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2 de junio, 2020
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El Ejecutivo solicitará una última prórroga de 15 días del estado de alarma

2 de junio, 2020

Coronavirus COVID-19

El Ejecutivo solicitará una última prórroga de 15 días del estado de alarma

La Moncloa, Madrid – 31/05/20

lamoncloa.gob.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada a las comunidades autónomas en la Fase 3. Además, ha anunciado que el Ejecutivo prepara un plan de recuperación e inversión «sin precedentes» que prestará una atención específica a sectores clave como el turismo y la automoción.

En su comparecencia tras la reunión que ha mantenido por videoconferencia con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, Pedro Sánchez ha destacado los avances de las últimas semanas en la lucha contra el COVID-19. Los datos de las autoridades sanitarias -ha apuntado- indican que la curva del número de contagios está bajando de manera muy intensa «y, en consecuencia, que hemos logrado ese resultado entre todos, con el esfuerzo de todos».

Pero a pesar de esa evolución de la pandemia, «el virus sigue acechando» y es una «amenaza gravísima», según ha subrayado el presidente. «Pido prudencia y también respeto a las reglas sanitarias para evitar cualquier tipo de recaída, por mínima que sea, porque es un riesgo real», ha afirmado.

Las comunidades gestionarán la desescalada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaEl jefe del Ejecutivo ha sostenido que el estado de alarma ha resultado «esencial» para limitar la movilidad y contener la expansión del virus y que este instrumento constitucional sigue siendo necesario para culminar el proceso de transición a la nueva normalidad.

Por ese motivo, Sánchez ha comunicado a los responsables autonómicos que el Gobierno solicitará al Congreso de los Diputados «una última y definitiva prórroga de quince días del estado de alarma». La extensión actual concluye a las 00:00 horas del 7 de junio.

El presidente ha asegurado que ese estado de alarma será «mucho más liviano» y tendrá como novedad sustancial que «la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada definitivamente a las propias comunidades autónomas que estén en la Fase 3». Las comunidades decidirán cómo gestionar los ritmos y las modalidades de la vuelta a la nueva normalidad en sus territorios, incluyendo el pase de fase y su duración, según ha explicado Sánchez.

En manos del Gobierno quedará la regulación de la movilidad y, además, el Ministerio de Sanidad mantendrá funciones de cooperación e información general y respaldará y asesorará a las comunidades. Pedro Sánchez ha elogiado la labor realizada desde el inicio de la crisis por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que «nos hacen simplemente mejores como sociedad».

Compromiso para erradicar la pobreza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaComo consecuencia del COVID-19 -ha recordado el presidente-, el Producto Interior Bruto caerá más de un nueve por ciento este año; la recuperación se iniciará desde el último trimestre de 2020 y durará los dos próximos años, de forma que «al final de la legislatura estaremos en una posición mejor que antes del impacto de la pandemia».

Mientras llega esa recuperación, es necesario ayudar en primer término a miles de familias que ya soportaban situaciones de pobreza extrema antes de la emergencia actual, según ha defendido el jefe del Ejecutivo. La crisis del COVID-19 ha llevado a acelerar los planes del Gobierno para erradicar la pobreza con la aprobación el pasado viernes del Ingreso Mínimo Vital, que empezará a aplicarse el 1 de junio y beneficiará a unos 850.000 hogares y más de dos millones de personas.

«Ni el Gobierno de España ni tampoco la sociedad española van a mirar para otro lado mientras nuestros compatriotas forman colas para comer», ha dicho Sánchez, que ha añadido que «nuestro país ha ganado en justicia social, pero sobre todo ha ganado en decencia».

Plan de recuperación e inversión sin precedentes

A juicio del jefe del Ejecutivo, en paralelo a la atención a los más vulnerables debe discurrir la reconstrucción económica, tarea en la que la Unión Europea desempeña un papel fundamental.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaSánchez ha remarcado el «liderazgo activo y propositivo» de España en el ámbito europeo durante las últimas semanas y los acuerdos «sin precedentes» que se han alcanzado, como el programa de compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo y la «triple red» de 540.000 millones de euros aprobada por el Consejo Europeo del pasado 23 de abril.

Además, ha calificado de «decisiva» la posición española en otros dos procesos en marcha: el incremento del Marco Financiero Plurianual y la creación de un Fondo de Recuperación de 750.000 millones del que España sería uno de los principales beneficiarios, con unos 140.000 millones de euros.

«El Gobierno está consagrado a la preparación de un plan de recuperación e inversión de una magnitud sin precedentes», ha avanzado Sánchez. Esa iniciativa se presentará a Europa y servirá para canalizar muchas de esas ayudas y, por tanto, para recuperar el tejido productivo dañado en sectores clave como el turismo.

El presidente ha anunciado también un plan específico para la reactivación de la movilidad y la automoción, que incluirá acciones de apoyo al sector del automóvil a lo largo de toda la cadena de valor y el impulso de la transición hacia vehículos más limpios y sostenibles.

Lecciones de la emergencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaLa reconstrucción del turismo y la automoción tendrá otro rasgo común: la transformación hacia un modelo sostenible que permita la creación de empleo de calidad, según ha detallado Sánchez.

Esa prioridad implica cambios en la normativa laboral, por lo que el Ejecutivo va a trabajar desde el diálogo social para crear un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI y facilitar las habilidades en áreas de especial importancia, como la digitalización, el sector sanitario o la investigación científica.

El presidente ha resaltado precisamente la labor de los científicos españoles en la lucha contra el COVID-19, tanto a escala nacional como en proyectos europeos, y ha recordado el compromiso de España de aportar 125 millones de euros para apoyar el desarrollo de vacunas y que sean accesibles a nivel mundial. «Nunca más debemos relegar a la investigación y la ciencia. La ciencia es empuje, es progreso y nuestros investigadores son un orgullo para el conjunto del país», ha manifestado.

Otra «lección» de esta emergencia sin precedentes -ha señalado Sánchez- es que la unidad es más importante que nunca. «Hemos de mantener a raya el virus de la división, el virus de la provocación. A todos ahora les pido eso: concordia, comprensión, convivencia. A todos les pido solidaridad y empatía con los que peor lo están pasando», ha dicho. El jefe del Ejecutivo ha recordado que las banderas de España ondean a media asta desde la declaración de luto oficial en todo el país por la pandemia y ha abogado por que la enseña nacional sea «una bandera de paz, de futuro, nunca de división».

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Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos

2 de junio, 2020

30 de Abril de 2020

Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos

aepd.es

La AEPD expresa su preocupación por este tipo de actuaciones, que suponen una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados y que se están realizando sin el criterio previo de las autoridades sanitarias.

La paulatina retirada de las medidas de confinamiento y limitación de la actividad económica y social está determinando la implantación de medidas encaminadas a prevenir nuevos contagios de COVID – 19.

Entre estas medidas se está incluyendo, aparentemente de forma generalizada y en muy variados entornos, la toma de temperatura de las personas para determinar la posibilidad de que puedan acceder a centros de trabajo, comercios, centros educativos u otro tipo de establecimientos o equipamientos.

En esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos considera necesario destacar su preocupación por este tipo de actuaciones, que se están realizando sin el criterio previo y necesario de las autoridades sanitarias.

Tratamiento de datos personales sensibles

Debe señalarse, en primer lugar, que este tipo de operación supone un tratamiento de datos personales que, como tal, debe ajustarse a las previsiones de la legislación correspondiente. Esta normativa contiene apartados específicos que contemplan situaciones como la actual, al tiempo que permiten seguir aplicando los principios y garantías que protegen el derecho fundamental a la protección de datos.

Este tratamiento de toma de temperatura supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados. Por una parte, porque afecta a datos relativos a la salud de las personas, no sólo porque el valor de la temperatura corporal es un dato de salud en sí mismo sino también porque, a partir de él, se asume que una persona padece o no una concreta enfermedad, como es en estos casos la infección por coronavirus.

Por otro lado, los controles de temperatura se van a llevar a cabo con frecuencia en espacios públicos, de forma que una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considere no relevante y, sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus.

En último extremo, y dependiendo del contexto en que se aplique esta medida, las consecuencias de una posible denegación de acceso pueden tener un importante impacto para la persona afectada.

Criterios de implantación

La aplicación de estas medidas y el correspondiente tratamiento de datos requeriría la determinación previa que haga la autoridad sanitaria competente, que en estos momentos es el Ministerio de Sanidad, de su necesidad y adecuación al objetivo de contribuir eficazmente a prevenir la diseminación de la enfermedad en los ámbitos en los que se apliquen, regulando los límites y garantías específicos para el tratamiento de los datos personales de los afectados.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta, entre otras cuestiones, que según las informaciones proporcionadas por las autoridades sanitarias, hay un porcentaje de personas contagiadas asintomáticas que no presenta fiebre, que la fiebre no siempre es uno de los síntomas presentes en pacientes sintomáticos, en particular en los primeros estadios del desarrollo de la enfermedad, y que, por otro lado, puede haber personas que presenten elevadas temperaturas por causas ajenas al coronavirus.

Es por ello que estas medidas deben aplicarse solo atendiendo a los criterios definidos por las autoridades sanitarias, tanto en lo relativo a su utilidad como a su proporcionalidad, es decir, hasta qué punto esa utilidad es suficiente para justificar el sacrificio de los derechos individuales que las medidas suponen y hasta qué punto estas medidas podrían o no ser sustituidas, con igual eficacia, por otras menos intrusivas.

Por otro lado, esos criterios deben incluir también precisiones sobre los aspectos centrales de la aplicación de estas medidas. Así, por ejemplo, la temperatura a partir de la cual se consideraría que una persona puede estar contagiada por la COVID – 19 debería establecerse atendiendo a la evidencia científica disponible. No debería ser una decisión que asuma cada entidad que implante estas prácticas, ya que ello supondría una aplicación heterogénea que disminuiría en cualquier caso su eficacia y podría dar lugar a discriminaciones injustificadas.

Principio de legalidad

Como todo tratamiento de datos, la recogida de datos de temperatura debe regirse por los principios establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, entre ellos, el principio de legalidad. Este tratamiento debe basarse en una causa legitimadora de las previstas en la legislación de protección de datos para las categorías especiales de datos (artículos 6.1 y 9.2 del RGPD).

En el caso de la comprobación de la temperatura corporal como medida preventiva de la expansión de la COVID – 19, esa base jurídica no podrá ser, con carácter general, el consentimiento de los interesados. Las personas afectadas no pueden negarse a someterse a la toma de temperatura sin perder, al mismo tiempo, la posibilidad de entrar en unos centros de trabajo, educativos o comerciales, o en los medios de transporte, a los que están interesados en acceder. Por tanto, ese consentimiento no sería libre, uno de los requisitos necesarios para invocar esta base legitimadora.

En el entorno laboral, y siempre que se hayan tenido en consideración las demás cuestiones que se abordan en esta comunicación, la posible base jurídica podría encontrarse en la obligación que tienen los empleadores de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo. Esa obligación operaría a la vez como excepción que permite el tratamiento de datos de salud y como base jurídica que legitima el tratamiento.

