A I R E

     La sentencia ordena la cancelación de la inscripción que figura en el Registro de la Propiedad a favor del Obispado de Zamora
     J. A. G. La noticia en La opinión de Zamora
     La Audiencia Provincial de Zamora ha dado de nuevo la propiedad la Plaza Mayor de Almaraz al Ayuntamiento, revocando así la sentencia del 11 de marzo del Juzgado de Primera Instancia, de Zamora, que dejaba el lugar en manos del Obispado.
     En su fallo judicial, la Audiencia declara que «el Ayuntamiento de Almaraz de Duero, provincia de Zamora, es propietario de la finca dedicada a plaza, sita en el término municipal de Almaraz de Duero, en la Plaza Mayor, que mide 574 metros cuadrados y linda por el Norte con la iglesia “El Salvador”, y por los demás aires con el resto de la Plaza Mayor». Igualmente ordena «la cancelación de la inscripción que figura en el Registro de la Propiedad nº 2 de Zamora a favor del Obispado de Zamora, Parroquia de El Salvador, del dominio de la finca registral 2.639, descrita en la certificación aportada con la demanda como documento nº 11, en la medida precisa para excluír de la misma la finca descrita en el apartado “A” del fallo de esta Sentencia».
     Cada parte pagará las costas procesales causadas a su instancia, y las comunes por mitad, en ambas instancias de este litigio.
     El conflicto tuvo su origen en septiembre de 2008 cuando el Ayuntamiento efectuó un estudio para el arreglo de la Plaza Mayor, debido a su mal estado, a cargo de los planes provinciales. Fue entonces cuando el Consistorio recibió una carta firmada por el que era entonces párroco de la localidad, Florencio Gago, «agradeciendo» la buena disposición por parte del Ayuntamiento de arreglar la Plaza Mayor (conocida como “el sagrado”, una parte aneja a la iglesia), pero indicando que pertenecía a la Iglesia.
     Desde la Alcaldía se afirma que «la declaración cayó como un jarro de agua fría ante toda la Asamblea del Ayuntamiento, que barajó las diferentes alternativas que podían llevarse a cabo, pero que no podía consentirse que la propia Plaza fuera ahora de titularidad eclesial». Indica que «ya en 2004 habían intentado realizar una alteración sobre lo establecido por parte del Catastro, sin conocimiento alguno por parte del Ayuntamiento». Por unanimidad de los miembros del Pleno del Ayuntamiento se decidió «tomar cartas en el asunto y solucionar el problema, sin pensar nunca que con aquella alteración del Catastro que se pretendía, tuvieran ya una certificación e inscripción en el Registro de la Propiedad».
     La Alcaldía reseña que «el Obispado incluía la Plaza en base a un inventario realizado por ellos mismos, en base a un artículo de la Ley Hipotecaria que concede al Obispado la facultad de emitir certificaciones de propiedad como si de una Administración Pública se tratase, centrando su declaración en una posesión de la misma desde tiempo inmemorial, como zona aneja al propio templo alegando unos usos y costumbres sobre la misma que remiten a tiempos medievales».
     El Ayuntamiento de Almaraz ha realizado «desembolsos continuos para mantener algo que siempre se había entendido como de dominio público y por lo cual correspondían sus arreglos o mejoras». La Alcaldía señala que «tampoco se poseía ningún título de propiedad que justificase la misma, pero todo presumía a nuestro favor al menos una prueba de titularidad. Además a nuestro favor teníamos la propia presunción que establece el artículo 339.1 y 344 del Código Civil que conceptúan como bienes de dominio público, los caminos y plazas».

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     El suelo urbanizado se recortará en un 80% y el rústico valdrá cero
     Eduardo Segovia - 11/01/2012 La noticia en El Confidencial
     La famosa rebaja del valor de los activos inmobiliarios “en niveles realistas”, anunciada la semana pasada por el ministro Luis de Guindos, llegará hasta el 50% en el caso de las promociones, el 80% en el del suelo urbanizado y prácticamente el 100% en el del rústico. Este es el escenario central con el que trabaja el Gobierno, según confirman varias fuentes conocedoras del mismo, aunque finalmente podría ser un poco más laxo en función de las simulaciones de impacto que está realizando en estos días.
     Las citadas fuentes añaden que, en principio, no se va a conceder a los bancos un plazo superior a dos años para provisionar estas caídas de valor, lo que puede meter en pérdidas a numerosas entidades. En esos casos, la intención del Ejecutivo sigue siendo inyectarles dinero del fondo de rescate europeo (EFSF), para no incrementar el déficit público, y obligarlas a fusionarse.
     La principal opción que maneja el Gobierno de Mariano Rajoy implica un recorte de valor de entre el 30% y el 50% para las promociones respecto al valor al que las entidades las tienen contabilizadas en sus libros; el porcentaje concreto dependerá del grado de acabado y otros factores como su ubicación. En el caso del suelo rústico, se le otorgará un valor residual basado en su rendimiento agrícola, es decir, muy cercano a cero.
     El recorte se hará sobre el valor bruto de los inmuebles. A partir de ahí se aplicarán las provisiones ya constituidas por las entidades y tendrán que dotar el porcentaje que quede sin cubrir. Eso permitirá distinguir las entidades más fuertes, que tienen un mayor nivel de cobertura de sus inmuebles, de las más débiles, que tendrán que provisionar ahora un porcentaje mayor y serán las que seguramente entren en pérdidas en un entorno de márgenes tan bajos como el actual (una simulación de BPI estimaba que un descuento del 50% para todos los activos metería en números rojos a toda la banca mediana).
     El propio De Guindos estimó en una entrevista con el Financial Times que el importe total de las provisiones adicionalers necesarias para cubrir estas rebajas de valor se situaría en torno a 50.000 millones. Dicha rebaja se aplicará sólo a los inmuebles físicos adjudicados o adquiridos por las entidades como pago de préstamos incobrables, no a los créditos concedidos a promotores aunque se encuentren en situación morosa o subestándar.
     Alternativa al ‘banco malo’
     Esta fórmula es la alternativa al ‘banco malo’, figura que ayer descartó definitivamente Rajoy cediendo así a las pretensiones de las grandes entidades. Pero, al menos sobre el papel, sus efectos son los mismos. En primer lugar, pretende generar confianza en los mercados al desvelar la exposición “definitiva” de la magnitud del problema inmobiliario de la banca. En segundo, busca volver a poner en el mercado estos inmuebles a precios que esté dispuesta a pagar la demanda existente, que son muy inferiores a los que la banca los ofrece en la actualidad.
     Y en tercer lugar, intenta provocar una nueva oleada de consolidación del sector financiero en la que queden sólo entidades solventes y con suficiente tamaño (por encima de 150.000 millones de activos, o incluso más). Esto se conseguirá obligando a fusionarse a las entidades que entren en pérdidas por culpa de estas provisiones, lo cual requerirá la cooperación de los principales bancos, que tendrán que quedarse con algunas de ellas.
     Recapitalización con fondos europeos
     El plan del Gobierno se completa con la recapitalización de las más débiles. “Dado que el Fondo de Garantía de Depósitos no puede asumir todo esto después de su utilización en la CAM, y que no se quiere empliar el FROB porque computa como deuda pública, la única alternativa es tirar del dinero europeo”, explica una de las fuentes consultadas.
     Otra añade que “cuando se anunció que el EFSF se podía utilizar para ayudar a la banca francesa y alemana a asumir las pérdidas originadas por la deuda griega, España pidió poder hacer lo mismo con su problema inmobiliario. Lo lógico sería hacerlo así para evitar agravios”. Como adelantó El Confidencial, Rajoy pretende acceder a este fondo sin sufrir a cambio imposiciones en su política económica.

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     Philip Smalley y Tomás Tofanari arrojan luz sobre un decreto al que tuvieron acceso durante el pasado verano
     Los propietarios de inmuebles en pueblos como Alcaucín o Viñuela, donde más casas irregulares se localizan, solicitan un decreto que defina con claridad la situación definitiva de los inmuebles donde residen.
     Fran Extremera. La noticia en La opinión de Málaga.
     Representantes de buena parte de los afectados axárquicos por la falta de regulación de las viviendas que adquirieron o construyeron en términos como Alcaucín o La Viñuela, así como técnicos expertos en urbanismo que prestan su asesoramiento en esta parte de la provincia, tuvieron acceso a principios del pasado verano a un borrador del decreto donde, según apuntan, no figura con claridad la «situación definitiva» en la que se quedarán sus inmuebles.

     Lograrán cierta estabilidad jurídica al ver cómo se aleja «el fantasma de las demoliciones», pero agregan que no más. «Nos sentimos en el limbo de momento, sin poder terminar nuestras casas», argumenta el británico Philip Smalley, mientras observa el embalse de la Viñuela, prácticamente lleno en estas fechas. Su sueño, como el de tantos y tantos compatriotas, se esfumó nada más pisar la Axarquía. «Vendí en mi país para poder comprarme una casita aquí, junto al pantano. Me parecía un lugar maravilloso. Pero nadie iba a pensar que emplearía más de cinco años en intentar conseguir, como mínimo, una categoría urbanística para mi propiedad».

     No obstante, que su finca pase a estar como «asimilada fuera de ordenación» no le convence. «En el borrador del decreto se especifica que con esa figura podré contratar agua o luz. Pero nosotros eso lo tenemos. Lo que esperamos es poder acceder al registro y poder mejorar o vender, si queremos, lo que en su día compramos sin saber que era ilegal», aclara. Smalley finaliza, con un claro gesto de rabia, con una afirmación rotunda: «Esta batalla política que ya dura muchos años la establecieron los ayuntamientos y la Junta. Lo triste es que en medio de ellos estamos nosotros, que somos las víctimas de un proceso que nos parece interminable».

     Tomás Tofanari, arquitecto de profesión, también ha vivido en primera línea este conflicto. Tiene su lugar de trabajo en La Viñuela, desde que hace seis años terminó sus estudios, y conoce en profundidad el borrador del futuro decreto. «En principio la aprobación del decreto debería facilitar a los ayuntamientos la herramienta para poder manejar el paquete de edificaciones existentes en el suelo no urbanizable, ya que no existe un criterio aplicable claro en dichas construcciones. Pero en base al borrador que nos mostraron en junio, dicha herramienta es presumible que se quede incompleta», manifiesta.

