1 Abr 2026

Sector: Nota de prensa

Ámbito CNMC: Telecomunicaciones

• Propone impulsar la gratuidad de los servicios de atención al cliente y mejorar la claridad normativa.
• Considera clave separar de forma efectiva las llamadas comerciales para evitar confusiones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado dos propuestas del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que afectan directamente a cómo los ciudadanos reciben llamadas comerciales y contactan con los servicios de atención al cliente. (INF/DTSA/026/26 e INF/DTSA/027/26).

Estas propuestas tienen como objetivo dar cumplimiento a la reciente Ley de servicios de atención a la clientela, que exige que el servicio de atención al cliente y las llamadas comerciales utilicen numeraciones diferenciadas.

En ambos casos, la CNMC valora positivamente el objetivo común de las propuestas: mejorar la transparencia y facilitar que los usuarios identifiquen claramente el tipo de llamada que reciben o realizan.

Atención al cliente: números claros y, preferiblemente, gratuitos

La propuesta de la CNMC establece que los servicios de atención al cliente deberán prestarse exclusivamente a través de:

• Numeración gratuita (800 y 900)
• Numeración geográfica (prefijos provinciales)
• Números cortos de los operadores

Además, prohíbe utilizar otros rangos de numeración para este tipo de servicios y evita que estos números se usen para llamadas comerciales.

La CNMC valora positivamente este enfoque porque reduce la confusión, facilita al usuario identificar cuándo está contactando con atención al cliente y refuerza la capacidad de supervisión sobre estos servicios.

No obstante, la CNMC propone algunas mejoras relevantes desde el punto de vista del consumidor:

• Impulsar la gratuidad: las llamadas a números geográficos de atención al cliente deberían incluirse en tarifas planas o, en su defecto, ofrecerse alternativas gratuitas.
• Mayor claridad normativa: adaptar la terminología a la legislación vigente y precisar mejor qué empresas están obligadas de conformidad con la Ley de servicios de atención a la clientela.
• Reforzar la supervisión: incluir expresamente el papel de la CNMC en el control del cumplimiento.

La propuesta prevé un plazo de cuatro meses para que empresas y operadores adapten sus sistemas.

Llamadas comerciales: un prefijo específico para identificarlas

La segunda propuesta introduce una medida clave: atribuir un rango específico de numeración (prefijo 400) para las llamadas comerciales.

Esto supone que las empresas, salvo las excepciones incluidas en la Ley, deberán usar este rango para sus llamadas comerciales y los operadores deberán garantizar que estas llamadas se identifiquen correctamente.

La CNMC considera que esta medida es fundamental porque permite a los usuarios reconocer fácilmente una llamada comercial, aumenta la transparencia y facilita el control del uso adecuado de la numeración.

Sin embargo, también plantea mejoras importantes:

• Gratuidad de las llamadas realizadas a esta numeración: la CNMC considera que devolver una llamada comercial debería ser gratuito, ya que el contacto inicial no lo ha solicitado el usuario.
• Evitar confusiones: recomienda identificar claramente el rango 400 por sus tres cifras (y no solo el dígito inicial 4) en las campañas informativas.
• Consideración de la numeración 400 dentro de la numeración de tarifas especiales: de este modo le serían de aplicación automáticamente ciertas condiciones regulatorias como la conservación de la numeración.
• Mayor precisión normativa: incluir las excepciones en la obligación del uso de esta nueva numeración previstas en la Ley y ajustar la denominación del servicio que habilita a los operadores a obtener numeración.
• Plazos más realistas: propone ampliar de cuatro a seis meses el tiempo para que se completen todos los pasos necesarios para que la numeración pueda estar plenamente operativa.

Protección del consumidor

En conjunto, ambas iniciativas avanzan en un objetivo clave: que los ciudadanos sepan en todo momento quién les llama y para qué.

La CNMC destaca que la separación clara entre atención al cliente y llamadas comerciales mejorará la experiencia del usuario y reducirá prácticas confusas o engañosas. Además, recuerda que supervisará el cumplimiento de estas medidas una vez se aprueben, dentro de sus competencias.

07/04/2026  

Registradores

El Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria recoge en sus más de treinta informes el análisis más completo y detallado de la evolución del mercado inmobiliario en nuestro país durante el último año cerrado disponible. El mercado residencial español ha registrado en 2025 un fuerte dinamismo, con nuevos máximos históricos en precios e incrementos en las compraventas de vivienda. También han aumentado las hipotecas, con un mayor endeudamiento medio. Este contexto ha deteriorado la accesibilidad a la vivienda, elevando la cuota hipotecaria media.Precio de la vivienda

El Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (IPVVR) ha registrado un nuevo máximo histórico, dando lugar a once años consecutivos de crecimiento. El incremento anual del IPVVR ha alcanzado el 16,6 %. Desde el máximo de 2007 ha subido un 29,3 %.

El precio medio de la vivienda ha registrado igualmente un máximo histórico, alcanzando 2.284 €/m². El crecimiento anual ha sido del 9,5 %, lo cual supone un significativo incremento respecto al 6,3 % del año 2024. En vivienda nueva se ha registrado un crecimiento del 8 %, con un precio medio de 2.445 €/m² y en vivienda usada del 9,9 %, con 2.240 €/m²; en ambos casos, igualmente, máximos históricos.

Las comunidades autónomas con mayores precios medios han sido la Comunidad de Madrid (4.091 €/m²), Illes Balears (3.988 €/m²), País Vasco (3.295 €/m²) y Cataluña (2.709 €/m²). Los mayores precios medios por provincias han correspondido a Madrid (4.091 €/m²), Illes Balears (3.988 €/m²), Gipuzkoa (3.814 €/m²), Bizkaia (3.167 €/m²), Málaga (3.101 €/m²) y Barcelona (3.088 €/m²). Por su parte, las capitales de provincia han estado encabezadas por San Sebastián (6.107 €/m²), Madrid (5.283 €/m²), Barcelona (4.800 €/m²), Palma (4.086 €/m²) y Bilbao (3.514 €/m²).

El precio medio por vivienda ha sido de 214.581 €, máximo histórico, aumentando durante el último año un 8,2 %. Este aumento se ha visto impulsado por los incrementos del precio por metro cuadrado y de la superficie media transmitida. Entre las comunidades autónomas con mayores precios destacan Illes Balears (410.322 €), Comunidad de Madrid (386.239 €), País Vasco (276.277 €) y Cataluña (240.455 €).

Número de compraventas de vivienda

El número de compraventas de vivienda ha registrado un intenso avance, dando lugar a un crecimiento anual del 10,7 %, alcanzando las 705.357 compraventas en 2025, nivel máximo desde 2007. Este resultado supone 14,27 compraventas por cada mil habitantes y año. En todas las comunidades autónomas y en cuarenta y nueve de las cincuenta provincias han crecido las compraventas de vivienda con respecto al año precedente, con tasas de crecimiento de dos dígitos en treinta y siete provincias.

Compraventas de extranjeros

El 13,82 % de las compras de vivienda de 2025 han sido formalizadas por extranjeros, a cierta distancia del máximo de la serie histórica (14,98 % en 2023), y con un descenso anual de -0,78 pp. En términos absolutos, sin embargo, la demanda extranjera se ha incrementado, alcanzando en torno a 97.500 transacciones, frente a las cerca de 93.000 de 2024.

Las nacionalidades con mayor peso relativo sobre el total de compraventas de extranjeros han sido británicos (7,97 %), alemanes (6,52 %), neerlandeses (6,31 %), marroquíes (5,74 %), rumanos (5,24 %), franceses (5,11 %) e italianos (5,05 %). Por comunidades autónomas, los mayores pesos relativos de compras por parte de extranjeros se han alcanzado en Illes Balears (29,86 %), Comunitat Valenciana (27,65 %), Canarias (25,65 %), Región de Murcia (21,42 %), Cataluña (15,57 %) y Andalucía (13,34 %). En cuanto a las provincias, destacan Alicante (43,29 %), Málaga (32,8 %), Santa Cruz de Tenerife (30,04 %), Illes Balears (29,86 %) y Girona (25 %).

Período medio de posesión de la vivienda

El periodo medio de posesión de las viviendas transmitidas ha sido de 18,1 años, nuevo máximo histórico, con un incremento del 2,5% con respecto al año precedente. Desde el mínimo histórico de 2009 con 7,3 años, el periodo medio de posesión de las viviendas transmitidas se ha incrementado de forma constante. Las comunidades autónomas con mayores periodos medios han sido País Vasco (25,4 años), Extremadura (21,6 años) y Cataluña (21 años).

