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In memoriam. Julián Muro Molina

4 de agosto, 2021
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El Gobierno impulsa la modernización de la Ley Concursal para alinearla con los países más avanzados

4 de agosto, 2021

El Gobierno impulsa la modernización de la Ley Concursal para alinearla con los países más avanzados

03/08/2021 Ministerio de Justicia

El Gobierno impulsa la modernización de la Ley Concursal para alinearla con los países más avanzados

El Gobierno impulsa la modernización de la Ley Concursal para alinearla con los países más avanzados, facilitar la reestructuración de empresas viables y mejorar los procedimientos de insolvencia

Con la reforma de la Ley Concursal se transpone la Directiva sobre reestructuración e insolvencia y se articula una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico

El Anteproyecto de Ley, que se saca a audiencia pública, supone una mejora estructural de los mecanismos de insolvencia para fomentar la reestructuración empresarial y establece un marco normativo ágil y flexible que contribuye a minimizar la destrucción de tejido productivo y facilita el mantenimiento de empresas viables
El texto introduce la figura de los planes de reestructuración empresarial, un instrumento pre-concursal dirigido a evitar la insolvencia, o a superarla, que incentiva una actuación temprana y, por tanto, con mayores probabilidades de éxito
El deudor podrá determinar cuáles serán los acreedores afectados por el plan de reestructuración y las ejecuciones singulares de los bienes y derechos de la empresa quedarán suspendidas –hasta un máximo de 12 meses– para facilitar la negociación del plan, lo que permitirá a la empresa continuar desarrollando su actividad con total normalidad
La reforma incluye un novedoso procedimiento especial para microempresas sencillo, rápido, flexible, digitalizado -en el que las partes se comunicarán a través de formularios gratuitos y disponibles on line o las vistas serán virtuales- y que supondrá una reducción significativa de los costes para el deudor. Este procedimiento permitirá a los deudores alcanzar un plan de continuación si la empresa es viable o, en caso de no ser posible, les facilitará una rápida liquidación de la empresa a través de una plataforma on line
También se reforma el procedimiento concursal para agilizarlo y reducir su duración, con medidas como la sustitución de la junta de acreedores por una tramitación escrita en el convenio o la reducción de la retribución del administrador concursal si la gestión no es eficiente, lo que se producirá si el procedimiento dura más de 12 meses por causa que le sea imputable
Otra de las novedades es la modificación en profundidad del procedimiento de segunda oportunidad, dirigido a personas físicas (consumidores) y autónomos en concurso, dando un nuevo impulso a quienes desean volver a emprender o continuar con su actividad económica sin el lastre de deudas de una iniciativa anterior. De este modo, bajo ciertas condiciones y sujetándose a un plan de pagos, se posibilita la exoneración de las deudas sin necesidad de una liquidación previa de los activos empresariales o de la vivienda habitual del deudor.
3 de agosto de 2021. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha sacado a trámite de audiencia pública el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal. El proyecto normativo incluye la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables.

Esta modificación constituye una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico.​

Se trata de un proyecto de ley ambicioso, dirigido a garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad; que los empresarios personas físicas insolventes puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas, después de un periodo de tiempo razonable, favoreciendo la segunda oportunidad; y que se mejore la eficiencia del procedimiento concursal con el fin de reducir su duración.

Se presta especial atención a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características.

La reforma es de especial importancia en el actual contexto económico, puesto que la disponibilidad de este tipo de instrumentos de reestructuración, eficientes y ágiles, contribuirá a minimizar la destrucción del tejido productivo y al mantenimiento de empresas y negocios viables.

Planes de reestructuración

Los planes de reestructuración, que sustituyen a los actuales acuerdos de refinanciación, son uno de los elementos centrales de la Directiva de insolvencia y de la reforma de la Ley Concursal para facilitar que las empresas deudoras viables dispongan de un instrumento eficaz para evitar la insolvencia o salir de ella.​

Se trata de un instrumento pre-concursal, dirigido a empresas con dificultades financieras, que favorece una reestructuración en un estadio más temprano que el de los actuales instrumentos, cuando se detecten indicios de probabilidad de insolvencia, frente a la actual exigencia de que ésta sea inminente.

Es un mecanismo flexible, ágil desde el punto de vista procedimental, que incorpora las mejores prácticas de otros modelos de derecho comparado, como el americano, para contribuir a su eficacia. En concreto, posibilita el arrastre de clases acreedoras disidentes, esto es, las que no votan a favor del plan, incluyendo también las correspondientes salvaguardas para los acreedores. Su introducción incentivará una reestructuración más temprana y, por tanto, con mayores probabilidades de éxito, contribuirá a la descongestión de los juzgados mercantiles, liberará recursos y permitirá una mayor eficiencia del concurso.

Asimismo, se introduce un nuevo procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, más rápido, digitalizado y con un coste muy reducido que incrementa la posibilidad de continuidad de las empresas viables y facilita la reasignación de recursos.

Este procedimiento se caracteriza por la simplificación del proceso concursal, su carácter modular y ofrece dos itinerarios posibles. Tras un período de negociación con los acreedores de un máximo de tres meses debe optarse: por un plan de continuación rápido y flexible, si hay posibilidad de un acuerdo o, en su defecto, por una liquidación ordenada, pero rápida, a través de una plataforma on line. Este procedimiento únicamente debe utilizarse para liquidar empresas que son insolventes.

Procedimiento de segunda oportunidad

Se reforma en profundidad el procedimiento de segunda oportunidad, dirigido a personas físicas y autónomos en concurso, con el objetivo de incentivar a los beneficiarios a continuar con su actividad laboral o empresarial y posibilitando una segunda oportunidad realmente efectiva.

El Anteproyecto de Ley introduce medidas adicionales a las previstas en la Directiva de insolvencia, entre las que destaca la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad.

El plan de pagos tendrá una duración máxima de tres años, que se ampliará a cinco años cuando no se enajene la vivienda habitual del deudor.

Asimismo, se amplía la relación de deudas exonerables y se eliminan o se relajan ciertas restricciones para poder acceder a las exoneraciones.

Reforma del procedimiento concursal

Por último, el Anteproyecto de Ley también incluye la reforma del procedimiento concursal para incrementar su eficacia. Con este objetivo se introducen numerosas modificaciones dirigidas a agilizar el procedimiento y a facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable, facilitar la venta de unidades productivas o, en su caso, su liquidación.

En este sentido, entre las medidas para agilizar el procedimiento y reducir su duración, la reforma prevé incentivos en la retribución del administrador concursal condicionados a la celeridad y agilidad del procedimiento, y penalizaciones si la gestión no es eficiente, lo que se producirá si el procedimiento dura más de 12 meses por causa que le sea imputable.

Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Como complemento necesario para las medidas de eficiencia contenidas en el anteproyecto, resulta imprescindible descargar de competencias a los juzgados mercantiles y a las secciones especializadas de las audiencias provinciales. Estas medidas requieren la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se presenta una segunda reforma, como Ley Orgánica, complementaria a la de la Ley Concursal.

Esta reforma contempla, entre las medias más destacadas, que los juzgados de los casos sobre condiciones generales de la contratación y sobre protección de los consumidores y ciertas reclamaciones en materia de transportes (retrasos de aerolíneas, equipajes, etc.) pasen de los juzgados de lo mercantil a los juzgados de primera instancia.​

Finalmente, volverá a los juzgados de lo mercantil el conocimiento del concurso de las personas naturales no empresarias.

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La incertidumbre exige valorar con prudencia la mejora del empleo en julio y aportar confianza a las empresas en el plano de las reformas estructurales

4 de agosto, 2021

03 agosto 2021

CEOE

La incertidumbre exige valorar con prudencia la mejora del empleo en julio y aportar confianza a las empresas en el plano de las reformas estructurales

Los datos de paro, contratación y afiliación a la Seguridad Social reflejan una evolución positiva en un mes en el que tradicionalmente aumenta el empleo al coincidir con la temporada estival; si bien seguimos moviéndonos en un entorno de gran incertidumbre marcado por los rebrotes de la COVID-19 y las decisiones de algunos países de nuestro entorno, que pueden incidir negativamente en la posición preeminente de España como destino turístico y que, en su conjunto, están ralentizando el ritmo de afiliación.

Así, se ha registrado un crecimiento de la afiliación en 91.451 cotizantes, en contraste con los 233.056 del mes pasado, y una caída del desempleo en 197.841 personas, lo que evidencia el gran esfuerzo que están realizando las empresas y las personas trabajadoras para recuperar la normalidad, pese al aumento gradual de restricciones sanitarias como consecuencia de la quinta ola.

De nuevo, estas restricciones recaen con mayor intensidad en algunos de los sectores más afectados por la pandemia, que crecen a un menor ritmo que el pasado mes de junio. Así la subida de la afiliación en el Régimen General en hostelería asciende a 69.079 personas en comparación con los 126.520 afiliados más, del mes pasado. El mismo fenómeno se aprecia en el Régimen de Autónomos, que crece en 1.978 afiliados, respecto de los más de 13.000 del mes pasado.

No obstante, la disminución del número de personas desempleadas alcanza a todos los sectores, territorios, edades y sexos. Además, el crecimiento de la afiliación es generalizado en las distintas comunidades autónomas y ramas de actividad, con excepciones en sectores como la educación, con motivo del fin del curso escolar.

Por su parte, las personas en ERTE descienden hasta las 331.486 a finales de julio, lo que supone 116.334 menos que en el mes de junio.

Nos encontramos, por lo tanto, este mes con un nuevo avance en la senda de recuperación de la actividad económica y de la ocupación, que esperamos se consolide, pese a las incertidumbres que se ciernen sobre nuestra economía tras el paréntesis estival.

Por ello, es preciso ser prudentes, pues la evolución de la economía y el empleo se encuentra muy condicionada por la marcha de la pandemia, para cuya contención es vital continuar sin demoras el proceso de vacunación.

La intensidad de esta crisis y de sus efectos en el empleo hacen imprescindible operar con diligencia y efectividad para que los fondos europeos permitan alcanzar los objetivos pretendidos, relanzando las actividades más afectadas por la pandemia y las inversiones estratégicas.

Para ello, en el marco de las reformas estructurales, laboral y fiscal, urge aportar seguridad jurídica y confianza eliminando todos los elementos de incertidumbre y rigidez que pueden estar lastrando las decisiones empresariales para impulsar la dinamización de la actividad económica y del empleo.

