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Tribunal Supremo. Sala Tercera

24 de octubre, 2021
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Calviño traslada el firme apoyo del Gobierno para la reactivación económica de La Palma

24 de octubre, 2021

20 de octubre de 2021

Calviño traslada el firme apoyo del Gobierno para la reactivación económica de La Palma

​La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha informado de que el Ministerio está trabajando para reforzar la conectividad óptica de La Palma y del Instituto de Astrofísica de Canarias y prevé una inversión de unos 40 millones de euros

Nadia Calviño ha anunciado que el Gobierno va a proponer que la reunión de Ministerial de la OCDE sobre política económica y digital, prevista para finales de 2022, se celebre en Canarias


Además, ha resaltado que el Ministerio está trabajando para “reforzar el papel de Canarias como uno de los hubs de conectividad en el ámbito intercontinental” para lo que se desplegarán inversiones de en torno a 40 millones de euros para fortalecer la conectividad óptica de La Palma y del Instituto de Astrofísica de Canarias

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha reunido hoy con la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, y los alcaldes de los municipios más afectados por la erupción del volcán.

Durante el encuentro, la vicepresidenta ha subrayado el firme compromiso del Gobierno para impulsar, apoyar la recuperación de La Palma: “Las distintas Administraciones Públicas tenemos que implicarnos al 100% para garantizar que haya futuro en La Palma. Creo que trabajando juntos lo vamos a lograr”.

En este sentido, ha recordado que se han lanzado dos paquetes de medidas dentro del Plan Especial de reconstrucción de La Palma dotado con más de 200 millones de euros. Estas medidas son “no solo esa respuesta de choque a corto plazo” sino que permiten “empezar a trabajar en la reconstrucción” de la isla.

La vicepresidenta primera ha recordado que en estas medidas se incluyen 63 millones de euros destinados a un “plan de empleo y formación que se está empezando a articular y que será fundamental para construir esas oportunidades de futuro” en la isla, así como 40,3 millones para restaurar el entorno socioeconómico y ambiental afectado, y 5 millones para financiar prestaciones básicas de servicios sociales a desarrollar por los municipios afectados y el Cabildo insular.

Oportunidades de futuro

Durante la reunión con las administraciones del Cabildo Insular, Gobierno de Canarias y municipios afectados se ha tratado algunos ámbitos prioritarios para la reconstrucción de La Palma, como son las infraestructuras, el turismo, la energía, el sector agroalimentario y la conectividad y digitalización.

En este ámbito, la vicepresidenta ha anunciado que el Ministerio está trabajando para reforzar la conectividad óptica de la Palma y del Instituto de Astrofísica de Canarias invirtiendo una parte de los fondos europeos. “Se trata de reforzar el papel de Canarias como uno de los hubs de conectividad en el ámbito intercontinental”, ha apuntado la ministra, cuyo objetivo es poder empezar a desplegar estas inversiones, que serán de en torno a 40 millones de euros.

Calviño ha informado de que el Gobierno va a proponer que la reunión de los ministros de política económica y digital de la OCDE se celebre en Canarias en el año 2022.

“Se trata de aprovechar todas las oportunidades de dar una respuesta conjunta por parte de las distintas administraciones a esta catástrofe” con el fin de que “podamos entre todos salir lo antes posible lo mejor posible” en cuanto se termine la erupción del volcán de esta situación que se suma a los meses duros de pandemia.

La jornada de trabajo de la vicepresidenta primera continuó con un encuentro con empresarios, en el que le trasladaron sus inquietudes y necesidades, y una visita al Puesto de Mando Avanzado, donde conoció de primera mano cómo se coordinan las labores de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y el Centro de Coordinación Operativa Insular. ​

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El TSJ de Murcia avala la exigencia de certificado COVID para restaurantes y discotecas

24 de octubre, 2021

Viernes, 22 de octubre de 2021

El TSJ de Murcia avala la exigencia de certificado COVID para restaurantes y discotecas

Los salones de restauración, celebraciones y locales de ocio en lugares con nivel de contagio bajo o medio podrán ocupar el 100% del aforo si exigen para el acceso documentación que acredite la pauta completa de vacunación, una prueba diagnóstica negativa o haberse recuperado de la infección. En otro caso, la ocupación máxima seguirá siendo del 75% en interior o exterior, o de 50% en aquellos municipios con nivel de alerta 3 (Alto) o 4 (Muy Alto)

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJMU, reunida en pleno, ha ratificado las medidas sanitarias establecidas por Orden de la Consejería de Salud de 19 de octubre.

En concreto, tras dar publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, la autoridad sanitaria establece que se permitirá una ocupación del total del aforo para celebraciones y locales de ocio “en aquellos municipios que se encuentren en nivel de alerta sanitaria 1 Bajo o 2 Medio”, siempre los organizadores exijan en el momento de acceso al local “la certificación o documentación acreditativa de haber recibido la pauta completa de vacunación, de haber superado la enfermedad recientemente o bien de haber realizado un test de antígenos PDIA con resultado negativo”.

Los magistrados, tras destacar la relevancia de lo resuelto por el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de septiembre de 2021, dictada en relación a un supuesto semejante en Galicia, argumentan la necesidad, urgencia y proporcionalidad de la adopción de tales medidas previstas en la Orden queda acreditada a la vista del informe emitido el 18 de octubre por la jefa del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de la Salud Pública y Adicciones que subraya que a pesar de situarse la Región de Murcia en un nivel de alerta bajo, las tasas y, por tanto, el riesgo de contagio ha aumentado la última semana. En concreto, destaca los 433 nuevos casos de la última semana y la subida de la tasa de contagios de 22,3 a 28,7 por cada 100.000 habitantes.

“Sin la exigencia de estos documentos sanitarios no sería factible flexibilizar las condiciones de actividad de las celebraciones y del ocio nocturno, por lo que la restricción de derechos que comporta la exigencia de esta documentación se considera proporcional y razonable respecto al beneficio que supone, máxime cuando va a tener un carácter voluntario para las empresas del sector y también para los ciudadanos que acceden a estas actividades” subraya el tribunal en la fundamentación jurídica de su resolución, destacando lo argumentado por la comunidad autónoma en su informe.

Las medidas entraran en vigor a las 00.00 horas de mañana y mantendrán su vigencia hasta las 23:59 horas del 12 de noviembre, “sin perjuicio de que puedan ser modificadas, flexibilizadas o dejadas sin efecto en función de la evolución de la situación epidemiológica regional”. Limitación temporal que la Sala considera “adecuada a la finalidad pretendida”.

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La CNMC analiza el anteproyecto de ley para la defensa de los consumidores y usuarios

24 de octubre, 2021

La CNMC analiza el anteproyecto de ley para la defensa de los consumidores y usuarios

20 octubre 2021

◦La futura norma refuerza la información que recibirán los consumidores, especialmente cuando compran por Internet.
◦La Comisión recomienda potenciar la veracidad de las reseñas y mejorar la información de los buscadores (parámetros de clasificación).
◦Aconseja que los clientes de viajes combinados sepan qué parte del servicio gestiona cada prestador y sus opciones a la hora de reclamar.
◦Recomienda que las compañías eviten usar rangos de tarifas especiales en sus servicios de atención al cliente.

La CNMC ha publicado el informe sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (IPN/CNMC/027/21).

El anteproyecto transpone la Directiva (UE) 2019/2161, conocida como Directiva de modernización, e implica modificar tres textos legales: el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley de Competencia Desleal.

El objetivo principal de la nueva norma es eliminar las disparidades existentes en el mercado interior, reforzar la seguridad jurídica de empresarios y aumentar la información de que disponen los consumidores cuando realizan sus compras, y, en consecuencia, su confianza.

Medidas previstas

Entre otras medidas figura la existencia de requisitos más estrictos en la información precontractual, una regulación más garantista respecto de la constancia en la reducción de precios, la consideración de nuevas prácticas comerciales desleales per se, y la regulación, por primera vez, de la calidad dual de los bienes (bienes comercializados como idénticos pero que presentan características diferentes) como posible práctica comercial desleal para evaluar caso por caso.

La CNMC ha analizado anteriormente aspectos relacionados con la protección de los consumidores en distintos informes (IPN/CNMC/042/17 o IPN/CNMC/001/18) y, más concretamente, en la normativa sectorial relativa a agencias de viaje (IPN/CNMC/020/17).

Elementos positivos del anteproyecto

En su informe, la CNMC valora positivamente la contribución del anteproyecto a mejorar un fallo del mercado. Así, la norma proyectada reducirá la falta de información de los consumidores, especialmente en situaciones en las que pueden encontrarse más desprotegidos, como es el caso, de la contratación a distancia (por teléfono e Internet) o fuera del establecimiento comercial.

Principales sugerencias y recomendaciones

El informe también realiza algunas sugerencias sobre las llamadas de los consumidores y usuarios a los servicios de atención al cliente (para que se eviten rangos de tarifas especiales, salvo si son gratuitas) y propone considerar los servicios de telecomunicaciones como servicios básicos de interés general.

En todo caso, sobre las medidas previstas en el anteproyecto, la CNMC realiza las siguientes recomendaciones:

◦Información sobre parámetros de clasificación de productos y servicios. Para aportar mayor seguridad jurídica, se recomienda especificar la razón por la cual esta exigencia no aplica a los proveedores de motores de búsqueda en línea.

◦Comprobación de la veracidad de las reseñas. Se recomienda valorar la introducción de una mayor concreción en las obligaciones a asumir; por ejemplo, exigiendo suministrar información sobre las reseñas que son efectivamente publicadas (positivas y/o negativas, todas o en parte) o sobre si las mismas están patrocinadas.

◦Reforzar la información ofrecida al consumidor en el caso de garantías y seguros en los contratos a distancia para aclarar si los mismos son obligatorios o voluntarios y evitar así un posible empaquetamiento de servicios.

◦Derecho de desistimiento de los contratos. El plazo máximo general de 14 días naturales desde la firma del contrato para ejercer el desistimiento puede verse reducido en la realidad si los operadores retrasan la provisión de los elementos indispensables para comenzar el servicio. Se recomienda que dicho plazo comience a partir del momento en que el empresario facilite los productos necesarios para el inicio de la prestación de todos los servicios contratados.

◦Garantías en los viajes combinados. Se recomienda informar al viajero sobre qué parte de su viaje combinado gestiona cada prestador. También, sobre la posibilidad de reclamar ante uno solo de los organizadores o minoristas, y de reclamar a todos y cada uno de los prestadores por su ámbito de gestión.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Consumo, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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La reserva hídrica española se encuentra al 39,2 por ciento de su capacidad

24 de octubre, 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 39,2 por ciento de su capacidad

Martes 19 de octubre de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 39,2 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 22.015 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 237 hectómetros cúbicos (el 0,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 65,8%
Cantábrico Occidental al 57,1%
Miño-Sil al 41,1%
Galicia Costa al 53,9%
Cuencas internas del País Vasco al 66,7%
Duero al 42,0%
Tajo al 42,0%
Guadiana al 29,2%
Tinto, Odiel y Piedras al 66,4%
Guadalete-Barbate al 30,5%
Guadalquivir al 26,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 36,5%
Segura al 35,6%
Júcar al 50,9%
Ebro al 49,6%
Cuencas internas de Cataluña al 68,5%
Las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Pontevedra con 22,0 mm (22,0 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

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La campaña de incendios forestales se cierra con un descenso del 25% del número de siniestros respecto al promedio de la última década

24 de octubre, 2021

La campaña de incendios forestales se cierra con un descenso del 25% del número de siniestros respecto al promedio de la última década

Viernes 22 de octubre de 2021

Hasta el 17 de octubre se han producido 7.835 siniestros de los cuales 5.227 han sido conatos (67%) y 2.608 incendios (33%).

El Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), evalúa de manera preliminar la campaña de verano a partir de los datos, todavía provisionales, que las comunidades autónomas facilitan periódicamente al Ministerio. Así, hasta el 17 de octubre se han producido 7.835 siniestros en el cómputo global.