Hipotecas

El número de constituciones de hipoteca sobre vivienda registradas en 2025 se ha situado en 498.500, incrementándose un 14,5% respecto a 2024. Esto supone más de 63.000 hipotecas por encima de las registradas el año precedente, nivel máximo desde 2010.

Por comunidades autónomas, el mayor número de hipotecas sobre vivienda se ha registrado en Andalucía (96.819), Cataluña (86.135), Comunidad de Madrid (73.715) y Comunidad Valenciana (60.126). En dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas se ha incrementado el número de hipotecas sobre vivienda en el último año, con tasas de crecimiento de dos dígitos en quince de ellas.

El endeudamiento hipotecario por vivienda se ha incrementado en 2025 un 10,2 %, alcanzando un resultado medio de 163.612 €, otro máximo histórico. Las comunidades autónomas con mayores niveles de endeudamiento hipotecario por vivienda en 2025 han sido Illes Balears (274.689 €), Comunidad de Madrid (261.615 €), Cataluña (182.604 €) y País Vasco (173.832 €).

Hipotecas a extranjeros

El 7,92 % de las hipotecas sobre vivienda han sido constituidas por extranjeros, correspondiendo a 39.485 hipotecas, nivel máximo de la serie histórica. El peso de los extranjeros ha aumentado en 0,41 pp. El número total de hipotecas de extranjeros se ha incrementado un 20,7 % respecto a 2024. Las comunidades autónomas en las que el peso de extranjeros sobre el total de hipotecas en su respectiva comunidad autónoma ha sido mayor han sido Illes Balears (15,2 %), Comunitat Valenciana (12,83 %), Cataluña (12,28 %) y Región de Murcia (10,06 %).

El importe medio de hipoteca sobre vivienda de extranjeros ha rozado los 193.000 €, con un incremento anual del 12,7 %, registrando otro nivel máximo de la serie histórica. Las comunidades autónomas de Illes Balears (424.432 €), Comunidad de Madrid (283.518 €), Andalucía (215.747 €), Cataluña (202.703 €) y País Vasco (161.259 €) han alcanzado los mayores importes medios de hipoteca sobre vivienda de extranjeros.

Indicadores de accesibilidad

Los indicadores de accesibilidad han registrado nuevos deterioros, a pesar del ajuste de -0,36 pp del interés medio de contratación (3,02 %), y del incremento del periodo medio de contratación del 2,7 % hasta los 25,4 años. La cuota hipotecaria mensual media de 2025 ha sido de 769 €, con un incremento anual del 4,2 %. Dicha cuota mensual supone el 32,67 % del coste salarial, alejándose de los mínimos de la serie histórica (27,5 % en 2016).

Las comunidades autónomas con mayores cuantías de cuota hipotecaria mensual media durante el último año han sido Illes Balears (1.341,4 €), Comunidad de Madrid (1.184,2 €), Cataluña (845,8 €) y País Vasco (787,5 €). En cuanto al porcentaje de dicha cuota hipotecaria con respecto al coste salarial, los niveles de accesibilidad más exigentes han correspondido a Illes Balears (56,86 %), Comunidad de Madrid (41,34 %), Canarias (36,14 %) y Andalucía (33,84 %).

El Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria se puede consultar en el Portal Estadístico Registral, así como en el Portal de Precios de Vivienda.

Trabajo y Economía Social – 6.4.2026

Por sectores, el paro desciende en Servicios, Construcción e Industria. Además, el 44% de los nuevos contratos son indefinidos.

• El número de desempleados y de desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de marzo ha descendido en 22.934 en relación con el mes anterior (-0,9%).

El paro registrado total se ha situado en 2.419.712 personas, la cifra más baja en un mes de marzo desde hace 18 años.

En términos interanuales, el paro registrado ha descendido en 160.426 personas (-6,2%).

También se reduce el dato desestacionalizado que baja en 15.534 personas.

El paro por sectores

Por sectores económicos, con respecto a febrero, el paro registrado desciende en Servicios en 18.852 personas (-1,1%), Construcción en 5.846 personas (-3,4%) e Industria en 1.482 personas (-0,8%).

Aumenta muy ligeramente en Agricultura en 365 personas (0,5%) y entre el colectivo Sin Empleo Anterior en 2.881 personas (1,3%).

El paro por sexo y edad

El desempleo femenino baja en 14.841 mujeres (-1%) hasta las 1.458.572, marcando su menor cifra en este mes desde 2008.

Con respecto al mes de marzo de 2025, el paro femenino baja en 95.206 (-6,1%).

El desempleo masculino se sitúa en 961.140 hombres al descender 8.093 (-0,8%), en relación al mes de febrero. Con respecto al mes de marzo de 2025, el paro masculino desciende en 65.220 hombres (-6,4%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de marzo en 431 personas (-0,2%) respecto al mes anterior. El número total de jóvenes desempleados se sitúa en 188.977, la cifra más baja registrada en un mes de marzo de la serie histórica.

El paro por comunidades autónomas

El paro registrado en marzo de 2026 baja en catorce Comunidades Autónomas, las caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

Apenas varía en las tres comunidades restantes: Comunidad de Canarias (843 personas), Comunidad de Madrid (342 personas) y País Vasco (179 personas).

Contratos

El número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 1.311.070 con un incremento de 144.469 (12,4%) más que en el mismo mes del año anterior.

De ellos, 576.532 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y representan el 44% de todos los contratos.

Prestaciones por desempleo de febrero de 2026

Los beneficiarios y beneficiarias existentes a final de febrero fueron un total de 1.842.216 de personas.

La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de febrero de 2026 ha sido del 80,7% y marca su máximo valor de la serie histórica en ese mes.

La inversión media mensual por persona beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de febrero de 2026 ha sido de 1.610,2 euros lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 310,7 euros (23,9%).

La inversión total de febrero de 2026 ascendió a 2.255,5 millones de euros.

Más información

• Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo – Marzo 2026 (PDF)

27 Mar 2026

Ámbito CNMC: Telecomunicaciones

• Se aprueba la circular que regula el procedimiento de inscripción, modificación y cancelación de los alias en un nuevo Registro, una base de datos que permitirá identificar a los remitentes que utilizan nombres comerciales o marcas en mensajes SMS, MMS y RCS enviados a números españoles.
• Solo se entregarán a los usuarios españoles los mensajes con alias previamente inscritos en el Registro y asociados a entidades legítimas. Así, si una empresa quiere enviar mensajes con el nombre de su marca como remitente, deberá registrarlo previamente; de lo contrario, el mensaje tendrá que ser bloqueado.
• Los operadores de telefonía deberán bloquear los mensajes que provengan de alias no registrados a partir del 7 de junio de 2026.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la circular que regula el Registro de alias, un sistema que permitirá verificar los nombres o marcas que aparecen como remitentes en los mensajes SMS, MMS o RCS enviados a números españoles. (CIR/DTSA/010/25).

El objetivo es devolver la confianza a los usuarios en las comunicaciones electrónicas a través de mensajes y reforzar su protección frente al intento de fraudes de suplantación de identidad, una práctica cada vez más frecuente en la que los estafadores utilizan alias —por ejemplo, el nombre de un banco o de una empresa— para aparentar que un mensaje procede de una entidad legítima.

Estas medidas se enmarcan en la Orden TDF/149/2025, de 12 de febrero, que establece diversas actuaciones para combatir las estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos.

Con la nueva circular, solo podrán utilizarse como remitente los alias previamente inscritos en el Registro de alias y vinculados a su titular legítimo. De este modo, los operadores deberán bloquear los mensajes que utilicen identificadores no registrados o que estando registrados no se reciban desde un proveedor de servicios de mensajería habilitado.

Por ello, si una empresa quiere enviar mensajes utilizando como remitente el nombre de su marca, deberá registrar previamente ese alias en el registro gestionado por la CNMC. Si un tercero intenta utilizar ese mismo nombre sin autorización, el mensaje será bloqueado.

Cómo funciona el Registro de alias

El Registro de alias, gestionado por la CNMC, recogerá todos los identificadores alfanuméricos (letras, números y letras combinados u otros caracteres) que pueden utilizarse como remitente en mensajes enviados a números españoles.

Podrán inscribir alias los titulares de alias (empresas y administraciones públicas) u otras entidades o proveedores de mensajería que actúen en nombre de los titulares de alias.

Para registrarlos, deberán acreditar que el alias tiene vinculación con su marca, nombre comercial, denominación social o dominio, u otros criterios, y que cumple las reglas técnicas y de formato establecidas en la circular.

Obligaciones para proveedores de mensajería

La Circular también define los distintos agentes que participan en el envío de mensajes (proveedores de servicio de mensajería en origen, tránsito o terminación) y sus responsabilidades.

