02 Jul 2026

CEOE considera especialmente preocupante la persistencia de un desempleo estructural superior al 10% en un contexto en el que continúan existiendo numerosas vacantes sin cubrir, tras publicarse este jueves los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de junio.

Para CEOE, esta situación pone de manifiesto la necesidad de afrontar la realidad el mercado laboral desde una perspectiva estratégica y de largo plazo. Esto exige reforzar la conexión entre las políticas activas y pasivas de empleo, acometer una reforma integral del sistema de formación para el empleo a lo largo de la vida que mejore la empleabilidad y responda a las demandas de un mercado laboral en constante transformación.

También resulta necesario adecuar el marco regulatorio a la realidad productiva para facilitar una cobertura más eficiente de las vacantes y corregir los desequilibrios estructurales existentes.

En un contexto geopolítico e interno de elevada incertidumbre, las empresas españolas reafirmaron en junio su compromiso con el empleo, con un incremento de la afiliación de 128.533 personas (el mayor de un mes de junio desde 2021) y una reducción del desempleo de 28.739 personas (la más débil en este mes desde 2020).

Estos datos consolidan la tendencia habitualmente positiva del empleo en el mes de junio, con un crecimiento generalizado en la mayoría de territorios y sectores, en particular en las actividades vinculadas al turismo. Por el contrario, el sector educativo experimentó un ajuste estacional, asociado al cierre del curso académico.

Con cerca de 22,5 millones de personas afiliadas, se alcanzó un nuevo máximo histórico de empleo, con un avance del empleo femenino, que supera ya los 10,6 millones de trabajadoras, el 47,2% del total. El empleo juvenil y el de mayores de 55 años también mostraron dinamismo, con crecimientos superiores a la media.

Por su parte, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, los afiliados crecieron en 12.017 personas en junio, hasta superar los 3,4 millones. Las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas y la Construcción destacaron como motor de crecimiento, mientras que el Comercio registró un descenso relevante en términos interanuales.

Impacto del SMI

Por el contrario, el Sistema Agrario continuó en retroceso, con descensos tanto en términos mensuales como interanuales. Una evolución asociada al impacto acumulado de las sucesivas subidas del SMI en un contexto arancelario desfavorable para los productos nacionales.

En materia de desempleo, las mayores reducciones se concentraron en el sector servicios, seguido a distancia de la industria, la construcción y la agricultura, mientras aumentó en el colectivo sin empleo anterior.

De esta forma, el paro se sitúa por debajo de los 2,3 millones de personas, el menor nivel desde enero de 2008. Las cifras se acercan a los 3 millones si se tiene en cuenta a los excluidos del paro registrado.

España mantiene la tasa de desempleo más elevada de la OCDE, mientras el gasto medio mensual por persona beneficiaria alcanza los 1.171,8 euros, con un gasto total en el mes de mayo (último dato disponible) que supera los 1.934 millones de euros.

En cuanto a la calidad del empleo, la tasa de temporalidad se mantiene en niveles reducidos, con avances destacables en mujeres y jóvenes. En la actualidad, hay 4,9 millones de personas más con contrato indefinido y 1,9 menos con contrato temporal que en junio de 2021.

No obstante, se constata un deterioro del empleo en las micropymes, donde se registró un crecimiento de apenas el 0,3%, frente al avance del 4,5% de las empresas de mayor tamaño, lo que evidencia una brecha empresarial creciente.

07/07/2026 

Registradores

El Colegio de Registradores presenta con esta nota informativa un avance provisional de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente a mayo de 2026, con datos proyectados sobre el 95,4 % de los registros analizados, en el que se sintetiza la evolución interanual de compraventas e hipotecas.

Los datos provisionales muestran que durante el mes de abril de 2026 se han registrado 119.000 compraventas de inmuebles, con un descenso del 4,9 % respecto a mayo de 2025. De ellas, por encima de 61.000 han sido compraventas de vivienda, lo que supone a su vez un descenso del 7,6 %. Se trata del quinto mes consecutivo con descensos en las compraventas de vivienda.

Por su parte, las hipotecas han experimentado un incremento, al constituirse más de 54.700 hipotecas totales, un 2,1 % más que el mismo mes del año pasado. Del total de hipotecas, 42.200 se han constituido sobre viviendas, lo que, en cambio, supone un ligero descenso del 0,5 % interanual.

Solamente dos comunidades autónomas han registrado incrementos de compraventas totales durante el mes de mayo: Andalucía (4,7 %) y Canarias (3,1 %), mientras Ceuta se ha mantenido igual que en 2025. Por su parte, con los mayores descensos destacan Melilla (-34,7 %), La Rioja (-22,7 %), Navarra (-18,6 %) y Cantabria (-15,3 %). En cuanto a las compraventas exclusivamente de vivienda, Andalucía (4,3 %) ha sido la única comunidad en que se han incrementado, mientras que los mayores descensos, por encima del 15 %, se han dado en Melilla (-31,0 %), Cantabria (-26,2 %), Baleares (-21,4 %) y Murcia (-19,8 %).

En términos absolutos, Andalucía, Valencia, Cataluña y Madrid han superado las 10.000 compraventas totales, con Andalucía alcanzando las 20.750. En cuanto a las compraventas de vivienda, las mismas comunidades ocupan los primeros puestos, con Andalucía por encima de las 11.500 operaciones.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha aumentado en nueve comunidades y ciudades autónomas, en cinco de ellas a doble dígito. Los mayores incrementos se han podido observar en Navarra (24,8 %), Ceuta y Extremadura (ambas con 24,6 %), mientras que las mayores disminuciones en el número de hipotecas totales se han producido en Melilla (-30,0 %), Baleares (-20,8 %) y Cantabria (-13,5 %).

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, los aumentos se han producido en seis comunidades, descendiendo en trece. Entre los mayores aumentos destacan Navarra (32,8 %), Ceuta (13,7 %), y Canarias (13,3 %), mientras que los descensos más acusados se han contabilizado en Melilla (-27,0 %) y en Cantabria y Baleares (en ambos casos -20,8 %).

En lo que respecta al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia han superado las 7.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles. La comunidad con mayor número de hipotecas ha sido Andalucía con más de 9.600 en total, de las cuales en torno a 7.900 han sido sobre vivienda.

A continuación, se presenta la evolución durante los últimos doce meses de las tasas de variación del número total de compraventas, compraventas de vivienda, constituciones totales de hipoteca y constituciones de hipoteca sobre vivienda.

Durante la primera mitad del periodo analizado, el mercado ha mostrado una alternancia de periodos de crecimiento y suaves descensos, que finalmente ha desembocado a partir de enero de 2026 en cinco meses consecutivos de mayor estabilidad, donde las mayores diferencias (en enero y mayo) han sido a la baja. La trayectoria de las compraventas totales y las de vivienda han sido muy similares, apreciándose en los últimos meses una divergencia, con crecimientos o bajadas moderadas en el total de operaciones y descensos, por quinto mes consecutivo, en las compraventas de vivienda.

La evolución del número de hipotecas constituidas muestra una desaceleración más tardía y menos acusada que la observada en las compraventas, con tasas de variación positivas durante todo el periodo analizado y muy superiores a las de las compraventas. Esta evolución ha sido muy pareja en el total de hipotecas y en las de vivienda, si bien precisamente en este mes de mayo las de vivienda han sufrido su primer descenso en veintitrés meses.

Este mejor comportamiento de las hipotecas respecto a las compraventas ha llevado a que en el caso de las viviendas el número de hipotecas alcance el 74 % respecto a las compraventas, quinto mes consecutivo por encima del 70 %.

3 Julio 2026

CNMC

• Los sectores de actividad con más ingresos fueron las agencias de viajes, los operadores turísticos y las prendas de vestir.

La facturación del comercio electrónico en España aumentó en el cuarto trimestre de 2025 un 22 % interanual hasta alcanzar los 31.418 millones de euros, según los últimos datos de comercio electrónico disponibles en el portal CNMCData.

Los sectores de actividad con mayores ingresos fueron las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 7,1 % de la facturación total y las prendas de vestir, con el 7 %.

Si nos fijamos en el número de transacciones, en el cuarto trimestre de 2025 se registraron más de 575 millones de transacciones, un 20,2 % más. Los juegos de azar y apuestas lideraron el ranking por compraventas (9,1 %).

En cuanto a la segmentación geográfica, el 42,2 % de los ingresos en el cuarto trimestre de 2025 tuvieron como destino España. El 57,8 % restante fueron compras con origen en España hechas en el exterior.

El saldo neto exterior (la diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a España y lo que se compra desde España al extranjero) arrojó un déficit de 14.742 millones de euros.

Por número de transacciones, el 34,2 % de las compraventas tenían como destino España y el 65,8 % el extranjero.

El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior fue de 18.164 millones de euros, un 14,8 % más que en el cuarto trimestre del año anterior. El 94,6 % de las compras desde España hacia el exterior se realizaron en comercios ubicados en la Unión Europea.

Las ramas de actividad con mayor volumen de negocio desde España hacia el exterior fueron las prendas de vestir (9,9 %) y los servicios auxiliares a la intermediación financiera (9,6 %).

Por su parte, las compraventas desde el exterior con España facturaron 423 millones de euros, un 21 % más que en el cuarto trimestre del año anterior. El 65,1 % de las compras desde el exterior provenía de la Unión Europea.

Asimismo, las áreas de actividad relacionadas con el sector turístico (que agrupa las agencias de viajes, transporte aéreo, transporte terrestre, alquiler de automóviles y los hoteles) acapararon el 58,6 % de las compras desde el exterior con España.

Los ingresos de comercio electrónico dentro de España han ascendieron un 38,6 % interanual hasta los 9.831 millones de euros. Lideró la facturación dentro de España la administración pública, impuestos y seguridad social (9,7 %).

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación, y que no vincula a la CNMC.

1 Jul 2026

CNMC

• Los días 23 y 24 de junio, la CNMC realizó inspecciones en la sede de una asociación de empresas dedicadas a la intermediación hipotecaria. 
• Estas inspecciones constituyen un paso preliminar a la posible incoación formal de un expediente sancionador. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de la intermediación de crédito inmobiliario. 

En concreto, se investiga la existencia de una recomendación o decisión colectiva y/o de posibles acuerdos o prácticas concertadas entre empresas presentes en dicha actividad, dirigidas a la no captación de empleados entre las empresas miembros de la asociación, así como a la fijación de precios y/o de condiciones comerciales de los servicios prestados por dichas empresas. 

En caso de confirmarse, estas prácticas podrían constituir una infracción de los artículos 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Estas inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. 

Estas prácticas podrían ser consideradas como una infracción muy grave de la ley de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de imposición de la multa. 

03/07/2026  

Registradores

El ejercicio 2025 constituye el tercer año consecutivo de despliegue de la Ley 16/2022, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, motivo por el que dejan de analizarse los concursos consecutivos, y se observa una mayor presencia de los nuevos procedimientos especiales para microempresas como alternativa a los procedimientos concursales ordinarios o “tradicionales”. En el anuario 2025 se han registrado en total 1.427 de estos procedimientos especiales, suponiendo un 22,5 % del total de la muestra. Las sociedades que iniciaron procedimiento de insolvencia en 2025 tienen, en promedio, mayor plantilla que el conjunto de empresas españolas, al menos la mitad cuenta con 5 o más asalariados, y el 25?% de mayor tamaño alcanza los 12 o más. La concursada típica en 2025 sigue perteneciendo al sector servicios (no inmobiliarios) y con una edad mediana de diez años en el momento de iniciar el procedimiento. Este año sólo un 10,5 % tendrían capacidad para cancelar sus deudas en 5 años, y el 67 % han obtenido un resultado neto negativo.

Estas son algunas de las conclusiones extraídas del Anuario Concursal elaborado por el Colegio de Registradores, con el asesoramiento científico de la UAB, cuyo estudio completo se puede consultar en la sección de Estadísticas Concursales del Portal Estadístico Registral.