Sin embargo, y adicionalmente, el RGPD requiere también en estos casos que la norma que permita este tratamiento ha de establecer también garantías adecuadas. Dichas garantías habrán de ser especificadas por el responsable del tratamiento.

Esa base jurídica podría ser tenida en cuenta con un alcance amplio, atendiendo a que, aunque un centro o local estén destinados a unas finalidades específicas que impliquen que en ellos se concentren un elevado número de clientes o usuarios ajenos a la empresa que los gestiona, siempre estarán presentes en ellos personas trabajadoras sobre las que el empleador mantiene sus obligaciones.

Esta aproximación, no obstante, requiere de una adecuada ponderación entre el impacto sobre los derechos de los clientes o usuarios de estas medidas y el impacto en el nivel de protección de las personas empleadas. Esa ponderación debe basarse en diferentes factores. Ante todo, los criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Pero también los relacionados con el mayor o menor riesgo que se pueda producir en cada caso concreto o con la posibilidad de aplicar medidas alternativas de protección para el personal. Por ejemplo, el riesgo será menor en un establecimiento en el que las personas empleadas estén físicamente separadas de la clientela que en otro en que esa barrera física no exista o sea más precaria.

En otros ámbitos en que no sea relevante esta base jurídica, cabría plantear la existencia de intereses generales en el terreno de la salud pública que deben ser protegidos. No obstante, esta posibilidad requeriría igualmente, como establece el artículo 9.2.i RGPD, de un soporte normativo a través de leyes que establezcan ese interés y que aporten las garantías adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades de los interesados.

La utilización del interés legítimo de los responsables del tratamiento como base legitimadora quedaría en todo caso excluida, por un doble motivo. Por una parte, porque ninguna disposición del artículo 9.2 del RGPD permite levantar la prohibición de tratamiento de datos sensibles por razones de interés legítimo (salvo que en determinadas materias así lo contemple el derecho de la Unión o de los Estados Miembro). Por otra, porque el impacto de este tipo de tratamientos sobre los derechos, libertades e intereses de los afectados haría que ese interés legítimo no resultara prevalente con carácter general.

Limitación de finalidad y exactitud de los datos

La normativa de protección de datos contiene otras disposiciones que resultan también especialmente aplicables en el caso de las mediciones de temperatura como medida de prevención contra la expansión de la COVID – 19.

Entre los principios de protección de datos recogidos en el RGPD, debe mencionarse el de limitación de la finalidad. Este principio supone que los datos (de temperatura) solo pueden obtenerse con la finalidad específica de detectar posibles personas contagiadas y evitar su acceso a un determinado lugar y su contacto dentro de él con otras personas. Pero esos datos no deben ser utilizados para ninguna otra finalidad. Esto es especialmente aplicable en los casos en que la toma de temperatura se realice utilizando dispositivos (como, por ejemplo, cámaras térmicas) que ofrezcan la posibilidad de grabar y conservar los datos o tratar información adicional, en particular, información biométrica.

De igual modo, el principio de exactitud, aplicado en este contexto, implica que los equipos de medición que se empleen deben ser los adecuados para poder registrar con fiabilidad los intervalos de temperatura que se consideren relevantes. Esta adecuación debiera establecerse utilizando solo equipos homologados para estos fines y con criterios que tengan en cuenta esos niveles de sensibilidad y precisión. El personal que los emplee debe reunir los requisitos legalmente establecidos y estar formado en su uso. Conviene insistir, a este respecto, en el impacto que sobre los interesados tendría que la identificación de un posible indicador de la existencia de contagio resultara errónea como consecuencia de un equipo inapropiado o de un mal desarrollo de la medición.

Derechos y garantías

En todo caso, los afectados siguen manteniendo sus derechos de acuerdo con el RGPD y siguen siendo de aplicación las demás garantías que el Reglamento establece, si bien adaptadas a las condiciones y circunstancias específicas de este tipo de tratamiento.

En ese sentido, debieran considerarse, entre otras, medidas relativas a la información a los trabajadores, clientes o usuarios sobre estos tratamientos (en particular si se va a producir una grabación y conservación de la información), u otras para permitir que las personas en que se detecte una temperatura superior a la normal puedan reaccionar ante la decisión de impedirles el acceso a un recinto determinado (por ejemplo, justificando que su temperatura elevada obedece a otras razones). Para ello, el personal deberá estar cualificado para poder valorar esas razones adicionales o debe establecerse un procedimiento para que la reclamación pueda dirigirse a una persona que pueda atenderla y, en su caso, permitir el acceso.

Es igualmente importante establecer los plazos y criterios de conservación de los datos en los casos en que sean registrados. En principio, y dadas las finalidades del tratamiento, este registro y conservación no debieran producirse, salvo que pueda justificarse suficientemente ante la necesidad de hacer frente a eventuales acciones legales derivadas de la decisión de denegación de accesos.

Debe señalarse, por último, que esta comunicación se refiere con carácter general a cualquier proceso de toma de temperatura en los escenarios más probables en este periodo de mitigación del confinamiento y limitaciones a la movilidad y a la actividad social y económica.

Sin embargo, dependiendo del tipo de tecnología que se emplee, puede ser necesario tomar en consideración otros elementos que, aunque relacionados con los mencionados, tienen una especial incidencia en una u otra de esas diferentes tecnologías.

Este es el caso de las cámaras térmicas, a las que ya se ha hecho alusión, en la medida en que pueden ofrecer posibilidades adicionales a la toma de temperatura y que, por ello, deben ser utilizadas prestando especial atención a los principios de limitación de finalidad y minimización de datos establecidos por el artículo 5.1 RGPD.

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Un 70% del personal de Justicia se reincorpora al trabajo presencial

2 de junio, 2020

Un 70% del personal de Justicia se reincorpora al trabajo presencial

  • CSIF denunciará las infracciones en materia de seguridad y salud
  • Los juicios se señalarán en breve sin criterios de aforos máximos, sin evaluar riesgos en las salas ni instrucciones para manejar los expedientes
  • CSIF urge al Ministerio a aplicar las medidas de protección antes de
    cambiar de fase: test masivos ya

26 de Mayo de 2020 csif.es

Un 70% del personal de Justicia se reincorpora al trabajo de forma presencial en todo el país. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y primero en la Administración de Justicia, ha exigido al Ministerio que aplique de forma efectiva todas las medidas de protección de la salud antes de cambiar de fase.

Desde CSIF advertimos de que no se puede volver presencialmente al trabajo sin aplicar las medidas que el propio Ministerio de Justicia ha establecido, ya que sigue supeditando la desescalada a criterios ajenos a la seguridad laboral.

Así, estos empleados/as públicos se incorporarán -en la fase 2 del Plan de Desescalada en Justicia- en todos los órganos judiciales en turnos rotatorios diarios, con independencia de la fase de desescalada general en la que se encuentre la provincia donde trabajen.

Se activará también la posibilidad de establecer turno de tarde, pero siempre que no se pueda garantizar la distancia interpersonal de dos metros en la jornada ordinaria.

Además, próximamente empezarán a señalarse juicios sin que se hayan establecido aforos máximos; se va a incrementar la actividad judicial sin que se hayan realizado evaluaciones de riesgo de tareas tan comunes como la práctica de diligencias fuera de la sede judicial; uso de las salas de vista; establecimiento de recorridos internos y uso de ascensores; manejo de expedientes; paquetes, etc.

Desde el sindicato, insistimos en que hay que hacer test a todo el personal que se reincorpore, especialmente, a quienes vuelvan a trabajar tras pasar el Covid-19 o haber estado aislados, con síntomas o por contacto estrecho con contagiados.

Mascarillas: tarde y mal

En relación con las medidas de seguridad laboral, el Ministerio ha anunciado la compra de un millón de mascarillas, que llegarán en el mes de julio, y con las que piensa cubrir las necesidades hasta el mes de septiembre u octubre, en el ámbito de su competencia.

Asimismo, ha encargado a una empresa la medición de los espacios para determinar los aforos en las sedes judiciales y para la aplicación de otras medidas de seguridad y que reforzará los servicios de prevención con personal sanitario.

Pese a todos estos anuncios, desde el sindicato subrayamos que los trabajadores/as de Justicia que se reincorporan tienen derecho a medidas efectivas desde el primer momento y no es de recibo que tras más de dos meses se siga hablando de unos medios que no llegan.

Por esta razón, CSIF denunciará las infracciones que se detecten en materia de seguridad y salud. Hace falta reactivar la Administración de Justicia, pero la vuelta al trabajo debe hacerse de forma segura y con los medios de protección adecuados.

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La CNMC revisa su Plan de Actuación de 2020

2 de junio, 2020

La CNMC revisa su Plan de Actuación de 2020

29 Mayo 2020

cnmc.es

◦En el contexto de la situación creada por el Covid-19, se revisa el Plan de Actuación para 2020 publicado a primeros de febrero.
◦Se mantienen los objetivos inicialmente planteados y se incorporan actuaciones adicionales dirigidas a analizar posibles incumplimientos de la normativa en el marco COVID.

La CNMC ha revisado su Plan de Actuación de 2020 para adaptarlo a la nueva realidad generada por la pandemia del Covid-19.

La revisión no supone una modificación de la estrategia general fijada para 2020. En el Plan revisado se mantienen gran parte de las actuaciones previstas, que se realizarán en plazo o con un ajuste en su calendario, prueba de que este organismo ha sabido adaptarse a las nuevas condiciones de teletrabajo exigidas por la situación de emergencia. Con ello, la CNMC se reafirma en la necesidad de prestar atención a la supervisión de los mercados regulados (energía, telecomunicaciones, audiovisual, transportes y postal) y de reforzar la detección de las prácticas más dañinas para la competencia.

El Plan incorpora nuevas actuaciones que no estaban previstas y a las que la CNMC está dedicando sus esfuerzos como consecuencia de la situación a la que hacemos frente.

Entre otras, destaca el análisis de posibles incumplimientos de la normativa en el marco COVID y las actuaciones derivadas de la gestión del buzón de consultas y denuncias (covid.competencia@cnmc.es) en materia de competencia ante la pandemia.

Otro de los nuevos aspectos del plan se refiere a las medidas relativas a los procesos de portabilidad en materia de comunicaciones electrónicas como consecuencia de la normativa excepcional adoptada durante el estado de alarma.

AAPP, cooperación y asesoramiento

Además, se desarrollarán orientaciones a las Administraciones Públicas para la concesión de ayudas públicas, la contratación pública y la regulación encaminada a favorecer la recuperación económica.

La CNMC insiste en su plan de actuación en la importancia de reforzar la cooperación con otros organismos públicos para que las actuaciones conjuntas tengan un impacto eficaz en el mercado y en la recuperación económica ante a situación creada por el Covid-19.

Ciertas actuaciones se suprimen del Plan, en particular aquellas que tienen que ver con reuniones internacionales que la CNMC tenía previsto organizar y que han quedado suspendidas.

