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12 de mayo, 2021
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Las constituciones de empresas en abril casi triplicaron las de este mismo mes en 2020

12 de mayo, 2021

Las constituciones de empresas en abril casi triplicaron las de este mismo mes en 2020

10/05/2021 | Registradores

El Colegio de Registradores incluye en esta nota el análisis de la evolución de la actividad del Registro Mercantil en abril, como avance sobre el informe trimestral. La situación de pandemia durante el último año, influye coyunturalmente en los datos reflejados, por lo que desde marzo se compara también con el dato mensual de 2019, año anterior a la pandemia.

Constituciones

En abril se han incrementado un 278,7% respecto a abril de 2020, y un 5,8% frente al mismo mes de 2019. En 2021, las tasas de variación en abril respecto a un año antes, muestran importantes incrementos en todas las Comunidades Autónomas, destacando las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (1000,0%), Cataluña (703,5%), Canarias (545,5%), Castilla – La Mancha (451,1%), Extremadura (362,5%) y Madrid (354,0%).

Los mismos datos comparados con abril de 2019, un mes de carácter “habitual”, muestran aumentos más moderados con crecimientos en trece CC.AA.

Para observar la evolución de las constituciones del último año, se han comparado las tasas de variación trimestrales y las del mes de abril, siempre en relación al mismo periodo del año anterior. Se puede observar que, tras las fuertes caídas durante la declaración del primer estado de alarma, a partir del tercer trimestre de 2020 se producía una tendencia de fondo de clara mejoría de este indicador. En el primer trimestre de 2021 las constituciones se incrementaron el 15,6%, afectado ya el resultado por el confinamiento iniciado en la segunda quincena de marzo de 2020, que impactó completamente en abril del año pasado, produciendo que este mes de abril muestre un intenso repunte del 278,7%.

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliaciones de capital inscritas en los RR.MM. reflejan de modo directo la apuesta de los propietarios por sus proyectos empresariales, e igualmente se ven afectadas por el primer estado de alarma de 2020. En abril de 2021 han aumentado un 138,9% respecto a abril de 2020, mientras que descienden el 6,9% frente al mismo mes de 2019.

Por CC.AA., las que presentan mayor volumen de actividad son Madrid con 613 operaciones, un 111,4% más que el mismo mes del año anterior y Cataluña con 450, un 183,0% más. Entrando al detalle, se produjeron grandes aumentos en todos los territorios, sobre todo en Canarias (352,6%), seguida de Cantabria (340,0%) y Ceuta y Melilla (300,0%).

La misma comparación con 2019 mostró crecimientos mucho menores y resultados más desiguales, con seis CC.AA. en positivo y once en negativo.

Como sucedió con las constituciones, las tasas de variación durante los últimos trimestres, comparadas con el mismo periodo del año anterior, muestran caídas más fuertes en el segundo trimestre de 2020 y una mejoría a partir del tercero. Durante el primer trimestre de 2021, las ampliaciones han aumentado el 3,1%. En abril, se produce una fuerte subida del 138,9%, por los motivos mencionados en el punto anterior.

Concursos de acreedores

Los concursos de acreedores en abril, comparados con el mismo mes del año anterior, muestran nuevamente un fuerte repunte del 968,2% respecto al mes de abril de 2020, mientras que si se comparan respecto al mismo mes de 2019, los datos muestran un incremento menor, del 62,6%, pero muy significativo al compararse en este último caso con un mes en período “normal” de la economía. En los dos primeros meses de 2021, los concursos habían disminuido moderadamente un 12,2% en enero y un -0,3% en febrero.

En cuanto a su distinción entre voluntarios y necesarios, los primeros sumaron en abril, 341 inscripciones, con un aumento del 2,4% sobre el mes anterior y los concursos necesarios inscritos fueron 129, con una disminución del 24,1% sobre el mismo mes.

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El juez abre juicio oral contra cinco investigados en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 34,2 millones a empresas de la Sierra Norte de Sevilla

12 de mayo, 2021

Martes, 11 de mayo de 2021

El juez abre juicio oral contra cinco investigados en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 34,2 millones a empresas de la Sierra Norte de Sevilla

Las cinco personas están acusadas de delitos de prevaricación administrativa, malversación y, en el caso de uno de los encausados, estafa o apropiación indebida. Entre los acusados se encuentra un exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, a quien el juez impone una fianza de 75.500 euros

Autor: Comunicación Poder Judicial

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y otras cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Administración autonómica por un importe total aproximado de 34.264.273 euros a un “entramado empresarial” radicado en la Sierra Norte de Sevilla.

En un auto fechado el día 10 de mayo, el magistrado abre juicio oral contra el exalto cargo de la Junta y otros tres investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, mientras que contra el quinto de los investigados acuerda la apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación, malversación y, alternativamente, delitos de estafa o de apropiación indebida.

El juez, que declara a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa, requiere a los acusados para que, en el plazo de un día, presten cada uno de ellos distintas fianzas -que oscilan entre los 75.500 euros que fija para el exdirector de Trabajo de la Junta y los 18,2 millones que establece para uno de los acusados- para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma impuesta.

Asimismo, y en este auto notificado hoy martes a las partes, el instructor acuerda la apertura de juicio oral contra un total de 17 entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios, a quienes igualmente requiere el pago de fianzas que oscilan entre 300.000 euros y 6.414,566,16 euros.

El magistrado ha dictado este auto después de que hayan presentado sus respectivos escritos de acusación la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP-A.

Indicios “suficientes y solventes” contra el exalto cargo de la Junta

En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicita para el exdirector de Trabajo de la Junta dos años de cárcel y seis años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, mientras que, por estos mismos delitos, pide para otros tres acusados cinco años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta, y para el último de los investigados seis años de cárcel y quince años de inhabilitación absoluta.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que indemnicen a la Junta en diferentes cantidades, mismas peticiones que realiza la acusación ejercida por el PP-A. De su lado, la acusación que ejerce la Junta no ejercita pretensión de condena frente al exalto cargo de la Junta investigado en esta pieza separada y solicita para dos de los encausados cinco años de prisión y seis años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

Asimismo, la Junta pide para los otros dos acusados tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, y tres años de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, así como que los cuatro investigados indemnicen a la propia Administración autonómica con distintas cantidades.

El juez, en el auto, argumenta que procede decretar la apertura de juicio oral contra el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera al existir indicios “suficientes y solventes” de que “sí tuvo intervención -y, por tanto, podría ser partícipe y responsable- en los hechos delictivos por los que ser procede, ordenando y disponiendo –de manera arbitraria e injusta- de los fondos públicos constitutivos del ilícito pago de parte de las ayudas objeto de las actuaciones (en este caso, concedidas en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A.)”.

Así, pone de manifiesto que, “si bien es cierto que la Junta de Andalucía no ejercita pretensión de condena frente a Daniel Alberto Rivera y, por consiguiente, no deduce tampoco pretensión indemnizatoria frente a dicho acusado, es lo cierto que la Junta no ha renunciado en la presente causa al resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran corresponderle, ni ha hecho reserva de acciones civiles en relación a los hechos delictivos objeto del presente procedimiento abreviado”.

Por ello, el magistrado considera que “nada obsta a que el Ministerio Fiscal dirija en solitario -la acusación popular carece de legitimación para solicitar ese resarcimiento por cuenta del perjudicado- la correspondiente pretensión de resarcimiento dirigida contra todos y cada uno –incluido Rivera- de los presuntos responsables penales y civiles frente a los que se decreta la apertura de juicio oral”.

Ayudas por valor de 34 millones de euros

En el auto donde acordó continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra los cinco investigados, dictado el día 23 de noviembre de 2020, el magistrado explicaba que el objeto de estas actuaciones lo constituye “la presunta ilicitud de las ayudas y subvenciones concedidas extramuros de la legalidad” por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades vinculadas con uno de los investigados y una segunda persona fallecida en enero de 2016 por un importe total aproximado de 34,2 millones de euros.

En este sentido, el instructor precisa que el “tándem” compuesto por ambos empresarios “habrían constituido diversas empresas y sociedades interrelacionadas, muchas” de las cuales “carecían de actividad y trabajadores, y que tenían por objeto recibir subvenciones y ayudas de la Junta para, seguidamente, realizar el traspaso de fondos a distintas sociedades del mismo entramado, posibilitándose así, mediante este número de sociedades interpuestas, que el grupo controlado por ambos investigados percibiera fraccionadamente y de modo coordinado, en connivencia con responsables de la Junta, múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA”.

El juez añade que el total de las ayudas que se habrían concedido “ilícitamente, sin que existiera solicitud o se acompañaran proyectos, memorias o planes de viabilidad por parte de los investigados, habría ascendido a la suma aproximada de 34 millones de euros por el sólo interés ilegítimo de favorecer a ambos investigados y a su grupo de empresas por parte de la Administración autonómica”, precisando que, de estos 34 millones, “existieron resoluciones de ayudas por el correspondiente director general de Trabajo por importe aproximado de 27.928.772 euros, suscribiéndose también adicionales convenios de colaboración con IFA/IDEA para materializar el pago de estas ayudas por importe de 16.461.132 euros”.

Así, el magistrado indica que, de los 24 convenios suscritos para “favorecer” a este grupo, los investigados “habrían conseguido, gracias a sus importantes relaciones e influencias en la Consejería de Empleo e IFA, que veinte de ellos se efectuaran entre julio de 2003 y febrero de 2004”, punto en el que destaca que, de todas las ayudas concedidas, “destacan por su especial concentración” las recibidas por Matadero de la Sierra Morena S.A., con aproximadamente 7,5 millones de euros, mientras que otras entidades que “recibirían importantes ayudas” serían Arcadia Emprendedora S.L., Sociedad del Desarrollo de El Pedroso S.L. (Sodelp) y Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, “que fueron beneficiarias de ayudas por más de dos millones de euros”.

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Las líneas de fibra óptica alcanzan los 11,8 millones en España

12 de mayo, 2021

Las líneas de fibra óptica alcanzan los 11,8 millones en España

10 Mayo 2021
Promoción de Competencia Telecomunicaciones nota de prensa

◦En marzo, cambiaron de operador 710.602 números móviles y 211.113 números fijos.

Las conexiones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) alcanzaron los 11,8 millones de líneas a finales de marzo de 2021, según los datos referentes al mercado de las telecomunicaciones que publicamos en CNMCData.

A nivel anual, respecto a marzo de 2020, destacó el aumento de 1,4 millones de líneas FTTH frente a la pérdida de 0,7 millones de líneas con tecnología DSL.

EVOLUCIÓN LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA POR TECNOLOGÍA1

Las líneas de fibra óptica alcanzan los 11,8 millones en España | CNMC

EVOLUCIÓN LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA POR TECNOLOGÍA


El 81,5% del total de líneas se concentró en los tres principales operadores, Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono)

CUOTA DE MERCADO LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA MARZO 2021[2]

Las líneas de fibra óptica alcanzan los 11,8 millones en España | CNMC

CUOTA DE MERCADO LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA MARZO 2021


Telefonía
En telefonía móvil, se sumaron 21.271 líneas en el mes de marzo. El mes cerró con una cifra de 54,87 millones de líneas móviles, lo que supone un 0,5% más que hace un año. De este total, 47,29 millones eran líneas de voz con banda ancha móvil, lo que supone un 2,3% más que en el mismo mes de 2020.

Las líneas M2M se situaron en 7,8 millones de líneas, un 12% más que hace un año.

Los tres principales operadores representaron el 75,2% del total de líneas móviles del mercado.

GANANCIA NETA MENSUAL LÍNEAS MÓVILES MARZO 20213

Las líneas de fibra óptica alcanzan los 11,8 millones en España | CNMC

GANANCIA NETA MENSUAL LÍNEAS MÓVILES MARZO


Fuente: CNMC

Durante ese mes, se portaron 710.602 números móviles, lo que supone un ligero incremento respecto a meses anteriores.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PORTABILIDAD Y MEDIA MÓVIL

Las líneas de fibra óptica alcanzan los 11,8 millones en España | CNMC

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PORTABILIDAD Y MEDIA MÓVIL


Grupo MASMOVIL, Vodafone y los OMV registraron saldos netos de portabilidad positivos, mientras que Orange y Movistar presentaron saldos negativos.

El total de líneas fijas cayó en 17.553; el mes cerró con un total de 18,93 millones de líneas, lo que representa una penetración de 40 líneas por cada 100 habitantes.

Se portaron 211.113 líneas, lo que representa un ligero incremento respecto al mes anterior

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PORTABILIDAD Y MEDIA MÓVIL (miles)

Las líneas de fibra óptica alcanzan los 11,8 millones en España | CNMC

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PORTABILIDAD Y MEDIA MÓVIL


El servicio de acceso indirecto NEBA (FTTH y cobre) ganó 13.530 líneas durante el mes de marzo, llegando a acumular un total de 979.307. Por su parte, las líneas de NEBA local también aumentaron hasta situarse en 1.784.362 líneas.

CNMCData

[1] En el total de banda ancha del gráfico se incluyen las líneas de otras tecnologías distintas a DSL, HFC o FTTH, aunque no aparecen desglosadas.

[2] Vodafone incluye los datos de Ono y Orange incluye los de Jazztel. Grupo MASMOVIL incluye los datos de Mas Móvil, Yoigo, Pepephone y Xtra Telecom. Se incluyen las líneas de otras tecnologías distintas a DSH, HFC o FTTH.

[3] Vodafone incluye los datos de Ono y Orange incluye los de Jazztel. Grupo MASMOVIL incluye los datos de Mas Móvil, Yoigo y Pepephone. Además, a partir de febrero de 2017, Grupo MASMOVIL incluye los datos del OMV LlamaYA tras la adquisición de su cartera de clientes a finales de enero de 2017, a partir de diciembre de 2018 incluye los datos del OMV Lebara tras la adquisición de su cartera de clientes en noviembre de 2018, a partir de julio de 2019 incluye los datos del OMV Hits Mobile y a partir de junio de 2020 incluye los datos del OMV Lycamobile. Los datos de los operadores móviles de red incluyen los correspondientes a los OMV y a las marcas comerciales que son de su propiedad (Orange incluye los datos de República Móvil a partir de diciembre de 2019).

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El Plan de Recuperación debe generar empleos de calidad y con derechos

12 de mayo, 2021

El Plan de Recuperación debe generar empleos de calidad y con derechos

UGT

05 Mayo 2021

Los datos de paro correspondientes al mes de abril, publicados hoy por el Servicio Público de Empleo, muestran un nuevo descenso de las personas desempleadas, concretamente de 39.012 personas. Este descenso se debe a la Semana Santa, a la mejoría en las cifras de contagios y al avance de la vacunación, que han permitido que aumente la confianza en las perspectivas económicas y que se reactive parcialmente la actividad y la demanda.

Así, el último día de abril 3.910.628 personas se encontraban en desempleo, lo que implica un descenso del 0,99% respecto a marzo. Sin embargo, este volumen es un 2,07% superior al del año anterior en este mismo mes.

Para UGT, pese a las mejoras en el empleo durante los últimos dos meses, la recuperación es muy dependiente todavía de las oleadas de contagios y del ritmo de vacunación. Por lo tanto, la mejor alternativa para garantizar una mejora palpable en el empleo y en la economía es continuar aumentando el ritmo de vacunación como se lleva haciendo en las últimas fechas. Mientras tanto, hay que asegurar la máxima protección sanitaria incluyendo las medidas de restricción necesarias para evitar una nueva oleada de contagios, por lo perjudicial que sería para la recuperación que se repitieran los cierres de algunas actividades.

En este sentido, el sindicato considera fundamental seguir manteniendo la protección al empleo, que ha comprobado tener unos resultados sumamente positivos, vía ERTE y otras prestaciones adicionales, así como reforzar al tejido productivo, puesto que ambos factores serán las claves para que la recuperación sea lo antes posible. De forma paralela, será necesario impulsar las políticas activas de empleo a través de los Servicios Públicos de Empleo.

Además, para UGT es imprescindible que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se traslade a la realidad y haga un buen uso de los fondos de reconstrucción europeos para que la economía española se torne en una economía y sociedad más digitalizadas, productivas y respetuosas con el medio ambiente. Y esto implica un cambio de modelo productivo que genere empleos de calidad.

Y esto pasa también por la derogación de la reforma laboral de 2012, que solo ha generado despidos, pobreza y desigualdad entre la población de nuestro país, una reforma de pensiones que haga justicia a las personas trabajadoras que han terminado su ciclo laboral y aumentar el SMI, entre otras medidas. En definitiva, que el Gobierno cumpla todos los compromisos adoptados con las personas.

