Se acelera la caída de compraventas de vivienda mientras las hipotecas estabilizan el descenso

Se acelera la caída de compraventas de vivienda mientras las hipotecas estabilizan el descenso

09/10/2023 Registradores

El Colegio de Registradores incluye en esta nota informativa un avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria, correspondiente al mes de agosto de 2023, relativa a compraventas e hipotecas inscritas, mediante la comparación de datos con el mismo mes del año anterior.

En agosto, las compraventas totales descienden por noveno mes consecutivo, respecto al mismo mes del año anterior, después de crecimientos habituales desde marzo de 2020. De las 101.639 operaciones realizadas en agosto de 2022 se ha pasado a las 89.674 en agosto de este año, en torno a 12.000 operaciones menos. Las compraventas de viviendas descienden de forma algo más intensa, de las 55.090 inscripciones de agosto de 2022 se ha pasado al 46.867 de agosto de este año, reduciéndose en unas 8.200 operaciones.

La evolución del número de hipotecas constituidas durante los últimos meses, tal y como ocurre en las compraventas, muestra una tendencia más negativa, situándose con ligeras oscilaciones en el entorno del 20-25% de descenso. En cuanto a las hipotecas totales, en agosto se han constituido 35.195 operaciones frente a las 46.144 del mismo mes del año anterior, con una diferencia cercana a las 11.000 operaciones. En cuanto a las hipotecas de vivienda, se constituyeron 27.278 operaciones frente a las 34.863 del mismo mes del año anterior, con una reducción en torno a las 7.600 operaciones.

Si se mide la evolución mediante la tasa de variación de las compraventas inscritas en agosto frente al mismo mes de 2022, se puede precisar mejor este descenso. Las compraventas totales han descendido en agosto el 11,8%, siendo mayor el descenso en viviendas, con una caída del 14,9%. En cuanto a las hipotecas totales inscritas, disminuyeron el 23,7% en agosto, mientras las de vivienda descendieron algo menos, el 21,8%.

Por territorios, durante el mes de agosto, la evolución anual de las compraventas totales, en comparación al mismo mes del año anterior, vuelve a mostrar descensos generalizados, sobre todo en Baleares (-34,1%), Melilla (-24,6%), Canarias (-22,2%) y Madrid (-18,3%). Únicamente en Navarra (15,3%), se han producido incrementos de compraventas.

Con relación a las hipotecas totales constituidas frente a agosto del año anterior, descendieron más en Melilla (-79,0%), Madrid (-35,9%), Valencia (-34,9%), Asturias (-33,4%), Cantabria (-32,5%), La Rioja (-29,8%) y Aragón (-27,9%), mientras que aumentaron el 28% en Canarias (ver nota en la siguiente página).

(*) Los datos de hipotecas en Canarias corresponden a una operación puntual que ha incluido múltiples fincas, por lo que los resultados pueden no ser suficientemente representativos de su tendencia.

Por último, el análisis mensual de la evolución anual de compraventas e hipotecas totales en los registros de la propiedad durante los últimos doce meses, de septiembre de 2022 a agosto de 2023, mediante la comparación con el mismo mes del año anterior, muestra los siguientes resultados:

Desde junio de 2022 se produce una ralentización en el número de compraventas, que venía precedido de importantes crecimientos anuales sostenidos. En cuanto a compraventas totales, aunque todavía se observaban incrementos moderados en octubre y noviembre pasados, en diciembre se produjo un significativo descenso del 13,3%, la mayor caída del periodo analizado. Tras una ligera recuperación en enero, en los siguientes meses hasta junio se produjeron caídas más moderadas. Desde julio se ha intensificado, y en el mes de agosto, mientras las compraventas totales descendieron el 11,8%, las de vivienda lo hicieron de forma más intensa, el 14,9%.

Observando globalmente las hipotecas constituidas, se aprecia una tendencia descendente similar a las compraventas hasta diciembre de 2022, habiendo mostrado durante 2023 una intensificación en sus caídas por los efectos restrictivos de las subidas sostenidas de los tipos de interés. Tras una ligera recuperación en enero, siguiendo la tendencia de las compraventas, se acumulan siete meses consecutivos de caídas progresivas, con gran similitud en ambas modalidades, hipotecas totales y de vivienda, en valores negativos por encima de los dos dígitos desde marzo, y registrando en agosto un significativo descenso del 23,7% en las hipotecas totales y del 21,8% en las de vivienda.

El TSJ eleva a 150.000 euros el justiprecio de una finca agrícola expropiada en Alhama para las obras del AVE Murcia-Almería

Lunes, 9 de octubre de 2023

El TSJ eleva a 150.000 euros el justiprecio de una finca agrícola expropiada en Alhama para las obras del AVE Murcia-Almería
La Sala Contencioso Administrativo aplica el factor corrector de localización, “por tratarse de un terreno próximo a núcleos urbanos y a infraestructuras de transporte ferrocarril y aéreo”. Acoge las conclusiones del perito designado judicialmente “por apreciar que su informe reviste las notas de imparcialidad y objetividad máximas exigibles”

Autor Comunicación Poder Judicial

La sección 1 de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) estima, en parte, el recurso interpuesto por los dueños de una finca agrícola de uva en Alhama, frente a la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación (JPEF) de Murcia, y eleva a 150.221 euros el justiprecio por los bienes de la empresa afectados por las obras del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad, con expediente tramitado por el procedimiento de urgencia.

El tramo Sangonera-Totana del proyecto de AVE Murcia-Almería suponía la expropiación de 7.511 metros cuadrados de la finca en producción, una servidumbre permanente de 448 metros y una ocupación temporal de 285, además de afectar a la puerta de acceso y al cerramiento. Conceptos que fueron valorados por el Jurado de Expropiación en 126.282 euros.

La resolución mantiene el valor unitario valor unitario que para el suelo fue aplicado por el JPEF (11,86 €/m2), lejos del que se reflejó en la hoja de aprecio que fue presentada por la propiedad (22,15 €/ m2) y por encima del que quiso establecer la entidad beneficiaria (6,39 €/m2).

Sin embargo, como se aduce en la demanda, las magistradas entienden que debe ser aplicado un factor corrector por localización atendiendo a la ubicación de la parcela. La Sala acoge las conclusiones alcanzadas por el perito judicialmente designado, cuyo informe entienden “reviste las notas de imparcialidad y objetividad máximas exigibles”, destacando su perfil profesional de ingeniero agrónomo, y fijan un nuevo valor corregido al alza por los datos objetivos de ubicación. Y ello porque, como acredita en el informe pericial judicial, “se trata de una finca próxima a núcleos urbanos y a infraestructuras de transporte ferrocarril y aéreo y la zona cuenta con cooperativas agrícolas encargadas de la elaboración y venta de los productos agrarios”.

Por ello, se estima parcialmente el recurso, declaran la resolución no ajustada a derecho y fijan el justiprecio en 150.221 euros, obligando a abonar a la empresa recurrente dicha cantidad, más los intereses legales que procedan.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, siempre y cuando el asunto presente interés casacional.

El Tribunal Supremo declara nulo un decreto del Gobierno canario que impuso a los municipios con menos de 20.000 habitantes un servicio de vigilancia en sus playas

Jueves, 5 de octubre de 2023

El Tribunal Supremo declara nulo un decreto del Gobierno canario que impuso a los municipios con menos de 20.000 habitantes un servicio de vigilancia en sus playas
La Sala estima el recurso de la Federación Canaria de Municipios contra una sentencia del TSJ de 22 de julio de 2021, que había considerado tal decreto conforme a derecho

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del Decreto 116/2018, de 30 de julio, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se impuso a los municipios canarios con menos de 20.000 habitantes el deber de prestar el servicio de vigilancia y seguridad en las playas con zonas de baño. El tribunal estima el recurso de la Federación Canaria de Municipios contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 22 de julio de 2021, que había considerado conforme a derecho el decreto.

El TS señala que el interrogante crucial en el presente caso es si la Comunidad Autónoma de Canarias ha respetado las exigencias de los apartados tercero y cuarto del artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local al imponer a los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes el deber de prestar el servicio examinado. Recuerda que el argumento de la sentencia del TSJ canario y del escrito de oposición al recurso de casación para dar una respuesta afirmativa a dicha pregunta es que el Decreto 116/2018 es un reglamento ejecutivo del art. 115.d) de la Ley de Costas.

