AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 


Ultimas entradas




Archivos


Calle de la flor alta. Madrid

25 de septiembre, 2021
Imprimir Imprimir         

El Tribunal Supremo establece que la indemnización civil por el caso del Banco de Valencia se pague al FROB

25 de septiembre, 2021

Jueves, 23 de septiembre de 2021

El Tribunal Supremo establece que la indemnización civil por el caso del Banco de Valencia se pague al FROB

Condena a 3 años y 8 meses de prisión al exconsejero delegado del Banco de Valencia y a entre 1 año y 16 meses a otros tres acusados

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 3 años y 8 meses de prisión al exconsejero delegado de Banco Valencia Domingo P.S. por delito continuado de administración desleal; a un año y medio de prisión al exdirectivo de la entidad Alfonso M.D.; y a un año, un mes y 15 días a los empresarios Salvador V.S. y Juan Bautista S.L., a estos tres últimos como cooperadores necesarios del mismo delito de administración desleal.

El tribunal confirma las indemnizaciones civiles que deberán pagar los acusados, que es de 168 millones de euros en el caso de los dos primeros (a satisfacer conjunta y solidariamente), de 119 millones en el caso de Salvador V.S., y de 130 millones en el de Juan Bautista S.L. Pero el Supremo, estimando el recurso al respecto del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), determina que la indemnización debe otorgarse al FROB y no a Caixabank como hizo la sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de abril de 2019.

El Supremo reduce la condena a Domingo P.S. de 4 años de prisión a 3 años y 8 meses al considerar que la Audiencia no justificó adecuadamente la individualización de la pena, y eleva desde 6 meses a 1 año y 6 meses de prisión, en el caso de Alfonso M.D., y de 4 meses a 1 año y 1 mes de prisión, en el de los dos empresarios, sus condenas por considerar que no son cómplices sino cooperadores necesarios del delito continuado de administración desleal, tal como pedía la Fiscalía.

La sentencia explica que la causa investigó a directivos del Banco de Valencia y representantes de sociedades mercantiles que convienen una serie de préstamos y líneas de crédito ruinosas para el Banco de Valencia, mediante negocios altamente especulativos, de manera que se contrajeron obligaciones fraudulentas para la entidad, en cantidad millonaria de euros, con abuso de funciones y en perjuicio del Banco, teniendo que ser rescatado por el FROB, con dinero procedente de la Unión Europea. Como consecuencia de la gestión bancaria, el Banco termina vendiéndose a Caixabank por la cantidad simbólica un euro.

Imprimir Imprimir         

El porcentaje de adultos con estudios postobligatorios sube 10 puntos en una década, hasta el 62,9%

25 de septiembre, 2021

El porcentaje de adultos con estudios postobligatorios sube 10 puntos en una década, hasta el 62,9%

Jueves 16 de septiembre de 2021

Portada del informe ‘Panorama de la Educación 2021’


El porcentaje de población adulta española (25 a 64 años) con estudios postobligatorios ha subido 10 puntos porcentuales entre 2010 y 2020, hasta alcanzar el 62,9%, según el Informe de ‘Panorama de la Educación 2021: Indicadores de la OCDE’, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sobre esta publicación, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) elabora el Informe español con los datos más relevantes de nuestro país.

Así, el nivel educativo de la población española sigue subiendo. Por primera vez, el porcentaje de población adulta con estudios superiores, que sube del 31,0% en 2010 al 39,7% en 2020, supera al de la población con estudios básicos, que cae del 47,1% al 37,1%. En el mismo periodo, la proporción de adultos con estudios de secundaria superior ha pasado del 21,9% al 23,2%.

A pesar de esta evolución, España sigue teniendo una tasa de población con estudios básicos por encima de la media de los países de la OCDE (21,0%) y de la media de los países de la Unión Europea* (17,1%) y un porcentaje de adultos con estudios de secundaria superior por debajo de la media OCDE (42,5%) y UE22 (46,0%).

Por otra parte, la tasa de graduación en secundaria postobligatoria -el porcentaje de población que se espera que se gradúe a lo largo de su vida en esa etapa-, crece 8,5 puntos porcentuales en los últimos seis años, hasta situarse en el 74,7%. Sigue por debajo de la media OCDE (80,3%) y UE22 (80,6%).

En la etapa de secundaria, la OCDE apunta también a la alta tasa de repetición del sistema español, con un 8,7% de escolares repetidores en primera etapa de secundaria (1º a 3º de ESO), cuando la media OCDE es del 1,9% y la media UE22 del 2,2%. En segunda etapa de secundaria (4º ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y de Grado Medio), repiten curso el 7,9% de los alumnos y alumnas en España, cuando la media OCDE es del 3% y la media UE22 del 3,3%.

En Educación Infantil, España destaca por sus altas tasas de escolarización: el 39,6% de los niños y niñas de 0 a 3 años acude a un centro educativo, según datos de 2019, por encima de la media OCDE, del 24,9%, y de la media UE22, del 22,4%. En segundo ciclo de Infantil, la escolarización es casi completa, con un 97,3% de la población de 3 a 5 años inscrita en los centros escolares, 10 puntos por encima de la media OCDE (87,0%) y 6 por encima de la media UE22 (90,9%).

En el capítulo de la financiación de la educación, el informe señala que la proporción de la riqueza nacional que se destina a instituciones educativas es

significativa en todos los países de la OCDE y de la UE22. En 2018, estos países destinaron una media del 4,9% y del 4,4% de su PIB, respectivamente, a educación. En España, este porcentaje alcanzó el 4,3% del PIB.

Impacto de la pandemia de Covid-19
Este año, el informe de la OCDE analiza de forma más detenida el impacto que la pandemia de Covid-19 ha tenido en los sistemas educativos. España es uno de los países que menos días ha cerrado sus centros escolares: entre el 1 de enero de 2020 y el 20 de mayo de 2021, han cerrado por completo los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria un total de 45 días. En el resto de países de la OCDE, de media se cerraron los centros educativos entre 55 días (en el caso de los centros de Infantil) y 101 días (en el caso de los de secundaria superior) en ese periodo, variando en función de la etapa educativa.

España es también uno de los 16 países que han aprobado ayudas específicas dirigidas al alumnado con mayores necesidades y forma parte del 40% de países analizados que reforzó el número de profesores durante la pandemia, con la contratación de 30.000 docentes. También forma parte de la mayoría de países que han dado prioridad a la vacunación del profesorado.

Una consecuencia de la pandemia es el aumento del desempleo entre los adultos jóvenes, en particular entre los menos formados. Así, la tasa de desempleo en España entre los adultos de entre 25 y 34 años sin estudios de secundaria postobligatoria ha subido en cuatro puntos en un año, hasta el 27,6% en 2020. En la media OCDE, esta misma cifra ha aumentado en dos puntos, hasta el 15,1%.

Entre la población española de 25 a 34 años con estudios superiores, la tasa de desempleo se sitúa en 2020 en el 15,1%, 13 puntos por debajo de la de jóvenes con estudios básicos.

En términos de equidad, uno de los ejes trasversales del informe de este año, la OCDE apunta a las diferencias de rendimiento escolar entre los alumnos y alumnas en función de su origen socioeconómico: en España, la proporción de jóvenes de 15 años del cuartil inferior del índice socioeconómico y cultural (ISEC) que alcanzaron al menos el nivel intermedio de rendimiento en lectura en el Informe PISA de 2018 fue un 27% menor que la de jóvenes del cuartil superior del ISEC. En la media OCDE, el porcentaje fue un 29% menor.

Uno de cada cuatro estudiantes elige una disciplina STEM
En cuanto a la educación terciaria (Universidades y Formación Profesional de Grado Superior), la tasa de acceso, del 63,7%, es la quinta más alta de la OCDE, por encima de la media OCDE, del 50,8%, y la media UE22, del 50,1%. Casi ocho de cada diez estudiantes (el 79,8%) que finaliza un grado universitario en España lo hace en una institución pública (el 66,2% en la media OCDE y el 75,8% en la UE22).

El 25% del alumnado de terciaria se inscribe en una disciplina STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) en España, una cifra ligeramente inferior a la media OCDE (27,4%) y de la media UE22 (28,2%).

Dentro de estas disciplinas, solo se logra paridad entre mujeres y hombres en las de ciencias naturales, matemáticas y estadística. Sin embargo, en otras como ingeniería, producción industrial o tecnologías de la información y la comunicación, menos de 1 de cada 4 estudiantes que inician estos estudios es mujer.

A mayor formación, mayor salario
Por otra parte, en España, los titulados en educación terciaria tienen de media sueldos un 45% más elevados que los que han completado la segunda etapa de secundaria. Los que no han completado este último nivel de educación cobran, de media, un 18% menos.

En cuanto a las diferencias por sexo, el salario de las mujeres es sistemáticamente inferior al de los hombres: estas cobran entre el 73% y el 80% de los salarios de los hombres con los mismos estudios en España (entre el 76% y el 78% en la media OCDE).

Por último, el número de estudiantes por docente en España está en niveles similares a las medias de los países de la OCDE y de la UE. En Primaria, España cuenta con 14 estudiantes por docente (frente a los 15 estudiantes de media en la OCDE y 13 de media en la UE22); en primera etapa de Educación Secundaria son 12 por docente (13 en la OCDE y 11 en la UE); en segunda etapa de Educación Secundaria son 11 estudiantes por docente (13 en la OCDE y 12 en la UE). En Formación Profesional Básica y de Grado Medio, la media baja a 8 estudiantes por docente en España.

Imprimir Imprimir         

El Tribunal Supremo confirma el envío a Alemania de la causa penal seguida en la Audiencia Nacional sobre la venta de vehículos Volkswagen con el software fraudulento

25 de septiembre, 2021

Viernes, 24 de septiembre de 2021

El Tribunal Supremo confirma el envío a Alemania de la causa penal seguida en la Audiencia Nacional sobre la venta de vehículos Volkswagen con el software fraudulento

Para evitar el riesgo de vulneración del principio ‘non bis in ídem’

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala II del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de una acusación particular agrupada y de FACUA-Consumidores en Acción contra la decisión de la Audiencia Nacional de trasladar a las autoridades judiciales de Alemania el procedimiento penal seguido en dicha sede judicial española para depurar eventuales responsabilidades derivadas de la comercialización en España de vehículos con motores Volkswagen en los que se habría instalado un software que detectaba cuando el automóvil estaba en un banco de pruebas, para así disminuir la emisión de gases contaminantes, y que recuperaba su nivel, muy superior al legalmente permitido, en cuanto retomaba su uso habitual.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Ana Ferrer, confirma los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de marzo de 2019, que confirmaron a su vez lo establecido en 2018 por el juez Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, al considerar que el envío de la causa a Alemania, en concreto a la Fiscalía de Braunschweig, y en relación al conjunto de las personas investigadas en el mismo, evita el riesgo de que se conculque el principio ‘non bis in ídem’ (que impide sancionar dos veces los mismos hechos).

Los recurrentes mantenían que la regulación internacional de dicho principio no prohíbe la prosecución de dos investigaciones en paralelo, y más cuando ambos procedimientos se encuentran en una etapa inicial, y mientras no haya una sentencia (o resolución asimilable a ésta) firme.

La sentencia del Supremo mantiene, por el contrario, que existen nexos e identidades tanto fácticas como subjetivas de las investigaciones tanto en España como en Alemania que respaldan que se preserve el principio que impide la doble incriminación.

Agrega que “en Alemania pues se han cometido los hechos y allí tiene su sede la mercantil Volkswagen A.G., y allí se encuentran las personas físicas que, según las investigaciones llevadas a cabo, pudieran tener alguna participación en los hechos objeto de investigación. En España por el momento ni se han identificado personas físicas, directivos o empleados, responsables de la supuesta manipulación, ni tampoco la concreta actuación de alguna que, aunque no identificada, pudiera ensamblar la responsabilidad de las filiales que como personas jurídicas han sido llamadas al proceso”.