La deteriorada situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento sigue siendo una característica estructural presente en la mayoría de los casos: dos terceras partes presentan resultados netos negativos y un 58,2 % ni tan siquiera genera recursos positivos para atender su deuda. Aquellas sociedades que inician el procedimiento en 2025 presentan fondos propios negativos en el 45 % de los casos, y, como aspecto positivo, el porcentaje de sociedades con capacidad financiera suficiente para cumplir un convenio dentro de los límites habituales de la ley ha sido del 18,9 %, continuando con la senda positiva iniciada en 2022 (17,6 % en 2024, 16,5 % en 2023 y 13 % en 2022).

En 2025, una de cada cinco sociedades concursadas pertenecía al ciclo de la construcción (criterio de agrupación específico del SEREG que incluye todas aquellas actividades relacionadas con el sector de la construcción; extracción de materias primas, fabricación de materiales y equipo, actividades anexas y actividades inmobiliarias), una proporción que se mantiene estable respecto a ejercicios anteriores. Del total de las concursadas, pertenecen al sector de servicios no inmobiliarios el 65,6 % de las sociedades, el 12,4 % a industria y el 1,4 % restante a agricultura y pesca.

Reasignación de recursos y recuperación del crédito

En 2025, de las 1.301 fases sucesivas iniciadas (convenio o liquidación), un 94,2 % (93,5 en 2024) fueron liquidaciones directas, y un 5,8 % (5,3 en 2024) liquidaciones procedentes de intentos fallidos de reestructuración. Por lo tanto, por tercer año, las liquidaciones sobrepasan el 95 % del total de fases sucesivas iniciadas (98,3 %).

En más de 2.653 casos (2.700 en 2024 y 2.600 en 2023), se declaran concursos sin masa, es decir, sin recursos suficientes para atender los costes del procedimiento; y se han identificado al menos 62 casos en los que se inicia la fase de liquidación posterior, indicando así que finalmente sí disponían de recursos para sufragar el procedimiento.

En 2025, la mediana de la expectativa de cobro para los acreedores ordinarios, suponiendo el cumplimiento íntegro de los pagos, se situó en el 67,7 %, claramente por encima de años anteriores (56,9 % en 2024, 48,8 % en 2023 y 47,7 % en 2022). En los convenios aprobados en fase común (sin apertura de fase de convenio y, por tanto, más ágiles), la expectativa es aún mayor; un 75 %. En el 25 % de los casos, la expectativa de cobro supera el 90,4 % de las deudas (frente al 89,4 % en 2024) y, en el 5?% de los procedimientos, se prevé la devolución del 98,3 % de las deudas.

Duración del concurso

Las novedades procesales introducidas por la Ley 16/2022 han obligado a ajustar la metodología de análisis según el tipo de tramitación; al desaparecer los procedimientos abreviados se distingue ahora entre concursos de mayor o menor complejidad, según superen o no los 5 millones de pasivo. Con esta diferenciación, el 92,8 % de los concursos de menor complejidad alcanza la fase sucesiva (convenio o liquidación) en un plazo igual o inferior a un año, cifra claramente superior a la de los de mayor complejidad, con un 77,8 %. Con independencia del tipo de tramitación, los procedimientos tienden a desarrollarse con mayor agilidad cuando la solicitud parte del propio deudor, es decir, en concursos voluntarios.

Un año más, es dentro del grupo de concursos de mayor complejidad y duración de la fase común donde se concentra el 5 % de sociedades de mayor tamaño de la muestra, con pasivos que superan los 147 millones de euros (frente a 704 millones en 2024), cuando el pasivo típico de este grupo se sitúa en torno a los 6,8 millones.

En 2025, se estima que un concurso liquidatorio tarda 182 días en concluir (frente a 254 días en 2024). Si se excluyen los concursos sin masa y exprés (es decir, aquellos que se concluyen en el mismo acto de declaración), la duración media asciende a 1.714 días (1.646 en 2024). La mayor parte de este tiempo, una vez más, se concentra en la fase de liquidación, por lo que no responde a factores estrictamente procesales.

Tiempo entre Auto de Declaración y Auto de Conclusión (días)
Percentiles	p5	p25	p50	p75	p95	Obs.
(1)	34	56	182	1.558	4.895	5.055
(2)	250	790	1.714	3.914	5.538	2.399
(1) Incluyendo los concursos ‘sin masa’ (2) Excluyendo los concursos ‘sin masa’.

Los concursos “sin masa” concluidos en 2025, con y sin nombramiento de administrador concursal, han tenido una duración mediana de 59 días; y aproximadamente de un mes (32 días) en el 5 % de los casos. Por su parte, el procedimiento especial para microempresa típico, también liquidatorio, concluido durante el año, ha tenido una duración que no alcanza los cinco meses y medio. En estos últimos procedimientos se observa una gran variabilidad en los tiempos, con duraciones ligeramente superiores a 2 meses y medio en el 25 % de los casos, y cercanas a los diez meses en otro 25 %.

Ciclo de la Construcción

En 2025 el peso del Ciclo constructivo se cifra en el 20,7 % de las sociedades que inician un procedimiento. El análisis de la evolución del número de concursados por sectores indica que el Ciclo constructivo creció un 4,6 %, movimiento que se pudo observar en mayor medida en el subsector de las actividades inmobiliarias, que experimentó un aumento del 13,2 %.

Del total de pasivos afectados por procedimientos concursales (alrededor de 5.500 millones de euros), los pasivos vinculados a la construcción representaron el 18,3 % del total (20,5 % y 18,8 % en 2024 y 2023 respectivamente), alcanzando el sector de servicios inmobiliarios el 6,4 % del total.

En 2025, las sociedades de extracción de materias primas para la construcción han sido de nuevo, las sociedades que reflejaron peores niveles de viabilidad: en el caso de generar recursos positivos requerirían 41 años para atender la totalidad de sus pasivos. Y son las sociedades de industrias de la construcción y de agricultura y pesca las que reflejan los mejores niveles; en 2025 requerirían 8 años para atender la totalidad de sus pasivos. La sociedad típica del subsector de la construcción con recursos generados positivos tardaría 11 años en atender todas sus deudas (12 en 2024, 14 en 2023).

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 29.6.2026

Las cotizaciones sociales superan en 5.477 millones de euros a las obtenidas un año antes. En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan, a 31 de mayo de 2026, un saldo positivo de 3.449 millones de euros.

• Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran un incremento del 7,5 % interanual en los datos acumulados hasta mayo de 2026, alcanzando los 78.164 millones de euros (5.477 millones más que el año anterior).

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, registran un incremento interanual del 25,6 %, hasta situarse en los 2.456 millones de euros que se destinan íntegramente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 27.176 millones de euros (un 53,3 % más).

En el análisis mensual comparativo se observa que, en el mes mayo, los ingresos por cuotas se cifraron en 15.763 millones de euros, 5.622 millones de euros más que el mismo mes de 2019.

En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan, a 31 de mayo de 2026, un saldo positivo de 3.449 millones de euros. Este resultado se obtiene de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 95.947 millones de euros, con un incremento del 7,6 %, y obligaciones reconocidas de 92.499 millones, que crecen en un 7,2 % interanual.

Por su parte, los datos de los Fondos de la Seguridad Social hasta el mes de abril-que incluyen, además del sistema, la información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)- muestran, en términos de contabilidad nacional, un saldo positivo de 4.378 millones de euros, equivalente al 0,2?% del PIB.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 94.511 millones de euros, con un incremento del 8,1 % respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentan un aumento del 6,9 %, hasta alcanzar los 92.074 millones de euros.

Ingresos no financieros

Como ya se ha indicado, en estos cinco primeros meses del año, las cotizaciones sociales ascienden a 78.164 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,5% respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2025 (5.477 millones de euros más).

Este crecimiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 7,7 % hasta alcanzar los 73.760 millones de euros (5.274 millones de euros más que en el ejercicio anterior).

Por regímenes, estas cotizaciones de ocupados se distribuyen entre Régimen general con un importe acumulado de 59.882 millones de euros y los regímenes especiales de Autónomos, Mar y Minería del Carbón, con un importe global de 5.705 millones de euros

Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 4.404 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 4,8 % (203 millones de euros más que el año anterior, en términos absolutos).

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones ascienden a 87.145 millones, un 7,3 % más que en el mismo periodo de 2025. Esta cifra representa un 94,2% del gasto total del sistema de Seguridad Social.

La partida más relevante corresponde a pensiones y prestaciones contributivas por importe de 79.102 millones de euros, con un aumento de un 6,6 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En un análisis detallado del área contributiva destaca:

• El gasto en pensiones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, se incrementa un 6% hasta los 68.685 millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensiones (1,5%), en la elevación de la pensión media (4,6 %), así como en la revalorización general del 2,7% de las pensiones contributivas en el ejercicio 2026.

• El gasto en subsidios por incapacidad temporal crece un 9,6 %, alcanzando los 7.849 millones de euros. Por su parte, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como las destinadas al cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad, suman 2.253 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,8%.

Respecto al área no contributiva, el gasto en pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, asciende a 8.043 millones de euros, un 13,8 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debe fundamentalmente, a la revalorización general del 11,4% establecida para el ejercicio 2026. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 4.957 millones (un 13,2 % más), y a subsidios y otras prestaciones 3.086 millones (un 14,8 % más), de los cuales 2.913 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, lo que supone un incremento del 16% respecto del año anterior.

Hacienda – 29.6.2026

El Estado presenta hasta mayo un déficit del 0,80% del PIB y mantiene un superávit primario de 1.571 millones, equivalente al 0,09% del PIB.

• El Ministerio de Hacienda ha publicado en su web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2026.

Se han difundido los principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado correspondientes a mayo, el déficit consolidado de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad Social correspondiente a abril y los datos del conjunto de las Administraciones Públicas del primer trimestre, todos ellos en términos de contabilidad nacional.

Las cifras conocidas muestran una reducción de la ratio de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el primer trimestre, una mejora significativa del saldo consolidado hasta abril, un descenso del déficit de las Comunidades Autónomas y un fuerte incremento del superávit de los Fondos de la Seguridad Social.

El déficit del Estado a finales de mayo de 2026 se sitúa en el 0,80% del PIB, con una necesidad de financiación de 14.177 millones. El Estado mantiene, además, un superávit primario de 1.571 millones, equivalente al 0,09% del PIB.

Asimismo, el déficit consolidado de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad Social se sitúa en abril en 4.637 millones, equivalente al 0,26% del PIB, frente al 0,41% del mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el déficit se reduce un 33,4%.

A su vez, el conjunto de las Administraciones Públicas registra en el primer trimestre de 2026 un déficit de 6.430 millones, equivalente al 0,36% del PIB, por debajo del 0,38% de 2025. El superávit primario aumenta un 6,6%, hasta 2.820 millones.

Déficit del Estado (mayo)

Hasta el quinto mes de 2026, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 0,80% del PIB. De esta forma, la necesidad de financiación se sitúa en 14.177 millones.

Si de la cifra de déficit se descuentan los intereses, se obtiene el saldo primario. A finales de mayo de 2026 se ha registrado un superávit primario de 1.571 millones, equivalente al 0,09% del PIB.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros del Estado se sitúan en 117.653 millones, lo que implica un crecimiento del 6,9% respecto a finales de mayo de 2025. Los impuestos alcanzan los 99.315 millones, el 84,4% del total de los recursos, y crecen un 7,6%, es decir, 7.017 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Dentro de los ingresos tributarios, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 2,9%, hasta 57.017 millones. De ellos, 44.017 millones corresponden al IVA, con un crecimiento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2025. En términos brutos, los ingresos por este impuesto se sitúan en 50.845 millones, con un aumento del 5%.

La evolución del IVA recoge el efecto, desde el 22 de marzo hasta el 31 de mayo, de la reducción del tipo aplicable a los productos energéticos del 21% al 10% y de la rebaja del tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11% al 0,5%. Desde el 1 de junio se recuperan los tipos originales, salvo para las gasolinas, los gasóleos y los biocarburantes, cuyo IVA se mantiene en el 10% hasta el 30 de junio.

