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Luis Noval Ferrao

1 de agosto, 2021
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El Gobierno prevé que la economía recupere en 2022 el nivel previo a la pandemia por COVID-19

1 de agosto, 2021

Consejo de Ministros

El Gobierno prevé que la economía recupere en 2022 el nivel previo a la pandemia por COVID-19

La Moncloa, Madrid, martes 27 de julio de 2021

El Ejecutivo mantiene su previsión de crecimiento en el 6,5% para 2021 y en el 7% para 2022 y fija el techo de gasto para el año que viene en más de 196.000 millones de euros. Además, ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2021, que asciende a 30.445 plazas, la mayor de la serie histórica.

El Gobierno ha acordado un límite de gasto no financiero para el año 2022 de 196.142 millones de euros, que supone la cifra más alta de la historia en la asignación de recursos para los próximos Presupuestos Generales del Estado, como ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Este paso es fundamental en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos, junto a la publicación, el pasado 28 de junio, de la Orden ministerial que dicta las normas para su elaboración.

Montero ha afirmado que los objetivos de las cuentas públicas para 2022 son la consolidación de la recuperación económica y el blindaje del Estado de bienestar, «clave para ensanchar la clase media, que es el verdadero motor de nuestro país». La ministra ha señalado que es empeño del Ejecutivo construir una España más fuerte, más justa y más productiva «entre todos».

En este sentido, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha expresado su confianza en que los grupos de la oposición secunden estos objetivos en el trámite parlamentario: «El acuerdo es un valor, el entendimiento genera riqueza, crea empleo y esta es una máxima que todos deberíamos incorporar para trabajar en esa senda de diálogo que, sin duda, aportará a nuestro país».

Sostenimiento de las pensiones

María Jesús Montero ha señalado que, en los 196.142 millones de euros fijados como techo de gasto, se incluyen 18.396 millones como transferencia al Sistema de la Seguridad Social -un 32% más que el año pasado- para, en línea de cumplimiento con las recomendaciones del Pacto de Toledo, sostener el pilar de las pensiones, «una de las prioridades para este gobierno».

Asimismo, se incluyen 25.622 millones de euros procedentes de la Unión Europea para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Suspensión de las reglas fiscales también en 2022

La ministra de Hacienda ha informado de que el acuerdo alcanzado hoy incluye la solicitud al Congreso de los Diputados para que aprecie que siguen concurriendo las circunstancias extraordinarias, derivadas de la pandemia, para incurrir en déficit estructural y que pueda seguir en suspenso, como en 2021, la obligación de establecer los objetivos de estabilidad y las reglas fiscales.

No obstante, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado que el Gobierno y el conjunto de las Administraciones públicas mantienen su responsabilidad en relación con la consolidación fiscal y la sostenibilidad presupuestaria y por ello se han fijado tasas de referencia.

Así, el déficit se ha establecido para 2022 en un 5% para el conjunto de las Administraciones Públicas, que supone un 3,4% menos respecto al 8,4% con que se prevé cerrar el actual ejercicio 2021.

La Administración del Estado asumirá la mayor parte de ese porcentaje, un 3,9%, tal y como ya hizo el año pasado para proteger al resto de administraciones, que son «las que sustentan el estado del bienestar, la sanidad, la educación y los servicios sociales», ha puntualizado Montero. La tasa para las comunidades autónomas se sitúa en el 0,7% y para las entidades locales seguirá siendo cero.

Previsiones macroeconómicas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que el informe de situación de la economía española refleja una evolución muy positiva desde mediados de marzo, que se ha consolidado en el segundo trimestre con un crecimiento que podría superar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Evolución positiva de la economía y recuperación del empleo

Durante la presentación del escenario macroeconómico, Calviño ha afirmado que «todos los indicadores y previsiones apuntan a una fuerte recuperación económica en la segunda mitad del año». En este sentido, ha destacado que el dinamismo del empleo es el mejor reflejo de la fortaleza de la recuperación. El número de trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo ha pasado de un millón a principios de febrero a 340.000, un tercio de ellos en ERTE a tiempo parcial.

En la misma línea, los autónomos cubiertos por la prestación extraordinaria de cese de actividad se situaron a finales de junio en el entorno de las 160.000 personas, el menor nivel en nueve meses. Y las afiliaciones a la Seguridad social han registrado el mayor crecimiento de la serie histórica en el mes de junio, superando incluso los niveles de afiliación bruta de 2019.

La ministra ha subrayado que en el promedio del mes de julio se podría recuperar más del 90% del empleo neto perdido como consecuencia de la pandemia y la prioridad del Gobierno sería la reincorporación de los 340.000 trabajadores aún cubiertos por ERTE.

Nadia Calviño ha avanzado que si la evolución del empleo sigue siendo positiva, en septiembre se podría estudiar un aumento del Salario Mínimo Interprofesional que permita avanzar «hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para final de legislatura».

Reactivación del consumo

La recuperación del empleo, según ha expuesto la ministra, está acompañada por una reactivación en el consumo. Además de los indicadores cuantitativos, como el gasto con tarjeta o la demanda de energía, los cualitativos también reflejan una recuperación de la economía. Las expectativas de los consumidores y empresarios han mejorado y se ha reactivado el turismo gracias al avance de la vacunación.

La titular de Asuntos Económicos ha resaltado que todos los analistas prevén que España recuperará en 2022 el nivel de PIB previo a la pandemia y que en 2023 se situará en la senda de crecimiento anterior.

Calviño ha añadido que el conjunto de medidas de apoyo a familias, trabajadores y empresas adoptadas por el Gobierno desde el principio de la pandemia «han conformado una red de seguridad, un escudo social que ha sido clave para amortiguar su impacto económico y social y proteger una base para la recuperación económica».

El PIB crecerá un 6,5% este año y un 7% el próximo

El Ejecutivo mantiene sus previsiones de crecimiento en el 6,5% para 2021 y en el 7% para 2022, en línea con las previsiones macroeconómicas compartidas en el mes de abril, con una revisión al alza de la contribución del sector exterior, gracias al aumento de las exportaciones de bienes durante el primer trimestre del año.

Nadia Calviño ha explicado que el consumo privado muestra un gran dinamismo por la reapertura progresiva y por el ahorro neto embalsado de los hogares, que según las estimaciones del Gobierno, se sitúa en 60.000 millones de euros durante el primer trimestre del año.

La ministra también ha destacado el dinamismo de la inversión, en particular en bienes de equipo, si bien revisa ligeramente a la baja la previsión de inversión en construcción. El turismo extranjero alcanzaría un nivel ligeramente inferior al 50% del registrado en 2019 y el nacional llegaría al 75%.

La tasa de paro se mantiene en el entorno del 15% este año y del 14% el año próximo. En este punto, Nadia Calviño ha incidido en que España está encarando la quinta ola de la pandemia con una tasa inferior a la prevista por instituciones como el Banco de España o la OCDE, que la situaban entre el 20% y el 25%. Además, ha trasladado que los informes del Gobierno reflejan progresos en transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social, ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Calviño ha reiterado que gracias a las medidas adoptadas desde marzo de 2020, el Ejecutivo ha suavizado el impacto social negativo de la crisis, ha respondido con instrumentos para evitar un aumento de la desigualdad, proteger a los colectivos más vulnerables y mitigar el deterioro de la solvencia empresarial.

Ley Crea y Crece para favorecer la creación de empresas

El Gobierno ha lanzado en audiencia pública el Anteproyecto de Ley Crea y Crece, una norma cuyo objetivo es impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Nadia Calviño ha detallado que la futura ley incorpora mejoras en cuatro ámbitos. Facilita la constitución de empresas, que se podrán crear con un capital social de un euro y de forma digital. Incluye medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos.

La norma también mejora el clima de negocios y el entorno regulatorio de las actividades económicas, reforzando la cooperación con las comunidades autónomas y corporaciones locales y modifica el funcionamiento de la Ley de Unidad de Mercado. Asimismo, incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el ‘crowdfunding’.

30.445 plazas en la Oferta de Empleo Público 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2021, que incluye 30.445 plazas, un 8,5% más que el año pasado. 13.982 plazas son de ingreso libre y 9.509 de promoción interna para la Administración del Estado. El resto corresponde a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fueron aprobadas ya mediante Real Decreto.

Esta oferta es «la mayor de la serie histórica», ha resaltado la ministra responsable de Función Pública, María Jesús Montero. Sumada a las de los tres años anteriores, supone la convocatoria por el gobierno actual de 110.000 plazas de empleo público, un 73% más que durante los seis ejercicios anteriores, de 2012 a 2017.

Montero ha reiterado la importancia de lo público en relación con la protección de las personas y la necesidad de articular una administración moderna, ágil y transparente, capaz de acompañar los retos de transformación contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una de cuyas política palanca es precisamente «Una Administración para el siglo XXI».

En consonancia con estos objetivos, la Oferta de Empleo Público pone el acento en las actividades conectadas con el Plan: un 12% de las plazas se dirige a las vinculadas a la transformación digital; más del 10% a la modernización del sistema fiscal; un 8,4% a la reforma de la justicia, y más del 5% a sanidad y a infraestructuras y ecosistemas resilientes. Asimismo, se potencian las plazas asociadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), con un aumento del 37% de las convocadas respecto a 2020.

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Auto del Vicepresidente del Tribunal General en el asunto T-272/21 R Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento

1 de agosto, 2021

Tribunal General de la Unión Europea

Luxemburgo, 30 de julio de 2021

Auto del Vicepresidente del Tribunal General en el asunto T-272/21 R Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento

El Vicepresidente del Tribunal General desestima la demanda de suspensión del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y D.ª Clara Ponsatí i Obiols

El 13 de enero y el 10 de febrero de 2020, el Parlamento Europeo recibió unos suplicatorios de suspensión de la inmunidad de D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y Dña. Clara Ponsatí i Obiols, diputados electos al Parlamento. La finalidad de dichos suplicatorios, presentados por el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el marco de un proceso penal por, entre otros, presuntos delitos de sedición, era dar curso a la ejecución de las órdenes de detención europeas emitidas contra los diputados.

Mediante decisiones adoptadas el 9 de marzo de 2021, el Parlamento suspendió la inmunidad de los tres diputados. El 19 de mayo de 2021, estos interpusieron ante el Tribunal General un recurso de anulación contra las citadas decisiones. Aducen que el Parlamento no les ha garantizado la posibilidad de ejercer, en su calidad de diputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión, y que ha vulnerado los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (1)

El 26 de mayo de 2021, los diputados presentaron una demanda de medidas provisionales en la que piden al Vicepresidente del Tribunal General que suspenda la ejecución de las mencionadas decisiones. Consideran que las decisiones del Parlamento permiten a cualquier Estado miembro y al Reino Unido detenerlos o restringir sus desplazamientos y entregarlos a las autoridades españolas. Según los diputados, las decisiones no se oponen a que sean detenidos provisionalmente, tras su posible entrega a las citadas autoridades. Estiman que ello podría causarles un perjuicio grave e irreparable y vulneraría su derecho a desempeñar sus funciones de diputados europeos. Añaden que la eventual anulación de las decisiones del Parlamento no podría ser ejecutada si, en el momento de producirse, ya hubieran sido objeto de dichas entrega y detención.

Mediante auto de 2 de junio de 2021, adoptado sobre la base del artículo 157, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Vicepresidente del Tribunal General ordenó que se suspendiera la ejecución de las decisiones del Parlamento hasta que se adoptara el presente auto, que pone fin al procedimiento de medidas provisionales. (2)

Mediante su auto de 30 de julio de 2021, el Vicepresidente del Tribunal General revoca su auto de 2 de junio de 2021 y desestima la demanda de medidas provisionales de los diputados.

El Vicepresidente del Tribunal General recuerda que la suspensión de la ejecución puede ordenarse si la parte que la solicita demuestra que su concesión está justificada a primera vista de hecho y de Derecho (fumus boni iuris) y que es urgente, en el sentido de que, para evitarle un perjuicio grave e irreparable, es necesario que la suspensión sea acordada y surta efectos desde antes de que se resuelva sobre el recurso principal. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben desestimarse cuando no concurra alguno de ellos. El juez de medidas provisionales debe hacer, asimismo, en su caso, una ponderación de los intereses en juego.

