UGT critica la sentencia del TJUE sobre el complemento de pensiones por brecha de género y exige una reunión urgente con el Gobierno

Fecha: 15 May 2025

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) manifiesta su profunda preocupación por la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en los asuntos acumulados C?623/23 y C?626/23. El TJUE considera que el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2021, incurre en una discriminación directa por razón de sexo al exigir a los hombres requisitos adicionales para acceder al complemento de pensión por brecha de género, mientras que reconoce este complemento automáticamente a las mujeres que hayan tenido hijos. A juicio del Tribunal , no basta con justificar la diferencia normativa por la existencia de una discriminación estructural contra las mujeres si la medida no se vincula directamente a una situación de desventaja individual y concreta.  

El sindicato considera que esta interpretación ignora el objetivo real del complemento: reducir la brecha de género en las pensiones derivada de una desigualdad estructural y no puntual. Desde UGT queremos recordar que este complemento fue pactado en el marco del diálogo social – con la suscripción por parte tanto de las organizaciones patronales, sindicatos y gobierno- y convalidado en el Parlamento español al ratificar el  mencionado Real Decreto-ley 3/2021 con el objetivo de reparar una desigualdad estructural: la que padecen las mujeres en su vida laboral y que se traduce en pensiones más bajas como resultado de carreras profesionales más cortas, su dedicación desproporcionada a los cuidados, y salarios más reducidos.

Los datos son elocuentes:

• En abril de 2025, la pensión media de los hombres ascendía a 1.568,33 euros, frente a 1.076,53 euros en el caso de las mujeres.
• Aunque la reducción de jornada es un derecho individual, el 83,5 % de quienes lo solicitan por guarda legal son mujeres, lo que evidencia el desigual reparto de las responsabilidades familiares.
• El 73,6 % de las personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres (2.252.600 frente a 806.400 hombres), lo que impacta directamente en sus bases de cotización y, por tanto, en sus pensiones futuras.

 A la luz de estos datos, los requisitos exigidos a los hombres —como haber interrumpido su carrera profesional por la crianza o haber sufrido una pérdida significativa de cotización tras el nacimiento de sus hijos— no son una discriminación, sino un instrumento lógico y proporcionado para garantizar que el complemento cumpla su función correctora de una desigualdad real y persistente. 

La sentencia del TJUE plantea serios riesgos:

1. Un aumento del gasto público en pensiones, al extender la percepción del complemento de forma universal y sin criterios correctores.
2. La desnaturalización del complemento de brecha de género, al eliminar el enfoque de acción positiva dirigido a compensar los efectos de la discriminación estructural que sufren las mujeres en el mercado laboral y en la protección social.

De prosperar el criterio del TJUE sin matices, no solo se pondría en peligro el equilibrio financiero del sistema, sino que se vaciaría de contenido el objetivo por el cual este complemento fue creado: reducir la brecha de género en las pensiones. Esto supondría un grave retroceso en los compromisos adquiridos en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Por todo ello, desde UGT reclamamos con carácter urgente una reunión con la Ministra de Igualdad y la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para evaluar el impacto de esta sentencia y acordar una respuesta conjunta que garantice el mantenimiento de las políticas de acción positiva necesarias para la igualdad real.

Finalmente, UGT considera imprescindible abrir un debate a nivel europeo sobre la adecuación de la Directiva 79/7/CEE de 1978 a las necesidades actuales. Una normativa que impide distinguir entre igualdad formal y desigualdad estructural no puede ser un obstáculo para implementar medidas que corrijan las discriminaciones reales que siguen afectando a millones de mujeres en Europa. 

Porque sin justicia social, no hay igualdad. Sin igualdad, no hay democracia.

UGT – COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

14 mayo, 2025  USO

• La inflación subyacente ha vuelto a superar al índice general, con un 2,4 % frente al 2,2 %
• Alimentos básicos, como lácteos u hortalizas, se encarecieron en el último mes
• Los precios de la alimentación han subido un 32 % en los últimos cuatro años

El IPC anual bajó muy ligeramente en abril, hasta el 2,2 %, aunque volvió a subir con fuerza la inflación subyacente, que está de nuevo por encima del índice general: 2,4 %.

Lo que preocupa en USO es, sobre todo, la clase de productos que están subiendo. “Mirando el detalle mensual, nos encontramos con que, de nuevo, alimentos básicos están encareciéndose, como los lácteos, las legumbres y las hortalizas. Pero también, muy por encima de la media, vestido, calzado o transporte. En un solo mes”, advierte Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO.

La alimentación sigue siendo el epicentro de las subidas de precios, con un 32 % acumulado desde 2021, el grupo más inflacionario. Aunque, en el último año, lo que más ha subido es la vivienda, entendida según el IPC como los suministros básicos, en un 4,2 %.

“Seguimos viendo cómo los salarios dejan de perder valor mes a mes. La subida media de los convenios se ha recuperado ligeramente, hasta el 3,35 %, pero vemos cómo esa revalorización se diluye frente a los productos más básicos”, señala García.

La secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO clama por “una subida salarial potente, que recupere en los próximos dos o tres años el nivel de compra perdido. A partir de ahí, USO es firme en su defensa de que debemos recuperar la cláusula de revisión salarial ligada al IPC. Pero reiteramos, con una subida previa que recupere los salarios. De nada nos sirve que ahora se diga que los salarios suben algo más que el IPC; desde 2008, hemos perdido 10 puntos de poder adquisitivo que hay que recuperar antes de pensar en ligar los salarios a nuevas subidas de precios”.

4 Mayo 2025

Esta tendencia, podría verse alterada a partir del mes de julio debido al impacto de los cambios en el IVA de la electricidad y la evolución del precio de las materias primas en los mercados internacionales.

CEOE prevé que la inflación mantenga su tendencia a la moderación durante los próximos meses en línea con los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística.

El IPC del mes de abril se desaceleró una décima con respecto a marzo, hasta el 2,2% interanual, por la caída del precio de los productos energéticos (electricidad y carburantes) que descienden más de cuatro puntos con respecto al mes anterior. Así, los precios se sitúan en su nivel más bajo desde octubre de 2024.

No obstante, dicha tendencia, podría verse alterada a partir del mes de julio debido al impacto de los cambios en el IVA de la electricidad y la evolución del precio de las materias primas en los mercados internacionales, sometidos a una elevada incertidumbre por la aplicación de nuevos aranceles y el efecto de los conflictos bélicos que permanecen activos.    

La inflación subyacente, por su parte, registró un aumento de cuatro décimas con respecto al mes anterior, alcanzando el 2,4% y rompiendo así con la tendencia bajista de los tres últimos meses. Dicho incremento se debe al incremento de los precios de los servicios, un 3,9%. Turismo, hostelería y transporte son los grupos que empujaron al alza los precios, principalmente por el efecto Semana Santa. 

En la Unión Monetaria la inflación se ha mantenido en también el 2,2%, por lo que el diferencial entre España y los 27 continúa siendo nulo por segundo mes consecutivo.

Análisis desagregado

Los precios de los productos energéticos se han contraído de forma notable en el último mes, pasando del 2,0% de marzo hasta el -2,2% de abril. Es decir, más de cuatro puntos. Esta caída se atribuye, fundamentalmente, a la caída del 10,8% del precio de carburantes y combustibles, en línea con la evolución del precio del petróleo que continuó reduciéndose por las tensiones arancelarias y ante las perspectivas de menor crecimiento de la economía mundial. 