En particular, los proveedores registrados deberán bloquear los mensajes cuando:

•  se utilicen alias no inscritos en el registro,
• procedan de proveedores no registrados,
• se envíen sin la habilitación por parte del titular del alias, o
• correspondan a empresas extranjeras no inscritas en España, salvo cuando el usuario destinatario del mensaje esté en itinerancia.

Calendario de aplicación

Los proveedores de mensajería podrán realizar cargas masivas de alias durante un mes a contar desde la entrada en vigor de la Circular tras su publicación en el BOE. 

Asimismo, los proveedores de mensajería podrán realizar pruebas y adaptar sus sistemas para interactuar con el Registro de alias hasta el 6 de junio de 2026.

A partir del 7 de junio de 2026, entrarán plenamente en vigor las obligaciones de bloqueo de mensajes enviados con alias no registrados o inscritos que no provengan de proveedores habilitados.

Además, la CNMC habilitará en su página web un portal público que permitirá consultar qué alias están registrados y quién es su titular, lo que contribuirá a aumentar la transparencia y la confianza de los usuarios finales en las comunicaciones electrónicas. 

1 Abr 2026

Ámbito CNMC: Postal

• Correos debe cumplir unos estándares de calidad aprobados por el Gobierno porque ofrece el Servicio Postal Universal en España.
• La CNMC ha descontado algunas mediciones afectadas por las danas de octubre y noviembre de 2024.

Correos cumplió los objetivos de plazo de respuesta a quejas y reclamaciones y los de entrega de algunas modalidades de carta ordinaria y paquetes (D+3). Sin embargo, incumplió los indicadores de seguridad de los envíos, la ratio de quejas y reclamaciones sobre el total de envíos, de tiempo de espera en oficina, entre otros, según la resolución de la CNMC (STP/DTSP/069/24).

Calidad de prestación del SPU

Correos es el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal, esto es, el conjunto de servicios postales que deben garantizarse de forma permanente en todo el territorio nacional, con determinados estándares de calidad y a precios asequibles para todos los usuarios. 

El Servicio Postal Universal incluye los envíos nacionales y transfronterizos, ordinarios y certificados, de tarjetas postales y de cartas hasta 2 kg de peso, y de paquetes postales hasta 20 kg. Correos recibe una compensación económica por cumplir con las obligaciones de servicio público. 

En junio de 2021 el Gobierno definió, a través del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, los nuevos objetivos de calidad del operador. Incumplirlos reduce la compensación que recibe por prestar el Servicio Postal Universal. 

Resultados y recomendaciones

La CNMC supervisa la calidad de la prestación del SPU por Correos. Este es el cuarto ejercicio que lo hace conforme a los nuevos objetivos de calidad del Plan de Prestación y ha señalado también algunas deficiencias metodológicas que Correos debe corregir en el futuro.

La CNMC insiste en recomendar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que analice con detalle las desviaciones que afectan al número de reclamaciones presentadas y a la seguridad de los envíos.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación, y que no vincula a la CNMC. Reproducción permitida solo si se cita la fuente.

Economía, Comercio y Empresa – 30.3.2026

Esta evolución, correspondiente a los datos del ejercicio 2024, confirma la confianza sostenida de los inversores internacionales en la economía española, así como en la calidad de su entorno empresarial.

• El Registro de Inversiones Extranjeras ha actualizado las cifras posición de inversión exterior -extranjera en España y española en el exterior- correspondientes al ejercicio 2024.

De ellas, en los relativo a la inversión extranjera directa en España, se extrae que el stock de inversión extranjera directa (IED) productiva en España alcanzó los 627.795 millones de euros en 2024, consolidando una década de crecimiento ininterrumpido.

Esta evolución confirma la confianza sostenida de los inversores internacionales en la economía española, así como en la calidad de su entorno empresarial.

Las empresas con participación extranjera continúan desempeñando un papel esencial en el tejido productivo, con más de 2 millones de empleos, lo que equivale a cerca del 10% del empleo total. Este dato pone de relieve la contribución de la inversión internacional al crecimiento económico y a la creación de oportunidades en España.

Por origen, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido se mantienen como los principales países inversores en España.

Por sectores, destacan la industria manufacturera, el sector energético, el comercio y los servicios financieros, ámbitos clave para la transformación y competitividad de la economía.

Inversión española en el exterior

En paralelo, España continúa reforzando su papel como inversor global. La inversión española en el exterior alcanzó en 2024 un volumen cercano a los 650.000 millones de euros, reflejo del dinamismo y la creciente internacionalización de las empresas españolas.

Los principales destinos de la inversión española siguen siendo Estados Unidos y Reino Unido, junto con mercados estratégicos como México y Brasil, lo que pone de manifiesto la diversificación geográfica y la vocación global de nuestras empresas.

Asia y Oceanía concentran el 2,8% de la inversión española en el exterior, alcanzando cerca de 18.000 millones de euros. Por su parte, África concentra el 1,2% del total, con más de 7.700 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 15% respecto al stock de 2023.

Desde el punto de vista sectorial, las inversiones se concentran en las actividades financieras y de seguros, la industria manufacturera y el sector energético, ámbitos en los que España cuenta con empresas altamente competitivas a nivel internacional.

En conjunto, estos resultados confirman el atractivo de España como destino inversor de referencia y la capacidad de sus empresas para competir y crecer en los mercados internacionales, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo económico y al empleo.

Ejecución presupuestaria a 28 de febrero de 2026

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 31.3.2026

Las cotizaciones sociales superan en 2.251 millones de euros a las obtenidas un año antes. El sistema registra un saldo positivo de 3.172 millones de euros, equivalente al 0,2% del PIB.

• Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran un incremento del 7,8 % interanual en los datos acumulados hasta febrero de este año, alcanzando los 31.122 millones de euros (2.251 millones más que el año anterior).

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, registran un incremento interanual del 36,4 %, hasta situarse en los 927 millones de euros que se destinan íntegramente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 11.028 millones de euros (un 54,9 % más).

En el análisis mensual comparativo se observa que en febrero los ingresos por cuotas se cifraron en 15.582 millones de euros, 5.589 millones de euros más que el mismo mes de 2019.

En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan, a 28 de febrero de 2026, un saldo positivo de 3.172 millones de euros. Este resultado se obtiene de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 39.395 millones de euros, que muestran un incremento del 5,3 % y obligaciones reconocidas de 36.223 millones, que crecen en un 9,3 % interanual.

Por su parte, los datos de los Fondos de la Seguridad Social hasta el mes de enero que incluyen, además del sistema, la información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) muestran, en términos de contabilidad nacional, un saldo positivo de 2.905 millones de euros, equivalente al 0,2 % del PIB.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 38.624 millones de euros, con un incremento del 6,6 % respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentan un aumento del 9,4 %, hasta alcanzar los 36.069 millones de euros.

Ingresos no financieros

Como ya se ha indicado, en estos dos meses del año, las cotizaciones sociales ascienden a 31.122 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,8 % respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2025 (2.251 millones de euros más).

Este crecimiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 8,0 % hasta alcanzar los 29.350 millones de euros (2.186 millones de euros más que en el ejercicio anterior).

Por regímenes, estas cotizaciones de ocupados se distribuyen entre Régimen general con un importe acumulado de 23.723 millones de euros y los regímenes especiales -Autónomos, Mar y Minería del Carbón- con un importe global de 2.428 millones de euros.

Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 1.773 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 3,8 % (65 millones de euros más que el año anterior, en términos absolutos).

El importe total de las transferencias recibidas por la Seguridad Social se sitúa en 7.980 millones de euros, lo que supone una ligera disminución del 0,2 % interanual La partida de mayor relevancia corresponde a las transferencias procedentes del Estado y sus Organismos Autónomos, que ascienden a 7.186 millones de euros, un 0,3 % menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la menor percepción de fondos para financiar la Protección familiar.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones ascienden a 34.352 millones, un 9,1 % más que en el mismo periodo de 2025. Esta cifra representa un 94,8 % del gasto total del sistema de Seguridad Social.

La partida más relevante corresponde a pensiones y prestaciones contributivas por importe de 31.171 millones de euros, con un aumento de un 8,7 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En un análisis detallado del área contributiva destaca:

• El gasto en pensiones -incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género- se incrementa un 5,7% hasta los 27.115 millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (1,5%), a la elevación de la pensión media (4,5 %), así como a la revalorización general del 2,7 % de las pensiones contributivas en el ejercicio 2026.
• El gasto en subsidios por incapacidad temporal crece un 38,8 %, alcanzando los 3.051 millones de euros. Por su parte, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como las destinadas al cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad, suman 876 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,4 %.

