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Custodia procesional. Mezquita de Córdoba

26 de octubre, 2021
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Un juez acuerda inscribir en el Registro Civil de Montilla (Córdoba) el nacimiento de una menor extranjera de 19 meses que no fue inscrita al nacer en su país de origen

26 de octubre, 2021

Lunes, 25 de octubre de 2021

Un juez acuerda inscribir en el Registro Civil de Montilla (Córdoba) el nacimiento de una menor extranjera de 19 meses que no fue inscrita al nacer en su país de origen


El magistrado resalta que, “desde la simple óptica de los derechos humanos, nos encontramos ante una niña que para el Derecho no existe, porque no ha sido inscrita”

Autor Comunicación Poder Judicial

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montilla (Córdoba) ha acordado la inscripción en el Registro Civil de la localidad del nacimiento de una menor de 19 meses que no fue inscrita tras nacer el 27 de marzo de 2020 en Orán (Argelia) y que en marzo de 2021 llegó junto a su madre a territorio español, viviendo actualmente en un centro de acogida humanitaria.

En un auto dictado el día 18 de octubre, contra el que cabe interponer recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el plazo de un mes, el magistrado acepta así la petición realizada al respecto por la Fiscalía, que solicitó la inscripción de nacimiento fuera de plazo de la menor de edad, de madre camerunesa y padre desconocido, considerando el juez que, con su decisión, “se trata de darle el trato que merece como ser humano digno”.

El juez analiza en primer lugar si cuenta con competencia internacional para conocer de este asunto, ya que “pudiera entenderse que el registro debe efectuarse, ya en el Estado del lugar de nacimiento (Argelia), ya en el Estado al que pertenece la madre (Camerún)”, concluyendo en este sentido que “debe practicarse en el Estado español la inscripción inmediata del nacimiento” y que, asimismo, tiene competencia para ejecutar la inscripción.

“Desde la simple óptica de los derechos humanos, nos encontramos a una niña que para el Derecho no existe, porque no ha sido inscrita”, asevera el magistrado, que indica que el Estado de Argelia, “pese a haber firmado y adherido a la Convención de los Derechos de los Niños el 16 de abril de 1993, no registró el nacimiento, pese a ser el lugar donde nació” la menor, mientras que tampoco consta que el Estado de Camerún lo haya hecho.

El magistrado dice en este sentido que “casi parece un callejón sin salida: si la niña no llega a ser inscrita en España, no le será reconocida su personalidad jurídica ni, por ende, podrá ser sujeto de derechos, aun de los más elementales, pero ni siquiera podría ser retornada a ningún otro país, porque, al no haber sido registrada, tampoco consta ser nacional de ningún Estado”.

Según expone, “dado que la niña, que vive en España, demanda al Estado español ser inscrita por éste, el Estado, por ser parte” en una serie de convenios aludidos en el auto (como el Convenio Europeo de Derechos Humanos) “y ser el país donde vive una niña que tiene derecho a ser registrada de inmediato y no ha sido registrada, debe cumplir la prestación imperativa que nace del derecho de la niña como ser humano: no puede eludir dicha obligación, so pena de quebrantar de forma flagrante un derecho humano tan elemental”.

La inscripción “es esencial por sí misma para la existencia de cualquier ser humano en la esfera jurídica”

De otra forma, añade, “no se satisfaría la obligación positiva (prestacional) de dar a los niños sin distinción de su nacionalidad la protección prevista por las normas internacionales que velan por sus derechos, ya que se le obligaría a demandar su nacionalidad en alguno otro de los dos Estados ya citados (únicos con los que se aprecia vinculación jurídico-material) y el Estado español actuaría de la misma forma negligente en que ya había incurrido el Estado de Argelia, por no inscribir a la niña pese a nacer en su territorio”.

A su juicio, la inscripción “es esencial por sí misma para la existencia de cualquier ser humano en la esfera jurídica en la medida en que solo si un individuo acredita su existencia e identidad por alguno de los modos reconocidos por el Estado, éste lo reconocerá como tal y accederá a mantener una relación con él”, de forma que dicho registro “se constituye en un instrumento inherente al mismo reconocimiento de derechos a todo ser humano por el solo hecho de nacer”.

El magistrado subraya que, en este caso, España “está obligada a reconocer que existe” la menor, “con todas las demás circunstancias que la identifican exacta e inequívocamente como persona, porque así lo ha asumido ante el resto de la comunidad internacional y se lo ha impuesto a sí misma en su ámbito soberano, y no puede ampararse en el incumplimiento previo del Estado que tenía obligación de registrar su nacimiento y los datos de identidad correspondientes, porque, ante la demanda de reconocimiento de un derecho humano de quien se halla en su territorio, no hay norma que contemple una excepción de tal naturaleza”.

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Pere Navarro: «Tenemos que ser capaces de responder con soluciones normativas y técnicas rápidas a los cambios que se están produciendo en las ciudades»

26 de octubre, 2021

Pere Navarro: «Tenemos que ser capaces de responder con soluciones normativas y técnicas rápidas a los cambios que se están produciendo en las ciudades»

Dirección General del Tráfico

Acompañan al Director en la clausura Alfonso Gil Invernón, Presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP y Natalia Chueca Muñoz, Consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.

El evento concluye con la Declaración del Encuentro de Ciudades y con el anuncio de que Valladolid pueda convertirse en la próxima sede del VII Encuentro de Ciudades.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha clausurado en Zaragoza la VI edición del Encuentro de ciudades, una edición que ha congregado de forma presencial durante dos días a más de 250 expertos en movilidad urbana y a otro centenar de personas que lo han seguido a través del canal de la web del organismo.

Pere Navarro ha destacado que estos Encuentros son una oportunidad única para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ayuntamientos y la labor de la Dirección General es la de escuchar y aprender para luego ir de la mano con los ayuntamientos y poder responder con soluciones normativas y técnicas rápidas a los cambios que se están produciendo en las ciudades.

«El modelo de movilidad está cambiando y las ciudades se juegan su futuro en la movilidad; aquellas que lo resuelvan bien serán ciudades competitivas y seguras. La tarea no es sencilla, porque los retos a los que se enfrentan son importantes, pero encuentros como el que hoy clausuro demuestran que las autoridades municipales están comprometidas en transformar las ciudades y hacerlas más humana», ha señalado el Director General.

Durante los dos días de ponencias, se han abordado temas como las estrategias de movilidad y seguridad vial a seguir, las Ciudades 30 como calles seguras, sostenibles, saludables y habitables, las zonas de bajas emisiones, la distribución urbana de mercancías, la seguridad de los usuarios vulnerables, la vigilancia de los comportamientos de riesgo y la comunicación en esta nueva movilidad urbana.

El encuentro ha finalizado con la lectura de la Declaración del VI Encuentro de ciudades cuyo pilar es la necesidad de integrar la seguridad vial en las estrategias locales de movilidad sostenible y hacer de esa la movilidad sostenible y de la accesibilidad universal valores fundamentales en la planificación y gestión de nuestras ciudades.

A continuación se reproduce la Declaración aprobada en dicho Encuentro:

  1. Manifestar que toda muerte y lesión grave en accidente de tráfico es prevenible e inaceptable, y que la actuación de todas las administraciones, organizaciones, empresas y profesionales con influencia sobre las condiciones de seguridad de nuestros desplazamientos debe regirse por este imperativo ético, haciendo nuestros los principios del sistema seguro;
  2. Suscribir los principios del denominado enfoque de sistema seguro, impulsado por los principales organismos internacionales, de acuerdo con los cuales el sistema de movilidad debe ser diseñado teniendo en cuenta las limitaciones humanas;
  3. Reafirmar nuestro compromiso con la mejora de la seguridad vial, suscribir el objetivo de reducir el número de muertes y lesiones graves en un 50% en la década 2021-2030 y solicitar al Gobierno la aprobación de una Estrategia de Seguridad Vial que no solamente tenga en cuenta este objetivo, sino que además aspire a eliminar las diferencias entre las ciudades y el ámbito interurbano, en términos de reducción de la siniestralidad. Al mismo tiempo, animar a todas las administraciones, organizaciones y empresas a adoptar, en sus ámbitos de actuación, planes, estrategias y objetivos alineados con esta aspiración;
  4. Solicitar al Gobierno que asegure una adecuada coordinación entre las diferentes estrategias y políticas vinculadas a los ámbitos de la movilidad, la seguridad vial, el medio ambiente o la salud pública; así como a garantizar en todo momento una adecuada gobernanza con las entidades locales;
  5. Impulsar procedimientos efectivos que permitan un mejor conocimiento sobre los datos de accidentes, movilidad e indicadores de seguridad (como velocidad, cinturón, casco y alcohol), que permitan realizar una adecuada y eficaz gestión basada en riesgos. Para poder tomar las mejores decisiones, es conveniente conocer bien cuales son, de la manera más objetiva posible, los problemas derivados de la seguridad vial y sus causas. Por ello, se deberían identificar los indicadores estadísticos que permitan analizar la evolución de la seguridad en cada ciudad (e incluso en cada ámbito o uso de las vías urbanas), evaluar la efectividad de políticas y realizar comparaciones entre ciudades;
  6. Instar a todos los municipios a desarrollar Planes de Movilidad Urbana Sostenibles y Ordenanzas de Movilidad con integración plena de la seguridad vial como elemento esencial de la planificación urbanística, y basados en una pirámide de prioridades en cuya cúspide figuren los peatones, los ciclistas y el transporte público, como principales colectivos vulnerables a proteger y fomentar;
  7. Instar igualmente a todas las administraciones públicas, organizaciones y empresas a elaborar y ejecutar planes de movilidad para los desplazamientos in itinere y en misión de sus trabajadores, así como a establecer la seguridad vial como una prioridad en toda la cadena de valor de sus actividades, requiriendo, para sí mismas y sus eventuales contratistas, exigencias de seguridad relativas a las características de las flotas de vehículos y sus condiciones de utilización y mantenimiento;
  8. Implicar a la sociedad civil en la toma de decisiones, fomentando la participación y el debate ciudadano sobre los aspectos relacionados con la movilidad local y la seguridad vial, a través de los órganos de consulta (como consejos y mesas de diálogo), con el fin de crear una clara conciencia sobre los riesgos viales y fomentar un sentido de responsabilidad y respeto hacia las normas de tráfico que garantice la convivencia segura en nuestras carreteras y calles;
  9. Reconocer la necesidad de regular y contar con un diseño urbano adecuado que permita realizar el reparto de mercancías en ámbitos urbanos de forma racional y satisfactoria, actividad que ha venido experimentando un notable crecimiento en los últimos años;
  10. Reconocer el principio de accesibilidad universal como un principio fundamental que debe inspirar la actuación de todas las administraciones públicas, con el fin de disponer de itinerarios peatonales continuos, accesibles y seguros para todas las personas, con una especial consideración a los niños, las personas de edad avanzada y las personas con movilidad reducida;
  11. Reafirmar el papel fundamental de la velocidad como parámetro decisivo del riesgo de lesión mortal o grave en caso de accidente, y como elemento fundamental de una convivencia segura entre modos de transporte. Al mismo tiempo, exhortar a todas las administraciones competentes a adoptar aquellas medidas y actuaciones que favorezcan el calmado del tráfico, combinado la gestión del tráfico con un diseño viario adecuado;
  12. Reconocer la importante labor que realizan los municipios en la educación y formación vial de sus ciudadanos. Fomentar, igualmente, la educación desde todos los ámbitos posibles de nuestra sociedad (familia, escuela, empresas y, en general, desde todas aquellas instancias que estén capacitadas para transmitir los valores de la movilidad sostenible y segura;
  13. Destacar la importancia de la vigilancia y control de los comportamientos de riesgo en la mejora de la seguridad vial, manifestando la necesidad de reforzar los recursos disponibles y la capacitación de los policías locales y agentes de movilidad en esta materia;
  14. Exhortar a todos los poderes públicos a mejorar la atención y la información a las víctimas de los accidentes de tráfico y a sus familiares, orientándolos sobre los recursos y servicios que las instituciones ponen a su disposición, y a reconocer que una respuesta efectiva después del accidente también incluye una adecuada reinserción social y laboral, así como un apoyo psicológico-mental, social y legal adecuado y suficiente.
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IPC. Los precios prohibitivos de luz y combustibles se comen los salarios y ponen en riesgo la actividad

26 de octubre, 2021

IPC. Los precios prohibitivos de luz y combustibles se comen los salarios y ponen en riesgo la actividad

14 octubre, 2021

USO

El IPC registra una subida histórica del 4%, acorrala a familias y pone en riesgo la actividad productiva

Urge recuperar la cláusula de revisión salarial ligada al IPC, medida de la que debe dar ejemplo la Administración


El IPC de septiembre ha confirmado la cifra adelantada, desorbitada, histórica; la mayor en 13 años, cuando la crisis financiera estaba en el disparadero: 4%. La subida de los precios de la luz y de los combustibles acorrala a cientos de miles de familias y, por primera vez, se ha confirmado el riesgo real de un parón de la economía por no poder afrontar el coste de la energía.