Cabe señalar que el precio del crudo de Brent se situó en 68,1 dólares por barril, un 6,3% menos que en marzo y un 24,2% menor que un año atrás. Descensos que, en euros, se elevaron hasta el 9,7% y el 27,5% respectivamente por la fortaleza de la moneda europea. A este respecto, aunque en mayo se mantiene la tendencia a la baja se percibe una cierta reversión tras el anuncio de tregua arancelaria.

A la caída del precio de carburantes y lubricantes, se añade que se anula el efecto de la recuperación del IVA normal de la electricidad (en el 21% entre marzo y junio de 2024), que presenta un aumento de precios del 10,6% frente al 28,1% del mes de febrero.

Con respecto al precio de los alimentos sin elaborar, registraron un descenso de 0,5 puntos porcentuales, hasta el 6,0%. A impuestos constantes la variación habría sido del 4,3%

En cuanto a la inflación subyacente, los precios de los servicios -que continúan siendo el componente con mayor aumento de precios- incrementan su tasa nueve décimas, hasta el 3,9%.

Los bienes industriales sin productos energéticos mantienen su tasa de variación en el 0,5%, mientras que los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco la reducen tres décimas hasta el 0,7%.  

jueves, 15 de mayo de 2025

La presidenta del TSJCyL recuerda la necesidad de crear nuevos órganos judiciales durante la presentación de la Memoria Judicial de 2024. Del Ser cree que la implantación de la Ley de Eficiencia es el principal reto al que se enfrentan los jueces de la comunidad

.Autor Comunicación Poder Judicial

Burgos, 15 de mayo de 2025.- 

La presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, ha presentado este jueves en el Palacio de Justicia de Burgos la memoria judicial correspondiente al año 2024. Los datos expuestos por la magistrada reflejan un significativo aumento respecto al año anterior, tanto en el número de asuntos ingresados como en el nivel de resolución.

Si el número de asuntos registrados en todos los órganos judiciales de Castilla y León durante 2023 ascendió a 296.927 asuntos, durante el año pasado el registro global fue 351.308 asuntos, lo que constituye un relevante incremento. En concreto, 54.381 asuntos más.

Dicho ascenso se ha producido en todos los órdenes jurisdiccionales: Civil (26,7% más), Penal (10,3% más), Social (22,7% más) y Contencioso-Administrativo (3,6% más). Esto supone un 18,3% más de asuntos ingresados en el total de jurisdicciones.

El nivel de resolución también ha experimentado un ascenso. Durante 2023, los juzgados y tribunales de Castilla y León resolvieron 264.516 asuntos, en tanto que en el año 2024 resolvieron 333.736. Esto es, 69.220 más que el año anterior.

Del Ser ha señalado que “es evidente que todos estos datos reflejan un ascenso significativo en cuanto al número de asuntos ingresados y un aumento considerable igualmente del número de asuntos resueltos. La capacidad de respuesta por lo que a asuntos resueltos y resoluciones de los jueces y magistrados se refiere denota un gran esfuerzo y una dedicación encomiable”.

Necesidades judiciales

A la vista de los datos reflejados en la memoria, la presidenta del TSJCyL ha recordado que resulta necesaria la creación de una serie de plazas judiciales, algunas ya solicitadas en anteriores informes, de acuerdo con el criterio de la Sala de Gobierno para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en Castilla y León. En concreto, las siguientes:

– Audiencias Provinciales: una plaza de magistrado en la AP de Salamanca, una plaza de magistrado en la AP de Soria, una plaza de magistrado en la AP de Burgos (Sección Penal), y una plaza de magistrado en la AP de Valladolid (Sección Penal).

– Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: uno en los partidos judiciales de Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Palencia, Soria y Zamora; y dos en Ávila.

– Juzgados de Primera Instancia: uno en los partidos judiciales de León, Salamanca y Valladolid.

–  Juzgados de lo Penal: uno en los partidos judiciales de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Valladolid.

– Juzgados de Violencia sobre la Mujer: uno en los partidos judiciales de Segovia, Zamora y Valladolid.

– Un Juzgado de Familia en Valladolid.

– Un Juzgado de Menores en Valladolid.

– Un Juzgado de Instrucción en León y otro en Valladolid.

– Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Ponferrada.

– Un Juzgado de lo Social en Burgos y dos en Valladolid.

– Un Juzgado de lo Mercantil en León y otro en Valladolid.

– Un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Soria.

Tribunales de Instancia

La presidenta del TSJCyL ha destacado el que el reto más inmediato al se enfrenta es la implementación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia.

“Se está trabajando, en coordinación con el CGPJ, en el control del número de asuntos de las Secciones, Unidades Judiciales y Juzgados de Violencia sobre la Mujer con ocasión de la nueva atribución competencial que realiza la Ley Orgánica 1/2025, en materia de violencia sexual”, ha señalado.

En concreto, Del Ser ha anunciado que “se ha solicitado, y hasta el momento se ha recogido la petición por el Ministerio de Justicia con el informe favorable del CGPJ, la creación de la Plaza número 1 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de León, y la creación de la Plaza número 2 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valladolid”.

“Además, se ha informado favorablemente la propuesta de extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valladolid y del Tribunal de Instancia de León”, ha avanzado.

Violencia de género y sexual

La presidenta del alto tribunal autonómico se ha mostrado interesada en impulsar proyectos para la lucha contra la violencia de género y sexual mediante “la coordinación con la administración autonómica para visibilizar recursos de las víctimas como los denominados centros de crisis 24 horas”.

“Debe ponerse de relieve que estos centros existen en cada una de las provincias y es una prioridad que sean conocidos para mejorar la atención a las víctimas de este tipo de delitos”, ha enfatizado.

Por último, Del Ser ha resaltado el trabajo realizado durante el año 2024 de todos los profesionales de la Administración de Justicia, quienes han trabajado “con rigor y seriedad”.

“Quiero reconocer públicamente el esfuerzo de los jueces de Castilla y León, así como de todas las personas que contribuyen día a día al correcto funcionamiento del sistema judicial. Su dedicación representa un verdadero ejemplo de responsabilidad y merece ser destacada”, ha concluido.

12/05/2025  Registradores

Durante el primer trimestre los deudores concursados se incrementaron el 15,1% sobre el trimestre anterior

• Las personas físicas suponen más del 89% de los deudores concursados totales 

12.05.’25.- En el primer trimestre de 2025 el número de deudores concursados se sitúa en los 15.384, lo que supone un incremento del 87,6% respecto al mismo período del año anterior, y un aumento del 15,1% respecto al trimestre anterior. Los concursos de personas jurídicas, empresas, han aumentado un 9,2% respecto al mismo período del año anterior. Los concursos de personas físicas constituyen el 89,2% del total de deudores concursados, con un total de 13.718 procedimientos iniciados.

En cuanto al tipo de concurso, 15.340 procedimientos han sido voluntarios, lo que representa un incremento del 15,2% respecto al cuarto trimestre de 2024. Los concursos consecutivos, por su parte, han disminuido un 25%, con solo 3 casos registrados; y los concursos necesarios han disminuido un 8,9%, contabilizando 41 casos. Según la clase de procedimiento, los concursos sin masa han experimentado un aumento del 15,1%, y suponen un 83,8% del total de concursos, mientras que los procedimientos ordinarios han aumentado un 15,6%, suponiendo sólo un 13,4% del total. Adicionalmente, se registraron 437 aperturas de procedimientos especiales para microempresas, lo que supone un incremento del 11,5% respecto al trimestre anterior.

Deudores concursados según naturaleza jurídica del concursado, tipo de concurso y clase de procedimiento. 1er Trimestre 2025. 

