AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 


Ultimas entradas




Archivos


Motes da comunidade mariñeira. A Guarda. Pontevedra

12 de julio, 2020
Imprimir Imprimir         

Actualización de las perspectivas de la economía mundial

12 de julio, 2020

Perspectivas de la Economía Mundial

Actualización de las perspectivas de la economía mundial

Junio de 2020 imf.org

Una crisis como ninguna otra, una recuperación incierta

Como fue el caso de las proyecciones del informe WEO de abril de 2020, existe un grado de incertidumbre inusitadamente elevado en torno a estas proyecciones. Las proyecciones de base se fundamentan en presunciones críticas sobre las secuelas de la pandemia. En las economías con tasas de infección decrecientes, la ralentización de la trayectoria de recuperación contemplada en los pronósticos actualizados refleja un distanciamiento social persistente a medida que nos adentremos en el segundo semestre de 2020; mayores cicatrices (daño al potencial de oferta) debido al hecho de que la actividad sufriría más de lo previsto durante el confinamiento instituido en el primer y segundo semestres de 2020, y un golpe a la productividad a medida que las empresas que sobrevivan incrementen las necesarias prácticas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo. En las economías con dificultades para controlar las tasas de infección, un confinamiento más prolongado infligiría más daños a la actividad. Además, el pronóstico presume que las condiciones financieras —que se han distendido desde la publicación del informe WEO de abril de 2020— se mantendrán generalmente a los niveles actuales. Claramente, es posible que el desenlace sea diferente del contemplado en la proyección de base, y no solo debido a la manera en que está evolucionando la pandemia. La magnitud del reciente repunte del optimismo de los mercados financieros parece estar desconectada de la evolución de las perspectivas económicas fundamentales —como lo señala la Actualización de junio de 2020 del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe GFSR)—, y eso plantea la posibilidad de que las condiciones financieras se endurezcan más de lo que supone la proyección de base

Todos los países, incluidos los que parecen haber dejado atrás los picos de infección, deberían asegurarse de que los sistemas sanitarios cuenten con recursos adecuados. La comunidad internacional debe brindar a las iniciativas nacionales un respaldo muchísimo mayor, entre otras formas ofreciendo asistencia financiera a países con una capacidad sanitaria limitada y canalizando financiamiento hacia la producción de una vacuna a medida que avancen los ensayos clínicos, de modo que todos los países tengan sin demora acceso a dosis adecuadas y a costo asequible. En los casos que requieren confinamientos, la política económica debería continuar amortiguando las pérdidas de ingreso de los hogares a través de medidas sustanciales y bien focalizadas, además de brindar apoyo a las empresas que sufren las consecuencias de restricciones obligatorias a la actividad. En los casos en que las economías están reabriendo, el respaldo focalizado debería desmontarse paulatinamente a medida que la recuperación se ponga en marcha, y las políticas deberían infundir estímulo para promover la demanda y facilitar e incentivar la reasignación de recursos, alejándolos de los sectores que probablemente terminen siendo persistentemente más pequeños después de la pandemia.

Sigue siendo esencial una cooperación multilateral sólida en múltiples ámbitos. Se necesita con urgencia liquidez de respaldo para los países que enfrentan crisis sanitarias y déficits de financiamiento externo; por ejemplo, mediante alivio de la deuda y financiamiento a través de la red mundial de seguridad financiera. Una vez superada la pandemia, las autoridades deberán cooperar para resolver las tensiones comerciales y tecnológicas que hacen peligrar la recuperación final de la crisis de COVID-19. Además, aprovechando la disminución sin precedentes de las emisiones de gases de efecto invernadero durante la pandemia, las autoridades deberían poner en práctica sus compromisos de mitigación del cambio climático y, a la vez, colaborar para ampliar la aplicación de impuestos diseñados según criterios de equidad que graven las emisiones de carbono o sistemas equivalentes. La comunidad internacional debe actuar sin demora para evitar una repetición de esta catástrofe, organizando reservas internacionales de suministros y equipos de protección esenciales, financiando la investigación y apuntalando los sistemas sanitarios públicos, y estableciendo modalidades eficaces para llevar alivio a los más necesitados.

Actualización de las perspectivas de la economía mundial - Panorama de las proyecciones a junio 2020
Imprimir Imprimir         

La superficie ecológica crece el 4,8 % en 2019 y se sitúa en 2,35 millones de hectáreas

12 de julio, 2020

Avance de datos provisionales de producción ecológica 2019 en España

La superficie ecológica crece el 4,8 % en 2019 y se sitúa en 2,35 millones de hectáreas

Jueves 9 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

La superficie dedicada a la producción ecológica en España se situó en 2.355.000 hectáreas en 2019, el 4,8 % más frente al año anterior, según el avance de datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En relación al total de Superficie Agraria Útil (SAU) de España (ESYRCE 2019), la extensión eco ya supone el 9,3 %.

Las estadísticas confirman la tendencia de crecimiento sostenido y la consolidación de la producción ecológica española, con un incremento anual medio de la superficie total bio del 7,5 % en los últimos cinco años. España se mantiene como el primer productor de la Unión Europea por superficie y cuarto del mundo.

«Es un magnífico dato que refleja la apuesta ecológica de nuestros agricultores y ganaderos», ha destacado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

«Estamos en buen camino para cumplir con los objetivos que plantea la Unión Europea (UE)», en línea con las estrategias «De la granja a la mesa» y «Biodiversidad» de la Comisión Europea y que coinciden con los objetivos nacionales y estratégicos de la futura Política Agraria Común (PAC), pero sin perder de vista el necesario equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad.

Según los datos, la mitad de los casi 2,4 millones de hectáreas se destina a pastos permanentes (+5,6 %), una cuarta parte a cultivos de tierras arables (+1,5 %) y la otra cuarta parte a cultivos permanentes (+6 %).

Aumenta el número de operadores ecológicos

Respecto a los operadores, su número total se ha incrementado el 6,4 % hasta los 47.108 y crece, además, en todas las categorías: productores primarios (+5,9 %), establecimientos industriales (+13 %) y comercializadores (+24,8 %), entre los que destacan los minoristas con una subida del 37 %.

Las estadísticas ponen de relieve el mayor incremento del número de operadores en las fases posteriores de la cadena alimentaria, debido a una mayor demanda.

La tendencia del crecimiento medio anual en los últimos 5 años ha sido de 7,4 % en agricultores y ganaderos, 14 % en industrias y 27 % en comercializadores de productos ecológicos

ETractor en el campoArchivon producción vegetal destaca el aumento de hectáreas dedicadas a tubérculos (+13 %), legumbres (+4,2 %); frutales (+9 %), plataneras (+25 %), cítricos (+19 %) y bayas (+10 %). Sube también la superficie de viñedo (+7 %) y de olivar (+4,6 %). Solamente disminuyen los forrajes un 3,5% y se mantiene la extensión dedicada a hortalizas y frutos secos.

En cuanto a producción animal, disminuye levemente el número de explotaciones de animales eco hasta las 7.803 ganaderas y 61 acuícolas (-1 % respecto año anterior).

Los datos apuntan a que ha habido una disminución de las granjas dedicadas a carne de ovino (-5,6 %) y caprino (-7 %) y un aumento en bovino de leche (+15 %), pollos (+14 %), leche de ovino (+9 %) y porcino (+4 %). Sin embargo, el número de cabezas de ganado ha aumentado en porcino (+60 %), ovino, caprino y bovino de leche (+7 %, +11 % y +18 %, respectivamente) y en aves de corral de carne (+150 %) y de puesta (+32 %).

La acuicultura bio, con 61 explotaciones, ha sido otro subsector que ha mantenido su producción, al superar las 6.340 toneladas, donde destacan los mejillones con 34 explotaciones y casi 3.000 toneladas.

El número de establecimientos eco registrados ha subido el 8,5 % hasta los 9.635, de los que 8.275 están relacionadas con la producción vegetal, entre ellas las más numerosas han sido las de manipulación y conservación de frutas y hortalizas, así como las de elaboración de bebidas; y otros 1.360 relacionadas con la producción animal, donde destaca la industria cárnica y láctea.

Controles oficiales

Los productos alimentarios ecológicos, también llamados biológicos u orgánicos, están sometidos a un sistema de control, regulado por normativa comunitaria, e incluido en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.

El programa de la producción ecológica exige realizar al menos una visita anual a los distintos operadores de la producción ecológica (productores, transformadores o comercializadores).

El número total de controles oficiales realizados en 2019 ha sido de 54.195 en mercado nacional (+5,5 % respecto a 2018) y de 3.114 en importaciones en la frontera (30 % más que el año pasado).

Además las autoridades competentes de las comunidades autónomas han realizado 1.927 auditorías/supervisiones a las entidades certificadoras públicas y privadas.

Imprimir Imprimir         

El Tribunal Supremo establece que los trabajadores con contratación temporal irregular en sociedades mercantiles estatales deben ser declarados personal indefinido no fijo

12 de julio, 2020

Viernes, 10 de julio de 2020

El Tribunal Supremo establece que los trabajadores con contratación temporal irregular en sociedades mercantiles estatales deben ser declarados personal indefinido no fijo

Cuenta con el voto particular de un magistrado

Autor: Comunicación Poder Judicial

Dos sentencias del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del 17 y 18 de junio han unificado doctrina en cuanto a las consecuencias de la apreciación de fraude de ley o abuso de la contratación temporal en las sociedades mercantiles estatales, de modo que los trabajadores de estas empresas afectados se consideran indefinidos no fijos y no trabajadores fijos de plantilla como en algunas resoluciones había llegado a considerar la Sala.

La figura del personal indefinido no fijo, de creación jurisprudencial, se originó en el marco de la contratación laboral irregular de las administraciones públicas, de modo que los empleados ilícitamente contratados no son considerados empleados de plantilla, sino contratados por tiempo indefinido, hasta que se proceda a la regular cobertura de la plaza, al estimar que el acceso a la función pública y a la plena estabilidad en el empleo público en propiedad debe sujetarse a convocatorias regidas por principios de mérito y capacidad.

A partir de ahí se había cuestionado si tal doctrina podía aplicarse también a las sociedades mercantiles estatales, es decir aquéllas en las que la actuación pública en la actividad económica se realiza mediante sociedades regidas por el derecho mercantil.

De acuerdo con el criterio ahora expuesto por el Pleno de la Sala, aunque con voto particular de un magistrado, las sociedades mercantiles estatales, cuando se constate irregularidad en la contratación de un trabajador temporal, tendrán que reconocerle, en lugar de la condición de personal fijo como en las empresas privadas, el mismo régimen aplicable a los contratados en fraude de ley por organismos y administraciones públicas, es decir, esos trabajadores se considerarán indefinidos no fijos y no empleados fijos de plantilla.

Imprimir Imprimir         

Las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron un 6,2% en España el año pasado

12 de julio, 2020

Avance del Inventario de Emisiones GEI

Las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron un 6,2% en España el año pasado

Miércoles 8 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha publicado el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) correspondiente al año 2019. Estos datos preliminares, que España tiene obligación de enviar a la Comisión Europea anualmente, estiman que las emisiones brutas de CO2 equivalente ascendieron a 313,5 millones de toneladas el pasado año, lo que supone una caída de un 6,2% respecto a 2018.

Estos datos preliminares muestran que las emisiones de CO2 equivalente han registrado una disminución global en 2019, pese a que fue un año hidrológico seco, con un descenso de la producción hidráulica del -27,6%, y en un contexto económico favorable, con crecimiento del PIB del 2%, lo que muestra un desacoplamiento de las emisiones con respecto al crecimiento económico.

Portada del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto InvernaderoEl transporte sigue siendo, como en años anteriores, el sector más emisor y supone en 2019 el 29% de las emisiones en términos de CO2 equivalente, seguido de la industria (20,6%), la generación de electricidad (13,5%), la agricultura y ganadería en su conjunto (12,5%), el consumo de combustibles en los sectores residencial, comercial e institucional (8,8%), y los residuos (4,3%).

Las emisiones procedentes de instalaciones sujetas al Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés) disminuyeron en 2019 un 14% con respecto al año anterior y las emisiones procedentes de los sectores difusos un 1,6%, sin embargo, las procedentes de la aviación doméstica aumentaron un +7,4%.

Por sectores

Si se comparan las emisiones de CO2 equivalente por sectores de este avance con respecto a las del año anterior (2018) se aprecia:

•Para el sector transporte (29% de las emisiones): un ligero aumento de las emisiones ligadas al transporte (+0,7%) debido principalmente al transporte por carretera (que por sí solo supone un 26,8% del total de las emisiones de GEI del inventario), el cual ha experimentado un incremento interanual de +0,6% generado por aumento en el consumo de gasolina de +5,7%, a pesar del ligero descenso en el consumo de diésel del 0,4%. Las emisiones del transporte aéreo nacional, aunque sólo suponen un 1% del total, aumentan un +7,4% respecto al año anterior.

•Con respecto a la generación eléctrica (13,5% de las emisiones): se estima una disminución del -28,7% de las emisiones debido, principalmente, a la caída en un -64,9% de la producción eléctrica por carbón. Además, ha aumentado la producción de energía eólica un +9,4%, la solar fotovoltaica un +19% y la solar térmica un +16,8%. La producción eléctrica en centrales de ciclo combinado ha aumentado +85,9% respecto a 2018.