El Supremo rechaza ese argumento porque dicho artículo no atribuye por sí mismo la competencia aquí considerada, ni impone ningún deber a los municipios, de modo que configurar el Decreto 116/2018 como un reglamento (autonómico) ejecutivo de la ley (estatal) reguladora del demanio costero “es, por ello, una interpretación excesivamente alambicada y carente de justificación”.

Añade el tribunal que como el requisito de la determinación mediante norma con rango de ley de una competencia propia y de los correspondientes servicios no ha sido observado; debe acordarse la nulidad del decreto por vulneración de una norma de rango superior recogida en la legislación básica de régimen local.

Por todo ello, la Sala concluye que “la imposición a los municipios con menos de 20.000 habitantes del deber de prestar el servicio de vigilancia y seguridad en playas con zonas de baño debe hacerse observando las condiciones establecidas en los apartados tercero y cuarto del art. 25 de la LBRL, a saber: mediante norma con rango de ley y con previsión de dotación financiera suficiente”.

Paro septiembre: El fraude con las vacaciones de los profesores maquilla los datos de empleo, aunque sube el paro igualmente

Paro septiembre: El fraude con las vacaciones de los profesores maquilla los datos de empleo, aunque sube el paro igualmente

3 octubre, 2023 USO

Casi 86.000 nuevos contratos en la enseñanza para no pagar vacaciones de verano diluyen las 82.000 bajas en hostelería y comercio, y las 10.000 de sanidad
El paro subió en casi 20.000 personas al terminar septiembre, a pesar de que la enseñanza amortiguó el golpe con 86.000 nuevas contrataciones. El problema de estas contrataciones “es que suponen un fraude, a veces de las empresas y a veces de la propia Administración. Basta de ahorrar dejando de pagar las vacaciones de verano a los profesores. No son las mesas de las aulas, que se dejan de usar durante dos meses, es personal que presta un servicio continuo, incluyendo las evaluaciones del curso anterior y la preparación del nuevo. La enseñanza reglada no es para fijos discontinuos, y así lo sentenció ya la Audiencia Nacional. Animamos a estos profes a que vengan y denuncien su situación, no son solo cifras para maquillar el empleo”, reclama Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Porque la precariedad “es endémica en nuestro empleo y la ejemplificamos con hostelería y comercio, pero hasta en los servicios esenciales se trata a los trabajadores como personas de usar y tirar. Se han destruido más de 32.000 empleos en la hostelería y más de 40.000 en el comercio al echar la persiana del verano, pero también casi 10.000 sanitarios. Está claro que hay zonas que triplican su población en verano, pero que con las listas de espera que tenemos nos permitamos que 10.000 sanitarios se inscriban en el paro es obsceno”, critica Pérez.

En este sentido, el secretario general de USO se fija en el tipo de contratación “y en septiembre ya no hay excusas para que los indefinidos a jornada completa supongan un poco más de un tercio del total de indefinidos. Si la figura del fijo discontinuo era para empleo estacional, principalmente en verano, ¿por qué siguen suponiendo un tercio de todos los contratos indefinidos? Las figuras cambian de nombre, pero el resultado sigue siendo el mismo: España tiene el paro más alto de Europa y quienes trabajan carecen de estabilidad”.

Por ello, Joaquín Pérez urge “a salir de este período de parálisis, a que los políticos no usen el Congreso como un patio de colegio y que el próximo Gobierno se ponga cuanto antes manos a la obra para construir una legislación laboral que no sea un Frankestein con trozos de legislaciones anteriores. Las prisas no son buenas y no solo lo vemos en la reforma laboral, sino en el decreto de bonificación de contratos y en el de permisos de cuidados. Han quedado unas lagunas y unas interpretaciones pendientes que están dejando a miles de trabajadores en la más

Normas más estrictas para proteger a periodistas y medios de comunicación

Normas más estrictas para proteger a periodistas y medios de comunicación

Parlamento Europeo

Los Estados miembros estarán obligados a proteger a los medios de comunicación contra las injerencias

El uso de programas espía contra periodistas estará prohibido

Los medios deberán ser transparentes sobre sus propietarios

Distribución justa de la publicidad institucional

Los eurodiputados quieren prohíbir todo tipo de presiones a los periodistas, como obligar a revelar sus fuentes

Ante las crecientes amenazas a la libertad de los medios de comunicación, la Eurocámara ha adoptado su posición sobre una ley para reforzar la transparencia e independencia del sector.

En su posición sobre la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, aprobada por 448 votos a favor, 102 en contra y 75 abstenciones el martes, el Parlamento quiere obligar a los Estados miembros a que garanticen el pluralismo de los medios y a que protejan su independencia frente a injerencias gubernamentales, políticas, económicas o privadas.

Además de prohibir todo tipo de injerencia en las decisiones editoriales de los medios de comunicación, los eurodiputados también quieren evitar que se ejerza presión externa sobre los periodistas, como acceder a contenido cifrado en sus dispositivos, obligarlos a revelar sus fuentes o atacarlos con programas espía.

Según los eurodiputados, el uso de programas espía solo puede ser una medida de «último recurso», caso por caso, y si una autoridad judicial independiente lo permite para investigar un delito grave (como terrorismo o trata de personas).

Transparencia sobre la propiedad

Para valorar su independencia, el Parlamento quiere obligar a todos los medios de comunicación (incluidas las microempresas) a publicar información sobre su estructura de propiedad.

Los eurodiputados también quieren que los medios de comunicación, incluidas las plataformas en línea y los motores de búsqueda, informen sobre lo que ingresan por publicidad pública y sobre cualquier apoyo financiero público, también de países que no pertenecen a la UE.

Disposiciones contra las decisiones arbitrarias de las grandes plataformas

Para garantizar que las decisiones de las plataformas en línea de muy gran tamaño sobre moderación de contenidos no afecten negativamente a la libertad de los medios de comunicación, los eurodiputados piden que se cree un mecanismo para gestionar las órdenes de retirada de contenidos.

Según los eurodiputados, las plataformas primero deben procesar las declaraciones para distinguir los medios de comunicación independientes de los no independientes. A continuación, se debe notificar al medio de comunicación la intención de la plataforma de eliminar o restringir su contenido y brindarle un plazo de veinticuatro horas para responder. Si después de este tiempo la plataforma aún considera que el contenido no cumple con sus términos y condiciones, este podrá eliminarse, restringir el acceso al mismo o remitir el caso a las entidades reguladoras nacionales para que tomen la decisión final sin dilación. No obstante, si el medio considera que la decisión de la plataforma no está fundamentada suficientemente y socava la libertad de prensa, podrá llevar el caso ante un organismo de resolución de disputas no judicial.

Viabilidad económica

Según los eurodiputados, los Estados miembros deben garantizar que los medios de comunicación públicos cuenten con una financiación adecuada, sostenible y previsible asignada a través de presupuestos plurianuales.

Para que los medios de comunicación no dependan de la publicidad estatal, proponen limitar la publicidad pública asignada a un único prestador de servicios de comunicación, plataforma en línea o motor de búsqueda, que no podrá rebasar el 15 % del presupuesto total de publicidad asignado por la autoridad en un país de la UE determinado. Los eurodiputados quieren que los criterios para asignar fondos públicos a los medios de comunicación estén disponibles públicamente.

Un organismo independiente de la UE sobre los medios de comunicación

El Parlamento también desea que el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación —un nuevo órgano de la UE creado mediante la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación— sea jurídica y funcionalmente independiente de la Comisión. Los eurodiputados también abogan por un «grupo de expertos» independiente que represente al sector de los medios de comunicación y a la sociedad civil para asesorar a este nuevo Comité.

Declaración de la ponente

En el debate antes de la votación, Sabine Verheyen (PPE, Alemania) declaró: «No debemos pasar por alto el preocupante estado de la libertad de prensa en todo el mundo, una tendencia que también afecta a Europa. Los medios de comunicación no son un negocio más. Más allá de su dimensión económica, contribuyen a la educación, el desarrollo cultural y la inclusión. Protegen derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. Con su propuesta, el Parlamento logra un hito legislativo importante en defensa de la diversidad y la libertad en el panorama mediático y de los periodistas y para la protección de nuestras democracias.»

Próximos pasos

Ahora que el Parlamento ha fijado posición, ya pueden comenzar las negociaciones con el Consejo (que acordó su posición en junio de 2023) sobre la forma definitiva de la ley.

Respuesta a una preocupación ciudadana

Con la posición adoptada hoy, el Parlamento responde a las demandas de los ciudadanos presentadas en las conclusiones de la Conferencia del Futuro de Europa, en particular, en la propuesta 27 sobre medios de comunicación, noticias falsas, desinformación, verificación de hechos, ciberseguridad (apartado 1.2), y en la propuesta 37 sobre información a los ciudadanos, participación y juventud (apartado 4).