Plan de actuación 2020

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Castillo de Santa Cruz. Oleiros

1 de junio, 2020
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El Rey felicita por videoconferencia a los militares en misiones nacionales e internacionales

1 de junio, 2020

Día de las Fuerzas Armadas

El Rey felicita por videoconferencia a los militares en misiones nacionales e internacionales

Sábado 30 de mayo de 2020

lamoncloa.gob.es

30/05/2020. Día de las Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa

S.M. el Rey acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido esta mañana, en la Base de Retamares de Pozuelo de Alarcón -sede del Mando de Operaciones- una videoconferencia con militares en operaciones permanentes nacionales, operaciones en el exterior y con militares que han participado en la operación «Balmis» de lucha contra el COVID-19, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

A su llegada, Don Felipe -quien no ha recibido honores de ordenanza, tal y como prescribe la actual situación de luto nacional- ha sido recibido por la ministra de Defensa y ha saludado al jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, la Armada y general jefe de la UME.

A continuación, se ha dirigido al edificio del Cuartel General donde se ha desarrollado la videoconferencia a partir de las 9:30 horas.

Antes de iniciarse el acto, todos los asistentes han mantenido un minuto de silencio en recuerdo por todos los fallecidos por el COVID-19, así como por los caídos de las Fuerzas Armadas en acto de servicio.

En el primer bloque de conexiones con unidades que efectúan operaciones permanentes nacionales, el Rey ha conversado con responsables del Mando Operativo de Mellilla, del Ejército de Tierra. También ha contactado con el Buque de Acción Marítima «Relámpago», así como con el Grupo Central de Mando y Control del Ejército del Aire.

Como haría tras cada una de las posteriores intervenciones, Felipe VI tuvo unas breves palabras de agradecimiento y ponderación para cada una de las misiones con las que conectó, haciendo incluso alguna pregunta de tipo personal a sus interlocutores.

Destacamentos en el exterior

En un segundo bloque de conexiones con operaciones en el exterior, han informado a Don Felipe el general de brigada Marcos Llago jefe del contingente español destacado en el Líbano y el coronel César García jefe del contingente español destacado en Besmayah, Irak, por parte del Ejército de Tierra.

Por parte del Ejército del Aire ha cumplimentado a S.M. el Rey el mando responsable del destacamento desplegado en Vilkas, Lituania, donde se encuentran aviones del Ala 15, en misión de apoyo a nuestros aliados. El contralmirante Ignacio Villanueva, Force Commander de la operación Atalanta, a bordo de la fragata «Numancia», lo ha hecho en representación de los contingentes de la Armada desplegados en operaciones en el exterior.

Operación «Balmis»

La videoconferencia ha continuado con un tercer bloque de enlaces con unidades que están participando en la operación «Balmis», de lucha contra el COVID-19.

Del Ejército de Tierra han tomado parte mandos responsables de la participación en este operativo de la Brigada «Galicia» VII y del Regimiento de Defensa NBQ nº1, así como de la Unidad de Seguridad del Mando Naval de Canarias. Por el ejército del Aire ha participado el comandante Manuel Navarro, quien fue el jefe de la misión del primer vuelo a China, a bordo de un avión A400M, para traer material sanitario a nuestro país.

Entre las unidades que han participado también en la videoconferencia, por parte de la UME lo han hecho mandos del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales y del Laboratorio de Identificación Rápida, que ha contactado desde el Pabellón 14 de IFEMA.

A continuación, el coronel jefe de la Guardia Real, José Manuel Salom ha expuesto los apoyos de esta unidad a la operación «Balmis». Por último el general de brigada, director del Hospital Central de la Defensa, Miguel Fernández, en representación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, ha cerrado las intervenciones de las unidades participantes.

Esperanza y confianza

Por su parte la ministra de Defensa ha recalcado en unas palabras posteriores «el agradecimiento infinito a las Fuerzas Armadas por su generosidad en la crisis del Covid». Margarita Robles ha señalado como las mismas han actuado con entrega y plenamente integradas con el resto de la sociedad española, resaltando el reconocimiento que todos los españoles tienen hacia las mismas».

Más allá de esta contingencia concreta, la ministra ha destacado igualmente el agradecimiento a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas por el trabajo que realizan día a día.

Tras las intervenciones, Felipe VI ha enviado a todos los militares un mensaje de esperanza y confianza en el porvenir, como refleja el lema del Día de las Fuerzas Armadas para este año: ‘Juntos por un futuro mejor’. «Aunque queden tiempos duros e inciertos -ha dicho el Rey-, juntos estamos superando la crisis más importante de nuestra historia reciente. Pero somos un gran país que encara siempre de frente las dificultades para saberlas vencer».

«Os animo a continuar trabajando codo con codo con el resto de la sociedad, con la misma ilusión y determinación, con la plena convicción de que juntos no hay crisis que no podamos superar». «Vuestro compromiso con la sociedad -añadió Don Felipe-, unido a la profesionalidad y humanidad que habéis empleado en la lucha contra el virus, permanecerá como ejemplo y motivo de orgullo de todos nosotros».

Finalizada la videoconferencia, S.M. el Rey junto a la ministra de Defensa, el JEMAD, el secretario de Estado de Defensa y los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, se han hecho la tradicional foto de familia con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

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Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan avanzar hacia la fase 3 en el plazo previsto, a partir del próximo 9 de junio

1 de junio, 2020

Estado de alarma / Covid-19

Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan avanzar hacia la fase 3 en el plazo previsto, a partir del próximo 9 de junio

mjusticia.gob.es

• El ministro Campo pide un esfuerzo para que los meses de junio y julio sean de “plena operatividad” en la Justicia, de forma que en septiembre “podamos estar al 100%”.

29 de mayo de 2020.- La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia ha analizado en su reunión de esta mañana el escenario que se abrirá con la activación de la fase 3 de la desescalada en la Justicia y la reanudación de los plazos procesales desde el próximo 4 de junio. También se han concretado las medidas de choque para reforzar la actividad judicial a partir de septiembre, tras el parón ocasionado por la crisis sanitaria.

La Comisión, compuesta junto al Ministerio por miembros del CGPJ, Fiscalía General del Estado, CCAA y Consejo General de la Abogacía, ha acordado avanzar hacia la fase 3 en el plazo previsto, la semana del 9 de junio, con el 100% de efectivos trabajando presencialmente en los juzgados.
Durante su intervención, el ministro ha pedido a todos los operadores jurídicos un esfuerzo en sus respectivos ámbitos competenciales para que los meses de junio y julio sean de “plena operatividad” en la Justicia. Y ha pedido “estar alineados al máximo” en la actividad a desarrollar en agosto, de forma que en septiembre “podamos estar al 100%”.

Entre las medidas de refuerzo que se activarán a partir del mes de septiembre, está la creación de juzgados que temporalmente atenderán los asuntos derivados de la crisis. Campo ha indicado que se trabaja en un modelo de órganos judiciales con una plantilla reducida “pero muy operativos”, además de unidades judiciales volantes, cuya creación se ha sometido a criterio y estudio por parte de la Comisión.

El ministro ha agradecido a sus integrantes el nivel de coordinación alcanzado y la buena predisposición demostrada por todas las CCAA, y en concreto, ha destacado del Consejo, “el enorme esfuerzo de sintonía” en las cuestiones que más afectan a la actividad jurisdiccional.

Campo les ha trasladado que, junto a este mecanismo de coordinación reforzado entre instituciones, se potenciarán las reuniones técnicas en esta fase del proceso de la desescalada.

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El universo financiero: estación espacial Servicio de Caja

1 de junio, 2020
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Mujeres con discapacidad en puestos tecnológicos, objetivo del programa RADIA

1 de junio, 2020

27 Mayo 2020

Abierta la convocatoria hasta el 30 de junio

Mujeres con discapacidad en puestos tecnológicos, objetivo del programa RADIA

La iniciativa está impulsada por Fundación ONCE, Fundación CEOE y la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades.

ceoe.es

Fundación ONCE, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y Fundación CEOE ponen en marcha un nuevo e innovador proyecto cuyo objetivo es favorecer la inclusión de personas con discapacidad en entornos de trabajo digital y ofrecer oportunidades de empleo a las mujeres con discapacidad, que constituyen el grupo que menos opciones tiene de desarrollo profesional en los ámbitos tecnológicos.

Las mujeres con discapacidad que quieran desarrollar su carrera profesional en un campo laboral tecnológico tienen ahora una oportunidad con el Programa RADIA, que ofrece un total de 50 becas para llevar a cabo un proceso de formación que comenzará el próximo mes de septiembre y finalizará en junio de 2021.

La formación está dividida en tres fases que combinan formación presencial y virtual, sobre los asuntos más candentes de la transformación digital, como inteligencia artificial, fintech, esport, ecommerce, ciberseguridad, biotecnología, blockchain ó Green teach. Además, contará con tutela y formación inspiradora con mentoras de diferentes empresas y prácticas en empresas tecnológicas. La primera fase, Brain Storm, comenzará el 22 de septiembre. La fase Mentor Women se desarrollará a lo largo de 12 de semanas y en ellas las becadas conocerán los contextos reales del ámbito tecnológico de la mano de profesionales que trabajan en el ámbito digital y les mostrarán su día a día, con la finalidad de enseñarles, inspirarles y empoderarlas. En la última fase, denominada Real Work, las seleccionadas recibirán una formación digital en 100 sesiones de 4 horas y estarán apoyadas por mentores para realizar prácticas en las empresas seleccionadas. Está previsto que finalice el 30 de junio de 2021.

Las mujeres con discapacidad interesadas tienen hasta el próximo 30 de junio para poder presentar sus candidaturas en la web www.programaradia.com

Una vez analizada la documentación se desarrollará un proceso de selección que contemplará una entrevista online a las personas solicitantes.

Programa RADIA

La historia de Radia Perlman inspiró el nombre del programa RADIA WOMEN’S DIGITAL INCLUSION. Radia es la creadora de uno de los protocolos de comunicación más utilizados del mundo que hace que las redes funcionen correctamente, sean estables, robustas y seguras.

Actualmente, solo uno de cada seis especialistas TIC incorporados al mercado laboral son mujeres. A este dato se une además la circunstancia de la discapacidad, que dificulta la inclusión de las mujeres con discapacidad en el ámbito de la educación superior y el empleo. Por eso el propósito del programa es ofrecer formación y empleo que incluyan a más mujeres con discapacidad en el sector digital, reconociendo tanto el valor de sus contribuciones, como su talento, algo esencial para construir una sociedad digital inclusiva, competitiva y dinámica.

Desde esta perspectiva, RADIA establece una serie de pasos encaminados a aumentar el número de universitarias con discapacidad sentadas en puestos de trabajo basados en el manejo de tecnología digital.