“A los dos días de registrar nuestra Federación de Industria un escrito al Ministerio de Transición Ecológica en el que se exhortaba a la ministra a tomar medidas urgentes para frenar la subida de la factura eléctrica por riesgo de paradas productivas, la primera siderúrgica anunció que tenía que detener su actividad por el elevado coste de la energía. Una situación extrema que puede repetirse y que ya está asfixiando a miles de autónomos y pequeñas empresas”, advierte Joaquín Pérez, secretario general de USO.

“Según los últimos datos oficiales, que utilizaban cifras de 2019, la pobreza energética afectaba a uno de cada diez hogares. No habían llegado el covid, el confinamiento ni la vergonzosa subida de la luz que estamos viviendo este año. El invierno está a la vuelta de la esquina y miles de familias ya no pueden asumir facturas de entretiempo. Europa no puede lavarse las manos, pero también le ha puesto deberes España, los que le llevamos pidiendo al Gobierno desde que empezó la escalada: bajen impuestos, es un bien necesario, no tiene sentido que esté gravado con el 21% de IVA”, reitera Pérez.

El secretario general de USO incide en que una subida de tal magnitud en los precios “obliga a subidas salariales en consonancia. El SMI ha subido un 0,53% este año, para las pensiones mínimas anuncian un 3% y para el personal público, un 2%. Ni siquiera las mensualidades cuya subida depende de la Administración van a mantener su poder adquisitivo. Tenemos que pelear en cada mesa de convenio por recuperar la cláusula de revisión salarial ligada al IPC o los trabajadores seguirán empobreciéndose año a año”.

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UGT insta al Gobierno a tener una voluntad firme para erradicar la pobreza y la desigualdad

26 de octubre, 2021

UGT insta al Gobierno a tener una voluntad firme para erradicar la pobreza y la desigualdad

17 octubre 2021

Es necesario impulsar la reforma del Ingreso Mínimo Vital, reforzar la protección social y los servicios públicos; derogar la reforma laboral y favorecer la inserción, en base e empleos de calidad y con salarios dignos, y acelerar la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza.

La crisis sanitaria, económica y social causada por la COVID-19 ha provocado un aumento de la pobreza. En nuestro país, por ejemplo, la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, ha alcanzado un 26,4%, frente al 25,3% registrado el año anterior. Además, el 7% de nuestra población, alrededor de 3,3 millones de personas, se encuentran en situación de carencia material severa, una cifra poco honrosa para la cuarta economía de la Unión Europea y de un país que se supone desarrollado y democrático.

A los datos mencionados, se suman el de personas que no pueden permitirse llevar una alimentación adecuada, que han aumentado desde el 3,8% en 2019 al 5,4% en 2020, y el de hogares que no pueden permitirse mantener su vivienda a una temperatura apropiada, que han pasado del 7,6% al 10,9%. Ni siquiera importantes avances en derechos sociales, como la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuyo objetivo fundamental es la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, han evitado que España se aleje de uno de los compromisos más importantes de la Agenda 2030.

Estos datos revelan que sin coherencia política no hay éxito posible. Aspectos como la reversión de la Reforma Laboral de 2012, un Salario Mínimo suficiente, una apuesta decidida que obligue a las empresas de plataformas a regularizar a sus trabajadores y trabajadoras y así garantizarles salarios dignos o fomentar políticas fiscales justas que garanticen ingresos al Estado son necesarias para revertir esta situación. Además, desde UGT se considera imprescindible llevar a cabo una urgente reforma del IMV (que a día de hoy sólo ha llegado a 800.000 de los 2,5 millones de personas que estimaba el Gobierno), así como un compromiso mayor con la cooperación Internacional al desarrollo o la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza. Aspectos, todos ellos, que de no realizarse no harán más que seguir aumentando los niveles de pobreza. Transformaciones necesarias e inaplazables que requieren de una apuesta decidida del Gobierno, y que deben profundizar en la transformación de un modelo económico que debe frenar la desigualdad, concentración económica y aumento de la pobreza que se ha extendido en todo el mundo en los últimos años.

Se deben cumplir los compromisos de la Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible obliga a todos los Estados a erradicar la pobreza, pero como tantos de los objetivos de la agenda, la mayoría de los países parecen poco comprometidos en acabar con esta lacra. Así, una política de cooperación al desarrollo insuficiente; una política de vivienda que garantiza los intereses de quienes especulan con ella; un mercado de energía en manos de unos cuantos oligopolios antisociales; o una legislación laboral que facilita el despido y limita la acción de las organizaciones sindicales en la negociación colectiva, son una perfecta combinación de elementos que fomentan la pobreza.

Por el contrario, un trabajo digno, bien remunerado y con derechos, es el mejor remedio contra la inmoralidad que representa la pobreza. Y sólo el fomento de este tipo de trabajo unido a políticas de protección social justas y suficientes pueden garantizar pasos firmes a la hora de erradicar la pobreza en nuestro país y en el mundo. Y hay pocas maneras mejores de hacerlo que con políticas laborales que fomenten el diálogo social y la negociación colectiva de manera salubre, autónoma y equilibrada.

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Monasterio de El Escorial

25 de octubre, 2021
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CEPYME pide realismo ante una recuperación del mercado laboral desigual

25 de octubre, 2021

Valoración del paro y afiliación de septiembre


CEPYME pide realismo ante una recuperación del mercado laboral desigual

–Sectores esenciales de la economía española, como el pequeño comercio, la hostelería y el turismo, siguen estando muy afectados por la crisis

— La revisión a la baja del crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año (del 2,8% al 1,1%) obligan a mantener cierta cautela sobre la intensidad de la recuperación

Madrid, 4 de octubre de 2021

La Confederación de la pequeña y mediana empresa CEPYME valora el incremento de 53.387 afiliado registrado en el mes de septiembre, lo que sitúa el total de cotizantes enlos 19.531.111 afiliados a la Seguridad Social. No obstante, la Confederación de las pymes vuelve a llamar a la prudencia y pide realismo con los datos hasta que realmente se haya logrado recuperar el nivel prepandemia, ya que en este momento la cifra total de cotizantes destacada todavía incluye a los 239.230 trabajadores que permanecen en ERTE.

CEPYME reitera un mayor esfuerzo para que las pequeñas y medianas empresas que todavía no han logrado reabsorber al total de su plantilla que permanece en ERTE puedan lograrlo en los próximos meses.

Respecto a los datos de desempleo, septiembre ha registrado un descenso del paro en 76.113 personas hasta situar la cifra global en los 3,2 millones de desempleados. Pese a esta variación positiva, la Confederación también recuerda que es esencial tener en cuenta los datos de ERTE y los de cese de actividad para lograr un análisis realista del mercado de trabajo. La revisión a la baja del crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año (del 2,8% al 1,1%) obligan a mantener cierta cautela sobre la intensidad de la recuperación de la economía española, cuya tasa de crecimiento es muy difícil que alcance el 6% este año.

De hecho, la Confederación de las pymes destaca el dato de contratación de septiembre y pide cautela en el análisis, ya que en septiembre de este año se registraron 1.923.846 contratos, un 17,8% más que en el mismo mes de 2020, pero una cifra todavía inferior a los 2.094.635 contratos registrados en septiembre de 2019.

El comportamiento del empleo en el mes de septiembre refleja la relajación de las restricciones en prácticamente la totalidad del territorio español, como consecuencia del avance en el ritmo de vacunación y el descenso en la tasa de contagios. No obstante, CEPYME recuerda que la reactivación llega tarde para muchas empresas de sectores como el pequeño comercio, especialmente dañado en esta crisis, entre otros, que no han podido resistir estos meses de cierre de la actividad, sin ayudas ni compensaciones, y que se han visto obligadas a cerrar o a reducir su capacidad operativa. El resultado es un tejido empresarial más debilitado, especialmente en lo que se refiere a las pymes, que requiere un apoyo más intenso por parte de las administraciones para poder aprovechar al máximo la recuperación

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Raquel Sánchez anuncia la distribución de 1.010 millones de euros para la financiación de actuaciones de movilidad territorial de comunidades y ciudades autónomas

25 de octubre, 2021

Raquel Sánchez anuncia la distribución de 1.010 millones de euros para la financiación de actuaciones de movilidad territorial de comunidades y ciudades autónomas

Jueves 14 de octubre de 2021

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que llevará al próximo Consejo de Ministros esta propuesta de distribución territorial de créditos presupuestarios a favor de las comunidades y ciudades autónomas para actuaciones de movilidad, en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Raquel Sánchez, en su intervención en la clausura de la Asamblea General de CONFEBUS 2021, ha hecho alusión a este Plan, donde la movilidad lidera las inversiones con más de 13.000 millones de euros, así como a la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 que junto con la Ley de Movilidad forman parte de las reformas incluidas también en el propio Plan.

Gracias a este esfuerzo y al proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado hoy, con más de 19 mil millones de euros, el más ambicioso de los últimos 12 años y el más trasformador en términos de sostenibilidad y digitalización de los servicios de movilidad y de transporte, se dará el impulso necesario a la movilidad segura, sostenible y conectada y a las empresas que forman parte de ella, ha afirmado.

En este sentido, la ministra ha señalado que las ayudas de más de 240 millones de euros para el transporte sostenible y digital y los más de 1.000 millones para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación de flotas son algunos ejemplos de este impulso.

Fomento del transporte público
Raquel Sánchez ha informado que desde el Ministerio se está trabajando en una campaña para el fomento del transporte público que se presentará próximamente. Se trata de promover entre la ciudadanía que este medio de transporte sea percibido como seguro y rentable en tiempo y economía, gracias a la aplicación de la tecnología más innovadora y sostenible.

La responsable del Departamento ha enumerado los instrumentos con los que cuenta el Ministerio para afrontar los retos que plantea la nueva movilidad: la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que complementará a la Estrategia y que se llevará a primera lectura de Consejo de Ministros antes de que acabe este año.

También ha mencionado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que va a suponer una oportunidad histórica no sólo por poder acceder a un flujo inusual de recursos, sino por el papel que estos recursos deben tener para para transformar y modernizar nuestra economía y nuestra movilidad.

Raquel Sánchez ha hecho mención a otras actuaciones de apoyo al sector como:

Las subvenciones para compensar el déficit extraordinario producido por la crisis del COVID-19 hasta el final del año 2020.
El reequilibrio económico de las concesiones competencia de este Ministerio.
El mantenimiento de las ayudas de 3,8 millones de euros para la formación de los profesionales del sector.
La reciente modificación de la ley de Ordenación de Transporte Terrestre que ha permitido flexibilizar los requisitos de nuestro transporte escolar, extraordinariamente castigado por la pandemia.
A esto hay que sumar, tal como ha expresado, las subvenciones que gestiona el Ministerio destinadas a las entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano, o las ayudas nominativas dirigidas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona, Valencia y las Islas Canarias.

La ministra ha destacado que se trata de un esfuerzo y compromiso presupuestario del Gobierno y del Ministerio con el transporte público regular urbano e interurbano así como con su financiación y de manera extraordinaria para garantizar su viabilidad económica durante esta grave crisis sanitaria.

La España despoblada
Raquel Sánchez ha hecho referencia al reto que supone la movilidad en la España despoblada que afronta un riesgo de aislamiento por falta de soluciones de movilidad.

En este sentido, ha afirmado que desde el Departamento se está trabajando con varios territorios para dar cabida a nuevas formas de movilidad en las que el autobús y la digitalización son herramientas clave para poder atender las demandas de manera eficiente y sostenible.

Además, ha querido mencionar el importante proyecto del nuevo Mapa Concesional de servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, donde se utiliza la tecnología Big Data para la aproximación a las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos, y en el que la ministra ha subrayado que se contará con la participación del sector.

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La Seguridad Social cerrará octubre con un aumento aproximado de 90.000 afiliados

25 de octubre, 2021

Previsión de afiliación a la Seguridad Social

La Seguridad Social cerrará octubre con un aumento aproximado de 90.000 afiliados

Lunes 18 de octubre de 2021

El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha afirmado que «el mercado laboral sigue mostrando dinamismo en un mes en que habitualmente no suele producirse.

Octubre será el sexto mes consecutivo que concluirá con un crecimiento de la afiliación, según el avance experimental de afiliación quincenal que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este mes la Seguridad Social, descontando la estacionalidad y el efecto calendario, concluirá previsiblemente con 19,651 millones de afiliados, lo que supone un aumento de unas 90.000 personas respecto a septiembre.