Evolución de la tasa trimestral

A fin de realizar una comparación desestacionalizada y enfocar el análisis en la tendencia de la serie, considérense las tasas de crecimiento trimestrales que se muestran a continuación. El gráfico siguiente muestra la variación del número de deudores concursados entre el primer trimestre y el cuarto trimestre del año anterior a lo largo de los últimos cinco años. En 2025 esta tasa ha sido del 15,1%.

Empresas concursadas por naturaleza jurídica y tramo de volumen de negocio

De los 15.384 procedimientos iniciados en el primer trimestre, 1.666 pertenecen a empresas personas jurídicas (10,8% del total), y 13.718 son personas físicas (89,2% del total); de las cuales 1.686 realizaban alguna actividad empresarial o profesional (10,9% del total, y 12,3% del total de personas físicas respectivamente).

El número de empresas personas jurídicas concursadas aumenta un 9,2% en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado.

Según la forma jurídica, el 92,7% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada (1.545 empresas).

Atendiendo al volumen de negocio, el 48,3% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen (hasta 250.000 euros), y tan sólo el 3,2% supera los 5 millones de euros anuales.

EMPRESAS concursadas por forma social y tramo de volumen de negocio. 1er Trimestre 2025.

 Empresas concursadas por actividad económica y tramo de asalariados

 El 26,3% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio, el 14,4% la Construcción, y el 13,2% las Actividades manufactureras.

 En cuanto al número de asalariados, el 43,8% del total de empresas concursadas tiene menos de dos. Y, entre éstas, el 23% no tiene asalariados.

 EMPRESAS concursadas por tramo de asalariados y actividad económica principal. 1er Trimestre 2025.

Empresas concursadas por antigüedad

El 19,7% del total de empresas concursadas en el primer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años. Por otra parte, el 58,9% tiene ocho o menos años de antigüedad. 

Por sectores, en Hostelería, el 62,3% de las empresas concursadas tiene menos de cuatro años de antigüedad. Por su parte, en Industria y energía, el 35,7% de las concursadas tiene veinte o más años de antigüedad. 

EMPRESAS concursadas por antigüedad y actividad económica principal. 1er Trimestre 2025.  

Resultados por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el primer trimestre de 2025, como en trimestres anteriores, son Cataluña (4.000), Madrid (2.736), Andalucía (2.123) y Comunitat Valenciana (1.855), concentrando en ellas casi siete de cada diez deudores concursados.

Deudores concursados según tipo de concurso y clase de procedimiento. 1er Trimestre 2025.

Ceuta y Melilla son las únicas que presentan decrementos anuales del número de concursados respecto al mismo período del año anterior (-45,5%); mientras que Illes Balears, Navarra, y Castilla y León registran los mayores incrementos anuales (325,9%, 152,7% y 130,7% respectivamente). 

Revisiones y actualizaciones de datos

 Los datos del primer trimestre de 2025 son provisionales y se revisarán cuando se difundan los del mismo periodo del año próximo. Es decir, cuando se publiquen los datos del primer trimestre de 2026, se difundirán los definitivos del mismo trimestre de 2025. Para mantener coherencia en la comparación, los análisis de esta nota de prensa siempre se realizan con datos provisionales de ambos trimestres.

Nota: Las tablas completas, así como el informe metodológico estandarizado y la metodología se pueden descargar en el siguiente enlace del Portal Estadístico Registral en la web del Colegio de Registradores: https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-concursales 

13/05/2025 Ministerio de Justicia

• El proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal asegura la igualdad de oportunidades en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía, amplía la diversidad de perfiles y mejora la formación y transparencia en estos cuerpos
  
  El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que pasa ahora a tramitación parlamentaria. El texto, que incorpora recomendaciones emitidas por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, se consolida como la primera gran revisión estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los últimos 40 años.
  
  Tal y como ha subrayado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en la rueda de prensa, esta reforma representa, en primer lugar, un cambio de modelo en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades y a atraer talento con independencia del origen económico o geográfico, con el fin de que el acceso se produzca exclusivamente por mérito y capacidad, según mandata la Constitución. Para ello, la norma blinda las becas SERÉ, destinadas a aquellas personas que quieran opositar a los principales cuerpos del Poder Judicial y la Administración de Justicia, estableciendo que deberán tener cuantía mínima equivalente al SMI y una duración de hasta cuatro años.
  
  Además, el Proyecto de ley prevé que el Centro de Estudios Jurídicos asuma una nueva función, como red pública de preparación de oposiciones con implantación territorial, lo que contribuirá a una mayor homogeneidad formativa. Y en relación con las pruebas de acceso, introduce un ejercicio práctico escrito, en sustitución de una de las pruebas orales existentes en la actualidad, y las anonimiza para asegurar la igualdad de oportunidades de los candidatos.
  
  En el acceso por el llamado “cuarto turno» (es decir, para juristas de reconocida competencia con más de una década de ejercicio), se antepone el ejercicio de redacción de un dictamen eliminatorio a la fase de valoración de méritos.
  
  Y para la estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos, regula un proceso extraordinario, cumpliendo así con los requerimientos de la Comisión Europea.
  
  Mayor transparencia
  
  En materia de desarrollo profesional, el Proyecto de ley regula el ascenso automático por antigüedad a los cinco años, mejora los procesos de especialización en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer, y elimina la incompatibilidad para los jueces sustitutos y magistrados suplentes mientras no estén en activo.
  
  La reforma también introduce mejoras en materia de integridad y transparencia institucional. Entre otras cuestiones, el CGPJ deberá conceder la compatibilidad para que jueces y magistrados puedan preparar opositores y gestionará un registro público de estos preparadores. Se prohíbe la financiación privada de asociaciones judiciales y se renueva la composición de la Comisión de Ética Judicial, con una representación más equilibrada entre el mundo judicial y académico. Además, se moderniza el proceso de elección de las Salas de Gobierno de los tribunales, facilitando el voto telemático y limitando el voto a una sola candidatura individual por elector.
  
  Según ha destacado el ministro Bolaños, esta norma “acerca el Poder Judicial a la ciudadanía» y permite “incorporar aún más talento, con perfiles diversos, a una Justicia que debe reflejar la pluralidad de la sociedad a la que sirve».

El sindicato reclama priorizar el empleo digno, la reducción del tiempo de trabajo, la justicia fiscal y la cohesión social frente al desequilibrio creciente entre gasto militar y bienestar ciudadano

09 May 2025

Con motivo del Día de Europa, celebrado el 9 de mayo, UGT insta a la Unión Europea a adoptar un enfoque más social que refuerce los derechos laborales, avance en la redistribución equitativa de la riqueza, promueva la reducción del tiempo de trabajo y garantice una protección social sólida. Frente a unas políticas cada vez más centradas en la competitividad, el rearme y los intereses financieros, el sindicato alerta del riesgo de fractura social que alimenta el descontento ciudadano y abre la puerta al auge de posiciones extremistas. Europa necesita recuperar el pulso de su ciudadanía, protegiendo su bienestar y consolidando un modelo justo, inclusivo y sostenible.

Un Escudo Social Europeo para responder a la crisis de vida

La pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de bienes básicos como la energía, la vivienda y la alimentación siguen golpeando a la ciudadanía europea. En este sentido, reclamamos un Escudo Social Europeo estructural que incluya el aumento del salario mínimo, la regulación de precios en sectores clave, la ampliación de los sistemas de protección social ante nuevas formas de empleo, y el reconocimiento del derecho a una vivienda asequible como parte del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Transición digital y ecológica con derechos laborales garantizados

Aunque UGT valora avances como el Reglamento europeo sobre IA, considera insuficientes las garantías actuales para proteger a las personas trabajadoras en la digitalización del empleo. El sindicato exige formación profesional gratuita dentro de la jornada laboral, transparencia algorítmica, y supervisión sindical sobre el uso de tecnologías, al tiempo que insiste en condicionar los fondos del Pacto Industrial Limpio a la generación de empleo digno y al respeto de los convenios colectivos durante la transición verde.

