12 de febrero de 2026

• El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presidido el Consejo de Finanzas Sostenibles, que ha avanzado en la creación de soluciones concretas para impulsar la transición de las empresas hacia una economía más sostenible y competitiva. 
• Bajo el nombre Eco-Track, se crea una herramienta que permite a las pymes reflejar su huella verde de manera simplificada, con el objetivo de facilitar el acceso a financiación bancaria.
• A su vez, se ha constituido Eco-Lab, un laboratorio en el que las empresas y las entidades financieras pueden proponer a los supervisores o autoridades competentes proyectos, metodologías o ideas que mejoren la canalización de financiación sostenible.
• El Consejo ha reflexionado sobre la situación de la financiación de proyectos sostenibles en España, constatando que el volumen canalizado es cada vez más significativo. Además, se han aportado recomendaciones para seguir atendiendo las necesidades de inversión sostenible.

El Consejo de Finanzas Sostenibles ha celebrado este jueves su tercera reunión en la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Un año después de su creación, este órgano, que preside el ministro Carlos Cuerpo, presenta ya nuevas herramientas para continuar impulsando la financiación para la transición hacia una economía más sostenible y competitiva.

El ministro Cuerpo ha señalado que los avances del Consejo “nos sirven de marco para seguir avanzando en reforzar el vínculo entre competitividad y sostenibilidad que ya es un pilar de nuestro modelo de crecimiento, con una agenda clara de acompañamiento al sector privado en los retos que plantea la descarbonización de nuestra economía, especialmente para nuestras pymes, con un elemento de proporcionalidad».

Cuerpo ha destacado que las nuevas herramientas tienen “un componente de simplificación, de estandarización de la normativa, en línea también con la agenda que se está impulsando a nivel europeo, reduciendo la carga regulatoria de nuestras empresas».

“El objetivo es facilitar el acceso de las empresas, y especialmente de las pymes, a la financiación bancaria», ha señalado. En concreto, a financiación de proyectos sostenibles, como factor clave para que nuestras empresas mejoren su resiliencia ante los riesgos del cambio climático, eviten costes, mejoren su eficiencia y, en definitiva, aumenten su competitividad.

Junto al ministro de Economía, a la reunión del Consejo de Finanzas han asistido el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio; el secretario de Estado de Medio Ambiente y vicepresidente del Consejo, Hugo Morán; y la secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional, Paula Conthe. También dirigentes de las asociaciones del sector financiero y de otras organizaciones empresariales, como AEB, CECA, UNESPA, INVERCO y CEPYME.

Eco?Track simplifica el acceso a financiación para pymes

La sostenibilidad se ha convertido en un elemento clave para la gestión financiera. El BCE subraya que los impactos físicos del clima y los riesgos de transición pueden afectar a la economía y al sistema financiero en su conjunto, por lo que necesita que los bancos fortalezcan su capacidad de análisis y supervisión de estos riesgos en las empresas a las que financian.

Para evitar que esto pueda convertirse en una carga para las pymes y que puedan ofrecer de forma sencilla la información necesaria sobre sostenibilidad a las entidades financieras se presenta la herramienta Eco?Track.  Partiendo de los datos que recoge el estándar voluntario europeo de información de sostenibilidad se han seleccionado los necesarios para medir la huella verde de la pyme. El formato de la herramienta permite que puedan recogerse y presentarse en la herramienta de forma sencilla.

Esta herramienta permite a cualquier pyme acelerar su acceso a financiación bancaria para proyectos sostenibles, simplificando la forma de medir y presentar su huella verde. Además, Eco-Track ayuda a las entidades financieras a gestionar de manera más eficiente su cartera de préstamos, y por tanto movilizar mayor financiación.

Eco?Lab: un espacio para la innovación en financiación sostenible

Se abre el Eco?Lab, un laboratorio en el que las empresas y las entidades financieras podrán proponer a los supervisores o autoridades competentes proyectos, metodologías o ideas que mejoren la canalización de financiación sostenible.

El objetivo es generar un marco para compartir conocimiento y acelerar e impulsar las soluciones innovadoras que faciliten la transición hacia una economía más sostenible.

Este laboratorio elaborará con carácter periódico informes para difundir este conocimiento compartido y las soluciones identificadas. Por ejemplo, se pueden presentar metodologías innovadoras y fuentes de datos para la medición del riesgo físico de cambio climático o iniciativas para la evaluación de productos financieros innovadores.

Situación de la financiación sostenible en España

Se ha reflexionado sobre la financiación sostenible canalizada en 2024 en España, en comparación con las necesidades de inversión estimadas para 2025–2030 basadas en el PNIEC y en planificaciones sectoriales, con el objetivo de orientar recomendaciones de políticas e instrumentos que faciliten la movilización de capital hacia la transición.

Se han aportado recomendaciones para seguir atendiendo las necesidades de inversión sostenible. Por ejemplo, en línea de articular medidas dirigidas, respectivamente, a proyectos viables económicamente para los que avales públicos pueden hacer más atractiva la financiación sostenible; y a proyectos no viables, en los que instrumentos de asunción de riesgos por parte de las administraciones (como subvenciones y otras ayudas) puedan permitir la viabilidad económica y financiera de los proyectos (por ejemplo, por su carácter innovador o con demanda inestable).

Según ha señalado el ministro Cuerpo, estas conclusiones también sirven “para la operativa del Fondo España Crece, con algunas ideas interesantes, como por ejemplo la presencia de avales para aumentar la rentabilidad y la viabilidad de proyectos verdes de nuestras pymes, o incluso esquemas para compartir riesgos con el sector financiero y con el sector privado».

13 febrero, 2026 

El cambio metodológico de la estadística no puede borrar la pérdida de poder adquisitivo acumulada

• USO

El IPC ha caído hasta el 2,3 %, seis décimas menos que al acabar 2025. Los gastos de vivienda han sido los principales artífices de la bajada. Pero no porque los precios hayan descendido, sino porque subieron menos que el año anterior.

Este escalón en la bajada de precios, no obstante, “puede deberse a la modificación de la propia estadística. Al cambiar el peso de los grupos, y también su composición, puede ser que la primera comparativa no sea tan ajustada a la realidad. Y, de hecho, si vemos algunos de los conceptos que más nos preocupan, los relacionados con la alimentación, mensualmente hay subidas por encima de este IPC, y también los gastos en vivienda son superiores”, expone Joaquín Pérez, el secretario general de USO.

Pérez lamenta que el cambio normativo no permita ya “comparar la subida de precios con años precedentes. Porque ahí notábamos cómo la pérdida de poder adquisitivo estaba muy por encima en lo más necesario. Este borrón y cuenta nueva pone el contador a cero en productos que, recordemos, compramos todas las semanas y habían llegado a acumular subidas del 50 o el 60 % en cuatro años”.

Nueva ponderación del gasto en el hogar

Este IPC es el primero en presentarse con una nueva metodología y una nueva base. Se incluyen más productos, se establecen nuevas subclases en función del consumo habitual y se pondera nuevamente el gasto del hogar medio en los distintos grupos.

“En USO entendemos que esta reclasificación se realiza en función de medias. Pero nos queda la duda de si es realmente lo más representativo de la mayoría de los hogares. El peso de la compra diaria, de los alimentos, supone poco más del 17 %, con algo más del 15 % en transporte y 12 % en vivienda. Es decir, en suministros y gastos de vivienda, no en el alquiler o la hipoteca. ¿Es realista hablar de que, con la subida de precios de los alimentos, un hogar gasta un 17 % en alimentación y lo mismo en restauración y hoteles? ¿No son muchos los hogares que han tenido que renunciar a esos gastos extras para mantener el gasto necesario en alimentación?”, se pregunta Joaquín Pérez.