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Oleiros. Pradera en el paseo As Galeras

31 de mayo, 2020
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Comunicado conjunto del Gobierno de la Generalitat, CCOO de Cataluña, UGT de Cataluña, Foment del Treball y PIMEC, ante el anuncio oficial de Nissan del cierre de sus centros de trabajo en Cataluña

31 de mayo, 2020

Comunicado conjunto del Gobierno de la Generalitat, CCOO de Cataluña, UGT de Cataluña, Foment del Treball y PIMEC, ante el anuncio oficial de Nissan del cierre de sus centros de trabajo en Cataluña

Se comprometen a continuar trabajando para mantener la actividad de Nissan y su parque de proveedores en Cataluña y posan en valor la unidad de acción

foment.com

28 de mayo de 2020

Ante el anuncio oficial de la empresa Nissan Motor confirmando los rumores sobre el cierre de sus centros de trabajo en Cataluña, afectando a más de 3.000 trabajadores de forma directa y 20.000 de forma indirecta, el Gobierno de la Generalitat y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña:

1.Manifiestan el rechazo al anuncio de cierre de los centros de trabajo de la compañía Nissan Motor en Cataluña y la grave preocupación por el impacto económico y social que pueda tener, así como la forma de anunciar esta decisión con tanto breve margen de tiempo.

2.Instan en Nissan a reconsiderar la decisión por responsabilidad ante sus trabajadores y trabajadoras, ante las empresas proveedoras y ante el territorio que lo ha acogido los últimos 40 años.

3.Se comprometen a continuar trabajando para mantener la actividad de Nissan y su parque de proveedores en Cataluña y posan en valor la unidad de acción de las diferentes administraciones, patronales y sindicatos para evitar que se confirme el cierre definitivo de los centros de trabajo en Cataluña.

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La nómina de pensiones contributivas de mayo se sitúa en 9.852,78 millones de euros

31 de mayo, 2020

Coronavirus COVID-19 – Seguridad Social

La nómina de pensiones contributivas de mayo se sitúa en 9.852,78 millones de euros

Martes 26 de mayo de 2020

lamoncloa.gob.es

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió a los 9.852,78 millones de euros a 1 de mayo, lo que supuso un incremento del 2,52% respecto al mismo mes del año pasado.

En comparación con el mes anterior ha registrado un retroceso del 0,27%, el primero de la serie.

Más de dos tercios de la nómina se destinaron al abono de las pensiones de jubilación, cuyo montante ascendió a 7.049,44 millones de euros.

Esta cuantía creció un 3,02% en los últimos doce meses. A las pensiones de viudedad, se destinaron 1.698,64 millones de euros, un 1,28% más que hace un año. El crecimiento de la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente fue del 1,15%, hasta situarse en 940.17 millones. A prestaciones de orfandad, por su parte, se dedicaron 139.1 millones (1,39%), y a las prestaciones a favor de familiares, 25,3 millones de euros, un 3,62% más.

Número de pensiones y pensión media

El conjunto del Sistema incluyó un total de 9.754.137 pensiones contributivas (38.508 menos que el mes anterior), un 0,48% más que el año pasado. El 62,26%, en concreto 6.073.499, fueron por jubilación; 2.343.975 correspondieron a prestaciones de viudedad; 953.905 a incapacidad permanente; 339.814 a orfandad y 42.944 fueron pensiones a favor de familiares.

La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanzó los 1.010,11 euros mensuales, lo que supuso un aumento interanual del 2,03%. La pensión media de jubilación ascendió a 1.160,6 euros, un 2,02% más respecto al año pasado. Por su parte, la pensión media de viudedad fue de 724,6 euros al mes.

En cuanto a las nuevas altas de pensiones, su cuantía fue mayor que la media del Sistema y superior en un 9,8% al importe de las nuevas pensiones en 2019. En el mes de abril, última fecha disponible, las pensiones correspondientes a las nuevas altas de jubilación fueron de 1.472,49 euros al mes. Las del Régimen General llegaron a 1.616,33 euros/mes.

Descenso del 32,2% en el número de altas

Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el número de altas de pensión registradas en abril (31.232 pensiones) de este año descendió en un 32,2% respecto al mismo mes del año pasado (46.051) y un 13,9% si se compara con el mes anterior (36.274).

En esta estadísticas se observa, acentuándose la tendencia del mes anterior, un descenso en el número de pensiones y de pensionistas. En parte, esto se debe al menor número de altas en el Sistema debido al cierre de oficinas y a la situación de confinamiento.

En lo que va de año, se ha registrado una reducción del 33,8% en el número de expedientes iniciados en comparación con el mismo periodo del año pasado (según los datos facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social). Por ejemplo, en marzo y abril se han iniciado 32.512 expedientes por jubilación, frente a los 49.798 de un año antes.

Pero también hay que tener en cuenta cómo ha influido la pandemia de COVID-19 en términos de mortandad sobre el conjunto de la población y, en mayor medida, sobre el colectivo de las personas de mayor edad.

Si se considera el acumulado anual desde enero hasta el inicio de mayo de 2020 han causado alta 157.896 nuevas pensiones (lo que supone un descenso del 22,1% respecto al mismo periodo del año anterior), y han causado baja 205.638 pensiones (un 17,5% más que el año anterior).

A raíz del decreto del estado de alerta, las oficinas de la Seguridad Social dejaron de prestar atención presencial. Los ciudadanos deben presentar las solicitudes de prestaciones y realizar el resto de trámites con el organismo exclusivamente por vía telemática o telefónica. Esto ha motivado que una parte de los ciudadanos opten por retrasar las gestiones con el organismo.

No obstante, la Seguridad Social ha habilitado en su página web un formulario para que quienes no disponen de certificado digital puedan realizar estos trámites.

Clases Pasivas

Por otro lado, el número de pensiones de las Clases Pasivas en vigor en el mes de abril ha sido de 636.302, lo que ha situado la nómina en ese periodo en 1.151,15 millones de euros.

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El Gobierno autoriza los avales nacionales requeridos para la puesta en marcha del mecanismo europeo de apoyo al desempleo (SURE).

31 de mayo, 2020

26 de mayo de 2020

mineco.gob.es

El Gobierno autoriza los avales nacionales requeridos para la puesta en marcha del mecanismo europeo de apoyo al desempleo (SURE).

Este mecanismo, uno de los tres de apoyo financiero a corto plazo acordados por la UE, se financiará mediante deuda comunitaria cubierta por garantías nacionales de los 27 Estados miembros. Una vez puesto en marcha, las ayudas permitirán a los Estados miembros que las soliciten financiar esquemas de protección de desempleo, como por ejemplo los ERTE, con el fin de proteger a los trabajadores y reducir el impacto económico y social del COVID-19.
El Consejo de Ministros ha acordado también flexibilizar la tramitación de moratorias acordadas por asociaciones de entidades financieras, lo que permitirá un importante alivio para un amplio colectivo de hogares y empresas.
Esta iniciativa está en línea con las recomendaciones promovidas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para limitar el impacto económico causado por la pandemia.
También se amplía el plazo de las fundaciones bancarias para dotar su fondo de reserva ante la limitación de los dividendos .

26 de mayo de 2020. El Consejo de Ministros ha autorizado el otorgamiento de los avales necesarios para la participación de España en el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia creado por la Comisión Europea, conocido como SURE.

Este instrumento se enmarca en el conjunto de medidas y programas aprobados por la Unión Europea de apoyo al tejido empresarial y a la financiación de los Estados miembros, y complementa las medidas nacionales puestas en marcha para mitigar los efectos económicos y sociales del COVID-19

El SURE permite financiar esquemas temporales de apoyo al empleo como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y tiene como objetivo proteger a los trabajadores y reducir el impacto del desempleo y las pérdidas de ingresos.

Los Estados miembros contribuyen al instrumento garantizando parte del riesgo asumido por la Unión Europea mediante el otorgamiento de avales.

Esta autorización se incluye en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

Moratorias

En la norma aprobada se incluyen también medidas para agilizar la concesión de moratorias acordadas por las asociaciones de entidades financieras de préstamos hipotecarios y sin garantía hipotecaria. Se prevén los requisitos para que las moratorias sectoriales, establecidas por las entidades financieras a través de sus asociaciones representativas (AEB, CECA, ASNEF o UNACC) y ofrecidas a sus clientes, gocen de una tramitación ágil, garantizando la protección del deudor.

Adicionalmente, se aclara que también podrán ser objeto de aplazamiento de cuotas los contratos de arrendamiento financiero (leasing), modalidad de contrato muy habitual entre los autónomos.

Se facilita así que más personas se beneficien del alivio financiero que supone aplazar las cuotas de sus préstamos en el contexto de la emergencia sanitaria.

Esta medida está alineada con las recomendaciones realizadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, según sus siglas en inglés) para promover iniciativas dirigidas a limitar el impacto económico causado por la pandemia y, en particular, la extensión de aplazamientos y moratorias a partir de acuerdos promovidos por asociaciones de entidades en cada Estado miembro.

Asimismo, tras la recomendación realizada por el Banco Central Europeo a las entidades financieras de limitar el reparto de dividendos correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, el Real Decreto-ley suspende la obligación de las fundaciones bancarias con participación de control en una entidad de crédito de dotar, en este año 2020, el fondo de reserva. En consecuencia, las dotaciones pendientes quedan aplazadas al periodo 2021-2024, prolongándose un ejercicio el plazo establecido.

Finalmente, el Real Decreto-ley establece que el presidente del FROB continúe en su cargo hasta el nombramiento de su sustituto.

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Asturias –

30 de mayo, 2020
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El Foro Medcap concluye con más de 3.000 conexiones y 1.300 reuniones entre empresas e inversores

30 de mayo, 2020

El Foro Medcap concluye con más de 3.000 conexiones y 1.300 reuniones entre empresas e inversores

bolsamadrid.es

•Gonzalo Gómez Retuerto, Director General de BME Renta Fija, resalta que el crecimiento del MARF refleja un cambio estructural en la economía española

•Berta Ares, Directora General de BME Inntech, afirma que la digitalización de la economía no tiene marcha atrás en un mundo que cambia muy deprisa

•Lola Solana, de Santander AM, destaca que la actual crisis ha generado grandes oportunidades de inversión en las pequeñas y medianas empresas

El Foro Medcap 2020 ha echado hoy el cierre a su decimosexta edición, la primera que se celebra de forma telemática, como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Han sido tres días de intensa actividad, con 12 paneles en los que expertos de distintas compañías y entidades han reflexionado sobre cuestiones de actualidad, con especial atención al impacto en la economía de la crisis del coronavirus.

A lo largo de sus tres días, más de 3.000 personas se han conectado a alguno de los paneles del evento. El evento ha albergado también más de 1.300 reuniones entre los representantes de las más de 100 empresas y los más de 200 inversores que han asistido al Foro, de los que el 52% procedía de fuera de España.