•Las emisiones de la industria (20,6% de las emisiones) se reducen -2,9%, incluyendo tanto las procedentes del consumo de combustibles (que disminuyen un 1,3%) como las emisiones procedentes de los propios procesos industriales (-6,5%). Destacan descensos en los sectores de los minerales no metálicos (las emisiones ETS del sector del cemento disminuyen un 7,1%) y de la metalurgia (con un descenso de emisiones del -15,1% en la producción de aluminio primario y del -19,4% en la producción o transformación de metales no férreos).

•El sector residencial, comercial e institucional (RCI) (9% del total de GEI en 2019) experimentó un descenso del -3% debido a un menor consumo de gasóleo C en un año climatológicamente muy cálido (el sexto año más cálido desde 1965).

•Las emisiones derivadas de la maquinaria agrícola, forestal y pesquera (3,7% del total de emisiones nacionales) también se redujeron (-1,3%) en 2019 con respecto al año anterior, debido al descenso en el consumo de gasóleo B.

•El sector de la agricultura (12,5% de las emisiones que incluyen las emisiones de la ganadería) muestra un descenso del -1,4%. En el ámbito ganadero, pese al ligero crecimiento de las cabañas ganaderas (responsables del 67,2% de las emisiones de este sector), las emisiones se redujeron un 0,4%, debido fundamentalmente a las procedentes de la gestión de estiércol (-1,0%) y a las procedentes de la fermentación entérica (-0,1%). Las emisiones debidas a los cultivos disminuyeron un -3,4%, fundamentalmente por los descensos de emisiones de N2O derivadas de la gestión de suelos agrícolas debido al menor uso de fertilizantes inorgánicos respecto al año anterior (-3,2 %) y de emisiones de CO2 derivadas de la aplicación de urea (12,4 %).

•El sector de los residuos (4,3% de las emisiones) aumenta ligeramente sus emisiones GEI (+0,7 %) debido al aumento de las cantidades de residuos sólidos depositados en vertederos y aguas residuales tratadas. Junto al transporte, son los únicos sectores que no registran desacoplamiento de sus emisiones frente al contexto socioeconómico (incremento del PIB del 2% y de la población del 0,8%, superando por primera vez la población española la barrera de los 47 millones de habitantes).

•Las emisiones derivadas de la combustión en refinerías (3,5% de las emisiones): disminuyen 3,6%, según datos del régimen ETS.

•Las emisiones del conjunto de gases fluorados (1,5% del total de las emisiones en términos de CO2-eq): disminuyeron un -5,2%, principalmente por el descenso en el uso de HFC y PFC en el sector de la refrigeración y aire acondicionado, como consecuencia de la aplicación del impuesto creado por la Ley 16/2013.

•Las absorciones asociadas al sector de usos del suelo, cambios de usos del suelo y silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés) se han estimado en 37,5 millones de toneladas de CO2-eq (equivalentes al 12% de las emisiones brutas en 2019). Respecto a 2018, las absorciones han sido menores (variación interanual de -1,6%). La disminución en el global de las absorciones está ligada al sector forestal (-2,0%, consecuencia de la disminución del efecto de las repoblaciones sobre el incremento de biomasa forestal), y en menor medida a la disminución de la superficie de pastizal.

Imprimir Imprimir         

Bahía de Santander. Gaviota

11 de julio, 2020
Imprimir Imprimir         

Modelo uniforme de permiso de residencia. ( Nuevo formato tarjeta de identidad de extranjero )

11 de julio, 2020

Ministerio del Interior

Dirección General de la Policía

Subdirección General de Logística e Innovación

División de Documentación

Fecha: 8 de Junio de 2020.

Nota de prensa – policia.es

Modelo uniforme de permiso de residencia. ( Nuevo formato tarjeta de identidad de extranjero )

El Cuerpo Nacional de Policía a través de un proyecto realizado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la División de Documentación, y el Centro de Proceso de Datos del El Escorial, en estrecha colaboración con la Real Fábrica de la Moneda y Timbre, han implementado el modelo Uniforme de Permiso de Residencia dentro de la Unión Europea. Esta nueva tarjeta unifica tres de los cuatro tipos de TIE que han convivido hasta la fecha, siendo un modelo de tarjeta común para los miembros de la UE.

A partir de ahora, los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea, obtendrán un nuevo modelo de Tarjeta de Identidad de Extranjero, siendo un modelo más moderno, con mayores medidas de seguridad y unificado dentro de la Unión Europea.

El cambio al nuevo formato es consecuencia de la aplicación del Reglamento de (UE) 2017/1954 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2017, donde se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países. A través de este Reglamento se unifica de manera paulatina el modelo de permiso de residencia para nacionales de terceros países dentro de la Unión Europea, dotando a los residentes de cualquier Estado Miembro, de un mismo modelo a medida que los diversos países adopten este formato.

El modelo elegido por la Unión Europea es fruto de la propuesta de diseño realizada por España, a través de la Real Casa de la Moneda y Timbre. Siendo España el primero de los Estados Miembros que ha realizado las actuaciones necesarias para implantarlo. La unificación del formato tiene como propósito evitar las falsificaciones, adoptando medidas más modernas con el objeto de hacer a estos permisos más seguros.

Hasta la fecha han convivido cuatro modelos de tarjeta de identidad de extranjero según el tipo de autorización que daba origen al derecho; permiso de residencia, permiso de régimen comunitario, permiso de estudiante y permiso de trabajador fronterizo. Con la implantación del nuevo formato, los tres primeros modelos de TIE se unifican en el modelo uniforme de permiso de residencia, que convivirá con el actual permiso de trabajador fronterizo. Pasando de cuatro modelos de TIE a dos, figurando en la tarjeta la denominación del tipo de autorización que da origen a la residencia o estancia. Esa diferencia se debe a que el premiso de trabajador fronterizo no da origen a la residencia, siendo necesario diferenciar este tipo de tarjeta. Este modelo de tarjeta, también será usado para las tarjetas que se emitan como consecuencia del BREXIT.

Este nuevo formato de tarjeta, está provisto de un chip RFID de identificación similar al del Pasaporte, el cual puede ser leído por cualquier sistema de inspección fronteriza, facilitando la lectura del permiso de residencia con una tecnología que es interoperable con otros documentos de viaje. Este sistema facilita a través de un lector con tecnología NFC, e introduciendo el número CAN (figura en la parte inferior derecha del anverso), que se pueda acceder a la información del chip, que contendrá la imagen y los datos biográficos.
Este nuevo modelo uniforme, afecta a las TIE´s que se expidan a partir del día 19 de mayo de 2020, siendo fabricadas y personalizadas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y posteriormente entregadas a su titular una vez llegan a la Unidad de Documentación Expedidora.
Se adjunta imagen del modelo uniforme de permiso de residencia, de la tarjeta de residencia de trabajador fronterizo.

ANEXO I:
Modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países.

ANEXO II:
Permiso de residencia de trabajador fronterizo.

Imprimir Imprimir         

La inclusión financiera digital en tiempos de la COVID-19

11 de julio, 2020

La inclusión financiera digital en tiempos de la COVID-19

blog.dialogoafondo.imf.org

Por Ulric Eriksson von Allmen, Purva Khera, Sumiko Ogawa y Ratna Sahay

La pandemia de COVID-19 podría suponer un punto de inflexión para los servicios financieros digitales. Los hogares de bajo ingreso y las pequeñas empresas pueden beneficiarse enormemente de las ventajas que encierran el dinero móvil, los servicios de tecnofinanzas y la banca en línea. La inclusión financiera derivada de los servicios financieros digitales también puede impulsar el crecimiento económico. Si bien va a potenciar el uso de estos servicios, la pandemia también ha complicado el crecimiento de los actores de menor tamaño en el sector y ha puesto de relieve la desigualdad en el acceso a las infraestructuras digitales. Será necesario adoptar diversas medidas para garantizar una inclusión máxima en el futuro.

La transición hacia los servicios financieros digitales ya estaba contribuyendo a mejorar la inclusión financiera en las sociedades antes de la pandemia, algo que beneficia a muchos hogares de bajo ingreso y pequeñas empresas que suelen tener poco acceso a las instituciones financieras tradicionales. Los confinamientos y el distanciamiento social están acelerando el uso de servicios financieros digitales, de la misma forma que la epidemia de SRAS en 2003 aceleró la introducción de los pagos digitales y el comercio electrónico en China.

Muchos países (por ejemplo, Liberia, Ghana, Kenya, Kuwait, Myanmar, Paraguay y Portugal) están propiciando esta transición al abaratar las comisiones cobradas por transacciones y al elevar los límites para las transacciones de dinero móvil.

África y Asia marcan la pauta

En un nuevo estudio, hemos presentado un índice de inclusión financiera digital que mide el progreso en 52 economías de mercados emergentes y en desarrollo. Observamos que la digitalización aumentó la inclusión financiera entre 2014 y 2017, incluso en lugares donde la inclusión financiera mediante servicios bancarios tradicionales estaba disminuyendo. Es probable que esta tendencia haya mejorado desde entonces.

África y Asia marcan la pauta en lo que se refiere a la inclusión financiera digital, aunque con diferencias importantes entre los países. Ghana, Kenya y Uganda han tomado la delantera en África. En comparación, el uso de servicios financieros digitales tiende a ser más reducido en Oriente Medio y América Latina. En algunos países, como Chile y Panamá, esto quizá se deba a un nivel relativamente más alto de penetración bancaria.

En la mayoría de los países, los servicios de pagos digitales están evolucionando hacia los préstamos digitales, conforme las empresas acumulan datos de usuarios y desarrollan nuevas formas de utilizarlos para evaluar la solvencia crediticia. El valor de los préstamos negociados en mercados en línea, que utilizan plataformas digitales para conectar directamente a prestamistas con prestatarios, se duplicó entre 2015 y 2017. De momento este fenómeno está concentrado en China, Estados Unidos y el Reino Unido, pero parece que está ganando terreno en otras partes del mundo, como Kenya e India.

Ventajas más allá de la inclusión financiera

La inclusión financiera beneficia a las economías y a las sociedades en su conjunto. En estudios anteriores se había observado que la ampliación de los servicios financieros tradiciones a los hogares de bajo ingreso y a las pequeñas empresas va acompañada del aumento del crecimiento económico y de la reducción de la desigualdad de ingresos . Nuestro análisis concluye que la inclusión financiera digital también se asocia con un crecimiento mayor del PIB.

Durante los confinamientos debidos a la COVID-19, los servicios financieros digitales están ofreciendo a los gobiernos la posibilidad de proporcionar apoyo financiero rápido y seguro a personas y empresas a las que es difícil llegar, como se ha visto en Namibia, Perú, Zambia y Uganda. Esto contribuirá a atenuar las secuelas económicas y posiblemente fortalecer la recuperación.

La tarea pendiente

Tienen que conjugarse varios factores para aprovechar el enorme potencial de los servicios financieros digitales en la era posterior a la COVID-19. Para lograr una recuperación más inclusiva se necesita la igualdad de acceso a las infraestructuras digitales (electricidad, cobertura móvil y de Internet e identificación digital), una mayor alfabetización financiera y digital y datos que no estén sesgados o distorsionados.

Un sondeo que realizamos entre más de 70 partes interesadas a escala mundial —empresas de tecnofinanzas, bancos centrales, entidades reguladoras y bancos— puso de manifiesto que los reguladores deben estar al corriente de los rápidos cambios tecnológicos en tecnofinanzas, de modo que puedan garantizar la protección de los datos y del consumidor, la ciberseguridad y la interoperabilidad transfronteriza y entre usuarios. Las empresas de tecnofinanzas también señalaron la escasez a nivel internacional de «creadores de código» (programadores y desarrolladores de software).

Al mismo tiempo, es importante garantizar que la competitividad en el sector de tecnofinanzas siga teniendo un nivel que permita aprovechar al máximo las ventajas de los servicios financieros digitales. La crisis de COVID-19 presenta posibles ventajas para el sector, pero también desafíos para las empresas de tecnofinanzas más pequeñas: restricciones de financiamiento, aumento de los préstamos en mora, disminución de las transacciones y la demanda de crédito. Hay casos en que la concesión de nuevos préstamos se ha paralizado desde el inicio de los confinamientos. Una consolidación generalizada y un menor protagonismo de las empresas emergentes podrían dar lugar a una mayor concentración en el sector y podría hacer retroceder la inclusión. Es de interés público acelerar la formulación de marcos de gestión de gobierno las grandes empresas de tecnofinanzas.

La pandemia demuestra que la tendencia hacia una mayor digitalización de los servicios financieros no es una moda pasajera. Para lograr sociedades inclusivas y para corregir el aumento de las desigualdades durante y después la crisis actual, las autoridades nacionales e internacionales deben cerrar la brecha digital entre los países y dentro de ellos, para así aprovechar las ventajas de los servicios financieros digitales. Esto significa encontrar el equilibrio adecuado entre facilitar la innovación financiera y abordar varios riesgos. La protección insuficiente del consumidor, la falta de alfabetización financiera y digital, la desigualdad en el acceso a infraestructuras digitales y los sesgos en los datos son cuestiones que exigen la toma de medidas a nivel nacional, tal como sucede con los riesgos de ciberseguridad y lavado de dinero, que exigen acuerdos internacionales y el intercambio de información sobre cuestiones como las leyes antimonopolio que garanticen una competencia adecuada.