Datos de interés

Los datos de paro del mes de abril reflejan que la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 134.396 personas, mientras que este dato desestacionalizado muestra 9.808 personas menos. Sin embargo, en términos anuales la variación se traduce en un aumento de 596.631 personas afiliadas respecto a abril del año pasado, un 3,23% más. El motivo de que la afiliación respecto al año anterior sea tan abultada está en la comparación que se establece con el primer mes de la pandemia, abril de 2020, que tuvo un fuerte impacto en la afiliación. Por otro lado, a finales de abril de 2021 había en ERTE 638.283 personas seguían protegidas por este instrumento, 36.621 menos que a fin de marzo.

El número de beneficiarios de prestaciones en el mes de marzo era de 2.228.589 personas, lo que supone un aumento del 5,6% respecto a marzo de 2020. La causa de este aumento en la protección se encuentra fundamentalmente en los ERTE.

Por otro lado, la contratación en el mes de abril ha disminuido un 3,37% mensual y ha aumentado un 101,57% anual, debido al efecto de comparación con el mes de abril de 2020, que fue el primer mes completo de confinamiento y hubo un mínimo de contratos.

El porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de contratos que se registraron en abril se situó en un 12,09%. Ahora bien, dentro del número de contratos indefinidos que se firmaron, el 62,55% ha sido a tiempo completo, mientras que el 26,85% lo fue a tiempo parcial. Visto con perspectiva esto significa que sólo 8 de cada 100 contratos son indefinidos a tiempo completo. No obstante, los contratos bajo la modalidad de obra y servicio y eventuales por circunstancias de producción abarcaron el 79,10% del total de la contratación.

En abril, respecto al mes anterior, ha descendido en 24.038 el número de hombres registrados como desempleados (un 1,44% menos), mientras el paro femenino lo ha hecho en un porcentaje menor, siendo menor también en términos absolutos (14.974 desempleadas menos, un 0,66% menos). Esta desigualdad es aún más notable en términos anuales si tenemos en cuenta que el desempleo masculino ha disminuido un 1,90% (31.900 parados menos) mientras que el femenino aumentó un 5,17% (111.325 desempleadas más). El 57,9% de las personas en desempleo son mujeres.

En abril estaban registrados 355.884 jóvenes (un 9,1% del total de desempleados). El desempleo entre los menores de 25 años ha descendido un 0,67% mensual (1.909 parados jóvenes menos en este mes), y en términos anuales asciende un 11,62% (37.062 jóvenes).

Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros, ha habido un descenso similar en términos relativos. En este caso el número de personas en desempleo disminuye en el mes un 0,84% (siendo también menor el descenso entre las mujeres en términos relativos y absolutos), lo que deja un total de 579.254 personas extranjeras desempleadas (un 14,81% del total de desempleados). En la variación anual se observa también un incremento del 16,48%, 81.965 trabajadores extranjeros desempleados más.

Por sectores, en abril el paro registrado desciende en todas las actividades productivas; en la industria (5.127 desempleados menos, un 1,64% menos), en la agricultura (2.622 menos; un -1,35%), en la construcción (3.947 menos; un -1,30%) y en los servicios (32.192 menos, un -1,16%). Sin embargo, en el colectivo sin empleo anterior se observa un aumento del desempleo (4.876 personas adicionales, un 1,37% más). En el año se incrementa el paro en la agricultura y en el sector servicios, 17,07% y 1,05% respectivamente. En la industria disminuye un 5,88% y en la construcción lo hace un 12,75%. Cabe destacar que desde abril de 2020 se ha producido un aumento de desempleados del 31,40% en el colectivo sin empleo anterior.

La afiliación a la Seguridad Social se incrementa en el mes: 134.396 afiliados adicionales en abril respecto a marzo, un 0,71% más, aumentando hasta los 19.055.298 afiliados (de media en el mes). No obstante, esta variación mensual desestacionalizada muestra 9.808 afiliados menos.

El número total de contratos registrados en abril disminuye un 3,37% respecto al mes anterior, con un total de 1.356.845 contratos firmados. Los contratos indefinidos descienden un 20,81% al compararse con el dato atípico que se produjo en el mes de marzo, mientras los temporales disminuyen en un 0,35%. Si lo comparamos con los registrados en abril de 2020, primer mes completo de confinamiento y record de mínimo de contratos, el volumen del total de contratos aumenta un 101,57%, los temporales lo hacen un 94,23% y los indefinidos en un 177,90%. Este mes la proporción de indefinidos sobre el total de contratos se sitúa en el 12,09%.

En el mes crece únicamente el volumen de los contratos temporales a tiempo parcial (un 1,32%), frente al resto que disminuyen: los indefinidos a jornada completa descienden un 20,31%; mientras tanto los indefinidos a tiempo parcial lo hacen concretamente en un 23,29% y los temporales a jornada completa lo hacen en un más moderado 1,10%.

La modalidad de indefinidos a tiempo completo ocupa sólo un 7,56% sobre el total de contratos registrados en el mes. Mientras, el peso de los contratos a tiempo parcial sobre el total de contratos se mantiene en el 31,22%.

En el mes de marzo, el número de beneficiarios de prestaciones descendía a 2.228.589, un 5,6% más que en el mismo mes de referencia de 2020. Con este nivel de protección entre las personas empleadas amparadas por un ERTE, la tasa de cobertura del sistema de protección se sitúa en el 60,46%, un 3,2% menos que en 2020.

La Seguridad Social señala que a 30 de abril de 2021 había 638.283 afiliados protegidos por los ERTE, 36.621 menos que a finales de marzo.

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Estado de situación del COVID-19

12 de mayo, 2021

Estado de situación del COVID-19

Martes 11 de mayo de 2021

Cartela COVID-19-Información actualizada 11 de mayo de 2021

Actualización nº 372. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 11.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 11.05.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las Comunidades Autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.586.333 casos confirmados de COVID-19 y 79.100 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

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Marc May

11 de mayo, 2021
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El Tribunal Supremo estima el recurso de la Xunta de Galicia y condena al Estado a abonar el desfase financiero producido por la liquidación del IVA del ejercicio de 2017

11 de mayo, 2021

Lunes, 10 de mayo de 2021

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Xunta de Galicia y condena al Estado a abonar el desfase financiero producido por la liquidación del IVA del ejercicio de 2017

Como ocurrió recientemente en otra sentencia sobre la misma materia referida a la Junta de Castilla y León, la estimación es parcial al no aceptarse la concreta cuantía compensatoria que propugnaba Galicia (204.464.638,74 euros), al no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala III del Tribunal ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Xunta de Galicia contra el rechazo del Consejo de Ministros de compensarle por el desfase financiero producido en la liquidación del IVA correspondiente al ejercicio de 2017, y ha condenado a la Administración General del Estado a que compense por ello a dicha comunidad autónoma en la cuantía que se fijará en ejecución de sentencia.

Como ocurrió recientemente en otra sentencia sobre la misma materia referida a la Junta de Castilla y León, la estimación es parcial al no aceptarse la concreta cuantía compensatoria que propugnaba Galicia (204.464.638,74 euros), al no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado.

El tribunal establece que la compensación habrá de fijarse en ejecución de sentencia; y su cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades, esto es, incluyendo también la correspondiente al mes de noviembre de 2017, a la que deberá añadirse los correspondientes intereses legales computados desde el momento de la presentación del requerimiento hasta el momento efectivo en que se produzca la compensación y se adopten las medidas necesarias para revertir el desajuste financiero ocasionado a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Como hizo en la sentencia relativa a Castilla y León, el alto tribunal resuelve que el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, “pues es notoria la disfunción que se deriva del hecho de que las entregas a cuenta se le abonasen en doce mensualidades y, en cambio, en la liquidación definitiva se atendiese únicamente a la recaudación de IVA correspondiente a once mensualidades, derivándose de ello un resultado anómalo”.

Agrega que la aplicación de una norma reglamentaria -Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre- “trajo consigo una alteración en las reglas del sistema de financiación autonómico establecido legalmente, produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado”.

Recuerda además que de ese “resultado anómalo” “se mostró persuadida la Administración del Estado antes del inicio de este proceso, como pusieron de manifiesto aquellas iniciativas de arreglo extraprocesal a las que antes nos hemos referido y que a la postre resultaron fallidas. Por ello, el principio de lealtad institucional en la actuación de las administraciones públicas (artículo 3.1. e/ de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) puesto en relación con el artículo 103.1 de la Constitución habría exigido que por parte de dicha Administración se diese a la reclamación de compensación una respuesta muy distinta a la desestimación presunta que constituye el objeto de este proceso”.

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El paro desciende en 39.012 personas en abril y acumula dos meses consecutivos de caída

11 de mayo, 2021

Continuidad en la reducción del desempleo

El paro desciende en 39.012 personas en abril y acumula dos meses consecutivos de caída

Miércoles 5 de mayo de 2021

La Moncloa

Gracias a esta reducción, el total de personas desempleadas se sitúa en 3.910.628. El paro registrado baja entre mujeres y hombres, en todos los segmentos de edad, en todos los sectores de actividad y en catorce comunidades autónomas.

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de abril, ha bajado en 39.012 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un -0,99%. Es el segundo mes consecutivo en el que desciende el número de personas desempleadas.

Variaciones mensuales del paro registrado

Variaciones mensuales del paro registrado

Gracias a este descenso, la cifra total de paro registrado se ha situado en 3.910.628 personas.

El desempleo baja en casi todas las comunidades autónomas, en los cuatro sectores de actividad, en ambos sexos y en todos los tramos de edad, lo que le aporta una importante consistencia a la tendencia de reducción del desempleo en este mes.

Paro registrado por sectores

El paro baja en todos los sectores económicos, en especial en el sector servicios, una tendencia recurrente en los últimos meses. Presenta las siguientes variaciones respecto a marzo: en Servicios desciende en 32.192 personas (-1,16%), en Industria baja en 5.127 (-1,64%), en Construcción baja en 3.947 (-1,30%) y en Agricultura desciende en 2.622 personas (- 1,35%).

Variación mensual del paro por sectores

Variación mensual del paro por sectores

El número de personas desempleadas se incrementa en 4.876 (1,37%) en el colectivo sin Empleo Anterior.

Paro por sexo y edad

El número de parados desciende en 24.038 hombres (-1,44%) hasta situar el total de desempleados inscritos en 1.647.503.

En el caso de las mujeres, el paro registrado cae en 14.974 (-0,66%) personas respecto al mes anterior y deja el total en 2.263.125, al caer en relación al mes de marzo.

Variación mensual del paro por género

Variación mensual del paro por género

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en abril en 1.909 personas (-0,53%) respecto al mes anterior. También baja el paro en el colectivo de 25 y más en 37.103 personas (-1,03%).

Paro por comunidades autónomas

El paro registrado baja en catorce comunidades autónomas. Las caídas más significativas corresponden a Galicia (-9.941), Cataluña (-8.715) y País Vasco (-3.039).

Variación mensual del paro registrado por CCAA

Variación mensual del paro registrado por CCAA

El paro aumenta en Canarias (1.873 personas), y se mantiene prácticamente estable en Comunidad Valenciana (389 personas) y Cantabria (34 personas inscritas más).

Firma de contratos

El número de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.356.845. Supone una subida de 683.696 (101,57%) sobre el mismo mes del año 2020.

Contratos registrados indefinidos

Contratos registrados indefinidos

En cuanto a la estabilidad de los contratos, en abril de 2021 se han registrado 164.080 contratos de trabajo de carácter indefinido. Representan el 12,1% de todos los contratos. Supone un incremento de 105.038 (177,90%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han formalizado 627.893 contratos indefinidos en los cuatro primeros meses de 2021. Representa un incremento de 66.287 (11,80%) sobre el mismo periodo del año 2020.

Los contratos indefinidos del mes de abril se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 102.632 a tiempo completo y 61.448 a tiempo parcial. Los primeros han tenido una subida, respecto a abril de 2020, de 65.133 (173,69%) y los segundos se han incrementado en 39.905 (185,23%).

En cuanto al resto de contratos, hasta completar el total de 1.356.845 del mes de abril de 2021, son 6.222 de carácter formativo y 1.186.543 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo destacan: Obra o Servicio Determinado (de jornada a tiempo completo) con el 28,14% del total de todos los contratos, seguido de Eventuales por Circunstancia de la Producción (de jornada a tiempo completo) con el 26,37%. Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 27,97%.

Prestaciones del mes de marzo

Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 2.228.589 y han supuesto unos gastos totales de 2.579,3 millones de euros en el mes de referencia, el mes de marzo.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de marzo de 2021 ha sido de 1.185,5 euros.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de marzo de 2021 ha sido de 867,7 euros, lo que supone un aumento de 17,6 euros sobre el mismo mes del año anterior (2,1%).

El desembolso en nóminas derivadas de los ERTE supone un total de 720 millones de euros.

Evolución del gasto en prestaciones ERTE

Evolución del gasto en prestaciones ERTE

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CAFMadrid solicita la eliminación de la licencia de obra para la instalación de placas fotovoltaicas en las CCPP

11 de mayo, 2021

CAFMadrid solicita la eliminación de la licencia de obra para la instalación de placas fotovoltaicas en las CCPP

✓ “Las principales barreras para el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico en las comunidades de propietarios madrileñas son la burocracia, concretamente la solicitud de la licencia de obra por los trámites que conlleva, y la adopción de un acuerdo en junta de propietarios”, señala Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid.

✓ Actualmente son diez las Comunidades Autónomas que han eliminado la petición de licencia de obra en sus municipios, aunque entre ellas no se encuentra Madrid.

✓ La Comunidad de Madrid ha lanzado dos planes de ayudas de Impulso de Instalaciones de Autoconsumo en el Sector Residencial que se han agotado al poco tiempo y del que se han beneficiado más de 300 inmuebles.

Madrid, 7 abril de 2021

Transcurridos dos años desde la aprobación del Real Decreto-Ley 15/2018, por el que las comunidades de propietarios podrían beneficiarse del autoconsumo eléctrico, la instalación de placas fotovoltaicas en edificios residenciales es todavía simbólica, según indica el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).

“Una de las principales barreras para el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico en las comunidades, además de la adopción de un acuerdo en junta de propietarios, es la solicitud de la licencia de obra por los trámites que conlleva. Por eso, desde el Colegio de Administradores de Fincas pedimos a la Comunidad de Madrid la eliminación de esta licencia para favorecer su instalación”, señala Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid. Desde esta institución también defienden “el importante ahorro que supone la compensación de la energía autoproducida y no consumida en la factura de la luz, ya que, actualmente, según los datos de la Comunidad de Madrid, un 88% de las instalaciones de autoconsumo tiene un excedente de energía que se vuelca en la red eléctrica”.

Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), actualmente son diez las Comunidades Autónomas -entre otras Aragón, Illes Balears, Extremadura, Cataluña y Andalucía- que han eliminado la petición de licencia de obra en sus municipios, lo que suprime barreras administrativas y aumenta las posibilidades para que las comunidades de propietarios se decidan a realizar instalaciones de autoconsumo.

Otro inconveniente, explican desde CAFMadrid, es que para acometer este tipo de instalación se requiere de un acuerdo por parte de la comunidad de propietarios. Podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación, lo que es muy complicado. “Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid pedimos que se incluya en una nueva Ley de Propiedad Horizontal un acuerdo comunitario más flexible”, indica Isabel Bajo.

Las comunidades de propietarios también podrán acceder en las próximas semanas a los 2.000 millones en ayudas que ha anunciado recientemente el Gobierno de España, que irán destinadas a los municipios con menos de 5.000 habitantes para, entre otras acciones, promover la instalación de tejados solares y autoconsumo. “Estas ayudas son fundamentales para las comunidades de propietarios, ya que la inversión en nuevas instalaciones siempre supone, de entrada, cierto rechazo”, recalca la presidenta de CAFMadrid.

Además, desde la Comunidad de Madrid se han lanzado dos planes de ayudas de Impulso de Instalaciones de Autoconsumo en el Sector Residencial que se han agotado al poco tiempo y del que se han beneficiado más de 300 inmuebles. Por su parte en el Ayuntamiento de Madrid también existen bonificaciones del IBI a todos los edificios que instalen sistemas de aprovechamiento de la energía solar.

Para el CAFMadrid el autoconsumo supone además de proteger el medioambiente y la lucha contra el cambio climático, convertirse en uno de los principales sectores que ayudarán a la recuperación económica. Por eso se está trabajando, entre otras prioridades, en llegar a acuerdos con algunas compañías para ofrecer en condiciones más ventajosas instalaciones fotovoltaicas en comunidades de propietarios gestionadas por administradores de fincas colegiados.

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Estado de situación del COVID-19

11 de mayo, 2021

Estado de situación del COVID-19

Lunes 10 de mayo de 2021

Cartela COVID-19-Información actualizada 10 de mayo de 2021

Actualización nº 371. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 10.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 10.05.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las Comunidades Autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.581.392 casos confirmados de COVID-19 y 78.895 fallecidos.

Los datos se pueden consultar en el documento PDF adjunto.