     Incide en que los propietarios no van a poder aspirar a tener licencia de primera ocupación o que no supondrá el decreto ningún derecho ante cualquier procedimiento administrativo o penal ya en marcha. «Es presumible que se consiga un nombre y apellido para este tipo de actuaciones y poco más, ya que cabe destacar que actualmente en gran medida estas edificaciones se están inscribiendo en el registro de la propiedad con todas las de la ley».

     Sólo es el «primer paso»

     Para Tofarani, incluir las casas en un listado supondrá un reconocimiento para que oficialmente existan, «que es un paso importante, pero solo el primero. Cómo se organizarán sus servicios, cómo será su impacto en el medio ambiente, cuál es su relevancia socioeconómica. Todo eso está en el aire, al margen de que pueda reactivarse el mercado inmobiliario al despejar el decreto el miedo a una demolición masiva», aclara.

     En este sentido, Elena Fernández, integrante de Equo y concejala de Medio Ambiente en Alcaucín, subraya que los servicios que desde ahora tengan que prestar ayuntamientos como el suyo a las viviendas ya legalizadas requerirán una infraestructuras que no es lógico que las asuman las arcas municipales «ni mucho menos los propietarios». Alcaucín posee, además, «muchos diseminados y unas 1.600 casas por regular».

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     Preve una legislatura a cara de perro.
     Tras justificar la subida fiscal, Rajoy prometió una reforma laboral en los plazos previstos. En diciembre, alertó, los parados serán 5,3 millones.
     Pablo Montesinos 2012-01-10 La noticia en Libre Mercado
     No será una tarea fácil, costará ver la luz al final del túnel y la legislatura se volverá en ocasiones a cara de perro. Pero, pese a todo, Mariano Rajoy se comprometió a llevar a cabo las reformas necesarias para “volver a la senda del crecimiento económico”, utilizando los “instrumentos” necesarios en cada situación.
     En una reunión con su grupo parlamentario sin precedentes, y acompañado por medio Gobierno y los cargos más importantes del PP, el presidente hizo una radiografía económica que empeoró sensiblemente las perspectivas expuestas en el último Consejo de Ministros. Para empezar, advirtió que el ajuste necesario en 2012 podría alcanzar los 40.000 millones de euros, el doble de la barajada por el anterior Gobierno, que situó el déficit público en el seis por ciento (traducido, unos 16.500 millones).
     Éste sería el máximo previsto aunque, en el mejor de los casos, la administración no prevé menos de 37.000 euros en ahorro, por lo que la cifra real de déficit escalaría por encima del ocho por ciento, según las fuentes consultadas. Cada punto del PIB equivale, aproximadamente, a 10.000 millones de euros.
     Pese a todo, y así lo reiteró Rajoy en la reunión -que fue a puerta cerrada, en una de las salas más grandes del Congreso-, España mantiene su compromiso ante la Unión Europea de conseguir un déficit del 4,4 por ciento, por lo que auguró que habrá que tomar nuevas medidas a corto-medio plazo. En este sentido, ya en pasillos, miembros del Gobierno volvieron a sacar a colación la subida impositiva para asegurar que “sin ella, la prima de riesgo española habría escalado a los quinientos puntos” en plenas fiestas navideñas.
     Dato de la EPA: 5.300.000 parados
     El segundo gran quebradero de cabeza para el jefe del Gobierno, el desempleo, tampoco dará tregua. Según adelantó, la Encuesta de Población Activa (EPA) del mes de diciembre pondrá de manifiesto el aterrador dato de 5.300.000 personas sin empleo. “Reconoció la difícil situación” a consecuencia de “la destrucción de empleo”, admitió Alfonso Alonso, encargado de informar sobre el encuentro.
    Más de media hora estuvo Rajoy, sin interrupción alguna, dando las claves sobre la situación. Incluso cuando ya se iba, justo antes de entrar a su coche oficial, volvió a reclamar a Alonso antes de que éste se expusiera ante los periodistas.
     La reforma laboral cumplirá su plazo
     Ahora bien, una vez dicha “la verdad” sobre la hacienda pública -coletilla que siempre utiliza, en cualquier foro-, el presidente fue a las soluciones. Y lo primero que dejó claro es que se tienen que cumplir los plazos; que sólo así se dará certidumbre a la Unión Europea, produciendo un efecto calmante en los mercados. Tres fueron las reformas que mentó: la laboral, la energética y la financiera. En todos los casos, insistió en que el calendario no debe ser sometido a debate.
     Concretamente, sobre el mercado laboral, y una vez los agentes sociales empiezan a tensar la cuerda, Rajoy recalcó -en voz de un diputado- que “sí o sí” la reforma tendrá que estar lista en el primer trimestre del año, tal y como se comprometió públicamente el Ejecutivo.  En caso contrario, el Gobierno actuará “en pro del interés de todos los españoles”. En este sentido, el presidente añadió en su entrevista a EF E: “Les pedí un esfuerzo que agradezco, pero no sé en qué terminarán las negociaciones. Tendré en cuenta sus acuerdos, pero en lo que no haya acuerdo el Gobierno hará lo que sea mejor”.
     En cuanto al sistema financiero, mentó el quince de febrero como fecha máxima para su saneamiento. Rechazó, de igual forma, la creación del banco malo, alegando que esto les costaría dinero a los contribuyentes.
     Por su parte, a Cristóbal Montoro le tocará la tarea de meter la tijera, y a ello apuntó también Rajoy. Cifró en 90.000 millones la cantidad que gastaron las administraciones por encima de lo que ingresaron el año pasado, extremo intolerable para el presidente. En este sentido, abogó por la racionalización de los organismos públicos y por acabar con todo los superfluo, según portavoces autorizados.
     Una legislatura dura para el PP
     Hecho el diagnóstico y puesta la posible medicina encima de la mesa, llegó la advertencia: “En esta legislatura habrá que defender en muchas ocasiones decisiones que no gustarán”, incluso -dijo- en las propias filas populares. Dejó entrever que no contarán con el plácet del resto de grupos, a pesar de la emergencia nacional.
    “La situación es muy difícil” y “el Gobierno no va a renunciar a lo que deba hacer”, se reafirmó Rajoy, pidiendo a los suyos, pese a la contienda que les espera, que “se partan la cara” por defender al gabinete presidencial, en traducción de un diputado. “El Gobierno está decidido a no distraerse y nos ha pedido al conjunto del grupo que le ayudemos”, insistió Alonso, mucho más cauto a la hora de aportar las cifras.
     Rajoy hace el aviso con tranquilidad, pues su equipo cree que los españoles son conscientes de la necesidad de acometer reformas, como así reflejan las últimas encuestas publicadas en medios de comunicación. Ahora bien, a los suyos les reclamó “explicar en el Congreso, en cada circunscripción” porqué “son buenas” las medidas emprendidas. “Se puede ser prudente y valiente a la vez”, aseveró textualmente.
     Con la intención de adelantarse a los previsibles problemas, Rajoy concluyó la reunión, que por lo demás se saldó con nombramientos clave en la Carrera de San Jerónimo. “Nadie dijo que iba a ser fácil, pero lo conseguiremos, presidente”, le dijo un diputado al oído, entre empujones y medios de comunicación.

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     10.01.2012 Almudena Vigil – la noticia en Expansión
     Ruíz–Gallardón se ha rodeado de un buen equipo de profesionales, pero la organización ha sembrado incógnitas. El departamento se enfrenta a lo que muchos denominan como la legislatura de la gestión.
    El Ministerio de Justicia se acomoda a un nuevo inquilino. La llegada de Alberto Ruíz–Gallardón como titular de la cartera de Justicia marca una nueva etapa en el Ministerio que ya ha sido protagonista de diversos titulares.
    Aunque su asignación como ministro fue acogida con escepticismo por los diferentes sectores del ámbito judicial, el equipo de profesionales de los que se ha rodeado para acometer la tarea de sacar adelante la remodelación de la Justicia ha tranquilizado los ánimos e incluso motivado un moderado optimismo en el sector ante su capacidad como gestor, según diversas fuentes consultadas.
     Así, el nombramiento de Fernando Román como secretario de Estado de Justicia ha sido uno de los mejor recibidos, por ser alguien que conoce bien los entresijos del mundo de la Justicia. No en vano, ha desarrollado diferentes cargos de responsabilidad tanto en el Tribunal Supremo como en el CGPJ.
     Sin embargo, está por ver cómo funcionará el binomio que Román formará con Juan Bravo, el nuevo subsecretario, hasta ahora delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y con un perfil, tanto él como su equipo, de corte municipal.
     Por otro lado, los últimos nombramientos también han sido bien recibidos. Ricardo Conde, director general de Relaciones con la Administración de Justicia, y Joaquín Silguero, secretario general de Modernización, han sido alabados, entre otros, por el cuerpo de secretarios judiciales, representados por Rafael Lara.
     En la nueva estructura de Justicia, uno de los aspectos que resulta “extraño” para las fuentes del Ministerio consultadas es que la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, cuyo responsable aún no ha sido nombrado, dependa de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia y no directamente del secretario de Estado.
     Una de las mayores incógnitas por despejar aún es el nombre del nuevo Abogado General del Estado. Una vez aclarado que la institución permanecerá en Justicia, tal y como aparece reflejado en el Real Decreto de estructura básica de los Ministerios, no hay pistas sobre el titular de este cargo.
     Lo que sí ha podido saber Expansión, según fuentes consultadas, es que se ha vetado a varios candidatos para este puesto entre los abogados del Estado. Además, existe una posición dividida en este cuerpo de funcionarios del Estado respecto a la conveniencia de estar en un ministerio u otro.
     Notarios y registradores
     Otra medida que ha llamado la atención en el Ministerio ha sido la dependencia de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) de la Subsecretaría de Justicia. En este ámbito, el nombramiento del nuevo director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández, ha sido bien recibido por los dos colectivos afectados. Así, el decano de los registradores, Alfonso Candau, ha declarado a este periódico que “ha sido una agradable sorpresa este nombramiento”, para él como decano, “y para todos los registradores”.
     Por su parte, el presidente de los notarios, Manuel López Pardiñas, ha transmitido sus felicitaciones al nuevo director general de la DGRN. López Pardiñas está “seguro de que en esta etapa la relación será tan estrecha y fructífera como ha sido siempre con la DGRN”.
     El CGPJ decide hoy sobre Torres-Dulce
     El CGPJ celebrará hoy a las 11 de la mañana un Pleno extraordinario para emitir su preceptivo dictamen previo al nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general del Estado durante los próximos cuatro años, en sustitución de Cándido Conde-Pumpido. Será el único punto del día y no se esperan sorpresas.
     Todo hace prever que el fiscal general elegido por Gallardón saldrá airoso de este trámite. El Poder Judicial cumplirá así con el nuevo sistema establecido por la reforma de 2007 del Estatuto del Ministerio Público, según la cual, el nuevo fiscal general deberá contar con el dictamen favorable del CGPJ y realizar la comparecencia de idoneidad ante la Comisión de Justicia del Congreso.