El Vicepresidente del Tribunal General examina primeramente si se cumple el requisito relativo a la urgencia.
Subraya en primer lugar que, a efectos del análisis del requisito de la urgencia, los diputados han adoptado la interpretación de las decisiones del Parlamento que resulta más lesiva para sus derechos. El Vicepresidente del Tribunal General rechaza la argumentación basada en esta interpretación puesto que, para apreciar este requisito, únicamente procede tomar en consideración los efectos objetivos de las decisiones, determinados en función del contenido de estas.

En segundo lugar, el Vicepresidente del Tribunal General señala que las decisiones del Parlamento suspendieron únicamente la inmunidad de que gozan los diputados, en el territorio de todo Estado miembro distinto de su territorio nacional, frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial. En cambio, como admitió el Parlamento, la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta. En consecuencia, pueden desplazarse para asistir a las reuniones del Parlamento y no pueden invocar válidamente, para acreditar la existencia de un perjuicio grave e irreparable, un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, con ocasión de un desplazamiento para participar en una sesión parlamentaria en Estrasburgo o para regresar de esta.

En tercer lugar, el Vicepresidente del Tribunal General estima que los diputados no han demostrado que pudieran ser objeto de una detención inminente. En efecto, primeramente, el acaecimiento de ese perjuicio depende de que concurran múltiples factores. Seguidamente, el Vicepresidente del Tribunal General considera que los diputados no han demostrado que su detención o la limitación de sus desplazamientos ni, con mayor razón, su entrega a las autoridades españolas y su posterior puesta en situación de detención provisional fueran previsibles con un grado de probabilidad suficiente, en particular respecto al Estado en el que residen –Bélgica.

Por otra parte, el 7 de enero de 2021, las autoridades judiciales belgas denegaron la ejecución de una orden de detención europea dictada contra D. Lluís Puig i Gordi –que es asimismo objeto del proceso penal de que se trata y de una orden de detención europea, pero que, a diferencia de los diputados, no goza de inmunidad parlamentaria– por entender que la ejecución de dicha orden pondría en peligro los derechos fundamentales de la persona afectada. Ello motivó que el Tribunal Supremo, en el marco del proceso penal de que se trata, planteara al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial el 9 de marzo de 2021, con objeto de dilucidar, en particular, si le está permitido a la autoridad judicial de ejecución rechazar la entrega de la persona reclamada a través de una orden de detención europea sobre la base de causas de denegación previstas en su Derecho nacional, pero no contempladas como tales en la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea 3 (asunto Puig Gordi y otros, C-158/21). Habiéndose suspendido el proceso penal de que se trata mediante esta petición, la ejecución de las órdenes de detención europeas también ha sido suspendida, como ha indicado España, que interviene en apoyo del Parlamento.

Los diputados no han aportado ninguna información que permita cuestionar lo anterior, de modo que el Vicepresidente del Tribunal General estima que, mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie en el asunto prejudicial Puig Gordi y otros, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan

Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1). ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas.

El Vicepresidente añade que una detención y entrega de la Sra. Ponsatí i Obiols por parte de las autoridades del Reino Unido (país en el que esta residió durante un tiempo, hasta enero de 2020) resulta actualmente hipotética.

El Vicepresidente llega a la conclusión de que los diputados no han conseguido demostrar que concurra el requisito de la urgencia, puesto que, en la situación actual, el perjuicio grave e irreparable que invocan no puede ser calificado de cierto o acreditado con un grado de probabilidad suficiente.

Pese a la desestimación de la demanda de medidas provisionales, los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de que se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas.

NOTA: El Tribunal General dictará una sentencia definitiva sobre el fondo de este asunto en una fecha posterior. Un auto de medidas provisionales no prejuzga el resultado de la acción principal.

NOTA: Contra los autos del Vicepresidente del Tribunal General puede interponerse recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación del auto.

1 DO 2012, C 326, p. 391.
2 Véase el CP n.º 91/21.

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La UNESCO declara Patrimonio Mundial El Paseo del Prado y el Buen Retiro de Madrid

1 de agosto, 2021

44º Comité de Patrimonio Mundial

La UNESCO declara Patrimonio Mundial El Paseo del Prado y el Buen Retiro de Madrid

Domingo 25 de julio de 2021 La Moncloa

25/07/2021. Unesco

‘El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias’ ha sido inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial, con el apoyo de los 21 países que forman parte del Comité del Patrimonio Mundial, reunido en su 44ª sesión en línea desde Fuzhou (China).

La inscripción de la candidatura ‘El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias’ ha sido el resultado de una estrecha colaboración entre el Ministerio de Cultura y Deporte (Dirección General de Bellas Artes), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Esta candidatura, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, constituye el corazón verde de la capital de España. Su excepcionalidad reside en presentar un espacio de naturaleza urbana que surge a mediados del siglo XVI como arboleda intramuros, constituyendo el primer paseo dentro de los límites de la ciudad de todas las urbes y capitales europeas: un espacio en el que todos los ciudadanos, sin distinción de estamentos ni clases, pudieran disfrutar del ocio y el paseo.

El modelo de alameda intramuros se extendió rápidamente por toda la península ibérica y el continente americano. En el siglo XVII, el establecimiento del palacio del Buen Retiro como segundo gran espacio público dentro de la ciudad conllevó el uso de los espacios ubicados al este de esta gran alameda, creando una gran zona verde en el seno de la propia ciudad.

Ya en el siglo XVIII, la Ilustración daría un nuevo ímpetu a toda la zona acometiendo una transformación cualitativa, al implantar un vasto programa de infraestructuras científicas en el paseo y jardines del Buen Retiro. De este modo, se crea un extraordinario paisaje urbano al alcance de toda la sociedad, integrando en esa área cultura y naturaleza, geografía e historia, individuo y colectividad, artes y ciencias.

En el actual contexto de pandemia, la inscripción del ‘Paseo del Prado y Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de la Ciencias’ es especialmente simbólica, pues el espacio ha cumplido plenamente la función para la que fue originalmente creado, renovando su compromiso con la ciudadanía madrileña y, desde hoy, mundial. Además, Madrid se convierte en el primer paisaje histórico urbano declarado en Europa, el segundo del mundo tras Rio de Janeiro.

Durante la sesión del día de hoy, 25 de julio, los países miembros del comité han apoyado y defendido la inscripción del bien en la Lista Patrimonio Mundial, destacando la relevancia de aunar en un entorno urbano naturaleza, cultura y ciencia y que convirtió a Madrid ya en el siglo XVI en la primera capital sostenible de Europa.

El Comité de Patrimonio Mundial se encuentra integrado por veintiún países elegidos por los 194 Estados Parte de la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) y es el órgano ejecutivo de esta convención internacional. Como tal, es responsable de decidir qué nuevos sitios reúnen las características para ser inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, a propuesta de los Estados Parte.

Con esta inscripción, España ha pasado a tener 49 sitios de Patrimonio Mundial declarados siendo el tercer país con mayor número de bienes inscritos por UNESCO.

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Estado de los embalses

1 de agosto, 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 51,7 por ciento de su capacidad

Martes 20 de julio de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 51,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.879 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 978 hectómetros cúbicos (el 1,7 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 78,1%
•Cantábrico Occidental al 83,0%
•Miño-Sil al 58,0%
•Galicia Costa al 76,5%
•Cuencas internas del País Vasco al 81,0%
•Duero al 68,1%
•Tajo al 46,7%
•Guadiana al 34,4%
•Tinto, Odiel y Piedras al 73,8%
•Guadalete-Barbate al 38,0%
•Guadalquivir al 34,1%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 46,8%
•Segura al 47,5%
•Júcar al 57,5%
•Ebro al 72,9%
•Cuencas internas de Cataluña al 84,9%

Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido muy escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 39,6 mm (39,6 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

Tabla de la reserva total embalsada

Tabla de la reserva total embalsada
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Ocho de cada diez líneas de banda ancha fija tenían una velocidad igual o superior a 100 Mbps en 2020

1 de agosto, 2021

Ocho de cada diez líneas de banda ancha fija tenían una velocidad igual o superior a 100 Mbps en 2020

19 julio 2021

◦En un año marcado por la pandemia del COVID-19, los ingresos globales del sector cayeron casi un 5%. Cinco operadores (Movistar, Orange, Vodafone, Grupo MASMOVIL y Euskaltel) acapararon el 86,5% del total de ingresos minoristas.

La CNMC ha aprobado el Informe Económico Sectorial de Telecomunicaciones y Audiovisual, cuyos datos están disponibles en el portal CNMCData.

La facturación global del sector de las telecomunicaciones cayó un 4,8% respecto a 2019, hasta los 32.617 millones de euros. Los ingresos minoristas cayeron un 6,3% y se situaron por debajo de los 24 mil millones de euros, tras seis años con cifras en torno a los 25 mil millones de euros. Los servicios audiovisuales fueron los que registraron la caída más significativa, cercana al 12%, provocada sobre todo por el notable descenso de los ingresos de la televisión en abierto (básicamente ingresos publicitarios). A pesar de que la audiencia de los medios subió notablemente por el confinamiento, la publicidad se desplomó debido a la ralentización económica.

Evolución de ingresos totales del sector (millones de euros)

Evolución de ingresos totales del sector


Fuente: CNMC

Los cinco principales operadores de telecomunicaciones (Movistar, Orange, Vodafone, Grupo MASMOVIL y Euskaltel) acapararon el 86,5% del total de ingresos minoristas.

Accesos de redes de fibra hasta el hogar (FTTH)
El total de accesos de NGA (redes de nueva generación) desplegado a fin de año rozó los 70 millones, de los cuales casi 60 millones eran de fibra. Estas cifras representaron 5,2 millones de accesos nuevos respecto al año anterior, que corresponden en su totalidad a accesos de FTTH.

España se sitúa en el grupo de países de la Unión Europea con mayor cobertura de fibra en la modalidad de fibra hasta el hogar (FTTH).

Esta mejora se reflejó en un aumento de las velocidades de las líneas de banda ancha contratadas. En diciembre de 2020, el 84% de las líneas tenían velocidades de bajada superiores a los 100 Mbps (banda ancha ultrarrápida), cuando un año antes la cifra era del 76,2%.

En 2020, hasta tres operadores móviles ya comercializaban de forma masiva servicios de Internet móvil a través de la quinta generación del estándar de comunicaciones móviles (5G). En diciembre de ese año ya había activas un total de 5.095 estaciones base que proveían tecnología 5G con una cobertura sobre la población del 78,8%.

Población con acceso a redes de quinta generación (5G) (porcentaje)

Población con acceso a redes de quinta generación (5G)



Fuente: CNMC

El mercado español continuó caracterizado por un elevado grado de empaquetamiento de sus ofertas comerciales, en especial las que combinan en un mismo paquete servicios fijos y móviles. Así, el año finalizó con 6,2 millones de paquetes quíntuples (telefonía fija y móvil y banda ancha fija y móvil y televisión de pago) y 6,5 millones de paquetes cuádruples (telefonía fija y móvil y banda ancha fija y móvil).

Gasto medio por hogares

Durante 2020, los datos del Panel de Hogares muestran que el gasto de los hogares asociados al paquete cuádruple disminuyó un 3,2% , hasta los 40,50 € y el del paquete quíntuple un 3,6% (64,40 €).

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Justicia pone los cimientos para la eficiencia del sector con la tramitación de las leyes de eficiencia procesal y organizativa

31 de julio, 2021

Rendición de cuentas

Justicia pone los cimientos para la eficiencia del sector con la tramitación de las leyes de eficiencia procesal y organizativa

Viernes 30 de julio de 2021

La ministra Pilar Llop y el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero

El Anteproyecto de Ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia y el Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal dan respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia, uno de los hitos marcados por el Gobierno para este sector.

El Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, ha cumplido con los objetivos marcados y los compromisos adquiridos en su área de trabajo por el Gobierno de España para este periodo.