La tercera sesión del Foro ha incluido un panel sobre soluciones de financiación en los mercados de Renta Fija, que ha contado con la participación de Gonzalo Gómez Retuerto, Director General de BME Renta Fija. Según ha destacado en su intervención, el MARF, que nació tras la anterior crisis, se ha convertido en estos años en un mercado de referencia para la aplicación de las políticas públicas, en alusión al programa de avales del ICO por importe de hasta 4.000 millones de euros para programas de pagarés del MARF, aprobado recientemente por el Gobierno, y a las inversiones del ICO en este mercado de BME. Hasta el momento, este organismo ha invertido en programas de pagarés del MARF por importe de 210 millones de euros. “Valoramos el esfuerzo de las Administraciones Públicas para facilitar que la liquidez llegue a las empresas”, ha destacado.

El director general de BME Renta Fija ha afirmado que el crecimiento del MARF en los últimos años demuestra un cambio estructural de la economía española, por el mayor acceso de todo tipo de compañías a nuevas fórmulas de financiación. Por eso, ha señalado que los mercados de capitales tendrán un papel relevante en la recuperación de la crisis del Covid-19.

Junto a él han participado en la mesa, moderada por Raquel Arechabala, Directora de Inversiones y Negocio de Norbolsa; el Director de Axesor, Adolfo Estévez; el Director General Financiero de Ormazabal, Fernando Zabalgogeazcoa, y el Director General Corporativo de Sidenor, Marco Pineda. Todos ellos han destacado la importancia de que las empresas diversifiquen sus fuentes de financiación a través de los distintos instrumentos que ofrecen los mercados de Renta Fija, como el MARF.

El último panel del Foro ha versado sobre la digitalización de la economía y ha estado moderado por Berta Ares, Directora General de BME Inntech, quien ha declarado que “vivimos en un mundo que cambia muy rápido y requiere una capacidad de adaptación continua. El actual proceso de digitalización no tiene marcha atrás, de la mano de tecnologías como el blockchain o de la inteligencia artificial”.

También han compartido su visión sobre las tendencias de digitalización y los retos del futuro Gabriela Orille, co-CEO de MyInvestor; Pablo Martín, CEO de Izertis, y José Antonio Martínez, CEO de Making Science. Todos ellos han coincidido en señalar las ventajas de la tecnología para impulsar la economía y mejorar la sociedad, como ha quedado patente con la crisis del coronavirus, que ha sido una especie de “test de estrés” de la digitalización de las compañías.

Otra de las mesas que más expectación ha despertado es la que han protagonizado Mónica Muñoz, Directora de Ventas de Morningstar, y Lola Solana, Head of Small Caps & ESG Equity Funds de Santander AM, en la que ésta ha afirmado que la crisis del coronavirus ha generado una oportunidad única para comprar valores de calidad sin deuda que habían caído mucho. Solana reveló que en las últimas semanas ha hecho cambios en sus carteras, para invertir en sectores como el tecnológico, el farmacéutico, el consumo estable o las comunicaciones y salir de sectores estructuralmente dañados por la crisis del Covid-19.

En su opinión, las pequeñas y medianas empresas son menos volátiles que las grandes y, a largo plazo, ofrecen mayores rentabilidades. “Sin estas compañías, no hay salida de la crisis, por eso tenemos que apostar por ellas”, señaló.

Al igual que en los dos días anteriores del Foro, también ha habido espacio para debatir sobre la situación actual y los planes de futuro de distintos sectores relevantes para la economía española. Esta vez fue el turno del sector inmobiliario, en un panel moderado por Alberto Valls, Socio de Deloitte, en el que participaron Ricardo Pumar, presidente de Grupo Insur; Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, y Javier Illán, presidente de Millenium Hotels Real Estate. Los tres compartieron su visión sobre los retos a los que se enfrenta el sector y cómo la crisis del Covid-19 está afectando a cada segmento de su actividad. Por su parte, Javier Illán, Presidente de la SOCIMI cotizada en el MAB, Millenium Hotels Real Estate, ha destacado la intención de la compañía de pasar al mercado continuo, a ser posible el año que viene o principios de 2022.

El próximo año se celebrará la decimoséptima edición del Foro Medcap, que se ha consolidado como una cita imprescindible para los inversores y las compañías de pequeña y mediana capitalización en España.

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El TSXG acuerda que los miembros de la carrera judicial trabajen de forma presencial

30 de mayo, 2020

Lunes, 25 de mayo de 2020

El TSXG acuerda que los miembros de la carrera judicial trabajen de forma presencial

A partir de mañana, los jueces y juezas recuperarán el turno ordinario previo a la declaración del estado de alarma. La decisión se ha tomado tras la activación de la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado que los miembros de la carrera judicial trabajen de forma presencial a partir de mañana. Por lo tanto, los turnos de presencia y disponibilidad de los jueces y juezas de todos los órganos judiciales de Galicia quedan suprimidos, recuperándose el turno presencial ordinario previo a la declaración del estado de alarma, según consta en el acuerdo adoptado hoy en reunión extraordinaria por la Sala de Gobierno.

La decisión se ha tomado tras la publicación de la Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19, y teniendo en cuenta la resolución de 25 de mayo de 2020 en la que la Xunta decreta que las oficinas judiciales deben contar con la presencia de entre un 60% y 70% de la plantilla efectiva.

El pasado 4 de mayo la Sala de Gobierno del TSXG ya había dejado sin efecto el sistema de turnos presenciales aprobado el 15 de marzo para permitir a todos los jueces y juezas de Galicia la posibilidad de trabajar de forma presencial. Quienes entonces ya optaron voluntariamente por esa opción lo hicieron, al igual que harán los que se reincorporen mañana, cumpliendo las indicaciones y prevenciones sanitarias que se recogen en la Guía de Buenas Prácticas para la Reactivación de la Actividad Judicial y Adopción de Medidas de Salud Profesional para la Prevención de Contagios en Sedes Judiciales, aprobada por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 29 de abril.

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La Audiencia Nacional reanuda el 8 de junio el juicio a la excúpula de los Mossos d`Esquadra

30 de mayo, 2020

Jueves, 28 de mayo de 2020

La Audiencia Nacional reanuda el 8 de junio el juicio a la excúpula de los Mossos d`Esquadra

Las sesiones continuarán los días 15, 16 y 17 de junio

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para los próximos 8, 15, 16 y 17 de junio la continuación del juicio al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep LLuis Trapero, al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, al exdirector de Mossos Pere Soler y a la intendente Teresa Laplana, que tuvo que ser suspendido con motivo de la situación provocada por el coronavirus.

Para el día 8 de junio está previsto que se anuncien las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, el día 15 las conclusiones de las defensas y el informe del Ministerio Fiscal y los días 16 y 17 los informes de las defensas y la última palabra.

El juicio se reanudará en la sede de Génova a partir de las 10 horas de la mañana y si las defensas muestran su conformidad por escrito en el plazo de dos días, las mismas y los acusados participarán en dichas sesiones mediante el sistema de videoconferencia desde un órgano judicial de Barcelona.

El juicio será retransmitido en streaming por TVE a través de una señal a la que podrán acceder los medios de comunicación que lo soliciten. El acceso de los redactores a la sala de vistas y a la sala de prensa estará restringido a un número concreto de profesionales para garantizar las medidas de prevención adoptadas como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y el principio de publicidad de las actuaciones judiciales.

Mientras se mantengan las medidas de prevención adoptadas como consecuencia de la pandemia de coronavirus el aforo de las salas de prensa de Génova y de San Fernando de Henares se va a restringir con el fin de garantizar las medidas de prevención necesarias en este momento y que permitan mantener la distancia interpersonal de seguridad de, al menos, dos metros entre los profesionales. Por ello, en la sala de prensa de la sede de Génova se permitirá el acceso de 20 personas, manteniendo siempre esa distancia de seguridad, y en la de San Fernando, de 25 personas.

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Buque de Salvamento Don Inda. Cañones de agua

29 de mayo, 2020
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Campo apela al protagonismo de la Abogacía en la transformación que persigue el Ministerio con #Justicia2030

29 de mayo, 2020

Estado de alarma / Covid-19

Campo apela al protagonismo de la Abogacía en la transformación que persigue el Ministerio con #Justicia2030

mjusticia.gob.es

El ministro de Justicia debate con más de mil abogados en el Foro Justicia ICAM, a quienes traslada su compromiso en inquietudes como el turno de oficio o los problemas con la mutualidad.

Insta al colectivo a participar en el proceso de reforma de los dos elementos vertebradores que serán la nueva LECRIM y la Ley de Derecho de Defensa y a “crear cultura de desjudicialización” con medios alternativos que rebajen la litigiosidad en los juzgados.

28 de mayo de 2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha debatido esta mañana con más de mil abogados que han participado en el Foro Justicia ICAM, a los que ha animado a participar en el amplio proceso de transformación del sistema judicial que comprende el proyecto #Justicia2030.

Así, les ha invitado a participar en dos elementos vertebradores de la Justicia y que afectan de lleno a los derechos fundamentales como son la nueva LECRIM y el proyecto de Ley de Derecho de Defensa, donde se trabaja, “con equipos complementarios porque no se entendería un texto normativo sin el otro”.

Campo ha desgranado la respuesta del Ministerio para amortiguar los efectos de la pandemia y, al mismo tiempo, ha detallado las líneas generales del plan #Justicia2030 para realizar ese tránsito hacia un cambio de paradigma basado en un amplio programa de reformas y, sobre todo, en una reordenación de la propia vertebración del sistema judicial.
Precisamente, durante el debate, y a tenor de las demandas planteadas por algunos intervinientes en torno a la necesaria dotación de más recursos humanos y medios materiales, Campo ha insistido en que “no se trata solo de aplicar medidas incrementalistas porque éstas no determinarán la transformación que perseguimos, sino que necesitamos una reorganización y modernización de todos los recursos públicos disponibles”.

“Hagamos una Justicia acorde a lo que la sociedad hace y a lo que vienen legítimamente demandando”, ha pedido a los abogados, instándoles a colaborar en ese camino hacia un servicio público de calidad y próximo a la ciudadanía con una organización eficaz que requiere grandes esfuerzos de adaptación a la digitalización.

El ministro ha subrayado también el importante papel de la Abogacía en la implantación de medios alternativos como la mediación o el arbitraje. Y ha anunciado que el Ministerio incluirá estas cuestiones dentro del proyecto de Ley de medidas procesales, tecnológicas y organizativas. Al hilo, les ha pedido que sigan trabajando para “crear esa cultura de desjudicialización”, necesaria para rebajar la litigiosidad y aligerar la carga en los juzgados.

Campo entiende que la acción de Gobierno pueda generar críticas, pues “no todo puede gustar a todo el mundo, pero eso siempre enriquece” y en este sentido, ha recalcado la importancia de gestionar desde la cogobernanza y el diálogo como el mejor instrumento de trabajo.

El ministro ha respondido a inquietudes expresadas por los asistentes como el turno de oficio, la conciliación familiar y la habilitación de agosto o el problema con la mutualidad. A este respecto, ha aclarado que el Grupo Socialista ha elevado al Congreso una proposición no de Ley en la que se reclama al Gobierno “la reactivación de mecanismos que flexibilicen la situación, de manera que se puedan cubrir las necesidades” de estos profesionales afiliados a Mutualidades de Previsión Social alternativas al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA).