“Desde el punto de vista de la prueba –prosigue el Supremo–, ya hemos adelantado que la hasta ahora obtenida en España ha aportado elementos de cargo tan difusos, que no han permitido identificar a persona física que haya sido incorporada al proceso como hipotético responsable penal, hasta el punto que la resolución recurrida aventuró como posible desenlace el del sobreseimiento. Por el contrario, en Alemania se han practicado diversos registros en varias sedes de la mercantil, fruto de los cuales se ha obtenido una abundante documentación que está siendo objeto de análisis por las autoridades alemanas. La propia Fiscalía de Braunschweig manifestó en su escrito de 30 de enero de 2018 la imposibilidad de cumplimentar las solicitudes de cooperación judicial cursadas en el marco de las presentes actuaciones, debido a que la documentación informática incautada era muy cuantiosa y, hasta su completo análisis, no podía ser tramitada”.

Según la sentencia, “la dependencia probatoria del procedimiento español respecto al que se sigue el Alemania queda patente en la necesaria expedición de solicitudes de cooperación judicial hacia aquel país en solicitud de variada información”.

Y añade que “el interés de las víctimas queda protegido, en cuanto que la investigación de la Fiscalía alemana, además, incluye los vehículos comercializados en España, pues así lo comunicó el 13 de julio de 2018 al asumir el procedimiento penal español. Dada la comunicación de la Fiscalía alemana de 13 de julio de 2018 por la que asume la persecución penal del procedimiento español y también que su procedimiento incluye los vehículos que han sido comercializados en España, queda salvaguardado el ejercicio de la acción penal en nombre de los perjudicados españoles, titulares de los vehículos afectados, sin perjuicio de lo cual, podrán ejercitar en España las reclamaciones civiles en orden a la reparación de los daños sufridos”.

Aparte de la identidad fáctica y subjetiva, los recurrentes también señalaban que faltaba un tercer nexo para aplicar el principio ‘non bis in ídem’, derivado de la tercera de las identidades, consistente en que mientras el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas en España es de carácter penal, en Alemania es simplemente administrativo. La Sala contesta que “la jurisprudencia del TJUE no limita la aplicación del non bis in ídem a los procesos y sanciones que el Derecho nacional califica de «penales», sino que se extiende —con independencia de su calificación en Derecho interno— a procedimientos y sanciones que puedan asimilarse a aquellas”.

Añade que “la multa administrativa alemana responde a idéntico fundamento y despliega la misma eficacia que la que sería imposible en España en aplicación del artículo 31 Bis y siguientes del Código Penal., de cara a tener por cumplida también la tercera de las identidades sobre las que se construye el ne bis in ídem. Además del carácter penal de la investigación seguida por la Fiscalía de Braunschweig en relación a las personas físicas”.

Por último, la sentencia tampoco considera necesario, como pedían los recurrentes, elevar una cuestión prejudicial al TJUE por entender que la Fiscalía de Braunschweig no reviste la condición de autoridad competente en los términos exigidos por la Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 -sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales, y porque la investigación que se sigue en Alemania es de carácter administrativo.

El Supremo concluye que no hay la necesidad de plantear cuestión prejudicial alguna al TJUE, pues la dudas que el recurrente plantea quedan disipadas a la luz de la normativa aplicada y la jurisprudencia del propio Tribunal.

Imprimir Imprimir         

La UE refuerza su posición de liderazgo en el comercio agroalimentario mundial

25 de septiembre, 2021

8 septiembre 2021 Comisión Europea

La UE refuerza su posición de liderazgo en el comercio agroalimentario mundial

comercio internacional

En 2020 se produjo otro avance en la posición de liderazgo de la UE entre los mayores exportadores del mundo de productos agroalimentarios. Por lo que se refiere a las importaciones, la UE se ha convertido en el tercer importador más importante después de los Estados Unidos y China, según un informe publicado hoy

2020 fue un año excepcionalmente complicado, pero fructífero, para el comercio agroalimentario de la UE, que alcanzó un valor total de 306 000 millones de euros: 184 000 millones de euros en exportaciones y 122 000 millones de euros en importaciones. Ambas cifras representan un ligero aumento del 1,4 % y del 0,5 %, respectivamente, en comparación con 2019.

El comercio internacional ha desempeñado un papel crucial en la mitigación del devastador impacto económico de la pandemia de COVID-19 y ha demostrado ser un instrumento fundamental para mejorar la resiliencia. La UE es el mayor bloque comercial y una amplia red de acuerdos de libre comercio (ALC) sustenta su posición en el comercio mundial.

Janusz Wojciechowski, comisario de Agricultura, ha declarado: «Fomentar un comercio abierto y justo es una prioridad política para la Comisión Europea que beneficia mucho a nuestros agricultores. El éxito del comercio agrícola está claramente vinculado a la política agrícola común, que sostiene la competitividad y la innovación, y a la excelente reputación de nuestros productos por ser seguros, sostenibles, nutritivos y de alta calidad».

La UE exporta una amplia gama de productos de todas las fases de la cadena de valor, lo que demuestra la competitividad del sector agroalimentario de la UE en diversas clases de productos, desde materias primas hasta productos de la industria alimentaria muy transformados. Por otra parte, las importaciones de la UE están claramente dominadas por los alimentos y piensos agrícolas básicos, que representan alrededor del 75 % de todas las importaciones.

Si se consideran las categorías de productos, las exportaciones de carne de porcino y trigo contribuyeron en gran medida al aumento de las exportaciones agroalimentarias totales de la UE. El aumento de las importaciones agroalimentarias de la UE se debió principalmente al incremento de los valores de importación de semillas oleaginosas, ácidos grasos y ceras, aceite de palma, frutas y habas de soja.

China, Suiza y la región de Oriente Medio y África del Norte fueron los principales destinos en que se produjo un aumento de las exportaciones agroalimentarias de la UE en 2020. El valor de las exportaciones de la UE a los Estados Unidos, Turquía, Singapur y Japón fue el que más bajó. En cuanto a las importaciones, Canadá fue el país cuyas exportaciones a la UE aumentaron en mayor medida. Al mismo tiempo, las importaciones de la UE que más disminuyeron en valor fueron las procedentes del Reino Unido, Ucrania y los Estados Unidos.

En 2020 el Reino Unido fue el socio más importante de la UE en el comercio agroalimentario, con una cuota del 23 % del total de las exportaciones agroalimentarias de la UE y del 13 % de las importaciones totales.

Imprimir Imprimir         

La inflación general sube al 3,3% y la subyacente hasta el 0,7%

25 de septiembre, 2021

La inflación general sube al 3,3% y la subyacente hasta el 0,7%

Foment

Destaca como principal influencia al alza en la variación anual el incremento de los precios de vivienda por el aumento de la electricidad, así como el de los alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte

14 de septiembre de 2021

El IPC vuelve a subir en agosto a ritmo elevado, con una variación anual de 3,3% (3,1% en Cataluña), superior a la de los meses anteriores, y la más elevada desde febrero de 2017. La variación mensual, es decir, de agosto respecto a julio, es de 0,5%, un repunte frente a la contracción del mes de julio (-0.8%).

Destaca, como principal influencia al alza en la variación anual, el incremento de los precios de vivienda por el aumento de la electricidad, así como el incremento de alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte.

Se mantiene la máxima divergencia entre la inflación general y la subyacente

Por otra parte, la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 0,8% en agosto, dos puntos y medio por debajo del índice general.

El ritmo de crecimiento de los precios, al considerar la energía, por ejemplo, es mucho mayor que si se eliminan estas influencias. Por ello, es de prever, que a medida que se vaya disipando del efecto escalón que surge de la comparación con el año 2020 a medida que la economía se va recuperando en el 2021, las tasas de variación de los precios se ajusten en niveles más bajos.

Imprimir Imprimir         

Torre de Madrid. Julián y José María Otamendi Machimbarrena

24 de septiembre, 2021
Imprimir Imprimir         

«Una buena idea puesta encima de la mesa antes de tiempo se convierte en una mala idea»

24 de septiembre, 2021

«Una buena idea puesta encima de la mesa antes de tiempo se convierte en una mala idea»

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha referido a la negociación en marcha de los ERTE que, en estos momentos, está lejos de un acuerdo porque se están planteando algunas modificaciones de cierta importancia.»La herramienta es necesaria y no nos podemos permitir en la última fase de utilización de los ERTE no llegar a un acuerdo que facilite que esta palanca para sostener el empleo llegue hasta el mes de enero o un poco más del año que viene», según Unai Sordo.

22/09/2021.

Para Unai Sordo, «sería absurdo que habiendo tenido 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) mediante sucesivos acuerdos se rompa en el último momento». «Estamos en la obligación de llegar a un acuerdo», ha remarcado.

Para esto, el sindicato apuesta por salvaguardar el cuadro de derechos laborales conseguidos desde la primera negociación, que se refiere, básicamente, a la reposición de la prestación de desempleo en caso de que el trabajador o la trabajadora afectada por un ERTE finalmente acabe en la calle y al hecho de que se puedan incorporar a los ERTE personas trabajadoras que no tenían la antigüedad suficiente para acceder a la prestación por desempleo.

Sobre la idea de vincular la permanencia de los ERTE a la obligatoriedad de que las empresas en ERTE promuevan procesos de formación para sus trabajadores y trabajadoras, Unai Sordo dijo que «a veces una buena idea puesta encima de la mesa fuera de tiempo se convierte en una mala idea». No obstante, el secretario general explicó que CCOO comparte que, en el medio plazo, cuando sea posible pactar una palanca de nuevos ERTE o de sistemas de reducción de jornada para evitar despidos, se vinculen esas reducciones de jornadas a planes de formación.

Para Unai Sordo, “habrá procesos formativos necesarios porque van a cambiar las empresas o porque va haber trabajadores que van a salir de un sector para ir a otro. Eso es una buena idea, pero estamos en una renovación de una palanca como han sido los ERTE, para 3, 4 o 5 meses por delante”.

Para CCOO, hay dudas de que el propio Gobierno esté en disposición de garantizar planes formativos coherentes para el cuarto de millón de personas que todavía siguen en ERTE. «Esta idea que me parece buena para los ertes estructurales, si la sacamos antes de tiempo a la palestra puede generar frustración o problemas en el mantenimiento de erte hasta finales de la pandemia», ha insistido.

Imprimir Imprimir         

Las propuestas fiscales del Gobierno de la Generalitat ponen en riesgo la empresa familiar

24 de septiembre, 2021

Las propuestas fiscales del Gobierno de la Generalitat ponen en riesgo la empresa familiar

Foment también ve desatinado plantear un incremento del impuesto de patrimonio, el cual siempre ha considerado confiscatorio y que siempre ha reclamado su desaparición

23 de septiembre de 2021

Foment del Treball ha tenido conocimiento del documento fiscal del Departamento de Economía de la Generalitat de Cataluña a través de la Comisión de Expertos Fiscales creada por el Gobierno de España.

Este documento del Departamento de Economía de la Generalitat de Cataluña nos genera una grave preocupación, puesto que significa un ataque frontal al núcleo de la empresa familiar, que ha estado y es el gran activo de nuestra estructura empresarial, y que es la que más aporta al PIB catalán.

El incremento de presión fiscal que plantea el Departamento de Economía del 5% al 15% de los beneficios fiscales de los propietarios de las empresas familiares es una barrera para el crecimiento de estas empresas que pone en riesgo nuestro modelo productivo.

También parece muy desatinado y fuera de lugar plantear un incremento del impuesto de patrimonio, que Foment siempre ha considerado confiscatorio y que siempre ha reclamado su desaparición.

Foment cree que, en el actual contexto económico, no se puede plantear para Cataluña, la eliminación del tope del 60% en la tributación del impuesto de la renta de las personas físicas y el impuesto del patrimonio, el que nos sitúa, en el contexto español, en una posición de inferioridad competitiva muy grave y que, sin duda, significará a medio plazo un decrecimiento de la recaudación fiscal.