Respecto al área no contributiva, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, ascienden a los 3.181 millones de euros, un 13,2 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Este incremento se debe fundamentalmente, a la revalorización general del 11,4 % establecida para el ejercicio 2026. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 1.928 millones (un 12,8 % más), y a subsidios y otras prestaciones 1.253 millones (un 13,8 % más), de los cuales 1.184 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 13,4 % más respecto del año anterior.

27 Marzo 2026

CEOE estima que, de mantenerse la guerra y las tensiones en Oriente Próximo, la inflación puede situarse en un rango comprendido entre el 3% y el 4% en los próximos meses, por encima de la previsión del IPC que había para el conjunto del año, que era del 2,6% de media anual.

El impacto final sobre la inflación dependerá de la duración del conflicto. En todo caso, CEOE espera un repunte a corto plazo.

Para el conjunto del año, la previsión es que cada incremento del 10% en el precio del petróleo genere un alza de la inflación de 2 décimas y afecte de forma negativa al crecimiento del PIB en 1 décima.

El impacto de la guerra de Irán y sus consecuencias en los precios energéticos se ha hecho notar en el IPC de marzo, con un repunte de 1 punto, hasta el 3,3% interanual, según el dato adelantado publicado este viernes por el INE.

Este repunte se explica por la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. Las empresas quedan a la espera de las consecuencias que tengan las medidas adoptadas por el Gobierno, que podrían permitir contener el aumento en los precios de los combustibles. 

El IPC subyacente se ha mantenido en el 2,7% interanual, por lo que todavía no se ha producido una transferencia del incremento de los costes energéticos a otros bienes y servicios de la cesta de precios del núcleo subyacente (como alimentos elaborados o servicios y bienes industriales no energéticos).

25 Mar 2026

CNMC

• El número de viajeros fue un 13 % menos que en el mismo trimestre de 2024, pero un 60 % más que antes de la liberalización.
• La demanda en el corredor sur experimentó un fuerte crecimiento, un 18 % el Madrid-Sevilla y un 9 % el Madrid-Málaga/Granada.
• Tras el fin de la gratuidad, el servicio de media distancia convencional ganó viajeros (+ 4 %) y el de Cercanías los mantuvo (- 1 %). 
• El transporte de mercancías creció un 15 % interanual. 

La alta velocidad comercial registró 10,6 millones de viajeros en el cuarto trimestre de 2025, un 5,3 % más que en el mismo trimestre de 2024, según los últimos datos de la CNMC (INF/DTSP/042/25).

Por primera vez desde la liberalización, la demanda en el corredor Madrid-Barcelona se redujo un 13 % interanual, hasta los 3,3 millones. Las plazas ofertadas sólo disminuyeron un 4,4 %, al compensarse la supresión de los servicios Avlo de Renfe con más oferta de Iryo y Ouigo.

El mayor crecimiento interanual se produjo en el corredor Madrid-Valencia (+26 %, 1,5 millones de viajeros) debido, al menos en parte, a la importante reducción de la demanda que se produjo en el último trimestre de 2024 tras la DANA.

Los corredores del sur aumentaron su demanda de forma significativa: Madrid-Sevilla (+18,1 %, 1,6 millones) y Madrid-Málaga/Granada (+9,2 %, 1,4 millones de viajeros). El corredor Madrid-Alicante se mantuvo prácticamente sin cambios (+0,4 %, 1 millón).

Cuotas de mercado

Renfe concentró más del 60 % de los viajeros en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia (51 %) y en el Madrid-Barcelona (56 %). En este último, Renfe perdió 6 p.p. de cuota en favor de Ouigo (+4p.p., 19 %) y de Iryo (+2 p.p, 24 %). 

Ouigo ganó 6 p.p. de cuota a costa de Iryo (-2 p.p.) y Renfe (-4 p.p.) en el Madrid-Sevilla, y otros 6 p.p. en el Madrid-Alicante, al retirar Iryo su oferta de verano.

Precios de los billetes 

Los precios medios[1]  en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia subieron de forma considerable respecto al mismo trimestre de 2024 (un 36 % y un 23 %, respectivamente). Sin embargo, fueron un 7 % y un 32 % más baratos, respectivamente, que antes de la liberalización (un 24 % y un 45 %, si tenemos en cuenta la inflación).

En el corredor sur, los precios medios bajaron un 10 % y fueron un 31 % más baratos que antes de la liberalización.

Media Distancia y Cercanías

Los viajeros aumentaron en el servicio de media distancia convencional (+4,1 %) y se mantuvieron en el de Cercanías (-1 %). Ambos servicios fueron gratuitos para viajeros frecuentes desde septiembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2025 y ahora los abonos mensuales tienen una subvención.

En la media distancia alta velocidad, en la que los abonos siguen estando subvencionados al 50 %, aumentaron un 17,3 % los viajeros. 

Transporte de mercancías

La actividad de transporte de mercancías creció un 2,6 % en el trimestre y un 15 % interanualmente en toneladas.km netas. 

Renfe perdió 11 p.p. de cuota de mercado, hasta el 32 %. Captrain tiene un 20 %, y Continental y Medway, un 14 % cada una.

[1] Medido como el ingreso medio por Vkm (Ingreso / Viajero.km) para que los corredores sean directamente comparables.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 31.3.2026

Se trata de una reducción de 1,3 puntos porcentuales del PIB desde 2016. Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social ascienden a 176.918 millones de euros y las cotizaciones sociales se incrementan un 6,9%.

• La Seguridad Social cerró el ejercicio 2025 con un déficit de 7.387 millones de euros frente a los 9.834 millones de euros de saldo negativo obtenidos en la misma fecha del año 2024. Estos 7.387 millones, equivalentes al 0,4% del producto interior bruto (PIB).

Se trata del nivel más bajo desde 2011 y una reducción de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2016, cuando se alcanzó el mayor déficit del sistema (1,7% del PIB).

Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran un incremento del 6,9% interanual en los datos acumulados en los doce meses del año 2025, alcanzando los 176.918 millones de euros (11.341 millones más que el año anterior). Esta cifra representa un 10,5% respecto al PIB.

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, registran un incremento interanual del 33%, hasta situarse en los 4.935 millones de euros que nutren el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 52.663 millones de euros (un 42,4 % más).

En el análisis mensual comparativo se observa que en diciembre los ingresos por cuotas se cifraron en 14.887 millones de euros, 4.259 millones de euros más que el mismo mes de 2019.

En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo, a 31 de diciembre de 2025, de 7.387 millones de euros frente a los 9.834 millones de euros de saldo negativo obtenidos en la misma fecha del año 2024. Estos 7.387 millones, equivalentes al 0,4% del PIB, son el resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 232.782 millones de euros, que muestran un incremento del 7,8% y obligaciones reconocidas de 240.169 millones, que crecen en un 6,5% interanual.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 230.987 millones de euros, con un incremento del 7,8% respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentan un aumento del 6,4%, hasta alcanzar los 240.034 millones de euros.

La evolución de este saldo presupuestario muestra que el obtenido en 2025, en términos de PIB, se sitúa dos décimas por debajo respecto al obtenido en el año anterior y nueve décimas por debajo al obtenido el último año previo a la pandemia.

Por su parte, los datos de los Fondos de la Seguridad Social -que incluyen, además del sistema, la información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)- muestran, en términos de contabilidad nacional, un saldo negativo de 5.580 millones de euros, equivalente al 0,3?% del PIB.

Ingresos no financieros

Como ya se ha indicado, en estos doce meses del año 2025, las cotizaciones sociales ascienden a 176.918 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,9 % respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2024 (11.341 millones de euros más).

Este comportamiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 6,9% hasta alcanzar los 167.042 millones de euros (10.768 millones de euros más que en el ejercicio anterior). Dentro de las cotizaciones de ocupados podemos destacar la evolución de éstas por regímenes, distinguiéndose entre Régimen general con un importe acumulado de 136.484 millones de euros y los regímenes especiales -Autónomos, Mar y Minería del Carbón- con un importe global de 12.609 millones de euros.

Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 9.876 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 6,2 % (573 millones de euros más que el año anterior, en términos absolutos).

Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 52.990 millones de euros, con un aumento interanual del 10,1 %. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 47.815 millones (un 11,0 % más). En particular, el incremento tiene su origen, fundamentalmente, en una mayor percepción de fondos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo (2.372 millones de euros más), para financiar el Ingreso mínimo vital (1.224 millones de euros más) y para financiar los complementos por mínimos de pensiones (804 millones de euros más).

Gastos no financieros

Por el lado del gasto, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 225.351 millones, un 6,7 % más que en el mismo periodo de 2024. Esta cifra representa un 93,8% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.