Esta cifra supone una reducción del 25% respecto a la media del último decenio, que se sitúa en 10.496 siniestros. Esto lo convierte, por ahora, en el tercer mejor año de la última década en cuanto a menor número de siniestros tras los ejercicios de 2020 y 2018.

En cuanto a la vegetación, se han visto afectadas 85.959,88 hectáreas de superficie forestal, tanto leñosa como herbácea, lo que implica un aumento del 5 % respecto a la media del decenio en superficie forestal afectada. Dato muy influenciado por el incendio de Navalacruz, que ha supuesto un aumento del 25% en la superficie forestal afectada, principalmente pastos.

Las Comunidades interiores, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, representan el 48,19% de superficie forestal quemada y el 39,33% de superficie arbolada afectada. El 41,37% de los siniestros se han producido en la zona Noroeste, el 36,77% en las Comunidades interiores, el 21,31% en la región Mediterránea y el 0,55% en Canarias.

Grandes incendios forestales
En el transcurso del año se han producido 20 grandes incendios forestales (GIF), de más de 500 hectáreas, destacando el de Navalacruz (Ávila), con 21.312 ha, y el de Jubrique (Málaga), con 7.664 ha. Estos dos incendios han supuesto el 61% del total de la superficie forestal afectada por GIF en el verano (47.844,53 ha.) y un 34% de la superficie forestal afectada por el total de los incendios producidos en España hasta el 17 de octubre de 2021.

El incendio de Navalacruz ha sido el segundo mayor incendio forestal de los últimos 10 años. Esto ha contribuido a que, pese a que 2021 se encuentra un 25% por debajo de la media en número de siniestros, la superficie media quemada haya subido un 5% por encima de la media del decenio.

Número de intervenciones
Desde el 1 de junio hasta el 17 de octubre el MITECO ha prestado ayuda a las comunidades autónomas con 1.030 intervenciones en 329 incendios forestales de los 7.835 ocurridos en España hasta la fecha.

De estos 7.835 siniestros, 5.227 han sido conatos (67%), con una superficie inferior a 1 ha, y 2.608 han sido incendios (33%), con una superficie superior a 1 ha. Esta cifra supone una reducción del 25% respecto a la media del último decenio, que se sitúa en 10.496 siniestros.

Sistema de alerta temprana de incendios forestales
Desde 2020, el MITECO pone en marcha el proyecto ARBARIA, un sistema pionero de alerta temprana de incendios, que permite la predicción de incendios forestales mediante técnicas de inteligencia artificial (Big-Data). Esta herramienta ha sido desarrollada junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este sistema permite explicar y predecir semanalmente la ocurrencia de incendios y superficies afectadas, a nivel provincial y nacional. Utiliza datos de la serie histórica de incendios EGIF (la base de datos de incendios más completa del mundo) y datos predictivos meteorológicos proporcionados diariamente por AEMET. Los resultados obtenidos alcanzan validaciones próximas al 80%. Los valores obtenidos han servido para prever las regiones con mayor probabilidad de incendios, permitiendo una asignación más efectiva de recursos de vigilancia y extinción (del MITECO y otros organismos como SEPRONA) en las zonas de mayor riesgo de incendios forestales.

Campaña de invierno
Aunque el verano sea la época de mayor riesgo de incendios forestales, tras finalizar la campaña estival el MITECO mantiene un dispositivo fuera de los meses de alto riesgo para prestar ayuda en cualquier zona del territorio nacional.

A partir del 31 de octubre, los medios de extinción serán los siguientes:

2 Aviones anfibios de gran capacidad, todos los días del año.
5 Helicópteros de gran capacidad, entre los meses de febrero a mayo.
1 Avión de coordinación y observación, entre los meses de febrero a junio.
5 BRIF con helicóptero de transporte y extinción, entre los meses de febrero a abril.
10 Brigadas, en disponibilidad todos los días del año.
En cuanto a los medios de prevención, el Ministerio activa tras la campaña de verano los siguientes medios:

10 Brigadas de Labores Preventivas (BLP).
21 Equipos de Prevención de Incendios Forestales (EPRIF).
Colaboración internacional
El MITECO colabora activamente también en la extinción de incendios dentro del programa RescEU de la Comisión Europea, con dos aviones anfibios de gran capacidad, disponibles desde el 15 de junio hasta el 31 de octubre para dar apoyo a los países que lo soliciten. Durante esta campaña, los medios aéreos del MITECO han realizado 17 intervenciones internacionales para apoyar a Grecia, Turquía y Portugal en la extinción de los incendios declarados durante este verano.

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Estatua de la Libertad. Congreso de los Diputados

23 de octubre, 2021
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El Tribunal Supremo anula el apartado de la Orden que redujo el plazo de validez de la ITV prorrogadas por el estado de alarma

23 de octubre, 2021

Jueves, 21 de octubre de 2021

El Tribunal Supremo anula el apartado de la Orden que redujo el plazo de validez de la ITV prorrogadas por el estado de alarma


La Sala afirma la falta de consistencia de la justificación ofrecida por la Administración para adoptar la decisión de recortar el periodo de validez de las inspecciones

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del apartado segundo de la Orden SND 413/2020, de 15 de mayo, que acortó el periodo de validez de las ITV favorables de vehículos realizadas tras la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas, al considerar que vulnera el ordenamiento jurídico y el Derecho de la Unión Europea.

El apartado segundo de la citada orden establecía que la fecha de validez de la ITV de los vehículos cuyos certificados habían sido prorrogados era la que constaba en la tarjeta de inspección y, en ningún caso, la de la prórroga.

El tribunal ha dictado dos sentencias en las que estima los recursos de casación interpuestos por la Federación Empresarial de Auto Transporte de Tarragona (FEAT-TARRAGONA) y de la Fundación Avata de Ayuda al Accidentado, en los que solicitaban la nulidad del apartado segundo de la Orden impugnada.

La Sala considera que el apartado segundo de la Orden se aparta de lo previsto por el artículo 6 del Real Decreto 920/2017, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, que establece que el plazo de validez se computará a partir de la fecha en la que el resultado de la inspección fuera favorable.

Afirma la falta de consistencia de la justificación ofrecida por la Administración para adoptar la decisión de recortar el periodo de validez de las ITV. Así, señala que “descartado el vaticinio del colapso no encontramos en el expediente ni se ha traído al proceso ninguna otra justificación razonable. La consecuencia es que, a falta de ella, la decisión de la Administración se sustenta exclusivamente en su voluntad”.

Asimismo, recuerda que el Reglamento (UE) 698/2020 prorrogó por siete meses la validez de las inspecciones que hubieran debido realizarse entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2020 y que no contempla el acortamiento de los plazos de validez.

“Es verdad que, conforme a su artículo 5.6, no se ha aplicado en España, pero que haya sido así no permite ignorar la solución que la Unión Europea ha considerado procedente: prorrogar los certificados de vehículos que, a causa de las medidas contra la pandemia, no pudieron ser inspeccionados cuando les correspondía sin reducir el período de validez de los expedidos cuando han sido revisados finalmente. No aplicarla en España supone apartarse de lo que prescribe el Derecho de la Unión Europea y también debemos advertir ahora que no hay explicación de la razón por la cual es imprescindible en España lo que no es necesario para el Reglamento (UE) 698/2020”, subraya el tribunal.

Por todo ello, concluye en su sentencia, ponencia del magistrado Pablo Lucas, que hay causas suficientes para anular el apartado segundo de la Orden ya que se trata de una disposición “que carece de sustento en el Real Decreto 463/2020, infringe el principio de interdicción de la arbitrariedad proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución y desconoce el Derecho de la Unión Europea”.

El apartado segundo de la Orden impugnada estaba suspendido cautelarmente desde el 5 de octubre de 2020 por decisión de la Sala, que en su sentencia recuerda que entonces atendió la recomendación que hizo el Defensor del Pueblo. En su informe advirtió, y así lo recuerda la Sala, que “siendo loable el propósito de asegurar la supervivencia económica de las estaciones de ITV, ese objetivo de interés general podía lograrse de otro modo sin imponer cargas a los particulares sin efecto para el interés general”.

La Sala reconoce la legitimación para recurrir a la Fundación Avata de Ayuda al Accidentado, que había sido cuestionada por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos. En este sentido, indica que la Orden no contiene ninguna medida que afecte a las víctimas de accidentes de tráfico, pero sí aparenta pretender que no se produzcan accidentes mediante una adecuada inspección técnica de vehículos.

Además, precisa en su sentencia, ponencia de la magistrada Celsa Pico, que el Real Decreto por el que se declara de interés preferente la actividad de inspección técnica de vehículos señala que con el incremento de los medios de diagnosis de deficiencias mecánicas de los vehículos se quiere disminuir el índice de siniestralidad en la circulación vial. Del mismo modo, que la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la misma materia recoge que el buen estado técnico para circular tiene un impacto directo en la seguridad vial.

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El TSJ de Galicia autoriza a la Xunta exigir el certificado COVID-19 en todos los locales de ocio nocturno

23 de octubre, 2021

Viernes, 22 de octubre de 2021

El TSJ de Galicia autoriza a la Xunta exigir el certificado COVID-19 en todos los locales de ocio nocturno

Los establecimientos contarán, desde mañana, con un aforo del 100 %, lo que supone “un plus de riesgo”, según los magistrados. Consideran que la medida es “idónea, necesaria y proporcionada” para impedir la circulación del virus

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha autorizado a la Xunta exigir la presentación del certificado COVID-19 de vacunación, recuperación o prueba diagnóstica negativa para acceder a todos los locales de ocio nocturno de la comunidad autónoma porque contarán, a partir de mañana, con un aforo del 100 %. Hasta ahora, solo tenían obligación de requerir el certificado los locales que abriesen hasta las cuatro de la mañana y contasen con aforos del 75 %, en interior, y del 100 %, en exterior. La ampliación de aforos, según indica el alto tribunal, supone “un plus de riesgo”.

“La medida que se trae para su autorización, no es novedosa, sino de mayor alcance, y tampoco es de aplicación general o indiscriminada, sino que se dirige a una sola actividad: el ocio nocturno”, subrayan los magistrados. Para autorizar la medida restrictiva de derechos fundamentales, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo ha tenido en cuenta un informe técnico del pasado 19 de octubre, que advierte que la mejoría de la situación epidemiológica en la comunidad no evita “la persistencia de la circulación del virus y, por consiguiente, el riesgo de su transmisión, especialmente en los establecimientos de ocio nocturno, que se frecuentan por jóvenes, colectivo que, además, es el que presenta menor cobertura en la vacunación».

Los jueces también destacan que la actividad en la que se aplica la medida se desarrolla en espacios “en los que resulta dificultoso renovar el aire de forma natural, con la consiguiente facilidad de que se transmita el virus por vía aerógena, según se acredita en los rigurosos estudios científicos a los que se refiere el informe de 19 de octubre”. Por ello, consideran que es “evidente” la utilidad de la medida de prevención, “que no tiene como finalidad el mero control a los clientes, sino la de impedir que accedan a los establecimientos quienes no hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos que persiguen los certificados de vacunación, recuperación y de pruebas diagnósticas de la COVID-19”. Los jueces, por tanto, concluyen que es una medida “idónea, necesaria y proporcionada”.

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La comunidad internacional logra un acuerdo fiscal innovador para la era digital

23 de octubre, 2021

La comunidad internacional logra un acuerdo fiscal innovador para la era digital

OCDE

08/10/2021 – Una importante reforma del sistema tributario internacional finalizada hoy en la OCDE garantizará que las empresas multinacionales (EMN) estén sujetas a una tasa impositiva mínima del 15% a partir de 2023.

El acuerdo histórico, acordado por 136 países y jurisdicciones que representan más del 90% del PIB mundial, también reasignará más de USD 125 mil millones de ganancias de alrededor de 100 de las EMPRESAS emergentes más grandes y rentables del mundo a países de todo el mundo, asegurando que estas empresas paguen una parte justa de impuestos dondequiera que operen y generen ganancias.

