AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 


Ultimas entradas




Archivos


Costa de Galicia

18 de mayo, 2021
Imprimir Imprimir         

Concepción: “La crisis económica ocasionada por la pandemia implicará un extraordinario incremento en el volumen de asuntos”

18 de mayo, 2021

Lunes, 17 de mayo de 2021

Concepción: “La crisis económica ocasionada por la pandemia implicará un extraordinario incremento en el volumen de asuntos”

El presidente del TSJCyL asegura, en la presentación de la Memoria Judicial de Castilla y León, que el descenso del número de asuntos registrado en 2020 es puntual y augura un 2021 complicado especialmente en la jurisdicción social. El magistrado recuerda a los fallecidos por el Covid-19 y espera que pronto “este drama sea un mal recuerdo”

Autor: Comunicación Poder Judicial

El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, ha presentado este lunes en el Palacio de Justicia de Burgos la memoria judicial correspondiente al año 2020. Los datos reflejan que ha habido un descenso en el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de Castilla y León ocasionado por los efectos de la pandemia.

Precisamente, Concepción ha comenzado su intervención recordando a las personas fallecidas por Covid-19. “Quiero hacer un recuero sentido a los miles de fallecidos por esta pandemia que nos asola; espero que este drama sea dentro de poco un mal recuerdo”, ha señalado.

Respecto a la memoria de 2020, los datos muestran que, si el número de asuntos registrados en durante 2019 ascendió a 277.247, durante el pasado año el registro global de asuntos fue de 171.523, es decir, 105.724 menos.

“Es evidente que todos estos datos reflejan la situación excepcional vivida en el año 2020 que todos conocemos. La pandemia dio lugar a una situación histórica nunca antes conocida: la paralización de la actividad judicial total desde el 14 de marzo al 4 de junio de 2020”, ha recordado.

El presidente del TSJCyL ha señalado que “la pandemia va a suponer en el año 2021 un escenario totalmente diferente toda vez que a la crisis sanitaria que vivimos desde marzo de 2020 se le suma la crisis económica que ha supuesto la pandemia y, en consecuencia, ello va a implicar un extraordinario volumen de asuntos de entrada en determinadas jurisdicciones, como por ejemplo, en la jurisdicción social”.

Para hacer frente a esta situación, pero también en consonancia con las solicitudes que años anteriores ha realizado el alto tribunal regional, la memoria detalla la necesidad de creación de las siguientes plazas judiciales:

  • Audiencias Provinciales: una plaza de magistrado en la AP de Ávila; una plaza de magistrado en la AP de León y la creación de la Sección Cuarta (penal); una plaza de magistrado en la AP de Segovia; y una plaza magistrado en la AP de Valladolid.
  • Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: un juzgado en los partidos judiciales de Ávila, Palencia, Aranda de Duero, Soria y Valladolid (Juzgado de Primera Instancia).
  • Juzgados de Familia: un juzgado en los partidos judiciales de Burgos, Salamanca y Valladolid.
  • Juzgados de lo Penal: un juzgado en los partidos judiciales de Ávila y Valladolid.
  • Juzgados de Violencia de Género: un juzgado el partido judicial de León.
  • Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: un juzgado en el partido judicial de Ponferrada.
  • Juzgados de lo Social: un juzgado en Burgos, León, Segovia y Valladolid.
  • Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: un juzgado en Soria.

El presidente del TSJCyL ha resaltado un año más que los jueces han trabajado con “rigor y seriedad”. “Eficacia y calidad son los términos que mejor definen la labor de los jueces y magistrados de Castilla y León: eficacia al resolver con prontitud los conflictos de los ciudadanos castellanos y leoneses; calidad en las resoluciones judiciales dictadas por ellos a lo largo de este 2020”, ha recalcado.

“Es de justicia felicitar por su esfuerzo a todas y cada una de las personas que hacen posible que el engranaje de la Justicia funcione de forma modélica. Su trabajo es un ejemplo de responsabilidad frente a la situación que vive el país”, ha añadido.

Imprimir Imprimir         

Se mantiene el alza de la inflación debido a factores temporales ya que la subyacente disminuye al 0%

18 de mayo, 2021

Se mantiene el alza de la inflación debido a factores temporales ya que la subyacente disminuye al 0%

Foment del Treball Nacional

14 de mayo de 2021

◾Gran divergencia entre la inflación general y la subyacente
◾Cataluña es la comunidad donde menos sube la tasa anual, con un aumento de siete décimas

A medida que la economía se va recuperando, se observa un repunte en el IPC que corrige, en parte, la disminución del año anterior, derivada de la fuerte caída de la demanda agregada como consecuencia del confinamiento y del cese casi total de la actividad, que se reflejó en caídas significativas del IPC y, especialmente, del precio del petróleo, que en algunos días cotizó con valores próximos a cero.

El IPC continúa subiendo en abril, con una variación anual de 2,2%, casi un punto superior a la registrada en marzo, y la más elevada desde octubre de 2018. La variación mensual, es decir, de abril respecto a marzo, es de 1,2%, en línea con el incremento del mes de marzo (+1,0%).

Destaca, como principal influencia al alza, el aumento de los precios de la vivienda por el incremento del precio de la electricidad, frente a la disminución del mes de abril de 2020. También el precio del transporte debido a que los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte personal bajaron en el mismo período del año pasado.

Por otra parte, la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) bajó hasta el 0% en abril, más de dos puntos por debajo del índice general, es decir, que la única fuente de aumento en el IPC viene dada por los componentes más volátiles de la cesta de consumo, especialmente de la energía.

En Cataluña, el IPC de abril sube un 2,0%, frente al incremento del 1,3% del mes anterior. Hay que señalar, que la tasa de inflación en Cataluña es de la más bajas de todas las CA (excepto Ceuta, Canarias y Madrid: +1,8%).

Imprimir Imprimir         

La juez del ‘caso Azud’ decreta prisión para el exvicealcalde de Valencia, el exsubdelegado del Gobierno y tres empresarios

18 de mayo, 2021

Domingo, 16 de mayo de 2021

La juez del ‘caso Azud’ decreta prisión para el exvicealcalde de Valencia, el exsubdelegado del Gobierno y tres empresarios

Otros ocho detenidos han quedado en libertad provisional con medidas cautelares. La causa, en la que se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos públicos, suma ya cerca de medio centenar de investigados

Autor: Comunicación Poder Judicial

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del exvicealcalde de esta ciudad Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y los empresarios Joaquín P.R., Jaime F.R. y Mónica M.G., en el marco de la denominada ‘Operación Azud’. La magistrada ha adoptado esta decisión al apreciar riesgo de destrucción de pruebas.

En esta causa, abierta en 2017 y que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

Otros ocho detenidos en la segunda fase de esta operación -que se ha desarrollado entre el jueves 13 y el viernes 14 de mayo y que ha incluido 46 registros en empresas, despachos profesionales y domiciliarios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid- han pasado también en las últimas horas a disposición judicial.

La instructora ha acordado para todos ellos libertad provisional con las siguientes medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia semanal en sede judicial.

Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, sin perjuicio de ulterior de calificación.

Imprimir Imprimir         

Protección civil: El Consejo adopta nuevas normas para mejorar la reacción en caso de catástrofe

18 de mayo, 2021

Consejo de la Unión Europea

10 de mayo de 2021

Protección civil: El Consejo adopta nuevas normas para mejorar la reacción en caso de catástrofe

El Consejo ha adoptado hoy un Reglamento para mejorar el Mecanismo de Protección Civil de la UE. Las nuevas normas permitirán a la UE y a sus Estados miembros prepararse mejor para las catástrofes tanto naturales como de origen humano y reaccionar con mayor rapidez cuando se produzcan, incluso en aquellos casos que afecten simultáneamente a la mayoría de los Estados miembros, como por ejemplo una pandemia. El texto establece asimismo la financiación del Mecanismo de Protección Civil en el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027.

Eduardo Cabrita, ministro del Interior de Portugal
El Mecanismo de Protección Civil de la Unión es un símbolo de la solidaridad de la UE tanto dentro de nuestras fronteras como en el exterior. En 2020 se activó 102 veces y prestó apoyo a 77 países de todo el mundo. La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba su funcionamiento y nos ha demostrado que tenemos que mejorar. Con un presupuesto triplicado y las nuevas normas, estaremos mejor preparados para prever las futuras crisis y reaccionar a las mismas,sea cual sea su naturaleza.

Eduardo Cabrita, ministro del Interior de Portugal
Las normas propuestas permitirán a la Comisión Europea subsanar deficiencias de transporte y logística y, en casos de urgencia, contratar directamente determinadas capacidades adicionales de rescEU. Estas capacidades de rescEU, así como las que aporten los Estados miembros, se financiarán en su totalidad con cargo al presupuesto de la UE.

Con la propuesta de Reglamento también mejorarán la prevención y la preparación. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, determinará y desarrollará unos objetivos de la UE en materia de resiliencia ante catástrofes en el ámbito de la protección civil.

El texto dispone un total de 1 263 millones de euros en fondos para el período 2021-2027. Asimismo incluye un importe de hasta 2 056 480 000 euros para aplicar las medidas relacionadas con la protección civil destinadas a hacer frente a las repercusiones de la crisis de la COVID-19 previstas en el instrumento de recuperación de la UE. Esto supone un incremento de más del triple de lo consignado en el presupuesto de la UE para 2014-2020. Con ello queda patente el refuerzo de la respuesta colectiva de la UE a las catástrofes, que incluye la reciente creación de una reserva de capacidades (rescEU), el refuerzo de la Reserva Europea de Protección Civil y las mejoras en la prevención de catástrofes y preparación ante estas.

El Mecanismo de Protección Civil de la UE, que fue creado en 2001, coordina a escala de la UE la respuesta a las catástrofes naturales y de origen humano. Su objetivo es fomentar la cooperación entre las autoridades nacionales de protección civil, aumentar la concienciación de la población y la preparación ante catástrofes y propiciar una asistencia rápida, eficaz y coordinada a las poblaciones afectadas.

El Mecanismo de Protección civil de la Unión incluye un contingente europeo de protección civil. Se trata de una reserva común voluntaria de capacidades previamente comprometidas por los Estados miembros para su despliegue inmediato dentro o fuera de la UE. El Mecanismo de Protección Civil se modificó por última vez en 2019, cuando se creó una reserva adicional de recursos denominada rescEU para prestar asistencia en situaciones en las que las capacidades globales existentes sean insuficientes.

Imprimir Imprimir         

Estado de situación del COVID-19

18 de mayo, 2021

Estado de situación del COVID-19

Lunes 17 de mayo de 2021

Información actualizada de datos COVID-19 a 17 de mayo de 2021

Actualización nº 376. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 17.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 17.05.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las comunidades autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.615.860 casos confirmados de COVID-19 y 79.432 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

Imprimir Imprimir         

Marc6

17 de mayo, 2021
Imprimir Imprimir         

Los españoles dedican el 41% de su sueldo al alquiler

17 de mayo, 2021

Los españoles dedican el 41% de su sueldo al alquiler

Registradores

El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un problema social en España ya que, a las dificultades existentes para adquirir una casa por la falta de ahorro, se suman ahora los problemas para pagar un alquiler debido a los elevados precios.