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     Estima 250.000 viviendas aisladas y 1.000 urbanizaciones en suelo no urbanizable y aboga por tasas a esos vecinos para pagar la regulación
     Sevilla, 10 Enero 2012. La noticia en Europa Press -
     La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha indicado que de cada diez viviendas ubicadas en suelo no urbanizable, “una se podría legalizar directamente, ocho serán reconocidas y se les dará servicios básicos, pero no serán legalizadas, y una tendría que ser demolida”, lo que supone que se demolerían un diez por ciento de las viviendas situadas en suelo no urbanizable.
     El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable, que establece vías para la legalización o reconocimiento de estas construcciones, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de circunstancias particulares.
     Sobre el número de viviendas ubicadas en suelo no urbanizable y afectadas por dicha norma, la consejera ha indicado que la Junta no tiene un censo “preciso” del número de viviendas afectadas, aunque sí ha estimado que hay unas 250.000 viviendas aisladas ubicadas en suelo no urbanizable y se estiman unas 1.000 urbanizaciones en dicho tipo de suelo. No obstante, ha destacado que en asentamientos “hay mucho trabajo hecho con los ayuntamientos y muchas están legalizadas”.
     Sobre el número de viviendas, la consejera ha reconocido que la Junta “no tiene hecho un estudio, pero ahora corresponde a los ayuntamientos acelerar ese análisis del suelo no urbanizable, ver cuantos asentamientos y cuantas viviendas aisladas hay”.
     No obstante, sí ha dejado claro que “de cada diez viviendas una se puede legalizar directamente, ocho podrán ver reconocida su situación y se les dotará de servicios básicos, pues no se pueden demoler porque el posible delito ha prescrito, pero tampoco se legalizarán; y una de cada diez viviendas sería demolida y no se podría legalizar”.
     Estima que “en las viviendas anteriores a 1975 puede haber una regularización generalizada, cumpliendo los requisitos”.
     La consejera ha resaltado que la finalidad de este decreto de regularización es “clarificar y regular la situación de viviendas y edificaciones que se encuentran en suelo no urbanizable”.
     Cruz Villalón ha reconocido que “por diversas circunstancias en Andalucía, como en otras comunidades, el suelo no urbanizable ha sido objeto de ocupación ilegal y al margen de planeamiento”, que ha derivado en urbanizaciones “hecha con bajo coste económico y carente de servicios básicos y con una importante repercusión ambiental”.
     Ha indicado que “estas urbanizaciones suponen un delito urbanístico, que en algunos casos ha prescrito, por lo que se trata de edificaciones que no son legales y no se pueden legalizar pero tampoco se pueden demoler, generando un limbo jurídico y social”.
     Por ello, ha precisado que este decreto “pretende, cumpliendo la legislación y sin coste para las administraciones, sino para las personas que poseen o residen en esas viviendas, establecer un reconocimiento de la existencia de esas edificaciones, que no será una legalización, para esas viviendas., que siguen siendo lugar de residencia habitual de muchos andaluces”.
     De esta forma, en algunos casos se podrán legalizar, en otros casos se reconocerá la existencia de esas viviendas y en otros se deberán demoler porque no se podrán regularizar en ningún caso al no haber prescrito el delito urbanístico “bien porque se encuentren en suelo protegido, o pueda sufrir riesgos naturales, como inundación o bien porque el procedimiento judicial no haya prescrito”.
     La consejera ha dejado claro que este decreto “no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación, un reconocimiento de la existencia de las viviendas en situación de alegalidad” y ha apuntado que ello “requiere de un fuerte compromiso de los ayuntamientos y un gran esfuerzo en la gestión”.
     La norma
     La norma establece vías para el reconocimiento legal de las construcciones en función del análisis de sus circunstancias físicas y jurídicas. De esta forma, el decreto distingue tres supuestos, esto es, edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos –parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos– y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado –edificaciones con usos vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos–.
     Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse “por estar ubicadas en suelos protegidos o inundables o por no haber transcurrido los cuatro años exigidos para que la Administración actúe o porque se mantenga el proceso judicial abierto”.
     En el caso de que se demuestre la prescripción del delito o infracción, se tolerará el uso residencial “pero se debe demostrar que las condiciones de seguridad o habitabilidad de la vivienda”.
     De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad bien de obtener una licencia de ocupación o bien de un reconocimiento de acuerdo con la situación jurídica de ‘asimiladas a fuera de ordenación’, que les permita mantener el estado actual y el acceso a servicios.
     La licencia de ocupación la podrán obtener las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento –tengan o no licencia urbanística– y reúnan unas condiciones mínimas; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de su construcción, y todas las que se edificaron antes de 1975 si mantienen el uso y las características y no se encuentran en ruina. Esta licencia posibilita su inscripción en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de suministradoras.
     Por su parte, la figura del ‘reconocimiento asimilado a fuera de ordenación’ está reservada para construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ha prescrito la infracción.
     Este procedimiento, de competencia municipal, incluye tanto la prescripción como la tolerancia del uso si cumplen las exigencias de seguridad y habitabilidad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento, y la inscripción en el Registro de la Propiedad con esas condiciones.
     Finalmente, para los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, la norma remite al planeamiento municipal el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.
     Coste de urbanización
     La consejera ha dejado claro que las administraciones, especialmente los ayuntamientos, “no pueden asumir los costes de urbanización y dotación de servicios e infraestructuras básicas”, de forma que dicho coste de adaptación deberá ser sufragada por particulares.
     En ese sentido, apunta que “se podrán establecer instrumentos legales o tasas para los propietarios o inquilinos de esas viviendas para que la dotación de servicios básicos y costes de urbanización no se haga a costa de todos los vecinos”, tras lo que ha apuntado que “muchas de estas viviendas, aunque sean ilegales, están pagando IBI”.
     “Se quiere evitar que este reconocimiento suponga un coste para el conjunto de ciudadanos y administraciones”, ha aseverado la consejera.
     Asimismo, ha dejado claro que “simultáneamente se trabajará ayuntamientos y Junta para que siga habiendo mayor control de la legalidad urbanística y conseguir el mismo respeto para el suelo no urbanizable que para el suelo urbano”.

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     Ataque atribuido a Anonymous
     La noticia en El Mundo - Madrid 09/01/2012
     Centenares de direcciones de correo electrónico y contraseñas de responsables de Defensa, policía, inteligencia o políticos y asesores de la Otan han sido reveladas en la Red tras un ciberataque que se atribuye a Anonymous, según publica este lunes el rotativo británico ‘The Guardian’
     En la base de datos ‘hackeada’ y expuesta se encuentran los datos de 221 miembros del ejército británico y 242 personas que trabajan en la Alianza Atlántica. También han sido ‘hackeadas’ las cuentas de funcionarios públicos que trabajan el Gobierno de Cameron y Clegg.
     Los piratas informáticos se saltaron toda la seguridad las navidades pasadas cuando obtuvieron acceso a la base de datos de Stratfor, una consultora de seguridad y asuntos exteriores con sede en Texas. De un plumazo tenían en su poder las direcciones y las contraseñas personales de las 850.000 personas suscritas a la base de datos Stratfor. De ellos, unos 75.000 también tenían ‘protegidas’ en la base de datos sus números de tarjetas de crédito, según el ‘Guardian’.
     Estados Unidos tampoco se ha librado del ciberataque, la base de datos tiene unas 19.000 direcciones con el dominio ‘.mil’, perteneciente al Ejército de Estados Unidos. En concreto, 173 personas destinadas en Afganistán y otras 170 en Irak están identificadas en la lista. También lo están el ex vicepresidente con George Bush padre, Dan Quayle, y el ex secretario de Estado Henry Kissinger.
     Esta nueva acción lleva de nuevo a la primera plana a Anonymous, cuyos miembros se encuentran conectados desde cualquier punto del planeta, ya han atacado anteriormente a empresas como Visa, Mastercard os PayPal, como protesta a la negativa de estas compañías a aceptar donaciones para WikiLeaks.

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     La noticia en Información de Alicante