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La Bolsa negocia 25.920 millones de euros en julio

4 de agosto, 2021

02-agosto-2021

La Bolsa negocia 25.920 millones de euros en julio

•Las negociaciones en Renta Variable crecen un 5,4% respecto al mes anterior
•Las admisiones a negociación en Renta Fija suben un 10,9% en el mes, hasta los 43.767 millones de euros
•La negociación de los contratos de Futuros sobre IBEX 35 y sobre Mini IBEX 35 aumenta un 7,1% y un 11,1%, respectivamente, frente a junio

La Bolsa española negoció en Renta Variable 25.919,9 millones de euros en julio, un 18,4% menos que en el mismo mes de 2020 y un 26,2% por debajo del dato del mes anterior. El número de negociaciones fue de 3,67 millones, lo que supone una caída del 19,4% respecto a julio de 2020 y un crecimiento del 5,4% frente a junio de este año.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 67,97%. La horquilla media durante julio 2021 fue de 6,38 puntos básicos en el primer nivel de precios (un 11,1% mejor que el siguiente centro de negociación) y de 9,40 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 27,9% mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx. Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

El volumen contratado en julio en los mercados de Renta Fija alcanzó los 16.821,4 millones de euros, un 13,7% menos que en junio. Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de Deuda Pública y de Renta Fija Privada, ascendieron a 43.767,3 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 10,9% en comparación con el mes pasado.

El saldo vivo se situó en 1,7 billones de euros, con una bajada del 0,2% en julio y una subida del 3,7% en lo que va de año.

En el mercado de Derivados Financieros, la negociación en julio aumentó en contratos de Futuro sobre IBEX 35 y sobre Mini IBEX 35 respecto al mes anterior un 7,1% y un 11,1%, respectivamente.

La posición abierta respecto al mismo periodo del año anterior se mantiene invariable en Futuros sobre IBEX 35, mientras aumenta en los contratos de Futuro sobre Acciones en un 25,3%.

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La Seguridad Social abona más de 180 millones de euros en ayudas por la pandemia a casi 218.000 autónomos en julio

4 de agosto, 2021

La Seguridad Social abona más de 180 millones de euros en ayudas por la pandemia a casi 218.000 autónomos en julio

Viernes 30 de julio de 2021

La Seguridad Social abona este viernes, día 30 de julio, una nómina estimada de 182 millones de euros en ayudas a autónomos. Esto supone que cerca de 218.000 trabajadores por cuenta propia reciben este mes alguna de las prestaciones específicas para este colectivo, puestas en marcha por la pandemia de la COVID-19 y que se han prorrogado hasta el 30 de septiembre tras el acuerdo con las principales asociaciones de autónomos.

Estas ayudas se han ido adaptando a la marcha de la pandemia gracias a sucesivos acuerdos con las asociaciones de autónomos. En el momento de mayor afectación de la pandemia en el mercado de trabajo, llegaron a proteger a 1,46 millones de trabajadores por cuenta propia. Desde el inicio, la nómina total abonada en concepto de estas prestaciones suma 7.160 millones de euros al margen de las exoneraciones en el pago en las cotizaciones a la Seguridad Social que están asociadas a estas prestaciones.

La prestación para autónomos compatible con la actividad, destinada a aquellos trabajadores que han visto disminuida su facturación de manera notable, llega en julio a más de 82.000 beneficiarios. Por su parte, cerca de 134.000 ocupados van a recibir la ayuda que se diseñó para proteger a aquellos autónomos que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación anterior (por ejemplo, por tener una tarifa plana o no tener el periodo de cotización necesario), como ya se contemplaba en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero.

El número de trabajadores autónomos que reciben la prestación por una suspensión temporal de toda la actividad a causa de resolución de la autoridad competente se sigue reduciendo este mes a causa del levantamiento de las restricciones en la mayor parte de las comunidades autónomas. En la nómina que se abona mañana, 581 autónomos recibirán esta prestación, a los que hay que sumar los 145 que ya la recibían antes del 30 de mayo. La prestación específica para trabajadores por cuenta propia de temporada llega en junio a unas 850 personas.

Además de las prestaciones, en el acuerdo con las asociaciones de autónomos firmado en mayo, se incluyeron exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre para aquellos trabajadores que hubieran percibido alguna de las prestaciones extraordinarias hasta el 31 de mayo. A finales de julio, hay alrededor 400.000 autónomos con una exoneración del 75% por este motivo.

El resto de la nómina corresponde a prestaciones ya extintas, recogidas en los reales decretos anteriores.

Beneficiarios por sectores

A fecha 26 de julio (fecha posterior al cierre de la nómina), se han aprobado casi 220.000 prestaciones. Los sectores con más prestaciones aprobadas son el comercio (54.101), la hostelería (38.690) y el transporte (32.955). Entre los tres, suman más de la mitad de las ayudas, el 57%.

Esquema de ayudas

Las ayudas diseñadas para los autónomos se ampliaron hasta el 30 de septiembre tras el acuerdo con las asociaciones representativas del colectivo. En el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos se renovó la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19. La cuantía de la prestación se eleva al 70% de la base mínima de cotización. Además, el autónomo queda exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le cuenta como cotizado y, en su caso, es compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.

Además, se mantiene la prestación compatible con la actividad para aquellos trabajadores que, reuniendo el requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad, cumplen dos exigencias adicionales: una, que su facturación del segundo y tercer trimestre 2021 caiga el 50%, frente al segundo y tercer trimestre de 2019; y dos, no haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros.

Por su parte, quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese ordinario, podrán solicitar una prestación extraordinaria en los mismos términos que se establecieron en el Real Decreto-ley anterior. La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización e igualmente está exonerado de abonar las cuotas y computa como cotizado. Los requisitos son acreditar una caída de ingresos del 50% (los ingresos del segundo y tercer trimestre de 2021 deben ser inferiores a los del primer trimestre de 2020) y no tener unos rendimientos netos computables en esos seis meses de 2021 superiores a 6.650 euros.

Por último, también se mantiene, adaptando el periodo de referencia que se amplía a siete meses, la prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.650 euros en el segundo y tercer trimestre de 2021.

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Consejos de ahorro energético para comunidades de propietarios en tiempos difíciles

4 de agosto, 2021

Consejos de ahorro energético para comunidades de propietarios en tiempos difíciles

28 enero, 2021 ciudadycomunidad.cafmadrid

Antonio Ocaña

Ingeniero Industrial

Ahora que la alerta sanitaria ocupa todos los titulares, hay otras noticias que a pesar de su importancia han pasado a un segundo plano. Una de ellas es el cambio climático y la transición energética.

Traducida esta tendencia a las comunidades de propietarios, no se trata de exigir que se “se ajusten” a esta transición “al precio que sea”, sino que lo hagan obteniendo los máximos beneficios. No hay que olvidar que las comunidades de propietarios en España destinan, aproximadamente, un 70% de su presupuesto anual a gastos energéticos (calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, iluminación, ascensores…).

En estos momentos, ¿qué tipo de instrumentos tienen las comunidades de propietarios para adoptar medidas de eficiencia energética que contribuyan a reducir su factura y a irse adaptando a la transición energética que está ya en marcha en toda Europa?

– Integración de energías renovables. La aprobación en abril del 2019 del RD 244/2019 facilita que las comunidades de propietarios puedan instalar paneles solares fotovoltaicos para generar su propia electricidad (autoconsumo). En línea con lo anterior, la tendencia a sustituir los combustibles fósiles hace que otra energía renovable, la aerotermia, sea un complemento perfecto de los paneles fotovoltaicos, ya que son equipos que funcionan con electricidad.

– Salas de calderas de alta eficiencia e Individualización de consumos. En la Comunidad de Madrid es obligatorio realizar Inspecciones periódicas de Eficiencia Energética de instalaciones térmicas (calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria) de los edificios que cuenten con una potencia útil nominal superior a 70 kW. El resultado de estas inspecciones incluye recomendaciones y un diagnóstico señalando áreas de mejora. Las comunidades que decidan tomar medidas de ahorro energético, pueden beneficiarse de ayudas, como el Plan Renove Privado de Salas de Calderas, que incentiva la instalación en la región de calderas de condensación a gas que sean energéticamente eficiente u otras ayudas inminentes como el Plan Renove Público, Madrid 360º y las ayudas de IDAE. Con estas ayudas y los ahorros obtenidos el usuario no sólo no tiene que realizar derrama alguna, sino que empieza a ahorrar desde el primer momento.

–Telegestión: monitorización, control y optimización de instalaciones. “Lo que no se mide no se puede mejorar” (Peter Drucker). Las empresas de mantenimiento que han evolucionado a Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) ponen el foco en el ahorro energético, programando sistemas de contabilidad energética capaces de detectar alarmas energéticas y, de esa manera, identificar y corregir funcionamientos anómalos que generen un mayor gasto energético.

– Aprovechar actuaciones en la fachada (como por ejemplo pintar o enfoscar) para mejorar el aislamiento térmico, ya que los gastos de andamiaje suele ser una de las partes más costosas de este tipo de actuaciones. Mejorando el aislamiento térmico se puede reducir la demanda energética del edificio hasta en un 50%.

-Iluminación eficiente. Instalar luces led y/o sistemas de detección puede suponer un ahorro de un 60% en iluminación. También se puede estudiar la posibilidad de regular y reducir la potencia de luz en las zonas comunes.

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Teresa Portela. Plata en K1 200

3 de agosto, 2021
Teresa Portela, celebrando su actuación con la bandera de España
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La economía española inicia la senda de la recuperación

3 de agosto, 2021

La economía española inicia la senda de la recuperación

Contabilidad Nacional II Trimestre 2021

30 de Julio 2021

La Cámara de España prevé una tasa de crecimiento para el conjunto de 2021 del 5,9 % y del 6,2 % para 2022

El consumo de los hogares y la inversión en bienes de equipo sustentan la expansión de la economía

La creciente inflación se presenta como una de las principales amenazas para la reactivación económica

Contabilidad Nacional II Trimestre 2021

Contabilidad Nacional II Trimestre 2021

Madrid, 30/07/2021.- Durante el segundo trimestre de 2021, la economía española ha registrado una intensa expansión en términos interanuales, derivada, principalmente, del efecto estadístico resultante al comparar el nivel de PIB actual con el registrado justo hace un año, durante la etapa más dura de la pandemia y cuando se adoptaron las medidas de confinamiento más estrictas. De acuerdo con los datos del INE, el PIB ha experimentado un crecimiento del 19,8 % interanual, que se trata, en todo caso, del incremento más importante de la serie histórica. No obstante, su nivel en millones de euros aún está por debajo del registrado durante este mismo trimestre de 2019, cuando no existía crisis sanitaria. Respecto al trimestre previo, el avance del PIB ha sido del 2,8 %.

La contribución de la demanda nacional al crecimiento del PIB no ha tenido precedentes desde que se contabiliza la estadística, alcanzando 20,3 puntos porcentuales. Esta aportación ha estado sustentada, principalmente, por el crecimiento del consumo de los hogares (29,5 % interanual), pero, sobre todo, por la inversión en bienes de equipo (crecimiento del 45,3 % interanual en este segundo trimestre).

Por el contrario, la contribución al crecimiento de la demanda externa ha sido negativa (-0,5 puntos porcentuales), debido a un insólito incremento de las importaciones, del 36,8 % interanual, superior al de las exportaciones que, siendo también muy relevante (34,1 %), no ha alcanzado esas tasas.