El español medio tiene que dedicar el 41% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda en 2020, no obstante, este porcentaje supone el mismo esfuerzo que en 2019 (41%), según el estudio “Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2020” basado en los precios medios de la vivienda en alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa y los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs.

La compra se desincentiva

Mientras tanto, el Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que mide el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano medio necesita destinar para la compra de una vivienda de tipo medio, se ha situado en 7,5 años al cierre de 2020, según se recoge en el informe de la Sociedad de Tasación.

Este indicador, que se situó al cierre de 2020 al mismo nivel que el tercer trimestre de 2018, se calcula a nivel de comunidad autónoma a partir del cociente entre el valor de mercado de la vivienda y los ingresos medios brutos anuales que publica el INE en su encuesta anual de estructura salarial.

En Barcelona la situación es más preocupante, ya que la tasa está en 8,3 años, mientras que en Madrid asciende hasta los 7,9 años de sueldo. La situación de empleo precario durante la crisis, así como la falta de ahorro de los jóvenes y los cambios socioculturales han trasladado una parte de la demanda al alquiler, sin embargo, la situación de este mercado es todavía más insostenible, especialmente en las grandes urbes.

El coste del arrendamiento se dispara

En 2020, el precio de la vivienda en alquiler en España cerró con un incremento anual del 4,6% y situó el precio en diciembre en 10,65 euros/m2 al mes. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio de España registrado por InfoJobs, que en 2020 era de 25.173 euros (2.098 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los españoles tendrían que dedicar un 41% del sueldo íntegro al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados en alquiler.

El gran porcentaje que se destina de media al pago del alquiler es un reflejo del gran incremento que ha sufrido el precio del alquiler estos últimos años. “No obstante, en 2021 el precio del alquiler ha empezado a descender de forma considerable, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y esto puede posibilitar que en poco tiempo podamos volver a cifras anteriores a 2018, cuando se destinaba de media entre el 28% y el 34% de media al pago del alquiler”, explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

Por su parte, Mónica Pérez, directora de comunicación de InfoJobs añade: “en 2020 el salario bruto promedio de las vacantes en la plataforma ha crecido un 4,9% respecto a 2019, situándose en los 25.173 euros A esto hay que añadir además el hecho de que el Salario Mínimo Interprofesional ha vuelto a incrementarse, pasando de los 900 a los 950euros, lo que supone una subida del poder adquisitivo del 5,5% “.

En el año de la pandemia, siete de las 17 comunidades autónomas han reducido el porcentaje destinado al alquiler. Además, en dos de ellas el sueldo ha descendido más del -5% respecto al año anterior. Canarias es la comunidad en la que más se ha reducido el porcentaje del sueldo bruto destinado al pago del alquiler, ha pasado del 43% (2019) al 36% (2020). El resto de las comunidades con descenso son: Baleares (del 50% en 2019 al 44% en 2020), Madrid (del 56% en 2019 al 50% en 2020), Cataluña (del 56% en 2019 al 53% en 2020), País Vasco (del 51% en 2019 al 49% en 2020), Andalucía (del 35% en 2019 al 34% en 2020) y Comunidad Valenciana (del 34% en 2019 al 33% en 2020).

Por comunidades autónomas

Al igual que sucede con la compraventa de vivienda, los residentes de Cataluña y Madrid son los que realizan un mayor esfuerzo, destinaron más del 50% de sus ingresos íntegros al pago del alquiler de sus viviendas en 2020, según el estudio de InfoJobs y Fotocasa.

El precio de la vivienda en alquiler cerró 2020 en Cataluña con un descenso anual de apenas un -1% y situó el precio de diciembre en 14,00 euros/m2 al mes. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio en Cataluña registrado por InfoJobs, que en 2020 era de 25.252 euros (2.104 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los catalanes tendrían que destinar el 53% de su sueldo bruto al pago del alquiler.

Viendo los datos en conjunto, el orden de las comunidades autónomas que dedican más dinero de sus sueldos a pagar el alquiler de una vivienda de 80 m2 cuadrados es: Cataluña (el 53% del sueldo bruto), Madrid (50%), País Vasco (49%), Baleares (44%), Cantabria (39%), Navarra (37%), Canarias (36%), Aragón (35%), Andalucía (34%), Comunidad Valenciana (33%), Asturias (32%), Galicia (31%), Castilla y León (30%), La Rioja (29%), Región de Murcia (28%), Castilla-La Mancha (25%) y Extremadura (22%).

Según el salario medio de los españoles y el valor del metro cuadrado de las viviendas en alquiler en 2020, los residentes del 54% de las provincias destinan menos del 30% de su sueldo bruto al pago de una vivienda en alquiler de 80 metros cuadrados. Por su parte, los residentes de las provincias de Barcelona, Gipuzkoa y Madrid son los que destinan más del 50% de sus sueldos al alquiler.

Índice de accesibilidad

El informe de la Sociedad de Tasación destaca que el Índice de Accesibilidad a la compra de vivienda, que analiza la posibilidad de adquisición de una vivienda de características estándar a partir de la capacidad de endeudamiento de la renta media de los ciudadanos empleados.

Al cierre de 2020, este indicador se ha situado en 110, con una mejora de cinco puntos respecto al dato de un año antes. La evolución positiva del índice está condicionada por el descenso de los tipos en el Euribor, así como por la evolución de los precios de venta de la vivienda usada, lo que supone una ligera mejora de la capacidad de adquisición de los ciudadanos, teniendo en cuenta que todavía no se dispone de información oficial sobre el salario medio en la época post-covid-19.

Imprimir Imprimir         

El Gobierno presenta sus avances en la cobertura de banda ancha y sus planes para extender la conectividad, la tecnología 5G e impulsar el sector audiovisual

17 de mayo, 2021

El Gobierno presenta sus avances en la cobertura de banda ancha y sus planes para extender la conectividad, la tecnología 5G e impulsar el sector audiovisual

Jueves 13 de mayo de 2021 La Moncloa

España Digital 2025

El objetivo del Gobierno es que el 100% de la población española tenga cobertura de banda ancha ultra rápida (100 Mbps) en 2025. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinará 4.000 millones de euros para alcanzar esta meta.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha visitado Asturias para presentar las inversiones y las reformas que se van a acometer para extender la conectividad, acelerar el despliegue del 5G e impulsar al sector audiovisual enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el ámbito de la conectividad digital, Roberto Sánchez ha recordado que el objetivo del Gobierno es que el 100% de la población española tenga cobertura de banda ancha ultra rápida (100 Mbps) en 2025, ya que constituye un instrumento fundamental de cohesión territorial. «Se trata de un objetivo realizable, dados los importantes avances de cobertura que se han producido en los últimos años», ha asegurado, y ha hecho un breve repaso de las inversiones realizadas en la extensión de banda ancha en Asturias durante los últimos años gracias al Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA-NGA), en total más de 22 millones de euros.

Aunque el programa de extensión se inició en 2013, no fue hasta 2017 que se concedieron ayudas a Asturias por valor de algo más de medio millón de euros. Sanchez también ha enfatizado el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo territorial de las zonas con menor densidad de población como demuestra el notable incremento de las ayudas adjudicadas en los tres últimos años. Como ejemplo, la última convocatoria del PEBA-NGA, resuelta en diciembre de 2020, se adjudicaron ayudas por un importe superior a todas las convocatorias realizadas hasta el momento: más de nueve millones de euros para extender banda ancha de 100 Mbps a 42.831 viviendas y locales comerciales en 1.466 entidades singulares de población.

Gracias a estas inversiones, se ha logrado aumentar 14 puntos la cobertura de banda ancha a 30Mbps en tan solo tres años (2018, 2019 y 2020). Esta cobertura es del 95% de la población en Asturias y se sitúa en línea con el resto de España.

Del mismo modo, en lo que a la cobertura poblacional de la banda ancha a 100 Mbps se refiere, ya ha alcanzado al 82%, y cuando en 2023 terminen los trabajos que están adjudicados y en ejecución, la cobertura de redes fijas a velocidades ≥ 100 alcanzará al 92% de la población.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirá seguir impulsando la transformación digital, uno de sus cuatro ejes transversales, a la que dedicará 20.000 M€ hasta 2023.

En concreto, el Componente «Conectividad, 5G y ciberseguridad» invertirá 4.000M€ para extender la conectividad al 100% de la población, acelerar el despliegue de redes 5G e impulsar un ecosistema de ciberseguridad. También incluye reformas como la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que próximamente entrará en su tramitación parlamentaria, y la Ley General de Ciberseguridad 5G.

Dentro de las acciones previstas, se reforzará la conectividad en centros de referencia, y motores socioeconómicos como polígonos industriales, centros logísticos o parques empresariales, y en proyectos tractores de digitalización sectorial. La meta es que el 100% de los motores socioeconómicos tengan una conexión escalable a un gigabit por segundo en 2025, uno de los objetivos de la estrategia europea «la Sociedad del Gigabit».

También se pondrá en marcha un programa para facilitar bonos de conectividad digital para las pequeñas y medianas empresas que participen en programas públicos de impulso a su digitalización.

En el ámbito de las redes 5G, el objetivo es acelerar el despliegue en aquellas áreas en las que los operadores tardarían en llegar con sus modelos de despliegue convencionales. Un despliegue de 5G que permita obtener a todos sus beneficios transformadores desde un primer momento, ya que esta tecnología dispone de unas características de alta capacidad, baja latencia y alta densidad de dispositivos conectados que la convierten en un elemento disruptivo para la economía. La tecnología 5G es además un vector de extensión de las redes de alta velocidad.

Se priorizará el despliegue en los corredores de transporte, tanto viales como ferroviarios y se promoverá el uso de 5G en los proyectos tractores de digitalización sectorial. En concreto, en aquellos identificados en «España Digital 2025»: agroalimentario, movilidad, salud, turismo y comercio.

El secretario de Estado también ha presentado las actuaciones previstas en el marco del componente, «Spain Audiovisual Hub» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es posicionar a España como centro de referencia para la producción audiovisual, entendido en su sentido más amplio: cine, series, animación, videojuegos, e-sports etc.

Este componente agrupa una serie de inversiones y reformas destinadas a fortalecer las capacidades económicas, tecnológicas y digitales del sector, apoyar la expansión internacional, atraer inversiones, fortalecer el tejido empresarial y crear empleo. Para lograr estos objetivos, cuenta con un Plan de impulso al sector audiovisual, el Plan «España, Hub Audiovisual de Europa», que tiene una meta concreta, aumentar un 30% la producción audiovisual que se realiza en España y que invertirá 1603 M€ hasta 2025. De ellos, 200 M€ se financiarán con el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Imprimir Imprimir         

Ribera aplaude la aprobación en el Congreso de los Diputados de la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España

17 de mayo, 2021

Tras su paso por el Senado

Ribera aplaude la aprobación en el Congreso de los Diputados de la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España

Jueves 13 de mayo de 2021

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha celebrado la aprobación de la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España en el Congreso de los Diputados. El texto, que llega en un momento clave para activar las palancas de recuperación económica, establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050.