El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, aprobado el 20 de abril en el Consejo de Ministros, contempla la creación de tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.

Estas tres piezas de la nueva norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, otro de los objetivos del Ejecutivo, acercando a la ciudanía los servicios públicos independientemente del lugar en el que se habite, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal, también en tramitación, potencia los medios adecuados de solución de controversias (MASC), para aumentar la sostenibilidad, reducir la litigiosidad existente en los tribunales y promover la cohesión social. De esta manera se potencia el papel de la Justicia como motor de desarrollo económico.

Lla Ley de eficiencia digital, prevista para antes de finales de año, culminará el impulso que el Ministerio quiere dar a la Justicia. Propone un sistema orientado al dato, sin mermas de las garantías procesales, y traslada a la Justicia el efecto tractor que está teniendo la tecnología en todos los ámbitos de nuestra sociedad, posicionando a España en un lugar estratégico a nivel internacional.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado ya el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone la transformación integral del proceso penal y se basa en los principios de coherencia institucional y en la armonización con el derecho de la Unión Europea.

Avance del Plan Justicia 2030

Estos proyectos legislativos forman parte del plan Justicia 2030, en el que el Ministerio avanza y cuyos objetivos son consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.

Tras la Conferencia sectorial celebrada en el pasado mes de junio en Tenerife, Justicia 2030 ha dado un paso en la dirección de la cogobernanza. Entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades de Autónomas se han fijado quince proyectos prioritarios de carácter común, que abarcan desde la interoperabilidad digital al diseño de un marco común para los planes de igualdad, situando la transversalidad de género en todas las acciones del Ministerio. La financiación de los proyectos se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como ejes principales la transición ecológica, la digitalización, la igualdad de género y el reto demográfico.

Otros desarrollos legislativos

Además del desarrollo de las tres leyes de eficiencia que constituyen la placa base del plan Justicia 2030 y la LECrim, el Ministerio también ha participado en la elaboración de otros proyectos normativos situados como objetivos dentro del plan del Gobierno.

Así, a propuesta de los ministerios de Igualdad y Justicia, se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que tiene como objetivo la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales.

El Anteproyecto contempla la adopción y puesta en marcha de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas competentes, que garanticen la prevención y la sanción de las violencias sexuales, así como el establecimiento de una respuesta integral especializada para mujeres, niñas y niños, como víctimas principales de todas las formas de violencia sexual.

También, a propuesta de los ministerios de Igualdad y Justicia, se ha aprobado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El objetivo de esta ley es desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), erradicando las situaciones de discriminación para asegurar que en España se puede vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad.

Por último, se ha culminado la reforma de las normas civiles y procesales para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, un texto que amplía derechos y da un gran salto hacia una sociedad más justa e igualitaria; y se ha aprobado la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.

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Estado y País Vasco acuerdan la concertación de dos impuestos y del régimen especial del IVA del comercio electrónico

31 de julio, 2021

Reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico

Estado y País Vasco acuerdan la concertación de dos impuestos y del régimen especial del IVA del comercio electrónico

Jueves 29 de julio de 2021 La Moncloa

La Comisión Mixta del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco ha acordado la concertación del Impuesto de Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, en cumplimiento con lo establecido en la ley de cada uno de esos nuevos impuestos impulsados por el Gobierno en el marco de la fiscalidad del siglo XXI.

También se ha abordado la concertación del régimen especial del IVA aplicable a las ventas a distancia y a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios contemplado en una directiva europea. Asimismo, en la reunión se han fijado las tasas de referencia de déficit y deuda de 2022 del País Vasco en un contexto extraordinario de reglas fiscales suspendidas.

La reunión se enmarca en la normalidad democrática y la lealtad institucional entre ambas administraciones. En el encuentro han participado, en representación del Estado, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la secretaria de Estado de Hacienda, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local y la secretaria general de Coordinación Territorial.

Por su parte, la representación del País Vasco ha estado encabezada por el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi Landa, acompañados por los diputados generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y por la viceconsejera de Hacienda.

En un clima de colaboración, la Comisión Mixta ha llegado a importantes acuerdos en el ámbito tributario. En concreto, en la reunión de hoy se ha acordado la concertación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Se trata de dos figuras aprobadas por el Gobierno en el contexto de adaptar el sistema tributario español a las nuevas áreas de negocio que no estaban correctamente reflejadas en el modelo fiscal actual.

En las leyes de ambos impuestos, refrendadas por el Parlamento y que entraron en vigor el pasado 16 de enero de 2021, se preveía en una disposición final la concertación de estas figuras al Concierto Económico del País Vasco. Por tanto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el día de hoy ha dado cumplimiento a la legalidad vigente.

Además, la comisión también ha abordado la concertación del régimen especial del IVA aplicable a las ventas a distancia y a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios. En concreto, una de las medidas incluidas en la directiva comunitaria es la extensión de la ventanilla única que permite a los empresarios y profesionales presentar una sola declaración-liquidación del impuesto para todas las operaciones de comercio electrónico realizadas en los distintos Estados miembros de la UE.

En la reunión de hoy se ha acordado la concertación de este nuevo mecanismo del IVA electrónico cuando las operaciones afecten a España como Estado miembro de identificación, en línea con lo establecido en la directiva europea.

Déficit y deuda

Por otra parte, la reunión de hoy también ha servido para fijar las tasas de referencia de déficit y deuda de 2022. El Gobierno, en línea con lo recomendado por la Comisión Europea, mantiene suspendidas las reglas fiscales para el próximo año para dotar de más flexibilidad a las administraciones en un contexto de pandemia e impulsar una reactivación económica y creación de empleo más rápidas y estables.

Para ello, al igual que el año pasado, el Gobierno pedirá al Congreso que aprecie si existe una situación de emergencia extraordinaria para aplicar la cláusula de salvaguarda y suspender las reglas fiscales, tal y como establece la Constitución y la Ley de Estabilidad.

En este contexto excepcional no hay objetivos de estabilidad, pero sí unas tasas de referencia de déficit y deuda que permitirán seguir avanzando en el saneamiento de las cuentas públicas y caminar hacia un horizonte de equilibrio presupuestario.

En el caso del País Vasco, la tasa de referencia de déficit en 2022 será del 0,9% del PIB. Se trata de una importante reducción respecto a la tasa del 2,2% del PIB establecida para 2021, lo que muestra la evolución positiva de la economía gracias al avance de la campaña de vacunación que permite una mayor actividad y un incremento del consumo.

Asimismo, la tasa de referencia de deuda en 2022 para el País Vasco será del 15,6% del PIB.

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Viajes seguros con el Certificado COVID Digital de la UE

31 de julio, 2021

Viajes seguros con el Certificado COVID Digital de la UE

Parlamento Europeo

El nuevo certificado facilita los viajes seguros este verano. Descubra cómo.

Certificado COVID Digital de la UE

¿Cómo funciona el certificado digital UE Covid ?

El certificado sirve para demostrar que una persona ha sido vacunada contra el coronavirus, cuenta con un test negativo o ha superado la enfermedad en los últimos seis meses.

Las autoridades nacionales son responsables de la expedición del certificado.

El certificado está disponible en formato digital, que podrá almacenarse en un dispotivo móvil, por ejemplo, y en papel. Ambos tendrán un código QR con la información esencial firmado electrónicamente.

Se puede utilizar desde el 1 de julio y es gratuito.

El sistema funcionará durante 12 meses y se utilizará en los 27 Estados miembros, así como algunos países de fuera de la Unión Europea.

Descubra información sobre cómo los países están conectados al portal del Certificado COVID Digital de la UE.

¿Puedo utilizarlo para viajar?

No, necesita su pasaporte u otra forma de identificación.

El certificado no será una condición previa para viajar (siguen exisitiendo requisitos nacionales), pero lo hará más fácil, al, por ejemplo, evitar las cuarentenas.

Si deciden imponer restricciones de viaj para hacer frente a circunstancias excepcionales, como la aparación y propagación de una nueva variante.

¿Qué datos incluye el certificado digital UE Covid?

En la práctica habrá tres certificados con el mismo formato. El primer documento avalará la vacunación.

Si quien se desplaza lo hace con un test como justificante, el certificado tendrá que mencionar el tipo de la prueba de la que se trata (PCR o prueba de antígenos), la fecha y el resultado.

Cuando lo que se certifique sea la recuperación, el documento tendrá que especificar que la persona superó la infección tras un test positivo.

Las pruebas serológicas no se reconocen por el momento, aunque podrán ser aceptadas en una fase posterior.

Se reconocerán las llamadas pruebas NAAT de amplificación de ácidos nucleicos (incluidas las pruebas RT-PCR) y las pruebas rápidas de antígenos.

La Comisión Europea va a movilizar al menos 100 millones del Instrumento de Ayuda de Emergencia para adquirir test para la emisión del certificado digital UE Covid.

El Parlamento dio su visto bueno definitivo al Certificado COVID Digital de la UE el 9 junio de 2021.

¿Qué más hace la UE para atajar la pandemia?

Covid-19: Cronología de la acción de la UE en 2021

Coronavirus: consejos prácticos para un viaje seguro

Coronavirus: 10 medidas para ayudar a la recuperación en la UE

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Condenado un agente de seguros por estafar a un cliente al que engañó con la venta ficticia de acciones por valor de 34.500 euros

31 de julio, 2021

Lunes, 19 de julio de 2021

Condenado un agente de seguros por estafar a un cliente al que engañó con la venta ficticia de acciones por valor de 34.500 euros

El acusado no estaba legitimado para operaciones de inversión de la compañía aseguradora con la que trabajaba

Autor: Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

Santander, 19 de julio de 2021.-

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años y medio de prisión a un agente de seguros que engañó a un cliente con la venta ficticia de acciones por valor de 34.500 euros.

En una sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la Audiencia le considera autor de un delito continuado de estafa, y a la pena de prisión suma la indemnización al perjudicado por el importe de la cantidad de la que se apoderó.

Para llegar a tal convencimiento, el tribunal ha tenido en cuenta las declaraciones del propio acusado –que no negó la realidad de los hechos- y del perjudicado, quien fue persistente desde el comienzo de la instrucción en la descripción de la mecánica desplegada por el acusado.

Asimismo, la sentencia se refiere a la testifical del representante de la compañía aseguradora, quien confirmó que el acusado no estaba legitimado para reservar y comprar acciones, y negó que dichas inversiones se hubieran llevado a cabo.

Según relata la sentencia, el acusado, que era agente de una compañía aseguradora y estaba “exclusivamente habilitado para la mediación en la contratación de seguros”, propuso a un cliente la adquisición de cien acciones preferentes de la compañía por valor de 29.800 euros.

El cliente, “confiando en la realidad de la oferta” la aceptó y transfirió la cantidad requerida en una cuenta que era titularidad del acusado.

En días posteriores, éste le remitió “un certificado pretendidamente acreditativo de la adquisición de cien acciones preferentes” que, sin embargo, “no había sido realizado por la aseguradora, sino confeccionado por él mismo para dar apariencia de cobertura a la operación”.

Meses después, propuso nuevamente al querellante una nueva operación de compra de 16 acciones de la compañía aseguradora por un importe de 4.768 euros y, nuevamente, éste, “actuando merced a las artimañas desplegadas” por el acusado “en la creencia de la realidad de la inversión”, transfirió dicha cantidad en la cuenta del agente.

Días después, volvió a recibir un certificado “simulado” similar al que le había entregado en la anterior operación.

“Con el artificio referido, el acusado, quien ni había efectuado realmente la compra de las acciones ni estaba legitimado para ello, consiguió apoderarse de la suma de 34.568 euros que pasaron a formar parte de su patrimonio”, añade el relato de hechos.

Versión que carece de base probatoria

La Audiencia señala en su sentencia que “ha habido acreditación más que suficiente de los hechos que como probados se han descrito”.

En este sentido, apunta al “rotundo testimonio del perjudicado querellante”, quien manifestó que “debido a la confianza que tenía en él, a quien conocía desde hace tiempo y con quien había mantenido relaciones personales y especialmente profesionales por haber sido su asesor de seguros” y “dada la aparente fiabilidad de la operación, creyó en la operativa de la inversión”.

