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In Memoriam José Luis Yebra

12 de agosto, 2020
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España ante la crisis

12 de agosto, 2020

11 agosto 2020

Artículo de opinión

ceoe.es

España ante la crisis

La presente crisis está siendo de una adversidad desconocida, con el agravante de que la incertidumbre acerca del desarrollo de tratamientos adecuados o vacunas para la enfermedad dificulta vislumbrar sus consecuencias a futuro en la economía y la sociedad. En España, la situación es especialmente difícil por nuestra especialización productiva en los sectores de proximidad y movilidad que son los más afectados, por la mayor presencia de pymes con un tamaño medio pequeño, que son empresas más vulnerables ante la crisis y por la mayor duración e intensidad de las restricciones a la actividad y movilidad que se está produciendo en nuestro país.

A diferencia de la crisis anterior, las instituciones europeas han reaccionado con prontitud y acierto, y se han planteado respuestas comunes por parte de la UE, que trasciende la aplicada individualmente por cada Estado miembro. Una respuesta que se ha reflejado en una serie de medidas que han ido ganando en intensidad y ambición conforme íbamos conociendo la gravedad de la crisis y que en un principio tuvo su cara más visible en la disposición del BCE a asumir una responsabilidad total para cubrir las necesidades de financiación de Gobiernos y empresas, pero cuyo mejor colofón ha sido el Plan Europeo de Recuperación.

Desde las primeras semanas de la crisis, CEOE abogó por reivindicar la puesta en marcha de un plan de recuperación de la UE claro, ambicioso y coordinado que contribuyera a mejorar la confianza y la capacidad de inversión. Se reclamó un estímulo fiscal europeo capaz de movilizar recursos para apoyar a los Estados, al tiempo que deberían desplegarse instrumentos nuevos, de acuerdo con la naturaleza extraordinaria de la crisis. Con este propósito, y previa búsqueda de alianzas y consensos, logramos que Business Europe, confederación europea de asociaciones patronales en la que participamos, planteara a la Comisión Europea la necesidad de esta iniciativa para las empresas europeas.

La aprobación del reforzamiento del Marco financiero Plurianual 2021-2027 y en especial del Plan Europeo de Recuperación es una gran noticia de la que tenemos que alegrarnos todos los españoles y de la que CEOE está orgulloso de su participación y que por ello que ha de ponerse especialmente en valor. La cuantía de los fondos que de forma global superan los 1,8 billones para los próximos años, constituye la mayor respuesta económica dada hasta ahora en Europa. Como consecuencia, la política monetaria ya no es el único instrumento común para dar respuesta a la crisis y este fondo de recuperación, a priori coyuntural, se puede convertir en el embrión de una nueva herramienta de política económica comunitaria de carácter presupuestario.

Por primera vez, la Comisión Europea acudirá a los mercados para obtener financiación por valor de 750.000 millones, la cuantía del programa total del Plan de Recuperación. Esto, sin duda, evitará que se asuman las consecuencias de la crisis y que tendría serias repercusiones en los Estados más endeudados, aumentando su vulnerabilidad ante episodios de crisis internacionales. Por último, cabe señalar la rapidez con la que se ha conseguido el acuerdo, teniendo en cuenta la divergencia de posicionamientos iniciales.

A España le corresponden alrededor de 140.000 millones de euros en total, de los cuales 72.700 millones serán en forma de ayudas y el resto a través de préstamos. Este plan es una oportunidad para acelerar la transformación estructural de nuestro tejido productivo y modernizar Europa, puesto que se quiere priorizar, entre otros, los proyectos relacionados con la transición energética y digital, la formación y la innovación. Como resultado, nuestra economía podrá incrementar nuestro potencial de crecimiento a largo plazo, por la vía de contar con empresas más competitivas y resilientes ante la crisis.

CEOE quiere formar parte activa de esta oportunidad histórica, mediante la puesta en marcha de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos. El objetivo de esta oficina no es otro que dar un apoyo técnico a las empresas para aprovechar de la manera más eficaz los recursos procedentes del Plan Europeo de Recuperación que han designado para España. Ya avanzo que una de nuestras peticiones es que los proyectos que sean susceptibles de colaboración o cofinanciación público-privada deben potenciarse tanto para movilizar un mayor volumen de inversiones, como para lograr que estas inversiones respondan a necesidades reales de futuro.

En el marco del Acuerdo de la UE sobre el Fondo de Recuperación Europeo, cobra vital importancia el diseño y la aprobación de los Presupuestos Generales para 2021, tras los doblemente prorrogados en vigor, muy alejados de las necesidades actuales. Unos nuevos presupuestos pueden ser necesarios para facilitar que los recursos europeos previstos puedan llegar y emplearse adecuadamente. Para poder disponer de estos fondos sin limitaciones todo hace indicar que vamos a tener que cumplir una cierta condicionalidad implícita. En este contexto, la política económica puede contribuir a mejorar la confianza empresarial, si se reorienta a crear un clima más favorable a la empresa comprometiéndose a evitar cualquier tipo de subida impositiva y manteniendo en el tiempo las reformas que han funcionado bien.

Ante una crisis como la presente, no puede haber otra prioridad distinta, por muy legítimas que sean, que la de acelerar la normalización económica. Ante ello, los próximos presupuestos deberán ser mejores, con un alto grado de credibilidad y eficientes, cuanto mayor consenso recaben y aquí el marco del diálogo social puede allanar el camino de los acuerdos políticos, alcanzando encuentros. Es verdad que el Plan Europeo de Recuperación es una oportunidad única que pone en valor nuestra pertenencia a la UE y constituye un avance crucial en el proceso de integración europea. Europa ha dado una clara muestra de solidaridad, pero el turno de España es ahora el de nuestra responsabilidad colectiva.

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El Defensor urge a interior a solucionar las demoras de la cita previa en comisarías para pedir asilo y realizar trámites de extranjería

12 de agosto, 2020

El Defensor urge a interior a solucionar las demoras de la cita previa en comisarías para pedir asilo y realizar trámites de extranjería

11/08/2020

defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha enviado una recomendación al Ministerio del Interior para que, con carácter urgente, facilite a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita previa para solicitar protección internacional y realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales.

La Institución recibe quejas constantes sobre los problemas para obtener una cita previa y acceder al procedimiento de protección internacional y para realizar entrevistas de asilo en condiciones adecuadas.

Además, las dificultades para obtener cita previa se han extendido a una multitud de trámites que deben realizar los ciudadanos extranjeros en dependencias policiales de todo el territorio nacional, más allá del ámbito de la protección internacional.

En opinión del Defensor del Pueblo, las medidas materiales y de recursos humanos adoptadas hasta ahora para paliar esta situación siguen siendo insuficientes para dar respuesta a una demanda creciente de solicitudes de asilo y de trámites relacionados con el régimen general de extranjería que también se realizan en dependencias policiales, tales como la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, autorizaciones de regreso, cartas de invitación, etc.

Esta situación se ha visto agravada por las medidas adoptadas por la crisis sanitaria del COVID-19, debido a que la declaración del estado de alarma supuso la imposibilidad de atención presencial y la acumulación de carga de trabajo.

Las quejas por las demoras excesivas para conseguir una cita previa no constituyen una novedad para la Institución, que lleva tiempo advirtiendo sobre los problemas y dificultades a los que se enfrentan los ciudadanos extranjeros por este motivo y que ha formulado varias resoluciones al respecto.

Así, en diciembre de 2018 el Defensor dirigió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un recordatorio de deberes legales para que se entregara un resguardo válido acreditativo de la cita asignada, al tener constancia de que numerosos ciudadanos pasaban días y noches a la intemperie para conseguir una cita para poder pedir protección internacional, que después se otorgaba sin resguardo acreditativo y para un año más tarde.

Tras ser rechazada esta resolución, el Defensor decidió elevarla al Ministerio del Interior, a la vez que trasladaba a dicho departamento su preocupación por otra serie de carencias relacionadas con el procedimiento.

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La aplicación móvil de alerta de contagios Radar COVID supera su fase de pruebas cumpliendo todos los objetivos marcados

12 de agosto, 2020

La aplicación móvil de alerta de contagios Radar COVID supera su fase de pruebas cumpliendo todos los objetivos marcados

Lunes 3 de agosto de 2020

lamoncloa.gob.es

La herramienta ha superado el objetivo de descargas y arroja resultados satisfactorios en todas las variables analizadas, además de haber recibido altas calificaciones de los usuarios.

RadarCOVID, la aplicación de alerta de contagios para teléfonos móviles, ha superado su fase de pruebas de forma satisfactoria y ya está a disposición de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

Así lo ha explicado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, en una rueda de prensa en la que ha compartido los resultados obtenidos durante el piloto. Junto a ella han intervenido también Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, Santiago Graña, subdirector general de Impulso de la Digitalización de la Administración, y Pablo Rodríguez, asesor técnico del proyecto.

Éxito de adopción, compromiso, retención y funcionamiento

La prueba piloto fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado día 23 de junio, arrancó el pasado 29 de junio y se ha desarrollado hasta este pasado 31 de julio, tiempo durante el que se han simulado cuatro oleadas de rebrotes ficticios de COVID-19. Durante su desarrollo, y a pesar de que sólo funcionaba en la isla de La Gomera, más de 60.000 personas descargaron la app en toda España.

El primer objetivo del piloto consistía en evaluar precisamente la adopción de la herramienta, es decir, el número de personas que la descargarían, y se fijó un objetivo de 3.000 participantes para La Gomera, meta que ha sido superada según los datos obtenidos durante la prueba.

Un segundo objetivo consistía en medir la retención, en referencia al número de usuarios que mantuvieron la app activa después de haberla descargado. Los resultados, también satisfactorios, apuntan a un 83% promedio de retención alcanzada.

Además, se analizaba el compromiso de los usuarios en la comunicación de positivos ficticios, lográndose un 61% de comunicaciones activas, de las que el 78% se produjeron en las 24 horas siguientes a haber recibido el código de contagio simulado.

Otro de los objetivos trazados en el piloto fue medir el funcionamiento de la app en el traceo de contactos, consiguiendo una media de 6,4 contactos estrechos de riesgo detectados por positivo simulado confirmado. Esa cifra supone casi doblar la eficiencia actual de los traceadores manuales, que en Canarias detectan una media de 3,5 contactos.

Opiniones favorables de los usuarios

A través de entrevistas y cuestionarios se han recabado, además, las opiniones de los usuarios respecto a su experiencia de uso. Todos los encuestados afirman que seguirán usando la app cuando esté activa a nivel nacional, y casi todos (el 82%) la valoran como una herramienta útil en la prevención de contagios por COVID-19. La valoración general de la herramienta ha alcanzado en estos cuestionarios una puntuación de 8,2 sobre 10 puntos posibles.

Por categorías, las valoraciones más altas han correspondido a la disposición de los usuarios a recomendar la app a su entorno (9,2 sobre 10), la facilidad de uso (8,6), la comprensión de las instrucciones (8,7) y la sensación de privacidad y anonimato (8,6).

Próximos pasos y plazos

Una vez recibido el visto bueno de las autoridades sanitarias, el siguiente paso ha sido la puesta a disposición de las comunidades autónomas de esta aplicación, tal y como hizo el pasado viernes el presidente del Gobierno en la XXI Conferencia de Presidentes. Las comunidades autónomas que lo deseen podrán conectar la herramienta con sus sistemas de gestión de avisos sanitarios.

Dada la actual situación, de aparición de algunos focos de contagios localizados en regiones una vez recuperada la movilidad, una primera versión funcional de la herramienta podría estar disponible para una puesta en marcha específica a mediados de agosto.

El despliegue en el resto del territorio nacional, en caso de que así lo decidieran las autoridades autonómicas en el ejercicio de sus competencias, llegaría a mediados de septiembre.

Funcionamiento de la app

RadarCOVID sigue los estándares técnicos más garantistas con la privacidad de los usuarios en cumplimiento de todas las recomendaciones elaboradas por la Comisión Europea en este sentido. De esta forma, ningún usuario puede ser identificado o localizado porque no hay dato alguno registrado y porque todo el proceso se desarrolla en su teléfono sin salir hacia ningún servidor. Tanto el uso de la app como la comunicación de un posible contagio serán siempre voluntarios.

La aplicación utiliza la conexión Bluetooth del terminal, a través de la cual los móviles emiten y observan identificadores anónimos de otros teléfonos que cambian periódicamente. Cuando dos terminales han estado próximos durante 15 minutos o más a dos metros o menos de distancia ambos guardan el identificador anónimo emitido por el otro.

Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de COVID-19 tras realizarse un test PCR, decidiría si dar su consentimiento para que, a través del sistema de salud, se pueda enviar una notificación anónima. De esta forma, los móviles que hubieran estado en contacto con el paciente recibirían un aviso sobre el riesgo de posible contagio y se facilitarían instrucciones sobre cómo proceder. Al no solicitarse datos de ningún tipo, es imposible identificar o localizar de forma alguna a ningún usuario.

Actualmente, la Comisión Europea está desarrollando el marco legal y técnico que haga posible la interoperabilidad entre aplicaciones basadas en el modelo descentralizado, como es el caso de RadarCOVID, para que puedan seguir funcionando más allá de las fronteras de cada Estado. El Gobierno español ha defendido desde el primer momento un modelo interoperable para ampliar el alcance de este tipo de herramientas.