La vicepresidenta considera que la ley aprobada por la Cámara Baja es un documento «imprescindible» que había sido postergado demasiado tiempo. «Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos. Con esta ley se abordan retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad».

Un texto enriquecido y reforzado

Ribera ha hecho énfasis en el intenso trabajo que todos los grupos parlamentarios han venido realizando y que da muestras del grado de implicación e interés que la ley ha suscitado. Tras haber pasado por el Congreso y el Senado, las enmiendas realizadas han enriquecido y reforzado el texto. La ley de Cambio Climático y Transición Energética contempla una primera revisión al alza de sus objetivos en 2023. En este sentido, Ribera emplazó a los grupos a «apoyar la ambición climática que persigue el Gobierno y a seguir trabajando en la suma de consensos».

Los impactos del cambio climático son ya patentes en nuestro país: la tormenta Gloria que azotó el litoral español y la borrasca Filomena que el pasado enero inmovilizó gran parte del país, son solo dos fenómenos que muestran la contundencia de los efectos de la alteración climática. Los eventos meteorológicos extremos de este tipo suponen para nuestro país una media de casi 700 vidas y 900 millones de euros al año. Por ello, la vicepresidenta ha insistido en la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida, integrando criterios de sostenibilidad y resiliencia.

Modernizar la economía

En los últimos dos años España ha avanzado más que nunca en la asunción de compromisos climáticos, liderazgo internacional y desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, Ribera ha señalado que «hace falta más ambición para atajar el camino hacia la plena descarbonización, sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, modernizar la economía y transformar los modelos de producción y de consumo, adaptarse a los impactos climáticos y realizar estos cambios sin olvidar a ningún territorio ni a ninguna persona».

En ese sentido, la vicepresidenta ha destacado que este proyecto constituye un primer paso para articular el resto de políticas y medidas, y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta.

En su intervención, Ribera ha expresado que esta ley es «de todos y para todos», y ha querido dirigirse especialmente a los jóvenes que son al mismo tiempo «cómplices y voz de la conciencia en cuanto a los avances en la lucha contra el cambio climático». La vicepresidenta ha recordado que en la lucha contra el cambio climático «hace falta la audacia de la juventud para anticiparnos y aprovechar el mundo de oportunidades que abren las tecnologías del futuro».

Compromiso con la descarbonización

El compromiso de España con la descarbonización queda reflejado en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura) que, con una reducción del 39%, está 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.

Por otro lado, mientras la Unión Europea establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo tocante a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%

Imprimir Imprimir         

El Consell Assessor d’Infraestructures de Cataluña propone generar viviendas de alquiler regulado sobre suelos de titularidad pública

17 de mayo, 2021

El Consell Assessor d’Infraestructures de Cataluña propone generar viviendas de alquiler regulado sobre suelos de titularidad pública

Parque de viviendas de alquiler a precios regulados: una necesidad urgente

11 de mayo de 2021 Foment del Treball Nacional

◾El Consell pide un marco jurídico, una normativa urbanística y un procedimiento específico para que las administraciones públicas regulen espacios en régimen de concesión.

◾Hay que promover un convenio con la banca privada que establezca los requerimientos para facilitar el acceso de los operadores al crédito necesario.

◾Licitar concursos de concesión de obra pública para la construcción, mantenimiento y explotación de viviendas destinadas a alquiler a precio regulado.

◾El presupuesto público en política de vivienda en Cataluña y en España equivale al 0,1% del PIB, frente a la media del 0,6% del PIB de los 15 países de la Unión Europea.

◾En los próximos 15 años se crearán en Cataluña 880.000 nuevos hogares, de las cuales 315.000 quedarán excluidos del mercado libre.

“Parques de viviendas de alquiler a precios regulados: una necesidad urgente”, es el octavo informe que presenta el Consell Assessor desde su constitución en 2017. El ponente del documento, Francesc Sibina, ha explicado que ante la realidad contrastada del constante incremento de demanda de viviendas de alquiler a precios asequibles, y la incapacidad del mercado libre de satisfacer esta demanda, el Consell Assessor d’Infraestructures propone generar parques de viviendas de alquiler a precios regulados por las administraciones públicas sobre suelos de titularidad pública en régimen de concesión o derecho de superficie.

El 43% de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en España destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda. Una de las tasas más altas del entorno UE-28.

El parque de vivienda de alquiler a precios asequibles (es decir definidos como vivienda de protección oficial) en Cataluña es alrededor del 1.6% del total del parque de viviendas de primera residencia, uno de los mes bajos de Europa.

El presupuesto público en política de vivienda en Cataluña y en España equivale al 0,1% del PIB, frente a la media del 0,6% del PIB de los 15 países de la Unión Europea. Según el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, actualmente en tramitación, en los próximos 15 años se crearán en Cataluña 880.000 nuevos hogares, de las cuales 315.000 quedarán excluidos del mercado libre; y de estos el 41%, es decir 131.500 hogares, tendrán que ser viviendas de alquiler de precio regulado por los sectores con más bajo poder adquisitivo.
Desde el año 2013 se ha producido una caída (último año donde se establecían ayudas concretas en la promoción de alquiler) de la producción de viviendas de alquiler a precios regulados.

Inversiones intensivas de capital

En los últimos años no ha existido un marco legal estable que favoreciera la inversión de capital en este tipo de operaciones; así mismo la gran mayoría del suelo de reserva para viviendas protegidas procedente de los desarrollos urbanísticos anteriores al 2007 se encuentra en áreas geogràficas de escasa demanda.

Existen importantes bolsas de suelo calificado por equipaciones en zonas urbanizadas y de alta demanda en manos de las administraciones públicas locales. La creación de un parque de viviendas de alquiler implica una inversión intensiva de capital, con periodos de retorno muy altos, y más si es a precios regulados, haciendo las operaciones poco atractivas para fondos de capital no especializados. La legislación tributaria homologa este tipo de viviendas, en régimen de alquiler con tarifas reguladas, a la promoción y venta de viviendas en régimen libre. Dado que el suelo se encuentra muy atomizado, es difícil conseguir lotes de viviendas suficientemente grandes y ejecutables en un periodo homogéneo de tiempo para hacer atractivo este tipo de inversión a fondo de capital.

Es una necesidad urgente establecer un marco regulador y unos mecanismos que faciliten la creación de un parque estable de viviendas de alquiler a precios regulados por las administraciones públicas, con el objetivo de conseguir una vivienda digna. Hay que crear un programa que permita a los poder públicos promover las condiciones para llevar a cabo una eficaz política de vivienda.

Una política pública centrada en la creación de un parque de viviendas de alquiler a precios regulados tendría un carácter transformador del mercado. Se daría satisfacción a la demanda de alquiler a precio moderado con un aumento de la oferta existente, con viviendas de nueva construcción siguiendo estándares de calidad y sujetos a regulación e intervención de las administraciones públicas

La propuesta del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya
1 Promover un marco jurídico específico por este tipo de actuaciones que tiene que garantizar a las administraciones públicas el correcto desarrollo del servicio.
2 Facilitar una normativa urbanística que permita poner a disposición suelos existentes calificados de equipación y con usos desfasados por el tiempo transcurrido desde la aprobación de los planes generales originales.
3 Promover la elaboración de un procedimiento específico que permita destinar la totalidad del suelo proveniente de aprovechamientos a la creación de un parque estable de viviendas de alquiler a precios regulados.
4 Articular el procedimiento para permitir traspasar la titularidad del suelo entre administraciones públicas supramunicipales y locales.
5 Regular la obligación de destinar los nuevos aprovechamientos a la creación de los parques.
6 Promover un convenio con la banca privada que establezca los requerimientos imprescindibles para facilitar el acceso de los operadores al crédito necesario.
7 Licitar concursos de concesión de obra pública para la construcción, mantenimiento y explotación de viviendas destinadas a alquiler a precio regulado por las administraciones públicas en suelo público siendo la contrapartida el pago del alquiler.
8 Los parques de viviendas de alquiler a precios regulados se articulan a partir de concesiones de pago por uso. La legislación tributaria tiene que introducir las modificaciones necesarias para tratar este producto como una concesión y con un IVA súper reducido dado su carácter social.
9 Establecer que todas las ayudas públicas, en forma de subvención o subsidiación de créditos, destinados a conseguir tarifas por debajo de mercado sean considerados como ingresos de alquileres y sujetos ala misma tributación.
10 Vincular el importe y disposición de ayudas a las tarifas a aplicar a los usuarios, destinando los recurasos públicos a aquellos hogares más necesitados.

Esta propuesta puede garantizar la creación de los parques en un periodo de 10 años sin la necesidad de disponer de financiación a cargo de los fondos europeos de recuperación sino simplemente a partir de la colaboración entre las AAPP y el sector privado. No obstante la utilización de estos fondos europeos aceleraría la redacción de proyectos y favorecería la viabilidad económica del modelo.

Consell Assessor d’Infraestructures

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya esta formado por catorce expertos independientes de reconocido prestigio, experiencia y trajectoria profesionals constrastada de diversas especialidades técnicas en el sector de las infraestructuras, tanto en el sectpr privado como en el públixo. Los miembor fundadores del Consell Assessor son la ’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultores Independents de Catalunya (ASINCA), la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Foment del Treball Nacional (FTN) y la Fundació Cercle d’Infraestructures (FCI). También colaboran la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, la Confederació Catalana de la Construcció (CCC) y l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).

Imprimir Imprimir         

La Cámara de España ofrece ayudas directas a las pymes para mejorar su sostenibilidad

17 de mayo, 2021

La Cámara de España ofrece ayudas directas a las pymes para mejorar su sostenibilidad

Nuevo Programa de Sostenibilidad para Pymes

11 de Mayo 2021

El Programa, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ofrece ayudas para actuaciones relativas a la eficiencia energética, la medición de la huella de carbono, la economía circular y la Agenda 2030.

El objetivo es mejorar la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas con la adopción de una cultura a favor de la innovación permanente para lograr un crecimiento económico sostenible

Madrid, 11/05/2021. La Cámara de Comercio de España, a través de las Cámaras de Comercio Territoriales, pone en marcha un nuevo Programa de Sostenibilidad para Pymes que ofrece a las pequeñas y medianas empresas ayudas directas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para mejorar su sostenibilidad con actuaciones relativas a la eficiencia energética, la medición de la huella de carbono, la economía circular y la Agenda 2030. Las empresas participantes podrán recibir una ayuda directa de entre el 40 y el 85 por ciento, dependiendo de la comunidad autónoma, de la inversión realizada sobre un máximo de 7.000 euros.

En una primera fase, 16 Cámaras de Comercio participarán en este Programa del que este año podrán beneficiarse 160 pymes. Se trata de las Cámaras de Almería, Campo de Gibraltar, Huelva, Sevilla, Málaga, Tenerife, Ciudad Real, Toledo, Mallorca, Cantabria, León, Alicante, Castellón, Valencia, Navarra y Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.

