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Estación zona cero. New York

8 de diciembre, 2019
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El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) sube hasta el -0,272 % en noviembre

8 de diciembre, 2019


El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) sube hasta el -0,272 % en noviembre

Nota de prensa bde.es
Madrid, 2 de diciembre de 2019

El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) sube hasta el -0,272 % en noviembre

El índice euríbor, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, subió en noviembre hasta el -0,272 % desde el -0,304 % del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un descenso de -0,125 puntos. El euríbor se calcula con los datos de las principales entidades de la zona del euro y consiste en el tipo de interés medio de contado que ofrecen las entidades para las operaciones de depósito de euros a plazo de un año.

Los datos correspondientes al mes de noviembre muestran también un ascenso, hasta el -0,272 %, del míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000.

Estos índices de referencia para el mercado hipotecario son válidos a partir de su publicación en el BOE, lo que normalmente se produce unos días después de su difusión por el Banco de España.

Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda (1) Noviembre de 2019

Rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años
-0,272 %

Referencia interbancaria a un año (euríbor)

-0,272 %

Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años

-0,220 %

Tipo interbancario a un año (míbor)

-0,272 %

El resto de los tipos de referencia oficiales para el mercado hipotecario (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España y tipo medio de los préstamos hipotecarios entre 1 y 5 años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro) (2) se actualizarán, en torno al día 20 de este mes, en el cuadro 19.1 del capítulo 19 del Boletín Estadístico.
Desde el 1 de noviembre de 2013, el Banco de España ha dejado de publicar el Tipo activo de referencia de cajas de ahorros -Indicador CECA- y los tipos medios de préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre de bancos y cajas de ahorros de conformidad con la legislación vigente (3). Las referencias a estos tipos serán sustituidas (4), con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato.
En el caso de que no exista un tipo sustitutivo en el contrato, o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo. El diferencial aplicable en cada caso puede calcularse utilizando el simulador publicado a tal efecto en el Portal del Cliente Bancario.

1 y 2 Calculados según la definición de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios

3 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
4 Según lo dispuesto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; Disposición adicional decimoquinta. Régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia.

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Kurt Cobain

7 de diciembre, 2019

Marinna Mouzo

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La Audiencia de Valladolid condena al exconcejal de Urbanismo de la capital por las irregularidades cometidas en la modificación del Plan General en 2003

7 de diciembre, 2019

Martes, 3 de diciembre de 2019

La Audiencia de Valladolid condena al exconcejal de Urbanismo de la capital por las irregularidades cometidas en la modificación del Plan General en 2003

Los magistrados de la Sección Cuarta le imponen dos años de cárcel e inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación y un año y nueve meses de prisión por un delito contra el patrimonio artístico

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años de cárcel y un año y nueve meses de inhabilitación al exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital por irregularidades en la modificación del Plan General en 2003.

Los magistrados de la Sección Cuarta le imponen dos años de cárcel y dos de inhabilitación para el cargo de concejal por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación y un año y nueve meses de inhabilitación por un delito contra el patrimonio histórico.

Además, el tribunal condena al direcxtor del área de Urbanismo en el Consistorio a un año y tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación urbanística.
El coordinador técnico del área de Urbanismo, por su parte, ha sido condenado por a un año y tres meses de prisión por los mismos delitos.

La Sala, a la hora de fijar las penas, aprecia la atenuante de dilaciones indebidas. Los tres acusados son absueltos del delito de tráfico de influencias por el que también fueron juzgados.

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Constitución

6 de diciembre, 2019
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Una España mejor

6 de diciembre, 2019
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COP25: El SEPRONA de la Guardia Civil seleccionado para participar en la Cumbre del Clima como modelo en la defensa del medio ambiente

6 de diciembre, 2019

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil participará mañana en una mesa redonda sobre el tráfico ilegal de maderas

guardiacivil.es

También se impartirá la ponencia “El modelo de la Guardia Civil española en la defensa del medio ambiente. Operaciones en el ámbito del cambio climático

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, ha sido seleccionado para participar en la vigésima quinta reunión (COP25) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (UNFCCC) que está teniendo lugar en Madrid, por su modelo policial como herramienta para la lucha contra el cambio climático.