No al rearme a costa del Estado del bienestar

UGT rechaza que el refuerzo del gasto en defensa europeo se financie desviando recursos de los Fondos de Cohesión o del presupuesto social, ya que ello pondría en riesgo el desarrollo regional, la igualdad entre territorios y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Por ello, el sindicato defiende una política de seguridad común que se financie con recursos específicos y adicionales, sin comprometer los derechos sociales ni el objetivo de reducir desigualdades estructurales.

Una Europa del tiempo, del salario y de la desconexión

El reciente respaldo del Comité Económico y Social Europeo al Dictamen de UGT sobre reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial refuerza nuestra demanda por una reorganización más justa del tiempo de trabajo. Por consiguiente, el sindicato continuará promoviendo esta medida junto con el derecho efectivo a la desconexión digital, la mejora del poder adquisitivo y un reparto equitativo del tiempo laboral como ejes de una Europa más humana y sostenible.

Recuperar el rumbo: trabajo digno, justicia y participación

En este Día de Europa, UGT hace un llamamiento a situar el trabajo decente, la justicia social, la sostenibilidad y la democracia participativa en el corazón del proyecto europeo. Solo con políticas que garanticen derechos reales y cohesión se podrá recuperar la legitimidad de la Unión y avanzar hacia una Europa más fuerte, justa y con mayor apoyo ciudadano.

08/05/2025  |  Registradores

• El 54,6% de los adquirentes extranjeros de vivienda pertenecen a la UE, y el 8,6% a países africanos

08.05.2025.- El Colegio de Registradores, en su Estadística Registral Inmobiliaria del primer trimestre de 2025, analiza las tendencias actuales en el mercado inmobiliario español a través de diferentes informes que muestran la evolución de, entre otros aspectos, el índice de precios de vivienda, los precios medios por m2, el número de compraventas, o el número de hipotecas. A continuación, se presentan los principales resultados de algunos de esos informes.

Precios medios de las compraventas de vivienda inscritas

El índice de precios de vivienda de ventas repetidas (IPVVR) ha registrado un crecimiento trimestral del 5,7%, intensificándose con respecto a trimestres precedentes, lo que ha supuesto alcanzar un nuevo máximo histórico, un 18,8% por encima de los niveles máximos de 2007.

El precio medio de la vivienda se ha incrementado un 2,9% en el trimestre, alcanzando los 2.226 €/m², de nuevo, máximo histórico. En vivienda usada (2.153 €/m²) se ha registrado un ascenso trimestral del 1,9% y en vivienda nueva del 5,5% (2.467 €/m²).

Las comunidades autónomas con mayores precios medios han sido Comunidad de Madrid (3.955 €/m²), Illes Balears (3.822 €/m²), País Vasco (3.193 €/m²) y Canarias (2.625 €/m²). Las provincias han estado encabezadas por Madrid (3.955 €/m²), Gipuzkoa (3.847 €/m²), Illes Balears (3.822 €/m²), Málaga (3.046 €/m²) y Bizkaia (2.974 €/m²), mientras que las capitales de provincia que alcanzan los mayores precios son San Sebastián (5.824 €/m²), Madrid (4.716 €/m²), Barcelona (4.538 €/m²), Palma (3.735 €/m²) y Bilbao (3.129 €/m²). Doce comunidades autónomas y treinta y tres provincias han registrado incrementos trimestrales.

Compraventas inscritas

 El número de compraventas de vivienda ha registrado un incremento trimestral del 5,3%, alcanzando las 181.625 operaciones, nivel máximo desde el tercer trimestre de 2007. Con respecto al primer trimestre de 2024 el ascenso interanual ha sido del 19,9%.

 La vivienda nueva (41.956 compraventas) explica en mayor medida el buen comportamiento trimestral, con un crecimiento del 8,5%. En vivienda usada se han registrado 139.669 compraventas, con una mejora trimestral del 4,3%. Con respecto al mismo trimestre de 2024 las compraventas de vivienda nueva se ha incrementado un 34,4% y las de vivienda usada un 16,2%.

 En los últimos doce meses se han registrado 667.058 compraventas, aumentando un 16,3% con respecto al resultado interanual del trimestre precedente. Se han registrado 524.564 compraventas en vivienda usada, con un crecimiento interanual del 13%, y 142.494 compraventas de vivienda nueva, con un incremento del 30,6% con respecto a los doce meses precedentes. En todas las comunidades autónomas se han registrado incrementos interanuales para el total de vivienda.

Compras de extranjeros

La demanda extranjera de vivienda se ha reducido ligeramente en términos porcentuales, incrementándose en términos absolutos. Los compradores extranjeros de vivienda han supuesto el 14,1%, aún en el rango alto de la serie histórica. Las nacionalidades principales han sido británicos (8,2%), alemanes (6,4%), neerlandeses (6%), marroquíes (5,9%), franceses (5,1%), rumanos (4,8%) e italianos (4,8%).  

En ocho comunidades autónomas se han registrado incrementos trimestrales en el peso de las compras de vivienda por extranjeros sobre el total de operaciones. Las proporciones más altas se han alcanzado en Illes Balears (30%), Comunitat Valenciana (28,3%), Canarias (24,6%), Región de Murcia (20,4%), Cataluña (15,6%) y Andalucía (14,2%). 

 Como novedad este trimestre, se ha elaborado un nuevo informe que analiza la zona de procedencia de los extranjeros adquirentes de vivienda. Los resultados nos muestran que el 54,6% de estos extranjeros pertenecen a la Unión Europea, el 19,6% al resto de Europa, el 8,6% a África, el 7,8% a Asia y el 5% a América del Sur, quedando el resto por debajo del 5%. En cuanto a precios medios de adquisición, el ranking lo encabeza América del Norte (4.583 €/m²), seguida de Oceanía (3.160 €/m²), Asia (3.041 €/m²), Unión Europea (2.890 €/m²) y resto de Europa (2.815 €/m²).

Número de hipotecas

El número de hipotecas sobre vivienda registradas en el primer trimestre han sido de 119.026, frente a las 123.897 registradas en el trimestre precedente, con un descenso trimestral del -3,9%. Con respecto al total de compraventas de vivienda del trimestre, alcanza un peso del 65,5%. Nueve comunidades autónomas han registrado incrementos trimestrales, alcanzando las mayores cuantías Andalucía (22.546), Cataluña (21.586), Comunidad de Madrid (16.720) y Comunitat Valenciana (13.739).

Nota: La Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores permite conocer información estructural básica del panorama registral inmobiliario y puede ser consultada, por trimestres, en el siguiente enlace Web.

Para la consulta y descarga de los principales datos analizados en la presente nota y la propia Estadística Registral Inmobiliaria trimestral puede dirigirse a nuestro portal de Open Data.

30 Abr 2025

Este miércoles se ha celebrado la primera reunión de la comisión para evaluar la reducción de la temporalidad en el marco de la reforma laboral de 2021. En una convocatoria teñida de nuevo de oportunismo político en la antesala del Primero de Mayo, tenemos que lamentar el alcance de los planteamientos y la estigmatización que se ha hecho de empresas y sectores por parte del Ministerio de Trabajo.