“La crisis sanitaria ha reforzado la importancia de la sostenibilidad como valor estratégico para la resiliencia de las empresas y la apertura de oportunidades de negocio. Las pymes, que en España representan el 99% del tejido productivo, no pueden permanecer ajenas a un modelo de reactivación económica basado en la sostenibilidad. El eje principal del programa es mejorar la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas con la adopción de una cultura a favor de la innovación permanente para lograr un crecimiento económico sostenido, proporcionando información, asesoramiento, capacitación, apoyo tecnológico y económico, de forma personalizada”, ha destacado el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.

El programa consta de dos fases. En la primera, los expertos de las Cámaras de Comercio realizarán un análisis exhaustivo con el fin de identificar las posibles mejoras en diferentes áreas relacionadas con la sostenibilidad. Este diagnóstico es gratuito para la empresa y contempla distintos aspectos:

Cálculo de la huella de carbono de la empresa para ser conocedora de las toneladas de CO2 que genera a la atmósfera y facilitar los compromisos de reducción.

Estudio de la Eficiencia Energética de la empresa y un plan ligado a ello.

Economía Circular y la posible adopción de soluciones para combatir la contaminación atmosférica y el calentamiento global
Diagnóstico relacionado con los ODS que impactan directamente con el medio ambiente, y así determinar cómo la empresa puede contribuir a la agenda 2030.

En la segunda fase, una vez detectadas las áreas de mejora de la empresa, proveedores externos a las Cámaras de Comercio realizarán la implantación de las soluciones establecidas en el diagnóstico. Entre los proyectos que pueden optar a esta financiación destacan:

Inscripción de la huella de carbono en el Ministerio de Transición Ecológica e implantación de planes de reducción.
Monitorización y control energético.
Implantación de tecnologías eficientes.
Plan de gestión y valorización de residuos.
Plan de minimización de vertidos y emisiones.
Plan de movilidad sostenible, flota verde, etc.
Paralelamente, el Programa de Sostenibilidad llevará a cabo acciones de sensibilización para lograr que arraigue entre el tejido productivo español la concienciación sobre la necesidad de preservar el medioambiente y el papel de la pyme para contribuir a reducir la huella de carbono, a mejorar la eficiencia energética, a reforzar un modelo de economía circular, y a contribuir a los ODS.

Imprimir Imprimir         

Marc5

16 de mayo, 2021
Imprimir Imprimir         

No bajes la guardia contra el skimming

16 de mayo, 2021

No bajes la guardia contra el skimming

11/05/2021 Banco de España

En nuestra serie «Protégete contra el fraude», el Portal del Cliente Bancario analiza las formas más habituales de estos delitos. El canal más frecuente que utilizan los delincuentes es internet, pero conviene no perder de vista otras trampas aún frecuentes. Hablamos de cámaras camufladas, aparatos incrustados que copian los datos de tu tarjeta, teclados falsos… parece la trama de una película de domingo por la tarde, pero es tan real como la vida misma.

Mediante la técnica del skimming, los delincuentes intentan conseguir los datos de la banda magnética de tu tarjeta superponiendo o intercambiando “copiadoras” en la parte externa de los cajeros, como, por ejemplo, en la ranura por la que se introduce la tarjeta. Además, para robar tu PIN instalan una cámara en el lateral y graban el momento en el que lo marcas o superponen un teclado falso que lo registra y almacena. A estos elementos falsos se les denomina skimmers.

Otra técnica, conocida como lazo libanés, consiste en manipular el cajero para que se atasque la tarjeta. Cuando la víctima desiste y se marcha, el ladrón regresa al cajero para recuperarla. Otra modalidad es la de adherir una barra con pegamento a la ranura de extracción de billetes para que el efectivo se quede enrollado.

Estas situaciones se pueden evitar. Cuando saques dinero de un cajero, realiza las siguientes comprobaciones de seguridad:

Vigila que no haya terceros en tus inmediaciones y evita ser observado (algunos cajeros disponen de espejos convexos para ver lo que sucede detrás de ti).

Rechaza la ayuda de extraños o consejos mientras uses el cajero. El único personal que puede y debe hacerlo son los empleados de la sucursal.

Tira de la ranura con fuerza para comprobar que no hay dispositivos extraños, golpea ligeramente el teclado para ver si está flojo y busca en los laterales por si hubiera cámaras. Es una manera rápida y eficaz de detectar este fraude.

Cubre con tu mano el teclado al introducir el PIN. Esto es recomendable que lo hagas no solo en el cajero, sino en general al hacer pagos con tarjeta.

Si el cajero dispone de lector contactless ya no es necesaria introducirla en la ranura. La escaneas y ya puedes guardarla en tu cartera.

Si por cualquier motivo, la tarjeta no es expulsada del cajero durante la operación, nunca abandones el lugar, primero notifícalo al banco y a la policía.

Por último, recomendamos que actives los servicios de alertas SMS, que te avisan en el caso de que se produzca una operación que supere un determinado importe.

La extensión del sistema de chip en las tarjetas dificulta este tipo de fraudes, y los cajeros más modernos van equipados con las últimas medidas de seguridad.

Imprimir Imprimir         

España defiende en el G20 los certificados de movilidad para reiniciar los viajes internacionales seguros

16 de mayo, 2021

España defiende en el G20 los certificados de movilidad para reiniciar los viajes internacionales seguros

Reunión de los ministros de Turismo del G20

Turismo | 04/05/2021

El G20 se ha comprometido a apoyar, complementar y coordinar las iniciativas de la OCDE y la UE en las que participa activamente España.

La segunda prioridad para España es poner en marcha el Plan de Transformación y Modernización del sector turístico.
Nota de prensa completa [pdf] 96,16 KB

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha participado de forma telemática en la reunión de ministros de Turismo del G20. En su intervención, Maroto ha destacado que “para España es una prioridad en estos momentos acelerar los instrumentos multilaterales para reiniciar los viajes internacionales seguros, tanto la iniciativa de la OCDE “Blueprint for safe internacional travel” como el “Digital Green Pass” que desarrolla la Unión Europea”. El G20 se ha comprometido a apoyar, complementar y coordinar estas iniciativas internacionales en las que participa activamente España. Según ha explicado la ministra, “para España es una prioridad garantizar una movilidad segura para restaurar la confianza en los viajes y reactivar el turismo internacional y la economía española en general”.

Durante la reunión, se han expuesto las directrices desarrolladas para el G20 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para vertebrar la recuperación del turismo, basadas en siete áreas de política: movilidad segura; gestión de crisis; resiliencia; inclusividad; transformación verde; transición digital; e inversión e infraestructura.

Los trabajos del G20 también se centrarán en la transformación verde de la industria del turismo y la necesidad de apoyar la evolución del turismo global hacia la sostenibilidad.

En este sentido, la titular de Turismo ha recordado que otra prioridad del Gobierno español es poner en marcha el Plan de Transformación y Modernización del sector turístico que va a permitir movilizar 3.400 millones de euros de inversiones públicas en los próximos tres años financiadas con el Next Generation EU.

“Nuestro objetivo es mantener el liderazgo de España en el turismo mundial y para ello abordaremos junto a la reactivación del sector las transformaciones necesarias para modernizar nuestro modelo turístico, con pilares basados en la sostenibilidad, la calidad, la seguridad y la digitalización como hoja de ruta”, ha explicado Maroto.

Uno de los elementos fundamentales y vertebradores del Plan es la sostenibilidad, que se aborda de forma preferente a través de la inversión en destino turístico, mediante los Planes de Sostenibilidad Turística. Otra de las prioridades es la digitalización de los destinos y empresas turísticas para facilitar su acceso a más mercados y turistas cada vez más digitalizados y conectados.

España ha acumulado en los dos últimos años una amplia experiencia en la inteligencia turística y ha desarrollado una red de destinos turísticos inteligentes.

La ministra ha finalizado con un mensaje de esperanza sobre el futuro del sector del turismo y los viajes, “esperanza por el avance de la vacunación en todo el mundo, que deseamos se acelere. Esperanza porque vamos a contar con herramientas de fomento de una movilidad internacional segura y vamos a abordar una profunda transformación del sector turístico para garantizar su futuro, que será sostenible, basado en el calidad, digital y seguro”.

Imprimir Imprimir         

Te mereces España, la nueva campaña de TURESPAÑA para atraer turistas internacionales

16 de mayo, 2021

Te mereces España, la nueva campaña de TURESPAÑA para atraer turistas internacionales

Portal Oficial de Turismo de España. Turespaña

Miércoles 12 de mayo de 2021

Campaña Te mereces España

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, junto al director general de Turespaña, Miguel Sanz, han presentado la campaña ‘Te mereces España’, destinada a reforzar el posicionamiento de nuestro país como el primer destino vacacional de los principales mercados emisores.

Durante el acto de presentación a los principales representantes del sector turístico español y los medios de comunicación españoles e internacionales, celebrado en el Parador Nacional de Alcalá de Henares, la ministra ha destacado que España «está preparada para volver a abrirse al mundo muy pronto y recibir a todos aquellos que quieran regalarse unas vacaciones perfectas después del peor año de nuestras vidas».

La titular de Turismo incidió en la necesidad de ofrecer «confianza y seguridad al viajero» y aseguró que los turistas internacionales pueden «planificar ya sus vacaciones en España» porque nuestro país es garantía de «seguridad y calidad» y posee una «amplia y diversa oferta turística que garantiza la mejor experiencia a los viajeros que eligen España, especialmente durante el periodo estival por su excelencia en los destinos de sol y playa».

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el acto de presentación de la campaña Te Mereces España Maroto ha recordado que en junio se pondrá en marcha el certificado digital verde que va a garantizar la movilidad dentro de la Unión Europea (UE). «Este certificado, junto al buen ritmo en el proceso de vacunación, permitirá trasladar certezas al viajero internacional y presentar España como un destino seguro».

La campaña desarrollada por Turespaña, pretende trasladar al viajero a un estado de tranquilidad y descanso, así como de disfrute y despreocupación después de todo lo sufrido con la pandemia. La ministra incidió en la necesidad de animar a romper la barrera psicológica creada por la pandemia que puede condicionar a muchas personas a quedarse en su país y no viajar fuera. «Te mereces España es sinónimo de confianza, seguridad y calidad, tres atributos que animan a viajar a nuestro país», recalcó.

Miguel Sanz, director general de Turespaña, ha destacado que «esta campaña está diseñada teniendo en cuenta los principales factores que pueden servir de palanca para la reactivación del deseo de viajar y, más concretamente, viajar a España, principalmente entre aquellos que ya nos han visitado alguna vez. Es una campaña que tiene como objetivo una recuperación rápida e intensa de la actividad turística internacional este verano».

Campaña ‘Te mereces España’

La campaña está diseñada para reforzar el posicionamiento de España como el principal destino vacacional de los principales mercados emisores (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suecia, Países Bajos y Polonia) y responde a la excepcional situación causada por la pandemia.

Con esta campaña se pretende atraer al turista internacional superando tres resistencias: decidir viajar, hacerlo fuera del país, y finalmente, lograr que elija nuestro país como destino de sus vacaciones.

La campaña se desarrollará de mayo a julio en formato digital casi en su totalidad con difusión en redes sociales. Para el lanzamiento, se reforzará en Reino Unido, Francia y Alemania con publicidad impresa en las grandes cabeceras y en revistas de viaje y estilo de vida, conjuntamente con publicidad exterior en mobiliario urbano digital, autobuses y en pantallas gigantes en lugares emblemáticos.