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CEOE pide mantener las medidas ya adoptadas e intensificar el apoyo al mercado laboral ante la intensidad de la crisis

12 de agosto, 2020

Valoración EPA segundo trimestre

CEOE pide mantener las medidas ya adoptadas e intensificar el apoyo al mercado laboral ante la intensidad de la crisis

ceoe.es

Los resultados de la EPA del segundo trimestre muestran un mercado laboral que acusa de forma intensa los efectos negativos de la crisis del Covid-19. En una situación histórica de caída de la actividad, el empleo inevitablemente se ha deteriorado. La diferencia respecto al pasado es que la economía española es capaz de crear más empleo en las épocas expansivas y aguanta mejor la ocupación en periodos de recesión como consecuencia de las posibilidades de adaptación existentes en el actual marco laboral en materia de flexibilidad interna.

No obstante, la intensidad de la crisis está siendo de tal magnitud, que no solo han de mantenerse en el tiempo las medidas ya adoptadas, sino que parece fundamental intensificar las medidas de apoyo al mercado laboral que aporten adaptabilidad, seguridad jurídica y confianza a las empresas y a los inversores, instrumentadas a través del diálogo social, en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en estos momentos.

El número de ocupados ha disminuido en 1.074.000 personas en el segundo trimestre, lo que supone una caída sin precedentes, derivada de las restricciones de movilidad y la paralización parcial o total de muchas actividades económicas durante el periodo de confinamiento.

Las cifras de ocupados incluyen también los trabajadores afectados por ERTEs. Según la EPA, el número de ocupados que no ha trabajado en la semana de referencia debido a paro parcial por razones técnicas o económicas o expediente de regulación de empleo creció en 2.832.800 personas en el segundo trimestre. Esto refleja la significativa incidencia sobre el nivel de empleo a corto plazo de las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada de carácter temporal adoptadas por las empresas.

La paralización de la actividad económica se aprecia significativamente en la evolución del número de horas por semana efectivamente trabajadas, afectada por las suspensiones de contratos y reducciones de jornada, que desciende un -22,59% respecto al primer trimestre. De hecho, el número de ocupados que efectivamente ha trabajado en el segundo trimestre disminuye hasta los 13,9 millones de personas, el 35,14% de la población de 16 y más años.

La caída del empleo en el segundo trimestre ha afectado especialmente al sector privado, que pierde 1.052.000 puestos de trabajo. El empleo indefinido cae en 361.400 personas, mientras que los asalariados con contrato temporal descienden en 671.900 personas. La ocupación disminuye en todos los sectores, destacando la caída en 816.900 personas en los servicios. En tasa interanual, el empleo desciende un -6,05%, por lo que el número total de ocupados se sitúa en 18.607.200 personas.

La notable caída del empleo no se ha trasladado a las cifras de paro, ya que el número de parados solo aumenta en 55.000 personas con respecto al primer trimestre y la tasa de paro se sitúa en el 15,33% (14,41% anterior). Estos datos no reflejan todavía la gravedad actual del mercado laboral puesto que, como apunta el INE, no todas las personas que han perdido su empleo han pasado a clasificarse como parados, sino que una parte considerable ha pasado a la inactividad.

De hecho, resulta bastante extraordinario el singular aumento de la población inactiva en 1.062.800 personas y el descenso de la población activa en 1.019.000 personas. Este incremento de la inactividad va a ser transitorio en su mayor parte, ya que este contexto extraordinario de restricciones a la movilidad y paralización de la actividad ha afectado al cumplimiento de los requisitos de búsqueda de empleo o disponibilidad para trabajar que establece la EPA para ser considerado parado.

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Monumento a Concha Espina. Santander

11 de agosto, 2020
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Victorio Macho

11 de agosto, 2020
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La Seguridad Social registra un saldo positivo de 9.738,18 millones de euros

11 de agosto, 2020

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 9.738,18 millones de euros

Jueves 30 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

Tesorería General de la Seguridad Social

Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo de 9.738,18 millones de euros a 30 de junio de 2020. Esta cifra es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 86.177,26 millones, que presentan un incremento del 19,76%, y unas obligaciones reconocidas de 76.439,08 millones, que crecen en un 8,73% respecto al mismo periodo del año pasado.

El volumen total de derechos reconocidos, el 92,53% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 7,47% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 86,81% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 13,19% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 80.039,81 millones de euros, con un incremento del 13,15% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento 8,82%, totalizando 76.267,16 millones de euros.

Ingresos no financieros

En lo que va de año, las cotizaciones sociales han ascendido a 59.145,17 millones de euros, suponiendo 2.151,40 millones de euros menos (3,51%) que en el año precedente. Dicha circunstancia, viene motivada por la disminución de la cotización de ocupados en un 6,33%, mientras que la de desempleados se elevan un 44,07%.

El descenso en la cotización de ocupados viene motivado por las distintas medidas que el Gobierno ha aprobado, tras decretar el estado de alarma, para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor y para aquellos autónomos perceptores de la prestación extraordinaria por cese de actividad.

A ello se une la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se pueden acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia por un periodo de seis meses.

Por otro lado, cabe destacar las devoluciones de las cuotas de trabajadores autónomos que a 30 de junio se cifran en 379,68 millones de euros, lo que supone un incremento de 297,49 millones más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, debido a la prestación extraordinaria, que incluye la exención de estas cotizaciones.

Las transferencias corrientes ascienden a un total 26.509,87 millones, lo que representa un incremento del 163,98% respecto del mismo período del año anterior. Dentro de este apartado la partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 24.652,70 millones, un 206,65% más de incremento interanual.

Ello se debe, fundamentalmente, a la transferencia de 14.002,59 millones de euros para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la COVID-19, aprobada por Real Decreto ley 19/2020.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones se situaron en 71.963,73 millones, un 9,55% más respecto al mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 94,15% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 66.752,64 millones corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 10,31%.

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 3,14% hasta sumar 56.529,17 millones. Este incremento tiene su origen en el descenso del número de pensionistas (0,22%), en la elevación de la pensión media (2,03%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (0,9%) aprobado por el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero.

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 1.435,94 millones, lo que representa un incremento interanual del 16,53%, donde se aprecia el efecto del aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.

El gasto en incapacidad temporal (IT) se ha visto incrementado un 18,82% hasta los 5.089,40 millones, siendo el gasto registrado en IT por procesos derivados de la COVID-19 (que cubre la enfermedad y el periodo de aislamiento) de 55,63 millones, un 1,09% del gasto total.

Merece atención especial la prestación extraordinaria para autónomos que ha sido abonada a favor de estos trabajadores afectados por declaración del estado de alarma ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 alcanzando a 30 de junio un importe de 3.443,66 millones de euros.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 5.211,08 millones de euros, un 0,72% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 4.248,71 millones y a subsidios y otras prestaciones 962,37 millones, de los que 926,31 millones corresponden a prestaciones familiares y al Ingreso Mínimo Vital, un 13,98% más, importe que corresponde en su totalidad a prestaciones familiares.

El incremento en las prestaciones familiares viene motivado por la mejora en la cuantía de las mismas, establecida por el Real Decreto Ley 8/2019, de 12 de marzo, que ha pasado de una prestación por hijo a cargo por importe de 291 a 341 euros, o de 588 euros en los casos en los que los ingresos del hogar sean inferiores a la escala que precisa aquellas familias que se sitúan en la pobreza más severa.

En cuanto a la nueva prestación de Ingreso Mínimo Vital, se ha abonado a los perceptores el importe de 33,42 millones de euros, correspondiente a las prestaciones reconocidas en junio, pero su imputación presupuestaria no se contabiliza hasta el mes de julio.

Por lo que respecta a los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social han experimentado un aumento del 5,2% en gastos de personal, una disminución del 9,86% en gastos corrientes de bienes y servicios y del 22,43% en gastos dedicados a inversiones. Con un decremento global del 0,84% interanual.

El aumento de los gastos de personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.

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Informe de opinión del IEE sobre la fiscalidad de las pensiones: La necesidad de fomentar el ahorro para la jubilación

11 de agosto, 2020

Informe de opinión del IEE sobre la fiscalidad de las pensiones: La necesidad de fomentar el ahorro para la jubilación

No se deben reducir, sino mantener, los incentivos fiscales actualmente existentes a los planes de pensiones en España, en cuanto ya somos uno de los países de la OCDE con menores incentivos fiscales a los planes de pensiones.

ieemadrid.es

El fomento del ahorro a largo plazo a través de los planes de pensiones contribuye a incrementar la inversión, la productividad y el nivel de vida de las sociedades.
Los planes individuales y los planes de empleo son complementarios y no sustitutivos, por ello el sistema debe simultanear los incentivos a ambos instrumentos.

Madrid, 29 de julio de 2020. España se enfrenta, al igual que el conjunto de economías avanzadas de la UE, a los retos derivados del envejecimiento de la población que requiere de aumento necesario de la tasa de ahorro para la jubilación, para lo que se necesita un marco fiscal adecuado de incentivos con vocación de permanencia a lo largo del tiempo, con mayor flexibilidad en la utilización de los instrumentos de previsión y siguiendo las principales pautas de los países de nuestro entorno. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su Informe de Opinión sobre la realidad actual del marco fiscal de los planes de pensiones. En este contexto, es necesaria y bienvenida cualquier iniciativa que pueda contribuir a incentivar el ahorro de los españoles y, en particular, en este tipo de instrumentos de planificación para la jubilación, ya que nuestro país cuenta con un nivel de expansión muy reducido de los planes de pensiones en comparación con el resto de las principales economías avanzadas.

Como se destaca en el informe, los beneficios del ahorro instrumentado a través de planes de pensiones son múltiples y no terminan en la mejora del bienestar del individuo a largo plazo, al complementar su pensión pública y permitirle acercar su nivel de vida en la etapa de retiro al que disfruta en su vida laboral, sino que los beneficios se extienden al conjunto de la economía. Así, si se consigue incrementar el nivel de ahorro nacional, se estará incrementando el nivel de fondos disponibles para acometer inversiones, uno de los principales motores del incremento de la productividad a largo plazo, lo que, a su vez, deriva en una mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Además, el mayor ahorro canalizado por los fondos pensiones permite un mayor desarrollo de los mercados financieros mejorando su liquidez y su funcionamiento, y, en definitiva, dando lugar a una asignación de capital más eficiente.

En el informe se observa también que, a diferencia de la economía española, los sistemas complementarios de la Seguridad Social están muy desarrollados en países de nuestro entorno, tal y como muestra el volumen del patrimonio de los fondos de pensiones privados y los seguros de vida. En aquellos países con sistemas privados de pensiones fuertes, como Holanda, Suiza o el Reino Unido, los fondos de pensiones, con un valor superior al 100% del PIB, canalizan el ahorro privado y constituyen el principal proveedor de capital a la industria, a la vez que constituyen la parte fundamental de la tasa de sustitución del sistema; sin embargo, en España no alcanzan el 10% del valor del PIB. Una posible explicación de este retraso es que España es uno de los países que menos incentivos fiscales tiene a los planes de pensiones, ya que nuestros incentivos no llegan al 60% del promedio de la OCDE. En cualquier caso, la distancia se amplía en relación con los países con mejores prácticas de incentivos fiscales de la OCDE y de la UE, ya que Irlanda u Holanda están por encima del 170% de la media de la OCDE, que es equivalente a un incentivo fiscal tres veces superior al de España.

Los países con peor tratamiento fiscal del rescate, como es el caso español, han de cuidar los incentivos en las aportaciones, especialmente, ya que, en otro supuesto, desaparecería el estímulo fiscal derivado del diferimiento. De hecho, bajo un hipotético supuesto, que afortunadamente no parece haberse planteado, de desaparición de los incentivos a la aportación, manteniéndose el actual contexto de tributación de la prestación, estaríamos en un claro caso de doble imposición sobre el ahorro materializado en los planes de pensiones.

El motivo del favorable tratamiento fiscal del ahorro-previsión en tantos países viene motivado por la incuestionable utilidad del sistema fiscal para impulsar a unos contribuyentes que pueden ser escasamente proclives a tomar una decisión racional en favor del diferimiento de renta, para que lo hagan. A este respecto el Banco de España, en un trabajo reciente, ha demostrado que los ciudadanos son muy sensibles (tienen una alta elasticidad) en cuanto a aportar, esto es, a ahorrar, en estos instrumentos en función del marco fiscal. En esta línea, muchos países optan por focalizar especialmente el incentivo en el momento en que dicho ahorro se efectúa mediante la contribución.

Recientemente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha analizado la reducción fiscal en las aportaciones a los planes de pensiones privados en un estudio muy interesante y detallado del que se pueden extraer muchas lecciones, si se interpreta adecuadamente, y en el que lejos de interpretaciones excesivamente apresuradas, no se ha propuesto la eliminación de este incentivo fiscal, sino que ha señalado que debe replantearse o rediseñarse para ser un mecanismo más eficaz, lo que da una idea de la importancia que este incentivo tiene en el marco de incentivar el ahorro a largo plazo. En relación al estudio de la AIRef cabe realizar las siguientes consideraciones:

En este estudio, se apunta la gran importancia de la seguridad jurídica y la estabilidad en el marco normativo de los productos de ahorro a largo plazo, justo lo que ha faltado en los últimos años. De hecho, parece que la progresiva pérdida de incentivos se ha traducido en una disminución de las aportaciones. El sistema de incentivos fiscales de deducción en la base imponible de las aportaciones es el que prevalece en la mayoría de los países de nuestro entorno. Si España se alejara del mismo, sería una excepción dentro de los países de la OCDE. Asimismo, se reconoce que el incentivo fiscal vigente para los planes de pensiones en España, medido como el valor presente descontado del ahorro fiscal como porcentaje del valor presente de las contribuciones realizadas, es uno de los más reducidos de toda la OCDE, por lo que existe margen de mejora para equipararnos con las mejores prácticas.