“Para nosotros, no es un asunto ligero. Si el IPC no refleja realmente lo que padece la mayoría, sino la media, no estaremos teniendo una fotografía de lo que necesitan subir los salarios. Porque es precisamente esa mayoría la que se rige por convenios y cláusulas de revisión salarial ligadas al IPC. No rebatimos la estadística, pero sí sería necesario un IPC de lo más necesario para cubrir la pérdida de poder adquisitivo”, pide el secretario general de USO.

13 Feb 2026

El acuerdo impulsa la Agenda 2030, fortalece el diálogo social en países socios y consolida el papel de las organizaciones empresariales en el sistema de cooperación para el desarrollo.

CEOE y CEPYME han firmado este viernes con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y con los sindicatos CCOO y UGT, un Protocolo General de Actuación con el objetivo de establecer un marco estable de colaboración en materia de cooperación internacional para el desarrollo sostenible.

El protocolo sienta las bases para la planificación conjunta, diseño, ejecución, financiación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos compartidos, así como para el desarrollo de actividades de comunicación, sensibilización, capacitación y transferencia de conocimiento en ámbitos de interés común.
 
La firma del acuerdo, suscrito por el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, y la secretaria general de CEPYME, María Teresa Gómez Condado, abre una nueva etapa de colaboración entre la Secretaría de Estado y los agentes sociales, consolidando su papel como actores relevantes del sistema español de cooperación.

El protocolo prioriza la cooperación internacional orientada al desarrollo sostenible, en línea con el Plan director de la Cooperación Española 2024-2027, y pone el foco en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030.

Entre sus principales líneas de actuación destacan:

•    El impulso conjunto del diálogo y la concertación social en los países socios.

•    El fortalecimiento de sindicatos y organizaciones empresariales mediante intercambios técnicos y programas de formación.

•    La promoción de la participación de actores empresariales y sindicales en foros internacionales vinculados al desarrollo sostenible, el trabajo y los derechos humanos.

•    La generación y transferencia de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación orientadas al desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático.

•    La promoción de narrativas que acerquen a la ciudadanía el valor de la política de cooperación y el papel de los agentes sociales en ella.

•    La transversalización de la perspectiva de género y el enfoque feminista desde una óptica interseccional y basada en derechos humanos.

Movilización de recursos y alianzas público-privadas
 

La firma del Protocolo refuerza así lo ya establecido en la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que reconoce el papel fundamental del sector privado, los agentes sociales y económicos en el sistema de cooperación española.

En un contexto internacional marcado por el debate sobre la financiación del desarrollo, y tras los últimos foros internacionales celebrados en esta materia, las partes coinciden en la necesidad de movilizar recursos privados y fortalecer alianzas público-privadas como palanca para avanzar en la Agenda 2030.

En este sentido, el acuerdo permitirá reforzar la dimensión socioeconómica en los países socios, crear instrumentos adaptados a cada contexto y desarrollar proyectos conjuntos con impacto tangible en desarrollo.

Creación de una Comisión Mixta de Seguimiento

Para garantizar la correcta ejecución del Protocolo, las entidades firmantes han constituido una Comisión Mixta de tripartita, integrada por un representante de cada institución y que en su arranque estará presidida por el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz. 
Este órgano será responsable de la programación, seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas y se reunirá, al menos, dos veces al año.

Vivienda y Agenda Urbana – 12.2.2026

Los contratos de alquiler firmados con el parque público de vivienda asequible podrán durar hasta 75 años, con precios que se fijarán por primera vez según las posibilidades del inquilino, sin que sobrepasen el 30% de la renta media por hogar de la zona.

• El Consejo de Ministros celebrado el 9 de diciembre de 2025 acordó la transformación de SEPES, la Entidad Estatal del Suelo, en CASA47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda.

¿Qué es CASA47?

CASA47 es una entidad pública que tiene como objetivo principal la creación de un parque estatal de vivienda asequible que, en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, facilite a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna.

Esta entidad, que fue oficialmente presentada en diciembre de 2025, asume así el reto de convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar, transformando suelos en viviendas asequibles.

¿Qué objetivos tiene CASA47?

Adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la nueva entidad estatal de vivienda y suelo está inspirada en el artículo 47 de la Constitución Española, que recoge el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», e insta a los poderes públicos a brindar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, «regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

CASA47 tiene, por tanto, como objetivo principal garantizar dicho mandato constitucional y consolidar los mecanismos para garantizar la función social de la vivienda.

El esfuerzo inversor de CASA47 -previsto en 13.000 millones de euros en 10 años- contribuirá a la construcción de un nuevo parque público que sitúe a España en estándares europeos (al menos el 8% del total del parque residencial), poniendo así fin al carácter recurrente de las crisis en materia de vivienda.

¿Cómo funciona CASA47?

CASA47 está concebida como parte de la infraestructura que sustentará el sistema público de vivienda: la nueva empresa estatal de vivienda gestionará el parque público de vivienda asequible y actuará, dentro de sus nuevas funciones, en el ciclo residencial completo, desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas.

Los recursos de CASA47: el parque estatal de vivienda

CASA47 garantiza la función social de la vivienda con la creación de un parque estatal de vivienda asequible y protegida para siempre, que se nutre de la construcción propia, pero también de la incorporación de viviendas y suelos procedentes de otros ministerios como Defensa, Interior o Hacienda.

La cartera de CASA47 también incluye recursos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), creada en 2012 para gestionar los activos problemáticos de entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria, de la que se han recuperado más de 40.000 inmuebles y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas. Estos activos tienen un valor de mercado estimado en torno a 5.900 millones de euros.

En 2025 la entidad estatal de vivienda licitó la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas y desbloqueó obras de urbanización con un alto impacto en ciudades como Sevilla, Málaga o Madrid. También en la capital, CASA47 ha retomado las obras de la Operación Campamento, que impulsará 10.700 viviendas públicas asequibles blindadas frente a la especulación.

¿Quién puede acceder a las viviendas de CASA47?

Para llegar al máximo número de personas las ofertas de vivienda de CASA47 se dirigen al conjunto de la clase media y trabajadora, es decir, al 60% de la población que cobra rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale a una renta anual entre los 16.800 y los 63.000 euros.

No se contemplan aquí las rentas inferiores, a las que se apoya a través de la vivienda social, ni las superiores, que se consideran capacitadas para acceder al mercado libre de vivienda.

¿Qué precios y qué duración tendrán los alquileres?

Las principales novedades para los inquilinos de viviendas que forman parte del parque estatal de vivienda asequible afectan a la duración y el precio de los contratos:

• Los contratos de alquiler que firme CASA47 podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda. Aquí se distinguen dos etapas: 1) una primera fase con un contrato de 14 años de duración; 2) y una segunda con prórrogas automáticas de 7 años sujetas al cumplimiento de una mayoría de las condiciones de acceso.
• El precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas. Por primera vez, el precio del alquiler se fija en base a lo que la ciudadanía puede pagar, y no en base a lo que ha costado construir. De esta forma, ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio.