Según ha destacado el ministro José Luis Escrivá, «el mercado laboral sigue mostrando dinamismo en un mes en que habitualmente no suele producirse». El nivel de empleo ya supera al previo a la pandemia en diez comunidades autónomas. Además, Escrivá ha subrayado que en los últimos seis meses de crecimiento continuado se habrán recuperado unos 630.000 empleos, de confirmarse la previsión de afiliación de octubre.

En la primera quincena de octubre, se aprecia un notable dinamismo en sectores como Hostelería, Industrias Extractivas y Actividades Inmobiliarias. Escrivá ha indicado que desde la mejoría de la movilidad en abril pasado la creación de empleo es muy superior a la de años previos. A mediados de octubre, el crecimiento de la afiliación del Régimen General es de algo más de 84.000 personas frente al incremento de casi 38.000 afiliados en el promedio de los años 2017-2019. Un mejor comportamiento que también se aprecia entre los autónomos.

También Escrivá ha resaltado que «al analizar los datos de afiliación diaria, se ve que en octubre se han marcado niveles históricamente altos». Algo que también se observa en términos ajustados de estacionalidad y efecto calendario.

Hay 141.000 personas en ERTE de suspensión total
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha indicado que el número de personas en ERTE se sitúa a 15 de octubre en un nuevo mínimo de 208.000 de las que una de cada tres, es decir 68.700, están suspendidas a tiempo parcial. Por primera vez, poco más de 140.000 personas (140.169) están en ERTE con suspensión total.

Respecto al último día de septiembre, se ha producido un descenso de más de 30.000 personas en ERTE si tenemos en cuenta la fecha de notificación. Si se tiene en cuenta la fecha de alta, la bajada es de 24.000. En ambos casos supone continuar con la senda de reducción de personas en ERTE de los últimos meses. Desde el momento más agudo de la pandemia, han salido de ERTE más del 94% de las personas que estuvieron protegidas por este instrumento.

De las 208.000 personas en ERTE a 15 de octubre, 130.000 -casi dos de cada tres- están protegidas por modalidades que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social (sectores ultraprotegidos y cadena de valor, limitación e impedimento), según el esquema vigente hasta finales de este mes. El número de trabajadores en ERTE de sectores ultraprotegidos y su cadena de valor es de 85.000, mientras que en limitación quedan 41.000 personas, y 3.800 en impedimento. En todos los casos, las cifras son menores que al final del mes de septiembre, con un descenso especialmente significativo en los sectoriales.

Por sectores, la mitad de la reducción en lo que va de octubre se ha producido en hostelería, seguido por publicidad y estudios de mercado y por actividades de alquiler. Por comunidades autónomas, en octubre destaca la activación de trabajadores en Baleares, seguida por Castilla y León y Navarra.

El Gobierno aprobó a final de septiembre la prórroga de los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022, tras acordarlo con los interlocutores sociales. En esta extensión se pone el foco en la formación, con mayores exoneraciones a las empresas que desarrollen actividades formativas, a partir del 1 de noviembre.

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CCOO valora el desbloqueo de los PGE, pero ve insuficientes los avances en vivienda y en el Impuesto de Sociedades

25 de octubre, 2021

CCOO valora el desbloqueo de los PGE, pero ve insuficientes los avances en vivienda y en el Impuesto de Sociedades

CCOO valora positivamente que se haya alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno que desbloquee la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

07/10/2021.

Este será de vital importancia para la sociedad española en tanto que, además los importantes recursos que habitualmente moviliza el Presupuesto, el año que viene vehiculará también un importante volumen de fondos europeos que servirán para transformar la economía española.

No obstante, CCOO considera que algunas de las medidas anunciadas son insuficientes y confía en que su trámite parlamentario sirva para mejorarlas. En concreto, CCOO juzga que la introducción de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre la base imponible, es un paso tímido en la buena dirección para incrementar la baja fiscalidad de las grandes empresas.

La medida apenas recaudará 400 millones de euros más, frente a los 9.000 millones que recaudaría si el mismo tipo mínimo se hubiese girado sobre el resultado contable de las empresas con beneficios, como viene defendido CCOO en su propuesta para una profunda reforma fiscal. La propuesta gubernamental está además por debajo de lo que el propio Gobierno se ha comprometido en las negociaciones impulsadas por la OCDE, donde se promueve que todas las empresas paguen al menos un 15% de sus beneficios.

Las empresas de media solo pagan en impuesto un 9,5% de sus beneficios y los grandes grupos empresariales inmobiliarios, de la construcción o banca aportan menos de un 3%. El tipo efectivo del 18,3% que ha circulado recientemente del informe ‘País por País’ es un tipo inflado porque incluye los impuestos pagados fuera de España que no sirven para financiar la Hacienda Pública española y porque se permite compensar las pérdidas con beneficios de las filiales ubicadas en el mismo país.

CCOO considera necesario que las grandes empresas eleven su baja contribución fiscal para avanzar en el cierre de la importante brecha tributaria con Europa, de más de siete puntos del PIB. Elevar la recaudación en 9.000 millones de las grandes empresas tendría un efecto positivo sobre la economía al acarrear recursos financieros a la economía real. Las grandes empresas aparcaron en los años previos a la pandemia grandes cantidades de dinero en la economía financiera. Solo en 2019 a las sociedades no financieras les sobraron 16.755 millones de euros que, en gran parte, destinaron a la compra de activos financieros.

LA LEY DE VIVIENDA, AVANCE POSITIVO, PERO INSUFICIENTE

Para CCOO, los anuncios sobre el contenido de la futura Ley por el Derecho a la Vivienda suponen, asimismo, un avance positivo pero insuficiente respecto a la situación actual, que se queda lejos de lo que necesita España para resolver el problema de su alta carestía y garantizar una vivienda adecuada y asequible a la población.

CCOO valora los avances en materia de control del precio máximo del alquiler en las zonas tensionadas (bajadas para personas jurídicas con más de 10 viviendas y congelación de rentas para propietarios con menos de 10 viviendas), gravamen de las viviendas vacías (hasta un 150% de recargo en el IBI), impulso de un parque de alquiler social (reserva de un 30% de vivienda protegida en las nuevas promociones, la mitad en alquiler, y la prohibición de venta de las viviendas públicas en alquiler) y reducir las ventajas fiscales de las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda.

El sindicato considera que la Ley de Vivienda debe ser una Ley de aplicación efectiva en el conjunto del país, en aquellos aspectos que son de competencia estatal, y no una opción a la que puedan acogerse –o no- comunidades autónomas y/o ayuntamientos. Este es el caso de la regulación de los alquileres que es una competencia de ámbito estatal y corresponde por tanto al Gobierno de España legislar para el conjunto del Estado en materia de alquileres y limitación del precio máximo y garantizar esas condiciones y derechos al conjunto de la población. Esto con el fin de igualar las oportunidades de las personas en todo el país y facilitar la movilidad y el cambio de residencia para lograr un mercado de trabajo y una economía más eficiente.

CCOO cree insuficiente bajar solo el alquiler a las personas jurídicas con más de 10 viviendas en zonas tensionadas, pues representan una parte pequeña de la oferta y además esta disposición solo será efectiva 18 meses después de aprobada la Ley, con lo que sus efectos serán mínimos y muy a largo plazo.

Por otro lado, considera que el bono joven de ayuda al alquiler (250 euros/mes) anunciado es una medida ineficaz para garantizar el derecho a la vivienda y que posiblemente se traslade a los precios del alquiler y termine beneficiando de nuevo a los propietarios arrendadores con el dinero público, como ocurrió en el pasado con las ayudas al ladrillo.

Salvo que los bonos de ayuda se limiten a viviendas alquiladas por debajo de un precio máximo asumible por los hogares jóvenes y que se articulen mediante un registro público de contratos de arrendamiento que introduzca transparencia y reduzca la discrecionalidad en los alquileres pagados. En todo caso el alcance del bono joven será limitado: su presupuesto es de 200 millones y se estima que beneficiará a 40.000 jóvenes, menos del 10% de la población joven que reside de alquiler con rentas inferiores a 23.700 euros.

Las ayudas y subvenciones estatales en materia de vivienda, tanto el bono joven de alquiler como cualquier otra dentro de los Planes Estatales de Vivienda y Rehabilitación habrían de priorizar las áreas de vivienda tensionadas. Aquellas CCAA que teniendo zonas tensionadas no adopten las medidas recogidas en la Ley (control de precios, gravamen viviendas vacías, etc.) no deberían poder optar por tanto a estos fondos estatales.

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Pagos inmediatos

25 de octubre, 2021

Pagos inmediatos

Banco de España

Los pagos inmediatos son un servicio que permite realizar pagos que estarán a disposición del beneficiario en pocos segundos.

¿Cómo funcionan?

Tras descargar la APP que ofrece el proveedor de servicios de pago (entidades de crédito, de pago, de dinero electrónico, entre otros) y asociar un número de teléfono móvil, una dirección de correo electrónico o una cuenta o medio de pago, ya se puede autorizar la operación. Tan sólo tendrás que indicar el número de móvil de la persona a la que quieres enviar el pago, que se liquidará en cuestión de segundos. Ambas partes deben estar adheridas al sistema para que funcione.

¿Qué diferencias tiene frente a otros medios de pago?

Respecto a las transferencias: la ejecución es mucho más rápida. Frente a los dos días que puede tardar una transferencia en llegar al beneficiario, el pago inmediato se liquida en pocos segundos.
Respecto a las tarjetas: en este caso es el que recibe el pago el que resulta beneficiado puesto que, frente a los días o semanas que puede tardar en disponer del dinero quien acepta una tarjeta como medio de pago, el pago inmediato le permite disponer de ese dinero en segundos.

El 21 de noviembre de 2017, se empezó a utilizar un nuevo estándar para la realización de transferencias instantáneas, (Esquema Sepa Instant Credit Transfer). Este servicio, operativo inicialmente en 8 Estados de la Unión Europea, entre ellos España, facilita que las transferencias, nacionales y transronterizas, se hagan en menos de 10 segundos, hasta un límite de 100.000 euros (antes del 1 de julio de 2020, este límite era de 15.000 euros por operación). Además, desde noviembre de 2018 está activa la plataforma TIPS («Target Instant Payment Settlement»), solución integral y paneuropea que ofrece el Eurosistema y que amplía el abanico de posibilidades que las entidades, empresas y ciudadanos tienen a su disposición. Cada vez más entidades (y sus clientes) pueden liquidar pagos inmediatos completando y desarrollando el servicio de liquidación de pagos inmediatos.

¿Me pueden cobrar comisiones?

Las entidades que ofrecen estos servicios pueden establecer las comisiones que consideren oportunas por facilitar el acceso al servicio, si bien antes de cobrarlas, deben haberte informado de ello.

¿Hay un límite?

Cada entidad puede establecer un importe máximo a enviar en cada pago.

Existe una iniciativa promovida por la mayoría de los bancos españoles (Bizum), que consiste en una plataforma tecnológica que integra este tipo de servicios. Otras entidades han puesto en marcha iniciativas similares.

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Tribunal Supremo. Sala Tercera

24 de octubre, 2021
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Calviño traslada el firme apoyo del Gobierno para la reactivación económica de La Palma

24 de octubre, 2021

20 de octubre de 2021

Calviño traslada el firme apoyo del Gobierno para la reactivación económica de La Palma

​La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha informado de que el Ministerio está trabajando para reforzar la conectividad óptica de La Palma y del Instituto de Astrofísica de Canarias y prevé una inversión de unos 40 millones de euros

Nadia Calviño ha anunciado que el Gobierno va a proponer que la reunión de Ministerial de la OCDE sobre política económica y digital, prevista para finales de 2022, se celebre en Canarias


Además, ha resaltado que el Ministerio está trabajando para “reforzar el papel de Canarias como uno de los hubs de conectividad en el ámbito intercontinental” para lo que se desplegarán inversiones de en torno a 40 millones de euros para fortalecer la conectividad óptica de La Palma y del Instituto de Astrofísica de Canarias

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha reunido hoy con la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, y los alcaldes de los municipios más afectados por la erupción del volcán.

Durante el encuentro, la vicepresidenta ha subrayado el firme compromiso del Gobierno para impulsar, apoyar la recuperación de La Palma: “Las distintas Administraciones Públicas tenemos que implicarnos al 100% para garantizar que haya futuro en La Palma. Creo que trabajando juntos lo vamos a lograr”.

En este sentido, ha recordado que se han lanzado dos paquetes de medidas dentro del Plan Especial de reconstrucción de La Palma dotado con más de 200 millones de euros. Estas medidas son “no solo esa respuesta de choque a corto plazo” sino que permiten “empezar a trabajar en la reconstrucción” de la isla.

