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17 de octubre, 2019
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Gómez-Acebo & Pombo, la Fundación Fernando Pombo y Blockchain Work Labs realizan la primera emisión de “Tokens Pombo”

17 de octubre, 2019

15 de octubre, 2019
Gómez-Acebo & Pombo, la Fundación Fernando Pombo y Blockchain Work Labs realizan la primera emisión de “Tokens Pombo”
Diez entidades participan en la primera emisión de tecnología blockchain realizada por un despacho de abogados en España

ga-p

La suscripción de los “Tokens Pombo” impulsará proyectos jurídicos con colectivos vulnerables

15 de octubre de 2019. La sede del despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo ha sido hoy el escenario de la primera emisión de tokens con tecnología blockchain realizada por una firma legal en España. La emisión ha sido suscrita por CEMEX, EBN Banco, Ford, Fundación Bancaria Ibercaja, Fundación Botín, Fundación Mutua Madrileña, Grupo Romeu, IBM, MACSA ID y Mutualidad de la Abogacía.

Esta iniciativa pretende hacer partícipes a instituciones, empresas y fundaciones de los proyectos sociales coordinados por la Fundación Fernando Pombo, ofreciendo la máxima transparencia y garantías que facilita la tecnología blockchain.

Los “Tokens Pombo” son una iniciativa pionera en el sector legal, promovida por la Fundación Fernando Pombo, Gómez-Acebo & Pombo y la empresa tecnológica Blockchain Work Labs, que pretende impulsar una forma disruptiva de desarrollo y participación en proyectos de innovación jurídica para la transformación social.

Este nuevo modelo de captación de fondos permite, además de dar mayor transparencia y trazabilidad a sus donantes, hacerles partícipes en las decisiones sobre el destino de sus fondos. Después del éxito de esta primera emisión de “Pombos” se pretende ampliar este proyecto con otras emisiones en el futuro, para seguir avanzando en la responsabilidad social con fuerte impronta innovadora.

Las entidades suscriptoras de los “Tokens Pombo” pueden seleccionar de entre los proyectos que lidera la Fundación Fernando Pombo, a cuáles de ellos prefieren asignar sus tokens. Los proyectos están centrados en “Menores y Salud”, “Violencia de género en adolescentes y mujeres mayores” y “Víctimas de Trata”.

La captación de fondos para los proyectos de la Fundación Fernando Pombo a través de tecnología blockchain permite la reducción de costes de tiempo y gestión y la masificación del proceso de donaciones por las entidades con la consiguiente agilización de los flujos que en materia de responsabilidad social se trasladan desde las empresas a la sociedad.

Carlos Rueda, socio director de Gómez-Acebo & Pombo, aseguró en la presentación que “estamos muy orgullosos de haber puesto en marcha un proyecto tan innovador en el mercado legal español al servicio de las iniciativas solidarias que nos presenta hoy la Fundación Fernando Pombo. Quiero agradecer personalmente a las entidades aquí presentes que nos van a acompañar en esta aventura su apoyo en algo que, sin duda, marcará un antes y un después en el mundo jurídico y en la forma de articular las aportaciones a proyectos solidarios”.

Francisco Peña, presidente de la Fundación Fernando Pombo, afirmó que “con este proyecto pretendemos impulsar el compromiso de la abogacía con la innovación social y la transparencia”. Por su parte, Carmen Pombo, directora de la Fundación Fernando Pombo, ha destacado que “estos tokens tienen un único y claro objetivo: impulsar proyectos para mejorar el acceso a los derechos de colectivos vulnerables”.

Juan García, CEO de Blockchain Work Labs señaló que “la tecnología es una herramienta que debe tener como objetivo mejorar la vida de las personas. Nosotros apostamos por blockchain como elemento disruptivo para generar un valor añadido en las empresas e iniciativas del tercer sector, aportando confianza y transparencia a la información”.

Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo presta asesoramiento jurídico en todas las áreas del derecho de los negocios desde 1971. A lo largo de casi cinco décadas se ha consolidado como referente internacional en todos los sectores de actividad. Opera desde nueve ciudades: Barcelona, Bruselas, Bilbao, Lisboa, Londres, Madrid, Nueva York, Valencia y Vigo. Para más información: www.ga-p.com

Fundación Fernando Pombo
La Fundación Fernando Pombo tiene como misión impulsar en la abogacía el compromiso con los más desfavorecidos. Entre sus líneas de actuación está la creación de proyectos jurídicos para la mejora de derechos de colectivos vulnerables, especialmente, “Personas sin hogar”, “Mujeres vulnerables”, “Pacientes vulnerables” y “Migrantes forzosos”. Todos los proyectos, coordinados íntegramente desde la Fundación, se basan en el trabajo en redes de colaboración, principalmente entre la abogacía de los negocios y el sector social, incluyendo despachos de abogados, abogados de empresa, fundaciones, ONG, emprendedores sociales, universidades, clínicas jurídicas, administración pública e instituciones representativas ámbito nacional e internacional. Para más información: www.fundacionpombo.org

Blockchain Work Labs
Blockchain Work Labs es una compañía referente en la transformación digital de las empresas, con gran experiencia en el desarrollo de soluciones de alto valor añadido que promuevan la innovación tecnológica. Su gran experiencia en el desarrollo de soluciones mediante tecnología blockchain, les ha permitido convertirse en uno de los pocos Business Partners de IBM en tecnología Blockchain a nivel nacional. Para más información: www.blockchainworklabs.com

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Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias mantienen su tendencia a la baja y caen un 32,9 por ciento en el segundo trimestre del año

17 de octubre, 2019

Lunes, 7 de octubre de 2019

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias mantienen su tendencia a la baja y caen un 32,9 por ciento en el segundo trimestre del año

También disminuyen, un 6,6 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018, los lanzamientos practicados por impago de alquiler. Los concursos presentados en los juzgados de lo mercantil se incrementaron un 11,4 por ciento, y los de personas físicas un 46 por ciento. Las demandas por despido aumentan un 9,1 por ciento

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2019 ha sido de 14.756, lo que supone un descenso del 14 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018. Las dos terceras partes de esos lanzamientos (9.802, equivalentes al 66,4 por ciento) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 3.806 (el 25,79 por ciento) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 restantes obedecieron a otras causas.

Estos y otros datos están incluidos en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

Son los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, que han descendido un 32,9 por ciento, los que han experimentado una disminución interanual más acusada. Por su parte, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se han reducido en un 6,6 por ciento.

Cataluña (con 3.433, el 23,3 por ciento del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos. Le siguen Andalucía (con 2.456), la Comunidad Valenciana (con 1.960) y Madrid, con 1.637.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 2.281, el 23,3 por ciento del total; seguida por Andalucía, con 1.336; Madrid, con 1.269; y la Comunidad Valenciana, con 1.194. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 934; seguida por la Comunidad Valenciana, con 694; Cataluña, 689; y Murcia, 311.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2019 fue de 18.594, un 9,4 por ciento menos que en mismo trimestre de 2018. De ellos, 10.894 terminaron con cumplimiento positivo, con una disminución interanual del 12,1 por ciento.

Durante el segundo trimestre de este año se presentaron 3.857 ejecuciones hipotecarias, lo que supone un descenso interanual del 46 por ciento.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña, con 787, cifra que representa el 20,4 por ciento del total nacional; le siguen Andalucía (con 740); la Comunidad Valenciana (con 538); Madrid (con 446) y Murcia, con 218.

Importante aumento del número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el periodo analizado, contando tanto los presentados en los Juzgados de lo Mercantil como los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, fue de 2.982, de los que 1.254 correspondieron a personas físicas no empresarios. Esto ha supuesto un incremento del 23,7% respecto al segundo trimestre de 2018.

En los juzgados de lo mercantil se han presentado un total de 1.728 concursos, un 11,4 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior. Cataluña, con 528, ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los juzgados de lo mercantil, lo que supone el 30,6 por ciento del total y más del doble de la comunidad que ocupa el segundo lugar, que es Madrid, con 262. Les siguen la Comunidad Valenciana, con 211, y Andalucía, con 205.

Aumentan un 46 % los concursos presentados por personas físicas

Los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción, en total 1.254, han experimentado un incremento del 46% respecto al segundo trimestre de 2018. Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma con más concursos presentados (403, que representan el 32,1 por ciento del total nacional), seguida por Madrid (con 208); Andalucía (con 164) y la Comunidad Valenciana, con 160.