El juez cita como investigados a consejero delegado de las bodegas Félix Solís y al administrador único de García Carrión en la causa por estafa en la comercialización de vinos Valdepeñas

Miércoles, 4 de octubre de 2023

El juez cita como investigados a consejero delegado de las bodegas Félix Solís y al administrador único de García Carrión en la causa por estafa en la comercialización de vinos Valdepeñas

En un auto, el magistrado acuerda dirigir el procedimiento como personas jurídicas contra las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria por cuanto podrían haber actuado como cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados en este procedimiento

Autor Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigados al consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de las bodegas Félix Solís y al administrador único de García Carrión para que declaren en la causa relativa a la comercialización, entre 2017 y 2019, como crianza, reserva y gran reserva de vinos que supuestamente no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella.

El administrador único de García Carrión está citado para el 4 de diciembre, a las 9 horas, mientras que el consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de las bodegas Félix Solís deberá prestar declaración una semana más tarde, el día 11, a la misma hora. La causa se sigue por delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.

En un auto, el magistrado acuerda dirigir el procedimiento como personas jurídicas contra las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria por cuanto podrían haber actuado como cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados en este procedimiento.

Además, la resolución acuerda tomar declaración como testigo, el 23 de noviembre, al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 2015 a 2019 y desde entonces consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco M.A.

También se requiere a las mercantiles investigadas Félix Solís S.L., Félix Solís Avantis S.A., García Carrión S.A. y Grupo Vinartis S.A. para que, antes de ser llamadas a declarar ante el juez, subsanen los defectos de personación.

En su resolución, el magistrado explica que desde que se admitió a trámite la querella de la Fiscalía, en abril de 2021, se han practicado una serie de diligencias dirigidas a determinar la naturaleza de los hechos y las personas que hubieran participado, entre ellas informes policiales, documentación de las mercantiles investigadas y de otras entidades e instituciones.

Félix Solís

De acuerdo con la documentación analizada, indica el auto, en el caso de Félix Solís se pone de manifiesto que los investigados “han llevado a cabo una comercialización de vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas con las menciones crianza, reserva y gran reserva, en cantidades muy superiores a la declaradas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas, durante el periodo correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, introduciéndolo en el tráfico económico”.

Dicha documentación, añade, evidencia una falta de concordancia entre los datos proporcionados por los diferentes organismos involucrados en la producción, control y certificación, que hace poner en duda la veracidad de la información proporcionada por los investigados, con independencia de la posible participación en los hechos del resto de operadores que intervienen en este proceso.

Concretamente, la apuntada disfunción aparece del análisis de los datos relativos a las existencias de vino, salidas declaradas, declaraciones de aptitud, y parque de barricas. De esta manera, señala, al inicio del año 2017 los investigados tenían una cantidad considerablemente mayor de vino que la declarada al Consejo Regulador, ascendiendo la diferencia a 914.988 litros. Además, disponían de 605.480 litros de vino de reserva por encima de lo comunicado al Consejo Regulador.

Por otra parte, expone el juez, aparece una diferencia de 4.608.437 litros entre las salidas declaradas al Consejo Regulador y la comercialización a trece empresas del territorio nacional. Concretamente, el vino reserva presenta un descuadre de 3.767.884 litros. Respecto a los datos facilitados a requerimiento judicial esta diferencia alcanza los 15.621.492 litros.

García Carrión y Grupo Vinartis

El juez señala que, al igual que con el anterior grupo de investigados, la documentación presentada, así como obtenida a través del Consejo Regulador, de la entidad certificadora Liec Agroalimentaria y de trece mercantiles compradoras, “pone indiciariamente de manifiesto que García Carrión S.A. y Grupo Vinartis S.A. y José G. C. también habrían comercializado vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella”.

Apunta que la comparación entre los datos de declaración de aptitud proporcionados por estos investigados y la cantidad de vino comercializado a trece sociedades del territorio nacional pone de manifiesto que, en relación con los caldos con mención gran reserva 2018, se habrían comercializado más litros de los declarados como aptos, existiendo una discrepancia de más de seis millones de litros entre los datos de declaración de aptitud del Consejo Regulador y los litros comercializados por la bodega en el periodo 2017/2019.

En cuanto a su capacidad productiva, los datos evidencian, advierte el magistrado, un insuficiente número de barricas para el necesario envejecimiento del vino comercializado, “lo que constituye otro importante indicio de la comisión de los hechos imputados, ya se parta de los dispares datos facilitados por el consejo regulador, entidad certificadora, e investigados”.

Las entidades certificadoras como cooperadoras del delito

El juez acuerda dirigir el procedimiento contra las certificadoras Sohicert SA. Y Liec Agroalimentaria SL por cuanto podrían haber actuado como cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados. “Ello, por cuanto la emisión de certificados de aptitud a sabiendas de que los datos en aquellos contenidos no se ajustan a la realidad, constituirán una aportación necesaria para la ejecución de los delitos objeto de investigación”, aclara.

En el caso de Liec Agroalimentaria, por ejemplo, según expone el auto, entre 2019 y 2020 tramitó ante el Consejo Regulador declaraciones de aptitud por un volumen de aproximadamente 23.000.000 libros de vino envejecido. “No obstante, tal y como consta en los registros de la Denominación de Origen, no dispone de las barricas necesarias para producir esta cantidad en ese periodo de tiempo”.

Sobreseimiento provisional de dos bodegas

El instructor pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la posibilidad de decretar el sobreseimiento de la causa para las bodegas Navarro López y Fernando Castro, así como para sus representantes, dado que tras el examen de la documentación no se puede inferir que dichos investigados hubieran participado en una actividad ilícita en cuanto a la producción de vino bajo la Denominación de Origen Valdepeñas, al haber resultado negativos todos y cada uno de los marcadores utilizados para dicha inferencia.

El paro sube en 19.768 personas en septiembre y se sitúa en 2.722.468, la cifra más baja en este mes desde 2008

Subida más moderada que la habitual en este mes

El paro sube en 19.768 personas en septiembre y se sitúa en 2.722.468, la cifra más baja en este mes desde 2008

Trabajo y Economía Social – 3.10.2023

El número de personas desempleadas registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal al finalizar el mes de d septiembre aumentó en 19.768 (0,73%) con respecto al mes anterior siguiendo la tendencia de crecimiento habitual aunque moderando las subidas que caracterizan este mes.

El total se sitúa en 2.722.468 personas.

Respecto a septiembre de 2022, el paro interanual ha descendido en 219.451 personas (-7,46%).

En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 3.736 personas en el mes de septiembre.

El paro por sectores
Por sectores económicos con respecto a agosto, el paro registrado desciende en el sector de Construcción en 3.718 personas (-1,74%), Agricultura en 2.100 personas (-2,06%) e Industria en 184 personas (- 0,09%).

Sube en Servicios en 18.820 personas (0,98%)y también en el colectivo Sin Empleo Anterior en 6.950 personas (2,85%).

El paro por sexo y edad
En el mes de septiembre, el paro femenino ha aumentado en 11.422 mujeres (0,70%) hasta situarse en 1.640.863.

El desempleo masculino ha ascendido en 8.346 hombres (0,78%) hasta un total de 1.081.605.

Respecto al año anterior, el paro femenino cae en 118.023 mujeres (- 6,71%) y el paro masculino baja en 101.428 (-8,57%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de agosto en 17.043 personas (9,07%) respecto al mes anterior y se sitúa en 205.000, la cifra más baja en los últimos quince años y encadena 29 meses consecutivos de caídas interanuales.

El paro por comunidades autónomas

El paro registrado en septiembre de 2023 baja en 6 comunidades autónomas. En términos absolutos, se benefician de este descenso, especialmente, en Cataluña (-3.440 personas), Canarias (-2.831 personas) y País Vasco (-1.933personas).

Por contra, sube en las 11 comunidades restantes con Andalucía (15.949 desempleados y desempleadas más) a la cabeza seguida, a distancia, de la Comunidad de Madrid (3.358 personas en desempleo más) y Galicia (2.918 personas en paro) a la cabeza.

Contratos
El número total de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido de 1.392.205.

En septiembre de 2023 se registraron 623.439 contratos de trabajo de carácter indefinido, representan el 44,78% de todos los contratos.

