03/04/2025

• Los Medios Adecuados de Solución de Controversias permitirán reducir el número de litigios y agilizar la tramitación de conflictos

Hoy entra en vigor una parte esencial de la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial, con el objetivo de reducir litigios y agilizar la tramitación de conflictos.

La Ley, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, establece que, salvo las excepciones previstas – tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otros -, será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda. Entre los mecanismos contemplados se encuentra la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, la oferta vinculante confidencial, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes.

Con esta medida, se pasa de una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo, reduciendo así la carga de trabajo de los tribunales y ofreciendo a los ciudadanos una vía más rápida y eficiente de resolución de conflictos.

Además, la norma modifica el sistema de costas, ya que los tribunales entrarán a valorar si efectivamente alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo cual tendrá un impacto en el criterio para su imposición.

La transformación de la Justicia hacia un servicio más ágil y eficiente

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia prevé una reforma profunda de la organización judicial – cuya entrada en vigor se producirá de manera escalonada a partir del 1 de julio de 2025 – que la convertirá en una estructura más ágil, más flexible y con mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados.

La norma transforma los 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno de ellos, asistidos administrativamente por una Oficina Judicial. Esto permitirá, por ejemplo, una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones, lo que facilitará la homogeneización de las prácticas, jurisdiccionales y organizativas.

La nueva estructura vendrá acompañada de una dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que la creación de plazas dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado, lo que permitirá invertir el importe ahorrado – en torno a 300.000 euros – a la habilitación de nuevas plazas.

Interior – 2.4.2025

El DNI digital complementa al físico y se puede descargar y utilizar en el móvil a través de la aplicación MiDNI, que es libre y gratuita. Los ciudadanos pueden acreditar ya su identidad con el documento digital de manera presencial, pero no podrán hacerlo en Internet hasta dentro de un año.

El Consejo de Ministros reguló el 1 de abril de 2025 el proceso de expedición, gestión y desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en sus versiones física y, por primera vez, digital. El también denominado carné de identidad es el único documento público y oficial que acredita en España la identidad y los datos personales de su titular.

¿Cómo se implanta el DNI digital?

El DNI digital se implantará en dos fases. Desde el 2 de abril de 2025, es posible utilizarlo en el móvil gracias a la aplicación MiDNI. El usuario podrá identificarse de forma presencial con este documento, que tiene la misma validez que el DNI en formato físico, pero no podrá acreditar su identidad a través de Internet.

Las entidades pertenecientes al sector público y privado deberán adoptar en el plazo de doce meses desde esa fecha, las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la versión digital del Documento Nacional de Identidad. Tras ese periodo transitorio de un año, la aplicación permitirá acreditar la identidad del ciudadano para realizar gestiones telemáticas, firma electrónica y otras operaciones a través de Internet.

¿Para qué sirve el DNI digital?

El DNI digital se utiliza igual que el físico, no lo sustituye. El titular podrá acreditar su identidad para realizar trámites presenciales, ya sean jurídicos o administrativos, ante cualquier administración pública o entidad privada como, por ejemplo, ejercer su derecho al voto, relacionarse con los bancos, justificar su mayoría de edad, registrarse en un hotel, alquilar un vehículo, recoger paquetes o acceder a locales de espectáculos.

¿Cuáles son las ventajas de activar el DNI digital?

El DNI digital favorece la relación del titular con la administración pública y con el sector privado. El ciudadano no necesita llevar siempre el DNI físico y puede mostrar sólo determinados datos del documento digital.

La App MIDNI incorporará el DNI en el móvil de su titular y genera un código QR que puede leerse mediante un dispositivo de captura. Sólo se le solicitarán los datos que sea necesario verificar, por lo que se favorece la privacidad.

¿Cómo obtener el DNI digital?

Es necesario disponer de un DNI en vigor y de un teléfono móvil y completar dos fases: registrarse y descargar la App.

Registro previo: Para poder utilizar la aplicación hay que asociar el móvil al DNI en la plataforma oficial del Cuerpo Nacional de Policía. El registro vincula la identidad del ciudadano a un único número de teléfono móvil. El dispositivo debe permitir la descarga de la aplicación MiDNI. Para realizar el registro es necesario que el DNI se encuentre en vigor y sus certificados electrónicos activos. Esta activación se puede realizar:

• Por Internet si el usuario dispone de DNI electrónico, a través de la web www.midni.gob.es, mediante un lector de tarjetas y las claves en vigor. Al introducir el DNI y acreditar la identidad obtiene un código por SMS para que pueda registrar su número de teléfono personal y asociarlo a su identidad.
• En cualquier comisaría de Policía utilizando un Puesto de Actualización de Documentación (PAD). El ciudadano debe introducir sus datos y su número de móvil y le llegará un SMS de registro.
• En las Unidades de Documentación de la Policía Nacional al ir a renovar el DNI. Un expedidor le ayudará a obtener el código de registro para asociarlo a su número de teléfono personal.

Descargar la APP: La App está disponible en Google Play o App Store. Al abrir la App hay que introducir los datos de activación: el número de DNI con letra y el número de soporte. Este último se encuentra en el DNI físico y está compuesto de tres letras y seis dígitos. Luego hay que poner una contraseña con, al menos, ocho caracteres, de los que, como mínimo, tres que tienen que ser mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. También podemos seleccionar el desbloqueo de la App mediante mecanismos biométricos como la imagen facial o la huella digital. Recibiremos un SMS con un código de verificación. La App queda así activada y ya podremos pulsar el botón ‘Ir a mi DNI’.

¿Cómo usar el DNI digital y qué datos muestra?

Una vez descargada, el usuario ya puede acceder a la aplicación y desbloquearla mediante la contraseña o biometría (imagen facial o huella dactilar). Al realizar la consulta, el titular del DNI podrá decidir qué datos quiere mostrar en función del uso que le quiera dar y del fin de la verificación de la identidad. Por seguridad, los datos solo permanecerán en pantalla durante un tiempo limitado.

Si quiere mostrar sus datos, deberá pulsar el botón ‘Mostrar tu DNI’ y aparecerá una nueva pantalla con tres opciones:

1. DNI EDAD: En esta opción se activará un código QR que acredita la mayoría de edad del portador e incluye su foto.
2. DNI SIMPLE: Genera un código QR más detallado con el nombre completo, su foto, la fecha de nacimiento, el sexo y la validez del documento.
3. DNI COMPLETO: Nos avisa antes de generar el correspondiente código QR de que vamos a compartir todos los datos del DNI.

En los tres casos, el código QR aparecerá durante unos segundos en pantalla y sólo será válido durante ese periodo de tiempo. El código ha sido generado por Policía Nacional y garantiza que los datos son auténticos. La información se puede leer, pero no se puede copiar.

¿Cuáles son las características de la aplicación MiDNI?

Es una aplicación oficial de Policía Nacional y tiene el respaldo legal para la realización de todos los trámites. Es la única que permite llevar el carné de identidad en el móvil y, en el momento de usarla, realiza una conexión a los servidores de Policía para verificar los datos del DNI del ciudadano. Los datos son devueltos firmados y tienen una validez muy limitada, lo que proporciona información en tiempo real y evita la falsificación y manipulación.

En las plataformas de aplicaciones aparecen varias con nombres parecidos, pero el ciudadano no puede identificarse con ellas porque no tienen validez y sólo muestran una fotocopia del DNI.

¿La aplicación guarda los datos con la identidad del usuario?

No. Los datos nunca quedarán almacenados en el dispositivo del verificador. La unidad de gestión del DNI genera en tiempo real los datos a través de la aplicación MiDNI. En caso de que el documento se haya extraviado, perdido o haya sido sustraído, la información no estará disponible.

¿Puedo activar el DNI de otras personas en mi aplicación?

No. Cada aplicación solo se asocia a un número de teléfono móvil, así Policía Nacional sabe quién es el propietario de ese número y puede habilitar el acceso únicamente en ese teléfono.

¿Qué tiene que hacer el usuario si cambia de número de móvil?

Tiene que volver a asociar el DNI al nuevo número de móvil, siguiendo los mismos pasos que la primera vez que realizó el registro.

¿Qué son los certificados electrónicos de mi DNI y por qué tienen que estar actualizados?

Son componentes almacenados en el chip del DNI físico, contienen los certificados de firma y de autenticación. Cuando se conecta el DNI a un lector o a un ordenador sirven para acceder, por ejemplo, a páginas de la administración pública. Estos certificados caducan y hay que renovarlos cada cierto tiempo por seguridad.

¿Cuándo caduca el DNI digital?

En la misma fecha que el DNI físico. Cuando el titular renueva el DNI físico, tiene que volver a activar el digital en su móvil.

Abordar desequilibrios estructurales como la reforma del despido, la reducción de la jornada laboral, el desempleo o los bajos salarios es esencial para seguir la senda de crecimiento

UGT

Fecha: 02 Abr 2025

Los datos de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado de marzo, publicados en el día de hoy, reportan buenos resultados en lo que a la creación de empleo se refiere, incluso a pesar de que este año la semana santa aún no ha tenido lugar. Así, se contabiliza un incremento del número de afiliados a la Seguridad Social y una bajada del desempleo, reforzando la tendencia positiva del mercado laboral.

En esta ocasión, el aumento mensual de afiliación se cifra en 161.491 personas, con lo que el total de personas ocupadas afiliadas a la Seguridad Social se sitúa en 21.357.646. Si lo comparamos con marzo de 2024 hay 455.679 personas más afiliadas, un 2,2%, por lo que el ritmo de creación de empleo se mantiene relativamente estable.

El paro registrado se ha reducido en 13.311 personas con respecto al mes anterior, alcanzando un total de 2.580.138, siendo el dato más bajo para un mes de marzo desde 2008. Además, con respecto al mismo mes del año anterior, el paro se ha reducido en 146.865 personas.