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La Seguridad Social registra 19.019.624 afiliados en términos desestacionalizados en abril

11 de mayo, 2021

La Seguridad Social registra 19.019.624 afiliados en términos desestacionalizados en abril

Miércoles 5 de mayo de 2021

Trabajadores sanitarios durante su jornada laboral

El número de afiliados a la Seguridad Social, en términos desestacionalizados, ha sido de 19.019.624 personas en abril, 9.808 trabajadores menos que el mes anterior.

Por ramas de actividad, la ocupación con ajuste estacional sumó afiliados en Construcción (9.750), Industria (7.415) y Agricultura, Ganadería y Pesca (1.746), mientras que Servicios registró 27.827 trabajadores menos.

El número de no asalariados en términos desestacionalizados aumentó en 3.453 trabajadores, mientras que los asalariados disminuyeron en 11.260.

Por sectores, este mes destaca el incremento de ocupados en Pesca y acuicultura (1,54%), Recogida y tratamiento de aguas residuales (1,47%), Programación, consultoría y actividades informáticas (1,25%), Actividades relacionadas con el empleo (1,21%) y Publicidad y estudios de mercado (1,17%). Por el contrario, han perdido afiliados en términos desestacionalizados Servicios de alojamiento (-9,53%), Transporte marítimo (-3,71%), Agencias de viajes y operadores (-2,92%) y Transporte aéreo (-2,62%), entre otros.

Afiliación media

En abril, la Seguridad Social registró 19.055.298 afiliados de media sin el ajuste estacional. Esta cifra supone 134.396 cotizantes más con respecto a la media de marzo (0,71%). De ellos, el 53,37% eran hombres.

Este mes sumaron afiliados medios todas las ramas de actividad, especialmente Servicios, con 99.404 trabajadores más. También sumaron Agricultura, Ganadería y Pesca (13.483), Construcción (12.965) e Industria (8.544).

En concreto en el Régimen General, la afiliación mensual media aumentó en abril en 118.121 trabajadores (0,76%) y se situó en 15.699.775 ocupados. El Sistema Especial Agrario sumó 12.050 afiliados, y el del Hogar, creció en 977.

Por sectores, este mes se contabilizaron más ocupados en la mayoría de los sectores. Con particular intensidad, creció el número en Hostelería, con 40.548 afiliados más (un 4,12%). Le siguieron Construcción (1,23% y 10.734 trabajadores más) y Agricultura, Ganadería y Pesca con un crecimiento del 1,01% (757 ocupados más).

En abril, solo tres sectores perdieron afiliados: Actividades Financieras y de Seguro (-0,22% y 713 trabajadores menos), Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales, que restó siete trabajadores (-0,21%), y Actividades Sanitarias, que perdió un 0,04%, es decir, 611 afiliados.

El Régimen de Autónomos, por su parte, alcanzó los 3.292.932 afiliados medios en abril, 15.431 más que el mes anterior (un 0,47% más). El Régimen del Mar contabilizó 61.530 ocupados, 858 más (1,41%) y el del Carbón se situó en 1.061 afiliados medios, 14 menos que en marzo.

Por su parte, en abril sumaron afiliados medios todas las comunidades autónomas, encabezadas por Islas Baleares (2,75%), la Región de Murcia (1,44%), Navarra (1,17%) y Extremadura (1,15%).

En el último año, se han recuperado 596.631 afiliados medios, un incremento del 3,23%, tras el impacto de la pandemia. Hay que tener en cuenta el fuerte efecto de la COVID en el mercado laboral en el mes de abril de 2020.

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Monte del Pilar. May 2021

10 de mayo, 2021
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Estadística 2020 del Registro Mercantil Central. Más de un tercio de las empresas creadas en España en 2020 se dedicaron a construcción y hostelería.

10 de mayo, 2021

Estadística 2020 del Registro Mercantil Central. Más de un tercio de las empresas creadas en España en 2020 se dedicaron a construcción y hostelería.

28/04/2021 | Notas de Prensa Registradores

El dinamismo empresarial, expresado mediante las sociedades constituidas en los RR.MM. de las CC.AA. en relación a su número de habitantes, mostró claramente a nivel nacional el descenso de actividad, probablemente atribuible a los efectos del COVID 19.

La media nacional de habitantes por cada empresa creada en 2020 fue de 592 habitantes, frente a los 495 de 2019. Por encima de la media nacional se situaron: Madrid, con una empresa nueva por cada 369 habitantes (300 habitantes en 2019), seguido de Baleares, una por cada 470 (378 en 2019), Cataluña, una por cada 509 habitantes (420 en 2019) y Valencia, con una empresa por cada 528 (454 en 2019). En el lado opuesto se situaron Castilla y León (1 por cada 1.073 habitantes), seguida de Extremadura (1 por cada 1.046 habitantes), Cantabria (1 por cada 1.009) y Navarra (1 por cada 986 habitantes).

Estos datos forman parte de la Estadística del año 2020 realizada por el Registro Mercantil Central. Se incluyen los principales actos registrales por su influencia en la actividad económica, con amplios desgloses geográficos y sectoriales de actividad, enfocados hacia el ámbito de las nuevas sociedades creadas. La estadística completa puede ser consultada en: http://www.rmc.es/estadisticas/EstadisticaSocietaria.aspx

La constitución de sociedades de responsabilidad limitada en los RR.MM., como tipo societario más habitual, en relación al número de habitantes por provincia, situó en primer lugar a Madrid (2,60 empresas creadas por cada mil habitantes), seguida de Málaga (2,52), Barcelona (2,11), y Baleares y Alicante (2,09 cada una). En sentido contrario, las que crearon menos de una SL por cada mil habitantes fueron Ceuta (0,57), seguida de Cáceres (0,71), Ávila y Palencia (0,74 cada una) y Salamanca (0,8).

Con relación a la distribución sectorial de la actividad en los diferentes niveles de nuestra geografía, medida a través de los objetos sociales declarados en las nuevas constituciones inscritas en los RR.MM., el estudio realizado muestra claramente el patrón económico estructural de España en 2020, afectado por la pandemia, que ha reducido la creación total de empresas un 15,8% respecto al año anterior.

Como puede apreciarse en el gráfico posterior, de las casi 80.000 empresas creadas en 2020, más de 22.000 pertenecían al sector de la construcción (más de 27.000 en 2019) y casi 7.000 a hostelería (superaban las 9.000 en 2019). Entre ambos sectores totalizaron el 36% del total de empresas creadas.

Teniendo en cuenta el retroceso generalizado de las empresas creadas, hay sectores de actividad que muestran una mayor resistencia a la caída frente a los datos de 2019. Destacan la Agricultura, Ganadería y Minería, que obtienen cifras similares de empresas creadas respecto al año anterior, a pesar del descenso del 15,8% en las constituciones durante 2020. Los sectores de Alimentación, Transporte y Seguros muestran ligeras caídas en el número de empresas creadas, aunque inferiores a la caída general, por lo que ofrecen un alto grado de resistencia a la crisis económico – sanitaria.

Como sector relevante para el futuro inmediato de nuestra economía, resulta interesante resaltar como la creación de empresas de energías alternativas duplicó en 2020 a las empresas creadas en el sector de la energía tradicional, confirmando el crecimiento de las iniciativas empresariales con alto valor añadido y, por lo tanto, impulsoras de la competitividad de nuestra economía.

En el estudio, se informa sobre la distribución territorial de los diferentes sectores y la participación de cada comunidad autónoma y principales provincias sobre el total nacional. Centrándonos en los sectores mencionados antes, por su importancia actual en unos casos y futura en otros, las CC.AA. que destacan en Construcción son Madrid (19,6%) y Cataluña (19,4%), seguidas muy de cerca por Andalucía, con el 18,8% de las constituidas a nivel nacional. Estas tres comunidades juntas, crearon seis de cada 10 empresas españolas del sector.

Sobre el sector de la hostelería, las CC.AA. que más empresas crearon fueron Cataluña (18,8%) y Andalucía (18,3%), seguidas de Madrid, en esta ocasión a más distancia, con el 17,4% de las nacionales. Las tres comunidades juntas crearon más de la mitad de nuevas empresas hosteleras en España.

Si nos centramos en el sector de energías alternativas, destaca especialmente la situación de Madrid que, al igual que el año anterior, por sí misma creó en 2020 una de cada tres empresas del sector, a gran distancia de la siguiente, Andalucía, con el 13,5%, seguida de Cataluña con el 13,2% y la Comunidad Valenciana, con el 8,7%.

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Protección Civil y Emergencias alerta por lluvias y tormentas en el este y el nordeste peninsular a partir del domingo

10 de mayo, 2021

Protección Civil y Emergencias alerta por lluvias y tormentas en el este y el nordeste peninsular a partir del domingo

Dirección General de Protección Civil y Emergencias

España, 07/05/2021

Existe probabilidad de que las tormentas vengan acompañadas de precipitaciones en forma de granizo.

Según la previsión actual, el este y el nordeste peninsulares serían las zonas más afectadas. No obstante, dado el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos, es aconsejable mantenerse informado en todo momento de la posible evolución.

Infórmese de la situación meteorológica y el estado de las carreteras en fuentes oficiales, extreme las precauciones y atienda las recomendaciones de las autoridades competentes. Siga las actualizaciones de los pronósticos y los avisos a través de Protección Civil, Aemet , así como de la DGT.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alerta por lluvias y tormentas en el este y nordeste peninsular a partir del domingo.

Según la previsión actual, el este y nordeste peninsular serían las zonas más afectadas. No obstante, dado el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos, es aconsejable mantenerse informado en todo momento de la posible evolución.

Existe probabilidad de que las tormentas se presenten con precipitaciones en forma de granizo. Se espera, además, un significativo descenso de las temperaturas.

Recomendaciones

Ante el riesgo de tormentas
◾ El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.
◾ Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.

Ante lluvias intensas
◾ Si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.
◾ Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.
◾ En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.
◾ Si comienza a llover de manera torrencial, piense que existe riesgo de inundación. No atraviese con su vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación.
◾ Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.
◾ No obstante, el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.

Ante fuertes vientos
◾ Conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. También, conviene abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección.
◾ Si va conduciendo, extreme las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido. Preste atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

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El Ministerio de Inclusión, las mutuas y la Fundación CEOE firman un protocolo de colaboración contra la COVID-19

10 de mayo, 2021

El Ministerio de Inclusión, las mutuas y la Fundación CEOE firman un protocolo de colaboración contra la COVID-19

Miércoles 5 de mayo de 2021

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha destacado la importancia de esta colaboración para luchar contra la pandemia con todos los recursos disponibles.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha firmado un protocolo con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y la Fundación CEOE para facilitar el apoyo de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para dar apoyo en el proceso de vacunación y mitigar los efectos nocivos de la pandemia conforme a lo que determinen las autoridades sanitarias.

De esta forma, a través de la firma de esta declaración de colaboración, se agilizará la puesta a disposición de los recursos personales y materiales de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para la lucha contra la pandemia. Esta colaboración se podrá concretar a través de convenios entre las mutuas y las autoridades sanitarias.

En este sentido, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social cuentan con casi 7.000 especialistas en enfermería que pueden ponerse a disposición de la lucha contra la pandemia.

Para concretar las acciones específicas que se desarrollarán al amparo de este protocolo, se constituirá una Comisión Mixta de Coordinación formada por seis miembros, en régimen de paridad. Este organismo velará por el cumplimiento de las actuaciones previstas y adoptará las medidas y orientaciones que sean necesarias.

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha destacado la importancia de esta colaboración en un momento como el actual en el que «debemos poner todos los recursos que tenemos, en el caso de la Seguridad Social, los de las mutuas colaboradoras, al servicio del proceso de vacunación».

Además, ha resaltado que «la rapidez con la que seamos capaces de acometer este proceso de vacunación, siguiendo la estrategia marcada por el Ministerio de Sanidad, es clave para poder retomar la normalidad que se quebró con la pandemia y, por tanto, también para la recuperación económica».

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La nueva factura eléctrica, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, fomentará el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico

10 de mayo, 2021

Sistema eléctrico

La nueva factura eléctrica, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, fomentará el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico

Miércoles 5 de mayo de 2021

La Moncloa

Nueva factura eléctrica

El próximo 1 de junio entrará en vigor un nuevo modelo de factura eléctrica para los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que fomentará el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico.

Nueva factura eléctrica

Con este cambio los peajes de acceso al sector eléctrico pasan a ser sustituidos por dos nuevos conceptos: los peajes de transporte y distribución, que fija la CNMC y que cubren los costes del uso de las redes de transporte y distribución de la energía eléctrica; y los cargos del sistema eléctrico, establecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cuya recaudación se destina a financiar costes del sistema como el del régimen retributivo especial de las energías renovables, de la cogeneración y de la generación con residuos (RECORE), la cobertura del déficit de años anteriores o la compensación del 50% del sobrecoste de la generación en los territorios no peninsulares.

Nueva estructura de la tarifa

La nueva estructura tarifaria aplica discriminación de precios a todos los consumidores y tres periodos a todos los de menos de 15 kW (consumidores domésticos) para los usuarios con PVPC. Así, se fijan tres tramos horarios: punta, llano y valle.

El periodo punta, en el que el coste de los peajes y los cargos será más alto, estará comprendido entre las 10 y las 14 horas y las 18 y 22 horas; el tramo llano, con un coste intermedio, se situará entre las 8 y las 10 horas, las 14 y las 18 horas y entre las 22 y 24 horas; y la tarifa valle, la más barata de las tres, se ubicará entre medianoche y las 8 de la mañana y se aplicará durante todas las horas de los fines de semana y festivos.

A través de esta estructura tarifaria se pretende incentivar el traslado del consumo eléctrico desde las horas de máxima demanda eléctrica (horas punta) a otras en las que las redes de transporte y distribución se encuentran menos saturadas (horas valle), lo que reducirá la necesidad de llevar a cabo nuevas inversiones en dichas infraestructuras. Esto redunda en menores costes para los consumidores de energía eléctrica, puesto que son ellos quienes sufragan este tipo de infraestructuras a través de la factura eléctrica, y evita los inconvenientes medioambientales de este tipo de instalaciones. Así, los usuarios que trasladen su consumo hacia las horas llanas y valle, las de menor demanda, conseguirán un mayor ahorro en su factura.

Además, a partir del 1 de junio los consumidores domésticos podrán contratar dos potencias diferentes: una para los periodos punta y llano y otra para el periodo valle.

De este modo aquellos consumidores que tengan unas necesidades de potencia más elevadas en periodo valle, como los usuarios de vehículo eléctrico que deseen cargar su coche o moto por la noche en su domicilio, podrán beneficiarse de contratar una potencia superior para el periodo valle y mantener su potencia habitual en los tramos punta y llano, evitando pagar el sobrecoste de esa potencia extra durante todas las horas del día. Si el consumidor no solicita este cambio se le aplicará, de manera automática, la potencia actual contratada en ambos periodos.

Fomento del ahorro y el autoconsumo

La combinación de los nuevos peajes y cargos permitirá que la factura eléctrica tenga un mayor componente variable. Esto hará que su coste dependa en mayor medida de la energía consumida, lo que fomenta la eficiencia energética al permitir que las medidas de ahorro tengan un mayor impacto en el recibo del usuario.

Con ello se promueve el autoconsumo, que reduce la demanda de energía procedente de la red, o el despliegue de infraestructuras de recarga rápida de vehículos eléctricos. Este nuevo modelo beneficiará, además, a los consumos con componente estacional como el turismo.

No obstante, el nuevo modelo mantendrá una parte fija de los cargos para lograr un equilibrio con otras prioridades de política energética.

De esta forma permanece el incentivo para la electrificación de usos finales de energía, lo que fomenta, por ejemplo, el uso de bombas de calor, que podrían resultar más baratas y limpias que otras opciones basadas en combustibles fósiles, o la recarga doméstica de vehículos eléctricos.

Nuevo formato de factura

A estos cambios se sumará un nuevo formato de factura para usuarios con PVPC que adaptará el recibo a la división de los actuales peajes de acceso en los peajes de redes y los cargos, establecerá el contenido mínimo de la factura de los consumidores con menos de 15 kW de potencia contratada, simplificará el contenido para mejorar su comprensión, reducirá su extensión a dos páginas e incorporará nueva información como las potencias máximas que cada consumidor ha demandado en cada uno de los periodos horarios en el último año.

Se incluye, además, un código QR para para facilitar al usuario emplear el comparador de ofertas de energía en la web la CNMC de forma que pueda encontrar alternativas contractuales ventajosas.