Los contratos de carácter temporal registrados en el mes de septiembre de 2023 han sido 768.766. Son 116.170 (-13,13%) menos que el mismo mes del año anterior. En los nueve primeros meses se han registrado 6.540.059 contratos temporales, lo que supone un descenso de 2.381.508 (-26,69%) sobre el mismo periodo del 2022.

Prestaciones en el mes de agosto
Las personas beneficiarias existentes a final del mes de agosto fueron 1.816.798 cifra similar a la del mismo mes del año anterior.

La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de agosto de 2023 ha sido del 71,51% y recupera su valor desde 2010 al incrementarse un 23% desde el mínimo que marcó en agosto de 2016.

La inversión total en agosto de 2023 ascendió a 1.890,5 millones de euros.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de agosto de 2023 ha sido de 934,4 euros, lo que supone un aumento de 62,2 euros sobre el mismo mes del año anterior (7,1%).

La Seguridad Social suma casi medio millón de afiliados desde el inicio del año y supera la creación de empleo del conjunto de 2022

Balance de empleo

La Seguridad Social suma casi medio millón de afiliados desde el inicio del año y supera la creación de empleo del conjunto de 2022

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 3.10.2023

El número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 495.017 personas en los nueve primeros meses del año y se ha situado en 20.735.911 trabajadores en septiembre, descontando la estacionalidad y el efecto calendario.

En el periodo enero-septiembre se ha creado más empleo que en todo el año 2022 y se ha registrado el mayor incremento de la serie, descontando 2005 (por la regularización extraordinaria) y 2021 (año de recuperación tras la pandemia). Respecto a agosto, el incremento es de 12.921 afiliados.

Por su parte, la cifra de afiliación media se sitúa en 20.724.796, la más alta de la serie en un mes de septiembre y el mes ha concluido nuevamente por encima de los 20,8 millones de afiliados en el último día del mes. En la serie diaria, entre el día 20 y el 29 de septiembre se han superado los 20,8 millones de afiliados, superando nuevamente esta barrera por primera vez desde el 28 de julio. En comparación con agosto, se han sumado 18.295 ocupados de media. La variación interanual de la afiliación ha sido del 2,7%, con 544.508 personas más que hace un año.

Se mantiene el dinamismo del empleo en actividades innovadoras
Respecto al nivel previo a la pandemia (febrero 2020), la afiliación ha crecido en más de 1,3 millones de personas en términos ajustados, de las que dos de cada tres corresponden al sector privado.

El crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es especialmente intenso en sectores de alto valor añadido como Informática y Telecomunicaciones, cuyo número de afiliados ha aumentado un 24,3%, o Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, que presenta un crecimiento del 14,7%. Desde el fin de la pandemia, uno de cada cuatro nuevos afiliados (297.000 en términos absolutos) se ha incorporado a estos dos sectores altamente productivos.

Mayor crecimiento del empleo que las otras grandes economías
Además, en comparación con el nivel anterior a la pandemia, la creación de empleo en España (+7,1%) supera a la de los grandes países europeos (Francia, +4,9%; Italia, +2,2%; Alemania, +1,3%). También el aumento del empleo es más destacado que en estos países desde el inicio de la guerra, periodo en que en España ha crecido un 5%, mientras que en Italia lo ha hecho un 3% y Francia y Alemania registran crecimientos inferiores al 2%.

Mejor comportamiento del empleo femenino y juvenil
Además, en comparación con el nivel anterior a la pandemia, el empleo femenino también muestra un especial dinamismo. En concreto, la afiliación a la Seguridad

Social de mujeres ha aumentado un 8,6%, que son 3 puntos más de lo que lo ha hecho el de los hombres.

La misma tendencia se percibe entre los jóvenes, cuyo comportamiento también es especialmente positivo. Respecto al nivel previo a la pandemia, el empleo juvenil crece un 10,4%, que supone 3,4 puntos porcentuales por encima de la media. Si se analiza respecto a antes de la reforma laboral (diciembre de 2021), el aumento del empleo entre los menores de 30 años es del 8,4%, casi el doble que el promedio de todas las edades (4,5%).

Mejora de la calidad del empleo tras la reforma laboral
Veintiún meses después de la entrada en vigor de la reforma laboral, se perciben con claridad sus efectos positivos en la estabilización del empleo y la mejora de su calidad. En septiembre, el porcentaje de afiliados con contrato temporal se sitúa en el 14%, la mitad del que se registraba antes de la reforma (30%).

En el caso de los menores de 30 años, la reducción de la tasa de temporalidad es más intensa, bajando en 31 puntos porcentuales (del 53% al 22%) respecto al nivel que tenía antes de la reforma.

Por sectores, se reduce la temporalidad en todos, pero destacan especialmente en aquellos con una tasa históricamente elevada, como Construcción y Hostelería, donde se reduce el peso de los temporales un 30,2% y 24,3%, respectivamente, desde la puesta en marcha de la reforma laboral.

En conjunto, ahora hay casi 3 millones de afiliados más (2.983.509) con contrato indefinido que en diciembre de 2021, el último mes antes de la entrada en vigor de la reforma. Otro indicador del incremento de la estabilidad es el aumento de la duración media de los contratos que han causado baja. Entre enero y septiembre de este año, ha crecido un 29% (hasta 256 días) en comparación con las cifras del mismo periodo de 2019, último año homologable anterior al impacto de la pandemia, mejorando los datos de 2022.

Por otra parte, el número de trabajadores en ERTE se mantiene en niveles mínimos, en el entorno de los 11.000, que suponen menos del 0,1% del total de afiliados.

Mejora sustancial de los ingresos de la Seguridad Social
El fuerte dinamismo del mercado laboral y el incremento de la calidad del empleo está contribuyendo a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, de forma que los ingresos por cotizaciones sociales han registrado hasta agosto (último mes con datos disponibles) un crecimiento del 9,8%. Si se descuenta el efecto de los ingresos provenientes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se ha empezado a aplicar en enero de 2023, las cotizaciones crecen a un ritmo del 8%. Por último, la mejoría del empleo también impulsa la ratio cotizante por pensionista, que se sitúa en 2,43, máximos de la década.

CEOE ve imprescindible mejorar las pasarelas entre desempleo y la vida activa y las políticas de empleo

03 octubre 2023

CEOE ve imprescindible mejorar las pasarelas entre desempleo y la vida activa y las políticas de empleo

Madrid, 3 de octubre de 2023

Pese a encontrarnos en cifras históricas de afiliación en un mes de septiembre, 20.724.796 ocupados, continuamos a la cabeza del desempleo en Europa, con 2.722.468 desempleados, lo que hace imprescindible mejorar las pasarelas entre el desempleo y la vida activa y las políticas de empleo.

No debemos resignarnos a un desempleo estructural, próximo a los tres millones de parados, con el drama personal que representa, existiendo además sectores con dificultades para dar cobertura a sus vacantes, más aún ante las perspectivas de una mayor pérdida de dinamismo de la actividad económica durante el otoño.

Análisis de los datos

Siguiendo el comportamiento habitual de la afiliación y el desempleo en el mes de septiembre, crecen los afiliados en 18.295, ligeramente por encima del período prepandémico -2014 a 2019-, cifrado en 14.260 personas, y los parados aumentan en 19.768, también ligeramente por debajo de la media en esos años, que fue de 21.801 desempleados.

No obstante, el crecimiento de la afiliación es menor que el producido en los tres años precedentes -2020, 21 y 22- y el del paro, mayor que en septiembre de 2022.

Como en septiembres pasados, repunta la afiliación en educación en casi 86.000 personas en el Régimen General, y en otras 2.600 en el Régimen de Autónomos, y el crecimiento del paro se focaliza en el sector servicios y en el colectivo sin empleo anterior.

Un mes más el esfuerzo del sector privado en la creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales se evidencia en la caída de la temporalidad a mínimos históricos, próximos al 14% de los ocupados en el sector privado, con especial incidencia en mujeres y menores de treinta años, frente a las elevadas cifras de temporalidad del sector público.

El Régimen de Autónomos sube en 5.716 personas en septiembre y en 9.470 en términos interanuales, a pesar del desplome del comercio en 16.159 personas respecto al mismo mes del año anterior

El Tribunal Supremo condena a nueve años de inhabilitación al exalcalde de Noja por perjudicar irregularmente un proyecto de construcción de viviendas

Miércoles, 27 de septiembre de 2023

El Tribunal Supremo condena a nueve años de inhabilitación al exalcalde de Noja por perjudicar irregularmente un proyecto de construcción de viviendas

La Sala condena al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 9 años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación al exalcalde de Noja (Cantabria) Jesús D.G., por perjudicar irregularmente un proyecto de construcción de viviendas en la localidad. El Supremo estima además parcialmente el recurso de la promotora perjudicada, en el sentido de que amplía las bases para calcular la indemnización que el acusado deberá abonarle, y condena como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento, que había sido absuelto por la Audiencia Provincial de Cantabria en su sentencia de junio de 2021.