Un informe del Instituto de Estudios Fiscales indica que Cataluña lidera la presión fiscal en España con un nivel sensiblemente más desfavorable que el la media de la Unión Europea.

Con esta política fiscal no volverá ninguna de las empresas que se marchó de Cataluña y provocará que otras se planteen seriamente abandonar nuestro país, por su hostilidad a la economía productiva.

Foment del Treball hizo público el junio de 2019 un documento sobre fiscalidad competitiva que marcaba una hoja de ruta para incentivar la actividad productiva.

Lamentamos que no se haya tenido en cuenta y que se vaya en la dirección totalmente contraria.

Pedimos en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que rectifique y que no haga suyos estos planteamientos fiscales en el proyecto de presupuestos para el 2022

Imprimir Imprimir         

Política de cohesión de la UE: 77 millones de euros para transporte ecológico en España (Andalucía)

24 de septiembre, 2021

13 septiembre 2021

Comisión Europea

Política de cohesión de la UE: 77 millones de euros para transporte ecológico en España (Andalucía)

La Comisión ha aprobado hoy dos inversiones por un importe cercano a los 100 millones de euros en España y Chipre. En España, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional destinará 77 millones de euros a la construcción de una línea de tranvía entre Alcalá de Guadaíra y Sevilla.

unsplash

La comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, ha declarado: “Estos proyectos aportan beneficios directos tanto a los ciudadanos como al medio ambiente. Un sistema de transporte multimodal incitará a los ciudadanos a usar un medio de transporte sostenible, y contribuirá a un crecimiento futuro más sostenible».

Un proyecto que reducirá las emisiones de carbono en 4 130 toneladas al año

La línea de tranvía contará con 12,5 km de vía doble y un aparcamiento disuasorio en Alcalá de Guadaíra. Dentro de este proyecto se construirá un nuevo depósito de tranvía y se adquirirán seis unidades articuladas bidireccionales de piso bajo con una longitud máxima de 33 metros y una capacidad mínima de 200 pasajeros. Se estima que el proyecto reducirá las emisiones de carbono procedentes de combustibles fósiles en 4.130,79 toneladas de CO2 al año y supondrá un incremento anual de más de 2 millones de desplazamientos en transporte público en la región.

Imprimir Imprimir         

Finanzas para Todos lanza su nueva web

24 de septiembre, 2021

Finanzas para Todos lanza su nueva web

07/09/2021 Banco de España

Ha llegado el momento de renovar la página web de Finanzas para Todos, el portal de ayuda para tus finanzas personales lanzado por la CNMV y el Banco de España en el marco del Plan de Educación Financiera (PEF).

Finanzasparatodos.es es uno de los portales de referencia para la mejora de la cultura financiera de todos los ciudadanos, independientemente de su edad. La web pone a disposición de todos contenidos y herramientas para la planificación de nuestras finanzas personales y simuladores para la toma responsable de nuestras decisiones cotidianas. Además, permite conocer los principales productos bancarios, de seguros y de inversión y su idoneidad para nuestro perfil.

Además, a través de esta nueva web se difundirán todas las iniciativas, actividades y proyectos que se desarrollan en el marco del Plan de Educación financiera.

La web cuenta también con dos áreas reservadas dirigidas a:

Los profesores que se registran en el Programa Escolar de Educación Financiera. En esta sección disponen de materiales didácticos y distintas herramientas y juegos que pueden utilizar durante el desarrollo del Programa Escolar.
Las entidades colaboradoras del PEF. En este espacio, podrán intercambiar material formativo de educación financiera y poner en común la experiencia de sus actividades.
Finanzasparatodos.es prestará gran atención a la celebración del Día de la Educación Financiera, el próximo 4 de octubre. En la web se difundirán las distintas actividades organizadas para esta ocasión, los resultados del Concurso de Conocimientos Financieros y los galardonados con los Premios Finanzas para Todos.

Asimismo, en la web se podrá seguir en directo el acto central del Día de la Educación Financiera.

Puedes acceder desde aquí.

Imprimir Imprimir         

España todavía no ha recuperado el tejido empresarial previo a la pandemia

24 de septiembre, 2021

España todavía no ha recuperado el tejido empresarial previo a la pandemia

  • En julio se crearon 5.478 empresas, un 2,3% en tasa interanual, y se confirma una desaceleración en la creación de compañías tras el repunte de abril.
  • La continuación de la pandemia, la incertidumbre normativa y de aumento de costes hacen peligrar la consolidación de la constitución de compañías.
  • En datos desestacionalizados, los primeros 7 meses de 2021 todavía arrojan una pérdida media de 44.640 empresas respecto al mismo periodo de 2019.
  • Hasta finales de julio sólo se ha recuperado el 60% del tejido empresarial previo a la pandemia en datos desestacionalizados.
  • CEPYME advierte de una pérdida de calidad en el tejido empresarial que repercutirá directamente en el tamaño de las empresas y, por ende, en su competitividad.

Madrid, 7 de septiembre de 2021

A pesar de haber transcurrido ya 17 meses del inicio de la pandemia, España todavía no ha recuperado el tejido empresarial previo a la crisis del coronavirus. El último dato de julio sobre empresas registradas a la Seguridad Social indica que todavía existe un déficit de 16.163 empresas respecto de julio de 2019. La recuperación del número de empresas se está produciendo de forma positiva y constante desde el repunte registrado en el mes de abril, pero el ritmo de creación de empresas se ha desacelerado en los últimos meses; un cambio de tendencia preocupante, ya que la recuperación del tejido empresarial tanto en número como en calidad será la base para consolidar la recuperación. En el mes de junio de este año se crearon 8.140 empresas, con una tasa de incremento del 2’6%, frente al 3’1% registrado en mayo. Y en el mes de julio, esta tasa cayó al 2’3%, con un incremento de solo 5.478 unidades empresariales.

En términos desestacionalizados, como incluye el análisis de Demografía Empresarial de CEPYME, el acumulado de los primeros siete meses de 2021 todavía arroja una pérdida media en el número de empresas de 44.640 respecto al mismo periodo de 2019.

En primer lugar, la Confederación llama la atención sobre la gran cantidad de cierres de compañías que se ha producido en el último año y recuerda que la recuperación del número de empresas no supone la recuperación del tejido productivo perdido, ya que han cerrado compañías con antigüedad, experiencia y estructura, que son difícilmente sustituibles competitivamente por compañías de nueva creación.

Por otra parte, CEPYME recuerda que el crecimiento del tamaño empresarial sigue siendo uno de los principales obstáculos a nuestra competitividad y destaca el largo camino para que una compañía llegue a ser mediana empresa.

CEPYME llama a la prudencia ya que estos datos ponen de manifiesto la fragilidad del tejido productivo, debido a que la recuperación del mimbre empresarial no solo no se ha completado en número, sino tampoco en calidad del propio tejido productivo.

Debido a que los datos de 2021 son difícilmente comparables por el extraño comportamiento en la constitución empresarial tras la pandemia, el análisis Demografía Empresarial de CEPYME elimina los efectos estacionales y la distorsión estadística de comparar tanto con 2020, año fallido económicamente, como el de seleccionar un mes aislado de 2019 como julio, ya que es un mes tradicionalmente negativo para la constitución de empresas y en el que en 2019 se perdieron casi 30.000 empresas.

Situación de las empresas

El número de empresas ha crecido un 2,3% interanual en julio. Sin embargo, el ritmo de avance es 0,3 puntos porcentuales inferior al registrado en junio (2,6%), que, a su vez, redujo en un 0’5% la tasa de crecimiento respecto de mayo (3’1%). Esto pone de manifiesto que se ha producido una desaceleración en la apertura de compañías tras los buenos datos registrados en abril, que se debían en gran medida a la comparación con el mismo mes de 2020, cuando España estaba en pleno confinamiento y el tejido empresarial paralizado casi por completo.

Aunque en los últimos meses se ha agilizado la reapertura de empresas como consecuencia del final de algunas restricciones impuestas por las administraciones públicas al tejido empresarial, el número de compañías inscritas en la Seguridad Social se sitúa todavía lejos del nivel que había en junio de 2019, cuando aún no había ningún efecto de la pandemia. Hasta finales de julio sólo se ha recuperado el 60% del tejido empresarial destruido durante la crisis.

Si comparamos la cifra promedio de empresas en los primeros siete meses de este año con el mismo período de 2019, previo a la pandemia, se observa una pérdida de 44.640 empresas, aproximadamente un 3’3% menos y que las empresas más castigadas por la crisis del coronavirus siguen siendo las pymes, especialmente las microempresas. De hecho, aproximadamente el 80% de la caída registrada en el número de empresas en el período mencionado tenían menos de 10 trabajadores (36.100 empresas).

Si se observa la evolución durante el periodo reciente, en el segundo trimestre se ha producido una tenue recuperación de los niveles en el conjunto de las pymes, muy acompasada con el tramo comprendido entre las de 1 a 9 trabajadores y tan sólo se observa un cierto deterioro en el ámbito de las medianas empresas. No obstante, sigue manteniéndose una considerable brecha entre los niveles registrados entre las pymes y las grandes empresas, alcanzando estas últimas los niveles precrisis, mientras que las empresas de menor dimensión siguen estando aún unos 1,2 puntos porcentuales por debajo de dicho nivel. Entre estas destacan las medianas empresas, con 1’9% menos.

Según CEPYME, la recuperación de este tejido empresarial será muy costosa y requerirá un esfuerzo adicional en apoyos y ayudas para evitar que esta destrucción de empresas se acentúe a medida que se prolonga la crisis. Cabe recordar que el cierre de empresas implica un deterioro de la calidad del tejido empresarial español, ya que, aunque se esté recuperando paulatinamente el número de empresas, estas son compañías nuevas que tardan varías años en adquirir tamaño y experiencia suficiente para ser competitivas.

Por rama de actividad

El sector más castigado durante la crisis del coronavirus ha sido el sector servicios, que cuenta con 44.357 compañías menos en los primeros siete meses de 2021 en comparación con el mismo periodo del año 2019. El siguiente más dañado ha sido la industria, que ha perdido 3.399 compañías en este mismo periodo. En cambio, el número de empresas de sectores como la construcción y la agricultura ya ha recuperado los niveles precrisis. Las restricciones asociadas con determinadas actividades de la hostelería y la restauración, así como una menor demanda asociada a las limitaciones de movilidad en el ámbito internacional están detrás de este comportamiento.

El mayor crecimiento interanual de empresas en junio se está registrando en la construcción (5% en julio), mientras que las actividades industriales (0,1%) y los servicios (1%) mantienen una evolución más discreta.

Más en detalle, las ramas de actividad más castigadas durante la pandemia han sido la hostelería, el comercio, la distribución comercial y el transporte y almacenamiento. La hostelería cuenta aún con 16.054 empresas menos que antes de la pandemia, un 8,9% menos que en los siete primeros meses de 2019. Por su parte, el comercio aún tiene 12.297 empresas menos que antes de la crisis (-4%) y el transporte cuenta con 5.553 compañías menos que hace dos años (-8,2%).

Tras el fuerte impacto del estallido de la pandemia en el tejido productivo, con una pérdida de más de 91.000 empresas sólo entre marzo y abril de 2020, se apreció una recuperación muy paulatina, a medida que avanzó la desescalada. La tendencia, no obstante, se interrumpió en el primer trimestre de este año, como consecuencia de la implementación de nuevo de restricciones a la actividad económica, para hacer frente a la tercera ola de la pandemia.
ERTE más flexibles, ayudas más efectivas y menos incertidumbre en costes

Después de diecisiete meses de crisis, desde el inicio de la pandemia, los efectos sobre el tejido empresarial español, conformado en más del 99% por pymes, son evidentes, con la desaparición de más de 44.000 pymes, de las que el 81% son microempresas, respecto a 2019. En este sentido, CEPYME insiste en que muchas empresas no han podido todavía reabsorber en su totalidad a sus plantillas, ya que la situación sigue impidiendo una actividad plena, por lo que será necesaria una mayor flexibilidad para acometer en los próximos meses los ajustes necesarios, que permitan la supervivencia de las empresas.