La vicepresidenta primera ha recordado que en estas medidas se incluyen 63 millones de euros destinados a un “plan de empleo y formación que se está empezando a articular y que será fundamental para construir esas oportunidades de futuro” en la isla, así como 40,3 millones para restaurar el entorno socioeconómico y ambiental afectado, y 5 millones para financiar prestaciones básicas de servicios sociales a desarrollar por los municipios afectados y el Cabildo insular.

Oportunidades de futuro

Durante la reunión con las administraciones del Cabildo Insular, Gobierno de Canarias y municipios afectados se ha tratado algunos ámbitos prioritarios para la reconstrucción de La Palma, como son las infraestructuras, el turismo, la energía, el sector agroalimentario y la conectividad y digitalización.

En este ámbito, la vicepresidenta ha anunciado que el Ministerio está trabajando para reforzar la conectividad óptica de la Palma y del Instituto de Astrofísica de Canarias invirtiendo una parte de los fondos europeos. “Se trata de reforzar el papel de Canarias como uno de los hubs de conectividad en el ámbito intercontinental”, ha apuntado la ministra, cuyo objetivo es poder empezar a desplegar estas inversiones, que serán de en torno a 40 millones de euros.

Calviño ha informado de que el Gobierno va a proponer que la reunión de los ministros de política económica y digital de la OCDE se celebre en Canarias en el año 2022.

“Se trata de aprovechar todas las oportunidades de dar una respuesta conjunta por parte de las distintas administraciones a esta catástrofe” con el fin de que “podamos entre todos salir lo antes posible lo mejor posible” en cuanto se termine la erupción del volcán de esta situación que se suma a los meses duros de pandemia.

La jornada de trabajo de la vicepresidenta primera continuó con un encuentro con empresarios, en el que le trasladaron sus inquietudes y necesidades, y una visita al Puesto de Mando Avanzado, donde conoció de primera mano cómo se coordinan las labores de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y el Centro de Coordinación Operativa Insular. ​

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El TSJ de Murcia avala la exigencia de certificado COVID para restaurantes y discotecas

24 de octubre, 2021

Viernes, 22 de octubre de 2021

El TSJ de Murcia avala la exigencia de certificado COVID para restaurantes y discotecas

Los salones de restauración, celebraciones y locales de ocio en lugares con nivel de contagio bajo o medio podrán ocupar el 100% del aforo si exigen para el acceso documentación que acredite la pauta completa de vacunación, una prueba diagnóstica negativa o haberse recuperado de la infección. En otro caso, la ocupación máxima seguirá siendo del 75% en interior o exterior, o de 50% en aquellos municipios con nivel de alerta 3 (Alto) o 4 (Muy Alto)

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJMU, reunida en pleno, ha ratificado las medidas sanitarias establecidas por Orden de la Consejería de Salud de 19 de octubre.

En concreto, tras dar publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, la autoridad sanitaria establece que se permitirá una ocupación del total del aforo para celebraciones y locales de ocio “en aquellos municipios que se encuentren en nivel de alerta sanitaria 1 Bajo o 2 Medio”, siempre los organizadores exijan en el momento de acceso al local “la certificación o documentación acreditativa de haber recibido la pauta completa de vacunación, de haber superado la enfermedad recientemente o bien de haber realizado un test de antígenos PDIA con resultado negativo”.

Los magistrados, tras destacar la relevancia de lo resuelto por el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de septiembre de 2021, dictada en relación a un supuesto semejante en Galicia, argumentan la necesidad, urgencia y proporcionalidad de la adopción de tales medidas previstas en la Orden queda acreditada a la vista del informe emitido el 18 de octubre por la jefa del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de la Salud Pública y Adicciones que subraya que a pesar de situarse la Región de Murcia en un nivel de alerta bajo, las tasas y, por tanto, el riesgo de contagio ha aumentado la última semana. En concreto, destaca los 433 nuevos casos de la última semana y la subida de la tasa de contagios de 22,3 a 28,7 por cada 100.000 habitantes.

“Sin la exigencia de estos documentos sanitarios no sería factible flexibilizar las condiciones de actividad de las celebraciones y del ocio nocturno, por lo que la restricción de derechos que comporta la exigencia de esta documentación se considera proporcional y razonable respecto al beneficio que supone, máxime cuando va a tener un carácter voluntario para las empresas del sector y también para los ciudadanos que acceden a estas actividades” subraya el tribunal en la fundamentación jurídica de su resolución, destacando lo argumentado por la comunidad autónoma en su informe.

Las medidas entraran en vigor a las 00.00 horas de mañana y mantendrán su vigencia hasta las 23:59 horas del 12 de noviembre, “sin perjuicio de que puedan ser modificadas, flexibilizadas o dejadas sin efecto en función de la evolución de la situación epidemiológica regional”. Limitación temporal que la Sala considera “adecuada a la finalidad pretendida”.

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La CNMC analiza el anteproyecto de ley para la defensa de los consumidores y usuarios

24 de octubre, 2021

La CNMC analiza el anteproyecto de ley para la defensa de los consumidores y usuarios

20 octubre 2021

◦La futura norma refuerza la información que recibirán los consumidores, especialmente cuando compran por Internet.
◦La Comisión recomienda potenciar la veracidad de las reseñas y mejorar la información de los buscadores (parámetros de clasificación).
◦Aconseja que los clientes de viajes combinados sepan qué parte del servicio gestiona cada prestador y sus opciones a la hora de reclamar.
◦Recomienda que las compañías eviten usar rangos de tarifas especiales en sus servicios de atención al cliente.

La CNMC ha publicado el informe sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (IPN/CNMC/027/21).

El anteproyecto transpone la Directiva (UE) 2019/2161, conocida como Directiva de modernización, e implica modificar tres textos legales: el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley de Competencia Desleal.

El objetivo principal de la nueva norma es eliminar las disparidades existentes en el mercado interior, reforzar la seguridad jurídica de empresarios y aumentar la información de que disponen los consumidores cuando realizan sus compras, y, en consecuencia, su confianza.

Medidas previstas

Entre otras medidas figura la existencia de requisitos más estrictos en la información precontractual, una regulación más garantista respecto de la constancia en la reducción de precios, la consideración de nuevas prácticas comerciales desleales per se, y la regulación, por primera vez, de la calidad dual de los bienes (bienes comercializados como idénticos pero que presentan características diferentes) como posible práctica comercial desleal para evaluar caso por caso.

La CNMC ha analizado anteriormente aspectos relacionados con la protección de los consumidores en distintos informes (IPN/CNMC/042/17 o IPN/CNMC/001/18) y, más concretamente, en la normativa sectorial relativa a agencias de viaje (IPN/CNMC/020/17).

Elementos positivos del anteproyecto

En su informe, la CNMC valora positivamente la contribución del anteproyecto a mejorar un fallo del mercado. Así, la norma proyectada reducirá la falta de información de los consumidores, especialmente en situaciones en las que pueden encontrarse más desprotegidos, como es el caso, de la contratación a distancia (por teléfono e Internet) o fuera del establecimiento comercial.

Principales sugerencias y recomendaciones

El informe también realiza algunas sugerencias sobre las llamadas de los consumidores y usuarios a los servicios de atención al cliente (para que se eviten rangos de tarifas especiales, salvo si son gratuitas) y propone considerar los servicios de telecomunicaciones como servicios básicos de interés general.

En todo caso, sobre las medidas previstas en el anteproyecto, la CNMC realiza las siguientes recomendaciones:

◦Información sobre parámetros de clasificación de productos y servicios. Para aportar mayor seguridad jurídica, se recomienda especificar la razón por la cual esta exigencia no aplica a los proveedores de motores de búsqueda en línea.

◦Comprobación de la veracidad de las reseñas. Se recomienda valorar la introducción de una mayor concreción en las obligaciones a asumir; por ejemplo, exigiendo suministrar información sobre las reseñas que son efectivamente publicadas (positivas y/o negativas, todas o en parte) o sobre si las mismas están patrocinadas.

◦Reforzar la información ofrecida al consumidor en el caso de garantías y seguros en los contratos a distancia para aclarar si los mismos son obligatorios o voluntarios y evitar así un posible empaquetamiento de servicios.

◦Derecho de desistimiento de los contratos. El plazo máximo general de 14 días naturales desde la firma del contrato para ejercer el desistimiento puede verse reducido en la realidad si los operadores retrasan la provisión de los elementos indispensables para comenzar el servicio. Se recomienda que dicho plazo comience a partir del momento en que el empresario facilite los productos necesarios para el inicio de la prestación de todos los servicios contratados.

◦Garantías en los viajes combinados. Se recomienda informar al viajero sobre qué parte de su viaje combinado gestiona cada prestador. También, sobre la posibilidad de reclamar ante uno solo de los organizadores o minoristas, y de reclamar a todos y cada uno de los prestadores por su ámbito de gestión.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Consumo, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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La reserva hídrica española se encuentra al 39,2 por ciento de su capacidad

24 de octubre, 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 39,2 por ciento de su capacidad

Martes 19 de octubre de 2021

Mapa de la reserva hídrica

Mapa de la reserva hídrica

La reserva hídrica española está al 39,2 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 22.015 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 237 hectómetros cúbicos (el 0,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 65,8%
Cantábrico Occidental al 57,1%
Miño-Sil al 41,1%
Galicia Costa al 53,9%
Cuencas internas del País Vasco al 66,7%
Duero al 42,0%
Tajo al 42,0%
Guadiana al 29,2%
Tinto, Odiel y Piedras al 66,4%
Guadalete-Barbate al 30,5%
Guadalquivir al 26,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 36,5%
Segura al 35,6%
Júcar al 50,9%
Ebro al 49,6%
Cuencas internas de Cataluña al 68,5%
Las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Pontevedra con 22,0 mm (22,0 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

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La campaña de incendios forestales se cierra con un descenso del 25% del número de siniestros respecto al promedio de la última década

24 de octubre, 2021

La campaña de incendios forestales se cierra con un descenso del 25% del número de siniestros respecto al promedio de la última década

Viernes 22 de octubre de 2021

Hasta el 17 de octubre se han producido 7.835 siniestros de los cuales 5.227 han sido conatos (67%) y 2.608 incendios (33%).

El Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), evalúa de manera preliminar la campaña de verano a partir de los datos, todavía provisionales, que las comunidades autónomas facilitan periódicamente al Ministerio. Así, hasta el 17 de octubre se han producido 7.835 siniestros en el cómputo global.

Esta cifra supone una reducción del 25% respecto a la media del último decenio, que se sitúa en 10.496 siniestros. Esto lo convierte, por ahora, en el tercer mejor año de la última década en cuanto a menor número de siniestros tras los ejercicios de 2020 y 2018.

En cuanto a la vegetación, se han visto afectadas 85.959,88 hectáreas de superficie forestal, tanto leñosa como herbácea, lo que implica un aumento del 5 % respecto a la media del decenio en superficie forestal afectada. Dato muy influenciado por el incendio de Navalacruz, que ha supuesto un aumento del 25% en la superficie forestal afectada, principalmente pastos.

Las Comunidades interiores, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, representan el 48,19% de superficie forestal quemada y el 39,33% de superficie arbolada afectada. El 41,37% de los siniestros se han producido en la zona Noroeste, el 36,77% en las Comunidades interiores, el 21,31% en la región Mediterránea y el 0,55% en Canarias.

Grandes incendios forestales
En el transcurso del año se han producido 20 grandes incendios forestales (GIF), de más de 500 hectáreas, destacando el de Navalacruz (Ávila), con 21.312 ha, y el de Jubrique (Málaga), con 7.664 ha. Estos dos incendios han supuesto el 61% del total de la superficie forestal afectada por GIF en el verano (47.844,53 ha.) y un 34% de la superficie forestal afectada por el total de los incendios producidos en España hasta el 17 de octubre de 2021.

El incendio de Navalacruz ha sido el segundo mayor incendio forestal de los últimos 10 años. Esto ha contribuido a que, pese a que 2021 se encuentra un 25% por debajo de la media en número de siniestros, la superficie media quemada haya subido un 5% por encima de la media del decenio.

Número de intervenciones
Desde el 1 de junio hasta el 17 de octubre el MITECO ha prestado ayuda a las comunidades autónomas con 1.030 intervenciones en 329 incendios forestales de los 7.835 ocurridos en España hasta la fecha.

De estos 7.835 siniestros, 5.227 han sido conatos (67%), con una superficie inferior a 1 ha, y 2.608 han sido incendios (33%), con una superficie superior a 1 ha. Esta cifra supone una reducción del 25% respecto a la media del último decenio, que se sitúa en 10.496 siniestros.