Como reconoce el propio informe, el coste real neto para la Administración derivado de este incentivo fiscal, cuando se calcula integralmente es exiguo de solo 450 millones, cuando se incorporan en el cálculo los ingresos tributarios relativos a las prestaciones de forma conjunta con la incidencia de las aportaciones. Además, se llega a la conclusión de que en la mayor parte de los casos este incentivo fiscal es un mero diferimiento tributario, que en sí mismo, constituye un atractivo y un incentivo para ahorrar. No cabe duda de que, en general, por el fenómeno de la preferencia temporal, a igualdad de circunstancias, es preferible pagar los impuestos en un tiempo futuro que abonarlos en el presente.

El análisis de los planes de pensiones desde la perspectiva de la equidad debe tener en cuenta toda la vida fiscal del instrumento y el ciclo vital de los individuos. La posible regresividad de las reducciones por aportaciones se compensa por la tributación progresiva de las prestaciones. Por ello, en el informe de la AIRef se estima que la mayor ventaja fiscal se concentra en las rentas bajas, ya que estos son los que tienen una mayor probabilidad de que la tributación de la prestación se realice a un tipo marginal inferior del que se benefició la reducción de la aportación, lo que hace que los individuos con menores rentas en la etapa de jubilación sean, precisamente, los que más amplifican su rentabilidad financiero-fiscal por haber ahorrado a través de planes de pensiones.

A modo de cierre de su informe, el IEE plantea una serie de recomendaciones, entre las que cabe destacar, entre otras, las siguientes.

No se deben reducir, sino mantener, los incentivos fiscales actualmente existentes a los planes de pensiones en España, de deducción en el IRPF por las aportaciones a los planes de pensiones. En cualquier caso, deben elevarse significativamente los límites de las aportaciones realizadas a favor de los cónyuges sin rentas, tal y como fija la recomendación 16 del Pacto de Toledo.
La tributación de las prestaciones de los planes de pensiones, correspondiente al rendimiento financiero derivado de la gestión del plan, debería tributar como parte de los rendimientos del ahorro generados a más de un año. Este tratamiento debería aplicarse obligatoriamente también a la parte de esos rendimientos incluidos en las percepciones en forma de renta vitalicia.
En lo relativo al fomento a los planes de empleo, habría que excluir del cómputo de las bases de cotización a la Seguridad Social las aportaciones a sistemas de previsión social y se debería reinstaurar la deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades para las aportaciones a sistemas de previsión social.

Con carácter general, ha de abogarse por la seguridad jurídica, con un marco regulatorio estable, predecible y favorable de los instrumentos de previsión a largo plazo.
Los planes individuales y los planes de empleo son complementarios, por ello el sistema debe simultanear los incentivos a ambos instrumentos. La construcción de un segundo y tercer pilar mediante algún esquema organizativo capaz de universalizar el ahorro y apoyar al sistema público de pensiones en el cumplimiento de sus objetivos.

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El presupuesto a largo plazo deberá mejorarse para que el Parlamento lo apruebe

11 de agosto, 2020


El presupuesto a largo plazo deberá mejorarse para que el Parlamento lo apruebe

El mandato para las negociaciones con el Consejo para mejorar el MFP ha sido adoptado por una gran mayoría de eurodiputados.

Es un paso positivo para la recuperación a corto plazo, pero los recortes en el presupuesto a largo plazo son inaceptables

El instrumento de recuperación necesita una supervisión democrática para la rendición de cuentas

Es indispensable un compromiso vinculante para las nuevas fuentes de ingresos de la UE


Se necesita un mecanismo claro que vincule el respeto al Estado de derecho con la financiación europea

Los eurodiputados están preparados para paralizar su consentimiento al presupuesto a largo plazo a no ser que se mejore el acuerdo

europarl.europa.eu

El fondo de recuperación es un “paso histórico”, pero se ponen en riesgo prioridades a largo plazo de la UE como el Pacto Verde o la Agenda Digital, según los eurodiputados.

En una resolución sobre las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 17 al 21 de julio, aprobada por 465 votos a favor, 150 en contra y 67 abstenciones, los eurodiputados rinden homenaje a las víctimas del coronavirus y a todos los trabajadores que han estado luchando contra la pandemia. Subrayan que “los ciudadanos de la UE tienen una responsabilidad colectiva de solidaridad”.

Paso positivo para la recuperación, inadecuado a largo plazo

En el texto, que sirve como mandato para las próximas negociaciones sobre la futura financiación y recuperación de la UE, el Parlamento da la bienvenida a la aceptación de los líderes de la UE de un fondo de recuperación, tal y como propuso el Parlamento en mayo, denominándolo como “un paso histórico para la UE”. Los eurodiputados rechazan, sin embargo, “los recortes masivos a las subvenciones” y piden la participación completa y democrática del Parlamento en el instrumento de recuperación que “no otorga un papel formal a los eurodiputados electos del Parlamento Europeo”.

En cuanto al presupuesto a largo plazo, los eurodiputados se oponen a los recortes en los programas orientados al futuro y consideran que “perjudicarán los fundamentos de una recuperación sostenible y resiliente”. Programas emblemáticos de la UE para la protección del clima, la transición digital, sanidad, juventud, cultura, investigación o gestión de fronteras “están en riesgo de sufrir una reducción inminente de la financiación de 2020 a 2021” y, a partir de 2024, “el presupuesto de la UE en su totalidad estará por debajo de los niveles de 2020, poniendo en peligro los compromisos y prioridades de la UE”.

El Parlamento no puede aceptar un mal acuerdo

El Parlamento, por tanto, no acepta el acuerdo político del Consejo Europeo sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 tal y como se ha propuesto, y no dará su visto bueno a un hecho consumado. Los eurodiputados “están preparados para paralizar su consentimiento” al presupuesto a largo plazo (MFP) hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio en las futuras negociaciones entre el Parlamento y el Consejo, preferiblemente a finales de octubre como tarde para un comienzo sin contratiempos de los programas de la UE a partir de 2021.
Sin embargo, en el caso de que no se adopte un nuevo MFP a tiempo, los eurodiputados recuerdan que el Artículo 312(4) del Tratado de Funcionamiento de la UE contempla una extensión temporal del techo del año anterior del MFP actual (2020) y esto será totalmente compatible con el plan de recuperación y la adopción de los nuevos programas del MFP.

Estado de derecho

El Parlamento “lamenta profundamente” que el Consejo Europeo haya rebajado significantemente los esfuerzos de la Comisión y el Parlamento para defender el Estado de derecho, los derechos fundamentales y la democracia en el marco del MFP y el plan de recuperación, recordando que el reglamento del Estado de derecho está sujeto a codecisión por parte del Parlamento.

Nuevas fuentes de ingreso y reembolso de la deuda de la UE

Los eurodiputados reiteran que el Parlamento no dará su consentimiento al MFP sin un acuerdo en la reforma del sistema de recursos propios de la UE, incluyendo la introducción de nuevos recursos como tarde para finales del MFP 2021-2027, lo que es necesario para cubrir al menos los costes relacionados con el plan de recuperación.

Asimismo, creen que los jefes de Estado y de Gobierno han fallado en abordar el asunto del plan de reembolso del instrumento de recuperación y recuerdan que, sin mayores recortes en los programas de la UE o aumentar las contribuciones de los Estados, la única opción aceptable para el Parlamento son los nuevos recursos propios.

Indispensable una revisión a medio plazo

El Parlamento demanda que haya una revisión vinculante legalmente del MFP a medio plazo para finales de 2024 como tarde y subrayan que esta revisión debe incluir los techos para el periodo 2025-2027, la introducción de recursos propios adicionales y la implementación de los objetivos de clima y biodiversidad.

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Comunicado sobre la recogida de datos personales por parte de los establecimientos

11 de agosto, 2020

31 de julio de 2020

Comunicado sobre la recogida de datos personales por parte de los establecimientos

Madrid

aepd.es

La Agencia Española de Protección de Datos ha tenido constancia de la proliferación de diversas iniciativas públicas que tratan de fomentar una reacción rápida ante posibles nuevos brotes de COVID–19, como registrar determinados datos de los clientes que acuden a locales de ocio.

A este respecto, es necesario puntualizar que los datos que se recogen, aunque estén relacionados con el control de la pandemia y su tratamiento sea al objeto de poder identificar posibles infectados, no son datos catalogados en el RGPD como “categorías especiales”.

Para poner en marcha el registro de clientes que acuden a locales de ocio, tratándose de una medida para la contención del coronavirus, debe acreditarse su necesidad por las autoridades sanitarias y tiene que ser obligatoria, ya que si fuera voluntaria perdería efectividad. Adicionalmente, si se acudiera a la base jurídica del consentimiento, para poder apreciar un consentimiento libre, sería necesario que no se derivara ninguna consecuencia negativa, es decir, que no se impidiera la entrada al establecimiento.

Teniendo en cuenta que ya no está vigente el estado de alarma, la obligatoriedad de tomar datos por parte de los establecimientos tiene que establecerse por una norma con rango de ley. En tal caso, la base jurídica sería el 6.1.c) (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”).

En todo caso, debe señalarse que el hacer un seguimiento adecuado de la evolución de los contagios y de la obligación de tomar datos y cederlos a las autoridades sanitarias tiene su fundamento en la garantía de un interés público de controlar la pandemia, por lo que la base jurídica sería, con carácter preferente, el artículo 6.1.e) del RGPD (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”).

A estos efectos, debe hacerse especial incidencia en la necesidad de justificar que no existan otras medidas más moderadas para la consecución del propósito perseguido con igual eficacia. Por ello deberían identificarse bien y limitarse a aquellos sitios en los que exista una mayor dificultad para el cumplimiento de estas medidas (no es lo mismo una discoteca, en la que las personas quieren estar cerca, que un museo, en el que se pueden habilitar espacios adecuados para que circule la gente y limitar mucho los contactos). A tal efecto, deberían ser las autoridades sanitarias quienes valoren motivadamente en qué lugares sería obligatorio identificarse.

Por otro lado, la recogida y la cesión de datos debería organizarse de una forma que el registro permita identificar los posibles contactos (es decir, que exista una probabilidad de que hayan coincidido, al estar en la misma hora, en el mismo sitio, etcétera). En otro caso, como podría suceder en un museo, si hay un infectado y se avisa a las miles de personas que ese día lo pudieron haber visitado, aparte de ser un tratamiento excesivo, podrían producirse dificultades o incluso un colapso en la asistencia sanitaria. Cuestión que también tienen que valorar las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas.

Adicionalmente, debe cumplirse con el principio de minimización, en virtud del cual podría ser suficiente con obtener un número de teléfono, junto con los datos del día y la hora de asistencia al lugar. Este criterio, junto con el de la anonimización de los titulares del dispositivo, ha sido el asumido por el Comité Europeo de Protección de Datos en la Recomendación sobre el uso de datos de localización y aplicaciones de seguimiento de contactos en el contexto de la pandemia; criterio que puede extrapolarse a esta situación con las adaptaciones pertinentes.

En consecuencia, no sería necesario solicitar el nombre y los apellidos, que serían innecesarios para la finalidad de avisar a los posibles contactos, y en ningún caso es necesaria la identificación mediante el DNI por ser desproporcionada.

Asimismo, debe aplicarse estrictamente el principio de limitación de la finalidad, de forma que los datos sólo deben poder utilizarse para la finalidad de lucha contra el virus, excluyendo cualquier otra, así como el principio de limitación del plazo de conservación.

De acuerdo con estos criterios, los establecimientos serían responsables de la recogida de datos en virtud de una obligación legal establecida por una norma con rango de ley y la administración autonómica sería la cesionaria de esos datos por razones de interés público previstos en la ley. La administración autonómica deberá establecer criterios sobre la forma en la que se recogen y comunican esos datos personales a la Administración sanitaria.

Por su parte, los ciudadanos deben recibir una información clara, sencilla y accesible sobre el tratamiento antes de la recogida de los datos personales. En todo caso, la información debe tratarse con las medidas de seguridad adecuadas.

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Playa del Puntal en Santander

10 de agosto, 2020
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España solicita el acceso al nuevo instrumento europeo que permite financiar los costes de los ERTE y de la prestación para autónomos

10 de agosto, 2020

España solicita el acceso al nuevo instrumento europeo que permite financiar los costes de los ERTE y de la prestación para autónomos

Lunes 3 de agosto de 2020

El nuevo instrumento comunitario responde a la propuesta defendida por España de desarrollar una red de seguridad para las personas y proporcionar una respuesta europea a la crisis.

lamoncloa.gob.es

El Reino de España ha solicitado a la Comisión Europea el acceso al instrumento europeo de mitigación de los riesgos de desempleo, conocido como SURE, y que permite financiar con préstamos comunitarios los programas de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas.

Este programa fue uno de los tres nuevos mecanismos puestos en marcha a nivel europeo, junto a la línea precautoria del Mecanismo Europeo de Estabilidad y los avales del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para dar una respuesta sanitaria, económica y social a los efectos de la pandemia del COVID-19.

