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La Seguridad Social desmiente rotundamente que 30.000 personas fallecidas estén percibiendo su pensión pública

22/07/2016 prensa.empleo.gob.es
Informe del Tribunal de Cuentas
La Seguridad Social desmiente rotundamente que 30.000 personas fallecidas estén percibiendo su pensión pública

• El procedimiento garantiza el máximo rigor en el abono de las pensiones, siendo prácticamente nulo el riesgo de falta de detección del fallecimiento de un beneficiario de pensión
Ante las informaciones aparecidas en las últimas horas en los medios de comunicación que apuntan a que el Sistema está abonando pensiones a personas fallecidas, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social señala de forma clara y rotunda que tal afirmación no se corresponde con la realidad.

La Seguridad Social sigue un procedimiento conocido y exhaustivo para controlar la vivencia de los pensionistas. El control de defunciones se lleva a cabo por cuatro vías complementarias:

-Intercambio diario y automático de datos de defunciones con el Ministerio de Justicia.

-Intercambio mensual de datos de defunciones con el Instituto Nacional de Estadística.

-Detección de fallecimientos por las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

-Presentación anual preceptiva de fe de vida para los residentes en el extranjero

Del total de defunciones producidas en España en 2014 (395.830), el 95% de las mismas fueron comunicadas por el Ministerio de Justicia al INSS a través del intercambio electrónico diario con un desfase inferior a seis días entre la fecha de la defunción y la fecha de la comunicación. El 5% restante se detecta a través del INE así como a través el resto de procedimientos citados anteriormente.

Este procedimiento garantiza el máximo rigor en el  abono de las pensiones.  El riesgo de falta de detección del  fallecimiento de un beneficiario de pensión es prácticamente nulo o inexistente.

Cabe recordar que de producirse un abono indebido de una prestación, por cualquier causa, la Seguridad Social  puede reclamar su devolución lo que garantiza en todo momento la protección de los recursos públicos. El procedimiento para reclamar y recuperar retrocesiones más allá de cuatro años se ha centralizado, encomendándose a la Dirección General de la Tesorería General su reclamación a la entidad financiera correspondiente.


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