El SEPRONA estará presente a las 12 horas de mañana día 5 en una mesa redonda en la Zona Azul, en un evento centrado en el tráfico ilegal de maderas. Así mismo, a las 15 horas del mismo día, en la Zona Verde, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha sido seleccionado para la actividad titulada: “El modelo de la Guardia Civil española en la defensa del medio ambiente. Operaciones en el ámbito del cambio climático”.

El cambio climático constituye el gran desafío medioambiental y socioeconómico del siglo XXI. Según el informe de UNEP-INTERPOL “The rise of environmental crime”, los delitos medioambientales ocupan la 3ª posición en el ranking delictivo, estando considerados como una de las actividades criminales más lucrativas. Son una modalidad delictiva cada vez mayor, y con un potencial impacto devastador para la totalidad de la población. En este sentido, España ocupa un lugar privilegiado en cuanto a recursos naturales y zonas de especial protección medioambiental se refiere, siendo el país de la Unión Europea con mayor biodiversidad y compartiendo el primer puesto con Estados Unidos como primer país del mundo en reservas de la biosfera designadas por la UNESCO.

De esta forma, en nuestro país, el Gobierno de la Nación ha apostado por abordar esta temática, constituyendo la defensa del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, una de sus prioridades. Igualmente conviene destacar que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2017 incluye la preservación del medio ambiente entre sus 15 objetivos estratégicos. Así mismo, la recientemente aprobada Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave para el período 2019-2023 incorpora también los delitos graves contra el medio ambiente.

Como soporte a estas actuaciones, desde el punto de vista policial el principal actor en la lucha contra este tipo de delitos es el SEPRONA de la Guardia Civil, cuerpo encargado, por ley, de algunas misiones específicas entre las que está incluida la protección del medio ambiente. Para llevar a cabo esta misión, en 1988 se creó el Servicio de Protección de la Naturaleza, más conocido bajo el acrónimo de SEPRONA. Con sus casi 2000 componentes, esta especialidad de la Guardia Civil tiene la responsabilidad de la protección del medio ambiente y su flora y fauna desde un punto de vista integral, incluyendo su participación en campañas de concienciación, actividades de prevención, infracciones administrativas y la investigación de actividades criminales contra el medio ambiente.

En el cumplimiento de su responsabilidad, el SEPRONA cuenta con el apoyo del resto de las unidades de la Guardia Civil, lo que supone un valor añadido debido al apoyo de las unidades del Servicio Fiscal para controlar el contrabando ilegal en puertos y aeropuertos, del Servicio Aéreo a través de su flota de aeronaves de vigilancia (ala rotatoria y ala fija) o del propio Servicio Marítimo con sus embarcaciones (patrulleras y buques oceánicos) para el control de la pesca ilegal y la polución en el mar.

Con más de 30 años de experiencia, el SEPRONA ha cosechado importantes resultados por los que ha recibido numerosos reconocimientos. Algunos de los más relevantes son el premio United Nations Environment Program “OzonAction“ Award 2019, Wildlife Without Borders award (INTERPOL 2018), y el IP Crime Award (EUROPOL 2018) entre muchos otros.

El modelo español del SEPRONA de la Guardia Civil, como policía integral en la defensa medioambiental, es un referente internacional. Testimonio de ello son las numerosas solicitudes de visita para conocer su organización y despliegue, así como el modelo de coordinación nacional e internacional perfeccionado durante décadas de existencia.

Siguiendo el «EU Action Plan Against Wildlife Trafficking» de la Unión Europea, el gobierno español ha desarrollado el Plan de Acción Contra el Tráfico Ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres, TIFIES, donde se creó una Oficina Central Nacional para el análisis de la información sobre actividades ilícitas medioambientales en el seno del SEPRONA para coordinar y potenciar la colaboración interinstitucional en España y convertirse en punto focal internacional en este ámbito.

El SEPRONA también se encargará durante los años 2020 y 2021 de la dirección de EnviCrimeNet, una plataforma de agencias de policía medioambientales que procura asesoramiento a las políticas de la UE. Actualmente el SEPRONA es co-driver del EMPACT (European multidisciplinary platform against criminal threats) de crimen medioambiental y coordina la Red Jaguar, una red informal de trabajo de policías latinoamericanas en el ámbito del crimen medioambiental.