El programa SURE movilizará unos recursos máximos a nivel comunitario de 100.000 millones de euros y se financiará con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado. Los Estados miembros contribuyen al instrumento aportando avales a las emisiones de la Unión Europea.

El pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros autorizó el otorgamiento de los avales necesarios para la participación de España en el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia creado por la Comisión Europea (SURE).

En el caso de España, este instrumento permite financiar programas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto en lo concerniente a la prestación que recibe el trabajador como a las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario.

También se pueden utilizar los recursos del SURE para financiar la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, así como la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja como consecuencia del COVID-19 o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico.

El importe solicitado para la financiación de estos programas es superior a 20.000 millones de euros.

El importe final a recibir dependerá, entre otros factores, del volumen que soliciten el resto de países interesados en este programa. Una vez determinado el importe final por parte del Consejo de la UE, a propuesta de la Comisión Europea, el crédito será desembolsado a los Estados que soliciten este instrumento en varios tramos. El primero de ellos podría recibirse en otoño de 2020 y, el resto, a partir de 2021.

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El Banco Central Europeo amplía la recomendación de no repartir dividendos hasta enero de 2021 y aclara el plazo para restituir los colchones

10 de agosto, 2020

Nota de prensa

Banco Central Europeo

bde.es

28 de julio de 2020

El BCE amplía la recomendación de no repartir dividendos hasta enero de 2021 y aclara el plazo para restituir los colchones
•El BCE pide a las entidades de crédito que no repartan dividendos ni recompren acciones hasta enero de 2021.
El BCE espera que las entidades apliquen una moderación extrema en la remuneración variable para conservar el capital en momentos de crisis.
El BCE aclara el ritmo esperado para que las entidades restablezcan sus posiciones de capital y de liquidez.

El Banco Central Europeo (BCE) ha ampliado hoy su recomendación a las entidades de crédito sobre el reparto de dividendos y la recompra de acciones hasta el 1 de enero de 2021 y les ha pedido que sean extremadamente moderadas en relación con la remuneración variable. También ha aclarado que concederá tiempo suficiente a las entidades para que repongan sus colchones de capital y de liquidez a fin de evitar la prociclicidad.

Esta recomendación actualizada sobre el reparto de dividendos es de carácter temporal y excepcional y su objetivo es preservar la capacidad de las entidades para absorber pérdidas y prestar apoyo a la economía en este entorno de incertidumbre extraordinaria. Esta incertidumbre hace que sea difícil para las entidades prever con exactitud sus posiciones de capital. Como ha demostrado el análisis de vulnerabilidad, el nivel de capital del sistema podría reducirse significativamente si se materializara un escenario severo.

El BCE revisará si esta medida seguirá siendo necesaria en el cuarto trimestre de 2020, teniendo en cuenta el entorno económico, la estabilidad del sistema financiero y la fiabilidad de la planificación del capital. Una vez que se alivie la incertidumbre que hace necesaria esta recomendación temporal y excepcional, las entidades con posiciones de capital sostenibles podrían considerar reanudar el pago de dividendos. Esto también será aplicable cuando operen por debajo del nivel de capital de la recomendación de Pilar 2 (P2G). El requisito previo es que las trayectorias de capital previstas de las entidades demuestren que sus posiciones de capital son sostenibles a medio plazo.

Con la misma finalidad, es decir, preservar la capacidad de las entidades para absorber pérdidas y respaldar el crédito a la economía real, el BCE también ha emitido una carta dirigida a las entidades de crédito pidiéndoles que sean extremadamente moderadas en relación con los pagos de remuneraciones variables, por ejemplo, reduciendo su importe total. En los casos en los que esto no sea posible, las entidades deberían diferir una parte mayor de la remuneración variable y considerar pagos en instrumentos, como acciones propias. Como es habitual, el BCE continuará evaluando las políticas de remuneración de las entidades como parte de su proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES), y, en particular, el impacto que dichas políticas pueden tener en su capacidad para mantener una base sólida de capital. El enfoque del BCE relativo a los dividendos y la remuneración cumple con la correspondiente Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

El BCE continúa animando a las entidades de crédito para que utilicen sus colchones de capital y de liquidez para conceder préstamos y para absorber pérdidas. No les exigirá que comiencen a restituir sus colchones de capital antes de que este alcance el nivel máximo de caída, que actualmente se prevé que ocurrirá en 2022. El plazo exacto se decidirá después de las pruebas de resistencia a escala de la UE de 2021 y, como en todos los ciclos de supervisión, de manera individualizada en función de la situación concreta de cada entidad.

Lo mismo es aplicable a la restitución de la ratio de cobertura de liquidez (LCR, por sus siglas en inglés). El BCE considerará factores específicos de cada entidad (por ejemplo, el acceso a los mercados de financiación) y factores de mercado (como la demanda de liquidez de los hogares, las empresas y otros participantes en el mercado) al establecer el plazo para que las entidades restablezcan sus colchones de liquidez.

En cualquier caso, el BCE se compromete a permitir a las entidades de crédito operar por debajo de la recomendación de Pilar 2 (P2G) y del requerimiento combinado de colchones de capital al menos hasta el final de 2022, y por debajo de la LCR al menos hasta el final de 2021, sin activar automáticamente medidas supervisoras.

«La acumulación de potentes colchones de capital y de liquidez desde la última crisis financiera ha permitido a las entidades seguir prestando financiación a los hogares y a las empresas durante esta crisis y, por tanto, ayudar a estabilizar la economía real», afirmó Andrea Enria, presidente de Consejo de Supervisión. «En consecuencia, es fundamental animar a las entidades a que utilicen sus colchones de capital y de liquidez ahora para seguir centrándose en esta tarea primordial: conceder préstamos, manteniendo, por supuesto, unos criterios de concesión adecuados. Mientras tanto, y para ayudar a las entidades en su planificación, estamos indicando un retorno gradual a la normalidad.»

Por último, dado que el sector bancario ha mostrado capacidad de resistencia operativa, el BCE no tiene previsto ampliar el plazo de seis meses de las medidas de relajación de los requerimientos operativos que otorgó a las entidades en marzo de 2020, con la excepción de las estrategias de reducción de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés) para las entidades con altos niveles de préstamos de esta naturaleza. El BCE reanudará el seguimiento de medidas correctoras previas aplicadas a las entidades a raíz de los resultados de PRES anteriores, de inspecciones in situ y de investigaciones de modelos internos. El BCE también prevé reanudar la emisión de decisiones sobre revisiones específicas de modelos internos (TRIM, por sus siglas en inglés), cartas de seguimiento in situ y decisiones sobre modelos internos una vez que finalice el período de seis meses.

El BCE concederá a las entidades con altos niveles de préstamos dudosos un plazo adicional de seis meses para que presenten sus planes de reducción de estos préstamos con el fin de darles más tiempo para que puedan estimar mejor el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre la calidad de los activos, lo que debería permitirles realizar una planificación más precisa. No obstante, se espera que las entidades sigan gestionando activamente sus préstamos dudosos.
El BCE también ha emitido una carta dirigida a las entidades de crédito en la que comunica sus expectativas de que las entidades contaran con prácticas de gestión eficaces y con suficiente capacidad operativa para hacer frente al aumento esperado de las exposiciones problemáticas.

Nota. El término «dividendo» utilizado en la recomendación del BCE se refiere a pagos en efectivo. Sin embargo, el pago de dividendos en forma de acciones no entra dentro del alcance de la recomendación, siempre que no reduzca la cantidad o la calidad de los fondos propios.

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El impacto del COVID-19 en la economía reduce el número de ocupados en más de un millón de personas en el segundo trimestre

10 de agosto, 2020

28 de julio de 2020

mineco.gob.es

El impacto del COVID-19 en la economía reduce el número de ocupados en más de un millón de personas en el segundo trimestre

La ocupación se situó en 18.607.200 personas, con una disminución del 5,46% respecto al trimestre anterior
El número de desempleados se incrementó en 55.000 personas en el segundo trimestre y la tasa de paro alcanzó el 15,33%
Las medidas de flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) están permitiendo mantener los puestos de trabajo
La destrucción de empleo sigue concentrándose en los trabajadores con contrato temporal

El impacto del COVID-19 y de las medidas de contención adoptadas para contener la pandemia provocó que el número de personas ocupadas en el segundo trimestre del año se redujera en 1.074.000 personas, un 5,46%, situándose en 18.607.200, según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los últimos 12 meses, como consecuencia del COVID-19, se ha producido una destrucción de empleo que, en términos interanuales, es del 6,05%. Hay que tener en cuenta que este descenso se ha concentrado de forma exclusiva durante la pandemia.

El número de personas desempleadas se incrementó en 55.000 en este periodo, hasta los 3.368.000, y la tasa de paro se situó en el 15,33%.

Siguiendo la metodología de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las personas incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se consideran personas ocupadas. No obstante, el número total de horas efectivas trabajadas en el segundo trimestre ha registrado un descenso sin precedentes del 22,59%, debido a la limitación de la actividad económica.

Asimismo, el descenso de la ocupación se ha traducido en un incremento de 1.062.800 personas inactivas en el segundo trimestre. Este aumento se produce fundamentalmente por la dificultad sobrevenida de buscar empleo.

Ocupación

En el segundo trimestre del año el descenso de la ocupación afectó a todos los sectores económicos, continuando con la tendencia del trimestre anterior, en el que los datos de ocupación ya reflejaron los primeros efectos sobre el empleo del COVID-19. Servicios fue el sector más afectado, con 816.900 ocupados menos; seguido de Industria, con 127.000; Construcción, con 108.700, y Agricultura, con 21.400.

En términos interanuales el empleo se redujo también en todos los sectores, con 922.200 ocupados menos en Servicios, 112.300 en Industria, 107.300 en Construcción y 45.900 en Agricultura.

El descenso de la ocupación es general también en todas las comunidades autónomas en el último trimestre, a excepción de Islas Baleares, donde el número de ocupados se incrementó en 9.200 personas. Las mayores caídas se produjeron en Cataluña, con 223.700 ocupados menos; Andalucía, con 198.100, y la Comunidad de Madrid, con 184.400.

En el último año se ha registrado un descenso de la ocupación en todas las comunidades autónomas, a excepción de Ceuta y Melilla. Las Comunidades que más reducen su ocupación son Andalucía con 226.800 menos, Cataluña con 203.600 y Comunidad Valenciana con 140.600.

La caída de la ocupación en el segundo trimestre sigue concentrándose en los trabajadores con contrato temporal. Mientras que la contratación indefinida se redujo en 361.400 personas, lo que supone una reducción del 2,91%, la temporal lo hizo en 671.900, con una caída del 16,22%.

Este patrón se mantiene en términos anuales, con una disminución de 929.100 trabajadores temporales y de 232.200 trabajadores con contrato indefinido.

El descenso de la ocupación sigue afectando también más a las mujeres que a los hombres. En el segundo trimestre se redujo un 6,06% el número de mujeres ocupadas, frente a un descenso de 4,95% en los hombres. En términos anuales, el comportamiento fue similar, con una reducción de la ocupación femenina del 6,42% y del 5,74% de la masculina.

Desempleo

En el segundo trimestre el número de personas desempleadas se incrementó en 55.000, hasta alcanzar las 3.368.000, lo que dejó la tasa de paro en el 15,33%.

Los datos indican que las medidas de flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) están mostrándose eficaces para reducir el impacto en el empleo y que éste sea menor que el observado en crisis anteriores.

Por comunidades autónomas, en términos intertrimestrales, los mayores aumentos del número de desempleados se produjeron en Cataluña, con 61.300 parados más, Comunidad de Madrid, 54.500, y Comunidad Valenciana, 42.500. Por el contrario, se registraron descensos del paro en Andalucía, 48.200 desempleados menos, Castilla-La Mancha, 20.900 y Extremadura, 15.000.

En términos anuales los mayores incrementos del paro también se registraron en Madrid, con 62.900 parados más, Comunidad Valenciana, 43.100 y Cataluña 41.700. Registraron una reducción en el número de parados Andalucía 47.000 menos, Canarias, 13.300 y Castilla La Mancha, -5.000.

Por sectores, el sector Servicios concentró el desempleo en el último trimestre, con 199.000 parados más, y en los últimos doce meses, 385.900.

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El déficit del Estado en el segundo trimestre se sitúa en el 4,36% del PIB por el impacto del COVID-19

10 de agosto, 2020

Datos de ejecución presupuestaria

El déficit del Estado en el segundo trimestre se sitúa en el 4,36% del PIB por el impacto del COVID-19

Jueves 30 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que muestran el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas para combatir esta emergencia y mitigar la crisis.

En concreto, el Ministerio de Hacienda difunde hoy el dato de déficit del Estado hasta junio, que se sitúa en el 4,36% del PIB, en términos de contabilidad nacional. Asimismo, publica el déficit consolidado de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de mayo, que se sitúa en el 4,20% del PIB.

Todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno para la gestión de la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.

Déficit del Estado (junio)

En la primera mitad del año el déficit del Estado se sitúa en 48.767 millones, lo que equivale al 4,36% del PIB. Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 14,4% debido a la menor actividad económica como consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas para combatir el virus. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 23,7% por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias corrientes a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.