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La economía española comienza a mostrar signos de recuperación

10 de mayo, 2021

La economía española comienza a mostrar signos de recuperación

Análisis Datos Contabilidad Nacional

30 de Abril 2021

La caída del PIB se modera en el primer trimestre de 2020

La Cámara de España prevé un contexto más favorable de cara a la segunda parte del año, con un crecimiento del PIB en 2021 superior al 5%

La colaboración público-privada es clave para garantizar la utilización eficiente de los fondos europeos Next Generation EU

Madrid, 30/04/2021. Según el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el PIB de la economía española se redujo un -4,3% interanual durante el primer trimestre de 2021. Esta caída, es 4,6 puntos porcentuales inferior a la registrada en el cuarto trimestre de 2020 (-8,9%). En tasa trimestral, el retroceso del PIB fue del -0,5%, cuando en el trimestre previo registró un crecimiento nulo (0%).

Las razones del descenso registrado este trimestre, se encuentran en el endurecimiento de las restricciones a la movilidad durante los dos primeros meses del año para intentar contener la tercera ola de la pandemia, junto con la paralización casi total de la actividad comercial y turística en amplias zonas del país.

No obstante, hay que poner de manifiesto cómo algunos indicadores económicos relativos al mes de marzo experimentaron avances sensibles, en parte, por la relajación de las restricciones y a la reapertura de la actividad comercial durante ese mes y, también, debido al efecto calendario al comparar con marzo del año 2020, mes en el que estalló la pandemia en España y en el que la actividad, sobre todo durante la segunda quincena, experimentó una contracción sin precedentes.

La aportación al crecimiento de la demanda nacional fue -2,6 puntos porcentuales (p.p.), experimentando una mejora neta respecto a la registrada en el trimestre precedente (-6,2 p.p.) debido, principalmente, al crecimiento positivo registrado por la inversión en equipo (5,9% interanual), que ha servido para compensar en parte, la caída más intensa que ha registrado la inversión en vivienda (-12,5% interanual).

El consumo de los hogares también ha mantenido un crecimiento negativo, aunque sensiblemente menos intenso que en el trimestre precedente (-4,0% interanual frente al -9,4% del cuarto trimestre de 2020).

La demanda externa, por su parte ha mejorado, reduciendo su aportación negativa hasta -1,6 p.p., cuando esta aportación se situó en -2,7 p.p. en el último trimestre de 2020. Con todo, se han registrado caídas en las exportaciones e importaciones durante este periodo, más intensas en el caso de las primeras.

La mejora relativa de la evolución del PIB durante el primer trimestre se ha trasladado al mercado de trabajo. El empleo, medido en puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, se ha reducido un -1,9% interanual, cuando durante el trimestre precedente esa tasa fue del -5,2%. Esta trayectoria en términos absolutos refleja, principalmente, el comportamiento del mercado de trabajo durante el mes de marzo, cuando se ha registrado un crecimiento positivo en los datos de afiliación a la Seguridad Social próximo al 2%, en oposición al crecimiento negativo de los dos primeros meses del año.

Previsiones económicas de la Cámara de Comercio de España

El avance en la campaña de vacunación permitirá ir suavizando paulatinamente las restricciones a la movilidad y a la actividad económica de las ramas, en particular del sector servicios, que más se han visto afectadas por la pandemia. Esta situación, junto con las medidas esperadas en el ámbito de la Unión Europea destinadas a facilitar la movilidad entre países, permite vislumbrar una fase más dinámica desde el punto de vista económico.

Este contexto más favorable se pondrá de manifiesto ya a partir del segundo trimestre de este año gracias al mencionado efecto calendario. Es previsible que el crecimiento del PIB durante el segundo trimestre de 2021 alcance los 2 dígitos al comparar la actividad de ese periodo con la registrada durante el mismo trimestre de 2020, cuando se vivió la fase más dura del confinamiento y la actividad económica se derrumbó. De hecho, este efecto calendario también será importante durante el tercer y cuarto trimestre.

La posible llegada de una parte de los fondos europeos Next Generation EU que le corresponden a España, también será un estímulo fundamental para la actividad económica durante la segunda mitad del año.

En este entorno, la Cámara de Comercio de España prevé un crecimiento del PIB en 2021 superior al 5%, dependiendo de cómo evolucionen los factores enumerados, principalmente la entrada de turistas internacionales a partir de las medidas que se tomen desde la UE y la llegada de los fondos europeos.

Este avance podría permitir recuperar cerca de medio millón de empleos en 2021, respecto a los 1,37 millones perdidos en 2020.

Dada la situación, además de proporcionar el necesario impulso a la vacunación masiva, desde la Cámara de Comercio de España se insiste en la necesidad de alcanzar los consensos necesarios sobre las reformas estructurales que requiere el país para asegurar la llegada inmediata de los fondos europeos comprometidos. En ese sentido, sería conveniente garantizar una utilización eficiente de estos recursos a través de la colaboración público-privada, instrumento capaz de lograr la transformación de nuestro tejido productivo, para conseguir un crecimiento y fortalecimiento económico más sólido, sostenible e inclusivo.

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Puesta de sol en mayo

9 de mayo, 2021
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El Gobierno inicia la reforma de la Ley del Mercado de Valores para impulsar su función en la financiación de la economía y aumentar la protección del inversor

9 de mayo, 2021

El Gobierno inicia la reforma de la Ley del Mercado de Valores para impulsar su función en la financiación de la economía y aumentar la protección del inversor

Miércoles 5 de mayo de 2021

Inversores

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado en audiencia pública un paquete legislativo que incluye la reforma de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, que permitirá potenciar la competitividad de las infraestructuras de mercado y fortalecer el régimen de supervisión aplicable a las empresas de servicios de inversión.

Este paquete legislativo incluye además tres reales decretos de desarrollo relativos a las empresas de servicios de inversión; los instrumentos financieros, el régimen de registro de valores negociables y las infraestructuras de mercado y las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La publicación de los textos tiene como objetivo que ciudadanos y operadores presenten sus aportaciones y comentarios.

Con este conjunto de normas se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias. En primer lugar, la Directiva 2019/2034, sobre régimen prudencial de empresas de servicios de inversión, que mejora el funcionamiento de estas empresas e incorpora obligaciones de solvencia específicas para estas entidades.

La norma establece un régimen prudencial propio de supervisión para estas empresas, adaptándolo a las particularidades de su modelo de negocio y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

Adicionalmente, se incluye una clasificación de las empresas de servicios de inversión, que determinará la normativa de aplicación según el nivel de activos totales, y se otorgan a la CNMV potestades para establecer el régimen aplicable, dentro de determinados márgenes, en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de las empresas de servicios de inversión. Se contempla también un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico, manteniendo la protección de los inversores.

En segundo lugar, se incorporan a la normativa española los recientes cambios aprobados en la Directiva MIFID II, con el objetivo de que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.

Con este fin, la reforma ajusta los requisitos y obligaciones administrativas que, en el contexto actual, pueden resultar redundantes, para facilitar la canalización del ahorro hacia la financiación, salvaguardando también la protección e intereses de los inversores.

También ajusta la limitación de las posiciones en determinados derivados y el correspondiente régimen de exención de cobertura con el fin de dar un impulso a los nuevos mercados denominados en euros.

Finalmente, se incluyen modificaciones puntuales del Reglamento de la Unión Europea sobre el folleto a publicar en emisiones de valores o el Reglamento de la UE de titulizaciones, entre otros.

Mejora de la competitividad de los mercados de capitales en España

Además de la transposición de las directivas europeas, este paquete normativo introduce otra serie de novedades relevantes para mejorar la competitividad de los mercados de capitales en España para la financiación de la inversión y el crecimiento empresarial.

Se propone una reforma en la Ley de Sociedades Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés). Estos vehículos tienen como objetivo favorecer la salida a bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo, y reduciendo así la dependencia del crédito bancario.

Para que puedan conseguirse estos objetivos es clave asegurar la adecuada protección de los inversores y para ello la propuesta se centra en dar certeza al reembolso de las inversiones en las SPAC.

Finalmente, se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija con el objetivo de favorecer la competitividad de los mercados españoles en este segmento tan importante para la financiación empresarial y se propone la eliminación de determinadas obligaciones de información aplicables a los participantes del mercado en el proceso de compensación y liquidación de valores, para alinear la regulación nacional a la normativa comunitaria y a la de los países de nuestro entorno.

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El Tribunal Supremo avala la aplicación de la tasa municipal a las compañías de telefonía fija e Internet por su aprovechamiento del dominio público

9 de mayo, 2021

Viernes, 7 de mayo de 2021

El Tribunal Supremo avala la aplicación de la tasa municipal a las compañías de telefonía fija e Internet por su aprovechamiento del dominio público

La Sala III aplica una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala III del Tribunal Supremo ha avalado, en aplicación de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la tasa municipal por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de acceso a Internet.

El alto tribunal ha fijado como doctrina al respecto la siguiente: “Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas”.

En la mencionada sentencia del TJUE se estableció que los artículos 12 y 13 de la Directiva autorización en su versión modificada por la Directiva 2009/140, “deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las comunicaciones electrónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los ingresos brutos obtenidos anualmente por estas empresas en el territorio del Estado miembro de que se trate”.

En aplicación de esta doctrina, el Supremo ha notificado varias sentencias en las que estima los recursos de los ayuntamientos de Pamplona, Salamanca, Alicante, Mataró (Barcelona) y Alcobendas (Madrid) en relación a la liquidación de estas tasas, que fueron recurridas por la empresa Orange.

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Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO: «El empleo registra en abril una evolución positiva en medio de la pandemia

9 de mayo, 2021

Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO: «El empleo registra en abril una evolución positiva en medio de la pandemia»

De “positivos” ha calificado los datos del empleo publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, que no obstante ha matizado que sigue habiendo casi 4 millones de personas en paro. De ahí que haya demandado un acuerdo en la mesa de diálogo social que posibilite la remodelación de las políticas activas de empleo con el objetivo de que los desempleados puedan incorporarse mediante un itinerario formación-orientación al mercado de trabajo.

05/05/2021.

En un contexto complicado, el empleo ha aumentado en abril –como suele ser habitual- y ha bajado el paro y los trabajadores en ERTE, a pesar de que este año el efecto favorable de la semana santa sobre la actividad y el empleo ha sido mucho menor debido a las restricciones que impone la pandemia.

Los datos laborales de abril son buenos: la afiliación aumenta en 135 mil personas, el paro baja en 39 mil y los trabajadores en ERTE bajan en 36 mil. Los datos desestacionalizados no son tan favorables (sube el paro y baja la afiliación). La comparación interanual está distorsionada por la situación atípica de abril de 2020, en plena explosión de la pandemia y fuerte restricción de la actividad. Si la comparación la realizamos con meses de abril anteriores, los datos son razonablemente positivos dadas las difíciles circunstancias que atravesamos.

La población asalariada afectada por un ERTE se sitúa en 638 mil personas, tras haber bajado en el último mes en 37 mil personas, que en su inmensa mayoría se han reincorporado a su puesto de trabajo como evidencia el descenso del paro registrado. El 82% personas incluidas en ERTE se han reincorporado ya a la actividad laboral y este mecanismo de ayuda pública ha permitido salvar por el momento 2,9 millones de empleos y a miles de empresas desde el inicio de la pandemia

Sin las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno y acordadas con los agentes sociales desde el inicio de la pandemia el daño en el tejido productivo y la destrucción de empleo habrían sido muy superiores, en un mercado de trabajo que ya arrastraba profundos desequilibrios agravados durante la anterior recesión (paro, precariedad, brechas de género, desequilibrio relaciones laborales).

Las medidas económicas y sociales aprobadas durante la pandemia han ido en la línea correcta, aunque han sido menos ambiciosas y redistributivas de lo que la grave situación requería, buscando minimizar el impacto económico a corto plazo aun a costa de la salud, cuando esta pandemia ha evidenciado que sin proteger en primer lugar la salud de la población no hay recuperación posible de la economía.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en clave expansiva y el aporte de los fondos europeos de reconstrucción deben ser la base para proteger a la población y recuperar la actividad productiva asentada en unos principios más sostenibles, justos y orientados a las necesidades de la sociedad a partir del establecimiento de unos objetivos claros de país que orienten la inversión.

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La ciudad de Bilbao galardonada con el Premio de Seguridad Vial Urbana de la UE

9 de mayo, 2021

EUROPEANMOBILITYWEEK

La ciudad de Bilbao galardonada con el Premio de Seguridad Vial Urbana de la UE

Comisión Europea

Año tras año, la Comisión Europea promueve el cambio hacia un comportamiento sostenible a través de la campaña EUROPEANMOBILITYWEEK. El objetivo:concienciar a la ciudadanía sobre de la movilidad activa, el transporte público y soluciones de transporte limpias e inteligentes. Este año, Bilbao recibe el Premio a la Seguridad Vial Urbana de la Unión Europea.

07/05/2021
El pasado 19 de abril, la Comisión Europea anunció los finalistas de los Premios de la Semana Europea de la Movilidad 2020, entre los que encontramos a la ciudad de Bilbao. En la ceremonia presidida por la comisaria europea de Transportes – Adina Vălean – y por el director general adjunto de la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Comisión Europea – Matthew Baldwin -, se reveló a la ciudad española como la galardonada con el Premio de Seguridad Vial Urbana de la UE.

Bilbao y la movilidad sostenible
En 2018, la ciudad redujo el límite de velocidad por primera vez casi en el 90% de sus carreteras. En el año 2020, amplió el límite de velocidad de 30km/h con el fin de abarcar toda la ciudad. Entre las acciones que desarrolla la ciudad, el tribunal quedó asombrado con las campañas de comunicación y sensibilización que se llevan a cabo para promover la seguridad vial y las medidas de inclusión de los habitantes en los debates y toma de decisiones.

Con el fin de aprender un poco más acerca de la gestión de la sostenibilidad y la seguridad vial que lleva a cabo la capital vasca, entrevistamos a Alfonso Gil – Teniente de Alcalde y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, quien afirmó sentir un gran orgullo al ser el representante de España en unos galardones tan significativos.

«Esos galardones lo que ratifican es el esfuerzo colectivo de la ciudad de Bilbao por cambiar su movilidad y por hacer de sus tránsitos internos y externos algo importante para la salud.”

El Concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao confirmó que, a pesar de considerar que la sostenibilidad es una prioridad a nivel nacional, hay que incluir el concepto ‘saludable’. Gil declaró que una movilidad sostenible implica hacer de las ciudades espacios más competitivos, convirtiéndolas en localidades con un potencial superior para superar la crisis actual. Para conseguir este objetivo, hizo una llamada a la acción a la ciudadanía y a las instituciones de otras poblaciones: “Necesitamos ciudadanos activos, ciudadanos que se comprometen con un cambio que hace que vayan menos a los centros de salud. Un ciudadano que anda o que pedalea es un ciudadano que vive más. Por lo tanto, tenemos que intentar en el conjunto de las ciudades hacer que nuestro ciudadanos sean esos agentes activos que nos hará tener una movilidad mejor resuelta.”

Objetivos actuales y futuros
Actualmente, las medidas que se han tomado respecto a la movilidad sostenible y a la seguridad vial en Bilbao están fundamentalmente dirigidas al calmado del tráfico. A pesar de haber tomado otras decisiones relacionadas, “lo más importante es calmar el tráfico para que ese pacto de convivencia de los diferentes modos que utilizamos los ciudadanos para movernos, como el zapato, la bicicleta, el transporte público e, incluso, la carga y descarga, la distribución urbana de mercancías, coexistan”, enunciaba Alfonso Gil.

En lo que respecta a objetivos futuros, el Concejal de Movilidad y Sostenibilidad alegó que seguirán trabajando en la reducción de las tasas de emisión de gases del efecto invernadero y del impacto acústico. De este modo, confirma que la continua inversión de esfuerzos en el calmado de tráfico les ayudará a lograr estos objetivos fijados.

“No puede ser que en las calles de las ciudades siga aumentando el número de accidentes, y de accidentes graves, y en cambio en las vías interurbanas disminuya. Algo estamos haciendo mal y, por lo tanto, si nos ponemos todos el objetivo de calmar el tráfico, habremos alcanzado uno de los paradigmas que, a priori, nadie pensaba que íbamos a alcanzar.”

Alfonso testificó la importancia de la pedagogía en la sensibilización ciudadana sobre la seguridad vial a través de canales diversos. Así, agradeció explícitamente la colaboración de los medios de comunicación por hacer que el conjunto de actores que co-actúan en el espacio público compartido sepan que existen unas reglas de juego que deben ser cumplidas.

“Sin ningún lugar a duda, las campañas de concienciación son fundamentales.”

El Concejal Gil afirmaba que si lo que se pretende es cambiar el paradigma de la sociedad, las campañas de comunicación son esenciales. A pesar de la relevancia de las medidas coercitivas, el Teniente de Alcalde expresaba la importancia de hacer conocer a los ciudadanos que estas decisiones se tratan de una apuesta colectiva por su salud.