A nivel internacional, más del 90% de las contribuciones a EUROPOL en el ámbito de las operaciones de lucha contra el crimen organizado relacionado con el Medio Ambiente son aportadas por el SEPRONA de la Guardia Civil, siendo un referente en las operaciones policiales desarrolladas igualmente por INTERPOL.

Por otro lado, el trabajo conjunto de la unidad del SEPRONA adscrita a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo ha merecido varios reconocimientos de Naciones Unidas, el último recogido en Kiev el pasado 25 de septiembre de 2019, fruto de operaciones conjuntas en el ámbito de la contaminación, donde el Secretario General de Naciones Unidas para el Ozono ensalzó la apuesta de España de dedicar casi 2000 personas (en referencia a los especialistas del SEPRONA) de una policía integral como es el Cuerpo de la Guardia Civil, a cometidos exclusivos y específicos de protección medioambiental.

En cuanto al despliegue de capacidades a nivel nacional, la Guardia Civil-SEPRONA se coordina a nivel estatal a través de distintos departamentos ministeriales (Transición Ecológica-MITECO, Agricultura, Pesca y Alimentación-MAPA, Sanidad, etc.), y a nivel autonómico por inspectores de las CCAA en coordinación con agentes del SEPRONA, permitiendo así multiplicar exponencialmente sus capacidades conjuntas.

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Freddy

5 de diciembre, 2019

Marinna Mouzo

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La deuda pública se ha estabilizado en niveles máximos a pesar del fuerte crecimiento nominal de la economía en los últimos años

5 de diciembre, 2019

La deuda pública se ha estabilizado en niveles máximos a pesar del fuerte crecimiento nominal de la economía en los últimos años

18 noviembre 2019

airef.es

Evolución de la deuda pública
•En el Observatorio de Deuda, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que el crecimiento ha contribuido a reducir la deuda en 18 puntos, pero los factores fiscales estructurales prácticamente han neutralizado el efecto
•Constata que la fuerte caída y aplanamiento de la curva de tipos de interés en el último lustro ha permitido que la ratio de deuda no haya continuado creciendo entre 2014-2019
•Afirma que la mejora en las condiciones de financiación observada en el último año debido al cambio en las expectativas del mercado generará un espacio fiscal en el medio plazo que debería ser compatible con la corrección del déficit estructural y la reducción en la ratio de deuda. Hacia 2023, la carga de intereses se reduciría hasta 1,7% del PIB, generando un ahorro de 0,7 puntos del PIB con respecto a 2018
•La AIReF estima que, si no hay cambios en las expectativas en el mercado de deuda soberana y la política monetaria se mantiene, la deuda podría estabilizarse en el entorno del 60% del PIB en 15 años
•En cambio, si las condiciones de financiación convergen lentamente o promedios históricos y la política monetaria tiende a la normalización en los próximos diez años, la deuda se mantendrá en el 90% en 2050, aunque la política fiscal se oriente a lograr equilibrios presupuestarios
•Además, si la política fiscal no contribuye a mejorar el déficit estructural y se mantiene el actual saldo primario, la deuda podría superar el 130% en 2050

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy en su página web el último Observatorio de Deuda, en el que constata que la ratio deuda de las AAPP se situó en el 97,7% en el tercer trimestre de 2019 y lleva cinco años en torno a valores no vistos desde principios de siglo pasado (100% del PIB) a pesar del fuerte crecimiento nominal de la economía española en los últimos años. Este crecimiento ha contribuido a reducir la ratio en 18 puntos de PIB, pero los factores fiscales prácticamente han neutralizado dicho efecto.

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Jimi

4 de diciembre, 2019

Marinna Mouzo

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La era adaptativa

4 de diciembre, 2019

La era adaptativa

Por Kristalina Georgieva

blog-dialogoafondo.imf.org

Ninguna institución o persona puede permanecer al margen de la lucha contra el cambio climático

Cuando pienso en los increíbles desafíos que debemos enfrentar ante el cambio climático, mi mente se centra en los jóvenes. A fin de cuentas, ellos serán quienes gocen de los frutos o soporten la carga de las medidas que se tomen hoy.