Atención a la ciudadanía: el portal de CASA47

Para informar, simplificar trámites y atender las dudas de toda la ciudadanía, CASA47 ha lanzado un portal donde se ofertarán trimestralmente las viviendas que se irán incorporando al parque estatal de vivienda.

Desde este portal, los aspirantes a un alquiler asequible podrán consultar las promociones de viviendas disponibles, los requisitos para acceder a las mismas, registrar sus solicitudes, realizar todos los trámites necesarios para completar el proceso de inscripción, así como formalizar sus contratos y comunicarse con la Administración, una vez estén en sus nuevos hogares, en caso de tener cualquier incidencia.

13 Feb 2026

CEOE

Como se preveía, la inflación general se desaceleró de forma notable en enero, hasta el 2,3%, seis décimas menos que en diciembre. La inflación subyacente, sin embargo, se mantuvo en el 2,6%, aunque se puede seguir hablando de un avance moderado del núcleo de los precios, con lo que las previsiones para 2026 apuntan a una inflación más contenida durante todo el año, por debajo del 3% a lo largo de todo el ejercicio, con lo que el promedio anual se situaría ligeramente por encima del 2,0%. 

La desaceleración de la inflación general en enero obedece fundamentalmente al retroceso de los precios energéticos, y, en especial, de la electricidad, al desaparecer el efecto base del cambio de IVA.

En la Unión Monetaria, el IPC armonizado en enero ha descendido tres décimas, hasta el 1,7%, mientras que en España ha disminuido seis décimas, hasta el 2,4%, por lo que el diferencial se reduce a siete décimas.

Análisis desagregado

Los precios energéticos muestran una notable desaceleración (-2,5%, frente al 3,4% de diciembre), debido, fundamentalmente, al menor incremento de los precios de la electricidad (3,7%, frente al 12,6% de diciembre) y a la mayor caída de los carburantes y combustibles (-6,3%, frente al -1,9% de diciembre). El descenso en las tasas de la electricidad viene explicado porque desde este mes estamos comparando de nuevo precios con IVA al 21%, mientras que en la segunda parte de 2025 se comparaban precios con el 21% de IVA respecto a precios con el IVA en el 10% de 2024, reflejando, por lo tanto, no solo el incremento en el precio del suministro, sino también del diferencial del impuesto.

En enero, el precio del petróleo ha repuntado debido al aumento de las tensiones geopolíticas, principalmente entre Irán y Estados Unidos, así como por la debilidad del dólar y las menores compras en India del petróleo ruso. Así, el crudo Brent se situó en el promedio del mes en 66,6 dólares/barril, un 6,5% más que en diciembre. No obstante, en tasas interanuales fue un 16% menor que un año atrás, medido en dólares, y un 25,9% inferior al medirlo en euros. En los primeros días de febrero, el precio continúa aumentando, hasta los 70,2 dólares/barril de media, que, de mantenerse, dejaría un descenso interanual del 6,9% en dólares y del 17,4% en euros. Al margen de la volatilidad actual, se espera que se retome la senda bajista en el precio del crudo en los próximos meses, debido a que las previsiones de aumento de la oferta son mayores a las de la demanda.

Los precios de los alimentos sin elaboración registran una leve desaceleración en su tasa interanual de una décima, hasta el 6,1%, con lo que continúan erigiéndose como el componente más inflacionista de la cesta.

Dentro de la inflación subyacente, todos sus componentes mantienen sus tasas de variación muy similares a los meses previos. Así, los Servicios, que presentan el mayor avance, minoran su tasa interanual una décima hasta el 3,6% y los Bienes industriales sin productos energéticos desaceleran una décima, hasta el 0,6%. Por su parte, los precios de los Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco mantienen su tasa de variación en el 2,1%.

De cara a 2026, se espera que tanto los alimentos no elaborados como los productos energéticos contribuyan a reducir la inflación, al registrar tasas más moderadas o incluso negativas en el caso de los productos energéticos. No obstante, la escalada de tensiones geopolíticas puede provocar subidas bruscas del petróleo y el gas. En lo que respecta a la inflación subyacente y sobre todo al componente de servicios, las subidas del SMI y de los salarios en general, junto con las vacantes en algunos sectores, pueden hacer que las tasas de ese componente muestren un notable grado de resistencia a iniciar una senda de desaceleración.

* Nueva base del IPC

Con el dato de enero de 2026 se implanta la nueva base 2025. Adelantando un año la entrada en vigor del cambio de base, que habitualmente se realiza cada cinco años, para implantar la nueva clasificación internacional de consumo, ECOICOP v2, de manera conjunta en el IPC y en el IPCA, tal como establece el Reglamento Delegado (UE) 2024/3159 de la Comisión.

Viernes, 13 de febrero de 2026

La Sala tiene en cuenta el reconocimiento de los hechos y el arrepentimiento del letrado y le impone 420 euros de sanción, la mitad del coste de la suscripción a un servicio de inteligencia artificial jurídica fiable

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 420 euros a un abogado como autor de una actuación contraria al deber de veracidad y a las reglas de la buena fe con abuso del servicio público de la Justicia, consumada al introducir hasta 48 citas de jurisprudencia falsas, generadas por Inteligencia Artificial, en un recurso de apelación. 

Además de la multa, el Tribunal acuerda dar traslado de su decisión y de los antecedentes al Colegio de Abogados del afectado, a fin de que “si procediera, depure las responsabilidades disciplinarias en que haya podido incurrir”. 

Según el auto que dispone la sanción, el abogado, en la elaboración de un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del TSJC contra un fallo de la Audiencia Provincial de Salta Cruz de Tenerife, se valió de una herramienta de Inteligencia Artificial “generalista” -es decir, no de una solución específicamente diseñada en el ámbito jurídico- para introducir en la fundamentación hasta 48 citas de sentencias del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial que supuestamente avalaban su postura en el pleito y que, en realidad, no existían, según verificó la documentalista del TSJC. 

La Sala advierte que el abogado no sometió a “revisión ni verificación alguna” que las citas se correspondieran con resoluciones o informes reales: “No contrastó que los números de sentencia, las fechas y los identificadores existieran efectivamente”, resalta, y “no verificó los datos de salida de la herramienta de IA con las bases de datos de jurisprudencia -señaladamente, la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), de acceso universal y gratuito- para confirmar siquiera una de esas referencias, lo que le hubiera puesto sobre aviso”. 

A juicio del Tribunal, esta omisión “constituye una quiebra del deber básico de supervisión humana que, como se ha expuesto, resulta indeclinable cuando se emplean herramientas de IA en el ejercicio profesional y vulnera el estándar de diligencia que (…) el Código Deontológico exige al profesional de la abogacía”. 

Multa de 420 euros 

El Tribunal acude a un criterio “ejemplarizante” a la hora de cuantificar la multa: 420 euros, la mitad del coste aproximado de una suscripción anual a una herramienta de Inteligencia Artificial específicamente jurídica de las disponibles en el mercado, “que, de haber sido utilizada” enfatiza, “probablemente hubiera evitado el lamentable resultado que ahora se enjuicia”. 

La Sala impone como multa la mitad del importe aproximado de la herramienta teniendo en cuenta que el abogado, en su respuesta a la Sala cuando esta detectó el supuesto fraude, admitió los hechos y reconoció su responsabilidad de forma expresa, manifestando un arrepentimiento “aparentemente sincero”. 