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, han agradecido, especialmente, la participación del ministro en el Foro, por acudir a un espacio de debate como este, aún “en momentos tan complicados” y en los que ha respondido también a preguntas sobre la actualidad política.

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La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) publica los resultados preliminares del primer gran registro clínico nacional multicéntrico sobre COVID-19 que contiene datos ya de 12.200 pacientes y en el que participan 600 investigadores de casi 150 hospitales

29 de mayo, 2020

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) publica los resultados preliminares del primer gran registro clínico nacional multicéntrico sobre COVID-19 que contiene datos ya de 12.200 pacientes y en el que participan 600 investigadores de casi 150 hospitales

fesemi.org

Este registro clínico de la SEMI es uno de los más extensos del mundo hasta la fecha desde el inicio de la pandemia y el mayor sobre COVID-19 que existe hasta ahora en España
Contempla más de 300 variables sobre datos de pacientes COVID-19 hospitalizados ─dados de alta o fallecidos─ y permitirá obtener conocimiento sobre aspectos clínicos, diagnósticos, terapéuticos y pronósticos de la enfermedad por SARS-CoV-2
Los primeros resultados preliminares ─con datos del registro a fecha 30 de abril─ acaban de ser publicados en una plataforma en abierto (medRxiv), que firman 25 internistas de múltiples Servicios de Medicina Interna bajo el título: “Clinical characteristics of patients hospitalized with COVID-19 in Spain: results from the SEMICOVID-19 Network”
Entre otras muchas evidencias sólidas, los primeros datos confirman que uno de cada 3 pacientes hospitalizados por COVID-19 en España desarrolló dificultad respiratoria y, uno de cada cinco falleció.
También arrojan conocimiento sobre cuáles fueron los síntomas más habituales al ingreso de los pacientes COVID-19 hospitalizados, qué comorbilidades presentaban, cuáles fueron los fármacos más administrados, y qué valores anormales fueron observados con mayor frecuencia en las pruebas de laboratorio, entre otros datos fundamentales
Este gran Registro Clínico nacional sobre la enfermedad de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) permitirá a los internistas poner en marcha otros múltiples estudios e investigaciones científicas sobre SARS-CoV-2 a corto y medio plazo

Madrid, 27 de mayo de 2020. – La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) acaba de publicar los resultados preliminares del primer gran registro clínico nacional multicéntrico y retrospectivo sobre COVID-19 (SARS-CoV-2), que contiene, a día de hoy, datos de 12.213 pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2 confirmado ─dados de alta o fallecidos─ y en el que participan, actualmente, 604 investigadores de 146 centros hospitalarios de todas las comunidades autónomas españolas. El registro cuenta con datos de pacientes de todas las comunidades autónomas, destacando la Comunidad de Madrid, que aporta aproximadamente un tercio de los casos incluidos. Se trata de uno de los repositorios clínicos más amplios y extensos que existen en el mundo sobre este virus y el mayor que existe en España, a día de hoy, sobre SARS-CoV-2, un virus que ha comprometido la salud de muchos ciudadanos y familias, amenazado la salud pública, y que ha condicionado nuestra propia forma de vida desde el inicio de la pandemia.

Este registro de la SEMI permitirá obtener una completa radiografía sobre la enfermedad en España, dentro del contexto mundial, y poner en marcha otros múltiples estudios e investigaciones sobre SARS-CoV-2 en nuestro país a corto y medio plazo. En este amplio repositorio de datos, se han incluido datos epidemiológicos y clínicos, pruebas adicionales al ingreso y a los siete días, tratamientos administrados e información sobre el progreso del paciente COVID-19 a los 30 días de hospitalización.

Los primeros resultados preliminares publicados ahora ─con datos del registro a fecha 30 de abril─, a diferencia de otras series de datos y estudios ya publicados a nivel local de tipo unicéntrico, tienen la ventaja de que se basan en una metodología multicéntrica y de amplia representatividad geográfica ─que limita cualquier posible sesgo local─, y su gran tamaño proporciona una muestra amplia con valor probatorio suficiente para confirmar o refutar hipótesis de partida.

Estos primeros resultados están ya disponibles en la plataforma en abierto de preprints “medRxiv” ─como muestra, en estos momentos, del compromiso de la SEMI con la divulgación en abierto del conocimiento clínico sobre COVID-19─ con el título “Clinical characteristics of patients hospitalized with COVID-19 in Spain: results from the SEMICOVID-19 Network”.

Cabe destacar que la SEMI, y los servicios hospitalarios de Medicina Interna de nuestro país, han realizado un importante esfuerzo de colaboración para recopilar y procesar la elevada cantidad de datos del registro. La inmensa parte de los pacientes cuyos datos fueron incorporados al mismo se correspondían, predominantemente, con perfiles de personas mayores, varones y con múltiples comorbilidades.

“El registro sitúa a la SEMI a la vanguardia del conocimiento sobre COVID-19”

En palabras del presidente de la SEMI, el Dr. Ricardo Gómez Huelgas, también firmante del artículo mencionado, “este importante estudio multicéntrico sobre COVID-19 impulsado por los internistas, el mayor y más completo que existe a nivel nacional, y uno de los más extensos que hay, a día de hoy, en todo el mundo, proporciona numerosas claves clínicas y diagnósticas de la patología por SARS-CoV-2 y sitúa a la SEMI a la vanguardia del conocimiento y la divulgación científica sobre COVID-19”.

Además, prosigue el Dr. Gómez Huelgas, “ayudará a médicos y científicos a dar respuesta a muchos interrogantes que hay, aún a día de hoy, sobre SARS-CoV-2. Quiero dar mi enhorabuena a todos los que lo han hecho posible, por su extraordinaria labor en este registro, y también a todos los internistas por su entrega asistencial e investigadora frente al COVID-19 en España. Los internistas españoles hemos estado en la primera línea frente a la pandemia y hemos atendido al 80% de los pacientes hospitalizados por COVID-19. Nuestra visión integral y holística de la medicina ha sido fundamental para enfrentarnos con eficacia a una enfermedad que, más allá de la infección vírica, se manifiesta con síntomas inflamatorios multisistémicos y fenómenos tromboembólicos. Con la iniciativa SEMI-COVID Network, así como con los diferentes proyectos de investigación en curso que están liderados por médicos internistas, la Medicina Interna en España se sitúa a la cabeza no solo de la asistencia del coronavirus, sino también en la investigación en este campo”.

Por su parte, el Dr. José Manuel Casas, responsable del Registro SEMI-COVID-19, primer firmante del artículo mencionado con anterioridad, indica que “este registro clínico permite conocer cuáles son las comorbilidades más frecuentemente detectadas entre los pacientes españoles con COVID-19, en comparación a pacientes de otros países, así como cuáles son sus síntomas más habituales a la llegada al hospital o cuáles han sido los valores anormales detectados, de forma más usual, en las pruebas de laboratorio. El gran número de pacientes incluidos y el importante volumen de datos recogidos permitirán obtener nuevas e importantes evidencias científicas y respuestas sobre múltiples aspectos de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, que permitirán crear algoritmos que predigan qué pacientes van a evolucionar peor o cuáles de los tratamientos empleados se han mostrado más eficaces y en qué tipo de pacientes han funcionado mejor”.

Principales resultados preliminares ─con datos de 6.424 pacientes del registro y de 109 hospitales (a fecha 30 de abril) ─

La mediana de edad de los pacientes participantes ha sido de 69,1 años. De ellos, el 56,9% eran hombres. Las comorbilidades más frecuentemente detectadas, han sido: hipertensión (50,2%), dislipidemia (39,7%) y diabetes mellitus (18.7%); similares a las descritas en otras series occidentales, pero todas fueron más frecuentes entre los pacientes españoles.

Los síntomas informados a la llegada del hospital, han sido, predominantemente, fiebre (86,2%) y tos (76,5%), aunque la mialgia y la anosmia fueron menos comunes que en series de datos de otros países. Esto puede explicarse por una diferencia potencial en los criterios de admisión y alta hospitalaria.

La mortalidad por SARS-CoV-2, fue similar a la observada en algunas series de datos de China y de EE. UU., pero fue mayor que la descrita en Italia e inferior a la cifra observada en el Reino Unido. Los factores demográficos, como la edad o las comorbilidades, pueden explicar parcialmente las diferencias en la mortalidad por SARS-CoV-2, entre otros factores relacionados con la situación de presión del sistema sanitario. En Italia, la mayor carga de enfermedad se limitó a la región de Lombardía, mientras que en España “se ha distribuido más ampliamente”. Sin embargo, la mayoría de los pacientes del estudio de SEMI son de Madrid, una de las regiones más afectadas por COVID-19 y donde la situación es comparable a la del norte de Italia. Esto se explorará en otros estudios que ya están en curso.

El 31,5% de los pacientes españoles, según estos primeros resultados preliminares, desarrolló dificultad respiratoria y la mortalidad fue del 21,1%, con un marcado aumento en función de la edad. A mayor edad, se constató mayor mortalidad. En el tramo 80-89 años, por ejemplo, llega al 42,5%.

Valores pronósticos en las pruebas de laboratorio

Un alto porcentaje de pacientes tenía valores de laboratorio anormales al ingreso, con un perfil “inmunoinflamatorio” deteriorado. Fundamentalmente, la linfopenia (52,6%) y los niveles elevados de dímero D (61,5%), lactato-deshidrogenasa (70,2%) y ferritina (72.4%) fueron los hallazgos más frecuentes. Además, la mayoría de los pacientes recibió tratamiento supuestamente efectivo contra el SARS-CoV-2. Los fármacos antivirales más utilizados fueron: la hidroxicloroquina (85,7%) y el lopinavir / ritonavir (62,4%).

Sobre la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) integra a alrededor de 8.400 médicos internistas de toda España. Entre sus objetivos prioritarios, se encuentran el de potenciar la investigación en este campo, así como aunar los esfuerzos de los distintos grupos de trabajo que conforman parte de la Sociedad. En la actualidad, son un total de 22 los grupos monográficos de patologías prevalentes o áreas de interés dentro de la Medicina Interna, especialidad médica que se define por la visión global del paciente y desempeña un papel central en la atención a los pacientes crónicos complejos. Para más información, visita www.fesemi.org y sigue su actualidad en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

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USO solicita la creación de un Fondo Mundial para la Protección Social

29 de mayo, 2020

USO solicita la creación de un Fondo Mundial para la Protección Social

23 mayo, 2020 uso.es

USO se suma a la petición de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para la creación de un Fondo Social que permita una salida de la crisis reforzando la protección social en el mundo

Joaquín Pérez, secretario general de USO, se ha dirigido a Pedro Sánchez, reclamando el apoyo del Gobierno a la creación de un Fondo Mundial para la Protección Social. Este Fondo supondría una inyección de 34.000 millones de euros que garantizaría la financiación de los 28 países más pobres del planeta durante cinco años. Además, el fondo implicaría un alivio para las economías de estos países y, al mismo tiempo, proporcionaría la protección social indispensable para afrontar la recuperación de la crisis del covid-19.