La colaboración ciudadana: un factor esencial
En la ciudad de Bilbao, los ciudadanos son partícipes en los debates y en las tomas de decisiones “fundamentalmente porque si no escuchas, no vale.”, alegó Alfonso Gil. El Concejal complementaba su declaración con la importancia de la escucha ciudadana por parte de las instituciones a la hora de tomar decisiones. No obstante, afirmaba que hacer partícipe a los habitantes no exime de la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones por parte de los políticos.

“Me parece importante el liderazgo de la Comisión Europea porque si todos somos conscientes de que tenemos que cambiar, las instituciones también se tienen que implicar. Y es cierto que la Comisión Europea, a través de la Semana Europea de la Movilidad, lo que hace es concienciar.”

Gil resaltaba la importancia de que instituciones como la Comisión Europea celebren eventos y establezcan elementos como los Premios a la Movilidad Sostenible y a la Seguridad Vial para hacer ver a las ciudades que su esfuerzo se valora y se recompensa. “Esta vieja Europa necesita de cambios estructurales como estos para que sea competitiva y, por eso, pensamos en global y actuamos en local. Por eso, nosotros creemos que es muy importante lo que hace la Comisión Europea”, ratificaba el Teniente de Alcalde y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao.

“Sin los ciudadanos no hubiéramos obtenido el Premio de Seguridad Vial Urbana de la Unión Europea.

En la entrevista, Alfonso Gil quiso destacar la importancia de los ciudadanos para avanzar con los planes que se establecen acerca de la movilidad sostenible. Explicó que se trata de un esfuerzo colectivo en el que todos debemos colaborar para hacer de las medidas adoptadas una realidad y que por eso se necesitan habitantes comprometidos. Con el fin de medir el índice de concienciación ciudadana, el Concejal Gil afirmó llevar a cabo encuestas en las que los residentes exponen su opinión sobre las medidas presentadas en relación al calmado de tráfico y a la reducción de ruidos y de humos de la ciudad.

Bilbao es una ciudad con iniciativa y una gran capacidad en la toma de decisiones en lo que respecta a sostenibilidad y seguridad vial. Por este motivo, no es de extrañar que en la ceremonia de los Premios de la Semana Europea de la Movilidad 2020 la Comisaria de Transportes – Adina Vălean – dedicara estas palabras a las tres localidades galardonadas:

“Vuestros logros son inspiradores y muestran realmente cómo las ciudades y pueblos de toda Europa pueden mejorar el bienestar de sus habitantes con políticas de transporte más limpias, ecológicas y sostenibles para todos. Espero que otros imiten este ejemplo para que, entre todos, construyamos un sistema de movilidad inteligente y resiliente para las generaciones futuras, que contribuya a que alcancemos nuestros ambiciosos objetivos de reducción de emisiones.”

Este año, del 16 al 22 de septiembre, coincidiendo la finalización con el Día sin Coches, se celebrará el evento principal de la European Mobility Week. Con más pueblos y ciudades partícipantes y un gran atractivo mediático, la campaña es reconocida como una fuerza impulsora hacia la movilidad urbana sostenible en Europa.

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CAFMadrid pide que se aclare la regulación de la Ley del Suelo en lo que afecta a las Comunidades de Propietarios

9 de mayo, 2021

Tras la publicación de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid

CAFMadrid pide que se aclare la regulación de la Ley del Suelo en lo que afecta a las Comunidades de Propietarios

✓ La Ley del Suelo incluye una nueva regulación de la tramitación de las obras más habituales que se suelen efectuar en las Comunidades de Propietarios, como la supresión de barreras arquitectónicas o la instalación de aparatos de aire acondicionado, en las que se sustituye la licencia de obras por una Declaración Responsable.

✓ “La normativa actual generará incertidumbre ya que deja al arbitrio de los técnicos municipales la ejecución correcta de la obra”, señala Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid.

✓ CAFMadrid solicita que se aclaren las dudas lo antes posible ya que, aunque el Ayuntamiento tiene un plazo de un año para que se adecúen sus Ordenanzas Municipales, la nueva Ley del Suelo es de obligado cumplimiento desde el pasado 4 de noviembre

Madrid, 24 de noviembre de 2020

Con fecha 15 de octubre, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la reforma de la Ley del Suelo que incluye una nueva regulación sobre la tramitación de las obras más habituales que se suelen efectuar en las Comunidades de Propietarios, como las obras de conservación y mantenimiento, la supresión de barreras arquitectónicas o la instalación de aparatos de aire acondicionado.

A partir de ahora, aclara el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) solo será necesario una Declaración Responsable, que deberá contener manifestación expresa de los interesados, bajo su responsabilidad, del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa para realizar una determinada obra, y no una licencia municipal que autoriza el inicio de esta.

Por otra parte, están excluidos de la necesidad de contar con licencia previa, y de presentar Declaración Responsable todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica o de gas, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas en una sola vivienda o local, entre otros.

CAFMadrid considera que, aunque la tramitación por Declaración Responsable presenta como principal ventaja la reducción de los plazos para llevar a cabo la obra, existe un gran inconveniente: las
Declaraciones después pueden ser inspeccionadas por la autoridad competente y decidir que no se han hecho adecuadamente, algo que no ocurriría con la licencia de obra y que manifiesta inseguridad de la normativa.

“La normativa actual es interpretable en muchos aspectos, lo que nos genera incertidumbre”, señala Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid. “La Ley nos facilita la ejecución de las obras de forma inmediata, sin necesidad de esperar a la concesión de una licencia, pero deja en el aire su correcta ejecución ante una inspección futura”, comenta
Bajo. “Consideramos que la Ley del Suelo es positiva para desatascar las licencias de primera ocupación en obra nueva, pero no tanto para la reforma o rehabilitación de edificios existentes”, justifica.

Por otro lado, desde CAFMadrid surgen dudas sobre quién firma una Declaración Responsable, si es el presidente de la comunidad de propietarios, como representante legal, o el administrador de fincas, ya que en caso de problemas futuros no queda claro quién asume la responsabilidad. Asimismo, sugiere que todas las peticiones de actuaciones que se presenten deberían estar aprobadas previamente en la junta de propietarios de la comunidad debido a los desacuerdos que conllevan algunas de estas decisiones.

Además, CAFMadrid advierte que en la Declaración Responsable deberá manifestarse que la actuación pretendida no se realiza sobre bienes que dispongan de algún tipo de protección urbanística, cuando en Madrid el 70% de los edificios que se encuentran en el interior del anillo de la M-30 tienen esta catalogación.

En lo que se refiere a la adaptación de las distintas Ordenanzas de tramitación de licencias existentes, los ayuntamientos tienen un plazo de un año para hacerlo, aunque la Ley entró en vigor a los 20 días de su publicación, concretamente el pasado 4 de noviembre, y el consistorio madrileño ya ha dictado una instrucción interna para tramitar la solicitud de obras. Desde CAFMadrid solicitan que todas estas cuestiones se vayan aclarando en próximas fechas, una vez el Ayuntamiento defina los procesos de actuación.

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Alameda de Osuna. El Capricho. Madrid

8 de mayo, 2021
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Defensor del Pueblo. Informe anual

8 de mayo, 2021

El Defensor del Pueblo: “la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de valorar el protagonismo del estado y de los servicios y prestaciones públicas”

06/05/2021

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha entregado este jueves a las Cortes Generales el Informe Anual que recoge la gestión de la Institución en 2020, un ejercicio que ha estado marcado por la pandemia mundial de la COVID-19.

En dicho periodo, se tramitaron 29.335 expedientes, entre quejas (28.020), investigaciones de oficio (406) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y amparo (909). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.026, de los cuales 1.135 fueron presenciales y 15.891 a través de llamadas de teléfono.

La Institución, por su parte, formuló a las diferentes Administraciones un total de 1.447 resoluciones, de las cuales 536 fueron recomendaciones, 482 sugerencias, 425 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias.

Los asuntos relativos a la Administración de Justicia lideraron las preocupaciones ciudadanas (4.439). Le siguieron las quejas relacionadas con el empleo y la Seguridad Social (3.493), las migraciones (2.716), la educación (2.579) y la sanidad (2.183).

Según su procedencia geográfica, el mayor número de quejas vino desde la Comunidad de Madrid (7.362 expedientes), Cataluña (3.138), Andalucía (3.117) y Comunitat Valenciana (2.917), por este orden.

A lo largo del año 2020, una parte significativa estuvo, directa o indirectamente, relacionada con los efectos de la pandemia y las actividades para combatirla desarrolladas por las distintas administraciones.

Para el Defensor del Pueblo, esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de valorar el protagonismo del Estado y de los servicios y prestaciones públicas. Las actuaciones de carácter socioeconómico dirigidas a la protección de trabajadores y autónomos y a paliar el crecimiento de la pobreza, el paro, la precariedad y la desigualdad han buscado suavizar el impacto económico del coronavirus, a la vez que las políticas de bienestar se han enfrentado a la pandemia.

Con este esfuerzo de protección de rentas se ha mostrado una notable capacidad de llevar a cabo la recuperación de múltiples sectores y se ha comprobado que las medidas de austeridad como las aplicadas anteriormente en la Unión Europea, fueron poco adecuadas.

Estas fueron las actuaciones más destacadas de la Institución en 2020:

SANIDAD

El Defensor del Pueblo recibió el año pasado el triple de expedientes en materia sanitaria, la gran mayoría relacionadas con la crisis generada por la COVID-19.

La pandemia ha agudizado muchas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS), que ha vivido su peor crisis desde su creación y cuya capacidad asistencial, conformada por los servicios de salud de las comunidades autónomas, se vio en los peores momentos superada. La Institución lleva años advirtiendo sobre sus debilidades y deficiencias, entre las que destaca la fragilidad de la atención primaria y de los servicios de urgencias hospitalarios, el problema crónico de las listas de espera, y la insuficiente atención pública a la salud mental.

Son también problemas serios una presión asistencial muy alta, la restricción de algunos servicios, la escasez de profesionales en algunas especialidades y territorios, especialmente en la atención primaria, la desmotivación de los profesionales, el envejecimiento del equipamiento tecnológico y los problemas de mantenimiento de los hospitales, sobre todo los más antiguos.

En opinión del Defensor, esta crisis debe servir para “materializar grandes acuerdos y medidas legislativas y administrativas concretas” que solucionen las debilidades constatadas y a la vez consoliden las fortalezas del sistema y hagan posible su modernización, mediante un incremento inteligente de la inversión en medios materiales y humanos.

Al inicio de la crisis se recibieron quejas que expresaban el temor de muchas personas por su propia salud y la de los suyos y que lamentaban la saturación de los centros hospitalarios y la suspensión de la actividad ordinaria en los centros sanitarios de atención primaria.

Otras quejas denunciaban la escasez de camas, de personal entrenado y de respiradores, así como la falta de material de protección para el personal sanitario. Con el paso de las semanas, y el levantamiento del estado de alarma, las quejas se centraron en el cierre de consultorios locales, las dificultades en la atención primaria, el retraso de citas para consulta, pruebas y operaciones, el acompañamiento de pacientes hospitalizados y los protocolos de realización de pruebas de detección del virus y el retraso en obtener resultados.

Muchos ciudadanos también han manifestado a lo largo de estos meses su opinión sobre las medidas de salud pública.

La Institución decidió abrir de oficio actuaciones generales con todas las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas para conocer el esfuerzo de reorganización de sus recursos y de dotación de medios para detener la expansión de la epidemia y poder determinar aspectos de mejora. Al Ministerio de Sanidad se le fueron trasladando todas las cuestiones relevantes que reflejaban las quejas y requerían una respuesta regulatoria o coordinada.

El Defensor también inició actuaciones a raíz de quejas concretas y ha seguido actuando en aquellas reclamaciones que planteaban problemas acuciantes al margen de la pandemia como listas de espera, acceso a tratamientos especiales o medicamentos, problemas en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, peticiones de acceso a documentos o historiales clínicos.

Asimismo, abrió un expediente con el Ministerio de Sanidad y con todas las comunidades autónomas para conocer los protocolos básicos de referencia para los centros hospitalarios de cada región en cuanto a las visitas y el acompañamiento de pacientes en la situación de emergencia. Además, pidió información sobre los problemas prácticos a la hora de viajar a España desde otros países o sobre el precio de las pruebas PCR en laboratorios privados.

Con toda la información recabada, la Institución elaboró unas conclusiones acerca del impacto que ha tenido y sigue teniendo esta emergencia sanitaria en el SNS, y sobre las necesidades o carencias que han quedado más al descubierto. Estas conclusiones fueron presentadas en las Cortes Generales a finales del mes de noviembre y se enviaron al Ministerio de Sanidad y a todas las consejerías de sanidad autonómicas.

Así, la Institución resalta que es necesario invertir más, sobre todo en atención primaria y en salud pública, y reclama más personal y más medios materiales, así como acabar con la precariedad y la temporalidad de los sanitarios. Para ello, el Defensor cree que hay que asegurar el mantenimiento y refuerzo del SNS y garantizar la cohesión territorial, mediante un acuerdo de Estado estable, similar al existente para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

Urge además, dar un impulso a los servicios de salud pública, de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, así como a la investigación sanitaria. También debe abordarse la creación de una agencia estatal de salud pública con altas capacidades de gestión y decisión, especialmente ante situaciones de emergencia.

Asimismo, las comunidades autónomas deben seguir incrementando sus recursos propios de salud pública y de vigilancia epidemiológica.

A juicio del Defensor, el refuerzo de los centros de atención primaria, de sus profesionales y de sus medios técnicos y organizativos no puede demorarse, especialmente en los territorios con más problemas de escasez y falta de personal. Esta crisis debe ser una oportunidad para dar solución a los problemas de infrafinanciación de este nivel asistencial.

Es imprescindible al mismo tiempo afianzar la estructura hospitalaria. Así, las administraciones han de contar ya con planes de refuerzo, frente a las listas de espera, en las especialidades más afectadas, para la recuperación de la atención sin demoras a todos los pacientes, en términos de calidad y seguridad. Se ha de prestar una especial atención al incremento de demanda de asistencia en salud mental.

La precariedad y la temporalidad son probablemente el mayor problema estructural para muchos trabajadores del Sistema Nacional de Salud, y cada vez en un mayor porcentaje. Por ello, es necesario que las administraciones acometan una ampliación del personal fijo acorde con las necesidades estructurales constatadas y una revisión de aquellos aspectos del marco estatutario que más lo precisan, con diálogo social y con los objetivos de racionalización y modernización que resulten imprescindibles.

Por último, esta crisis ha demostrado que es preciso hacer más efectivo el mecanismo de coordinación interterritorial. Es preciso revisar y ampliar el procedimiento de toma de decisiones conjuntas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aprovechando la experiencia reciente durante la emergencia sanitaria. Aspectos como la adopción de acuerdos y su fuerza vinculante o la mayor capacidad operativa de los servicios centrales deben ser abordados y mejorados.

Los acuerdos del Consejo cuando ejerce las funciones de coordinación, en determinadas materias no únicamente relacionadas con las emergencias de salud pública, deben poder ser adoptados por mayoría y obligar a todos los territorios. Por otra parte, debe ser preceptivo que esos acuerdos del consejo sean oficialmente publicados para el conocimiento de todos los agentes implicados y la ciudadanía.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

El modelo de atención residencial a las personas mayores presenta problemas estructurales que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis sanitaria y respecto a los cuales lleva tiempo alertando el Defensor del Pueblo.

La dramática situación que se vivió en los primeros meses de la pandemia en muchos geriátricos refleja la escasez de medios y de personal y las dificultades para adoptar medidas suficientes de prevención y reacción, al tratarse de un modelo asistencial, que para la atención sanitaria depende de los servicios autonómicos de salud, los cuales se vieron desbordados.

El Defensor envió a finales de abril de 2020 recomendaciones a todas las comunidades autónomas para mejorar en esos momentos la atención sanitaria en los centros de mayores, la información a familiares y la protección de sus derechos.

A la vez, la Institución inició actuaciones de oficio con todas las consejerías de Política Social de las Comunidades Autónomas para conocer la respuesta dada en cada territorio a la situación provocada en las residencias por la pandemia y determinar los aspectos de mejora.

Fruto de estas actuaciones, y tras el estudio y análisis conjunto de quejas, la información oficial recibida, las distintas normas y la evolución de la pandemia, el Defensor elaboró unas conclusiones que fueron remitidas a finales de noviembre a las comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

A juicio del Defensor del Pueblo, el examen de las respuestas, junto con los trabajos y estudios que cada entidad está realizando a partir de las duras experiencias vividas, permitirá abordar las reformas pendientes y necesarias para la plena garantía de los derechos de los mayores en el ámbito residencial.

SEGURIDAD CIUDADANA

La declaración del estado de alarma supuso un fuerte impacto sobre las libertades de los ciudadanos y a ello hay que sumar que la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para sancionar a quienes infringiesen las prohibiciones podía suponer el pago de multas exorbitantes.