Por su parte, la tasa de temporalidad de la afiliación en marzo ha sido del 11,9%, 0,8 puntos menos que hace un año y 14,8 puntos menos que la registrada en marzo de 2021, antes de la reforma laboral 2021, por lo que se sigue avanzando en términos de estabilidad y calidad del empleo.

En lo que respecta a la contratación, marzo ha registrado un volumen superior al del mismo mes del año pasado, con una proporción similar de contratos indefinidos. Así, en este tercer mes se han firmado un total de 1.166.601 contratos, un 3,8% más que en marzo de 2024. Son 237.506 menos que en marzo de 2021, antes de la reforma. De ellos, 508.662 son indefinidos, lo que implica que el 43,6% de la contratación es indefinida, mientras que antes de la reforma este valor rondaba el 10% de los contratos. Además, el 46,6% del total de contratos indefinidos son a jornada completa, la modalidad más estable.

Con todo, los datos expuestos muestran la fortaleza de nuestro mercado de trabajo, que sigue generando empleo de calidad a buen ritmo a pesar de la incertidumbre que rodea la economía mundial, marcada por las negociaciones en torno al final de la guerra en Ucrania y la carrera arancelaria con EEUU, que puede afectar a la actividad de determinados sectores productivos. Independientemente de ello, nuestro mercado laboral sigue arrastrando algunos desequilibrios estructurales y áreas de mejora para ganar en eficiencia y derechos para la población trabajadora. 

Seguir mejorando la situación del mercado laboral

En UGT consideramos que es el momento de dar un nuevo impulso a la calidad del empleo y a la distribución justa de la riqueza que genera nuestra economía. La evolución de los principales indicadores económicos, el aumento sostenido de la productividad en las últimas décadas, el cambio estructural en los sistemas de producción y, sobre todo, el incremento continuado de los márgenes empresariales, constatan que España tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de dar un paso decisivo: reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial.

No hablamos solo de una aspiración sindical; hablamos de una necesidad social y de justicia económica. Es imprescindible que esta medida se adopte por ley, para que nadie quede atrás y todas las personas trabajadoras, independientemente de su sector o empresa, puedan beneficiarse de una transformación largamente reclamada. La reducción de la jornada laboral contribuirá, además, a repartir mejor el tiempo y la riqueza, favoreciendo la conciliación, la salud laboral y la creación de empleo de calidad. Todo ello en línea con el último dictamen del Consejo Económico y Social Europeo que conocimos la semana pasada. 

Al mismo tiempo, es hora de que España cumpla con sus compromisos internacionales y constitucionales en materia de derechos laborales. Un año después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) diera la razón a UGT y concluyera que la legislación española sobre despido vulnera la Carta Social Europea, seguimos esperando que el Gobierno adapte nuestro marco normativo a los estándares europeos. La Carta, la Constitución española y el propio dictamen del Consejo de Estado de 8 de julio de 2021 son claros: las decisiones del CEDS son vinculantes y deben cumplirse.

Por ello, es urgente reformar la normativa sobre despido para que las indemnizaciones recuperen su función disuasoria y reparadora, tal y como exige la Carta Social Europea, y para reinstaurar los salarios de tramitación, eliminados en la reforma laboral de 2012. Esta reforma debe garantizar también que ni los jóvenes ni las mujeres vuelvan a ser discriminados con indemnizaciones menores, consecuencia de la precariedad estructural que sufren en el mercado de trabajo.

En paralelo, debemos reforzar las políticas activas de empleo, orientándolas de manera personalizada para mejorar la empleabilidad de las personas en desempleo, combatiendo especialmente el paro de larga duración y facilitando la inserción de los colectivos más vulnerables.

En definitiva, la senda de crecimiento económico que vive nuestro país debe traducirse, de una vez por todas, en un reparto equitativo de la riqueza y en el fortalecimiento de los derechos laborales. La reducción de la jornada laboral y la reforma del despido no son solo demandas sindicales: son exigencias democráticas, sociales y europeas que no pueden esperar más.

Vivienda y Agenda Urbana – 7.4.2025

La titular de Vivienda y Agenda Urbana ha exigido el compromiso conjunto de todas las administraciones públicas para frenar la especulación.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) de la Comunidad de Madrid, con quienes ha abordado la situación de «angustia» que viven las comunidades de vecinos afectadas «por la presencia de los alojamientos turísticos ilegales en su vida cotidiana, alterando su convivencia». Alojamientos turísticos que, como ha remarcado Rodríguez, también «privan a otras personas de poder acceder a una vivienda digna a un precio asequible».

En un acto en el que también ha estado presente el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, la ministra ha advertido de que en la capital «solo el 7% de las viviendas turísticas son legales». Una situación que, a su juicio, representa «una atrocidad que está impidiendo los desarrollos de vida de miles de madrileños y madrileñas».

Rodríguez se ha mostrado tajante en la reacción necesaria a este fenómeno: «Es ahí donde las administraciones públicas tenemos que actuar también con contundencia para impedir la especulación». Precisamente, Rodríguez ha trasladado a la FRAVM el compromiso del Gobierno de España «con el derecho a la vivienda, con el cumplimiento del artículo 47 en toda su dimensión, la que nos habla de la vivienda como un bien social».

«Estamos actuando; hemos puesto en marcha iniciativas como empoderar a los vecinos para que desde sus comunidades puedan vetar la presencia de alojamientos turísticos», ha reivindicado la ministra, celebrando que se propiciará así «que sea imposible comercializar alojamientos turísticos ilegales en plataformas como Airbnb». «Más viviendas y menos Airbnb, mucho menos si estos son ilegales», ha defendido la titular de Vivienda y Agenda Urbana, quien también ha destacado el trabajo del Ejecutivo para abordar «la aplicación del IVA a las viviendas turísticas como una actividad económica», dado que están «concurriendo de manera desleal con el resto de operadores del sector hostelero y de restauración de nuestro país».

«Bajar el alquiler sería posible hoy en Madrid»

Durante la exposición de las medidas que está ejecutando el Gobierno para garantizar el derecho a una vivienda digna para todos, Rodríguez ha destacado que, si bien se está «abordando la regulación con medidas que funcionan», estas «están siendo boicoteadas por otras administraciones públicas, como es la contención de precios».

«Hemos conseguido bajar un 6% el alquiler a las familias que viven en alquiler en Barcelona. Eso sería posible hacerlo hoy en Madrid», ha confirmado la ministra, quien ha recordado además que en Madrid hay «500.000 propietarios en Madrid que podrían estar bonificándose hasta el 90% de las rentas del alquiler si estuvieran bajando el 5% del alquiler a sus inquilinos». Otra norma más con la que, según ha rematado, «todos estaríamos ganando, y estaría ganando sobre todo la dignidad en el acceso a la vivienda».

02 Abr 2025

CEOE considera esencial priorizar la protección de las empresas más pequeñas, mayoritarias en el tejido productivo español, evitando mayores costes, cargas y gravámenes que puedan lastrar su competitividad y, por ende, la creación de empleo.

A pesar de las cifras positivas del mes de marzo, el contexto macroeconómico sigue siendo incierto debido a la situación geopolítica. Además, la inseguridad jurídica, causada por los constantes cambios regulatorios, se ha convertido en la principal preocupación empresarial, frenando las inversiones, junto con el aumento de los costes laborales sin mejoras en la productividad, lo que afecta especialmente a las pequeñas empresas.

Los datos son claros, la creación de empleo se concentra principalmente en las grandes empresas, que compensan la caída de empleo en las microempresas. La proporción de empleo en estas últimas baja del 21,61% en 2019 al 18,55% en febrero de 2025. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las variaciones interanuales de la ocupación oscilan entre el -0,6% en empresas de 1 y 2 trabajadores y el 6,2% en aquellas con más de 499 empleados.

España sigue liderando el paro en la Zona Euro

El empleo en España muestra una evolución positiva durante el mes de marzo, a pesar de no coincidir con la Semana Santa y no contar con sus efectos positivos en la ocupación. El número de cotizantes aumenta en 161.491 personas y el desempleo disminuye en 13.311 individuos, no obstante, son cifras peores a las registradas en los dos años anteriores.

La Seguridad Social alcanza cifras históricas, con más de 21,3 millones de afiliados en la media mensual de marzo, lo que refleja el compromiso de las empresas con el empleo, a pesar del contexto incierto y el aumento generalizado de los costes laborales y de producción.

El crecimiento de la afiliación se extiende a todos los territorios, destacando el aumento en el Régimen General en hostelería, que suma 61.477 personas, y la educación, con un incremento de 14.369 afiliados.

Los autónomos también experimentan un crecimiento, con 12.102 nuevos afiliados respecto al mes anterior. Las actividades profesionales científicas y técnicas reflejan un aumento de 14.476 personas en los últimos 12 meses, mientras que el comercio registra una caída de 10.599 autónomos en comparación con el mismo mes del año anterior.

El empleo entre las mujeres muestra un comportamiento especialmente positivo, superando el máximo histórico de los 10,1 millones de afiliadas, lo que representa el 47,37% del total de trabajadores.

El desempleo disminuye en el sector servicios, seguido por industria, construcción y agricultura. Sin embargo, el colectivo sin empleo anterior aumenta. 

A pesar de que el número de desempleados se sitúa en más de 2,5 millones, la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008, España sigue liderando el paro en la Zona Euro, lo que contrasta con la dificultad de algunos sectores para cubrir sus vacantes.

La estabilidad en el empleo sigue consolidándose, con casi uno de cada dos contratos formalizados siendo indefinidos. La temporalidad cae, así, a mínimos históricos del 11,9%, gracias al esfuerzo del sector privado, especialmente entre mujeres y jóvenes.

2 abril, 2025  

El paro ha vuelto a descender en el mes de marzo, en 13.311 personas, dejando la cifra total de desempleados registrados en 2,5 millones.