La mayor partida, 206.360 millones de euros corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 6,3 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En un análisis detallado del área contributiva, el gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género) se incrementa un 5,7 % hasta los 182.526 millones de euros, debido al aumento del número de pensionistas (1,5 %), a la elevación de la pensión media (4,4%), así como a la revalorización general del 2,8 % de las pensiones contributivas en el ejercicio 2025.

Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total aumenta un 11,8% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 18.413 millones de euros. Asimismo, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad ascienden a 4.666 millones (un 8,1% más).

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, ascienden a los 18.992 millones de euros, un 11,5 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debe fundamentalmente, a la revalorización general del 9 % establecida para el ejercicio 2025.

De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 12.288 millones (un 10,9% más), y a subsidios y otras prestaciones 6.703 millones (un 12,7% más), de los cuales 6.262 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 12,8% más respecto del año anterior.

Real Decreto-ley para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Medio

Vivienda y Agenda Urbana – 26.3.2026

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, que incluye una prórroga de las deducciones fiscales por rehabilitación de viviendas y un cambio normativo para impulsar la construcción de vivienda pública y asequible.

• La prórroga de los beneficios fiscales por obras de mejora energética de las viviendas supone extenderlas para las actuaciones realizadas en los años 2025 y 2026. Esta deducción se aplica sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual, en viviendas alquiladas o con expectativas de alquilarlas, y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética.

Entre los años 2021 y 2024 que ya estuvieron en vigor, se presentaron un total de 291.763 declaraciones con un beneficio medio por contribuyente de 1.918 € de media por contribuyente, lo que acreditó obras de mejora energética en un total de 203.756 inmuebles.

Las deducciones por rehabilitación energética de la vivienda, incluyendo las realizadas en el año 2025, son las siguientes:

• 20% por las obras (hasta el 31 de diciembre de 2026) que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, habitual, alquilada o en expectativa de alquiler, en al menos un 7%.
• 40% por las obras (hasta el 31 de diciembre de 2026) que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable o logren una calificación energética A o B.
• 60%, en edificios de uso mayoritariamente residencial, por las obras de rehabilitación energética del edificio (hasta el 31 de diciembre de 2027) que reduzcan al menos un 30% el consumo o alcancen una calificación energética A o B.

Modificación para impulsar la construcción de vivienda pública y asequible

Así mismo, se ha convalidado la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para impulsar la construcción de vivienda asequible en suelos de titularidad pública. Este cambio avanza en la simplificación y flexibilización del marco normativo para facilitar la aplicación de las distintas fórmulas de colaboración público-privada recogidas en la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La norma establece una serie de particularidades a los contratos de concesión cuando éstos tengan por objeto realizar actuaciones de construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles de titularidad pública y cuyo destino sea el de vivienda social o a precios asequibles.

19 marzo, 2026 

• El sindicato alerta de que las Administraciones no han adoptado los compromisos anunciados tras los graves incendios del pasado verano

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO) alerta de que España se acerca a una nueva temporada de incendios forestales sin que las distintas Administraciones públicas hayan cumplido buena parte de los compromisos anunciados tras los graves fuegos del verano de 2025.

El pasado verano dejó una huella devastadora en amplias zonas del país y volvió a poner de manifiesto las carencias estructurales que arrastran los servicios de prevención y extinción de incendios. FAC-USO denuncia que siguen sin afrontarse de manera seria los problemas de fondo que padecen los operativos en muchos territorios y exige a todas las Administraciones que dejen de mirar hacia otro lado y cumplan de una vez las promesas realizadas tras los incendios del pasado verano poniendo en marcha medidas urgentes. En este sentido, es imprescindible reforzar y estabilizar las plantillas; cubrir con antelación jubilaciones y vacantes; garantizar campañas suficientes; dotar adecuadamente a los operativos de medios materiales y equipos de protección; dignificar las condiciones salariales y laborales del colectivo y poner en marcha planes reales de gestión forestal y limpieza del monte durante todo el año. “Porque no se puede seguir tratando a quienes sostienen la primera línea frente al fuego como personal temporal o de segunda”, critican desde el sindicato.

Prevención de incendios forestales en un escenario de cambio climático

Tras un invierno largo y especialmente lluvioso, todo apunta a que en muchas zonas del territorio nacional aumentará la masa vegetal y el combustible forestal si no se actúa de forma decidida con limpieza, gestión preventiva y trabajos continuados sobre el monte. “El riesgo no se combate con discursos cuando aparece el primer gran incendio, sino con planificación, inversión y trabajo durante todo el año”, apuntan desde FAC-USO.

En este sentido, FAC-USO advierte de que la prevención no puede seguir limitándose a actuaciones puntuales o meramente reactivas. En un escenario de cambio climático, resulta imprescindible adaptar el territorio y los dispositivos operativos a una realidad cada vez más compleja, apostando por una gestión estratégica del combustible, por actuaciones preventivas sostenidas durante todo el año y por una mayor implicación de los profesionales de incendios forestales en la planificación, el asesoramiento técnico y la preparación de las zonas más expuestas, especialmente en áreas de interfaz urbano-forestal. Porque sin prevención real, sin monte gestionado y sin una visión de largo plazo, el riesgo se multiplica antes incluso de que comience el verano.

“La prevención de incendios no puede depender de parches estacionales ni de anuncios oportunistas, porque cuando el monte arde, ya es demasiado tarde para prometer lo que no se hizo. Proteger nuestros montes, nuestros pueblos y a quienes se juegan la vida en cada emergencia exige voluntad política, inversión sostenida y respeto por unos profesionales esenciales para la seguridad colectiva”, recalcan desde FAC-USO.

Jueves, 26 de marzo de 2026

La Sala de lo Social del TSJN archiva la propuesta de sanción para una abogada que citó jurisprudencia inventada debido a que se apresuró a pedir disculpas, manifestó que lo hizo sin mediar mala intención y alegó que su error se produjo solo por la falta de revisión

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) advierte en una resolución “de las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías”, en concreto, de la inteligencia artificial, cuyo uso fraudulento puede ser sancionable económicamente por mala fe procesal. 

En el supuesto enjuiciado, la Sala ha archivado el procedimiento sancionador abierto contra una abogada que, en un recurso presentado en octubre de 2025, incluyó ocho citas inventadas de sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Navarra y Tribunal Superior de Madrid. 

“No nos cabe duda [de] que el uso descuidado de estas tecnologías en los procedimientos judiciales plantea importantes implicaciones deontológicas y, desde luego, es susceptible de integrar un claro ejemplo de mala fe procesal y de abuso del proceso”, destacan los magistrados. 

No obstante, el Tribunal ha optado por el archivo de la causa debido a dos escritos presentados por la abogada en los que se apresuró a pedir disculpas: «En la singularidad del caso que nos ocupa, la inmediata reacción de la letrada excusando el error cometido determina que la Sala se incline por el archivo de la presente pieza separada sin imponer la correspondiente sanción pecuniaria, sirviendo la presente —quizá— de advertencia de las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías”.  

El pasado 20 de febrero, el Tribunal acordó abrir la citada pieza sancionadora por mala fe procesal con el fin de depurar las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir la abogada. 

La Sala consideraba que “esa actuación de la letrada constituía, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo de este Tribunal”. 

Cinco días después, la letrada presentó un escrito en el que hacía constar “el sincero reconocimiento expreso del error sin voluntariedad, por falta de revisión y en la confianza del borrador preparado, la retirada íntegra y [la] solicitud de tener por no puestas las citas y transcripciones afectadas”. Asimismo, expresaba “la más respetuosa y sincera disculpa personal y formal”. 

Además, el 3 de marzo volvió a interponer otro escrito, en el que, tras excusarse y disculparse nuevamente, incidía en el error cometido por no haber revisado el recurso adecuadamente. Solicitaba el archivo del expediente sancionador, puesto que, según alegaba, la mera apertura del mismo ya le había servido de aprendizaje. 

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, las multas por este tipo de mala praxis pueden oscilar entre 180 y 6.000 euros. 

En la apertura de esta pieza separada, la Sala argumentó que “esta irregularidad cometida por la letrada constituye, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo del tribunal, por tener que enjuiciar las consecuencias de tal injustificada irregularidad (como ya ha mantenido la Sala Primera del Tribunal Constitucional)”. 

Para el TSJN, el uso de las tecnologías emergentes y de los materiales generados por inteligencia artificial en los procedimientos judiciales no está exento de importantes consideraciones éticas y legales para garantizar un uso responsable. “Lo que impone una verificación adicional, puesto que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo”, remarca.