La Sala enfatiza que no “desconoce ni desdeña” el potencial que las herramientas de inteligencia artificial ofrecen para las profesiones jurídicas, pero recuerda que el principio de supervisión humana es el “eje vertebrador de todas las actuaciones profesionales que comporten el uso de estos sistemas en el ámbito de la abogacía, debiendo el profesional entender la herramienta como asistencial y nunca como decisoria, evitando una dependencia ciega del sistema”. 

Vivienda y Agenda Urbana – 5.2.2026

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha visitado las obras de construcción de 400 viviendas en Aranjuez, que se pondrán a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible gracias a una subvención del Gobierno de España..

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• La ministra ha anunciado que CASA 47 incorpora 200 viviendas en Aranjuez al parque público de vivienda que está promoviendo el Gobierno de España. Estas viviendas provienen de SEGIPSA y serán rehabilitadas para su puesta a disposición de la ciudadanía.

La ministra ha subrayado las condiciones que tendrán estas viviendas: «Todo lo que estamos promoviendo con CASA 47 tiene el 100% de asequibilidad, blindando su protección pública con carácter permanente y blindando la tranquilidad de las personas con contratos de alquiler con 75 años de vigencia».

Rodríguez ha realizado el anuncio en una visita a una promoción de viviendas en construcción en Aranjuez, que están financiadas por el Ministerio en el marco del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), junto al secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el secretario general técnico, Pablo Torres, y la directora general de Planificación y Evaluación, Inés Sandoval.

Viviendas asequibles en Aranjuez

La ministra ha recalcado en su visita a las 400 viviendas que se están construyendo en Aranjuez la importancia de la ayuda que el Gobierno de España ha concedido a través del Plan de Recuperación: «Estos fondos no llovieron de un día para otro. Se los trabajó el presidente del Gobierno tras la pasada crisis de la COVID y gracias a ellos hemos podido estar de la mano del sector desarrollando una fórmula de éxito como en la que nos encontramos».

En total, del coste de las obras que supera los 64 millones de euros, el Gobierno de España ha otorgado una ayuda por valor de 16 millones de euros, y el resto de la inversión procede del promotor privado. Gracias a esta ayuda, el precio del alquiler tendrá carácter asequible.

Rodríguez ha considerado que esta es «la fórmula del éxito». «La de la colaboración de todas las administraciones, y también con el sector privado que quiere contribuir a construir un parque público de vivienda asequible», ha agregado.

Mejoras al Plan VIVE

La ministra ha emplazado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a mejorar el Plan Vive en diferentes aspectos:

• Asequibilidad. Hay que asegurar que el precio del alquiler sea «realmente asequible»; es decir, que nadie tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de los gastos de vivienda, como ya hace el Gobierno con CASA 47.
• Calidad. Para evitar «problemas de calidad que todavía sufren los vecinos de Getafe y otros municipios».
• Agilizar la puesta a disposición de la ciudadanía y aumentar la transparencia. «Para que no se dé la paradoja que en ocasiones se producen más rechazos que adjudicaciones», ha subrayado.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 6.2.2026

«El Ingreso Mínimo Vital está siendo una herramienta eficaz para reducir la pobreza infantil, protegiendo a más de un millón de niños y niñas», ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Desde su puesta en marcha, ha dado cobertura a más de 3,4 millones de personas, de las que casi 1,5 millones son niños y adolescentes.

• El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en enero a 798.312 hogares en los que viven 2.441.675 personas, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del conjunto, más de un millón son niños, niñas y adolescentes, en concreto 1.001.789. La cuantía media de la prestación ha sido de 546,8 euros al mes por hogar. Y en conjunto, la nómina actual ha ascendido a más de 457,7 millones de euros.

Desde enero de 2026, la cuantía de las prestaciones en alta se ha revalorizado un 11,4%, como recoge el Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026. Se da así respuesta a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y a la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, que persigue la garantía de suficiencia de las pensiones, con el objetivo de que sean dignas y suficientes.

En enero de este año 2026, había 126.463 prestaciones activas más que un año antes, es decir, el número de hogares protegidos ha aumentado un 18,8%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 19,1% (391.133) desde enero de 2025.

«El incremento cercano al 19% en el número de hogares protegidos en el último año refleja que el Ingreso Mínimo Vital está llegando cada vez a más familias y reforzando la red de seguridad frente a la vulnerabilidad», afirma la ministra Elma Saiz, que destaca la flexibilidad de la prestación «una política viva que evoluciona para dar una respuesta eficaz a las distintas situaciones de vulnerabilidad».

Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el Ingreso Mínimo Vital tiene un marcado perfil femenino, donde alrededor del 68% de los titulares (542.509) y el 53,4% de los beneficiarios son mujeres, en concreto,1.304.395.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,4 millones de personas.

Protección reforzada a la infancia

El Ingreso Mínimo Vital constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia. Actualmente, el 41% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 1.001.789 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación.

En el primer mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el Ingreso Mínimo Vital (552.281 hogares, el 69,1% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 135.204 son hogares monoparentales.

«El Ingreso Mínimo Vital está siendo una herramienta eficaz para reducir la pobreza infantil, protegiendo a más de un millón de niños y niñas. Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida confirman esta tendencia, con una mejora de los indicadores de pobreza, especialmente infantil, y desigualdad gracias al refuerzo de la protección social», explica la ministra.

El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del Ingreso Mínimo Vital con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En enero, 552.300 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 66 euros por menor y de 119,7 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 4.841,8 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes

La media de edad de los beneficiarios delIngreso Mínimo Vital s de 28,4 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

Requisitos generales para solicitar el IMV

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.

El Ingreso Mínimo Vital es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.

El precio medio de la vivienda crece un 2,2% en el último trimestre del año y alcanza el 9,5% anual en 2025

05/02/2026  

Registradores

El Colegio de Registradores presenta, con su Estadística Registral Inmobiliaria del cuarto trimestre, la evolución de los principales indicadores del mercado inmobiliario en el cierre del año 2025.

En términos de actividad, el número de compraventas de vivienda ha registrado un ascenso trimestral del 2,2%, alcanzando las 178.270; el segundo mayor resultado desde el 3T 2007. El crecimiento anual ha sido del 10,7%, superando las 705.000 operaciones. La vivienda usada alcanza el máximo de toda su serie histórica en el último trimestre del año, 141.450 compraventas, (556.091 en todo 2025, cifras no vistas desde el año 2006). En vivienda nueva se han alcanzado 149.266 compraventas, con un incremento anual del 13,3%. En todas las comunidades autónomas se producen incrementos interanuales, con un dinamismo especialmente marcado en la Región de Murcia, Extremadura y Castilla y León, donde las tasas de crecimiento escalan hasta el entorno del 18%.

El porcentaje de compras de vivienda por parte de extranjeros ha sido del 13,5%, alcanzando algo más de 24.200 operaciones (en el conjunto del año este porcentaje aumenta hasta el 13,8%). De éstas, el 57,3% ha sido realizadas por ciudadanos de la UE, y el 18% de otros países europeos. Por Comunidades Autónomas, sin embargo, esta proporción varía significativamente, alcanzándose los mayores porcentajes en Illes Balears (31,47%), Comunitat Valenciana (27,17%), Canarias (23,12%) y  Región de Murcia (20,74%).