Por otro lado, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 161.491 respecto a febrero, con récord de mujeres trabajando (más de 10 millones), “pero con mucha más temporalidad. Ellas siguen soportando más precariedad, pues 6 de cada 10 contratos firmados por mujeres son temporales”, destaca Joaquín Pérez, secretario general de USO.

De los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social destaca que el 60,95% del total de contratos de las mujeres son temporales, frente al 52,35% de los firmados por hombres. A pesar del descenso del desempleo femenino durante el mes de marzo (-0,59%), 6 de cada 10 parados es mujer.

La contratación durante el mes de marzo ha sido, principalmente, temporal, incrementándose por encima del 6% tanto en comparativa mensual como anual, y suponiendo el 56,40% del total. “Por tanto, seguimos mejorando las cifras pero no la calidad del empleo que se crea”, apunta Pérez.

Otro colectivo que soporta también dificultades en el mercado laboral es el de los jóvenes. En marzo, el desempleo de los menores de 25 años aumentó en 2.638 personas, como también lo hizo el colectivo sin empleo anterior, que engloba también a los parados de larga duración, en 3.650 personas, un 1,53% más. En este grupo de parados sin empleo anterior también son mayoría las mujeres, que casi duplican a los hombres, con 160.670 mujeres frente a 81.770 hombres. Insiste Pérez en que “el mercado laboral es injusto con las mujeres, limitando sus oportunidades profesionales a contratos temporales y parciales o castigándolas con no poder reengancharse al trabajo”.

Balance del empleo en el primer trimestre del año

El secretario general de USO considera que estos tres primeros meses de 2025 mantienen una tónica: la precarización del empleo. Los contratos temporales han aumentado un 3,6% si lo comparamos con 2024. Y los temporales parciales, un 4,28% más que el primer trimestre del pasado año.

“Es incuestionable la precariedad estructural del mercado laboral. Se crea empleo, por supuesto, pero de calidad cuestionable. Hay signos de recuperación que, sin embargo, no se traducen en empleos estables y de calidad. Y, además, la brecha de género en el desempleo es más que evidente, con una sobrerrepresentación de mujeres en las cifras de paro. Por todo ello, desde USO reclamamos políticas activas de empleo que fomenten la contratación indefinida, combatan la parcialidad no deseada y ofrezcan oportunidades a mujeres y jóvenes”, reivindica Joaquín Pérez.

03/04/2025  |  Registradores

El Colegio de Registradores presenta, con esta nota informativa, un avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de febrero de 2025, con datos proyectados sobre el 95,7% de los registros analizados. En la presente nota se sintetiza la evolución de las compraventas e hipotecas respecto al mismo mes de 2024.

Según estos datos provisionales, durante el mes de febrero de 2025 se registraron cerca de 117.500 transacciones de compraventa, con un aumento del 11,4% respecto a febrero de 2024. De ellas, algo menos de 59.000 correspondieron a compraventas de vivienda, lo que supone a su vez un incremento anual del 12,2%. Estos datos consolidan la recuperación del mercado inmobiliario español iniciada con fuerza los últimos meses del pasado año, tras un mes de enero de moderado crecimiento.

Por su parte, las hipotecas, tras una evolución similar o incluso superior a la de las compraventas, han tenido un aumento mucho más moderado, al constituirse durante el pasado mes de febrero algo menos de 51.000, lo que representa un incremento del 1,6% respecto al mismo mes del año anterior. En torno a 38.500 de ellas fueron hipotecas sobre vivienda, lo que ha supuesto un incremento anual del 1,9%.

Quince de las diecinueve comunidades y ciudades autónomas registraron incrementos de compraventas totales durante el mes de febrero. Los mayores aumentos se han observado en Ceuta (72,7%), Asturias (37,7%) y Andalucía (26,4%). En el lado opuesto, sólo se produjeron descensos en Melilla (-21,3%) y en tres comunidades autónomas: Navarra (-15,0%), Canarias (-13,0%) y Valencia (-3,8%). En cuanto a compraventas de vivienda, los mayores incrementos se han registrado en Asturias (29,7%), Extremadura (25,4%) y Andalucía (24,5%); y los únicos descensos se dieron en Navarra (-27,6%), Melilla (-17,9%) y Valencia (-1,9%).

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid superaron las 10.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 21.000. Las mismas comunidades y en el mismo orden ocupan los primeros puestos en compraventas de vivienda, superando la cantidad de 10.000 operaciones solamente Andalucía, con 11.700.

En cuanto a las hipotecas sobre cualquier tipo de inmueble, el comportamiento en el mes de febrero ha sido más dispar en las diferentes comunidades y ciudades autónomas. En doce de ellas se produjeron aumentos, con descensos en las otras siete. Entre los aumentos destacaron Ceuta (100,0%) y La Rioja (82,4%), ambas muy por encima del 30%, seguidas de Murcia (28,8%). Entre los descensos, superiores al 20%, cabe destacar a Canarias (-52,9%), Navarra (-29,9%), Baleares (-24,1%) y Madrid (-22,8%).

Si nos centramos específicamente en las hipotecas de vivienda, observamos una evolución similar, con incrementos en trece comunidades y descensos en seis. Los aumentos estuvieron liderados por Ceuta (76,9%), La Rioja (57,9%) y Cantabria (56,1%). Por su parte, los mayores descensos se vieron de nuevo en Canarias (-49,9%), Navarra (-34,0%), Baleares (-21,4%) y Madrid (-20,1%).

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía y Cataluña superaron las 9.000 hipotecas totales, siendo también las únicas comunidades en superar las 7.000 hipotecas sobre vivienda.

A continuación, se presenta la evolución en los últimos doce meses de las tasas de variación del número total de compraventas, compraventas de vivienda, constituciones totales de hipoteca y constituciones de hipoteca sobre vivienda.

Después de unos primeros meses de 2024 condicionados por factores como los días inhábiles en los Registros durante mayo y las fluctuaciones habituales de Semana Santa, el segundo semestre mostró una tendencia positiva en cuanto a compraventas, con fuertes repuntes mensuales. El año 2025 comienza manteniendo la misma tendencia positiva, si bien por el momento algo más moderada en enero, pero confirmada y reforzada en febrero. Esta evolución ha sido compartida tanto por el número de compraventas totales como las de vivienda, con muy pocas variaciones entre unas y otras, ligeramente más favorable en el caso de las compraventas de vivienda.

Observando globalmente el número de hipotecas constituidas, se observa en general un comportamiento mes a mes muy similar al de las compraventas. Los altibajos iniciales del primer semestre de 2024, más pronunciados en las hipotecas que en las compraventas y debidos a los mismos factores extraordinarios, han dado paso a una senda positiva en el segundo semestre, que en estos inicios de 2025 parece haberse desinflado progresivamente, si bien tanto en enero como en febrero se mantienen las cifras positivas de crecimiento. Esta tendencia positiva también ha sido en general más fuerte que la de las compraventas hasta el mes de febrero, en que el crecimiento de las compraventas ha superado claramente al de las hipotecas.

Y, al igual que ha ocurrido con las compraventas, también en el caso de las hipotecas se ha observado un mejor comportamiento general de las hipotecas de vivienda respecto a las totales con alguna excepción puntual poco significativa

Ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2024

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 31.3.2025

El saldo del sistema se mantiene en el -0,6% del PIB, mientras que en términos de contabilidad nacional el de los fondos de Seguridad Social se reduce al -0,5% del PIB.

Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran un incremento del 7,2 % interanual en los datos acumulados en los doce meses de este año, alcanzando los 165.574 millones de euros (11.174 millones más que el año anterior). Esta cifra representa un 10,4% respecto al PIB.

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, registran un incremento interanual del 35,2%, alcanzando 3.711 millones de euros, que nutren el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Si se toman como referencia los datos del último ejercicio, que no estuvo afectado por la pandemia, el del año 2019, el incremento de las cotizaciones es de 41.319 millones de euros (un 33,3% más). En el análisis mensual comparativo se observa que en diciembre de 2024 los ingresos por cuotas se cifraron en 13.930 millones de euros, 3.305 millones de euros más que el mismo mes de 2019.

En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo, a 31 de diciembre de 2024, de 9.834 millones de euros. Estos 9.834 millones, equivalentes al 0,6% del PIB, son el resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 215.859 millones de euros, que muestran un incremento del 7,3% y obligaciones reconocidas de 225.693 millones, que crecen en un 7,5% interanual.

La evolución de este saldo presupuestario muestra que el correspondiente a 2024, en términos de PIB, se mantiene 7 décimas por debajo del obtenido el último año previo a la pandemia.

Por su parte, los datos de los Fondos de Seguridad Social, que incluyen además del sistema-, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), en términos de contabilidad nacional, arrojan un saldo negativo de 8.495 millones de euros, equivalentes al 0,53% del PIB.

Ingresos no financieros

Como ya se ha indicado, en estos doce meses del año, las cotizaciones sociales ascienden a 165.574 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2% respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2023 (11.174 millones de euros más).

Este comportamiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de los trabajadores, que experimentan un incremento interanual del 7,4% hasta alcanzar los 156.213 millones de euros (10.802 millones de euros más que en el ejercicio anterior).Dentro de las cotizaciones de los ocupados, podemos destacar la evolución que han experimentado las cotizaciones por regímenes, distinguiéndose entre Régimen General con un importe acumulado de 127.627 millones de euros y los regímenes especiales (incluyéndose Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, Régimen Especial del Mar y Régimen Especial de la Minería y el Carbón) con un importe global de 12.668 millones de euros.

Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 9.360 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 4,1% (372 millones de euros en términos absolutos).

Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 48.213 millones de euros. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 43.082 millones (un 9,6% más). En particular, el incremento tiene su origen, fundamentalmente, en una mayor percepción de fondos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo (1.492 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior).