24/03/2026  

Registradores

El Colegio de Registradores publica el informe El rol de la mujer en la empresa española, un estudio que analiza la presencia femenina tanto en el empleo como en los órganos de administración de las sociedades mercantiles en España.

El documento, elaborado a partir de la información procedente del Registro Mercantil y de los depósitos de cuentas anuales realizados durante el año 2025, correspondientes al ejercicio 2024, ofrece una radiografía actualizada de la participación de la mujer en el tejido empresarial español y permite identificar avances, desafíos pendientes y tendencias en materia de igualdad de género en el ámbito empresarial.

El informe se basa en el análisis de más de 1,025 millones de depósitos de cuentas anuales, lo que proporciona una muestra muy amplia del tejido empresarial español y permite estudiar la participación femenina en los dos ámbitos, el empleo y la intervención en los órganos de administración de las empresas.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL EMPLEO EMPRESARIAL

En relación con el empleo, los datos muestran que las PYME concentran el 65,9% del empleo analizado, lo que confirma el peso fundamental de este tipo de empresas en el mercado laboral español.

En cuanto a la participación femenina, el informe señala que las mujeres representan el 38,7% del empleo en las PYME, mientras que en las grandes empresas esta proporción alcanza el 43,6% del total del empleo.

Por tamaños empresariales, la mayor proporción de empleo femenino se observa en microempresas (40,2%), seguidas de las empresas medianas (39,6%), mientras que en las pequeñas empresas el porcentaje se sitúa en el 35,9%.

Desde una perspectiva sectorial, el estudio evidencia importantes diferencias en la distribución del empleo por género. Los sectores más masculinizados continúan siendo las industrias extractivas y la construcción, donde los hombres ocupan más del 85% de los puestos de trabajo. En cambio, la presencia femenina es mayoritaria en las actividades sanitarias y de servicios sociales, donde las mujeres representan aproximadamente tres de cada cuatro empleos.

Asimismo, el informe identifica sectores con un equilibrio más cercano entre hombres y mujeres, como las actividades inmobiliarias, las actividades financieras y de seguros o las actividades profesionales, científicas y técnicas.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

En cuanto a la presencia femenina en los órganos de administración de las sociedades mercantiles, el informe concluye que todavía se encuentra lejos de alcanzar niveles de paridad.

La representación de mujeres en los órganos de administración alcanza el 26,8% en las microempresas, el 21,3% en las pequeñas empresas, el 20,1% en las medianas empresas y el 21,6% en las grandes empresas, lo que refleja una presencia aún limitada en los niveles de decisión empresarial.

Desde una perspectiva sectorial, los mayores porcentajes de participación femenina en órganos de administración se concentran en Educación (42,4%), Otros servicios (42,1%) y Actividades sanitarias y de servicios sociales (41,2%). Por el contrario, los sectores con menor presencia femenina en los órganos de dirección son Información y comunicaciones (18,3%), Industrias extractivas (18,5%) y Construcción (18,8%).

En conjunto, el estudio pone de manifiesto que, aunque la participación de las mujeres en el mercado laboral español ha experimentado una evolución positiva en las últimas décadas, su presencia en los órganos de administración de las empresas continúa siendo inferior a una cuarta parte del total, lo que evidencia la persistencia de una brecha de género en los niveles de liderazgo empresarial. 

23 Mar 2026

• La declaración conjunta de CEOE y su homóloga francesa MEDEF expresa su respaldo a la aplicación provisional del Acuerdo Comercial Interino entre la UE y Mercosur

La Residencia del Embajador de España en París ha acogido este lunes, día 23, el V Foro Económico Francia-España, en el que los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), Patrick Martin, han suscrito una declaración conjunta para, entre otras cosas, urgir a la UE adoptar medidas concretas para acelerar las inversiones y la innovación en el actual contexto de inestabilidad geopolítica, tensiones en las cadenas de suministro y creciente competencia global.

El acto, que ha sido precedido por paneles con alta representación empresarial, ha contado además con la presencia del ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, y de Francia, Roland Lescure.

CEOE y MEDEF, que han reafirmado de este modo su compromiso de fortalecer la cooperación económica franco-española como motor de competitividad y crecimiento en Europa, han recordado y respaldado en este sentido el compromiso adquirido por los líderes europeos con la agenda One Europe, One Market para completar el Mercado Único en 2028.

Concretamente, la declaración llama a la eliminación de barreras en el Mercado Único, así como de cargas burocráticas, que lastran la inversión, especialmente en sectores industriales, energéticos y de infraestructuras estratégicas, y en las PYMES en general.

Asimismo, llama a reforzar la inversión en sectores innovadores y en tecnologías críticas. A este respecto, señalan que el próximo Marco Financiero Plurianual debe ser ambicioso y sus recursos deben priorizar proyectos con efecto tractor.

Al mismo tiempo, CEOE y MEDEF hacen hincapié en la necesidad de avanzar en la Unión de Ahorros e Inversiones como herramienta clave y prioritaria para desbloquear el potencial inversor de la UE, así como en la urgencia de disponer de una energía descarbonizada, competitiva y segura como condición indispensable para la resiliencia europea y la competitividad de su industria.

Industria de Seguridad y Defensa integrada

Por último, la declaración también considera esencial invertir en resiliencia y soberanía, con una industria de seguridad y defensa integrada, reduciendo las dependencias externas, y la necesaria diversificación geográfica de la actividad empresarial española y francesa.

En la apertura del Foro, el presidente de CEOE ha destacado la necesidad de afrontar juntos, las empresas españolas y francesas, los desafíos globales, y de reforzar la competitividad de Europa.

Garamendi ha señalado que “la autonomía estratégica europea solo será posible si reforzamos juntos nuestra base industrial, ampliamos las alianzas tecnológicas y fomentamos una colaboración más intersectorial que incluya tanto a grandes compañías como a PYMES, que constituyen la mayor parte de nuestro tejido productivo”. Asimismo, ha llamado a “avanzar juntos en la Seguridad y la transición energética”.

Actuar en el seno de la UE

Durante el Foro ha tenido lugar también una ponencia a cargo del profesor asociado de la Universidad de la Sorbona y experto de la UE en el Instituto Montaigne, Thierry Chopin, sobre la necesidad de unir fuerzas y actuar en el seno de la UE para hacer frente los cambios económicos y geopolíticos actuales.

Asimismo, se han celebrado varias mesas redondas de discusión entre empresas españolas y francesas, sobre las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países; y servicios financieros y alianzas entre España y Francia para reimpulsar la base industrial con una visión de futuro.

23 Mar 2026 CNMC

• Las instituciones comunitarias impulsan estándares comunes para facilitar el tráfico ferroviario entre países.
• El cambio del ancho de vía puede afectar a la competitividad del ferrocarril como medio de transporte de mercancías.
• El despliegue del sistema europeo de señalización y control ERTMS (European Rail Traffic Management System) debe coordinarse con Francia y Portugal para aprovechar su potencial.

La CNMC ha aprobado un informe en el que analiza cómo las diferencias técnicas en la red ferroviaria —como el ancho de vía, la electrificación o los sistemas de señalización— pueden dificultar la prestación de servicios y limitar la competitividad del ferrocarril, especialmente en el transporte de mercancías (INF/DTSP/070/25).

En Europa, estas diferencias han fragmentado históricamente el sistema ferroviario. Por eso, las instituciones comunitarias promueven estándares comunes para asegurar la interoperabilidad y facilitar el transporte transfronterizo, en particular a través de los corredores TEN-T (como el Mediterráneo y Atlántico en España), que promueven un ancho de vía común, la electrificación de las líneas y la señalización con el sistema ERTMS.

La red ferroviaria española suma 15.673 km; de los que 3.104 km corresponden a alta velocidad en ancho internacional y más de 11.000 km a ancho ibérico. El 67 % de la red está electrificado y cerca de 3.000 km disponen de señalización ERTMS, uno de los despliegues más amplios de la Unión Europea.

Ancho de vía: impacto en mercancías y viajeros

La expansión de la red de alta velocidad en ancho estándar en España ha generado barreras internas al tráfico nacional. En los trenes de viajeros existe una solución técnica que permite circular al mismo tren por ambos anchos de vía, estándar e ibérico. Sin embargo, en el transporte de mercancías esto no es posible: es necesario transferir la carga entre trenes, lo que reduce la eficiencia y la competitividad del ferrocarril frente a otros modos de transporte.

Por ello, la CNMC señala que cualquier decisión sobre la sustitución del ancho ibérico debe analizarse cuidadosamente, teniendo en cuenta cómo afectará a la competitividad del transporte ferroviario.