La carta dirigida a Sánchez forma parte de la petición de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que USO es miembro, instando a la movilización de los países más ricos y las instituciones internacionales para reformular un nuevo contrato social sobre el que se cimente la recuperación de estos países y que no deberá contar con el obstáculo del FMI y el Banco Mundial.

En este contexto, la ONU y la OIT ya sentaron las bases en un informe elaborado en 2011 que contemplaba medidas para garantizar la seguridad básica de los ingresos y el acceso universal y asequible de los servicios sociales en ámbitos como la salud, el agua o la educación.

Protección social para los países más pobres

Inmersos en esta pandemia con consecuencias sanitarias, sociales y económicas, no debemos dejar de lado los estragos que está causando en los países más pobres. Actualmente, más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de atención sanitaria básica y tan solo el 29% cuenta con plena cobertura de seguridad social.

Esta crisis mundial está suponiendo la destrucción de millones de empleos y el empobrecimiento aún mayor de países que ya previamente se encontraban en una situación económica frágil.

El impacto económico que estamos comenzando a sufrir viene a acrecentar la vulnerabilidad de muchos países empobrecidos durante años por las políticas de austeridad propiciadas por el FMI y el Banco Mundial. Las políticas de ajuste estructural y condicionalidad de austeridad sufridas por los países del sur se han evidenciado, de forma flagrante en esta pandemia, como un modelo fracasado.

En un momento en el que los países necesitan preparar planes de estímulo y de reconstrucción inclusivos, estos se encuentran lastrados por las severas cargas de la deuda, las políticas de recortes y la fuga masiva de capitales. Una fuga, que en estos momentos se sitúa como la más grande y rápida de la historia con 100.000 millones de dólares que han abandonado los países de mercados emergentes.

La necesidad, pues, de movilizar fondos para la recuperación y la protección social en el mundo se convierte en imprescindible para actuar en consonancia con la Agenda 2030; con la que el Gobierno de España, la sociedad civil y los sindicatos estamos comprometidos.

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El Gobierno flexibiliza los criterios de apertura de las estaciones de servicio garantizando el suministro

29 de mayo, 2020

Coronavirus COVID-19 – En coherencia con el plan de desescalada

El Gobierno flexibiliza los criterios de apertura de las estaciones de servicio garantizando el suministro

Martes 26 de mayo de 2020

lamoncloa.gob.es

A través de una Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, el Gobierno flexibiliza los horarios de apertura de las estaciones de servicio durante el estado de alarma en coherencia con el plan de desescalada, garantizando el suministro de este servicio esencial, especialmente en territorios con menor densidad de población.

Permanecerá abierta, al menos, una gasolinera en todos los municipios que cuentan con este tipo de instalaciones.

De acuerdo con la Resolución, las estaciones de servicio localizadas en autovías o autopistas mantendrán su horario habitual, dado que cumplen un papel fundamental para apoyar el transporte de suministros esenciales y, al tiempo, prestan un servicio clave para los propios transportistas, al contar con prestaciones como aseos, duchas y tiendas de alimentación. En España, 1.069 se ubican en estas vías, un 9% del total.

El resto de gasolineras que, en aplicación de la Orden SND/337/2020 debían mantener su calendario y horario de apertura previo al estado de alarma, podrán flexibilizarlos cubriendo un mínimo de 90 horas semanales, repartidas en un mínimo de 12 horas diarias de lunes a viernes, y de 8 horas los sábados.

A esta medida podrán acogerse 3.328 estaciones de servicio, un 29% del total, que incluye:

•Aquellas estaciones de servicio con un volumen de ventas superior a 5 millones de litros al año, ubicadas habitualmente en localizaciones estratégicas y con alta capacidad de suministro. Se ha dispuesto de un criterio adicional para aquellas provincias, ciudades autónomas o islas donde ninguna estación de servicio totaliza estas ventas, de forma que las principales estaciones de servicio en cada uno de estos territorios estén incluidas.

•Las estaciones de servicio de los hipermercados, dado que son establecimientos que continúan abiertos según lo establecido Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
• Las instalaciones automatizadas y que, por tanto, no cuentan con personal para atender el servicio, cuestión que disminuye el riesgo sanitario.

•Los puntos de repostaje con contratos de hospitalidad para transportistas, ya que son necesarios para determinados conductores y flotas logísticas porque están habilitados para el pago con determinadas tarjetas de combustible dirigidas a profesionales.

•Las gasolineras que suministran combustibles para automoción menos habituales como los gases licuados del petróleo (GLP), el gas natural comprimido (GNC) o el gas natural licuado (GNL).

•Las estaciones de servicio que, aun no encajando en alguno de los criterios previos, se ubican en entornos estratégicos, como pueden ser hospitales o parques logísticos, o en zonas no metropolitanas y, por tanto, son necesarias para aportar mayor capilaridad al suministro, con especial atención a la insularidad.

Gasolinera En aquellos municipios en los que no se hayan identificado instalaciones de los dos grupos previamente descritos se mantiene la obligación de que la gasolinera con mayores ventas que permanezca abierta con un horario reducido.

Se mantienen, por tanto, las condiciones que ya había fijado la Orden SND/337/2020: estas instalaciones continuarán prestando servicio 30 horas a la semana, de lunes a sábado, con un mínimo de 5 horas diarias. En total, 1.657 puntos de suministro, un 14% del total, cumplen con este requisito.

En los tres casos, los calendarios y horarios figurarán en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como en Geoportal Gasolineras.

En cuanto al 48% de estaciones de servicio restante, 5,622, se mantiene igualmente la libre fijación de horarios fijada en la Orden SND/337/2020.

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Playa en As Galeras

28 de mayo, 2020
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Nota sobre el cese por supuesta “pérdida de confianza” del Coronel de la Guardia Civil D. Diego Pérez de los Cobos.

28 de mayo, 2020

Asociación Profesional de la Magistratura

Nota sobre el cese por supuesta “pérdida de confianza” del Coronel de la Guardia Civil D. Diego Pérez de los Cobos.

Ante las noticias surgidas con ocasión del cese del coronel de la Guardia Civil D. Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministerio del Interior, por una supuesta “pérdida de confianza”, seguida hace escasos momentos de la dimisión del Director Adjunto de la Guardia Civil Teniente General D. Laurentino Ceña, que refleja la gravedad de lo ocurrido, la Asociación Profesional de la Magistratura se ve en la triste obligación de recordar el contenido de los arts. 117 y 126 de la Constitución, que el propio Ministro, juró o prometió guardar y hacer guardar en reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera profesional, primero como Juez y Magistrado, y más tarde en su condición de Vocal del Consejo General del Poder Judicial y después Ministro del Gobierno de España.

El art. 117 CE establece en sus apartados 1 y 2 los principios de división de poderes y de estricta sujeción a la propia norma constitucional y a la ley, básicos en un Estado de Derecho: la Justicia se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, a los que se atribuye en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

Mientras la Ley de Enjuiciamiento Criminal siga en vigor, la instrucción de las causas penales corresponde exclusivamente a los Jueces de Instrucción determinados en las leyes, y, para el desarrollo de sus funciones se valen de los miembros integrados en las Unidades de Policía Judicial, que el art. 126 CE sitúa bajo la dependencia de los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Y esa ley no es otra que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyo art. 31.1 dispone que, en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación.

El art. 34 de la misma Ley precisa y blinda esa dependencia funcional al señalar que los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente (apartado 1) y que, en las diligencias o actuaciones que lleven a cabo, por encargo y bajo la supervisión de los Jueces, Tribunales o Fiscales, los funcionarios integrantes de las Unidades de Policía Judicial tendrán el carácter de comisionados de dichos Jueces, Tribunales y Fiscales, y podrán requerir el auxilio necesario de las Autoridades y, en su caso, de los particulares (apartado 2).
Finalmente, el art. 35 concreta las facultades de los Jueces y Tribunales de lo Penal y el Ministerio Fiscal tendrán, respecto los funcionarios integrantes de Unidades de Policía Judicial: a) Les darán las órdenes e instrucciones que sean necesarias, en ejecución de lo dispuesto en las normas de Enjuiciamiento Criminal y Estatutos del Ministerio Fiscal. b) Determinarán, en dichas órdenes o instrucciones, el contenido y circunstancias de las actuaciones que interesen a dichas Unidades. Y, c) Controlarán la ejecución de tales actuaciones, en cuanto a la forma y los resultados.

El art. 11 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, dispone que los funcionarios policiales comisionados por la Autoridad Judicial o Fiscal para la práctica de alguna concreta investigación se atendrán en el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices que hubieren recibido, sin que las instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales inmediatos puedan contradecir las primeras.

El art. 12 del mismo RD 769/1987 prevé que los funcionarios policiales informarán de la evolución de sus investigaciones y rendirán cumplida cuenta del resultado final de su actuación a la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal que la hubiere ordenado, en los términos y forma que la misma haya dispuesto.

Por último, el art. 15 del RD ordena a los funcionarios “guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”, pudiendo incurrir en responsabilidad disciplinaria en caso de infracción, sin perjuicio de posible responsabilidad penal. Y, si bien esta obligación de reserva no impedirá el intercambio interno de información dentro de la Unidad Orgánica para la mejor coordinación y eficacia de los servicios, ello es “salvo prohibición expresa del Juez o Fiscal competentes”.

Quiere esto decir, primero, que la dependencia de los agentes es, desde el punto de vista funcional, exclusiva y excluyente, en el sentido de que, en el ejercicio de sus funciones, únicamente han de responder frente al Juez Instructor y actuar conforme a sus instrucciones; segundo, esa dependencia incluye la reserva sobre las investigaciones encomendadas, con la única excepción de que sea expresamente autorizada por el Juez o el Fiscal; tercero, por ese mismo motivo, cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido, a través de la prevalencia orgánica inherente a la cadena de mando, puede suponer una interferencia en la función judicial que puede llegar a afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido; y, cuarto, de acreditarse una actuación tal, el sistema judicial dispone de medios para su depuración.

La profesionalidad, saber hacer, dedicación y absoluta lealtad de los agentes, probada día a día y en las circunstancias más complejas, es lo que permite a los Jueces realizar nuestra labor, instruir la causas, esclarecer los delitos y facilitar el enjuiciamiento de los presuntos delincuentes. Desde miembros de la realeza hasta ex ministros, presidentes de Comunidades Autónomas o banqueros. Introducir una mínima fisura en el sistema es abrir la puerta a la desconfianza y a eventuales intentos de controlar la actuación del Poder Judicial.

No queremos pensar que en el cese del coronel D. Diego Pérez de los Cobos confluyan otras circunstancias que las apuntadas de “pérdida de confianza”, porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal, pero precisamente por esta razón y para evitar cualquier asomo de duda en los verdaderos motivos de la decisión, toda vez que aparece íntimamente relacionada con una instrucción penal en curso, solicitamos:

1º Se expliquen los motivos de la afirmada pérdida de confianza o, al menos, que se asuma públicamente que son ajenos a la instrucción penal en curso.