Gastos no financieros

Por el lado del gasto, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 211.306 millones, un 8,1% más que en el mismo periodo de 2023. Esta cifra representa un 93,6% del gasto total realizado en el sistema de la Seguridad Social.

La mayor partida, 194.225 millones de euros que corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 7,9%.

En un análisis detallado del área contributiva, el gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género) se incrementa un 7,2% hasta los 172.666 millones de euros, debido al aumento del número de pensionistas (1,7%), a la elevación del importe de la pensión media (5,3%), así como a la revalorización general del 3,8% de las pensiones contributivas en el ejercicio 2024.

Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total aumenta un 17% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 16.487 millones de euros, mientras las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad ascienden a 4.317 millones (un 6,8% más).

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 17.081 millones de euros, un 9,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debe fundamentalmente, a la revalorización general del 6,9% establecida para el ejercicio 2024.

De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 11.112 millones (un 8,1% más), y a subsidios y otras prestaciones 5.969 millones, de los cuales 5.575 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 12,8% más respecto del año anterior.

Campaña de la Renta 2025

Vivienda y Agenda Urbana – 31.3.2025

Las deducciones por el alquiler de vivienda residencial pueden ascender hasta el 90% del rendimiento en el caso de las zonas tensionadas. Por rehabilitación energética alcanzan hasta el 60% del coste total de las obras si reducen el consumo de energía primaria no renovable.

La ciudadanía podrá acogerse a dos deducciones fiscales en materia de vivienda en el marco de la campaña de la Renta 2025, que empieza el próximo 2 de abril.

Deducciones por rentas del alquiler

Según lo dispuesto en la Ley por el Derecho a la Vivienda, los contribuyentes que tengan una vivienda alquilada en una zona tensionada podrán deducirse hasta el 90% de los ingresos del alquiler si han bajado el precio del alquiler un 5% en relación con el contrato anterior.

De esta manera, por poner un ejemplo, un alquiler en Sants (Barcelona) con una renta mensual de 1.100€, el arrendador tendrá, aproximadamente, 700€ anuales más de beneficio neto por el alquiler de la vivienda -una vez descontados los gastos deducibles aproximados, un tipo marginal del 37% en el IRPF y los ingresos que deja de percibir por la rebaja del precio del alquiler-; y el inquilino se ahorrará, al mismo tiempo, 660€ anuales en el pago de su alquiler.

En las zonas tensionadas, los arrendadores se podrán deducir el 70% de las rentas si su vivienda está alquilada a jóvenes de entre 18 y 35 años. Lo que, en el caso del ejemplo anterior y con las mismas condiciones, supondría un ahorro de 680 € anuales para el arrendador.

En el resto del territorio, la bonificación por alquiler residencial se quedará en el 50%, a excepción de viviendas arrendadas en las que se hayan acometido obras de rehabilitación, donde se aplica una reducción del 60%.

También se aplicará el 70% de reducción en el caso de viviendas cedidas o arrendadas a la Administración pública o entidades del tercer sector, o acogidas a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler.

La reducción del 60% supondría un ahorro anual de 340€ al arrendador, utilizando las mismas condiciones que en los ejemplos anteriores, y la del 70% sería de 680€ anuales.

Bonificaciones fiscales por rehabilitación energética de la vivienda habitual

La ciudadanía puede acogerse a una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energéticas en viviendas que se aplican sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética. Las deducciones son las siguientes:

• Deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual o de cualquier otra de su titularidad, siempre que estuviese arrendada o con expectativas de arrendarla, siempre que se suscriba dicho contrato antes del 31 de diciembre de 2025. Hasta 5.000 € anuales.
• Deducción del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras «A» o «B» en vivienda habitual o de cualquier otra de su titularidad, siempre que estuviese arrendada o con expectativas de arrendarla, siempre que se suscriba dicho contrato antes del 31 de diciembre de 2025. Hasta 7.500 € anuales.
• Deducción del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras «A» o «B» en edificios residenciales. Su periodo de aplicación finaliza el 31 de diciembre de 2025. Hasta 5.000 € anuales.

En el período de aplicación en los ejercicios de los años 2021, 2022 y 2023, se han llevado a cabo deducciones por obras de mejora energética en un total de 122.862 viviendas y que han supuesto un ahorro de 319,70 millones de euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Dichos datos, reflejan la concienciación creciente de la ciudadanía con la rehabilitación energética de las viviendas para reducir el consumo de combustibles fósiles, que se observa en la evolución que han tenido dichas deducciones. En el año 2021 se presentaron un total de 2.535 declaraciones, pasando a 55.761 en el año 2022 y elevándose dicha cifra hasta las 110.940 del año 2023, lo que da un total de 169.236 declaraciones las presentadas en los tres años de aplicación.

Hacienda – 31.3.2025

El sólido crecimiento económico -más del triple que la media de la zona euro el año pasado- junto con la positiva evolución del mercado laboral permiten mejorar las previsiones de déficit sin necesidad de aplicar recortes y reforzando, al mismo tiempo, el Estado del bienestar.

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas del cierre de 2024 y de inicios de 2025.

En primer lugar, el ejercicio 2024 cerró con un déficit del 2,80% del PIB, lo que supone una reducción de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Esta cifra, que se traslada a Eurostat, supone cumplir e incluso mejorar la previsión de 3% comprometida con la Comisión Europea. Es el quinto año consecutivo que España cumple sus compromisos con Bruselas.

Si se tiene en cuenta el impacto de las medidas extraordinarias para paliar los daños provocados por la DANA, el déficit se situaría en el 3,15%, aunque las reglas fiscales permiten excluir los gastos derivados de catástrofes naturales como ocurrió con el terremoto de Lorca hace una década.

La reducción de déficit se ha cimentado en el crecimiento económico, teniendo en cuenta que España creció un 3,2% en 2024, más de tres veces que la media de la zona euro. También en el dinamismo del empleo con un récord de afiliados a la Seguridad Social que alcanza los 21,8 millones de ocupados y la tasa de paro más baja en 16 años, situándose en el 10,6%.

España ha demostrado, un año más, que es compatible reducir el déficit público y reforzar el Estado de Bienestar, desplegando un sólido escudo social frente a los efectos de la DANA registrada a finales de octubre. Desde 2020 el déficit se ha reducido en casi 70.000 millones de euros al tiempo que se han ampliado los servicios públicos. Esta mejora ha sido compatible con una respuesta eficaz a emergencias como la DANA, cuyo impacto -5.590 millones de euros- se excluye del déficit según las reglas fiscales, y cuyo coste asumió en un 93?% la Administración Central.

Una trayectoria que continúa en 2025 y que permite seguir avanzando hacia el equilibrio de las cuentas públicas. De hecho, el Ministerio de Hacienda también ha publicado hoy los datos de déficit del Estado de febrero de este año, que se sitúa en el 0,8% del PIB. De esta forma, el déficit hasta el segundo mes del año se sitúa en 13.488 millones de euros. Si se descuentan los 1.530 millones de euros del impacto de las medidas DANA de esos dos primeros meses, el déficit del Estado se sitúa en el 0,71% del PIB.

Asimismo, también se han difundido hoy los datos de déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de enero en términos de contabilidad nacional, situándose en el 0,4% del PIB.

Déficit del Estado (febrero)

Hasta el segundo mes de 2025, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 0,8% del PIB. De esta forma el déficit se sitúa en 13.488 millones de euros. Este resultado incluye un gasto extraordinario de 1.530 millones motivado por las graves inundaciones provocadas por la DANA.

Si de la cifra de déficit se descuentan los intereses, se obtiene el saldo primario. A finales de febrero de 2025 se ha registrado un déficit primario de 8.444 millones de euros, equivalente al 0,5?% del PIB.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros se sitúan en 33.361 millones, lo que implica un 5,7% más respecto al mismo periodo de 2024. Los impuestos alcanzan los 28.077 millones, el 84% del total de los recursos, y crecen un 7,4% respecto a febrero de 2024.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 8,6%, de los cuales, 14.597 millones corresponden a ingresos por IVA, cifra superior en un 11,5% a la de 2024. Por otro lado, entre los impuestos especiales destaca el avance de Hidrocarburos en un 2,5%, hasta 1.953 millones.

Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzan los 8.284 millones, cifra superior en un 4,8% a la de los dos primeros meses de 2024. Por su parte, el IRPF alcanza los 6.440 millones con un aumento del 17,9% y a su vez los ingresos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con 1.016 millones se elevan un 28,4%.

Asimismo, los impuestos sobre el capital alcanzan los 29 millones de euros y los ingresos de las cotizaciones sociales, 940 millones.

Las rentas de la propiedad alcanzan los 1.044 millones, de los cuales 1.013 corresponden a los intereses, con un descenso del 6,5% respecto al anterior ejercicio y 31 millones a los dividendos y otras rentas.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios alcanzan un total de 336 millones de euros. Finalmente, el resto de recursos registran 645 millones, donde se encuentra la ayuda a la inversión y la cooperación internacional corrientes, entre otras.

Empleos no financieros del Estado

La partida de mayor volumen son las transferencias entre Administraciones Públicas, con un peso del 61,2% sobre el total de empleos no financieros. En concreto, en los dos primeros meses del año ascienden a 28.660 millones, un 18,6% más que el año anterior.

Por un lado, la Administración Regional ha recibido 15.211 millones. Del total de trasferencias, 14.354 millones corresponden al sistema de financiación, de los que 13.854 millones son las entregas a cuenta y el resto corresponden al anticipo de los recursos del sistema de financiación.

A su vez, los Fondos de la Seguridad Social han recibido 7.180 millones, lo que suponen 2.963 millones más que en 2024.