Asimismo, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros se sitúan en 81.018 millones, lo que supone un descenso del 14,4% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de junio están afectados, al igual que en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Los recursos impositivos, que representan el 81,3% el total, se sitúan en 65.837 millones, lo que supone una disminución del 18,1%. Retroceden prácticamente la totalidad de las figuras tributarias. Destacan por un lado el descenso del 15,4% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA retrocede un 18,1%, hasta los 33.634 millones. Este comportamiento se debe al menor consumo por la caída de la actividad y a alguna de las medidas tomadas para combatir la pandemia como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes sanitarios necesarios en la lucha contra el coronavirus.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 23,5%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 10,6% y el IRPF un 28,7% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta, además del parón de la actividad. Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 57,6% y las cotizaciones sociales un 1,2% fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 31,7% así como los intereses, que disminuyen un 18,7%. Es reseñable el buen comportamiento de los dividendos de Loterías y Apuestas del Estado y Banco de España, que crecen respecto al año anterior, compensando el descenso registrado en los dividendos de ENAIRE en 2020.

Empleos no financieros del Estado

Hasta junio los empleos no financieros han ascendido a 129.785 millones, cifra superior en un 23,7% a la registrada en la primera mitad de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las Comunidades Autónomas, tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril como por los anticipos a cuenta de la liquidación definitiva del ejercicio 2018. El objetivo de estas medidas es garantizar liquidez a las CCAA para que puedan afrontar la pandemia y seguir prestando servicios públicos de calidad.

Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las Comunidades Autónomas han recibido, entre otros, 206 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación y 447 millones de subvenciones al Plan estatal de vivienda.

Entre el resto de operaciones, destacan los cerca de 1.000 millones de gastos relacionados con la pandemia, de los que 806 millones se registran en los consumos intermedios, además de la transferencia realizada a la Seguridad Social para el equilibrio económico de sus cuentas tras la pandemia.

Así, los consumos intermedios crecen un 22% por los gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la COVID-19, sin correspondencia en 2019. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,9% debido a la subida de retribuciones tras el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos alcanzado en marzo de 2019, para la mejora del empleo público; y al incremento retributivo correspondiente a 2020 del 2% frente al 2,25% de 2019.

Las transferencias sociales en especie, crecen hasta los 199 millones, y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 4,2%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 78,5%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 11,8% de los intereses, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 72,9%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.

Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (mayo)

Hasta mayo de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 46.954 millones, lo que equivalente al 4,20% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 46.954 millones de euros, equivalente también al 4,20% del PIB.

Administración Central

La Administración Central ha registrado un déficit del 2,96% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 55 millones hasta mayo.
•El déficit del Estado en mayo equivale al 2,95% del PIB, 17.425 millones.
•Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 148 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,01% del PIB.

Comunidades Autónomas

La Administración regional ha registrado un déficit de 929 millones, lo que supone el 0,08% del PIB, frente al déficit del 0,36% del PIB registrado hace un año. Este mejor comportamiento se debe a diversas medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las CCAA y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19.

En concreto, esta evolución es consecuencia del adelanto de la financiación procedente del Estado vía anticipos a cuenta del sistema de financiación; al avance de hasta el 50% de la liquidación definitiva de 2018; a la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, así como de los ingresos recibidos del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales y del programa de prestaciones sanitarias y farmacia. En conjunto han supuesto en torno a unos 6.900 millones sin correspondencia en el mismo periodo de 2019.

Asimismo, los ingresos se han incrementado un 9,7%. Cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos en un 4,9%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 17,7%, y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 17,4%, por los mayores recursos del Estado.

Hay que tener en cuenta que tanto en 2019 como en 2020 ha habido prórroga de los PGE, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se ha procedido a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones retroceden un 25,7%, destacando el descenso del 21,6% del ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,2%, los consumos intermedios crecen un 7,2%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 4,5% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID hasta mayo. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 3,0%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria, del gasto en farmacia y en conciertos educativos.

Las subvenciones se elevan un 2,5% y las prestaciones sociales un 8,7%. Por último, la inversión crece un 2,1% y las transferencias entre AAPP aumentan un 5,0%. Hasta la fecha, el único gasto que descienden son los intereses, que caen un 13,9%.

Todas las comunidades (salvo Madrid, Navarra y Madrid) registran en mayo un comportamiento más positivo que hace un año. De hecho, nueve regiones logran superávit y una región tiene equilibrio presupuestario.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza los 2.876 millones en gasto en sanidad, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit del 1,15% del PIB. Este deterioro responde fundamentalmente a los impactos ocasionados por la crisis derivada del COVID-19, especialmente sobre las prestaciones sociales. Los recursos se han reducido un 0,8% frente a los gastos no financieros que aumentan un 24,2%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en torno a 11.600 millones, un 72,4% de todo el incremento registrado.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 5.105 millones, un 0,46% del PIB. Los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzan un volumen de 50.617 millones, con una disminución del 1,0% respecto a los de finales de mayo de 2019. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 59.476 millones, un 8,9% más que el año anterior.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 7.640 millones a finales de mayo. Las cotizaciones sociales decrecen un 2,3% frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta mayo un 106,8%.

La evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de mayo cercano a los 6.500 millones, con un número de beneficiarios de prestaciones de 2.661.878 personas, cifra que supone el 53,8% de la totalidad de los beneficiarios de prestaciones de desempleo.

Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascienden a 1.637 millones, un 54,3% más que el año anterior, por las exenciones de cuotas y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el FOGASA registra un resultado negativo de 151 millones de euros.

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Jardines de La Magdalena

9 de agosto, 2020
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¿Cómo actuar en el centro de trabajo ante los rebrotes por coronavirus?

9 de agosto, 2020

¿Cómo actuar en el centro de trabajo ante los rebrotes por coronavirus?

4 agosto, 2020

uso.es

Los rebrotes por coronavirus son la principal preocupación de la “nueva normalidad” y algunos de ellos se dan o se propagan en el centro de trabajo

Los rebrotes son una de las principales preocupaciones que tenemos los españoles en esta “nueva normalidad” tras el fin del estado de alarma. En su “Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19”, el Ministerio de Sanidad define qué es un rebrote y cómo actuar ante él en los diferentes ámbitos de nuestra vida pública y privada. El plan, también conocido como “plan de reescalada”, define como brote el contagio con un mismo origen de al menos tres personas o de tan solo una persona cuando se trate de de centros especiales, como las residencias de mayores.

Desde que se detectaron los principales focos de contagio tras el estado de alarma, incluso con medidas drásticas como confinamientos de comarcas, la declaración de rebrotes no ha hecho más que crecer. Algunos están localizados en centros de trabajo. Eso no significa específicamente que hayan surgido en él. Puede ser que la primera persona contagiada se infectara en otro lugar. Pero el resultado es que con posterioridad lo propagó entre sus compañeros de trabajo.

Con el fin del estado de alarma, también se terminó la vigencia del mando único sanitario. Las comunidades autónomas han recuperado sus competencias y hay una gran variedad de protocolos de actuación cuando se detecta un foco. Cuando se da en un lugar de atención directa al público, la norma más seguida es su cierre inmediato y el rastreo de posibles clientes o usuarios. No obstante, como decimos, cada autonomía tiene su propia línea de actuación. Muchas ya optan por un registro de clientes para facilitar el rastreo, o por el cierre de empresas que no atienden al público pero en las que ha podido haber una transmisión entre la gran mayoría de trabajadores.

Protocolo de actuación cuando se detecta un contagio en el trabajo para evitar los rebrotes

Si una persona presenta síntomas compatibles con el coronavirus, el primer paso es llamar al teléfono de referencia del coronavirus en su comunidad autónoma para que evalúen si puede estar o no contagiado. En el caso de que el diagnóstico resulte positivo o la manden aislarse como prevención, debe avisar a su centro de trabajo. En cada centro de trabajo debe haberse nombrado una persona responsable de seguridad y salud para el covid-19. Puede o no coincidir con el delegado de Prevención: ni es obligatorio ni es incompatible.

A partir de ahí, se pone en marcha el protocolo de prevención frente al covid-19. Es importante que la empresa cuente con su propio protocolo, adaptado a sus puestos de trabajo y actividad. La figura del responsable de seguridad y salud es primordial para aplicar este protocolo: por ejemplo, sabrá, por la organización del trabajo, quiénes son las personas que han estado en contacto más estrecho con la persona afectada para comenzar el rastreo por ellas.

Este proceso debe realizarse también en el caso de que algún trabajador, aun sin síntomas, notifique una prueba PCR positiva.

Guías de buenas prácticas y prevención frente al coronavirus

Aunque incidimos en que cada empresa debe contar con un protocolo propio, en función de la evaluación de sus propios riesgos, hay multitud de guías oficiales sobre prevención y actuación en caso de positivos. Así, con la vuelta al trabajo tras el confinamiento total, Sanidad elaboró una guía de la que en USO resumimos sus principales puntos. No obstante, el responsable de seguridad y salud para el covid-19 debe estar permanentemente actualizado sobre las circunstancias cambiantes que rodean a la actuación frente al coronavirus. Y adaptar el protocolo tanto a la legislación de ámbito nacional como autonómico.

Si en una empresa se conociera un caso positivo o en aislamiento preventivo y no se toma ninguna medida, os recordamos cómo actuar ante lo que puede considerarse un riesgo grave e inminente (RGI). El delegado de Prevención será la persona central de esta actuación.

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Adjudicados ocho nuevos proyectos piloto de tecnología 5G

9 de agosto, 2020

30 de julio de 2020

Adjudicados ocho nuevos proyectos piloto de tecnología 5G

mineco.gob.es

Los proyectos seleccionados tienen un presupuesto agregado de casi 40 millones de euros, de los que cerca de 12 millones serán cofinanciados por Red.es a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Es la segunda convocatoria pública de ayudas de estas características, cuyo objetivo es explorar e identificar casos de uso y aplicaciones de la tecnología 5G en diversos sectores

El impulso al despliegue de estas redes es uno de los ejes de la estrategia España Digital 2025, ya que esta tecnología impulsará la economía y la vertebración territorial

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha adjudicado ocho nuevos proyectos piloto 5G, que tienen un presupuesto agregado de casi 40 millones de euros, de los que cerca de 12 millones serán cofinanciados por Red.es, organismo dependiente del Ministerio, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Los proyectos se desarrollarán durante 2020 y 2021 en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y País Vasco. Permitirán explorar e identificar casos de uso y aplicaciones de la tecnología 5G en trece sectores diferentes, desde la seguridad, hasta la educación y la industria, pasando por la agricultura, el turismo o la producción de televisión.

El impulso al despliegue de las redes 5G es uno de los ejes de la estrategia España Digital 2025, ya que esta tecnología tiene una alta capacidad de contribución a la productividad económica y a la vertebración territorial. Según datos de 2016 de la Comisión Europea, su impacto económico supondrá inversiones por valor de más de 5.000 millones de euros y la creación de más de 300.000 puestos de trabajo en España.

Los pilotos serán desarrollados por Uniones Temporales de Empresas lideradas por diversos operadores de telecomunicaciones y suministradores de equipamiento y servicios para estas redes. También participan como colaboradores 68 entidades públicas y privadas que experimentarán en sus aplicaciones las tres grandes mejoras aportadas por el 5G: banda ancha móvil de muy alta velocidad y capacidad, comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, y comunicaciones masivas máquina a máquina.

Convocatorias de pilotos 5G

La convocatoria pública de ayudas que hoy se adjudica es la segunda de estas características. La primera fue lanzada también por este Ministerio a través de Red.es a finales del año 2018 por valor de 20 millones de euros. Entonces se adjudicaron dos proyectos que aún están en marcha en Galicia y Andalucía.

Los proyectos adjudicados permitirán a España seguir liderando el despliegue de redes 5G a nivel europeo, ya que es el país donde existe un mayor número de pilotos.

Resumen de algunos casos de uso de los proyectos adjudicados

Andalucía. El proyecto tiene un presupuesto de 1.228.014 euros y será desarrollado por Telefónica I+D y Nokia. Se van a desarrollar casos de uso en Málaga en los ámbitos de seguridad, ciudades inteligentes, educación e industria. En el ámbito de la seguridad serán seis casos de uso de apoyo a la policía de Málaga en comunicaciones de voz, control de tránsito de personas y transmisión de video para emergencias, entre otros.

También se desarrollarán aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial que evalúan las imágenes HD/4K recibidas en tiempo real para la gestión municipal; cuatro casos de uso de realidad virtual y realidad aumentada en la Universidad de Málaga; cinco casos de uso en una planta industrial 4.0 para control de AGV (Automatic Guided Vehicle) y tres casos de uso de analítica de vídeo con inteligencia artificial para cámaras del puerto y uso de drones para vigilancia en el puerto de Málaga.

Castilla-La Mancha. El proyecto tiene un presupuesto de 1.231.816 euros y los solicitantes son Telecom CLM, Furious Koalas y Amanto Soluciones Toledo. Las aplicaciones se van a desarrollar en los sectores de televisión, salud y turismo. En el ámbito de la televisión, se recogerá señal con 5G desde el lugar de captación de la noticia para producir en tiempo real y en la nube la señal que finalmente se emitirá. En el ámbito de la salud se transmitirán en tiempo real imágenes en realidad aumentada entre la unidad de emergencias extra hospitalaria y el médico especialista en el hospital. Por último, se integrará la domótica y sensorización en un hotel para que los gestores puedan coordinar su actividad, realizar operaciones de mantenimiento en remoto, etc.

Cataluña. El proyecto tiene un presupuesto de 5.392.668 euros. Los solicitantes son una Unión Temporal de Empresas integrada por Retevision, Xfera, Parlem Telecom, Nae Comunicaciones, Atos Spain, Aumenta Solutions, Nearby Computing y Lenovo.