Irá destinada a distintos targets (jóvenes, adultos, familias y seniors) presentados en diferentes entornos de nuestros destinos, como los de sol y playa, el Camino de Santiago, urbano o de interior y naturaleza.

Imprimir Imprimir         

El Tribunal Supremo fija que el empleador debe pagar la tasa de renovación del Certificado de Aptitud Profesional del sector de transporte de viajeros por carretera

16 de mayo, 2021

Miércoles, 12 de mayo de 2021

El Tribunal Supremo fija que el empleador debe pagar la tasa de renovación del Certificado de Aptitud Profesional del sector de transporte de viajeros por carretera

La Sala de lo Social completa esa doctrina especificando que la obtención de la tarjeta que acredita esa formación continua, en cuanto necesaria para poder desarrollar las tareas productivas, “forma parte de la propia formación y su coste debe ser asumido por el empleador”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que la empresa, y no el trabajador, debe asumir el importe de la tasa que grava la renovación del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en el sector del transporte de viajeros por carretera, ya sea directamente o reintegrando su cuantía en los casos en que el trabajador haya abonado dicha tasa.

Además, reitera que la realización de los cursos de 35 horas para obtener o renovar el CAP se encuadra en el ámbito del artículo 19 de la Ley de Protección de Riesgos Laborales (LPRL), y que por ello el tiempo dedicado a esa formación ha de llevarse a cabo con cargo a las empresas en las que se prestan los servicios que exigen la posesión de ese certificado, dentro de la jornada laboral y considerado ese tiempo como de trabajo efectivo con cargo a la jornada laboral ordinaria.

La Sala completa esa doctrina especificando que la obtención de la tarjeta que acredita esa formación continua, en cuanto necesaria para poder desarrollar las tareas productivas, “forma parte de la propia formación y su coste debe ser asumido por el empleador”.

En su sentencia, ponencia del magistrado Antonio V. Sempere Navarro, declara que “la tasa grava la expedición de una tarjeta imprescindible para acreditar que se ha cursado la formación exigida para desempeñar la tarea de conducción, esa exacción final forma parte de los costes que no pueden recaer sobre quienes trabajan”.

Añade que tanto la interpretación de las normas de conformidad con las exigencias del Derecho de la UE cuanto su conjunción lógica y sistemática “abocan a que quien asume el coste principal de la formación (tempo considerado como trabajo efectivo; material docente; profesorado; infraestructura; consumibles, etc.) también deba pechar con el accesorio (asociado a la emisión de la tarjeta acreditativa)”.

El caso planteado en el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el sindicato de Transportes y Comunicaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) afectaba a los conductores de autobuses del centro de trabajo de Getafe de Avanza Interurbanos SLU. Según los hechos probados, la empresa proporcionó los cursos de formación para la conservación-renovación del CAP, pero no sufragó el importe de las tasas por la renovación de la tarjeta de cualificación.

Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el juzgado nº 27 de Madrid desestimaron la demanda interpuesta por CGT y coincidieron en sus respectivas sentencias en que, a la vista del convenio colectivo del Sector de Transporte de viajeros por carretera de los servicios de transporte regular permanente de uso general urbano o interurbano de la CAM BOCM 17-9-2013, la empresa Avanza Interurbanos SLU estaba obligada a proporcionar la formación a los conductores de su centro de Getafe, pero no a soportar el gasto de la expedición de la CAP.

El Tribunal Supremo, en cambio, da la razón a dicho sindicato y reconoce el derecho de los trabajadores afectados a que la empresa les abone el importe de las tasas necesarias para la renovación del citado certificado.

La sentencia explica que la fuente que ampara la pretensión de CGT es la LPRL, por lo que desde esa perspectiva, carece de relevancia práctica la interpretación que posea el convenio colectivo aplicado puesto que deberá ajustarse a las exigencias contenidas en la norma de rango superior (art. 85.3 ET).

Considera desacertada la argumentación acerca de que quien debe abonar la tasa es quien se beneficia de la formación, pretendiendo que ello exime a la empresa, primero, porque la formación “en este caso revierte en beneficio de las propias empresas, que han de prestar el servicio de transporte de viajeros en las condiciones generales que exige el Real Decreto, y en las particulares que se refieren a la formación de sus empleados”.

En segundo lugar, según la Sala, porque el argumento choca de frente con la taxativa prescripción del artículo 14.5 LPRL. Señala que se trata, además, de una previsión que concuerda con la Directiva 89/391, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, cuyo artículo 6.5 recoge que “las medidas relativas a la seguridad, la higiene y la salud en el trabajo no deberán suponer en ningún caso una carga financiera para los trabajadores”.

Afirma también que la sentencia resuelve un conflicto colectivo, no un litigio individual en el que haya habido una actuación abusiva o fraudulenta por parte de quien cursa la formación y acto seguido abandona la empresa para competir con ella. Para la Sala, eventuales conductas de ese tipo, en su caso, deberían examinarse de manera individual.

En cuarto lugar, agrega que se trata de un argumento genéricamente trasladable a todo gasto referido a la formación del personal al servicio de determinada empresa; sin embargo, tanto la formación referida a riesgos laborales cuanto la necesaria para adaptarse a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo (art. 23.1.d ET) han de ser sufragadas por el empleador.

Imprimir Imprimir         

Sánchez Llibre pide un gran acuerdo institucional para aprobar en las próximas semanas la ampliación del aeropuerto de Barcelona

16 de mayo, 2021

Sánchez Llibre pide un gran acuerdo institucional para aprobar en las próximas semanas la ampliación del aeropuerto de Barcelona

Foment busca la complicidad de las entidades de la sociedad civil para promover el pacto. “Basta ya. Sí al acuerdo de ampliación del aeropuerto”

13 de mayo de 2021

Foment del Treball Nacional

La ampliación significa una inversión de 1.700 millones de euros, 83.000 empleos directos y la creación de 350.000 empleos nuevos.
El presidente de Foment apela al espíritu del 4 de marzo de la Estació del Nord con “Basta ya. Sí a la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat”.

La ampliación precisa el acuerdo entre Aena, Generalitat de Catalunya, Area Metropolitana de Barcelona, ayuntamientos de Barcelona, el Prat, Gavà, Viladecans, Sant Boi y el conjunto de ayuntamientos del Baix Llobregat.

La ampliación requiere también el acuerdo de Aena con el Port de Barcelona para no perjudicar la operativa y capacidad de terminales de carga y descarga del puerto.

Foment reivindica el equilibrio entre la política ambiental y la competitividad de la economía.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido hoy un gran pacto institucional entre las administraciones públicas -Gobierno del Estado español (Aena), Generalitat de Catalunya, Area Metropolitana de Barcelona los ayuntamientos de Barcelona y del conjunto del Baix Llobregat- con la complicidad de las autoridades de la Unión Europea para permitir la ampliación del aeropuerto Barcelona-El Prat. “Consideramos que una de les palancas para la recuperación económica son las inversiones en infraestructuras y dentro de éstas la de convertir el Aeroport Barcelona – El Prat en un hub aeroportuario intercontinental para ganar competitividad y incrementar el progreso económico de Catalunya”, dijo Sánchez Llibre.

“No nos podemos permitir el lujo de perder la gran oportunidad que puede representar poner de nuevo a Barcelona en el mundo”, añadió el presidente de Foment. La ampliación prevista en el Pla Barcelona consiste en una nueva terminal Satélite y la ampliación de 500 metros de una de las pistas paralelas. La inversión estimada es de 1.700 millones de euros en el período 2022-2026; 83.000 empleos directos y un total de 350.000 empleos nuevos. Además estimularía el crecimiento en más de dos puntos del PIB catalán de 6,8% al 8,9%.

Con motivo de la falta de acuerdo entre las diferentes administraciones, Foment buscará la complicidad de todos los actores institucionales de la vida económica y social de Barcelona y Catalunya para recuperar el espíritu del 4 de marzo de la Estació del Nord, replicando “Basta Ya, sí a la ampliación del aeropuerto de Barcelona – El Prat”.

Foment ha transmitido -y lo seguirá haciendo en las próximas horas- este posicionamiento con las entidades más representativas de la ciudad: Barcelona Global, Cámara de Comercio de Barcelona, Círculo de Economía, Esade, Femcat, IESE, Pimec, Racc, y en general, los gremios y entidades más representativas del dinamismo económico de Barcelona. Sánchez Llibre buscará en los proximos días la complicad de todos ellos para hacer posible la ampliación del aeropuerto y que precisa de una decisión favorable en las próximas semanas.

Imprimir Imprimir         

Parque de Aluche. Madrid

15 de mayo, 2021
Imprimir Imprimir         

El porcentaje del dólar de EE.UU. en las reservas mundiales de divisas cae a su mínimo en 25 años

15 de mayo, 2021

El porcentaje del dólar de EE.UU. en las reservas mundiales de divisas cae a su mínimo en 25 años

Fondo Monetario Internacional

Por Serkan Arslanalp y Chima Simpson-Bell

El porcentaje de reservas en dólares de EE.UU. mantenidas por los bancos centrales cayó al 59% —su nivel más bajo en 25 años— en el cuarto trimestre de 2020, según la encuesta sobre la composición de las reservas oficiales de divisas (COFER) del FMI. Algunos analistas afirman que esta situación refleja en parte la disminución del papel del dólar de EE.UU. en la economía mundial, ante la competencia de otras monedas utilizadas por los bancos centrales para las transacciones internacionales. Si los cambios en las reservas de los bancos centrales son suficientemente importantes, pueden afectar a los mercados de divisas y de bonos.

Nuestro Gráfico de la semana explora la reciente publicación de datos desde una perspectiva a más largo plazo. En él se muestra que el porcentaje de activos en dólares de EE.UU. en las reservas de los bancos centrales ha caído 12 puntos porcentuales —del 71 al 59%— desde que se introdujo el euro en 1999 (panel superior), aunque con fluctuaciones importantes entremedias (línea azul). Por otra parte, el porcentaje del euro ha fluctuado aproximadamente un 20%, mientras que el porcentaje de otras monedas, entre ellas el dólar australiano, el dólar canadiense y el renminbi chino, aumentaba hasta el 9% en el cuarto trimestre (línea verde).

Las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden tener un impacto importante en la composición por monedas de las carteras de reservas de los bancos centrales. Los cambios en los valores relativos de distintos títulos públicos también pueden tener un impacto, aunque este efecto tendería a ser menor, ya que los rendimientos de los principales bonos en divisas suelen moverse juntos. Durante los períodos de debilidad del dólar de EE.UU. frente a las principales monedas, el porcentaje del dólar de EE.UU. en las reservas mundiales suele disminuir, ya que el valor en dólares de EE.UU. de las reservas denominadas en otras monedas aumenta (y viceversa en épocas de fortaleza del dólar de EE.UU.). A su vez, los tipos de cambio del dólar de EE.UU. pueden verse influenciados por diversos factores, entre otros, la divergencia en las trayectorias económicas entre Estados Unidos y otras economías, las diferencias en las políticas monetarias y fiscales, así como las ventas y compras de divisas por parte de los bancos centrales.