Por otro lado, la Administración Local ha recibido 5.162 millones, lo que supone un 17,8% más que el año anterior. Del total de transferencias, 3.611 millones corresponde a su participación en los ingresos del Estado. Las transferencias realizadas al margen del sistema de financiación han sido de 1.551 millones, de las que 1.501 millones corresponden a transferencias para financiar gastos de la DANA.

La remuneración de asalariados crece un 4,4%, situándose en 3.278 millones de euros. Así, las retribuciones salariales aumentan un 5,2% respecto a febrero de 2024. Los consumos intermedios han ascendido a 1.044 millones, un 2,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, los intereses devengados aumentan un 14,6% hasta situarse en 5.044 millones, mientras que las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan un 5,5%, principalmente por el mayor desembolso de pensiones de clases pasivas, que se ha incrementado en un 6,1% hasta 3.310 millones, entre otras razones, por la revalorización en 2025 del 2,8% de las pensiones contributivas, porcentaje que se aplica sobre el gasto consolidado de 2024, en el que la revalorización fue del 3,8%.

El gasto en subvenciones aumenta en un 84,2% hasta alcanzar los 1.273 millones. Las subvenciones a los productos aumentan en 609 millones, hasta 1.269 millones en febrero de 2025.

A su vez, la cooperación internacional corriente se ha incrementado en 78 millones hasta totalizar 257 millones, mientras que la aportación a la UE por recursos propios basados en el IVA y la RNB se sitúa en 2.305 millones, cifra superior en un 11,8% a la de 2024.

Por último, destaca la formación bruta de capital fijo, que se sitúa en 1.129 millones, con un aumento de un 14,2%, en tanto que las ayudas a la inversión y las otras transferencias de capital alcanzan en conjunto 239 millones.

Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (enero)

En enero de 2025, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas se sitúa en 6.640 millones, equivalente al 0,4% del PIB. Si se tiene en cuenta el impacto producido por la DANA de 144 millones, el déficit alcanza los 6.784 millones de euros.

Administración Central

El déficit de la Administración Central se sitúa en 7.813 millones a finales de enero de 2024, el 0,47% del PIB.

• El déficit del Estado en enero en términos de PIB equivale al 0,43%, alcanzando la cifra de 7.288 millones.
• Los Organismos de la Administración Central registran en enero de 2025 un déficit de 525 millones, superior en un 12,7% al déficit de 2024.

Comunidades Autónomas

La Administración Regional registra un déficit a finales de enero de 2025 de 1.135 millones, lo que equivale al 0,07% del PIB, frente al déficit del 0,11% alcanzado en el mismo periodo del año anterior. El descenso sería del 14?% si se descuenta en ambos periodos el efecto de los anticipos a cuenta del sistema de financiación recibidos del Estado.

Este resultado responde a un aumento de los ingresos del 9,1%, hasta 17.520 millones, que supera en 4,6 puntos porcentuales el crecimiento del gasto, que se sitúa en un 4,5%, hasta alcanzar los 18.655 millones. Además, en enero de 2025 se ha registrado un gasto asociado a la DANA por importe de 144 millones en las cuentas de la Comunidad Valenciana.

Los impuestos han crecido un 8,6% incrementándose hasta los 6.773 millones. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzan la cifra de 1.212 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementan en un 10,9% hasta situarse en un total de 5.387 millones, de los cuales 5.284 millones corresponden a las entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un aumento del 10,8%. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital alcanzan los 174 millones de euros.

Las transferencias entre AAPP ascienden a 9.496 millones. Del importe anterior, las transferencias recibidas del Estado por el sistema de financiación crecen un 12,5%, pasando de 6.775 millones a finales de enero de 2024 a 7.619 millones en el mismo mes de 2025.

Al mismo tiempo, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 1.203 millones de euros, con un descenso del 10,8% respecto a enero de 2024.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 6,1% hasta situarse en 8.037 millones. Los consumos intermedios aumentan un 0,5% hasta situarse en 3.476 millones. Las subvenciones se sitúan en 302 millones, con un aumento del 37,9% respecto a finales de enero de 2024, principalmente por el avance las subvenciones a los productos. Por su parte, los intereses aumentan un 9,8% hasta 627 millones.

Las transferencias sociales en especie se elevan en un 4,5%, lo que supone 119 millones más hasta los 2.738 millones. En esta rúbrica se recoge el gasto en farmacia con un incremento del 4,7%, (54 millones más) hasta 1.193 millones, los conciertos de asistencia sanitaria con un incremento del 3,8% (17 millones más) hasta 463 millones, y los conciertos educativos alcanzan los 689 millones.

Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie aumentan a 318 millones. Finalmente, la inversión alcanza los 1.541 millones.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social a finales de enero de 2025 registran un superávit de 2.164 millones frente al déficit de 653 millones del mismo periodo de 2024. En términos de PIB el superávit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,13%, frente al déficit del 0,04% de 2024.

Se puede observar un crecimiento de los ingresos del 22,8% (destaca el buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 6,9%) frente al aumento registrado en los gastos de un 6,6%.

Hay que recordar que en enero de 2023 se inició la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que consiste en una cotización adicional finalista aplicable en todos los regímenes y en todos los supuestos en los que se cotice por la contingencia de jubilación, que no será computable a efectos de prestaciones y que se destinará al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En 2025, esta cotización adicional es de 0,8 puntos porcentuales, mientras que en 2024 fue de 0,7 puntos porcentuales.

Al margen de las medidas adoptadas para paliar las consecuencias sociales y económicas de la DANA en las zonas afectadas, cabe destacar la revalorización de las pensiones en un 2,8% con carácter general y en un 9% en el caso de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Sistema de Seguridad Social registra en el primer mes de 2025 un superávit de 1.943 millones, el 0,13% del PIB, frente al déficit del 0,04% de enero de 2024. Los recursos han ascendido a 18.852 millones, un 25,7% superiores a los de 2024. Destaca el aumento en un 6,8% de las cotizaciones sociales. El número de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos los regímenes ha crecido un 2,4% respecto a enero de 2024. Por su parte, el gasto se sitúa en 16.909 millones, lo que corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que ha crecido un 6% hasta 13.855 millones.

Al igual que ya ocurrió en años anteriores, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un superávit de 197 millones, inferior en un 5,3% al de 2024, que fue de 208 millones.

El FOGASA presenta un superávit de 24 millones, frente a los 16 millones de superávit registrados en el mismo periodo de 2024.

El sindicato ha testeado varias herramientas y los resultados confirman un acentuadísimo sesgo machista, vinculado a las profesiones de prestigio y alta cualificación a los hombres.

26 Marzo 2025 UGT

Según el último estudio de la OCDE para España, el 20% de las empresas españolas utiliza cinco herramientas de gestión algorítmica para materias como dar órdenes de trabajo, monitorizar la actividad laboral o para evaluar el desempeño.

Sin embargo, la confianza que depositan los empleadores en estos sistemas debería ser cuestionada por múltiples razones como, por ejemplo, su tendencia a discriminar a las mujeres en el empleo y a perpetuar roles de género en los entornos laborales.

UGT ha testeado seis herramientas de IA generativa de última generación (ChatGPT -OpenAI-, Gemini – Google-, Copilot – Microsoft-, Deepseek – China-, Grok -xAI- y Claude – Anthropic-) sometiéndolas a cuestiones relacionadas con diversas profesiones y analizando el contenido que generan sus respuestas desde una perspectiva laboral de género. Los resultados confirman un acentuadísimo sesgo machista, vinculado a las profesiones de prestigio y alta cualificación siendo siempre para un hombre, a pesar de que en todos los ejemplos presentados a la IA la proporción de profesionales mujeres siempre era mayor que la de hombres.

El sindicato ha detectado que, lejos de aprender de sus errores o autocorregirse, los citados sistemas de IA tienden, por defecto y de forma sistemática, a repetir sus errores de juicio aun a pesar de ser advertidos de sus inconsistencias.

Además, y como máxima demostración de lo poco fiables que resultan estas aplicaciones, se comprueba una homogenización en las respuestas sesgadas que indiferencia la prestación de cada IA analizada, si bien algunas tienen un comportamiento menos discriminatorio que otras.

Sesgo machista

Al decirle a ChatGTP que reescriba esta frase sustituyendo la X por una palabra adecuada al contexto, “En el hospital X, me escayoló la pierna”, el sistema sustituye la X por “el médico”, y si ponemos otro ejemplo “En sede judicial, X dicta sentencias”, sustituye la X por “el juez”. Y cuando preguntamos por qué en ambos casos ha usado el género masculino, el sistema nos da la razón y lamenta no haberlo tenido en cuenta.

Nos explica que el “género masculino se usa de manera tradicional en el idioma para generalizar profesiones”, pero que “es importante ser inclusivos y reflejar la diversidad de los profesionales en ambas áreas” y, añade, que “el uso del género femenino es totalmente adecuado y refleja el hecho de que las mujeres también ejercen esas profesiones”.

Es importante incidir en que en todas las IA testeadas, cuando se advertía de su error en el uso del género, siempre admitían que las profesiones aludidas mostraban una mayoría femenina. Incluso encontramos esfuerzos por justificar este hecho, con enlaces a colegios oficiales y estadísticas públicas que acreditaban que las mujeres son mayoría en las profesiones de la medicina o la judicatura, la psicología o la farmacia.

Es decir, las IA no niegan la realidad factual, incluso la defienden con ahínco cuando se contrarían sus respuestas. Sin embargo, si se dejaba pasar un tiempo o se cerraba sesión, al volver a repetir la misma secuencia de preguntas, el resultado era exactamente el mismo.

En paralelo, se realizó un ejercicio de generación de imágenes para comprobar si en este apartado se constataban las mismas tendencias dando a ChatGPT, Copilot o Gemini la orden de crear “una imagen de una persona productiva” y crear “una imagen con una persona liderando un equipo”, en ambos casos muestran sólo hombres.