En los Juzgados de lo Mercantil se han declarado en el segundo trimestre de 2019 un total de 1.034 concursos, lo que supone un incremento del 12,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 395 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

En el mismo periodo llegaron a la fase de convenio un total de 138 concursos; 745 (un 11,3 por ciento menos que un año antes) iniciaron la fase de liquidación.

Expedientes de Regulación de Empleo

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), las cifras ponen de manifiesto que en el segundo trimestre de 2019 han aumentado un 15,6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. En el trimestre analizado se presentaron un total de 126 expedientes.

En los juzgados de lo mercantil se han admitido a trámite 18 concursos consecutivos[1] en el segundo trimestre de 2019, por los 26 admitidos en igual trimestre del año anterior. Se han declarado 296 concursos consecutivos, por 130 declarados en el segundo trimestre de 2018. De ellos 208 han sido declarados en Cataluña.

Las demandas por despido aumentan un 9,1 por ciento

El número de demandas por despido presentadas en el segundo trimestre de 2019 ascendió a 28.121, lo que representa un incremento del 9,1 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018. Cataluña (con 5.197, el 18,5 por ciento del total nacional) y Madrid (con 5.172 demandas, el 18,4 por ciento del total nacional) han sido las comunidades en las que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Andalucía (con 4.364, que equivale al 15,5 por ciento del total) y la Comunidad Valenciana, con 3.036 (10,8 por ciento).

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 33.623, ha sido un 0,1 por ciento superior a las presentadas en el segundo trimestre de 2018. De ellas, 6.000 se presentaron en Andalucía (17,8 por ciento del total); 5.926, en Madrid y 3.735, en Cataluña.

Los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de 2019 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 173.413, lo que supone un incremento interanual del 11,2 por ciento. Se han observado incrementos en todos los tribunales superiores de justicia salvo en Castilla y León. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Andalucía, donde se presentaron un total de 33.952; seguida de Madrid (con 27.297) y Cataluña, con 24.403.

En el segundo trimestre de 2019, se han presentado 6.403 monitorios europeos, de los que 1.137 lo fueron en Cataluña; 1.120, en Madrid; y 1.023, en Andalucía. Al igual que en el trimestre anterior, el crecimiento de este tipo de procedimiento ha sido muy importante. El número de presentados en el segundo trimestre de 2019 es más del doble de los presentados en el primer trimestre, 2.852, y supera a los presentados durante todo el año 2018, que ascendieron a 5.884.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En el segundo trimestre de 2019, en los juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas) se han presentado un total de 32.538 asuntos; se han resuelto 38.521 y han quedado en tramitación 255.247. Las sentencias dictadas han ascendido a 31.630, de las que el 96,6 por ciento han sido estimatorias.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el segundo trimestre de 2019, han ingresado 953 y se han resuelto 772. El mayor número de demandas (254), que representan el 26,7 por ciento del total nacional, se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía, con 221; Madrid, con 92, y la Comunidad Valenciana, con 90.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de 2019 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/
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Monumento. Fundación Pablo Iglesias

16 de octubre, 2019
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Calle de la Unión. Madrid

16 de octubre, 2019
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Declaración institucional del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras la sentencia del «procés»

16 de octubre, 2019

Declaración institucional del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras la sentencia del «procés»

La Moncloa, Madrid, lunes 14 de octubre de 2019

Comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez

lamoncloa.gob.es

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha comparecido en La Moncloa tras haberse hecho pública la sentencia del Tribunal Supremo en el proceso seguido por los hechos ocurridos en Cataluña en octubre de 2017.

​»Buenos días,

Gracias a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación por acudir a esta Declaración Institucional.

Les pediré permiso porque, dado que tiene una transcendencia internacional, posteriormente, a la Declaración que haga en castellano, hacer un breve apunte en inglés, para que tengan los medios de comunicación internacionales la posición del Gobierno en relación con la sentencia del Tribunal Supremo.

Bien, dicho esto, una vez conocido el sentido de la Sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España.

Esta Sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado -y me gustaría, además subrayarlo- con plenas garantías y a su transparencia, y como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.

La Constitución Española, moderna y garantista, consagra como valores superiores la igualdad, libertad, la justicia, y el pluralismo político.

Todo ello bajo un principio que fortalece nuestra democracia: y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento.
En una democracia, nadie es juzgado por sus ideas o por su proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico.

En nombre del Gobierno quiero reconocer la labor independiente del Tribunal Supremo que ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones. Dando un ejemplo de autonomía y de transparencia, de garantías y de profesionalidad; demostrando una vez más el correcto funcionamiento de nuestro Poder Judicial.

La Sentencia del Tribunal Supremo es el resultado del Estado Social y Democrático de Derecho de España, que los ciudadanos pusimos en pie hace más de cuatro décadas, gracias a nuestra Constitución Española. Hay que recordar que uno de los lugares donde más apoyo encontró, el día de su voto, esa Constitución -la Constitución que nos ampara a todos hoy- fue en Cataluña.

Una Constitución que puso fin a la dictadura franquista. Una Constitución que nos permitió integrarnos en la Unión Europea. Una Constitución, en definitiva, que logró en un tiempo récord, en poco más de 40 años, que España hoy sea una de las mejores democracias del mundo.

Nuestra Constitución recoge tres principios que a mí me gustaría subrayar en esta Declaración:

  • El primero de ellos es la igualdad entre ciudadanos. En el cumplimiento de la ley, y, por tanto, en la respuesta a sus obligaciones, y en el disfrute de derechos y libertades, vivan en el lugar que vivan.
  • En segundo lugar, la diversidad territorial. La unidad de España se asienta en el reconocimiento de nuestra rica diversidad que se refleja en un elevado grado de autogobierno de las Comunidades Autónomas. El nivel de autogobierno en Cataluña, como el del conjunto de gobiernos autonómicos de nuestro país, es de los más elevados del mundo.
  • En tercer lugar, como cualquier Constitución democrática del mundo, homologable a la Constitución Española, la inviolabilidad de la integridad territorial y la defensa de la soberanía nacional.

La vulneración de estos tres principios democráticos está en la base de las acciones que han sido sancionadas en la sentencia del Tribunal Supremo.

  • Primero. Se han ignorado los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña y se ha originado con ello, una fractura de la convivencia dentro de la sociedad catalana.
  • En segundo lugar, el autogobierno catalán se reconoce y se expresa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y ese Estatuto fue atropellado y quebrantado unilateralmente por el independentismo catalán.
  • En tercer lugar, la integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados y con ello fueron atacados también los derechos y libertades del conjunto de la sociedad catalana y del conjunto de la nación española.

Una vez dictada y publicada la sentencia se abre una etapa nueva.

En los próximos días, el Gobierno de España, que cuenta -quiero además recordarlo- con todas las atribuciones que la legalidad le corresponde, se mantendrá atento y garantizará la convivencia, la seguridad y el respeto a la legalidad democrática. Lo haremos como siempre hemos dicho: con firmeza democrática, con proporcionalidad y desde la unidad.

Firmeza democrática significa aplicar la legalidad. Sin excluir ninguna posibilidad de las que el ordenamiento jurídico vigente le otorga.

En segundo lugar, con proporcionalidad, respondiendo con prudencia y con serenidad a las transgresiones que puedan cometerse.

Y con unidad, contando -y eso es lo que espero- con la cooperación leal de todas las fuerzas políticas comprometidas con la Constitución para actuar con una sola voz.

Más allá de la reacción inmediata a la sentencia -que, sin duda alguna, va a ser diversa porque es diversa la sociedad catalana y, también, el conjunto de la sociedad española-, el Gobierno siempre contribuirá a facilitar el reencuentro de la sociedad catalana, fracturada hoy por el independentismo.

Cataluña, lo hemos dicho muchas veces, tiene que dialogar con Cataluña. Es la convivencia en Cataluña lo que está en juego, no la integridad territorial de nuestro país. La Generalitat de Cataluña y el Parlament de Cataluña deben asumir esa responsabilidad, la responsabilidad de representar a todos y cada uno de los catalanes, de gobernar, de gobernar, para todos y cada uno de los catalanes, no para una minoría afín a las tesis independentistas. Si así lo hacen, sí que les quiero trasladar que encontrarán al Gobierno de España dispuesto a contribuir al diálogo dentro de la legalidad constitucional.

Hoy concluye un proceso judicial ejemplar, pero a la vez hoy se confirma el naufragio de un proceso político que ha fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un reconocimiento internacional. Deja tras de sí solo un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña.