Imprimir Imprimir         

Las demandas de disolución matrimonial experimentan una nueva disminución y bajan un 18,5 por ciento en el primer trimestre del año

11 de julio, 2020

Lunes, 6 de julio de 2020

Las demandas de disolución matrimonial experimentan una nueva disminución y bajan un 18,5 por ciento en el primer trimestre del año

Los divorcios consensuados se redujeron en un 16,6 por ciento, mientras que los no consensuados lo hicieron en un 20,4 por ciento. Las demandas de separación de mutuo acuerdo sufrieron un descenso del 26,7 y las no consensuadas, del 23 por ciento

Autor:Comunicación Poder Judicial

En el primer trimestre de 2020 el número de demandas de disoluciones matrimoniales -separaciones y divorcios, tanto de mutuo acuerdo como no consensuados- se ha reducido en un 18,5 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019. Este dato, incluido en el informe elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, pone de manifiesto la estabilidad de una tendencia a la baja que se mantiene desde los últimos años.

Los datos correspondientes al primer trimestre de 2020, que como consecuencia de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma se contabilizaron sólo hasta el 14 de marzo y no hasta el día 31, muestran importantes disminuciones interanuales en todas las formas de disolución matrimonial.

Las 13.690 demandas de divorcio consensuado son un 16,6 por ciento menos que las presentadas en el primer trimestre de 2019 y las 9.290 demandas de divorcio no consensuado son un 20,4 por ciento menos. Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se han presentado 660, han disminuido un 26,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019, y las 335 no consensuadas representan un 23 por ciento menos que las presentadas el año anterior.

El número de demandas de nulidad, en total 23, ha sido un 32,4 por ciento menos a las presentadas en el primer trimestre de 2019.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en las Islas Baleares, 6,6; Comunidad Valenciana, 6,5; La Rioja, 6,2; Andalucía y Cantabria, 5,9; y Asturias, Cataluña y Murcia, 5,8. Todas superan la media nacional, que es de 5,7. Las proporciones situadas por debajo de la media nacional se han dado en Castilla y León, 4,6; País Vasco, 4,9; Madrid, 5,1; Navarra, 5,2; y Aragón, 5,3.

Los siguientes gráficos muestran la evolución de las demandas de divorcio y separación (consensuadas y no consensuadas):

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

También todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han mostrado disminuciones interanuales respecto al primer trimestre del año 2019.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 2.880, se han reducido un 13,6 por ciento y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, en total 7.854, lo han hecho un 16,8 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 4.809, han tenido una disminución interanual del 9 por ciento, mientras que las no consensuadas, 6.286, han mostrado una disminución del 16,7 por ciento.

Los siguientes gráficos muestran la evolución de las demandas de modificación de medidas, matrimoniales y no matrimoniales:

Los datos completos están disponibles en este enlace.

Imprimir Imprimir         

Bahía de Santander. Conjunto escultórico. Raqueros

10 de julio, 2020
Imprimir Imprimir         

Cuatro de cada diez empresas creadas en España en 2019 se dedicaron a construcción, hostelería y turismo

10 de julio, 2020

Cuatro de cada diez empresas creadas en España en 2019 se dedicaron a construcción, hostelería y turismo

08/07/2020 | Notas de Prensa. registradores.org

Andalucía y Madrid crearon respectivamente una de cada cinco empresas del sector turístico en España durante 2019

Como muestra de dinamismo empresarial, la constitución de sociedades en los RR.MM. de las diversas CC.AA. en relación al número de habitantes de cada comunidad, mostró en primer lugar a Madrid, que creó una empresa por cada 300 habitantes, seguido de Baleares, una por cada 378, Cataluña (una por cada 420 habitantes) y Valencia, que creó una empresa por cada 454. Estas comunidades mostraron mayor dinamismo que la media nacional, que se situó en una empresa creada por cada 495 habitantes. En el lado opuesto se situaron Extremadura (1 por cada 935 habitantes), seguida de Cantabria (1 por cada 901 habitantes), Castilla la Mancha (1 por cada 872) y Asturias (1 por cada 866 habitantes).

Estos datos forman parte de la Estadística del año 2019 realizada por el Registro Mercantil Central, responsable entre otras funciones, de dar publicidad a los actos sociales que se inscriben en los registros mercantiles provinciales. Se incluyen los principales actos registrales con mayor incidencia económica, con amplios desgloses geográficos y sectoriales de actividad, enfocados en el ámbito de las nuevas sociedades creadas. Consultar en: http://www.rmc.es/estadisticas/EstadisticaSocietaria.aspx.

La constitución de sociedades en los RR.MM. del tipo societario mercantil más habitual, las sociedades limitadas, durante 2019, en relación al número de habitantes por provincia, como muestra de dinamismo empresarial, mostró en primer lugar a Madrid (3,2 empresas creadas por cada mil habitantes), seguida de Málaga (3,1), Barcelona (2,54), Baleares (2,5) y Alicante (2,47). En sentido contrario, las que crearon menos de una SL por cada mil habitantes fueron Palencia (0,76), seguida de Jaén (0,77), Teruel (0,8), Cáceres (0,82) y Burgos (0,98).

Con relación a la distribución sectorial de la actividad, en los diferentes niveles de nuestra geografía, medida a través de los objetos sociales declarados en las nuevas constituciones inscritas en los RR.MM., el estudio realizado muestra claramente el patrón económico estructural de España, más allá de las situaciones de crisis puntuales.

Como puede apreciarse en el gráfico posterior, de las cerca de 95.000 empresas creadas en 2019, más de 27.000 pertenecían al sector de la construcción y más de 9.000 a hostelería, a las que habría que añadir un millar dedicadas al turismo. Es decir, construcción y hostelería junto con turismo representaron casi cuatro de cada 10 empresas creadas.

Resulta destacable también cómo, durante los tres últimos años, ganan peso relativo y crecen significativamente las empresas creadas dentro de los sectores de energía y energías alternativas, siendo estos sectores de gran valor añadido y por tanto muy importantes para la competitividad actual y, sobre todo, futura de nuestra economía.

En el estudio, se informa sobre la distribución territorial de los diferentes sectores y la participación de cada comunidad autónoma sobre el total nacional. Centrándonos en los sectores mencionados antes, por su importancia actual en unos casos y futura en otros, las CC.AA. que destacan en construcción son Madrid y Cataluña: en cada una de ellas se creó una de cada cinco empresas españolas del sector, seguidas muy de cerca por Andalucía, con el 18,4% de las constituidas a nivel nacional.

Sobre el sector de la hostelería, las CC.AA. que más empresas crearon fueron nuevamente Madrid y Barcelona, prácticamente con la misma proporción de empresas creadas sobre el total nacional que las del sector anterior, una de cada cinco, seguidas de Andalucía, en esta ocasión a más distancia, con el 17,3% de las nacionales.

En el sector del turismo, la mayor participación sectorial de nuevas empresas en España le corresponde a Andalucía, con el 20,3% del total nacional, seguida de Madrid, con el 19,7% y a cierta distancia por Cataluña, con el 17,5%.

Si nos centramos en los sectores de la energía y energías alternativas, que fueron los que mayor crecimiento relativo mostraron en 2019, destaca Madrid, que aglutina por sí sola una de cada tres empresas creadas en España en este sector.

Domiciliación societaria por sectores de actividad. Año 2019

Ámbito provincial. (10 primeras)

Ampliando el análisis a las energías renovables, una clara opción de futuro inmediato y a largo plazo para nuestro país, se aprecia que la Comunidad de Madrid, lidera la creación de empresas en el sector con el 30,4%, doblando a la siguiente, Cataluña, con el 14,9%, seguida de Andalucía con el 12,9% y la Comunidad Valenciana, con el 11,4%.

Imprimir Imprimir         

El Gobierno aprueba el plan de choque para hacer frente a la litigiosidad postcovid-19 y una reforma radical de transformación social en materia de discapacidad

10 de julio, 2020

Consejo de Ministros

mjustica.gob.es

El Gobierno aprueba el plan de choque para hacer frente a la litigiosidad postcovid-19 y una reforma radical de transformación social en materia de discapacidad

• El Ministerio de Justicia ha elevado hoy a Consejo de Ministros el paquete de actuaciones por objetivos valorado en más de 50 millones para reactivar la Justicia.

• Impulsa un cambio social definitivo sobre la capacidad de obrar de las personas con discapacidad, procurando un apoyo a la medida de cada circunstancia personal y atendiendo a la voluntad de las mismas en la toma de decisiones.

7 de julio de 2020.- El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado hoy el plan de choque para aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. Con una dotación económica de más de 50 millones de euros, su objetivo es recuperar la normalidad en los órganos judiciales y aportar mecanismos, recursos y soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo ha detallado las medidas contenidas en el plan que se desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y que afectará a un total de 315 juzgados.
En la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo.
En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, se dispondrá de información más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar para su desarrollo posterior.

Se aplicarán medidas de autorrefuerzo en los partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% del módulo de entrada determinado por el Consejo General del Poder Judicial. La participación del personal de los juzgados en estos programas de actuación por objetivos se reconocerá con una retribución extraordinaria.

Además, se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales que asumirán un volumen de trabajo superior al doble del módulo de entrada fijado por el CGPJ, así como para aquellos otros que, sin superarlo, presenten cifras de causas pendientes elevadas.
Por último, se contemplan medidas estructurales como es la creación de 21 nuevos órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos.

En su intervención Campo ha advertido de que se trata de un plan de actuaciones por objetivos sobre las que habrá un seguimiento constante y que permitirá la posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos escenarios que puedan darse en los juzgados en esta etapa postcovid.

Reforma procesal y civil en materia de discapacidad

Sobre la reforma procesal y civil en materia de discapacidad a la que hoy ha dado luz verde el Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que se está actuando de manera contundente para conseguir que la toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no sean sustituidas en la toma de decisiones de lo que les afecta. “Es una norma que implanta un cambio de paradigma”, ha apostillado.

La reforma evitará que, como ocurría hasta ahora, un altísimo porcentaje de las denuncias o avisos recibidos por la fiscalía terminasen en la incapacitación de miles de personas, “lo que implica la muerte civil de las mismas”, ha señalado Campo. Esta Ley provee de un apoyo adaptado a cada una de las circunstancias, según el titular de Justicia.

Inspirada en el artículo 10 de la Constitución, responde con rotundidad al respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad.

Supone un cambio importante de terminología, relegando los términos de “incapacidad” e “incapacitación” por otros más precisos y respetuosos, en línea con la reiterada posición ministerial de la importancia que tiene el lenguaje en el ámbito jurídico.

El núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que precisen las personas mayores de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la medida.

En definitiva, la nueva ley persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje.

Campo ha agradecido la aportación a la Ley por parte de colectivos como CERMI, y espera que la tramitación parlamentaria de la Ley se haga de la manera más rápida posible, bajo el paraguas del mayor consenso político.
El ministro, que ha mencionado los distintos impulsos normativos por parte del Gobierno progresista, asegura que es una Ley que “nos afecta como sociedad y de la que tenemos que sentirnos orgullosos porque nos permite ser más iguales”.

Imprimir Imprimir         

El Real Decreto de metodología para calcular los cargos de la factura de electricidad arranca su período de información pública

10 de julio, 2020

En cumplimiento de la normativa europea

El Real Decreto de metodología para calcular los cargos de la factura de electricidad arranca su período de información pública

Martes 7 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

La metodología propuesta en el proyecto de Real Decreto establece que el cálculo de los cargos tendrá una parte fija y una variable, que se determinará en función de la energía consumida. De esta manera, las medidas de ahorro y eficiencia energética tendrán un mayor efecto sobre la factura. También favorece el autoconsumo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado hoy el periodo de información pública del Real Decreto por el que se establece la metodología de cargos del sistema eléctrico que, junto a los peajes del sistema -fijados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)-, componen la parte regulada de la factura de electricidad de todos los consumidores, que se suma al coste de energía consumida. La norma que se somete audiencia pública no establece los cargos concretos, sino el método para su cálculo, paso previo y preceptivo de acuerdo con la normativa comunitaria.

Se estima que el efecto combinado de los cargos de este proyecto de Real Decreto y de los peajes fijados según la metodología de la CNMC resultará en una factura eléctrica total con un mayor componente variable -es decir, dependiente de la energía consumida- para todos los consumidores, lo que permitirá que cualquier medida de ahorro y eficiencia energética tenga un impacto positivo para el usuario. De igual modo, incentiva la instalación de sistemas de autoconsumo.

Marco más seguro, predecible y estable

En enero de 2019, y en cumplimiento con el marco regulatorio de la Unión Europea, el Consejo de Ministros estableció un nuevo reparto competencial entre el Gobierno y el regulador del mercado interno de la electricidad, la CNMC, garantizando así su total independencia.

En virtud de este nuevo marco regulatorio, que otorga seguridad jurídica, predictibilidad y estabilidad a los ciudadanos y a los agentes del sector eléctrico, las denominadas tarifas del sector eléctrico -la parte regulada del recibo de la luz- pasaron a ser sustituidas por dos conceptos: los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, cuya determinación corresponde a la CNMC, y para los que ya ha publicado una circular con su estructura y metodología de cálculo; y los cargos del sistema, que ha de fijar el Gobierno. Con este proyecto de Real Decreto se configura la estructura y metodología para hacerlo.

Con los peajes, el consumidor eléctrico cubre los costes del uso de las redes de transporte y distribución de la energía eléctrica. Los cargos, por otro lado, agrupan otros costes del sistema como pueden ser la financiación de las energías renovables y la cogeneración, la financiación del déficit de ejercicios pasados y el 50% de los sobrecostes que supone la generación eléctrica en territorios no peninsulares, dada su condición de insularidad.