Faltan métodos de control

Las conclusiones de este experimento sólo pueden ir en una dirección: los datos y las fuentes que alimentan a estas Inteligencias Artificiales, así como el tratamiento que hacen de ellas, están claramente sesgadas, dando lugar a resultados que van más allá de la inexactitud: son machistas, discriminatorios y envían un mensaje confuso y, sobre todo, falso.

UGT incide en que la ausencia de métodos de control – como el código de autorregulación de la publicidad infantil de juguetes- para frenar esta perpetuación de roles y estereotipos, las nulas auditorias correctoras o su incapacidad para aprender (a pesar de publicitarse como “inteligencias”) están detrás de este desastre tecnológico-social, pero a ello hay que sumar el hecho de que solo un 0,62% de todos los tecnólogos de nuestro país son mujeres (INE, 2024).

El sindicato llama a las empresas proveedoras de este tipo de aplicaciones, así como a las empresas y AAPP que compran sus productos, a erradicar de sus IA cualquier atisbo de machismo y misoginia, puesto que los resultados que presentan dibujan un mercado de trabajo inexistente, trazando una realidad profesional de otra época.

Si estas empresas quieren presentarse ante la sociedad como innovadoras deben respetar los valores y preceptos constitucionales de igualdad y no discriminación.

Consulta el testeo herramientas de IA generativa

Educación, Formación Profesional y Deportes – 28.3.2025

El gasto en becas y ayudas al estudio fue de 3.270 millones de euros, es decir, un 5,3% mayor al 2022. El 32,6% del gasto total se destinó a Educación Infantil y Primaria, incluida la Educación Especial y el 30,3% fue a Secundaria y Formación Profesional.

El gasto público en Educación en el año 2023 fue de 67.937,9 millones de euros, según los datos provisionales de la Estadística del Gasto Público en Educación. Esta cantidad supone un 7% más en relación al año 2022, cuando fue de 63.490,6 millones.

La inversión creció en todas las actividades educativas, destacando la destinada a la Formación Profesional acreditable dirigida a personas trabajadoras, que creció un 19,3% respecto a 2022; y el gasto en educación no universitaria, que se incrementó en un 7,4%.

El gasto en becas y ayudas al estudio ascendió a 3.270,5 millones de euros, suponiendo un incremento respecto al año anterior del 5,3%. En 2022, el gasto ascendió a 3.105,8 millones de euros.

En lo que se refiere a la distribución del gasto entre las distintas actividades educativas, la Educación Infantil y Primaria, incluida la Educación Especial, representó el 32,6%, mientras la Educación Secundaria y la Formación Profesional, el 30,3%. Por su parte, la Educación Universitaria supuso el 18,8%, mientras que las becas y las ayudas al estudio, el 5,0%.

La mayor parte del gasto en Educación, el 88,5%, correspondió a las administraciones educativas, es decir, a los Ministerios de Educación y Formación Profesional, y al de Universidades, así como a las consejerías y departamentos de Educación y/o Universidades de las comunidades autónomas.

La participación de los ministerios en el gasto total en educación ascendió al 8,0%. En total, esta cantidad fue de 5.406,8 millones de euros. Deducidas las transferencias a las comunidades autónomas, el gasto fue un 10,7% superior al 2022, suponiendo un total de 3.041,1 millones de euros.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes – 28.3.2025

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha resaltado las ventajas de la estructura judicial creada con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia durante la clausura de las XXIII Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales celebradas en Las Palmas de Gran Canaria.

Durante su intervención, el ministro se ha referido a los principales hitos que está impulsando el Ministerio con el propósito de acometer la mayor transformación de la Justicia en décadas, entre los que destacan el Real Decreto-ley 6/2023, piedra angular del proceso de digitalización en la Administración de Justicia y la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Respecto a esta última, Bolaños ha resaltado que la norma supone una reforma radical de nuestra organización judicial, al convertirla en una estructura más ágil, más flexible y con mayor capacidad de respuesta ante la congestión de algunos juzgados.

El ministro ha destacado especialmente el impacto de la norma en el aumento de plazas de jueces gracias al modelo de Tribunales de Instancia. La nueva estructura permitirá dotar de más plazas judiciales a las secciones de los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que la creación de dichas plazas dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado, lo que permitirá invertir el importe ahorrado – en torno a 400.000 euros – a la habilitación de nuevas plazas.

Además, la transformación de los más de 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, asistidos cada uno de ellos administrativamente por una Oficina Judicial, permite, por ejemplo, que se produzca una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones especializadas. Del mismo modo, facilita la homogeneización de las prácticas, jurisdiccionales y organizativas, de los integrantes de dichas secciones.

El ministro ha puesto en valor los avances que se están llevando a cabo para la efectiva implementación de la norma, como la organización de las plantillas de los nuevos Tribunales de Instancia, asegurando que durante este año 2025 el nuevo modelo organizativo será una realidad.

Principales proyectos de 2025

La clausura de las jornadas también ha permitido al ministro abordar otros dos grandes proyectos del ámbito de la Justicia que se remitirán próximamente a las Cortes Generales. El primero de ellos, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya ha sido aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros y que tiene el objetivo de ampliar y fortalecer la Carrera Judicial y Fiscal, además de dotarla de previsibilidad, transparencia y derechos para quienes la integran.

El segundo, se refiere al Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que homologará el proceso penal de España al que existe en los países de nuestro entorno europeo.

Transición Ecológica y el Reto Demográfico – 27.3.2025

El apoyo del Gobierno central a la transición energética de las islas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha traducido en más de 700 millones de euros en ayudas.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para la plena descarbonización del sistema eléctrico de las Islas Canarias. Esta estrategia potenciará la penetración de las energías renovables y acelerará el proceso de transición ecológica en la comunidad autónoma, con acciones inmediatas, a corto, medio y largo plazo, diseñadas junto con el Gobierno insular y el sector energético canario.

«La generación renovable en las Islas se ha duplicado desde 2018, gracias en buena medida a las ayudas del Plan de Recuperación, pero necesitamos acelerar más el proceso de descarbonización y reforzar la seguridad, la resiliencia y la competitividad de los sistemas eléctricos de las Islas Canarias. Con la nueva planificación, aspiramos a multiplicar por diez la potencia instalada y acelerar el proceso hacia unas Islas Canarias 100% renovables», ha destacado la vicepresidenta.

Las claves de este marco de acción se han presentado a un amplio grupo de representantes del sector energético insular. Supone un impulso adicional al apoyo que el Gobierno presta a la descarbonización en las islas, especialmente mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que acumula más de 17.000 actuaciones en el archipiélago, beneficiarias de más de 700 millones de euros.

Más de 17.000 actuaciones financiadas con el PRTR

Canarias ha contado con un plan operativo específico para impulso renovable, dotado con 466,62 millones, a través del cual se está promoviendo un despliegue renovable, incorporación de almacenamiento y proyectos de geotermia, entre otras líneas de ayuda. Por el momento, y fruto de este plan, se han activado más de 700 actuaciones por cerca de 270 millones.

Adicionalmente, proyectos canarios han logrado obtener fondos de las líneas de concurrencia competitiva a escala estatal, en proyectos vinculados al hidrógeno, la eólica marina o la movilidad sostenible. Hasta ahora, más de 50 proyectos singulares han recabado 118 millones de ayudas, movilizando una inversión de 381 millones.

Por último, también a través de los fondos PRTR, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha transferido al Gobierno de Islas Canarias 161,1 millones de euros en los programas territorializados para el apoyo del autoconsumo, la movilidad eléctrica y la rehabilitación energética.

Gracias a este potente despliegue, la generación de electricidad con renovables se ha duplicado desde 2018, hasta cubrir un 20,8% de la demanda del archipiélago a cierre de 2024.

Grupo de trabajo multidisciplinar y primeras medidas

La vicepresidenta Aagesen ha anunciado que se creará un Grupo de Trabajo multidisciplinar, integrado por representantes de la Administración General del Estado, el Gobierno de Canarias, el sector energético y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el mandato de diseñar una hoja de ruta para acelerar la transición energética en las islas, enfocada en eliminar las barreras técnicas y regulatorias que frenan el proceso de descarbonización.

Con carácter inmediato, se modificará la señal de precios en los sistemas eléctricos canarios para que se ajusten a la realidad de demanda energética del archipiélago y, en consecuencia, se favorezca la penetración de renovables y se incentive la inversión.

Asimismo, se modificará la normativa para el almacenamiento independiente, con el fin de que pueda participar directamente en el mercado eléctrico insular, aportando flexibilidad y respaldo a los sistemas eléctricos insulares, incrementando con ello la seguridad del suministro.

El Gobierno comienza la tramitación de estos cambios regulatorios, mediante la publicación de una consulta pública previa.

Adicionalmente, las primeras actuaciones del Plan de Acción incluyen multiplicar por diez la capacidad de acceso a la red de las instalaciones renovables, que recogerá la Planificación 2025-2030, actualmente en elaboración. En el sistema Lanzarote-Fuerteventura se pasará de 10 MW a 429 MW, en Tenerife-La Gomera de 57 MW a 593 MW y en Gran Canaria de 61 MW a 337 MW.

A medio y largo plazo, entre las modificaciones regulatorias que se quieren concretar, destaca la posibilidad de permitir la participación de las instalaciones renovables y el almacenamiento en los servicios de balance del sistema eléctrico, de modo que se reduzca el peso de la generación térmica convencional.

28 Mar 2025

CEOE, Cepyme, CCOO y UGT han firmado un Acuerdo para la mejora de la coordinación entre los Sistemas de Formación Profesional y de Formación en el Empleo, en línea con el compromiso asumido por los interlocutores sociales en la última reunión de la Mesa de Diálogo Social de Formación.