El Supremo ha estudiado los recursos planteados por la promotora inmobiliaria afectada, por Jesús D.G., (alcalde de Noja de 2006 a 2013) y por el que fue secretario municipal en las mismas fechas José Luis S.M. En la causa se concluyó que se habían impuesto indebidamente obligaciones urbanísticas para perjudicar el proyecto de construcción de un promotor inmobiliario que adquirió los solares que el alcalde había pretendido comprar, determinando con ello que se produjera un retraso en la ejecución de la obra y que las viviendas se culminaran en el peor momento de la crisis inmobiliaria.

En su sentencia, el alto tribunal estima parcialmente el recurso del exalcalde en el único punto de apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas, de modo que le rebaja de 10 a 9 años la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, afectando al cargo de alcalde, concejal o miembro electo de cualquier ente local o de cualquier otro cargo que dependa de elección democrática conforme a la legislación. La condena se reduce en solo 1 año “considerando para ello la marcada significación antijurídica de unos hechos perpetrados a lo largo de varios años y ejecutados con la intención deliberada de causar un perjuicio”.

Por otro lado, se estima el recurso del secretario del Ayuntamiento, condenado a 9 años de inhabilitación por la Audiencia como cooperador necesario de la prevaricación, que queda absuelto al entender el Supremo que no hay pruebas de que realizara actos de facilitación de la acción delictiva y ante la carencia de indicios que permitan construir, más allá de toda duda razonable, que el actuara concertado con el sujeto activo del delito.

Asimismo, el Supremo estima dos motivos del recurso de la promotora, de modo que establece que el condenado deberá indemnizarla en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, incluyendo y ajustándose a las siguientes bases indemnizatorias:

-El incremento de los costes que tuvo que soportar la entidad como consecuencia de la presentación de los innecesarios proyectos de urbanización y compensación contemplados en esta causa.

-El sobrecoste pagado como consecuencia de haber incumplido el plazo contractual inicialmente pactado con los vendedores de los terrenos, del que deberá deducirse el valor que tuvieran los pisos que deberían haberse adjudicado en permuta a los vendedores del terreno y que se mantuvieron bajo propiedad del promotor, tasados estos por el valor que tuvieran en el mercado al momento de su definitiva venta o adjudicación a terceros.

-Y la diferencia entre el valor que tenían los demás inmuebles del proyecto el día 26 de agosto de 2009 (fecha de previsible finalización de las obras a partir de un estudio de detalle aprobado el 26 de febrero de 2007) y el valor que ofrecían los mismos inmuebles al momento de su definitiva venta o adjudicación a terceros.

Asimismo, se estima también el recurso de la promotora para establecer la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Noja, punto en el que la recurrente fue apoyada por el Ministerio Fiscal.

El gasto en pensiones contributivas supone el 11,7% del PIB

Protección social

El gasto en pensiones contributivas supone el 11,7% del PIB

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 26.9.2023

El gasto en pensiones contributivas se sitúa en el 11,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en los últimos 12 meses, hasta septiembre.

La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social en el mes de septiembre fue de 12.051,4 millones de euros.

Distribución según clase de pensión

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de septiembre corresponde a pensiones de jubilación, en concreto, el 73%, es decir, 8.792,8 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.005,9 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.057 millones, la de orfandad, a 163,9 millones de euros y las prestaciones en favor de familiares, a 31,9 millones.

De las 10.073.434 pensiones contributivas abonadas, 6.388.225 son de jubilación, 2.352.048 de viudedad, 945.539 de incapacidad permanente, 342.294 de orfandad y 45.328, en favor de familiares. El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 1,2%.

Por su parte, el número de pensionistas es de 9.121.410 a 1 de septiembre. De ellos, 4,6 millones son hombres y 4,5 millones mujeres. La proporción de pensiones por pensionista es de 1,1 prestaciones por persona.

La pensión con más beneficiarios es la de jubilación, con 6,3 millones de personas. De ellas, el 60,2% son hombres. La pensión de viudedad la perciben como principal prestación 1,5 millones de personas, el 95,9% de ellas mujeres. Por otra parte, hay 940.705 perceptores de incapacidad permanente, 324.627 de orfandad, y 44.681, en favor de familiares.

Pensión media

La pensión media del sistema asciende a 1.196,35 euros mensuales. Esta cuantía, comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

La pensión media de jubilación del sistema, por su parte, es de 1.376,4 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.533,1 euros al mes, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, de 916,7 euros/mes. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.684,2 euros, y es de 1.526 euros en el Régimen del Mar. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de agosto de 2023 (último dato) a 1.439,8 euros mensuales.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 852,8 euros al mes.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en agosto (último dato disponible) fue de 9,8 días en el caso de la pensión de jubilación y de 13,7 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Complementos de brecha de género

En septiembre, 576.731 pensiones han percibido el complemento por brecha de género, de las que un 91% son mujeres (524.630). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 65,6 euros. De las 576.731 pensiones complementadas, el 23% corresponde a pensionistas con un hijo (132.619), que anteriormente no tenían acceso al complemento de maternidad. El 47% de los beneficiarios cuentan con dos hijos (271.429); el 19,4%, con tres (111.767), y con cuatro hijos, el 10,6% (60.916).

El complemento de brecha de género, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2023, de 30,40 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo, a diferencia del complemento de maternidad anterior. Se solicita a la vez que se solicita la pensión.

Clases Pasivas

Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.474,1 millones de euros en el mes de agosto, último dato disponible. Esta cifra supone un aumento de 154,6 millones de euros respecto a la del año anterior, un 11,7% más.

El número de pensiones en vigor fue de 696.194, 13.280 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (1,9% de variación anual).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Justicia impulsa la digitalización de los libros del Registro Civil para agilizar la obtención de certificados

Justicia impulsa la digitalización de los libros del Registro Civil para agilizar la obtención de certificados

Justicia – 27.9.2023

La ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, ha destacado que esta iniciativa es un ejemplo de proyecto país en el que distintos niveles de la Administración coordinan sus esfuerzos para mejorar la accesibilidad de los servicios públicos”.

El Ministerio de Justicia ha impulsado el proyecto Generación de las estructuras de datos e imágenes de libros del Registro Civil, con el que agregarán cerca de 50.000 libros al Archivo Digital del Registro Civil. Para su puesta en marcha, que se está ejecutando desde el mes de junio de 2023 por un plazo de 24 meses, el Ministerio colabora con los actores involucrados en digitalización y gestión de los registros civiles municipales y juzgados de paz.

Según la titular de Justicia en funciones Pilar Llop “esta iniciativa supone un ejemplo de proyecto país en el que diferentes niveles de la Administración de Justicia coordinan sus esfuerzos para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos”.

El objetivo de esta iniciativa es convertir en formato digital las imágenes de las inscripciones escritas a mano que están en los libros del Registro Civil, así como la digitalización de la información sobre la persona inscrita, como un nacimiento o un matrimonio.

Todo ello se guardará en una base de datos y en archivos digitales del Registro Civil, con el fin de facilitar el acceso a los datos a la ciudadanía, a los registros civiles y a otros organismos.

El proyecto permitirá una mayor agilidad en la búsqueda de inscripciones y en la obtención de los certificados, gracias a aplicaciones como INFOREG y DICIREG, que facilitan el acceso a la información vital y a la tramitación de documentos relacionados con el Registro Civil.

Colaboración con las comunidades autónomas
El programa se divide en dos partes puestas en marcha simultáneamente. En una, para la que se han movilizado 2.192.250,90 euros, se crea la Oficina Técnica para el Control del Proyecto y Calidad (OCCAL), con el fin de supervisar y asegurar la calidad de todo el proceso de creación de estructuras de datos e imágenes de los libros de Registro Civil en las comunidades autónomas (CCAA) de Galicia, Cataluña, Asturias, Canarias, Navarra y las correspondientes al territorio Ministerio.

Esta partida también contempla la creación de la Oficina de Certificación del Ministerio de Justicia (OCERT), para validar la calidad de las estructuras de datos e imágenes, conocidas como Unidades de Entrega (UDE), una vez que se obtengan. Tras su certificación, estas unidades se integrarán en la aplicación INFOREG. Durante el proceso de ejecución de este proyecto se irán incorporando otras comunidades, además de las mencionadas.