La metodología que se articula en el proyecto de Real Decreto toma en consideración los principios de política energética -entre ellos, los de objetividad, transparencia y no discriminación- y, en términos generales, mantiene el porcentaje equivalente de coste que, hasta el momento, asumían los consumidores por estos conceptos. Con ello, se evita generar efectos redistributivos entre consumidores como consecuencia de la nueva metodología.

Mayor peso al componente variable de los cargos

Los cargos, por regla general, son fijos y su cantidad es independiente del consumo dado que derivan, fundamentalmente, de decisiones de política energética adoptadas en el pasado. Sin embargo, y como principal novedad, el proyecto de Real Decreto establece que el cálculo de los cargos tendrá una parte fija y una variable, que se determinará en función de la energía consumida por el usuario en su vivienda, empresa o industria.

En concreto, en el caso de los consumidores con menos del 15kW de potencia contratada -la mayoría de los usuarios domésticos y pymes-, el 75% de los cargos se calculará en base a su consumo energético, y el 25% restante serán de término fijo, en función de su potencia contratada. Para el resto de los consumidores, el 40% de los cargos se recuperará a través del término fijo y el 60% a través del término variable.

De esta manera, las medidas que promuevan el ahorro y eficiencia energética tendrán un mayor efecto sobre la cantidad que se abona en concepto de cargos, reduciéndolos en mayor proporción. Con ello también se promueve el autoconsumo, que reduce la energía consumida al incluir los excedentes de producción, o el despliegue de infraestructuras de recarga rápida de vehículos eléctricos, al favorecer la gestión de la demanda. Con el objeto de mantener equilibrio con otras prioridades de política energética, se mantiene una parte fija de los cargos. Con ello, se mantiene el incentivo para la electrificación de usos finales de energía, como es el caso, por ejemplo, de las bombas de calor, cuyo uso podría resultar más ventajoso frente a otras opciones basadas en combustibles fósiles.

Coherencia para el sistema

Con el objetivo de dotar de coherencia y simplicidad al sistema, el proyecto de Real Decreto asume la misma estructura tarifaria, por niveles de tensión, que la fijada por la CNMC en su metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. Asimismo, se utilizan los mismos componentes de facturación y se ha optado por una estructura de cargos con discriminación horaria, empleando para ello el mismo diseño de periodos que el propuesto por la Comisión para los peajes.

La metodología de cargos establecida en este proyecto de Real Decreto determina los criterios para el reparto de los cargos pero no fija su importe total. De hecho, la metodología de cargos no determina por sí misma el precio final de los cargos en la factura, sino que será la evolución de la demanda del resto de costes e ingresos regulados del sistema, como por ejemplo las subastas CO2, la que marque el coste de los cargos en cada ejercicio. Se establecerán mediante orden ministerial con la suficiente antelación, del mismo modo que la CNMC habrá de emitir una resolución determinando los peajes correspondientes.

La metodología establecida de cargos se actualizará cada seis años aunque, con carácter excepcional, podrá revisarse si se producen circunstancias especiales debidamente justificadas como cambios en los componentes que forman parte de los cargos del sistema eléctrico o modificaciones en la normativa europea, entre otros.

Por último, el proyecto de Real Decreto modifica la normativa que regula actualmente el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, para adaptarla a la nueva estructura de peajes y cargos y, por otro lado, aprueba una metodología para calcular el coste derivado de la emisión de las refacturaciones por parte de los comercializadores, en ejecución de diversas sentencias recaídas en la materia.

Una vez sustanciado el periodo de consulta pública y estudiadas las alegaciones recibidas, el proyecto de Real Decreto continuará su tramitación hasta ser elevado al Consejo de Ministros para su debate y, en su caso, aprobación. Una vez ello ocurra, se iniciará el proceso de elaboración de la orden ministerial que fije los cargos del ejercicio correspondiente.

En coherencia con la propuesta de la CNMC, la aplicación de los nuevos cargos no se producirá antes del 1 abril de 2021.

El período de información pública concluye el próximo 28 de julio.

Imprimir Imprimir         

Un juzgado ratifica la decisión de Sanidad de confinar un edificio de Albacete por riesgo de transmisión del COVID-19

10 de julio, 2020

Lunes, 6 de julio de 2020

Un juzgado ratifica la decisión de Sanidad de confinar un edificio de Albacete por riesgo de transmisión del COVID-19

La ratificación judicial de la resolución administrativa es necesaria al limitarse derechos fundamentales. El Auto establece un plazo máximo de 14 días de las medidas de confinamiento y aislamiento establecidas en el inmueble. La autoridad sanitaria deberá informar semanalmente al juzgado competente de la evolución de la salud de las personas confinadas

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Albacete (en funciones de guardia) ha dictado Auto, con fecha 5 de julio de 2020, por el que se ratifica la medida de confinamiento de un edificio de viviendas adoptada por la Delegada Provincial de Sanidad en Albacete tras detectarse dos brotes de COVID-19.

La intervención judicial en este caso es necesaria puesto que la resolución administrativa limita derechos fundamentales, en este caso la restricción de la libertad de 20 vecinos que habitan en el edificio.

El Auto de ratificación de medidas sanitarias urgentes se ha dictado tras recabar informe del Ministerio Fiscal, que no se ha opuesto a la medida, y del médico forense, que estima procedentes las medidas sanitarias urgentes adoptadas por la Delegación de Sanidad en Albacete y considera razonable un plazo de 14 días de vigencias de las mismas.

La resolución judicial recoge en su fundamentación jurídica abundante normativa estatal y autonómica, así como Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre las leyes que justifican la decisión de confinamiento del edificio se encuentra la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril; la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; o la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de Salud de Castilla-La Mancha.

A la vista del informe del médico forense, el Auto recoge que la medida acordada por la autoridad sanitaria, que ahora se ha ratificado, persigue un fin constitucionalmente legítimo, esto es, tratar de impedir un pico agudo de infecciones por COVID-19, reducir el riesgo de colapso de los sistemas de salud, y proporcionar más tiempo para el desarrollo de un tratamiento o una vacuna. Por todo ello procede el confinamiento y aislamiento de los vecinos del edificio, con el fin de controlar la transmisión de la enfermedad, así como la adopción de las medidas oportunas para el control de los enfermos y de las personas que hayan estado en contacto con los mismos.

La parte dispositiva del Auto, además de ratificar la resolución de la Delegada Provincial de Sanidad en Albacete, establece a qué vecinos en concreto afecta la medida de confinamiento, 20 personas en total, así como la vigencia de la misma que se establece para un plazo máximo de 14 días.

El Auto ordena también que la autoridad sanitaria remita al juzgado competente comunicación semanal de la evolución de salud de las personas confinadas, mientras dure el aislamiento, y de las razones por la que se mantenga, no siendo necesaria ratificación judicial cuando se alcen las medidas limitativas de libertad.

Será la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la que siga tramitando el procedimiento al ser la competente, habiendo actuado el Juzgado de Instrucción nº 1 de Albacete por estar de guardia y haberse adoptado la resolución de la Delegación de Sanidad en día inhábil.

El Auto es susceptible de recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM.

Imprimir Imprimir         

Cantabria a pie

9 de julio, 2020
Imprimir Imprimir         

El Gobierno prorroga las ayudas a las hipotecas, al alquiler y a los suministros básicos hasta finales de septiembre

9 de julio, 2020

El Gobierno prorroga las ayudas a las hipotecas, al alquiler y a los suministros básicos hasta finales de septiembre

Martes 7 de julio de 2020

La Moncloa, Madrid – 07/07/20

lamoncloa.gob.es

El Ejecutivo ha ampliado las medidas aprobadas en el estado de alarma para aliviar la carga financiera de las hipotecas, los créditos no hipotecarios y el alquiler, así como para garantizar los suministros básicos a los colectivos más vulnerables. Además, ha acordado iniciativas para reactivar la economía en los ámbitos del transporte y la vivienda y ha reformado la justicia en materia de discapacidad.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha afirmado que el Gobierno ha construido un escudo social, «seguramente mejorable y limitado, pero sin precedentes en la historia» para paliar la situación de los ciudadanos más afectados por las consecuencias del COVID-19.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo prorrogó los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) hasta el 30 de septiembre, y acordó ayudas de apoyo para el sector turístico. Además, ha argumentado que, para «no dejar a nadie atrás», las medidas adoptadas hoy responden a criterios de justicia social y a una necesidad de eficacia económica.

Alivio de la carga financiera de hipotecas y créditos no hipotecarios

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo IglesiasPool Moncloa /JM CuadradoPablo Iglesias ha explicado que, con el fin de aliviar la carga financiera de las personas en situación de vulnerabilidad, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, inmuebles afectos a actividades económicas y viviendas destinadas al alquiler se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses. A 30 de junio, se ha concedido esta ayuda a más de 200.000 personas, el 83% de las solicitudes registradas.

Igualmente, la moratoria sobre créditos sin garantía hipotecaria y créditos al consumo, de la que se han concedido más de 384.000 solicitudes -el 85% de las presentadas-, se extiende en el mismo plazo.

Protección a los arrendatarios vulnerables

El vicepresidente ha indicado que la prórroga de los seis meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre. Se amplía también a esa fecha el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la renta, o la condonación total o parcial de la misma, de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de que el arrendador sea un gran tenedor, para aquellos hogares en situación de vulnerabilidad económica.

Garantizados los suministros básicos

Con el objetivo de garantizar el acceso a los suministros básicos de los consumidores vulnerables, Pablo Iglesias ha anunciado que se amplía el bono social hasta el 30 de septiembre. Además, se amplía la garantía de suministros de agua y energía a consumidores domésticos, en vivienda habitual, hasta la misma fecha. Esto se suma, ha indicado el vicepresidente, a la paralización de los desahucios, que estará vigente hasta el 2 de octubre de 2020.

Reactivación en los ámbitos del transporte y la vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que recoge medidas para reactivar la economía en los ámbitos de los transportes y de la vivienda y afrontar el impacto del coronavirus.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha explicado que la norma tiene tres objetivos: proteger la salud de los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los servicios esenciales; proporcionar liquidez a las empresas del sector del transporte para preservar su variabilidad, potenciar su actividad e impulsar su recuperación; y reducir las cargas administrativas.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis ÁbalosPool Moncloa /JM CuadradoEl importe económico de las medidas para empresas privadas del sector del transporte y para la reducción de tasas portuarias asciende a 663 millones de euros, a los que hay que sumar 1.000 millones para aumentar la capacidad de endeudamiento de RENFE, con el fin de compensar la caída de la demanda e impulsar la recuperación de servicios. Otros 110 millones van destinados a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA) para que atienda sus compromisos de obras públicas en curso.

José Luis Ábalos ha precisado que estos fondos se suman a los 800 millones de euros destinados al transporte público en las comunidades autónomas y a las ayudas fiscales al sector para dar respuesta al impacto del coronavirus.

El ministro ha precisado que, en el sector aéreo, el Real Decreto-ley establece que las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de vuelo serán obligatorias.

Respecto al sector marítimo, Ábalos ha destacado que se amplía temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias y de ocupación, y se facilitan las inspecciones que deben pasar los navieros españoles.

En el sector del transporte por carretera, se posibilita una moratoria en el pago del principal de las cuotas de todos los préstamos para la adquisición de autobuses y camiones para autónomos o para empresas del transporte discrecional de viajeros. Las medidas adoptadas, ha concretado el ministro, permitirán un aplazamiento de hasta 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías y de hasta 250 millones para el transporte discrecional de viajeros.

Medidas en el ámbito de la vivienda

El Real Decreto-ley incorpora medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda para proteger a las familias y reactivar el sector.

Ábalos ha anunciado que el Gobierno aporta a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) la concesión de suelo público, que puede durar hasta 75 años, para que empresas privadas construyan viviendas en alquiler social. El ministro ha señalado que es una medida «muy incentivadora» para dinamizar la economía, generar una expectativa al sector inversor comprometido con la vivienda y generar un parque de vivienda pública superior al actual.

Por otra parte, las comunidades autónomas que no hayan ejecutado el dinero recibido del Plan Estatal de Vivienda no tendrán que devolverlo si lo aplican a otros planes relacionados con el acceso a la vivienda.

Reactivación de la justicia tras el coronavirus

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presentado las medidas contenidas en el plan de actuación para aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. El plan se desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y afectará a 315 juzgados.

El ministro de Justicia, Juan Carlos CampoPool Moncloa /JM CuadradoEn una primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, la intervención se hará en los juzgados con mayor carga de trabajo: social y mercantil. Se aplicarán medidas de refuerzo en los partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% determinado y se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales. Además, se crearán 21 órganos judiciales nuevos para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos.

En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, habrá información más concreta respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución lo que facilitará extender las medidas.

El ministro ha indicado que se trata de un plan de actuaciones por objetivos, que se podrán acelerar si es necesario y permitirá dar respuesta en los juzgados a la etapa postcovid.

Reforma procesal y civil en materia de discapacidad

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley que reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones de forma más autónoma y con menos tutelaje que en la actualidad.

Juan Carlos Campo ha explicado que se regula la situación de la tutela, que queda solo para los menores, porque las personas con algún tipo de discapacidad lo único que necesitarán será un apoyo. En este sentido, ha dicho, se tendrá en cuenta lo que exteriorizan y lo podrán hacer con carácter previo a entrar en la situación de discapacidad, con lo cual se da validez a sus mandatos: «Es una especie de testamento que permita decir qué ocurre si yo llego a esta situación, cómo se va a marcar el apoyo. La figura básica ya no es la tutela, que desaparece con esta finalidad, sino la curatela».