A partir de hoy, si dejamos de lado los extremismos, podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta de la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña.

Una etapa en la que la Cataluña moderna, plural y tolerante acceda a la posición destacada que le corresponde por derecho y por historia dentro de España. Contribuyendo todos juntos al fortalecimiento de esa patria común del siglo XXI que es Europa.

Quiero terminar esta declaración justamente apostando por Europa como futuro compartido; precisamente el proyecto donde la sociedad catalana, y también el conjunto de España se encuentran y se reconocen.

Nuestro tiempo tiene desafíos que exigen compartir soberanías, no trocearlas. Y Europa es el espacio común en el que vamos a responder a esos desafíos del Siglo XXI.

La transformación de nuestra economía y nuestras sociedades que provoca por ejemplo la revolución digital; la salvaguarda de derechos sociales y de libertades que configuran nuestro modelo de convivencia; la respuesta al cambio climático… tienen dimensión global y sólo pueden afrontarse en el seno de un proyecto supranacional que en nuestro caso es la Unión Europea.

En los tiempos en los que demandamos una defensa común europea, una política exterior unitaria, una política migratoria compartida, un seguro de desempleo común, luchar contra los paraísos fiscales, instalación de un salario mínimo interprofesional europeo, una integración financiera, una armonización fiscal y otras muchas cuestiones vinculadas con las exigencias medioambientales o la lucha contra el terrorismo internacional, carece de sentido caminar en sentido inverso.

Quedan, en definitiva, algunos días en los que vamos a asistir a los estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa nueva. En esta nueva etapa el objetivo solo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo y la regla solo puede ser la ley, la Constitución Española.

Muchas gracias».

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IPC–IPCA – Septiembre 2019

16 de octubre, 2019

11 de octubre de 2019 ine.es
IPC–IPCA – Septiembre 2019 (1/14)
Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Base 2015
Septiembre 2019
Principales resultados
 La tasa de variación anual del IPC en el mes de septiembre es del 0,1%, dos décimas por debajo de la registrada el mes anterior.
 La tasa anual de la inflación subyacente aumenta una décima, hasta el 1,0%.
 La variación mensual del índice general es del 0,0%.
 El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 0,2%, dos décimas inferior a la del mes de agosto.
Evolución anual de los precios de consumo
La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de septiembre es del 0,1%, dos décimas inferior a la registrada el mes anterior.
Los grupos con mayor influencia en la disminución de la tasa anual son:
Vivienda, que registra una variación del –4,8%, un punto y medio por debajo de la de agosto, consecuencia de la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida que experimentaron en septiembre de 2018.
Destaca además, aunque en menor magnitud, que los precios del gasóleo para calefacción aumentaron más el año pasado que este. Y que los precios del gas disminuyen este mes, mientras que se incrementaron en 2018.
Transporte, que desciende su tasa anual dos décimas, hasta el 0,0%, debido a que los precios de los carburantes y lubricantes y, en menor medida, de los automóviles han subido este mes menos que en septiembre de 2018.
Cabe reseñar también, aunque por su influencia positiva, la bajada de los precios del transporte aéreo de pasajeros, menor este año que el pasado.
Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya variación desciende una décima y se sitúa en el 0,9%. Destacan en esta evolución los descensos de los precios de las legumbres y hortalizas y el pan y cereales, frente a los incrementos del año anterior, y la estabilidad de los precios del pescado y marisco, que subieron en 2018.
Cabe mencionar además, aunque en sentido contrario, la subida de los precios de las frutas, frente a la bajada registrada el año pasado.

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Pradera en el Parque del Oeste. Madrid

15 de octubre, 2019
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El presidente del TC insta a conciliar el desarrollo tecnológico con los derechos fundamentales en la III reunión cuatrilateral de tribunales constitucionales

15 de octubre, 2019

El presidente del TC insta a conciliar el desarrollo tecnológico con los derechos fundamentales en la III reunión cuatrilateral de tribunales constitucionales

tribunalconstitucional.es

El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha instado durante su discurso de apertura de la III Reunión Cuatrilateral conjunta entre los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España y la Corte Constitucional de Francia a que “el desarrollo tecnológico se conjunte con los derechos más valiosos de los ciudadanos, los derechos fundamentales, por incidir de lleno en la dignidad de la persona”.

El encuentro anual, que se ha celebrado del 10 al 12 de octubre en Lisboa y ha contado con la participación de los presidentes y magistrados de los citados Tribunales de Garantías, ha tenido por objeto “La justicia constitucional frente a los desarrollos tecnológicos”.

González Rivas ha defendido la importancia y actualidad del derecho fundamental a la protección de datos personales, que “no es una mera técnica reglamentista, sino que está al servicio de los aspectos más básicos de la dignidad humana y concurre a asegurar el marco adecuado en que se pueden desarrollar las sociedad libres”.

Por ello, ha puesto en valor tanto los avances normativos en esta materia como la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, que buscan asegurar “el respeto a la autonomía de la persona humana” y “los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los riesgos y perjuicios que lleva aparejado el desarrollo tecnológico”.

En particular, el Presidente ha reflexionado sobre el derecho al olvido en internet y los desproporcionados perjuicios para la privacidad que se desprenden de los motores de búsquedas, así como sobre el tratamiento masivo de datos y su posible influencia en las libertades y derechos de las personas.

Esta tercera cita a cuatro (entre 1997 y 2016 se realizaron los encuentros Trilaterales entre Portugal, Italia y España), supone para el Tribunal “una de las piedras angulares del diálogo entre Tribunales y una pieza fundamental de su acción exterior”.

Para concluir, González Rivas ha reflexionado sobre cómo en “la fidelidad a la ley democrática se encierra una idea básica para entender el pasado, el presente y el futuro de Europa. Quienes pretenden desconocer ese fundamental respeto no sólo se desvinculan de los valores que sustentan la democracia, sino que además debilitan el sentido profundo que atraviesa el proyecto de integración de nuestro continente”, ha subrayado.

También ha intervenido el Magistrado Andrés Ollero, con la ponencia «Doctrina constitucional sobre genética, individuo y familia”, en la que ha analizado la evolución de la jurisprudencia en estos ámbitos del Tribunal Constitucional español.

El Magistrado Juan Antonio Xiol, por su parte, ha participado con la conferencia “La protección de datos como garantía frente a los abusos de poder. Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 22 de mayo”, centrándose en dicha resolución, que declaró inconstitucional el artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general que permitía a los partidos recopilar datos personales sobre opiniones políticas de los ciudadanos.

Madrid, 14 de octubre de 2019

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El juez Llarena dicta orden europea e internacional de detención contra Puigdemont por delitos de sedición y malversación

15 de octubre, 2019

Lunes, 14 de octubre de 2019

El juez Llarena dicta orden europea e internacional de detención contra Puigdemont por delitos de sedición y malversación

El auto señala que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado hoy la sentencia que pone término al proceso respecto de los acusados enjuiciados

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado hoy un auto, tras notificarse la sentencia de la causa del ‘Procés’, en el que emite orden europea e internacional de detención y entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, acordando su búsqueda e ingreso en prisión. El juez instructor de la causa ha considerado plenamente justificada la petición en tal sentido que ha sido cursada por escrito por la Fiscalía.

El auto recuerda que si la sola imputación fue propiciatoria de la huida de algunos de los presuntos responsables y justificaría por sí misma la orden de detención europea, las condenas pronunciadas contra los encausados no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión.

En ese sentido, Llarena destaca que en la UE rige el principio de confianza en el funcionamiento de los Jueces y Tribunales de otros países -principio libremente asumido por los Estados miembros-, y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito, o distinto de aquel al que acuden a perpetrar sus acciones delictivas.

El auto señala que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado hoy la sentencia que pone término al proceso respecto de los acusados enjuiciados, y proclama la naturaleza delictiva de los hechos objeto de acusación, así como que el comportamiento que suscitaba las discrepancias de subsunción en los tipos penales de rebelión, sedición o desobediencia (en la tesis alternativa de las defensas), son constitutivos de un delito de sedición previsto y penado en los artículos 544 y 545 del Código Penal.

Según expone el juez, la sentencia parte de los hechos que el auto de procesamiento imputaba a todos los procesados, lo que se refuerza con una significativa cercanía entre la aportación concreta atribuida al condenado Oriol Junqueras y el procesado en rebeldía Carles Puigdemont, de lo que puede concluirse -más allá de lo que resulte en su día del juicio oral que llegue a celebrarse- que los indicios racionales de criminalidad que apuntaba la instrucción y que se reflejaron en el auto de Procesamiento, no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado.