Después de años de intensas negociaciones para llevar el sistema tributario internacional al siglo XXI, 136 jurisdicciones (de los 140 miembros del Marco Inclusivo de la OCDE / G20 sobre BEPS) se unieron a la Declaración sobre la Solución de Dos Pilares para Abordar los Desafíos Fiscales Derivados de la Digitalización de la Economía. Actualiza y finaliza un acuerdo político de julio de los miembros del Marco Inclusivo para reformar fundamentalmente las normas fiscales internacionales.

Con Estonia, Hungría e Irlanda que se han unido al acuerdo, ahora cuenta con el apoyo de todos los países de la OCDE y el G20. Cuatro países -Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka- aún no se han adherido al acuerdo.

La solución de dos pilares se entregará en la reunión de Ministros de Finanzas del G20 en Washington D.C. el 13 de octubre, y luego en la Cumbre de Líderes del G20 en Roma a finales de mes.

El acuerdo fiscal mínimo global no busca eliminar la competencia fiscal, sino que le impone limitaciones acordadas multilateralmente, y verá a los países recaudar alrededor de USD 150 mil millones en nuevos ingresos anualmente. El primer pilar garantizará una distribución más justa de los beneficios y los derechos fiscales entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes y rentables. Reasignará algunos derechos fiscales sobre las empresas medianas de los países de origen a los mercados donde tienen actividades comerciales y obtienen beneficios, independientemente de si las empresas tienen una presencia física allí. En concreto, las empresas multinacionales con ventas globales superiores a 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10 % -que puede considerarse como los ganadores de la globalización- estarán cubiertas por las nuevas normas, con un 25 % de los beneficios por encima del umbral del 10 % que se reasignará a las jurisdicciones del mercado.

Bajo el Pilar Uno, se espera que los derechos impositivos sobre más de USD 125 mil millones de ganancias se reasignen a las jurisdicciones del mercado cada año. Se espera que el aumento de los ingresos de los países en desarrollo sea mayor que el de las economías más avanzadas, como proporción de los ingresos existentes.

El segundo pilar introduce una tasa mínima global del impuesto de sociedades establecida en el 15%. El nuevo tipo impositivo mínimo se aplicará a las empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros y se estima que generará alrededor de 150.000 millones de dólares en ingresos fiscales globales adicionales al año. También se obtendrán otros beneficios de la estabilización del sistema tributario internacional y del aumento de la certidumbre fiscal para los contribuyentes y las administraciones tributarias.

«El acuerdo de hoy hará que nuestros acuerdos fiscales internacionales sean más justos y funcionen mejor», dijo el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann. «Esta es una gran victoria para un multilateralismo efectivo y equilibrado. Es un acuerdo de gran alcance que garantiza que nuestro sistema fiscal internacional sea adecuado para su propósito en una economía mundial digitalizada y globalizada. Ahora debemos trabajar rápida y diligentemente para garantizar la implementación efectiva de esta importante reforma», dijo el Secretario General Cormann.

Los países tienen como objetivo firmar una convención multilateral durante 2022, con una implementación efectiva en 2023. El convenio ya está en desarrollo y será el vehículo para la implementación del derecho de tributación recientemente acordado en el marco del Primer Pilar, así como para las disposiciones de statu quo y eliminación en relación con todos los impuestos sobre servicios digitales existentes y otras medidas unilaterales relevantes similares. Esto traerá más certidumbre y ayudará a aliviar las tensiones comerciales. La OCDE desarrollará reglas modelo para incorporar el Segundo Pilar en la legislación nacional durante 2022, que entrarán en vigencia en 2023.

Los países en desarrollo, como miembros del Marco Inclusivo en pie de igualdad, han desempeñado un papel activo en las negociaciones y la Solución de Dos Pilares contiene una serie de características para garantizar que se aborden las preocupaciones de los países de baja capacidad. La OCDE garantizará que las normas puedan administrarse de manera eficaz y eficiente, ofreciendo también un apoyo integral para el desarrollo de capacidades a los países que lo necesiten.

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CEOE espera que el IPC se modere en la última parte del año

23 de octubre, 2021

CEOE espera que el IPC se modere en la última parte del año

14 octubre 2021


En septiembre el IPC aumentó siete décimas su tasa de variación hasta el 4,0% interanual, siendo el aumento de los precios de los productos energéticos el principal elemento inflacionista.

La inflación subyacente aumenta ligeramente su tasa de variación en tres décimas hasta el 1,0% interanual. Por componentes, los precios de los servicios aumentan su ritmo de variación en tres décimas hasta el 0,9%, los precios de los bienes industriales sin productos energéticos aumentan una décima su tasa de variación hasta el 0,7% y los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco aceleran su tasa de variación tres décimas hasta el 1,5%.

Los precios de los alimentos sin elaboración disminuyen en un punto su tasa de variación interanual hasta el 1,6%.

Los precios energéticos constituyen el componente más inflacionista del IPC, con una tasa interanual del 28,8% (23,5% en agosto). De hecho, la misma tasa para el IPC sin productos energéticos es del 1,1% en septiembre. En concreto, los precios de los carburantes, junto con los de la electricidad y de los combustibles líquidos mantienen ritmos de crecimiento muy elevados. En septiembre el precio del crudo se situó en 74,4 dólares/barril, y en los primeros días de octubre el precio ha seguido subiendo y se sitúa de media en 82,5 dólares/barril, que de mantenerse supondría un encarecimiento del 107,3% en términos interanuales. Las previsiones apuntan a que el precio se mantendrá relativamente estable durante los próximos meses, por lo que seguirá presionando al alza la inflación, reduciéndose a partir de diciembre.

En la inflación actual hay un fuerte componente de efecto base, ya que en 2020 los precios cayeron hasta el mes de diciembre. En este contexto es importante tener en cuenta no solo la inflación interanual, sino también la inflación acumulada desde el inicio de 2020, que para el índice general es del 2,5% y en el caso de la subyacente es el 0,3%.

Las empresas están asumiendo importantes costes de producción, que apenas se están trasladando a los precios finales, como muestra una inflación subyacente muy moderada. Todo esto implica una reducción significativa de los márgenes empresariales en un momento delicado para muchas de ellas tras meses de crisis y restricciones a la actividad.

De cara a los próximos meses, a pesar del comportamiento alcista de los precios de las materias primas, se espera que su impacto sobre la inflación sea transitorio y se vaya reduciendo, lo que unido a que la subyacente continuará en niveles muy bajos, serán factores moderadores de la inflación en la última parte del año.

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Incapacidad temporal o baja: resolvemos todas tus dudas

23 de octubre, 2021

Incapacidad temporal o baja: resolvemos todas tus dudas

11 octubre, 2021 USO

Estamos en situación de incapacidad temporal cuando por enfermedad común, profesional o accidente, no podemos trabajar. USO te resume cuál es su duración, la cuantía de la prestación y cómo se abona

Según el artículo 128 de la Ley General de la Seguridad Social, se consideran situaciones determinantes de incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras se reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y no se pueda trabajar.

Estamos en situación de incapacidad temporal (IT) si…
•Una enfermedad o accidente nos impide ir a trabajar.
•Recibimos asistencia sanitaria de la Seguridad Social, a través del Servicio Público de Salud o la Mutua.
•Recibimos una prestación económica o subsidio diario que cubre la pérdida de rentas.

La IT puede deberse a contingencias comunes; es decir, a enfermedad común o accidente no laboral, y la asistencia sanitaria se lleva a cabo por el Servicio Nacional de Salud.

También puede deberse a contingencias profesionales, por accidente laboral, por enfermedad profesional (EP) recogida en el Real Decreto 1299/2006 o por enfermedad causada por el trabajo. En este caso, la asistencia sanitaria corresponde a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

¿Cuál es su duración?

La duración máxima de la incapacidad temporal es de 365 días, prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que en este plazo puede darse el alta médica por curación.

Agotado este plazo de 365 días, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar las incapacidades permanentes -ICAM en Cataluña y el EVI, en el resto de comunidades autónomas- será el único competente para:
•Reconocer prórroga expresa con un límite de 180 días más.
•Iniciar expediente de incapacidad permanente.
•Emitir el alta médica.

Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja médica cuando se produzca en un plazo de 180 días naturales posteriores a la anterior por la misma o similar patología.

También se consideran situaciones de incapacidad temporal los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal y de su posible prórroga, se computarán los periodos de recaída y de observación.

Prestación económica por incapacidad temporal

La prestación económica por IT es un subsidio diario que cubre la pérdida de rentas de la persona trabajadora.

Los requisitos para el cobro de la prestación, así como las cuantías y pagadores, varían en función del hecho causante. Si se trata de enfermedad común, se debe estar afiliado y en alta, y tener cubierto un período de cotización de 180 días en los 5 años anteriores. Si es por accidente, sea o no de trabajo, y enfermedad profesional, no se exigen cotizaciones previas.

La cuantía de la prestación por contingencias comunes es:
•60% de la base reguladora desde el día 4 hasta el 20, inclusive.
•75% de la base reguladora, del día 21 en adelante.

El pago corresponde a la empresa del día 4 al 15 de la baja. Del día 16 en adelante, el responsable del pago depende de con quien esté concertada la gestión de la prestación (INSS, mutua, empresa colaboradora) y, como norma general, el pago es delegado a la empresa.

En cambio, la cuantía de la prestación de incapacidad temporal por contingencias profesionales es:
•100% de la base reguladora el día de ocurrencia del accidente o hecho causante.
•75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja.

El pago de la prestación por incapacidad temporal en este caso corre a cargo de la mutua (en la mayor parte de los casos); INSS (si la empresa tuviese concertadas las contingencias profesionales con esta entidad gestora); o empresa autorizada para colaborar en la gestión. La materialidad del pago se lleva a cabo en concepto de pago delegado por la propia empresa.

Los convenios colectivos pueden mejorar la acción protectora de la Seguridad Social, incrementando las cuantías de las prestaciones, tanto en contingencias profesionales como en contingencias comunes.

IT según su duración

La Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, desarrolla el Real Decreto 625/2014 de Incapacidad Temporal. Esta orden entró en vigor en 2015 y contempla los nuevos modelos de partes médicos; define los tipos de procesos según su duración y la expedición de partes en cada uno de ellos; y fija los plazos de presentación de partes en la empresa o entidad que corresponda en caso de pago directo.

Los médicos deben detallar en el mismo parte de baja la duración estimada del proceso, ya que las bajas se clasificarán en función de su duración. Así, la incapacidad temporal podrá ser:
•Muy corta: inferior a cinco días naturales.
•Corta: de 5 a 30 días naturales.
•Media: de 31 a 61 días.
•Larga: si la baja supera los 61 días.

Para determinar la duración estimada de los procesos, la Seguridad Social elaborará tablas de duración óptima de la baja de distintas patologías.

En las bajas de duración estimada menor a cinco días naturales, se podrá emitir la baja y el alta en un mismo acto médico. En caso de bajas cuya duración supere los cinco días, en el parte de baja siempre deberá figurar la fecha de la siguiente revisión, que será, como mucho:
•Cortas: a los 7 días desde la emisión de la baja.
•Medias: a los 7 días desde la emisión de la baja.
•Largas: a los 14 días desde la emisión de la baja.

Los partes de baja y confirmación de baja se presentarán en la empresa en los tres días siguientes a su expedición. El alta se comunicará en las siguientes 24 horas, tras recibirla.

¿Cuándo se abona la prestación?

El abono de la prestación económica de incapacidad temporal lo efectúa la empresa con la misma periodicidad que los salarios, descontando del importe la retención por IRPF y las cuotas a la Seguridad Social.

Esto es así como norma general, salvo en determinados casos en los que el pago de la prestación se lleva a cabo directamente por la mutua o INSS a la persona trabajadora, siempre previa solicitud en la entidad correspondiente.

Una particularidad a tener en cuenta es que, en los supuestos de pago directo, el salario se abona en 12 pagas. Los supuestos de pago directo son:
•Incumplimiento empresarial del pago delegado.
•Empresas con menos de diez trabajadores y más de seis meses consecutivos de abono del subsidio, si lo solicitan reglamentariamente.
•Extinción de la relación laboral estando en situación de IT.
•Continuación de la situación de IT, extinguido el período de desempleo.
•Alta médica por informe propuesta de perceptores de la prestación por desempleo.
•En los supuestos de agotamiento de la IT por el transcurso del plazo máximo, durante la prórroga de efectos de la prestación, hasta la calificación de la incapacidad permanente.
•Por pasar a la prórroga de IT después de 12 meses, tras la resolución de la entidad gestora.
•Por iniciar expediente de incapacidad permanente, tras la resolución de la entidad gestora.