Por su parte, el propio acusado no negó los hechos y en juicio esgrimió “una versión defensiva pretendidamente justificativa de este comportamiento fundada en una supuesta problemática personal con consecuencias, según afirmó, en su capacidad decisoria”.

Sin embargo, considera el tribunal que tal versión “carece de la más mínima base probatoria que pudiera justificarla de algún modo”.

Delito continuado y reincidencia

Por todo ello, la Audiencia concluye que concurren todos los requisitos necesarios para que se dé el delito de estafa: “existía engaño derivado de la maquinación desplegada por el acusado; el engaño determinó un error en el perjudicado, que creía que efectivamente estaba realizando una inversión en un producto financiero sólido; existió acto de disposición, ya que, confiado en esas razones, entregó su dinero; y, finalmente, existió perjuicio patrimonial derivado de la pérdida de ese capital”.

Además, se trata de un delito continuado, pues “la mecánica comisiva se repitió en dos ocasiones”, y concurre la circunstancia agravante de reincidencia, ya que el acusado fue condenado por delito de estafa en otra ocasión.

Así, “atendiendo a las circunstancias personales concretas del acusado, a la concurrencia de la agravante de reincidencia, a la continuidad delictiva, así como al importe de lo defraudado, que supera los 30.000 euros, se entiende ponderada una pena de dos años y seis meses de prisión”, sentencia el tribunal.

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Julio mantiene el dinamismo del empleo de los meses anteriores y cerrará con un aumento de 150.000 afiliados

31 de julio, 2021

Previsión de afiliación a la Seguridad Social

Julio mantiene el dinamismo del empleo de los meses anteriores y cerrará con un aumento de 150.000 afiliados

Lunes 19 de julio de 2021

El mes de julio se espera que termine con un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social de unas 150.000 personas, según el avance presentado por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, a partir de la estadística experimental quincenal.

Este incremento, que se suma al dinamismo de la afiliación en los meses de mayo y junio, permitirá que prácticamente se alcance el mismo nivel de empleo que antes de la pandemia en términos ajustados.

Si se analiza el comportamiento de la afiliación diaria, se observa que este mes de julio está siendo mejor que el mismo mes del año previo a la pandemia, con unos 77.000 afiliados más. Este comportamiento se da tanto en los sectores que han estado más afectados por la pandemia (hostelería, comercio y actividades recreativas) como en el resto de sectores, con unos 35.000 afiliados más en la primera quincena de este mes que en la primera quincena de julio de 2019.

«Este dinamismo del empleo resulta compatible con una aceleración de la salida de trabajadores en ERTE», según ha subrayado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A día 15 de julio, quedaban en ERTE 361.000 trabajadores (según fecha de notificación), lo que supone 86.000 menos que al inicio del mes y 181.000 menos que a 1 de junio, cuando entró en vigor el último esquema de ERTE. De los 361.000 trabajadores en ERTE, 105.000, casi uno de cada tres, está parcialmente suspendido.

Por tipo de ERTE, hay 162.000 trabajadores en sectores ultraprotegidos y su cadena de valor, que registran una gran concentración sectorial en comidas y bebidas, alojamientos, transporte y agencias de viaje. Otros 77.000 trabajadores están en ERTE de impedimento o limitación, también con una fuerte concentración sectorial en comidas y bebidas y comercio. Además, quedan 121.000 trabajadores en ERTE sin exoneraciones a la Seguridad Social, en este caso con gran dispersión sectorial.

Aunque la disminución del número de trabajadores en ERTE ha sido generalizada, «se ha acelerado más en los tipos que tienen incentivos a la reactivación» (ultraprotegidos y cadena de valor, impedimento y limitación), según ha explicado José Luis Escrivá.

Por sectores, la salida de trabajadores en ERTE ha sido general, aunque la bajada más relevante desde el punto de vista cuantitativo se ha producido en la hostelería, donde 239.000 trabajadores han salido de ERTE desde el máximo de la tercera ola, marcado en febrero. Actualmente, sólo dos sectores (transporte y agencias de viajes) tienen a más del 20% de sus trabajadores en ERTE.

«Esto muestra – según el ministro- la necesidad de concentrar los recursos en los sectores que aún no han podido volver a la actividad normal previa a la pandemia». En este sentido, ha explicado que los sectores más ligados al turismo aún podrían tener margen de crecimiento si se observa la afiliación acumulada desde el 1 de enero hasta el 15 de julio. Algunas actividades, como las que incluyen agencias de viajes, transporte aéreo o alojamientos aún se encuentran con un nivel de afiliación un 30% menor que el que registraban en julio de 2019.

Por el contrario, ha resaltado, «nos encontramos con sectores, como la educación, la sanidad, la informática o la arquitectura, con niveles de afiliación mucho más altos que los que tenían en julio de 2019».

Desde el pico de la tercera ola, a principios de febrero, se han activado más de 1,4 millones de trabajadores, entre los que han salido de ERTE y el crecimiento acumulado de la afiliación. De hecho, según ha explicado Escrivá, «estamos prácticamente en los mismos niveles de afiliación que teníamos antes de la pandemia en términos ajustados». Además, ha subrayado que la composición del empleo ha cambiado respecto a entonces, no sólo sectorialmente sino también en cuanto a los tipos de contrato. Respecto a julio de 2019, «hoy tenemos más de 400.000 trabajadores con contrato indefinido, mientras que se ha reducido el número de trabajadores temporales y del resto de regímenes».

«Esta recuperación del empleo prepandemia ha sido rápida gracias en parte al esfuerzo que ha hecho el Gobierno para proteger el empleo», ha destacado el ministro de Inclusión. «Sólo desde nuestro ministerio, se han abonado hasta junio más de 20.000 millones de euros en prestaciones por la COVID-19», ha indicado.

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La ministra de Justicia se reúne con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España

30 de julio, 2021

La ministra de Justicia se reúne con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España

29/07/2021

Pilar Llop con la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, María Emilia Adán

Pilar Llop con la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, María Emilia Adán

​29 de julio 2021.- La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha reunido hoy con la decana y el vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, María Emilia Adán y José Miguel Tabarés, respectivamente. En el encuentro, celebrado en el Ministerio de Justicia, se han abordado temas de interés para los registradores y otros relacionados con los proyectos normativos y de modernización que la cartera de Llop está llevando a cabo.

A la reunión, también han asistido el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente. ​

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Raquel Sánchez subraya el impulso de Mitma a la construcción de un total de 1.813 viviendas en Sevilla

30 de julio, 2021

Vivienda asequible o social

Raquel Sánchez subraya el impulso de Mitma a la construcción de un total de 1.813 viviendas en Sevilla

Jueves 29 de julio de 2021

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha subrayado el impulso del Ministerio a la construcción de un total de 1.813 viviendas destinadas al alquiler asequible o social en la ciudad de Sevilla, como actuaciones importantes que garantizan el derecho a la vivienda.

Sánchez lo ha expresado en Sevilla, durante el acto de la firma de un protocolo junto a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, cuyo objetivo es establecer las bases generales de colaboración y cooperación mutuas para fomentar la promoción de 585 viviendas en régimen de alquiler asequible o social en los suelos de titularidad municipal o de sus organismos dependientes, dentro del municipio de la capital andaluza.

En este punto, la responsable del Departamento ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y ha puesto en valor la cooperación para ofrecer soluciones a la ciudadanía.

Este protocolo se enmarca dentro de la puesta en marcha, por parte del Ministerio, de diferentes medidas para dinamizar la oferta de vivienda en alquiler asequible o social, en este caso a través de la movilización de suelo público.

En este sentido, Raquel Sánchez ha detallado las actuaciones que, en materia de promoción de vivienda y destino al alquiler asequible o social, está llevando a cabo Mitma en la ciudad de Sevilla:
•948 viviendas para el alquiler asequible o social en los terrenos del Cuartel de Artillería, a través de Sepes.
• 280 viviendas con recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-21.
•585 viviendas, firmadas hoy en el citado protocolo.

La responsable de Mitma, además, ha subrayado que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 dotan de una partida de 4 millones de euros para que el Ministerio transfiera al Ayuntamiento de Sevilla para impulsar decididamente la promoción de estas viviendas.

Inversiones en vivienda de Mitma en Andalucía

La ministra ha recordado que, desde el convenio firmado en junio de 2018 con la Junta de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, la dotación ha ascendido a 320,77 millones de euros, de los que 246,75 millones han sido aportaciones del Ministerio.

En este sentido, hasta la fecha se han suscrito 59 acuerdos dentro del Programa de fomento del parque en alquiler, para un total de 1.872 viviendas en Andalucía. Además, se han alcanzado 13 acuerdos de rehabilitación y regeneración urbana, que han afectado a 1.460 viviendas.

Raquel Sánchez ha valorado también que el pasado 21 de julio en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo se aprobó, sin ningún voto en contra, los criterios de reparto de los primeros 1.631 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación destinados a rehabilitación y regeneración urbana.

De esta partida, la responsable de Mitma ha señalado que Andalucía será la comunidad que más fondos reciba: 285,5 millones.

Apuesta de Mitma por la vivienda

La ministra, en su intervención, ha puesto en valor la aportación económica de Mitma en materia de vivienda, empezando con los 2.250 millones de euros incluidos en los Presupuestos Generales 2021.

A esto hay que sumar la revisión de los programas del Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021 y sus 1.454 millones de euros, que se han destinado a ayudas al alquiler para personas vulnerables, a la mejora de la habitabilidad de las viviendas, a la promoción de vivienda social, a ayudas a jóvenes y a otras ayudas extraordinarias que han sido imprescindibles para combatir los efectos de la pandemia.

Paralelamente, Raquel Sánchez ha informado que el Ministerio está ultimando el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 para potenciar las ayudas directas a los arrendatarios con menos recursos y hacer posible la inmediatez en el acceso a la vivienda de estos colectivos.

Además, la segunda mayor inversión del Plan de Recuperación, 6.820 millones de euros, corresponde a programas de rehabilitación energética e integral de viviendas, edificios y barrios en entornos urbanos y rurales.

Sánchez, paralelamente, ha hecho hincapié en que desde el Gobierno se ha desplegado un escudo social para mitigar los efectos de la crisis sanitaria entre los sectores más afectados.

Finalmente, la ministra ha puesto en valor la actualización que se ha realizado desde el Departamento con las estimaciones del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible con el objetivo de impulsar las 100.000 viviendas, ya sea por la acción directa de los poderes públicos o gracias a la colaboración público-privada.

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El Defensor del Pueblo pide al ayuntamiento de Madrid que aclare si está permitido instalar cocinas industriales en suelo residencial

30 de julio, 2021

El Defensor del Pueblo pide al ayuntamiento de Madrid que aclare si está permitido instalar cocinas industriales en suelo residencial

20/07/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, mantiene abierta una actuación desde el pasado mes de mayo para que el Ayuntamiento de Madrid informe sobre la proliferación de cocinas industriales en suelo residencial, también conocidas como ‘cocinas fantasma’.

La institución inició esta actuación tras recibir la queja de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y de varias comunidades de vecinos que consideran que estas instalaciones incumplen la normativa urbanística y medioambiental en lo que respecta a ruidos, olores, calidad del aire, riesgo de incendios, generación de residuos y movilidad, entre otras cuestiones.

En opinión del Defensor, la repercusión de este tipo de actividades tiene que contemplarse con la mayor de las cautelas, debido a los posibles efectos adversos que pueden producir en la salud de las personas y en el medio ambiente.

Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento que aclare si la actividad de este tipo de cocinas industriales está permitida en suelo residencial, de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

Además, el Defensor también quiere conocer el número de instalaciones autorizadas o en trámite, mediante licencia o declaración responsable y ha pedido también un informe sobre las inspecciones que ha realizado el consistorio y las medidas correctoras que haya podido imponer.