Sistema de alerta temprana de incendios forestales
Desde 2020, el MITECO pone en marcha el proyecto ARBARIA, un sistema pionero de alerta temprana de incendios, que permite la predicción de incendios forestales mediante técnicas de inteligencia artificial (Big-Data). Esta herramienta ha sido desarrollada junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este sistema permite explicar y predecir semanalmente la ocurrencia de incendios y superficies afectadas, a nivel provincial y nacional. Utiliza datos de la serie histórica de incendios EGIF (la base de datos de incendios más completa del mundo) y datos predictivos meteorológicos proporcionados diariamente por AEMET. Los resultados obtenidos alcanzan validaciones próximas al 80%. Los valores obtenidos han servido para prever las regiones con mayor probabilidad de incendios, permitiendo una asignación más efectiva de recursos de vigilancia y extinción (del MITECO y otros organismos como SEPRONA) en las zonas de mayor riesgo de incendios forestales.

Campaña de invierno
Aunque el verano sea la época de mayor riesgo de incendios forestales, tras finalizar la campaña estival el MITECO mantiene un dispositivo fuera de los meses de alto riesgo para prestar ayuda en cualquier zona del territorio nacional.

A partir del 31 de octubre, los medios de extinción serán los siguientes:

2 Aviones anfibios de gran capacidad, todos los días del año.
5 Helicópteros de gran capacidad, entre los meses de febrero a mayo.
1 Avión de coordinación y observación, entre los meses de febrero a junio.
5 BRIF con helicóptero de transporte y extinción, entre los meses de febrero a abril.
10 Brigadas, en disponibilidad todos los días del año.
En cuanto a los medios de prevención, el Ministerio activa tras la campaña de verano los siguientes medios:

10 Brigadas de Labores Preventivas (BLP).
21 Equipos de Prevención de Incendios Forestales (EPRIF).
Colaboración internacional
El MITECO colabora activamente también en la extinción de incendios dentro del programa RescEU de la Comisión Europea, con dos aviones anfibios de gran capacidad, disponibles desde el 15 de junio hasta el 31 de octubre para dar apoyo a los países que lo soliciten. Durante esta campaña, los medios aéreos del MITECO han realizado 17 intervenciones internacionales para apoyar a Grecia, Turquía y Portugal en la extinción de los incendios declarados durante este verano.

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Estatua de la Libertad. Congreso de los Diputados

23 de octubre, 2021
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El Tribunal Supremo anula el apartado de la Orden que redujo el plazo de validez de la ITV prorrogadas por el estado de alarma

23 de octubre, 2021

Jueves, 21 de octubre de 2021

El Tribunal Supremo anula el apartado de la Orden que redujo el plazo de validez de la ITV prorrogadas por el estado de alarma


La Sala afirma la falta de consistencia de la justificación ofrecida por la Administración para adoptar la decisión de recortar el periodo de validez de las inspecciones

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del apartado segundo de la Orden SND 413/2020, de 15 de mayo, que acortó el periodo de validez de las ITV favorables de vehículos realizadas tras la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas, al considerar que vulnera el ordenamiento jurídico y el Derecho de la Unión Europea.

El apartado segundo de la citada orden establecía que la fecha de validez de la ITV de los vehículos cuyos certificados habían sido prorrogados era la que constaba en la tarjeta de inspección y, en ningún caso, la de la prórroga.

El tribunal ha dictado dos sentencias en las que estima los recursos de casación interpuestos por la Federación Empresarial de Auto Transporte de Tarragona (FEAT-TARRAGONA) y de la Fundación Avata de Ayuda al Accidentado, en los que solicitaban la nulidad del apartado segundo de la Orden impugnada.

La Sala considera que el apartado segundo de la Orden se aparta de lo previsto por el artículo 6 del Real Decreto 920/2017, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, que establece que el plazo de validez se computará a partir de la fecha en la que el resultado de la inspección fuera favorable.

Afirma la falta de consistencia de la justificación ofrecida por la Administración para adoptar la decisión de recortar el periodo de validez de las ITV. Así, señala que “descartado el vaticinio del colapso no encontramos en el expediente ni se ha traído al proceso ninguna otra justificación razonable. La consecuencia es que, a falta de ella, la decisión de la Administración se sustenta exclusivamente en su voluntad”.

Asimismo, recuerda que el Reglamento (UE) 698/2020 prorrogó por siete meses la validez de las inspecciones que hubieran debido realizarse entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2020 y que no contempla el acortamiento de los plazos de validez.

“Es verdad que, conforme a su artículo 5.6, no se ha aplicado en España, pero que haya sido así no permite ignorar la solución que la Unión Europea ha considerado procedente: prorrogar los certificados de vehículos que, a causa de las medidas contra la pandemia, no pudieron ser inspeccionados cuando les correspondía sin reducir el período de validez de los expedidos cuando han sido revisados finalmente. No aplicarla en España supone apartarse de lo que prescribe el Derecho de la Unión Europea y también debemos advertir ahora que no hay explicación de la razón por la cual es imprescindible en España lo que no es necesario para el Reglamento (UE) 698/2020”, subraya el tribunal.

Por todo ello, concluye en su sentencia, ponencia del magistrado Pablo Lucas, que hay causas suficientes para anular el apartado segundo de la Orden ya que se trata de una disposición “que carece de sustento en el Real Decreto 463/2020, infringe el principio de interdicción de la arbitrariedad proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución y desconoce el Derecho de la Unión Europea”.

El apartado segundo de la Orden impugnada estaba suspendido cautelarmente desde el 5 de octubre de 2020 por decisión de la Sala, que en su sentencia recuerda que entonces atendió la recomendación que hizo el Defensor del Pueblo. En su informe advirtió, y así lo recuerda la Sala, que “siendo loable el propósito de asegurar la supervivencia económica de las estaciones de ITV, ese objetivo de interés general podía lograrse de otro modo sin imponer cargas a los particulares sin efecto para el interés general”.

La Sala reconoce la legitimación para recurrir a la Fundación Avata de Ayuda al Accidentado, que había sido cuestionada por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos. En este sentido, indica que la Orden no contiene ninguna medida que afecte a las víctimas de accidentes de tráfico, pero sí aparenta pretender que no se produzcan accidentes mediante una adecuada inspección técnica de vehículos.

Además, precisa en su sentencia, ponencia de la magistrada Celsa Pico, que el Real Decreto por el que se declara de interés preferente la actividad de inspección técnica de vehículos señala que con el incremento de los medios de diagnosis de deficiencias mecánicas de los vehículos se quiere disminuir el índice de siniestralidad en la circulación vial. Del mismo modo, que la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la misma materia recoge que el buen estado técnico para circular tiene un impacto directo en la seguridad vial.

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El TSJ de Galicia autoriza a la Xunta exigir el certificado COVID-19 en todos los locales de ocio nocturno

23 de octubre, 2021

Viernes, 22 de octubre de 2021

El TSJ de Galicia autoriza a la Xunta exigir el certificado COVID-19 en todos los locales de ocio nocturno

Los establecimientos contarán, desde mañana, con un aforo del 100 %, lo que supone “un plus de riesgo”, según los magistrados. Consideran que la medida es “idónea, necesaria y proporcionada” para impedir la circulación del virus

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha autorizado a la Xunta exigir la presentación del certificado COVID-19 de vacunación, recuperación o prueba diagnóstica negativa para acceder a todos los locales de ocio nocturno de la comunidad autónoma porque contarán, a partir de mañana, con un aforo del 100 %. Hasta ahora, solo tenían obligación de requerir el certificado los locales que abriesen hasta las cuatro de la mañana y contasen con aforos del 75 %, en interior, y del 100 %, en exterior. La ampliación de aforos, según indica el alto tribunal, supone “un plus de riesgo”.

“La medida que se trae para su autorización, no es novedosa, sino de mayor alcance, y tampoco es de aplicación general o indiscriminada, sino que se dirige a una sola actividad: el ocio nocturno”, subrayan los magistrados. Para autorizar la medida restrictiva de derechos fundamentales, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo ha tenido en cuenta un informe técnico del pasado 19 de octubre, que advierte que la mejoría de la situación epidemiológica en la comunidad no evita “la persistencia de la circulación del virus y, por consiguiente, el riesgo de su transmisión, especialmente en los establecimientos de ocio nocturno, que se frecuentan por jóvenes, colectivo que, además, es el que presenta menor cobertura en la vacunación».

Los jueces también destacan que la actividad en la que se aplica la medida se desarrolla en espacios “en los que resulta dificultoso renovar el aire de forma natural, con la consiguiente facilidad de que se transmita el virus por vía aerógena, según se acredita en los rigurosos estudios científicos a los que se refiere el informe de 19 de octubre”. Por ello, consideran que es “evidente” la utilidad de la medida de prevención, “que no tiene como finalidad el mero control a los clientes, sino la de impedir que accedan a los establecimientos quienes no hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos que persiguen los certificados de vacunación, recuperación y de pruebas diagnósticas de la COVID-19”. Los jueces, por tanto, concluyen que es una medida “idónea, necesaria y proporcionada”.

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La comunidad internacional logra un acuerdo fiscal innovador para la era digital

23 de octubre, 2021

La comunidad internacional logra un acuerdo fiscal innovador para la era digital

OCDE

08/10/2021 – Una importante reforma del sistema tributario internacional finalizada hoy en la OCDE garantizará que las empresas multinacionales (EMN) estén sujetas a una tasa impositiva mínima del 15% a partir de 2023.

El acuerdo histórico, acordado por 136 países y jurisdicciones que representan más del 90% del PIB mundial, también reasignará más de USD 125 mil millones de ganancias de alrededor de 100 de las EMPRESAS emergentes más grandes y rentables del mundo a países de todo el mundo, asegurando que estas empresas paguen una parte justa de impuestos dondequiera que operen y generen ganancias.

Después de años de intensas negociaciones para llevar el sistema tributario internacional al siglo XXI, 136 jurisdicciones (de los 140 miembros del Marco Inclusivo de la OCDE / G20 sobre BEPS) se unieron a la Declaración sobre la Solución de Dos Pilares para Abordar los Desafíos Fiscales Derivados de la Digitalización de la Economía. Actualiza y finaliza un acuerdo político de julio de los miembros del Marco Inclusivo para reformar fundamentalmente las normas fiscales internacionales.

Con Estonia, Hungría e Irlanda que se han unido al acuerdo, ahora cuenta con el apoyo de todos los países de la OCDE y el G20. Cuatro países -Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka- aún no se han adherido al acuerdo.

La solución de dos pilares se entregará en la reunión de Ministros de Finanzas del G20 en Washington D.C. el 13 de octubre, y luego en la Cumbre de Líderes del G20 en Roma a finales de mes.

El acuerdo fiscal mínimo global no busca eliminar la competencia fiscal, sino que le impone limitaciones acordadas multilateralmente, y verá a los países recaudar alrededor de USD 150 mil millones en nuevos ingresos anualmente. El primer pilar garantizará una distribución más justa de los beneficios y los derechos fiscales entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes y rentables. Reasignará algunos derechos fiscales sobre las empresas medianas de los países de origen a los mercados donde tienen actividades comerciales y obtienen beneficios, independientemente de si las empresas tienen una presencia física allí. En concreto, las empresas multinacionales con ventas globales superiores a 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10 % -que puede considerarse como los ganadores de la globalización- estarán cubiertas por las nuevas normas, con un 25 % de los beneficios por encima del umbral del 10 % que se reasignará a las jurisdicciones del mercado.

Bajo el Pilar Uno, se espera que los derechos impositivos sobre más de USD 125 mil millones de ganancias se reasignen a las jurisdicciones del mercado cada año. Se espera que el aumento de los ingresos de los países en desarrollo sea mayor que el de las economías más avanzadas, como proporción de los ingresos existentes.

El segundo pilar introduce una tasa mínima global del impuesto de sociedades establecida en el 15%. El nuevo tipo impositivo mínimo se aplicará a las empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros y se estima que generará alrededor de 150.000 millones de dólares en ingresos fiscales globales adicionales al año. También se obtendrán otros beneficios de la estabilización del sistema tributario internacional y del aumento de la certidumbre fiscal para los contribuyentes y las administraciones tributarias.

«El acuerdo de hoy hará que nuestros acuerdos fiscales internacionales sean más justos y funcionen mejor», dijo el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann. «Esta es una gran victoria para un multilateralismo efectivo y equilibrado. Es un acuerdo de gran alcance que garantiza que nuestro sistema fiscal internacional sea adecuado para su propósito en una economía mundial digitalizada y globalizada. Ahora debemos trabajar rápida y diligentemente para garantizar la implementación efectiva de esta importante reforma», dijo el Secretario General Cormann.