En el texto de este acuerdo bipartito, las cuatro organizaciones firmantes consideran la formación como un instrumento integrado y necesario a lo largo de toda la vida, por lo que entienden imprescindible que los Sistemas de Formación Profesional y de Formación para el Empleo se coordinen para poder afrontar los retos a los que se enfrenta el mercado laboral en materia de cualificación profesional.

Para ello, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT proponen la colaboración entre la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD). Además, el texto recoge la necesidad de un Convenio Marco de colaboración entre los Centros de Referencia Nacional y las Entidades Bipartitas Sectoriales de FUNDAE.

Los interlocutores sociales han puesto en valor este importante Acuerdo con el que pretenden que el Sistema de Formación Profesional y el de Formación para el Empleo puedan mejorar aún más la coordinación existente actualmente mediante una colaboración efectiva, teniendo en cuenta que ambos sistemas son competencia de ministerios diferentes, por un lado, del MEFPD y, por otro, del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Miércoles, 26 de marzo de 2025

“Es preciso que el cambio de modelo venga acompañado de la necesaria dotación presupuestaria y de los suficientes medios materiales y personales para que no se quede en una mera declaración de intenciones”, dice en la inauguración de las XXIII Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales. Isabel Perelló subraya que el objetivo del órgano de gobierno de los jueces es consolidar una Justicia más moderna, transparente y eficaz que sirva a la sociedad y una Justicia independiente que tutele los derechos de los ciudadanos

Autor Comunicación Poder Judicial

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reclamado hoy, durante su intervención en el acto de inauguración de las XXIII Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales, más recursos para la Justicia ante el próximo despliegue de los tribunales de instancia previstos en la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Tras destacar el cambio en el modelo organizativo que supondrá la entrada en vigor de la ley, que se traducirá en la conversión de 3.800 juzgados unipersonales en 436 tribunales de instancia y la creación de secciones especializadas, Perelló ha subrayado que la ampliación de las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrá como resultado en algunas Comunidades Autónomas el incremento en hasta un veinte por ciento de la carga de trabajo de estos órganos judiciales.

“Es preciso, por tanto, que ese cambio de modelo venga acompañado de la necesaria dotación presupuestaria y de los suficientes medios materiales y personales para que no se quede en una mera declaración de intenciones. La Justicia necesita medios para funcionar y desde el Consejo General del Poder Judicial no vamos a cansarnos de reclamar los recursos que garanticen que este nuevo modelo sea efectivo y consolide una Justicia más ágil y eficiente, a la altura de lo que esperan y merecen los ciudadanos”, ha dicho.

La presidenta del órgano de gobierno de los jueces también ha señalado que el CGPJ ha constituido un grupo de trabajo para preparar el despliegue de los tribunales de instancia “con la finalidad de anticipar y coordinar la respuesta que el Consejo debe ofrecer a las incidencias que genere el cambio de modelo”.

Ese grupo de trabajo, que entró en funcionamiento el pasado día 19, ya ha pedido a los Tribunales Superiores de Justicia que le trasladen propuestas o peticiones concretas para su estudio.

Además, la presidenta del TS y del CGPJ ha hecho referencia al informe al anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y el reforzamiento de las Carreras Judicial y Fiscal que el Pleno del Consejo aprobó por unanimidad la semana pasada y en el que se advertía de las disfunciones que puede generar la equiparación del acceso por la categoría de magistrado -por concurso oposición- al acceso por la categoría de juez por turno libre o de las dudas que suscita la justificación dada al proceso extraordinario de estabilización previsto para jueces sustitutos y magistrados suplentes.

Perelló ha añadido que confía en que se preste atención a esas recomendaciones “para que ese reforzamiento de la Carrera Judicial del que habla el título del anteproyecto sea real”.

“El objetivo es siempre el mismo: consolidar una Justicia más moderna, transparente y eficaz que sirva a la sociedad. Y una Justicia independiente, que tutele los derechos de los ciudadanos. Sin la independencia judicial, que es el eje en torno al cual gira nuestro Estado de Derecho, la Justicia no puede ser una realidad”, ha asegurado.

Por último, la presidenta del Consejo ha destacado el alto nivel de consenso que caracteriza el nuevo mandato del CGPJ, que ha permitido el nombramiento por unanimidad de dos presidentes de Sala y veintiún magistrados/as del Tribunal Supremo, seis presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y diecisiete presidentes de Audiencias Provinciales.

“Estoy convencida de que en breve finalizaremos nuestro cometido en esta materia. Tenemos la mirada puesta en la normalización de la situación del Poder Judicial en nuestro país, tras tantos años de irregularidad provocada por causas completamente ajenas al propio Poder Judicial”, ha concluido.

Es fundamental continuar con la transición del modelo productivo y seguir en la senda del aumento del empleo, el incremento de salarios y la mejora de las condiciones de vida

 26 Marzo 2025 UGT

Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral correspondientes al cuarto trimestre de 2024 publicados hoy por el INE registran un aumento trimestral del PIB del 0,8%, un 3,4% en términos anuales. Este es el quinto trimestre consecutivo en el que el crecimiento del PIB acelera, un signo de fortaleza de la economía española. Tras este dato el conjunto de 2024 cierra con un incremento medio del 3,2%.

Entre los datos que se han conocido hoy destacan, por el lado de la demanda, el notable incremento del consumo privado, que ha crecido un 3,9% anual en este trimestre, su mejor dato en el año, y el fuerte crecimiento de la inversión, un 4,5%. Como resultado, la demanda nacional ha aportado 3,6 puntos al crecimiento del PIB, mientras que el sector exterior ha restado dos décimas a dicho crecimiento. Por el lado de la oferta, todos los sectores registran incrementos en su actividad, siendo el sector primario el que lo hace en mayor medida, un 4,2%, seguido de los servicios (3,8%), la industria (2,7%) y la construcción (2,6%).

La economía española está atravesando un buen momento, pese a las turbulencias presentes en el ámbito internacional, y así lo recogen los principales indicadores, con un aumento del PIB del 3,4% anual y el empleo creciendo a un ritmo del 2,3%. En buena parte, estos resultados provienen de la acertada política con la que se han afrontado periodos de crisis como la pandemia o la crisis inflacionista.

De este modo, gracias a las medidas para moderar el alza de los precios, al apoyo a las personas y familias más vulnerables y al avance en materia salarial, favorecido por el impacto del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el consumo privado de los hogares ha aumentado un 2,8% en el año 2024, siendo uno de los elementos más determinantes en la demanda nacional y aportando 1,5 puntos al aumento del PIB.

A este hecho se suma otro elemento clave en el corto y medio plazo para la economía española como es la introducción de los fondos europeos. El Plan de Recuperación está contribuyendo a mejorar una de las principales debilidades de la economía española como es la inversión. Si bien durante sus dos primeros años de ejecución el ritmo era lento, desde 2023 ha ido creciendo paulatinamente hasta alcanzar más de 48.000 millones de euros en convocatorias resueltas y una tasa de resolución del 60,7%.

Por ello, es crucial aumentar la inversión productiva, sobre todo enfocada a renovar el modelo de producción español, a reforzar nuestra autonomía estratégica y a impulsar los sectores que mejores condiciones de trabajo tengan y sean más respetuosos con el medioambiente.

Generar un crecimiento económico sostenible y sostenido que ponga en el centro a las personas

Un aspecto que puede ayudar para lograr que la inversión se incremente a mayor ritmo es la bajada de tipos de interés por parte del BCE, que ya los sitúa en el 2,5%, el valor más bajo desde febrero de 2023. Apuntalar los objetivos europeos desde la política monetaria debe ser una máxima para lograr la tan ansiada cohesión y el desarrollo económico y social europeo en un contexto internacional como el actual.

En resumen, el año 2024 ha cerrado con un aumento del PIB inesperado respecto a sus previsiones iniciales, situando a España como la economía que más impulsa el crecimiento en Europa. Por ello, es fundamental continuar con la transición del modelo productivo, generando un crecimiento económico sostenible y sostenido que refuerce la posición española en el ámbito europeo y que permita ampliar la cooperación con otros socios internacionales. Para lograr este objetivo es imprescindible situar en el centro de nuestro modelo de desarrollo a las personas trabajadoras, aumentando el empleo, incrementando sus salarios reales y mejorando sus condiciones de vida.

Datos

Los datos definitivos de la CNTR registran una tasa de variación anual del PIB del 3,4%, una décima superior a la del tercer trimestre, de manera que se confirma su quinta aceleración consecutiva. Por otro lado, la tasa de crecimiento trimestral se ha situado en el 0,8%, la misma cifra que se registró en el trimestre anterior. En el conjunto del año 2024 el PIB ha crecido un 3,2%.

Por el lado de la demanda, el consumo final de los hogares aumenta en un 3,8% anual, el mejor registro de todo 2024, y cierra así con un incremento medio del 2,8%. El consumo ha sido una de las piezas clave del crecimiento del PIB en el año. La inversión también acelera, en esta ocasión un 4,5%, 2,3 puntos más que el trimestre anterior, con lo que aporta 0,9 puntos al crecimiento anual del PIB en este último trimestre. De esta forma, la demanda nacional en su conjunto suma 3,6 puntos al crecimiento, mientras que el sector exterior lo reduce en 2 décimas. 

Por parte de la oferta, todos los sectores económicos presentan crecimientos trimestrales, a excepción del sector primario, que decrece un 0,7%. En términos anuales aumentan todos ellos; la agricultura lo hace en mayor medida (4,2%), seguido del sector servicios (3,8%), después la industria (2,7%) y, por último, la construcción (2,6%). Un aspecto muy significativo de la evolución económica española es el desarrollo de su industria manufacturera, que en los últimos 3 trimestres ha estado creciendo en el entorno del 4%. Este es uno de los sectores que requieren de un mejor desempeño para alcanzar una transición justa hacia un modelo productivo más sólido y respetuoso con el medio ambiente, además de cumplir un papel clave en el objetivo de autonomía estratégica que se ha fijado la Unión Europea. 