La Institución le ha remitido además al Ayuntamiento un listado de los lugares donde se han instalado estas cocinas industriales en suelo residencial y que ha sido facilitado a la Institución por vecinos afectados en los distritos de Arganzuela, Chamartín, Centro, Puente de Vallecas y Tetuán.

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Grande-Marlaska inaugura el Centro Penitenciario de Soria, que ofrece «un presente de dignidad y un futuro de posibilidades» a la población reclusa

30 de julio, 2021

Grande-Marlaska inaugura el Centro Penitenciario de Soria, que ofrece «un presente de dignidad y un futuro de posibilidades» a la población reclusa

Viernes 16 de julio de 2021 La Moncloa

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que ponerlo en funcionamiento ha sido una prioridad del Gobierno y un ejemplo de responsabilidad en la gestión pública.

Fernando Grande-Marlaska ha inaugurado el nuevo Centro Penitenciario de Soria, cuyas instalaciones «se han pensado para ofrecer un presente de dignidad y un futuro de posibilidades» a la población reclusa soriana.

El edificio que alberga el nuevo centro penitenciario se concluyó en 2014, pero se mantuvo cerrado y en desuso desde entonces. El ministro del Interior ha criticado esa decisión, y ha asegurado que «desde el primer día, para el secretario general de Instituciones Penitenciarias, para la presidenta de SIEPSE y para mí fue una prioridad habilitarlo y ponerlo en funcionamiento por responsabilidad en la gestión pública y porque es un poderoso instrumento de mejora de la dignidad y calidad de vida de las personas privadas de libertad en este territorio».

En el acto inaugural también han intervenido el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo. Y ha contado con la presencia de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea.

El delegado del Gobierno en la comunidad, José Javier Izquierdo, y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, han encabezado la representación de autoridades autonómicas, provinciales y locales.

El esquema urbano de los ‘centros-tipo’

Con la inauguración de Soria, ya son 27 los llamados ‘centros-tipo’ construidos por la Administración General del Estado desde 1995. Estos centros cuentan con un diseño urbano y modular. Son pequeñas ciudades pensadas para dar respuesta a las necesidades de las personas privadas de libertad y facilitar su proceso de reinserción.

El nuevo centro penitencio soriano cuenta con 684 celdas distribuidas en once módulos residenciales, más un módulo de régimen cerrado y un módulo de ingresos, salidas y tránsitos. Alrededor de la gran avenida que articula la prisión se sitúan el resto de edificios comunes: enfermería, deportivo-cultural, comunicaciones, cocina-panadería, lavandería y talleres productivos.

En el interior de cada módulo residencial -además de patio, sala de estar, comedor y economato-, los internos disponen de consulta médica, taller ocupacional, pequeño gimnasio, aulas formativas y peluquería. En las plantas superiores se encuentran las 72 celdas equipadas para dos personas.

Tres de los módulos residenciales son polivalentes, es decir, tienen 36 celdas cada uno, lo que contribuye a una mejor clasificación de los internos, mayor seguridad e intervención en programas de tratamiento.

El edificio sociocultural y deportivo cuenta con aulas para la formación de internos, biblioteca, polideportivo y gimnasio. El edificio de enfermería dispone de diversas salas de consultas para atención especializada y de las instalaciones necesarias para telediagnóstico y telemedicina, lo que permite mejorar la asistencia a los internos y reducir el número de traslados a centros hospitalarios.

Fomento del trabajo productivo

Fernando Grande-Marlaska durante su intervenciónUna de las principales novedades del nuevo centro penitenciario es la potenciación del trabajo productivo. Soria cuenta con cuatro talleres productivos dotados con las preinstalaciones necesarias para realizar diversas actividades industriales y de manipulados, que en la prisión de Soria son esenciales. Esta nueva infraestructura introduce, además, la creación de muelles de carga independientes para cada uno de esos talleres, para facilitar la labor de las empresas externas que en la actualidad dan trabajo a la práctica totalidad de la población penada.

Otras dos novedades son la instalación de una caldera de biomasa que permitirá generar energía limpia aprovechando los residuos forestales, agrícolas y ganaderos de la zona, y la creación de un aula de formación continuada para funcionarios y funcionarias.

El edificio de cocina-panadería y lavandería da servicio a todo el centro penitenciario. En la cocina se elaboran las comidas de consumo diario, que posteriormente se distribuyen por los diferentes módulos.

Por otra parte, Soria dispone de un edificio de comunicaciones en el que se ubican los locutorios para familiares, locutorios para jueces y abogados y un espacio para efectuar ruedas de reconocimiento, salas para comunicaciones de familiares y para visitas íntimas.

Apertura progresiva

La apertura centro penitenciario será progresiva y correrá a cargo de Concha Zurdo que, el pasado 6 de julio, se hizo cargo de la dirección de la prisión en sustitución de Segundo Pascual, jubilado tras cuatro décadas de servicio.

En próximas fechas comenzará el traslado paulatino de internos y de los cerca de 140 efectivos de la actual plantilla a la que, recientemente, se han sumado 19 funcionarios y funcionarias en prácticas. Está prevista, además, la ampliación de la plantilla, acordada con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con 98 nuevos efectivos de personal funcionario y doce de personal laboral.

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El número de beneficiarios de becas y ayudas al estudio sube un 3% en el curso 2019-2020

30 de julio, 2021

El número de beneficiarios de becas y ayudas al estudio sube un 3% en el curso 2019-2020

Viernes 16 de julio de 2021

La Moncloa

Más de 2,4 millones de alumnos y alumnas recibieron algún tipo de beca o ayuda al estudio durante el curso 2019-20, según la ‘Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio’, publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), con datos del MEFP, del Ministerio de Universidades y de las comunidades autónomas. Supone un aumento del 3% respecto al curso anterior.

En total, 2.446.568 estudiantes recibieron estas ayudas, de los que 1.080.198 recibieron financiación de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades y 1.366.370 de las comunidades autónomas.

La subida más importante se observa entre el alumnado de enseñanzas obligatorias, Enseñanza Infantil y Educación Especial, con un 6,9% más de beneficiarios, hasta los 1.381.757.

El importe total de estas becas y ayudas alcanzó los 2.228.131.130 euros. Casi la mitad de esta financiación, el 45,8%, se destina a becas de los estudiantes universitarios, el 29,2% corresponde a los de enseñanzas postobligatorias no universitarias y el 25% restante a los de las enseñanzas obligatorias, Educación Infantil y Educación Especial.

Por otra parte, el 71,8% del importe corresponde a la aportación del MEFP y del Ministerio de Universidades, hasta los 1.599.239.174 euros, lo que supone un aumento del 2,4% respecto al año anterior. Dentro de esta partida, suben en particular las de enseñanzas obligatorias, Educación infantil y educación especial (+9,9%) y las enseñanzas postobligatorias no universitarias (+4,5%).

Las ayudas financiadas por los ministerios incluyen, la convocatoria general de becas y ayudas al estudio (que supone la mayor parte de esta inversión) y la financiación para la compra de libros y materiales didácticos, entre otros.

El peso de la financiación por parte de los ministerios es más importante en las Enseñanzas universitarias (92%) y las posobligatorias no universitarias (81,6%).

Lucha contra el abandono escolar

Una prioridad del MEFP desde 2018 ha sido la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio, con el objetivo de hacerlas llegar a quienes más las necesitan y reducir así el abandono escolar por motivos económicos.

En este tiempo se ha incrementado así la cuantía de la convocatoria general de becas y ayudas casi un 40% (578 millones de euros), hasta superar los 2.000 millones de euros de presupuesto para la convocatoria de 2021-22.

Entre otras medidas, se ha aumentado el umbral de renta 1 hasta casi equiparlo al umbral de la pobreza; la nota de acceso a estas ayudas es el aprobado; se ha elevado en 100 euros todas las cuantías fijas; y se ha ampliado el número de colectivos que se pueden beneficiar de las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

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Carrer de la Princesa Mercé

29 de julio, 2021
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Barcelona, elegida Capital Mundial de la Arquitectura 2026

29 de julio, 2021

Barcelona, elegida Capital Mundial de la Arquitectura 2026

Miércoles 28 de julio de 2021

Casa Milà

La elección, que conlleva ser la sede del Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), supone una gran oportunidad para fortalecer el papel de la ciudad, de Cataluña y de España como centros de producción y pensamiento de la arquitectura y del diseño urbano contemporáneos, profundizando en su capacidad para transformar y mejorar la vida de las personas.

La Asamblea de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), celebrada hoy en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), ha elegido por amplia mayoría la ciudad de Barcelona para acoger el Congreso Mundial de la UIA y ser Capital Mundial del Arquitectura UIA-UNESCO el año 2026. Barcelona competía con una única rival, la ciudad china de Beijing, y sucederá la ciudad de Copenhague, que acoge el Congreso del año 2023.

La candidatura de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura ha sido impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad condal, la Generalitat de Cataluña, el CSCAE y el Colegio de Arquitectos de Cataluña.

De este modo, la ciudad se convertirá en sede del congreso de arquitectura más importante del sector, una cita que servirá para poner de relieve el papel de la arquitectura y el urbanismo en la configuración del modelo de ciudad y en los proyectos que se están desarrollando hoy en día para hacer frente a los retos urbanos contemporáneos.

Así, además del Congreso de la UIA, en 2026 se prevé organizar eventos culturales multidisciplinares alrededor del eje de la arquitectura y el urbanismo a lo largo de todo ese año en Barcelona para hacer llegar la importancia y valor de la arquitectura y el urbanismo a toda la ciudadanía, en colaboración con otros países, por lo que Barcelona se posicionará como una ciudad cultural de referencia, inclusiva, mediterránea, abierta al mundo y espejo para otras ciudades internacionales

En cuanto a la designación de la ciudad, con motivo de la pandemia, la elección se ha tenido que hacer on line, basada en un vídeo en el que se ejemplifican los valores sociales y culturales de la arquitectura de Barcelona.

Un congreso para ensayar el futuro

Barcelona es reconocida en todo el mundo por su arquitectura y por ser una ciudad diversa, cosmopolita, moderna, integradora de diferentes ideas y culturas. El congreso que tiene que celebrarse en 2026 quiere apelar precisamente a los valores de la arquitectura y el urbanismo como factores de calidad de vida, bienestar y sentido de pertenencia social y cultural, y la necesidad de hacerlos extensibles y relevantes a otros países como herramienta transformadora y de cambio social para avanzar hacia ciudades del futuro.

Así, y bajo el lema «One today, one tomorrow», el congreso tomará como ejemplo la relación de la ciudad y su arquitectura para debatir sobre un futuro viable y sostenible. Un análisis del actual contexto social, medioambiental y económico que ayude a plantear cuáles son los retos de la arquitectura y definir los instrumentos para alcanzarlos.

Congreso Internacional con más de 70 años de historia

Los congresos de la UIA se celebran desde el año 1948 y, en cada ocasión, su objetivo es abordar los retos que afronta la sociedad desde el conocimiento riguroso que aportan los profesionales de la Arquitectura.

Barcelona ya acogió, en 1996, el Congreso Mundial con el título «Presente y futuros: arquitectura en las ciudades», con un éxito rotundo de público e impacto internacional. Exactamente 30 años después, la celebración de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura supone la oportunidad de dar forma a un nuevo evento de repercusión internacional, concebido como un espacio de debate del que surjan propuestas concretas para mejorar la calidad urbana de la ciudad y, por extensión, la calidad de vida de su ciudadanía.

En enero de 2020, Barcelona fue nombrada oficialmente por la UIA como ciudad candidata con una única rival, la ciudad china de Beijing.

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CSIF muestra su disposición a la ministra de Justicia para impulsar las reformas pendientes

29 de julio, 2021

CSIF muestra su disposición a la ministra de Justicia para impulsar las reformas pendientes

  • La transformación judicial debe incluir mejoras laborales y retributivas y abordar los problemas estructurales de la justicia: refuerzo de plantillas y disminución de los casos pendiente, entre otros
  • La ministra traslada a CSIF su reconocimiento a la labor del personal de la Justicia durante la pandemia para asegurar la prestación del servicio público

28 de Julio de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, ha mostrado su disposición y colaboración a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para impulsar las reformas judiciales pendientes.

