 141 países. De hecho, nuestro país es uno de los países desarrollados con mayores niveles de carga regulatoria, con un exceso normativo y una deficiente calidad institucional.
En la regulación aplicada al sector del comercio, España tiene una regulación peor que la de nuestro entorno, ocupando la posición 27 de 38 países, situándose la misma del orden de un 15% por debajo del promedio de la UE. En el caso concreto de España, la regulación del comercio se valora como más desfavorable que la normativa general y con una tendencia de deterioro de los últimos años.
La mejora de la calidad institucional en el sector del comercio mejoraría la renta familiar y ayudaría a reducir la inflación
En este contexto, el IEE ha querido cuantificar la pérdida de bienestar que supone para la economía española la deficiente calidad institucional en la regulación del comercio, en uno de los sectores donde estos problemas son especialmente relevantes, que se ha estimado en un orden del 0,8% del PIB.
En este sentido, la supresión de estas disfunciones podría aumentar la renta familiar por hogar al año en un orden de 470 euros. Por otra parte, si tenemos en cuenta que la mejora de la Calidad Institucional supone una reducción de los costes y, por lo tanto, una palanca de reducción de los precios al consumo, el IEE ha estimado que podía suponer una reducción de hasta 1,7 puntos del IPC, circunstancia que sería especialmente beneficiosa en la actual coyuntura económica.
Esta reducción de costes podría suponer un aumento significativo en la inversión en el sector y un incremento del número de empleos en el sector que se ha estimado en 88.000 personas. Además, hay que señalar que la mejora de la Calidad Institucional no solo mejora la renta de las familias y el desempeño del sector, sino que también se ha estimado que puede suponer un aumento de la recaudación tributaria de 870 millones de euros al año.
Las principales disfunciones identificadas en la regulación del comercio
Las principales cargas administrativas y requerimientos regulatorios del sector del comercio que se han identificado en el estudio son las siguientes:
Trámites relativos a la lentitud y dificultad de concesión de licencias: las principales trabas son la pérdida de tiempo para acceder a la normativa urbanística municipal, los retrasos en las Licencias de Obra y de Apertura, y la existencia de una excesiva arbitrariedad en la concesión de estas últimas. A esto, en los últimos años se ha sumado las exigencias medioambientales que han terminado por convertirse en obstáculos de muy compleja solución.
Costes operativos, de aprovisionamientos y de gestión: engloban toda una serie de ineficiencias relativas a los trámites aduaneros y a la distribución urbana de mercancías.
Gestión de residuos: en la regulación de residuos, envases y procedimientos.
Hurto multirreincidente y otros aspectos: los costes que tiene que soportar el sector como consecuencia del problema del hurto multirreincidente, las consecuencias de los abusos en las prácticas de devoluciones, y los problemas que se plantean a raíz de los abusos y el fraude asociado a las reseñas en comercio electrónico.
La mejora de la calidad institucional de la regulación del comercio derivada de la supresión de estas disfunciones citadas puede suponer un ahorro de costes del orden de 8.840 millones de euros que en su mayor parte se explicarían por la posible reducción de costes operativos y de gestión y por la mejora de la regulación en materia de envases y normativa medioambiental. Además, otra palanca de eficiencia podría derivarse de la regulación específica de problemas como el hurto multirreincidente y los abusos en devoluciones y en las reseñas en comercio electrónico.
Recomendaciones del IEE para mejorar la regulación del comercio en España
Dentro de las acciones a acometer para mejorar la calidad institucional de la regulación del comercio en España podemos destacar las siguientes:
Mejora de la eficiencia en los procesos administrativos, con un acceso más directo a los técnicos para conocer, de primera mano, las mejoras y los cambios que se deben realizar en los proyectos para la obtención de licencias y permisos, así como agilizar su tramitación. Es necesario, igualmente, otorgar seguridad jurídica y estabilidad al marco regulatorio del sector.
Reducción de los plazos administrativos, requisito fundamental para promocionar la inversión y la eficiencia en el sector. Entre las acciones se propone reforzar el silencio administrativo positivo y sustituir la autorización previa por declaración responsable
Reconocimiento mutuo de normativas por las comunidades autónomas. Además, sería conveniente unificar las plataformas digitales y hacerlas compatibles entre las distintas regiones, así como tratar de armonizar los objetivos de sostenibilidad a nivel de comunidades autónomas.
Respecto a la regulación en materia de protección de los consumidores y derechos lingüísticos se debería eliminar la actual inseguridad jurídica y la pérdida de competitividad que implica que cada comunidad autónoma legisle sin coordinación alguna con el resto de las Administraciones.
Conveniencia de instaurar una moratoria en el nuevo impuesto relativo a los plásticos de un solo uso.
Respecto al problema de hurto multirreincidente, la legislación aprobada recientemente aportará ventajas respecto a la situación previa, si bien existen todavía aspectos que se deberían perfeccionar.
Se considera conveniente facilitar y mejorar los accesos al centro de las ciudades, lo que permitirá una importante reducción de los costes de aprovisionamiento