Asimismo, es preciso que las ayudas lleguen de manera efectiva a las empresas, de manera que puedan suponerles un ligero respiro para afrontar las posibles nuevas restricciones derivadas de la evolución de la pandemia. La Confederación recuerda que esta crisis ya ha provocado un fuerte desgaste en las empresas, especialmente de las pymes, que en muchos casos no han recibido las ayudas anunciadas en los plazos y la cuantía necesarios.

CEPYME advierte de un posible agravamiento de la crisis después del verano ante la prolongación de los efectos de la pandemia, por lo que considera que no es el momento de incrementar la incertidumbre para las empresas endureciendo normativas o incrementando costes. En este sentido, la Confederación llama la atención sobre los efectos de tomar decisiones basadas en la evolución de los datos macroeconómicos en comparación con 2020, un año fallido para la economía debido a la pandemia. Así, hay que tener en cuenta que el PIB está todavía cuatro puntos por debajo del nivel prepandemia; que la afiliación es aún inferior en casi 125.000 cotizantes a la de agosto de 2019 y que el incremento de la inflación del 3’3% se produce respecto de un año atípico como 2020, con nueve meses consecutivos de caídas de los precios.

Medidas que repercutan en mayores incrementos de costes solo servirían para penalizar la actividad de las empresas y poner obstáculos a una recuperación que apenas se ha iniciado.

Imprimir Imprimir         

Cruceiro. Salcidos. A Guarda

23 de septiembre, 2021
Imprimir Imprimir         

El presidente del TS y del CGPJ destaca que la paz y la Justicia son “el binomio necesario para el progreso de las sociedades”

23 de septiembre, 2021

Martes, 21 de septiembre de 2021

El presidente del TS y del CGPJ destaca que la paz y la Justicia son “el binomio necesario para el progreso de las sociedades”

Carlos Lesmes inaugura en el Pazo de Mariñán la XXIII edición de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que abordará la relación entre el Camino de Santiago y el Derecho

Autor: Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha inaugurado hoy en el Pazo de Mariñán la vigésimo tercera edición de la Escuela de Verano, organizada bajo el título Camino de Santiago: Camino de Paz y Justicia. Tras agradecer al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso, su colaboración para poder llevar a cabo una nueva edición de las jornadas, que concluirán el 24 de septiembre, ha recordado que la Justicia “no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre la ciudadanía”.

Lesmes ha incidido en que una sociedad “solo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un mecanismo independiente y neutral para la resolución de sus conflictos, al que se reconozca la legitimidad necesaria como para acatar y respetar sus decisiones”. La paz y la Justicia, según el presidente del Tribunal Supremo, son “el binomio necesario para el progreso de las sociedades y la consolidación de los derechos humanos”.

Durante su intervención, ha recordado que la Justicia constituye “el mecanismo esencial con el que cuenta cualquier sociedad para ver protegidos y tutelados sus derechos, la última y mejor garantía para que estos sean reales y efectivos”. Lesmes, además, ha resaltado que la tutela judicial es “el instrumento que posibilita el ejercicio de los derechos que en una sociedad democrática asisten a todos los ciudadanos”.

En la Escuela de Verano, tal y como ha indicado el presidente del Tribunal Supremo, se profundizará en el estudio de estos temas, lo que permitirá “avanzar en el objetivo de asegurar una Justicia de calidad y trabajar en la búsqueda de la excelencia de toda la carrera judicial”. Lesmes ha señalado que ese reto “requiere poner gran énfasis en la formación inicial de los jueces y también en la formación continua”.

Durante el curso se analizará la Historia del Derecho y, entre otras cuestiones, se examinará el nivel de protección de Santiago de Compostela, de los distintos caminos a su paso por diferentes comunidades autónomas y del patrimonio histórico presente a lo largo de los recorridos. Además, el estudio del Camino, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1993, abrirá a los miembros de la carrera judicial la posibilidad de detenerse y analizar sus lazos con el arte, con la Historia de España y con la construcción de Europa.

“Aprender, mejorar y adaptarse a los constantes cambios que vivimos enriquece a los integrantes del Poder Judicial, lo que es fundamental para ofrecer a los ciudadanos y a la sociedad -como destinatarios que son de todo nuestro trabajo- un mejor servicio y una respuesta cada vez más eficaz y ajustada a sus pretensiones”, ha asegurado Lesmes durante la inauguración de la Escuela de Verano.

Con los vocales del CGPJ Juan Manuel Fernández y Álvaro Cuesta como directores académicos, los ponentes tratarán asuntos como los vínculos existentes entre el Camino de Santiago y el Derecho, coincidiendo con la celebración del Año Santo Xacobeo 2021-2022.

En el acto de inauguración, Juan Manuel Fernández ha destacado la enorme importancia que el Camino tuvo en la creación y desarrollo de las instituciones jurídicas. “Fue, además de una importante vía de peregrinación, una vía de transmisión para el Derecho. El Camino discurría y discurre por localidades que contaban en la Edad Media con regímenes jurídicos ventajosos. Los peregrinos contribuyeron a su difusión y, en consecuencia, a la expansión de estos regímenes jurídicos de un lugar a otro”, ha indicado el vocal. Ha recordado también en su intervención que “el hecho del peregrinaje en sí mismo fue objeto de regulación jurídica, propiciando que surgiese un estatuto jurídico del peregrino en el mundo medieval”.

Imprimir Imprimir         

La ministra de Ciencia e Innovación se reúne con responsables de Copernicus para analizar la vigilancia del volcán de La Palma

23 de septiembre, 2021

La ministra de Ciencia e Innovación se reúne con responsables de Copernicus para analizar la vigilancia del volcán de La Palma

Miércoles 22 de septiembre de 2021

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se ha reunido con responsables de la Agencia Espacial Europea (ESA) sobre el programa Copernicus para analizar su imprescindible aportación en lo relativo al control y seguimiento de la evolución de la erupción del volcán en La Palma.

En concreto, Morant se ha reunido con la jefa de la Oficina de Estrategia y Coordinación de Observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea (ESA), Simonetta Cheli, y con el jefe de la Misión Sentinel-2 de Copernicus, Ferrán Gascón.

El programa espacial Copernicus es una iniciativa conjunta de la Unión Europea y la ESA, que es responsable de su componente espacial, en la que participa España de forma muy activa. En el ámbito de la utilización de satélites para la observación de la Tierra en la prevención, seguimiento y protección de población y recursos en casos de desastres naturales y emergencias, los datos aportados por el programa espacial Copernicus están siendo críticos para las actuaciones de los servicios de protección civil españoles.

En el control de la situación volcánica se están empleando los servicios de territorio, que proporcionan cartografía de forma periódica y a través de los cuales se monitorean los datos obtenidos para conocer la deformación de la superficie terrestre o el estado de las carreteras, y los servicios de atmósfera, que proporcionan información sobre las emisiones que se están produciendo a causa de la erupción, como el dióxido de azufre.

Durante la reunión, la ministra ha puesto en valor la excelente coordinación entre las distintas administraciones (regionales, estatales y europeas) y ha insistido en el papel fundamental de la ciencia para hacer frente a esta y otras emergencias. En este sentido, ha explicado que España lleva décadas apostando por mantenerse en el grupo que lidera toda la actividad relativa al espacio, y lo que está sucediendo en La Palma es un ejemplo muy evidente de que el espacio tiene aplicación directa en nuestras vidas. Gracias a las contribuciones públicas españolas a los programas espaciales internacionales, ha añadido, hoy disponemos de herramientas que nos ayudan a proteger la vida y los recursos naturales.

Copernicus

Los datos principales que están siendo empleados en el control de La Palma son proporcionados por el satélite Sentinel-1, Sentinel-2 (que cuenta con un instrumento óptico multiespectral), Sentinel-5P y por otras misiones nacionales de los países miembros que contribuyen al programa.

El programa espacial Copernicus de observación de la Tierra por satélite se inició en 2008 y la calidad de sus datos, productos y servicios, así como la política que se aplica a los datos que proporciona, abierta y gratuita, han hecho de Copernicus un referente a nivel mundial. El programa Copernicus consta de una componente satelital con satélites denominados Sentinels y misiones nacionales y privadas contribuyentes (entre ellas, el satélite español PAZ de Hisdesat o los satélites desarrollados por la empresa española Deimos). Del mismo modo, cuenta con servicios que proporcionan los datos y productos en 6 áreas distintas (territorio, atmósfera, marino, seguridad, cambio climático y emergencias).

El objetivo de Copernicus es alcanzar autonomía en la adquisición de datos de la superficie terrestre y proporcionar servicios operativos a usuarios (científicos, investigadores, empresas públicas o privadas, etc.) para su uso en un rango amplio de aplicaciones en el ámbito del medio ambiente y la seguridad.

España en Copernicus

La UE ha incluido la continuación del desarrollo de Copernicus como parte de su nuevo programa de espacio, con el objetivo de incluir seis nuevas misiones (CO2, LSTM, CHIME, CRISTAL, ROSE-L y CIMR). En el ámbito de la ESA, la nueva fase de desarrollo se suscribió en Sevilla durante la Conferencia Ministerial ‘Space19+’ con 1.807 millones de euros y una contribución de España de 170 millones de euros, por detrás de Alemania, Italia y Francia. Como resultado de esta contribución, España ha obtenido un contrato para liderar y desarrollar la misión LSTM (Land Surface Temperature Mission), por un valor de 380 millones de euros.

Imprimir Imprimir         

Las compraventas de vivienda anuales hasta junio suben el 10,7% en Valladolid y el 17,7% en Castilla y León

23 de septiembre, 2021

Las compraventas de vivienda anuales hasta junio suben el 10,7% en Valladolid y el 17,7% en Castilla y León

15/09/2021 |Registradores

Las 700 constituciones anuales de empresas en Valladolid y las 2.700 de Castilla y León las acercan a niveles prepandemia

Los concursos de acreedores anuales se duplican en Valladolid y crecen el 44% en Castilla y León hasta el mes de junio

15.09.’21. El Colegio de Registradores informa sobre la realización del informe Panorama Registral. Evolución inmobiliaria y mercantil de Valladolid / Castilla y León/ España.2012-2021”. Se ha realizado un análisis del mercado inmobiliario y de la evolución del tejido empresarial de la provincia de Valladolid y su comunidad autónoma a lo largo de los últimos diez años, haciendo especial mención del último año 2021, mediante datos anualizados hasta junio. Resulta de especial trascendencia, a la vista de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia COVID-19, observar la evolución de 2020 y 2021 hasta la fecha disponible, por su indudable interés para conocer el impacto de la crisis, que todavía no ha finalizado.

Panorama Inmobiliario

Las compraventas de vivienda son el mejor indicador para definir el momento del ciclo inmobiliario. Los datos analizados muestran claramente una evolución similar en Valladolid, Castilla y León y España, delimitando tres períodos bien diferenciados. Entre 2012 y 2014 se alcanzaron mínimos de transacciones en Valladolid, Castilla y León y España, con cifras de compraventas por debajo incluso de 3.000, 15.000 y 320.000, en los tres ámbitos geográficos respectivos. A partir de 2015 se observa una recuperación clara de las compraventas, que llega hasta 2018, situando ese año a Valladolid por encima de las 4.000 compraventas, con Castilla y León por encima de la 20.000 y el conjunto de España por encima del medio millón de operaciones. En 2019 se produce un ligero descenso generalizado. Pero es en 2020 donde irrumpe con gran fuerza la crisis sanitaria y económica debida a las restricciones a la movilidad y a la propia incertidumbre causada por la crisis sanitaria.