La ministra de Justicia pidió a CSIF que transmitiéramos al colectivo su reconocimiento por el trabajo desplegado durante la pandemia en condiciones difíciles y haciendo posible la continuidad en la prestación del servicio público esencial, como corresponde en una democracia moderna. Asimismo, nos aseguró que se mantienen los proyectos de justicia 2030, así como las negociaciones en marcha, que continuarán en septiembre.

Por su parte, CSIF ha trasladado la necesidad de abordar desde la negociación colectiva, la necesaria transformación de la Administración de Justicia y, en particular, los proyectos que impulsa el Ministerio tales como las leyes de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal, de transformación digital, de enjuiciamiento criminal, o el nuevo modelo de registro civil, implicando al personal de Justicia a través de su participación real y efectiva en el diseño e implantación de estas reformas.

En una reunión mantenida en el Ministerio de Justicia, CSIF destacó que la proliferación de casos pendientes pese la importante disminución de trámites resueltos, así como la escasez de juzgados y jueces, obligan a tomar medidas urgentes relativas al refuerzo de las plantillas. La ciudadanía no puede sufrir los efectos de la crisis en nuestros servicios públicos y para ello reclamamos un plan de recursos humanos. A modo de ejemplo, España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea. De un estudio presentado por CSIF sobre necesidades de personal en el sector público se desprende que la Administración de Justicia necesita algo más de 19.000 puestos de trabajo adicionales en todos los Cuerpos de funcionarios para equipararse a estándares europeos.

En ese marco, CSIF trasladó a la ministra las principales reivindicaciones que afectan al personal de Justicia: la continuidad en la negociación de los temas que se estaban abordando antes del cambio de titular en el Ministerio, la negociación anual de plantillas con estructuración de refuerzos de 3 años y ofertas de empleo público y concursos anuales coordinados, la regulación básica de la carrera profesional, el fomento de la promoción interna para que sea real, la revisión del sistema de guardias y de la productividad, la eliminación de las diferencias retributivas en el concepto de grupos de población y la revisión de la estructura salarial de todos los cuerpos, entre otras. Es necesario también crear unidades administrativas con personal de Justicia para resolver los problemas de gestión que provocan retrasos en los procesos selectivos, concursos de traslados, sustituciones, comisiones de servicio o provisión por interinos.

La politización de la Justicia con asuntos tan importantes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no debe despistarnos a la hora de acometer las reformas que necesita la ciudadanía. La transformación de la Administración de Justicia debe incluir mejoras laborales y retributivas para su personal con el objetivo claro de dignificar y reconocer el trabajo que diariamente desempeñan, así como aprovechar su potencial para prestar el mejor servicio público posible.

A este deterioro en la Justicia le perjudica también que las bolsas de personal interino ya están agotadas ante el retraso en las ofertas de empleo público, por lo que el Ministerio se está viendo obligado a recurrir a las listas del paro para contratar refuerzos. Se suma también la antigüedad de los medios tecnológicos, con aplicaciones obsoletas y sistemas informáticos lentos que afectan a la tramitación de los procedimientos.

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El Comité Europeo de las Regiones da un paso más en la escucha activa a los ciudadanos

29 de julio, 2021

El Comité Europeo de las Regiones da un paso más en la escucha activa a los ciudadanos

El pasado 9 de mayo de 2021, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y otros agentes clave brindaron la oportunidad de contribuir en la «Conferencia sobre el Futuro de Europa» a los líderes regionales y locales mediante su adhesión al mismo.

El futuro está en tus manos

Comisión Europea

Una iniciativa que solicita la selección de uno de los miembros como responsables de asuntos de la UE. Con esta medida, el CDR persigue la consecución de un gobierno más cercano a la ciudadanía y en el que depositen una mayor confianza.

Esta decisión, además de involucrar a los corresponsales locales y regionales no solo en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, permite su estrecha colaboración con el Comité Europeo de las Regiones en la celebración de debates políticos en sus asambleas locales y regionales, la difusión de información a la ciudadanía y la organización de diálogos locales.

El Comité insiste en el beneficio de participar garantizando un futuro de la UE construido por y para nuestra ciudadanía y municipios europeos. Si cada corresponsal escucha a su ciudadanía, las propuestas podrán ser expuestas en la Conferencia a nivel internacional.

Entre las diversas ventajas que se alcanzarán con esta aportación común, el CDR destaca las siguientes:

Compartir las opiniones ciudadanas.

La organización de diálogos locales con la ciudadanía.

La participación en la red de corresponsales locales y regionales de la UE.

La celebración de debates políticos en la asamblea local o regional.

Cimentar una visión común de la UE.

La iniciativa no ofrece únicamente un contacto directo, sino también otras oportunidades como el apoyo a los medios de comunicación, la recopilación de opiniones ciudadanas para hacerlas llegar a la Conferencia y su colaboración en la organización de diálogos locales.

Si le gustaría obtener más información, puede visitar la web del Comité Europeo de las RegionesBuscar traducciones disponibles del enlace anteriorES•••. Si además le gustaría documentarse sobre la Conferencia sobre el futuro de Europa, visite el siguiente enlace.

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Memoria de la Central de Información de Riesgos

29 de julio, 2021

Memoria de la Central de Información de Riesgos

15/07/2021 Banco de España

La Memoria de la Central de Información de Riesgos (CIR) expone los aspectos más destacados de la actividad de este servicio durante el año 2020. La CIR es un servicio público, gestionado por el Banco de España, que recopila información individualizada de la mayor parte de las operaciones de crédito vivas concedidas por las entidades financieras a sus clientes, ya sean personas físicas o jurídicas, con dos objetivos fundamentales:

Proporcionar a las entidades declarantes información de los riesgos crediticios totales (tanto en la entidad como en otras entidades declarantes) de sus clientes y de posibles nuevos acreditados (en otras entidades declarantes) para que estas puedan analizar el riesgo de sus operaciones.
Facilitar el ejercicio de la supervisión e inspección y el desempeño de las restantes funciones que tiene legalmente atribuidas el Banco de España.
La CIR es uno de los servicios del Banco de España más demandado por los ciudadanos.

En la Memoria se explica por qué la CIR es una herramienta fundamental para la gestión de la actividad económica, especialmente tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. La información de la CIR ha permitido a las autoridades económicas monitorizar, prácticamente en tiempo real, el despliegue de las medidas del Gobierno.

Además, en la Memoria se presenta información estadística sobre:

Las características de las operaciones declaradas, de los titulares y de las entidades que han concedido la financiación. Durante el año 2020 aumentaron tanto las operaciones, más de 48,7 millones, como los titulares declarados que han superado los 20,8 millones.
Informes de riesgos facilitados a las entidades declarantes y a los titulares. Durante 2020 se entregaron más de 5 millones de informes de riesgos, de los que 473.000 los solicitaron directamente los titulares (empresas y particulares).
Solicitudes de rectificación o supresión de datos por parte de los titulares (coloquialmente, reclamaciones ante la CIR) que, durante 2020, ascendieron a 348.
También se explican las iniciativas del Banco de España para mejorar la disponibilidad de los datos de la CIR, a la vista del creciente interés tanto por usuarios internos como por investigadores y organismos externos. Por un lado, utilizando tecnologías Big Data para el tratamiento y análisis de la información y, por otro, poniendo a disposición de los investigadores estos microdatos de alta calidad, a través del laboratorio de datos del Banco de España (BELab) y firmando convenios que delimiten y concreten los datos a facilitar, así como las limitaciones en su uso.

Por último, se detalla la participación del Banco de España en el proyecto AnaCredit del Eurosistema, iniciado en 2018, para crear a nivel europeo una base de datos centralizada de créditos de personas jurídicas.

Ojea la Memoria en busca de las informaciones sobre los temas de tu interés.

También puedes ver este video explicativo.

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Se requieren medidas urgentes para frenar la divergencia de la recuperación

29 de julio, 2021

Se requieren medidas urgentes para frenar la divergencia de la recuperación

Por Kristalina Georgieva

Fondo Monetario Internacional

Cuando los ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20 se reúnan en Venecia esta semana, podrán inspirarse en el espíritu inquebrantable de la ciudad.

Venecia, que fue el primer centro financiero internacional del mundo, ha experimentado los caprichos del devenir económico durante siglos y además sufre directamente los efectos del cambio climático. Esta resiliencia extraordinaria es más necesaria que nunca en un momento en el que los responsables de las políticas económicas continúan afrontando retos extraordinarios.

La buena noticia es que la recuperación mundial avanza, en líneas generales, en consonancia con las proyecciones de un crecimiento de 6% para este año formuladas en abril por el FMI. Tras una crisis sin parangón, en algunos países está teniendo lugar una recuperación sin parangón, impulsada por una combinación de contundentes medidas de apoyo fiscal y monetario y una rápida vacunación.

Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, proyectamos un crecimiento de 7% para este año, el mayor desde 1984. La recuperación también está cobrando impulso en China, en la zona del euro y en un puñado de otras economías avanzadas y emergentes.

Pero los nuevos datos también confirman una creciente divergencia en la evolución económica de los distintos países, muchos de los cuales se están quedando rezagados.

El mundo se enfrenta a una recuperación que, cada vez más, se produce a dos velocidades, como consecuencia de las enormes diferencias en la disponibilidad de vacunas, las tasas de infección y la capacidad para proporcionar apoyo mediante las políticas económicas. Estamos en un momento crítico que requiere medidas urgentes del G-20 y de las autoridades económicas de todo el mundo.

Como se señala en nuestra nota para la reunión del G-20, es vital actuar con celeridad. Según nuestras estimaciones, un acceso más rápido a la vacunación de las poblaciones de alto riesgo podría salvar más de medio millón de vidas solo en los próximos seis meses.

Los peligros de la divergencia

Las bajas tasas de vacunación significan que los países más pobres están más expuestos al virus y a sus variantes. Aunque la variante delta es motivo de preocupación en todo el mundo, incluidos los países del G-20, en estos momentos está causando un incremento brutal de las infecciones en el África subsahariana. En esta región, menos de 1 de cada 100 adultos han recibido la vacunación completa, frente a un promedio de más de 30 en las economías más avanzadas. La existencia de poblaciones no vacunadas en cualquier lugar incrementa el riesgo de que surjan cepas aún más letales, lo que socavaría los avances en todas las regiones e infligiría más daños en la economía mundial.

La merma de recursos fiscales hará que a las naciones más pobres les resulte aún más difícil impulsar la vacunación y apoyar a sus economías. Millones de personas quedarán sin protección y expuestas a un aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre. La crisis ha causado ya un incremento de la inseguridad alimentaria y en muchos países aumenta el temor a nuevas subidas de la inflación de los precios de los alimentos.

El mundo también observa atentamente el reciente repunte de la inflación, en particular en Estados Unidos. Sabemos que la acelerada recuperación estadounidense beneficiará a muchos países al incrementar el comercio; además, las expectativas de inflación se han mantenido estables hasta ahora. Sin embargo, existe el riesgo de que la inflación o las expectativas de inflación aumenten de forma más sostenida, lo que exigir un endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos antes de lo previsto. Otros países afrontan desafíos similares como consecuencia de las subidas de precios de las materias primas y los alimentos.

Unas tasas de interés más altas en Estados Unidos podrían dar lugar a un marcado endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y a cuantiosas salidas de capital de economías emergentes y en desarrollo. Esto supondría graves dificultades sobre todo para los países con grandes necesidades de financiamiento externo o niveles de deuda elevados.

No está de más reiterar que el mundo se encuentra en un momento crítico. Si queremos frenar la creciente divergencia de esta recuperación a dos velocidades, debemos tomar ya medidas de política urgentes.

Primero, intensificar la cooperación internacional para poner fin a la pandemia.

Los beneficios económicos serían extraordinarios, y trabajar para salvar, potencialmente, cientos de miles de vidas en los próximos meses es un imperativo moral. Los costos son relativamente pequeños.

El personal técnico del FMI propuso recientemente un plan que costaría USD 50.000 millones y que podría generar ganancias de billones de dólares gracias a la agilización de la vacunación y una recuperación más rápida. Sería la mejor inversión pública de nuestra vida y cambiaría el panorama en todo el mundo.