     Alicante lidera la caída del precio en toda España. El precio de los terrenos se reduce a 151 euros el metro cuadrado
     A. Teruel .El suelo urbano de la provincia de Alicante ha caído a su valor más bajo desde el inicio de la crisis, al reducirse a una media de 151 euros el metro cuadrado. El dato, ofrecido por el Ministerio de Fomento y correspondiente al tercer trimestre de 2011, es casi un 48% inferior al del mismo periodo del año anterior. Entonces, el precio de los terrenos remontó hasta 288,50 euros, después de haber descendido de forma notable desde que, a finales de 2007, comenzara a frenarse la escalada inmobiliaria. Sin embargo, en 2011 se perdió toda la tímida recuperación del año anterior.
     La devaluación del suelo urbano en la provincia de Alicante no sólo tiene especial relevancia por su magnitud, sino porque, además, es la segunda más alta que se ha registrado en toda España en este periodo. Únicamente en la provincia de León se ha abaratado más el coste de los solares -un 59,6%-, pero eso sí, allí el precio de salida era ya mucho más bajo que en Alicante. La estadística señala también una caída del 67,2% en Álava; sin embargo, en este caso puede tratarse de un desfase de datos, ya que en el tercer trimestre de 2011 aparece un dato muy inferior a los anteriores, con los que no parece tener una continuidad lógica.
     De cualquier forma, la caída del valor de los terrenos urbanos en Alicante es indiscutiblemente una de las más elevadas del país, que cuadruplica con creces la media nacional del 11,1%. Las consecuencias del frenazo en seco de la actividad inmobiliaria y de su prolongación en el tiempo se hacen más visibles en territorios donde la construcción había sido frenética hasta finales de 2007. Así, la depauperación del suelo no se ciñe a Alicante, sino que también es muy manifiesta en otras provincias costeras como Castellón. Aquí, entre el tercer trimestre de 2010 y el mismo periodo del año siguiente los precios cayeron un 42,4%. Con ello, la Comunidad Valenciana resulta ser la autonomía española donde más se han devaluado los solares, con un 30,3%.
     La provincia de Alicante ha pasado a tener los terrenos urbanos más baratos de la Comunidad, ya que Castellón se ha quedado en 159,60 euros el metro cuadrado. Por su parte, en Valencia tienen algo más de valor: 222,40 euros el metro cuadrado. En esta última demarcación, los movimientos de los precios han sido siempre más sostenidos, tanto al alza hasta 2007 como ahora a la baja. El máximo que recoge la estadística -que refleja los datos desde el inicio del año 2004- es de 391,20 euros el metro cuadrado, en el primer trimestre de 2007. En esa misma fecha, esa porción de terreno en Alicante valía 410,50 euros.
     Las prácticas especulativas dispararon los precios del suelo, de la misma forma en que su ausencia ahora provoca esta devaluación. El fenómeno, con sus movimientos de ida y vuelta, ha sido extensivo a todos los municipios, aunque se ha mostrado con especial incidencia en los de mayor tamaño, que de por sí ya tenían los precios más altos desde un inicio. El descenso en las ciudades alicantinas con más de 50.000 habitantes -la capital, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, Elda y San Vicente del Raspeig- alcanza un 65,2%, lo que revela hasta qué punto se ha frenado la actividad relacionada con el sector inmobiliario en los grandes municipios.
     En estos momentos, un terreno en esas ciudades vale prácticamente lo mismo que otro en una localidad de 10.000 a 50.000 habitantes. La diferencia está en los pueblos más pequeños, donde los solares se han quedado casi a precio de saldo, con 78,10 euros el metro cuadrado en los de menos de 5.000 vecinos.

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     Marbella
     El TSJA ordena ejecutar la sentencia que obliga al Ayuntamiento a recuperar la plaza de la Victoria
     Gil la entregó a una empresa en 1993 en una operación de permuta pese a que estaba obligado a darle uso público
     07.01.12 - Héctor Barbotta | Marbella. La noticia en Sur.es
     No hay vuelta atrás. La sentencia del Supremo que anuló la permuta por la que el Ayuntamiento de Marbella presidido por Jesús Gil entregó en 1993 a una empresa privada la plaza de la Victoria debe ejecutarse sin dilación. Así lo establece un auto de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictado el pasado 10 de noviembre.
     El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, ordena dar cumplimiento a la sentencia del Supremo, del 5 de febrero de 2008, y que se proceda «a la devolución de los bienes permutados y las cantidades satisfechas», así como a comunicar al Registro de la Propiedad de Marbella el contenido de la misma para que cancele la inscripción de la escritura pública suscrita en marzo de 1994 que consagraba el cambio de titularidad previsto en la operación ilegal impulsada por el gobierno de Jesús Gil.
     El tribunal ha rechazado de esta manera el recurso presentado por la empresa Tensa, beneficiaria en su día de la permuta por la que obtuvo la propiedad de la plaza a cambio de realizar una serie de obras para el Ayuntamiento.
     La zona afectada alberga en la actualidad un aparcamiento subterráneo y un restaurante, además de algunas dependencias municipales.
     Operaciones urbanísticas
     Con esta decisión, los tribunales vuelven a dar la razón a la familia Palma, propietaria original del terreno y que lo cedió al Ayuntamiento en 1951 para que le diera un uso público, en concreto, un mercado de abastos. En 1993, el gobierno municipal de Gil, saltándose los términos de la cesión, utilizó la parcela para una de sus habituales operaciones urbanísticas, por lo que la familia recurrió a la justicia.
     Quince años después, en febrero de 2008, el Supremo dio la razón a los denunciantes y obligó a anular el acuerdo. El alto tribunal consideró que con la operación de permuta, Jesús Gil eludió convocar una subasta pública para enajenar la parcela, situada en un emplazamiento privilegiado de Marbella, en pleno casco antiguo y a pocos metros de la sede del Ayuntamiento. Para cuando el Supremo dictó la sentencia, ya llevaban más de una década funcionando en el lugar el aparcamiento y el restaurante, por lo que comenzaron negociaciones a tres bandas entre las dos partes condenadas -el Ayuntamiento y la mercantil Tensa- y la propia familia para buscar un acuerdo que permitiera dar lugar a la decisión judicial, pero se llegó a un punto muerto por la falta de liquidez de la institución municipal, que debía compensar a la empresa por las obras realizadas a cambio de la cesión del suelo.
     Ante esa situación, la familia Palma volvió a presentar una demanda, esta vez para reclamar la ejecución de la condena. En el auto, el TSJA ordena a ambas partes condenadas (empresa y Ayuntamiento) «a la restitución de los bienes permutados y los cantidades satisfechas», y al Registro de la Propiedad a la cancelación de la escritura de permuta.

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     Xavier Gil Pecharromán 4/01/2012 La noticia en El Economista

     Un órgano de recaudación de la Agencia Tributaria no puede practicar requerimientos genéricos de información, sino que debe indicar las deudas tributarias a las que van referidos, según establece una sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de noviembre de 2011.
     El ponente, el magistrado Huelin Martinez de Velasco, determina que, en principio, “todo sujeto pasivo de no importa qué tributos está sujetos a la potestad de comprobación e inspección de la Administración tributaria”.
     No obstante, matiza que, además, es preciso que se justifique la existencia de requerimientos generales de información, siempre que aparezcan suficientemente motivados y se adopten siguiendo los cauces previstos en la norma.
     Sólo entran los deudores
     De esta forma, “sólo quedan sometidos al ámbito competencial de los órganos de recaudación quienes aparezcan como deudores de la Hacienda pública, no cabiendo, por ello, practicar requerimientos generales en este ámbito”.
     En suma, señala Huelin, tratándose de la recaudación y, por lo tanto, de los órganos administrativos, no cabe practicar requerimientos desvinculados del cobro o de la exacción de créditos específicos.
     En el caso en litigio, Hacienda solicitó información a una entidad bancaria sobre los titulares (y las personas autorizadas) de los contratos de alquiler de cajas de seguridad que hubiera concertado en las Islas Baleares, vigentes en el momento del requerimiento.
     La sentencia de instancia concluyó que el requerimiento practicado excedía el ámbito competencial del órgano de recaudación, ya que no constaba que se refiriera al cobro de una concreta deuda tributaria y entendió que el artículo 93.1 .c) circunscribe la posibilidad de que se practiquen estos requerimientos a las personas depositarias de dinero en efectivo o en cuentas de deudores a la Administración tributaria en período ejecutivo.
     Frente a este razonamiento el abogado del Estado argüía que el Reglamento General de Recaudación contempla la previsión de que los órganos de recaudación practiquen requerimientos de información, sin que sea con ocasión del cobro de una deuda concreta.
     El magistrado rechaza este razonamiento al considerar que la circunstancia de que se contemple la posibilidad de que los órganos de recaudación puedan practicar requerimientos de información tributaria no significa reconocerles la potestad de realizar requerimientos de información a cualquier obligado tributario y en cualquier clase de contexto o situación.
     “Se trata del ejercicio de una potestad que debe estar directamente vinculada al ámbito competencial y actividad que desarrolle el órgano en cuestión, es decir, sujeta a la previsión legal que justifica la actuación misma del órgano administrativo”, afirma Hueling.
     Debe estar circunscrita, como establece el artículo 2 del mencionado Reglamento , a “la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago». En este caso ni existían deudas o sanciones que recaudar, ni la finalidad del requerimiento iba encaminada a su cobro.

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     Balón de oxígeno a los bancos
     Los bancos podrán seguir tasando sus suelos rústicos como urbanizables
     La Ley de Suelo establecía que deberían ajustar su valor a precios reales
     El suelo es el principal lastre de los bancos tras la explosión de la burbuja
     Jose F. Leal | Madrid 04/01/2012 La noticia en El Mundo
Los bancos y cajas españoles tienen un año más para pensar cómo van a resolver el principal problema que ha dejado tras de sí la burbuja inmobiliaria: el suelo, una losa que pesa en sus balances valprada nada menos que en 33.344 millones de euros (datos de junio).
     De momento, el 31 de diciembre pasado el Gobierno les echó un valioso capote de última hora aprobando una moratoria que les permitirá valorar sus carteras de suelo tal y como lo han venido haciendo hasta la fecha, es decir, en función de las expectativas de negocio futuras que expresan los planes urbanísticos donde se ubican, en lugar de tasarlos basándose de las perspectivas de negocio reales y actuales, mucho menos optimistas.
     El día que vencía el plazo, el Gobierno aplazó un año la norma que obliga a valorar como terreno rústico todo el suelo calificado como urbanizable que no haya sido urbanizado
     En síntesis, en uno de los párrafos [pág. 146578] menos inteligibles del Real Decreto de Medidas Urgentes publicado el pasado viernes, el Gobierno establece una nueva prórroga de un año que impide que el suelo calificado como urbanizable pase a convertirse en suelo rústico y, de esta manera, pierda gran parte de su valor.
     Con el tiempo, los bancos acumularán en terrenos pérdidas mucho mayores de las que tendrán que asumir por la depreciación de las viviendas que tienen en su poder.
     Por eso, el balón de oxígeno del Gobierno sólo aporta margen de maniobra. Es decir, no agrava aún más la delicada situación del sector financiero español, que deberá provisionar otros 50.000 millones de euros por su exposición al ladrillo, según ha señalado De Guindos, a añadir a los 21.000 millones que ya han provisionado.
     Salvavidas temporal
     Bankia, Santander, Caixa Catalunya y La Caixa suman 15.400 millones en terrenos adjudicados
     El salvavidas del Gobierno alivia temporalmente las drásticas rebajas que deberían acometer en sus balances algunas de las mayores entidades financieras del país, como Bankia, que asume una cartera de suelos adjudicados valorada en 5.111 millones, el Banco Santander (4.301 millones), Caixa Catalunya (3.347 millones) y La Caixa (2.611 millones), en el caso que tuvieran que rebajar el valor de los terrenos que la ley reconoce un valor en función de lo que se puede edificar en ellos.
     Concretamente, la modificación del ejecutivo de Rajoy prevé que una moratoria para aquellos terrenos “que formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo”, se efectúen conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, anteriores a las de normas de valoración que fija la Ley de Suelo, que regula las valoraciones de suelos en el Real Decreto Legislativo 2/2008.
     La diferencia de valoración que dictan ambas leyes es sustancial. La norma de 1998 establecía que un tasador podía aplicar al precio del suelo las futuras ganancias que se obtendrían tras la construcción de las viviendas, las naves industriales o cualquiera que fuera el inmueble que se fuera a construir”, explica Antonio Ñudi, asesor de la consultora Urbe.
     El desarrollo de la Ley de Suelo de 2008 buscaba frenar la especulación del suelo
Pero el desarrollo de la Ley en 2008 rezaba que los suelos rústicos no urbanizados en ningún caso deberán valorarse en función de las “expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados”. Es decir, que los suelos rústicos deberían seguir tasándose como rústicos mientras no hayan sido urbanizados, independientemente de lo que indiquen los planes urbanísticos municipales, y así deberían valorarse en el futuro.
     Hasta tal punto los legisladores comprendían que, a partir de 2008, la forma de tasar los terrenos se modificaba radicalmente, que establecieron una moratoria para que las promotoras que habían adquirido suelos durante el boom inmobiliario a precios astronómicos pudieran desarrollarlo o venderlo.
     La presión de la banca y los promotores para ampliar el plazo para valorar a la baja los suelos en su poder fue tal que, en 2010, el Gobierno de Zapatero lo amplió hasta el 31 de diciembre de 2011.
     Pero, durante esos cuatro años, la crisis ha arrasado cualquier expectativa de urbanización o venta de los terrenos. Los patatales siguen siendo patatales, los campos urbanizables siguen siendo campos, y una gran parte de ellos ha caído, en prenda, en manos de la banca. Gracias al Gobierno, el margen es de un año… a no ser que Rajoy salga de nuevo al rescate.