Ese año se produce una caída generalizada, más moderada en Valladolid (4.255 compraventas desde las 4.640 del 2019), algo más intensa en su comunidad (18.506 operaciones desde las 20.733 de 2019), y por último, más acentuada en el conjunto de España, que retrocedió desde más de medio millón de operaciones en 2019 a las escasas 420.000 del 2020.

Si vemos la evolución en el gráfico anterior, se observa la homogeneidad en los ciclos de subida y bajada en todos los ámbitos geográficos. Destaca en 2021, donde los doce meses acumulados hasta dicho junio muestran una recuperación rápida, dirigiéndose hacia los niveles previos a la pandemia, con un fuerte rebote en su evolución para Valladolid (10,7%), mayor para su comunidad autónoma (17,7%), superando incluso al conjunto de España, que creció el 14,9%.

Las preferencias de los ciudadanos en la compra de vivienda se analizan bajo diversos aspectos, entre los que destacan:

Las ventas de vivienda en capitales frente a su provincia denotan, en los datos de los últimos doce meses hasta junio de 2021, que existe una tendencia de fondo a favor de vivir en otros municipios de la provincia en detrimento de la capital, si bien, Valladolid con un mínimo descenso (-0,4%) resiste bien la tendencia generalizada de las capitales de Castilla y León, donde solamente Burgos, con una evolución positiva del 2,31%, muestra una tendencia positiva opuesta a la negativa del resto de capitales castellanoleonesas.

Las ventas de pisos frente a viviendas unifamiliares, en sus resultados del mismo período antes señalado, muestran una clara tendencia hacia el crecimiento de las adquisiciones de viviendas unifamiliares en Castilla y León, que con una subida cercana al 5%, dobla ampliamente a la misma tendencia expresada en el conjunto del territorio español (2,3%).

Panorama Mercantil
La Estadística Mercantil, elaborada a partir de inscripciones realizadas en los RR.MM. muestra un evidente paralelismo en la evolución del número de constituciones de empresas en los tres ámbitos geográficos analizados. Como norma general podemos observar que la provincia de Valladolid, alcanza a generar casi una de cada cuatro nuevas empresas creadas en Castilla y León, por lo que la importancia relativa dentro de su comunidad tiende a crecer. El año 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, marcó una caída generalizada en los tres ámbitos geográficos, que ha repuntado en 2021, lo que ha permitido a la provincia de Valladolid superar de nuevo el nivel de las 700 sociedades creadas; en lo que respecta a Castilla y León, volver a las cerca de 2.700 empresas creadas en dicho ejercicio; y, rozar el nivel psicológico de las 100.000 constituciones a nivel nacional. Tras las fuertes caídas de 2020, en 2021 se observa un repunte muy importante que compensa hasta junio gran parte de la caída de 2020, más intenso en Valladolid y a nivel nacional, con porcentajes que superan el 20% anual en los tres ámbitos geográficos, evolución muy positiva que, aunque más moderada, podría extenderse en el futuro inmediato.

Los concursos de acreedores son un claro indicador del ciclo económico que cobra especial relevancia en momentos como los actuales. Los datos han sido extraídos de las inscripciones de declaraciones de concurso en los RR.MM. correspondientes durante el año natural. Con claridad se observa que, tras cinco años de estabilidad alrededor de los 3.500 concursos anuales, se retorna a niveles de 2015, superando los 4.600 en el acumulado de los últimos doce meses hasta junio de este año (38 en Valladolid y 135 en el conjunto de la Comunidad de Castilla y León). En este último año se han duplicado los concursos inscritos en Valladolid, y han aumentado casi un 44% en toda la comunidad, siendo el incremento a nivel nacional del 35%.

El sector servicios, durante 2020 presenta el mayor peso en el total de procedimientos concursales en cualquier ámbito geográfico, protagonizando seis de cada diez concursos societarios, como resulta lógico en función de la tradicional estructura de la actividad económica española. La Construcción mantiene niveles superiores a los de la Industria, siendo protagonista de una de cada cinco empresas concursadas en Castilla y León y en el conjunto del territorio español, y una de cada cuatro en la provincia de Valladolid.

Imprimir Imprimir         

La Seguridad Social cerrará septiembre con un aumento aproximado de 80.000 afiliados

23 de septiembre, 2021

La Seguridad Social cerrará septiembre con un aumento aproximado de 80.000 afiliados

Jueves 16 de septiembre de 2021

El ministro José Luis Escrivá explica en una pantalla los últimos datos relativos a Seguridad Social
Septiembre será el quinto mes consecutivo que concluirá con un crecimiento de la afiliación, según el avance experimental de afiliación quincenal que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este mes la Seguridad Social, descontando la estacionalidad y el efecto calendario, concluirá previsiblemente con 19,56 millones de afiliados, lo que supone un aumento de unas 80.000 personas respecto a agosto.

Según ha destacado el ministro, José Luis Escrivá, «se mantiene el dinamismo en el mercado laboral después de que en agosto se alcanzase el nivel de empleo de febrero de 2020, antes de la pandemia». La mitad de las comunidades autónomas ya ha recuperado el nivel de empleo que tenía en ese momento.

Además, Escrivá ha subrayado que en los últimos cinco meses de crecimiento continuado, se habrán recuperado más de 540.000 empleos, de confirmarse la previsión de afiliación de septiembre.

En lo que va de mes, se aprecia un notable dinamismo en sectores como Actividades artísticas, Hogares empleadores y Hostelería. En términos acumulados, el comportamiento de la afiliación en lo que va de mes es mejor que en otros septiembres. Según ha destacado Escrivá, en la primera mitad de septiembre, el empleo asalariado ha crecido en casi 77.000 personas respecto a la última semana de agosto, una cifra superior a la habitual en el mismo periodo en años anteriores. En el caso del empleo por cuenta propia, la evolución en la primera quincena de septiembre es similar a la de los años previos a la pandemia, según ha señalado Escrivá.

Además, el ministro de Inclusión ha resaltado que «en lo que llevamos del tercer trimestre, el comportamiento del empleo es bastante mejor que en años previos, también de creación de empleo». A mediados de septiembre, el crecimiento de la afiliación acumulada es de más de 74.000 personas respecto al final de junio frente a una caída de 126.000 afiliados en el promedio de los años 2017-2019. Además, la brecha entre el comportamiento de este año y la media de los anteriores ha sido creciente desde el inicio del trimestre.

Menos de 180.000 personas en ERTE de suspensión totalEl ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha indicado que el número de personas en ERTE se sitúa a 14 de septiembre en un nuevo mínimo de 253.000 de las que 79.000 están suspendidas a tiempo parcial. Por primera vez, menos de 180.000 personas (176.926) están en ERTE con suspensión total.

Respecto al último día de agosto, se ha producido un descenso de más de 18.000 personas en ERTE tanto si tenemos en cuenta la fecha de notificación, como por fecha de alta. En ambos casos supone continuar con la senda de reducción de personas en ERTE de los últimos meses. Desde el inicio del tercer trimestre, los trabajadores en ERTE se han reducido en 211.000 personas y en casi 300.000 desde la entrada en vigor del último esquema (1 de junio). Desde el momento más agudo de la pandemia, han salido de ERTE más del 93% de las personas que estuvieron protegidas por este instrumento.

De las 253.000 personas en ERTE a 14 de septiembre, 162.000 -casi dos de cada tres- están protegidas por modalidades que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social (sectores ultraprotegidos y cadena de valor, limitación e impedimento). El número de trabajadores en ERTE de sectores ultraprotegidos y su cadena de valor es de 107.000, mientras que en limitación quedan 50.000 personas, y 5.300 en impedimento. En todos los casos, las cifras son menores que al final del mes de agosto, con un descenso especialmente significativo en los sectoriales.

Por sectores, la reducción de trabajadores en ERTE desde la puesta en marcha del último esquema ha sido especialmente intensa en agencias de viaje, que ha pasado de tener al 56% de sus trabajadores suspendidos (del régimen general, sin contar regímenes especiales) al 32%; transporte aéreo y alojamiento, que se han reducido en más de 20 puntos.

Por comunidades autónomas, Baleares y Canarias son las que más reducción han experimentado desde la puesta en marcha del último esquema, el pasado 1 de junio. Canarias ha pasado de tener más del 12% de sus afiliados al régimen general al 4,9%, mientras que en Baleares, los trabajadores en ERTE se han reducido del 6,2% al 4%.

También el número de autónomos con prestaciones extraordinarias se ha reducido notablemente en los últimos meses, según ha señalado Escrivá. Actualmente, 225.000 trabajadores por cuenta propia perciben alguna de las ayudas, menos de la mitad que hace tres meses y un 81% menos que en abril. Además, tal y como se estableció en la última prórroga, otros 219.000 se beneficiarán en septiembre de exoneraciones (este mes, del 25%) en las cuotas a la Seguridad Social tras haber dejado de recibir prestaciones el pasado 31 de mayo.

Imprimir Imprimir         

Luis Planas: Las zonas rurales deben ser prioritarias en la definición de las políticas

23 de septiembre, 2021

Jornada virtual de la Red Rural Nacional sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE

Luis Planas: Las zonas rurales deben ser prioritarias en la definición de las políticas

Jueves 16 de septiembre de 2021

Agricultora

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que las zonas rurales deben ser prioritarias en la definición de todas las políticas, especialmente en lo que respecta al instrumento de recuperación europeo (Next Generation EU), y la política de cohesión europea y sus fondos estructurales (FEDER, FSE+ y fondo de cohesión).

Según ha insistido, «el Gobierno de España está disponiendo las acciones, reformas y medidas que nos permiten accionar todos estos mecanismos con una visión a largo plazo en la que el medio rural es un elemento fundamental para una recuperación justa, verde y digital, que llegue a todos y a todas».

El ministro Planas ha participado, mediante un vídeo grabado, en la jornada organizada por la Red Rural Nacional, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para presentar la Comunicación de la Comisión Europea «Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea», con una especial mención al caso de España.

Ha remarcado que «la población más joven será la protagonista de nuestras zonas rurales». Para el ministro, el futuro del medio rural pasa por el relevo generacional, por la incorporación de «jóvenes y mujeres que aseguren un medio rural vivo, con oportunidades que representen un medio de vida de calidad».

En su intervención, el ministro ha valorado el esfuerzo de la Comisión Europea para mejorar el conocimiento de las zonas rurales, cuya problemática es muy similar en los distintos territorios del continente europeo. En el caso de España, el 85 % del territorio de España es rural, pero solo el 20 % de la población tiene allí su residencia. Se trata, ha añadido, de «una parte de la población que juega un papel clave en el mantenimiento del territorio, la conservación de los extraordinarios valores naturales y culturales de nuestro país, en la cohesión social y territorial y en el mantenimiento de nuestra seguridad alimentaria».

Para contribuir a revertir el fenómeno de la despoblación del medio rural, el Gobierno de España impulsa políticas coordinadas, «que solo pueden dar resultado con la participación de los distintos actores que forman parte de la comunidad rural». Según ha recalcado, el Gobierno está plenamente comprometido con este esfuerzo sostenido y a largo plazo.

Planas ha señalado que el ministerio trabaja intensamente en tres retos, que están contenidos en las discusiones sobre el Plan Estratégico para la aplicación en España de la futura Política Agraria Común (PAC): el relevo generacional, reducir la brecha de género y la digitalización del medio rural.

Para incentivar la presencia de mujeres en el medio rural, la nueva PAC incorpora por primera vez con un enfoque de género específico para impulsar el desarrollo económico, social y territorial del medio rural en clave de igualdad.

Además, la digitalización del medio rural va a permitir el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Para ello, el Gobierno tiene el firme compromiso de incrementar la conectividad, con el objetivo de que la banda ancha llegue a todo el territorio en 2025.