Lógicamente, los datos de empleo también se han beneficiado del efecto estadístico registrado durante este segundo trimestre. El número de ocupados (medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) se incrementó un 18,9 % interanual, lo que representa 2,8 millones de empleos creados durante el último año, recuperando, aproximadamente, más del 80 % del empleo perdido durante la fase más dura de la pandemia.

En este apartado del empleo es preciso hacer una mención especial a la productividad del factor trabajo por hora efectivamente trabajada, que acumula 4 trimestres consecutivos en tasas negativas. En concreto, durante el segundo trimestre del año, el número de horas efectivamente trabajadas experimentó un crecimiento del 28,8 % interanual, superior al del PIB, lo que ha generado una caída de la productividad del 7 % durante este periodo.

Perspectivas

La evolución del PIB durante la segunda parte del año también se espera positiva, con avances intensos, aunque no tan elevados como el registrado durante este segundo trimestre, debido a que el mencionado efecto estadístico no será tan relevante a partir de ahora.

En este sentido, la Cámara de Comercio de España prevé un crecimiento interanual del 5,9 % para el conjunto del año 2021, tasa que se aceleraría hasta el 6,2 % en 2022. El avance de la vacunación y la previsible llegada de la inmunidad de grupo a finales de este año, o durante el primer trimestre de 2022, permiten ser optimistas en este sentido. Además, hay que tener en cuenta que existe todavía una importante bolsa de ahorro que los consumidores acumularon a lo largo de la crisis sanitaria, cuya salida será progresiva y que está pendiente la llegada de los fondos europeos, que servirán de estímulo para el crecimiento.

En paralelo, el efecto de la recuperación en el mercado de trabajo será muy relevante. El empleo podría repuntar un 3,5 % en el conjunto de 2021 y un 4,6 % en 2022. Esta evolución permitiría recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia a finales de 2022 o primer trimestre de 2023.

Sin embargo, hay ciertas incertidumbres que es necesario destacar y que podrían poner trabas a la incipiente recuperación. En materia de inflación, se está registrando un incremento del IPC sustentado en factores como el aumento de los precios energéticos y de las materias primas o el mencionado impulso del consumo. En la medida en la que ese incremento sea puntual y se circunscriba a un número acotado de meses y rúbricas, no tendrá implicaciones en el crecimiento. El riesgo se asociaría a un aumento de precios estructural, lo que podría forzar a un cambio en la política monetaria de los bancos centrales y a la limitación de los programas de estímulo.

En este entorno resulta imprescindible acometer las reformas estructurales que demanda la economía, principalmente aquellas que permitan revertir la caída de la productividad. Para eso, es esencial una utilización eficiente de los fondos europeos Next Generation EU, capaz de abordar de modo efectivo la transformación y modernización de nuestro tejido productivo.

Todo ello, además, con la atención en el establecimiento de un compromiso creíble a medio plazo para la reducción del déficit y la deuda pública que dote a nuestro país del necesario margen de maniobra y estabilidad ante futuros cambios en el escenario económico.

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Unai Sordo: «En septiembre habrá que prorrogar los ERTE»

3 de agosto, 2021

Unai Sordo: «En septiembre habrá que prorrogar los ERTE»

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, estuvo en el programa «24 horas» de RNE en el que desgranó los principales asuntos que van a rodear al diálogo social en las próximas semanas y meses. En su opinión, las patronales se «resistirán» a alcanzar los acuerdos que necesita el país

29/07/2021. CCOO

En relación a una posible prórroga de los ERTE, cuya fecha límite está trazada el 31 de septiembre de 2021, Unai Sordo dejó clara la postura del sindicato: «Tengo la impresión de que habrá que hacerlo en unos términos parecidos a los actuales. A nadie se le escapa que la situación en agosto es difícil que esté completamente normalizada. Así que, si se mantienen ciertas restricciones lo razonable es contar con los ERTE, un mecanismo que ha servido para salvaguardar millones de puestos de trabajo», argumentó.

Preguntado por la posible subida del SMI a finales de 2021, el secretario general consideró que «la situación era insostenible», porque «con el crecimiento económico del 6%, subidas del precio de consumos básicos y electricidad no era de recibo la congelación». Además, insistió en la idea de que «llega tarde». Sobre la negociación de esta posible subida, Unai Sordo considera que hasta ahora «los empresarios han estado cómodos porque pensaban que había una división dentro del Gobierno», explicó. «Va a haber una resistencia por parte de la patronal», sentenció.

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Luis Planas: La colaboración público-privada, clave para multiplicar el impacto del Plan de Recuperación en la economía

3 de agosto, 2021

Tras la firma de un protocolo de colaboración con Cajamar

Luis Planas: La colaboración público-privada, clave para multiplicar el impacto del Plan de Recuperación en la economía

Lunes 26 de julio de 2021

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el sector financiero está llamado a tener una participación imprescindible en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la economía española, ya que muchas de las inversiones previstas requerirán una parte de cofinanciación privada.

El ministro ha señalado que la colaboración público-privada será clave para multiplicar sus efectos que beneficiará al conjunto de la sociedad.

El acuerdo firmado por el ministro Planas y el presidente de Cajamar Caja Rural, Eduardo Baamonde, es un protocolo general de actuación entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la entidad de ahorro, que amparará la firma posterior de acuerdos sobre materias concretas. Así, ya está previsto un convenio específico para establecer un Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario, además de un trabajo conjunto para la adopción de un código de conducta sobre el uso compartido de datos agrícolas en toda la cadena de valor.

Además de proveer líneas financieras para proyectos sufragados con fondos europeos, el acuerdo con Cajamar tiene como objetivos fomentar una mayor contratación de seguros agrarios y apoyar a las organizaciones asociativas y profesionales del sector.

Planas ha destacado que Cajamar es una entidad financiera innovadora y emprendedora y que está muy involucrada en la mejora de la competitividad del sector primario debido que su zona de implantación territorial es de una gran importancia agraria y pesquera -está constituida por la fusión de 13 cajas de ahorro rurales-. Actualmente es la primera cooperativa de crédito española, con 1,4 millones de socios y 3,5 millones de clientes-.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El ministro Planas en el acto de firma del acuerdoEl mecanismo de recuperación y resiliencia va a movilizar un volumen de inversión pública sin precedentes históricos -140.000 millones de euros en España-, por lo que la implementación del PRTR supone un gran reto que requiere la implicación de empresas y agentes sociales y establecer una colaboración público-privada fluida, ha asegurado el ministro.

En el caso de las entidades financieras, el ministro ha señalado que deberán adelantar la inversión privada en las actuaciones del PRTR que requieran cofinanciación. Ha citado como ejemplos las inversiones previstas en modernización de regadíos, que se cubren con un 80 % de fondos públicos y un 20 % de las comunidades de regantes, o en los programas de mejora y renovación de invernaderos, de implantación de energías renovables, o de digitalización y agricultura de precisión.

Otra de las líneas de actuación contempladas en este protocolo es la de promover la inversión para la modernización e innovación de las empresas pesqueras y acuícolas lo que favorecerá la competitividad del sector y el cumplimiento de los objetivos de la Política Pesquera Común, según el ministro.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el sector agroalimentario y pesquero, componente 3, está dotado con un presupuesto de 1.051 millones de euros y afianzará su posición estratégica en el conjunto de la economía.

Planas ha señalado que las entidades financieras pueden implementar medidas complementarias que ofrecer a sus clientes y que pueden generar un efecto multiplicador. En el caso de Cajamar, por ejemplo, ha citado el asesoramiento altamente cualificado y los productos financieros muy adaptados que puede ofrecer por su gran cercanía al sector.

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Carrera de San Jerónimo

3 de agosto, 2021
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El Comité Europeo de las Regiones da un paso más en la escucha activa a los ciudadanos

3 de agosto, 2021

El Comité Europeo de las Regiones da un paso más en la escucha activa a los ciudadanos

Comisión Europea

El pasado 9 de mayo de 2021, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y otros agentes clave brindaron la oportunidad de contribuir en la «Conferencia sobre el Futuro de Europa» a los líderes regionales y locales mediante su adhesión al mismo.

El futuro está en tus manos

Una iniciativa que solicita la selección de uno de los miembros como responsables de asuntos de la UE. Con esta medida, el CDR persigue la consecución de un gobierno más cercano a la ciudadanía y en el que depositen una mayor confianza.

Esta decisión, además de involucrar a los corresponsales locales y regionales no solo en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, permite su estrecha colaboración con el Comité Europeo de las Regiones en la celebración de debates políticos en sus asambleas locales y regionales, la difusión de información a la ciudadanía y la organización de diálogos locales.

El Comité insiste en el beneficio de participar garantizando un futuro de la UE construido por y para nuestra ciudadanía y municipios europeos. Si cada corresponsal escucha a su ciudadanía, las propuestas podrán ser expuestas en la Conferencia a nivel internacional.

Entre las diversas ventajas que se alcanzarán con esta aportación común, el CDR destaca las siguientes:

Compartir las opiniones ciudadanas.
La organización de diálogos locales con la ciudadanía.
La participación en la red de corresponsales locales y regionales de la UE.
La celebración de debates políticos en la asamblea local o regional.
Cimentar una visión común de la UE.

La iniciativa no ofrece únicamente un contacto directo, sino también otras oportunidades como el apoyo a los medios de comunicación, la recopilación de opiniones ciudadanas para hacerlas llegar a la Conferencia y su colaboración en la organización de diálogos locales.

Si le gustaría obtener más información, puede visitar la web del Comité Europeo de las Regiones. Si además le gustaría documentarse sobre la Conferencia sobre el futuro de Europa, visite el siguiente enlace.

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¿Qué se esconde tras los números de tu cuenta corriente?

3 de agosto, 2021

¿Qué se esconde tras los números de tu cuenta corriente?

Banco de España

¿Nunca te has preguntado qué significan los números que identifican tu cuenta corriente? ¿Son aleatorios o tienen un por qué? En las siguientes líneas trataremos de arrojar luz sobre este tema…

En primer lugar, debes saber que tu cuenta corriente tiene asignado un número o código identificativo que la personaliza. Desde el 1 de febrero de 2014, este número se denomina IBAN, siglas en inglés que significan Código Internacional de Cuenta Bancaria. En España, un IBAN completo consta de 24 dígitos y está compuesto por dos letras seguidas de 22 números, como puede verse en el siguiente ejemplo:

Las primeras dos letras identifican el país, en este caso España (ES), y van unidas a dos dígitos de control (DC) que sirven para validar la totalidad del IBAN.
Los cuatro primeros sirven para identificar el código de la entidad, asignado por el Banco de España

El segundo grupo de cuatro dígitos identifica la oficina o sucursal bancaria.

Dos números que, nuevamente, son dos dígitos de control.

Finalmente, el número de cuenta propiamente dicho.

Los dígitos de control sirven para detectar los casos en que se haya omitido, duplicado o escrito por error alguno de los caracteres.