Electrificación e inversiones

En los últimos años, y con el apoyo del Plan Mercancías 30, las empresas ferroviarias han adquirido locomotoras eléctricas, más eficientes y sostenibles que las diésel. 

Sin embargo, la diversidad de tensiones en la red ferroviaria hace que las locomotoras tengan que ser multitensión, o a seguir empleando tracción diésel incluso en líneas electrificadas. De modo que, para aprovechar las ventajas de la electrificación, debe evitarse la presencia de diferentes tensiones en un mismo trayecto. 

Señalización: clave para la interoperabilidad

El sistema de señalización ERTMS permite más tráfico y facilita el transporte transfronterizo. Para maximizar sus beneficios, la CNMC recomienda coordinar su implementación con Francia y Portugal. Los trenes de ancho ibérico no pueden circular en otros países, por lo que no se beneficiarán de esa interoperabilidad. Por eso, hay que priorizar el despliegue del ERTMS en las líneas de ancho estándar y en aquellas que migrarán a este ancho, y en las líneas de ancho ibérico donde el sistema sea necesario para aumentar la capacidad. 

Además, el despliegue del ERTMS debería realizarse en rutas comerciales viables y debería acompañarse de ayudas para la adaptación del material rodante. 

Pruebas de compatibilidad

Antes de que un tren pueda circular, deben realizarse pruebas de compatibilidad con la infraestructura. El informe pide a todas las partes involucradas en el proceso de autorización el cumplimiento del plazo máximo de tres meses previsto en la normativa para reducir costes y aportar certidumbre a las empresas ferroviarias. 

Lunes, 23 de marzo de 2026

Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana registraron las tasas de demandas por cada 100.000 habitantes más altas, situándose por encima de la media nacional, que fue de 171,9

Autor Comunicación Poder Judicial

Las 84.424 demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2025 experimentaron en su conjunto un descenso del 11,7 % respecto a las registradas en 2024, según los datos recogidos por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se publican hoy. 

Este descenso se debe al comportamiento de todos los tipos demandas de disolución matrimonial, especialmente las no consensuadas, que fueron las que experimentaron una disminución más acusada. 

Según recoge el informe, las demandas de divorcio no consensuadas registradas en los órganos judiciales en 2025 (27.935) descendieron un 24,7 % respecto al ejercicio anterior; por su parte, los divorcios consensuados (53.466) bajaron un 3 por ciento. 

En cuanto a las separaciones matrimoniales registradas en 2025, las no consensuadas (784) se redujeron un 22,1 por ciento, mientras que el decremento de las consensuadas (2.167) fue del 8 por ciento. 

Las nulidades matrimoniales del pasado año sumaron un total de 72, un 14,3 % más que en 2024, año en el que fueron 63. 

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2025, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 171,9. 

Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Baleares (207,7) demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Canarias, con 205,2; Comunidad Valenciana, con 195; Murcia, con 186,5; Castilla-La Mancha, con 182,4; Asturias, con 173,1; Cantabria, con 172,6 y Andalucía, con 172,3. 

Por debajo de la media nacional se situaron Cataluña, con 170,4; Extremadura, con 169,7; Galicia, con 168,5; La Rioja, con 168,4; Navarra, con 167,5; Aragón, con 164,3; País Vasco, con 153; Madrid, con 151 y Castilla y León, con 144,4.  

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

 En 2025 se presentaron 13.591 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 4,2 % más que en el año anterior. Por el contrario, las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 25.248, se redujeron en un 22,1 % respecto a 2024. 

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 23.318, cifra que representa un leve incremento interanual, situado en el 0,8 por ciento; las no consensuadas, que sumaron 22.302, disminuyeron un 21,8 por ciento respecto a 2024. 

Puede consultar los datos estadísticos completos en el siguiente enlace: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Demandas-presentadas-de-nulidades–separaciones-y-divorcios

Lunes, 23 de marzo de 2026

La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que la omisión de documentación esencial en la información pública vulneró el derecho de participación y determina la nulidad de la ordenanza

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid y ha declarado la nulidad de pleno derecho de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos.

La resolución analiza el procedimiento de aprobación de la ordenanza y concluye que se produjo una infracción sustancial de las normas que lo rigen, al haberse omitido durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa.

En concreto, no se incorporaron ni publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, documentos que, a juicio de la Sala, resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo.

Como refiere la sentencia, la ordenanza fue aprobada en el contexto de la obligación legal impuesta por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que exige a las entidades locales implantar sistemas de financiación basados en el principio de “quien contamina paga”. No obstante, subraya que dicha finalidad no exime del cumplimiento estricto de las garantías procedimentales ni de la obligación de motivar adecuadamente los elementos esenciales de la tasa.

En este sentido, la sentencia recuerda que el informe técnico-económico constituye una pieza esencial en el establecimiento de tasas municipales, al ser el instrumento que permite justificar tanto el coste del servicio como los criterios utilizados para la determinación de la cuota. De acuerdo con la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, este informe no puede limitarse a ofrecer datos numéricos o resultados finales, sino que debe contener una explicación razonada y completa de la metodología empleada, de modo que permita verificar la adecuación de la tasa a los principios de legalidad, proporcionalidad y equivalencia.

La Sala examina el contenido del informe publicado y concluye que, aunque incluía determinados resultados y cifras, no permitía conocer el proceso mediante el cual se habían obtenido, especialmente en lo relativo a la atribución de los residuos a las distintas actividades económicas y a la configuración de las denominadas zonas homogéneas. Esta información, esencial para entender la estructura de la tarifa por generación, se encontraba exclusivamente en los anexos omitidos.

El tribunal rechaza el argumento del Ayuntamiento de Madrid de que dichos anexos tenían carácter meramente auxiliar o complementario, considerando que contenían el núcleo metodológico del sistema de cálculo de la tasa, incluyendo los estudios estadísticos, los criterios de segmentación y las técnicas empleadas para estimar la generación de residuos. La ausencia de esta información impidió conocer la trazabilidad entre la actividad económica y la carga tributaria, lo que compromete la transparencia del sistema y la posibilidad de control por parte de los ciudadanos.

La resolución pone especial énfasis en la función del trámite de información pública como garantía del derecho de participación ciudadana. Según señala la Sala, este trámite no puede concebirse como un mero formalismo, sino como un instrumento que permite a los interesados examinar el expediente en su integridad y formular alegaciones fundadas. Para que este derecho sea efectivo, la Administración debe poner a disposición del público toda la documentación relevante, sin excepciones ni limitaciones.

La falta de publicación de los anexos -dicen los magistrados-, privó a los ciudadanos de la posibilidad de conocer los fundamentos técnicos de la ordenanza y de cuestionar, en su caso, la corrección de los criterios utilizados. Esta situación generó una indefensión material que, conforme a la jurisprudencia, constituye causa de nulidad de pleno derecho.

Por último, la Sala recuerda que no resulta suficiente que la Administración alegue la posibilidad de acceso a la documentación a través de solicitudes individuales, ya que la exigencia legal es la publicidad íntegra del expediente durante el periodo de información pública. Tampoco considera admisible sustituir la explicación metodológica por la mera exposición de resultados, al entender que ello impide verificar la racionalidad del cálculo de la tasa.

La sentencia es susceptible de recurso de casación.

viernes, 20 de marzo de 2026

El incremento de los concursos se debió a los presentados por personas naturales sin actividad empresarial, que sumaron un 36,3 % más que en 2024 y representaron el 89 % del total. El crecimiento de las ejecuciones hipotecarias se situó en el 35,6 por ciento, duplicando el aumento experimentado por estos procedimientos entre 2023 y 2024. Los lanzamientos disminuyeron un 11 % respecto a 2024: los derivados del impago del alquiler bajaron un 10,9 % y los derivados de ejecuciones hipotecarias, un 14,3 %. El informe ofrece por primera vez datos sobre la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual por razones de especial vulnerabilidad

Autor Comunicación Poder Judicial

En 2025, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas mostró un incremento interanual del 35,6 por ciento, un porcentaje que prácticamente duplica el aumento experimentado en 2024 (del 18,3 %) por este tipo de procedimientos. En el pasado ejercicio, se iniciaron en toda España un total de 31.416 ejecuciones hipotecarias, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. 

El informe también muestra el importante incremento de los concursos, siendo los 74.739 presentados en los órganos judiciales un 30 % más que los de 2024. Por el contrario, los lanzamientos practicados, que alcanzaron la cifra de 24.540, descendieron un 11 % respecto a 2024. 

Las ejecuciones hipotecarias aumentaron en todas las Comunidades Autónomas. En términos absolutos, Cataluña fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2025 (9.370), seguido por Andalucía (6.466), la Comunidad Valenciana (3.530) y Madrid (2.889).