Imprimir Imprimir         

Galicia. Mar en calma

22 de septiembre, 2021
Imprimir Imprimir         

Día Mundial del Alzheimer 2021

22 de septiembre, 2021

Sanidad recuerda la importancia de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidadores

Martes 21 de septiembre de 2021

Día Mundial del Alzheimer 2021

Día Mundial del Alzheimer 2021

El Ministerio continúa apoyando las acciones de las comunidades autónomas en pro de la implementación de la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas, basándose en la mejor evidencia científica disponible junto con las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes.

El Ministerio de Sanidad se une a la conmemoración hoy martes, 21 de septiembre, del Día Mundial del Alzheimer recordando la importancia de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y las personas cuidadoras.

Desde el Ministerio de Sanidad se ha abordado esta patología dentro de la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas, aprobada por el Consejo Interterritorial en 2016 con el consenso de todos los agentes implicados y basándose en la mejor evidencia científica disponible. Posteriormente, en el año 2017, España apoyó el Plan de Acción Mundial en respuesta a la demencia 2017-2025 de la OMS.

Tanto la Estrategia como el Plan de Acción Mundial confluyen en las líneas de trabajo principales que se deben poner en marcha para mejorar tanto la vida de las personas con Alzheimer como de las personas cuidadoras y familias, al tiempo que marca objetivos para reducir el impacto en salud de los pacientes, en el entorno donde viven y en los proveedores de servicios sanitarios y sociales.

En concreto, la Estrategia es un instrumento de enorme utilidad para que las comunidades autónomas implementen acciones para mejorar la calidad de la atención sanitaria y social promoviendo la equidad en las prestaciones sanitarias del SNS. El Ministerio de Sanidad viene además apoyando esta Estrategia a través de la distribución de fondos a las CCAA desde el año 2018. En concreto este año la cuantía del presupuesto ha alcanzado la cantidad de 1.409.035 euros.

En este Día Mundial del Alzheimer las esperanzas están puestas en los avances científicos y tecnológicos. Y en esta línea, en el marco de la Estrategia, continúan promoviéndose actuaciones amparadas en la mejor evidencia disponible para progresar en la prevención, el diagnóstico, los cuidados y el tratamiento, de la mano de las comunidades autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes.

Según datos de la OMS, más de 55 millones de personas (el 8,1% de las mujeres y el 5,4% de los hombres mayores de 65 años) viven con demencia, y se calcula que esta cifra aumentará a 78 millones para 2030 y a 139 millones para 2050.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el Alzheimer va mucho más allá de la pérdida de memoria y que afecta al comportamiento, a las capacidades cognitivas y a la realización de las actividades de la vida cotidiana, disminuyendo la autonomía y la independencia de quienes lo padecen, lo que origina un importante coste humano a las personas cuidadoras y una sobrecarga económica.

Según datos de la OMS en el año 2019, los cuidadores pasaron una media de cinco horas al día proporcionando apoyo para la vida diaria a la persona con demencia que cuidaban; el 70% de esos cuidados fueron proporcionados por mujeres. Esto da una idea de la dimensión social y económica que conlleva el abordaje del Alzheimer y otras demencias.

Imprimir Imprimir         

Raquel Sánchez anuncia que se movilizarán en las próximas semanas más de 5.500 millones de euros para políticas de vivienda

22 de septiembre, 2021

Raquel Sánchez anuncia que se movilizarán en las próximas semanas más de 5.500 millones de euros para políticas de vivienda

Jueves 16 de septiembre de 2021

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha adelantado que en octubre se elevará a Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, que incluirá medidas especiales para los jóvenes

Raquel Sánchez ha anunciado, en el Congreso, que su ministerio va a movilizar en las durante las próximas semanas más de 5.500 millones de euros para políticas de vivienda.

Durante su primera comparecencia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, la ministra ha subrayado el nuevo tiempo en el que nos encontramos donde la sostenibilidad, la cercanía al ciudadano y la igualdad serán las señas de identidad del Ministerio.

Para ello, la Agenda Urbana Española y la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada serán las dos grandes herramientas, además del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como hoja de ruta más inmediata para mirar al futuro, con España en el camino de la recuperación económica, y gracias al cual Mitma dispone de 17.000 millones de euros para actuaciones que ya están en marcha.

Inversiones de Mitma en materia de vivienda
Raquel Sánchez ha avanzado que, durante el mes de octubre, el Ministerio llevará el nuevo Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 a Consejo de Ministros, donde estarán incluidas medidas especiales para los jóvenes.

Además de esto, en las próximas semanas, el Ministerio va a movilizar más de 5.520 millones de euros de la siguiente manera:

2.970 millones para la rehabilitación residencial de 510.000 actuaciones.
1.000 millones para la construcción de 20.000 viviendas para alquiler social.
450 millones en deducciones fiscales.
1.100 millones en avales para las comunidades de propietarios.
También ha informado del intenso trabajo del Departamento para aprobar iniciativas importantes como:

Un Real Decreto-ley para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria y la promoción de vivienda en alquiler en el contexto del plan de recuperación, transformación y resiliencia de España.
Un Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.
El Anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura y del entorno construido.
La nueva Ley de Vivienda
Desarrollo de los transportes e infraestructuras sostenibles
La ministra, en su alocución, se ha referido a los grandes retos existentes en materia de transportes e infraestructuras sostenibles y ha adelantado que la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte será elevada a primera lectura en Consejo de Ministros antes de que acabe este año.

En esta línea, Mitma continuará con el desarrollo de los instrumentos de planificación de los distintos modos de transporte, como el Plan Estratégico de Carreteras; La Estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias, que durante este mes de septiembre será sometida a información pública; el nuevo Marco Estratégico de Puertos; el Plan de Vuelo 2025 de Enaire; y el nuevo Dora II 2022-2026 para los aeropuertos.

También se ha referido a otros asuntos de calado que se están trabajando y que están relacionados con el Ministerio, como son:

La próxima puesta en marcha la «Mesa de Movilidad Rural».
La presentación, antes de finalizar el año, de las iniciativas Cercanías 25 para mejorar la calidad del servicio y la experiencia del usuario.
La iniciativa Mercancías 30, para incrementar la cuota modal del ferrocarril, donde está previsto que en este mes se produzcan contactos
con el sector para tener en cuenta sus aportaciones.
El avance en el proceso de liberalización ferroviaria, en los corredores Atlántico y Mediterráneo y en los nuevos ejes de alta velocidad.
El desarrollo de la Estrategia Estatal por la Bicicleta.
Además, Raquel Sánchez ha mostrado la necesidad de iniciar un diálogo transparente con los grupos políticos, agentes sociales y la administración sobre el futuro y la sostenibilidad de la Red de Carreteras del Estado.

La ministra ha valorado el esfuerzo en cuanto a la lucha contra la despoblación, destacando que ya están en funcionamiento tres de los cinco Centros de Competencias Digitales creados (Teruel, Alcázar de San Juan y Miranda de Ebro), y los dos restantes (Mérida y Linares) serán una realidad, previsiblemente, antes de finalizar este mes de septiembre.

Asimismo, ha informado que desde el Ministerio ya se está ultimando el Proyecto de Ley de creación de una autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, de forma que ya se trabaja para que la aprobación de la modificación de la ley se pueda producir cuanto antes.

Balance Mitma verano 2021
Por último, Raquel Sánchez ha querido hacer balance desde su llegada al cargo ministerial y ha puesto en valor el trabajo realizado por el Ministerio en estos dos meses donde, en materia de vivienda, se ha ampliado hasta el 31 de octubre el conocido como «escudo social» y se han firmado varios protocolos para el desarrollo de la Agenda Urbana, así como la promoción de viviendas de alquiler social o asequible.

En cuanto a las carreteras, además del histórico fin de las concesiones de la AP-7 y AP-2 y las nuevas bonificaciones en los peajes en la AP-9, la ministra ha recordado la puesta en servicio de la duplicación de la A-4 entre Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, en Sevilla, y más recientemente la de la autovía del Reguerón, en Murcia.

En materia de ferrocarriles, ha enumerado los avances logrados con la puesta en servicio de la nueva estación de Sanabria AV o la firma del convenio para la integración de Zorrotza, en Bilbao, así como la firma de los convenios con Adif y Adif-AV para establecer sus condiciones de financiación y la presentación del primer programa de ayudas de los fondos europeos para distribuir 1.000 millones de euros entre los municipios.

Para concluir su intervención en la Comisión del Congreso, la ministra ha enfatizado en la idea de sostenibilidad, cercanía al ciudadano, igualdad y cooperación y diálogo como las señas de identidad de la tarea tanto suya como de su equipo de trabajo al frente del Departamento.

Imprimir Imprimir         

Una subida del 5’3% del SMI tendría un impacto negativo sobre el empleo de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo hasta 2023

22 de septiembre, 2021

Una subida del 5’3% del SMI tendría un impacto negativo sobre el empleo de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo hasta 2023

  • Según un estudio de Randstad Research en colaboración con CEPYME, el aumento del 2% en el SMI incidiría de manera especial en sectores penalizados por la pandemia, como la hostelería y el comercio, que han destruido miles de empleos y tienen en riesgo decenas de miles adicionales, con especial incidencia en las pymes.
  • Esta subida elevaría el SMI por encima del 60% del salario medio en 12 comunidades autónomas y por encima del 73% en dos de ellas.

Madrid, 14 de septiembre de 2021

Un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5’3% hasta los 1.000 euros en catorce pagas (1.166,67 euros/mes) en 2022, con un aumento intermedio del 2% (969 euros en 14 pagas, 1.130,50 euros/mes) tendría un impacto negativo sobre el empleo estimado de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo desde su entrada en vigor hasta 2023, incluyendo tanto los empleos destruidos como los no creados como consecuencia del encarecimiento salarial. Más de la mitad de esta destrucción de empleo podría concentrarse en los sectores de hostelería y comercio, los más dañados con la actual crisis de la COVD-19.

Así se desprende de un estudio sobre el impacto laboral de una subida del SMI hasta los 1.000 euros en 2022, realizado por Randstad Research con la colaboración de CEPYME.

El informe señala que un aumento del 5’3% del SMI para 2022 supondría un incremento acumulado de más del 52’6% desde 2016.
Un incremento de esta cuantía incidiría de manera muy lesiva en sectores especialmente perjudicados por la actual crisis, como la hostelería y el comercio, que han destruido varios cientos de miles de empleos y tienen en riesgo decenas de miles adicionales (tanto por ERTE aún en vigor como fuera de ellos), con especial incidencia en las pymes.

Además, las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen.
El incremento del SMI del 2% para este año (969 euros en 14 pagas, 1.130,50 euros al mes) supondría una proporción superior al 65% del salario medio en al menos 9 comunidades autónomas y superaría el 60% en 12 de las 17 comunidades y estaría por encima del 73% en dos de ellas.

Además, España es el tercer país de Europa con mayor incremento del SMI acumulado–ajustado por paridad de poder adquisitivo- entre 2016 y 2021 (47’7%), tras Rumania y Lituania, y multiplica por cinco y por 10 los aumentos promedio de Alemania o Francia.

Hay que recordar que esta subida del SMI se plantea en un momento muy complicado para la economía española, con una recuperación incipiente y todavía no consolidada en la mayoría de los sectores y en una situación extremadamente crítica para muchas empresas, especialmente pymes. Todavía no se han recuperado los niveles de empleo precrisis -el aumento de afiliación no compensa el número de trabajadores en ERTE -272.190 en agosto- y el paro registrado se mantiene elevado, 1´5 puntos por encima del nivel previo a la crisis (13’78%).