Los países tienen como objetivo firmar una convención multilateral durante 2022, con una implementación efectiva en 2023. El convenio ya está en desarrollo y será el vehículo para la implementación del derecho de tributación recientemente acordado en el marco del Primer Pilar, así como para las disposiciones de statu quo y eliminación en relación con todos los impuestos sobre servicios digitales existentes y otras medidas unilaterales relevantes similares. Esto traerá más certidumbre y ayudará a aliviar las tensiones comerciales. La OCDE desarrollará reglas modelo para incorporar el Segundo Pilar en la legislación nacional durante 2022, que entrarán en vigencia en 2023.

Los países en desarrollo, como miembros del Marco Inclusivo en pie de igualdad, han desempeñado un papel activo en las negociaciones y la Solución de Dos Pilares contiene una serie de características para garantizar que se aborden las preocupaciones de los países de baja capacidad. La OCDE garantizará que las normas puedan administrarse de manera eficaz y eficiente, ofreciendo también un apoyo integral para el desarrollo de capacidades a los países que lo necesiten.

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CEOE espera que el IPC se modere en la última parte del año

23 de octubre, 2021

CEOE espera que el IPC se modere en la última parte del año

14 octubre 2021


En septiembre el IPC aumentó siete décimas su tasa de variación hasta el 4,0% interanual, siendo el aumento de los precios de los productos energéticos el principal elemento inflacionista.

La inflación subyacente aumenta ligeramente su tasa de variación en tres décimas hasta el 1,0% interanual. Por componentes, los precios de los servicios aumentan su ritmo de variación en tres décimas hasta el 0,9%, los precios de los bienes industriales sin productos energéticos aumentan una décima su tasa de variación hasta el 0,7% y los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco aceleran su tasa de variación tres décimas hasta el 1,5%.

Los precios de los alimentos sin elaboración disminuyen en un punto su tasa de variación interanual hasta el 1,6%.

Los precios energéticos constituyen el componente más inflacionista del IPC, con una tasa interanual del 28,8% (23,5% en agosto). De hecho, la misma tasa para el IPC sin productos energéticos es del 1,1% en septiembre. En concreto, los precios de los carburantes, junto con los de la electricidad y de los combustibles líquidos mantienen ritmos de crecimiento muy elevados. En septiembre el precio del crudo se situó en 74,4 dólares/barril, y en los primeros días de octubre el precio ha seguido subiendo y se sitúa de media en 82,5 dólares/barril, que de mantenerse supondría un encarecimiento del 107,3% en términos interanuales. Las previsiones apuntan a que el precio se mantendrá relativamente estable durante los próximos meses, por lo que seguirá presionando al alza la inflación, reduciéndose a partir de diciembre.

En la inflación actual hay un fuerte componente de efecto base, ya que en 2020 los precios cayeron hasta el mes de diciembre. En este contexto es importante tener en cuenta no solo la inflación interanual, sino también la inflación acumulada desde el inicio de 2020, que para el índice general es del 2,5% y en el caso de la subyacente es el 0,3%.

Las empresas están asumiendo importantes costes de producción, que apenas se están trasladando a los precios finales, como muestra una inflación subyacente muy moderada. Todo esto implica una reducción significativa de los márgenes empresariales en un momento delicado para muchas de ellas tras meses de crisis y restricciones a la actividad.

De cara a los próximos meses, a pesar del comportamiento alcista de los precios de las materias primas, se espera que su impacto sobre la inflación sea transitorio y se vaya reduciendo, lo que unido a que la subyacente continuará en niveles muy bajos, serán factores moderadores de la inflación en la última parte del año.

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Incapacidad temporal o baja: resolvemos todas tus dudas

23 de octubre, 2021

Incapacidad temporal o baja: resolvemos todas tus dudas

11 octubre, 2021 USO

Estamos en situación de incapacidad temporal cuando por enfermedad común, profesional o accidente, no podemos trabajar. USO te resume cuál es su duración, la cuantía de la prestación y cómo se abona

Según el artículo 128 de la Ley General de la Seguridad Social, se consideran situaciones determinantes de incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras se reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y no se pueda trabajar.

Estamos en situación de incapacidad temporal (IT) si…
•Una enfermedad o accidente nos impide ir a trabajar.
•Recibimos asistencia sanitaria de la Seguridad Social, a través del Servicio Público de Salud o la Mutua.
•Recibimos una prestación económica o subsidio diario que cubre la pérdida de rentas.

La IT puede deberse a contingencias comunes; es decir, a enfermedad común o accidente no laboral, y la asistencia sanitaria se lleva a cabo por el Servicio Nacional de Salud.

También puede deberse a contingencias profesionales, por accidente laboral, por enfermedad profesional (EP) recogida en el Real Decreto 1299/2006 o por enfermedad causada por el trabajo. En este caso, la asistencia sanitaria corresponde a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

¿Cuál es su duración?

La duración máxima de la incapacidad temporal es de 365 días, prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que en este plazo puede darse el alta médica por curación.

Agotado este plazo de 365 días, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar las incapacidades permanentes -ICAM en Cataluña y el EVI, en el resto de comunidades autónomas- será el único competente para:
•Reconocer prórroga expresa con un límite de 180 días más.
•Iniciar expediente de incapacidad permanente.
•Emitir el alta médica.

Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja médica cuando se produzca en un plazo de 180 días naturales posteriores a la anterior por la misma o similar patología.

También se consideran situaciones de incapacidad temporal los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal y de su posible prórroga, se computarán los periodos de recaída y de observación.

Prestación económica por incapacidad temporal

La prestación económica por IT es un subsidio diario que cubre la pérdida de rentas de la persona trabajadora.

Los requisitos para el cobro de la prestación, así como las cuantías y pagadores, varían en función del hecho causante. Si se trata de enfermedad común, se debe estar afiliado y en alta, y tener cubierto un período de cotización de 180 días en los 5 años anteriores. Si es por accidente, sea o no de trabajo, y enfermedad profesional, no se exigen cotizaciones previas.

La cuantía de la prestación por contingencias comunes es:
•60% de la base reguladora desde el día 4 hasta el 20, inclusive.
•75% de la base reguladora, del día 21 en adelante.

El pago corresponde a la empresa del día 4 al 15 de la baja. Del día 16 en adelante, el responsable del pago depende de con quien esté concertada la gestión de la prestación (INSS, mutua, empresa colaboradora) y, como norma general, el pago es delegado a la empresa.

En cambio, la cuantía de la prestación de incapacidad temporal por contingencias profesionales es:
•100% de la base reguladora el día de ocurrencia del accidente o hecho causante.
•75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja.

El pago de la prestación por incapacidad temporal en este caso corre a cargo de la mutua (en la mayor parte de los casos); INSS (si la empresa tuviese concertadas las contingencias profesionales con esta entidad gestora); o empresa autorizada para colaborar en la gestión. La materialidad del pago se lleva a cabo en concepto de pago delegado por la propia empresa.

Los convenios colectivos pueden mejorar la acción protectora de la Seguridad Social, incrementando las cuantías de las prestaciones, tanto en contingencias profesionales como en contingencias comunes.

IT según su duración

La Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, desarrolla el Real Decreto 625/2014 de Incapacidad Temporal. Esta orden entró en vigor en 2015 y contempla los nuevos modelos de partes médicos; define los tipos de procesos según su duración y la expedición de partes en cada uno de ellos; y fija los plazos de presentación de partes en la empresa o entidad que corresponda en caso de pago directo.

Los médicos deben detallar en el mismo parte de baja la duración estimada del proceso, ya que las bajas se clasificarán en función de su duración. Así, la incapacidad temporal podrá ser:
•Muy corta: inferior a cinco días naturales.
•Corta: de 5 a 30 días naturales.
•Media: de 31 a 61 días.
•Larga: si la baja supera los 61 días.

Para determinar la duración estimada de los procesos, la Seguridad Social elaborará tablas de duración óptima de la baja de distintas patologías.

En las bajas de duración estimada menor a cinco días naturales, se podrá emitir la baja y el alta en un mismo acto médico. En caso de bajas cuya duración supere los cinco días, en el parte de baja siempre deberá figurar la fecha de la siguiente revisión, que será, como mucho:
•Cortas: a los 7 días desde la emisión de la baja.
•Medias: a los 7 días desde la emisión de la baja.
•Largas: a los 14 días desde la emisión de la baja.

Los partes de baja y confirmación de baja se presentarán en la empresa en los tres días siguientes a su expedición. El alta se comunicará en las siguientes 24 horas, tras recibirla.

¿Cuándo se abona la prestación?

El abono de la prestación económica de incapacidad temporal lo efectúa la empresa con la misma periodicidad que los salarios, descontando del importe la retención por IRPF y las cuotas a la Seguridad Social.

Esto es así como norma general, salvo en determinados casos en los que el pago de la prestación se lleva a cabo directamente por la mutua o INSS a la persona trabajadora, siempre previa solicitud en la entidad correspondiente.

Una particularidad a tener en cuenta es que, en los supuestos de pago directo, el salario se abona en 12 pagas. Los supuestos de pago directo son:
•Incumplimiento empresarial del pago delegado.
•Empresas con menos de diez trabajadores y más de seis meses consecutivos de abono del subsidio, si lo solicitan reglamentariamente.
•Extinción de la relación laboral estando en situación de IT.
•Continuación de la situación de IT, extinguido el período de desempleo.
•Alta médica por informe propuesta de perceptores de la prestación por desempleo.
•En los supuestos de agotamiento de la IT por el transcurso del plazo máximo, durante la prórroga de efectos de la prestación, hasta la calificación de la incapacidad permanente.
•Por pasar a la prórroga de IT después de 12 meses, tras la resolución de la entidad gestora.
•Por iniciar expediente de incapacidad permanente, tras la resolución de la entidad gestora.

¿Qué ocurre con la prestación de incapacidad temporal en situaciones de desempleo?

Si nos encontramos en situación de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes y pasamos a situación de desempleo:
•Percibimos la prestación por IT en cuantía igual a la prestación de desempleo que corresponda, hasta que se extinga la situación de IT.
•Cuando se extingue la situación de IT , pasamos a percibir la prestación por desempleo que corresponda.
•Se descontará del período de percepción de la prestación de desempleo el tiempo que se haya permanecido en situación de IT (a partir de la fecha de extinción del contrato).

Si nos encontramos en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales y durante esta pasamos a desempleo:
•Percibimos la prestación por IT, en cuantía igual a la que se tenga reconocida, hasta que se extinga dicha situación.
•Pasamos entonces a la situación de desempleo y a percibir la correspondiente prestación.
•En este caso, no procede descontar del período de percepción el tiempo de permanencia en IT tras la extinción del contrato.

¿Qué ocurre si estoy en desempleo y pasamos a situación de IT?

Si estamos en situación de desempleo, percibiendo prestación y pasamos a la situación de incapacidad temporal, hay que distinguir dos posibles situaciones:
•En los casos en que la IT constituya recaída de un proceso anterior iniciado durante la vigencia de un contrato de trabajo, percibirá la prestación por IT en cuantía igual a la prestación por desempleo. En el supuesto de que continuase en situación de IT una vez agotado el período de desempleo, seguirá percibiendo la prestación por IT en la cuantía de desempleo que venía percibiendo.
•En los casos en que la IT no constituya recaída de un proceso anterior iniciado durante la vigencia de un contrato de trabajo, sino un nuevo proceso: percibirá la prestación en cuantía igual a la prestación por desempleo. En este caso, y en el supuesto de que continuase en situación de IT una vez finalizado el período de desempleo, seguirá percibiendo la prestación por IT en cuantía igual al 80% del IPREM mensual, excluida la parte proporcional de pagas extras. En este caso, no se ampliará el período de percepción de desempleo.

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Casa Allende en Madrid

22 de octubre, 2021
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Un juzgado declara la propiedad municipal de un campanario y una calle de Benicarló (Castellón) que habían sido inmatriculados por la Iglesia

22 de octubre, 2021

Miércoles, 20 de octubre de 2021

Un juzgado declara la propiedad municipal de un campanario y una calle de Benicarló (Castellón) que habían sido inmatriculados por la Iglesia

La magistrada estima en la sentencia la demanda interpuesta por el Ayuntamiento contra el Obispado de Tortosa

Autor Comunicación Poder Judicial

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vinaròs ha dictado una sentencia que declara la propiedad municipal de una torre campanario y una calle de Benicarló (Castellón) que habían sido inmatriculados por la Iglesia en 2015.

La magistrada ha estimado así la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de esta localidad contra el Obispado de Tortosa (Tarragona) y ha ordenado la cancelación de la inscripción del bien a nombre de esa diócesis en el Registro de la Propiedad.