En el ámbito educativo, se explorará la educación remota con holografía bidireccional y, en el ámbito de la industria, el vehículo autónomo y conectado. En Barcelona se generará una experiencia de compra inmersiva a través de la comunicación en tiempo real entre la figura del personal shopper y el cliente final en el mercado de la Boquería de Barcelona. También se desarrollará un autobús autónomo para el transporte de pasajeros entre distintos puntos del recinto de la Fira de Barcelona.

Además, se va a implementar una red 5G en una zona turística de la playa de Gavá que sufre variaciones y picos muy dispares de número de usuarios. También habrá experiencias en el ámbito de la televisión y en el de la seguridad, con un sistema de analítica de vídeo que permita a los agentes de seguridad contar con más información.

Comunidad de Madrid. El proyecto tiene un presupuesto de 2.462.305 euros y va a ser desarrollado por Telefónica y Ericsson. En el ámbito de la industria, se va a desarrollar una red privada 5G que permita aumentar la capacidad operativa y la eficiencia, así como reducir costes a las centrales de logística. También se van a probar las capacidades del network slicing para poder ofrecer varias redes móviles en una sola y se van a generar servicios de traducción simultánea en tiempo real.

En el área de la movilidad, se realizará la coordinación en tiempo real de las comunicaciones entre drones y, en el área de la televisión, la producción remota multicámara de video profesional que permita el control a distancia de las cámaras y el acceso de los realizadores a una producción en la nube. En el ámbito de la salud, el caso de uso consiste en proporcionar conectividad en tiempo real e interactividad a los pacientes de esclerosis múltiple conectados en las salas virtuales de rehabilitación, permitiendo que hagan rehabilitación en grupo desde sus casas.

En el ámbito de la educación, se explorarán las reuniones con holografía: sistema de captura volumétrica de vídeo, donde cámaras especiales capturan en tiempo real y en 3D el cuerpo de una persona, y se proyecta sobre un espacio virtual o en realidad aumentada en un lugar remoto.

Comunidad Valenciana. El proyecto tiene un presupuesto de 10.145.234 euros y participan Orange Espagne, Huawei, Arborea Intellbird, CFZ Cobots, Global Omnium Idrica, Etra Investigación y Desarrollo, Red Eléctrica y de Comunicaciones Innovación y Robotnik. Un caso de uso será la utilización de la red 5G como red de backup para asegurar comunicaciones críticas ofrecidas mediante otras tecnologías (fibra óptica, principalmente). En el ámbito del turismo, se explorará mejorar la experiencia de los visitantes mediante el uso de realidad aumentada.

Otro caso de uso será una plataforma para la comunicación entre personal desplazado (en este caso, o bien trabajadores del Puerto de Valencia o bien equipos de emergencias del Ayuntamiento) y personal experto, compartiendo en tiempo real vídeo/audio, con funciones de realidad aumentada para la resolución de dudas e incidencias. También en el ámbito industrial se desarrollarán robots de transporte controlados de forma remota que permitan automatizar la logística.

En el ámbito de la salud, se explorará el diagnóstico de cáncer de piel usando la red de comunicaciones móviles 5G. El especialista explorará al paciente de forma remota haciendo uso de brazos robóticos que tienen incorporados sensores biométricos que capturan y procesan la información.

Extremadura. El proyecto tiene un presupuesto de 3.141.628 euros y en él participan Telefónica y Gamma Solutions, que desarrollarán una plataforma integral de formación en cirugía de mínima invasión que permita a los alumnos y residentes de medicina acceder a material pedagógico de gran volumen como estudios preoperatorios o cirugías en directo. En el ámbito de la movilidad, se experimentará con el transporte de personas dentro del campus de Cáceres de la Universidad de Extremadura a través de vehículos autónomos. También se explorará el traslado del manejo del vehículo por parte de un conductor a un centro de control, pasando a ser un “conductor virtual” pudiendo teledirigir el vehículo de forma remota sin perder toda la información que obtendría conduciendo dicho vehículo de la forma tradicional.

Otro caso de uso mezclará la docencia en la Universidad de Extremadura con la visita al patrimonio histórico de Cáceres, ciudad patrimonio de la Humanidad. De esta manera se estudiará la repercusión que la implantación de la tecnología 5G tendrá en la realidad mixta. Por último, se empleará tecnología 5G para el control de una red de suministro eléctrico orientada al usuario.

Galicia. En el proyecto participan Orange Espagne, Ericsson, Cinfo Contenidos Informativos personalizados, Gamera Nest y Optare Solutions y tiene un presupuesto de 8.999.369 euros. En el ámbito de la seguridad, se implementará un sistema de control de acceso a la Lonja del Puerto de Vigo, así como un sistema de vigilancia con drones con cámaras de muy alta resolución. También se explorará un sistema que emplee los smartphones 5G de los empleados para el control de acceso seguro a las instalaciones y aplicaciones corporativas de la empresa.

En el ámbito del turismo, se generará una experiencia turística con realidad virtual para visitas a la plaza del Obradorio con información en tiempo real y vídeo 3D. También se desarrollarán casos de uso en el sector agrícola, para optimizar el rendimiento de las explotaciones agrarias; en educación con clases en streaming; gaming para dispositivos móviles 5G, mejora de experiencia del usuario de redes ultra-rápidas y retransmisión de eventos.

País Vasco. El proyecto tiene un presupuesto de 7.149.323 euros y en él participan Euskaltel, R Cable, Orange, Xfera ZTE España, ZTE Managed Services Southern Europe, Vicomtech, Ceit IK4, Datik, Compañía del Tranvía de San Sebastián, Gestamp Construcciones y Auxiliar de Ferro +Ikusi. En el ámbito de la industria se van a desarrollar aplicaciones que utilicen visualización aumentada y asistencia remota de operadores. También se va a probar la monitorización y control de procesos productivos a través de la tecnología 5G. Además, se van a desarrollar distintas actividades para abordar los distintos aspectos de ciberseguridad implicados, desde los despliegues de las propias redes 5G hasta la problemática específica de diferentes casos de uso. Otros proyectos incluyen el mantenimiento de activos, así como componentes de vehículos y servicios de entrenamiento masivo.

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El sector agroalimentario, pesquero y forestal, con un saldo de 14.215 millones de euros en 2019, representa el 18,3 % de las exportaciones del conjunto de la economía nacional

9 de agosto, 2020

Publicado el Informe Anual de Comercio Exterior 2019 del MAPA

El sector agroalimentario, pesquero y forestal, con un saldo de 14.215 millones de euros en 2019, representa el 18,3 % de las exportaciones del conjunto de la economía nacional

Jueves 6 de agosto de 2020

lamoncloa.gob.es

Las exportaciones del sector agroalimentario alcanzaron en 2019 un valor de 53.180 millones de euros, con un aumento del 5,2 % respecto a 2018, según el Informe Anual de Comercio Exterior 2019 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Este informe ofrece un análisis pormenorizado y actualizado de las principales magnitudes e indicadores que permiten conocer en profundidad la situación actual del comercio exterior del sector agroalimentario, pesquero y forestal.

Las importaciones llegaron a 38.964 millones de euros, el 1,2 % más respecto al año anterior. De esta forma, el saldo se situó en 14.215 millones, con un aumento del 18,2 % frente a 2018.

El informe, que se estructura en tres bloques, estudia, en el primero de ellos, las principales cifras del comercio exterior en su conjunto; en este se destaca la aportación del sector agroalimentario, pesquero y forestal, que supuso el 18,3 % de las exportaciones del conjunto de la economía nacional.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado estas cifras y ha destacado el gran esfuerzo realizado por el sector agroalimentario durante el periodo.

España se mantiene como cuarto país exportador de la UE de este tipo de mercancías, con una cuota de exportación del 9 %, levemente superior a la de 2018 y solo superada por Países Bajos, Alemania y Francia.

La industria de alimentación y bebidas, que comprende la suma de los productos alimentarios, agrarios y pesqueros transformados, exportó el 60 % del total, hasta llegar a 31.900 millones de euros, el 6,4 % más que en 2018.

El informe también establece una comparativa de comercio exterior durante la década 2010-2019, de la que se deduce que las exportaciones agroalimentarias, pesqueras y forestales crecieron un 72 % en los últimos 10 años.

En el documento, y a partir de estos datos, se analizan diferentes indicadores económicos, tales como el grado de internacionalización del sector, la tasa de cobertura, datos sobre las empresas exportadoras e importadoras o las inversiones del sector.

Mercados internacionales

El segundo bloque se dedica al análisis de flujos comerciales teniendo en cuenta el origen y el destino de las mercancías y otros aspectos relativos a la evolución de los índices de precios internacionales.

Según los datos, la UE-28 fue el principal destino de las exportaciones agroalimentarias, pesqueras y forestales españolas, con una cuota del 72 %. El valor exportado llegó a la cifra de 38.108 millones de euros, lo que supone una subida interanual del 2,8 %.

El primer socio comercial fue Francia, con el 22 % de la cuota de exportación y el 26% de la de importación. Así, a lo largo de 2019 se exportaron al país vecino productos por valor de 8.391 millones de euros, principalmente cítricos, carne de porcino, hortalizas frescas y aceite de oliva.

Le siguió Alemania dentro de la UE-28, con 5.885 millones de euros (+1,2 %). Entre los productos más enviados a ese país se encuentran los cítricos, hortalizas frescas, frutos rojos, kiwi y caqui y vino y mosto.

Italia destacó como el tercer destino de las exportaciones agroalimentarias españolas, con 5.275 millones de euros. Los productos que se exportaron fueron principalmente aceite de oliva, moluscos, carne de porcino y conservas de pescado.

Respecto a los países terceros, las exportaciones aumentaron un 12 % en valor. Los principales destinos fueron China, Estados Unidos, Japón, Suiza y Marruecos.

China fue el destino del 15,5 % de las ventas de productos agroalimentarios a países no comunitarios y desbancó del primer puesto a Estados Unidos, que tradicionalmente había sido el primer socio extracomunitario de España. Las exportaciones al país asiático se situaron en 2.339 millones de euros, con un incremento respecto a 2018 de un 79 %, debido principalmente a la carne de porcino.

Las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron la cifra de 2.175 millones de euros, lo que supone un 7 % más que el año anterior. Las exportaciones se basaron mayoritariamente en aceite de oliva, vino y mosto, conservas de aceitunas y queso.

A Japón se dirigieron mercancías por valor de 1.012 M€ (+9,6 %). Los productos exportados fueron principalmente carne de porcino, aceite de oliva y vino y mosto.

Marruecos también es un importante socio comercial en el ámbito agroalimentario. Fue el quinto destino de las exportaciones (558 M€) y el tercer país en cuanto a las importaciones (1.544 M€). Entre los productos de exportación destaca el aceite de soja, plantas vivas y bovinos vivos.

La cuota de exportación a países terceros se ha incrementado en 1,8 puntos porcentuales en los últimos dos años y es Asia el destino que más aumenta, gracias al crecimiento de las ventas a China y Japón.

En relación con las importaciones, el 54 % procedieron de la UE-28, hasta llegar a 20.910 millones de euros, y el 46 %, por valor de 18.054 millones de euros, de países terceros. Resaltan las importaciones de moluscos, maíz, crustáceos, pescado fresco y habas de soja. En el caso de las importaciones, los principales socios comerciales de España son Francia, Países Bajos, Alemania y Portugal.

El informe también estudia el comportamiento de los grupos más relevantes del comercio exterior en 2019 y destaca como productos más exportados la carne de porcino, los cítricos, el aceite de oliva, el vino y mosto y el grupo de otras hortalizas.

El informe está disponible para su descarga en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la sección de Análisis y Prospectiva.

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USO alerta de retroceso en igualdad en el anteproyecto de ley de teletrabajo

9 de agosto, 2020

USO alerta de retroceso en igualdad en el anteproyecto de ley de teletrabajo

uso.es

29 julio, 2020

El sindicato USO ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de alegaciones en relación al anteproyecto de ley que regula el teletrabajo

El anteproyecto de ley del teletrabajo o trabajo a distancia sigue su cauce. En trámite de audiencia, el sindicato USO, a través de la Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un conjunto de alegaciones para que sean incorporadas en el texto final.

De nuevo desde USO, lamentamos que la tercera fuerza sindical, se vea abocada a trasladar sus aportaciones y alegaciones a través del procedimiento de audiencia pública y que no tenga acceso al proyecto de ley resutante, debido a la regulación obsoleta de un diálogo social excluyente.

Entre estas aportaciones, USO incide en el riesgo de retroceso en materia de igualdad que puede suponer la futura ley de teletrabajo. A lo largo del todo el Anteproyecto de Ley del Trabajo a Distancia y en concreto, en los artículos 19.4 y 20.2, se evidencia la preocupación por el riesgo que implica el trabajo a distancia en la perpetuación de roles; lo que implicaría volver a relegar al ámbito doméstico al género femenino y la ocupación visible del espacio público por el género masculino.

USO muestra su preocupación porque el texto del anteproyecto circunscriba la responsabilidad de evitar que se perpetúen los roles de cuidado y la responsabilidad a la negociación colectiva. “Entendemos que se debe implicar necesariamente a las empresas de forma expresa, en el establecimiento de políticas de igualdad y corresponsabilidad específicamente en el teletrabajo, por lograr alcanzar el principio de Igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución”, explica Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

Por ello, USO propone establecer una nueva disposición final que modifique el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde se establezca que en el diagnóstico previo negociado se incorpore una letra j) que contemple entre las materias mínimas el “trabajo a distancia”.