En este sentido, CEPYME señala que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional “es competencia exclusivamente del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales,y que, como se recoge en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, deberán tenerse en cuenta factores como la evolución de la situación económica y del empleo, todavía en tasas inferiores a las del período precrisis, la productividad y la evolución del IPC que, aunque presenta un incremento del 3’3% hay que recordar que se está comparando con 2020, un año fallido desde el punto de vista económico, con paralización de la actividad y caídas de los precios continuadas durante varios meses”.

Imprimir Imprimir         

Convenio entre el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid

22 de septiembre, 2021

Convenio entre el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid

Aparejadores y Administradores de Fincas colaborarán en la gestión de las ayudas a la rehabilitación procedentes de los Fondos Next Generation

✓ Los profesionales, representados por sus Colegios, trabajarán conjuntamente para impulsar la renovación de edificios y viviendas.

Madrid, 13 de septiembre de 2021

Con el objetivo de facilitar la gestión y tramitación de las ayudas a la rehabilitación de edificios procedentes de los fondos europeos, el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Jesús Paños, y la presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), han firmado un convenio de colaboración para impulsar la renovación energética de edificios y viviendas.

A través de este acuerdo, administradores de fincas y aparejadores se comprometen a trabajar de manera conjunta en las iniciativas y acciones que agilicen las gestiones en las administraciones públicas, en la organización y difusión de todos los actos relacionados con la normativa y reglamentación que deben cumplir los edificios para su correcto mantenimiento y funcionamiento, así como en la elaboración una Guía de apoyo para la tramitación de ayudas o en la asistencia a la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación.

Para Isabel Bajo, presidenta del CAFMadrid, “este convenio ratifica la colaboración entre los profesionales administradores de fincas y los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación, fomentando acciones y proyectos que sirvan de impulso a la rehabilitación de edificios en beneficio de las comunidades de propietarios y, por tanto, de los madrileños y las madrileñas”.

Por su parte, Jesús Paños, presidente de los aparejadores de Madrid, ha explicado que “este acuerdo marco representa la primera iniciativa de otras muchas que se pondrán en marcha entre ambas instituciones para facilitar el acceso a las ayudas a la rehabilitación que se publicarán en breve”.

Este es el segundo convenio que suscribe el CAFMadrid con un colegio oficial con el fin de mejorar la eficiencia energética, la habitabilidad y la accesibilidad de los edificios y las viviendas a través de los distintos canales de difusión de las ayudas. El primero fue firmado con Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), antes del verano.
De esta manera, administradores de fincas, arquitectos y aparejadores colaborarán en la agilización de los trámites con la Administración para el acceso de los ciudadanos a las subvenciones destinadas a la rehabilitación.

Imprimir Imprimir         

La reserva hídrica española se encuentra al 40,5 por ciento de su capacidad

22 de septiembre, 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 40,5 por ciento de su capacidad

Martes 21 de septiembre de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica


La reserva hídrica española está al 40,5 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 22.646 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 222 hectómetros cúbicos (el 0,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 68,5%
Cantábrico Occidental al 62,2%
Miño-Sil al 44,1%
Galicia Costa al 57,2%
Cuencas internas del País Vasco al 71,4%
Duero al 45,0%
Tajo al 41,6%
Guadiana al 28,9%
Tinto, Odiel y Piedras al 66,4%
Guadalete-Barbate al 31,9%
Guadalquivir al 27,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 39,1%
Segura al 38,6%
Júcar al 51,1%
Ebro al 52,4%
Cuencas internas de Cataluña al 70,9%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 106,6 mm (106,6 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Imprimir Imprimir         

Anocheciendo. Cuatro Torres. Madrid

21 de septiembre, 2021
Imprimir Imprimir         

El juez propone juzgar a los jefes Seguridad de Repsol y Caixabank por presunto espionaje al presidente de Sacyr

21 de septiembre, 2021

Lunes, 20 de septiembre de 2021

El juez propone juzgar a los jefes Seguridad de Repsol y Caixabank por presunto espionaje al presidente de Sacyr

Según el auto, ambos investigados “disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles”

Autor: Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha finalizado la instrucción de la pieza 21 (proyecto Wine) del denominado caso Tándem y ha propuesto juzgar a los jefes de Seguridad de Repsol Rafael A.B. y de Caixabanak Miguel Ángel F.R., así como al comisario jubilado José Manuel V., a su socio Rafael R. y al policía Enrique G.C. por el encargo al excomisario para espiar al presidente de Sacyr Luis D.R. con el fin de evitar que este grupo se hiciera con mayor control en Repsol mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex. El juez acuerda también proceder contra el subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael G.

En su auto, el magistrado atribuye a los dos jefes de Seguridad y a Girona un delito de cohecho activo, al excomisario y su socio, un delito de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos, mientras que el juez atribuye este último delito a Enrique G.C. Del mismo modo, García Castellón acuerda el sobreseimiento para otros cuatro exdirectivos de Repsol y Caixa puesto que una vez practicadas todas las diligencias pertinentes concluye que no existen elementos suficientes para atribuirles la comisión de los delitos investigados.

En su auto, el instructor explica que en el año 2011 el Grupo Cenyt elaboró una serie de informes sobre Luis D.R., su mujer, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo director financiero de Repsol con los que la empresa del excomisario accedió a información, llamadas telefónicas realizadas por Luis D.R. y su entorno, lo que constituyen datos de carácter reservado a los que no se tiene acceso por fuentes abiertas ni registros públicos. El tráfico de llamadas y comunicaciones fue facilitado por Enrique G.C., entonces jefe de la Unidad Central Operativa.

El Grupo Cenyt recibió por este encargo abonos con cargo a las sociedades de Repsol y Caixabank por valor de 413.600 euros, de los que 218.900 corresponden a pagos de Repsol y 194.700 a Caixabank.

El magistrado destaca que cuando se llevaron a cabo estos hechos José Manuel V. era comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que no existía ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de los tráficos de datos relativas a las personas investigadas por el Grupo Cenyt.

Respecto a los dos directores de Seguridad, el juez explica que, a la vista de las diligencias practicadas, ambos disponían de un elevado grado de autonomía organizativa y contractual. En ese sentido, añade el juez, ambos investigados “disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles”.

A partir de ahora, las acusaciones personadas disponen de un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Imprimir Imprimir         

La AIReF incorpora una nueva División de Evaluación del Gasto Público

21 de septiembre, 2021

La AIReF incorpora una nueva División de Evaluación del Gasto Público

15 septiembre 2021

Sede de la AIReF

El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros la creación de una división destinada a la evaluación de políticas públicas en la AIReF


La puesta en marcha de esta División forma parte del Plan Estratégico 2020-2026 de la Institución


Esta modificación se efectúa en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que define las actuaciones concretas para mejorar la eficacia del gasto público


La nueva división refuerza las capacidades de evaluación permanente de la Institución, lo que permitirá afrontar con recursos más estables nuevas evaluaciones


Además, la división establecerá canales estables de interconexión con las administraciones facilitando el proceso de implementación de las propuestas y su seguimiento


El Gobierno aprobó este martes, 14 de septiembre, en Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se modifica el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la creación de la División del Gasto Público (Spending Review). La puesta en marcha de esta nueva División forma parte del Plan Estratégico 2020-2026. Asimismo, tiene lugar en cumplimiento del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), que define las actuaciones concretas para mejorar la eficiencia del gasto público.

En el ejercicio de sus funciones, la AIReF ha realizado hasta ahora diversas evaluaciones del gasto público por encargo de la Administración Central (como las dos fases del Spending Review y el Estudio de los Programas de Rentas Mínimas en España) y de las Administraciones Autonómicas.

La creación de la nueva División de Evaluación del Gasto Público refuerza esta función evaluadora de la AIReF y tiene lugar en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que en su componente 29 reconoce la utilidad de las evaluaciones de la AIReF y se compromete a “dar continuidad y permanencia a los ejercicios de revisión del gasto creando una división permanente de Spending Review en el seno de la AIReF”.

La nueva División, que contará con dos áreas, reforzará las capacidades de evaluación permanentes de la Institución, y para ello se dotará de todos los recursos necesarios para llevar a cabo esta labor, permitiendo afrontar con garantías de calidad el reto de nuevas evaluaciones, entre otras, las nuevas fases del Spending Review.

Además, la división establecerá canales estables de interconexión con las administraciones para proveerlas de información sobre sus evaluaciones y recomendaciones, facilitando el proceso de implementación de las propuestas y el seguimiento de estas.

Esta división se sumará a la División de Análisis Económico, a la División de Análisis Presupuestario y a la División Jurídico-Institucional.

Otras modificaciones

Por otra parte, el Real Decreto aprobado también contempla atribuir al Gabinete de la Presidencia de la AIReF el nivel de subdirección general, para asegurar su equiparación a otros Gabinetes equivalentes. De esta forma, se contempla el protagonismo que asume este Gabinete como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Presidencia.

Por último, el Real Decreto contempla el cambio de denominación de la AIReF, que pasa a denominarse Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, A.A.I., en cumplimiento de las previsiones de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Imprimir Imprimir         

Luis Planas: El Gobierno plantea una Política Agraria Común más justa, más sostenible, más social y que apoye la innovación y la digitalización

21 de septiembre, 2021

En la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados

Luis Planas: El Gobierno plantea una Política Agraria Común más justa, más sostenible, más social y que apoye la innovación y la digitalización

Lunes 13 de septiembre de 2021

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado el formidable esfuerzo de diálogo y negociación realizado desde hace más de dos años por este ministerio con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales agrarias para dar cabida a todos los intereses en el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España.

Este Gobierno plantea para España, ha destacado el ministro, una PAC con cuatro características básicas: más justa, más sostenible, más social y que apoye la innovación y la digitalización. Planas ha añadido que desde un espíritu constructivo y de constante trabajo, el ministerio ha hecho un gran trabajo de análisis de todas las necesidades sectoriales y un ingente ejercicio por acercar todas las posiciones.

Planas ha comparecido hoy a petición propia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para informar sobre el estado actual de elaboración del Plan Estratégico que debe remitirse para su aprobación a la Comisión Europea antes de que finalice el año. Ha explicado que en la Conferencia Sectorial del pasado 14 de julio las comunidades autónomas expresaron sus diferentes posiciones y, ha asegurado, se impuso el sentido de la responsabilidad, al terminar con un acuerdo por consenso de seguir trabajando en la redacción del Plan Estratégico sobre la base del documento presentado por el ministerio.

Se trata de un documento de compromiso para avanzar sobre los ecoesquemas -prácticas voluntarias que contribuyen a preservar el medio ambiente, la biodiversidad y a luchar contra el cambio climático-, y ha mostrado su confianza en que hay voluntad de trabajo en común, porque «estamos en tiempo y forma para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos».

Ha remarcado que se logrará una PAC para todos, dirigida a la inmensa clase media de agricultores y ganaderos, a quien más lo necesita, teniendo muy presente el marco normativo en el que nos tenemos que desenvolver, que no es otro que el de la legislación comunitaria.

Conferencia sectorial sobre la PAC, en octubre
Ya en la recta final, con un intenso calendario de reuniones en septiembre y sobre el acuerdo en torno al documento consensuado en la Conferencia Sectorial, el ministerio trabaja con las comunidades autónomas y el sector en la concreción de detalles técnicos para ultimar la redacción del Plan Estratégico, que aúna la rica diversidad agronómica de todo el país.

Ha asegurado que el Plan Estratégico que presente España será fruto del trabajo de diagnóstico más completo que se ha realizado en una reforma de la PAC, ya que «es la primera vez que se parte de las necesidades» de cada sector para establecer los esquemas de intervención y en el que la innovación y la digitalización jugarán un papel clave «si queremos un sector agrario y agroalimentario con futuro».

El ministro ha considerado que esta PAC es una «magnífica oportunidad» para el sector agrario español y ha recalcado la confluencia del nuevo paquete de ayudas hasta el año 2027 con los fondos europeos del marco de recuperación, que permitirá afrontar una importante transformación del sector hacia un modelo más sostenible ambientalmente, socialmente y económicamente.