Los demás impuestos sobre la producción y las importaciones se sitúan en 13.000 millones, con un descenso del 1,4%. Entre las principales figuras, el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco aumenta un 0,3%, hasta 2.637 millones; el Impuesto sobre Primas de Seguro crece un 7,9%, hasta 1.268 millones; y el Impuesto sobre Transacciones Financieras avanza un 41,6%, hasta 194 millones. En sentido contrario, el Impuesto Especial sobre la Electricidad disminuye un 21,6%, hasta 548 millones, y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos desciende un 3,3%, hasta 4.974 millones.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzan los 42.195 millones, cifra superior en un 14,5% a la de los cinco primeros meses de 2025. De este importe, 24.418 millones corresponden al IRPF, con un aumento del 14,5%; 14.730 millones al Impuesto sobre Sociedades, con un incremento del 12,2%; y 2.470 millones al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con un avance del 9,3%.

Como novedad del ejercicio, en febrero de 2026 se realizó el ingreso del pago fraccionado del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras por importe de 543 millones. En 2025, año de entrada en vigor de esta figura, el pago fraccionado se efectuó en junio.

Los impuestos sobre el capital se sitúan en 103 millones, frente a 70 millones en 2025, por autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones efectuadas por no residentes. Por su parte, las cotizaciones sociales alcanzan 2.261 millones.

Las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas se sitúan en 6.876 millones, con un aumento del 5,4%. Las rentas de la propiedad crecen un 13,9%, hasta 3.821 millones. Dentro de estas, los dividendos y otras rentas pasan de 449 millones en 2025 a 805 millones en 2026, de los cuales 234 millones corresponden al dividendo del Banco de España. Los ingresos por intereses aumentan un 3,8%, hasta 3.016 millones.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios alcanzan 882 millones. Finalmente, el resto de recursos se sitúa en 4.498 millones.

Empleos no financieros del Estado

Los empleos no financieros del Estado se sitúan en 131.830 millones, con un aumento del 9,1% respecto a mayo de 2025. La partida de mayor volumen son las transferencias entre Administraciones Públicas, que representan el 58,4% del gasto total, con 77.022 millones y un incremento del 9,2%.

Por un lado, los Organismos de la Administración Central han recibido 7.426 millones, un 33,8% más que en 2025. Este aumento se explica, principalmente, por las transferencias al Fondo Español de Garantía Agraria por importe de 2.000 millones, destinadas a compensar la pérdida de renta de las explotaciones agrarias por los fenómenos meteorológicos adversos y por las medidas adoptadas para paliar la subida de precios derivada de la crisis en Oriente Medio.

Por otro, la Administración Regional ha recibido 44.776 millones, un 10,6% más que en 2025. Del total de estas transferencias, 39.171 millones corresponden al sistema de financiación, de los que 36.401 millones son entregas a cuenta y 2.770 millones son anticipos de los recursos del sistema de financiación.

Las transferencias a las Comunidades Autónomas realizadas al margen del sistema de financiación se sitúan en 5.605 millones, un 39,9% más que en 2025. Este aumento se debe, entre otros factores, a la transferencia de la recaudación de 2025 del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras por importe de 1.413 millones.

A su vez, la Administración Local ha recibido 10.117 millones, un 9,4% menos que en 2025. Este descenso se debe a las menores transferencias realizadas al margen del sistema de financiación, que ascienden a 406 millones, frente a 2.135 millones en 2025, de los cuales 1.763 millones correspondieron a transferencias efectuadas a los municipios afectados por la DANA. En sentido contrario, las transferencias por la participación en los ingresos del Estado ascienden a 9.711 millones, un 7,6% más que en 2025.

Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social han recibido 14.703 millones, 1.397 millones más que en 2025.

Los intereses ascienden a 15.748 millones, con un incremento del 11,1%; y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie alcanzan 10.661 millones, un 5% más. Dentro de estas últimas, las pensiones de clases pasivas suman 8.804 millones, con un crecimiento del 6,1%, debido, entre otras razones, a la revalorización en 2026 del 2,7%, aplicada sobre el gasto consolidado de 2025.

La remuneración de asalariados asciende a 8.904 millones, con un crecimiento del 5,3%. Este incremento se debe, entre otros factores, a que el gasto de personal de 2026 recoge la subida salarial de la parte fija prevista para este año, del 1,5%, aplicada sobre la base consolidada de 2025. Los consumos intermedios aumentan un 3,8%, hasta 3.221 millones.

Las subvenciones descienden un 12,8%, hasta 2.826 millones, debido, principalmente, a la reducción de los costes del sistema eléctrico cubiertos por el Estado. También destaca la aportación española a la Unión Europea por recursos propios basados en el IVA y la RNB, que asciende a 7.068 millones, con un aumento del 36,6%.

Por último, las ayudas a la inversión y las otras transferencias de capital alcanzan en conjunto 1.221 millones, mientras que la formación bruta de capital fijo se sitúa en 3.070 millones.

Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (abril)

En el primer cuatrimestre de 2026, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas se sitúa en 4.637 millones, equivalente al 0,26% del PIB. Esta cifra supone una reducción del 33,4% respecto a los 6.958 millones registrados en el mismo periodo de 2025. En términos de PIB, la ratio mejora en 0,15 puntos porcentuales, al pasar del 0,41% al 0,26%.

Administración Central

La Administración Central ha obtenido en abril de 2026 un déficit de 1.593 millones, equivalente al 0,09% del PIB, frente a 1.487 millones y la misma ratio en 2025.

– El déficit del Estado en abril equivale al 0,15% del PIB y alcanza 2.643 millones.

– Los Organismos de la Administración Central registran en el mismo periodo un superávit de 1.050 millones, equivalente al 0,06% del PIB, frente al déficit de 858 millones de 2025.

Comunidades Autónomas

La Administración Regional registra a finales de abril de 2026 un déficit de 7.422 millones, lo que equivale al 0,42% del PIB, frente al 0,48% del mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el déficit se reduce un 7,9%.

La mejora del saldo autonómico responde a un aumento de los ingresos no financieros del 10,1%, hasta 80.279 millones, que supera en 1,8 puntos porcentuales el crecimiento del gasto, que se sitúa en el 8,3%, hasta 87.701 millones.

Los impuestos han crecido un 10,1%, hasta 31.914 millones, y representan en torno al 40% del total de los ingresos. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones se sitúan en 8.037 millones, con un avance del 7,6%. Esta variación se debe, principalmente, al aumento de la recaudación del ITP y AJD en un 10,3%, hasta 4.712 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y el patrimonio se incrementan un 11%, hasta 22.761 millones, de los cuales 21.757 millones corresponden a entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un aumento del 10,9%. Los impuestos sobre el capital alcanzan 1.116 millones, con un avance del 10,6%.

Las transferencias recibidas, corrientes y de capital, de otras Administraciones Públicas ascienden a 41.879 millones, superiores en un 11,8% al volumen de 2025. En el primer cuatrimestre de 2026 se han recibido 35.374 millones del Estado, un 12,6% más, de los cuales 29.699 millones corresponden a entregas a cuenta y 1.070 millones a anticipos de los recursos del sistema de financiación.

Las transferencias recibidas al margen del sistema de financiación se sitúan en 4.605 millones, un 76,3% más que en 2025. Este aumento se debe, entre otros factores, a la transferencia de la recaudación de 2025 del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras por importe de 1.413 millones. El resto de recursos se sitúa en 6.337 millones.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 7,6%, hasta 35.374 millones, debido, entre otras razones, a la subida salarial de la parte fija del 1,5% establecida para 2026. Los consumos intermedios aumentan un 5,8%, hasta 15.453 millones; los intereses avanzan un 5,7%, hasta 2.519 millones; y las subvenciones se sitúan en 1.726 millones, un 32,1% más que en 2025.

Las transferencias sociales en especie se elevan un 6,8%, hasta 12.920 millones. En esta rúbrica se recoge el gasto en farmacia, con un incremento del 3,1%, hasta 4.886 millones; los conciertos de asistencia sanitaria, con un aumento del 12,6%, hasta 2.408 millones; y los conciertos educativos, con un avance del 11,5%, hasta 2.918 millones.

Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 9,6%, hasta 1.939 millones, y la inversión alcanza 6.979 millones, con un crecimiento del 6,4%.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social registran a finales de abril de 2026 un superávit de 4.378 millones, un 69,2% superior al de 2025, con 2.587 millones. En términos de PIB, el superávit se sitúa en el 0,25%, frente al 0,15% de abril de 2025.

Esta evolución se debe al avance de los ingresos no financieros en un 8,4%, hasta 87.950 millones, superior al incremento de los empleos, que crecen un 6,4%, hasta 83.572 millones. Las cotizaciones sociales ascienden a 74.702 millones, representan el 84,9% de los recursos y crecen un 8,4% respecto a 2025.

Entre los principales cambios normativos y actualizaciones en materia de Seguridad Social y empleo para 2026 destacan el incremento del salario mínimo interprofesional hasta 1.221 euros al mes; la revalorización de las pensiones en un 2,7% con carácter general y en un 11,4% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital; el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta el 0,9%; y el incremento de los tipos aplicables a la cuota adicional de solidaridad para los salarios que superan la base máxima de cotización.

El Sistema de Seguridad Social registra en el cuarto mes de 2026 un superávit de 2.752 millones, un 92,3% superior al de 2025, con 1.431 millones. Los recursos han ascendido a 75.549 millones, un 8,7% más que en 2025, con un aumento de las cotizaciones sociales del 8,8%, hasta 62.344 millones. El número de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos los regímenes ha aumentado un 2,4% respecto a abril de 2025.

Dentro del gasto del Sistema, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie representan más del 96% del total, con 69.960 millones, cifra superior en un 7% a la de 2025. La mayor parte corresponde al gasto en pensiones contributivas y no contributivas, que aumenta un 6,3%, hasta 59.229 millones. La pensión media de abril se sitúa en 1.368,44 euros, un 4,5% más que en 2025. Las demás prestaciones sociales del Sistema ascienden a 10.731 millones, un 11,4% más.

Al igual que ya ocurrió en años anteriores, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un superávit, que en abril de 2026 asciende a 1.690 millones, frente a 1.036 millones en 2025. Los recursos del SEPE han sido 12.300 millones, un 8,2% superiores a los de 2025, de los cuales 12.257 millones corresponden a cotizaciones sociales, con un crecimiento del 8,0%.

Los empleos del SEPE se sitúan en 10.610 millones, con un aumento del 2,7%. La mayor parte, el 82%, corresponde a prestaciones por desempleo, que ascienden a 8.699 millones.

El FOGASA presenta un déficit de 64 millones, frente al superávit de 120 millones registrado en el mismo periodo de 2025.

Déficit conjunto de las Administraciones Públicas (primer trimestre)

Finalmente, también se han publicado hoy los primeros datos de ejecución de 2026 de las Corporaciones Locales, correspondientes al primer trimestre del año. Los datos muestran que las Entidades Locales han registrado un déficit de 2.058 millones de euros, lo que equivale al 0,12% del PIB.

Con los datos totales de las Corporaciones Locales, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el primer trimestre del año asciende al 0,36% del PIB, frente al 0,38% registrado en marzo de 2025. De este modo, los gastos han aumentado un 7,2%, mientras que el crecimiento de los ingresos ha sido del 7,4%.

Lunes, 29 de junio de 2026

La Sala de lo Contencioso considera la sanción ajustada a Derecho

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 13.500.000 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso a Indra por una infracción consistente en la creación de un cártel en diversas licitaciones públicas de servicios de tecnologías de la información en España. 

La resolución sancionadora de la CNMC de 26 de julio de 2018 declaró acreditada una infracción única y continuada muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constitutiva de cártel, en licitaciones convocadas, entre otros organismos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Además de a Indra, declaró responsables a otras empresas y situó las prácticas acreditadas entre 2005 y 2015. 