Para acelerar la ejecución de las medidas previstas en este plan, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han establecido un «comité de crisis». En nuestra primera reunión, convocada por el Banco Mundial y celebrada la semana pasada, acordamos trabajar juntos para contribuir a supervisar, coordinar y promover la entrega de recursos sanitarios vitales a países en desarrollo y movilizar a los responsables de políticas para eliminar obstáculos fundamentales.

El respaldo del G-20 y de otras economías marcará la diferencia, al apoyar la meta de vacunar a por lo menos el 40% de la población en todos los países para finales de 2021, y a por lo menos el 60% para el final del primer semestre de 2022.

Para lograr estos objetivos, se emprenderán iniciativas fundamentales como repartir más dosis en el mundo en desarrollo; respaldar el financiamiento concesionario y las donaciones para incrementar y diversificar la producción de vacunas, e impulsar la capacidad nacional de administración de vacunas, diagnóstico y tratamiento; y eliminar todas las barreras a la exportación de insumos y vacunas ya producidas, así como otras barreras en las operaciones de las cadenas de abastecimiento.

También resulta esencial adaptarse rápidamente a los cambios de las circunstancias, como la escalada de las infecciones en África subsahariana. El suministro inmediata de paquetes de emergencia, que incluyan oxígeno, material de detección, equipos de protección personal y tratamientos, a países en desarrollo de África subsahariana y de otras regiones afectadas es clave para salvar vidas.

Segundo, redoblar los esfuerzos para afianzar la recuperación.

Con las economías del G-20 a la cabeza, el mundo ha adoptado medidas sincronizadas extraordinarias, incluidos aproximadamente unos USD 16 billones en medidas fiscales. Ahora ha llegado el momento de redoblar estos esfuerzos con medidas que tengan en cuenta la exposición a la pandemia y el margen de maniobra de política de cada país.

En los países que experimenten un rápido incremento de las infecciones, es fundamental que la sanidad y los hogares y las empresas vulnerables continúen recibiendo apoyo. Para ello se requieren medidas fiscales focalizadas, dentro marcos a mediano plazo plausibles.

Una vez que la mejora de los indicadores sanitarios permita una normalización de la actividad, los gobiernos deben replegar gradualmente los programas de apoyo y, al mismo tiempo, incrementar el gasto social y los programas de capacitación para amortiguar el impacto en los trabajadores. Esto ayudaría a reparar las secuelas a largo plazo de la crisis, que afectó de manera especial a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores menos cualificados.

Para afianzar la recuperación también es necesario que la mayoría de los países sigan adoptando políticas monetarias acomodaticias, acompañadas de una estrecha vigilancia de la inflación y los riesgos para la estabilidad financiera. En los países en los que la recuperación se está acelerando, incluido Estados Unidos, es fundamental que se eviten reacciones exageradas ante incrementos pasajeros de la inflación.

Para mantener bien ancladas las expectativas inflacionarias, los principales bancos centrales han de comunicar con cuidado sus planes en materia de política monetaria. Esto contribuiría también a evitar una excesiva volatilidad financiera en sus países y en el extranjero. La clave es prevenir los efectos de contagio que se produjeron a principios de año.

Tercero, reforzar el apoyo a las economías vulnerables.

Los países más pobres se enfrentan a un doble golpe devastador: corren el riesgo de perder la carrera contra el virus y, además, podrían quedar excluidos de una transformación histórica que sentará las bases de una nueva economía mundial verde y digital.

Estimamos que los países de bajo ingreso deben desplegar unos USD 200.000 millones en cinco años solo para luchar contra la pandemia, y otros USD 250.000 millones para tener margen fiscal para reformas transformadoras que les permitan retornar a la trayectoria de convergencia hacia niveles de ingreso más elevados. Estos países pueden cubrir únicamente una parte de esos importes por sí solos. Por lo tanto, es vital que los países más ricos redoblen sus esfuerzos, especialmente en lo que respecta al financiamiento concesionario y las ayudas para hacer frente a la deuda.

La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G-20 ha dado un respiro fiscal a estos países, pero, habida cuenta de la necesidad de proporcionar alivio de la deuda de carácter permanente, debemos trabajar para que el nuevo Marco Común esté plenamente operativo. Chad, por ejemplo, recibió seguridades de financiamiento de sus acreedores bilaterales miembros del G-20, y ahora necesitamos compromisos rápidos, en condiciones comparables, de sus acreedores privados.

También apoyamos firmemente la oportuna creación del comité de acreedores, para posibilitar la operación de deuda solicitada por Etiopía. El éxito de los primeros casos del Marco Común es fundamental para otros países con deudas insostenibles o necesidades de financiamiento persistentes. Estos países también deberían solicitar medidas tempranas de resolución o reorganización de la deuda.

El papel del FMI

Por su parte, el FMI ha redoblado sus esfuerzos de una forma sin precedentes, proporcionando USD 114.000 millones en nuevo financiamiento a 85 países y alivio del servicio de la deuda a los países miembros más pobres. Tenemos respaldo para incrementar los límites de acceso, lo que nos permite ampliar nuestra capacidad de préstamo a tasa de interés cero. También estamos estudiando un nuevo «mecanismo de financiamiento de vacunas» en el marco de nuestros servicios de financiamiento de emergencias, que ayudaría a los países a financiar programas de vacunación si lo necesitan.

Nuestros países miembros también apoyan una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro por un monto de USD 650.000 millones, la mayor emisión de la historia del FMI. Esta asignación complementará las reservas y ayudará a todos nuestros países miembros, especialmente a los más vulnerables, a dar respuesta a las necesidades urgentes, incluidas las vacunas. Nuestro Directorio Ejecutivo debatió recientemente la propuesta y esperamos que el proceso de asignación se complete para finales de agosto.

Además, estamos procurando amplificar los efectos de la nueva asignación de DEG, y en tal sentido estamos fomentando la canalización voluntaria de parte de los DEG, junto con préstamos presupuestarios, para alcanzar un objetivo mundial total de USD 100.000 millones para los países más pobres y vulnerables. Estamos analizando con los países miembros fórmulas para lograr ese objetivo, por ejemplo a través de nuestro Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) y, posiblemente, de un nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad.

La cumbre del G-20 de esta semana es una oportunidad para impulsar el plan para un nuevo fondo de resiliencia y sostenibilidad, que brindaría apoyo a países de bajo ingreso, así como a países de ingreso mediano más pobres y vulnerables asolados por la pandemia. La idea es ayudarlos en su transformación estructural y a afrontar, entre aspectos, los desafíos relacionados con el cambio climático.

Para reforzar las medidas contra el cambio climático, el personal técnico del FMI propuso recientemente un mecanismo de precio mínimo internacional del carbono. Dicho precio mínimo podría contribuir a acelerar la transición a un crecimiento con bajas emisiones de carbono en el curso de esta década, y nuestra intención promoverlo vigorosamente en la Conferencia sobre el Clima del G-20 que se celebrará esta semana en Venecia.

En el ámbito tributario, nos complace mucho el histórico acuerdo alcanzado por 130 países en el contexto del Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20. El acuerdo prevé un impuesto mínimo mundial a las sociedades que contribuirá a garantizar que las empresas muy rentables tributen en proporción a sus beneficios en todo el mundo. A partir de nuestros propios estudios, sabemos que los regímenes de impuestos mínimos pueden ayudar a los países a preservar su base del impuesto de sociedades y a movilizar ingresos, algo que ahora es más importante que nunca.

Decenios de competencia fiscal han provocado una «carrera hacia el abismo», que ha privado a muchos países de los recursos necesarios para realizar inversiones vitales en salud, educación, infraestructuras y políticas sociales. La pandemia trajo consigo nuevas presiones para las políticas fiscales, lo que dificulta la inversión en la transformación verde y digital. Por lo tanto, aprovechemos este momento crucial para construir un sistema tributario internacional más justo y eficaz acorde con las realidades del siglo XXI.

Espero que las generaciones futuras que estudien este momento aprecien en nuestra asociación el inquebrantable espíritu de Venecia. Podemos poner fin a la pandemia y convertir esta recuperación a dos velocidades en crecimiento sincronizado y sostenible, pero para ello hemos de actuar con decisión y de forma mancomunada.

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Buganvillas

28 de julio, 2021
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La ministra de Justicia se reúne con los principales operadores jurídicos

28 de julio, 2021

La ministra de Justicia se reúne con los principales operadores jurídicos

27/07/2021

​26 de julio 2021.- La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha reunido durante el día de hoy con los principales operadores jurídicos, dentro del marco de entrevistas que está manteniendo con los diferentes actores del sector tras su toma de posesión.

En el primer encuentro, Llop se ha reunido con el presidente y el vocal de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, Ángel Maraver y José Antonio Castillo, respectivamente. En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Justicia, han abordado temas relacionados con la modernización del sistema público de Justicia, como las reformas legislativas que está llevando a cabo la cartera de Llop.

En segundo lugar, la ministra de Justicia ha recibido a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. En la reunión, en la que han tratado temas que afectan a este colectivo, la presidenta ha hecho entrega de la Memoria de la Abogacía 2020.

Por otro lado, Llop se ha reunido con el presidente, el vicepresidente y la tesorera del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, Javier Carlos Sánchez y María Granizo, respectivamente, y han dialogado sobre los principales temas que preocupan a la procura y los proyectos que el Ministerio tiene previstos en el ámbito de Administración de Justicia.

Finalmente, la ministra de Justicia ha recibido al presidente del Consejo General del Colegio Oficiales de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón. En el encuentro han hablado sobre las principales preocupaciones de los graduados sociales, mientras que desde el Ministerio se han trasladado los distintos proyectos que están llevando a cabo dentro del plan Justicia 2030.

En las cuatro reuniones, la ministra de Justicia ha estado acompañada por el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste.

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El Tribunal Supremo declara nula por abusiva la cláusula de Ryanair que permite mandar el equipaje en vuelo distinto al del pasajero y la de sumisión al derecho irlandés

28 de julio, 2021

Viernes, 23 de julio de 2021

El Tribunal Supremo declara nula por abusiva la cláusula de Ryanair que permite mandar el equipaje en vuelo distinto al del pasajero y la de sumisión al derecho irlandés

En cuanto a la sumisión al derecho irlandés, la Sala expresa que “causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes y obstaculiza el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha declarado nulas por abusivas, como reclamaba un recurso de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las cláusulas del condicionado general del contrato aéreo de pasajeros de Ryanair que establecían, una de ellas, la posibilidad del envío en vuelo separado del equipaje respecto del pasajero al que pertenece; y la segunda, la sumisión al derecho irlandés de la interpretación del contrato.

El Supremo declara nula la cláusula por la cual la compañía podía decidir, “por motivos de seguridad u operatividad”, transportar el equipaje en un vuelo distinto al del pasajero. El Supremo señala que puede haber casos que justifiquen una excepción a la regla de que el pasajero y su equipaje viajen juntos, pero no mediante una cláusula tan genérica que deja “a la voluntad del transportista desplazar o no el equipaje facturado en el mismo vuelo bajo la invocación de unas inconcretas y absolutamente inespecíficas circunstancias de seguridad u operatividad”.

Asimismo, el tribunal declara nulo el inciso primero de la cláusula 2.4 de las condiciones generales, que establecía: “Salvo por disposición en contrario del Convenio o la legislación aplicable, el contrato de transporte con nosotros, los Términos y Condiciones de Transporte y nuestros Reglamentos se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación de Irlanda”.

El Supremo considera que esa cláusula es abusiva porque la sumisión a la ley irlandesa “causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes y obstaculiza el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor”, ya que “tiene como resultado que el consumidor español deba informarse del contenido de la ley irlandesa si quiere conocer sus derechos y obligaciones contractuales y probar el contenido de dicha ley en cualquier reclamación judicial”.