Así, a los 47.724 millones de euros de presupuesto de la PAC para España, incrementado en 3.874 euros con la parte de cofinanciación que corresponde al Estado y comunidades autónomas en desarrollo rural, hay que sumar los 1.051 millones de euros de presupuesto del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestiona el MAPA y otros aproximadamente 1.000 millones del futuro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario.

Una PAC más justa, más sostenible y más social
El ministro ha destacado que en la nueva PAC que se aplicará en España se establecerá un pago a las primeras hectáreas, para tener en cuenta las pequeñas y medianas explotaciones que no se pueden beneficiar de las economías de escala. Asimismo, en la ayuda básica a la renta, se establecerá una reducción progresiva de las ayudas a partir de 60.000 euros, estableciéndose un límite de 200.000 euros, una vez realizados todos los descuentos admisibles.

Uno de los aspectos especialmente resaltados por Planas ha sido el incremento de los fondos para favorecer el relevo generacional, el mayor presupuesto que haya dedicado la PAC a esta finalidad, el equivalente al 3 % de las ayudas directas (145 millones de euros anuales). Junto a ello ha incidido también en la introducción por primera vez de ayudas adicionales para las mujeres que sean titulares de explotaciones, medida para fomentar el protagonismo de éstas en las actividades vinculadas a la producción agrícola y ganadera.

La arquitectura medioambiental de la PAC, alineada en su nuevo diseño con las estrategias del Pacto Verde de la Unión Europea va permitir el necesario salto en la sostenibilidad de la actividad agraria. El ministro ha añadido que la apuesta medioambiental «no es una opción, sino una obligación, pero que no debemos ver como una imposición, sino como una gran oportunidad».

Sobre la figura más novedosa de la reforma de la PAC, los ecoesquemas, Planas ha explicado que su diseño permitirá que todos los agricultores y ganaderos que lo deseen, puedan acceder a algunas de las prácticas puestas a su disposición. Los ecoesquemas tendrán un presupuesto anual de 1.107 millones de euros y su propósito es fomentar una agricultura y ganadería rentable y sostenible, que proporcione beneficios medioambientales tangibles.

Planas ha insistido en que el diseño de ecoesquemas en el que han trabajado el ministerio y las comunidades autónomas durante los meses de julio y septiembre contemplan prácticas sencillas de aplicar, pero con una aportación medioambiental clara, y que no será necesario acumularlos en una misma superficie, con lo que se evita que unos agricultores tengan ventajas sobre otros en función de las características de sus explotaciones.

Otro aspecto destacado por el ministro es el incremento en un 15 % del presupuesto para las ayudas asociadas, que benefician a sectores más vulnerables con más dificultades para su rentabilidad, particularmente la ganadería extensiva y los cultivos proteicos.

Medidas que son una oportunidad para el conjunto del sector agroalimentario. España tiene la obligación de presentar a finales de año un plan coherente para que la Comisión Europea lo apruebe en el primer trimestre de 2022, año en el que habrá que aprobar un amplio paquete legislativo para poner en marcha el Plan Estratégico de la PAC, además de realizar un gran ejercicio de divulgación sobre su aplicación en España.

El ministro ha apelado a un gran «consenso nacional sobre la PAC, con un modelo que refleje el mejor apoyo para los agricultores y ganaderos», porque España cuenta con la financiación y las medidas necesarias para potenciar la competitividad del sector agroalimentario español en el próximo decenio.

Imprimir Imprimir         

El Gobierno anuncia 100 millones en ayudas para impulsar las comunidades energéticas

21 de septiembre, 2021

Plan de Recuperación

El Gobierno anuncia 100 millones en ayudas para impulsar las comunidades energéticas

Jueves 16 de septiembre de 2021

Teresa Ribera durante su intervención en el acto


La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado la activación de 100 millones de euros en subvenciones para impulsar las comunidades energéticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En la clausura del acto «Comunidades energéticas: participación ciudadana en la transición energética», celebrado en Crevillent (Alicante), Ribera ha concretado que estarán repartidos en tres programas de ayudas cuyo proceso de audiencia e información pública se abrirá de forma inminente.

Contribuirán a acelerar la consecución de los objetivos climáticos y servirán para catalizar la participación ciudadana en la transición energética. «Cada día es más evidente que los ciudadanos y las pymes quieren participar en el modelo energético como lo hacen en otros ámbitos de la sociedad», ha destacado la vicepresidenta.

Durante su intervención, Ribera ha enfatizado la importancia de las comunidades energéticas locales: «tienen muchas ventajas, porque aportan energía de proximidad y beneficios de proximidad. Además rebajan los gastos energéticos de los socios y del ámbito municipal y, al estar cercanas al territorio, conocen sus puntos sensibles y las ventajas que pueden ofrecer, facilitando una buena relación con el entorno. Ahora podemos imaginar 1.200 pueblos con comunidades o 300.000 tejados solares».

Las comunidades energéticas permiten desarrollar proyectos impulsados por la población, pymes, cooperativas o entidades locales en ámbitos como las renovables, la eficiencia energética o la movilidad sostenible. Las personas involucradas en estas comunidades son, a su vez, productoras y consumidoras de su propia energía limpia, lo que redunda en una mayor democratización del sistema energético y en un importante ahorro para el consumidor final. Por todo ello, constituyen una figura clave en la transición hacia un sistema energético limpio, abierto y participativo.

Además, estas figuras aportan importantes beneficios económicos y sociales en los territorios donde se implementan, ya que ayudan a dinamizar la actividad local, generar empleo y fijar población en municipios de reto demográfico.

En este sentido, la vicepresidenta ha destacado su papel en el impulso de una transición hacia un modelo rural con energía asequible y sostenible: «Queremos que todos los territorios tomen un papel activo en la transición energética y se beneficien de las ventajas que genera, como el abaratamiento de la energía, la independencia frente a las tensiones que se producen en los mercados energéticos internacionales o la generación de actividad económica», ha señalado.

100 millones en tres convocatorias


Los 100 millones de euros del PRTR movilizados para este plan se repartirán en tres programas de gestión centralizada: CE-Aprende, CE-Planifica y CE-Implementa. Estas líneas se complementarán con una red de Oficinas de Transformación Comunitarias que, coordinadas por el IDAE y repartidas por todo el territorio, acompañarán y asesorarán a las comunidades energéticas en toda su cadena de desarrollo y facilitarán el acceso a cada línea de ayudas.

La primera de las líneas (CE-Aprende), en régimen de concurrencia simple, tiene como objeto ayudar a personas físicas u organizaciones interesadas en la constitución de una comunidad energética a familiarizarse con el concepto e identificar futuros socios o miembros. Subvencionará actuaciones como los gastos asociados a la dinamización, promoción y publicidad de la comunidad.

Por su parte la segunda línea (CE- Planifica), también de concurrencia simple, se orienta al planteamiento y constitución de la comunidad energética en sí misma. Entran en este programa la financiación de estudios y modelos de contrato o la asistencia técnica especializada y el asesoramiento jurídico.

Una vez constituida legalmente, la comunidad energética podrá optar a la financiación de la tercera línea (CE- Implementa), que se articula en régimen de concurrencia competitiva. A través de ella se subvencionarán proyectos integrales y de carácter transversal en el ámbito de la energía renovable eléctrica y térmica, la eficiencia energética o la movilidad eléctrica.

La selección de los proyectos tendrá en cuenta factores como el grado de innovación, los niveles de participación social que haya incorporado la iniciativa, sus beneficios sociales, su contribución a la lucha contra la pobreza energética, la generación de empleo o la perspectiva de género, así como la combinación de distintas actuaciones como el impulso de renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible.

En línea con la política energética del MITECO


Las subvenciones anunciadas complementan otros programas del MITECO en el marco del PRTR de los que también se pueden beneficiar las comunidades energéticas, como el programa MOVES III para el fomento de la movilidad eléctrica, dotado con 400 millones ampliables a 800, o el de incentivos al autoconsumo de energías renovables, que cuenta con un presupuesto inicial de 450 millones ampliables a 900.

Asimismo, se unen a otras medidas puestas en marcha por el Ministerio, como la subasta para la instalación de nuevas plantas de generación renovable prevista para el próximo 19 de octubre. En ella se ha reservado un cupo específico de 300 MW para pequeñas instalaciones fotovoltaicas con fuerte carácter local e impulsadas desde la ciudadanía, por lo que las comunidades energéticas constituyen uno de sus potenciales beneficiarios.

Estos programas están alineados con las prioridades del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que enfatiza el potencial del autoconsumo y la rehabilitación de edificios para reducir las emisiones en entornos urbanizados, así como con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y con las prioridades del Plan de Recuperación.

En los últimos años, en España se han impulsado numerosas experiencias de comunidades energéticas a escala local, al tiempo que se han dado pasos en su reconocimiento normativo.

En junio de 2020, la normativa española introdujo dos nuevas figuras jurídicas: las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energía renovable. En noviembre de ese mismo año el MITECO abrió el proceso de consulta pública previa para el desarrollo de Comunidades Energéticas Locales que ha servido, junto con la Manifestación de Interés para definir las líneas del PRTR, de base para diseñar estas ayudas.

Las más de 450 manifestaciones recibidas evidencian el interés por la figura de las comunidades energéticas en España. Destacan por su carácter transversal e integral, pues la mayoría de proyectos presentados combinan iniciativas de producción eléctrica o térmica, eficiencia energética y movilidad sostenible.

Otras actuaciones


Fruto de la apuesta del Gobierno por las comunidades energéticas en el marco del PRTR el MITECO, a través del IDAE, organizará junto con la Generalitat Valenciana el I Congreso Nacional de Comunidades Energéticas. La cita tendrá lugar en la primavera de 2022 en Crevillent.

Asimismo, en la línea de las actuaciones anunciadas, el IDAE habilitará en GENERA 2021, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente que se celebra en el mes de noviembre en Madrid, un foro de debates específico para comunidades energéticas abierto a iniciativas que quieran compartir su experiencia.

Paralelamente, el IDAE está invirtiendo en iniciativas que impulsan la participación ciudadana, como la start-up FUNDEEN, una empresa destinada al crowdfunding de renovables que permite a cualquier persona hacer pequeñas inversiones en proyectos de esta índole, y ha otorgado un préstamo a la iniciativa ‘Illa eficient’, en la que varias comunidades de propietarios de una misma manzana de Barcelona se han agrupado en forma de cooperativa para abordar un proyecto de rehabilitación energética conjunta.

Imprimir Imprimir         

CSIF pide al Gobierno que garantice las mutuas sanitarias a los funcionarios, tras las presiones de Podemos para suprimirlas

21 de septiembre, 2021

CSIF pide al Gobierno que garantice las mutuas sanitarias a los funcionarios, tras las presiones de Podemos para suprimirlas

  • El sindicato urge a Hacienda para que cierre ya el concierto sanitario para los próximos años
  • El traspaso de mutualistas podría colapsar el Sistema Nacional de Salud, muy debilitado por la pandemia y la falta de recursos

17 de Septiembre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno que garantice el mantenimiento del sistema de mutualismo sanitario al colectivo de funcionarios.

Desde CSIF lamentamos las presiones de Unidas Podemos que, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva.

En este sentido, reclamamos una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración.

CSIF también reclama a Hacienda que cierre el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años estableciendo unas condiciones que hagan sostenible el modelo y la atención que reciben a diario en torno a 2,1 millones de personas (entre mutualistas y familiares beneficiados) en toda España. De lo contrario, estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia.

Desde CSIF recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria. Además, la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Estas coberturas, incluso, están a veces mermadas en relación con las que ofrecen las propias comunidades autónomas al resto de habitantes de su territorio.

Traspaso de competencias a la Seguridad Social

Esta iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional.

El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa.

CSIF solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas “más adelante”.

Esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas. Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2019.

Imprimir Imprimir