En la otra parte del proyecto, a la que se destinarán 7.935.623,41 euros de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se lleva a cabo la obtención de la estructura de datos e imágenes, conocida como Unidad de Entrega a Calidad (UDC), a partir de las páginas físicas de los libros que contienen las inscripciones, mediante su digitalización, procesamiento de imágenes y registro de datos de los tomos físicos.

El Tribunal Supremo condena a nueve años de inhabilitación al exalcalde de Noja por perjudicar irregularmente un proyecto de construcción de viviendas

Miércoles, 27 de septiembre de 2023

El Tribunal Supremo condena a nueve años de inhabilitación al exalcalde de Noja por perjudicar irregularmente un proyecto de construcción de viviendas
La Sala condena al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 9 años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación al exalcalde de Noja (Cantabria) Jesús D.G., por perjudicar irregularmente un proyecto de construcción de viviendas en la localidad. El Supremo estima además parcialmente el recurso de la promotora perjudicada, en el sentido de que amplía las bases para calcular la indemnización que el acusado deberá abonarle, y condena como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento, que había sido absuelto por la Audiencia Provincial de Cantabria en su sentencia de junio de 2021.

El Supremo ha estudiado los recursos planteados por la promotora inmobiliaria afectada, por Jesús D.G., (alcalde de Noja de 2006 a 2013) y por el que fue secretario municipal en las mismas fechas José Luis S.M. En la causa se concluyó que se habían impuesto indebidamente obligaciones urbanísticas para perjudicar el proyecto de construcción de un promotor inmobiliario que adquirió los solares que el alcalde había pretendido comprar, determinando con ello que se produjera un retraso en la ejecución de la obra y que las viviendas se culminaran en el peor momento de la crisis inmobiliaria.

En su sentencia, el alto tribunal estima parcialmente el recurso del exalcalde en el único punto de apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas, de modo que le rebaja de 10 a 9 años la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, afectando al cargo de alcalde, concejal o miembro electo de cualquier ente local o de cualquier otro cargo que dependa de elección democrática conforme a la legislación. La condena se reduce en solo 1 año “considerando para ello la marcada significación antijurídica de unos hechos perpetrados a lo largo de varios años y ejecutados con la intención deliberada de causar un perjuicio”.

Por otro lado, se estima el recurso del secretario del Ayuntamiento, condenado a 9 años de inhabilitación por la Audiencia como cooperador necesario de la prevaricación, que queda absuelto al entender el Supremo que no hay pruebas de que realizara actos de facilitación de la acción delictiva y ante la carencia de indicios que permitan construir, más allá de toda duda razonable, que el actuara concertado con el sujeto activo del delito.

Asimismo, el Supremo estima dos motivos del recurso de la promotora, de modo que establece que el condenado deberá indemnizarla en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, incluyendo y ajustándose a las siguientes bases indemnizatorias:

-El incremento de los costes que tuvo que soportar la entidad como consecuencia de la presentación de los innecesarios proyectos de urbanización y compensación contemplados en esta causa.

-El sobrecoste pagado como consecuencia de haber incumplido el plazo contractual inicialmente pactado con los vendedores de los terrenos, del que deberá deducirse el valor que tuvieran los pisos que deberían haberse adjudicado en permuta a los vendedores del terreno y que se mantuvieron bajo propiedad del promotor, tasados estos por el valor que tuvieran en el mercado al momento de su definitiva venta o adjudicación a terceros.

-Y la diferencia entre el valor que tenían los demás inmuebles del proyecto el día 26 de agosto de 2009 (fecha de previsible finalización de las obras a partir de un estudio de detalle aprobado el 26 de febrero de 2007) y el valor que ofrecían los mismos inmuebles al momento de su definitiva venta o adjudicación a terceros.

Asimismo, se estima también el recurso de la promotora para establecer la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Noja, punto en el que la recurrente fue apoyada por el Ministerio Fiscal.

Reforma del mercado eléctrico de la UE: protección frente al alza de los precios

Reforma del mercado eléctrico de la UE: protección frente al alza de los precios

Economía 19-09-2023 –

Parlamento Europeo

La crisis energética y los altos precios de la electricidad constatan la necesidad de reformar el mercado energético de la UE. ¿Qué hace el Parlamento al respecto?

El inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en 2022 aumentó bruscamente los precios de la energía. El European Power Benchmark promedió 339 euros/MWh en el tercer trimestre de 2022, un 222% más que en el mismo período un año antes.

El incremento de los precios, la seguridad del suministro energético y la necesidad de estimular el proceso de descarbonización de la UE llevaron a la Comisión Europea a proponer una reforma del mercado eléctrico el pasado 14 de marzo de 2023. El Parlamento dio en septiembre del mismo año luz verde a la apertura de negociaciones con el Consejo para dicha reforma.

Mayor protección de los consumidores frente a la volatilidad de los precios de la energía
“Con este acuerdo, el Parlamento sitúa a los ciudadanos en el centro del diseño del mercado de la electricidad, prohibiendo a las empresas recortar la electricidad de los consumidores vulnerables y en riesgo, promoviendo el derecho a compartir la energía, reduciendo las subidas de precios y promoviendo precios asequibles para los ciudadanos y las empresas”, dijo el encargado de la reforma del mercado energético del Parlamento, el eurodiputado socialista español Nicolás González Casares.

Los eurodiputados proponen reforzar la protección de los consumidores frente a la volatilidad de los precios. Los consumidores deben tener acceso a contratos de precio fijo o de precios dinámicos, así como más información sobre las opciones contratas. El objetivo es que los precios sean estables y mitigar el impacto de las crisis repentinas de precios.

Los miembros del Parlamento también quieren que los países de la UE prohíban a los proveedores cortar el suministro eléctrico a los clientes vulnerables e impedir a los suministradores exigir a este tipo de clientes el pago anticipado del servicio.

Evitar la manipulación del mercado energético
El Parlamento también propone nuevas medidas para proteger mejor el mercado mayorista de la energía de la UE y hacer frente a la manipulación del mercado con el refuerzo de la transparencia, los mecanismos de supervisión y el papel de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.

“En nuestro trabajo, nos hemos guiado por tres principios fundamentales: coherencia jurídica y transparencia, una dimensión europea reforzada y un mercado reforzado”, declaró la eurodiputada portuguesa Maria da Graça Carvalho, del Partido Popular Europeo.

Próximos pasos
Las conversaciones con los gobiernos nacionales sobre la forma definitiva de la reforma del mercado de la electricidad de la UE podrán comenzar una vez que el Consejo haya adoptado su posición. El Consejo ya ha acordado una propuesta de reglamento sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. Los eurodiputados esperan llegar a un acuerdo antes de las elecciones europeas de 2024.

España recuperó el nivel de PIB previo a la pandemia ya en 2022

18 septiembre 2023

España recuperó el nivel de PIB previo a la pandemia ya en 2022

?La recuperación de la economía española fue incluso superior a lo anteriormente estimado, con un crecimiento del 6,4% en 2021 y del 5,8% en 2022, según la revisión de la Contabilidad Nacional Anual realizada por el Instituto Nacional de Estadística

Se trata de una revisión que se realiza de forma regular en todos los países de la Unión Europea y permite tener una estimación más desagregada y definitiva del PIB al incorporar información más completa

Se confirma que el crecimiento en 2021 y 2022 fue mayor al estimado, impulsado por el consumo privado, el buen desempeño del sector exterior y el mejor comportamiento de la industria manufacturera y de las actividades profesionales

Este dinamismo se mantiene de forma diferencial durante 2023 y permitirá que España sea el país de las grandes economías de la zona euro que tenga un mayor crecimiento económico

Los datos reflejan también la calidad del crecimiento de la economía española, que ha beneficiado especialmente a las familias, aumentando el peso de los salarios sobre el PIB en más de un punto

Asimismo, el incremento del PIB nominal en más de 20.000 millones de euros ha permitido reducir la ratio deuda/PIB 1,6 puntos adicionales a final de 2022 y permitiría anticipar los objetivos fiscales fijados en el Programa de Estabilidad, adelantando a 2023 la reducción por debajo del 110%

Los datos rubrican lo adecuado de la respuesta de política económica aplicada durante estos años, así como la eficacia de las medidas adoptadas, combinando la respuesta a corto plazo para responder a los desafíos que se han producido, con un ambicioso plan de reformas e inversiones a través del Plan de
Recuperación, que está permitiendo transformar la economía española

El Instituto Nacional de Estadística, INE, ha publicado hoy la revisión de la Contabilidad Nacional Anual correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022. Los resultados señalan que el crecimiento real en este periodo fue un 1,3% superior a lo estimado inicialmente y España recuperó el nivel de PIB previo a la pandemia ya el pasado año.