Muy al contrario, CEOE ha dejado patente que, mientras que las empresas españolas estamos realizando un enorme esfuerzo de creación de empleo estable, el sector público se está convirtiendo en el principal generador de temporalidad en el mercado laboral.

Concretamente, las empresas están cumpliendo con las limitaciones a la temporalidad establecidas en dicha reforma. En cambio, las sucesivas normas impulsadas por el Gobierno van en dirección opuesta, incrementando esa temporalidad en la Administración.

Como resultado, la temporalidad del sector privado se sitúa, según datos de la EPA del primer trimestre de 2025, en el 12,1%, mientras que la del sector público se eleva al 28%, más del doble, con especial incidencia en las mujeres, colectivo en el que asciende al 31,5%.

A modo de ejemplo de la multiplicación de contratos de duración determinada por parte de las entidades que integran el sector público, están los asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el tiempo necesario para la ejecución de los proyectos.

También los contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral que podrán celebrar las administraciones públicas en el marco de los programas de activación para el empleo previstos en la Ley de Empleo, cuya duración no podrá exceder de 12 meses.

A ello se suman los contratos temporales de personal investigador doctor, de investigador distinguido y los predoctorales, cuya duración oscila entre cuatro años y lo que acuerden las partes.

CEOE, en nombre de las empresas españolas, está orgullosa de haber contribuido a un modelo de empleo más estable, tendente a fidelizar el talento en un contexto en el que predominan las vacantes en sectores estratégicos para el país, con un envejecimiento ascendente de la población ocupada.

A pesar de ello, el intervencionismo, los constantes cambios regulatorios, el exceso de cargas burocráticas y el imparable incremento de costes impuestos por el Gobierno, todo ello sin consensuar o contraviniendo el diálogo social (como los cambios en la prevalencia de los convenios colectivos saltándose lo consensuado en la reforma laboral), están afectando al empleo en las pequeñas empresas y destruyendo tejido empresarial.

Como hemos hecho hasta ahora, desde nuestra responsabilidad y coherencia con los acuerdos alcanzados, seguiremos apostando por el empleo estable y de calidad, denunciando decisiones partidistas y alejadas del necesario sentido de Estado que es fundamental para poder seguir creando el empleo de calidad que todos deseamos. En conclusión, para este Primero de Mayo, más negociación colectiva y menos imposición normativa.

El Consejo de Ministros da un impulso a la agenda social: menos jornada laboral y más vivienda asequible y sostenible

Comunicado de UGT sobre el Consejo de Ministros

Fecha: 06 May 2025

UGT valora positivamente la aprobación este martes, 6 de mayo, por parte del Consejo de Ministros de dos medidas clave con fuerte repercusión en la vida de las personas trabajadoras: el Proyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral máxima ordinaria a 37,5 horas semanales y el PERTE de la Industrialización de la Vivienda. Ambas decisiones forman parte de una respuesta política que, desde una lógica progresista, pone en el centro el bienestar, el empleo de calidad y el derecho efectivo a una vivienda digna. 

Menos horas, más derechos: hacia la jornada de 37,5 horas semanales

El Proyecto de Ley aprobado inicia su tramitación parlamentaria con el objetivo de reducir por ley la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, una demanda histórica del sindicalismo que beneficiará a más de 12,5 millones de personas trabajadoras del sector privado. Especialmente a quienes actualmente no están cubiertos por convenios colectivos, como camareros y camareras, cajeras, personas cuidadoras, trabajadores agrícolas o del comercio, sectores donde se dan jornadas medias muy superiores a las deseables.

La norma incorpora tres elementos fundamentales que constituyen un verdadero avance de carácter estructural:

1. La reducción de jornada sin merma salarial, lo que garantiza que el tiempo de trabajo disminuye sin que se vea afectada la remuneración, redistribuyendo el tiempo y la riqueza en un contexto de ganancias empresariales crecientes y productividad elevada.
2. El derecho a la desconexión, que se refuerza de manera explícita para proteger a las personas trabajadoras de exigencias fuera del horario pactado, garantizando el descanso, la salud y la conciliación de la vida personal.
3. La implantación de un sistema de registro horario interoperable, fiable y riguroso, acompañado de un régimen sancionador adecuado, con el que se pretende acabar de una vez con la realización masiva de horas extraordinarias que ni se abonan ni se cotizan en España. Esta práctica abusiva, especialmente extendida en sectores como el comercio y la hostelería, ha supuesto una auténtica losa para el empleo decente y los derechos laborales más básicos.

Esta medida también avanza en justicia social y en salud laboral: reducir el tiempo de trabajo permitirá aliviar la carga física y mental, reducir el estrés y prevenir accidentes. Tiene, además, una dimensión de igualdad: el 75% de quienes trabajan a tiempo parcial son mujeres, lo que convierte a esta reforma en una herramienta esencial para combatir la brecha de género.

Desde 1983, la jornada legal en España no se había tocado, a pesar de que la productividad por hora ha crecido un 53% y los salarios reales solo un 22%. Esta reducción, que equivale a una media de 48 minutos menos por semana, representa un acto de justicia redistributiva, de adaptación a los avances tecnológicos y de reequilibrio necesario entre vida y trabajo.

UGT destaca, además, la importancia del momento legislativo que se abre. Tal como se ha señalado esta mañana con motivo de los datos del paro del mes de abril, esta reforma responde a una demanda social mayoritaria que conecta con el sentir de una sociedad que exige avanzar en derechos y condiciones laborales dignas. Por ello, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias para que no bloqueen el debate democrático del proyecto de ley. Es imprescindible que la tramitación avance y que se respete la voluntad de millones de personas trabajadoras que esperan este cambio desde hace años.

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PERTE de Vivienda Industrializada: empleo de calidad, modernización del sector y acceso efectivo a una vivienda digna

En paralelo a la reforma de la jornada laboral, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Industrialización de la Vivienda, con una inversión pública de 1.300 millones de euros que supone una apuesta decidida por la reactivación del sector constructivo a través de procesos productivos más modernos, sostenibles y tecnológicamente avanzados. Este plan, concebido desde una lógica de transformación estructural, aspira no solo a producir más viviendas, sino a hacerlo mejor y en menos tiempo, garantizando al mismo tiempo condiciones laborales dignas y un parque de vivienda asequible y accesible.

El PERTE prevé una producción anual inicial de 15.000 viviendas mediante sistemas constructivos industrializados, con el objetivo de alcanzar las 20.000 unidades al final de la década. Aunque la magnitud del déficit de vivienda en España —estimado en más de 600.000 unidades entre 2022 y 2025— no quedará resuelto con este instrumento, se trata de un paso relevante para impulsar la oferta en un mercado fuertemente tensionado y con precios que siguen alejando a amplias capas de la población del derecho efectivo a la vivienda.

Pero el valor del PERTE no reside únicamente en el volumen de viviendas que se puedan construir, sino en el modelo industrial y social que se quiere impulsar: una transición hacia un ecosistema productivo más eficiente, digitalizado y coordinado, que potencie la productividad, reduzca los costes y acorte los tiempos de ejecución. Este modelo incorpora la premisa de que la vivienda industrializada debe ser asequible, con precios máximos fijados, lo que plantea el desafío de definir marcos claros de elegibilidad y control público sobre el uso de los recursos.

Desde el punto de vista sindical, uno de los aspectos más destacados del PERTE es su incidencia directa sobre el empleo y las condiciones laborales en el sector de la construcción, históricamente caracterizado por la temporalidad, la baja cualificación y la peligrosidad. La apuesta por trasladar parte de los procesos a fábrica —la llamada “transición del andamio a la fábrica”— supone un cambio cualitativo: menos exposición a condiciones climáticas extremas, más estabilidad, mejores estándares de seguridad laboral y un entorno más propicio para la formación técnica continua.