El código IBAN, que se usa internacionalmente, puede variar según los países, pero nunca puede contener más de 34 caracteres alfanuméricos. Por ejemplo, en Francia, tiene 27 dígitos, mientras que en Alemania, 22. Para facilitar su lectura, se suelen agrupar de cuatro en cuatro.

Como curiosidad, el número por el que comienza el código de la entidad nos indica de qué tipo de entidad se trata:

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Calle de San Felipe Neri

2 de agosto, 2021
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El Presidente del Tribunal Constitucional resalta el papel del Juez como garante del Estado de Derecho y de las libertades individuales

2 de agosto, 2021

Tribunal Constitucional

El Presidente del Tribunal Constitucional resalta el papel del Juez como garante del Estado de Derecho y de las libertades individuales

El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha subrayado la importante labor que desempeñan los jueces y tribunales como garantes del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, como un elemento clave en la convivencia de una sociedad democrática y equilibrio entre los poderes del Estado.

González Rivas, que ha clausurado el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre “Poder Judicial y Estado de Derecho”, celebrado en San Lorenzo de El Escorial, ha insistido en el papel que los jueces y magistrados desarrollan diariamente para fortalecer el Estado de Derecho como garantes del imperio de la ley, respetuosos con la separación de poderes y el ejercicio de la actividad jurisdiccional al controlar la actividad de la Administración Pública.

El presidente del TC ha realizado una reflexión global de los puntos esenciales que se contienen en el Título VI de la Constitución, destacando el estatuto jurídico del juez, su sometimiento a la Carta Magna y al resto del ordenamiento jurídico y su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado como dice el art. 117.3 CE.

En este contexto González Rivas se ha referido a las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, destacando dos puntos importantes de conexión: por un lado, las cuestiones de inconstitucionalidad que los jueces ordinarios plantean ante el TC por las dudas que le surgen al aplicar una ley de cuya validez dependa el fallo, y por otro, los recursos de amparo constitucionales en relación con el control ejercido por la jurisdicción contenciosaadministrativa y contra las resoluciones judiciales.

Finalmente, el presidente del TC ha analizado las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros de la Unión Europea, refiriéndose a los arts. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950; art. 2 del Tratado de Lisboa y art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Madrid, 30 de julio de 202

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El Consejo de Turismo de CEOE señala que las empresas están cumpliendo los protocolos sanitarios y no son un foco de contagio

2 de agosto, 2021

28 julio 2021

El Consejo de Turismo de CEOE señala que las empresas están cumpliendo los protocolos sanitarios y no son un foco de contagio

El Consejo de Turismo de CEOE quiere dejar claro que, a las puertas del mes de agosto y mientras se mantiene la incertidumbre en torno a la situación sanitaria, las empresas del sector, uno de los más afectados por la pandemia, y el tejido productivo en general, están cumpliendo con ejemplaridad los protocolos sanitarios y no son actualmente un foco de contagios.

En estos momentos, en los que España está liderando la creación de estándares a nivel mundial sobre las mejores prácticas para reducir los riesgos frente al coronavirus en el sector turístico –norma ISO AntiCOVID–, queremos recordar que el repunte de los indicadores relacionados con la COVID-19 se debe a contagios que se están produciendo, sobre todo, en reuniones sociales y, especialmente, entre la población joven.

En todo caso, llamamos también a empezar a valorar la evolución de la pandemia a partir de más variables que la mera cifra de contagios.

Contar con una imagen fiel de la situación sanitaria requiere enriquecer la medición con otros indicadores como por ejemplo la edad de los afectados, las variaciones relativas de hospitalizaciones y de ingresos en UCIs o los niveles de mortalidad, en línea con lo que están haciendo otros países, como Alemania.

En este sentido, el Consejo solicitamos con urgencia, para salvar la temporada turística y permitir que las empresas puedan desarrollar con normalidad su actividad internacional, reforzar la diplomacia y considerar una comunicación más adecuada de la realidad sanitaria, de forma que podamos mantener y mejorar la confianza en el país como destino seguro.

Entendemos que estas cuestiones son fundamentales ahora que algunos países de la UE o EE.UU. están desaconsejando viajar a España, lo que puede suponer un golpe definitivo para el sector turístico, aún pendiente de las ayudas directas anunciadas para las empresas y, por tanto, también para la recuperación económica y del empleo.

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Los Administradores de Fincas de Madrid apoyan la iniciativa «Vecinos con corazón»

2 de agosto, 2021

Los Administradores de Fincas de Madrid apoyan la iniciativa «Vecinos con corazón»

CAF Madrid

Tu vida a salvo en cinco minutos gracias a la cercanía de un desfibrilador en tu Comunidad de Propietarios

✓ Con un equipo desfibrilador se podrían reducir en las comunidades de propietarios el número de muertes por parada cardiaca, una de las principales causas de mortalidad en nuestro país.

✓ Según el Registro de Desfibriladores Externos Fuera del Ámbito Sanitario de la Comunidad de Madrid, apenas 500 de cerca de 200.000 comunidades de propietarios de la región tienen un desfibrilador.

✓ Desde que se lanzó “Vecinos con corazón” ha habido más de 60 administradores de fincas colegiados interesados en la instalación y 200 propuestas realizadas.

Madrid, 27 de julio de 2021

El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) se ha unido al proyecto de la empresa de instalación y mantenimiento de desfibriladores “Vecinos con corazón” , para animar a las comunidades de propietarios a intentar reducir el número de muertes por parada cardiaca y atragantamiento en los hogares, una de las principales causas de mortalidad en nuestro país y que se podrían evitar con un equipo desfibrilador instalado en las zonas comunes (piscina, garaje, garita del conserje, escaleras…) en menos de 5 minutos desde la parada cardiaca.

En España y en Madrid todavía es una práctica residual contar con desfibriladores como recurso vital ante paradas cardiorrespiratorias. De hecho, según el Registro de Desfibriladores Externos

Fuera del Ámbito Sanitario de la Comunidad de Madrid, no llega al medio centenar la cifra de comunidades de propietarios que cuentan con este dispositivo, apenas 500 de cerca de 200.000 que hay en la región, aunque desde que se lanzó “Vecinos con corazón” la compañía cuenta ya con más de 60 administradores de fincas interesados en la instalación y 200 propuestas realizadas.

Actualmente en la Comunidad de Madrid no es obligatorio contar con desfibriladores en las fincas residenciales. Desde 2017, únicamente están obligados a disponer de un desfibrilador los grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2.500 m2, los aeropuertos, las instalaciones de transporte, los establecimientos públicos con un aforo igual o superior a 2.000 personas, los establecimientos dependientes de las Administraciones Públicas, las instalaciones, centros o complejos deportivos con más de 500 usuarios diarios, los establecimientos hoteleros con más de 100 plazas, los centros educativos, los centros de trabajo con más de 250 trabajadores y los centros residenciales de mayores con 200 plazas. Recientemente se amplió también a centros médicos que realicen ‘técnicas intervencionistas en actividades diagnósticas o de tratamiento y/o administración de fármacos’, como pueden ser las clínicas dentales.

El decreto que regula la instalación de desfibriladores fuera del ámbito sanitario también estableció la creación de un registro, en el que a finales de marzo de este año había 7.598 desfibriladores dados de alta. El objetivo de este registro es disponer de un mapa de geolocalización de desfibriladores en la región. Es de acceso público y se puede consultar en la web de la Comunidad de Madrid.

En España cada 20 minutos se produce una parada cardiorrespiratoria (30.000 al año) y el 75% tiene lugar en el hogar, según datos de la Federación Española del Corazón. “Si se aplica un desfibrilador en los 3 minutos después del paro cardiaco, la supervivencia aumenta un 73% y si se utiliza en menos de 5 minutos, las posibilidades se incrementan hasta el 50%”, indica Diego Silva, asesor de CAFMadrid y colaborador de “Vecinos con corazón”.

Pero hay que tener en cuenta que, en función de las dimensiones físicas de la finca, quizás no sea suficiente con un único desfibrilador. Concretamente, en comunidades con amplias zonas comunes con piscina y zonas deportivas, “lo ideal para un espacio correctamente cardioprotegido, es que exista un desfibrilador a menos de 5 minutos (ida y vuelta) de cualquier lugar donde pueda producirse un paro cardiaco súbito”, apunta Silva.

Además, la organización “Vecinos con corazón” proporciona a todos los vecinos y personal formación presencial como parte de la prevención, impartidas por profesionales médicos en activo, y complementado con formación online para llegar al mayor número de vecinos y trabajadores de las comunidades de propietarios.

El proyecto “Vecinos con corazón” también impulsa el uso de la aplicación Ariadna que registra los desfibriladores y es accesible para los usuarios que tenga la app instalada. En caso de parada permite localizar los equipos cercanos para dar atención de forma ágil. Por supuesto, se procede a dar el alta en la comunidad autónoma correspondiente, donde es también voluntario ceder los datos de contacto para personal médico o de urgencias que pueda requerir el uso del desfibrilador por cercanía.

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Industria y el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales colaboran en el apoyo a los emprendedores

2 de agosto, 2021

Firma de un convenio

Industria y el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales colaboran en el apoyo a los emprendedores

Martes 20 de julio de 2021

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales han firmado un convenio para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) integrados en la Red CIRCE.

Para el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, «este acuerdo representa la función estratégica de capilaridad que desempeñan organismos como los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y, por ende, sus colegiados, en la gestión, representación y asesoramiento a los emprendedores».

Los PAE son oficinas que prestan servicios gratuitos a emprendedores, como la creación, el cese o la transmisión de empresas. En estas oficinas se tramita el Documento Único Electrónico (DUE), que permite realizar, en un único procedimiento administrativo, todos los trámites de creación de una empresa, simplificándose el proceso y los costes de creación.

Actualmente, la Red PAE está formada por casi 3.800 puntos PAE, de los cuales casi 3.000 son privados y 800 públicos. En ellos trabajan más de 6.000 técnicos PAE.

Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España integra 214 PAE y más de 300 técnicos, que participaron activamente en la creación de más de 1.870 empresas desde 2020.

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El TSXG autoriza a la Xunta limitar el derecho de reunión por el incremento del virus

2 de agosto, 2021

Viernes, 30 de julio de 2021

El TSXG autoriza a la Xunta limitar el derecho de reunión por el incremento del virus

El tribunal entiende que las medidas “cumplen las exigencias de ser necesarias y proporcionadas”. Los magistrados advierten que los datos revelan “un preocupante aumento en la transmisión de la infección”

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha autorizado a la Xunta mantener la limitación, en toda la comunidad autónoma, del número de personas que se pueden reunir en espacios públicos o privados -seis, en interiores; y diez, en exteriores-, así como prohibir encuentros con no convivientes entre las tres y las seis de la madrugada. Los jueces destacan, tras examinar el informe de la Consellería de Sanidade, que las medidas propuestas “responden a una situación clara de incremento en el virus”.