Explica que “para enjuiciar el carácter abusivo de la cláusula de elección de ley no hay que acudir a ningún Derecho nacional (en este caso, ni el irlandés ni el español), sino que el estándar de abusividad deriva del propio Reglamento Roma I, puesto que determina la ley aplicable a un contrato en defecto de elección. Conforme a su art. 5, en el caso de un contrato de transporte de pasajeros, el Derecho aplicable al contrato sería la ley española si: (i) el consumidor tiene su residencia habitual en España; y (ii) además, el lugar de origen o destino de viaje se localiza en nuestro país”.

“Es decir –añade la sentencia–, sin la cláusula de elección, los contratos de Ryanair con los consumidores con residencia en España se someterían, en la mayor parte de los casos, a la ley española. Mientras que, con la inclusión de la cláusula, quedan sometidos a la ley irlandesa. Lo que, entre otras consecuencias, tiene como resultado que el consumidor español deba informarse del contenido de la ley irlandesa si quiere conocer sus derechos y obligaciones contractuales y probar el contenido de dicha ley en cualquier reclamación judicial”.

Además, el Supremo resalta que la cláusula es incompleta y puede inducir a error al consumidor, porque da a entender que únicamente se aplica al contrato la ley irlandesa, sin informarle de que también le ampara la protección que le garantizan las disposiciones imperativas del Derecho de transporte aéreo de pasajeros (Derecho uniforme, en particular el Convenio de Montreal y los Reglamentos comunitarios sobre transporte de pasajeros).

El tribunal ha examinado los recursos de casación planteados tanto por la OCU como por Ryanair contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de julio de 2017, que declaró nulas por abusivas algunas cláusulas de las condiciones generales del contrato de pasajeros de Ryanair vigente en 2011. La Audiencia, a su vez, había revisado la sentencia del Juzgado de lo mercantil Número 5 de Madrid, dictada en septiembre de 2013.

El alto tribunal desestima íntegramente el recurso de Ryanair, y estima parcialmente el recurso de la OCU, declarando nulas por abusivas las dos cláusulas citadas, que se suman a las ya consideradas nulas por la Audiencia de Madrid.

Y tampoco acepta el resto del recurso de la OCU, que se refería a cláusulas sobre el contenido del equipaje, cargos por reservas o inclusión en el precio del billete del cargo por retraso/cancelación del vuelo, al entender el Supremo, como lo hizo la Audiencia de Madrid, que esas cláusulas no son abusivas ni engañosas con el consumidor.

Al desestimar el recurso de Ryanair, se mantiene la nulidad del redactado de las siguientes cláusulas, ya fijada por la Audiencia de Madrid: la del cargo de 40 euros por reimpresión de la tarjeta de embarque (se consideró desproporcionada), la de denegación del transporte, entre otros a quien hubiese mostrado “una mala conducta en un vuelo anterior” y existiesen motivos “para creer que esta conducta podría repetirse” (se estima genérica e inconcreta, dejando a la compañía la definición de mala conducta actual o previa), o la del derecho de registro de equipaje, donde se destaca que el hecho de que “la compañía aérea tenga la facultad y el deber de velar por la seguridad del equipaje transportado en la aeronave no quiere decir que pueda registrarlo por sí misma, sin participación de los agentes de la autoridad o de sus auxiliares encargados legalmente de tales cometidos, en tanto que el registro del equipaje constituye, como resalta la sentencia recurrida, una intervención invasiva en el ámbito de privacidad del sujeto”. También se confirma la nulidad de la cláusula sobre transacciones en efectivo o mediante tarjeta de crédito o débito.

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La CNMC sanciona con 300.000 euros a Albia Gestión de Servicios, S.L.U, filial del grupo Santa Lucía

28 de julio, 2021

La CNMC sanciona con 300.000 euros a Albia Gestión de Servicios, S.L.U, filial del grupo Santa Lucía

21 julio 2021

◦La compañía incumplió la obligación de notificar a la CNMC la compra de la funeraria Tanatorios Móstoles, S.L. antes de llevarla a cabo en 2019.
◦Se trata de una infracción grave de la Ley de Defensa de la Competencia.
◦La CNMC requirió a Albia que notificara la compra y, tras analizarla, aprobó la adquisición en primera fase.

La CNMC ha impuesto una multa de 300.000 euros a Albia Gestión de Servicios, S.L.U, filial del grupo asegurador Santa Lucía, por una infracción grave del artículo 62.3.d) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. (SNC/DC/045/21).

El pasado mes de abril, la CNMC abrió un expediente sancionador contra esta empresa por no haber notificado la operación de compra de la funeraria Tanatorios Móstoles, que ejecutó en octubre de 2019 (nota de prensa).

Esta práctica, conocida en el argot de competencia como “gun jumping”, supone un incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), ya que las empresas tienen la obligación de notificar sus operaciones de compra a la CNMC antes de ejecutarlas cuando superan determinados umbrales.

Umbrales de notificación

Es obligatorio notificar la operación a la Comisión cuando la cuota de mercado individual o conjunta de las empresas que participan en la operación sea igual o superior al 50% en cualquiera de los mercados relevantes afectados por la operación.

En este caso, los umbrales se cumplían, al menos, en el mercado minorista de servicios de tanatorio en Móstoles, de acuerdo con las definiciones de mercado vigentes en los precedentes del sector funerario cuando se ejecutó la operación.

Sanción a Albia

El control de las adquisiciones se realiza antes de su ejecución para evitar situaciones anticompetitivas que podrían afectar al interés general y, en tal caso, valorar la posibilidad de condicionar la operación a la previa asunción de compromisos asumidos por la parte o de condiciones fijadas por la CNMC.

Por todo ello, tras la instrucción del expediente, la CNMC ha impuesto a Albia Gestión de Servicios, S.L.U. una multa de 300.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63.1 b) de la LDC.
La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Aprobación en primera fase

Por otra parte, el 13 de enero de 2021, la CNMC requirió de oficio a Albia la notificación de la compra de Tanatorios Móstoles.

Después de analizar la operación, el pasado 20 de abril de 2021, la CNMC autorizó en primera fase sin compromisos, la citada adquisición (C/1167/21 Albia/Tanatorios Móstoles), objeto ahora de sanción por las razones indicadas previamente.

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Estado de los embalses

28 de julio, 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 50 por ciento de su capacidad

Martes 27 de julio de 2021

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 50 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 27.958 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 919 hectómetros cúbicos (el 1,6 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 76,7%
•Cantábrico Occidental al 80,1%
•Miño-Sil al 56,0%
•Galicia Costa al 73,7%
•Cuencas internas del País Vasco al 81,0%
•Duero al 65,3%
•Tajo al 45,6%
•Guadiana al 33,6%
•Tinto, Odiel y Piedras al 73,4%
•Guadalete-Barbate al 37,1%
•Guadalquivir al 33,0%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 46,1%
•Segura al 46,5%
•Júcar al 56,5%
•Ebro al 69,7%
•Cuencas internas de Cataluña al 82,9%

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Teruel con 35,4 mm (35,4 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

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El Tribunal Supremo confirma la no autorización del ‘toque de queda’ en Tenerife

28 de julio, 2021

Martes, 27 de julio de 2021

El Tribunal Supremo confirma la no autorización del ‘toque de queda’ en Tenerife

La propuesta de limitación de la libertad de circulación de las personas en dicha isla se adoptó por el Gobierno canario en sesión de 8 de julio

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el auto de 14 de julio del Tribunal Superior de Justicia canario que acordó no autorizar el ‘toque de queda’ entre las 0.30 y las 6 horas de la isla de Tenerife, o subsidiriamente, los municipios de dicha isla con una tasa superior de incidencia COVID superior a 100 casos por 100.000 habitantes. La propuesta de limitación de la libertad de circulación de las personas en dicha isla se adoptó por el Gobierno canario en sesión de 8 de julio.

El alto tribunal considera que el auto del TSJ canario ha concluido de forma razonada que carece de justificación la limitación de la libertad de circulación propuesta a la vista de las circunstancias concurrentes en la isla de Tenerife, y que dicha medida restrictiva no era proporcional.

El Supremo se refiere a su reciente sentencia en la que avaló el confinamiento del municipio de Peal de Becerro (Jaén), y destaca que en ese caso la tasa de incidencia era más de diez veces superior al planteado ahora, y además se destacó la alta presencia de asintomáticos y el porcentaje de vacunación, entre otras razones que hacían ineficaces otras medidas diferentes a la adoptada.

Sin embargo, en primer lugar, el Supremo indica que en esa localidad de Jaén se trataba de un cierre perimetral y no de un ‘toque de queda`, “que exige una mayor justificación sobre que las medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública”. Además, coincide con la Sala de instancia en la ‘poca claridad’ en el planteamiento de la pretensión del Gobierno canario “cuando la petición principal era la autorización del ‘toque de queda’ en toda la isla de Tenerife pese a que las cifras aportadas respecto a los distintos municipios identificados no son homogéneas”.

Asimismo, rechaza que exista contradicción entre el pronunciamiento del Tribunal canario y el realizado por los tribunales superiores de Valencia, Cataluña y Cantabria, ya que el Gobierno canario no acreditado que las circunstancias de Tenerife sean coincidentes con las examinadas por esos otros tribunales.

Al respecto, señala que esas otras administraciones autonómicas “fundamentaron su pretensión de ratificación de las medidas con apoyo en los datos de la alta incidencia del número de contagiados y de su presión en el sistema sanitario, lo que la Sala de Canarias echa de menos en este caso”.

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Paseo de la Habana

27 de julio, 2021
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España inicia las donaciones de vacunas a América Latina y el Caribe a través del mecanismo COVAX

27 de julio, 2021

Plan de vacunación solidaria contra la COVID-19

España inicia las donaciones de vacunas a América Latina y el Caribe a través del mecanismo COVAX

Lunes 26 de julio de 2021

La Moncloa

OPS-OMS-COVAX

En cumplimiento del compromiso anunciado por el Presidente del Gobierno en la Cumbre Iberoamericana de Andorra, España ha iniciado la donación de 7,5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe, que se distribuirán a través del mecanismo COVAX.

Tras el acuerdo alcanzado entre AstraZeneca, COVAX y España, las primeras donaciones ascenderán a más de 750.000 dosis y tendrán como destino Paraguay, Guatemala, Perú, Ecuador y Nicaragua.

El Gobierno de España ha comprometido un total de 22,5 millones de las vacunas autorizadas en la Unión Europea y utilizadas en España, de las cuales al menos 7,5 millones se destinarán a países iberoamericanos. Las donaciones se canalizarán a través de COVAX -un mecanismo coordinado por la Alianza de Vacunas (GAVI), la Coalición para la Innovación en la Preparación contra Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, con el apoyo logístico de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en línea con la voluntad de España de articular una respuesta multilateral a la crisis provocada por la COVID-19.

El reparto de las dosis destinadas a América Latina y el Caribe se realiza en base a las necesidades epidemiológicas de los diferentes países de la región y a la coordinación de acciones de los diferentes actores implicados que realiza COVAX. La distribución será progresiva, a medida que España ponga las vacunas a disposición del mecanismo. Los primeros países destinatarios son: Paraguay, que recibirá 252.000 dosis; Guatemala, 201.600; Ecuador y Perú, 101.760 respectivamente; y Nicaragua: 97.920. Los envíos se materializarán en los próximos días.

Además, España está actualmente tramitando contribuciones al Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A) por valor de 125 millones de euros, a las que se sumará una contribución adicional de 50 millones de euros a COVAX a través de GAVI.

Todo ello se inscribe bajo el Plan de Acceso Universal: Compartiendo las vacunas contra el Covid-19. «Vacunación Solidaria», aprobado por el Ejecutivo español en enero pasado, y que define la estrategia de donaciones. El principal objetivo de este plan es contribuir a garantizar un acceso justo, asequible y universal a la vacuna como un bien público global, con el fin de responder al llamamiento de solidaridad de la sociedad española.

España coordina la donación de las vacunas con la UE y sus Estados miembros, que hasta el momento han contribuido con 2.470 millones de euros a COVAX. El objetivo del mecanismo es inmunizar a, como mínimo, el 20% de la población de las 190 naciones que lo integran antes de que termine el año.

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