Este cambio productivo, sin embargo, no puede hacerse sin una estrategia de formación ambiciosa y planificada. El sector necesita atraer talento joven y femenino en un contexto de fuerte envejecimiento de las plantillas. Actualmente, solo el 11,4% de las personas ocupadas en la construcción son mujeres. El PERTE se propone revertir esa tendencia con medidas específicas de incorporación y cualificación, lo cual puede abrir una puerta a la diversificación de un sector todavía muy masculinizado y poco inclusivo.

En este sentido, destaca la creación de la futura Ciudad de la Industrialización de la Construcción en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia, que no será un polo de producción, sino un nodo de conocimiento, innovación y formación. Desde allí se coordinarán buenas prácticas, proyectos piloto, formación técnica especializada y se articulará una plataforma digital colaborativa en la que empresas, administraciones y agentes sociales —incluidos los sindicatos— compartirán avances técnicos y experiencias.

El impacto económico del PERTE también es significativo: se estima que tendrá un efecto multiplicador de 2,4 veces la inversión inicial, movilizando hasta 3.120 millones de euros mediante el efecto arrastre sobre la cadena de valor. Este impulso se canalizará a través de instrumentos como el ICO Verde, ICO Emprendedores o el plan Reinicia+FAIIP, y servirá para financiar tanto la actualización de procesos industriales como la capitalización de empresas que generen oferta y demanda de vivienda industrializada.

Finalmente, UGT destaca la importancia de que este PERTE se articule con una gobernanza participativa y compartida, que cuente con una implicación real de los interlocutores sociales. Solo con la participación activa de los sindicatos será posible garantizar que esta transformación industrial vaya acompañada de empleo de calidad, cohesión territorial y justicia social. No se trata solo de construir viviendas, sino de edificar un nuevo modelo productivo al servicio de las personas.

6 mayo, 2025  USO

• En abril, bajó el paro, pero subió sobre todo la contratación de fijos discontinuos
• La industria pasa de ser el empleo más estable por una nueva contratación mayoritariamente temporal
• Las mujeres siguen sufriendo el empleo más precario

El paro bajó en abril en toda España, excepto en Ceuta. La Semana Santa y el puente de mayo han tirado del sector servicios, aunque el desempleo ha bajado en todos los sectores.

“Llama la atención, sin embargo, que se han firmado más de medio millón de contratos indefinidos, pero el paro ha disminuido únicamente en 67.000 personas. El contrato indefinido no es ya garantía de empleo en España”, denuncia Joaquín Pérez, secretario general de USO. En abril, la contratación global se resintió con respecto al año pasado, con un 10 % menos de contratos firmados.

Curiosamente, el sector más aquejado por las contrataciones temporales no ha sido el de los servicios, sino la industria. “En abril, muchos de los contratos que se encuadran bajo el epígrafe de ‘indefinidos’ son de fijos discontinuos, para encarar la temporada turística. De hecho, suponen exactamente un tercio de los contratos indefinidos. Para nosotros, ese tipo de contratación no es la que genera empleo de calidad. Pero la temporalidad en la industria, con solo 1 de cada 4 contratos indefinidos, es una gran señal roja de peligro. El sector que debería ser motor del cambio de modelo productivo no está creando empleo, sino solo sustituciones”, advierte Pérez.

El secretario general de USO pone el foco en el tipo de contratación “porque nos alerta de qué empleo se está creando. Baja el paro, sí, pero quienes se han incorporado no trabajan todos los días o no trabajan la jornada completa. La contratación indefinida a jornada completa es la que más ha bajado con respecto al mes pasado, únicamente el 38 % de los contratos indefinidos contemplan esta jornada”.

Por último, Joaquín Pérez reitera que “la brecha de género, lejos de cerrarse, se abre cada vez más. El nuevo empleo temporal es sobre todo de mujeres. Si entre los hombres las contrataciones de duración determinada suponen el 40 %, entre ellas se van al 48 %. Esto perpetúa la precariedad femenina”.

29 Abr 2025

CEOE ha detectado una pérdida de impulso en las horas trabajadas en el primer trimestre del año, tanto en términos trimestrales como interanuales, tras publicarse este martes el dato de avance de Contabilidad Nacional Trimestral. Así, en los tres primeros meses del año las horas trabajadas descendieron cuatro décimas respecto al último trimestre de 2024.

CEOE advierte de que la incertidumbre sigue siendo elevada para el conjunto del año y que el balance de los riesgos se inclina hacia el lado negativo. A nivel nacional,  los principales impactos negativos pueden llegar por una política económica que introduzca mayor incertidumbre y genere mayores costes a la actividad empresarial (en especial, en el mercado laboral) que frenen decisiones de consumo e inversión.

En el plano internacional, el principal riesgo sigue siendo el geopolítico, que puede dar lugar a incrementos de los precios de las materias primas, y al que se une la nueva política arancelaria del presidente de EE UU, Donald Trump, y sus consecuencias en el comercio mundial, las cadenas de valor y los flujos de inversión.

Por todo ello, CEOE mantiene su escenario de prudencia, con una previsión de crecimiento del PIB en el entorno del 2,5% para este año 2025 y del 2% para 2026, hasta que se reduzca la incertidumbre sobre la situación arancelaria internacional y su impacto en Europa, nuestro principal socio comercial.

Leve desaceleración

En conjunto, el dato de avance de Contabilidad Nacional Trimestral muestra que una actividad económica que mantiene su vigor al inicio del año pero que modera su ritmo de avance en una décima, hasta el 0,6% trimestral. En términos interanuales, el ajuste de la tasa de crecimiento es algo más intenso (2,8%, frente al 3,3% del cuarto trimestre de 2024), por lo que se mantiene la senda de leve desaceleración iniciada en la segunda mitad del año pasado.

La demanda interna sigue siendo el motor de la economía, aunque ha perdido dinamismo de forma especialmente acusada en términos intertrimestrales.

La aportación del sector exterior al avance trimestral es positiva aunque, en términos interanuales, continúa drenando el crecimiento, en un contexto de vigor de las importaciones y de cierta desaceleración de las exportaciones. 

Incremento notable de los costes laborales

La remuneración por asalariado y los costes laborales unitarios continúan mostrando un incremento notable. Así, la remuneración por asalariado aumentó un 4,1% interanual (siete décimas menos que el trimestre anterior) y los costes laborales unitarios repuntaron hasta alcanzar un 4,3% interanual, frente al 3,7% anterior.

En comparación con la situación previa a la crisis del COVID-19, los costes laborales unitarios son ya un 24,3% superiores a los del último trimestre de 2019.

Por el lado de las rentas, el Excedente de Explotación Bruto (EBE) se sigue contrayendo en términos reales, lo que está limitando las decisiones de inversión de las empresas.

Así, su variación interanual ha sido muy modesta (2%) y sensiblemente inferior a la de la remuneración de los asalariados (7,2%), de los impuestos (8,7%) y a la del propio PIB en términos interanuales (5,2%).

De esta forma, la participación del EBE en el conjunto del PIB se reduce y se sitúa en tasas mínimas respecto a su promedio histórico (41,1%), sólo comparables a las registradas en 2020 y 2021.

Impacto del apagón

Por otro lado, CEOE estima que los acontecimientos extraordinarios del apagón registrado este lunes, pueden tener un impacto negativo del orden de una décima sobre el PIB del año 2025, que se concentrará principalmente en las empresas y autónomos y tendrá su reflejo en la Contabilidad Nacional del segundo trimestre.