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     La noticia en Información de Alicante. D.P.

     El Supremo avala derribar un bloque de casas en la playa que obtuvo licencia municipal
     El promotor construyó en la parcela de 1.800 m 2 junto al litoral en La Mata esgrimiendo esa autorización
     El Tribunal Supremo ha validado el deslinde que Costas aprobó entre La Mata y Cabo Cervera en 2005 y que confirma, además, la orden de demolición un bloque de apartamentos turísticos que en 1995 un promotor construyó en primera línea sobre la arena de la playa con una licencia de obra del Ayuntamiento. El edificio Montegira, según el Supremo, está “sobre” la playa. El inmueble tiene una docena de viviendas en primera planta y bajos comerciales levantados sobre una parcela de 1.800 metros. Las sillas y mesas de las terrazas tocan la arena de la playa. Cuando el Ayuntamiento concedió licencia urbanística, la zona estaba sujeta a un expediente de deslinde provisional y figuraba en el proyecto como dominio público, en el que está prohibida cualquier tipo edificación. Además el promotor fue advertido de este hecho por parte del Servicio Territorial de Costas antes de iniciar las obras. Pero continuó, las terminó, vendió las propiedades y arrendó los locales comerciales. Y Costas actuó para que demoliera la edificación y pagara una multa.
     La mercantil promotora, con sede en Santa Pola, recurrió por la vía judicial. En 2003, los juzgados fallaron en firme que debía derribar y pagar una mula. Pero el promotor prosiguió litigando por otra vía, la de anular el deslinde que delimita la playa y el suelo urbano. El asunto llegó en primer lugar a la Audiencia Nacional, que desestimó su pretensión en 2008 y ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha rechazado el recurso de casación.
     Entre otros argumentos la empresa recuerda que toda la línea de costa en la que está este edificio presenta el mismo aspecto. Es decir, está totalmente urbanizada. Y en muchos casos con las mismas características. Los residentes, al salir de su casa, lo primero que pisan es la arena de la playa de La Mata. El magistrado ponente de la sentencia recuerda, sin embargo, dos aspectos: En primer lugar, el edificio Montegira se levantó “después” de entrar en vigor la ley de Costas en 1988 y a sabiendas de que se había iniciado un expediente de deslinde, que se aprobó en 2005. En segundo lugar, hay muchos edificios y viviendas que efectivamente también han ocupado la playa, pero se levantaron antes de entrar en vigor la ley. Según los estudios técnicos en estas zonas la dinámica litoral ha dejado de existir, mientras que en la que está el Montegira, se mantiene. Entre otros aspectos porque a cuenta con un flanco sin urbanizar a levante con arena y dunas-y que otorga a su ubicación una condición todavía más privilegiada-

     Visto bueno municipal
     Los locales comerciales situados en los bajos cuentan en estos momentos con licencia municipal pese a que están en suelo de competencia Estatal. Durante 2011 el Supremo ha tumbado otros dos recursos de casación de propietarios de edificios afectados por este deslinde en los que solicitaban no estar incluidos en la servidumbre de protección que les confiere la ley y que resta valor a sus inmuebles, al contar con notas aclaratorias en el registro de estar afectados por la ley de Costas además de tener que tramitar cualquier reforma u obra que realicen incluso en el interior del inmueble.

     Afectados que no creen inminente la ejecución del fallo
     Responsables de locales arrendados en el edificio tienen un conocimiento lejano del litigio que mantiene la promotora con Costas desde hace 16 años y que ahora se cierra a favor la Administración. No consideran que en ningún caso se vaya a ejecutar esta sentencia, ni tan siquiera a medio plazo. La mayoría de propietarios -actuales- de las viviendas turísticas, con inmejorables vistas al mediterráneo, no tienen ni idea de que su inmueble tiene una pesada carga en el registro de la propiedad. Está en dominio-público marítimo terrestre, que para el Estado y la legislación de Costas es como si formara parte de la arena de la playa. Ni los funcionarios pertenecientes a Costas ni el promotor ha llegado a advertir a los que serían los primeros afectados la resolución judicial para la que no cabe recurso en la jurisdicción española. Licencia que esgrime el constructor ahora sin éxito. “Cuando esos propietarios se enteren comenzaran ellos a pleitear y esto puede estar así una década más”, uno de los locales. D.P.

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     El regreso de la desgravación por vivienda
     La noticia en El Economista
     El nuevo Gobierno ha empezado a gobernar, y eso es, por sí mismo, una buena noticia. Ante el hecho de que el déficit estimado no será del 6%, como había comprometido el anterior equipo, sino de alrededor del 8%, ha adoptado medidas extraordinarias: reducción de gasto, aumento de impuestos y medidas de estímulo. El hecho de que el nuevo Ejecutivo no haya ocultado el problema, sino que lo haya revelado inmediatamente a la opinión pública y, además, haya reaccionado también inmediatamente transmite un excelente mensaje a los ciudadanos y a los mercados: se han acabado las tácticas elusivas y ha llegado la seriedad, un cambio que debería extenderse a muchas otras instituciones públicas y privadas.
     Dentro de este esquema general, caben muchos e importantes matices -los recortes a partidos y sindicatos, por ejemplo, son muy tibios; el incremento fiscal, en buena ortodoxia, debería haberse centrado en el IVA antes que en el IRPF, etc.-, pero la orientación general es correcta. Es más, al haberlo hecho así, el Gobierno conserva un margen de maniobra tanto en recortes de gastos como en subidas de impuestos, que, previsiblemente, se deberán centrar en el IVA e, incluso, en las rentas del capital, así como en medidas de estímulo. No olvidemos, además, que no se han acometido aún reformas estructurales, ni siquiera en materia financiera o laboral, las cuales van a requerir una capacidad de decisión y de gobierno aún mayores.
     ¿Se crearán nuevas burbujas?
     Quiero centrarme ahora, sin embargo, en la defensa de una medida muy criticada y hace pocos días desaconsejada por el Banco de España -una institución que parece hallarse más bien en situación de recibir consejos que en la de darlos, a la vista de su pasividad durante demasiado tiempo-. Me refiero a la recuperación de la desgravación por adquisición de la vivienda habitual, sobre la que se objeta que el estímulo de la compra de viviendas creará nuevas burbujas, retrasará el ajuste de precios y dificultará la movilidad laboral y que, en su lugar, debería estimularse el alquiler. En mi opinión, por el contrario, tal medida debe ser aplaudida, y el Gobierno elogiado por haberla adoptado en semejante contexto.
     La adopción de una serie de actuaciones dirigidas a que los ciudadanos pudiesen adquirir su propia vivienda constituyó un componente esencial del New Deal de Roosevelt -criticable y criticado en muchos aspectos, pero no en éste-, filosofía continuada, entre otros, por Clinton y Bush como expresión del sueño americano.
     Los problemas comenzaron cuando Clinton y, sobre todo, Bush ordenaron a agencias gubernamentalmente esponsorizadas como Fannie Mae y Freddie Mac, entre otras, que compraran los créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas concedidos a ciudadanos con escasos recursos, y éstas empezaron a adquirirlos sin hacer pregunta alguna, entre otras cosas, por los jugosos incentivos de los directores de tales agencias, y sin que el Gobierno supervisara tales prácticas irregulares, pues, entre otras cosas, el Congreso no dotó de recursos suficientes a los organismos supervisores, por lo que los agentes comenzaron a conceder créditos hipotecarios sin comprobar la solvencia de los deudores. Ello dio lugar a una loca carrera hacia las hipotecas subprime, las hipotecas mentirosas, y, lo que es aún peor, su titulización, calificación máxima y compra por los principales bancos y fondos del Planeta. En el punto álgido, tales hipotecas llegaron a sumar el 56% del total.
     Probablemente todo este proceso obedeció a una estrategia gubernamental dirigida a mantener la capacidad de consumo de una clase media baja cuyo poder adquisitivo permanece estancado desde hace más de 30 años (Rajan). Las consecuencias se han revelado devastadoras.
     ¿Burbuja hipotecaria o burbuja económica general?
     En nuestro país, desde los años 50 del pasado siglo también se empezó llevar a cabo una política de apoyo a la adquisición de la vivienda en propiedad, consagrada y potenciada por los Pactos de la Moncloa de 1977, que sentó las bases para el desarrollo de nuestro mercado hipotecario, una historia de éxito sin precedentes.
     Los contratiempos empezaron con la introducción del euro, una moneda común con graves fallos de diseño y de gestión. A comienzos de este siglo, Francia estaba prácticamente estancada y Alemania en plena digestión de la Alemania Oriental, lo que hizo que el BCE adoptara una política de tipos de interés bajos, situados por debajo de la tasa de inflación de nuestra economía, con una productividad inferior.
     Este hecho dio lugar a un exceso de liquidez en nuestra economía, consecuencia de un crédito excesivamente barato que disparó la demanda y, por tanto, el precio de todos aquellos bienes que no se pueden comprar sin crédito, tales como las viviendas, pero también el suelo necesario, los coches, o las adquisiciones de empresas a precios astronómicos mediante apalancamientos de vértigo. En definitiva, los precios reales negativos del dinero motivaron una fortísima demanda, la cual dio lugar a un sobreendeudamiento de dimensiones considerables y a unas prácticas poco profesionales y poco responsables por parte de políticos colocados en cajas de ahorros y de no pocos gestores de entidades financieras
     De ahí el error de hablar de burbuja inmobiliaria y no de exceso de liquidez motivado por un precio del dinero que no se correspondía con nuestra situación real, o de burbuja general de la economía. El haber confundido el efecto -la burbuja- con la causa -el precio real negativo del dinero- ha dado lugar a una nefasta política en relación con el sector inmobiliario, cuya recuperación, sin embargo, es esencial para que el resto de la economía pueda crecer, nos guste o no.
     Por supuesto, si queremos elevar nuestra productividad y, al menos, mantener nuestro nivel de vida, hemos de evolucionar hacia una economía que incorpore mayor valor añadido, pero partiendo de los activos que tenemos y sin descuidarlos. De lo contrario, la fatal arrogancia nos relegará a la irrelevancia y las estrecheces por mucho tiempo.
     Por ello, es digna de elogio la medida adoptada por el Gobierno, que debe ser mantenida, al menos, hasta que la recuperación se produzca, y debe ser complementada por otras de mayor calado referentes al suelo que debieron adoptarse hace mucho tiempo, pero que los anteriores responsables económicos no se atrevieron a adoptar.
     En cuanto a la tesis de que la vivienda en propiedad dificulta la movilidad laboral, es otro mito que debe ser revisado, como ya han sugerido algunos expertos. No es del todo cierto, y, además, la propiedad de la vivienda produce muchos otros efectos positivos, bien conocidos. En Francia, hace unos años, se produjeron acontecimientos vandálicos en las banlieues, plenas de inquilinos, algo que difícilmente puede suceder en barrios plagados de propietarios. Ello no quiere decir que no deba fomentarse el acceso a la vivienda por vías distintas de la propiedad, como, por ejemplo, el arrendamiento. Para ello, hace falta organizar el mercado arrendaticio urbano, tal y como se hizo con el hipotecario en su momento, lo que exige transformar el régimen jurídico del arrendamiento de viviendas. Y, para ello, no hace falta hacerlo a costa de quienes desean adquirir una vivienda en propiedad. Para que sea posible, sin embargo, no va a bastar con la desgravación. Se requiere, además, que haya crédito para la demanda solvente, que el mercado laboral cambie de rumbo, y que, en virtud de ello, mejore nuestra confianza.
     Fernando P. Méndez González, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.