¿Qué ocurre con la prestación de incapacidad temporal en situaciones de desempleo?

Si nos encontramos en situación de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes y pasamos a situación de desempleo:
•Percibimos la prestación por IT en cuantía igual a la prestación de desempleo que corresponda, hasta que se extinga la situación de IT.
•Cuando se extingue la situación de IT , pasamos a percibir la prestación por desempleo que corresponda.
•Se descontará del período de percepción de la prestación de desempleo el tiempo que se haya permanecido en situación de IT (a partir de la fecha de extinción del contrato).

Si nos encontramos en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales y durante esta pasamos a desempleo:
•Percibimos la prestación por IT, en cuantía igual a la que se tenga reconocida, hasta que se extinga dicha situación.
•Pasamos entonces a la situación de desempleo y a percibir la correspondiente prestación.
•En este caso, no procede descontar del período de percepción el tiempo de permanencia en IT tras la extinción del contrato.

¿Qué ocurre si estoy en desempleo y pasamos a situación de IT?

Si estamos en situación de desempleo, percibiendo prestación y pasamos a la situación de incapacidad temporal, hay que distinguir dos posibles situaciones:
•En los casos en que la IT constituya recaída de un proceso anterior iniciado durante la vigencia de un contrato de trabajo, percibirá la prestación por IT en cuantía igual a la prestación por desempleo. En el supuesto de que continuase en situación de IT una vez agotado el período de desempleo, seguirá percibiendo la prestación por IT en la cuantía de desempleo que venía percibiendo.
•En los casos en que la IT no constituya recaída de un proceso anterior iniciado durante la vigencia de un contrato de trabajo, sino un nuevo proceso: percibirá la prestación en cuantía igual a la prestación por desempleo. En este caso, y en el supuesto de que continuase en situación de IT una vez finalizado el período de desempleo, seguirá percibiendo la prestación por IT en cuantía igual al 80% del IPREM mensual, excluida la parte proporcional de pagas extras. En este caso, no se ampliará el período de percepción de desempleo.

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Casa Allende en Madrid

22 de octubre, 2021
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Un juzgado declara la propiedad municipal de un campanario y una calle de Benicarló (Castellón) que habían sido inmatriculados por la Iglesia

22 de octubre, 2021

Miércoles, 20 de octubre de 2021

Un juzgado declara la propiedad municipal de un campanario y una calle de Benicarló (Castellón) que habían sido inmatriculados por la Iglesia

La magistrada estima en la sentencia la demanda interpuesta por el Ayuntamiento contra el Obispado de Tortosa

Autor Comunicación Poder Judicial

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vinaròs ha dictado una sentencia que declara la propiedad municipal de una torre campanario y una calle de Benicarló (Castellón) que habían sido inmatriculados por la Iglesia en 2015.

La magistrada ha estimado así la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de esta localidad contra el Obispado de Tortosa (Tarragona) y ha ordenado la cancelación de la inscripción del bien a nombre de esa diócesis en el Registro de la Propiedad.

La sentencia, que puede ser recurrida en apelación, establece que la torre-campanario fue cedida por el rey Jaime I de Aragón al municipio tras la Reconquista en la carta puebla del año 1236, aunque el monumento actual data del siglo XVIII.

Además, la prueba practicada en el juicio ha acreditado “el título de propiedad del Ayuntamiento, o cuando menos la posesión a título de dueño desde más de 30 años, tanto del campanario como de la zona que separa la iglesia del mismo”, concreta la resolución.

La juzgadora señala que la prueba pericial ha demostrado que el campanario es una construcción “exenta”, un edificio independiente de la Iglesia de San Bartolomé.

Igualmente, alude en la sentencia a que todos los alcaldes de la localidad que declararon en la vista oral coincidieron en que este inmueble siempre había sido tratado como un bien municipal y que ha sido el Consistorio el que sufragaba los gastos de mantenimiento y las obras para su reparación.

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UGT reclama un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral que acabe con esta lacra social

22 de octubre, 2021

UGT reclama un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral que acabe con esta lacra social

13 octubre 2021

El sindicato destaca el aumento de los accidentes laborales con baja (un 20,7% más que hasta agosto de 2020) y el enorme incremento de los accidentes de tráfico mortales ocurridos durante la jornada laboral (un 20%), fruto de la mala regulación del trabajo en sectores como, por ejemplo, las plataformas digitales de reparto

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores denuncia que 467 personas han fallecido hasta agosto como consecuencia de su actividad laboral, un 0,8% menos que en el mismo periodo de 2020. Así lo indica el avance de los datos de accidentes de trabajo facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social hasta el mes de agosto, que reflejan un total de 730.524 accidentes de trabajo, de los que 364.937 accidentes laborales han causado la baja laboral del trabajador (aumentando este dato en un 20,7%) y 365.587 no han producido incapacidad temporal (experimentando un aumento del 10,5%).

Además de destacar el notable aumento de los accidentes de trabajo con baja, UGT quiere hacer mención especial a las muertes por accidentes de tráfico ocurridos durante la jornada laboral, que presentan un enorme incremento del 20% respecto al dato registrado en 2020. Unos accidentes que pueden venir derivados de la mano de una incorrecta organización del trabajo para aquellos trabajadores que utilizan habitualmente furgonetas, coches o motos durante su jornada laboral, por lo que, en estos casos, deberían evitarse plazos ajustados, presión de tiempo y la carga excesiva de trabajo, algo que ocurre con mucha asiduidad en algunos sectores, como es el caso de las plataformas de reparto. Los vehículos deberán estar en condiciones adecuadas y deben respetarse las normas de circulación.

Para UGT, a la vista de los datos, resulta imprescindible que el Gobierno impulse una Mesa de Diálogo Social en materia de siniestralidad laboral, con el fin de acordar medidas que pongan fin a esta situación. No podemos permitir que los trabajadores y trabajadoras sigan muriendo por el simple hecho de ganarse la vida.

En este sentido, el sindicato manifiesta la necesidad de articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata. Este Plan de Choque debe ser integral y abordar las causas de los accidentes laborales con resultado mortal, por lo que debe abordar los fallecimientos por infartos y derrames cerebrales, primera causa de muerte durante la jornada laboral y relacionados con la enorme incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora.

Debe seguirse la estela del Marco Estratégico de la UE en materia de Salud y Seguridad en el trabajo 2022-2027 y adoptarse el enfoque de “Visión 0” relativo a la mortalidad laboral para el que es necesario la identificación y el tratamiento de las causas de estas muertes, la potenciación de la sensibilización frente a estos riesgos y el refuerzo del cumplimiento de la normativa. Para conseguir esto, es imprescindible reforzar la Inspección de Trabajo, con medios humanos y materiales, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo. Debe alcanzarse la ratio recomendada por la OIT de 1 inspector por cada 10.000 trabajadores, de esta forma se ampliaría su actividad planificada de visitas a empresas, algo que, en la actualidad, no ocurre.

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El pleno del TC por unanimidad desestima el recurso de amparo de Artur Mas y avala la decisión del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de desobediencia

22 de octubre, 2021

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

El pleno del TC por unanimidad desestima el recurso de amparo de Artur Mas y avala la decisión del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de desobediencia

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha desestimado el recurso de amparo de Artur Mas contra la sentencia de 23 de enero de 2019, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 13 de marzo de 2017 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El recurrente fue condenado como autor de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, previsto en el artículo 410.1 del Código Penal (CP), a las penas de multa de doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como del Estado, por tiempo de un año y un mes.

El delito apreciado por los órganos judiciales se funda en el incumplimiento de la providencia del Tribunal Constitucional, de fecha 4 de noviembre de 2014, en la que en virtud de la invocación por el Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución, se acordó la suspensión de la celebración del proceso de participación ciudadana previsto para el día 9 de noviembre de 2014, en el que se llamaba a los catalanes y a las personas residentes en Cataluña a manifestar su opinión sobre el futuro político de Cataluña.

La sentencia sostiene que los órganos judiciales no han vulnerado el principio de legalidad penal, al entender que la providencia dictada por el Tribunal Constitucional posee la naturaleza propia de una “resolución judicial” susceptible de integrar el tipo penal del art. 410.1 CP, (que ,en lo que al caso concierne, exige que lo que se incumpla abiertamente sean resoluciones judiciales). Para el Pleno, esa afirmación no es fruto de una interpretación irracional o arbitraria acerca del régimen jurídico de las resoluciones dictadas por este Tribunal.

Por otro lado, la sentencia desestima la denuncia relativa a la falta de ejecutividad y concreción de la providencia incumplida, pues tampoco considera ilógica o arbitraria las conclusiones alcanzadas por los tribunales penales, al entender que la indicada providencia es “ejecutiva por antonomasia” y su contenido es claro y determinado.

El Pleno tampoco cuestiona la apreciación de los órganos judiciales, acerca de que “el demandante obró con conocimiento del mandato judicial y con intención de incumplirlo”; ni se desautoriza la apreciación de los órganos judiciales, relativa a que el requerimiento previo al interesado “no es un requisito típico del delito de desobediencia, ni una condición objetiva de punibilidad, sino un medio de acreditar el dolo cuya relevancia se atenúa cuando se atribuye a autoridades o funcionarios públicos”.

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¿Por qué hay que reforzar la ciberseguridad de la UE?

22 de octubre, 2021

¿Por qué hay que reforzar la ciberseguridad de la UE?

Parlamento Europeo

Desde datos robados hasta sistemas hospitalarios bloqueados: los ciberataques pueden tener consecuencias peligrosas. Obtenga más información sobre la ciberseguridad y su importancia.

Ciberseguridad de la UE

El Parlamento pide una estrategia de ciberseguridad integral para proteger a los europeos de los ciberdelincuentes.
Con el mundo físico y el digital cada vez más entrelazados y la creciente dependencia de internet surgen nuevos riesgos y peligros. Se estima que en 2030 habrá 125.000 millones de dispositivos conectados a internet, frente a los 27.000 en 2017, y el 90 % de las personas de más de seis años tendrán acceso a la red.

Definiciones de ciberataques, ciberseguridad y ciberdefensa
Un ciberataque es cualquier intento de robar, destruir o exponer información con el objetivo de desestabilizar o dañar redes o sistemas informáticos.

La ciberseguridad incluye la protección de la información y las comunicaciones, así como la tecnología operativa y las plataformas de TI necesarias para garantizar la seguridad de los sistemas digitales.

La ciberdefensa engloba la ciberseguridad, el análisis de las amenazas y las estrategias de protección contra amenazas dirigidas a ciudadanos, instituciones y gobiernos.

Ciberamenazas en la UE: los costes para las personas y la sociedad


La pandemia de coronavirus, además, ha acelerado la transformación digital de la economía y de la sociedad y creado nuevas oportunidades y desafíos. Aunque el mundo digital lleva años presente en la vida de los europeos, el teletrabajo y las compras por internet aumentaron de forma exponencial durante el confinamiento. Los beneficios para los consumidores y el apoyo a la economía para recuperarse de la Covid-19 fueron de la mano de un incremento en las actividades digitales maliciosas.

22.300 millones de dispositivos conectados a internet de las cosas en 2024

Los delincuentes suelen usar sitios web engañosos o de suplantación de identidad (phishing) o correos electrónicos con enlaces maliciosos y archivos adjuntos para robar datos bancarios o chantajear a organizaciones tras haber bloqueado sus sistemas y datos informáticos.

Contar con un ciberespacio seguro, que desarrolle todo su potencial y permita que los usuarios se sientan protegidos, es la base del mercado único digital de la UE. El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales de 2019 (DESI) muestra que un 50 % de los usuarios de internet en la UE evitaron realizar actividades en línea debido a las preocupaciones por su seguridad. Según la edición del año siguiente del mismo informe, el 39 % de los europeos que usaron internet experimentaron problemas relacionados con la seguridad.