Según la resolución de la CNMC, el modo de operar de las empresas comprendía el conocimiento anticipado de las licitaciones gracias a contactos en el seno de las Administraciones contratantes; la formalización de acuerdos privados de colaboración, no comunicados a la Administración, con porcentajes de reparto que no siempre coincidían con los notificados en los acuerdos públicos de constitución de las uniones temporales de empresas; la utilización indistinta e instrumental de la unión temporal y de la subcontratación, acompañada de compromisos de exclusividad y de no concurrencia en ofertas alternativas; y un sistema de regularizaciones destinado a compensar las desviaciones respecto de los porcentajes de facturación pactados. 

Indra recurrió la sanción de la CNMC, pero la Audiencia Nacional rechazó todos los motivos planteados en su demanda y apreció que esta empresa había cometido una infracción única y continuada, y calificó como cártel la conducta por la que fue sancionada. 

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia recurrida, que considera ajustada a Derecho, y rechaza el recurso de Indra, que había fundamentado en que la CNMC no investigó ni depuró el papel de las Administraciones Públicas convocantes de las licitaciones afectadas por el cártel, pese a que la propia resolución les reconoce una cierta incidencia en la conducta, y que le impidió acreditar que su actuación quedaba exenta de la prohibición. 

La Sala responde que la aplicación de la excepción prevista en el artículo 1.3 de la ley 15/2007 depende únicamente de la concurrencia de los cuatro requisitos que establece el precepto, “todos ellos referidos a los efectos económicos del acuerdo y ajenos a la intervención de un poder público en él”. 

Añade que la participación de una Administración Pública en la conducta no es, por tanto, condición de la excepción y “si no lo es, no puede sostenerse que la falta de investigación de esa responsabilidad impidiera aplicarla. La excepción se aprecia, o no, según concurran sus requisitos, cuya acreditación incumbía a la empresa con independencia de que la Administración fuera investigada”. 

La Sala concluye que “la exención del artículo 1.3 de la Ley 15/2007 no dependía de la investigación del papel de las Administraciones contratantes, sino de la concurrencia de los requisitos que el precepto establece, cuya prueba incumbía a la recurrente y que no acreditó. La sanción se sustenta en la propia conducta de aquella, acreditada en la instancia, sin que la falta de investigación afecte a su validez ni a su graduación”. 

En respuesta a las cuestiones de interés casacional planteadas en el recurso, la Sala declara que “la aplicación de la excepción prevista en el artículo 1.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, no exige la participación de una Administración Pública en la conducta anticompetitiva, sino únicamente la concurrencia de los requisitos, de carácter acumulativo, que el precepto establece, cuya prueba incumbe a quien invoca la excepción, de modo que la falta de investigación del papel de la Administración contratante no impide apreciarla”. 

Asimismo, que “la falta de investigación, por la autoridad de competencia, del papel de las Administraciones contratantes no afecta a la validez de las sanciones impuestas a las empresas que han participado en el cártel, sin que la eventual responsabilidad de terceros incida en su graduación ni, en particular, excluya la agravante de la posición de responsable o instigador del artículo 64.2.b) de la Ley 15/2007, que atiende a la intervención de cada empresa en la infracción”.

29 Jun 2026

CNMC

• El desarrollo del suelo es un proceso lento y complejo que puede retrasar proyectos, elevar costes y limitar la oferta de vivienda.
• El estudio plantea abreviar procesos, simplificar y coordinar la regulación y flexibilizar el planeamiento, manteniendo las garantías necesarias.
• Agilizar el acceso a suelo facilitaría la construcción de viviendas libres y protegidas, contribuyendo a aliviar el problema de acceso a vivienda.

La CNMC ha analizado la regulación y el funcionamiento del proceso urbanístico que permite transformar suelo para construir nuevas viviendas, tanto libres como protegidas y sociales. El estudio examina todas las fases del proceso, desde el planeamiento hasta la edificación (E/CNMC/001/25).

El precio y la disponibilidad de vivienda dependen de muchos factores, pero uno de los más relevantes es la disponibilidad de suelo. El suelo puede representar hasta un 45 % del precio final de una vivienda, por lo que mejorar la eficiencia de los procesos urbanísticos puede contribuir a reducir costes, acortar plazos y ampliar la oferta, mejorando el acceso a la vivienda, tanto libre como social, en beneficio de los ciudadanos. 

Trabas burocráticas y regulatorias

España cuenta con una de las regulaciones de uso del suelo más restrictivas del entorno OCDE. En particular, el proceso urbanístico tiene una complejidad excesiva, inconsistencia e inseguridad jurídica, rigidez desproporcionada o excesiva lentitud administrativa.

En la fase de planeamiento, la delimitación detallada del suelo urbanizable y de sus usos puede reducir la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda de vivienda o en otras actividades económicas. Además, la nulidad de los planes y la rigidez para modificarlos pueden retrasar o bloquear nuevos desarrollos. Además, los instrumentos de planeamiento son complejos, cargados de trámites y documentos que en ocasiones pueden resultar redundantes o innecesarios. 

La CNMC también identifica dificultades en la fase de urbanización, donde la acumulación de trámites técnicos y administrativos puede alargar los plazos y encarecer los proyectos. En la fase de edificación, la multiplicidad de controles y exigencias administrativas puede demorar la concesión de licencias y retrasar el inicio de nuevas construcciones. 

Por último, el estudio advierte de que la normativa sectorial —ambiental, patrimonial, de infraestructuras u otras— tiene un peso creciente en los procesos urbanísticos. Aunque estos controles responden a objetivos legítimos, su falta de coordinación o proporcionalidad puede generar duplicidades, contradicciones y nuevos retrasos.

Recomendaciones para mejorar el acceso a suelo para vivienda

Para lograr un mejor funcionamiento del urbanismo en España, que permita ampliar la disponibilidad de suelo y de vivienda, la CNMC propone una serie de recomendaciones:

1. Promover una mayor racionalización y coordinación regulatoria:
   o    Simplificar y consolidar la normativa urbanística, y mejorar su digitalización y accesibilidad.
   o    Promover una gobernanza regulatoria más cohesionada y coordinada, y una mayor ordenación supramunicipal del territorio.
2. Flexibilizar el planeamiento urbanístico:
   o    Revisar la clasificación del suelo no protegido.
   o    Ampliar los posibles usos del suelo.
   o    Reducir el impacto de los planes urbanísticos sobre la competencia en otros mercados.
3. Reconocer un régimen propio y más flexible a los instrumentos urbanísticos:
   o    Limitar la nulidad total del planeamiento.
   o    Agilizar la tramitación de revisiones y modificaciones puntuales.
   o    Impulsar instrumentos de urgencia para vivienda, incluyendo en particular la vivienda protegida.
4. Reducir la complejidad de los instrumentos de planeamiento y de sus procesos de elaboración, tramitación y aprobación:
   o    Reducir el número de instrumentos de planeamiento y la carga de contenido de los Planes Generales.
   o    Racionalizar la elaboración y aprobación de estos instrumentos.
5. Simplificar y flexibilizar la gestión urbanística:
   o    Permitir actuaciones más flexibles a nivel administrativo, procedimental y técnico.
   o    Establecer un sistema reglado para la elección de sistemas de gestión y reforzar los mecanismos frente a bloqueos.
6. Facilitar la edificación:
   o    Agilizar licencias e impulsar declaraciones responsables.
   o    Adecuar los requisitos y cargas edificatorias.
   o    Evitar riesgos de posibles duplicidades y de falta de coordinación entre controles.
7. Mejorar el funcionamiento de los informes sectoriales:
   o    Clarificar el ámbito de los informes, aparte de evitar duplicidades y contradicciones.
   o    Sustituir silencios administrativos negativos por positivos.
   o    Justificar la necesidad de todos los informes y mejorar su proporcionalidad.
   o    Mejorar la coordinación normativa en temas sectoriales, y la integración de las evaluaciones ambientales en el urbanismo.
8. Asegurar criterios de eficiencia en la intervención de las AAPP en el suelo, mejorando su predictibilidad y la transparencia:
   o    Reforzar la predictibilidad y la transparencia de la intervención administrativa, así como el control y la legitimidad de los convenios urbanísticos.
   o    Revisar los instrumentos de intervención en el ámbito del suelo.
9. Dotar adecuadamente a los organismos públicos encargados del proceso urbanístico y acudir al asesoramiento de la CNMC.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados que garantiza y promueve la existencia de una competencia efectiva en beneficio de los consumidores y usuarios. Este estudio se realiza en el marco de sus funciones de promoción de la competencia.

Vivienda y Agenda Urbana – 25.6.2026

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reclamado a las administraciones locales y autonómicas que persigan el fraude en los pisos turísticos ilegales y que usen los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para reorientar esas viviendas al uso residencial.

• «En momentos de crisis, todas las viviendas deben ser para la gente», ha subrayado durante la entrega de 137 viviendas para alquiler asequible en Sevilla. La ministra ha destacado que, en su informe anual, el Banco de España indica que el 44% de los pisos en alquiler del centro de Sevilla son de uso turístico. «Esto significa -ha resumido- que casi el 50% de las viviendas que se alquilan no son para vosotros, sevillanos y sevillanas, son para pisos turísticos».

Rodríguez ha explicado que el Plan Estatal de Vivienda incluye fondos para que la Junta de Andalucía hay pueda comprar o compensar a los propietarios que cedan viviendas para que la administración las ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible.

Asimismo, la ministra ha defendido la necesidad de seguir construyendo «mucha vivienda pública», y de hacerlo desde «el acuerdo y la colaboración».

«Si algo merece la pena hoy en este país es trabajar por construir más vivienda pública y por consolidar el derecho de acceso a una vivienda», ha recalcado.

La ministra ha felicitado a todas las personas adjudicatarias de las viviendas, que hoy abren una nueva etapa de estabilidad en la que su derecho constitucional a una vivienda digna estará garantizado.

Acción del Gobierno en Andalucía y Sevilla

La ministra ha subrayado el compromiso del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con la ciudad de Sevilla, donde en estos momentos se están levantando 4.600 viviendas con financiación estatal.

Una muestra de ellas son las 137 viviendas para alquiler asequible entregadas, que han contado con 10,8 millones de euros de fondos estatales, canalizados a través de diversos programas.

Parte de estos fondos provienen de los fondos europeos Next Generation EU que peleó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas. En este sentido, ha aseverado que el Ejecutivo seguirá luchando por incrementar el presupuesto destinado a las políticas públicas de vivienda.

«Hay que seguir trabajando y tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir poniendo más recursos. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España y espero que podamos seguir haciéndolo en Andalucía», ha subrayado.

El Gobierno ha invertido desde 2018 más de 1.600 millones de euros en Andalucía para rehabilitar y construir más de 53.000 viviendas.

Viernes, 26 de junio de 2026

La disminución fue menos acusada en las jurisdicciones penal (3,5 %), contencioso-administrativa (2,1 %) y social (3,5 %). Seis Comunidades Autónomas tuvieron una tasa de litigiosidad superior a la nacional, que fue de 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes

Autor Comunicación Poder Judicial

Los órganos judiciales españoles registraron durante el primer trimestre de 2026 un total de 1.824.951 asuntos, un 20,6 % menos que hace un año, hecho que revierte la tendencia al alza de los últimos ejercicios. Todas las jurisdicciones experimentaron un decremento interanual, siendo el más significativo el del orden civil, con un 35,8 % menos asuntos de nuevo ingreso. La resolución de asuntos, que también sufrió una disminución en todas las jurisdicciones, se situó en un 13,7 % negativo. 

Estos y otros datos figuran en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2026, hecho público hoy por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. 

Durante el primer trimestre de este año, tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales de toda España un total de 1.824.951 asuntos, un 20,6 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2025. Entre enero y marzo pasados, los tribunales españoles resolvieron 1.757.204 asuntos, un 13,7 % menos que hace un año; los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre ascendieron a 4.758.123, lo que ha supuesto un leve descenso interanual del 0,7 por ciento. 

Civil, la jurisdicción que más redujo el ingreso de nuevos asuntos 

En la jurisdicción civil, se registraron 785.541 nuevos asuntos, con una reducción del 35,8 %, y se resolvieron 734.476, un 22,3 % menos. En trámite quedaron al final del periodo 2.728.558 asuntos, un 8,1 % menos que al final del primer trimestre de 2025. 