Por último, en lo que se refiere al empleo, las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 1,8% trimestral y un 2,8% interanual. Por su parte, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo registran un incremento trimestral del 0,8%, mientras que en términos anuales lo hizo un 2,3%. De esta forma, el empleo cierra el año 2024 habiendo crecido un 2,4% respecto a 2023. Con ello, en este trimestre hay 454.800 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo más respecto al mismo trimestre de 2023., con la particularidad de que, desde la reforma laboral de 2021, el empleo que se crea es de mayor calidad.

26 Mar 2025

Valencia se convirtió en la capital del comercio español con la celebración del 5º Encuentro del Comercio CEOE-C4, que reunió en el CaixaForum València a representantes de las principales organizaciones empresariales y empresas del país, así como a líderes institucionales y expertos, para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del sector comercio.

El acto, organizado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE en colaboración con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), puso en valor el papel del comercio como motor económico, generador de empleo y factor clave de cohesión social en España. 

Bajo el lema “Somos comercio, somos país”, los participantes insistieron en la necesidad de garantizar un marco normativo estable y flexible, que permita a las empresas —grandes, medianas, pequeñas y autónomos— seguir invirtiendo, innovando y creando empleo en un entorno marcado por la transformación digital y la incertidumbre económica.

La inauguración contó con la participación del presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el presidente de la C4, Ricard Cabedo; y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Comunitat Valenciana, Marian Cano, quienes coincidieron en destacar el carácter estratégico del comercio y la urgencia de aliviar la sobrerregulación que lastra la competitividad del sector. 

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que no pudo asistir de forma presencial, señaló la necesidad de reflexionar sobre los desafíos de un sector que calificó como “complejo, volátil e incierto”. Reivindicó el papel estratégico del comercio en la economía española y su valor como eje de cohesión social y territorial: “El comercio construye comunidad, vertebra el territorio y actúa como freno frente a la despoblación”, afirmó. También recordó su papel esencial en situaciones de crisis, como la pandemia o la reciente DANA, subrayando que “la vuelta a la normalidad pasa, sí o sí, por la recuperación del comercio”.

Garamendi criticó con firmeza la hiperregulación que, a su juicio, frena la competitividad, la productividad y la capacidad de generar empleo del sector. “Necesitamos menos leyes, pero de más calidad”, reclamó. Puso en valor la cercanía del comercio —el 90% de los ciudadanos tiene un supermercado a menos de 10 minutos— y reconoció el esfuerzo de empresarios y autónomos, a quienes definió como “el mejor activo del sector”.

El presidente de CEV, Salvador Navarro, por su parte, ha asegurado que para hacer frente a los desafíos del sector “hay que innovar, fortalecer la colaboración público-privada y garantizar un marco legislativo que permita al comercio seguir siendo un motor de progreso”. Asimismo, Navarro ha aprovechado el foro para recordar que el sector del comercio es uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la DANA y por ello ha incidido en que los pueblos afectados, sus comercios, necesitan “un apoyo firme y directo”. “Su recuperación no solo ayudará a la reconstrucción económica, sino también a la reactivación social y la generación de nuevas oportunidades. Nuestro objetivo ahora tiene que ser conseguir que ningún comercio más cierre sus puertas”, ha concluido. 

Reducir barreras administrativas

El presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE, Ricard Cabedo, ha llamado a conocer la realidad del comercio en España, que aporta el 13% a la economía nacional y tiene un impacto en el mercado laboral del 17% del empleo. “Pese a estos números, que demuestran que somos un sector estratégico y con un impacto social muy alto, seguimos estando sometidos a una tremenda carga regulatoria, cada comercio en España tiene que atender a 3.000 normas con impacto directo en su actividad. Necesitamos que se reduzcan estas barreras administrativas para que el sector pueda seguir siendo el motor económico y de empleo que es hoy”.

Además, añadió que el sector se enfrenta a retos muy importantes en materia laboral. De un lado, el problema del creciente absentismo, para cuya solución Ricard Cabedo ha reclamado un mayor protagonismo de las mutuas en colaboración con las administraciones públicas para la gestión de los expedientes de los trabajadores. Y de otro, el del imprescindible relevo generacional en el pequeño comercio. A ello se suma la posible aprobación de la reducción de la jornada laboral, que tendría un enorme impacto económico en el comercio, un sector presencial por definición.

La jornada, conducida por la periodista Macarena Berlín, incluyó intervenciones de alto nivel como la de Amparo López, secretaria de Estado de Comercio, quien clausuró el acto remarcando el compromiso del Gobierno con la modernización del sector y el apoyo a su competitividad. También participó Christel Delberghe, directora general de EuroCommerce, la patronal europea del comercio, quien alertó sobre la desventaja inversora de Europa frente a otras regiones y subrayó la importancia de multiplicar la competitividad del tejido empresarial español, en concreto, del sector comercio. 

Además, se celebraron mesas de debate con la participación de Rafael Torres, presidente de la Comisión de Comercio de CEV; Maribel Sáez, directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana; y la experta en innovación Silvia Leal, que abordó las implicaciones de la inteligencia artificial en el futuro del comercio. Como cierre inspirador, la exnadadora olímpica y medallista Gemma Mengual compartió una reflexión sobre esfuerzo, liderazgo y superación, muy en sintonía con los valores que impulsa el sector.

Durante la jornada se anunció además que el próximo Encuentro de Comercio tendrá lugar en la ciudad de Toledo en 2026. Desde su creación en 2021, el Encuentro Comercio CEOE-C4 se ha consolidado como el principal foro de diálogo del sector a nivel nacional, habiendo celebrado ediciones anteriores en Sevilla, Valladolid, Zaragoza y Madrid. Esta quinta edición en Valencia refuerza el compromiso de las organizaciones empresariales con un comercio fuerte, moderno, competitivo y profundamente arraigado en la vida económica y social del país.

Sobre la C4

La Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE está formada por más de 260 miembros, entre los que se encuentran las principales asociaciones del sector —ANGED, ASEDAS y CEC—, así como organizaciones territoriales y empresas líderes como El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Mercadona, Amazon, Inditex, Ikea, entre muchas otras. Su misión es representar y defender los intereses del comercio, promoviendo su competitividad y visibilizando su aportación esencial al desarrollo económico y social.

Martes, 25 de marzo de 2025

La sentencia relata que estafaron más de 76.000 euros destinados a “operaciones ruinosas” y sabían la práctica imposibilidad de que los perjudicados pudieran recuperar su inversión

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado los recursos de dos condenados por estafa y confirma la sentencia que dictó la Audiencia de Cuenca que les impuso dos años de prisión para cada uno y ocho meses de multa con una cuota diaria de diez euros. Además, en concepto de responsabilidad civil deberán afrontar el pago de una indemnización de 76.770,24 euros más intereses y abonar las costas procesales.

La sentencia del tribunal provincial relata que, a principios de 2017 Nicolás y Victoriano junto con un tercero, Victorino (no enjuiciado), idearon un plan para engañar a los denunciantes ofreciéndoles ser intermediarios de una serie de inversiones de capital para comprar lotes de artículos de ocasión para su reventa, siendo, sin embargo, operaciones ruinosas realizadas con la intención real de apropiarse ilícitamente de la mayor parte del dinero de los perjudicados.

En dicho plan, Victoriano y Victorino se presentaron con falsa apariencia de solvencia empresarial, haciendo promesas de rentabilidad en las inversiones que proponían. Por su parte, Nicolás dispuso el soporte administrativo necesario para consolidar esa fachada de realidad encargándose de la recepción y disposición del dinero de los denunciantes. Asimismo, para aumentar la verosimilitud de la trama, los acusados propusieron la creación de una sociedad limitada, denominada Rualan Inversiones, S.L.U., que sirviera de soporte jurídico a las supuestas inversiones que se iban a realizar de forma continuada en el futuro. El dinero obtenido se destinaría a recuperar el capital invertido y el beneficio a repartir: el 75% para los inversores querellantes y el 25% para los acusados.

Victoriano y Victorino propusieron participar en varios negocios, de los cuales los perjudicados aceptaron dos. El primero era la compra de un lote de ropa de ceremonia que, según los acusados, tenía un precio muy bajo a pesar de su gran calidad, y que aseguraron que podría ser revendido rápidamente con un alto margen de beneficio. Posteriormente, adquirieron otro lote de unas 8.000 prendas denominado ‘stock multimarca’. Tanto los acusados como Victorino eran en todo momento conscientes del “mal estado y del nulo valor comercial de la ropa”, así como de la “práctica imposibilidad” de recuperar el dinero invertido y mucho menos obtener beneficios.

El tribunal razona que los indicios son “absolutamente acreditados”. “Como bien se dice en la sentencia -prosigue- los autores del delito participan, con pleno dominio del hecho, entendido como dirección de las acciones comunes y necesarias para el cumplimiento del tipo penal; pero ejecutando diversas funciones en cumplimiento del designio final, repartiéndose los papeles”.

Además, los magistrados señalan que “los hechos descritos, sin necesidad de ejecutar otros distintos, suponen ya de por sí la participación en la trama orquestada, haciendo creer a los querellantes que invertían en un negocio cuando realmente solo pagaban un alto precio, confiados de su calidad por la información que se les daba, por la compra de ropa de nulo valor previamente adquirida por los autores del delito”.

Los magistrados concluyen que los hechos descritos “suponen ya de por sí la participación en la trama orquestada, haciendo creer a los querellantes que invertían en un negocio cuando realmente solo pagaban un alto precio, confiados de su calidad por la información que se les daba, por la compra de ropa de nulo valor previamente adquirida por los autores del delito”.