2º Se restituya al coronel D. Diego Pérez de los Cobos en su puesto hasta que finalice la instrucción que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción de Madrid o se adopte la decisión oportuna por la Magistrada titular.

Madrid, 26 de mayo de 2020.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura

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Comunicado de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales

28 de mayo, 2020

Comunicado de la Comisión Ejecutiva.

asociaciondefiscales.es

La Asociación de Fiscales quiere expresar el malestar que le ha causado el reciente cese del coronel D. Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministro del Interior, en la medida en lo que ello pueda afectar a la imagen de independencia e imparcialidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en general, y de la Guardia Civil en particular, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones de Policía Judicial en el marco de una investigación penal.

Desde la A.F apostamos firmemente por la independencia del Instituto Armado respecto de cualquier injerencia del poder Ejecutivo siempre que actúe como Policía Judicial en el marco de una investigación criminal abierta por un Juzgado –como es el caso- o en unas diligencias de investigación de la Fiscalía. En estos casos ha de actuar siempre con sujección estricta a las órdenes y directrices de Jueces y Fiscales.

Tal es el modelo reconocido en la Constitución y en nuestras leyes procesales, como garantía de una real y efectiva separación de poderes, principio básico de nuestro proceso penal y del propio sistema democrático. Este cese supone a nuestro juicio una intromisión ilegítima del Gobierno en la actuación de la Guardia Civil, y sienta un inquietante precedente y un ataque a la independencia de criterio e imparcialidad, de la que la Guardia Civil siempre ha hecho gala.

En Madrid, a 26 de mayo de 2020.

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.

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Sanidad recomienda extremar las medidas de distanciamiento social y la higiene en las playas

28 de mayo, 2020

Coronavirus COVID-19

Sanidad recomienda extremar las medidas de distanciamiento social y la higiene en las playas

Domingo 24 de mayo de 2020

2/09/2019. lamoncloa.gob.es

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento con recomendaciones para la apertura al público de las playas y zonas de baño. En las playas, los riesgos asociados al COVID 19 están relacionados con la interacción entre personas.

En aguas continentales, como pozas, remansos y cauces de agua dulce con escaso caudal, se desaconseja el baño y los usos recreativos para esta temporada 2020.

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento con recomendaciones para la apertura al público de las playas y zonas de baño. En las playas, los riesgos asociados al COVID 19 están relacionados con la interacción entre personas.

El documento, disponible en la página web del Ministerio de Sanidad, recuerda que no se dispone de información científica sobre la capacidad del virus para permanecer infeccioso en agua salada; además, se ha identificado la sal como agente biocida eficaz. En el caso de la arena, la acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar (UVB) y la alta temperatura que puede alcanzar ésta son favorables para la desactivación de los agentes patógenos.

Por todo ello, el documento insiste en la necesidad de la concienciación colectiva en el respeto al distanciamiento social. Así, se aconseja limitar el aforo de las zonas de baño marítimas donde se prevé gran afluencia de personas. El acceso a las zonas de baño se realizará respetando las medidas de distanciamiento social, que se deberán recordar mediante cartelería, así como las normas de higiene.

Además, se deberá prestar atención a la distancia entre tumbonas, sombrillas y otros elementos. A efectos indicativos, los ejes de las sombrillas no se instalarán a distancias inferiores de 4 metros. El gestor de la playa podrá sectorizar la misma para asegurar el distanciamiento social.

Por su parte, las personas que realicen paseos en la orilla respetarán al menos dos metros de distanciamiento social.

Tampoco se recomienda la realización de deportes colectivos ni las reuniones de más de 15 personas o de miembros de la misma familia o que no convivan en el mismo domicilio y la utilización de todo tipo de infraestructuras de playa (parques de juego e instalaciones deportivas).

Limpieza y desinfección

Para prevenir la transmisión del virus los usuarios y los trabajadores deben, además de cumplir las medidas de distancia social, cumplir las normas de higiene y aplicar los criterios técnicos de mantenimiento, limpieza y desinfección.

Se recomienda la limpieza diaria de la arena de la zona de baño, haciendo especial hincapié en la retirada de los residuos orgánicos e inorgánicos. No es aconsejable la desinfección de la arena de la playa.

Por otra parte, se recomienda la limpieza y desinfección diaria del mobiliario playero (duchas, lavapiés, papeleras), las superficies, las zonas comunes y las zonas de tránsito como las pasarelas de madera para evitar la propagación del virus.

Los chiringuitos de playa deberán seguir los protocolos establecidos para los establecimientos de hostelería. También se deberán ventilar, limpiar y desinfectar los espacios cerrados como los puestos socorristas de la Cruz Roja, los vestuarios y los servicios. Por su parte, en las instalaciones deportivas y parques de juego, se garantizará la limpieza y desinfección previa a la apertura de la playa; no pudiendo hacer uso de estas instalaciones hasta que se abra la zona de baño.

Cada playa deberá disponer de un protocolo de limpieza y desinfección del mobiliario susceptible de uso por los bañistas, de forma que se indiquen los pasos a seguir a los operarios. También, cada ayuntamiento elaborará o actualizará el protocolo con todas las medidas en materia de prevención de riesgos laborales, conforme al procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales.

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CCOO valora la orden ministerial sobre renovaciones automáticas de los permisos de los extranjeros en España

28 de mayo, 2020

CCOO valora la orden ministerial sobre renovaciones automáticas de los permisos de los extranjeros en España

Para el sindicato es imprescindible la continuidad por parte del Gobierno de una política de migración realista y proactiva

CCOO se congratula por esta orden, que debe ser considerada como un primer paso para la plena asunción y desarrollo de las competencias en materia migratoria del Gobierno por parte de la Secretaria de Estado de Migraciones para atender las necesidades específicas de una parte de la población – en torno a un 10%- que vive en España.

20/05/2020

ccoo.es

En opinión de CCOO, la orden responde a las necesidades de los más de cuatro millones de personas extranjeras que viven en nuestro país, haciendo valer también para ellos la máxima de NO SE VA A DEJAR A NADIE ATRÁS; y, en concreto, atiende el problema de las personas extranjeras que tuvieran su autorización en fase de renovación /prórroga, de la cual depende no sólo el acceso al empleo, sino también el acceso a prestaciones y derechos sociales y, sobre todo, su seguridad jurídica y estabilidad documental y personal, facilitando una renovación/prórroga sin mayores retrasos ni inconvenientes burocráticos, ni sobrecarga de los servicios correspondientes posterior al periodo de alarma.

En concreto, la orden:

1.- Prorroga o renueva, según corresponda, de manera automática las autorizaciones de residencia y/o trabajo así como las estancias por motivo de estudio (y sus correspondientes tarjetas). Dicha prórroga se extenderá desde la fecha de caducidad hasta 6 meses después de la finalización de la alarma para todas las autorizaciones que caduquen dentro del periodo de alarma o en los 90 días previos al decreto que lo declaró.

2.- Prorroga igualmente las tarjetas del régimen especial de familiares de ciudadanos UE, las de aquellos que ostentan el estatuto de residentes de larga duración y la de aquellos que dispusieran de una estancia por motivos turísticos de hasta 90 días.

3.- Se autoriza expresamente la entrada en territorio español de extranjeros con situación legal en España, pero cuyo documento hubiera caducado, lo que va a permitir solventar la dramática situación de algunos extranjeros «atrapados» fuera de España desde hace meses y que requerirá una profunda coordinación con el Ministerio del Interior y con MAAEEYC.

CCOO siempre ha respaldado una política migratoria ordenada, legal, ágil y eficaz que respete los derechos de los trabajadores y trabajadoras y garantice la seguridad y dignidad de los mismos, en este caso, los trabajadores extranjeros, mucho más vulnerables en el mercado de trabajo debido, precisamente, a la dependencia de su actividad laboral de su estatuto jurídico – su estabilidad documental, su legalidad administrativa-, lo cual les hace mucho más explotables y les coloca en los tiempos de pandemia que vivimos en una situación crítica.

En este sentido, el sindicato recuerda que, inmediatamente a la declaración del estado de alarma, CCOO propuso al Gobierno una extensa batería de medidas realistas y proactivas en diversos ámbitos de la cuestión migratoria (CIE, sector sanitario, sector agrícola, trabajadores transfronterizos, CETI…), a fin de incorporar la especificidad de las personas extranjeras en nuestro país a la agenda política de la gestión de la crisis, reclamando al Gobierno una acción política razonada e imprescindible.

CCOO también ha solicitado YA al Gobierno anticipar respuestas políticas para evitar lo que en la crisis de 2008 se denominó «irregularidad sobrevenida», esto es, personas extranjeras que se hallan legalmente en España y que como consecuencia de la crisis, pierden o pueden perder su estatuto legal; para ello, se han de flexibilizar los requisitos de renovación de autorizaciones con posterioridad al periodo de alarma y evitar situaciones por todos indeseadas.

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Saliendo de pesca. Ría de Corcubión

27 de mayo, 2020
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El Tribunal Supremo descarta que pueda solicitarse la devolución de la plusvalía municipal abonada por liquidación firme bajo el amparo de la nulidad de pleno derecho

27 de mayo, 2020

Martes, 26 de mayo de 2020

El Tribunal Supremo descarta que pueda solicitarse la devolución de la plusvalía municipal abonada por liquidación firme bajo el amparo de la nulidad de pleno derecho

El Tribunal Constitucional había declarado que los preceptos reguladores del impuesto eran inconstitucionales en los casos donde se constatara una ausencia de incremento de valor del terreno en la transmisión

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

En una sentencia de 18 de mayo de 2020, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha abordado la petición de devolución de ingresos indebidos derivados de una liquidación firme del impuesto municipal sobre la plusvalía amparada en la declaración de inconstitucionalidad parcial del tributo contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017.

El Tribunal Constitucional había declarado que los preceptos reguladores del impuesto eran inconstitucionales en la medida en que sometían a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, circunstancia que se producía en aquellos casos en los que se constatara que no había tenido lugar el hecho imponible por ausencia de incremento de valor del terreno en la transmisión.

Señala ahora el Tribunal Supremo que la solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la indicada sentencia debe efectuarse necesariamente por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria, esto es, por la revisión de actos nulos, por la revocación o por el recurso extraordinario de revisión.

Y afirma también que la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales “en la medida en que (pueden) someter a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica” (sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017) no determina que las liquidaciones firmes del impuesto giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en los apartados a), d), e) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley General Tributaria.

Tales actos tributarios, según el Tribunal Supremo, (i) no han lesionado derechos susceptibles de amparo constitucional, toda vez que el artículo 31.1 de la Constitución (capacidad económica) no es un derecho fundamental de esa naturaleza, (i) no han prescindido completamente del procedimiento legalmente establecido, (iii) no han otorgado potestades al solicitante de las que este carecía (iv) ni, en fin, puede identificarse una ley que, específicamente, determine su nulidad como consecuencia de la declaración parcial de inconstitucionalidad de la ley que les sirve de fundamento.

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