Pienso en mi nieta de 9 años. Para cuando cumpla 20, quizá sea testigo de un cambio climático tan profundo que empuje a otras 100 millones de personas a la pobreza. Cuando cumpla 40, 140 millones quizá se conviertan en migrantes climáticos, personas forzadas a huir de hogares que ya no son seguros ni capaces de brindarles subsistencia. Y si vive hasta los 90, el planeta puede ser 3°–4° más cálido y apenas habitable.

A menos que actuemos. Podemos evitar ese futuro sombrío, y sabemos qué debemos hacer: reducir las emisiones, compensar lo que no se puede reducir y adaptarnos a las nuevas realidades climáticas. Ninguna institución ni persona puede quedarse al margen.

Un baño de realidad

Nuestros esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aplicando diversas medidas de mitigación —eliminar gradualmente los combustibles fósiles, aumentar la eficiencia energética, adoptar fuentes de energía renovable, mejorar el uso del suelo y las prácticas agrícolas— siguen avanzando, pero el ritmo es demasiado lento. Debemos ampliar y acelerar la transición hacia una economía hipocarbónica. Al mismo tiempo, debemos reconocer que el cambio climático ya está ocurriendo y afectando la vida de millones de personas. Se registran acontecimientos meteorológicos más frecuentes y más severos: más sequías, más inundaciones, más olas de calor, más tormentas.

Estemos o no preparados, vamos entrando en una era de adaptación. Y debemos ser inteligentes al respecto. La adaptación no es una derrota sino una defensa contra lo que ya está sucediendo. Las inversiones adecuadas rendirán un “triple dividendo” al evitar pérdidas futuras, impulsar beneficios económicos mediante la innovación y generar beneficios sociales y ambientales para todos, pero particularmente para quienes se ven hoy afectados y corren mayor riesgo. Actualizando los códigos de construcción es posible asegurar que la infraestructura y los edificios resistan mejor los eventos extremos. Hacer la agricultura más resiliente al clima significa invertir más dinero en investigación y desarrollo, lo cual a su vez abre la puerta a la innovación, el crecimiento y el desarrollo de comunidades más saludables.

El FMI está redoblando sus esfuerzos para abordar el cambio climático. Nuestra misión es ayudar a nuestros países miembros a fortalecer sus economías y a mejorar la vida de la gente mediante sólidas políticas monetarias, fiscales y estructurales. Consideramos el cambio climático como un riesgo sistémico para la macroeconomía, en el cual el FMI está profundamente involucrado mediante sus estudios y asesoramiento en materia de políticas.

Mitigación más adaptación

En lo que respecta a la mitigación, eso significa intensificar nuestra labor sobre la fijación de precios del carbono y ayudar a los gobiernos a diseñar hojas de ruta para dejar de ser economías contaminantes que dependen del carbono y transformarse en economías verdes que aspiran a ser libres de carbono. Los impuestos al carbono son una de las herramientas más poderosas y eficientes que pueden utilizar; según el último análisis del FMI sobre el tema, los países que son grandes emisores deben adoptar un impuesto al carbono que aumente rápidamente a USD 75 la tonelada en 2030, acorde con una limitación del calentamiento global a 2°C o menos. Pero los impuestos al carbono deben implementarse en forma cuidadosa y sin perjudicar el crecimiento. La clave es reformular el sistema impositivo de manera justa, creativa y eficiente, no simplemente sumando un nuevo impuesto. Un buen ejemplo es Suecia, donde los hogares de ingresos bajos y medianos recibieron mayores transferencias y recortes tributarios para compensar el alza del costo de la energía tras la adopción de un impuesto al carbono.

Este es un sendero que otros países pueden seguir, redirigiendo estratégicamente parte de la recaudación de impuestos al carbono a los hogares de bajo ingreso que menos pueden pagar. Con una recaudación estimada de 1–3% del PIB, una parte también podría destinarse a respaldar a las empresas y hogares que opten por seguir un rumbo verde.

Mientras seguimos trabajando para reducir las emisiones de carbono, la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos más extremos como huracanes, sequías e inundaciones está afectando a personas de todo el mundo. Los países ya vulnerables a desastres naturales son los que más sufren, no solo en términos de pérdida inmediata de vidas sino también efectos económicos de larga duración. En algunos países, las pérdidas económicas totales superan el 200% del PIB, como cuando el huracán María azotó Dominica en 2017.