Los magistrados entienden que las limitaciones “no tienen un impacto significativo en el derecho de reunión, más necesitado de control en el horario nocturno, frecuentado en mayor medida por los jóvenes, más proclives al contacto social”. Además, concluyen que las medidas “cumplen las exigencias de ser necesarias y proporcionadas”. Por ello, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG también ha autorizado a la Xunta ascender de nivel de riesgo a determinados municipios en los que ha empeorado la evolución del virus, lo que conlleva que el nivel de restricción sea más elevado entre la una de la madrugada (hora de cierre de los establecimientos nocturnos) y las seis.

El tribunal señala en la resolución que el informe técnico y los gráficos con los datos de contagios de cada municipio presentados por la administración autonómica “amparan las limitaciones propuestas”, ya que revelan “un preocupante incremento en la transmisión de la infección”. En la última semana, según ese informe, no se registraron casos en 35 ayuntamientos.

El documento especifica que entre el 13 y el 19 de julio se realizaron 80.831 pruebas diagnósticas -49.625 PCR y 31.206 de antígenos-, con un porcentaje de positividad a siete días del 10,78 %, lo que supone un aumento del 42 % respecto a los test realizados entre el 6 y el 16 de julio. El informe también refleja que la incidencia acumulada a siete y 14 días fue de 334 y 602 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, valores que son un 25 % y un 55 % superiores a los de hace una semana.

El TSXG, no obstante, advierte que los datos se tienen que ponderar con otros factores, como los demográficos o los brotes descontrolados, los cuales se han tenido en cuenta “para proponer las limitaciones de agrupamientos, en general, y las más limitadas en los municipios que presentan unas incidencias más adversas, todos los cuales han sido objeto de un tratamiento singular en el informe técnico del 29 de julio”. Contra el auto cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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Luis Noval Ferrao

1 de agosto, 2021
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El Gobierno prevé que la economía recupere en 2022 el nivel previo a la pandemia por COVID-19

1 de agosto, 2021

Consejo de Ministros

El Gobierno prevé que la economía recupere en 2022 el nivel previo a la pandemia por COVID-19

La Moncloa, Madrid, martes 27 de julio de 2021

El Ejecutivo mantiene su previsión de crecimiento en el 6,5% para 2021 y en el 7% para 2022 y fija el techo de gasto para el año que viene en más de 196.000 millones de euros. Además, ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2021, que asciende a 30.445 plazas, la mayor de la serie histórica.

El Gobierno ha acordado un límite de gasto no financiero para el año 2022 de 196.142 millones de euros, que supone la cifra más alta de la historia en la asignación de recursos para los próximos Presupuestos Generales del Estado, como ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Este paso es fundamental en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos, junto a la publicación, el pasado 28 de junio, de la Orden ministerial que dicta las normas para su elaboración.

Montero ha afirmado que los objetivos de las cuentas públicas para 2022 son la consolidación de la recuperación económica y el blindaje del Estado de bienestar, «clave para ensanchar la clase media, que es el verdadero motor de nuestro país». La ministra ha señalado que es empeño del Ejecutivo construir una España más fuerte, más justa y más productiva «entre todos».

En este sentido, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha expresado su confianza en que los grupos de la oposición secunden estos objetivos en el trámite parlamentario: «El acuerdo es un valor, el entendimiento genera riqueza, crea empleo y esta es una máxima que todos deberíamos incorporar para trabajar en esa senda de diálogo que, sin duda, aportará a nuestro país».

Sostenimiento de las pensiones

María Jesús Montero ha señalado que, en los 196.142 millones de euros fijados como techo de gasto, se incluyen 18.396 millones como transferencia al Sistema de la Seguridad Social -un 32% más que el año pasado- para, en línea de cumplimiento con las recomendaciones del Pacto de Toledo, sostener el pilar de las pensiones, «una de las prioridades para este gobierno».

Asimismo, se incluyen 25.622 millones de euros procedentes de la Unión Europea para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Suspensión de las reglas fiscales también en 2022

La ministra de Hacienda ha informado de que el acuerdo alcanzado hoy incluye la solicitud al Congreso de los Diputados para que aprecie que siguen concurriendo las circunstancias extraordinarias, derivadas de la pandemia, para incurrir en déficit estructural y que pueda seguir en suspenso, como en 2021, la obligación de establecer los objetivos de estabilidad y las reglas fiscales.

No obstante, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado que el Gobierno y el conjunto de las Administraciones públicas mantienen su responsabilidad en relación con la consolidación fiscal y la sostenibilidad presupuestaria y por ello se han fijado tasas de referencia.

Así, el déficit se ha establecido para 2022 en un 5% para el conjunto de las Administraciones Públicas, que supone un 3,4% menos respecto al 8,4% con que se prevé cerrar el actual ejercicio 2021.

La Administración del Estado asumirá la mayor parte de ese porcentaje, un 3,9%, tal y como ya hizo el año pasado para proteger al resto de administraciones, que son «las que sustentan el estado del bienestar, la sanidad, la educación y los servicios sociales», ha puntualizado Montero. La tasa para las comunidades autónomas se sitúa en el 0,7% y para las entidades locales seguirá siendo cero.

Previsiones macroeconómicas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que el informe de situación de la economía española refleja una evolución muy positiva desde mediados de marzo, que se ha consolidado en el segundo trimestre con un crecimiento que podría superar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Evolución positiva de la economía y recuperación del empleo

Durante la presentación del escenario macroeconómico, Calviño ha afirmado que «todos los indicadores y previsiones apuntan a una fuerte recuperación económica en la segunda mitad del año». En este sentido, ha destacado que el dinamismo del empleo es el mejor reflejo de la fortaleza de la recuperación. El número de trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo ha pasado de un millón a principios de febrero a 340.000, un tercio de ellos en ERTE a tiempo parcial.

En la misma línea, los autónomos cubiertos por la prestación extraordinaria de cese de actividad se situaron a finales de junio en el entorno de las 160.000 personas, el menor nivel en nueve meses. Y las afiliaciones a la Seguridad social han registrado el mayor crecimiento de la serie histórica en el mes de junio, superando incluso los niveles de afiliación bruta de 2019.

La ministra ha subrayado que en el promedio del mes de julio se podría recuperar más del 90% del empleo neto perdido como consecuencia de la pandemia y la prioridad del Gobierno sería la reincorporación de los 340.000 trabajadores aún cubiertos por ERTE.

Nadia Calviño ha avanzado que si la evolución del empleo sigue siendo positiva, en septiembre se podría estudiar un aumento del Salario Mínimo Interprofesional que permita avanzar «hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para final de legislatura».

Reactivación del consumo

La recuperación del empleo, según ha expuesto la ministra, está acompañada por una reactivación en el consumo. Además de los indicadores cuantitativos, como el gasto con tarjeta o la demanda de energía, los cualitativos también reflejan una recuperación de la economía. Las expectativas de los consumidores y empresarios han mejorado y se ha reactivado el turismo gracias al avance de la vacunación.

La titular de Asuntos Económicos ha resaltado que todos los analistas prevén que España recuperará en 2022 el nivel de PIB previo a la pandemia y que en 2023 se situará en la senda de crecimiento anterior.

Calviño ha añadido que el conjunto de medidas de apoyo a familias, trabajadores y empresas adoptadas por el Gobierno desde el principio de la pandemia «han conformado una red de seguridad, un escudo social que ha sido clave para amortiguar su impacto económico y social y proteger una base para la recuperación económica».

El PIB crecerá un 6,5% este año y un 7% el próximo

El Ejecutivo mantiene sus previsiones de crecimiento en el 6,5% para 2021 y en el 7% para 2022, en línea con las previsiones macroeconómicas compartidas en el mes de abril, con una revisión al alza de la contribución del sector exterior, gracias al aumento de las exportaciones de bienes durante el primer trimestre del año.

Nadia Calviño ha explicado que el consumo privado muestra un gran dinamismo por la reapertura progresiva y por el ahorro neto embalsado de los hogares, que según las estimaciones del Gobierno, se sitúa en 60.000 millones de euros durante el primer trimestre del año.

La ministra también ha destacado el dinamismo de la inversión, en particular en bienes de equipo, si bien revisa ligeramente a la baja la previsión de inversión en construcción. El turismo extranjero alcanzaría un nivel ligeramente inferior al 50% del registrado en 2019 y el nacional llegaría al 75%.

La tasa de paro se mantiene en el entorno del 15% este año y del 14% el año próximo. En este punto, Nadia Calviño ha incidido en que España está encarando la quinta ola de la pandemia con una tasa inferior a la prevista por instituciones como el Banco de España o la OCDE, que la situaban entre el 20% y el 25%. Además, ha trasladado que los informes del Gobierno reflejan progresos en transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social, ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Calviño ha reiterado que gracias a las medidas adoptadas desde marzo de 2020, el Ejecutivo ha suavizado el impacto social negativo de la crisis, ha respondido con instrumentos para evitar un aumento de la desigualdad, proteger a los colectivos más vulnerables y mitigar el deterioro de la solvencia empresarial.

Ley Crea y Crece para favorecer la creación de empresas

El Gobierno ha lanzado en audiencia pública el Anteproyecto de Ley Crea y Crece, una norma cuyo objetivo es impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Nadia Calviño ha detallado que la futura ley incorpora mejoras en cuatro ámbitos. Facilita la constitución de empresas, que se podrán crear con un capital social de un euro y de forma digital. Incluye medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos.

La norma también mejora el clima de negocios y el entorno regulatorio de las actividades económicas, reforzando la cooperación con las comunidades autónomas y corporaciones locales y modifica el funcionamiento de la Ley de Unidad de Mercado. Asimismo, incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el ‘crowdfunding’.

30.445 plazas en la Oferta de Empleo Público 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2021, que incluye 30.445 plazas, un 8,5% más que el año pasado. 13.982 plazas son de ingreso libre y 9.509 de promoción interna para la Administración del Estado. El resto corresponde a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fueron aprobadas ya mediante Real Decreto.

Esta oferta es «la mayor de la serie histórica», ha resaltado la ministra responsable de Función Pública, María Jesús Montero. Sumada a las de los tres años anteriores, supone la convocatoria por el gobierno actual de 110.000 plazas de empleo público, un 73% más que durante los seis ejercicios anteriores, de 2012 a 2017.

Montero ha reiterado la importancia de lo público en relación con la protección de las personas y la necesidad de articular una administración moderna, ágil y transparente, capaz de acompañar los retos de transformación contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una de cuyas política palanca es precisamente «Una Administración para el siglo XXI».

En consonancia con estos objetivos, la Oferta de Empleo Público pone el acento en las actividades conectadas con el Plan: un 12% de las plazas se dirige a las vinculadas a la transformación digital; más del 10% a la modernización del sistema fiscal; un 8,4% a la reforma de la justicia, y más del 5% a sanidad y a infraestructuras y ecosistemas resilientes. Asimismo, se potencian las plazas asociadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), con un aumento del 37% de las convocadas respecto a 2020.