Levantamiento de la suspensión como parlamentarios de Puigdemont y Comín

El juez explica además que la subsunción de los hechos en delito de sedición según la sentencia tiene una indudable incidencia respecto del pronóstico de responsabilidad atribuible a los fugados, por lo que acuerda también comunicar a la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña que los procesados y miembros de dicho Parlamento Carles Puigdemont y Antoni Comín no les resulta ya aplicable la suspensión del artículo 384 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere a procesados por delito de rebelión.

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El Pueblo de México a Sor Juana Inés de la Cruz. Madrid

14 de octubre, 2019
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El Gobierno en funciones autoriza el aumento de la exposición laboral a tres sustancias cancerígenas

14 de octubre, 2019

El Gobierno en funciones autoriza el aumento de la exposición laboral a tres sustancias cancerígenas

ugt.es

► El Proyecto de Real Decreto, que modifica el de agentes cancerígenos y mutágenos, duplica los valores límites vigentes de exposición en el trabajo de la sílice cristalina y del bromoetileno y triplica el de la acrilamida.

► UGT y CCOO reclaman la revisión de estos valores antes de su aprobación por el Consejo de Ministros.

► No se puede anteponer la competitividad y los beneficios empresariales a la salud de la población trabajadora.

El Proyecto de Real Decreto presentado en el pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el pasado martes, responde a la obligación del Gobierno de trasponer antes de enero la Directiva 2017/2398 que modifica la Directiva de agentes cancerígenos y mutágenos. La nueva Directiva fija valores límites obligatorios para 14 sustancias cancerígenas, frente a los 3 existentes en la anterior, pero se trata de un nivel de protección mínima que puede ser mejorado por los Estados miembros en el momento de la trasposición. El ordenamiento preventivo español cuenta como documentación de referencia con el documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España” que se revisa anualmente desde el año 2000 por el grupo de trabajo de valores límites de la Comisión Nacional, con participación de la Administración General del Estado, CCAA y organizaciones patronales y sindicales más representativas.

Durante todo el proceso de tramitación del Real Decreto, las organizaciones sindicales hemos solicitado que la trasposición respetara los valores límites vigentes en España en aquellos casos en los que eran inferiores a los propuestos por la Directiva, al objeto de mantener el nivel de protección de los trabajadores expuestos de los últimos años. Este criterio se vino reflejando en los borradores facilitados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social durante el proceso de tramitación. Sin embargo, en el Proyecto definitivo presentado a la Comisión Nacional, el Gobierno renuncia a este criterio e incrementa los valores límite de tres sustancias, aceptando las alegaciones de empresas, organizaciones patronales y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). CCOO y UGT entendemos que esta trasposición literal puede suponer un grave deterioro del nivel de protección de la población laboral expuesta, ya que en el caso de la sílice cristalina se pasa de 0,05 mg/m3 a 0,1 mg/m3, en el del bromoetileno de 2,2 mg/m3 a 4,4 mg/m3 y en el de la acrilamida de 0,03 mg/m3 a 0,1 mg/m3.

El valor límite del polvo respirable de sílice, que pasa a ser clasificada como cancerígena con esta Directiva, fue aprobado en 2013 y se dio un periodo de dos años, hasta 2015, para su entrada en vigor con el fin de que las empresas pudieran adaptar sus equipos y organización de trabajo al nuevo límite. Tanto la acrilamida como el bromoetileno ya aparecían clasificados como cancerígenos o mutágenos y con los valores límites actuales en el documento de Límites de Exposición Profesional del año 2000. La propuesta supone un retroceso de al menos 2 décadas en el nivel de protección frente a estas dos sustancias.

La Directiva 2017/2398 está orientada a mejorar la protección de los trabajadores y las trabajadoras frente a los agentes cancerígenos o mutágenos, algo que se garantiza con la entrada en vigor del resto de valores límite. Sin embargo, el aumento en España de los valores límites de sílice cristalina, acrilamida y bromoetileno choca frontalmente con este objetivo y en algunos casos supone un retroceso de décadas en los niveles de protección, algo especialmente dramático en el caso de la sílice cristalina, debido al gran volumen de población trabajadora expuesta y al repunte de casos de trabajadores enfermos por este agente que se ha experimentado en nuestro país durante los últimos años.

Desde UGT y CCOO reclamamos la revisión de estos valores antes de la aprobación del RD en el Consejo de Ministros. Entre los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para justificar la adopción de estos valores se indica que el proyecto de RD “ya no impone normas más restrictivas en España que en otros estados miembros”, por lo que se corrigen desigualdades competitivas al facilitar la igualdad de condiciones a los agentes económicos. A nuestro juicio, no se puede anteponer la competitividad y los beneficios empresariales frente a la salud de la población trabajadora, máxime cuando las empresas españolas ya deberían haberse adaptado a los niveles de protección establecidos legalmente desde hace años o incluso décadas en nuestro país.

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La ministra Delgado entrega 44 condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort

13 de octubre, 2019

La ministra Delgado entrega 44 condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort

10 de octubre de 2019

Entrega de 44 condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha impuesto hoy condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a 44 profesionales representantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado, abogados, abogados del Estado, decanos de Universidad, funcionarios y altos cargos de distintos ministerios, médicos forenses, notarios y registradores, además de funcionarios del Ministerio de Justicia. Delgado ha destacado de todos ellos sus méritos y vocación de servicio a la Justicia.

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Difusión Ilegítima de Contenidos Especialmente Sensibles

12 de octubre, 2019

Difusión Ilegítima de Contenidos Especialmente Sensibles

aepd.es

¿Tienes Dudas?
Si tiene conocimiento de la existencia de determinadas imágenes de contenido sexual o que muestran actos de agresión, cuya difusión sin el consentimiento de las personas afectadas está poniendo en ALTO RIESGO sus derechos y libertades, y no ha logrado su retirada a través de los canales especialmente previstos por el prestador de servicios, puede presentar una reclamación por esta vía.
Deberá describir detalladamente las circunstancias en que se ha producido la difusión no consentida de las imágenes, indicando en particular si la persona afectada es víctima de violencia de género, abuso o agresión sexual o acoso y si pertenece a cualquier otro colectivo especialmente vulnerable: menores de edad (especificando si es menor de catorce años), personas con discapacidad o enfermedad grave o en riesgo de exclusión social.
Si las imágenes están siendo difundidas actualmente a través de internet, copie y pegue la dirección o direcciones web de accesoo identifique claramente el perfil social a través del que se están difundiendo
Especifique si ha llevado a cabo acciones para denunciar los hechos ante las instancias policiales, detallando, en tal caso, las instancias administrativas o judiciales concretas y la referencia de los procedimientos que se estén tramitando.
Especifique si ha llevado a cabo acciones para limitar la difusión de los datos personales, identificando claramente, en tal caso, a los prestadores de servicios (la red social, el portal de vídeo o de blogs, …) a los que se ha dirigido.
Adjunte los documentosque considere relevantes para la tramitación de su reclamación, particularmente una copia de la pantalla o del dispositivo donde pueda apreciarse claramente el servicio (la red social, el portal de vídeo o de blogs …) a través del cual se están difundiendo las imágenes.
Tras el análisis de la reclamación, la Agencia determinará la posible adopción de MEDIDAS URGENTES que limiten la continuidad del tratamiento de los datos personales.

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La Seguridad Social aumenta en 460.739 el número de afiliados medios en los últimos doce meses, lo que eleva el total a 19.323.451

11 de octubre, 2019

Balance mensual de septiembre

La Seguridad Social aumenta en 460.739 el número de afiliados medios en los últimos doce meses, lo que eleva el total a 19.323.451

Miércoles 2 de octubre de 2019

lamoncloa.gob.es

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 19.323.451 ocupados en septiembre. Se trata de la mayor cifra de ocupación en este mes desde que hay registros.

​En términos interanuales, el Sistema suma de media 460.739 afiliados, el 2,44%. El Régimen General, con un mejor comportamiento, cuenta con 448.165 afiliados más que hace un año, cifra que representa un incremento del 2,88%.

Con respecto al mes de agosto, el Sistema ha sumado 3.224 personas ocupadas (0,02%).

En términos desestacionalizados -sin el componente estacional- la media de personas afiliadas alcanza los 19.334.474, tras aumentar 460.980 en términos interanuales y 32.810 en el mes.