La jurisdicción penal registró 856.932 nuevos asuntos, un 3,5 % menos que un año antes. Se resolvieron 847.127 asuntos, un 5,7 % menos, y quedaron en trámite 1.276.102, un 14 % más. 

El descenso en el ingreso de asuntos de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo fue, con 52.944 nuevos casos, del 2,1 por ciento. Los asuntos resueltos fueron 52.696, un 13,2 % menos que el año anterior y los que quedaron en trámite, 221.947, apenas variaron al aumentar solo un 0,4 por ciento. 

En la jurisdicción social se registraron 129.497 asuntos, un 3,5 % menos que entre enero y marzo de 2025. Se resolvieron 122.880 asuntos, un 7,1 % menos, y quedaron tramitándose 531.466 asuntos, un 10,4 % más. 

Canarias, Asturias y Madrid, a la cabeza de la litigiosidad 

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes (*), una ratio diez puntos por debajo de la de hace un año, que fue de 47,07. La Comunidad Autónoma con la tasa de litigiosidad más alta fue Canarias (45,01), seguida por Asturias (41,73) y Madrid (40,59). También por encima de la media nacional se situaron Cataluña (39,39), Andalucía (37,45) y Murcia (37,41). 

El resto de los territorios mostraron una tasa de litigiosidad inferior a la nacional en el siguiente orden: Baleares (36,90), Comunidad Valenciana (35,47); Navarra (34,40), Castilla y León (33,82), Aragón (33,27), Cantabria (33,05), Galicia (32,15), Castilla-La Mancha (30,98), Extremadura (30,93), La Rioja (28,04) y País Vasco (28,02).  

(*) Cálculos realizados sobre las cifras de Estadística continua de población, del INE, a 1 de enero de 2026.

Proyección al conjunto del año 2026 

En base a las series históricas trimestrales disponibles, llegando en este caso al primer trimestre de este año, el CGPJ ha realizado una previsión para el conjunto del año 2026. 

Resumen por jurisdicciones  

Evolución prevista entre 2025 y 2026  

Consulte los datos estadísticos correspondientes al primer trimestre de 2024 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales

18/06/2026

Noticias del IEE

• Las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz concentran la atención mundial: los efectos del shock energético están siendo más intensos sobre la inflación que sobre la actividad. No obstante, la OCDE prevé una desaceleración del crecimiento global hasta el 2,8% para 2026, tras el 3,4% en 2025.
• La economía española muestra señales de desaceleración, aunque mantiene un dinamismo significativamente superior al de la eurozona. Nuestras previsiones apuntan a un crecimiento del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027.
• Entre 2018 y 2025 el aumento del factor demográfico total explica el 43% del crecimiento del PIB, mientras que la población con nacionalidad extranjera y doble nacionalidad eleva su peso económico del 11,6% al 18,5% y aporta el 73,9% del crecimiento total del PIB en ese periodo.
• La población extranjera y con doble nacionalidad sostiene el crecimiento del mercado laboral español: explica prácticamente todo el aumento de la población activa desde 2018 y cerca de dos tercios del empleo creado.
• El consumo final de los hogares de las personas nacidas en el extranjero pasa del 9,6% sobre el total en 2016 al 16% en 2024. Además, explica el 86% del crecimiento total del consumo final de los hogares en el periodo 2018-2025.

Madrid, 18 de junio de 2026. El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y el director general, Gregorio Izquierdo, han presentado el informe del IEE: “El aumento demográfico en España como factor explicativo del actual ciclo económico”, que contiene tres bloques de análisis. En primer lugar, se examina el entorno económico internacional, condicionado por las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz y sus repercusiones sobre los mercados energéticos, el comercio mundial y las perspectivas de crecimiento e inflación. En segundo lugar, se analiza la evolución de la economía española, que continúa mostrando un comportamiento relativamente dinámico en comparación con otras economías de su entorno, apoyado en la fortaleza de la demanda interna y del mercado laboral. Finalmente, el informe aborda la incidencia de la evolución demográfica sobre la actividad económica, con especial atención al papel de la población inmigrante como factor relevante del crecimiento.

Economía mundial

El crecimiento económico mundial se ve afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la consiguiente subida de los precios de la energía. El shock energético ha provocado un freno de la actividad, reflejado por el retroceso del PMI desde los 53,3 puntos en febrero de 2026 hasta los 51,8 puntos en abril y mayo. La OCDE ha revisado a la baja su previsión de crecimiento económico hasta el 2,8% en 2026, frente al 3,4% en 2025. El impacto en precios está siendo más notable y se traduce en un aumento de las previsiones de inflación de la OCDE hasta el 4,3%, cuando se esperaba una moderación tras el 4% de 2025. Esta situación ha llevado a los bancos centrales a mantener una política monetaria más restrictiva y los mercados están empezando a descontar tipos de interés más altos durante más tiempo.

En Estados Unidos, la economía comienza el año con un crecimiento del PIB de 0,5% trimestral en el primer trimestre de 2026. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha ocasionado un gran impacto en los precios, con una escalada de la inflación general hasta el 4,2% en mayo. Además, la OCDE modera sus previsiones de crecimiento para Estados Unidos hasta el 2% en 2026 tras el 2,1% de 2025, a pesar de su autosuficiencia energética y el aumento internacional de la demanda de gas natural licuado.

En la eurozona, la dependencia energética exterior supone una vulnerabilidad en un contexto de aumento de los precios del petróleo y del gas. Esto se muestra en la contracción del crecimiento económico (PIB del primer trimestre negativo, con un –0,2% trimestral) y en un repunte de la inflación general hasta el 3,2% en mayo. Esta situación ha llevado al BCE a subir los tipos en 25 puntos básicos en junio. Para 2026, las previsiones de la OCDE han rebajado el crecimiento de la eurozona hasta el 0,8%, tras el 1,4% de 2025.

En China, el dinamismo de la producción industrial y de las exportaciones de sectores de alto valor añadido permiten suavizar los efectos del conflicto de Oriente Medio, aunque se mantiene la debilidad de su demanda interna derivada de los problemas de su sector inmobiliario. La OCDE prevé una desaceleración gradual del crecimiento económico del país, hasta el 4,5% en 2026, tras el 5% de 2025. Además, se espera un aumento de la inflación hasta el 1,5%, saliendo de la deflación de 2025 (-0,1%).

Economía española

La economía española mantiene un notable dinamismo en comparación con el promedio de la eurozona, aunque afronta una desaceleración ordenada en 2026, condicionada por el shock energético derivado del conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz. El principal soporte de la actividad sigue siendo la demanda interna, en particular el consumo de los hogares, apoyado en el buen comportamiento del mercado laboral. En contraste, la incertidumbre, la inflación y la posible subida de tipos introducen riesgos crecientes sobre el gasto y la inversión.

En lo referente a los sectores, la industria y los servicios empiezan a percibir, con mayor claridad, el deterioro del entorno. La actividad industrial se modera, presionada por el aumento de los costes energéticos, las disrupciones de suministro y unas expectativas empresariales en niveles históricamente bajos. En los servicios, los indicadores más recientes apuntan a una estabilización más frágil. El turismo sigue siendo uno de los grandes pilares de la economía. La coyuntura económica se torna más exigente para las empresas: desaceleración de resultados, aumento de costes laborales y energéticos y débil productividad. El mercado laboral resiste, aunque con menor dinamismo y paro del 10,8%.

Por su parte, la inflación ha acusado el aumento de los precios energéticos y se sitúa en el 3,2% en mayo, aunque sin las medidas fiscales se habría elevado hasta el 4,4%. La reversión de las medidas y la evolución del precio del petróleo condicionarán la evolución de la inflación en los próximos meses.

El IEE prevé una moderación en el crecimiento del PIB, hasta el 2,1% en 2026 (tras el 2,8% de 2025). Esta desaceleración se prolongará a 2027, donde esperamos un crecimiento del 1,8%. En cuando a la inflación, la media anual puede situarse alrededor del 3,2% en el presente año y se moderara al 2,4% en 2027. En el informe se destaca la necesidad de mejorar la productividad, la inversión, la innovación y la competitividad en nuestra economía.

Incidencia de la inmigración en el crecimiento

En un contexto marcado por el envejecimiento, la baja natalidad y un saldo vegetativo negativo, el aumento de la población depende, cada vez más, de los flujos migratorios. Entre 2002 y 2025, la población residente pasó de 41 a 49,1 millones de personas, lo que representa un incremento de algo más de 8 millones de personas. Así la inmigración no solo amplía la población, sino que refuerza tanto la capacidad productiva como la demanda interna.

Sin embargo, este incremento poblacional no se reparte de forma homogénea entre grupos de población: la mayor parte del incremento recae sobre los residentes con país de origen extranjero. La evolución reciente de la población muestra, con claridad, este cambio de patrón. Desde 2015, las defunciones superan a los nacimientos de residentes españoles. Por lo tanto, desde entonces, el saldo migratorio explica la totalidad del aumento de la población e incluso compensa la pérdida vegetativa. Entre 2018 y 2025, la población total creció un 5,3%, pero ese avance se produjo, exclusivamente, por el aumento de la población nacida en el extranjero, que pasó de 6,2 a 9,5 millones, mientras que la nacida en España descendió un 1,9%, pasando de 40,4 millones a 39,6 millones. Esto implica que la contribución al crecimiento total de la población de los no nacidos en España superó el 131%, al compensar la caída de la población española.

El impacto económico de esta evolución demográfica es claramente visible en la evolución del PIB. Entre 2018 y 2025 el aumento del factor demográfico total explica el 43% del crecimiento del PIB español. Atendiendo a la población con nacionalidad extranjera, donde se incluye adicionalmente a aquellos con doble nacionalidad, su participación sobre el PIB ha pasado del 11,6% en 2018 al 18,5% en 2025. Durante este mismo periodo, el PIB creció un 12,3% y de ese crecimiento el 73,9%, es atribuible a la contribución de la población con nacionalidad extranjera. Dicho de otro modo, casi tres cuartas partes del crecimiento económico de España entre 2018 y 2025 se explica por la aportación de la población con nacionalidad extranjera.

Entre 2018 y 2025, España sumó alrededor de 2 millones de personas activas, hasta alcanzar los 24,8 millones. Prácticamente todo este incremento procedió de la población extranjera y con doble nacionalidad, que pasó de 3,6 a 5,5 millones de activos, mientras que la población activa española se mantuvo estable, en torno a 19,3 millones.

La misma tendencia se observa en el empleo. En 2025, España alcanzó los 22,2 millones de ocupados, 2,9 millones más que en 2018. De este aumento, cerca de 1,9 millones correspondieron a población extranjera y con doble nacionalidad, que pasó de 2,8 a 4,7 millones de ocupados. En cambio, la población ocupada española aumentó en 1 millón de personas, hasta los 17,5 millones. Así, este colectivo explica prácticamente todo el aumento de la población activa y alrededor de dos tercios del crecimiento del empleo desde 2018, representando ya el 22,2% de los activos y el 21,3% de los ocupados.

El consumo final de los hogares es otro de los grandes componentes sobre los que se sustenta la economía. Dentro de este contexto, el consumo final de los hogares de las personas nacidas en el extranjero ha pasado de representar en 2016 el 9,6% sobre el total al 16% en 2024. Entre 2018 y 2025 esta tendencia se traduce en cifras muy significativas, el 86% del crecimiento total del consumo final de los hogares se explica por el avance del gasto de los hogares de las personas nacidas en el extranjero. En términos de impacto sobre el PIB es igualmente relevante: el consumo final de los hogares explica el 36,5% del crecimiento del PIB entre 2018 y 2025. Dentro de esta magnitud, 31,3 puntos corresponden a hogares de personas nacidas en el extranjero, frente al 5,2 de los hogares de personas nacidas en España.