Negociación plural del teletrabajo

USO también pide que se defina en el anteproyecto de ley del teletrabajo que este se negocie y regule en el convenio colectivo, el vehículo por el que se manifiesta la voluntad resultado de la negociación colectiva y que contempla las máximas garantías recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, cuando en la ley de teletrabajo se hace referencia al acuerdo de empresa, utilizando el término “la representación legal de los trabajadores”, USO pide que quede recogido en este texto que la representación de las personas trabajadoras sea lo más amplia, aperturista y plural posible, con el fin de que este tipo de acuerdos, alcance el consenso más unánime posible de los agentes sociales que representan a los trabajadores, con independencia de su porcentaje de representatividad. De esta forma, se permitiría la participación de sindicatos como USO, tercera fuerza sindical a nivel estatal, con experiencia activa y acreditada, y que vendría a enriquecer con sus aportaciones, propuestas e iniciativas en una materia tan fundamental para el conjunto de la clase trabajadora.

En consecuencia, se propone sustituir el término “representación legal” por el de “representación de las personas trabajadoras” o por el de “representación suficiente”, referido a los agentes sociales.

Seguridad jurídica en la comunicación con los representantes sindicales

Por otra parte, USO pide que se incluya en el articulado, concretamente en el número 19, en los apartados 2 y 3, el término “la empresa”, para determinar quién tiene la capacidad de garantizar tanto que no existen obstáculos para la comunicación entre los trabajadores a distancia y sus representantes sindicales, así como con el resto de personas trabajadoras; como quién puede garantizar que las personas trabajadoras a distancia puedan participar de manera efectiva en las actividades organizadas o convocadas por la representación legal de las personas trabajadoras o por el resto de personas trabajadoras en defensa de sus intereses laborales es la empresa.

Por lo tanto, con la finalidad de evitar indeterminaciones y conflictos jurídicos, USO considera necesario que, junto con el establecimiento del “deber”, se especifique quién es el sujeto sobre el que recae dicho deber, ya que es la empresa la que tiene la capacidad de proporcionar las garantías descritas.

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Suances

8 de agosto, 2020
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El TC exige que en la instrucción penal por violencia de género se realice una investigación suficiente y eficaz

8 de agosto, 2020

El TC exige que en la instrucción penal por violencia de género se realice una investigación suficiente y eficaz

tribunalconstitucional.es

El Tribunal Constitucional ha declarado que en las instrucciones penales que tengan por objeto denuncias por violencia de género los jueces deben llevar a cabo el canon reforzado constitucionalmente exigible de realizar “una investigación suficiente y eficaz”. Así se desprende de la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Antonio Narváez, que estima el recurso de amparo de una mujer a la que se le ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en un proceso penal por presunto delito de maltrato habitual, iniciado a raíz de denuncia formulada por una mujer contra su marido, mediando un proceso de divorcio en curso, y que fue sobreseído provisionalmente y archivado nada más haber prestado declaración el denunciado, sin que el juzgado instructor hubiera practicado ninguna otra diligencia, pese a haber solicitado aquélla, con el apoyo del Ministerio Fiscal, la realización de actuaciones encaminadas a acreditar los supuestos malos tratos recibidos.

La Sala Segunda del Tribunal subraya que “este canon reforzado se entenderá debidamente colmado en tanto en cuanto, subsistiendo la sospecha fundada de delito se practiquen otras diligencias de investigación que, complementando esos testimonios enfrentados de las partes unidas por una relación de afectividad, presente o pasada, permitan ahondar en los hechos descartando o confirmando aquella sospecha inicial”. De ahí que, “el deber de diligencia requerirá abundar en la investigación allí donde no se hayan agotado las posibilidades razonables de indagación sobre los hechos de apariencia delictiva, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva si el órgano judicial clausura precipitada o inmotivadamente la investigación penal”.

Ahora bien, el Tribunal apunta que el comportamiento que se exige a un juez de violencia de género no implica en modo alguno la obligación de admitir o practicar cualesquiera diligencias, sino “únicamente aquellas que se evidencien como pertinentes y relevantes a los fines pretendidos”. Pero deberá continuar la tarea de investigación mientras, subsistiendo la sospecha fundada de la comisión de los hechos de que se ha tenido noticia y de su relevancia penal, resulte necesario profundizar en su indagación.

La sentencia, que recoge la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el deber de diligencia en la investigación de las denuncias formuladas por violencia de género, resalta que la intervención judicial debe colmar dos necesidades muy concretas: “la primera, emplear cuantas herramientas de investigación se presenten como racionalmente necesarias, suficientes y adecuadas ante toda sospecha fundada de delito y la segunda, evitar demoras injustificadas que puedan perjudicar el resultado de la investigación”.

Con esta doctrina el Tribunal ha declarado la nulidad del auto de 11 de junio de 2018 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid y del auto de 25 de octubre de 2018 de la Audiencia Provincial de Madrid, que acordaron el sobreseimiento provisional de las diligencias previas sin haber agotado previamente la indagación sobre los hechos denunciados allí donde aún resultaba posible.

En consecuencia, se ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado del primero de los autos para que el juzgado de violencia sobre la mujer dicte una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental alegado.

Madrid, 30 de julio de 2020

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Yolanda Díaz destaca el compromiso del Gobierno con la singularidad canaria en materia económica y laboral, en la firma del Plan Integral de Empleo de Canarias

8 de agosto, 2020

Yolanda Díaz destaca el compromiso del Gobierno con la singularidad canaria en materia económica y laboral, en la firma del Plan Integral de Empleo de Canarias

Miércoles 5 de agosto de 2020

lamoncloa.gob.es

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su visita oficial a la comunidad autónoma canaria, ha firmado, junto a su presidente, Ángel Víctor Torres, la transferencia, a través del Servicio Público de Empleo (SEPE), de 42 millones de euros destinados al Plan Integral de Empleo de Canarias (PiEC).

La aportación del Ministerio de Trabajo y Economía Social servirá para impulsar dinámicas de crecimiento económico y social en una situación extraordinaria, que se concretarán en un Plan Integral de Empleo que es fruto del diálogo con los agentes sociales y el gobierno autonómico. «Es un Plan Integral que emana de la condición de región ultraperiférica de Canarias y en el que el compromiso del Gobierno de España, para materializar esa habilitación normativa, ha sido absoluto», ha señalado Díaz. «Tanto es así -ha recalcado- que hemos adelantado los trámites y el calendario previsto para que estuviera disponible antes del mes de septiembre».

El Plan Integral de Empleo, ha recordado la ministra Díaz, actuará de forma urgente en varios flancos: «En la mejora de la calidad del empleo, en el aumento de las oportunidades para las personas trabajadoras, en el fomento de la diversificación del empleo en el tejido productivo canario y en el impulso a la estabilidad».

La concreción de estos objetivos se materializará a través de un programa de actuación de carácter integral, en el que el Servicio Canario de Empleo determinará las actuaciones a financiar con cargo a la subvención concedida por el SEPE. Entre las actuaciones contempladas figuran la cobertura a Planes de Formación específicos para los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19; un plan extraordinario de empleo de transición ecológica; Planes de Empleo social que mejoren la empleabilidad de los colectivos especialmente vulnerables; y el apoyo para la contratación y creación de equipos expertos en desarrollo local que generen material sobre empleo local y la economía social y colaborativa.

Cartel Plan Integral de Empleo de CanariasDíaz ha incidido en la importancia de la concertación y la cohesión territorial y en la importancia de «situar a los jóvenes en el núcleo de nuestro modelo productivo». «Canarias es ya una potencia turística a nivel mundial -ha dicho la titular de Trabajo-. Ahora es el momento de optimizar la planta alojativa desde la eficiencia energética, las energías renovables y la transformación digital, profundizando en un estándar de seguridad que ya es puntero internacionalmente».

«El convenio que se ha firmado no es solo una herramienta para favorecer la empleabilidad sino la muestra de que Canarias será prioritaria para este ministerio», ha apuntado Díaz, que ha tenido un agradecimiento expreso para los agentes sociales, «al lado de los intereses de su pueblo».

El presidente Ángel Víctor Torres ha declarado que «el adelanto de la firma del PIEC este año se produce porque las circunstancias no admiten demora, hay urgencia, y se deben activar todos los mecanismos cuanto antes para luchar contra la quiebra económica y social producida por la pandemia».

«Nos pondremos a trabajar ya en planes redirigidos al momento que vivimos», ha señado Torres, que ha destacado que 20 millones de la transferencia del SEPE irán destinados a un Plan de Empleo social, para paliar las necesidades de la población. «Conozco la sensibilidad de la ministra para con Canarias», ha dicho el presidente, recalcando la importancia de promover el empleo entre las mujeres y entre los jóvenes.

Visita a una oficina del SEPE

Además, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, han visitado la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Las Palmas de Gran Canaria.

En esta sede provincial del SEPE han mantenido un encuentro con el director provincial, Pedro Duarte, la directora provincial del SEPE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, María Isabel García Cabrera, y otros responsables de este servicio.

La ministra ha trasladado el reconocimiento y admiración por el trabajo de las funcionarias y funcionarios de este servicio público, especialmente durante la crisis sanitaria y atendiendo a la singularidad canaria, resolviendo de forma eficiente y rápida las dificultades de gestión que se han presentado en un contexto excepcional.

En este encuentro han abordado los retos del organismo y se ha puesto de manifiesto el compromiso con un servicio público tan importante.

Visita a centros de formación y encuentro con agentes sociales

La ministra Yolanda Díaz durante su visita a un centro de formación en CanariasLa agenda en Canarias ha continuado con la visita a dos centros de formación de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y las Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA), Centros de Formación Sede I y II, en la que también han participado la consejera de Economía, Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez; el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, y el director general de Trabajo, Alejandro Ramos.

Finalmente, la ministra y el secretario de Estado ha tomado parte en un encuentro con los agentes sociales en el que han estado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez; la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez; la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana; la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla; el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el presidente de CEOE Tenerife, José Carlos Francisco; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara; la secretaria de Formación de UGT Canarias, Pastora Calvo, y el secretario de Empleo CCOO Canarias, José Ángel Brito.

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La Policía Nacional desarticula una organización dedicada a introducir en España billetes falsos procedentes de Italia

8 de agosto, 2020

Con la colaboración de EUROPOL

La Policía Nacional desarticula una organización dedicada a introducir en España billetes falsos procedentes de Italia

policia.es

La operación ha sido desarrollada en Madrid y Vigo (Pontevedra) y ha finalizado con la detención de siete personas, desactivando una de las organizaciones más activas de esta tipología delictiva en la capital

Los investigadores estiman que esta red de distribución habría introducido en el circuito financiero español algo más de 30.000 euros falsos en billetes de 20 y 50 euros

05-agosto-2020.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid y Vigo a los siete integrantes de una organización que, presuntamente, se dedicaba a la distribución de billetes falsos de 20 y 50 euros por todo el territorio nacional, aunque mostraban una especial incidencia en la ciudad de Madrid. La operación, que ha contado con la colaboración de EUROPOL, ha permitido desmantelar una red de distribución que habría introducido más de 30.000 euros falsos en billetes de 20 y 50 euros.

La investigación comenzó en marzo de 2019, cuando los agentes especializados detectaron la actividad de una mujer que, continuamente, introducía billetes falsos al circuito financiero en diferentes comercios de Madrid mediante el método del goteo. La incidencia empezó a ser tan alta que todas las semanas se localizaban nuevos hechos y, tras diversas gestiones, se pudo comprobar que los billetes provenían de Italia, concretamente de la ciudad de Nápoles.

El avance de las gestiones policiales permitió descubrir la existencia de una segunda mujer dedicada a la misma actividad y el continuo contacto de ambas con un varón residente en Madrid que, presuntamente, era el proveedor de la moneda falsa, centrándose desde ese momento la investigación en esa persona.

Tras varias gestiones, los agentes tuvieron conocimiento de que el proveedor mantuvo una reunión con un hombre residente en la ciudad de Vigo, quien se desplazó hasta Madrid para adquirir 15.000 euros en billetes falsos. Ese desplazamiento se produjo en el mes de abril y, desde ese instante, aparecieron numerosos billetes falsos en la ciudad gallega.

La introducción de billetes falsos como único modo de vida

Según avanzaba la investigación, los agentes identificaron a los diferentes miembros de la organización. La mayoría de ellos pertenecían al entorno cercano de las dos primeras investigadas, encargadas de la distribución en Madrid. Ninguno de los investigados ejercía actividad laboral alguna, por lo que hicieron de esta actividad ilegal su modo de vida.

El carácter internacional de la organización quedó patente al detectar numerosas transferencias a diferentes puntos, siendo uno de ellos la ciudad italiana de Nápoles. Es por ello que se solicitó la colaboración de EUROPOL, que se integró en la investigación coordinando y aportando información

Finalmente, los agentes llevaron a cabo el dispositivo operativo y arrestaron a principal investigado cuando portaba 30 billetes falsos de un valor de 20 euros. Tras la detención, se realizó un registro en su domicilio en Madrid y se llevó a cabo la detención de los demás miembros de la red de distribución. En total fueron detenidas siete personas en Madrid (6) y Vigo (1). Se estima que esta red había introducido en el circuito financiero español algo más de 30.000 euros falsos en billetes de 20 y 50 euros.