Descubra más sobre cómo protegerse de la delincuencia digital.

5 billones de euros Los ciberataques son unas de las prácticas delictivas que más crecen en el mundo. Se estima que los costes vinculados al cibercrimen en el mundo alcanzaron en 2020 los 5,5 billones de euros, el doble que en 2015.

El daño causado por los ciberataques va más allá de la economía y las finanzas. Afecta también los cimientos democráticos de la UE y amenaza el funcionamiento básico de la sociedad.

Servicios esenciales como el transporte, la energía, la sanidad y las finanzas dependen cada vez más de las tecnologías digitales. Esto, junto al incremento de los objetos físicos conectados al internet de las cosas, puede tener consecuencias directas y justifica la importancia de aumentar la ciberseguridad.

Los ciberataques pueden ser de diferentes tipos y afectar a distintos sectores: desde ataques a hospitales, que provocan que se pospongan procedimientos médicos urgentes, hasta ataques a las redes eléctricas y el suministro de agua. Además, el incremento de la conexión de los automóviles y las casas podría acarrear nuevas amenazas.

Los ataques en línea, junto a la desinformación, la presión económica y los ataques armados convencionales, ponen a prueba la resiliencia de los Estados democráticos y de las instituciones al tambalear la paz y la seguridad en la UE.

Amenaza principal

Los ciberataques se encuentran entre las 10 principales amenazas en el mundo según el Foro Económico Mundial

Ciberseguridad en la UE


Las empresas y organizaciones de la UE gastan un 41% menos en ciberseguridad que sus homólogos estadounidenses. La Unión Europea trabaja para fortalecer la ciberseguridad y hacer que la UE lidere esta materia a nivel mundial. Los eurodiputados demandaron recientemente capacidades de defensa contra los ciberataques en la UE y trabajan para garantizar estándares comunes alto de ciberseguridad en la UE.

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El régimen de las empleadas de hogar, contrario al derecho comunitario

22 de octubre, 2021

El régimen de las empleadas de hogar, contrario al derecho comunitario

13 octubre, 2021 USO

El abogado general de la UE ha indicado que la legislación española es discriminatoria con las empleadas de hogar. USO continúa reivindicando la ratificación del convenio nº189 de la OIT

El abogado general de la UE ha indicado que la legislación española que excluye a las empleadas de hogar de las prestaciones por desempleo es contraria al derecho comunitario. Destaca, además, que existe una desventaja particular: “ello constituye una discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada por objetivos legítimos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo”. Se trata de unas conclusiones, no vinculantes, pero sugerentes para el Tribunal Europeo.

El abogado general de la UE defiende que todos los estados tienen que respetar el principio de no discriminación por razón de sexo en materia de seguridad social. Sin embargo, este principio se vulnera en el caso del empleo doméstico, donde el 95% de los trabajadores de este régimen especial son mujeres.

Además, defiende que los motivos alegados por la Seguridad Social para negar la cotización a una empleada de hogar para acceder al paro parecen basarse en estereotipos de género y que incluir al colectivo de empleadas de hogar en la protección por desempleo no incentivaría el fraude laboral.

Consulta al TJUE sobre el principio de igualdad entre hombres y mujeres

Estas conclusiones resultan de la solicitud de pronunciamiento sobre el caso de una empleada de hogar que acudió a la justicia cuando se le negó cotizar para poder acceder a la prestación por desempleo. La demandante, empleada de hogar, desempeñaba sus servicios para una empleadora, en situación de alta desde enero de 2011. En 2019, la trabajadora solicitó a la Seguridad Social la posibilidad de cotizar por la eventual contingencia de desempleo para poder adquirir el derecho a la prestación en caso de que se encontrase en el futuro en esa situación. Su empleadora entregó el consentimiento escrito para contribuir a la cotización.

En la respuesta, la Seguridad Social denegó la solicitud, basándose en el articulo 251 d) de la Ley General de Seguridad Social, que determina que “la acción protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar no comprenderá la correspondiente al desempleo”. Tras ello, en junio de 2020, la trabajadora presentó demanda ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº2 de Vigo y solicitó que se reconociera su derecho a cotizar como empleada de hogar por la contingencia de desempleo, permitiendo el ingreso de las cuotas desde el noviembre de 2019.

Sin embargo, el juez, sin entrar en el fondo del asunto, suspendió el procedimiento y planteó al TJUE la cuestión de si la norma española es concorde con las directivas europeas relativas a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.

El principio de igualdad en la normativa europea y española

La jurisprudencia del TJUE establece que existe discriminación indirecta cuando la aplicación de una medida nacional perjudique a un número mucho mayor de mujeres que de hombres.

Por otra parte, la Constitución Española obliga a los poderes públicos a mantener “un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. La Ley General de la Seguridad Social define la prestación por desempleo como la contingencia en la que se encuentren quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria de trabajo. Entre las personas protegidas por esta contingencia figuran los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General, determinados colectivos de los regímenes especiales de la Seguridad Social, los trabajadores emigrantes que retornen a España, los liberados de prisión, los funcionarios interinos y el personal eventual.

Teniendo en cuenta estos preceptos, la empleada de hogar invocó la precariedad del colectivo ya que en caso de enfermedad, aunque puedan hallarse protegidas por una situación de incapacidad temporal, en la práctica, si se prolonga en el tiempo, termina frecuentemente con la pérdida del empleo sin derecho a la prestación por desempleo, ni tampoco a otras prestaciones como prestación por la incapacidad permanente, ayudas sociales y subsidios públicos que exigen el agotamiento del desempleo.

Dicho colectivo se ve así desprotegido en comparación con otros trabajadores por cuenta ajena sometidos a otros regímenes y se encuentra en una situación de desamparo social, legalmente permitida.

USO continúa defendiendo los derechos de las empleadas de hogar

USO continúa luchando porque se ratifique el Convenio nº189 sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, que entró en vigor en 2013, y la Recomendación nº201, que lo complementa. España hasta el día de hoy no ha ratificado ambos textos que contribuirían a acabar con las desigualdades y discriminaciones que sufren las empleadas de hogar y todo el colectivo de trabajadores domésticos.

La ratificación del Convenio nº189 supondría, por lo tanto, el compromiso del Estado para regular y velar por los derechos de las empleadas de hogar. Entre ellos, la protección efectiva frente a toda forma de acoso, abuso y violencia en el trabajo; el derecho a recibir por escrito las condiciones de trabajo; el control de las horas de presencia; eliminar la figura del desistimiento; controlar la legalidad del salario por manutención y alojamiento; garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; incluir la actividad en la Ley de PRL y conceder la igualdad de derechos con el resto de personas trabajadoras, como es el derecho a la prestación por desempleo.

Y es que el articulo 14 de este convenio internacional establece que “todo Miembro deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”.

Desde nuestro sindicato hemos participado en reuniones y movilizaciones con asociaciones de empleadas de hogar para dar visibilidad al colectivo. Luchamos por la dignificación del trabajo doméstico de miles de mujeres, uno de los sectores más feminizados de nuestra economía e invisible durante años.

El sector de las empleadas de hogar se encuentra en especiales condiciones de precariedad laboral. Esta ha aumentado significativamente por la situación de la crisis sanitaria provocada por el covid-19. A pesar de su gran esfuerzo durante la pandemia y de la importancia del trabajo que desempeñan, a las empleadas de hogar no se les reconocen sus méritos ni se les protege adecuadamente. Y es urgente que esta situación cambie.

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Una recuperación obstaculizada por profundas fisuras

22 de octubre, 2021

Una recuperación obstaculizada por profundas fisuras

Por Gita Gopinath

Fondo Monetario Internacional

Diáligo a fondo

La recuperación mundial continúa en un contexto de aumento de la incertidumbre y de disyuntivas más complejas en materia de políticas.

La recuperación mundial continúa, pero ha perdido ímpetu, obstaculizada por la pandemia. Impulsado por la variante delta, sumamente contagiosa, el número de muertes por COVID-19 documentadas a escala mundial roza ya los 5 millones y abundan los riesgos para la salud, lo cual impide volver a la plena normalidad. Los brotes pandémicos en vínculos esenciales de las cadenas mundiales de suministro han provocado demoras imprevistas en el abastecimiento, estimulando la inflación en muchos países. En general, los riesgos para las perspectivas económicas han aumentado y las disyuntivas en materia de políticas son ahora más complejas.

En comparación con las previsiones de julio, la proyección del crecimiento mundial para 2021 se ha revisado ligeramente a la baja y se sitúa ahora en 5,9%, mientras que la correspondiente a 2022 se mantiene sin variación en 4,9%. No obstante, esta modesta revisión global enmascara las fuertes revisiones a la baja en algunos países. Las perspectivas para el grupo de países en desarrollo de bajo ingreso se han ensombrecido considerablemente debido a la negativa evolución de la pandemia. Esta rebaja de las previsiones también refleja el deterioro de las perspectivas a corto plazo en el grupo de economías avanzadas, debido en parte a los trastornos del suministro. Las proyecciones de algunos exportadores de materias primas han mejorado, impulsadas por el aumento de los precios de las materias primas, lo cual ha compensado parcialmente estas variaciones. Las perturbaciones relacionadas con la pandemia que han afectado a sectores de contacto intensivo han hecho que, en la mayoría de los países, la recuperación del mercado laboral sufra un rezago importante respecto de la recuperación del producto.

La peligrosa divergencia de las perspectivas económicas de los países sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación. Se prevé que el producto agregado del grupo de economías avanzadas recupere la trayectoria de la tendencia previa a la pandemia en 2022 y la supere en un 0,9% en 2024. En cambio, se espera que el producto agregado del grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo (excluida China) se mantenga en 2024 un 5,5% por debajo de las previsiones prepandémicas, lo cual provocaría un fuerte retroceso de los logros en la mejora del nivel de vida.

Estas divergencias son consecuencia de la «gran brecha de las vacunas» y de las amplias disparidades en las políticas de apoyo. Mientras que casi el 60% de la población de las economías avanzadas ya está completamente vacunada, e incluso se están administrando dosis de refuerzo, aproximadamente el 96% de la población de los países de bajo ingreso sigue sin vacunar. Además, ante el endurecimiento de las condiciones financieras y el aumento del riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación, muchas economías emergentes y en desarrollo están replegando a mayor velocidad las políticas de apoyo, pese a la profunda escasez de producción.

Los trastornos del suministro plantean otro reto a las políticas. Por un lado, los brotes pandémicos y las perturbaciones climáticas han provocado escasez de los principales insumos y han reducido la actividad manufacturera en varios países. Por otro lado, estos problemas de abastecimiento, unidos a la liberación de la demanda reprimida y el repunte de los precios de las materias primas, han causado un rápido aumento de la inflación de precios al consumidor, por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania y muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo. Los precios de los alimentos han subido en la mayoría de los países de bajo ingreso que más padecen inseguridad alimentaria, agravando la carga de los hogares más pobres y elevando el riesgo de malestar social.

En la edición de octubre de 2021 del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe GFSR) se hace hincapié en otro de los desafíos que enfrenta la política monetaria, el que se deriva de una asunción excesiva de riesgos en los mercados financieros y el aumento de las fragilidades en el sector de las instituciones financieras no bancarias.

Prioridades en materia de políticas

Uno de los principales denominadores comunes de estos complejos desafíos es el control que la pandemia sigue ejerciendo sobre todos los ciudadanos del mundo. Por tanto, la principal prioridad en materia de políticas es vacunar al menos al 40% de la población en todos los países de aquí a finales de 2021 y al 70% para mediados de 2022. Esto obligará a los países de ingreso alto a cumplir sus compromisos de donación de dosis de vacunas, coordinar con los fabricantes para priorizar las entregas al mecanismo COVAX en el corto plazo y eliminar las restricciones comerciales al flujo de vacunas y los insumos de estas. Al mismo tiempo, subsanar la brecha residual de USD 20.000 millones en donaciones para financiar pruebas diagnósticas, terapias y la vigilancia genómica permitirá salvar vidas ahora y mantener listas las vacunas para su propósito. De cara al futuro, los fabricantes de vacunas y los países de ingreso alto deben respaldar la expansión de la producción regional de vacunas contra la COVID-19 en los países en desarrollo, a través de soluciones de financiamiento y transferencia de tecnología.