Crecimiento interanual

Como ya se ha apuntado, en comparación con el año pasado, el Sistema ha ganado 460.739 ocupados, lo que supone un 2,44% más. Destaca el buen comportamiento del Régimen General, con 448.165 trabajadores más (2,88%). El crecimiento alcanza el 3,24% (466.593 afiliados más) si hablamos del Régimen General sin tener en cuenta los sistemas especiales Agrario y del Hogar.

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la tasa interanual aumentó un 0,39%, lo que se traduce en un crecimiento de 12.588 personas.

El Régimen del Mar creció un 1,19% (803 personas) y el Carbón contabilizó un descenso de 818 ocupados (-37,72%).

En términos interanuales, la afiliación aumentó en todas las comunidades autónomas. Destacan, en cifras absolutas, los incrementos de Madrid (97.332), Andalucía (89.932), Cataluña (74.765) y Comunidad Valenciana (50.326).

Evolución intermensual

En términos intermensuales, el Sistema ha sumado 3.224 personas trabajadoras afiliadas (un 0,02% más). El Régimen General sumó 139 personas afiliadas, con un total de 15.987.768 ocupados. En septiembre, la afiliación creció en términos absolutos en Educación (45.521); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (21.681) e Industria Manufacturera (11.888), mientras que disminuyó en Hostelería (-44.346); Comercio, reparación de vehículos de motor y motocicletas (34.330); Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria (14.812); Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-14.076).

En cuanto al Sistema Especial Agrario, finalizó el mes con 26.285 afiliados medios más (3,74%), situándose ahora en 729.935 personas. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar descendió en 2.349 (-0,59) y ahora alcanza los 395.704 ocupados.

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.266.258 personas, tras sumar 4.707 (-0,14%) en el último mes.

El Régimen Especial del Mar desciende en 1.621 personas afiliadas (-2,33%) hasta situarse en 68.075. Finalmente, el Régimen Especial del Carbón no varía; cuenta con 1.350 afiliados medios.

Por comunidades autónomas, el mayor incremento en el número de afiliados se registró en Madrid, con 40.197 afiliados más (1,26%); Canarias, 8.885 (1,10%), Castilla-La Mancha, 7.308 (1,03%); País Vasco, 5.018 (0,52%) y Cataluña, 4.483 (0,13%). Los mayores descensos se producen en Cantabria (-2,58%), Baleares (-2,42%), Asturias (-1,73%) y Extremadura (-1,06%).

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Antiguo lavadero. La Guardia. Pontevedra

10 de octubre, 2019
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El Tribunal Supremo avala el decreto que regula las viviendas de uso turístico en Castilla y León

10 de octubre, 2019

Martes, 1 de octubre de 2019

El Tribunal Supremo avala el decreto que regula las viviendas de uso turístico en Castilla y León

La sentencia, con ponencia del magistrado José Manuel Bandrés, indica que la exigencia de que la actividad de cesión del alojamiento sea “de forma habitual” (artículo 4 c) no resulta irrazonable puesto que determina que los arrendamientos ocasionales no quedan sometidos a la citada reglamentación al no considerarse, propiamente, como actividad turística

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera que el Decreto de la Junta de Castilla y León 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en dicha comunidad no vulnera la Constitución, la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley de garantía de la unidad de mercado.

En concreto, concluye que los preceptos relativos a la regulación del régimen jurídico aplicable en función de elementos temporales (artículo 4 c y d), a la exigencia de distintivo (artículo 6), a los requisitos de las viviendas de uso turístico (artículos 7 a 12), a la atención telefónica durante 24 horas (artículo 25) y a la inclusión con carácter orientativo de los precios en catálogos, directorios, guías o sistemas informáticos (artículo 30.4) no atentan contra la libre competencia.

De este modo, desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que había solicitado la nulidad de dichos preceptos, y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon, que solo anuló el artículo 3.2 del Decreto que prohibía el alquiler por habitaciones.

La sentencia, con ponencia del magistrado José Manuel Bandrés, indica que la exigencia de que la actividad de cesión del alojamiento sea “de forma habitual” (artículo 4 c) no resulta irrazonable puesto que determina que los arrendamientos ocasionales no quedan sometidos a la citada reglamentación al no considerarse, propiamente, como actividad turística.

También rechaza que la exigencia de que el hospedaje tenga un carácter temporal, que no exceda del plazo de dos meses (artículo 4 d), suponga una restricción ilegítima al ejercicio de la actividad, y, por ello, no requiere una específica justificación de obedecer a razones imperiosas de interés general, dado el margen normativo que, en desarrollo de la ley 14/2010, de Turismo de Castilla y León, corresponde a la Junta.

Tampoco vulnera dicha normativa, según la sentencia, el artículo 6 del Decreto que establece la obligación de la empresa prestadora del servicio de alojamiento de uso turístico de exhibir en la entrada de la vivienda una placa identificativa de la actividad. En este sentido, asegura que carece de justificación argumentar que constituye una carga económica excesiva y desproporcionada para el operador.

En relación con la imposición de condiciones estándares referidas al acondicionamiento de las viviendas (artículos 7 al 12), la Sala explica que está justificada en la medida que trata de garantizar una determinada calidad del producto turístico en defensa y protección de los derechos de los consumidores.

Agrega que esa misma finalidad persigue la obligación de la empresa de facilitar atención telefónica al cliente durante las 24 horas del día (artículo 25) que, según la Sala, no es una carga innecesaria y excesiva carente de justificación, ya que está destinada a resolver las incidencias que pudieran surgir durante la estancia y, por ello, garantizar la protección de los derechos de los usuarios a la prestación de un buen servicio de hospedaje.

Ese precepto, según los magistrados, no impone un servicio de asistencia telefónica que deba ser atendido por un personal responsable cualificado de forma permanente, sino de facilitar únicamente a los clientes un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para que puedan resolverse cualquier tipo de situaciones que puedan surgir en la prestación del servicio de hospedaje, lo que evidencia que su fundamento es la de proteger los derechos de los consumidores y usuarios.

Por último, la Sala señala que tampoco obstaculiza la existencia de competencia en el mercado ni limita el ejercicio de la actividad comercial el artículo 30.4 del Decreto referido a la recogida de datos sobre precios de los alojamientos de uso turístico con fines estadísticos, informativos o publicitarios. El tribunal no considera que la recogida de dichos datos por la Administración con efectos meramente estadísticos o divulgativos pueda tener incidencia sobre la política de precios, ni que esa información pueda servir de base para proponer recomendaciones colectivas.

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Estadística del valor tasado de la vivienda

9 de octubre, 2019

Estadística del valor tasado de la vivienda

El precio medio del m2 de la vivienda libre en España se situó en 1.637,4 euros en el segundo trimestre de 2019

Jueves 19 de septiembre de 2019 – lamoncloa.gob.es

​El precio medio del m2 de la vivienda libre se ha situado en 1.637,4 euros en el segundo trimestre de 2019, lo que supone una variación trimestral del 0,1% e interanual del 3,1%, según los datos de la Estadística del valor tasado de la vivienda publicada por el Ministerio de Fomento.

En el siguiente gráfico se puede observar que, tras 26 trimestres de caídas interanuales en el precio de la vivienda, iniciadas a finales de 2008, el dato supone el decimoséptimo trimestre consecutivo de subida nominal de los precios.

Variaciones anuales de precios de vivienda libreMinisterio de Fomento
Por su parte en términos reales, es decir, descontando la inflación, el precio de la vivienda libre ha experimentado un incremento del 3,3%.

Precios de vivienda libre. Variación interanual real, descontando el IPCMinisterio de Fomento

Por CCAA, se constata que solamente hay tres comunidades con descensos interanuales de precios, La Rioja (-2,1%), Castilla y León (-0,2% y País Vasco (-0,1%). El resto presentan crecimientos interanuales, destacando Madrid (5,2%), Baleares (5,0%), Cataluña (4,3%), Canarias (4,0%) y Comunidad Valenciana (3,9%).

Evolución desde máximos

Según la serie histórica de esta estadística, el valor medio por metro cuadrado del segundo trimestre de 2019, es un 22,1% inferior al del nivel máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008, en el que alcanzó su máximo valor. Desde el valor mínimo alcanzado en el 3T2014 el precio se ha recuperado un 12,5%. En términos reales (teniendo en cuenta la variación del IPC) el precio actual refleja una caída desde máximos del 32,3%.