El panel inferior muestra que el valor del dólar de EE.UU. frente a las principales monedas (línea negra) no ha experimentado grandes cambios en las últimas dos décadas. No obstante, se han producido importantes fluctuaciones en ese período, lo que puede explicar aproximadamente el 80% de la varianza a corto plazo (trimestral) en el porcentaje del dólar de EE.UU. en las reservas mundiales desde 1999. El 20% restante de la varianza a corto plazo puede explicarse principalmente por las decisiones activas de compra y venta de los bancos centrales en apoyo de sus monedas.

En este último año, una vez se contabiliza el impacto de los movimientos del tipo de cambio (línea naranja), se observa que el porcentaje del dólar de EE.UU. en las reservas se ha mantenido estable en términos generales. Sin embargo, adoptando una perspectiva a más largo plazo, el hecho de que el valor del dólar de EE.UU. no haya experimentado grandes cambios, mientras que su porcentaje en las reservas mundiales ha disminuido, indica que los bancos centrales han estado, efectivamente, abandonando el dólar de EE.UU. de forma gradual.

Algunos esperan que el porcentaje del dólar de EE.UU. en las reservas mundiales siga cayendo, a medida que los bancos centrales de las economías de mercados emergentes y en desarrollo intentan diversificar la composición de sus reservas de divisas. Unos pocos países, como Rusia, ya han anunciado su intención de hacerlo.

Pese a los grandes cambios estructurales en el sistema monetario internacional de las últimas seis décadas, el dólar de EE.UU. sigue siendo la moneda de reserva internacional dominante. Como muestra nuestro Gráfico de la semana, los cambios en el estatus del dólar de EE.UU. se manifestarían a largo plazo.

Imprimir Imprimir         

Comisión por emisión de un certificado de cancelación económica de la deuda y cancelación registral de la hipoteca

15 de mayo, 2021

Comisión por emisión de un certificado de cancelación económica de la deuda y cancelación registral de la hipoteca

Banco de España

En primer lugar, debemos solicitar a la entidad que expida el llamado ‘certificado de deuda cero’, que acredita que hemos terminado de pagar la hipoteca. La entidad nos ha de entregar este documento de manera gratuita.

En segundo lugar, debes decidir si llevas a cabo los trámites notariales y registrales por ti mismo o los solicitas a la entidad, en cuyo caso te podrá cobrar las comisiones y gastos correspondientes a dicha tramitación, de los que deberá informarte previamente.

En tercer lugar, habrá que acudir a una notaría – que tenemos derecho a elegir – con el certificado de deuda cero, y entregarlo para firmar la escritura pública de cancelación del préstamo. La entidad no debe cobrar por el trámite de la firma ni por el desplazamiento a la notaría.

Posteriormente, habrá que solicitar y cumplimentar el documento de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en una delegación de la comunidad autónoma correspondiente. Es un paso obligatorio y exento de pago.

Finalmente, con la copia del impuesto, el certificado de deuda cero y la escritura, en caso de que hagamos este trámite por nosotros mismos, debemos acudir al Registro de la Propiedad para hacer efectiva la cancelación. Los aranceles registrales dependen del valor de la hipoteca.

En resumen, la entidad únicamente nos podrá cobrar las comisiones y gastos correspondientes a la tramitación notarial y registral de la cancelación, de las que previamente nos deberá de haber informado, en caso de que le solicitemos que realice estos trámites. El cobro de cualquier otra comisión o gasto es improcedente.

Imprimir Imprimir         

Las empresarias catalanas destacan la digitalización, la retención del talento y la regulación del teletrabajo como los grandes retos de futuro

15 de mayo, 2021

Las empresarias catalanas destacan la digitalización, la retención del talento y la regulación del teletrabajo como los grandes retos de futuro

La Asociación Catalana de Empresarias y Ejecutivas se muestra preocupada por la carencia de ayudas de la administración para captar talento y alerta de las consecuencias de la implantación del teletrabajo

11 de mayo de 2021

Foment del Treball Nacional

La Asociación Catalana de Empresarias y Ejecutivas (ACEE) ha protagonizado este viernes una nueva sesión del IV Congreso de Pymes de Cataluña organizado por Fepime Cataluña con el objetivo de analizar el estado actual de la pyme catalana y elaborar un memorial de propuestas de mejora que se librará a las administraciones.

La vicepresidenta de la ACEE, Beatriz Fernández-Tubau, ha puesto encima la mesa “la digitalización, la regulación del teletrabajo y las políticas para retener el talento como grandes retos de futuro cuando salimos de la actual crisis provocada por la pandemia”.

En este sentido, Ana Maiques, CEO de NEUROELECTRICS, ha apuntado que la digitalización ha conseguido que el mundo se haga más pequeño y que ya no sea relevando el lugar desde donde se trabaja, hecho que se una ventaja para las pymes del país. Aun así, “el teletrabajo también hace que las nuevas incorporaciones no tengan la sensación de grupo y que algunos colaboradors se sientan más distantes de la empresa”, ha afirmado. Maiques también ha reivindicado la necesidad de incentivos fiscales para atraer talento que genere actividad económica innovadora.

Dentro del ámbito de la construcción, Teresa Batlle, Socia Fundadora de PICH ARQUITECTAS, ha explicado que el sector se ha mantenido pero ha lamentado la lentitud en la toma de decisiones, sobre todo con la administración pública. “Es imprescindible una mayor interacción, agilidad y confianza entre la administración pública y los agentes privados”, ha asegurado.

Por su parte, Marisa Galán, Directora Técnica de FIATC, ha destacado que la pandemia ha puesto en valor el sector de los seguros y que la transformación digital ha permitido implantar nuevos servicios como la telemedicina o lo videoperitatge y mejorar la comunicación con el cliente. En cuanto al teletrabajo ha defendido que “no todos los perfiles profesionales son adecuados para teletrabajar. Una fórmula híbrida sería la mejor opción por no perder la creatividad y la sensación de equipo”.

En la misma línea, Antonia Molina, Directora de Relaciones Externas a ASEPEYO, ha explicado la buena respuesta que ha tenido la telemedicina, con la que pueden llegar a pacientes que no tienen unl servicio cerca de casa. “Herramientas como las redes sociales nos han ofrecido nuevos canales para comunicarnos con los clientes pero necesitamos facilidades y ayudas para innovar, adaptarnos en las nuevas tecnologías y captar nuevos perfiles de trabajadores”, ha asseguart.

Sara Serantes, Fundadora SUSHI FRESH ha añadido que es imprescindible adaptarse a los nuevos hábits de los consumidores a través de la tecnología: “el gran aprendizaje de esta pandemia ha sido la humanización de la gestión de las empresas centrándonos en el que realmente es importante, las personas”.

Una reflexión que ha suscrit Lola Guallar, Fundadora de BOHEMIA BARCELONA, quien ha asegurado que “el principal activo de las pymes es el factor humano y tenemos que saber trasladar este trato directo a través de la pantalla con el reto de competir con las grandes empresas. El comercio que no cuente con refuerzo digital no tindrá futuro, y por eso hace falta preparación y recursos”.

Vanesa Rodríguez, HHRR Development Manager de LEITAT, ha explicado que la transformación digital ha supuesto una oportunidad para mejorar procesos, conocer mejor al cliente y potenciar la comunicación y la presencia digital. También ha puesto el foco en la era puesto-covid: “tenemos que plantearnos como lo abordaremos, con un retorno pausado al trabajo presencial, analizando las consecuencias y manteniendo el teletrabajo en algunas áreas de negocio”. Rodríguez también ha insistido en la necesidad de ayudas para captar y retener talento en el ámbito nacional e internacional.

Por último, Silvia Borrell, CEO de EDUPREM, ha alertado de las consecuencias psicosociológicas del teletrabajo: “Hay situaciones de estrés derivadas de trabajar desde casa como por ejemplo lo no formar parte del grupo, problemas posturales, no tener un espacio adecuado y un ambiente tranquilo… No todos los perfiles son candidatos para teletrabajar. Es necesario que las empresas elaboren un plan de reincorporación”. Borrell ha celebrado que en el último año se haya visibilizado el trabajo de los servicios de prevención pero ha pedido más implicación desde la dirección de las empresas para implantar políticas de prevención de riesgos laborales.

Las pymes, clave de la recuperación

El IV Congreso de la micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña 2021 finalizará el 15 de junio a la sede de Fomento del Trabajo acompañados por los principales actores económicos de Cataluña. El congreso consta alrededor de 20 encuentros con 24 organizaciones territoriales y sectoriales de Cataluña.

La presidenta de Fepime, María Helena de Felipe, tiene el objetivo de establecer un diálogo para abordar las preocupaciones de las pymes en este contexto excepcional, así como, debatir sobre posibles acciones que puedan facilitar una recuperación empresarial resiliente, digital y sostenible. De hecho, el lema de los encuentros es “Resiliencia, digitalización y sostenibilidad, las claves para la recuperación de la pyme catalana” y el propósito es conocer de primera mano la realidad y las necesidades de las pymes catalanas después de un 2020 marcado por el paso de la pandemia.

Sin dudas, la Covid-19 no solo ha saturado el sistema sanitario catalán, sino que también ha condicionado la actividad empresarial, derivando en una crisis económica que se continúa alargando en el tiempo a causa de las medidas restrictivas que los gobiernos han yendo aplicando con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.

Los encuentros con las diferentes organizaciones están programadas como sesiones de trabajo para recoger las principales dificultades y retos de las pymes en los diferentes ámbitos como puede ser, infraestructuras, financiación, fiscalidad, innovación, internacionalización, relaciones laborales, consumo energético, trámites administrativos, formación o competencia desleal, siempre desde la perspectiva de la pyme.

Las conclusiones de las sesiones permitirán redactar un documento que recoja las principales inquietudes de cada sector y territorio para mejorar la actividad empresarial.

Imprimir Imprimir         

El TSXG avala las medidas de la Xunta para hacer frente a la COVID-19 porque son “proporcionadas”

15 de mayo, 2021

Miércoles, 12 de mayo de 2021

El TSXG avala las medidas de la Xunta para hacer frente a la COVID-19 porque son “proporcionadas”

El alto tribunal gallego las considera “idóneas” para la protección de la salud y “necesarias” debido a la constatación “de una situación de peligro actual y real” para la ciudadanía. Entiende justificada la prohibición de reuniones de madrugada por la “situación real de riesgo de contagio” en ese horario debido a que se desarrollan “en el ámbito de las relaciones sociales, en las que es frecuente la relajación de medidas”

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado las medidas preventivas adoptadas por la Xunta tras la finalización del estado de alarma como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la comunidad. Por tanto, el alto tribunal gallego avala la prohibición de reuniones entre no convivientes entre la una y las seis de la madrugada en toda la comunidad autónoma, así como las limitaciones de los encuentros a un máximo de cuatro personas en espacios interiores y de seis en exteriores, tanto en el ámbito público como en el privado, salvo que se trate de convivientes. Además, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo aprueba el toque de queda a las 23 horas, la prohibición de reuniones y el cierre perimetral y de la hostelería decretado por la Xunta en los cinco ayuntamientos que presentan un nivel máximo de alerta sanitaria (Padrón, Cualedro, Laza, Cambados y Vilanova de Arousa).