Otra prioridad urgente a escala mundial es la necesidad de frenar el aumento de las temperaturas mundiales y contener el crecimiento de los efectos adversos del cambio climático. Esto exigirá compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Una estrategia de política que abarque un precio mínimo internacional del carbono ajustado a las circunstancias de cada país, un impulso a la inversión pública verde y los subsidios a la investigación, y transferencias compensatorias y focalizadas a los hogares pueden ayudar a promover la transición energética de forma equitativa. Del mismo modo, los países avanzados deben cumplir lo prometido y movilizar USD 100.000 millones anuales en financiamiento climático para países en desarrollo.

Además, las iniciativas multilaterales concertadas para asegurar un nivel adecuado de liquidez internacional a las economías en dificultades y una implementación más rápida del marco común del G-20 para reestructurar la deuda insostenible ayudarán a limitar las divergencias entre países. Basándose en la asignación histórica de derechos especiales de giro (DEG) equivalente a USD 650.000 millones, el FMI insta a los países con sólidas posiciones externas a canalizar sus DEG en forma voluntaria a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza. Asimismo, el FMI está estudiando la posibilidad de crear el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, que prestaría financiamiento a largo plazo para respaldar la inversión de los países en un crecimiento sostenible.

A nivel nacional, el conjunto general de políticas debería seguir adaptado a las condiciones locales de la pandemia y la economía, apuntando al empleo sostenible máximo sin poner en peligro la credibilidad de los marcos de política. Ante el margen de maniobra fiscal cada vez más limitado en muchas economías, el gasto sanitario debe seguir siendo prioritario; por su parte, las líneas de salvataje y las transferencias tendrán que estar cada vez más focalizadas y verse reforzadas con medidas de reorientación laboral y apoyo para la reasignación de la mano de obra. Cuando la situación sanitaria mejore, las políticas podrán centrarse cada vez más en las metas estructurales a largo plazo.

Con los niveles de deuda pública situados en máximos históricos, todas las iniciativas deben cimentarse en marcos a mediano plazo creíbles y contar con el respaldo de medidas de ingreso y gasto plausibles. En el informe Monitor Fiscal de octubre de 2021 se demuestra que la credibilidad puede reducir los costos de financiamiento de los países y aumentar su margen de maniobra fiscal a corto plazo.

La política monetaria deberá encontrar un delicado equilibrio entre abordar la inflación y los riesgos financieros, y respaldar la recuperación económica. En este entorno de elevada incertidumbre, proyectamos que la inflación general seguramente vuelva a situarse en los niveles observados antes de la pandemia para mediados de 2022 en el caso de las economías avanzadas y las economías emergentes y en desarrollo. No obstante, la heterogeneidad entre países es considerable y algunos de ellos presentan riesgos al alza, como Estados Unidos, el Reino Unido y algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo. Pese a que, en general, la política monetaria puede hacer caso omiso al aumento transitorio de la inflación, los bancos centrales deben prepararse para actuar con celeridad si los riesgos de crecientes expectativas inflacionarias cobran importancia en esta recuperación de características desconocidas. Los bancos centrales deben diseñar medidas contingentes, anunciar con claridad los factores de activación y actuar en consecuencia con sus comunicaciones.

En términos más generales, la claridad y las acciones coherentes pueden ser muy útiles para evitar innecesarios accidentes de políticas que sacudan los mercados financieros y obstaculicen la recuperación mundial: desde no aumentar de forma oportuna el tope de endeudamiento de Estados Unidos hasta las turbulentas reestructuraciones de deuda en el sector inmobiliario de China y el agravamiento de las tensiones comerciales y tecnológicas transfronterizas.

Los acontecimientos recientes han dejado sobradamente claro que esto nos compete a todos y que la pandemia no habrá terminado en ningún sitio hasta que haya acabado en todas partes. Si la COVID-19 tuviese efectos prolongados en el mediano plazo, podría generar una reducción acumulada del PIB mundial de USD 5,3 billones en los próximos cinco años con respecto a nuestra proyección actual. No tiene por qué ser así. La comunidad internacional debe redoblar los esfuerzos para garantizar el acceso equitativo de cada país a las vacunas, acabar con la reticencia a vacunarse allí donde el suministro sea adecuado, y garantizar una mejora de las perspectivas económicas para todos.

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Tribunal Supremo. Magistrados

21 de octubre, 2021
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El MITECO lanza una nueva edición de sus servicios gratuitos de asesoría para ayudar a constituir nuevas empresas verdes

21 de octubre, 2021

Red Emprendeverde

El MITECO lanza una nueva edición de sus servicios gratuitos de asesoría para ayudar a constituir nuevas empresas verdes

Martes 19 de octubre de 2021

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha nuevas ediciones de sus servicios gratuitos de mentoría y asesoramiento para ayudar a personas emprendedoras a constituir nuevas empresas que contribuyan a una recuperación verde y a la conservación de la biodiversidad.

Estas actuaciones forman parte de los servicios que ofrece la Red Emprendeverde (REV), cofinanciada por el Fondo Social Europeo, la mayor red de emprendedores verdes de España, que cuenta ya con cerca de 10.000 miembros y cuyo objetivo es impulsar la creación de negocios con un impacto medioambiental positivo.

En el servicio de mentorías se impartirán más de 460 horas con contenidos especializados y adaptados a las necesidades de los emprendimientos y generarán sinergias y espacios de trabajo donde poner en común los intereses de las personas emprendedoras. Van dirigidos a personas que tienen una idea de negocio y se encuentran en la fase previa al lanzamiento al mercado, pero necesitan apoyo en determinados aspectos de su proyecto.

En paralelo, se ofrece un servicio de asesoramiento gratuito para ayudar en la constitución de empresas verdes mediante un acompañamiento personalizado en los trámites para dar de alta su empresa. Además, recibirán formación sobre el proceso de constitución. Este servicio está dirigido a personas emprendedoras con un modelo de negocio muy avanzado y que necesiten apoyo para constituir su empresa verde. Con estas actuaciones se espera apoyar a unas 200 personas en los próximos meses.

Los ciudadanos interesados pueden inscribirse a los distintos servicios a través de las páginas web habilitadas para ello. Una vez recibidas las solitudes, se evaluarán las candidaturas atendiendo a criterios como el potencial de impacto ambiental y social positivo de sus emprendimientos, su contribución a la conservación de la biodiversidad y a la recuperación verde o su grado de innovación. En la selección se dará prioridad a personas que pertenezcan a colectivos prioritarios como mujeres, jóvenes hasta 35 años, mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas con discapacidad y residentes en áreas protegidas o zonas rurales.

Hasta el año 2023 la Red Emprendeverde ofrecerá servicios gratuitos a unas 1.000 personas emprendedoras a través de las diferentes actuaciones que pondrá en marcha para apoyar a este colectivo. En concreto ofrecerá formación para 600 personas en los Itinerarios Emprendeverde; mentorías para unas 150 personas en los Mentoring Emprendeverde y asesoramiento para la constitución de empresas para unas 240 personas gracias a Constituye #TuEmpresaVerde.

Impulsar la creación de nuevas empresas verdes
El objetivo de estas actuaciones de la Red Emprendeverde es promover la puesta en marcha de nuevas empresas viables y más resilientes, que contribuyan a una recuperación verde, a la conservación de la biodiversidad y a impulsar una transición ecológica más justa. Las personas que participen en estas actuaciones contarán, además, con el respaldo de la REV para dar difusión a su proyecto.

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Raquel Sánchez destaca el compromiso de Mitma para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para los jóvenes y los más vulnerables

21 de octubre, 2021

Sesión de control en el Congreso

Raquel Sánchez destaca el compromiso de Mitma para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para los jóvenes y los más vulnerables

Miércoles 13 de octubre de 2021

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que su departamento está trabajando para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para los jóvenes y los más vulnerables así como para los que menos recursos tienen.

Durante su intervención en la sesión de control en el Congreso, la responsable de Mitma ha negado que el Gobierno esté realizando medidas intervencionistas en el ámbito de la vivienda, al tiempo que ha defendido una Ley por el derecho a la vivienda.

Respecto a las medidas contempladas en el borrador del anteproyecto de esta norma, Raquel Sánchez ha apuntado que los principales operadores lo han valorado de forma positiva porque ofrece un marco estable y una regulación homogénea en materia de vivienda.

Además, ha explicado que uno de los objetivos principales de su modelo es frenar las subidas abusivas en los precios de los alquileres, así como asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible e impulsar la oferta de vivienda en alquiler, además de dar seguridad jurídica al pequeño propietario.

La responsable del departamento ha apostillado que su modelo busca que nadie especule con la vivienda, teniendo en cuenta la dificultad de los ciudadanos para afrontar el acceso a una vivienda a precios asequibles. En esta línea, ha rechazado la liberalización del suelo como modelo para solventar la problemática de la vivienda en este país.

Asimismo, la ministra ha rechazado las políticas basadas en la venta del patrimonio público de vivienda, de incremento de precios, de olvidar a aquellos que no tienen una solución habitacional o de dejar a su suerte a los jóvenes.

Con todo, Sánchez ha apostado por un gran pacto de Estado en un tema tan importante y trascendente para la vida de los españoles como es la vivienda.

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Amenazas de inflación en una recuperación de características desconocidas

21 de octubre, 2021

Amenazas de inflación en una recuperación de características desconocidas

Fondo Monetario Internacional

Una pregunta clave es qué combinación de eventos podría provocar una aceleración persistente de los aumentos de precios.

Por Francesca Caselli y Prachi Mishra

La recuperación económica ha estimulado una rápida aceleración de la inflación este año en las economías avanzadas y de mercados emergentes, producto de una demanda sólida, la escasez de oferta y el rápido aumento de los precios de las materias primas.

En nuestra última edición de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés), pronosticamos que la inflación continuará en aumento en los próximos meses para luego volver a los niveles previos a la pandemia hacia mediados de 2022, si bien persisten los riesgos de una aceleración.

Las buenas noticias para las autoridades económicas es que las expectativas de inflación a largo plazo están bien ancladas, aunque los economistas discrepan sobre la duración que eventualmente tengan las presiones alcistas sobre los precios.

Algunos han expresado que el estímulo del gobierno podría reducir las tasas de desempleo hasta niveles suficientemente bajos para impulsar los salarios y recalentar las economías, lo que podría desanclar las expectativas y derivar en una espiral inflacionaria autocumplida. Otros estiman que las presiones finalmente serán transitorias al menguar el aumento extraordinario del gasto.

Dinámica de la inflación y recuperación de la demanda

Analizamos si la inflación medida por el índice general de precios al consumidor ha evolucionado a la par del desempleo. Si bien el período de pandemia presenta muchas dificultades para estimar esta relación, la conmoción sin precedentes no parece haber alterado significativamente esta relación.

Las economías avanzadas posiblemente enfrenten presiones inflacionarias a corto plazo y su impacto se modere a lo largo del tiempo. En los mercados emergentes, en cambio, las estimaciones de la relación entre la capacidad ociosa —la cantidad de recursos de una economía que no se utilizan— y la inflación parecen ser más sensibles a la inclusión del período de la pandemia en la muestra de estimación.

Anclaje de expectativas

La inflación durante la pandemia se ha mantenido anclada, a juzgar por las medidas de expectativas a largo plazo, conocidas como tasas de inflación implícita que se obtienen de los bonos de deuda pública de 14 naciones. Hasta el momento, estos barómetros muy consultados se han mantenido estables durante la crisis y la recuperación, si bien las perspectivas siguen siendo inciertas.

Una pregunta clave es qué combinación de condiciones podría provocar un brote persistente de la inflación, incluida la posibilidad de un desanclaje de las expectativas que contribuya a desatar una espiral alcista de precios.