El ministro ha destacado que la futura ley está «absolutamente consensuada», por lo que confía que su tramitación parlamentaria sea rápida.

Protección social y reactivación de la economía

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que todas las medidas adoptadas tienen como finalidad impulsar nuestro tejido productivo, recuperar los empleos que quedaron suspendidos por la emergencia sanitaria y generar nuevas oportunidades laborales, principalmente para las personas más jóvenes.

De igual modo, esas iniciativas buscan proteger rentas de las clases medias y trabajadoras y a los colectivos más vulnerables.

Otros acuerdos

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2020, en el que participan doce ministerios.

El Gobierno también ha acordado reformar el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para permitir la presencia de las editoras musicales en los órganos de gobierno de la entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Además, ha declarado el Gran Premio de España de Fórmula 1 como acontecimiento excepcional de interés público y ha autorizado al Instituto de Cinematografía y de Artes Audiovisuales a convocar ayudas a las salas de cine por más de 13 millones de euros.

Asuntos de actualidad

Rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa /JM CuadradoMaría Jesús Montero ha recordado que la semana pasada se firmó el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo, un mensaje claro de confianza, de unidad de todos aquellos que «tienen que ser imprescindibles para reactivar nuestra economía, y para buscar soluciones consensuadas para reforzar nuestro tejido productivo y los derechos de los trabajadores».

También es un mensaje inequívoco dirigido a los socios europeos, ha proseguido, para que comprueben que el conjunto del país está inmerso en esta tarea de reconstrucción. «Empresarios, sindicatos y Gobierno seguimos trabajando de la mano para llegar a acuerdos que permitan este crecimiento sólido, sostenible e inclusivo», ha añadido.

La portavoz también ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició ayer, con el primer ministro de Portugal, una ronda de contactos con sus homólogos europeos para preparar la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. España, ha avanzado Montero, reclamará que se fortalezca el mercado interior para que sirva de palanca de reconstrucción con una inversión robusta y rápida.

Montero también ha indicado que las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) se están celebrando con normalidad en las distintas comunidades autónomas, a las que ha agradecido su coordinación para fomentar la seguridad de los alumnos.

Imprimir Imprimir         

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica aprueba las conclusiones de sus cuatro grupos de trabajo, que serán votadas por el Pleno

9 de julio, 2020

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica aprueba las conclusiones de sus cuatro grupos de trabajo, que serán votadas por el Pleno

03/07/2020 congreso.es

  • Aprobadas las conclusiones, los grupos tienen hasta el miércoles para presentar votos particulares, que se votarán en el Pleno junto a las enmiendas que mantengan vivas

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ha aprobado hoy, viernes 3 de julio, las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo, a las que se han incorporado en esta última sesión unas ochenta enmiendas, que se añaden a las ya aprobadas previamente. El dictamen que recoge estos textos será elevado al Pleno de la Cámara, que votará las enmiendas que los grupos parlamentarios decidan mantener vivas y los votos particulares que se presenten antes del miércoles a mediodía.

La Comisión se ha reunido a las 9 horas con el debate consecutivo de las conclusiones de cada uno de estos grupos, que se ha desarrollado siguiendo el orden previsto en el Plan de Trabajo: Sanidad y Salud Pública; Reactivación Económica; Políticas Sociales y Sistema de Cuidados y Unión Europea.

En primer lugar, se ha presentado cada uno de los borradores de conclusiones, por parte de los coordinadores de los Grupos de Trabajo. Los grupos parlamentarios han tomado la palabra a continuación para defender las enmiendas que mantenían vivas tras las votadas en las sesiones de los distintos grupos de trabajo, más de 800 en total, y para fijar posición.

Tras este debate, el presidente de la Comisión, Patxi López, ha suspendido la sesión hasta las 15h para que los grupos pudieran presentar las enmiendas transaccionales que estaban elaborando y ordenar la votación. Una vez reanudada la sesión, se han votado las enmiendas y las conclusiones de los grupos de trabajo, por el mismo orden en el que se han debatido. Las votaciones se han realizado, como se acordó en el acuerdo de constitución, por voto ponderado.

Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública

La Comisión ha comenzado las votaciones por las conclusiones del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública, que han salido adelante por 166 votos a favor, 33 en contra y 94 abstenciones, con la incorporación de enmiendas, tres propuestas por el Grupo Popular, una por Más País y otra por el BNG, todas ellas en los términos de transaccionales acordadas con el Grupo Socialista.

Así, se ha acordado por los grupos Popular y Socialista actualizar la legislación sanitaria del ámbito nacional y autonómico para adaptarlo a las propuestas de esta comisión, para facilitar el cumplimiento de los objetivos de mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, elaborar un calendario de reformas legislativas derivadas de las propuestas de la Comisión.

Asimismo, se ha acordado asegurar una financiación sanitaria, suficiente y equitativa para el Sistema Nacional de Salud, actualizar el sistema de financiación autonómica ofreciendo un marco estable de suficiencia dinámica al SNS, mejorar el cálculo de las necesidades relativas que se emplea en la distribución del Fondo de Garantía Servicios Públicos Fundamentales, convocar un consejo interterritorial monográfico para abordar el sistema de financiación autónoma, realizar revisiones periódicas para ajustar los indicadores y ponderación y garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales.

Por los mismos grupos se ha acodado además garantizar la sostenibilidad de las Redes de Farmacias, para su labor sanitaria, social y de cohesión territorial.

A propuesta del BNG y en los términos de una enmienda acordada con los grupos Socialista, de Unidas Podemos y con Más País, se ha aprobado una enmienda para dotar a las redes y/o centros sanitarios públicos de capacidades para la gestión operativa de sus presupuestos, su personal, sus compras y contratos de manera que se cree un marco de gestión adaptado a la naturaleza de la prestación de los servicios sanitarios.

Por otro lado, se ha aprobado la enmienda de Más País, acordada con los grupos Socialista y de Unidas Podemos, para aumentar la capacidad estructural de la investigación clínica, donde España es líder, implementando medidas como el refuerzo a las estructuras de apoyo, el liderazgo de la I+D con financiación y gestión pública, o de la cooperación público privada que permitirían incrementar notablemente le volumen de recursos destinados al I+D en el corto plazo, atrayendo capital extranjero.

Grupo de Trabajo de Reactivación económica

Las conclusiones del Grupo de Trabajo de Reactivación Económica ha salido adelante con el apoyo de 167 diputados, el voto en contra de 115 y 10 abstenciones, una vez incorporadas enmiendas de los grupos Ciudadanos, PNV, Junts per Catalunya, Compromís, Más País y Republicano.

La Comisión ha aprobado una enmienda acordada por los grupos Ciudadanos y Socialista para continuar las medidas de apoyo en el corto plazo y adaptar a la desescalada el plan de choque ante los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria, con medidas para proteger el tejido productivo y el empleo, así como las rentas de las familias, tejer una red de seguridad para las personas más vulnerables y apoyar la recuperación de los sectores más afectados. De manera específica, se deberá trabajar con los sectores, agentes sociales e instituciones europeas en la preparación de planes para sectores más relevantes afectados por la crisis.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se han aprobado varias enmiendas, una de ellas acordada con los grupo Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, la 298, por la que se acuerda luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva en el mercado laboral, mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social, e impulsar la simplificación de las fórmulas contractuales; y el resto en sus términos. También han salido adelante de este grupo las enmiendas 272 a 277; las número 281, 287, 288, 292, 296, 297, 305, 306, 292, 297, 301, 302, 308, 309, 210, 316, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327 y 329.

Del grupo Plural han sido aprobadas varias enmiendas, entre ellas la 243 de Junts per Catalunya. A propuesta de Más País, en los términos del acuerdo con el Grupo Socialista, se ha acordado impulsar una Ley de Movilidad que incluya los aspectos relativos a la financiación del transporte público. De Más País, asimismo, ha sido aprobada la enmienda 380.

También se ha aceptado una enmienda de Compromís pactada con el Grupo Socialista para impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica para que todas las Comunidades Autónomas dispongan de una financiación adecuada y puedan prestar los servicios públicos de manera equitativa.

Con respecto al Grupo Parlamentario Republicano, han quedado aprobadas la enmienda número 90, pactada entre los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Republicano, y las 82 y 85, también en los términos de transaccionales pactadas entre los mismos grupos parlamentarios.

Grupo de Trabajo de Políticas sociales y sistema de cuidados

Las conclusiones aportadas por el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados han quedado aprobadas, con 155 votos favorables, 132 votos en contra y 5 abstenciones, tras incorporar las enmiendas de los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Ciudadanos, Compromís, Mas País, Junts per Catalunya y Republicano.

Así, los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Vasco (EAJ-PNV) han pactado una enmienda transaccional, proveniente de las 160, 185, 193 y 200, que ha sido aceptada. Del grupo Vasco también se han aprobado, en sus propios términos, las enmiendas 162 y 163.

Por su parte, el grupo Ciudadanos ha acordado dos enmiendas transaccionales, la 99 y la 125, con los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Asimismo, sus enmiendas 101, 128, 132 y 134 han salido adelante en sus propios términos.

Varias de las enmiendas presentadas por las formaciones integradas en el Grupo Plural también han quedado ratificadas. Se ha aprobado la enmienda presentada por Compromís, en los términos acordados por los grupos Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Popular y Ciudadanos. La Comisión también ha aceptado la enmienda 229 de Más País.

Por su parte, la enmienda número 143 de Junts per Catalunya ha sido aprobada en los términos de una transaccional firmada con los grupos Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Por último, se han votado las enmiendas del grupo Republicano, de las cuales se han aprobado, como transaccional la 40, acordada con el grupo Socialista y, en sus propios términos, la número 45.

Grupo de Trabajo Unión Europea

Por último, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, ha aprobado las conclusiones del Grupo de Trabajo de la Unión Europea, con 183 votos a favor, 6 votos en contra y 102 abstenciones, tras aceptar las enmiendas de los grupos parlamentarios PNV, de Compromís, Más País y Junts per Catalunya, del grupo Republicano y del grupo Popular.

Las Comisión ha ratificado las enmiendas, 98 y 110, defendidas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Además, este grupo también ha acordado enmiendas transaccionales con el grupo Socialista, la 99 y la 114, y con el grupo Socialista y con el grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, para la enmienda 97, que han sido aceptadas.

Por el Grupo Parlamentario Plural, la enmienda número 13 de Compromís ha sido aprobada bajo un acuerdo transaccional con el grupo Socialista y con el grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Por otra parte, cuatro de las modificaciones presentadas por Más País han quedado aprobadas mediante una enmienda transaccional, la 130, acordada con los grupos Socialista y con el grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, mientras que las 132, 133 y 135 han sido pactadas con el grupo Socialista.

De igual forma, varias de las enmiendas propuestas por Junts per Catalunya han salido adelante. La enmienda número 76 se ha aprobado en los términos acordados con los grupos Socialista, el grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Ciudadanos; las 79, 80, 87, 94, 88, y 90 han sido aceptadas en los términos de las enmiendas transaccionales pactadas con el grupo Socialista; y la enmienda 86 ha sido aprobada en sus propios términos.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Republicano ha pactado con los grupos Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tres enmiendas transaccionales, la 19, la 20 y la 21, que también han sido aceptadas por la Comisión.

Para finalizar, dos de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular, la 33 y la 42, han quedado aprobadas en los términos acordados con el grupo Socialista y Ciudadanos.

Composición, objeto y funcionamiento de la Comisión

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica fue aprobada por la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, el pasado 28 de abril a propuesta de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común, celebrando su sesión constitutiva el 7 de mayo. Ha estado presidida por Patxi López e integrada por 46 diputados, de los cuales 13 son del G.P. Socialista; 9 del G.P. Popular, 5 del G.P. Vox; 4 del G.P. Confederal de Unidas Podemos-EC-GC; uno del G.P. Republicano; 4 del G.P. Plural; uno del G.P. Ciudadanos; uno del G.P. Vasco (EAJ-PNV); uno del G.P. Euskal Herria Bildu y 7 del G.P. Mixto.

En los dos meses en los que ha desarrollado sus trabajos, de acuerdo con el plazo fijado en el acuerdo de constitución, la Comisión ha celebrado 12 sesiones, en las que ha acogido más de 25 comparecencias entre miembros del Gobierno, dirigentes de instituciones públicas y representantes del sector empresarial y sindicatos, entre otros. De forma simultánea, los cuatro grupos de trabajo de Unión Europea, Sanidad y Salud Pública, Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, y Reactivación Económica, creados para agilizar los trabajos, han mantenido más de 30 reuniones, en las que han escuchado el testimonio de más de 100 personas entre eurodiputados, académicos, representantes de ONGs, sindicatos y organizaciones profesionales.

El trabajo ha versado sobre cuatro grandes cuestiones, tal y como se establece en la propuesta de creación: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea tras la pandemia del coronavirus.

Imprimir Imprimir         

La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 7.500 millones de euros a 11.492.000 contribuyentes tras el cierre de la campaña

9 de julio, 2020

La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 7.500 millones de euros a 11.492.000 contribuyentes tras el cierre de la campaña

Viernes 3 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

En línea con lo previsto, la Agencia Tributaria (AEAT) ha recibido un número de declaraciones mayor que el año anterior, 20.991.000, un 1,9% más. Las declaraciones con solicitud de devolución han llegado a 14.410.000, el 68,6% del total, mientras aquellas con resultado a ingresar han sumado casi 5.593.000.