Gráfico de la evolución del precio medio del metro cuadrado de vivienda libreMinisterio de Fomento

Análisis por antigüedad de las viviendas y municipios

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en 1.883,2 euros en el segundo trimestre de 2019. Esto supone un crecimiento interanual del 4,0%.
En cuanto a la vivienda libre de más de cinco años de antigüedad el precio alcanzó los 1.629,6 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 3,1% en tasa interanual.

Por municipios de más de 25.000 habitantes, los precios más elevados de la vivienda libre se presentan en Ibiza, 3.708,8 euros/m2, San Sebastián, 3.620,6 euros/m2, Santa Eulalia del Río, 3.608,2 euros/m2, Sant Cugat del Vallès, 3.438,5 euros/m2, Barcelona, 3.417,3 euros/m2, Madrid, 3.223,0 euros/m2, Pozuelo de Alarcón, 3.186,2 euros/m2 y Castelldefels, 3.087,7 euros/m2.

Los precios más bajos en municipios de más de 25.000 habitantes se registran en Jumilla, 567,9 euros/m2, Elda, 593,3 euros/m2, Villarrobledo, 607,2 euros/m2, Puertollano, 620,2,5 euros/m2, Ontinyent, 622,0 euros/ m2 y Petrer, 630,8 euros/m2.

Vivienda protegida

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida en España en el segundo trimestre del año fue de 1.124,2 euros. La variación respecto al mismo trimestre de 2018 muestra una caída del -0,5%.

Tasaciones

El número de tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el cálculo de los precios de viviendas fue en el segundo trimestre de 2019 de 130.781.

Los datos utilizados en el cálculo de los Precios de Vivienda corresponden a las viviendas tasadas por las distintas sociedades de tasación que se integran en La Asociación de Análisis del Valor (AEV) cuyas normas de valoración están reguladas según Orden EHA/3011/2007 del Ministerio de Economía y Hacienda.

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Bautismo en el Jordán. Colegiata de Villafranca del Bierzo

8 de octubre, 2019
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La Unión Europea llama a reforzar la lucha contra la corrupción para el fortalecimiento del Estado de Derecho

8 de octubre, 2019

Ministerio de Justicia

Gabinete de comunicación. mjusticia.gob.es

Consejo de Justicia de la UE en Luxemburgo
La Unión Europea llama a reforzar la lucha contra la corrupción para el fortalecimiento del Estado de Derecho
• España alerta de que las prácticas corruptas conducen a una distribución injusta del poder y las oportunidades en perjuicio de los más desfavorecidos
7 de octubre de 2019.- El Consejo de Justicia de la Unión Europea (JAI) celebrado hoy en Luxemburgo ha abordado la necesidad de reforzar la lucha contra la corrupción en el seno de la UE, un esfuerzo que redundará en el aumento de la confianza mutua entre países y en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, que ha representado a España en el Consejo, se ha referido en su intervención al impacto negativo de la corrupción sobre la economía, la productividad y la innovación tecnológica. Dolz ha mencionado expresamente la lesión que producen las prácticas corruptas sobre el principio de igualdad, al propiciar una desigual distribución de poder y oportunidades en perjuicio de los más desfavorecidos.
En cuanto a la estrategia anticorrupción a aplicar, España apuesta por garantizar la coordinación y aplicación de los instrumentos legales y los marcos institucionales actualmente vigentes en el seno de la Unión Europea y por articular, en el ámbito competencial de cada Estado, las medidas de prevención y persecución que sean necesarias. Asimismo, respalda la propuesta para que la UE se incorpore al Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) como miembro de pleno derecho, lo que supondría superar el estatus actual de observador y someterse a evaluación por parte del órgano anticorrupción.

Hoy también se ha aprobado formalmente la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, tanto en el sector público como en el privado. Supone una protección frente a las represalias directas e indirectas que puedan sufrir como consecuencia de la denuncia. Se establecen canales internos para la denuncia, dentro de la empresa o administración implicada, canales externos y la posible difusión pública de los hechos denunciados. España considera prioritaria esta directiva por constituir un instrumento especialmente útil frente a la corrupción, que permitirá incrementar el número de las denuncias de infracciones y contribuir al respeto de los derechos fundamentales afectados.
En materia de lucha contra los delitos transfronterizos, el Consejo ha adoptado las conclusiones sobre la actividad en este ámbito desarrollada por Eurojust en los últimos meses. En diciembre entrará en vigor el nuevo reglamento de la Agencia de la Unión Europea de Cooperación Judicial en Materia Penal, que se configura como la sucesora de Eurojust, dotada de una nueva estructura de gobierno y de mayor eficiencia, al liberarse de tareas administrativas.
También en relación a Eurojust, España ha apoyado la creación del nuevo Registro Antiterrorista, una iniciativa impulsada, entre otros países, por España en el seno del Grupo Vendôme. Con él se pretende homogeneizar la naturaleza y calidad de la información aportada por los Estados miembros sobre casos de terrorismo, lo que facilitará el cruce de datos para su aprovechamiento común en defensa del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.
Durante la reunión, España ha dado también su respaldo a la presidencia finlandesa del Consejo para el impulso del proceso de negociación que haga posible la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, se han presentado las conclusiones sobre los diez años de la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión que reflejan el compromiso de todos los países en la defensa de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia. El secretario de Estado de Justicia ha llamado a seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria y a permanecer atentos al grado de aplicación real de la carta.
En el encuentro, el director de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA), Michael O’Flaherty, ha expuesto los retos de la agencia para 2020.

España es partidaria de buscar nuevos mecanismos de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y de estar vigilantes ante los riesgos y oportunidades que en materia de derechos se derivan del entorno digital para anticipar, de esta forma, la acción de los poderes públicos.
Además, entre otros asuntos, durante el Consejo se ha dado cuenta de la actividad preparatoria para el establecimiento de la Fiscalía Europea, en particular, de los procedimientos para el nombramiento del fiscal jefe y de los fiscales europeos. Asimismo, se ha informado del estado de las negociaciones con Estados Unidos en vistas a un acuerdo sobre el acceso transfronterizo a la prueba electrónica en el ámbito penal, y de los trabajos para un segundo protocolo al Convenio de Budapest sobre cibercrimen.

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Comunicado del Gobierno de España ante el anuncio de subidas arancelarias por parte de Estados Unidos

7 de octubre, 2019

Comunicado del Gobierno de España ante el anuncio de subidas arancelarias por parte de Estados Unidos

Viernes 4 de octubre de 2019

7/04/2017. Presidencia del Gobierno. Presidencia del Gobierno

​España rechaza enérgicamente el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de aplicar a partir del 18 de octubre aumentos arancelarios sobre productos europeos, que afectan de manera particular a nuestros agricultores.

lamoncloa.gob.es

El Gobierno de España ha defendido a lo largo del último año soluciones acordadas, equilibradas y satisfactorias para ambas partes en este caso. En unos meses se conocerá la decisión del panel paralelo de la UE en la OMC contra Boeing y la UE estará en condiciones de aplicar subidas arancelarias a productos estadounidenses por los incumplimientos reiterados de las reglas de la OMC. En esta situación, y existiendo dos paneles «cruzados», el gobierno reitera la voluntad de negociar entre EE.UU. y la UE para llegar a un acuerdo que evite la imposición de medidas perjudiciales para ambas partes. Los conflictos comerciales, además de ser cortoplacistas, no benefician a nadie y perjudican tanto a productores como a consumidores.

Los aranceles anunciados ayer se suman a una lista de medidas adoptadas por la administración norteamericana en el último año contra intereses españoles y europeos, como los aranceles al acero y aluminio, la reactivación de la Ley Helms-Burton contraviniendo el derecho internacional o la imposición de aranceles a las aceitunas negras españolas.

En este contexto, el gobierno confía en que en las próximas semanas la administración norteamericana entienda que un acuerdo es necesario para evitar dañar el espíritu de colaboración y entendimiento que caracteriza las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.

Sin embargo, si la Administración estadounidense rechaza la voluntad de diálogo ofrecida por España y por la Unión Europea, el gobierno español reaccionará de forma inmediata con firmeza y claridad para defender los intereses de nuestros ciudadanos y empresas. Se activarán todas las medidas legales a su alcance, dentro del marco multilateral y en estrecha coordinación con la Comisión Europea y nuestros socios europeos.

Esta misma mañana, el secretario de Estado para la Unión Europea ha convocado al Embajador de EE.UU. para transmitirle el rechazo frontal del Gobierno a estas medidas.