Atendiendo al número de ejecuciones hipotecarias presentadas por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta correspondió a Cataluña, con 115. Le siguieron Murcia, con 82,9; Andalucía, con 73,2; Castilla-La Mancha, con 70,9 y la Comunidad Valenciana, con 65,2. 

25.540 lanzamientos practicados en 2025 

El número de lanzamientos practicados el año 2025 fue de 25.540, un 11 % por ciento menos que el año anterior. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual. 

Un 71,7 por ciento de los lanzamientos, 18.317, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 4.346 (el 17 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.877 restantes obedecieron a otras causas. 

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un descenso interanual del 10,9 % respecto a 2024, y los derivados de ejecuciones hipotecarias, una disminución del 14,3 por ciento. 

Cataluña –con 6.814, el 26,6 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 3.782; la Comunidad Valenciana, con 2.992; y Madrid, con 2.267. 

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 5.025. Le siguen Andalucía, con 2.600; la Comunidad Valenciana, con 2.158; y Madrid, con 1.931. Los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan Cataluña, con 1.050; Andalucía, con 913; Comunidad Valenciana, con 637; Murcia, con 254 y Madrid, con 252.

Los siguientes cuadros muestran la tasa de lanzamientos por cada 100.000 habitantes:

Suspensión de los lanzamientos 

En este informe se difunde por primera vez información relativa a las solicitudes recibidas y resueltas por los órganos judiciales sobre la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual por razones de especial vulnerabilidad. 

Estos datos se han incorporado recientemente al proceso estadístico y continúan sujetos a la implantación progresiva de controles adicionales de consistencia, completitud y calidad. Por este motivo, deben interpretarse con carácter orientativo, si bien permiten disponer de una primera aproximación cuantitativa sobre estos procedimientos. Pero teniendo en cuenta que no se dispone de información sobre los trimestres anteriores y, por ello, no es posible conocer la evolución de esos datos.

Durante el cuarto trimestre de 2025, los juzgados de primera instancia, las secciones civiles de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes recibieron 2.732 peticiones de suspensión de lanzamiento por especial vulnerabilidad y resolvieron un total de 2.559. 

Suspendieron 221 lanzamientos en aplicación del art. 1 del Real Decreto 11/2020 (que establece la “suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”); 84 en aplicación del art. 1 bis del mismo real decreto (que establece la “suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal”) y 167 en aplicación del art. 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referido a los casos especiales en la tramitación de los juicios verbales. 

Por otra parte, y en el marco de los procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, los juzgados de instrucción, las secciones penales de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes registraron durante el cuarto trimestre del año pasado 251 solicitudes de suspensión y resolvieron 257. 

*El artículo 1 bis.1 del Real Decreto-ley 11/2020 establece que “Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2025, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2025”. 

Los concursos aumentaron un 30 % en 2025 

El número de concursos presentados en 2025 fue de 74.739, un 30 % más que los presentados el año anterior. Este incremento se debió al crecimiento de los presentados por personas naturales sin actividad empresarial (en total 66.571), que fue del 36,3 por ciento. Este tipo de concursos representan el 89 % del total de los que se presentaron en las Secciones de lo Mercantil y en las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia. 

Por lo que respecta a los concursos presentados por personas jurídicas y por personas naturales empresarios, ambos mostraron un descenso interanual. Así, los 5.472 (el 7,3 % del total) presentados por personas jurídicas se redujeron en un 1,7 por ciento; y los 2.696 de personas naturales empresarios lo hicieron en un 12,6 por ciento.  

La Comunidad Autónoma con mayor número de concursos presentados fue Cataluña, con 17.504. Le siguieron Madrid, con 13.249; Andalucía, con 11.450, y la Comunidad Valenciana, con 8.376.

Procedimientos especiales de microempresas 

En 2023 empezaron a recogerse por primera vez datos de los procedimientos especiales de microempresas. Se trata de procedimientos relacionados con las situaciones concursales o preconcursales a través los cuales las empresas podrán acogerse a un procedimiento especial de reestructuración o liquidación simplificada siempre y cuando hayan empleado una media de menos de diez trabajadores, hayan tenido un volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o tengan un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros, según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud. 

En 2025 se presentaron en las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia 3.393 procedimientos especiales de microempresas, de los que 2.054 corresponden a personas jurídicas y 1.339, a personas físicas. 

Las demandas por despido aumentan un 3 por ciento 

Las 164.484 demandas por despido presentadas en las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia en 2025 supusieron un incremento del 3 por ciento respecto a las registradas el año anterior. 

Por territorios, Madrid –con 31.801, el 19,3 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña, con 31.103 y Andalucía, con 26.723.

Además, las Secciones de lo Social registraron en 2025 131.150 reclamaciones de cantidad, un 4,3 % menos que en 2024. De ellas, 23.659 se presentaron en Andalucía; 22.082 en Madrid y 15.618 en Cataluña.

Procedimientos monitorios 

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en 2025 en las Secciones Civiles y en las Secciones Civiles y de Instrucción fueron 956.583, un 16,5 % menos que en 2024. El número más elevado de este tipo de procesos, 179.940, se presentó en Andalucía, cifra que representa el 18,8 % del total nacional, con un descenso respecto a 2024 del 17,2 por ciento; le siguieron en número Madrid, con 172.085; Cataluña, con 154.771 y la Comunidad Valenciana, con 108.469. 

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. 

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas 

Durante el pasado ejercicio, los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, que sumaron 1.845, experimentaron un descenso interanual del 20,1 por ciento. En Cataluña se registraron 377 (el 20,4 % del total nacional); en Andalucía, 339; en la Comunidad Valenciana, 212 y en Madrid, 190. 

Consulte los datos estadísticos correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y las series completas desde 2007 hasta 2025 en la siguiente dirección: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales

18/03/2026  

Registradores

El Colegio de Registradores presenta el avance mensual de su Estadística Mercantil, recopilando los principales actos inscritos en los Registros Mercantiles considerados relevantes para ofrecer una perspectiva global de la base productiva nacional. Se analizan tres variables clave: la constitución de empresas, las ampliaciones de capital, y los concursos de acreedores inscritos en los RR.MM. durante el mes analizado.

El número de constituciones de nuevas empresas refleja la confianza puesta en la economía y la vitalidad del tejido empresarial.  Durante pasado mes de febrero se crearon 12.805 nuevas empresas en España, frente a las 9.106 registradas en el mismo mes del año anterior, lo que supone un significativo incremento del 40,6 %. Tras el fuerte incremento del 35,9 % en mayo de 2025, se continuó con ocho meses en tasas positivas, pero más moderadas, con un crecimiento medio del 11,9%.

Tras un 2025 marcado principalmente por un crecimiento sostenido en la creación de empresas, esta tendencia se ha prolongado durante el comienzo de 2026, aunque el estallido del conflicto en marzo introduce un factor de incertidumbre que podría alterar las perspectivas de crecimiento y cambiar el escenario actual.

Por Comunidades Autónomas, solo en Canarias descienden las constituciones, mientras que Cantabria, Andalucía y la Comunitat Valenciana encabezan los incrementos. Como es habitual, Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana concentran conjuntamente más del 70% de las nuevas empresas constituidas en España.

Las operaciones de ampliación de capital actúan como indicador de la confianza de las empresas en sus proyectos y de sus previsiones de crecimiento. En los últimos meses se aprecia una pauta positiva respecto al mismo mes del año anterior, con variaciones mensuales irregulares, donde predominan los incrementos. Durante 2025 se produjeron algunos descensos puntuales, como los registrados en abril (-14,5 %) y octubre (-0,2 %). En 2026, tras el ligero incremento del pasado mes de enero (0,4%), en febrero volvieron a caer ligeramente (-1,3 %), sin embargo, la serie refleja hasta la fecha una tendencia estable.

En el análisis por regiones, Madrid vuelve a encabezar la lista en número de operaciones, con 792 ampliaciones registradas en febrero, lo que supone un descenso del 3,1% frente al mismo periodo del año anterior. Le sigue de cerca Cataluña con 698 ampliaciones, un 5,9 % menos. En el conjunto del territorio, Ceuta y Melilla y Aragón presentan los mayores incrementos, en contraste con Cantabria y Canarias que muestran los descensos más acusados.

Durante el mes de febrero se han inscrito 304 concursos de acreedores en los Registros Mercantiles, lo que representa un descenso del 23,6 % frente al mismo mes de 2025, cuando se registraron 398 concursos. Las Comunidades de Cataluña, Comunitat Valenciana y Madrid, en conjunto, agrupan casi seis de cada diez concursos registrados en febrero.