La Agencia Tributaria ha devuelto 7.547 millones de euros a 11.492.000 contribuyentes a la conclusión de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 (IRPF 2019). De esta forma, a día de hoy el 79,7% de las devoluciones solicitadas en número y el 67,6% en importe han sido ya abonadas. En número, los pagos crecen un 4,8% con respecto a las mismas fechas del año pasado, mientras en importe aumentan un 6,7%, en ambos casos por encima del ritmo de crecimiento de las solicitudes de devolución con que se ha cerrado la campaña (-0,2% en número y 3% en importe).

La primera parte de la campaña se ha caracterizado por una muy importante aceleración en las presentaciones. Desde su inicio y hasta el 7 de mayo, cuando se puso en marcha el plan ‘Le Llamamos’ de confección telefónica de declaraciones, habían presentado su declaración un 27% más de contribuyentes que en la misma fecha del año pasado, y para entonces ya estaban presentadas más de un tercio de todas las declaraciones de la campaña.

El principal vector de esta aceleración ha sido, un año más, la presentación de declaraciones a través de la página web de la Agencia. En el contexto de emergencia sanitaria, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de contribuyentes presentan sus declaraciones por internet (el 93% en esta campaña, frente al 88% del año anterior), se consideró especialmente importante mantener la fecha de inicio de campaña prevista (1 de abril), de manera que los contribuyentes pudiesen ir recibiendo cuanto antes sus devoluciones.

En cuanto a las vías de presentación no personalizadas, además de la web como canal telemático principal (19,1 millones de declaraciones, un 6,7% más), los contribuyentes también han incrementado el uso de la aplicación móvil de la Agencia. Por esta vía se han presentado más de 363.000 declaraciones hasta hoy, un 25,5% más que el año pasado. De esa cifra total, más de 293.600 se corresponden con presentaciones ‘en un solo clic’ y el resto son contribuyentes a los que la aplicación ha derivado a la web de la Agencia para realizar alguna modificación y han vuelto a la ‘app’ para concluir la presentación.

El impulso del plan ‘Le Llamamos’

La Agencia Tributaria diseñó este año un plan de asistencia telefónica en la presentación en el que volcó la estructura de atención personalizada para cubrir las necesidades de los contribuyentes sin necesidad de esperar a que fuera posible reabrir las oficinas, y con vocación de ser en todo el resto de la campaña la vía de atención personalizada principal, en previsión de que la reapertura de los centros no se iba a poder efectuar en los términos de una campaña habitual.

Por este motivo, el denominado plan ‘Le Llamamos’ multiplicó por casi seis veces su capacidad y, fruto de ese redimensionamiento del servicio telefónico y de su positiva acogida entre los contribuyentes, desde su puesta en marcha el 7 de mayo y hasta el final de la campaña a través de este sistema se han confeccionado 1.155.000 declaraciones, frente a las 239.000 del pasado año, cuando el servicio funcionó los tres meses de campaña.

Asistencia en oficinas

La aceleración de presentaciones en el primer tramo de la campaña y el fuerte impulso dado a la atención personalizada por vía telefónica mediante el plan ‘Le Llamamos’ facilitó llegar con un importante margen positivo de presentaciones al momento en que las circunstancias sanitarias permitieron ya iniciar la atención en oficinas.

Con la mitad de tiempo y la mitad de espacio que en una campaña presencial convencional para garantizar las distancias de seguridad y unos flujos de entrada y salida con las necesarias medidas sanitarias preventivas, se presentaron en oficinas casi 319.000 declaraciones, frente a las cerca de 2.100.000 del año pasado. De esta forma, la atención presencial ha pasado a ser un complemento de la atención personalizada por vía telefónica, por la que un gran número de contribuyentes han optado para evitarse desplazamientos en el especial contexto en que se ha desarrollado la campaña este año.

Impuesto sobre el Patrimonio

En paralelo a la Campaña de Renta, se ha desarrollado también la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar aquellos contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones), y también aquellos con cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con valor superior a dos millones de euros. Al cierre de la campaña se han registrado más de 212.400 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar alcanza los 1.209 millones de euros.

Imprimir Imprimir         

El déficit del Estado se sitúa en mayo en el 2,88% del PIB por el impacto del COVID-19

9 de julio, 2020

El déficit del Estado se sitúa en mayo en el 2,88% del PIB por el impacto del COVID-19

hacienda.gob.es

​30-06-2020.- El dato hasta mayo refleja en los ingresos la caída de la actividad por el confinamiento y el aumento del gasto por las medidas adoptadas para mitigar los efectos sociales, económicos y laborales de la pandemia

Hasta abril, el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en el 2,14% del PIB

Las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno permiten que las CCAA hasta abril registren un superávit del 0,02% del PIB, frente al déficit del año pasado. Hay 13 comunidades con saldo positivo frente a las cinco del ejercicio anterior

En el primer cuatrimestre, los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 0,39% del PIB

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, incluidas las Corporaciones Locales, en el primer trimestre se sitúa en el 0,82% del PIB. El gasto consolidado derivado del COVID-19 asciende a 1.832 millones

Imprimir Imprimir         

Valverde de Curueño. Fuente de la Figar

8 de julio, 2020
Imprimir Imprimir         

El CSIC logra un test de anticuerpos que detecta la inmunidad frente a COVID-19 con más del 98% de fiabilidad

8 de julio, 2020

El CSIC logra un test de anticuerpos que detecta la inmunidad frente a COVID-19 con más del 98% de fiabilidad

Martes 7 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado nuevos test de anticuerpos que permiten conocer la inmunidad frente a COVID-19 con un 98% de fiabilidad, según estudios realizados en colaboración con los Servicios de Inmunología del Hospital Universitario de La Princesa y del Hospital Universitario de La Paz.

Los test serológicos son fundamentales para determinar quién ha contraído el virus y, por tanto, está inmunizado. Los test serán producidos por la empresa española Immunostep, en formato kit ELISA y se prevé que en el plazo de un mes y medio los hospitales españoles dispongan de ellos.

Estos test serológicos se producirán en formato kit ELISA, una de las modalidades en las que se puede producir esta tecnología. Los kits ELISA están basados en técnicas de laboratorio que se realizan en hospitales y laboratorios especializados, y que permiten determinar la concentración y el tipo de anticuerpos generados. La duración de esta prueba es de alrededor de 2 horas y se puede automatizar.

Durante los meses de confinamiento, cuatro grupos de investigación del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) han trabajado con intensidad para poner a punto test serológicos que permitan conocer con fiabilidad quién contrajo el coronavirus y por tanto está inmunizado. Este análisis es crucial, puesto que una gran parte de contagiados por COVID-19 cursan la enfermedad sin síntomas o con síntomas muy leves.

Los grupos de los investigadores del CSIC Hugh Reyburn, Mar Valés, José María Casasnovas y José Miguel Rodriguez Frade han conseguido identificar una nueva proteína que funciona como antígeno y combinarla con otros antígenos virales en un test serológico con una fiabilidad superior al 98%. «El desarrollo de ese test en tiempo record, debido al esfuerzo de mucha gente, demuestra los beneficios de una buena colaboración medica-científica», explica Hugh Reyburn.

Dos tipos de diagnóstico: PCR y test serológicos

Los test de diagnóstico se han convertido en una tecnología fundamental para poder controlar la pandemia de COVID-19, siendo una constante demanda de los diversos sistemas sanitarios. Existen dos tipos fundamentales de pruebas de diagnóstico: las PCR, que permiten saber si un paciente está contagiado por el coronavirus en el momento de su realización, y los test serológicos, que detectan los anticuerpos y permiten saber si el individuo ha estado en algún momento en contacto con el SARS-CoV-2 y su sistema inmunitario ha reaccionado frente al mismo.

Los test serológicos se realizan en muestras de sangre y detectan distintos tipos de anticuerpos (inmunoglobulinas): la IgM (inmunoglobulina M), la primera que se genera y que indica que el individuo está en el inicio de la respuesta a la enfermedad; la IgG (inmunoglobulina G), se produce en un momento más avanzado y puede perdurar en el tiempo, informando, hasta meses después, de que el individuo ha padecido la enfermedad; y la inmunoglobulina A (IgA), que se produce de manera temprana, pero puede ser detectada también en fases tardías.

Las IgM aparecen aproximadamente 7 días después del inicio de la infección, junto a los síntomas de la Covid-19, y en otras enfermedades permanecen en el organismo alrededor de uno a dos meses. Los anticuerpos IgG aparecen aproximadamente a los 15 días del comienzo de los síntomas, y su permanencia en sangre suele ser mayor. Las IgA son las inmunoglobulinas que se encuentra más localizadas en las superficies mucosas como la vía respiratoria, aunque se detectan también en el suero del paciente.

El problema fundamental de los test serológicos hasta la fecha es su baja fiabilidad, que se determina en función de dos parámetros: la sensibilidad y la especificidad del test. Una alta sensibilidad evita falsos negativos, mientras que una alta especificidad evita falsos positivos, que pueden surgir al detectar, por ejemplo, anticuerpos al virus de la gripe o a otro tipo de coronavirus diferente al SARS-CoV-2.

Transferencia al tejido industrial

El trabajo posterior de la Dirección del CNB-CSIC y de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC ha permitido proteger esta tecnología mediante patente y Material Biológico, poniéndola a disposición del tejido industrial para que llegue a la sociedad cuanto antes.

«Desde el inicio de la pandemia el CSIC, en coordinación con el Ministerio de Ciencia e Innovación, está desarrollando una estrategia que asegure que el conocimiento y las tecnologías relacionadas con el COVID-19 lleguen lo antes posible a la sociedad en condiciones razonables para su adquisición por parte de los sistemas de salud pública. El objetivo desde el principio ha sido salvar vidas», señala Ángela Ribeiro, vicepresidenta adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC. «Además, para nosotros también es fundamental que dichas tecnologías se transfieran a las empresas españolas, para evitar la dependencia de terceros países en un sector tan estratégico como el de la salud «, añade la doctora Ribeiro.

Además de los kits ELISA, esta tecnología puede producirse en el formato de tiras inmunocromatográficas, una técnica similar a la que se emplea en las pruebas de embarazo, que también se conocen como test rápidos de anticuerpos porque el resultado se genera en solo 15 minutos. El CSIC ya está tratando con varias empresas españolas la licencia de estos test en este formato.

Aunque la gran mayoría de las licencias que firma el CSIC para transferir los derechos de explotación de sus tecnologías a empresas se hacen en términos de exclusividad, «en este caso en particular la licencia es no-exclusiva, para permitir que otras empresas puedan también comercializar estos test, de forma que se asegure cubrir la demanda y que el precio sea siempre asequible», indica Javier Maira Vidal, jefe del Área de Estrategia Comercial e Internacionalización del CSIC.

Además, «se pretende que la tecnología llegue a todos los países que la necesiten, y ya estamos hablando con varios países de Latinoamérica, aunque al ser una tecnología desarrollada con fondos públicos, el compromiso de Immunostep es cubrir primero la demanda nacional», añade Maira.

Imprimir Imprimir         

Las empresas del IBEX 35 reducen autocartera tras amortizar un 45% más de acciones propias

8 de julio, 2020

Las empresas del IBEX 35 reducen autocartera tras amortizar un 45% más de acciones propias

bolsamadrid.es

•16 de las compañías del selectivo español rebajaron su autocartera en 2019, según el último informe del Servicio de Estudios de BME

La autocartera de las empresas del Ibex 35 disminuyó el año pasado del 0,67% al 0,38%, según un informe del Servicio de Estudios de BME. Esta reducción responde, sobre todo, al incremento de la amortización de acciones propias por parte de las compañías del selectivo bursátil español.

La valoración de la autocartera de las empresas del Ibex 35 ascendió a cierre de 2019 a los 2.229 millones de euros, frente a los 3.473 millones de euros del ejercicio anterior. Supone un descenso del 36%.

De las 31 empresas del índice que contaban con autocartera en diciembre de 2019, 16 la redujeron respecto a 2018, 13 la aumentaron y dos apenas sufrieron variación. Mediaset, Repsol, ACS, Ence y Meliá son las compañías que más aumentaron su autocartera el año pasado, mientras que las que más las redujeron, tras amortizar acciones propias, fueron Acciona, Acerinox, Amadeus, Bankia, Ferrovial, Iberdrola y Naturgy.

Las amortizaciones de acciones propias de las empresas del Ibex 35 crecieron un 45% el año pasado, al pasar de los 3.604 millones de euros de 2018 a los 5.224 millones de euros de diciembre de 2019. Iberdrola, con 2.500 millones de euros, y Repsol, con 1.020 millones, fueron las compañías con un mayor importe amortizado.

El valor de mercado de las acciones propias mantenidas en autocartera por las empresas del Ibex 35 más las amortizaciones realizadas durante el año pasado superó en un 5,31% al del año pasado, al ascender a los 7.453 millones de euros.

Acceso al informe íntegro: https://bit.ly/2YUjw6V

Imprimir Imprimir         

El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,147 % en junio

8 de julio, 2020

Madrid, 1 de julio de 2020

El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,147 % en junio

bde.es

El índice euríbor, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, bajó en junio hasta el -0,147 % desde el -0,081 % del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un ascenso de 0,043 puntos.