El miércoles de la semana que viene el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, viajará a Bruselas, acompañado de la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Mendez, para debatir con la Comisión Europea las medidas necesarias y urgentes de respuesta.

En el ámbito comercial, de confirmarse los aranceles, el gobierno pedirá a la Comisión Europea la adopción de acciones inmediatas de respuesta frente a las subidas arancelarias sobre la base del caso DS108 referido a las subvenciones del Foreign Sales Corporations (FSC). En 2004 la OMC otorgó a la UE el derecho de imponer contramedidas por valor de más de cuatro mil millones de euros que nunca fueron aplicadas en toda su extensión. La UE ha conservado el derecho a restablecer la legislación necesaria para imponer contramedidas de manera inmediata en pleno cumplimiento de las normas de la OMC.

Además, el Gobierno va a solicitar a la Comisión Europea de manera inmediata lo siguiente:
• la movilización de recursos financieros comunitarios en el marco de la gestión de crisis para el sector agrícola, con el objeto de poder atender las medidas necesarias para mitigar los efectos que puedan tener los aranceles sobre el sector productor.
• la activación del mecanismo de ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva. Con este mecanismo se da una ayuda por tener almacenado el aceite de oliva, cubriendo los costes financieros y de almacenamiento.
• la activación de medidas de promoción de la PAC en terceros países para los productos afectados.

Desde ICEX se reforzará la promoción internacional de los sectores afectados, tanto en el propio mercado de Estados Unidos, como en mercados alternativos de rápido crecimiento y alto potencial. En el caso de Estados Unidos, que es ya el mercado en que ICEX realiza mayor número de acciones de promoción relacionadas con alimentos, vinos y gastronomía, la promoción en ese mercado se centrará especialmente en segmentos de alto valor añadido, con el objetivo de paliar el impacto que tendrá el alza en los precios de estos productos sobre la demanda de los consumidores estadounidenses.

Carece de todo sentido que un conflicto sobre la financiación de la construcción de aeronaves civiles derive en una guerra comercial extendida al sector agroalimentario que no es buena para los ciudadanos, especialmente los europeos, y tampoco para los norteamericanos, pero que sobre todo es injusta para nuestros productores afectados de aceite de oliva, de aceituna, de vino, de porcino o de cítricos.

El Gobierno va a intensificar la respuesta y el apoyo a los productores y exportadores agrícolas y de aeronaves.

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Metro. Argüelles. Madrid

6 de octubre, 2019
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Condenado un empresario minero por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la explotación de El Feixolin (León)

6 de octubre, 2019

Lunes, 30 de septiembre de 2019

Condenado un empresario minero por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la explotación de El Feixolin (León)

Ha sido condenado a dos años y medio de prisión

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Audiencia Provincial de León ha condenado a un empresario como autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a la pena de dos años y seis meses de prisión, diecinueve meses de multa con una cuota diaria de 15 euros, y dos años y tres meses de inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales.

En esta resolución se ha tenido en cuenta la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de dilaciones indebidas, apreciada como muy cualificada, con el efecto de la rebaja en dos grados de la pena.

La Audiencia ha condenado además al empresario a satisfacer la cantidad que, según el informe pericial que se emita en el trámite de ejecución de sentencia, se estime necesaria, tanto para restaurar las partes de la mina de carbón El Feixolin que aún no lo han sido, como para subsanar, si fuera el caso a criterio pericial, las partes que hayan podido ser incorrectamente restauradas.

La cantidad resultante, una vez abonada, se pondrá a disposición de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que la destinará a dichos fines, previo permiso o autorización que legalmente proceda. Así mismo, el empresario minero deberá indemnizar a A. A. T. en la cantidad de 135.631,1 euros.

La Audiencia Provincial de León ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de Minero Siderúrgica de Ponferrada SA y Coto Minero del Cantábrico SA.

Por su parte, la Sala ha absuelto al empresario de los delitos sobre la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística de los que era acusado. Igualmente, la Audiencia ha absuelto a las otras dos personas juzgadas en este procedimiento.

El proceso se abrió tras la denuncia presentada hace diecisiete años por un vecino propietario de unos terrenos por daños a causa de los trabajos llevados en la explotación minera.

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CNMV. Entidades no autorizadas

5 de octubre, 2019

CNMV. Entidades no autorizadas

Advertencias de la CNMV

Buscador por denominación y por fecha .

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Colegiata de Villafranca del Bierzo. En el camino de Santiago.

4 de octubre, 2019
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Delgado destaca el papel de los registradores en el avance tecnológico de la Justicia

4 de octubre, 2019

V Congreso Nacional de Registradores de España
Delgado destaca el papel de los registradores en el avance tecnológico de la Justicia
La ministra de Justicia subraya su servicio en favor de la transparencia del mercado y el buen desarrollo económico y social
mjusticia.gob.es
3 de octubre de 2019.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha destacado hoy, durante su intervención en la inauguración del V Congreso Nacional de Registradores de España que se está celebrando en Sevilla, la labor de los registradores de la propiedad y mercantiles, que han sido pioneros en la incorporación de la tecnología digital en su trabajo consiguiendo que el servicio público al ciudadano sea más rápido, transparente y eficaz.
Durante este acto, en el que Delgado ha estado acompañada de la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán; y del decano territorial de Andalucía, Juan José Pretel, la ministra ha hecho referencia a herramientas como la firma electrónica, la digitalización de documentos o el procedimiento de inscripción de las titularidades reales de las sociedades, cuya utilización ha colocado al Colegio de Registradores de España a la vanguardia de la tecnología en la Administración de Justicia de nuestro país.
La titular de Justicia ha incidido también en la importancia de la profesión en la construcción del Estado social y democrático de derecho en beneficio del interés general, por su servicio en favor del buen desarrollo económico y social y la transparencia del mercado, fundamental en la prevención del blanqueo de capitales.
En relación con su actividad en el ámbito internacional y, en particular, en el espacio jurídico europeo, Delgado ha resaltado la misión de los registros en cuestiones como el crédito territorial y mercantil y la importancia de la interconexión de los registros europeos. El Colegio de Registradores de España tuvo una participación decisiva en la creación de la Asociación Europea de Registros de la Propiedad, que agrupa a la práctica totalidad de las instituciones registrales inmobiliarias de los países de la Unión Europea y es el principal interlocutor de los registradores de la propiedad ante diferentes instancias políticas.
La ministra Delgado ha señalado asimismo que el Colegio de Registradores es un buen ejemplo del cambio operado en la sociedad española en relación al acceso de las mujeres al mundo laboral. En la actualidad, el cuerpo lo componen un 50% de mujeres que, además, ocupan de forma mayoritaria los puestos de responsabilidad. En las últimas promociones de la carrera también hay una mayoría femenina.
El V Congreso Nacional de Registradores se desarrollará entre hoy y mañana con un extenso programa de ponencias en torno a los ejes temáticos de ‘Innovación tecnológica’ y ‘Derecho europeo’. Por parte del Ministerio de Justicia participan la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte; y el secretario general técnico, José Amérigo. La directora general de Cooperación Jurídica Internacional, Ana Gallego; y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, intervendrán el viernes en la conferencia de clausura.

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Vista desde el Parador de Villafranca del Bierzo

3 de octubre, 2019
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De las monedas estables a las monedas digitales de los bancos centrales

3 de octubre, 2019

De las monedas estables a las monedas digitales de los bancos centrales

blog-dialogoafondo.imf.org

Una serie de dos partes del IMFBlog dedicada a las monedas digitales.

Por Tobias Adrian y Tommaso Mancini-Griffoli

A medida que las monedas estables de emisión privada continúan invadiendo el terreno que ocupan las formas más tradicionales del dinero, como el efectivo y los depósitos bancarios, las autoridades dejarán de ser simples espectadores y arbitrarán. Las reglas y las medidas que adopten determinarán cómo terminaremos pagando cosas de todos los días, como un café, y, fundamentalmente, influirán en la estructura y los riesgos de nuestro sector financiero.

En nuestro último blog describimos las monedas estables: fichas criptográficas que pueden canjearse con facilidad y que ofrecen la ventaja de una mínima volatilidad de precios en relación con el efectivo. Es posible que los consumidores acepten con rapidez estos nuevos servicios, que son más baratos, rápidos y prácticos y que están integrados a las plataformas de las redes sociales. Sin embargo, traen aparejados riesgos importantes que exigen sin demora tomar medidas regulatorias.