En el auto, notificado hoy, explican que la ratificación de la prohibición de encuentros durante la madrugada se justifica por la existencia de “una situación real de riesgo de contagio”. Así, indican que, normalmente, en esa franja horaria las reuniones de personas “se desarrollan en el ámbito de las relaciones sociales, en las que es frecuente la relajación de las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas, etc.”. Los jueces también entienden que la limitación de agrupaciones entre no convivientes durante la una y las seis de la mañana “no tiene un impacto significativo en el derecho de reunión”.

Respecto a las medidas adoptadas en los cinco municipios con mayor incidencia, el TSXG asegura que no tienen “un impacto limitativo de derechos fundamentales que pueda considerarse desproporcionado y que exija escoger entre otras alternativas menos gravosas”. Así, explica que con el cierre perimetral “se trata de mantener un control sobre la población de los municipios afectados, evitando que con sus desplazamientos a otras localidades las personas que puedan estar infectadas asintomáticas transmitan el virus, de la misma manera que se trata de evitar el contagio a personas que puedan acceder a dichas localidades”.

Por lo tanto, los jueces concluyen que se trata “de una medida válida y adecuada para controlar la transmisión de la enfermedad y contener la irradiación a otros lugares, que no necesariamente tienen que ser limítrofes”. En cuanto a las otras dos medidas que afectan a esos cinco ayuntamientos -toque de queda y prohibición de reuniones-, los magistrados subrayan que están basadas en “criterios epidemiológicos” y que su objetivo principal es “evitar una aglomeración de personas, en el contexto que sea, con el riesgo de propagación de la enfermedad entre la población de los municipios que presentan las tasas de incidencia acumulada más altas de la comunidad”.

El alto tribunal gallego apunta en el auto que en la “búsqueda del fundamento y justificación” de estas medidas “no hay que atender exclusivamente” a las consideraciones expuestas por la Xunta, “sino que deben sustentarse en datos facilitados por comités clínicos, con conocimientos y experiencia científica en materia de salud y, en particular, epidemiológica”. Así, advierte en el auto de la importancia de que se pongan en conocimiento de los jueces/zas “todos los datos concretos y objetivos sobre la pandemia, con indicación e identificación de las fuentes de información de las que proceden”. Todo ello con el objetivo de que les permita “comprobar los parámetros de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que se exigen para ratificar medidas restrictivas de derechos fundamentales”.

En este sentido, los magistrados advierten a la Xunta de “la escasez de datos” que les ha ofrecido. “Pese a ello, y en el marco de transición hacia una nueva normalidad en el que nos encontramos desde el cese del estado de alarma, y teniendo en cuenta que, además, las medidas tienen un ámbito geográfico limitado (afectan a cinco municipios) y un ámbito temporal también limitado, hasta el día 21 de mayo, con obligación de revisión, tales circunstancias las valoramos dentro de un razonable margen de apreciación que admite en este momento la ratificación de las medidas”, explican los jueces.

Amparo legal

El TSXG sostiene en la resolución que la ley “sí ampara la adopción de las medidas limitativas de derechos fundamentales por parte de las comunidades autónomas”. Así, el alto tribunal gallego destaca que la normativa estatal las habilita “para adoptar medidas sanitarias preventivas con las que puedan hacer frente a situaciones de grave riesgo contra la salud pública”. La Sala explica que en el artículo 43.1 de la Constitución se reconoce “el derecho a la protección de la salud y el correlativo deber de los poderes públicos de tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

Los jueces, en este caso, al igual que en resoluciones anteriores, aplican la Ley Orgánica 3/1986, que recoge “unas escasas, pero suficientes, previsiones sobre las medidas especiales en materia de salud pública que pueden adoptar las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, dentro del ámbito de sus competencias, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad”. Por ello, el TSXG considera que la Xunta es competente para tomar medidas limitativas de derechos fundamentales a efectos de proteger la salud pública. Bajo ese amparo normativo, los jueces centran el análisis de las solicitudes de ratificación de esas limitaciones en el “juicio de necesidad, adecuación, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas”. Contra el auto dictado hoy cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Imprimir Imprimir         

La reserva hídrica española se encuentra al 60,7 por ciento de su capacidad

15 de mayo, 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 60,7 por ciento de su capacidad

Martes 11 de mayo de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 60,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 33.926 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 110 hectómetros cúbicos (el 0,2 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 79,5%
•Cantábrico Occidental al 78,4%
•Miño-Sil al 69,7%
•Galicia Costa al 72,2%
•Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
•Duero al 78,5%
•Tajo al 62,9%
•Guadiana al 40,9%
•Tinto, Odiel y Piedras al 81,2%
•Guadalete-Barbate al 45,2%
•Guadalquivir al 41,6%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 52,1%
•Segura al 47,7%
•Júcar al 62,9%
•Ebro al 79,8%
•Cuencas internas de Cataluña al 90,8%

Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y en menor medida a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Pontevedra con 25,8 mm (25,8 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Imprimir Imprimir         

MarcIV

14 de mayo, 2021
Imprimir Imprimir         

El número de deudores concursados aumenta un 86,5% anual en el primer trimestre de 2021

14 de mayo, 2021

El número de deudores concursados aumenta un 86,5% anual en el primer trimestre de 2021

13/05/2021 | Registradores

Según el Real Decreto 1110/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2021-2024, la elaboración de la Estadística del Procedimiento Concursal (Nº IOE 30219) queda encomendada, desde este año, al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.

En el primer trimestre de 2021 el número de deudores concursados alcanza la cifra de 2.799, lo que supone un aumento del 86,5% respecto al mismo período del año anterior.

Por tipo de concurso, son voluntarios 1.522 (un 6,4% más que en el primer trimestre de 2020), y necesarios 19 (un 73,2% menos[1]). Por primera vez se categorizan los concursos exprés (apertura y cierre simultáneos del procedimiento por insuficiencia de masa activa), que han sido 853. Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios aumentan un 9%, mientras que los abreviados lo hacen en un 31,1%.

[1] Esta disminución es consecuencia directa de las diferentes moratorias establecidas en sucesivos Reales Decretos aprobados a lo largo de 2020, que suponen la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. Ver nota al final para más información.

Deudores concursados según naturaleza jurídica del concursado, tipo de concurso y clase de procedimiento. 1er Trimestre 2021.

Evolución de la tasa trimestral

Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, el gráfico siguiente muestra la variación del número de deudores concursados entre el cuarto trimestre del año anterior y el primer trimestre del año corriente a lo largo de los últimos cinco años. En 2021 esta tasa es del 15,3%..

Empresas concursadas por naturaleza jurídica y tramo de volumen de negocio

De los 2.799 deudores concursados en el primer trimestre, 1.260 son empresas personas jurídicas, 530 son personas físicas con actividad empresarial, y 1.009 son personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone el 45,0%, 18,9% y 36,1% respectivamente, del total de deudores.

El número de empresas personas jurídicas concursadas aumenta un 47,9% en el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año pasado.

Según la forma jurídica, el 90,9% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada.

El 32,0% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y son, principalmente, Sociedades de Responsabilidad Limitada.

EMPRESAS concursadas por forma social y tramo de volumen de negocio.

1er Trimestre 2021.

Empresas concursadas por actividad económica y tramo de asalariados

El 18,2% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio y el 17,9% la Hostelería.

En cuanto al número de asalariados, el 41,0% del total de empresas concursadas tiene menos de seis. Y, entre éstas, el 31,4% no tiene asalariados

EMPRESAS concursadas por tramo de asalariados y actividad económica principal.

1er Trimestre 2021.

Empresas concursadas por antigüedad

El 26,4% del total de empresas concursadas en el primer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años. Por su parte, el 15,3% tiene cuatro o menos años de antigüedad.

El 26,9% de las empresas concursadas con cuatro o menos años de antigüedad pertenecen al sector Hostelería. Por su parte, el 37,8% de las concursadas con 20 o más años de antigüedad se dedican al Comercio y a la Industria y energía.

EMPRESAS concursadas por antigüedad y actividad económica principal.

1er Trimestre 2021.

Resultados por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el primer trimestre de 2021 son Cataluña (948), Comunidad de Madrid (381) y Comunitat Valenciana (366), concentrando entre las tres el 60,6% del total de deudores concursados.

Deudores concursados según tipo de concurso y clase de procedimiento.

1er Trimestre 2021.

Cantabria presenta la única bajada anual en el primer trimestre (–30,0%) y Canarias y Navarra los mayores aumentos (un 322,7% y un 300% respectivamente).

Revisiones y actualizaciones de datos

Los datos del primer trimestre de 2021 son provisionales y se revisarán cuando se difundan los del mismo periodo del año próximo. Es decir, cuando se publiquen los datos del primer trimestre de 2022, se difundirán los definitivos del mismo trimestre de 2021.

Nota sobre el COVID-19 y las diferentes moratorias concursales

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, artículo 43, procedió a suspender temporalmente el deber de solicitar la declaración de concurso por el deudor insolvente (mientras estuviere vigente el estado de alarma), a la vez que, también de forma temporal (durante el estado de alarma, hasta transcurrir dos meses a contar desde la finalización del mismo), se preveía la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. La norma fue derogada por otra posterior, Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que extendía sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2020. Posteriormente por medio de la Disposición Final Décima (tercer punto) del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, esta extensión se prorrogó hasta el 14 de marzo de 2021. Y posteriormente, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (apartado cuarto de la Disposición final séptima) habilitó una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021.

Nota: Las tablas completas, así como el informe metodológico estandarizado y la metodología se pueden descargar en el siguiente enlace del Portal Estadístico Registral en la web del Colegio de Registradores: https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-concursales

Imprimir Imprimir         

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que recoge las propuestas de los Administradores de Fincas colegiados

14 de mayo, 2021

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que recoge las propuestas de los Administradores de Fincas colegiados

Los Administradores de Fincas Colegiados logran que el Gobierno apruebe las juntas de propietarios telemáticas

✓ Se suspende la obligación de convocar Juntas de Propietarios y se prorrogan los cargos y presupuestos hasta el 31 de diciembre.

✓ Las reuniones de las comunidades de propietarios que sean necesarias convocar, podrán celebrarse telemáticamente e incluso se pueden tomar acuerdos sin junta mediante consultas por escrito.
Madrid, 5 mayo de 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional. Este Decreto regula y desbloquea la celebración de juntas de propietarios tal y como habían solicitado los Administradores de Fincas colegiados a los distintos Grupos Parlamentarios y al Gobierno, y cuyas propuestas han sido recogidas en la norma aprobada.

Los Administradores de Fincas colegiados consideran que el Real Decreto-ley, que entrará en vigor el próximo 9 de mayo, es positivo, ya que establece un abanico de soluciones al que se puede acoger cada edificio en función de sus circunstancias.