En cuanto a la vivienda, el crecimiento poblacional ha generado una presión creciente sobre el mercado residencial. La formación de nuevos hogares se sitúa en torno a las 230.000 unidades en 2025, frente a las aproximadamente 80.000 viviendas terminadas ese mismo año, lo que implica que por cada vivienda construida se forman casi tres hogares nuevos. Este desequilibrio persistente entre oferta y demanda se refleja en los precios, que han experimentado una subida del 88% desde el mínimo de 2013.

La participación del comprador extranjero ha crecido del 7% al 17% del total de transacciones entre 2007 y 2025, aunque la demanda nacional también ha aumentado con fuerza, un 30% solo entre 2018 y 2025, lo que apunta a que las tensiones responden a factores estructurales más amplios. Todo ello subraya la necesidad de actuar sobre el lado de la oferta para aliviar las presiones sobre los precios y la accesibilidad.

El problema estructural del envejecimiento de la población y sus consiguientes efectos sobre la economía se ve amortiguado por la población inmigrante. Debido a que el grueso de la población extranjera se concentra en edades de máxima actividad laboral, contribuyendo al aumento de las tasas de empleo y a las cotizaciones a la Seguridad Social. En este sentido, la población extranjera presenta tasas de dependencia sensiblemente más bajas que la nacional (10% frente a 35,5%). Además, esta situación contribuye a equilibrar el número de personas cotizantes por cada pensionista, sosteniendo el sistema de pensiones al menos en el corto plazo.

En contraste, el porcentaje de población en riesgo de pobreza es sensiblemente mayor entre la población extranjera que entre la española, lo que puede desplazar las necesidades de atención a la pobreza hacia este segmento de la población.

En cuanto a su impacto fiscal, diversos estudios de FEDEA, Banco de España y BBVA Research, señalan que este será positivo, principalmente en los primeros años de residencia, aunque su intensidad dependerá de los tipos de empleo, los salarios y la productividad. Por tanto, deben ser las políticas orientadas a la innovación y la mejora de la productividad las que garantizarán un crecimiento sostenido y unas cuentas públicas saneadas.

En definitiva, la inmigración es una pieza clave para sostener el crecimiento económico y laboral de España, pero no puede ser la única. El reto pasa por combinar esta aportación demográfica con una mejora de la productividad, una mayor inversión, más capital humano y una estructura productiva capaz de generar empleo de mayor valor añadido.

miércoles, 24 de junio de 2026

Todos los tipos de demanda de disolución matrimonial experimentaron una disminución interanual durante los tres primeros meses del año, siendo más acusada en las no consensuadas. Los territorios con más demandas por cada 100.000 habitantes fueron Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares, todos por encima de la media nacional, que fue de 42,4

Autor Comunicación Poder Judicial

Durante el primer trimestre de 2026, el número total de demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) disminuyeron un 14,1 % respecto al mismo trimestre de 2025. Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, los órganos judiciales registraron en ese periodo un total de 20.832 demandas de este tipo. 

Entre enero y marzo de este año, todos los tipos de demanda -tanto las de divorcio como las de separación, consensuadas y no consensuadas- disminuyeron respecto al mismo periodo de 2025, si bien las que lo hicieron de forma más acusada fueron las no contenciosas. Las 6904 demandas de divorcio no consensuado suponen un descenso interanual del 26,9 por ciento, mientras que las 13.186 demandas de divorcio consensuado representan una disminución del 5,5 % respecto al mismo periodo de 2025. 

Por su parte, las demandas de separación no consensuada (177) decrecieron en un 30,3 % y las demandas de separación consensuada (549) lo hicieron en un 3,5 % respecto al año anterior.   

Durante el primer trimestre del año, se presentaron 16 demandas de nulidad, por las 19 presentadas en el primer trimestre de 2025, lo que representa un 15,8 % menos. 

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2026, se observa que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Navarra, con 52,4; Comunidad Valenciana, con 49,6 y Baleares, con 49,3. 

También por encima de la media nacional, que fue de 42,4 demandas por cada 100.000 habitantes, Asturias, con 47,2; Cantabria, con 44,8; Murcia, con 44,3; Aragón, con 44,2; Castilla-La Mancha, con 44, y Andalucía, con 43,8. Los territorios con las tasas más bajas fueron Castilla y León, con 36,1; País Vasco, con 36,7; La Rioja, con 37,3; Madrid, con 37,4; Extremadura, con 39,7; Galicia, con 41; Cataluña, con 41,4, y Canarias, con 41,7.

Los siguientes gráficos muestran la evolución de las demandas de divorcio y separación (consensuadas y no consensuadas): 

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

En el periodo analizado se presentaron 3.656 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que ha supuesto un aumento interanual del 2 por ciento. El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 6.380, tuvo una variación a la baja del 26,6 por ciento.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 5.877, se mantuvieron estables al mostrar una reducción interanual del 0,3 por ciento, mientras que las no consensuadas, 5.646, disminuyeron un 22,7 por ciento.

Puede consultar los datos estadísticos correspondiente al primer trimestre de 2026 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Demandas-presentadas-de-nulidades–separaciones-y-divorcios

Miércoles, 24 de junio de 2026

La consulta se centra en los casos en los que la deuda pendiente supera el valor de la vivienda que la garantiza. El procedimiento queda suspendido hasta que el tribunal europeo interprete la normativa comunitaria sobre segunda oportunidad

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Murcia ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine cómo debe aplicarse la normativa europea sobre segunda oportunidad cuando una persona física insolvente mantiene una vivienda habitual hipotecada.

El asunto surge en el marco de un concurso sin masa de dos deudores que solicitaron la exoneración de sus deudas. En concreto, interesaron que, respecto de la deuda hipotecaria, quedara excluida únicamente la parte cubierta por el valor de la vivienda y pudiera recibir tratamiento exonerable el eventual exceso.

La resolución explica que la legislación española contempla distintos mecanismos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho. En uno de ellos, el denominado plan de pagos, la ley prevé expresamente que la parte de la deuda garantizada que exceda del valor de la garantía pueda recibir tratamiento exonerable. Sin embargo, en los concursos sin masa y sin liquidación esa posibilidad no aparece expresamente prevista.

Ante esta diferencia de regulación, el magistrado considera necesario que el TJUE determine si la Directiva (UE) 2019/1023 permite un tratamiento distinto de una misma situación según el procedimiento utilizado.

La cuestión planteada se refiere a supuestos en los que una persona mantiene una vivienda gravada con hipoteca y la deuda pendiente puede ser superior al valor del inmueble. En ese contexto, el órgano judicial pregunta si la normativa europea permite excluir de la exoneración la deuda con garantía real más allá de la parte efectivamente cubierta por el valor de la vivienda  o si, por el contrario, el exceso debe recibir el tratamiento propio de la deuda no garantizada.

Asimismo, solicita al tribunal europeo que aclare si resulta compatible con el Derecho de la Unión una regulación que, en los concursos sin masa y sin liquidación, no contempla expresamente para el exceso de deuda hipotecaria el mismo tratamiento previsto en los procedimientos con plan de pagos.

La resolución acuerda suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responda a las cuestiones formuladas.

Vivienda y Agenda Urbana – 26.6.2026

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado que el esfuerzo inversor del Gobierno ha permitido reactivar el sector de la construcción, imprescindible para subsanar el déficit residencia

Isabel Rodríguez ha defendido que hay que reorientar las 900.000 viviendas que, según el Banco de España, se están destinando al turismo o a la inversión hacia el uso residencial para dar respuesta a uno de los principales problemas de la ciudadanía.

La ministra ha intervenido en la clausura del seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) dedicado a la ‘Inteligencia artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía’, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), al que ha asistido junto al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. Le ha acompañado el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP); y los organizadores del seminario y miembros de APIE, Amancio Fernánez, Miguel Ángel Noceda y Ruth Ugalde.

Rodriguez ha defendido que existen instrumentos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para tratar de movilizar estas 900.000 viviendas y para que sirvan a las personas que las necesitan para vivir.

«Hay posibilidad de actuar de manera inmediata (…) con el derecho a la vivienda no se mercadea», ha subrayado.

En este sentido, ha detallado que el PEV incluye:

• Ayudas para adquirir viviendas. Se ayuda a las comunidades autónomas para que puedan ejercer su derecho a tanteo y retracto, o para que puedan adquirir vivienda de forma directa, a través la financiación del 70% del coste de adquisición. El porcentaje de financiación puede ascender hasta el 85% en caso de que la vivienda adquirida se ubique en una zona tensionada. Esa vivienda se pondrá en alquiler asequible.
• Ayudas para que se cedan estas viviendas. Se ofrece una ayuda a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma durante 7 años para que sea la Administración regional quien la ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible. El precio máximo será de 600 euros mensuales, que se sumarán a la ayuda. Además, incluye una previsión de rehabilitación y obras de mejora antes y después del alquiler, para conservar el correcto estado del inmueble. La comunidad autónoma se encargará de la gestión integral del alquiler, transferirá las rentas a la propiedad y, cuando finalice el contrato, devolverá la vivienda a su propietario en condiciones óptimas.

Soluciones, derecho a la vivienda y acuerdo

La ministra ha centrado su intervención en tres ejes: las soluciones al problema, hablar de la vivienda en términos de derecho y la necesidad de acuerdos.

«Ha llegado el momento de centrarnos en las soluciones y de dejar de debatir sobre las causas del problema porque ya hay consenso económico, social y académico sobre qué ha fallado», ha insistido.

Además, ha insistido en que «hay que hablar de la vivienda en términos de derecho, no de negocio o mercado porque es nuestro deber constitucional». Y, en tercer lugar, ha ahondado en la necesidad de alcanzar acuerdos, colaborar y cooperar «entre todos: administraciones públicas, sector privado y entidades sociales».

Necesidad de la regulación para garantizar el derecho

«Los derechos hay que regularlos», ha defendido la ministra. «Intervenimos para controlar el precio de los alquileres o porque creemos que no puede haber pisos turísticos ilegales. Sin duda, hay que intervenir», ha resumido.

Por ello, Rodríguez ha preguntado: «¿Acaso no es intervenir rescatar con impuestos públicos a los bancos mientras se desahucia a familias? ¿No fueron una intervención las Golden Visa, que regalaban la residencia española a quien se compraba a tocateja una vivienda de más de 500.000 euros?».

«Si por algo está destacando la acción regulatoria de este gobierno es que da respuesta a una mayoría social y no al interés de unos pocos», ha sentenciado.

Resultados de la acción del Gobierno

En el transcurso de su intervención, la ministra ha rendido cuentas de los resultados de la acción del Gobierno desde 2018 resumiendo en que «hemos agilizado el ritmo para consolidar el derecho, pero hay que agilizarlo aún más».

Así, Rodríguez ha destacado que «en el primer trimestre del año 2026 tenemos un récord en el presupuesto de licitaciones para construcción de vivienda pública». Con Pedro Sánchez, las licitaciones de vivienda pública han superado los 4.700 millones de euros en siete años. Son 3,7 veces más que con el gobierno anterior, que finalizó su mandato con 1.277 millones de euros. El resultado es que «hemos calificado como protegidas 113.988 viviendas frente a las 53.754 de las tres legislaturas» anteriores.

«En el primer trimestre de este año las viviendas protegidas iniciadas y finalizadas alcanzaron niveles no vistos desde el año 2012», ha subrayado. Y, además, con el actual presidente del Gobierno «se han transferido a las comunidades autónomas 8.000 millones de euros más para políticas públicas de vivienda. Entre transferencias a las comunidades autónomas y el presupuesto propio, el Gobierno ha destinado 27.497 millones a políticas públicas de vivienda».

24/06/2026  

Registradores

El Colegio de Registradores de España continúa avanzando en la digitalización de la presentación de cuentas anuales en los Registros Mercantiles mediante la actualización de la aplicación Depósito Digital D2, herramienta que permite elaborar el depósito digital y realizar su presentación telemática directamente al Registro Mercantil. El uso de los canales digitales se encuentra ya plenamente consolidado entre las sociedades mercantiles: casi 97 de cada 100 depósitos de cuentas se presentaron en formato digital en 2025, y el depósito digital telemático alcanzó el 94,8 % del total. En el Registro Mercantil se depositan un 1,2 millón de cuentas, anualmente.