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Auto del Vicepresidente del Tribunal General en el asunto T-272/21 R Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento

1 de agosto, 2021

Tribunal General de la Unión Europea

Luxemburgo, 30 de julio de 2021

Auto del Vicepresidente del Tribunal General en el asunto T-272/21 R Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento

El Vicepresidente del Tribunal General desestima la demanda de suspensión del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y D.ª Clara Ponsatí i Obiols

El 13 de enero y el 10 de febrero de 2020, el Parlamento Europeo recibió unos suplicatorios de suspensión de la inmunidad de D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y Dña. Clara Ponsatí i Obiols, diputados electos al Parlamento. La finalidad de dichos suplicatorios, presentados por el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el marco de un proceso penal por, entre otros, presuntos delitos de sedición, era dar curso a la ejecución de las órdenes de detención europeas emitidas contra los diputados.

Mediante decisiones adoptadas el 9 de marzo de 2021, el Parlamento suspendió la inmunidad de los tres diputados. El 19 de mayo de 2021, estos interpusieron ante el Tribunal General un recurso de anulación contra las citadas decisiones. Aducen que el Parlamento no les ha garantizado la posibilidad de ejercer, en su calidad de diputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión, y que ha vulnerado los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (1)

El 26 de mayo de 2021, los diputados presentaron una demanda de medidas provisionales en la que piden al Vicepresidente del Tribunal General que suspenda la ejecución de las mencionadas decisiones. Consideran que las decisiones del Parlamento permiten a cualquier Estado miembro y al Reino Unido detenerlos o restringir sus desplazamientos y entregarlos a las autoridades españolas. Según los diputados, las decisiones no se oponen a que sean detenidos provisionalmente, tras su posible entrega a las citadas autoridades. Estiman que ello podría causarles un perjuicio grave e irreparable y vulneraría su derecho a desempeñar sus funciones de diputados europeos. Añaden que la eventual anulación de las decisiones del Parlamento no podría ser ejecutada si, en el momento de producirse, ya hubieran sido objeto de dichas entrega y detención.

Mediante auto de 2 de junio de 2021, adoptado sobre la base del artículo 157, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Vicepresidente del Tribunal General ordenó que se suspendiera la ejecución de las decisiones del Parlamento hasta que se adoptara el presente auto, que pone fin al procedimiento de medidas provisionales. (2)

Mediante su auto de 30 de julio de 2021, el Vicepresidente del Tribunal General revoca su auto de 2 de junio de 2021 y desestima la demanda de medidas provisionales de los diputados.

El Vicepresidente del Tribunal General recuerda que la suspensión de la ejecución puede ordenarse si la parte que la solicita demuestra que su concesión está justificada a primera vista de hecho y de Derecho (fumus boni iuris) y que es urgente, en el sentido de que, para evitarle un perjuicio grave e irreparable, es necesario que la suspensión sea acordada y surta efectos desde antes de que se resuelva sobre el recurso principal. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben desestimarse cuando no concurra alguno de ellos. El juez de medidas provisionales debe hacer, asimismo, en su caso, una ponderación de los intereses en juego.

El Vicepresidente del Tribunal General examina primeramente si se cumple el requisito relativo a la urgencia.
Subraya en primer lugar que, a efectos del análisis del requisito de la urgencia, los diputados han adoptado la interpretación de las decisiones del Parlamento que resulta más lesiva para sus derechos. El Vicepresidente del Tribunal General rechaza la argumentación basada en esta interpretación puesto que, para apreciar este requisito, únicamente procede tomar en consideración los efectos objetivos de las decisiones, determinados en función del contenido de estas.

En segundo lugar, el Vicepresidente del Tribunal General señala que las decisiones del Parlamento suspendieron únicamente la inmunidad de que gozan los diputados, en el territorio de todo Estado miembro distinto de su territorio nacional, frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial. En cambio, como admitió el Parlamento, la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta. En consecuencia, pueden desplazarse para asistir a las reuniones del Parlamento y no pueden invocar válidamente, para acreditar la existencia de un perjuicio grave e irreparable, un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, con ocasión de un desplazamiento para participar en una sesión parlamentaria en Estrasburgo o para regresar de esta.

En tercer lugar, el Vicepresidente del Tribunal General estima que los diputados no han demostrado que pudieran ser objeto de una detención inminente. En efecto, primeramente, el acaecimiento de ese perjuicio depende de que concurran múltiples factores. Seguidamente, el Vicepresidente del Tribunal General considera que los diputados no han demostrado que su detención o la limitación de sus desplazamientos ni, con mayor razón, su entrega a las autoridades españolas y su posterior puesta en situación de detención provisional fueran previsibles con un grado de probabilidad suficiente, en particular respecto al Estado en el que residen –Bélgica.

Por otra parte, el 7 de enero de 2021, las autoridades judiciales belgas denegaron la ejecución de una orden de detención europea dictada contra D. Lluís Puig i Gordi –que es asimismo objeto del proceso penal de que se trata y de una orden de detención europea, pero que, a diferencia de los diputados, no goza de inmunidad parlamentaria– por entender que la ejecución de dicha orden pondría en peligro los derechos fundamentales de la persona afectada. Ello motivó que el Tribunal Supremo, en el marco del proceso penal de que se trata, planteara al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial el 9 de marzo de 2021, con objeto de dilucidar, en particular, si le está permitido a la autoridad judicial de ejecución rechazar la entrega de la persona reclamada a través de una orden de detención europea sobre la base de causas de denegación previstas en su Derecho nacional, pero no contempladas como tales en la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea 3 (asunto Puig Gordi y otros, C-158/21). Habiéndose suspendido el proceso penal de que se trata mediante esta petición, la ejecución de las órdenes de detención europeas también ha sido suspendida, como ha indicado España, que interviene en apoyo del Parlamento.

Los diputados no han aportado ninguna información que permita cuestionar lo anterior, de modo que el Vicepresidente del Tribunal General estima que, mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie en el asunto prejudicial Puig Gordi y otros, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan

Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1). ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas.

El Vicepresidente añade que una detención y entrega de la Sra. Ponsatí i Obiols por parte de las autoridades del Reino Unido (país en el que esta residió durante un tiempo, hasta enero de 2020) resulta actualmente hipotética.

El Vicepresidente llega a la conclusión de que los diputados no han conseguido demostrar que concurra el requisito de la urgencia, puesto que, en la situación actual, el perjuicio grave e irreparable que invocan no puede ser calificado de cierto o acreditado con un grado de probabilidad suficiente.

Pese a la desestimación de la demanda de medidas provisionales, los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de que se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas.

NOTA: El Tribunal General dictará una sentencia definitiva sobre el fondo de este asunto en una fecha posterior. Un auto de medidas provisionales no prejuzga el resultado de la acción principal.

NOTA: Contra los autos del Vicepresidente del Tribunal General puede interponerse recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación del auto.

1 DO 2012, C 326, p. 391.
2 Véase el CP n.º 91/21.

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La UNESCO declara Patrimonio Mundial El Paseo del Prado y el Buen Retiro de Madrid

1 de agosto, 2021

44º Comité de Patrimonio Mundial

La UNESCO declara Patrimonio Mundial El Paseo del Prado y el Buen Retiro de Madrid

Domingo 25 de julio de 2021 La Moncloa

25/07/2021. Unesco

‘El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias’ ha sido inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial, con el apoyo de los 21 países que forman parte del Comité del Patrimonio Mundial, reunido en su 44ª sesión en línea desde Fuzhou (China).

La inscripción de la candidatura ‘El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias’ ha sido el resultado de una estrecha colaboración entre el Ministerio de Cultura y Deporte (Dirección General de Bellas Artes), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Esta candidatura, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, constituye el corazón verde de la capital de España. Su excepcionalidad reside en presentar un espacio de naturaleza urbana que surge a mediados del siglo XVI como arboleda intramuros, constituyendo el primer paseo dentro de los límites de la ciudad de todas las urbes y capitales europeas: un espacio en el que todos los ciudadanos, sin distinción de estamentos ni clases, pudieran disfrutar del ocio y el paseo.

El modelo de alameda intramuros se extendió rápidamente por toda la península ibérica y el continente americano. En el siglo XVII, el establecimiento del palacio del Buen Retiro como segundo gran espacio público dentro de la ciudad conllevó el uso de los espacios ubicados al este de esta gran alameda, creando una gran zona verde en el seno de la propia ciudad.

Ya en el siglo XVIII, la Ilustración daría un nuevo ímpetu a toda la zona acometiendo una transformación cualitativa, al implantar un vasto programa de infraestructuras científicas en el paseo y jardines del Buen Retiro. De este modo, se crea un extraordinario paisaje urbano al alcance de toda la sociedad, integrando en esa área cultura y naturaleza, geografía e historia, individuo y colectividad, artes y ciencias.

En el actual contexto de pandemia, la inscripción del ‘Paseo del Prado y Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de la Ciencias’ es especialmente simbólica, pues el espacio ha cumplido plenamente la función para la que fue originalmente creado, renovando su compromiso con la ciudadanía madrileña y, desde hoy, mundial. Además, Madrid se convierte en el primer paisaje histórico urbano declarado en Europa, el segundo del mundo tras Rio de Janeiro.

Durante la sesión del día de hoy, 25 de julio, los países miembros del comité han apoyado y defendido la inscripción del bien en la Lista Patrimonio Mundial, destacando la relevancia de aunar en un entorno urbano naturaleza, cultura y ciencia y que convirtió a Madrid ya en el siglo XVI en la primera capital sostenible de Europa.

El Comité de Patrimonio Mundial se encuentra integrado por veintiún países elegidos por los 194 Estados Parte de la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) y es el órgano ejecutivo de esta convención internacional. Como tal, es responsable de decidir qué nuevos sitios reúnen las características para ser inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, a propuesta de los Estados Parte.

Con esta inscripción, España ha pasado a tener 49 sitios de Patrimonio Mundial declarados siendo el tercer país con mayor número de bienes inscritos por UNESCO.

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Estado de los embalses

1 de agosto, 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 51,7 por ciento de su capacidad

Martes 20 de julio de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 51,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.879 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 978 hectómetros cúbicos (el 1,7 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 78,1%
•Cantábrico Occidental al 83,0%
•Miño-Sil al 58,0%
•Galicia Costa al 76,5%
•Cuencas internas del País Vasco al 81,0%
•Duero al 68,1%
•Tajo al 46,7%
•Guadiana al 34,4%
•Tinto, Odiel y Piedras al 73,8%
•Guadalete-Barbate al 38,0%
•Guadalquivir al 34,1%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 46,8%
•Segura al 47,5%
•Júcar al 57,5%
•Ebro al 72,9%
•Cuencas internas de Cataluña al 84,9%

Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido muy escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 39,6 mm (39,6 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

Tabla de la reserva total embalsada

Tabla de la reserva total embalsada
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Ocho de cada diez líneas de banda ancha fija tenían una velocidad igual o superior a 100 Mbps en 2020

1 de agosto, 2021

Ocho de cada diez líneas de banda ancha fija tenían una velocidad igual o superior a 100 Mbps en 2020

19 julio 2021

◦En un año marcado por la pandemia del COVID-19, los ingresos globales del sector cayeron casi un 5%. Cinco operadores (Movistar, Orange, Vodafone, Grupo MASMOVIL y Euskaltel) acapararon el 86,5% del total de ingresos minoristas.