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     27/12/2011 - La noticia en iblnews, agencias

     La compañía Google ha añadido una nueva función a su servicio Google Libros. Los usuarios de la librería virtual de Google pueden disfrutar de sus libros favoritos almacenados en Google Libros aunque no tengan conexión a Internet. El modo sin conexión de Google Libros permite disfrutar de más de 10 millones de títulos sin necesidad de estar conectado a la Red.

     Google continúa mejorando sus servicios para los usuarios. En esta ocasión la librería online de Google, Google Libros, ha sido la elegida. En competencia directa con Amazon.com o Apple, Google ha lanzado una característica que aún le faltaba a su librería online. Se trata de la posibilidad de que los usuarios puedan disfrutar de sus libros preferidos en cualquier lugar, sin preocuparse por la conexión a Internet. Google ha lanzado la posibilidad de disfrutar de los libros en el modo sin conexión.

     Para empezar a disfrutar del modo sin conexión de Google Libros tan solo es necesario instalar la aplicación desde la tienda de Chrome. Una vez instalada, los usuarios deben acceder al libro en cuestión y hacer clic en el icono ‘i’, que aparece en la esquina superior izquierda, asegura Google en la página de soporte de Google Libros.

     En el icono ‘i’ aparece información sobre el libro -reseñas, libros relacionados, etc.- y en azul, aparece la opción ‘Disponible sin conexión’. Al hacer clic en ella, el libro comienza a descargarse y una vez completada la descarga, los usuarios podrán disfrutar de él en cualquier lugar y momento aunque no tenga conexión a Internet. Google Libros mostrará el estado de la conexión en la parte superior de la página.

     El modo sin conexión de Google Libros ofrece una nueva ventaja a los usuarios para disfrutar de sus libros preferidos en cualquier lugar, sin preocuparse por la conexión a Internet. Además, con esta nueva característica se sitúa más cerca de sus competidores, que ya cuentan con ella.

     Sin embargo, por el momento, el modo ‘offline’ cuenta con una serie de limitaciones. Al trabajar con el modo sin conexión los usuarios no podrán realizar notas, ni realizar búsquedas en Wikipedia o Google, así como utilizar el traductor de Google, habilitado en la versión en línea.

     Por su parte, el equipo de Google asegura estar trabajando para solucionar este problema. “Nuestros ingenieros son conscientes de este problema y estamos trabajando para solucionarlo”.

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     La noticia en iblnews. agencias 26/12/2011

     La compañía Apple está trabajando en una nueva batería alimentada con células combustibles de hidrógeno. De esta manera, los dispositivos -tanto ’smartphones’ como ‘tablets’ y ordenadores portátiles- dejarían de utilizar las baterías que existen en la actualidad para dar paso a otras más ligeras y que además pueden durar semanas sin necesidad de recarga.

     Una de las últimas patentes que se han conocido está relacionada con un nuevo concepto de batería, tanto para ordenadores como para dispositivos móviles. Esta patente revela que las nuevas baterías estarían compuestas por células combustibles de hidrógeno, capaces de convertir el hidrógeno y el oxígeno en agua y energía eléctrica.

     De esta manera, la capacidad de la batería sería mucho mayor, de forma que duraría semanas, y no sería perjudicial para el medioambiente. Además, según señala Apple en su patente, estas células al ser minúsculas pueden hacer que las baterías de los dispositivos sean más pequeñas y ligeras.

     Esta nueva patente de la compañía de Cupertino se une a los trabajos anteriores que Apple ha estado realizando, también relacionados con la mejora de las baterías de sus dispositivos.

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     Hacienda y Administraciones Públicas
 
     INFORME SOBRE EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
     El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Publicas sobre la situación del sector publico empresarial en España.
     La evolución de las cuentas públicas en España refleja el impacto de la crisis económica que afecta de forma generalizada a los países del entorno comunitario, pero que se muestra especialmente profunda en el caso de nuestro país. El estancamiento de la actividad económica, unido a la dificultad para la financiación de la actividad pública, pone de manifiesto la necesidad de racionalizar la dimensión y estructura del sector público empresarial con el fin de garantizar la eficiencia de la actividad pública.
     En este informe se incluyen una serie de medidas tendentes a la reordenación del sector público desde una perspectiva amplia, puesto que no sólo se persigue reducir la dimensión del sector público empresarial, sino controlar su actividad y racionalizar su organización, todo ello en el marco de la necesaria disciplina en la que tiene que desarrollarse la actividad de las Administraciones públicas sin menoscabo de la calidad de los servicios que prestan.
     Las medidas de racionalización, que afectarían al sector público dependiente de la Administración Central, Autonómica y Local se plantean en torno a tres ejes de actuación:
     • Medidas de reducción del gasto público
     • Medidas de control del gasto gestionado por el sector público empresarial
     • Medidas de racionalización en la gestión de la actividad empresarial pública
     El desarrollo y concreción de estas medidas en el ámbito autonómico y local se realizará en el marco de colaboración interadministrativa, instrumentada a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de la Administración Local, respectivamente.
     Medidas de reducción del gasto público
     En este grupo se incluyen medidas que pretenden la reducción del gasto público vinculado al funcionamiento del sector público, a través de la supresión de entidades y del control de los gastos de dirección.

     Propuestas
     • Reducción del sector público empresarial dependiente tanto de la Administración central como Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2010 aprobó un Acuerdo Marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013 en el que las Comunidades se comprometieron a elaborar, en el plazo de tres meses, planes de racionalización y eficiencia del gasto público. En los Planes aprobados hasta el momento está prevista la eliminación, en términos netos, de 514 entidades, si bien, de acuerdo con los datos disponibles, sólo se han suprimido 69, lo que representa un grado de ejecución del 13,4 por 100 de las medidas contempladas en los Planes. En la próxima sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se planteará a las Comunidades Autónomas la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
     • Reducción de los cuadros directivos de las sociedades públicas y limitación del número de miembros de los consejos de administración.
     • Promover la elaboración de un marco común, en cada Administración, que unifique las condiciones de las distintas entidades estableciendo límites a las estructuras directivas, personal, indemnizaciones, gastos de representación, etc. con la finalidad de recortar el gasto público y otorgar la necesaria uniformidad al sector público empresarial.
     Medidas de control del gasto gestionado por el sector público instrumental
     En este grupo se incluyen medidas que pretenden frenar y reconducir la “huida del derecho administrativo” que se ha producido en la gestión de los servicios públicos, en los últimos años.
     Propuestas
     • Reorientar la organización del sector público hacia fórmulas jurídicas sometidas en su gestión al derecho administrativo y control presupuestario, en todas aquellas actividades en las que su naturaleza lo permita sin menoscabo de la necesaria agilidad y eficiencia. Este sometimiento al régimen jurídico-económico público abarcaría aspectos como la aplicación de los procedimientos propios del régimen de contratación de las administraciones públicas, la fiscalización de los actos de contenido económico, el carácter limitativo y vinculante de sus presupuestos y el registro de su actividad con arreglo a los principios y normas propios de la contabilidad pública.
     • Establecimiento de un mecanismo de control/información previo de los gastos gestionados mediante encomiendas de gestión y fórmulas de asociación público-privadas.