Tal y como el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE- había propuesto, no será obligatorio convocar juntas de propietarios hasta el día 31 de diciembre de 2021, y se prorrogarán los últimos presupuestos aprobados y los cargos de la Comunidad de Propietarios, quedando suspendida, por tanto, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual.

Para Isabel Bajo, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid –CAFMadrid– y vicepresidenta del CGCAFE, “estas medidas, aunque son excepcionales, recogen las propuestas realizadas por el colectivo y son un paso importante para que las comunidades de propietarios puedan adoptar acuerdos con seguridad jurídica”.

Otro de los aspectos que recoge la normativa es que facilita la participación y el voto de los propietarios/as, una cuestión que el CGCAFE considera fundamental para garantizar los derechos de todos ellos, y que también era una de las propuestas de los Administradores de Fincas colegiados. El Gobierno ha aprobado que la Junta de Propietarios pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple para tratar temas urgentes que no puedan demorarse, entre ellos, las obras de accesibilidad universal y las obras que resulten necesarias para el mantenimiento y funcionamiento del edificio.

Pero para que estas reuniones urgentes se puedan realizar, es imprescindible que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios para su participación en las reuniones que se convoquen por el presidente, por la cuarta parte de los propietarios/as, o un número de estos que representen un 25% de las cuotas de participación. Sobre esta cuestión, la presidenta de CAFMadrid argumenta que “antes será necesario que el Secretario – Administrador de Fincas colegiado, además de comprobar la identidad de todos los propietarios/as asistentes a la Junta, garantice que cuentan con los medios telemáticos adecuados para su participación en la reunión”.

Los Administradores de Fincas colegiados consideran adecuado que, tal y como habían propuesto, en aquellas comunidades de propietarios en las que no pueda garantizarse la participación de todos por vía telemática, se puedan adoptar acuerdos sin la celebración presencial de la Junta de Propietarios, mediante la emisión del voto por correo postal o comunicación telemática. Para Salvador Díez, “esto es muy importante porque garantiza el derecho de participación de todos los propietarios/as y la emisión de su voto si no tienen capacidad de acceso a las nuevas tecnologías, evitando, al no celebrarse presencialmente, los posibles contagios por la COVID-19”.

Las Juntas telemáticas serán válidas
Hasta la aprobación de este Real Decreto-ley, y aunque las nuevas tecnologías permitían las reuniones virtuales, la Ley de Propiedad Horizontal solo reconocía validez a las reuniones presenciales, a excepción de la ley catalana, que sí establece la posibilidad de reuniones vía telemática y la validez de la toma de acuerdos de Junta de Propietarios con este sistema.

“Hay que recordar que en España se celebran, aproximadamente, 1.000.000 de reuniones anuales de comunidades de propietarios, 17.000 mensualmente de media solo en la Comunidad de Madrid. Y estas juntas, que no han podido celebrarse presencialmente por las restricciones producidas por la crisis sanitaria, ahora podrán convocarse y celebrarse telemáticamente gracias a su regulación”, afirma Isabel Bajo.

Según la presidenta del CAFMadrid, “este Real Decreto-Ley facilita que las comunidades de propietarios puedan adoptar acuerdos importantes que estaban atascados, como es la rehabilitación del edificio, actividad que con la llegada de los fondos europeos tendrá un impulso para la reactivación de la economía sostenible”.

Imprimir Imprimir         

CSIF Policía Local reclama el apoyo de las delegaciones del Gobierno ante las fiestas sin control y apela a la responsabilidad ciudadana tras el Estado de Alarma

14 de mayo, 2021

CSIF Policía Local reclama el apoyo de las delegaciones del Gobierno ante las fiestas sin control y apela a la responsabilidad ciudadana tras el Estado de Alarma

  • Lamentamos la falta de respaldo Legal para que las CC.AA puedan aplicar medidas efectivas para evitar que se disparen de nuevo los contagios

10 de Mayo de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Policía Local, apela a la responsabilidad de la ciudadanía para evitar que se disparen de nuevo los contagios porque seguimos en pandemia y la situación todavía es muy crítica en los centros hospitalarios.

En este sentido, desde CSIF reclamamos el apoyo de las delegaciones del Gobierno (Policía y Guardia Civil) para evitar las fiestas sin control y sin medidas preventivas como las ocurridas este fin de semana muchas ciudades españolas.

CSIF también lamenta la falta de un respaldo normativo que habilite a las comunidades autónomas para aplicar medidas efectivas, una vez que ha decaído el Estado de Alarma.

La Policía Local, que ha dado la cara durante toda la pandemia para controlar el cumplimiento de las medidas como el toque de queda, la prohibición de reuniones de no convivientes, el aforo de locales de ocio y restauración, se ve de nuevo afectada por el comportamiento incívico de muchos ciudadanos/as.

Lamentamos la falta de previsión de nuestros responsables políticos y advertimos de que si no se toman medidas efectivas situaciones como las del pasado fin de semana pueden volver a repetirse. Los ayuntamientos se están viendo desbordados y la Policía Local no cuenta con efectivos suficientes para garantizar que se cumplen las medidas anticovid imprescindibles para frenar los contagios y mantener el orden en nuestras calles.

Imprimir Imprimir         

Día de Europa: hay que poner en práctica los valores y la solidaridad

14 de mayo, 2021

Día de Europa: hay que poner en práctica los valores y la solidaridad

9 mayo, 2021 USO

Día de Europa: la ciudadanía no podrá entender en estos momentos un futuro europeo basado en los valores, en las personas y en la solidaridad

El 9 de mayo se celebra el Día de Europa. En un momento como el actual, de reflexión acerca del futuro de la Unión Europea y de puesta en marcha de políticas para afrontar la crisis, es imprescindible que los discursos y las prácticas se centren en la solidaridad.

Las instituciones de la UE no están siendo lo suficientemente diligentes a la hora de actuar. Así, tienen que afrontar una crisis de grandes magnitudes, como es la originada por el covid-19, arrastrando los errores del pasado: la austeridad y la frágil protección al Estado de Derecho. Sin embargo, hay lugar para la esperanza, gracias a los cambios que se van produciendo en el discurso. Unos cambios que se han obtenido a través de la movilización social, en la que el papel de los sindicatos es primordial.

Desde USO, reclamamos la importancia de activar mecanismos de solidaridad, reforzar el diálogo social y hacer frente a los problemas derivados de una globalización no regulada. Únicamente se logrará de nuevo la cohesión social y una Europa habitable para todos y todas afrontando los problemas reales y tejiendo un plan de reconstrucción inclusivo que no se puede demorar más.

Un plan de reconstrucción para la clase trabajadora

Este año, el Día de Europa coincide con la celebración de una Conferencia sobre el Futuro de Europa. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió con ella en su discurso de toma de posesión, en 2019. Una Conferencia que se ha visto retrasada por las diversas crisis que asolan a la UE: económica, social, refugiados, Brexit… Y ahora, la derivada de la pandemia.

USO, junto con la Confederación Europea de Sindicatos, de la que es miembro, reivindica que la Conferencia sea un espacio para realizar un debate real y profundo. Debe contar con la plena participación de las instituciones europeas y nacionales; los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. En ella, debe tratarse el futuro de Europa y la necesidad de la recuperación del covid-19 para allanar el camino hacia una sociedad más justa. Para ello, la Europa social debe estar en el centro de la Conferencia. No debe convertirse en un ejercicio burocrático ni centrarse únicamente en cuestiones institucionales.

Es necesario superar un modelo económico europeo basado en el PIB e ir más allá, construyendo un bienestar inclusivo y justo. Se hace imprescindible una reforma de la gobernanza económica de la UE; del Semestre Europeo; del mandato del BCE y la UEM; y de los recursos de la UE para garantizar que la justicia social esté en el centro de la política económica.

Herramientas sociales que deben fijarse en la Cumbre Social de Oporto

Al mismo tiempo que se desarrolla el debate sobre el futuro de Europa, la Cumbre Social de Oporto, que ha tenido lugar los días 7 y 8 de mayo, puede proporcionar la herramienta para alcanzar una economía más social y justa: el Plan de Acción para la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Un plan que debe poner en marcha los veinte principios con los que se pretende proteger el derecho a la vivienda, al salario digno, la sanidad, la educación…

Sin embargo, como apunta el secretario general de la CES, Luca Visentini, sin legislación y financiación no se llegará a nada. Es el momento de asegurar que la transición digital y ecológica se haga de forma justa. Sin la dimensión social, estas transiciones fracasarán y volveremos a encontrarnos con numerosas zonas de la Unión Europea asoladas por la destrucción de empleo debido al cambio climático, la digitalización, la automatización, la globalización y la reestructuración. Olvidándose de las personas.

De modo que, para controlar las transiciones digital y ecológica, es necesario construir una “autonomía estratégica abierta” en la UE, que sea eficaz para reforzar sus cadenas de valor industrial y reducir la dependencia de proveedores externos. Al tiempo que se trabaja por un comercio internacional justo, sostenible y basado en normas.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa debería servir para abordar la necesidad de garantizar el aprendizaje permanente y el derecho a la formación. Así como para blindar una agenda europea justa y sostenible para la migración, la globalización, el comercio internacional, y las políticas exteriores y de vecindad.

Una Europa que vele por los Derechos Humanos

La Unión Europea sigue liderando una política migratoria y de asilo que vulnera constantemente los Derechos Humanos. En septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo; el cual representa, desgraciadamente, una apuesta por la continuidad de las políticas conservadoras, con un fuerte enfoque en el control de fronteras, la disuasión, la detención y las deportaciones. Dejando, por otro lado, muy poco espacio para las propuestas en el área de la migración regular.

El sindicalismo europeo defiende los derechos de todos los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, los refugiados y los inmigrantes indocumentados. Pide a todos los estados miembros que respeten sus obligaciones en virtud de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967 para proporcionar protección legal a los solicitantes de asilo, y que no devuelvan a los solicitantes de asilo o a los refugiados a un país en el que se enfrentan a graves amenazas para su vida o su libertad.

Asimismo, es imprescindible también que se respete la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; el Convenio 143 de la OIT sobre los trabajadores migratorios y el Convenio 97 de la OIT sobre los trabajadores migrantes. Y también el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

La Unión Europea, a través de este nuevo Pacto, permite a los estados miembros incumplir los convenios internacionales anteriormente mencionados, a través del patrocinio de deportaciones como alternativa a aceptar su responsabilidad en materia de Derechos Humanos para permitir que las personas soliciten asilo en sus países.

Este tipo de políticas avala la actitud de los estados miembros, que niegan los derechos a estas personas y representan un grave acto de irresponsabilidad en momentos como el actual, en el que los populismos de extrema derecha tratan de buscar un objetivo vulnerable sobre el que el resto de la sociedad pueda descargar sus frustraciones, derivadas de las condiciones de vida que el neoliberalismo impone.

Imprimir Imprimir         

Estado de situación del COVID-19

14 de mayo, 2021

Estado de situación del COVID-19

Jueves 13 de mayo de 2021

Cartela COVID-19-Información actualizada 13 de mayo de 2021

Actualización nº 374. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 13.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 13.05.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las Comunidades Autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.598.452 casos confirmados de COVID-19 y 79.281 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

Imprimir Imprimir