El Defensor ha sostenido una posición crítica sobre la idoneidad de la Ley de Seguridad Ciudadana para situaciones como un estado de alarma. En este sentido, Fernández Marugán reitera que es necesario reformar algunos aspectos de esta norma para conseguir el adecuado equilibrio entre libertad y seguridad.

La Institución ha tramitado quejas referidas a las restricciones sobre la libertad de circulación, a la disconformidad con las denuncias recibidas y otras que mostraban una discrepancia general con los efectos y limitaciones impuestas a los derechos ciudadanos durante el estado de alarma.

Para proteger a la ciudadanía ante las restricciones de derechos que conlleva el estado de alarma, incrementar la seguridad jurídica y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio, el Defensor formuló tres recomendaciones.

Por otra parte, la Institución inició una actuación de oficio para conocer las medidas con las que contaban las dependencias de privación de libertad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar posibles contagios. En el marco de esta actuación se formularon resoluciones a los responsables de estos centros.

Los efectos de la covid-19 también han tenido repercusión en la Administración de Tráfico y Seguridad Vial. El Defensor inició una actuación de oficio solicitando información sobre la reorganización de las pruebas de aptitud para la obtención del permiso de conducción y la forma en que se iban a realizar dichas pruebas, adaptándolas a las directrices de las autoridades sanitarias sobre distancia de seguridad y desinfección.

En 2020 se han celebrado elecciones a dos parlamentos autonómicos que han puesto de manifiesto las dificultades para desarrollar estos procesos electorales en una situación de pandemia como la actual. El Defensor insiste en la necesidad de modernizar la Ley Electoral, “inadecuada para resolver satisfactoriamente el voto desde el extranjero, la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos electorales y, ahora, una pandemia mundial con intensa repercusión en España”.

EDUCACIÓN

Fernández Marugán considera que “la educación es el principal instrumento de movilidad social y la mejor ayuda para superar desigualdades económicas y sociales”. A juicio del Defensor la pandemia ha tenido efectos negativos en esta materia, así, “ha mostrado un estancamiento de la función de ascensor social, que la educación venía realizando, poniendo al descubierto el carácter limitador con el que actúa”.

En las primeras semanas, tras la declaración del primer estado de alarma se suspendieron las clases y muchas familias trasladaron al Defensor sus dificultades para acceder a los sistemas de educación a distancia al no tener acceso a la red o no disponer de dispositivos de conexión para poder continuar con la actividad lectiva por medios telemáticos.

Estas inquietudes fueron trasladadas al Ministerio de Educación y Formación Profesional para que, una vez reanudada la actividad educativa presencial, se promoviese la adopción de las medidas compensatorias y los apoyos específicos que pudiera precisar el alumnado en función de sus circunstancias personales, así como la fijación de criterios de evaluación y promoción teniendo en cuenta los problemas específicos que la crisis sanitaria ha provocado en todas las enseñanzas.

En el mes de junio, la Institución inició una actuación de oficio con todas las administraciones educativas para conocer sus planes y previsiones de cara a la vuelta presencial a las aulas que tuvo lugar en septiembre. Esta actuación se retomó en 2021 para evaluar la idoneidad de los planes y protocolos aplicados en el nuevo curso y conocer la cobertura real de las plazas docentes.

El Defensor del Pueblo es consciente de las inversiones que todas las comunidades autónomas vienen realizando en la formación del profesorado y en la dotación de infraestructuras y equipamientos tecnológicos para el proceso de enseñanza‑aprendizaje del alumnado (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) desde el inicio de la crisis sanitaria. Sin embargo, apunta que “la pandemia ha mostrado que es necesaria una mayor inversión para conseguir la innovación metodológica y la transformación de la organización escolar, que en estos momentos resulta, más que nunca, imprescindible”.

Por otra parte, la Institución también inició una actuación de oficio tras recibir numerosas quejas sobre la atención educativa a alumnos y alumnas vulnerables o convivientes con personas consideradas de riesgo ante el coronavirus para conocer la respuesta educativa para estas familias.

Aunque la pandemia ha marcado la mayor parte de las quejas recibidas en materia de educación no universitaria, en 2020 también se han tramitado asuntos relacionados con deficiencias en instalaciones escolares, dificultades para acceder a un determinado centro, complicaciones para obtener becas y ayudas y problemas relativos a la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor.

Además, en este ejercicio han continuado llegando quejas de ciudadanos manifestando que la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no era la adecuada por la falta de medios personales o materiales necesarios para garantizar la educación inclusiva, tanto en las enseñanzas básicas, como en los niveles de enseñanza no obligatoria.

El Defensor ha continuado insistiendo en la necesidad de establecer medidas normativas y organizativas que permitan profundizar aún más en el desarrollo de la educación inclusiva.

En el ámbito de la educación universitaria, la actuación del Defensor se dirigió esencialmente a servir de enlace con las universidades cerradas por la pandemia a las que los alumnos no lograban acceder para realizar trámites académicos, y también para proporcionarles información actualizada sobre las medidas adoptadas por cada uno de los centros para finalizar el curso.

En este ejercicio también se han recibido numerosas quejas por demoras en la tramitación de expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros. A pesar de los esfuerzos y medidas adoptadas por el Ministerio de Universidades, el Defensor lamenta que durante 2020 haya continuado la situación de colapso, llegándose a acumular más de treinta mil expedientes, situación inaceptable que los órganos implicados continúan atribuyendo a estar desprovistos de los suficientes recursos humanos y materiales para hacer frente a una adecuada gestión de sus funciones.

Para paliar la falta de personal sanitario, el Defensor formuló una recomendación a la Dirección General de Ordenación Profesional y a la Secretaria General de Universidades para que facilitara la incorporación de los profesionales sanitarios que en ese momento permanecían a la espera de finalizar la homologación o reconocimiento de su formación sanitaria. Esta recomendación fue aceptada.

MENORES

El Defensor del Pueblo ha dejado constancia en los últimos años de su preocupación por el elevado número de niños y niñas tutelados por las administraciones públicas y que permanecen en centros residenciales durante periodos prolongados. Con carácter general, se puede afirmar que el deseable cambio hacia un modelo en el que prevalezca el acogimiento familiar frente al residencial no se ha producido. El año pasado, la Institución formuló varias recomendaciones a las comunidades autónomas para la efectiva implantación del acogimiento familiar como medida preferente y mayoritaria de protección de menores.

En lo relativo a los menores extranjeros no acompañados, un año más, se han recibido numerosas quejas relacionadas con los procedimientos de determinación de la edad a extranjeros indocumentados, cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad. Se mantiene la discrepancia con la Fiscalía General del Estado sobre la idoneidad y la suficiencia de las pruebas médicas realizadas.

También se siguen detectando significativas diferencias entre los datos que facilitan las entidades de protección de menores autonómicas y las que facilita el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

En 2020, a través de una Instrucción, la Dirección General de Migraciones estableció los requisitos de acceso a una autorización de residencia y trabajo de dos años, renovables por otros dos. El Defensor celebra esta medida que, junto a la aceptación de la recomendación para la modificación del régimen jurídico de las autorizaciones de residencia de los menores extranjeros no acompañados contribuirá a la necesaria mejora de la integración socio laboral de este colectivo.

Por otra parte, se han recibido quejas de organizaciones de defensa de la infancia que solicitan la intervención del Defensor para que se impulsen medidas que erradiquen la proliferación de discursos de odio contra los menores extranjeros no acompañados. En diversas ocasiones, Fernández Marugán ha realizado llamamientos para combatir los mensajes “intolerantes y xenófobos” contra estos niños y niñas.

Un año más, Fernández Marugán ha de mostrar su preocupación con la actuación y la falta de colaboración de la Dirección Provincial de Educación en Melilla que, a pesar de los reiterados requerimientos del Defensor y, de los dictámenes del Comité de Derechos del Niño, continúa sin escolarizar a un grupo de menores que han nacido en Melilla o residen en la ciudad autónoma desde hace años. Durante todo el año 2020 la Institución ha iniciado varias actuaciones y formulado sugerencias a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional para intentar solucionar esta situación.

VIOLENCIA MACHISTA

La crisis de la COVID-19 ha dado lugar a un mayor riesgo de violencia machista. En España ha descendido el número de víctimas mortales en relación al año anterior pero no la violencia. Fernández Marugán lamenta el asesinato de 45 mujeres y tres menores.

El Defensor ha realizado actuaciones de supervisión en todas las fases del sistema de protección.

A finales de 2019 se formularon recomendaciones al Ministerio de Justicia para que ampliara la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, introduciendo así la aplicación del concepto de violencia de género que establece el Convenio de Estambul. El Ministerio ha aceptado esta recomendación que está pendiente de desarrollo normativo.

También han continuado las actuaciones relativas al desarrollo de planes personales de intervención para las víctimas. El Ministerio de Igualdad se ha comprometido a redactar un protocolo de referencia que permita la elaboración de estos planes en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Un año más, se han recibido quejas que ilustran los problemas de las víctimas de violencia de género durante los procesos judiciales. El Defensor ha formulado recomendaciones al Ministerio de Justicia para evitar la doble victimización durante la tramitación de los procesos judiciales.

Por otra parte, la Secretaría de Estado de Política Territorial ha aceptado la recomendación formulada por la Institución sobre la situación de empadronamiento de las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en residencias y pisos tutelados o casas de acogida.

El Defensor también ha llamado la atención sobre la realidad de las niñas y niños que directa o indirectamente son víctimas de violencia de género. Fernández Marugán valora positivamente la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que incorpora recomendaciones de la Institución y confía en que esta nueva norma sirva para conseguir una mayor protección de los menores víctimas de violencia machista.

La especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres extranjeras expuestas a violencia de género preocupa especialmente al Defensor que ha vuelto a insistir en la necesidad de reforzar la protección frente a la expulsión de las mujeres en situación irregular que acuden a una comisaría de policía.

El Defensor ha denunciado de nuevo las dificultades para la identificación de las víctimas de trata de seres humanos y ha pedido mejorar los protocolos existentes para la detección de perfiles especialmente vulnerables. Además, ha alertado sobre la necesidad de asegurar que aquellas, pocas, víctimas que entran en contacto con las autoridades, reciban una respuesta ágil y rápida, tomando todas las medidas necesarias para su identificación y protección.

También ha señalado problemas en la identificación de menores víctimas de trata. El informe recoge las carencias detectadas por el Defensor en el caso de dos menores somalíes. Fernández Marugán insiste en la necesidad de una formación especial para las entrevistas de asilo con menores y reclama la identificación de centros adecuados para la atención de este perfil de niñas con unas necesidades específicas.

VIVIENDA

La situación de emergencia sanitaria ha tenido una especial incidencia en la ciudadanía en materia de vivienda. A pesar de las medidas de carácter extraordinario como la paralización de los desahucios, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta o las ayudas convocadas en los arrendamientos de vivienda habitual, la pandemia ha generado un fuerte impacto económico y social que está afectando a los ingresos de muchos ciudadanos que ahora no pueden hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca de sus viviendas.

El impacto de esta crisis ha afectado a determinados colectivos especialmente vulnerables para los que se hace necesaria la readaptación y ajuste de la política social de vivienda. En opinión del Defensor es necesario adoptar alternativas y medidas inmediatas que resulten eficaces para poder atender el incremento de los problemas habitacionales de estas familias. Por ello, en 2020 recomendó ampliar el plazo de solicitud de las ayudas para alquileres de vivienda habitual y también pidió incluir las situaciones de vulnerabilidad residencial derivadas de la COVID-19 en las adjudicaciones de vivienda por emergencia social.

Además, preocupa especialmente al Defensor el elevado número de quejas recibidas sobre unidades familiares compuestas por personas con hijos menores de edad, familias monoparentales o personas especialmente vulnerables, que han sido desahuciadas de viviendas públicas protegidas, sin que la administración u organismo público autonómico o local haya proporcionado una alternativa habitacional.

Los problemas para gestionar las distintas ayudas a la vivienda protagonizaron las quejas en 2020. De entre las ordinarias, destacan las relativas a las ayudas destinadas al alquiler de vivienda habitual y las relacionadas con problemas de solicitudes de reducción de cuota de alquiler, claro síntoma, a juicio de la Institución, de que la situación económica de las familias se encuentra en declive, en particular tras la crisis sanitaria.

Por otra parte, y al igual que en ejercicios anteriores, la Institución continuó recibiendo quejas de personas que, llevadas por la necesidad, han ocupado ilegalmente una vivienda. En muchas ocasiones, se trata de familias con hijos menores de edad y son las mujeres, fundamentalmente con hijos a cargo, el colectivo más vulnerable y castigado y las que con más frecuencia acuden a esta Institución solicitando auxilio.

SERVICIOS Y SUMINISTROS BÁSICOS

Desde la declaración del primero de los estados de alarma, la Institución prestó una atención preferente a las quejas vinculadas al suministro de agua, electricidad y cortes en líneas telefónicas (sobre todo en casos de teleasistencia a personas vulnerables). También se interesó por la extensión del bono social a trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo y autónomos que hubieran cesado su actividad o cuyos ingresos se hubiesen visto reducidos en un 75% y por la creación de la nueva categoría de consumidor vulnerable.

La disponibilidad de un suministro eléctrico en unas condiciones económicas que las personas puedan asumir es una cuestión capital, a juicio del Defensor del Pueblo, que recuerda que España es uno de los países donde las personas destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de las facturas de electricidad, a pesar de contar con un mix energético más favorable a mantener precios más bajos que otros países.

En opinión de la Institución, no ayudan en este asunto el gravamen tributario que afecta al conjunto de la factura (IVA al 21 % e impuesto sobre la electricidad), incluso para los suministros acogidos al bono social eléctrico, o la imposibilidad de que las personas ajusten su potencia eléctrica a sus necesidades, que pueden ser cambiantes a lo largo del año debido a las condiciones climatológicas o las condiciones de su vivienda, y que solo se ha flexibilizado durante el estado de alarma de forma transitoria y excepcional para autónomos y empresas.

Por otra parte, la Institución detectó problemas en la tramitación del bono social eléctrico para aquellas personas que por contar con menos recursos no están obligadas a presentar declaración del IRPF. Por ello, inició una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Energía y solicitó información a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que emitió un informe en octubre de 2020 coincidente con los postulados de la Institución.

Otras actuaciones destacadas del Defensor en 2020 fueron las recomendaciones realizadas para restablecer la luz en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real (Madrid) y en la zona norte de Granada.

PRESTACIONES SOCIALES Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Las prestaciones de la Seguridad Social constituyeron en 2020 una herramienta clave para la protección de los trabajadores asalariados y autónomos y de colectivos vulnerables afectados por los efectos económicos de la pandemia.

Pese a la amplitud de las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores asalariados y autónomos afectados por la crisis de la COVID-19, la Institución detectó a través de las quejas situaciones que quedaban fuera de la protección social.

Así, el Defensor efectuó numerosas propuestas al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para mejorar la protección de los trabajadores asalariados y autónomos, muchas de las cuales fueron aceptadas.

Por ejemplo, se han incluido nuevos colectivos en la protección de desempleo, algunos de ellos a instancias de la Institución, como los trabajadores cesados en período de prueba que venían de una baja voluntaria en los tres meses anteriores, los trabajadores que habían causado baja en su empleo con oferta de incorporación en otro puesto no efectiva por la situación actual, el colectivo de trabajadores fijos discontinuos, o el colectivo de artistas.

Se han establecido además nuevos subsidios específicos, como el subsidio especial para los desempleados que hubieran agotado la prestación contributiva o el subsidio asistencial (y también la renta activa de inserción) entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, y el subsidio extraordinario por desempleo para los profesionales taurinos, tras una recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo, así como mejoras de gestión en el subsidio extraordinario para empleadas de hogar o el subsidio excepcional por fin de contrato temporal.

Además, la Institución recomendó que se reconozca la prestación por desempleo a los trabajadores en situación de pluriactividad en el momento de la declaración del primer estado de alarma. Se trata de trabajadores incluidos en los ERTE de sus empresas y, al mismo tiempo, afectados por la paralización total de sus negocios o actividades como autónomos, o bien con una drástica reducción de los ingresos derivados de su trabajo por cuenta propia.

El año pasado también fueron numerosas las quejas por los problemas para contactar con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) vía telefónica o a través de la sede electrónica y por la tardanza excesiva en asignar fecha en los casos de solicitud de cita previa virtual. También se recibieron quejas por la gestión de la prestación extraordinaria por desempleo por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sobre todo por las dificultades para acceder telemáticamente a la tramitación de la solicitud, por el retraso en el reconocimiento y abono y por errores en la cuantía o en la indebida extinción de la prestación.