La CNMC ha aprobado el Informe Económico Sectorial de Telecomunicaciones y Audiovisual, cuyos datos están disponibles en el portal CNMCData.

La facturación global del sector de las telecomunicaciones cayó un 4,8% respecto a 2019, hasta los 32.617 millones de euros. Los ingresos minoristas cayeron un 6,3% y se situaron por debajo de los 24 mil millones de euros, tras seis años con cifras en torno a los 25 mil millones de euros. Los servicios audiovisuales fueron los que registraron la caída más significativa, cercana al 12%, provocada sobre todo por el notable descenso de los ingresos de la televisión en abierto (básicamente ingresos publicitarios). A pesar de que la audiencia de los medios subió notablemente por el confinamiento, la publicidad se desplomó debido a la ralentización económica.

Evolución de ingresos totales del sector (millones de euros)

Evolución de ingresos totales del sector


Fuente: CNMC

Los cinco principales operadores de telecomunicaciones (Movistar, Orange, Vodafone, Grupo MASMOVIL y Euskaltel) acapararon el 86,5% del total de ingresos minoristas.

Accesos de redes de fibra hasta el hogar (FTTH)
El total de accesos de NGA (redes de nueva generación) desplegado a fin de año rozó los 70 millones, de los cuales casi 60 millones eran de fibra. Estas cifras representaron 5,2 millones de accesos nuevos respecto al año anterior, que corresponden en su totalidad a accesos de FTTH.

España se sitúa en el grupo de países de la Unión Europea con mayor cobertura de fibra en la modalidad de fibra hasta el hogar (FTTH).

Esta mejora se reflejó en un aumento de las velocidades de las líneas de banda ancha contratadas. En diciembre de 2020, el 84% de las líneas tenían velocidades de bajada superiores a los 100 Mbps (banda ancha ultrarrápida), cuando un año antes la cifra era del 76,2%.

En 2020, hasta tres operadores móviles ya comercializaban de forma masiva servicios de Internet móvil a través de la quinta generación del estándar de comunicaciones móviles (5G). En diciembre de ese año ya había activas un total de 5.095 estaciones base que proveían tecnología 5G con una cobertura sobre la población del 78,8%.

Población con acceso a redes de quinta generación (5G) (porcentaje)

Población con acceso a redes de quinta generación (5G)



Fuente: CNMC

El mercado español continuó caracterizado por un elevado grado de empaquetamiento de sus ofertas comerciales, en especial las que combinan en un mismo paquete servicios fijos y móviles. Así, el año finalizó con 6,2 millones de paquetes quíntuples (telefonía fija y móvil y banda ancha fija y móvil y televisión de pago) y 6,5 millones de paquetes cuádruples (telefonía fija y móvil y banda ancha fija y móvil).

Gasto medio por hogares

Durante 2020, los datos del Panel de Hogares muestran que el gasto de los hogares asociados al paquete cuádruple disminuyó un 3,2% , hasta los 40,50 € y el del paquete quíntuple un 3,6% (64,40 €).

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Justicia pone los cimientos para la eficiencia del sector con la tramitación de las leyes de eficiencia procesal y organizativa

31 de julio, 2021

Rendición de cuentas

Justicia pone los cimientos para la eficiencia del sector con la tramitación de las leyes de eficiencia procesal y organizativa

Viernes 30 de julio de 2021

La ministra Pilar Llop y el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero

El Anteproyecto de Ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia y el Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal dan respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia, uno de los hitos marcados por el Gobierno para este sector.

El Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, ha cumplido con los objetivos marcados y los compromisos adquiridos en su área de trabajo por el Gobierno de España para este periodo.

El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, aprobado el 20 de abril en el Consejo de Ministros, contempla la creación de tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.

Estas tres piezas de la nueva norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, otro de los objetivos del Ejecutivo, acercando a la ciudanía los servicios públicos independientemente del lugar en el que se habite, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal, también en tramitación, potencia los medios adecuados de solución de controversias (MASC), para aumentar la sostenibilidad, reducir la litigiosidad existente en los tribunales y promover la cohesión social. De esta manera se potencia el papel de la Justicia como motor de desarrollo económico.

Lla Ley de eficiencia digital, prevista para antes de finales de año, culminará el impulso que el Ministerio quiere dar a la Justicia. Propone un sistema orientado al dato, sin mermas de las garantías procesales, y traslada a la Justicia el efecto tractor que está teniendo la tecnología en todos los ámbitos de nuestra sociedad, posicionando a España en un lugar estratégico a nivel internacional.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado ya el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone la transformación integral del proceso penal y se basa en los principios de coherencia institucional y en la armonización con el derecho de la Unión Europea.

Avance del Plan Justicia 2030

Estos proyectos legislativos forman parte del plan Justicia 2030, en el que el Ministerio avanza y cuyos objetivos son consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.

Tras la Conferencia sectorial celebrada en el pasado mes de junio en Tenerife, Justicia 2030 ha dado un paso en la dirección de la cogobernanza. Entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades de Autónomas se han fijado quince proyectos prioritarios de carácter común, que abarcan desde la interoperabilidad digital al diseño de un marco común para los planes de igualdad, situando la transversalidad de género en todas las acciones del Ministerio. La financiación de los proyectos se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como ejes principales la transición ecológica, la digitalización, la igualdad de género y el reto demográfico.

Otros desarrollos legislativos

Además del desarrollo de las tres leyes de eficiencia que constituyen la placa base del plan Justicia 2030 y la LECrim, el Ministerio también ha participado en la elaboración de otros proyectos normativos situados como objetivos dentro del plan del Gobierno.

Así, a propuesta de los ministerios de Igualdad y Justicia, se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que tiene como objetivo la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales.

El Anteproyecto contempla la adopción y puesta en marcha de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas competentes, que garanticen la prevención y la sanción de las violencias sexuales, así como el establecimiento de una respuesta integral especializada para mujeres, niñas y niños, como víctimas principales de todas las formas de violencia sexual.

También, a propuesta de los ministerios de Igualdad y Justicia, se ha aprobado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El objetivo de esta ley es desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), erradicando las situaciones de discriminación para asegurar que en España se puede vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad.

Por último, se ha culminado la reforma de las normas civiles y procesales para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, un texto que amplía derechos y da un gran salto hacia una sociedad más justa e igualitaria; y se ha aprobado la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.

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Estado y País Vasco acuerdan la concertación de dos impuestos y del régimen especial del IVA del comercio electrónico

31 de julio, 2021

Reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico

Estado y País Vasco acuerdan la concertación de dos impuestos y del régimen especial del IVA del comercio electrónico

Jueves 29 de julio de 2021 La Moncloa

La Comisión Mixta del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco ha acordado la concertación del Impuesto de Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, en cumplimiento con lo establecido en la ley de cada uno de esos nuevos impuestos impulsados por el Gobierno en el marco de la fiscalidad del siglo XXI.

También se ha abordado la concertación del régimen especial del IVA aplicable a las ventas a distancia y a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios contemplado en una directiva europea. Asimismo, en la reunión se han fijado las tasas de referencia de déficit y deuda de 2022 del País Vasco en un contexto extraordinario de reglas fiscales suspendidas.

La reunión se enmarca en la normalidad democrática y la lealtad institucional entre ambas administraciones. En el encuentro han participado, en representación del Estado, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la secretaria de Estado de Hacienda, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local y la secretaria general de Coordinación Territorial.

Por su parte, la representación del País Vasco ha estado encabezada por el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi Landa, acompañados por los diputados generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y por la viceconsejera de Hacienda.

En un clima de colaboración, la Comisión Mixta ha llegado a importantes acuerdos en el ámbito tributario. En concreto, en la reunión de hoy se ha acordado la concertación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Se trata de dos figuras aprobadas por el Gobierno en el contexto de adaptar el sistema tributario español a las nuevas áreas de negocio que no estaban correctamente reflejadas en el modelo fiscal actual.

En las leyes de ambos impuestos, refrendadas por el Parlamento y que entraron en vigor el pasado 16 de enero de 2021, se preveía en una disposición final la concertación de estas figuras al Concierto Económico del País Vasco. Por tanto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el día de hoy ha dado cumplimiento a la legalidad vigente.

Además, la comisión también ha abordado la concertación del régimen especial del IVA aplicable a las ventas a distancia y a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios. En concreto, una de las medidas incluidas en la directiva comunitaria es la extensión de la ventanilla única que permite a los empresarios y profesionales presentar una sola declaración-liquidación del impuesto para todas las operaciones de comercio electrónico realizadas en los distintos Estados miembros de la UE.

En la reunión de hoy se ha acordado la concertación de este nuevo mecanismo del IVA electrónico cuando las operaciones afecten a España como Estado miembro de identificación, en línea con lo establecido en la directiva europea.

Déficit y deuda

Por otra parte, la reunión de hoy también ha servido para fijar las tasas de referencia de déficit y deuda de 2022. El Gobierno, en línea con lo recomendado por la Comisión Europea, mantiene suspendidas las reglas fiscales para el próximo año para dotar de más flexibilidad a las administraciones en un contexto de pandemia e impulsar una reactivación económica y creación de empleo más rápidas y estables.

Para ello, al igual que el año pasado, el Gobierno pedirá al Congreso que aprecie si existe una situación de emergencia extraordinaria para aplicar la cláusula de salvaguarda y suspender las reglas fiscales, tal y como establece la Constitución y la Ley de Estabilidad.

En este contexto excepcional no hay objetivos de estabilidad, pero sí unas tasas de referencia de déficit y deuda que permitirán seguir avanzando en el saneamiento de las cuentas públicas y caminar hacia un horizonte de equilibrio presupuestario.

En el caso del País Vasco, la tasa de referencia de déficit en 2022 será del 0,9% del PIB. Se trata de una importante reducción respecto a la tasa del 2,2% del PIB establecida para 2021, lo que muestra la evolución positiva de la economía gracias al avance de la campaña de vacunación que permite una mayor actividad y un incremento del consumo.

Asimismo, la tasa de referencia de deuda en 2022 para el País Vasco será del 15,6% del PIB.

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Viajes seguros con el Certificado COVID Digital de la UE

31 de julio, 2021

Viajes seguros con el Certificado COVID Digital de la UE

Parlamento Europeo

El nuevo certificado facilita los viajes seguros este verano. Descubra cómo.

Certificado COVID Digital de la UE

¿Cómo funciona el certificado digital UE Covid ?

El certificado sirve para demostrar que una persona ha sido vacunada contra el coronavirus, cuenta con un test negativo o ha superado la enfermedad en los últimos seis meses.