El Índice de Precios de Vivienda de Ventas Repetidas (IPVVR) ha registrado un nuevo máximo histórico, con un crecimiento trimestral del 2,6%. El resultado alcanzado se sitúa un 29,3% por encima de los niveles máximos de 2007. Los precios medios confirman esta tendencia alcista, con un incremento trimestral del 2,2%, anual del 9,5%, alcanzando los 2.354 €/m², otro máximo histórico. En vivienda usada (2.317 €/m²) se ha registrado un ascenso trimestral del 1,8% y en vivienda nueva del 3,7% (2.500 €/m²), de nuevo máximos históricos para ambos grados de uso de vivienda.

Las comunidades autónomas con mayores precios medios han sido Comunidad de Madrid (4.241 €/m²), Illes Balears (4.101 €/m²), País Vasco (3.489 €/m²), y Cataluña (2.779 €/m²). Las provincias han estado encabezadas por Madrid (4.241 €/m²), Illes Balears (4.101 €/m²), Gipuzkoa (3.981 €/m²), Bizkaia (3.389 €/m²) y Málaga (3.232 €/m²), mientras que las capitales de provincia que alcanzan los mayores precios son San Sebastián (6.107 €/m²), Madrid (5.283 €/m²), Barcelona (4.800 €/m²), Palma (4.086 €/m²) y Bilbao (3.514 €/m²). Dieciséis comunidades autónomas y treinta y nueve provincias han registrado incrementos trimestrales.

El número de hipotecas sobre vivienda constituidas en el cuarto trimestre ha sido de 132.385, con un incremento trimestral del 7,2%. Con respecto al total de compraventas de vivienda del trimestre, suponen una proporción del 74,3%, En términos anuales se han contabilizado 498.500 hipotecas, un 14,5% más que en el año 2024. Catorce comunidades autónomas han registrado incrementos trimestrales, y 16 de ellas incrementos anuales, alcanzando las mayores cuantías Andalucía (26.657 trimestrales, 96.819 anuales), Cataluña (22.404 trimestrales, 86.135 anuales), Comunidad de Madrid (19.635 trimestrales, 73.715 anuales) y Comunitat Valenciana (16.667 trimestrales, 60.126 anuales).

El endeudamiento hipotecario por metro cuadrado ha registrado el undécimo incremento trimestral consecutivo (2%), alcanzando un importe medio de 1.763 €/m². El incremento interanual ha sido del 13,9%, situando el importe medio de 2025 en 1.691 €/m². En todas las comunidades autónomas se han registrado crecimientos trimestrales. Las comunidades autónomas con mayores importes medios han sido Comunidad de Madrid (2.935 €/m²), Illes Balears (2.675 €/m²), País Vasco (2.237 €/m²) y Cataluña (2.142 €/m²), mientras que solamente Extremadura (886 €/m²) y Castilla – La Mancha (971 €/m²) se han situado por debajo de los 1.000 €/m².

Nota: La Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores permite conocer información estructural básica del panorama registral inmobiliario y puede ser consultada, por trimestres, en el siguiente enlace web.

Para la consulta y descarga de los principales datos analizados en la presente nota y la propia Estadística Registral Inmobiliaria trimestral puede dirigirse a nuestro portal de Open Data.

Ciencia, Innovación y Universidades – 6.2.2026

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha activado el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias a petición de la Junta de Andalucía.

• El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha desplazado a personal experto a las zonas afectadas por las lluvias en Andalucía para prestar asesoramiento científico.

El CSIC ha activado su protocolo de respuesta a emergencias y ha creado un Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) integrado por especialistas de distintas disciplinas para prestar asesoramiento científico-técnico ante las lluvias que están afectando a la zona de Grazalema (Cádiz).

El GADE está integrado, de momento, por personal experto técnico e investigador especializado en hidrología, que está analizando sobre el terreno el estado del acuífero de la zona de Grazalema, y por especialistas en riesgos asociados a movimientos del terreno. Todos ellos son miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), desplazados al terreno de las unidades territoriales de Sevilla, Granada y Madrid.

La actuación del CSIC se ha activado en respuesta a una solicitud planteada por la Junta de Andalucía. Los trabajos asesoramiento están liderados por la Coordinadora de Emergencias del CSIC, Inés Galindo, y el coordinador del GADE, Juan Carlos García.

Esta es la segunda ocasión que se activa el Protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (PADE) durante este año tras un episodio de contaminación marina en Las Palmas de Gran Canaria. A lo largo de 2025 el Consejo intervino en seis ocasiones en labores de asesoramiento científico en emergencias: las graves inundaciones en Valencia por la DANA y en la mina se sal de Praid (Rumanía), el apagón nacional, los incendios forestales en Las Médulas (Castilla y León) y en Pico del Lobo (Guadalajara), así como en el simulacro de erupción volcánica en Garachico (Tenerife).

El PADE es una herramienta que sistematiza y agiliza la intervención y el apoyo que ofrece el CSIC como asesor experto científico-técnico a los gestores de las emergencias. El protocolo se aprobó en abril de 2024 por parte de la principal institución científica pública española como parte de la estrategia del Consejo de reforzar sus actuaciones de asesoramiento y de poner la evidencia científica al servicio de las políticas públicas.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 3.2.2026

La variación interanual se sitúa en el 2,3% en la serie original, hasta llegar a un total de 21.573.632 de afiliados, la cifra más elevada en un mes de enero.

• El mercado laboral crece en casi 480.000 de afiliados a la Seguridad Social en los últimos doce meses, en concreto, 477.818 afiliados en la serie original, hasta un total de 21.573.632. Se trata de un incremento del 2,3% interanual y del nivel más elevado en un mes de enero en toda la serie.

En comparación con diciembre, se ha marcado un retroceso del 1,2%, en línea con otros meses de enero. Este es tradicionalmente un mes negativo en el mercado laboral, un efecto que este año se ha agravado por tener un clima especialmente adverso. En concreto, ha disminuido en 270.782 afiliados.

Si se descuenta el componente estacional y el efecto calendario, se han registrado 17.311 afiliados más solo en el último mes, hasta llegar a un total de 21.885.039, el nivel más elevado de la serie histórica. Son cerca de 2,1 millones de afiliados desde antes de la reforma laboral.

«Gracias a un importante crecimiento interanual, termina el mes de enero con más trabajadores de la serie. Tenemos que mirar con detenimiento el dato desestacionalizado, y vemos que el comportamiento del mercado laboral sigue siendo muy sólido. Somos la economía que más crece en nuestro entorno y un motor de creación de empleo en Europa», ha indicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social continúa en cifras históricamente altas para un mes de enero, con 10.211.265 de media. Son 235.397 ocupadas más que hace un año; mientras que hay 242.420 afiliados más que hace un año, lo que suma un total de 11.362.366 trabajadores varones. La mejoría en el empleo de las mujeres es del +16,3% desde el año previo a la reforma laboral, 3,2 puntos porcentuales más alta que la de los hombres.

La cifra de trabajadores extranjeros se mantiene en máximos en este mes y se sitúa en 3.038.158. Este colectivo representa el 14,1% del total este mes.

Datos por edades

El comportamiento de la afiliación entre los trabajadores menores de 30 años y de 55 y más es especialmente positivo, con un ritmo de aumento superior a la media desde 2021.

La ocupación de los menores de 30 años se incrementa un 26,7% y la de los mayores de 55 años y más, un 23,7% desde antes de la reforma laboral. Esto supone que crecen casi 15 puntos porcentuales en el primer caso y 12 puntos porcentuales, en el segundo, por encima del incremento del conjunto de la media, que es del 11,8%.

Resulta especialmente relevante el aumento en los trabajadores del grupo de más de 64 años, que ha crecido 51,4 puntos por encima de la media.