Una opción desde el punto de vista regulatorio es brindarles a los proveedores de monedas estables acceso a las reservas de los bancos centrales. Esa alternativa también permitiría a los bancos centrales asociarse al sector privado para ofrecer el efectivo digital del futuro —denominado monedas digitales sintéticas de bancos centrales (sCBDC, por sus siglas en inglés)—, descrito por el FMI en su primera Nota de Tecnofinanzas .

El imperativo regulatorio

No hay seguridad de que las monedas estables sean efectivamente estables. Sus proveedores deben generar privadamente confianza en sus pasivos; o sea, la moneda que ellos mismos emiten. Muchos lo hacen respaldando la moneda con activos de la misma denominación, en una relación de uno a uno. Es decir, si el propietario de una moneda estable desea canjear una moneda de 10 euros por un billete de 10 euros, el proveedor de la moneda estable podría vender activos para obtener efectivo y pagar de inmediato.

¿O no? Mucho depende de la seguridad y la liquidez de los activos subyacentes y de si respaldan plenamente las monedas en circulación. También depende de que los activos estén protegidos de otros acreedores si el proveedor de la moneda estable quiebra.

El propietario de la moneda estable, ¿podrá recuperar su dinero en cualquier momento si así lo desea? ¿Incluso si todos sus pares intentan vender monedas simultáneamente, en un pánico?

La reglamentación debe eliminar estos riesgos. Una opción sería exigir a los proveedores de monedas estables que mantuvieran activos seguros y líquidos, así como suficiente capital como para proteger a los tenedores de monedas de las pérdidas. Fundamentalmente, habría que regular a los proveedores de monedas estables a pesar de que no sean bancos tradicionales; una tarea espinosa, en nuestra opinión.

Respaldo del banco central

Otra posibilidad sería exigir a los proveedores de monedas estables que respaldaran plenamente las monedas con reservas del banco central, el activo más seguro y más líquido que existe.

La solución no es novedosa. El Banco Popular de China, por ejemplo, se lo exige a los gigantescos proveedores de pagos AliPay y WeChat Pay, y los bancos centrales del mundo entero están considerando dar a las empresas de tecnofinanzas acceso a sus reservas, aunque solo una vez que satisfagan una serie de requisitos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, la conectividad entre plataformas de distintas monedas, la seguridad y la protección de los datos, entre otras cosas.

Está claro que eso realzaría el atractivo de las monedas estables como depósito de valor. Básicamente, transformaría a los proveedores de monedas estables en bancos en sentido estrecho; es decir, instituciones que no prestan y solo mantienen reservas del banco central. La competencia con los bancos comerciales por los depósitos de los clientes se intensificaría, planteando interrogantes en torno al costo social.

Pero también hay ventajas claras. La principal es la estabilidad, ya que el respaldo está dado por activos perfectamente seguros y líquidos. Otra es la claridad regulatoria, ya que los bancos en sentido estrecho encajarían sin problemas en los marcos vigentes. Además, las diferentes monedas estables podrían canjearse sin problemas, ya que el banco central estaría a cargo de liquidar todas las transacciones. Eso promovería la competencia entre proveedores de monedas estables. Otras ventajas serían el respaldo a favor de soluciones de pago internas frente a monedas estables en moneda extranjera ofrecidas por monopolios difíciles de regular; y una mejor transmisión de la política monetaria si se alivian las presiones que pesan sobre la sustitución de monedas y si las reservas que mantienen los proveedores de monedas estables se encuentran remuneradas, por más remota que sea esa posibilidad.

El siguiente paso: ¿Una moneda digital de los bancos centrales?

Si los proveedores de monedas estables mantuvieran activos de los clientes en el banco central, estos podrían mantener y negociar indirectamente pasivos del banco central, lo cual, después de todo, constituiría básicamente una «moneda digital de un banco central». En la práctica, las monedas seguirían constituyendo un pasivo para los emisores privados y sería necesario proteger los activos de los clientes de la quiebra de los proveedores de la moneda estable.

La moneda digital sintética de los bancos centrales —o “sCBDC” según su sigla en inglés— ofrece ventajas significativas frente a su homólogo propiamente dicho, que exige participar en muchos de los pasos de la cadena de pagos. Eso puede ser costoso —y riesgoso— para los bancos centrales, ya que los empujaría al terreno poco familiar de la gestión de marcas, la creación de aplicaciones, la selección de tecnologías y la interacción con clientes.

En el modelo sCBDC, que es una asociación público-privada, los bancos centrales se concentrarían en su función fundamental: generar confianza y eficiencia. Le tocaría al sector privado, como proveedor de las monedas estables, ocuparse de los pasos restantes bajo adecuada supervisión y hacer lo que hace mejor: innovar e interactuar con los clientes.

Que los bancos centrales vayan a participar o no es otra cuestión. Cada uno debe sopesar los pros y los contras desde el punto de vista de la estabilidad del sistema de pagos, la inclusión financiera y la eficiencia en términos de los costos, como lo explica un reciente estudio elaborado por el personal técnico del FMI. Pero en la medida en que los bancos centrales deseen ofrecer una alternativa digital al efectivo, deberían pensar en la sCBDC como una opción posiblemente atractiva.

¿Serán las sCBDC el dinero del futuro para los bancos centrales? Una cosa es segura: el mundo del dinero de curso forzoso está en constante evolución y la innovación transformará el panorama de la banca y del dinero. En eso apostamos hasta el último centavo.

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Torres de Colón

2 de octubre, 2019
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Los ministros de Justicia del Grupo Vendôme defienden el Estado de Derecho como base del sistema democrático y la confianza mutua en la UE

2 de octubre, 2019

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación – mjusticia.gob.es
Reunión en La Haya
Los ministros de Justicia del Grupo Vendôme defienden el Estado de Derecho como base del sistema democrático y la confianza mutua en la UE
• Han analizado también el papel de Eurojust en la cooperación judicial contra el crimen organizado y la corrupción
• Los ministros han expresado su compromiso contra el abuso y la explotación sexual de menores y han subrayado el papel de las plataformas de internet en la prevención y erradicación de estos delitos
30 de septiembre de 2019.- Los ministros de Justicia del Grupo Vendôme, formado por Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España, Luxemburgo y Países Bajos, han celebrado hoy en La Haya (Países Bajos) su cuarto encuentro en el que han analizado en profundidad el Estado de Derecho en el seno de la Unión Europea.
Los ministros y demás representantes del grupo consideran que el Estado de Derecho es la base del sistema democrático y un elemento esencial para asegurar la protección de los derechos fundamentales y la confianza mutua entre los países miembros y sus ciudadanos. Esta confianza en las instituciones públicas -incluido el sistema judicial- es crucial para el buen funcionamiento de las sociedades democráticas.
El Grupo Vendôme ha subrayado el compromiso de los ministros de Justicia para defender el imperio de la ley con un marco normativo predecible y equitativo y un sistema judicial eficaz. El Estado de Derecho está sometido a constante presión, por lo que los ministros reunidos en La Haya llaman a una defensa vigilante de aquellos que lo protegen cada día –abogados, fiscales y jueces- contra la intimidación, la corrupción y la violencia.
Los representantes de los siete países han abordado el reciente llamamiento de la Comisión Europea para reforzar el Estado de Derecho en la Unión Europea y han acordado proponer a la presidencia finlandesa que incluya el análisis de esta cuestión en la agenda del Consejo de Justicia y asuntos de Interior (JAI) sin perjuicio de las competencias del Consejo Europeo.
El Grupo Vendôme ha analizado también el papel de Eurojust y otros órganos con un rol fundamental en la cooperación judicial contra el crimen organizado y la corrupción en la UE cuyo objetivo es garantizar la seguridad integral en el territorio europeo. Los ministros han resaltado la importancia de eliminar los obstáculos y la impunidad y han pedido que se adopte un enfoque coherente en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la aplicación de los valores de la UE. Además, han reclamado la asignación de recursos adecuados para permitir que estas agencias se enfrenten a los nuevos desafíos planteados por la tecnología y a las nuevas amenazas a la seguridad.
El último asunto a tratar ha sido la lucha contra el abuso y la explotación sexual de menores, con especial atención a la posibilidad de eliminación rápida de las imágenes de abuso infantil en internet. Los ministros han expresado su compromiso para combatir el abuso y la explotación sexual de menores y han subrayado el valor de la cooperación con las empresas tecnológicas, en particular con las plataformas de internet, como actores clave en la prevención y erradicación de estos delitos y en la eliminación rápida de los contenidos ‘online’ con los que se cometen.

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