Los sectores se han visto perjudicados en la medida que la falta de actividad afecta a sus ingresos pero sus costes operativos se mantienen o aumentan.

El sindicato se compromete a trabajar con la CSI para que a través del liderazgo de las principales fuerzas sindicales pakistanís e indias se haga abogue por la diplomacia bajo la orientación de sus movimientos sindicales

Fecha: 08 May 2025

La siempre latente tensión entre India y Pakistán se ha recrudecido de manera extremadamente preocupante tras los recientes ataques del primer país al segundo y que se ha saldado con la vida de al menos 26 personas y la posterior respuesta paquistaní derribando 25 drones indios, en los que supone la mayor escalada militar en la región en los últimos 20 años y un episodio más de una realidad mundial en la que la guerra se está imponiendo a la diplomacia. Hasta ahora, el siempre vivo conflicto político indo-pakistaní ha sufrido momentos de repunte en el que se producían pequeños enfrentamientos. La situación actual y declaraciones cruzadas entre ambos países, tratándose de dos potencias nucleares, hacen que los hechos de los últimos días deban ser recibidos con alerta y preocupación por la comunidad internacional.

Este enfrentamiento bebe de disputas territoriales (especialmente en la región de Cachemira), no solo políticas, sino también étnicas y religiosas, en la que la mayoría secular hindú de la India vive en un Estado cada vez más radicalizado en su confesionalidad desde la llegada de Narendra Modi al poder. Por su parte, Pakistán se fundó como un Estado islámico. Hablar de persecución a minorías en cualquiera de los países debe hacerse desde el conocimiento que la persecución a una “minoría musulmana” del 15% de la población consiste en hacerlo a más de 200 millones de personas en el caso de India.

Modi, líder de la extrema derecha india, ha visto cómo su discurso ultranacionalista y excluyente le afianza en el poder para llevar a cabo su política ultraliberal y antisindical que, pese a proclamar crecimiento rápido, sólo está aumentando la desigualdad. Como en muchos otros casos de política neofascista, la población musulmana ha sido criminalizada desde el poder y está siendo fuertemente reprimida, poniéndose fin a los estatutos especiales de Cachemira y Jammu, regiones en disputa con Pakistán. La desconfianza mutua hace que el conflicto escale. Habida cuenta de las más de 170 ojivas nucleares que ambos países tienen, la tensión en la región no concierne no solo a Pakistán y a India, sino a todo el mundo.

Los dos países se encuentran en la quinta calificación del Índice de Derechos Humanos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), lo que significa que en ambos países los derechos laborales más mínimos no están garantizados. Nos encontramos pues ante un triste caso más en el que las y los trabajadores se convierten en dobles víctimas de sus dirigentes políticos: indios y paquistaníes comparten condiciones laborales precarias y un presente muy desalentador; unas similitudes mucho mayores que las diferencias territoriales o idiomáticas que las elites político-económicas se empeñan en señalar.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) hace un llamado al diálogo y la paz, a la lucha contra discursos ultra religiosos y nacionalistas, y se compromete a trabajar con la CSI para que a través del liderazgo de las principales fuerzas sindicales pakistanís e indias se abogue por la diplomacia bajo la orientación de sus movimientos sindicales.

martes, 6 de mayo de 2025

Los magistrados le reconocen con derecho a una indemnización de 15.252,46 euros

Autor Comunicación Poder Judicial

El TSJ de Castilla y León ha estimado el recurso de un ganadero y condena a la Junta a indemnizarle con 15.252,46 euros por la pérdida de 29 cabezas de ganado a causa de una treintena de ataques de lobo.

El ganadero reclamaba 56.872,30 euros por daños materiales y lucro cesante, por los ataques de lobo a su ganado en el periodo comprendido entre el mes de julio de 2021 y el 10 de julio de 2022. Alegaba que los daños ocasionados por el lobo, como especie protegida, no deben ser soportados de forma individual, sino que corresponde a la Administración su resarcimiento. Por su parte, la administración demandada negó la responsabilidad y sostenía que las muertes ya habían sido compensadas de acuerdo con la Orden FYM/147/2019, aunque con la nueva Orden de pagos compensatorios de 2023 la cifra sería igualmente muy inferior a la solicitada.

Los magistrados citan la jurisprudencia hasta ahora mantenida para estos casos, lo que supone aceptar la cuantía reconocida en otros pleitos similares de 280 euros por ataque que, sobre la cifa de 26, hace un total de 7.280 euros. Y concluyen que la indemnización por todos los conceptos asciende a un total de 15.252,46 euros, una vez descontada ya la cifra de 14.450 euros abonada en concepto de compensación por ataques de lobo, según el certificado del Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna.

09/05/2025

• Se han llevado a cabo cerca de 20 millones de notificaciones y casi 8 millones de presentaciones de documentos a través de la sede electrónica
• El Registro Electrónico permite, entre otros trámites, ?la comparecencia mediante videoconferencia ante los registradores a un solo clic desde cualquier lugar del mundo
  
   Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley 11/2023 de 8 de mayo, que contempla la puesta en marcha del Registro Electrónico y la completa digitalización de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
  
  Los datos de este primer año muestran el éxito de esta práctica y la consolidación del funcionamiento electrónico de las oficinas registrales, algo por lo que el Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha mostrado su satisfacción.
  
  En este periodo,  se presentaron telemáticamente 7.937.746 documentos, distribuidos del siguiente modo: 4.781.375 a través de la sede electrónica de los registradores, 3.057.964 procedentes de solicitudes notariales y 98.407 a través del Sistema de Interconexión de Registros con las Administraciones Púbicas y las Oficinas Judiciales.
  
  Los registradores realizaron 20.114.900 notificaciones, de las cuales 11.799.070 se efectuaron a través de la Sede Electrónica, 8.049.286 fueron dirigidas a notarios y 266.544 a las Administraciones Públicas y Oficinas Judiciales. Además, desde el 9 de mayo, toda notificación o firma electrónica realizada por los registradores incluye un sello de tiempo, que en este período ha alcanzado los 388 millones.
  
  El Registro Electrónico permite, entre otros trámites, ?la comparecencia mediante videoconferencia ante los Registradores a un solo clic desde cualquier lugar del mundo, realizar consultas de cualquier trámite y presentar escritos ante cualquier Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles.
  
  El proceso de digitalización se ha realizado siguiendo los criterios de seguridad marcados por el Centro Criptológico Nacional, que ha posibilitado la acreditación del Colegio de Registradores en el Esquema Nacional de Seguridad, en su nivel más alto, dentro del proyecto Réplica, así como la de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
  
  Consulta telemática de la ciudadanía a través de carpetas registrales
  
  El Registro Electrónico ha hecho posible la creación de una sede electrónica única a nivel nacional, que ofrece a su vez nuevos servicios accesibles mediante certificado o firma electrónica, así como a través del sistema Cl@ve o DNI electrónico. Entre estos servicios destacan las denominadas “carpetas registrales», que contienen notificaciones, comunicaciones, expedientes y procedimientos derivados de la relación del usuario con los registros, así como el servicio denominado “Cómo va lo mío», que permite a las personas interesadas realizar consultas sobre los procedimientos que les afectan.
  
  La mayor transformación de la Justicia en décadas
  
  La digitalización de los registros forma parte del proyecto de modernización y transformación que está impulsando el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con el objetivo de situar la Administración de Justicia a la altura de las necesidades del siglo XXI.
  