Esta revisión se realiza de forma regular en todos los países de la Unión Europea y permite tener una estimación más desagregada y definitiva del PIB al incorporar información más completa. En el caso de España se ha revisado al alza el crecimiento en los tres años, con mayor intensidad en 2021, con un crecimiento 9 décimas superior al estimado, alcanzando el 6,4%. En 2022 la revisión al alza fue de 3 décimas hasta el 5,8%.

De esta forma, la recuperación económica de España durante los dos años posteriores a la pandemia ha sido superior a la estimada, impulsada fundamentalmente por el consumo de los hogares, el sector exterior y el mejor comportamiento de la industria manufacturera y de las actividades profesionales.

Este dinamismo se mantiene de forma diferencial en 2023, con un crecimiento estimado por los principales organismos nacionales e internacionales que será el mayor entre las grandes economías de la zona euro, lo que es especialmente significativo en el actual contexto de endurecimiento de la política monetaria.

Más crecimiento y de mayor calidad

Los datos reflejan que la mayor fortaleza de la recuperación ha venido acompañada también de una mayor calidad del crecimiento de la economía española, que ha beneficiado especialmente a las familias, aumentando el peso de los salarios sobre el PIB en más de un punto. Asimismo, mejora la productividad por hora que, a finales del 2022, estaba ya casi un punto por encima de la de 2019.

Finalmente, el aumento del PIB nominal en más de 20.000 millones de euros redujo la ratio deuda/PIB 1,6 puntos adicionales a final de 2022 y permitiría anticipar los objetivos fiscales fijados en el Programa de Estabilidad, adelantando a 2023 la reducción por debajo del 110%.

La revisión de la Contabilidad Nacional Anual alinea el crecimiento del PIB con el resto de indicadores económicos, poniendo de manifiesto la pertinencia y eficacia de la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos años. Una política económica que ha permitido poner en marcha medidas para dar respuesta a los desafíos que se han producido y combinarla con el ambicioso programa de inversiones y reformas que se están poniendo en marcha a través del Plan de Recuperación y que están permitiendo transformar la economía española.?

Justicia impulsa el intercambio de antecedentes penales entre España y países de Iberoamérica

Justicia impulsa el intercambio de antecedentes penales entre España y países de Iberoamérica

22/09/2023

Pilar Llop ha señalado que esta iniciativa “avanza en el entorno del proyecto ECRIS para la creación de un espacio de intercomunicación digital de intercambio de información entre registros de antecedentes penales con nuestros países hermanos”.

El objetivo es reducir los tiempos en los procesos para conocer los antecedentes penales, con independencia de en qué países haya sido condenada una persona en el pasado.

El Ministerio de Justicia que lidera Pilar Llop ha impulsado un proyecto para intercambiar antecedentes penales entre España y países de Iberoamérica. La iniciativa, que durará hasta el 11 de octubre, se lleva a cabo en el Aula Virtual, del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe (INTERCOONECTA).

La ministra de Justicia en funciones ha señalado que este proyecto, desarrollado en el ámbito de la interoperabilidad con Iberoamérica, “avanza en el entorno del proyecto el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) para la creación de un espacio de intercomunicación digital de intercambio de información entre estos registros con nuestros países hermanos”.

Entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de este año, el Ministerio que dirige Llop y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mantendrán diversas reuniones con representantes de países latinoamericanos y del Caribe para avanzar en un proyecto piloto sobre el intercambio de información de antecedentes penales con países de Iberoamérica.

Durante su desarrollo, se abordarán cuestiones como la exploración de un marco jurídico efectivo para el intercambio de información, los tratados bilaterales necesarios entre países, la optimización del sistema ECRIS, y la presentación de herramientas informáticas diseñadas para agilizar los procesos de comunicación y gestión de antecedentes penales.

El objetivo de este proyecto es permitir que los órganos judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la magistratura y fiscalía, puedan acceder al historial delictivo de un ciudadano.

Con esta iniciativa se pretenden reducir los tiempos en los procesos para conocer los antecedentes penales, con independencia de en qué países haya sido condenada una persona en el pasado.

Actualmente España está trabajando con países como Argentina, Chile, Costa Rica y República Dominicana.?

Memorando de entendimiento con Argentina

Concretamente, con Argentina se ha avanzado en esta línea mediante la firma de un memorando de entendimiento, llevada a cabo por los gobiernos de ambos países el pasado 30 de junio, en el marco de la XXIII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), celebrada en Madrid.

Las exportaciones españolas crecieron un 3,3% hasta julio y superan los 230.000 millones de euros

Informe mensual de comercio exterior. Julio 2023

Las exportaciones españolas crecieron un 3,3% hasta julio y superan los 230.000 millones de euros

Industria, Comercio y Turismo – 21.9.2023

Las exportaciones españolas de mercancías se incrementaron un 3,3% interanual en el periodo enero-julio y alcanzaron los 230.397 millones de euros, máximo histórico.

Por su parte, las importaciones descendieron un 3,7% hasta los 251.720 millones de euros, tal y como muestra el Informe Mensual de Comercio Exterior de julio de 2023 de la Secretaría de Estado de Comercio con datos de comercio declarado de Aduanas.

Como resultado, el déficit comercial de los siete primeros meses del año descendió hasta los 21.323 millones de euros (déficit de 38.524 millones registrado en el mismo periodo de 2022).

Para el ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez: “El comercio internacional es una herramienta de progreso global y este Gobierno apuesta por reforzar el multilateralismo, reivindicando una política comercial abierta a nuestros principales socios tanto europeos como trasnacionales. La salvaguarda del libre comercio y la intensificación de la cooperación comercial son dos de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE, y así hemos tenido oportunidad de defenderlo ante el Parlamento Europeo esta semana”.

La tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- aumentó hasta el 91,5% (85,3% en enero-julio de 2022, datos provisionales).

“España ofrece seguridad jurídica y grandes oportunidades de inversión en un entorno de crecimiento económico e inflación contenida que favorece la creación de riqueza”, ha recordado Gómez.

El déficit no energético se redujo hasta los 1.999 millones de euros (déficit de 7.478 millones de euros en el acumulado hasta julio de 2022); y el déficit energético descendió hasta los 19.324 millones de euros (déficit de 31.045 millones en el mismo periodo de 2022).

El aumento interanual de las exportaciones españolas entre enero y julio (3,3%) fue superior al registrado en la UE-27 (1,8%) y la zona euro (1,2%). También al registrado en Alemania (2,7%) e Italia (2,3%). Fuera de la UE, también crecieron las ventas de Reino Unido (6,1%), China (1,5%) y Japón (2,6%), mientras que descendieron las de los EE. UU. (-2,0%).

Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones de enero a julio de 2023 provinieron del sector de sector automóvil (contribución de 3,3 puntos), bienes de equipo (contribución de 2,3 puntos), alimentación, bebidas y tabaco (contribución de 1,1 puntos) y productos químicos (contribución de 0,3 puntos).

“El sector del automóvil, el de bienes de equipo y el de alimentación han liderado las exportaciones españolas en estos siete meses y registraron un crecimiento interanual del 29,4%, 13,2% y 6,4% respectivamente”, explica Héctor Gómez, quien ha recordado que “tras la pandemia y el esfuerzo logístico de la vacunación, 2022 fue el de la reactivación económica y este 2023, como ha demostrado la reciente revisión del PIB llevada a cabo por el INE, el del crecimiento económico. Un crecimiento económico sostenido en gran parte por ese aperturismo comercial y esa hambre inversora que sitúa a España como un país seguro, robusto y atractivo para el sector exterior”.

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (63,1% del total) se incrementaron un 4,8% interanual en los siete primeros meses año. Las ventas a la zona euro (55,2% del total) crecieron un 4,0% y las destinadas al resto de la Unión Europea (7,9% del total) subieron un 10,3%. Las exportaciones a terceros destinos (36,9% del total) aumentaron un 1,0% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a América Latina (19,6%) y a Oceanía (11,8%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Castilla y León, Cataluña y La Rioja.

Datos del mes de julio de 2023
En el mes de julio, las exportaciones españolas de mercancías disminuyeron un 5% interanual hasta los 30.446 millones de euros. Por su parte, las importaciones también disminuyeron un 8,4% en términos interanuales hasta los 35.348 millones de euros. Respecto al mes anterior, con la serie desestacionalizada y corregida del efecto calendario, las exportaciones se redujeron un 1,7%, mientras que las importaciones crecieron un 3,0%.