El euríbor se calcula con los datos de las principales entidades de la zona del euro y consiste en el tipo de interés medio de contado que ofrecen las entidades para las operaciones de depósito de euros a plazo de un año.

Evolución del euríbor en el último año

Los datos correspondientes al mes de junio muestran también un descenso, hasta el -0,147 %, del míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000.

Estos índices de referencia para el mercado hipotecario son válidos a partir de su publicación en el BOE, lo que normalmente se produce unos días después de su difusión por el Banco de España.

Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda ( 1 )

Rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años -0,054 %

Referencia interbancaria a un año (euríbor) -0,147 %

Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años -0,300 %

Tipo interbancario a un año (míbor) -0,147 %

El resto de los tipos de referencia oficiales para el mercado hipotecario (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España y tipo medio de los préstamos hipotecarios entre 1 y 5 años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro) ( 2 ) se actualizarán, en torno al día 20 de este mes, en el cuadro 19.1 del capítulo 19 del Boletín Estadístico.

Desde el 1 de noviembre de 2013, el Banco de España ha dejado de publicar el Tipo activo de referencia de cajas de ahorros -Indicador CECA- y los tipos medios de préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre de bancos y cajas de ahorros de conformidad con la legislación vigente ( 3 )

Las referencias a estos tipos serán sustituidas ( 4 ), con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato.

En el caso de que no exista un tipo sustitutivo en el contrato, o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo. El diferencial aplicable en cada caso puede calcularse utilizando el simulador publicado a tal efecto en el Portal del Cliente Bancario.

1 y 2 Calculados según la definición de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios

3 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

4 Según lo dispuesto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; Disposición adicional decimoquinta. Régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia.

Imprimir Imprimir         

El formulario de control sanitario de viajeros se digitaliza para agilizar el tránsito en los aeropuertos

8 de julio, 2020

El formulario de control sanitario de viajeros se digitaliza para agilizar el tránsito en los aeropuertos

Viernes 3 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

Desde el 1 de julio, se han sumado 650 profesionales a las tareas de control de llegada de viajeros. Las personas que llegan a España se someten a tres controles primarios.

El formulario de control sanitario de viajeros, conocido como Passenger Location Card (PLC), se ha digitalizado, desde el 1 de julio, para agilizar el tránsito de viajeros, que se prevé aumente en las próximas semanas por el inicio de las vacaciones.

Este documento ya se usaba durante el estado de alarma para las personas que podían entrar en España. Incluye datos de localización de la persona así como información sobre si ha pasado el Covid-19 y en qué circunstancias. Hasta el momento, se cumplimentaba en el avión y se entregaba en mano una vez el viajero llegaba al destino.

Ahora, el formulario destinado al control sanitario de los pasajeros se podrá rellenar a través de la web www.spth.gob.es o descargando la aplicación Spain Travel Health-SpTH. Ya está disponible en la página web y en Android y próximamente lo estará en Apple.

La opción de rellenar el formulario impreso se mantendrá para aquellas personas que no dispongan de medios para cumplimentarlo de forma digital.

Este formulario es uno de los tres controles primarios a los que se someten las personas que llegan a España. Además, como se viene haciendo desde el pasado 15 de mayo, se seguirá realizando el control de temperatura. Éste se realiza ya con cámaras termográficas para facilitar un tránsito fluido por los aeropuertos.

Finalmente, se efectúa un control visual por parte de los profesionales de Sanidad Exterior. Con ello, se busca detectar a aquellos pasajeros que por su estado pueden ser sospechosos de padecer Covid-19 como alguna otra enfermedad trasmisible.

Si uno de esos tres controles no es superado, un médico examina a la persona y se la deriva a los servicios asistenciales de la comunidad autónoma de destino.

Refuerzo de personal Además, desde el día 1, se ha realizado un refuerzo muy importante para reforzar el personal de todos los aeropuertos de España: se han sumado 650 profesionales a los 600 que ya estaban trabajando en Sanidad Exterior. En función de las necesidades en las próximas semanas, se seguirá contratando a más médicos, enfermeras y auxiliares para las tareas de control de llegada de viajeros.

Este refuerzo se sumará al que ya se realizó el pasado 21 de junio, al abrirse las fronteras interiores con la UE y el Espacio Schengen. Los equipos de Sanidad Exterior se reforzaron con un primer contingente de 100 personas, procedentes de empresas auxiliares y otras que prestan servicios en puertos y aeropuertos, gracias a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Acuerdo UE

España ha trabajado en el marco de la Unión Europea en la ampliación a terceros países que puedan entrar en nuestro país, después de que el pasado 21 de junio se abrieran las fronteras a ciudadanos de la UE y del Espacio Schengen.

En todo momento, se garantiza la seguridad tanto de las personas que llegan a España como de los ciudadanos de nuestro país. La decisión de a qué terceros países se abrirán las fronteras se ha tomado en base a criterios epidemiológicos. La situación de éstos deberá ser igual o mejor que en los países miembros.

Imprimir Imprimir         

Cala en Menorca

7 de julio, 2020
Imprimir Imprimir         

Las compraventas inscritas en mayo descendieron el 59%, nuevo récord en un solo mes, según datos del Colegio de Registradores

7 de julio, 2020

Las compraventas inscritas en mayo descendieron el 59%, nuevo récord en un solo mes, según datos del Colegio de Registradores

06/07/2020 | Notas de Prensa

registradores.org

En el mismo periodo, las hipotecas constituidas bajaron el 25,8%, menos de la mitad que las compraventas

El Colegio de Registradores incluye en esta nota informativa, un avance de datos de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de mayo, mediante la comparación de datos con el mismo mes del año anterior. Teniendo en cuenta el fiel reflejo que representa el Registro de la Propiedad sobre la evolución de la actividad inmobiliaria española, sector de gran importancia para nuestra economía, se muestran a continuación como indicadores más relevantes, las compraventas inscritas y también su financiación, a través de las hipotecas constituidas mediante su inscripción registral.

Con relación al número de operaciones realizadas, las compraventas totales pasaron de casi 94.000 en mayo de 2019 a poco más de 38.500 en mayo de este año. Las compraventas de vivienda pasaron de superar las 46.000 operaciones un año antes a quedar por debajo de 22.000 durante este mes de mayo. Las hipotecas, al igual que el mes anterior, tuvieron un resultado negativo, aunque bastante más moderado, pasando las hipotecas totales de superar las 47.000 operaciones en mayo de 2019 a poco más de 35.000 en mayo. Las hipotecas sobre vivienda fueron ligeramente superiores a 33.500 operaciones en mayo del año pasado y apenas superaron las 25.000 durante mayo de este año.

Si se mide la evolución anterior mediante la tasa de variación, las compraventas totales inscritas en mayo de este año frente al mismo mes de 2019 han descendido hasta el -59,0%, las compraventas de vivienda descendieron ligeramente menos, el -53,1%, mientras que el impacto del estado de alarma en mayo sobre las hipotecas constituidas fue mucho más moderado: bajaron hasta el -25,8% las hipotecas totales y, de forma similar, el -24,8%, las que se constituyeron sobre viviendas.

Nota: Madrid, Canarias y, muy especialmente, Ceuta, durante el mes de mayo, registraron varias inscripciones de hipotecas que afectaban simultáneamente a un gran número de fincas, varios centenares en alguno de los casos en Madrid y Canarias, por lo que los datos mostrados este mes en estas comunidades no son representativos de la tendencia de fondo durante los meses del estado de alarma.

Las CC.AA. y ciudades autónomas que experimentaron mayores caídas, superiores a dos tercios, en las compraventas totales fueron Canarias (-72,7%), seguida de castilla y León (72,3%) y Murcia (-68,0%), mientras que en el lado opuesto, con descensos inferiores al 50%, las que menos descendieron fueron Melilla (-28,9%) y Madrid (-45,2%).

Relativo al total de hipotecas constituidas, las CC.AA. que experimentaron mayores descensos, por encima del 50%, fueron Extremadura (-52,5%), seguida de Asturias (–50,6%).

Por el contrario, las que menos contracción mostraron, e incluso con ligeros crecimientos, motivados por operaciones puntuales que afectaron a múltiples fincas de forma simultánea, fueron Ceuta (180%, resultado no representativo por el motivo ya indicado), Madrid (4,4%) y Canarias (2,3%), ambas con las salvedades arriba expuestas, siendo la siguiente Melilla
(-7,4%), a continuación Galicia (-15,5%) y después Cantabria (-16,2%).

Por último, el análisis mensual de la evolución anual de compraventas e hipotecas en el Registro de la Propiedad durante los meses de enero a mayo de este año, mediante la comparación con el mismo mes del año anterior, muestra los siguientes resultados:

En el apartado de compraventas, las totales experimentaron un retroceso en enero, del 5% y las compraventas de vivienda del 2,7%, para pasar a tasas positivas en febrero del 1,5% y 2,7%, respectivamente. En marzo, mostraron ya el primer impacto claro, -20,1% y -17,7%, agudizado posteriormente en abril, primer mes completo bajo el decreto del estado de alarma, hasta el -43,4% en las compraventas totales y el -38,3% en las compraventas de vivienda. En mayo aumentó más todavía el fuerte descenso de abril hasta el -59% y en las compraventas de vivienda, un descenso algo inferior, el -53,1%.

Las hipotecas, que han mostrado mayor resistencia a esta crisis, en la comparación con el mismo mes del año pasado, crecían con claridad en enero, las totales el 12,5% y las de vivienda el 6,1%, mejorando incluso su crecimiento en febrero, con incrementos del 18,6% y del 19,2% respectivamente. En marzo, la tendencia se invierte totalmente, pasando a descender el 13,7% las hipotecas totales y el 12,2% las de vivienda, mostrando mayor descenso en abril, mes bajo el período de alarma en su totalidad, en el que las hipotecas totales descendieron el 15,8% y las de vivienda el 16,4%. En mayo continuó el descenso, reflejando este mes el mayor impacto hasta el momento, aunque la caída fue menos de la mitad de la que experimentaron las compraventas, con un descenso del -25,8% en las hipotecas totales y, ligeramente inferior, del -24,8% en las de vivienda.

Imprimir Imprimir         

El TSJ de Extremadura acuerda la demolición parcial del complejo Marina Isla de Valdecañas

7 de julio, 2020

Miércoles, 1 de julio de 2020

El TSJ de Extremadura acuerda la demolición parcial del complejo Marina Isla de Valdecañas

La Sala Contencioso-Administrativo acuerda la conservación de lo construido y terminado por no afectar al medio ambiente. El auto establece que la Junta de Extremadura apruebe un Plan para Proteger y Vigilar el Medioambiente. Las dos asociaciones ecologistas demandantes recibirán una indemnización de 250.000 euros cada una por la imposibilidad material parcial de ejecutar.

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura ha dictado un auto con fecha 30-6-2020, en el que acuerda la imposibilidad material parcial de ejecutar las sentencias que anularon la actuación administrativa relativa a la urbanización Marina Isla de Valdecañas.

Pronunciamientos de la parte dispositiva del auto

I. El auto acuerda la CONSERVACIÓN DE LO CONSTRUIDO Y TERMINADO POR NO AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE, la DEMOLICIÓN de todas las obras que se encuentran en fase de estructura y la REVEGETACIÓN de las plataformas existentes que no han sido edificadas.

La demolición deberá realizarse de manera ordenada y programada con el menor perjuicio para el medio ambiente y dará lugar a la reposición del terreno a un estado que permite un proceso de regeneración de bosque mediterráneo y suponga un claro beneficio para la flora y la fauna de la ZEPA, debiendo crearse un enclave y paisaje similares a los protegidos en la ZEPA.

La adjudicación de la demolición, restauración y revegetación deberá realizarse a una empresa pública o privada que disponga de la suficiente capacidad para realizar unas labores como las encomendadas.
Se prohíbe la realización de nuevas edificaciones en la urbanización Marina Isla de Valdecañas.

Se conserva el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento.

II. El auto acuerda que la Junta de Extremadura apruebe un PLAN O PROGRAMA PARA PROTEGER Y VIGILAR EL MEDIOAMBIENTE.

  1. La Junta de Extremadura, con audiencia a las Comunidades de Propietarios del Complejo Residencial Sur, Centro y Norte de Isla Valdecañas, los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y las entidades demandantes Ecologistas en Acción-CODA y ADENEX, aprobará en el plazo máximo de seis meses un programa o plan que recoja las medidas propuestas, eficaces y viables para la eliminación y minimización de la posible afectación al medioambiente que se pueda producir por la actividad humana, en coordinación con el Plan de Gestión de la ZEPA y el resto de evaluaciones ambientales.

El programa o plan incluirá, a fin de poder ser contempladas y valoradas en un único documento, las medidas que finalmente sean aprobadas de las ahora propuestas, las anteriores contempladas en el PIR, en las evaluaciones ambientales y en el Plan de Gestión de la ZEPA para la zona de Marina Isla de Valdecañas.

Las medidas deberán analizarse individualmente para comprobar que realmente son eficaces para reducir el impacto de la urbanización y deberá ponerse especial atención en las medidas para paliar la eutrofización del embalse y la regeneración de bosque mediterráneo.

Este programa o plan deberá contener de manera individualizada la medida, el coste, las personas responsables de su ejecución, pago y mantenimiento y el calendario para su realización.