  Otra de las iniciativas más destacadas de este proyecto  es la nueva Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que impulsa la modernización de la estructura judicial española, haciéndola más accesible y eficiente.
  
  Asimismo, cabe hacer referencia al Real Decreto-ley 6/2023, que promueve la celebración de actos procesales con presencia telemática, incorpora un sistema único y personalizado de acceso electrónico a los expedientes-denominado Carpeta Justicia-, y amplía el uso de la robotización y la inteligencia artificial para automatizar procesos repetitivos y manuales.

28 Abr 2025

CEOE ha advertido contra la adopción de medidas unilaterales por parte del Gobierno en materia laboral, como la reducción de jornada o la nueva propuesta sobre el SMI, al afectar al modelo de relaciones laborales y a la negociación colectiva y tener un impacto negativo sobre el empleo. Para mantener la creación de empleo es absolutamente imprescindible respetar el diálogo social.  

A un escenario como este, de incertidumbre regulatoria, hay que añadir los riesgos procedentes del exterior, como el efecto de los aranceles en el comercio mundial, que pueden tener un impacto negativo en la actividad de algunos sectores. Por todo ello, las perspectivas de crecimiento para España siguen siendo positivas pero con sesgo a la baja.

CEOE destaca la notable resiliencia del sector privado y su papel en los datos del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados este lunes, tanto en términos de aceleración de la ocupación como en descenso de la temporalidad, que baja tres décimas, hasta el 11,2%, tasa mínima histórica.

Por el contrario, la ocupación en el sector público desciende de manera notable. Asimismo, la tasa de temporalidad en este sector se sitúa en el 28%.

La nota más negativa en el sector privado es la caída del número de empleadores en comparación con la situación de hace un año, lo que denota una pérdida de tejido productivo.

Caída de la ocupación

Según los datos publicados, en el primer trimestre del año, se ha producido un descenso de la ocupación de 92.500 personas, cifra similar al promedio de este periodo desde el año 2014, a excepción de 2020.

En términos interanuales, se ha registrado una aceleración de la creación de empleo para el conjunto de la economía, especialmente, en el sector privado. Sin embargo, las horas trabajadas se han ralentizado en el primer trimestre, con un avance interanual del 2,6% frente al 4,1% del trimestre anterior.

El empleo por cuenta propia mejoró en términos interanuales, con un incremento del 2,5%, lo que supone una notable mejora del ritmo de crecimiento.

En conjunto, en el primer trimestre se ha producido un aumento de la población activa de 101.200 personas, lo que, junto con el descenso del empleo, ha llevado a que el número de desempleados se incremente en 193.700 personas.

De esta forma, el número total de parados se sitúa cerca de los 2,8 millones de personas y la tasa de paro asciende de manera destacada hasta el 11,36%. Con todo, en ambos casos, las cifras son las más bajas en un primer trimestre desde 2008.

Todo ello, en un contexto de incremento de la tasa de actividad, sobre todo, extranjera, que alcanza el 69,1%.

Habemus Papam

Robert Prevost

30/04/2025 Banco de España

Balanza de pagos, PII, Deuda externa

• La capacidad de financiación se situó en 63 mm (3,9% del PIB) en términos acumulados de doce meses, por encima de los 58,1 mm de febrero de 2024 (3,8% del PIB). El dato de febrero fue de 2,9 miles de millones de euros (mm), frente a los 3,6 mm del año anterior.
• La cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, mostró un saldo de 15,5 mm en febrero de 2025, acumulando en los últimos doce meses un saldo de 113,8 mm (-6,5 mm el año anterior).

Acceso a los datos

La capacidad de financiación de la economía española se situó en febrero en el 3,9% del PIB, por encima de la media de la última década (368 KB)

6 de mayo de 2025

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha abierto, por un período de 7 días hábiles, una consulta pública sobre criterios de interés general afectados por la operación de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell.

Esta iniciativa está alineada con la normativa vigente y es respetuosa con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso.

Al igual que en otras consultas públicas en nuestro marco normativo, pueden participar aquellos ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación.

Se recabará la información a través de la web del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa durante un plazo de 7 días hábiles, que finaliza el 16 de mayo.

La consulta consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4 y se acompaña de un buzón para aportar información adicional.

Se pretende obtener información que facilite una valoración completa antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros.

24 Abr 2025

CEOE quiere mostrar su más profundo rechazo ante el anuncio esta mañana de la ministra de Trabajo de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, 29 de abril, en la antesala del Primero de Mayo y con evidente oportunismo político, el proyecto de Ley sobre reducción de jornada laboral.

De un lado, las organizaciones empresariales defendemos la reducción de la jornada ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva.

Sin embargo, por responsabilidad volvemos a advertir del grave impacto que la aprobación de esta norma va a tener sobre la actividad económica y, precisamente, el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas y en algunos sectores de este país. 

Antes de su aprobación, la voluntad de imponer la reducción de la jornada laboral para dar cumplimiento a un acuerdo político está ocasionando ya un freno en la negociación colectiva, que es una infraestructura básica para mantener la estabilidad económica y la paz social.

Además, situar la jornada máxima legal por debajo de la jornada promedio ya pactada en los convenios colectivos va a acabar por dinamitar esa negociación colectiva.

Asimismo, los planteamientos que los nuevos requerimientos que la norma recoge sobre el registro horario son de muy difícil cumplimiento, dado que el país no cuenta con la infraestructura digital necesaria, ni todos los trabajadores cuentan con las debidas competencias digitales.

Finalmente, compartiendo los objetivos que se persiguen con la regulación del derecho a la desconexión, consideramos que este ya está suficientemente preservado en la normativa vigente.

Por todo ello, llamamos de nuevo a la responsabilidad para que durante el trámite parlamentario de la norma se tengan en cuenta estas cuestiones y se disponga de un adecuado análisis de impacto económico.

Este año, bajo el lema “Nuestro poder, nuestro planeta”, la celebración se convierte en un llamamiento global a movilizar nuestra fuerza colectiva para proteger nuestro hogar común.

UGT

21 Abril 2025

Hoy, 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una jornada que invita a reflexionar sobre la urgencia de conservar nuestros ecosistemas y construir un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza. 

La humanidad se enfrenta a una crisis multidimensional sin precedentes: a la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y a una crisis humanitaria y económica. Nuestra forma de vida basada en la sobreexplotación de recursos ha llevado al planeta al límite. La comunidad científica advierte de que 2025 podría convertirse en uno de los años más cálidos registrados hasta ahora, con consecuencias devastadoras para las personas y los territorios más vulnerables.

Frente a este escenario, desde UGT defendemos que la transición ecológica es necesaria, pero tiene que ser justa. No podemos dejar que los costes del cambio recaigan sobre las espaldas de quienes menos responsabilidad tienen en la crisis ambiental.

Por ello, para el sindicato es fundamental:

•    Anticipar y planificar con justicia social la transformación de los sectores productivos.
•    Asegurar empleos de calidad en las nuevas actividades sostenibles, con inversión pública, diálogo social y protección social para las personas trabajadoras y sus comunidades.
•    Apostar por un modelo energético renovable y democrático.
•    Restaurar ecosistemas, defender la agricultura y ganadería familiar y garantizar la soberanía alimentaria.

Nuestro poder, nuestro planeta

La defensa del planeta no es solo una cuestión ambiental, sino también social y laboral. Es imprescindible reforzar la cooperación internacional y el compromiso firme de gobiernos y empresas con una transición ecológica que respete los derechos de las personas y garantice condiciones laborales dignas.

El futuro del planeta está en nuestras manos y nuestro poder colectivo puede marcar la diferencia.