El Colegio de Registradores refuerza el papel del Registro Mercantil como infraestructura esencial para la transparencia de las sociedades mercantiles, la trazabilidad de la información empresarial y la modernización de los servicios registrales. La información procedente del depósito de cuentas, de la titularidad real y de otros documentos societarios constituye una fuente básica para conocer la realidad económica y jurídica de las empresas españolas.

La nueva versión del manual de uso de D2 incorpora dos novedades principales: la posibilidad de adjuntar un documento ISPXP y un nuevo asistente de ayuda para la cumplimentación de la hoja de Titulares Reales. Estas mejoras refuerzan la utilidad de la aplicación en un momento en el que la información mercantil, contable y societaria adquiere una relevancia creciente para la transparencia empresarial y la seguridad jurídica.

El documento tiene como finalidad permitir que las empresas obligadas incorporen al depósito el informe país por país sobre los impuestos que han pagado en la Unión Europea, información especialmente vinculada a grandes grupos multinacionales. Según el manual, este documento debe presentarse en formato XHTML y conforme a la taxonomía digital específica establecida para este informe.

La actualización también mejora la cumplimentación de la declaración de Titulares Reales y permite importar los datos introducidos en el formulario, visualizarlos en un formato gráfico, modificarlos y volcarlos de nuevo al depósito. Además, puede utilizarse desde cero, sin datos previos, lo que facilita la identificación de participaciones directas e indirectas, tanto en capital como en derechos de voto. La Declaración del Titular Real hay que rellenarla aunque no haya habido cambios.

Junto a este asistente, D2 permite generar un informe de validación y una representación gráfica de los titulares reales declarados. En caso de detectar errores de cálculo o incongruencias en los datos de titularidad real, el sistema muestra un listado detallado para facilitar su revisión antes de completar el proceso.

La aplicación mantiene el esquema de presentación digital ya consolidado: una vez cumplimentado el cuestionario y anexada la documentación correspondiente, el depósito se genera como un único fichero ZIP que incorpora los documentos adjuntos y los valores de las claves del cuestionario. Antes de su presentación, el depósito debe superar las validaciones obligatorias, y el sistema genera la certificación de la huella digital para su inserción en el Certificado de Aprobación de Cuentas.

La aplicación D2 permite generar el depósito digital y, desde la propia aplicación, optar por la presentación telemática completa -con envío del del fichero ZIP y del certificado de aprobación de cuentas en PDF- o por la presentación telemática completa -con envío digital del fichero y posterior aportación en papel de la documentación que corresponda-, además, el fichero generado en D2 puede presentarse, en todo caso, a través de la Sede Electrónica de Registradores.

19 Jun 2026

CNMC

• Analiza las distintas fases del ciclo de las ayudas: diagnóstico, planificación, diseño y evaluación.
• Ofrece recomendaciones para garantizar que las ayudas se ajusten a la buena regulación, la buena administración y la libre competencia. 
• Ello implica definir correctamente aspectos como el tipo de instrumento elegido, la cofinanciación y su frecuencia, entre otros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado la Guía para una correcta utilización y diseño de las ayudas públicas (G-2025-01).

Tradicionalmente, las autoridades españolas han estado centradas en asegurar que aquellas se ajusten a la normativa de ayudas de Estado de la UE y a la nacional de subvenciones. Sin embargo, esta aproximación no puede ni debe ser considerada la única relevante.

Por ello, esta Guía ofrece orientaciones prácticas para que las administraciones diseñen ayudas públicas que respeten los principios de buena regulación y administración, y minimicen los posibles efectos negativos sobre los mercados.

Recomendaciones previas a la intervención        

Se debe elegir el/los instrumento(s) más adecuado(s) al objetivo buscado tras ponderar los elementos positivos y negativos de su utilización, dejando constancia de la fundamentación de la decisión que se adopte:

• Realizar un diagnóstico previo a través de estudios de mercado que permita identificar el objetivo perseguido y determinar si existe un fallo de mercado, una necesidad de redistribución o cualquier otra razón de interés general que justifique la intervención pública.
• Planificar previamente, cuantificar la magnitud del problema, definir objetivos concretos y establecer mecanismos que permitan evaluar posteriormente los resultados obtenidos.
• Valorar otras herramientas de política pública que podrían resultar más adecuadas, como las medidas regulatorias o fiscales o las actuaciones de colaboración público-privada.
• Las ayudas deben integrase en una estrategia pública coherente que cuente con objetivos claros, indicadores medibles y mecanismos de seguimiento. Se recomienda reforzar la coordinación entre administraciones y mejorar la calidad de los planes estratégicos de subvenciones.

Recomendaciones para el diseño de la ayuda

La concesión de la ayuda debe ser necesaria, eficiente y proporcionada, para alcanzar los objetivos y minimizar los efectos distorsionadores que pueda generar. 

Deben evitarse requisitos que puedan limitar injustificadamente la participación de operadores, garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los destinatarios finales y promover soluciones que atraigan inversión privada en lugar de desplazarla.

La CNMC formula las siguientes recomendaciones sobre cuestiones clave del diseño de las ayudas:

• Urgencia de la intervención: optar preferentemente por pagos automáticos cuando se requiera una respuesta urgente y, supletoriamente, por subvenciones directas con tramitación acelerada. En situaciones menos apremiantes, plantearse préstamos o garantías.
• Beneficiarios: concentrar los recursos en los beneficiarios que acrediten un mayor efecto incentivador. 
• Procedimientos de tramitación: primar los de concurrencia competitiva y asegurar criterios claros y objetivos de valoración, que promuevan la competencia efectiva entre las solicitudes presentadas.
• Garantías de publicidad: promover una comunicación proactiva y medidas de asesoramiento y orientación para facilitar el acceso a las ayudas, el cumplimiento de los requisitos y una tramitación más ágil, especialmente para los colectivos con menos recursos.
• Importe de la ayuda: limitarlo al mínimo necesario para alcanzar el objetivo perseguido, teniendo en cuenta la coherencia con otras subvenciones o medidas.
• Cofinanciación: analizar la experiencia previa para observar el efecto de las ayudas en el conjunto de beneficiarios indirectos y, de esta manera, calibrar el porcentaje exigible de cofinanciación de estos en los casos en que las ayudas son finalistas y están dirigidas al consumidor final; y publicar los criterios utilizados para justificar su importe. 
• Gastos subvencionables: deben limitarse a los estrictamente necesarios. Se sugiere subvencionar los costes de inversión o, en su caso, los salariales asociados, evitando ayudas a gastos corrientes.
• Frecuencia: dar preferencia a la utilización de ayudas únicas y limitadas en el tiempo. Se aconseja evitar las ayudas recurrentes que cubran los costes habituales de un beneficiario.
• Capacidad de gestión de las administraciones públicas: impulsar el uso de la inteligencia artificial (IA), a través de programas piloto, para garantizar la calidad de los datos, la transparencia algorítmica de los sistemas automatizados, y la formación, evaluación y control.
• Tipo de instrumento de ayuda utilizado:  realizar análisis periódicos para identificar el más eficiente y menos distorsionador de la competencia. En principio, las subvenciones son instrumentos relativamente sencillos, pero también los más costosos y los que tienen un mayor potencial distorsionador sobre la competencia. Los préstamos y garantías permiten un uso más eficiente de los fondos, aunque exigen más capacidad de gestión y control; las medidas fiscales, préstamos participativos y las participaciones en capital resultan útiles cuando se quiere incentivar la inversión privada o compartir riesgos a largo plazo.

Recomendaciones para la evaluación de la ayuda

Se recomienda que las evaluaciones sean públicas y transparentes, y que estén realizadas por organismos o entidades independientes con la capacitación necesaria de evaluación.

Esta parte del proceso es clave para mejorar la rendición de cuentas, comprobar la eficacia de las medidas y facilitar el aprendizaje para futuras actuaciones.

La CNMC puede actuar de manera consultiva, pudiendo ser consultada por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) o de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h).

Interior – 22.6.2026

Se controlarán especialmente los comportamientos que ponen en riesgo la seguridad de los operarios de mantenimiento en vías abiertas al tráfico, como el exceso de velocidad, las distracciones o maniobras incorrectas de adelantamiento o cambio de carril.

• La Dirección General de Tráfico ha presentado una campaña especial de vigilancia y control en tramos de carreteras en obras, que se mantendrá hasta el próximo domingo, día 28 de junio, con el objetivo de reducir los comportamientos de riesgo en las zonas donde los operarios de mantenimiento se encuentran trabajando en vías de circulación abiertas al tráfico. Esta campaña cumple una función esencial para recordar aspectos básicos de la conducción durante todo el año, como en este caso la importancia de respetar la señalización en tramos de obra.

La mayoría de los siniestros que afectan a trabajadores de conservación de carreteras son atropellos provocados por vehículos ajenos a la propia obra y la velocidad es el factor más influyente. Asimismo, las distracciones y las maniobras incorrectas de adelantamiento o cambio de carril son factores recurrentes.

Por eso, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías autonómicas que se sumen a la iniciativa controlarán especialmente este tipo de infracciones, así como el cumplimiento de los límites de velocidad en los tramos con obras que afecten a la calzada y/o modifiquen el trazado de los carriles.

Según datos provisionales del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, en 2025 se produjeron un total de 154 siniestros de tráfico relacionados con trabajos en obras de mantenimiento y conservación de carreteras, de los cuales 26 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o en sus inmediaciones (peatones), mientras que en los otros 128 casos se encontraban dentro de sus vehículos.

La señalización de los tramos de obras cumple la doble misión de ordenar el tráfico para adaptarlo a las circunstancias de la vía y a la presencia de operarios trabajando, y la Dirección General de Tráfico se ha propuesto aumentar la seguridad advirtiendo en tiempo real de la proximidad a obras en ejecución, tal como recoge la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030.

Conos conectados

Las nuevas tecnologías están contribuyendo a anticipar información sobre la realización de las obras y transmitirla al vehículo conectado a través de la Plataforma DGT 3.0, de forma similar a la información del tráfico en tiempo real que ofrece el Punto de Acceso Nacional de Datos de Tráfico (NAP).

En esta línea se inscribe la incorporación de conos de señalización conectados, que servirán para mejorar tanto la protección de los operarios que trabajan en la vía como la información que reciben los conductores. Esta tecnología acaba de dar un paso decisivo para su implantación de manera cada vez más generalizada con la certificación por parte de la DGT de los dos primeros modelos autorizados para su utilización.

Estos conos permitirán a las empresas de conservación comunicar el comienzo y finalización de las obras, activando automáticamente una incidencia de circulación en el Centro Nacional de Gestión de Tráfico de la DGT. Esta información se comparte en tiempo real a través de la Plataforma DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional.

De este modo, es posible alertar a los conductores mediante paneles de mensaje variable o de los propios vehículos conectados sobre las obras que van a encontrar a lo largo de su trayecto. Esta información les permite adaptar la conducción y extremar la precaución al aproximarse a la zona de trabajo, aumentando así su propia seguridad y la protección de los trabajadores mientras desempeñan labores de conservación, limpieza y adecuación de la vía.

Movilidad conectada

La incorporación de estos dispositivos se inscribe en la apuesta de la DGT por la movilidad conectada y por la utilización de los sistemas inteligentes para mejorar la gestión del tráfico y anticipar riesgos. De hecho, recientemente se ha aprobado una nueva normativa sobre implantación de los Sistemas Inteligentes de Transportes (SIT) en España.

Con esta regulación se refuerza el intercambio de información en tiempo real entre administraciones, operadores y gestores de infraestructuras, estableciendo la obligación de comunicar telemáticamente restricciones de circulación, cierres de vías, obras y otros eventos e incidencias en carretera que puedan afectar a la movilidad.