     Medidas de normalización de la actividad del sector público instrumental
     En este grupo se incluyen medidas que pretenden organizar y ordenar la regulación y funcionamiento del sector público.
     Propuesta
     • Adopción de medidas para garantizar el suministro de información con periodicidad, mensual o trimestral en función del nivel de cada una de las Administraciones, y contenido necesario para cumplir con las exigencias de la normativa europea y nacional en materia de estabilidad presupuestaria. Todo ello conforme al marco general establecido en la Directiva 2011/85 UE.
     • Desarrollo de una normativa que regule de manera unificada y concreta el régimen presupuestario, contable y de control aplicable a las distintas fórmulas de cooperación interadministrativa, en especial a los consorcios, como principal figura elegida para instrumentar la necesaria colaboración entre administraciones públicas a fin de evitar duplicidades en la prestación de servicios.

     Hacienda y Administraciones Públicas
 
     EL GOBIERNO FIRMEMENTE COMPROMETIDO EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
     • El Consejo de Ministros ha analizado esta mañana las directrices generales que inspirarán el Plan General de Control Tributario para 2012.
     • Además, ha estudiado diversas medidas que se impulsarán a lo largo del ejercicio con la finalidad de estrechar el cerco contra el fraude fiscal.
     El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Publicas sobre la lucha contra el fraude fiscal.
     Las directrices que próximamente se publicarán y que inspirarán el Plan General de Control Tributario para 2012, se estructuran en tres grandes apartados:
     1.Comprobación e investigación del fraude fiscal.
     2.Control de fraude en fase recaudatoria.
     3.Colaboración con las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas.
     En el primer apartado se engloban las actuaciones sobre los sectores o actividades económicas en las que existe una mayor percepción del fraude, actuaciones de fiscalidad internacional, investigación de la economía sumergida y control sobre el comercio exterior y los impuestos especiales.
     En el ámbito de la fiscalidad internacional interesa subrayar, por su carácter novedoso, la explotación de la información proporcionada ex novo por países que han dejado de figurar entre los paraísos fiscales por haber firmado los correspondientes convenios. De extraordinaria relevancia para el ejercicio 2012 es la posibilidad de obtener información de países como Andorra, Panamá, Bahamas o Antillas Holandesas, información de la máxima relevancia en la lucha contra el fraude fiscal.
     En relación con la economía sumergida, las actuaciones se dirigirán a la obtención de pruebas de la realización de actividades económicas ocultas o parcialmente declaradas en determinados sectores productivos. Se reforzarán los mecanismos de colaboración y coordinación con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social y se intensificarán las actuaciones de carácter presencial. Además, se explotará por primera vez la información obtenida de nuevas declaraciones informativas: consumo de energía eléctrica y terminales de tarjetas de crédito.

     En cuanto al control del fraude en fase recaudatoria, se comprueba cómo, a través de diversos mecanismos, en numerosas ocasiones se elude finalmente el pago de la deuda tributaria y aduanera. Por ello, en el presente ejercicio se adelantará la intervención de los órganos de recaudación al momento en que se inicien los procedimientos de gestión tributaria, se impulsará la adopción de medidas cautelares y de derivaciones de responsabilidad. Para detectar la ocultación de bienes o actividades se prevé la colaboración de Vigilancia Aduanera. Asimismo, se potenciará la utilización de las normas antiabuso disponibles, tales como la responsabilidad por ocultación de bienes y por levantamiento del velo y, para los supuestos más graves, la acusación por delito de insolvencia punible.
     En el tercer apartado, se considera imprescindible la colaboración y el intercambio de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatutos de Autonomía para la lucha contra el fraude en los tributos cedidos. Por ello, se va a promover la adopción de acuerdos para el intercambio de aquella información de la que disponen ambas Administraciones por el ejercicio de las competencias que constitucionalmente tienen atribuida y que resulta trascendente en el ámbito tributario y de utilidad para los dos niveles de administración. En 2012 también se avanzará en el establecimiento de cauces permanentes de intercambio de información tributaria entre el Estado y las Haciendas Forales.
     Además, el Gobierno ha analizado diversas medidas que serán objeto de estudio, modificaciones normativas o adaptaciones operativas a lo largo de 2012. Entre ellas se incluyen actuaciones dirigidas a fomentar el cumplimiento voluntario y la prevención del fraude, en cuanto permitirán liberar recursos para dedicarlos a las labores de lucha contra las formas de fraude más complejas o sofisticadas:
     • Autoregularización voluntaria.
     • Autocorrección de incidencias censales.
     • Ampliación del ámbito del borrador del IRPF
     • Potenciación de la Administración electrónica.
     • Foros empresa - Administración.
     • Obtención on line de información tributaria personalizada.
     • Formulación de consultas a la Administración sobre el tratamiento tributario de operaciones de especial complejidad o importancia económica
     También en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal, se estudiará la posibilidad de establecer algún tipo de limitación al uso de efectivo en determinadas transacciones económicas, medidas tendentes a limitar el uso abusivo de determinados aspectos de la normativa del Impuesto sobre Sociedades y actuaciones de lucha contra las manifestaciones más graves de fraude fiscal (delitos contra la Hacienda Pública). Asimismo, en el ámbito internacional, considerando prioritarias las actuaciones que contribuyan al cerco y erradicación de los paraísos fiscales, se van a firmar nuevos Acuerdos de Intercambio de Información e incluir cláusulas en este sentido en los Convenios de Doble Imposición, se apoyarán los trabajos que el Foro Global está realizando por encargo del G-20 y España será parte muy activa del Foro para el Intercambio de Buenas Prácticas entre las Administraciones Tributarias.
     Finalmente, y con el propósito de consolidar un sistema de reacción frente a los fraudes en la acción de cobro, se estudiará la modificación de la normativa vigente con el fin de introducir mejoras en la exigencia de responsabilidades tributarias, en la adopción de medidas cautelares y en el sistema sancionador.

    Web de La Moncloa

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Hacienda y Administraciones Públicas
 

    Secretario General Técnico.-

    D. DAVID MELLADO RAMIREZ

    Nacido en Valencia, casado, con 3 hijos, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y graduado por Leiden Univesity. Pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado.

    Después de haber ejercido como Letrado de la Generalitat Valenciana, ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en el año 2002. Ha estado destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en la Secretaría de Estado de Economía. Desde el año 2009 desempeñaba sus funciones en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

     Inspectora General.-

     Dª ANGELINA TRIGO PORTELA.

     Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Auditora de Cuentas y Master en Defensa Nacional por la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y tiene el Diploma de Inspectora de los Servicios del Ministerio  de Economía y Hacienda

     Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda, representando al Departamento en diversos Comités de Finanzas de Organismos Internacionales. Ostentó el cargo de Inspectora General del Ministerio de Economía y Hacienda desde septiembre de 1998 hasta mayo de 2000 y el de Inspectora General del Ministerio de Hacienda desde mayo de 2000 hasta abril de 2004, ejerciendo idénticas funciones en el Ministerio de Economía. Desde abril de 2004 hasta la fecha ha venido desempeñando el puesto de Inspectora de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda.

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     El Consejo de Ministros analizará un informe sobre el estado del crédito y la reforma del mercado financiero
     Paloma Cervilla / Maribel Núñez / Madrid 05/01/2012 La noticia en ABC
     El Gobierno de Mariano Rajoy dará hoy un paso más en su objetivo de luchar contra la crisis económica, a través de la aplicación de duras medidas que vayan encaminadas a la reducción del déficit público y del gasto en las Administraciones central, autonómica y local. Una semana después de anunciar una subida de impuestos, al detectar que el déficit público se puede disparar por encima del 8%, el Ejecutivo presentará hoy tres informes sobre las iniciativas que cree que se deben adoptar en otros tantos sectores y que serán la antesala de la acción de Gobierno a corto y medio plazo.
     Sobre la mesa del Consejo de Ministros se analizará un plan de lucha contra el fraude fiscal, que recoge las medidas que el Gobierno considera necesario aplicar para atajarlo. El segundo informe se refiere a la situación del sector público y las propuestas para su racionalización. Finalmente, el Ejecutivo abordará el estado de situación del mercado crediticio y la reestructuración del sistema financiero, teniendo en cuenta los riesgos del sector inmobiliario, según han confirmado a ABC fuentes gubernamentales.
     Plantilla de inspectores
     Las propuestas para atajar el fraude fiscal se pueden concretar en un mantenimiento de la plantilla de inspectores, facilitando que las plazas que quedan vacantes sean cubiertas, entre otras que se conocerán hoy. Ya advirtió la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 30 de diciembre, que la tasa de reposición cero que se aplicará al conjunto de los trabajadores de la Administración Pública no afectará a este colectivo, que será del 10%. Con ello, dejaba abierta la puerta a que el cuerpo de inspectores no vea disminuida su estructura actual.
     Esta propuesta está recogida en el Real Decreto de medidas urgentes para luchar contra el déficit, al señalar que la limitación en la cobertura de plazas no afectará «en las Administraciones Públicas a los Cuerpos responsables del control y lucha contra el fraude fiscal y laboral». El segundo plan se refiere a la reducción del sector público y forma parte de la tercera fase de la política de austeridad que quiere imponer el PP como adelantó ABC en el pasado día 2.
     El sector público siempre ha estado en el punto del mira del presidente del Gobierno, que en varias ocasiones ha reiterado su intención de reducirlo a la mitad. De los datos que ha recibido del Gobierno socialista en el proceso de traspaso de poderes, los populares han conocido el número exacto de entes públicos de las tres Administraciones, y que se cifra en 4.213, de los que 507 son estatales. La mayoría de estas empresas se encuendran en las áreas de Fomento, Vivienda e Infraestructuras. Uno de los objetivos del Gobierno es poder conocer toda la información sobre los blindajes millonarios que podrían tener los responsables de estas empresas, en la que trabajan 175.000 empleados. Un colectivo que escapa del control del Parlamento y que ha conseguido su puesto de trabajo sin pasar por un concurso público de méritos.
     Sector financiero
     Y, por último, aunque no en orden de importancia, el consejo de ministros empezará a analizar la situación del sector financiero. La cuestión es que los bancos y cajas de nuestro país necesitan hacer una reestructuración en un plazo máximo de seis meses que pase necesariamente por la provisión de capital extra equivalente a parte de la valoración de sus activos en el «ladrillo» que tienen en sus balances. El Gobierno confirmó ayer una información adelantada por ABC en diciembre que señalaba que la banca española podría necesitar hasta 50.000 millones de euros extra para sanear sus balances.
     Todo apunta además que la reforma de este sector pasa por sanear parte de los 176.000 millones de euros de activos «tóxicos» que tienen las entidades en el sector inmobiliario, tanto en créditos a la promoción, hipotecas como activos adjudicados o fallidos.
     Una de las opciones por las que han optado otros países también afectados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Europa, un «banco malo», ha sido rechazado ya por Mariano Rajoy con el argumento de que hay otras opciones que, en cualquier caso, pasarán por la búsqueda de más capital, ya sea privado o público.