La sentencia, que puede ser recurrida en apelación, establece que la torre-campanario fue cedida por el rey Jaime I de Aragón al municipio tras la Reconquista en la carta puebla del año 1236, aunque el monumento actual data del siglo XVIII.

Además, la prueba practicada en el juicio ha acreditado “el título de propiedad del Ayuntamiento, o cuando menos la posesión a título de dueño desde más de 30 años, tanto del campanario como de la zona que separa la iglesia del mismo”, concreta la resolución.

La juzgadora señala que la prueba pericial ha demostrado que el campanario es una construcción “exenta”, un edificio independiente de la Iglesia de San Bartolomé.

Igualmente, alude en la sentencia a que todos los alcaldes de la localidad que declararon en la vista oral coincidieron en que este inmueble siempre había sido tratado como un bien municipal y que ha sido el Consistorio el que sufragaba los gastos de mantenimiento y las obras para su reparación.

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UGT reclama un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral que acabe con esta lacra social

22 de octubre, 2021

UGT reclama un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral que acabe con esta lacra social

13 octubre 2021

El sindicato destaca el aumento de los accidentes laborales con baja (un 20,7% más que hasta agosto de 2020) y el enorme incremento de los accidentes de tráfico mortales ocurridos durante la jornada laboral (un 20%), fruto de la mala regulación del trabajo en sectores como, por ejemplo, las plataformas digitales de reparto

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores denuncia que 467 personas han fallecido hasta agosto como consecuencia de su actividad laboral, un 0,8% menos que en el mismo periodo de 2020. Así lo indica el avance de los datos de accidentes de trabajo facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social hasta el mes de agosto, que reflejan un total de 730.524 accidentes de trabajo, de los que 364.937 accidentes laborales han causado la baja laboral del trabajador (aumentando este dato en un 20,7%) y 365.587 no han producido incapacidad temporal (experimentando un aumento del 10,5%).

Además de destacar el notable aumento de los accidentes de trabajo con baja, UGT quiere hacer mención especial a las muertes por accidentes de tráfico ocurridos durante la jornada laboral, que presentan un enorme incremento del 20% respecto al dato registrado en 2020. Unos accidentes que pueden venir derivados de la mano de una incorrecta organización del trabajo para aquellos trabajadores que utilizan habitualmente furgonetas, coches o motos durante su jornada laboral, por lo que, en estos casos, deberían evitarse plazos ajustados, presión de tiempo y la carga excesiva de trabajo, algo que ocurre con mucha asiduidad en algunos sectores, como es el caso de las plataformas de reparto. Los vehículos deberán estar en condiciones adecuadas y deben respetarse las normas de circulación.

Para UGT, a la vista de los datos, resulta imprescindible que el Gobierno impulse una Mesa de Diálogo Social en materia de siniestralidad laboral, con el fin de acordar medidas que pongan fin a esta situación. No podemos permitir que los trabajadores y trabajadoras sigan muriendo por el simple hecho de ganarse la vida.

En este sentido, el sindicato manifiesta la necesidad de articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata. Este Plan de Choque debe ser integral y abordar las causas de los accidentes laborales con resultado mortal, por lo que debe abordar los fallecimientos por infartos y derrames cerebrales, primera causa de muerte durante la jornada laboral y relacionados con la enorme incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora.

Debe seguirse la estela del Marco Estratégico de la UE en materia de Salud y Seguridad en el trabajo 2022-2027 y adoptarse el enfoque de “Visión 0” relativo a la mortalidad laboral para el que es necesario la identificación y el tratamiento de las causas de estas muertes, la potenciación de la sensibilización frente a estos riesgos y el refuerzo del cumplimiento de la normativa. Para conseguir esto, es imprescindible reforzar la Inspección de Trabajo, con medios humanos y materiales, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo. Debe alcanzarse la ratio recomendada por la OIT de 1 inspector por cada 10.000 trabajadores, de esta forma se ampliaría su actividad planificada de visitas a empresas, algo que, en la actualidad, no ocurre.

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El pleno del TC por unanimidad desestima el recurso de amparo de Artur Mas y avala la decisión del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de desobediencia

22 de octubre, 2021

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

El pleno del TC por unanimidad desestima el recurso de amparo de Artur Mas y avala la decisión del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de desobediencia

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha desestimado el recurso de amparo de Artur Mas contra la sentencia de 23 de enero de 2019, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 13 de marzo de 2017 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El recurrente fue condenado como autor de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, previsto en el artículo 410.1 del Código Penal (CP), a las penas de multa de doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como del Estado, por tiempo de un año y un mes.

El delito apreciado por los órganos judiciales se funda en el incumplimiento de la providencia del Tribunal Constitucional, de fecha 4 de noviembre de 2014, en la que en virtud de la invocación por el Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución, se acordó la suspensión de la celebración del proceso de participación ciudadana previsto para el día 9 de noviembre de 2014, en el que se llamaba a los catalanes y a las personas residentes en Cataluña a manifestar su opinión sobre el futuro político de Cataluña.

La sentencia sostiene que los órganos judiciales no han vulnerado el principio de legalidad penal, al entender que la providencia dictada por el Tribunal Constitucional posee la naturaleza propia de una “resolución judicial” susceptible de integrar el tipo penal del art. 410.1 CP, (que ,en lo que al caso concierne, exige que lo que se incumpla abiertamente sean resoluciones judiciales). Para el Pleno, esa afirmación no es fruto de una interpretación irracional o arbitraria acerca del régimen jurídico de las resoluciones dictadas por este Tribunal.

Por otro lado, la sentencia desestima la denuncia relativa a la falta de ejecutividad y concreción de la providencia incumplida, pues tampoco considera ilógica o arbitraria las conclusiones alcanzadas por los tribunales penales, al entender que la indicada providencia es “ejecutiva por antonomasia” y su contenido es claro y determinado.

El Pleno tampoco cuestiona la apreciación de los órganos judiciales, acerca de que “el demandante obró con conocimiento del mandato judicial y con intención de incumplirlo”; ni se desautoriza la apreciación de los órganos judiciales, relativa a que el requerimiento previo al interesado “no es un requisito típico del delito de desobediencia, ni una condición objetiva de punibilidad, sino un medio de acreditar el dolo cuya relevancia se atenúa cuando se atribuye a autoridades o funcionarios públicos”.

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¿Por qué hay que reforzar la ciberseguridad de la UE?

22 de octubre, 2021

¿Por qué hay que reforzar la ciberseguridad de la UE?

Parlamento Europeo

Desde datos robados hasta sistemas hospitalarios bloqueados: los ciberataques pueden tener consecuencias peligrosas. Obtenga más información sobre la ciberseguridad y su importancia.

Ciberseguridad de la UE

El Parlamento pide una estrategia de ciberseguridad integral para proteger a los europeos de los ciberdelincuentes.
Con el mundo físico y el digital cada vez más entrelazados y la creciente dependencia de internet surgen nuevos riesgos y peligros. Se estima que en 2030 habrá 125.000 millones de dispositivos conectados a internet, frente a los 27.000 en 2017, y el 90 % de las personas de más de seis años tendrán acceso a la red.

Definiciones de ciberataques, ciberseguridad y ciberdefensa
Un ciberataque es cualquier intento de robar, destruir o exponer información con el objetivo de desestabilizar o dañar redes o sistemas informáticos.

La ciberseguridad incluye la protección de la información y las comunicaciones, así como la tecnología operativa y las plataformas de TI necesarias para garantizar la seguridad de los sistemas digitales.

La ciberdefensa engloba la ciberseguridad, el análisis de las amenazas y las estrategias de protección contra amenazas dirigidas a ciudadanos, instituciones y gobiernos.

Ciberamenazas en la UE: los costes para las personas y la sociedad


La pandemia de coronavirus, además, ha acelerado la transformación digital de la economía y de la sociedad y creado nuevas oportunidades y desafíos. Aunque el mundo digital lleva años presente en la vida de los europeos, el teletrabajo y las compras por internet aumentaron de forma exponencial durante el confinamiento. Los beneficios para los consumidores y el apoyo a la economía para recuperarse de la Covid-19 fueron de la mano de un incremento en las actividades digitales maliciosas.

22.300 millones de dispositivos conectados a internet de las cosas en 2024

Los delincuentes suelen usar sitios web engañosos o de suplantación de identidad (phishing) o correos electrónicos con enlaces maliciosos y archivos adjuntos para robar datos bancarios o chantajear a organizaciones tras haber bloqueado sus sistemas y datos informáticos.

Contar con un ciberespacio seguro, que desarrolle todo su potencial y permita que los usuarios se sientan protegidos, es la base del mercado único digital de la UE. El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales de 2019 (DESI) muestra que un 50 % de los usuarios de internet en la UE evitaron realizar actividades en línea debido a las preocupaciones por su seguridad. Según la edición del año siguiente del mismo informe, el 39 % de los europeos que usaron internet experimentaron problemas relacionados con la seguridad.

Descubra más sobre cómo protegerse de la delincuencia digital.

5 billones de euros Los ciberataques son unas de las prácticas delictivas que más crecen en el mundo. Se estima que los costes vinculados al cibercrimen en el mundo alcanzaron en 2020 los 5,5 billones de euros, el doble que en 2015.

El daño causado por los ciberataques va más allá de la economía y las finanzas. Afecta también los cimientos democráticos de la UE y amenaza el funcionamiento básico de la sociedad.

Servicios esenciales como el transporte, la energía, la sanidad y las finanzas dependen cada vez más de las tecnologías digitales. Esto, junto al incremento de los objetos físicos conectados al internet de las cosas, puede tener consecuencias directas y justifica la importancia de aumentar la ciberseguridad.

Los ciberataques pueden ser de diferentes tipos y afectar a distintos sectores: desde ataques a hospitales, que provocan que se pospongan procedimientos médicos urgentes, hasta ataques a las redes eléctricas y el suministro de agua. Además, el incremento de la conexión de los automóviles y las casas podría acarrear nuevas amenazas.

Los ataques en línea, junto a la desinformación, la presión económica y los ataques armados convencionales, ponen a prueba la resiliencia de los Estados democráticos y de las instituciones al tambalear la paz y la seguridad en la UE.

Amenaza principal

Los ciberataques se encuentran entre las 10 principales amenazas en el mundo según el Foro Económico Mundial

Ciberseguridad en la UE


Las empresas y organizaciones de la UE gastan un 41% menos en ciberseguridad que sus homólogos estadounidenses. La Unión Europea trabaja para fortalecer la ciberseguridad y hacer que la UE lidere esta materia a nivel mundial. Los eurodiputados demandaron recientemente capacidades de defensa contra los ciberataques en la UE y trabajan para garantizar estándares comunes alto de ciberseguridad en la UE.

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El régimen de las empleadas de hogar, contrario al derecho comunitario

22 de octubre, 2021

El régimen de las empleadas de hogar, contrario al derecho comunitario

13 octubre, 2021 USO

El abogado general de la UE ha indicado que la legislación española es discriminatoria con las empleadas de hogar. USO continúa reivindicando la ratificación del convenio nº189 de la OIT

El abogado general de la UE ha indicado que la legislación española que excluye a las empleadas de hogar de las prestaciones por desempleo es contraria al derecho comunitario. Destaca, además, que existe una desventaja particular: “ello constituye una discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada por objetivos legítimos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo”. Se trata de unas conclusiones, no vinculantes, pero sugerentes para el Tribunal Europeo.

El abogado general de la UE defiende que todos los estados tienen que respetar el principio de no discriminación por razón de sexo en materia de seguridad social. Sin embargo, este principio se vulnera en el caso del empleo doméstico, donde el 95% de los trabajadores de este régimen especial son mujeres.

Además, defiende que los motivos alegados por la Seguridad Social para negar la cotización a una empleada de hogar para acceder al paro parecen basarse en estereotipos de género y que incluir al colectivo de empleadas de hogar en la protección por desempleo no incentivaría el fraude laboral.

Consulta al TJUE sobre el principio de igualdad entre hombres y mujeres

Estas conclusiones resultan de la solicitud de pronunciamiento sobre el caso de una empleada de hogar que acudió a la justicia cuando se le negó cotizar para poder acceder a la prestación por desempleo. La demandante, empleada de hogar, desempeñaba sus servicios para una empleadora, en situación de alta desde enero de 2011. En 2019, la trabajadora solicitó a la Seguridad Social la posibilidad de cotizar por la eventual contingencia de desempleo para poder adquirir el derecho a la prestación en caso de que se encontrase en el futuro en esa situación. Su empleadora entregó el consentimiento escrito para contribuir a la cotización.