Autónomos

El número de trabajadores autónomos sigue creciendo y se sitúa por encima de los 3,4 millones (RETA y SETA), con 37.796 más que hace un año, lo que supone un crecimiento del +1,1%.

Mayor crecimiento del empleo que los países de nuestro entorno

El mercado de trabajo en España (+11%) sigue marcando un ritmo de crecimiento superior al de otras economías europeas (Italia, +6%; Francia, +2,1%; Alemania, +1,4%), con referencia a datos de finales de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Más estabilidad y calidad en el empleo

Desde enero de 2021, se ha producido una gran transformación en los tipos de contratos de nuestro mercado de trabajo: hay 4.641.341 más con contrato indefinido y 1.897.432 afiliados menos con contrato temporal. Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios. El mayor incremento se produce entre los contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 299.915 más que hace un año. Mientras que los contratos a tiempo parcial aumentan en 65.159.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,6%, frente al 29.4% que suponía en enero de 2019. Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de 55 y más años, que tienen una tasa de temporalidad del 9,1% cuando hace siete años tenían una superior al 20%.

USO

3 febrero, 2026 

• Casi 80.000 personas más desean un nuevo puesto de trabajo
• La parcialidad, que sigue creciendo, está detrás de muchas de las personas que quieren cambiar de empleo
• Solo el 18,26 % del total de contratos en enero fueron indefinidos a tiempo completo

El paro ha comenzado el año subiendo, especialmente en el noroeste, y con un mejor comportamiento del empleo en las islas. 30.392 personas más están hoy en paro con respecto al mes pasado, hasta las 2.439.062.

Los demandantes de empleo suponen casi 2 millones más, hasta los 4.380.992. Aquí la subida ha sido mayor desde el mes pasado, de cerca de 80.000 personas.

“De esos, cerca de 1,4 millones están ocupados. Esto nos habla de la calidad, mala, del empleo. No solo sube el paro, sino que quienes trabajan desean mejorar. Es fruto del aumento de las jornadas parciales, principalmente.

La mayoría de ellas, no deseadas. Una persona que no puede vivir con un tercio de sueldo o con medio sueldo, obviamente seguirá buscando trabajo”, denuncia Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Y la tendencia con respecto a la parcialidad es al alza, porque así sigue siendo la contratación. La firma de contratos ha caído tanto mirando a diciembre como a enero de 2025. De los cerca de 1,2 millones registrados el mes pasado, solo el 18,26 % fueron indefinidos a jornada completa.

La estructura de la contratación sigue pecando de los mismos males asentados durante décadas. Por ejemplo, la contratación es pareja cuando es temporal, pero los hombres se benefician de casi el 60 % de los contratos indefinidos.

“En los últimos meses, hemos visto cómo caen en el Congreso la jornada laboral, la subida del SMI, la revalorización de las pensiones… lecturas sobre su uso político puede haber muchas, pero la realidad es que los problemas reales de la ciudadanía no cuentan. El Congreso es un lugar inhóspito para las políticas laborales, ni siquiera se considera la posibilidad de pactar una reforma laboral de Estado, con el apoyo de amplias mayorías, que luche de verdad contra la temporalidad, la parcialidad y la rotación”, pide Pérez.

El secretario general de USO lamenta que “tras conocer la semana pasada que por primera vez en casi dos décadas teníamos un paro de un solo dígito, terminemos el mes creciendo de nuevo. Los datos macroeconómicos avalan la mejoría española, pero el sentir en la calle es otro. No solo es tener trabajo, es tener un salario que permita vivir de tu propio trabajo. Y entre sueldos parciales y subida de precios básicos, ese deseo cada vez está más lejos para muchos”.

Comisión de Vivienda y Agenda Urbana

Vivienda y Agenda Urbana – 30.1.2026

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha llamado a buscar acuerdos para seguir avanzando en las políticas públicas de vivienda, ya que «eso es lo que demanda la mayor parte de la ciudadanía».

• Isabel Rodríguez ha anunciado que CASA 47, la Entidad Pública de Vivienda adscrita al departamento que lidera, licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas que se pondrán a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible.

Lo ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en el Congreso de los Diputados. La construcción de estas viviendas, que se sumarán a las 1.664 licitadas durante 2025, se desarrollarán en colaboración público-privada.

En paralelo, CASA 47 continúa adecuando las viviendas procedentes de la Sareb para ponerlas cuanto antes a disposición de la ciudadanía, y próximamente aprobará las bases para la adquisición de viviendas por importe de 100 millones de euros para incorporarlas al parque público de vivienda.

En su intervención, Rodríguez ha subrayado los consensos existentes en materia de vivienda, como la necesidad de blindar el parque público de vivienda para que nunca se pueda especular con él, y ha llamado a buscar acuerdos en aquellos ámbitos en los que persistan las diferencias.

Regulación del alquiler de temporada y prórroga del escudo social Rodríguez ha pedido a los grupos que intensifiquen su trabajo para seguir avanzando en la garantía del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

Algunas de las medidas que están sobre la mesa y para las que ha reclamado el acuerdo son:

• Regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones
• Prórroga del escudo social para proteger a las personas vulnerables
• Iniciativas fiscales para que los pisos turísticos paguen el 21% del IVA, y para incrementar la carga fiscal a las viviendas vacías y a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes

La ministra ha recriminado a determinados grupos que hagan «demagogia» al al vincular pobreza con delincuencia para justificar su voto negativo a una medida de protección social.

«Son personas que están en una situación a la que hay que ayudar siempre. El día de mañana podemos ser cualquiera de nosotros y vernos abocados a esa situación», ha expuesto.

La importancia de los datos públicos

La ministra ha destacado que los datos oficiales publicados por la Comunidad Foral de Navarra en relación con la aplicación de la Ley de Vivienda. Durante los primeros seis meses posteriores a la declaración de 21 municipios como zona de mercado tensionado, los precios del alquiler se han contenido un 8,6%, mientras que la oferta se ha mantenido estable.

«La Ley de Vivienda funciona», ha sentenciado Rodríguez, que ha instado a las comunidades autónomas que aún no hacen públicos todos los datos relacionados con el mercado de la vivienda a hacerlo. Asimismo, ha reprochado a algunos comparecientes que desdeñen los datos públicos y que, en cambio, utilicen los de empresas privadas sin tener en cuenta los legítimos intereses mercantiles de estas.

Consejo Asesor de Vivienda

En su comparecencia, Rodríguez ha resaltado la importancia de que todos los actores implicados en el ámbito de la vivienda participen de las soluciones. En este sentido, ha señalado que la puesta en marcha del Consejo Asesor de Vivienda supone un paso adelante en la búsqueda de consensos.

Dicho consejo está integrado por 37 entidades «con una representación muy equilibrada de la realidad que afecta al problema de la vivienda y su solución, desde la PAH o el sindicato de inquilinas, a los agentes sociales clásicos, sindicatos y organizaciones empresariales».

30 Ene 2026

CEOE

El dato de avance de Contabilidad Nacional Trimestral del cuarto trimestre ha vuelto a sorprender al alza, con una tasa trimestral del 0,8%, dos décimas más que el trimestre anterior. Dada la mejora del crecimiento de la actividad en la última parte del año, la economía española cuenta con un importante efecto arrastre para 2026, aunque en tasas interanuales se observe una suave desaceleración de la economía desde el 3,0% del primer trimestre al 2,6% del cuarto.