En el pasado, tales episodios han estado asociados con fuertes tasas de depreciación del tipo de cambio en mercados emergentes, seguidos habitualmente de aumentos del déficit fiscal y en cuenta corriente. Los compromisos de gasto público a largo plazo y los shocks externos también podrían contribuir a desanclar las expectativas, en especial en economías en las cuales se cree que sus bancos centrales carecen de la capacidad o de la voluntad para frenar la inflación.

Asimismo, aun cuando las expectativas estén bien ancladas, una inflación que supere durante largo tiempo la meta fijada por las autoridades económicas podría provocar un desanclaje de las expectativas.

Shocks sectoriales

La pandemia ha provocado importantes movimientos de precios en algunos sectores, esencialmente alimentos, transporte, vestimenta y comunicaciones. Un aspecto sorprendente es que la dispersión o variabilidad de los precios entre sectores hasta el momento se ha mantenido relativamente acotada conforme a los parámetros históricos recientes, en especial en comparación con la crisis financiera mundial. Esto obedece a fluctuaciones relativamente pequeñas y transitorias de los precios de combustibles, alimentos y viviendas con posterioridad a la pandemia, que son los tres componentes más importantes de las canastas de consumo, en general.

Prevemos que la inflación anual en las economías avanzadas llegue a un máximo promedio de 3,6% en los últimos meses de este año para luego invertir esta tendencia en el primer semestre de 2022 y situarse en un 2%, un nivel congruente con las metas de los bancos centrales. El aumento de la inflación será mayor en los mercados emergentes, donde llegará al 6,8% promedio para luego ceder a un 4%.

Sin embargo, las proyecciones conllevan gran incertidumbre y la inflación podría ser elevada durante más tiempo. Los factores determinantes podrían incluir el aumento de los costos de la vivienda y la prolongada escasez de la oferta en las economías avanzadas y en desarrollo, o la presión sobre los precios de los alimentos y la depreciación de las monedas de mercados emergentes.

Los precios de los alimentos en el mundo aumentaron considerablemente a alrededor del 40% durante la pandemia, lo que plantea un gran desafío para los países de bajo ingreso donde tales compras representan una gran proporción del gasto de consumo.

Las simulaciones de varios escenarios de riesgo extremo indican que los precios podrían subir considerablemente más rápido debido a las continuas alteraciones de la cadena de suministro, las grandes fluctuaciones de precios de las materias primas y un desanclaje de las expectativas.

Consecuencias en materia de políticas

Cuando se produce un desanclaje de las expectativas, la inflación puede dispararse rápidamente y el costo de volverla a controlar puede ser alto. En última instancia, la credibilidad de la política del banco central y las expectativas de precios son difíciles de definir con precisión y la evaluación del anclaje no puede decidirse exclusivamente a partir de las relaciones de los datos históricos.

En consecuencia, las autoridades económicas deben encontrar un delicado equilibrio entre no apresurarse a estimular la recuperación y estar dispuestos a actuar con rapidez. Lo que es más importante, deben establecer sólidos marcos monetarios, los cuales deben incluir factores que determinen cuándo reducir el apoyo a la economía para frenar una inflación no deseada.

Estos umbrales de acción podrían incluir las primeras señales de desanclaje de las expectativas de inflación, lo que incluye encuestas prospectivas, niveles insostenibles del saldo fiscal y el saldo en cuenta corriente, o fuertes fluctuaciones de las divisas.

Los estudios de casos indican que, si bien una fuerte acción política normalmente ha dominado la inflación y las expectativas, una comunicación firme y creíble de los bancos centrales también ha contribuido especialmente a anclar las visiones. Las autoridades deben estar atentas a factores desencadenantes de una tormenta perfecta de riesgos de precios que inicialmente podrían ser benignos pero, combinados, podrían traducirse en aumentos mucho más rápidos que los previstos en los pronósticos del FMI.

Por último, una característica clave de las perspectivas es que hay diferencias significativas entre las economías. Por ejemplo, se proyecta que una inflación más acelerada en Estados Unidos contribuya a una aceleración en las economías avanzadas, pero se estima que las presiones en la zona euro y en Japón se mantendrán relativamente débiles.

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Medidas de la Unión Europea para aumentar la energía limpia y segura

21 de octubre, 2021

Medidas de la UE para aumentar la energía limpia y segura

Parlamento Europeo

La Unión Europea trabaja para descarbonizar el sector de la energía. Descubra las propuestas para alcanzar los objetivos medioambientales.

Tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE se deben a la producción y el consumo de energía. Para poder lograr el objetivo de ser el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, el sector de la energía, que comprende la producción de electricidad, el calor y el transporte, debe reducir sus emisiones de manera drástica.

Europa se enfrenta a un aumento récord de los precios de la energía. Al depender en gran medida de las importaciones energéticas, sobre todo de gas natural (90%) y petróleo (97%), la UE es vulnerable ante cualquier perturbación que pueda incrementar los precios. Una mejor cooperación e integración de las redes energéticas podría ayudar a los países de la UE a garantizar suministros energéticos.

¿Cuáles son las propuestas en las que trabaja la UE para reducir las emisiones del sector de la energía y garantizar un suministro seguro?

Mejores conexiones entre los países de la UE


Conectar las infraestructuras energéticas entre los países de la UE puede contribuir a diversificar el suministro y abordar mejor las posibles interrupciones.

La UE está revisando las reglas sobre la financiación de los proyectos de infraestructuras energéticas transfronterizas para que estén en consonancia con los objetivos climáticos. Cada dos años se publica una lista de proyectos energéticos prioritarios, considerados esenciales para cumplir los objetivos de la UE en el campo de la energía, que pueden beneficiarse de permisos simplificados y solicitar fondos comunitarios.

La comisión de Energía del Parlamento quiere que se modifique el proceso de selección de dichos proyectos. En concreto, demanda que la UEdeje de financiar proyectos de gas natural y apoye el desarrollo de infraestructura de hidrógeno, así como la captura y almacenamiento de carbono la captura y el almacenamiento de hidrógeno y de carbono. Tras el aprobado de la comisión parlamentaria, el Parlamento negociará ahora las normas con el Consejo.

Hidrógeno renovable


Al utilizar hidrógeno para producir energía, no se emiten gases de efecto invernadero. Por tanto, el hidrógeno permitiría descarbonizar sectores industriales de alto consumo energético. Se estima que el hidrógeno limpio podría alcanzar el 20-50% de la demanda de energía en el transporte y el 5-20% en la industria de la UE de aquí a 2050.

Para que que sea sostenible, el hidrógeno tiene que ser producido a partir de electricidad de fuentes renovables. Los eurodiputados insisten en la importancia decontar con una terminología uniforme en toda la UE para hacer una distinción clara entre hidrógeno renovable y bajo en carbono. Además, quieren eliminar gradualmente el hidrógeno de origen fósil.

Energía renovable marina


En la actualidad, el viento es la única fuente renovable marina que se utiliza a escala comercial, perola UE busca otras formas de aprovechar su potencial, incluidas la energía solar flotante, la energía de las olas y de las mareas y el uso de algas para producir biocombustibles.

La Comisión propuso una estrategia europea para incrementar en gran medida la producción de electricidad a partir de energías renovables martítimas. La capacidad de energía eólica de 12 GW actualmente instalada podría alcanzar los 300 GW en 2050. El Parlamento fijará su posición sobre la estrategia en esta legislatura.

Objetivos más ambiciosos


Para descarbonizar el sector de la energía es necesario aumentar la proporción de las energías renovables e impulsar la eficiencia energética. Como parte de los instrumentos legislativos para cumplir el Pacto Verde Europeo, la Comisión propuso revisar los objetivos de producción de energía renovable (32% para 2030) y de eficiencia energética (32,5% para 2030).

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UGT exige más prevención de los riesgos psicosociales para proteger la salud mental de las personas trabajadoras

21 de octubre, 2021

UGT exige más prevención de los riesgos psicosociales para proteger la salud mental de las personas trabajadoras

10 octubre 2021

Con motivo del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, el sindicato pide regular normativamente la gestión de los riesgos psicosociales en las empresas. Además, reclama al Gobierno la derogación de la reforma laboral y un Plan de choque contra la siniestralidad para acabar con esta lacra social.

Es evidente que la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la salud mental, con especial incidencia en las personas trabajadoras del sector sanitario y socio-sanitario, así como las personas trabajadoras de primera línea. El resto de la población trabajadora también ha sufrido las consecuencias, con los confinamientos, el miedo al contagio o la pérdida del empleo. Estos aspectos vienen relacionados con la aparición de patologías asociadas a los riesgos psicosociales de origen laboral, como el estrés o la ansiedad, entre otros. Es por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema “Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad”.

Los riesgos psicosociales de origen laboral son los únicos que no cuentan con una normativa propia. Actualmente es obligatorio, según la Ley 31/1995, evaluar los riesgos psicosociales y adoptar medidas en el seno de las empresas para reducirlos o eliminarlos, contando con la participación de las personas trabajadoras.

También es importante la reparación del daño a la salud mental, así como evitar que vuelva a suceder, actuando desde una perspectiva preventiva. Los trastornos relacionados con riesgos psicosociales tienen una alta incidencia en la salud de las personas trabajadoras, como así demuestra el elevado número de fallecimientos por infartos y derrames cerebrales en el trabajo, primera causa de muerte por accidente durante la jornada laboral en nuestro país.

El Gobierno tiene que impulsar un Plan de choque contra la siniestralidad laboral

UGT denuncia que las patologías que causan los riesgos psicosociales apenas tienen reflejo en las cifras de accidentes de trabajo y no se reconocen como enfermedad profesional. Ante este hecho, el sindicato reivindica la actualización del listado de enfermedades profesionales español, para que sean incluidas las patologías derivadas de los riesgos psicosociales, siguiendo la estela de la OIT que ya lo recoge en su listado de 2010.

Además, UGT insta al Gobierno a derogar de forma inmediata la reforma laboral, que ha precarizado las condiciones de trabajo, dada la alta temporalidad y parcialidad involuntaria, factores que influyen negativamente en la salud mental de la población trabajadora. Además, el sindicato reclama articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral que incluya entre sus líneas de actuación la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora.

De la misma manera, el Gobierno debe dotar de recursos a la Sanidad Pública para hacer frente a este problema de salud mental, incrementando el número de profesionales como psicólogos o psiquiatras del Sistema Público de Salud; y reforzar la Inspección de Trabajo, con medios humanos y materiales, para que vigile el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo. Debe alcanzarse la ratio recomendada por la OIT de 1 inspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas.

Los riesgos psicosociales están también relacionados con un incremento en el riesgo de suicidio, así como de las adicciones, por ello UGT pide que se establezcan protocolos de prevención e intervención de las adicciones en las empresas a través de la negociación colectiva.

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Vista parcial de la fachada del Banco de España

20 de octubre, 2021
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¿Has pagado algo por internet y no te ha llegado el producto que esperabas?

20 de octubre, 2021

¿Has pagado algo por internet y no te ha llegado el producto que esperabas?

07/10/2021

Banco de España

Si has autorizado el pago de una compra con tu tarjeta de débito o crédito y no has recibido el servicio o producto pagado, puedes haber sido víctima de una web fraudulenta. En estos casos, las entidades bancarias son ajenas a cualquier tipo de engaño que podamos sufrir durante la operación.

Las operaciones realizadas con tu tarjeta son mandatos de pago irrevocables. Esto último supone que, al igual que sucede con las transferencias, las entidades no están facultadas para realizar una devolución del importe pagado sin el consentimiento del beneficiario.

Por lo tanto, si solicitas la devolución del cargo de tarjeta a tu banco, la responsabilidad de este se limitará a la gestión diligente de la reclamación ante la sociedad propietaria del sistema (VISA, MasterCard,…) para la comprobación de la autenticación de la operación. Si autorizaste el pago de buena fe, lo normal es que se ponga de manifiesto tu conformidad, y entonces la única forma de conseguir la devolución de lo que has pagado sería el consentimiento del beneficiario, lo que no parece muy probable en caso de fraude.

Para evitar caer en la trampa, extrema las precauciones al realizar compras en páginas no conocidas o en algunas plataformas de compraventa que no te ofrezcan garantías, ya que pueden ser utilizadas por los estafadores. En este post te indicamos una serie de consejos para ayudarte a identificarlos.