En la respuesta, la Seguridad Social denegó la solicitud, basándose en el articulo 251 d) de la Ley General de Seguridad Social, que determina que “la acción protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar no comprenderá la correspondiente al desempleo”. Tras ello, en junio de 2020, la trabajadora presentó demanda ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº2 de Vigo y solicitó que se reconociera su derecho a cotizar como empleada de hogar por la contingencia de desempleo, permitiendo el ingreso de las cuotas desde el noviembre de 2019.

Sin embargo, el juez, sin entrar en el fondo del asunto, suspendió el procedimiento y planteó al TJUE la cuestión de si la norma española es concorde con las directivas europeas relativas a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.

El principio de igualdad en la normativa europea y española

La jurisprudencia del TJUE establece que existe discriminación indirecta cuando la aplicación de una medida nacional perjudique a un número mucho mayor de mujeres que de hombres.

Por otra parte, la Constitución Española obliga a los poderes públicos a mantener “un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. La Ley General de la Seguridad Social define la prestación por desempleo como la contingencia en la que se encuentren quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria de trabajo. Entre las personas protegidas por esta contingencia figuran los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General, determinados colectivos de los regímenes especiales de la Seguridad Social, los trabajadores emigrantes que retornen a España, los liberados de prisión, los funcionarios interinos y el personal eventual.

Teniendo en cuenta estos preceptos, la empleada de hogar invocó la precariedad del colectivo ya que en caso de enfermedad, aunque puedan hallarse protegidas por una situación de incapacidad temporal, en la práctica, si se prolonga en el tiempo, termina frecuentemente con la pérdida del empleo sin derecho a la prestación por desempleo, ni tampoco a otras prestaciones como prestación por la incapacidad permanente, ayudas sociales y subsidios públicos que exigen el agotamiento del desempleo.

Dicho colectivo se ve así desprotegido en comparación con otros trabajadores por cuenta ajena sometidos a otros regímenes y se encuentra en una situación de desamparo social, legalmente permitida.

USO continúa defendiendo los derechos de las empleadas de hogar

USO continúa luchando porque se ratifique el Convenio nº189 sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, que entró en vigor en 2013, y la Recomendación nº201, que lo complementa. España hasta el día de hoy no ha ratificado ambos textos que contribuirían a acabar con las desigualdades y discriminaciones que sufren las empleadas de hogar y todo el colectivo de trabajadores domésticos.

La ratificación del Convenio nº189 supondría, por lo tanto, el compromiso del Estado para regular y velar por los derechos de las empleadas de hogar. Entre ellos, la protección efectiva frente a toda forma de acoso, abuso y violencia en el trabajo; el derecho a recibir por escrito las condiciones de trabajo; el control de las horas de presencia; eliminar la figura del desistimiento; controlar la legalidad del salario por manutención y alojamiento; garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; incluir la actividad en la Ley de PRL y conceder la igualdad de derechos con el resto de personas trabajadoras, como es el derecho a la prestación por desempleo.

Y es que el articulo 14 de este convenio internacional establece que “todo Miembro deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”.

Desde nuestro sindicato hemos participado en reuniones y movilizaciones con asociaciones de empleadas de hogar para dar visibilidad al colectivo. Luchamos por la dignificación del trabajo doméstico de miles de mujeres, uno de los sectores más feminizados de nuestra economía e invisible durante años.

El sector de las empleadas de hogar se encuentra en especiales condiciones de precariedad laboral. Esta ha aumentado significativamente por la situación de la crisis sanitaria provocada por el covid-19. A pesar de su gran esfuerzo durante la pandemia y de la importancia del trabajo que desempeñan, a las empleadas de hogar no se les reconocen sus méritos ni se les protege adecuadamente. Y es urgente que esta situación cambie.

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Una recuperación obstaculizada por profundas fisuras

22 de octubre, 2021

Una recuperación obstaculizada por profundas fisuras

Por Gita Gopinath

Fondo Monetario Internacional

Diáligo a fondo

La recuperación mundial continúa en un contexto de aumento de la incertidumbre y de disyuntivas más complejas en materia de políticas.

La recuperación mundial continúa, pero ha perdido ímpetu, obstaculizada por la pandemia. Impulsado por la variante delta, sumamente contagiosa, el número de muertes por COVID-19 documentadas a escala mundial roza ya los 5 millones y abundan los riesgos para la salud, lo cual impide volver a la plena normalidad. Los brotes pandémicos en vínculos esenciales de las cadenas mundiales de suministro han provocado demoras imprevistas en el abastecimiento, estimulando la inflación en muchos países. En general, los riesgos para las perspectivas económicas han aumentado y las disyuntivas en materia de políticas son ahora más complejas.

En comparación con las previsiones de julio, la proyección del crecimiento mundial para 2021 se ha revisado ligeramente a la baja y se sitúa ahora en 5,9%, mientras que la correspondiente a 2022 se mantiene sin variación en 4,9%. No obstante, esta modesta revisión global enmascara las fuertes revisiones a la baja en algunos países. Las perspectivas para el grupo de países en desarrollo de bajo ingreso se han ensombrecido considerablemente debido a la negativa evolución de la pandemia. Esta rebaja de las previsiones también refleja el deterioro de las perspectivas a corto plazo en el grupo de economías avanzadas, debido en parte a los trastornos del suministro. Las proyecciones de algunos exportadores de materias primas han mejorado, impulsadas por el aumento de los precios de las materias primas, lo cual ha compensado parcialmente estas variaciones. Las perturbaciones relacionadas con la pandemia que han afectado a sectores de contacto intensivo han hecho que, en la mayoría de los países, la recuperación del mercado laboral sufra un rezago importante respecto de la recuperación del producto.

La peligrosa divergencia de las perspectivas económicas de los países sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación. Se prevé que el producto agregado del grupo de economías avanzadas recupere la trayectoria de la tendencia previa a la pandemia en 2022 y la supere en un 0,9% en 2024. En cambio, se espera que el producto agregado del grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo (excluida China) se mantenga en 2024 un 5,5% por debajo de las previsiones prepandémicas, lo cual provocaría un fuerte retroceso de los logros en la mejora del nivel de vida.

Estas divergencias son consecuencia de la «gran brecha de las vacunas» y de las amplias disparidades en las políticas de apoyo. Mientras que casi el 60% de la población de las economías avanzadas ya está completamente vacunada, e incluso se están administrando dosis de refuerzo, aproximadamente el 96% de la población de los países de bajo ingreso sigue sin vacunar. Además, ante el endurecimiento de las condiciones financieras y el aumento del riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación, muchas economías emergentes y en desarrollo están replegando a mayor velocidad las políticas de apoyo, pese a la profunda escasez de producción.

Los trastornos del suministro plantean otro reto a las políticas. Por un lado, los brotes pandémicos y las perturbaciones climáticas han provocado escasez de los principales insumos y han reducido la actividad manufacturera en varios países. Por otro lado, estos problemas de abastecimiento, unidos a la liberación de la demanda reprimida y el repunte de los precios de las materias primas, han causado un rápido aumento de la inflación de precios al consumidor, por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania y muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo. Los precios de los alimentos han subido en la mayoría de los países de bajo ingreso que más padecen inseguridad alimentaria, agravando la carga de los hogares más pobres y elevando el riesgo de malestar social.

En la edición de octubre de 2021 del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe GFSR) se hace hincapié en otro de los desafíos que enfrenta la política monetaria, el que se deriva de una asunción excesiva de riesgos en los mercados financieros y el aumento de las fragilidades en el sector de las instituciones financieras no bancarias.

Prioridades en materia de políticas

Uno de los principales denominadores comunes de estos complejos desafíos es el control que la pandemia sigue ejerciendo sobre todos los ciudadanos del mundo. Por tanto, la principal prioridad en materia de políticas es vacunar al menos al 40% de la población en todos los países de aquí a finales de 2021 y al 70% para mediados de 2022. Esto obligará a los países de ingreso alto a cumplir sus compromisos de donación de dosis de vacunas, coordinar con los fabricantes para priorizar las entregas al mecanismo COVAX en el corto plazo y eliminar las restricciones comerciales al flujo de vacunas y los insumos de estas. Al mismo tiempo, subsanar la brecha residual de USD 20.000 millones en donaciones para financiar pruebas diagnósticas, terapias y la vigilancia genómica permitirá salvar vidas ahora y mantener listas las vacunas para su propósito. De cara al futuro, los fabricantes de vacunas y los países de ingreso alto deben respaldar la expansión de la producción regional de vacunas contra la COVID-19 en los países en desarrollo, a través de soluciones de financiamiento y transferencia de tecnología.

Otra prioridad urgente a escala mundial es la necesidad de frenar el aumento de las temperaturas mundiales y contener el crecimiento de los efectos adversos del cambio climático. Esto exigirá compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Una estrategia de política que abarque un precio mínimo internacional del carbono ajustado a las circunstancias de cada país, un impulso a la inversión pública verde y los subsidios a la investigación, y transferencias compensatorias y focalizadas a los hogares pueden ayudar a promover la transición energética de forma equitativa. Del mismo modo, los países avanzados deben cumplir lo prometido y movilizar USD 100.000 millones anuales en financiamiento climático para países en desarrollo.

Además, las iniciativas multilaterales concertadas para asegurar un nivel adecuado de liquidez internacional a las economías en dificultades y una implementación más rápida del marco común del G-20 para reestructurar la deuda insostenible ayudarán a limitar las divergencias entre países. Basándose en la asignación histórica de derechos especiales de giro (DEG) equivalente a USD 650.000 millones, el FMI insta a los países con sólidas posiciones externas a canalizar sus DEG en forma voluntaria a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza. Asimismo, el FMI está estudiando la posibilidad de crear el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, que prestaría financiamiento a largo plazo para respaldar la inversión de los países en un crecimiento sostenible.

A nivel nacional, el conjunto general de políticas debería seguir adaptado a las condiciones locales de la pandemia y la economía, apuntando al empleo sostenible máximo sin poner en peligro la credibilidad de los marcos de política. Ante el margen de maniobra fiscal cada vez más limitado en muchas economías, el gasto sanitario debe seguir siendo prioritario; por su parte, las líneas de salvataje y las transferencias tendrán que estar cada vez más focalizadas y verse reforzadas con medidas de reorientación laboral y apoyo para la reasignación de la mano de obra. Cuando la situación sanitaria mejore, las políticas podrán centrarse cada vez más en las metas estructurales a largo plazo.

Con los niveles de deuda pública situados en máximos históricos, todas las iniciativas deben cimentarse en marcos a mediano plazo creíbles y contar con el respaldo de medidas de ingreso y gasto plausibles. En el informe Monitor Fiscal de octubre de 2021 se demuestra que la credibilidad puede reducir los costos de financiamiento de los países y aumentar su margen de maniobra fiscal a corto plazo.

La política monetaria deberá encontrar un delicado equilibrio entre abordar la inflación y los riesgos financieros, y respaldar la recuperación económica. En este entorno de elevada incertidumbre, proyectamos que la inflación general seguramente vuelva a situarse en los niveles observados antes de la pandemia para mediados de 2022 en el caso de las economías avanzadas y las economías emergentes y en desarrollo. No obstante, la heterogeneidad entre países es considerable y algunos de ellos presentan riesgos al alza, como Estados Unidos, el Reino Unido y algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo. Pese a que, en general, la política monetaria puede hacer caso omiso al aumento transitorio de la inflación, los bancos centrales deben prepararse para actuar con celeridad si los riesgos de crecientes expectativas inflacionarias cobran importancia en esta recuperación de características desconocidas. Los bancos centrales deben diseñar medidas contingentes, anunciar con claridad los factores de activación y actuar en consecuencia con sus comunicaciones.

En términos más generales, la claridad y las acciones coherentes pueden ser muy útiles para evitar innecesarios accidentes de políticas que sacudan los mercados financieros y obstaculicen la recuperación mundial: desde no aumentar de forma oportuna el tope de endeudamiento de Estados Unidos hasta las turbulentas reestructuraciones de deuda en el sector inmobiliario de China y el agravamiento de las tensiones comerciales y tecnológicas transfronterizas.

Los acontecimientos recientes han dejado sobradamente claro que esto nos compete a todos y que la pandemia no habrá terminado en ningún sitio hasta que haya acabado en todas partes. Si la COVID-19 tuviese efectos prolongados en el mediano plazo, podría generar una reducción acumulada del PIB mundial de USD 5,3 billones en los próximos cinco años con respecto a nuestra proyección actual. No tiene por qué ser así. La comunidad internacional debe redoblar los esfuerzos para garantizar el acceso equitativo de cada país a las vacunas, acabar con la reticencia a vacunarse allí donde el suministro sea adecuado, y garantizar una mejora de las perspectivas económicas para todos.

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