Deberá prestarse especial atención al Plan de Vigilancia Ambiental que se contenía en la declaración de impacto ambiental, con la obligación de contar con, al menos, dos agentes o guardas permanentes en la zona que controlarán el cumplimiento del plan que se apruebe, las determinaciones que ya constaban en la declaración de impacto ambiental y la ejecución exacta de lo acordado.

En último caso, la ejecución, pago y comprobación de las medidas y su funcionamiento corresponderá a la Junta de Extremadura.

  1. Las estaciones depuradoras de la urbanización y de los municipios de El Gordo y Berrocalejo deberán ponerse en funcionamiento a la mayor brevedad.

La Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de El Gordo y el Ayuntamiento de Berrocalejo deberán en el plazo máximo de tres meses realizar cuantas actuaciones administrativas y materiales sean precisas para que las estaciones depuradoras estén funcionando.

III. El auto también establece una INDEMNIZACIÓN de 250.000 euros a favor de cada una de las dos asociaciones ecológicas demandantes ADENEX y Ecologistas en Acción-CODA por la declaración de imposibilidad material parcial.

La mitad del importe es de libre disposición para las dos asociaciones demandantes y la otra mitad tendrá que ser destinada a fines medioambientales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Fundamentación jurídica del auto

Para acordar estos pronunciamientos, la fundamentación jurídica del auto, adoptado por unanimidad, considera los siguientes aspectos:

I. LA PARTE DE URBANIZACIÓN TERMINADA NO PRODUCE DAÑO AL MEDIOAMBIENTE.

  1. La Sala valora esencialmente que no se produce afección al medioambiente por el mantenimiento de las edificaciones que están terminadas.

Asimismo, la Sala constata que, si bien la construcción del complejo afectó negativamente a la ZEPA, no puede afirmarse lo mismo del funcionamiento del complejo.

El impacto por la presencia humana consistente en contaminación acústica, lumínica, de residuos y aguas residuales pueden ser eliminados si se adoptan las medidas contempladas en el PIR y las ahora propuestas por la Junta de Extremadura y las comunidades de propietarios.

La Sala, además, analiza con detalle el informe pericial de la Estación Biológica Doñana-CSIC y concluye la falta de afectación al medio ambiente de la parte de la urbanización que está terminada siempre que se adopten todas las medidas necesarias de protección del medioambiente y minimizando el impacto humano en una parte de la ZEPA.

El auto concluye que la isla no era un espacio aislado que dispusiera de una evolución ambiental ajena a la acción humana diferenciada del entorno inmediato sino un espacio altamente antropizado y que la verdadera razón para calificar la zona como ZEPA no era por las características del terreno sino por la lámina de agua formada por el embalse de Valdecañas.

Además, el auto expone que algunos problemas como la eutrofización del embalse no se produce por los vertidos de aguas residuales de los municipios de El Gordo y Berrocalejo, sino que se viene produciendo desde el año 1970 y a ello contribuyen notablemente las aguas residuales que terminan en el embalse de otros municipios de la comarca y del estado de las aguas del río Tajo.

Asimismo, la regeneración vegetal de bosque mediterráneo puede fomentarse en las áreas no construidas y en las que se van a derribar.

  1. El auto también valora que las dos primeras sentencias del TSJ de Extremadura de 9-3-2011 y del TS de 29-1-2014 anularon el PIR debido a la falta de alternativas en relación al proyecto presentado, incumpliendo el artículo 2.1.b) del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, pero tuvieron en cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental fue realizado, obraba en el expediente administrativo y recogía que el proyecto no afectaba a la protección de los espacios protegidos.
    Las sentencias del TSJ de Extremadura valoran la prueba obrante en los procesos y concluye que las pruebas presentadas por las asociaciones ecológicas actoras no desvirtúan las conclusiones del estudio de impacto ambiental, que siguen vigentes al ser anulada la actuación administrativa no por la falta del mismo o por una incorrecta evaluación sino por la falta de alternativas al proyecto presentado.

En ningún momento las dos sentencias del TSJ de Extremadura de 9-3-2011, origen de esta ejecución, establecieron que se habían vulnerado las Directivas Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) y Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres), señala la Sala.

  1. También considera que no puede ser desconocido en fase de ejecución de sentencia lo acordado en la Orden de 11 de diciembre de 2012, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la ZEPA “embalse de Valdecañas”.
    El Plan de Gestión se ha sometido a información pública y ha sido informado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, debiendo considerarse un serio análisis de los usos compatibles y permitidos en la isla de Valdecañas que forma parte de la ZEPA.

La Orden contempla en el apartado 8 del Plan de Gestión de la ZEPA la zonificación de la ZEPA. La zonificación del territorio se ha llevado a cabo en función de las medidas de conservación establecidas y de la calidad de los valores naturales y su estado de conservación.

El apartado 8.4 está dedicado a la Zona de Uso General que está compuesta por aquellas zonas en las que no existen valores naturales significativos, de modo que el desarrollo de actividades humanas, con carácter general, no repercutirá en el estado de conservación de los elementos por los que se designó la ZEPA. Estas zonas tienen un mayor nivel de antropización y son:

  • La red de carreteras existente en la ZEPA en el momento de aprobación del Plan de Gestión.
  • La Isla de Valdecañas.

La isla de Valdecañas, aclara la Sala, está incluida en la zona de uso general debido a que se trata de una de las zonas de la ZEPA en la que no existen valores naturales significativos. La existencia de zonas con distinto interés medioambiental dentro de la ZEPA es considerado conforme a Derecho y avala el uso de la urbanización en la fase que se mantiene.

Por todo, concluye que la urbanización se encuentra en la zona en la que no existen valores naturales significativos, de modo que el desarrollo de actividades humanas, con carácter general, NO REPERCUTIRÁ EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN de los elementos por los que se designó la ZEPA.

Se trata de un aspecto esencial que la Sala valora para declarar la imposibilidad material parcial de la sentencia y el mantenimiento parcial de la urbanización. La valoración conjunta de la prueba permite afirmar que no se produce una afección al medioambiente y que las medidas a adoptar minimizan la huella humana que la urbanización conlleva en la ZEPA.

II. El IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO POSITIVO que la urbanización terminada produce en los municipios cercanos a Marina Isla de Valdecañas que se enmarcan dentro de los objetivos de desarrollo de las zonas rurales y la reversión de la situación de abandono continuado de la población rural hacia las ciudades.

III. SE VALORA QUE EL HOTEL Y LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS SON UNA PARTE MÍNIMA DEL PROYECTO.

En lo que se refiere a los dos hoteles de 150 habitaciones, uno de los hoteles está terminado y en funcionamiento mientras que el segundo de los hoteles planificado se encuentra con parte de la estructura ejecutada si bien la construcción está paralizada.

En cuanto a las viviendas, se han terminado 185 villas frente al total de 565 residencias que se pensaban construir en Marina Isla de Valdecañas.

Por tanto, en relación a las viviendas solamente se mantiene el 32,74% de las proyectadas.

IV. ELEVADO PERJUICIO ECONÓMICO SI SE EJECUTARAN TOTALMENTE LAS SENTENCIAS.

En cuanto a los perjuicios económicos, la demolición de todo lo edificado supondría un coste de 33.982.889,85 euros. El posible perjuicio económico a los propietarios de las viviendas podría alcanzar la cantidad de 111.000.000 euros.

Por ello, inicialmente la indemnización a la que tendría que hacer frente la Junta de Extremadura alcanzaría, al menos, el importe de 144.982.889,85 euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe.

V. INDEMNIZACIÓN DE 250.000 EUROS A FAVOR DE CADA UNA DE LAS PARTES DEMANDANTES ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-CODA Y ADENEX.

Las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura estimaron las pretensiones de las dos asociaciones ecologistas demandantes.

La inejecución parcial de las sentencias se transforma en una ejecución sustitutoria por lo que surgen perjuicios morales derivados de la demora en ejecutarse el fallo.

El auto, en aplicación del artículo 105.2 LJCA, fija una indemnización sustitutoria a favor de las partes demandantes que compense los gastos, la situación de incertidumbre y el perjuicio por la inejecución parcial de las sentencias.

El abono de dicha indemnización corresponde a la Junta de Extremadura que fue la Administración que aprobó el PIR y dio lugar a los sucesivos avatares procedimentales, legislativos y jurisdiccionales.

La mitad del importe es de libre disposición para las dos asociaciones demandantes y la otra mitad tendrá que ser destinada a fines medioambientales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (realización de actuaciones de protección, promoción, favorecimiento o divulgación del medioambiente, la flora y la fauna, así como el fomento de las energías renovables etc).

La forma de ejecutar las sentencias, concluye la Sala Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, ofrece una forma para que el proceso acabe y las sentencias sean ejecutadas casi en su totalidad, intentando equilibrar los intereses en conflicto.

Ningún derecho o interés, determina el auto, puede interpretarse de manera absoluta, sino que en general siempre será necesario coordinar o modular distintos derechos e intereses para valorar la protección que cada uno de ellos merece.

Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Imprimir Imprimir         

CEOE pide impulsar planes sectoriales de reactivación de la actividad y el consumo

7 de julio, 2020

02 julio 2020

Valoración paro junio

CEOE pide impulsar planes sectoriales de reactivación de la actividad y el consumo

ceoe.es

Después del parón de la actividad durante más de tres meses, los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social demuestran una clara tendencia de las empresas a la activación de la actividad económica y del empleo.

Esta tendencia se traduce, por un lado, en la salida de más de 1.100.000 personas de los ERTEs en el último mes y, por otro lado, en las cifras de desempleo y especialmente de afiliación a la Seguridad Social.

Los datos de afiliación evidencian, respecto a mayo, un crecimiento especialmente relevante en la construcción -40.383 ocupados más-, el comercio -26.709 más-, las actividades administrativas y servicios auxiliares -22.610 más- y la hostelería -20.653 afiliados más-. Sin embargo, se registran las mayores caídas en educación, coincidiendo con la finalización del curso escolar -45.396 menos-, y en el Sistema Especial Agrario, con 41.596 ocupados menos, derivados de la finalización de algunas campañas.

No obstante, las cifras de evolución correspondientes al mes de junio reflejan una fluctuación en la ocupación, con casi 100.000 afiliados menos entre el 1 el 30 del mes, que estaría bastante alineada con los permanentes ajustes de las medidas de restricción y contención, que condicionan de manera notable el desarrollo de la actividad económica, y los problemas de la demanda, en los que confluyen cuestiones de falta de confianza de los ciudadanos e inversores, de incertidumbre y de limitaciones a la movilidad.

En este contexto, debemos apelar al importante papel de los ERTEs que, en la medida que están dotados de una flexibilidad interna, se han revelado como una medida imprescindible de adaptación al nivel de actividad y para preservar la mayor ocupación posible.

Igualmente resulta necesario impulsar planes sectoriales de reactivación de la actividad y el consumo, muy particularmente en el turismo, en este momento concreto del período estival, por su peso en nuestra economía y su efecto tractor en el resto de sectores.

Imprimir Imprimir         

“Este acuerdo traslada la solidez y la solvencia de España para afrontar los retos”

7 de julio, 2020

“Este acuerdo traslada la solidez y la solvencia de España para afrontar los retos”

El secretario general, Unai Sordo, ha asistido esta mañana a la firma del Acuerdo por la reactivación económica y el empleo entre el Gobierno y los agentes sociales, donde ha manifestado que “este acuerdo traslada la solidez y la solvencia de España para afrontar los retos”. «El diálogo social y los acuerdos alcanzados tienen una traslación a la Unión Europea donde en 15 días nuestro país se juega en Europa buena parte del futuro para los próximos 2 años”.

03/07/2020.

ccoo.es

Unai Sordo ha destacado que debemos poner en valor las medidas conseguidas, que han evitado el incremento del desempleo y facilitado que 6 millones de personas hayan tenido algún tipo de renta, bien a través de los ERTES, del paro de los autónomos o con distintas prestaciones.

“Estamos satisfechos de lo realizado hasta ahora que han servido para que el empleo por primera vez en España caiga menos que lo que está cayendo la economía, sobretodo en una crisis sin ningún precedente”. Por ello, el secretario general cree que es necesario llegar a acuerdos que proporcionen estabilidad apostando por un crecimiento económico más sostenible, igualitario e inclusivo.

Unai Sordo ha pedido que se corrija el actual modelo laboral que muestra “grandes deficiencias como la precarización de la contratación o el despido”. Si no se modifica la reforma laboral, “se va a generar una caída de los salarios en la segunda parte del año”, y ha exigido que se aborden “políticas de desarrollo industrial y sectorial, que son claves para generar empleo de calidad”.

Además, ha advertido que además de los recursos que vengan de Europa a lo largo de los próximos trimestres, “vamos a tener que abordar reformas de carácter fiscal, de calado, para poder tener recursos públicos que sirvan para recuperar la calidad de nuestros servicios públicos y que España no dependa únicamente de recursos externos”.

El secretario general de CCOO sabe que queda mucho trabajo por hacer “pero lo vamos a hacer desde nuestras presencia en las empresas, desde la movilización, cuando sea necesario, y desde los espacios de diálogo social».

El acuerdo firmado esta mañana apuesta por impulsar la reincorporación de las trabajadoras y los trabajadores afectados por los ERTES del COVID-19; desarrollar la formación y recualificación de las trabajadoras y trabajadores, reduciendo o eliminando la brecha digital y tecnológica de género; regular el teletrabajo o poner en marcha un Pacto por la industria, entre otros.

Imprimir Imprimir         

Puesta de Sol desde Estaciones, Santander

6 de julio, 2020
Imprimir Imprimir