Como resultado, en julio de 2023 el déficit se redujo hasta los 4.903 millones de euros (déficit de 6.561 millones del mismo mes de 2022).

La tasa de cobertura se situó en el 86,1%, 3,1 puntos porcentuales más que en julio de 2022 (83,0%).

Condenada una mujer por estafa que se ofreció a gestionar la liquidación de un embargo de Hacienda sobre una vivienda propiedad de la familia de una amiga

Viernes, 22 de septiembre de 2023

Condenada una mujer por estafa que se ofreció a gestionar la liquidación de un embargo de Hacienda sobre una vivienda propiedad de la familia de una amiga
Se apropió de 10.322 euros con la excusa de que conocía un alto funcionario de la Agencia Tributaria que les permitiría fraccionar la deuda

Autor Comunicación Poder Judicial
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años, tres meses y un día de prisión a una acusada de estafar 10.322 euros a la madre de una amiga a la que se ofreció ayudar a gestionar la liquidación de un embargo de Hacienda sobre una vivienda propiedad de la familia. El tribunal considera a la mujer responsable de un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad de documento oficial y deberá pagar una multa de 1.080 euros e indemnizar a los perjudicados con la cantidad estafada más intereses.

Según los hechos probados de la sentencia la acusada mantenía una relación de amistad con la hija de la perjudicada porque llevaban a sus niñas a la misma guardería. Un día le comentó que su familia había heredado un piso que querían vender, pero que no podían por existir sobre él un embargo de Hacienda de 10.041,40 euros a raíz de una deuda contraída por su madre y con dificultades para pagarla. La acusada se ofreció a ayudarla con la excusa de que trabajaba en un depósito fiscal y que a través de un “alto funcionario” que conocía podría pagar la deuda de forma fraccionada. Para ello facilitó una cuenta bancaria -de la que la acusada era única titular- haciéndole creer que era de Hacienda. En total, la madre ingresó 1.350 euros.

Ante el interés de un posible comprador, la procesada les prometió agilizar los trámites para que la venta no se frustrase, y haciéndose pasar por ese “alto funcionario” les informó que quedaban otros tres pagos inferiores a 3.000 euros, ingresos que realizó la pareja de la perjudicada. Poco después remitió una certificación, supuestamente de la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Madrid, en la que comunicaba que dicha deudora “…se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias…” y entregó una aparente nota simple del Registro de la Propiedad que hacía constar que ese inmueble ya estaba libre de cargas. La inmobiliaria encargada de gestionar la venta de la vivienda, dudando de la autenticidad del documento, lo llevó al Registro, donde confirmaron que estaba modificado.

El tribunal apunta que concurrieron todos los presupuestos requeridos para la existencia de un delito continuado de estafa, dándose un “engaño eficaz” efectuado a varias personas. “De lo que se deriva la existencia de dos acciones fraudulentas realizadas por la acusada, con evidente ánimo de lucro; la existencia de diferentes perjudicados; la infracción del mismo precepto penal; la unidad espacio-temporal de sus acciones, que permite considerar una acción continuada; y la concurrencia en la acusada del dolo de conjunto propio de la continuidad delictiva, pues cumplió con su plan preconcebido de obtener dinero a costa de su patrimonio”, indican los magistrados. Asimismo, respecto al delito de falsedad de documento oficial, concluye el tribunal que la acusada simuló sustancialmente una nota simple del Registro “con evidente dolo falsario de transmutar la realidad”.

CEOE y CEPYME reclaman al Ministerio de Trabajo que la formación obligatoria para las empresas siga siendo bonificable

20 septiembre 2023

CEOE y CEPYME reclaman al Ministerio de Trabajo que la formación obligatoria para las empresas siga siendo bonificable

Hasta la fecha, desde que se creó el sistema de bonificaciones a la formación, el Ministerio de Trabajo, el SEPE, la FUNDAE y el Tribunal Supremo han venido aceptando la bonificación de la formación obligatoria para las empresas.

El cambio de criterio en nuestro país se produce en el Año Europeo de las Competencias y bajo la Presidencia española del Consejo de la UE.

CEOE y CEPYME, tras el visto bueno de sus respectivos órganos de gobierno, han acordado reclamar al Ministerio de Trabajo y Economía Social el mantenimiento del sistema de bonificaciones a la formación obligatoria, sistema que se ha venido aplicando en nuestro país a las empresas que deben hacer este tipo de formación por mandato normativo o de convenio colectivo y que puede ser tanto transversal (por ejemplo, prevención de riesgos laborales) como sectorial (por ejemplo, manipulación de alimentos).

La bonificación de la formación obligatoria para las empresas se ha venido admitiendo por el Ministerio de Trabajo, el SEPE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y el Tribunal Supremo (Sala de lo Social), desde que este sistema de ayudas fue implantado en 2004, por entender que estas ayudas estaban plenamente incluidas en el sistema de formación para el empleo y reconocidas como tales en los informes jurídicos del Ministerio y de la Fundación.

Este cambio de criterio, en algunos casos, se pretende aplicar con efecto retroactivo y exigencia, incluso, de intereses y sanciones, lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas, en especial de las PYMES y de aquellas de menor tamaño.

CEOE y CEPYME consideran sorprendente que estas actuaciones se realicen, precisamente, en el Año Europeo de las Competencias y cuando nuestro país ostenta la Presidencia del Consejo de la UE.

Las organizaciones empresariales reclaman, por tanto, la adopción de las medidas normativas y administrativas urgentes que corrijan esta situación y restablezcan la seguridad jurídica de las empresas.

CEOE y CEPYME recuerdan que, de los 2.556 millones de euros que se recaudaron en 2022 como cuota finalista de formación, el 85% fue aportado por las empresas y el 15% restante, por los trabajadores.

Asimismo, y dado que cada vez existe más formación obligatoria por ley o por convenio, CEOE y CEPYME se preguntan qué sentido tendría mantener la obligación para las empresas de pagar una cuota que cada vez les sirve para financiar menos formación.

La Audiencia de Murcia condena a una entidad financiera por incluir a un cliente en un fichero de morosos sin realizar un requerimiento previo de la deuda

Martes, 19 de septiembre de 2023

La Audiencia de Murcia condena a una entidad financiera por incluir a un cliente en un fichero de morosos sin realizar un requerimiento previo de la deuda
Deberá indemnizarle con 6.000 euros por intromisión ilegítima en el derecho al honor

Autor Comunicación Poder Judicial
La sección 1 de la Audiencia Provincial de Murcia ha estimado el recurso de un usuario bancario contra una entidad financiera por ser incluido en un fichero de solvencia durante casi un mes, sin que se hubieran cumplido con los requisitos legalmente exigidos para ello. La resolución declara que la demandada cometió con ello una intromisión ilegítima, atentando contra los derechos fundamentales al honor, intimidad personal, propia imagen y protección de datos del demandante y la condena a eliminar los datos del registro de morosos y a indemnizar al recurrente con 6.000 euros en concepto de daños morales.

El Tribunal, establecido que no se cumplió con el requisito del requerimiento previo legalmente exigible para la inclusión del actor en el fichero o registro de morosos, acoge la doctrina jurisprudencial establecida recientemente por la Sala 1ª del TS y procede estimar la demanda.

Los magistrados entienden, de acuerdo a las últimas resoluciones del alto tribunal dictadas en diciembre del año pasado, que la nueva regulación establece tres obligaciones diferenciables:

El acreedor debe informar al afectado, en el contrato o en el momento de requerir el pago, acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas de fichero.

El acreedor debe requerir el pago de la deuda, con carácter previo a la comunicación de sus datos al fichero de morosos, debiendo conservar los documentos que acrediten el cumplimiento de tal requisito.

La entidad encargada del fichero deberá notificar al afectado la inclusión de sus datos y le informará sobre la posibilidad ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.

Y, en el caso enjuiciado, “de la documentación aportada no es factible determinar que se hubiera efectuado el requerimiento de pago y hubiera sido recibido el mismo por la actora”, ya que sólo consta que la carta se puso a disposición del servicio de correos para su ulterior distribución, “pero ello en ningún caso por sí sólo permite establecer presunción alguna a partir de la cual apreciar de manera razonable que la misma llegó a manos de su destinatario”, explican los magistrados, “máxime cuando se trataba de una cantidad no demasiado elevada, y ello pudo pasar desapercibido para el deudor y no ser el mismo consciente de la deuda”