El Defensor abrió diversas actuaciones ante la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, y formuló recomendaciones para mejorar la gestión de la prestación extraordinaria por desempleo por ERTE y lograr una más accesible comunicación por distintos medios entre los ciudadanos y el SEPE. La respuesta fue positiva, sin perjuicio de la enorme dificultad para materializar en la práctica todas esas mejoras mientras perdure la enorme carga de trabajo y la inevitable insuficiencia a corto plazo de los medios humanos y técnicos disponibles por el SEPE.

En este contexto, el Defensor cree necesario que desde la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social y el SEPE se simplifique todo lo posible la gestión (mayoritariamente automatizada, aunque con necesarias intervenciones individuales de los empleados públicos), aprovechando la experiencia acumulada estos meses.

Por otra parte, destaca la aprobación, con el apoyo unánime del Congreso, del ingreso mínimo vital como prestación no contributiva de la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, algo por lo que había abogado el Defensor del Pueblo en su informe de 2019. En opinión de la Institución, esta nueva figura es un esperanzador e importante avance que ha supuesto la creación de una prestación de garantía de ingresos mínimos del Sistema de Seguridad Social, uniforme para el conjunto de España y con mejor adecuación y suficiencia que las rentas mínimas autonómicas hasta ahora existentes.

Sin embargo, en opinión del Defensor, es urgente resolver el elevado número de expedientes pendientes para evitar que las personas en peor situación económica sigan sin cobertura. Para ello resulta clave el aumento de la capacidad del INSS, con medios humanos y técnicos y también es necesario simplificar el procedimiento y la regulación, que son muy complejos y exigentes.

Adicionalmente, la aprobación del ingreso mínimo vital ha repercutido también en la tramitación de las rentas mínimas y el Defensor está examinando este hecho en comunidades como Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña.

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

El año pasado crecieron las quejas relativas a ayudas de alimentos, así como las ayudas al alquiler presentadas por los usuarios de los servicios sociales, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia.

Preocupa al Defensor del Pueblo el aumento de personas que se quedan sin recursos económicos de ningún tipo, sin derecho a prestación o a la espera de la resolución de ingreso mínimo vital o con una prestación o subsidio de desempleo reconocido que no resulta suficiente para afrontar el coste de sus necesidades familiares.

En este contexto, la Institución abrió una actuación de oficio para conocer el cumplimiento de los objetivos de reducción de la pobreza de la Estrategia Europa 2020. Además, preguntó al Ayuntamiento de Madrid por la gestión y motivos de la demora de la puesta en funcionamiento efectiva de la Tarjeta Familia.

Otras actuaciones destacadas en este ámbito tuvieron que ver con la atención a las personas sin hogar en la emergencia sanitaria. Tras recibir quejas al inicio de la pandemia, el Defensor solicitó información a todas las comunidades autónomas, diputaciones forales del País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y algunos ayuntamientos como el de Madrid o Torrelavega, donde estaba implicada la red municipal de recursos para personas sin hogar.

Por último, Fernández Marugán también se interesó por la precaria situación de los trabajadores temporeros en asentamientos de Huelva y Lleida.

MIGRACIONES

En 2020 cerca de 40.000 personas llegaron a España de manera irregular, de ellas más de 20.000 lo hicieron a las islas Canarias. La Institución ha recogido todas sus actuaciones y las visitas realizadas a instalaciones y centros para personas migrantes ubicados en este archipiélago en un monográfico sobre la situación migratoria en Canarias.

Ante el incremento de llegadas a costa, el Defensor inició actuaciones de oficio con Canarias, Andalucía, Illes Balears, Murcia y Comunitat Valenciana y con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para conocer las medidas sanitarias que estaban adoptando ante posibles casos de covid. El citado ministerio estableció un protocolo que ha sido objeto de seguimiento por parte de la Institución.

Con la crisis sanitaria se incrementaron los problemas de sobreocupación en los Centros de Estancia Temporal de inmigrantes (CETI), especialmente en el de Melilla. La Institución solicitó en reiteradas ocasiones el traslado de las personas más vulnerables a la península. Se llevaron a cabo algunos traslados, pero a juicio del Defensor no resolvieron la situación de este centro.

Tras decretarse el estado de alarma, la Institución comenzó a recibir quejas por la situación en la que se encontraban las personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Fernández Marugán pidió la puesta en libertad de estas personas ya que en la situación actual no podía llevarse a cabo su devolución o expulsión. Todos los internos que se hallaban en los CIE fueron puestos en libertad.

La cuestión que más ha afectado a los ciudadanos extranjeros residentes ha sido las demoras en los trámites para la obtención de las tarjetas de identidad, así como de los documentos que acreditan la condición de solicitantes de protección internacional. Con casi seis millones de residentes legales que hay en la actualidad en España, en opinión del Defensor, el Ministerio del Interior debería revisar con urgencia los medios personales y materiales asignados a la tramitación de la documentación de extranjeros. Fernández Marugán formuló una recomendación al Ministerio del Interior para que, con carácter urgente, facilitara a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita previa para solicitar protección internacional y realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales.

El número de solicitudes de asilo en España durante 2020 ha caído notablemente con respecto al año anterior, debido a una disminución del número de llegadas de extranjeros por el cierre de fronteras y las restricciones impuestas a los viajes internacionales por la COVID-19. Según datos del Ministerio del Interior, a 31 de diciembre, 88.762 personas habían formulado su solicitud.

La mayoría de las quejas continúan centradas en el acceso al procedimiento y en las demoras en la obtención de cita previa para realizar distintos trámites. Además, a pesar de las medidas adoptadas para reforzar los recursos de acogida, siguen recibiéndose quejas por problemas de acceso al sistema de acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional, en distintos puntos de España.

En 2020 la Administración ha aceptado la recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, admitiendo la compatibilidad entre los procedimientos de protección internacional y las solicitudes de residencia por arraigo. La Institución valora muy positivamente su aceptación, pues permite configurar un marco mucho más garantista y conforme con la normativa internacional.

A pesar de las medidas que se han ido adoptando para racionalizar y adaptar el sistema de acogida a una demanda creciente de solicitantes de asilo, la Secretaría de Estado de Migraciones ha reconocido que la capacidad para reforzarlo es limitada, pues el sistema se encuentra desbordado. El Defensor insiste en que han de seguir buscándose fórmulas para abordar las carencias estructurales del sistema y dar respuesta a la emergencia existente y en este sentido, reclama la participación de todas las administraciones implicadas, que deben estar coordinadas para ofrecer una acogida digna e integral a los solicitantes de protección internacional.

Durante las primeras semanas, tras la declaración de la pandemia, numerosos ciudadanos españoles y extranjeros residentes legales en España, que se encontraban fuera del país, solicitaron la intervención de la Institución para volver a territorio español. Desde el Defensor se mantuvo una comunicación constante con estas personas y se les trasladó toda la información que facilitaba el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En algunos casos la Institución formuló resoluciones que en la mayoría de las ocasiones fueron aceptadas.

IMPUESTOS

En materia de Hacienda, los asuntos relacionados con la COVID-19 superaron la mitad de las quejas recibidas.

La llegada de la pandemia y la declaración del estado de alarma plantearon dificultades para el cumplimiento en plazo de las obligaciones fiscales, por lo que el Defensor pidió acomodar el calendario del contribuyente a las especiales circunstancias que se estaban viviendo. Así, instó al Ministerio de Hacienda a que ampliara el plazo de presentación de las declaraciones trimestrales de IVA e IRPF para empresas (PYMES) y autónomos correspondientes al primer trimestre de 2020 y solicitó la ampliación de plazo en las declaraciones de IRPF y Patrimonio 2019 para aquellas personas desplazadas, cuidadoras de enfermos, con regímenes de trabajo particularmente exigentes y también para los deudos de personas fallecidas que tuvieran que hacerse cargo de presentar las declaraciones de los finados.

Otros asuntos tratados por la Institución fueron la saturación del servicio de atención telefónica y otros medios arbitrados para ayudar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones; los aplazamientos de IVA para pymes y autónomos y su compensación con las devoluciones resultantes de la declaración del IRPF 2019; y el cómputo de días del primer estado de alarma para la determinación de la residencia fiscal. Además, el Defensor pidió al Gobierno en julio una modificación normativa para aplicar a las mascarillas y a los geles hidroalcohólicos el tipo más bajo posible del IVA, incluso del 0%, por haberse convertido en bienes de primera necesidad.

Por otra parte, el distinto tratamiento fiscal de la reducción de jornada de los progenitores, adoptantes o acogedores para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad, motivó una recomendación a la Secretaría de Estado de Hacienda para que corrija esta disparidad de tratamientos y para que se contemple la situación de los profesionales por cuenta propia o autónomos. También se realizó una actuación para asegurar la confidencialidad de los datos de afiliación política o sindical en la declaración del IRPF.

Por último, destaca el hecho de que dos de cada tres de las resoluciones formuladas por la Institución en este ámbito fueron recordatorios de deberes legales por las elevadas y crónicas demoras en los procedimientos de revisión encomendados a los tribunales económico-administrativos (TEA). La Institución abrió una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Hacienda para conocer el contenido del Plan de Mejora de los TEA y el impacto de tales medidas en la corrección de las demoras.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Por lo que respecta a los asuntos relacionados con el impacto de la COVID-19 en la actividad económica, se recibieron quejas por el excesivo rigor e incluso la falta de efectividad de las líneas ICO, concebidas como un soporte financiero para el período más arduo de la pandemia. Ya en el período de “nueva normalidad”, el Defensor abrió una actuación de oficio.

También se inició una actuación general con el Banco de España al recibirse quejas de ciudadanos extranjeros, algunos de ellos personas en situación vulnerable, a quienes se les está denegando la apertura de cuentas bancarias, “por no tener la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), cuando con el Número de Identidad de Extranjero (NIE) o el pasaporte sería suficiente”. Por las quejas que han continuado recibiéndose el Defensor del Pueblo llega a la conclusión de que la apertura de una cuenta para ciertas categorías de personas, incluso para el acceso a la denominada cuenta de pago básica, puede resultar compleja. Parece que las entidades bancarias que actúan en España tienen una cierta tendencia a optar por la denegación a la mínima dificultad añadida, en lugar de gestionar ese riesgo de forma más particularizada. Por ello se mantiene el asunto en estudio.

Por otra parte, en 2020 se produjo la aprobación de la norma reguladora de las de comunicaciones comerciales de las actividades de juego (R. D. 958/2020). La valoración de la Institución es positiva porque, pese a que no aborda la prohibición absoluta de su publicidad, cuyo estudio la Administración llegó a aceptar en su día, presenta evidentes mejoras en la garantía de los derechos de los colectivos más sensibles a la problemática del juego.

JUSTICIA

En 2020 la justicia, entendida como servicio público, ha padecido los problemas derivados del cierre de las oficinas judiciales y de la suspensión de los plazos procesales hasta principios de junio. El Defensor ha tramitado numerosas quejas que han puesto en evidencia que los conocidos retrasos de la Administración de Justicia se han visto agravados por la pandemia.

Desde 2017 dos jóvenes han muerto (Melilla y Almería) tras ser sometidos a una contención mecánica en un centro de internamiento para menores infractores. Para evitar más muertes en estas circunstancias, el Defensor formuló recomendaciones al Ministerio de Justicia, a la Ciudad Autónoma de Melilla y a la Junta de Andalucía con el objetivo de abolir las sujeciones mecánicas en estos centros de todo el territorio nacional.

Fernández Marugán ha pedido al Ministerio de Justicia que derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con ellas como medio de contención y a las comunidades que suspendan su práctica mientras se produce este cambio normativo. El citado Ministerio ha informado de la constitución de un grupo de trabajo para elaborar una reforma del reglamento y atender a la recomendación del Defensor.

En el contexto actual de súbito empobrecimiento de la población, debido a los efectos económicos de la pandemia, el Defensor considera que un funcionamiento correcto del sistema de justicia gratuita es fundamental. En 2020 la Institución ha tramitado quejas en las que se planteaba su reforma para atender a todos los ciudadanos y ciudadanas que pudieran necesitar acceder a él. El Ministerio de Justicia ha anunciado que se está trabajando en varios proyectos normativos con incidencia en el sistema de asistencia jurídica gratuita. Ya en 2021, se ha aprobado el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

REGISTRO CIVIL

Un año más, la Institución continúa recibiendo quejas tanto por las demoras en la resolución de las solicitudes de nacionalidad por residencia como por los retrasos en la notificación de las resoluciones, en aquellos casos en los que no se ha consentido la notificación electrónica.

Fernández Marugán insiste, una vez más, en la necesidad de adoptar las medidas necesarias para resolver las demoras en la resolución de los expedientes de nacionalidad española por residencia, evitando así los enormes perjuicios que estos retrasos suponen a las personas afectadas. A juicio del Defensor, “esta situación debe finalizar y para ello es imprescindible una financiación económica suficiente”.

La situación del Registro Civil Central también ha sido objeto, un año más, de numerosas quejas por las demoras en la emisión de certificados y en la práctica de inscripciones de matrimonio. Tras constatar que su funcionamiento deficiente afecta a la esfera privada de las personas el Defensor ha formulado resoluciones para intentar paliar esta situación. Así, ha recomendado a la Secretaría de Estado de Justicia dotar al registro de los medios necesarios para prestar un servicio público de calidad, ágil y eficiente. También ha pedido abordar, con carácter urgente, la digitalización del registro civil. Por último, recomendó a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid que reforzase, de manera urgente, el personal que atiende el servicio de certificaciones y asuntos generales del Registro Civil Central.

En su informe anual, Fernández Marugán señala que el retraso en la entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil ha provocado una ralentización en su modernización. El 30 de abril de 2021 por fin ha entrado en vigor tras una espera de casi diez años.

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

El empleo público ha sido uno de los pilares esenciales en los que el Estado se ha apoyado para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. El Defensor quiere mostrar su agradecimiento a todos los empleados públicos por el esfuerzo realizado para la garantía y mantenimiento de los servicios y en especial al personal sanitario y no sanitario de los servicios de salud que “han respondido y responden ejemplarmente”.

Fernández Marugán reafirma el valor del empleo público como uno de los pilares básicos del Estado para la garantía de los derechos y valores fundamentales reconocidos en la Constitución y reclama mantenerlo y reforzarlo, especialmente en aquellos sectores que prestan y garantizan servicios esenciales a la comunidad.

Tras la declaración del estado de alarma, la Institución inició actuaciones para interesarse por las condiciones laborales en las que estaban realizando su labor los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos y los funcionarios de los centros penitenciarios. Fernández Marugán pidió que se les facilitaran dispositivos de detección del COVID-19 y equipos de protección individual para poder desarrollar su trabajo con seguridad.

Por otra parte, en 2020 se han seguido recibiendo quejas relativas al retraso en la ejecución y resolución de las convocatorias de empleo público. En este ejercicio, motivadas en su mayoría por las medidas excepcionales decretadas para hacer frente a la pandemia.

MEDIO AMBIENTE

La crisis provocada por la COVID-19 tuvo también su impacto en el ámbito medioambiental. Por un lado, el confinamiento decretado por el Gobierno en marzo de 2020 se tradujo en una cierta mejora de varios parámetros ambientales como la calidad del aire o la conservación de la biodiversidad, provocados por la paralización de las actividades económicas. Además, las limitaciones provocaron que las molestias por ruidos generados por actividades económicas, que habitualmente son el mayor número de quejas que se reciben, se redujeran sensiblemente o incluso concluyeran de forma abrupta al cesar definitivamente la actividad de los locales de hostelería.

Por otro lado, el retraso en la tramitación y la restricción de la atención a la ciudadanía provocada por la suspensión generalizada de procedimientos administrativos decretada durante el confinamiento fue motivo de queja por parte de los ciudadanos. Y también crecieron las quejas por las sanciones impuestas por las autoridades municipales por prácticas inadecuadas y depósitos irregulares de cartones y restos de paquetería y mensajería en general, al haberse incrementado enormemente la práctica de las compras a través de internet.

De entre las actuaciones del Defensor en materia medioambiental destacan las recomendaciones para que no se celebren monterías en el Parque Nacional de Monfragüe y la resolución por la que la Institución ha instado a la Junta de Extremadura a elaborar y aprobar a la mayor brevedad el plan de recuperación del lobo en la región, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio y Biodiversidad.

Por lo que respecta a la contaminación atmosférica, el año pasado se formularon nuevas resoluciones para mejorar el control ambiental de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera en la Comunidad de Madrid y se continuaron los trabajos en el marco de la actuación de oficio iniciada en 2019 sobre la zona de bajas emisiones “Madrid Central”.

EL RETO DEMOGRÁFICO Y LA ESPAÑA VACÍA

El Defensor continuó en 2020 trabajando sobre el problema de la despoblación en España. A juicio de la Institución, el objetivo prioritario de todas las administraciones públicas a la hora de afrontar el reto demográfico debe ser garantizar a los ciudadanos la existencia de unos servicios públicos de calidad de forma universal.