Las autoridades nacionales son responsables de la expedición del certificado.

El certificado está disponible en formato digital, que podrá almacenarse en un dispotivo móvil, por ejemplo, y en papel. Ambos tendrán un código QR con la información esencial firmado electrónicamente.

Se puede utilizar desde el 1 de julio y es gratuito.

El sistema funcionará durante 12 meses y se utilizará en los 27 Estados miembros, así como algunos países de fuera de la Unión Europea.

Descubra información sobre cómo los países están conectados al portal del Certificado COVID Digital de la UE.

¿Puedo utilizarlo para viajar?

No, necesita su pasaporte u otra forma de identificación.

El certificado no será una condición previa para viajar (siguen exisitiendo requisitos nacionales), pero lo hará más fácil, al, por ejemplo, evitar las cuarentenas.

Si deciden imponer restricciones de viaj para hacer frente a circunstancias excepcionales, como la aparación y propagación de una nueva variante.

¿Qué datos incluye el certificado digital UE Covid?

En la práctica habrá tres certificados con el mismo formato. El primer documento avalará la vacunación.

Si quien se desplaza lo hace con un test como justificante, el certificado tendrá que mencionar el tipo de la prueba de la que se trata (PCR o prueba de antígenos), la fecha y el resultado.

Cuando lo que se certifique sea la recuperación, el documento tendrá que especificar que la persona superó la infección tras un test positivo.

Las pruebas serológicas no se reconocen por el momento, aunque podrán ser aceptadas en una fase posterior.

Se reconocerán las llamadas pruebas NAAT de amplificación de ácidos nucleicos (incluidas las pruebas RT-PCR) y las pruebas rápidas de antígenos.

La Comisión Europea va a movilizar al menos 100 millones del Instrumento de Ayuda de Emergencia para adquirir test para la emisión del certificado digital UE Covid.

El Parlamento dio su visto bueno definitivo al Certificado COVID Digital de la UE el 9 junio de 2021.

¿Qué más hace la UE para atajar la pandemia?

Covid-19: Cronología de la acción de la UE en 2021

Coronavirus: consejos prácticos para un viaje seguro

Coronavirus: 10 medidas para ayudar a la recuperación en la UE

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Condenado un agente de seguros por estafar a un cliente al que engañó con la venta ficticia de acciones por valor de 34.500 euros

31 de julio, 2021

Lunes, 19 de julio de 2021

Condenado un agente de seguros por estafar a un cliente al que engañó con la venta ficticia de acciones por valor de 34.500 euros

El acusado no estaba legitimado para operaciones de inversión de la compañía aseguradora con la que trabajaba

Autor: Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

Santander, 19 de julio de 2021.-

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años y medio de prisión a un agente de seguros que engañó a un cliente con la venta ficticia de acciones por valor de 34.500 euros.

En una sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la Audiencia le considera autor de un delito continuado de estafa, y a la pena de prisión suma la indemnización al perjudicado por el importe de la cantidad de la que se apoderó.

Para llegar a tal convencimiento, el tribunal ha tenido en cuenta las declaraciones del propio acusado –que no negó la realidad de los hechos- y del perjudicado, quien fue persistente desde el comienzo de la instrucción en la descripción de la mecánica desplegada por el acusado.

Asimismo, la sentencia se refiere a la testifical del representante de la compañía aseguradora, quien confirmó que el acusado no estaba legitimado para reservar y comprar acciones, y negó que dichas inversiones se hubieran llevado a cabo.

Según relata la sentencia, el acusado, que era agente de una compañía aseguradora y estaba “exclusivamente habilitado para la mediación en la contratación de seguros”, propuso a un cliente la adquisición de cien acciones preferentes de la compañía por valor de 29.800 euros.

El cliente, “confiando en la realidad de la oferta” la aceptó y transfirió la cantidad requerida en una cuenta que era titularidad del acusado.

En días posteriores, éste le remitió “un certificado pretendidamente acreditativo de la adquisición de cien acciones preferentes” que, sin embargo, “no había sido realizado por la aseguradora, sino confeccionado por él mismo para dar apariencia de cobertura a la operación”.

Meses después, propuso nuevamente al querellante una nueva operación de compra de 16 acciones de la compañía aseguradora por un importe de 4.768 euros y, nuevamente, éste, “actuando merced a las artimañas desplegadas” por el acusado “en la creencia de la realidad de la inversión”, transfirió dicha cantidad en la cuenta del agente.

Días después, volvió a recibir un certificado “simulado” similar al que le había entregado en la anterior operación.

“Con el artificio referido, el acusado, quien ni había efectuado realmente la compra de las acciones ni estaba legitimado para ello, consiguió apoderarse de la suma de 34.568 euros que pasaron a formar parte de su patrimonio”, añade el relato de hechos.

Versión que carece de base probatoria

La Audiencia señala en su sentencia que “ha habido acreditación más que suficiente de los hechos que como probados se han descrito”.

En este sentido, apunta al “rotundo testimonio del perjudicado querellante”, quien manifestó que “debido a la confianza que tenía en él, a quien conocía desde hace tiempo y con quien había mantenido relaciones personales y especialmente profesionales por haber sido su asesor de seguros” y “dada la aparente fiabilidad de la operación, creyó en la operativa de la inversión”.

Por su parte, el propio acusado no negó los hechos y en juicio esgrimió “una versión defensiva pretendidamente justificativa de este comportamiento fundada en una supuesta problemática personal con consecuencias, según afirmó, en su capacidad decisoria”.

Sin embargo, considera el tribunal que tal versión “carece de la más mínima base probatoria que pudiera justificarla de algún modo”.

Delito continuado y reincidencia

Por todo ello, la Audiencia concluye que concurren todos los requisitos necesarios para que se dé el delito de estafa: “existía engaño derivado de la maquinación desplegada por el acusado; el engaño determinó un error en el perjudicado, que creía que efectivamente estaba realizando una inversión en un producto financiero sólido; existió acto de disposición, ya que, confiado en esas razones, entregó su dinero; y, finalmente, existió perjuicio patrimonial derivado de la pérdida de ese capital”.

Además, se trata de un delito continuado, pues “la mecánica comisiva se repitió en dos ocasiones”, y concurre la circunstancia agravante de reincidencia, ya que el acusado fue condenado por delito de estafa en otra ocasión.

Así, “atendiendo a las circunstancias personales concretas del acusado, a la concurrencia de la agravante de reincidencia, a la continuidad delictiva, así como al importe de lo defraudado, que supera los 30.000 euros, se entiende ponderada una pena de dos años y seis meses de prisión”, sentencia el tribunal.

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Julio mantiene el dinamismo del empleo de los meses anteriores y cerrará con un aumento de 150.000 afiliados

31 de julio, 2021

Previsión de afiliación a la Seguridad Social

Julio mantiene el dinamismo del empleo de los meses anteriores y cerrará con un aumento de 150.000 afiliados

Lunes 19 de julio de 2021

El mes de julio se espera que termine con un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social de unas 150.000 personas, según el avance presentado por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, a partir de la estadística experimental quincenal.

Este incremento, que se suma al dinamismo de la afiliación en los meses de mayo y junio, permitirá que prácticamente se alcance el mismo nivel de empleo que antes de la pandemia en términos ajustados.

Si se analiza el comportamiento de la afiliación diaria, se observa que este mes de julio está siendo mejor que el mismo mes del año previo a la pandemia, con unos 77.000 afiliados más. Este comportamiento se da tanto en los sectores que han estado más afectados por la pandemia (hostelería, comercio y actividades recreativas) como en el resto de sectores, con unos 35.000 afiliados más en la primera quincena de este mes que en la primera quincena de julio de 2019.

«Este dinamismo del empleo resulta compatible con una aceleración de la salida de trabajadores en ERTE», según ha subrayado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A día 15 de julio, quedaban en ERTE 361.000 trabajadores (según fecha de notificación), lo que supone 86.000 menos que al inicio del mes y 181.000 menos que a 1 de junio, cuando entró en vigor el último esquema de ERTE. De los 361.000 trabajadores en ERTE, 105.000, casi uno de cada tres, está parcialmente suspendido.

Por tipo de ERTE, hay 162.000 trabajadores en sectores ultraprotegidos y su cadena de valor, que registran una gran concentración sectorial en comidas y bebidas, alojamientos, transporte y agencias de viaje. Otros 77.000 trabajadores están en ERTE de impedimento o limitación, también con una fuerte concentración sectorial en comidas y bebidas y comercio. Además, quedan 121.000 trabajadores en ERTE sin exoneraciones a la Seguridad Social, en este caso con gran dispersión sectorial.

Aunque la disminución del número de trabajadores en ERTE ha sido generalizada, «se ha acelerado más en los tipos que tienen incentivos a la reactivación» (ultraprotegidos y cadena de valor, impedimento y limitación), según ha explicado José Luis Escrivá.

Por sectores, la salida de trabajadores en ERTE ha sido general, aunque la bajada más relevante desde el punto de vista cuantitativo se ha producido en la hostelería, donde 239.000 trabajadores han salido de ERTE desde el máximo de la tercera ola, marcado en febrero. Actualmente, sólo dos sectores (transporte y agencias de viajes) tienen a más del 20% de sus trabajadores en ERTE.

«Esto muestra – según el ministro- la necesidad de concentrar los recursos en los sectores que aún no han podido volver a la actividad normal previa a la pandemia». En este sentido, ha explicado que los sectores más ligados al turismo aún podrían tener margen de crecimiento si se observa la afiliación acumulada desde el 1 de enero hasta el 15 de julio. Algunas actividades, como las que incluyen agencias de viajes, transporte aéreo o alojamientos aún se encuentran con un nivel de afiliación un 30% menor que el que registraban en julio de 2019.

Por el contrario, ha resaltado, «nos encontramos con sectores, como la educación, la sanidad, la informática o la arquitectura, con niveles de afiliación mucho más altos que los que tenían en julio de 2019».

Desde el pico de la tercera ola, a principios de febrero, se han activado más de 1,4 millones de trabajadores, entre los que han salido de ERTE y el crecimiento acumulado de la afiliación. De hecho, según ha explicado Escrivá, «estamos prácticamente en los mismos niveles de afiliación que teníamos antes de la pandemia en términos ajustados». Además, ha subrayado que la composición del empleo ha cambiado respecto a entonces, no sólo sectorialmente sino también en cuanto a los tipos de contrato. Respecto a julio de 2019, «hoy tenemos más de 400.000 trabajadores con contrato indefinido, mientras que se ha reducido el número de trabajadores temporales y del resto de regímenes».

«Esta recuperación del empleo prepandemia ha sido rápida gracias en parte al esfuerzo que ha hecho el Gobierno para proteger el empleo», ha destacado el ministro de Inclusión. «Sólo desde nuestro ministerio, se han abonado hasta junio más de 20.000 millones de euros en prestaciones por la COVID-19», ha indicado.

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