Se refuerza así el despliegue de tecnologías como DGT 3.0, la baliza V16 conectada o los conos conectados como pilares de la movilidad cooperativa y automatizada. Además, consolida el papel de los Puntos de Acceso Nacional como infraestructuras digitales estratégicas para el intercambio de información. Estos puntos actuarán como ventanillas únicas para el acceso a los datos de movilidad y transporte, permitirán una mayor coordinación entre administraciones y operadores y garantizarán la continuidad geográfica de los servicios SIT en toda la UE.

Iniciativa europea

La campaña coincide además con la celebración este miércoles, día 24 de junio, de la cuarta edición de la iniciativa europea #(S)he Works, I Care, promovida por la Asociación Europea de Autopistas de Peaje (ASECAP), en la que colabora la DGT. El objetivo es, igualmente, evitar atropellos concienciando a los conductores sobre la vulnerabilidad de los trabajadores que desarrollan su actividad en las carreteras.

Esta campaña tiene carácter abierto y voluntario, de manera que cualquier organismo, administración pública, empresa o colectivo puede participar utilizando libremente los materiales de comunicación facilitados por ASECAP y desarrollando las actuaciones que considere oportunas, como la difusión de mensajes en páginas web y redes sociales o la realización de acciones informativas.

Lunes, 22 de junio de 2026

Entre enero y marzo se realizaron un 64,9 % menos lanzamientos por impago de alquiler y un 24,24 % menos derivados de ejecuciones hipotecarias que hace un año. El aumento del 6 % experimentado por los concursos responde al incremento de los correspondientes a personas físicas no empresarios, que crecieron un 7,4 %. Los concursos de personas naturales empresarios disminuyeron un 3,2 % y los de personas jurídicas, en un 4,1 %. Los procedimientos monitorios se redujeron en un 59,1 % y los verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda, un 22,3 %

Autor Comunicación Poder Judicial

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, los órganos judiciales practicaron un total de 4005 lanzamientos, una cantidad inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025. La disminución afectó tanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias como a los causados por el impago del alquiler. 

El número total de lanzamientos practicados por los órganos judiciales en el primer trimestre del año se redujo un 45,4 por ciento. Los más numerosos fueron nuevamente los derivados del impago del alquiler, que representaron el 64,9 % del total y que se redujeron en un 53,9 por ciento con respecto a 2025; los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron el 24,24 % y mostraron una disminución interanual del 18,3 por ciento. 

Según los datos recogidos por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, hecho público hoy, el 23 % del total de lanzamientos practicados en España se efectuaron en Cataluña que, con 921, fue la Comunidad Autónoma con un mayor número de ellos. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 741; Andalucía, con 616 y Madrid, con 582. 

Los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sumaron 2.600 en el primer trimestre del año, lo que ha supuesto en descenso interanual del 53,9 por ciento. Teniendo en cuenta solo este tipo de lanzamientos, la Comunidad Valenciana aparece en el primer lugar con 513 practicados en el trimestre, el 19,7 % del total. Le siguen Cataluña, con 489; Madrid, con 454 y Andalucía, con 355.  

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 18,3 % respecto al primer trimestre de 2025. Por territorios, Cataluña fue la que más lanzamientos de este tipo registró, con 217, seguida de Andalucía, con 208 y de la Comunidad Valenciana, con 158. 

Finalmente, los lanzamientos derivados de otras causas que se practicaron en el primer trimestre del año fueron 434, un 13,4 % menos que en 2025. 

El informe incluye también el número de lanzamientos recibidos en los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado. 

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos recibidos en estos servicios en el primer trimestre de 2026 fue de 16.167, un 19,2 % más que en mismo trimestre de 2025. De ellos, 7.696 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 16,6 por ciento. 

Resulta más significativo poner en relación el número de lanzamientos con la población. Se obtienen los siguientes resultados:

Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 17,5 % 

Durante el trimestre analizado, se han presentado 7.194 ejecuciones hipotecarias, un 17,5 % más que en el primer trimestre de 2025. 

El mayor número se dio en Cataluña, con 2.616, un 36,36 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.293; la Comunidad Valenciana, con 841 y Madrid, con 564.

Durante los tres primeros meses del año, los órganos judiciales registraron un 6 % más concursos que en el mismo periodo de 2025. Este incremento se debe al experimentado por los concursos de personas naturales no empresarios (situado en el 7,4 %), los únicos que crecieron en el periodo analizado. Los concursos de personas jurídicas disminuyeron un 4,1 % y los de personas naturales empresarios bajaron un 3,2 por ciento. 

El número total de concursos ingresados durante el trimestre analizado fue de 19.100 (incremento del 6 %). Cataluña fue la Comunidad Autónoma donde se presentó el mayor número de concursos con 4.488, el 23,49 % del total. Le siguieron Andalucía, con 3.117; Madrid, con 3.036 y Comunidad Valenciana, con 2.323. 

El 17 de agosto de 2023 entró en vigor la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. Los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por ello tiene más sentido realizar un análisis de los concursos, no por el tipo de juzgado que los conoce sino por el tipo de persona, física, o jurídica, a la que afectan. 

Respecto a los concursos de personas jurídicas, durante el primer trimestre de 2026 se presentaron 1.395, un 4,1 % menos que hace un año. Cataluña fue el territorio donde se registraron más concursos de personas jurídicas: 482, lo que supone el 34,55 % del total. Le siguieron Madrid, con 203; Andalucía, con 184 y la Comunidad Valenciana, con 157. 

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, 706, mostraron un descenso interanual del 3,2 por ciento. Cataluña fue la Comunidad Autónoma con más concursos de este tipo, 387, que representan el 54,8 % del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 109, y Madrid, con 51.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios, 16.999, mostraron un incremento del 7,4 % respecto al mismo trimestre de 2025.  Cataluña encabeza la lista con 3.619 concursos presentados, que representan el 21,28 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 2.910; Madrid, con 2.782 y la Comunidad Valenciana, con 2.057. 

Los siguientes gráficos muestran el número de concursos presentados por cada 100.000 habitantes por Comunidad Autónoma:

El número de concursos declarados en el trimestre analizado en los Juzgados de lo Mercantil fue de 15.316, con un incremento interanual del 3,1 por ciento. 

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 36 concursos (un 33,3 % menos), mientras que iniciaron la fase de liquidación 1.041, un 26,5 % más que en el mismo trimestre de 2025. 

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 86 expedientes, un 19,6 % menos que en el mismo trimestre del año anterior. 

Las demandas por despido suben un 3,5 por ciento

En el primer trimestre de 2026 se han presentado 42.572 demandas por despido, un 3,5 % más que en el mismo trimestre de 2025. Cataluña, con 8.886, el 19,49 % del total nacional, fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Andalucía, con 7.195; Madrid, con 7.138 y la Comunidad Valenciana, con 5.676. 

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 32.208, fue un 10,9 % inferior al presentado en el primer trimestre de 2025. De ellas, 6.323 se registraron en Andalucía, el 19,63 % del total; 5.161 en Madrid, 4.027 en Cataluña y 2.939 en la Comunidad Valenciana. 

El número de reclamaciones de cantidad por cada 100.000 habitantes figuran en el siguiente gráfico:

Los procedimientos monitorios se reducen más de la mitad 

Los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2026 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 199.678, lo que supone un marcado descenso, situado en el 59,1 por ciento. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 37.439 asuntos; Madrid, con 35.534; Cataluña, con 27.483 y la Comunidad Valenciana, con 22.869. 

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas 

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. 

En el primer trimestre de 2026 ingresaron 460, un 22,3 % menos que el año anterior. En Andalucía se presentó el mayor número de demandas, 94, que representan el 20,43 % del total nacional. Le siguieron, Cataluña, con 88 y la Comunidad valenciana, con 64. 

Consulte los datos estadísticos correspondientes al primer trimestre de 2026 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales

17 Jun 2026

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido “estabilidad institucional, social, un clima de moderación y entendimiento”, en su discurso de clausura de la Asamblea General 2026 de la Confederación, que se ha celebrado este miércoles en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

“Las empresas españolas demandamos una solución a la actual situación que se vive en España”, -ha afirmado-, al tiempo que ha hecho “una defensa explícita e inequívoca de la separación de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -Guardia Civil y Policía Nacional-, de los jueces en el ejercicio de su responsabilidad y también de la prensa libre”, como “pilares fundamentales de nuestro sistema democrático y de la convivencia “.

Antonio Garamendi ha destacado, además, la unión y el compromiso del tejido empresarial con España, porque “las empresas españolas no desfallecemos”, y ha instado, de nuevo, a “volver al orden institucional, buscar lo que nos une como sociedad, como economía y como país”.

“Llamamos, no a sumar, sino a multiplicar esfuerzos, del mismo modo que el tejido empresarial hoy está haciendo un frente común y único en esta Asamblea General”, ha destacado, en línea con el lema escogido para la reunión de este año: La fuerza de la unidad.

El presidente de CEOE ha lamentado que mientras “nos acechan retos históricos”, -en referencia a la transición verde y digital y, especialmente, a la revolución que trae la inteligencia artificial-, “estamos ocupados en una deriva institucional que resulta triste para los que creemos en la democracia”.

El compromiso de las empresas españolas

Parafraseando las palabras de la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, ante la OIT hace unos días, Antonio Garamendi ha subrayado el compromiso de las empresas españolas, asegurando que “las organizaciones empresariales hemos actuado siempre con propósito, buscando el progreso social a la vez que la competitividad de nuestras empresas, y en todo caso, con compromiso y lealtad”.

El presidente de las empresas españolas ha querido recordar también en su discurso el “hecho histórico” que tuvo lugar el pasado 7 de junio, en el Movistar Arena de Madrid, con motivo de la visita del Papa León XIV, al que, en representación de CEOE, dirigió unas palabras, ante las miles de personas allí congregadas, en defensa del diálogo social y la negociación colectiva. Junto a él estuvieron Ángela de Miguel y los secretarios generales de CC OO y UGT, en una imagen sin precedentes hasta la fecha.

En este sentido, Antonio Garamendi ha resaltado que “los empresarios españoles estamos profundamente orgullosos de los más de 20 acuerdos alcanzados en el diálogo social tripartito en nuestro país desde el año 2020”, poniendo en valor el diálogo social –“esta infraestructura tan envidiada fuera de España”- y la negociación colectiva.

“Desde la reforma laboral, hasta el sistema de Seguridad Social, incluido el RETA, pasando por el trabajo a distancia, o por regulaciones de vanguardia referidas al uso de algoritmos, los derechos de los trabajadores de plataformas, o las personas LGTBI en las empresas”, ha enumerado el presidente en su discurso, citando algunos de los acuerdos logrados, además del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2023-2025 firmado con los sindicatos en el marco del diálogo social bipartito, que ha sido también “fructífero en España”.

Contra la asfixia normativa

Frente a esto, el presidente ha criticado la “asfixia normativa” a la que el Ministerio de Trabajo “ha sometido” a las empresas, que se resume en los “61 cambios entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025 en la norma básica que regula las relaciones laborales en España”, en referencia al Estatuto de los Trabajadores. “Todo ello, -ha asegurado-, sin diálogo social real y en ocasiones, sin siquiera consulta o con consultas meramente formales”.

Otros temas de actualidad mencionados en su discurso de clausura de la Asamblea 2026 han sido el absentismo -un “problema de país”, abordado este martes en un Encuentro Empresarial en CEOE con la presencia de sectores y territorios-; el tsunami regulatorio –“sí queremos leyes, pero leyes eficientes”, -ha dicho-, reclamando “la más importante del año, los Presupuestos Generales del Estado”-.

También ha defendido el papel de la energía nuclear, -“esa energía que en días como el apagón sirvió para garantizar nuestro suministro sin depender de nadie, ni en cantidad ni en precio”-; o el compromiso de las empresas con la responsabilidad social empresarial (RSE), ya que “4 de cada 5 empresas realizan sus propios informes de sostenibilidad”.

Durante la Asamblea General, precedida de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de CEOE como marcan los Estatutos, se ha presentado el Plan de Acción de la Confederación para 2026, y se ha aprobado la memoria de actividades y las cuentas del ejercicio 2025, así como los presupuestos del año en curso.