En este contexto y como consecuencia de la pandemia, el año pasado la obligada permanencia de muchas personas en su domicilio, lo que incluye a estudiantes de todos los niveles que debían recibir clase y realizar tareas escolares y un incremento sin precedentes del teletrabajo, ocasionaron un aumento de las quejas relacionadas con los déficits de la red en muchos puntos, fundamentalmente en la conocida como «España vacía». Aunque los casos de ausencia absoluta de señal son cada vez menos frecuentes, se aprecia en estas quejas la persistencia de zonas en que la calidad de la señal disponible resulta incompatible con los requerimientos derivados de los ritmos de trabajo y estudio que se han ido implantando.

Por otra parte, los problemas de accesibilidad y continuidad de suministro eléctrico en las zonas rurales tienen una causa común con los que se producen en zonas urbanas: la falta de inversiones en la red y un marco normativo caracterizado por la ausencia de incentivos eficaces para prestar un servicio de calidad. La Institución ha podido constatar una especificidad en la España despoblada que apunta a un déficit estructural, que compromete el principio constitucional de que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

En esta línea, el Defensor recomendó a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias sufragar la instalación eléctrica en el pueblo de la Prohida, que no cuenta con acceso a la red eléctrica. Además, la Institución también intervino ante las autoridades autonómicas correspondientes en casos como los cortes de suministro en municipios de la provincia de León provocados por un temporal de nieve o por las interrupciones del suministro en la zona de Villalba de la Sierra a Cañamares (Cuenca).

TRANSPORTE

El año pasado el Defensor recibió quejas por la resistencia de algunas compañías aéreas a devolver el dinero de billetes para trayectos anulados por las limitaciones establecidas durante el estado de alarma. Tras abrir una actuación de oficio sobre este asunto, la Institución instó a la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) a inspeccionar lo que estaban haciendo las compañías. En su respuesta, este organismo ha comunicado que ha abierto procedimientos de investigación a nueve compañías, y que una vez concluyan las actuaciones se analizará si procede la apertura de procedimientos sancionadores. En paralelo, la Institución inició actuaciones con la Subsecretaría del Ministerio de Consumo.

Por otra parte, destacan también las actuaciones promovidas por la Institución a través del Defensor del Pueblo Europeo ante la Comisión Europea en relación con los servicios de acompañamiento de menores. El hecho de que tales servicios sean voluntarios para las empresas suscitó algunas quejas de familias separadas con dificultades de mantener un régimen de visitas con ambos progenitores. En el caso de España, el hecho insular supone un problema añadido, debido a la falta de alternativas de transporte. El Defensor del Pueblo concluyó que, para garantizar adecuadamente el derecho de los menores cuyos padres viven separados a mantener el contacto con ambos, es necesario, en determinados casos, contar con facilidades para que el menor pueda viajar solo, regulación esta que aún no está adecuadamente garantizada.

En materia de transporte por ferrocarril, el Defensor continuó en 2020 la investigación de oficio iniciada un año antes para conocer el criterio global de Renfe y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la estrategia a seguir para evitar que las poblaciones rurales alejadas de los ejes principales de comunicación queden en una situación de progresivo aislamiento, bien por insuficiencia de servicios ferroviarios o su paulatina reducción, bien por la falta de conexiones o por el deficiente funcionamiento de las existentes.

Además de esta investigación general, se tramitaron quejas relativas a reducciones de servicios ferroviarios que perjudican a zonas concretas del territorio nacional, con especial incidencia en localidades del ámbito rural, como las que denuncian la supresión de conducciones y paradas en la línea que conecta los municipios de la comarca de La Alcarria con Guadalajara y Madrid; la progresiva eliminación de servicios en las líneas que unen las provincias de Granada y Almería con las de Alicante y Valencia; o las reducciones de horarios, la antigüedad de las infraestructuras y las frecuentes averías de las unidades que prestan servicio en la línea Bobadilla-Algeciras.

CULTURA

El mundo de la cultura se ha visto muy severamente afectado por la pandemia. Espectáculos de todo tipo han tenido que cancelarse o ver muy limitado su aforo, de manera que los profesionales del sector, así como el empleo derivado o dependiente de estas actividades, ha quedado en una situación de vulnerabilidad. En su informe, Fernández Marugán reclama ayudas, subvenciones y planes de apoyo para este sector.

CENTROS PENITENCIARIOS

En 2020 se iniciaron 939 expedientes, una cifra muy elevada, el año anterior fueron 722. Este incremento se puede explicar por la crisis sanitaria y el mejor conocimiento de la institución a través de las visitas que realiza como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Las quejas más frecuentes fueron las relativas a aspectos higiénicos, sanitarios y alimenticios (334), traslados (127), comunicaciones (112), permisos (76), separación interior/clasificación (59) y malos tratos (43).

Para preservar la salud de los internos e internas, una vez decretado el estado de alarma se propició la salida de prisión de unas 3.000 personas. El Defensor, que desde las primeras semanas de pandemia mantiene abierta una actuación de oficio para hacer un seguimiento de la incidencia del coronavirus en prisión, valora positivamente las medidas tomadas por las administraciones penitenciarias que sirvieron para contener el virus en los centros.

También reconoce el esfuerzo de los funcionarios de prisión y destaca el compromiso de los propios presos, que han debido soportar la inevitable limitación de algunos de sus derechos en aras de la preservación de la vida y la salud.

Decretado el estado de alarma, se suspendieron las visitas en los centros penitenciarios. Para que las personas privadas de libertad pudieran mantener contacto con sus familiares se les facilitaron teléfonos móviles que permitían la realización de videollamadas. El Defensor aplaudió esta iniciativa y abogó por la extensión de este tipo de terminales a todos los centros para que llegaran al mayor número de internos e internas posibles. Además, reclamó que su uso se extendiera más allá de las videollamadas con familiares permitiendo acceder a servicios de orientación jurídica, servicios de asistencia religiosa, servicios comunitarios de asistencia psicológica telefónica actualmente disponibles para personas libres, etcétera.

Muchas de las recomendaciones formuladas por el Defensor en el informe “Las personas con discapacidad intelectual en prisión” fueron aceptadas en este ejercicio. Así, la Secretaría de Estado de Justicia ha valorado positivamente la petición de transformar las penas privativas de libertad en medidas de seguridad para los supuestos de discapacidad intelectual inadvertida y se ha comprometido a tomarla en consideración en la reforma del Código Penal.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha aceptado la recomendación de incluir a los presos con discapacidad intelectual en la Agenda Social y en la Estrategia Española y Plan de Acción sobre Discapacidad, como colectivo especialmente vulnerable. También la administración penitenciaria catalana se ha comprometido a seguir las recomendaciones formuladas por el Defensor para mejorar la situación de estas personas.

ACTIVIDAD DEL MNP

La pandemia también marcó la actividad que realiza el Defensor, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en el pasado ejercicio. Desde el inicio de la crisis sanitaria, el MNP estuvo en contacto con responsables de centros de privación de libertad para conocer las medidas tomadas para proteger la salud de las personas privadas de libertad y de los funcionarios.

En los primeros meses del estado de alarma, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, el MNP realizó tareas de supervisión a distancia o sin contacto. En total se realizaron 49 actuaciones no presenciales.

En el momento en el que se pudieron realizar visitas ordinarias con todas las garantías para los técnicos que las realizaban y para los internos y personal de los lugares de privación que recibían la visita se retomaron estas inspecciones en profundidad. En total se han realizado 115 actuaciones de supervisión de las que 66 han sido visitas presenciales a lugares de privación de libertad.

En 2020 se formularon 671 resoluciones (57 recomendaciones, 598 sugerencias y 16 recordatorios de deberes legales) para la mejor prevención de la tortura, el maltrato y el respeto de los derechos fundamentales de las personas mientras están privadas de libertad, en lo que se refiere a instalaciones y sobre todo a los procedimientos que les son aplicados durante esta situación.

Todas las actuaciones realizadas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se detallarán en el informe específico que cada año publica el Defensor.

CONSTITUCIONALIDAD ESTADO DE ALARMA

Algunos ciudadanos solicitaron al Defensor la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus prórrogas.

El Defensor decidió no interponer recurso ya que, a su juicio, las restricciones producidas en el ejercicio de algunos derechos fundamentales estaban justificadas por la existencia de una grave pandemia y se adoptaron en el marco del artículo 116 de la Constitución. Fernández Marugán señaló que “ni el Gobierno declarando el estado de alarma, ni el Congreso de los Diputados prorrogándolo, quisieron suspender derechos fundamentales. Lo que se quería era confinar a la población para salvar la vida y preservar la salud del mayor número de personas posible”.

Tras la declaración del segundo estado de alarma a través del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, algunas personas solicitaron al Defensor la interposición de recurso de inconstitucionalidad. Ya en 2021, Fernández Marugán anunció la no interposición de recurso al considerar que la declaración del segundo estado de alarma también respetó la Constitución.

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El mes de abril finaliza con 638.283 personas en ERTE

8 de mayo, 2021

El mes de abril finaliza con 638.283 personas en ERTE

Miércoles 5 de mayo de 2021

La Seguridad Social registró 638.238 personas protegidas por ERTE a 29 de abril*, según los datos provisionales recogidos por el organismo. El número de trabajadores en ERTE continuó disminuyendo por segundo mes consecutivo desde el pico de la tercera ola, cuando alcanzó a los 978.438 trabajadores.

La relajación de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia y el avance de la campaña de vacunación han contribuido a este nuevo descenso.

Respecto al último día de marzo, se ha producido un descenso de 36.621 personas si tenemos en cuenta la serie revisada en función de las personas en alta afectadas. Según la fecha de notificación (**ver nota al final de este documento), se ha producido un descenso de 105.345 personas.

De media en abril, ha habido 650.180 personas en ERTE, de los que 454.765 eran de los RDL 30/2020, 35/2020 y su prórroga en el RDL 2/2021, por tanto, con exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Respecto al mismo mes de 2020, cuando se registró el momento más agudo de la crisis, se ha producido un descenso de 2,98 millones de personas en ERTE, según fecha de alta, y de 2,75 millones, según fecha de notificación. En ambos casos, suponen un descenso de más del 80%.

El 70% con exoneraciones a la Seguridad Social

De las 638.283 personas en ERTE asociado a la COVID-19 a finales de abril (día 29), 447.263 -el 70% del total- lo están en algunas de las modalidades que se pusieron en marcha a partir del 1 de octubre, prorrogadas a partir del 1 de febrero, y que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.

En concreto, 22.843 personas están acogidas a ERTE de impedimento, otras 170.902 a ERTE de limitación y otras 253.518 a ERTE de sectores ultraprotegidos y su cadena de valor. Los primeros han sido los que han registrado una mayor variación respecto al fin de marzo, casi un 60%, debido al levantamiento de algunas restricciones administrativas.

Fuera de estas modalidades, ya sin exoneraciones, hay otras 191.020 personas en ERTE de Fuerza Mayor o ETOP.

Dentro de las 638.283 personas en ERTE al cierre del mes, 195.224 estaban suspendidas a tiempo parcial.

Concentración sectorial y geográfica

El número de trabajadores en ERTE supone el 4,4% de los afiliados del Régimen General (sin sistemas especiales) con una gran concentración sectorial. De hecho, de las 100 actividades, dos (Alojamiento y Comidas y Bebidas) concentran casi la mitad de las personas en ERTE.

En términos absolutos, el mayor número de trabajadores acogidos a esta fórmula de protección, concretamente, corresponde a Servicios de comidas y bebidas con 196.639 personas, que suponen casi el 23,65% del total de los afiliados en este sector.

Los sectores con mayor porcentaje de trabajadores en ERTE son: Agencias de viajes, con el 58,26% de sus afiliados en esta situación; Servicios de alojamiento, con un 52,12% de sus afiliados bajo este instrumento de protección, Transporte aéreo (41,99%) y Actividades de juegos de azar (33,85%).

Geográficamente, también existe una importante concentración en las zonas con mayor actividad turística. En concreto, Las Palmas es la provincia con más trabajadores en ERTE (15,04% de sus afiliados). Le sigue Santa Cruz de Tenerife, con un 12,02%, y Baleares, con un 8,87% de sus trabajadores en ERTE. Ciudad Real y Guadalajara son, por el contrario, las provincias que menos trabajadores tiene en estos mecanismos, con un 1,99% del total.

NOTAS SOBRE PUBLICACIÓN DE LOS DATOS DE ERTE:

  • Debido a problemas técnicos, el último dato de referencia es del 29 de abril. Tan pronto como sea posible se actualizarán a 30 de abril.

**Dado que las fechas de solicitud del ERTE y la de sus efectos pueden ser distintas, hay una cierta disparidad entre la fecha de notificación -los datos comunicados hasta esa fecha- y la fecha en la que produce efectos -en alta- (por ejemplo, puede ser que una empresa comunique a la Tesorería el ERTE de su plantilla el 10 de diciembre, cuando éste tiene efectos ya desde el 20 de noviembre). En aras de la transparencia, en el Excel adjunto se pueden consultar las series revisadas tanto de las personas en ERTE por su fecha de alta -una serie que requiere actualización diaria- como por la fecha de notificación para que se puedan realizar las comparaciones oportunas.

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Transferencia OMF para la cancelación de un préstamo hipotecario

8 de mayo, 2021

Transferencia OMF para la cancelación de un préstamo hipotecario

04/05/2021 Banco de España

Si has decidido comprar un inmueble que está gravado por un préstamo con garantía hipotecaria, y en lugar de solicitar un cambio de titularidad en dicho préstamo, has decidido solicitar un nuevo préstamo con otra entidad, antes de llevar a cabo la compra y liquidar la deuda, el banco del vendedor deberá emitir un certificado de saldo que incorpore los intereses vencidos no pagados.

Esta deuda podrá ser cancelada bien mediante cheque ante notario o mediante una transferencia OMF (también conocida como transferencia vía el Banco de España o simplemente transferencia urgente).

¿Qué es una transferencia OMF?

Son transferencias realizadas a través de TARGET2 , en las que el importe de dinero llega a la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario, en este caso a la cuenta del banco del vendedor del inmueble, el mismo día en el que se ordena la transferencia.

Es habitual que las entidades ordenen este tipo de transferencias para traspasar importes destinados a la cancelación o subrogación de préstamos.

¿Cómo debe ser la actuación de las entidades que llevan a cabo esta operativa?

Tu banco debe asegurarse de que la transferencia cumpla eficientemente su finalidad de cancelación económica del préstamo original a nombre del vendedor, cancelación que, en todo caso, debe contar con el consentimiento de este último.

El banco del vendedor procederá inmediatamente a realizar la amortización pactada del importe transferido. Existe un procedimiento operativo normalizado entre bancos que utiliza un código especial y que sirve al banco del vendedor diferenciar este tipo de operaciones, para, en caso de contar con instrucciones del cliente, proceder a la cancelación del préstamo.

Ten en cuenta que una vez abonada la totalidad de la deuda pendiente de un préstamo hipotecario, el banco, a solicitud del cliente, tiene obligación de emitir un certificado de cancelación económica de la deuda sin cobrar ninguna comisión por ello.

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La reserva hídrica española se encuentra al 60,9 por ciento de su capacidad

8 de mayo, 2021

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 60,9 por ciento de su capacidad

Miércoles 5 de mayo de 202

Mapa de la reserva hídrica por cuencas

La reserva hídrica española está al 60,9 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 34.036 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 11 hectómetros cúbicos (el 0,0 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
•Cantábrico Oriental se encuentra al 79,5%
•Cantábrico Occidental al 77,6%
•Miño-Sil al 71,2%
•Galicia Costa al 73,7%
•Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
•Duero al 77,9%
•Tajo al 64,1%
•Guadiana al 41,2%
•Tinto, Odiel y Piedras al 82,1%
•Guadalete-Barbate al 45,9%
•Guadalquivir al 42,0%
•Cuenca Mediterránea Andaluza al 52,0%
•Segura al 47,0%
•Júcar al 62,5%
•Ebro al 79,3%
•Cuencas internas de Cataluña al 86,6%

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 52,2 mm (52,2 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

Tabla reserva total embalsada
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Estado de situación del COVID-19

8 de mayo, 2021

Estado de situación del COVID-19

Viernes 7 de mayo de 2021

Cartel información actualizada de los datos COVID-19 a 7 de mayo de 2021

Actualización nº 370. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 07.05.2021 (datos consolidados a las 14:00 horas del 07.05.2021).

El presente informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las Comunidades Autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (al sistema SiViEs).

Se incluyen los casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. Cualquier futura actualización que realicen las comunidades autónomas quedarán reflejadas en los informes diarios.

En España hasta el momento se han notificado un total de 3.567.408 casos confirmados de COVID-19 y 78.792 fallecidos.

Más información.

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