De hecho, aunque el crecimiento trimestral fuese nulo todos los trimestres de este año, la economía aumentaría un 1,1%, con lo que, incluso con avances muy moderados, la economía mostrará un dinamismo notable. Así, las previsiones de crecimiento del PIB en 2026 podrían situarse en torno al 2,3%. 

De cara a 2026, la incertidumbre sigue siendo elevada, pero el balance de los riesgos estaría bastante equilibrado. Por la vertiente exterior, el principal es el geopolítico, que sobre todo puede dar lugar a incrementos de los precios de las materias primas.

En el ámbito interno, los principales impactos negativos pueden llegar por una política económica que introduzca una mayor incertidumbre y genere mayores costes a la actividad empresarial, sobre todo en el mercado laboral, que pueden frenar decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos. Además, se espera una menor aportación de los servicios turísticos al encontrarse en máximos históricos. Por el lado positivo, el descenso de los tipos de interés y de la inflación pueden continuar impulsando el consumo y la inversión, de familias y empresas.

Análisis de los datos
La actividad económica mantiene un notable dinamismo en el cuarto trimestre (0,8% trimestral) gracias a la fortaleza del consumo privado y al repunte de la inversión. La demanda nacional aporta 1,0 puntos al crecimiento trimestral.

El mayor avance de las importaciones frente a las exportaciones hace que la aportación del sector exterior reste 0,2 puntos porcentuales al PIB trimestral. El Excedente de Explotación Bruto sigue perdiendo peso en el PIB, frente al aumento de la remuneración de los asalariados.

En cuanto al conjunto del año, en 2025 la economía española ha presentado un crecimiento del 2,8%, lo que supone una desaceleración frente al 3,5% del año anterior. Aun así, continúa siendo de las más dinámicas de la Eurozona, cuyo avance se estima que se situará en el 1,4%.

Destaca un cambio en la composición del crecimiento, con mayor fortaleza de la demanda nacional (3,6 puntos, frente a 3,3 en 2024), donde repunta notablemente la inversión (6,3%, tras el 3,6% de 2024) y hay cierta aceleración del consumo privado (3,4%, frente al 3,0%). 

Por el contrario, la demanda externa ha vuelto a restar crecimiento (-0,8 puntos) por primera vez desde 2021. Esta situación se explica porque las importaciones de bienes y servicios han mostrado una significativa aceleración (6,3%), frente a un moderado aumento de las exportaciones (3,4%). 

En contraste con la desaceleración del PIB, el empleo repuntó, hasta situar su incremento en el 3,1% en 2025, frente al 2,8% anterior. La productividad por ocupado ha caído en 2025 un -0,3% y todavía está un 3,7% por debajo de los niveles de 2019.

El crecimiento de las rentas salariales en 2025 volvió a ser sensiblemente superior al del PIB nominal. En contraste, el Excedente de Explotación Bruto sigue perdiendo peso en la economía.

27/01/2026

?El texto garantiza descuentos en 2026, refuerza la movilidad sostenible y la cohesión territorial. 

El Congreso de los Diputados ha convalidado este martes (por 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones) el Real Decreto-ley 17/2025, que garantiza la continuidad de las ayudas a usuarios y operadores del servicio público de transporte y consolida una política pública que facilita la vida cotidiana de millones de personas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha defendido el RD-ley en representación del Gobierno, ha subrayado que esta norma “da continuidad y estabilidad a una política pública que ha demostrado su utilidad y que facilita el acceso a la movilidad de millones de personas, refuerza la cohesión social y territorial y contribuye a la descarbonización de la movilidad».

Además, el ministro ha resaltado que, desde la implantación de los descuentos en septiembre de 2022, el uso del transporte público ha crecido más del 32% en España, alcanzando una media de 405 millones de viajes al mes en 2024.

Prórroga de las bonificaciones al transporte público para 2026

La norma prorroga durante todo el año 2026 las bonificaciones al transporte público vigentes en el segundo semestre de 2025, con el objetivo de ofrecer certeza y previsibilidad a los usuarios, administraciones y operadores.

En el ámbito de los servicios de competencia estatal, se mantienen las ayudas a los servicios de autobús interregionales y a los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distancia. Además, en los servicios estatales de autobús se mantienen las medidas vigentes, como la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de 10 viajes con un descuento del 40% y el abono mensual con bonificaciones del 50% (70% para jóvenes).

En los transportes públicos de competencia autonómica y local, el RD-ley prorroga la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes y una bonificación general del 20% para el resto de usuarios. Como novedad, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible asume directamente la financiación de esta bonificación general del 20%, sin exigir cofinanciación adicional a las comunidades autónomas ni a las entidades locales.

En Renfe, se prorrogan las actuales bonificaciones en Cercanías, Media Distancia y servicios Avant, manteniendo también la gratuidad infantil en todos los núcleos.

Abono Único y medidas complementarias en Renfe

El Real Decreto-ley ha creado el Abono Único, un título de transporte que permitirá realizar desplazamientos ilimitados por un precio fijo durante 30 días en servicios de competencia estatal (Cercanías, Media Distancia y autobuses interregionales) con tarifas diferenciadas para adultos y jóvenes.

El Gobierno destina más de 1.371 millones de euros para financiar estas medidas durante 2026, consolidando una apuesta por la movilidad sostenible y la cohesión territorial.

Hacienda – 30.1.2026

Los Fondos de la Seguridad Social registran un superávit de 8.505 millones frente a los 4.477 millones del mismo periodo del año anterior

• El Ministerio de Hacienda ha publicado en su web datos correspondientes a la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2025.

Así, el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de noviembre en términos de contabilidad nacional, se sitúa en el 1,08% del PIB equivalente a 18.206 millones de euros. Si se excluye el impacto de la DANA, estimado en 4.502 millones, el déficit se reduce al 0,81% del PIB, esto es, 13.704 millones de euros. En ambos casos, el resultado mejora respecto al 1,70% del PIB registrado en el mismo periodo de 2024. En términos de importe, el déficit excluyendo el impacto DANA registra un descenso del 40,3% respecto al mismo periodo de 2024.

Administración Central

El déficit de la Administración Central se sitúa en 30.117 millones de euros en noviembre de 2025, inferior en un 22,6% al del mismo periodo de 2024, con 38.895 millones.

Con motivo de las graves inundaciones provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), se ha registrado un gasto de carácter extraordinario, de acuerdo con la información disponible, de 3.146 millones, de los cuales 1.885 millones son transferencias finalistas a la Administración local.

Hasta noviembre de 2025 el Estado ha registrado un déficit equivalente al 1,83% del PIB, situado en 30.917 millones, inferior en un 18,9% al de 2024, con 38.107 millones. Este resultado se ha visto afectado por la liquidación definitiva del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales correspondiente al ejercicio 2023, practicadas en julio de 2025, suponiendo un aumento de déficit para el Estado de 13.627 millones respecto al anterior ejercicio.

Por su parte, los Organismos de la Administración Central registran un superávit de 800 millones, mientras que en 2024 tuvieron un déficit de 788 millones. Esta evolución se debe al impacto del gasto extraordinario derivado de la catástrofe de la DANA, por importe de 506 millones en este ejercicio, frente a los 4.074 millones de 2024, que se recogieron en las cuentas del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

Comunidades Autónomas

La Administración Regional registra un superávit a finales de noviembre de 2025 de 3.406 millones de euros, lo que equivale al 0,20% del PIB.