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Nueva publicación en el BOE sobre controles sanitarios en las fronteras

8 de agosto, 2020

Nueva publicación en el BOE sobre controles sanitarios en las fronteras

30 julio, 2020

uso.es

USO te explica el contenido de la nueva publicación en el BOE sobre los controles sanitarios en las fronteras para todas las personas que lleguen a España, que entra en vigor hoy

Lla Resolución de 29 de junio de 2020 establecía los controles sanitarios en las fronteras a los que deberían someterse todos las personas que lleguen a España por vía aérea o marítima antes de su entrada en el país, incluyendo un control documental consistente en la cumplimentación de un formulario por vía electrónica.

La experiencia acumulada desde la entrada en vigor de esta resolución ha puesto de manifiesto la necesidad de ajustar y matizar determinadas cuestiones para mejorar la operatividad y alcance de los controles sanitarios en fronteras.

De esta forma, el BOE publica hoy una nueva resolución (Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación) que deroga la anterior. La resolución estipula que los controles podrán incluir la toma de temperatura, un control documental y un control visual sobre el estado de la persona pasajera que entre en España, vía aérea o marítima.

Toma de temperatura, control documental y visual

El límite de detección para el control de temperatura se establece en 37,5º, en esta resolución sobre controles sanitarios en frontera. Las mediciones se realizarán con cámaras termográficas o termómetros sin contacto. Las compañías navieras deberán tomar la temperatura a los pasajeros en viaje internacional antes de su llegada a puerto español.

También se ha elaborado un formulario de control sanitario, cuyo contenido está adaptado a si el viaje se produce por vía aérea o por vía marítima, debiendo ser presentado vía telemática. De manera excepcional, los pasajeros internacionales que no hayan podido cumplimentar telemáticamente este formulario podrán presentarlo a su llegada a España en formato papel.

Las agencias de viaje, los operadores turísticos y las compañías de transporte aéreo o marítimo tienen la obligación de informar a las personas que deben rellenar el documento, asegurándose de que está debidamente cumplimentado.

La resolución establece que las personas con una temperatura superior a 37,5 º, las que se sospeche que pudieran padecer covid-19 u otra patología transmisible tras el control visual, o aquellas en las que la información contenida en el formulario de control sanitario indique la presencia de síntomas o tratarse de contactos estrechos, serán sometidas a una evaluación sanitaria. Esta incluirá una valoración de su estado clínico y epidemiológico. Si se confirma la sospecha, se activarán los protocolos de alerta sanitaria establecidos.

Valoración de USO

Al analizar esta nueva resolución, desde USO nos preguntamos sobre quién va a recaer la responsabilidad de la
vigilancia d el estado de salud de las personas que lleguen a España, que será, con total certeza, el personal de seguridad, ya que no se establece lo contrario en la resolución.

Debemos recordar que el personal de seguridad no está formado para detectar, tras un control visual, si la persona que entra en nuestro país sufre alguna patología transmisible y, además, este tipo de control no está entre sus funciones.

Por otra parte, valoramos que se garantice la privacidad de las personas al no estar autorizados a guardar ni tratar los datos obtenidos en la toma de temperatura.

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Pantano Gabriel y Galán. Cáceres

7 de agosto, 2020
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El Gobierno aprueba un Real Decreto que mejora la supervisión, transparencia e información de los fondos de pensiones de empleo

7 de agosto, 2020

04 de agosto de 2020

El Gobierno aprueba un Real Decreto que mejora la supervisión, transparencia e información de los fondos de pensiones de empleo

mineco.gob.es

La norma aprobada completa la transposición de la Directiva 2016/2341, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo, y la Directiva 2017/828, en materia de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas
En materia de supervisión de los fondos de pensiones de empleo se incorpora la “Declaración de la prestación de pensión”, que permitirá al beneficiario tener una estimación periódica de la pensión que recibirá
Sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, se establece la información requerida a los fondos de pensiones sobre su estrategia de inversión a largo plazo

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que completa y avanza en la transposición de directivas europeas que afectan a los fondos de pensiones y a los seguros.

En concreto, se finaliza la transposición de la Directiva 2016/2341, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo, de la Directiva 2017/828, en materia de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, y se avanza en la transposición de la Directiva 2019/2177, que modifica la Directiva Solvencia II sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio.

La Directiva que regula las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo se incorporó al ordenamiento jurídico español en sus aspectos más destacados a través del Real Decreto-ley 3/2020. La norma aprobada hoy completa el desarrollo reglamentario al regular el derecho de información de los partícipes y beneficiarios de planes de pensiones y el sistema de gobierno de los fondos de pensiones de empleo.

Se incrementa la protección de los derechos de los partícipes de los planes de pensiones, se amplía el conocimiento sobre los riesgos que asumen, y se aumenta la información sobre el coste de la gestión del fondo y lo que pueden esperar recibir en el momento de la jubilación.

Con este objetivo, se incluye la “Declaración de la prestación de pensión”, un documento con una periodicidad al menos anual que informará al ahorrador sobre la pensión que previsiblemente percibirá de su fondo de pensiones en el momento de la jubilación. El documento incluirá información relativa a las hipótesis utilizadas para el cálculo de las previsiones de la pensión, el importe previsible en escenarios favorables y desfavorables, y las opciones de cobro de la pensión.

Asimismo, se regula el sistema de gobierno de los fondos de pensiones de empleo, con el objetivo de garantizar que se gestionan correctamente los riesgos y proteger el ahorro de los partícipes.

Se completa también la transposición de la Directiva 2017/828 en materia de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, y se establecen las obligaciones de información para los fondos de pensiones sobre su estrategia de inversión a largo plazo en sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado.

Finalmente, se avanza en la transposición de la Directiva 2019/2177, que modifica la Directiva Solvencia II sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro, en un aspecto concreto referido al ajuste por volatilidad en el cálculo de las provisiones técnicas de las aseguradoras.

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El Gobierno presentará un nuevo documento para seguir negociando la regulación del teletrabajo

7 de agosto, 2020

El Gobierno presentará un nuevo documento para seguir negociando la regulación del teletrabajo

La negociación para la regulación del teletrabajo entre sindicatos, patronal y Gobierno se retomarán a finales de este mes, según acordaron en la reunión de la mesa de diálogo social celebrada ayer lunes.

04/08/2020. ccoo.es

Mari Cruz Vicente

La mesa de diálogo social que está negociando el texto del anteproyecto de ley para regular el teletrabajo va a continuar con las negociaciones ha registrado avances importantes, aunque no ha podido cerrar un acuerdo. «Hemos celebrado una reunión a lo largo de la mañana para continuar con las negociaciones del anteproyecto de ley que regula el teletrabajo y hemos hecho algunas apreciaciones y propuestas sobre el último texto que se nos había presentado. Tras un debate largo, el Gobierno se ha comprometido a enviarnos un nuevo documento y a seguir con las negociaciones en esta materia», explica Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO.

«Las propuestas que se han barajado hoy han sido unas propuestas orientadas a la búsqueda de un acuerdo y, tal y como se ha desarrollado la reunión, a expensas de que nos faciliten el nuevo texto, vamos a seguir trabajando en aras a que se produzca un acuerdo en el conjunto de los miembros de la mesa del diálogo social, tanto de los sindicatos, como los empresarios y el Gobierno», concluyó Mari Cruz Vicente.

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Fijados los principales objetivos del Reto Demográfico: digitalización, fomento del empleo joven y la adopción de un Estatuto Básico de Pequeños Municipios

7 de agosto, 2020

Fijados los principales objetivos del Reto Demográfico: digitalización, fomento del empleo joven y la adopción de un Estatuto Básico de Pequeños Municipios

Jueves 23 de julio de 2020

lamoncloa.gob.es

La digitalización, el fomento del empleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, la creación de un Estatuto de Pequeños Municipios y la próxima aprobación de la Estrategia nacional frente al Reto Demográfico han centrado la primera Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, principal órgano de colaboración entre comunidades autónomas y Gobierno en materia de reto demográfico.

La reunión ha sido presidida por vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha compartido con las consejeras y consejeros las líneas maestras de la Estrategia Nacional de Reto Demográfico, con el compromiso de que esta sea aprobada en la próxima Conferencia de Presidentes antes de final de año. La vicepresidenta ha incidido en que esta estrategia es un marco clave para optimizar la captación de fondos del plan de reconstrucción europeo desde la perspectiva de reto demográfico, y ha asegurado que dichos planes de reconstrucción incluirán medidas específicas dirigidas a las zonas en declive demográfico en tres ámbitos fundamentales: completar la digitalización en medio rural, la reactivación de las economías locales y el fomento de la vivienda y agenda urbana.

La Conferencia Sectorial de Reto Demográfico que se ha constituido hoy ha contado con la presencia de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y con la secretaria general para el Reto Demográfico, Elena Cebrián.

Objetivos compartidos

Teresa Ribera ha destacado que, pese al impulso dado en los dos últimos años a la cobertura de banda ancha en España, el Gobierno está concentrado esfuerzos para reducir la brecha digital en las zonas rurales a través del desarrollo de proyectos piloto de servicios 5G e incluyendo criterios y objetivos específicos en la Agenda Digital 2025 y en los Planes de Digitalización del Gobierno. En ese sentido, la última convocatoria del programa PEBA (Programa de Extensión de la Banda Ancha), publicada el pasado 16 de julio en el BOE, está particularmente enfocada a las zonas rurales aún sin cobertura, ha recordado Ribera.

Reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Reto DemográficoEl impulso al empleo joven es otro de los objetivos compartidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y las comunidades autónomas. Mejorar la formación profesional y universitaria es clave para fijar población al territorio y aprovechar las oportunidades de la digitalización. En ese sentido, Ribera ha destacado que el Plan de Modernización de la Formación Profesional, presentado ayer, potencia a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional la FP en las zonas rurales, multiplicando las Aulas Mentor (programas de formación online no reglada dirigidos a personas mayores de 18 años en núcleos rurales) para llegar hasta 3.000 municipios, prácticamente la mitad de los municipios del país.

En la conferencia sectorial la vicepresidenta también ha informado de que el MITECO, junto con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la Federación Española de Pequeños Municipios (FEMP) trabaja en la elaboración del Estatuto Básico de Pequeños Municipios, un instrumento que servirá para adecuar la normativa de procedimiento, contratación y funcionamiento de la realidad de los pequeños municipios.

Otra de las prioridades compartidas con las comunidades autónomas para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación es el impulso de sinergias con la transición ecológica que permitan a las zonas rurales convertirse en lugares de inversión e innovación hacia la economía verde, las energías renovables, el turismo sostenible y la economía circular.

Asimismo, la vicepresidenta ha destacado la importancia de mejorar el acceso a la vivienda, con la adaptación de los planes estatales de vivienda y de rehabilitación para que recojan las necesidades de los municipios en las zonas rurales y el impulso a la mejora de la eficiencia energética, y el apoyo a la prestación de servicios básicos como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

El MITECO también está ultimando el diseño de las oficinas de lucha contra la despoblación, un proyecto integrado en los planes de reconstrucción y trabaja además en una propuesta de evaluación del impacto normativo desde la perspectiva demográfica

Estrategia Nacional de Reto Demográfico

En uno de los puntos del orden del día, la vicepresidenta se ha comprometido con las autonomías, y en cumplimiento del mandato de la Conferencia de Presidentes, a aprobar la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico antes de final de año. Esta Estrategia, documento compartido y comprometido con las comunidades autónomas, será un Pacto de Estado con vocación de permanencia y un instrumento clave para optimizar la captación de fondos europeos. «La complicidad de todos en el impulso de la Estrategia nacional es la mejor garantía para que las prioridades de reto Demográfico queden respaldadas por los planes de reconstrucción europeos», incidió Ribera.

Para la aprobación de la Estrategia, la vicepresidenta ha trasladado una propuesta de calendario para que ésta sea adoptada en una próxima Conferencia Sectorial prevista para el mes de octubre y elevada a Conferencia de Presidentes antes de que finalice el año para su aprobación definitiva.

Otro documento estratégico clave desde la perspectiva de reto demográfico es el Plan de Reconstrucción «Next Generation» de la agenda europea, el marco de la UE para asegurar que los países miembros mantienen una mirada de largo alcance en sus planes de reformas e inversión y que incide, precisamente, en digitalización, reactivación de economías locales, vivienda y agenda urbana en medio rural.

En otro punto del orden del día, se ha tratado la próxima aprobación de la Estrategia Común Transfronteriza Portugal-España, que permitirá abordar de forma conjunta el desarrollo económico, la digitalización, la creación de empleo y la mejora de la sostenibilidad de las zonas transfronterizas. Del mismo modo que la Estrategia nacional Frente al reto demográfico, el documento llega en un momento clave en el reparto de los fondos europeos y de los planes de recuperación, que suponen una oportunidad para estos territorios, especialmente afectados por la pérdida de población y el envejecimiento.

Cooperación

Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha subrayado que hablar del reto demográfico es hablar de que la ciudadanía disfrute de los mismos los derechos y de los mismos servicios públicos con independencia del lugar de residencia.

Por eso, Carolina Darias ha reiterado el compromiso del equipo del Ministerio de trabajar junto a la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera, las comunidades autónomas y entidades locales para frenar la despoblación, acabar con la idea de la España que va vaciándose y hacer del reto demográfico una de las prioridades para definir una política territorial orientada hacia la cooperación y que contribuya a fortalecer el Estado autonómico.

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