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Una VPO de 90 metros en Valencia es 100.000 euros más cara que en Madrid

El Consell ha subido varias veces el precio de la vivienda de protección en diez años para «incentivar» a los promotores
Laura Ballester valencia – La noticia en Levante-EMV.com
Una vivienda de protección oficial (VPO) de 90 metros cuadrados con garaje y trastero vinculados cuesta 100.000 euros más en Valencia que en Madrid. Si en la capital de España un piso de 90 m2 de protección oficial con garaje y trastero se vende por 81.196 euros, las mismas prestaciones en la Comunitat Valenciana se dispara a 182.693,16 euros. Es una situación del mundo al revés ya que, durante años, la capital de España siempre ha sido una de las ciudades con la vivienda más cara frente al «cap i casal» que alardeaba de viviendas baratas. Pero la política de vivienda aplicada en la última década desde la Generalitat ha trastocado esta tendencia.

Las cifras de precios las facilita el comité de empresa del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) quien denuncia que «la Generalitat debería pensar en los ciudadanos en lugar de en los promotores y bancos, como lleva haciendo desde el año 2004». Porque, recuerdan, «fue la Generalitat, mediante el Plan de Vivienda 2002-2005 quien decidió inventar un nuevo tipo de acceso a la VPO: la denominada vivienda protegido a precio convenido».

Primera subida en 2003
El primer aumento de precios se produjo en 2003, cuando Rafael Blasco dirigía la Conselleria de Territorio y Vivienda, y solicitó el encarecimiento al Ministerio de Fomento, dirigido por Francisco ́lvarez Cascos, que dio visto el bueno. La excusa era «incentivar a los promotores ante la nula disposición a participar en la construcción de viviendas protegidas». Y se decidió declarar las capitales de provincia como «municipios singulares» lo que derivó en aumentos de precios de las VPO de un 20 % en Valencia y un 10 % en Alicante y Castelló.
Desde Territorio se justificaba que la subida de tarifas iba acompañada del aumento del volumen de las ayudas económicas. Pero sólo sería el primero de varios encarecimientos. En 2004 se aprobó un nuevo decreto para subir precios y «fomentar la construcción de viviendas». En 2007 un nuevo pacto entre los promotores y la Generalitat elevó el precio máximo de la VPO a 1.164 euros el metro cuadrado para todas las poblaciones de la Comunitat Valenciana, excepto las capitales de provincias donde el precio máximo se elevaba a 1.800 euros el metro cuadrado. Hasta 2007 el precio de la VPO se calculaba en función de las cuatro zonas en las que se dividía la Comunitat Valenciana (A, B, C, y D) y en las que se clasificaban las poblaciones en función de los habitantes y se les aplicaba un precio determinado. En 2007, Levante-EMV ya advirtió de situaciones curiosas como Ontinyent, la ciudad con la vivienda libre más barata de España (836 euros el metro cuadrado) durante 2006 y donde la VPO podría ser más cara (1.164 euros el metro cuadrado) que las casas de renta libre.

Medidas especiales
Estos incrementos se aprobaron en plena época del desarrollismo, pero ahora, con la crisis, «el momento histórico especial en el que nos encontramos requiere medidas especiales. El momento ha llegado y las medidas son necesarias y urgentes, además de obvias: bajar el precio de venta y de alquiler de la vivienda protegida», reivindican desde el comité de empresa del Ivvsa. «Es el momento de apretarse el cinturón y de que la Generalitat elimine esa ficticia protección sobre las viviendas a precio concertado, ya que su precio excede con creces el de la vivienda libre. Y, evidentemente, es momento para que el módulo de venta de la vivienda protegida de régimen especial disminuya al máximo posible: el precio de venta de una VPO en Valencia ciudad no puede ni debe exceder de los 81.196,96 euros de Madrid o, como mucho, 84.000 euros, si quieren incluir un beneficio extra», sentencian.

«En lugar de desarmar el Ivvsa, deberían apostar por la VPO»
La Generalitat comunicó el viernes pasado al comité de empresa del Ivvsa el inicio del expediente de regulación de empleo. «Si en lugar de adelgazar la plantilla y dejar de lado determinadas líneas de trabajo y de ayudas para los ciudadanos, si en lugar de centrar el esfuerzo en liquidar la empresa pública y prescindir del personal, ajustara los precios de venta y alquiler de la VPO, pondrían en práctica una real y correcta política pública de vivienda y no lo que se ha venido haciendo en los últimos años», denuncian desde el comité de empresa del Ivvsa. Además, en un momento de crisis como el actual, «con un alto número de familias que han sufrido ejecuciones hipotecarias ha llegado el momento de que el Ivvsa deje de limitarse a la gestión de las existencias del parque público actual (unos 16.000 inmuebles, aproximadamente) y pase a desarrollar una política activa de creación de nuevas viviendas destinadas familias con altas posibilidades de exclusión social, que es el más desfavorecido», añaden. L. B. valencia


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