El aumento de los ingresos en un 3,8% eleva los recursos a 248.118 millones, situándose 1,9 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del gasto, que se incrementa en un 5,7%, hasta alcanzar los 244.712 millones.

Los impuestos han crecido un 7,2% incrementándose hasta los 97.803 millones. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzan la cifra de 21.291 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementan en un 6% hasta situarse en un total de 73.632 millones, de los cuales 63.792 millones corresponden a las entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un aumento del 9,9%. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital alcanzan los 2.880 millones de euros.

Las transferencias entre AAPP ascienden a 129.684 millones. Del importe anterior, las transferencias recibidas del Estado por el sistema de financiación alcanzan los 95.349 millones.

Al mismo tiempo, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 20.252 millones de euros, con un descenso del 0,8% respecto a noviembre de 2024.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 2,9% hasta situarse en 97.590 millones. Los consumos intermedios aumentan un 5,9% hasta situarse en 39.960 millones. Las subvenciones se sitúan en 4.698 millones, cifra superior en un 14% a la del mismo periodo de 2024. Por su parte, los intereses aumentan un 6,5% hasta 7.064 millones.

Las transferencias sociales en especie se elevan en un 4,2%, lo que supone 1.402 millones más, hasta los 35.086 millones. En esta rúbrica se recoge el gasto en farmacia con un incremento del 3,9%, (489 millones más) hasta 13.163 millones, los conciertos de asistencia sanitaria con un incremento del 7,1% (440 millones más) hasta 6.618 millones, y los conciertos educativos con un aumento del 3,9%, (283 millones más), hasta 7.572 millones.

Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie aumentan hasta los 5.337 millones. Finalmente, la inversión alcanza los 17.909 millones.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social a finales de noviembre de 2025 registran un superávit de 8.505 millones, superior en 4.028 millones al resultado del ejercicio anterior, que ascendía a 4.477 millones. En términos de PIB el superávit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,50%.

Se puede observar un crecimiento de los ingresos del 7,8% (destaca el comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 6,9%) frente al aumento registrado en los gastos de un 6,1%.

Hay que recordar que en enero de 2023 se inició la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que consiste en una cotización adicional finalista aplicable en todos los regímenes y en todos los supuestos en los que se cotice por la contingencia de jubilación, que no será computable a efectos de prestaciones y que se destinará al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En 2025, esta cotización adicional es de 0,8 puntos porcentuales, mientras que en 2024 fue de 0,7 puntos porcentuales.

Por otro lado, cabe destacar la revalorización de las pensiones en un 2,8% con carácter general y en un 9% en el caso de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Sistema de Seguridad Social registra en el undécimo mes de 2025 un superávit de 6.172 millones, el 0,37% del PIB, frente al superávit de 0,14% de noviembre de 2024. Los recursos han ascendido a 210.342 millones, un 8,1% superiores a los de 2024. Destaca el aumento en un 7,1% de las cotizaciones sociales. El número de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos los regímenes ha crecido un 2,5% respecto a noviembre de 2024. Por su parte, el gasto se sitúa en 204.170 millones, lo que corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que ha crecido un 5,9% hasta 168.273 millones.

Al igual que ya ocurrió en años anteriores, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un superávit de 2.018 millones, superior en un 4,4% al de 2024, que fue de 1.933 millones.

El FOGASA presenta un superávit de 315 millones, frente a los 326 millones de superávit registrados en el mismo periodo de 2024.

29 Ene 2026

CEOE y CEPYME denunciamos, una vez más, la falta de respeto que el Gobierno muestra por el diálogo social al haber filtrado a los medios de comunicación una nueva propuesta de actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), destinada supuestamente a alcanzar un acuerdo con las organizaciones empresariales, antes de plantearla en la propia mesa de negociación.

Así pues, por el lado de las formas, queremos dejar claro que no hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución, por la política del anuncio y la puesta en escena. 

En cuanto al contenido de la propuesta, de lo que hemos podido conocer por la prensa, deducimos que supone la sustitución de la esperada indexación de los contratos públicos por unas fórmulas trileras y que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada, de espaldas a lo compartido por todos los interlocutores del diálogo social bipartito en el AENC. 

Esto es así porque, entre otras cosas, deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores. De hecho, la medida excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro. 

Además, establece condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa. Es puro intervencionismo. 

El Comité Ejecutivo de CEOE emitirá una valoración una vez el Gobierno nos haga entrega de la documentación necesaria para poder hacerlo.

29 Ene 2026

CEOE

Reunido el Comité Ejecutivo extraordinario este jueves, sin que se hayan podido seguir los procesos mínimos de consulta propios del diálogo social al no haber recibido ninguna propuesta en firme en la mesa de negociación de esta tarde, y en plena descoordinación y conflicto entre ministerios sin precedentes, se ha decidido por unanimidad no apoyar la propuesta de subida del SMI planteada por el Gobierno.

Queremos dejar claro también que esta subida es una trampa, dado que Trabajo realmente ha pactado con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas.

CEOE y CEPYME queremos señalar con rotundidad que nunca se había visto una falta de respeto y un desprecio tan claro al diálogo social como el que estamos presenciando en estos días.

Vivienda y Agenda Urbana – 28.1.2026

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha intervenido en la sesión plenaria del Consejo Económico y Social (CES), donde ha insistido en la importancia de disponer de datos fiables para impulsar políticas públicas y garantizar su eficacia.

• Durante su intervención en la sesión plenaria del Consejo Económico y Social (CES), Rodríguez ha defendido que estos datos garantizarán el éxito de las respuestas al problema: «No se puede gobernar lo que no se mide; no se puede evaluar lo que no se registra; no se puede corregir lo que no se conoce».

Isabel Rodríguez ha señalado que España se ha enfrentado a crisis recurrentes de vivienda porque «a diferencia del resto de derecho sociales, el derecho constitucional a la vivienda no ha sido desarrollado ni atendido con la continuidad y la ambición que exigía» hasta ahora. En ese sentido, la ministra cree que «si tenemos claro los objetivos y aunamos esfuerzos, estoy convencida de que lograremos garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada para todas y todos».

«El Gobierno está determinado y trabajando para solucionar este problema para hoy y para siempre. Desde 2018, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se han movilizado un presupuesto récord y se ha aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia, poniendo punto y final a la anomalía de no haber desarrollado en 45 años el artículo 47 de la Constitución Española», ha apuntado.

«Al amparo de esa Ley, hace dos años nació el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lo que nos ha permitido desplegar toda la regulación necesaria y activar los recursos del Estado al servicio del derecho a la vivienda. Y hemos impulsado un cambio de paradigma fundamental: defender que los derechos se garantizan desde lo público. No se puede delegar su cumplimiento exclusivamente al crédito privado o a las iniciativas de promotores, por más bienintencionados que sean; son necesarios, pero la garantía debe ser pública», ha concluido.

Un informe para el diagnóstico y aportar acierto en las soluciones

En esa búsqueda de transparencia en el sector, Rodríguez ha apuntado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha solicitado al CES un informe monográfico sobre la política de vivienda y su impacto económico y social que sea «analítico, estructural y propositivo».

La ministra ha justificado la necesidad de este informe en que «la vivienda exige algo que hoy escasea en el debate público, pero que aquí forma parte de su ADN institucional: análisis riguroso, deliberación serena y conclusiones capaces de concitar acuerdos».