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     Guindos sostiene que las dificultades de liquidez son una oportunidad para apretar las tuercas a las autonomías. -El ministro calcula que los bancos necesitan 50.000 millones más en provisiones
     M. J. | Madrid  04/01/2012 La noticia en El País
     El Gobierno de Mariano Rajoy planea aprovechar las dificultades de liquidez que tienen las comunidades autónomas para dar una vuelta de tuerca al control financiero de las mismas. En marzo, el Gobierno planea aprobar una ley por la que se exija el control previo por parte del Gobierno central de los Presupuestos de las comunidades autónomas, según ha revelado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista al Financial Times.
     Una ley “establecerá estrictos instrumentos de control sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas” en marzo, ha señalado De Guindos. “Habrá un control previo. Antes de aprobar el presupuesto, [las comunidades] necesitarán la luz verde del Gobierno central”, ha añadido.
     El Gobierno de Rajoy ve las dificultades de liquidez que atraviesan las comunidades como una oportunidad inmejorable. “Las dificultades de liquidez son realmente una oportunidad para imponer duras condiciones y medidas en términos de frenar el déficit de las comunidades autónomas”, ha señalado De Guindos al Financial Times.
     El control previo de los presupuestos autonómicos por parte del Gobierno central es una especie de traslación a escala nacional de las medidas de gobernanza económica establecidas por los países de la Unión Europea.
     Esa medida de actuación directa sobre las finanzas autonómicas, sin embargo, puede despertar recelos en algunas comunidades y, en particular, en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha estado usando como argumento para justificar los recortes su voluntad de evitar que el estado intervenga Cataluña y se inmiscuya en las finanzas de la comunidad.
     La declaración del ministro de Economía sobre los planes del Gobierno se produce al día siguiente de conocerse que el Gobierno central ha tenido que salir al rescate de la Comunidad Valenciana y brindarle su apoyo para que lograra hacer frente al vencimiento de un préstamo en cuyo pago se había retrasado.
     En relación con la reforma financiera, De Guindos descarta la opción del banco malo que agrupe los activos tóxicos. En su lugar, lo que quiere es que los bancos doten provisiones para acercar el valor contable de esos activos al valor real. El ministro de Economía calcula que hace falta un saneamiento extra de unos 50.000 millones.
     En cuanto al paro, el ministro de Economía destaca en su entrevista que “En España, la caída del PIB durante la crisis era normal, pero ningún otro país, ni siquiera los rescatados, sufrió un deterioro tan fuerte del mercado laboral”, dijo el señor de Guindos. “Sí, tiene mucho que ver con la construcción, donde el ajuste ya ha ocurrido, pero también con la capacidad de las empresas para adaptarse a las condiciones”.
     De Guindos espera que las reformas y las medidas de austeridad sirvan para aumentar la confianza de España en los mercados. “No podemos darnos el lujo de ir al mercado y decir que España no va a tener una campaña ortodoxa en términos de políticas fiscales y en materia de reformas. Esto es algo que sería muy perjudicial para la percepción de la economía española y muy perjudicial para la moneda única”.

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     Montoro convocará en breve el Consejo de Política Fiscal y Financiera
     Fernando Garea Madrid 4 enero 2012 - La noticia en El País
     El Consejo de Ministros de este jueves, el tercero que preside Mariano Rajoy, iniciará el estudio de la futura reducción de la Administración pública. Para eso, el ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, presentará un informe que servirá de base para la poda de la Administración. Se basa en un documento elaborado por la Intervención General del Estado que cifraba en más de 4.000 el número de organismos, agencias y empresas públicas del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
     Dentro del plan de reducción drástica del gasto público, el Gobierno pretende reducir en un elevado porcentaje esos organismos. La mayoría pertenecen a las administraciones autonómica y local, y por eso es preciso que se haga mediante acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que Montoro pretende convocar en breve.
     En la reunión del Consejo de Ministros no se tomará aún una decisión, sino que se estudiará cuáles son los organismos que podrían ser eliminados, el ahorro que supondrán y el número de puestos de trabajo que se perderían.
     Este índice fue analizado este miércoles en la primera reunión de secretarios de Estado y subsecretarios que se celebró en La Moncloa, presidida por la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría.
     La número dos del Gobierno transmitió a los responsables de los segundos escalones de los ministerios la necesidad de aplicar a rajatabla la política de austeridad, así como coordinar las actuaciones de cada departamento.

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     4 Enero, 2012 - La noticia en equipo@idealista
     Luis de Guindos, ministro de economía, quiere que el ajuste de inmuebles de la banca se inicie este mes. Asegura que las medidas concretas para el sector financiero se conocerán “en las próximas semanas”, ya que la solución de la crisis del sector es una de las prioridades para rebajar el coste de la deuda estatal. Una vez ajustado el valor de los inmuebles, llegará el momento de las fusiones
     Las entidades financieras que no puedan sanear sus balances de activos tóxicos ni tampoco puedan recapitalizarse, se verán abocadas a fusionarse. El gobierno quiere que la banca actualice las tasaciones de sus inmuebles (un total de 70.000 millones de euros) y aplicarles un descuento medio del 20%, según el tipo de activo. Ante las posibles pérdidas que podrían registran los bancos, el ejecutivo estudia no exigir la actualización de las tasaciones pero sí un descuento mayor en el valor de los activos. Este ajuste debería ser impuesto por el banco de España y después vendrían las fusiones. Se calcula que a través de las fusiones el sector tiene una capacidad de saneamiento de 30.000 millones por ajustes contables. Sin embargo, el gobierno contempla la necesidad de dinero público para completar la limpieza del sector financiero. Y para ello habrá que pensar en la creación de un “banco malo” o un vehículo para dar salida a los activos inmobiliarios tóxicos

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     Iniciativa en el Congreso
     Este año se beneficiará de la ayuda al haber logrado grupo parlamentario
     Va a percibir casi 1,4 millones de euros de subvención por ‘mailing electoral’
     La formación de Rosa Díez considera la medida ‘discriminatoria’
     Cree que favorece la creación de grupos parlamentarios ‘espurios’
     Europa Press | Madrid 04/01/2012 La noticia en El Mundo
     Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una iniciativa para eliminar la subvención por el envío postal de propaganda electoral, una ayuda de la que la formación que lidera Rosa Díez va a beneficiarse por primera vez este año al haber logrado grupo parlamentario propio en la Cámara Baja.
     El responsable de Programa y Acción Política de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha explicado que su formación solicita la supresión de esa subvención por considerarla discriminatoria, ya que sólo se concede a los partidos que tienen grupo parlamentario.
     No obstante, ha admitido que la cobrarán, porque no pueden renunciar a ella mientras no se cambie la ley. De momento, tampoco se han planteado destinar este dinero a un fin ajeno al partido, algo que sí va a hacer su diputado por Valencia, Toni Cantó, con las dietas de alojamiento que le corresponden por ser parlamentario de una circunscripción distinta a Madrid.
     Dado que Cantó tiene casa en la comunidad madrileña ha decidido donar el equivalente a los algo más de 1.800 euros mensuales que recibirá por ese concepto a la Casa de la Caridad de Valencia.
     1,4 millones de euros
     En concreto, UPyD va a percibir casi 1,4 millones de euros de subvención por ‘mailing electoral’ correspondiente a la campaña de las generales del pasado 20 de noviembre. El Estado paga 22 céntimos por cada elector en las circunscripciones en las que se ha presentado lista, siempre que la candidatura de referencia obtenga el número de diputados, senadores o votos precisos para tener grupo parlamentario propio.
     La formación que lidera Rosa Díez logró representación en Madrid -donde había censados 4,4 millones de personas- y Valencia -con casi dos millones de electores- y, gracias a su alianza con el diputado de Foro Asturias, pudo constituir su propio grupo parlamentario en el Congreso. Todo ello le da derecho a una ayuda de 1,4 millones de euros.
     Precisamente por acceder a esta subvención electoral del ‘mailing’, Esquerra Republicana se inscribió en el grupo que han formado IU, ICV, y CHA, una operación que le costó quedarse sin intervenir en el Debate de Investidura de Mariano Rajoy porque no pudo abandonar a tiempo su grupo de acogida y pasarse al Mixto, donde va a estar el resto de la legislatura.
     Lo que plantea UPyD es que, tal y como está redactado, el artículo 175.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que prevé estas subvenciones es discriminatorio, porque sólo las contempla para las formaciones que logran grupo propio.
     Trabas a la entrada de nuevos partidos
     Según esta formación, con esta condición se penaliza a los partidos que no tienen grupo “dificultando considerablemente su conocimiento por los ciudadanos”, mientras que se prima a los que sí lo poseen y se ponen trabas a la entrada de nuevas formaciones políticas en la Cortes.
     Además, UPyD admite que esta circunstancia “favorece la formación de grupos parlamentarios espurios, desligados de la función de representar a los ciudadanos y con la función exclusiva de permitir el cobro de la subvención por ‘mailing’ a los partidos que lo formen”.
     El partido de Rosa Díez apunta en su proposición no de ley que esta discriminación podría solventarse ampliando las subvenciones a todos los partidos que concurran a las elecciones, pero rechaza esta opción porque tendría “un alto coste” para las arcas públicas, llenaría los buzones de los electores de publicidad en papel no solicitada y no sería respetuosa con el medio ambiente.
     En su lugar, propone que se prohíban, para que todos los partidos concurran en las mismas condiciones y que se tomen las medidas adecuadas para que las papeletas de todas las formaciones políticas estén presentes en los colegios electorales “en condiciones de igual visibilidad, disponibilidad y secreto del voto”.

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