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La credibilidad es fundamental para las finanzas públicas

20 de octubre, 2021

La credibilidad es fundamental para las finanzas públicas

Por Raphael Espinoza, Vitor Gaspar y Paolo Mauro

Fondo Monetario Internacional

Diálogo a fondo

Poner fin a la crisis sanitaria y abordar sus secuelas inmediatas sigue siendo la máxima prioridad, pero comprometerse con la responsabilidad fiscal también beneficiaría a los gobiernos.

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los gobiernos vienen proporcionando enormes estímulos fiscales que han salvado vidas y puestos de trabajo. Como resultado, la deuda pública ha alcanzado máximos históricos, aunque se espera que disminuya ligeramente en los próximos años. Esta evolución puede plantear interrogantes en torno al nivel que puede alcanzar la deuda antes de causar perturbaciones.

Atender la emergencia sanitaria sigue siendo esencial, sobre todo en los países en los que la pandemia todavía no está bajo control, y los estímulos fiscales serán inestimables hasta que la recuperación se haya afianzado. El momento adecuado para comenzar a reducir el déficit y la deuda dependerá de las condiciones específicas de cada país.

Sin embargo, los gobiernos también deben tener en cuenta los riesgos fiscales y la vulnerabilidad a crisis futuras. Afortunadamente, las tasas de interés han sido muy bajas en todo el mundo, aunque no hay garantía de que seguirá siendo así.

Mayor previsibilidad

La nueva edición de nuestro informe Monitor Fiscal sostiene que el compromiso con la solidez de las finanzas públicas, unido a un conjunto de reglas e instituciones creíbles que orienten la política fiscal, puede facilitar las decisiones de política fiscal en la actual coyuntura. Cuando los prestamistas confían en la responsabilidad fiscal del gobierno, facilitan y abaratan el financiamiento del déficit del país. Así se consigue ganar tiempo y limitar los daños de la estabilización de la deuda. Por ejemplo, si los planes presupuestarios son plausibles (lo cual se valora viendo cuánto se acercan las proyecciones de los analistas de coyuntura profesionales a los anuncios oficiales), los costos de financiamiento pueden sufrir una caída temporal de hasta 40 puntos básicos. Asimismo, incluso en el caso de aquellos gobiernos que no piden prestado en los mercados, la credibilidad fiscal puede atraer inversión privada y favorecer la estabilidad macroeconómica.

Los gobiernos pueden indicar su compromiso con la sostenibilidad a la vez que abordan la crisis actual de varias maneras: por ejemplo, mediante la aplicación de reformas fiscales estructurales (por ejemplo, una reforma de las prestaciones o las pensiones), o la adopción de normas presupuestarias y la creación de instituciones dirigidas a promover la prudencia fiscal.

Incremento no deseado de la deuda

A la hora de diseñar y poner en práctica normas e instituciones presupuestarias, los gobiernos deben procurar tener en cuenta todos los riesgos para las finanzas públicas. A veces, el aumento de la deuda sobrepasa las previsiones del escenario de referencia. Nuestros estudios indican que estos saltos suelen oscilar entre el 12% y el 16% del PIB en períodos de pronóstico de 5 años. Lo que subyace a tales shocks negativos son los desalentadores resultados del crecimiento del PIB a mediano plazo y de otros factores impulsores de la deuda, como los rescates de empresas y la depreciación del tipo de cambio. Actualmente son muchos los países que enfrentan riesgos fiscales más elevados como consecuencia de un número récord de préstamos, garantías y otras medidas adoptadas para proteger tanto a las empresas como al empleo de los efectos de la COVID-19.

Tales shocks ejercen presiones sobre presupuestos e instituciones fiscales como las reglas fiscales, cuya flexibilidad es necesaria para permitir un aumento del déficit cuando hace falta. El diseño adecuado de las estrategias de mitigación de riesgos —como son los criterios que restringen la admisibilidad de los prestatarios, o los límites al volumen y el vencimiento de los préstamos— permite reducir estos riesgos o, si estos se materializan, limitar los costos fiscales. No obstante, estos planes de acción deben garantizar la firme reducción de la deuda en épocas de bonanza, para poder volver a proporcionar apoyo fiscal en el futuro.

Reglas e instituciones presupuestarias

Un conjunto robusto de reglas e instituciones presupuestarias debería perseguir tres objetivos principales: la sostenibilidad, la estabilización económica y, en el caso particular de las normas fiscales, la simplicidad. Sin embargo, hacer realidad los tres objetivos a la vez resulta complicado.

Aunque, a veces, unas sencillas normas numéricas pueden parecer rígidas, nosotros demostramos que fomentan la prudencia fiscal. Por ejemplo, los países que aplican reglas de endeudamiento suelen poder revertir saltos de la deuda por un monto del 15% del PIB en unos 10 años, si no se producen nuevos shocks, bastante más rápido que los países que no aplican esta clase de reglas. Las reglas numéricas no se basan solo en la deuda, sino que utilizan otros indicadores —como el gasto en intereses o el patrimonio neto del gobierno— para complementar los indicadores tradicionales de endeudamiento y déficit. Las normas de procedimiento ofrecen mayor flexibilidad que las reglas fiscales numéricas, pero es posible que los gobiernos tengan más dificultades a la hora de comunicarlas y monitorear su cumplimiento por la falta de metas numéricas, sobre todo en ausencia de instituciones presupuestarias sólidas.

Nuestros estudios indican que el compromiso de un país con la disciplina presupuestaria y la comunicación clara de las prioridades de política —respaldado por la transparencia del ingreso y el gasto público— compensan. Muchos países suspendieron sus reglas fiscales en 2020 para poder incrementar, como corresponde, el gasto social y de salud en respuesta a la pandemia. Un examen de la prensa escrita revela que la cobertura de la suspensión de las normas fiscales por parte de los medios de comunicación fue mucho más positiva en aquellos lugares en los que la transparencia fiscal es mayor.

La solidez de las reglas y las instituciones presupuestarias, unida a la claridad en las comunicaciones y la transparencia fiscal, aumentan la credibilidad. Ello, a su vez, mejora el acceso al crédito y asegura un margen de maniobra mayor en tiempos de crisis. En última instancia, los marcos fiscales solo son eficaces si cuentan con un respaldo político suficiente. Aun así, permiten centrar el debate y, con ello, alcanzar el consenso político sobre políticas fiscales creíbles.

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La Federación de Industria de USO solicita al Gobierno modificaciones en los mercados mayoristas para desvincular el precio eléctrico del coste del gas

20 de octubre, 2021

La Federación de Industria de USO solicita al Gobierno modificaciones en los mercados mayoristas para desvincular el precio eléctrico del coste del gas

8 octubre, 2021

FI-USO muestra su preocupación por el futuro de las industrias electrointensivas y los empleos del sector

La Federación de Industria del sindicato USO (FI-USO) ha dirigido un escrito a los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico e Industria, Comercio y Turismo, para solicitarles una actuación urgente frente al lobby energético y proponer modificaciones en los mercados mayoristas europeos, para evitar subastas diarias injustas y desproporcionadas, como medida coyuntural que permita desvincular el precio eléctrico del coste del gas.

FI-USO también ha trasladado su preocupación por el escenario actual de las industrias electrointensivas y las consecuencias futuras que pueda tener en el empleo. Por ello, FI-USO reclama al Gobierno que aborde esta problemática con carácter de urgencia para contribuir al mantenimiento de la actividad industrial y productiva de las empresas y garantizar el empleo en el entorno de las electrointensivas.

La situación actual es insoportable para la ciudadanía y para las industrias. “Las instituciones europeas deben dar una respuesta global y coordinada y propiciar cambios de carácter estructural. Y España debe contar con reservas estratégicas de gas; mejorar la capacidad de negociación de cara a los grandes suministradores; revisar los mercados de CO2 para reducir el impacto de la especulación y, en general, actuar sobre el marco regulatorio para poder intervenir sobre la volatilidad de los precios”, reivindica Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.

La situación que atraviesan las empresas industriales en general, y las electrointensivas en particular, es extremadamente preocupante debido al incremento exponencial tanto del precio de la luz como del gas y su repercusión en estas. A diario, grandes centros de producción como Asturiana de Zinc, Arcelor, Grupo Celsa, Ferroatlántica o Acerinox, entre muchas otras, anuncian la posibilidad de parar sus producciones o incluso amenazan con trasladar la producción a otros países de nuestro entorno buscando una mejora de la competitividad, debido a los altos costes energéticos que sufren en España.

La escalada continua del coste de la energía está suponiendo un dramático escenario para todas las industrias que, previsiblemente, se van a ver obligadas a suspender su actividad fabril antes que producir, sabiendo de antemano que incurrirán en pérdidas, ya que los costes industriales de producción se han triplicado como consecuencia de los costes energéticos.

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Tener un medio ambiente limpio es un derecho humano

20 de octubre, 2021

Tener un medio ambiente limpio es un derecho humano

8 Octubre 2021

ONU

Derechos humanos

El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. El Consejo también nombra a un relator especial para el cambio climático.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró este viernes que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano y exhortó a todos los Estados a trabajar juntos, en conjunto con otros actores, para implementarlo.

La resolución que estableció esta garantía fue aprobada con 43 votos de apoyo y cuatro abstenciones: Rusia, China, India y Japón. Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza auspiciaron el texto.

El Consejo también estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos.

La Asamblea General de la ONU discutirá próximamente el tema para considerar si adopta una resolución semejante.

Decisión histórica

Tras la adopción de los documentos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un medio ambiente saludable.

Michelle Bachelet llamó a que la resolución “sirva como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.

Bachelet, quien había solicitado este reconocimiento desde hace tiempo, se mostró complacida por la “histórica” decisión del Consejo y afirmó que el derecho a un medio ambiente limpio “tiene que ver con la protección de las personas y el planeta: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos”.

Degradación ambiental

“También se trata de proteger los sistemas naturales, que son condiciones previas básicas para la vida y el sustento de todas las personas, dondequiera que vivan”, argumentó, destacando que la declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas.

Asimismo, continuó, el texto resalta que los segmentos de la población en mayor situación de vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda.

La contaminación atmosférica de las centrales eléctricas alimentadas con carbón está relacionada con el calentamiento global y otras consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública.Unsplash/Kouji Tsuru
La contaminación atmosférica de las centrales eléctricas alimentadas con carbón está relacionada con el calentamiento global y otras consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública.

Años de trabajo incansable

La Alta Comisionada consideró que la decisión del Consejo de Derechos Humanos rinde homenaje a décadas de arduos esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, así como de las instituciones nacionales de derechos humanos, las empresas, los ambientalistas, los activistas y todas las personas que han abogado por el pleno reconocimiento internacional de este derecho.

Para los defensores de los derechos ambientales, Bachelet pidió que los Estados los protejan y empoderen, recordando que el año pasado un número sin precedentes de ellos sufrieron ataques o fueron asesinados.

Justicia ambiental

La directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), por su parte, aseveró que la adopción de la resolución es “un hito decisivo para la justicia ambiental”.

“Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. Cinco décadas después, es muy alentador ver que se reconozca formalmente a nivel mundial mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, abundó Inger Andersen.

No pueden quitarles la naturaleza

Añadió que la decisión envía un mensaje a los mil millones de niños que corren un riesgo altísimo de sufrir el impacto del cambio climático. “Un medio ambiente sano es su derecho. Nadie puede quitarles la naturaleza, el aire y el agua limpios, ni un clima estable”, acotó.

Andersen se refirió a la resolución como un paso definitivo para transformar al planeta en un hogar seguro y justo para todos.

La funcionaria sumó su voz a la de Bachelet para recalcar “los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de los defensores de los derechos humanos que trabajan en asuntos ambientales”.

“Las agresiones físicas, las detenciones, los arrestos, las acciones judiciales y las campañas de desprestigio son la cotidianidad de estos grupos de ciudadanos, pueblos indígenas y otros. Sólo en 2020 fueron asesinados más de 200 defensores del medio ambiente”, denunció Andersen.

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