Nuestros servicios de crédito de emergencia están destinados a brindar asistencia rápida a los países de ingreso bajo golpeados por catástrofes. Pero el FMI también trabaja en diversos frentes en materia de adaptación para ayudar a los países a abordar los retos vinculados al cambio climático, ponerle un precio al riesgo y brindar incentivos a la inversión, incluidas las nuevas tecnologías.

Respaldamos las estrategias para generar resiliencia, particularmente en los países muy vulnerables para ayudarlos a prepararse y recuperarse ante los desastres. Y contribuimos al fortalecimiento de las capacidades dentro de los gobiernos mediante cursos de capacitación y asistencia técnica para gestionar mejor los riesgos y estrategias de respuesta ante catástrofes.

Trabajamos con otros organismos para potenciar el impacto de nuestra labor en lo que atañe al clima. Una de nuestras alianzas más importantes es la que conformamos con el Banco Mundial, especialmente en las evaluaciones de la política sobre cambio climático. Juntos hacemos un balance de los planes de mitigación y adaptación de los países, sus estrategias de gestión de riesgos y su financiamiento, y señalamos aquellas lagunas donde esos países necesitan inversión, cambios de política o asistencia en el desarrollo de capacidades para tomar las medidas necesarias.

Nuevas fronteras

De cara al futuro, también debemos estar abiertos para intervenir donde y cuando nuestros conocimientos puedan ser de utilidad, así como prepararnos para trabajar en otros ámbitos. Por ejemplo, trabajaremos más estrechamente con los bancos centrales, que, como guardianes de la estabilidad tanto financiera como de precios, están adaptando su marco normativo y sus prácticas para abordar los riesgos multifacéticos que el cambio climático plantea.

Muchos bancos centrales y otros organismos reguladores están buscando formas de mejorar las normas de divulgación y clasificación del riesgo climático, que ayudarán a las instituciones financieras y a los inversionistas a evaluar mejor su exposición asociada al clima y permitirán a los reguladores estimar mejor los riesgos del sistema en su totalidad. El FMI ofrece apoyo trabajando con la red de bancos centrales y supervisores encargados de “ecologizar” el sistema financiero y con otros organismos normativos.

Los bancos centrales y organismos reguladores deberían también ayudar a los bancos, aseguradores y empresas no financieras a evaluar su propia exposición al riesgo climático y desarrollar “pruebas de tensión” relacionadas con el clima. Dichas pruebas pueden contribuir a identificar el impacto que un shock adverso severo causado por el clima podría tener en la solvencia de las instituciones financieras y la estabilidad del sistema financiero. El FMI contribuirá a promover las iniciativas concernientes a pruebas de tensión frente al cambio climático, aportando asimismo sus propias evaluaciones de los sectores financieros y las economías de los países. Las pruebas de tensión relativas al cambio climático deberán ser calibradas cuidadosamente, ya que exigen evaluar shocks o medidas de política que pueden tener escasos precedentes históricos.

Todos estos esfuerzos contribuirán a lograr que haya más dinero para inversiones hipocarbónicas y resilientes al clima. El rápido aumento de los bonos verdes es una tendencia positiva, pero se requiere mucho más para asegurar nuestro futuro. Es así de simple: todos debemos intensificar nuestra labor conjunta para intercambiar conocimientos e ideas, formular e implementar políticas y financiar la transición hacia la nueva economía del clima. Nuestros hijos y nietos cuentan con nosotros.

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Justicia somete a consulta pública la transposición de siete directivas y reglamentos europeos

3 de diciembre, 2019

Justicia somete a consulta pública la transposición de siete directivas y reglamentos europeos
mjusticia.gob.es
29 de noviembre de 2019.- El Ministerio de Justicia abre mañana un proceso de participación pública para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la adaptación del Derecho español a un total de siete directivas y reglamentos europeos, como parte del proceso de elaboración normativa a que obliga la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Quienes deseen realizar alegaciones a estas normas tienen un plazo de quince días para hacerlo en el portal del Ministerio de Justicia.
Entre las materias que se someten a consulta pública se encuentra la necesaria adaptación a nuestro ordenamiento del Reglamento 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo referente a la agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST). El objetivo de este Reglamento es modificar y ampliar la capacidad de esta agencia, trascendental para la coordinación y cooperación entre autoridades judiciales de los Estados de la Unión Europea, en relación con casos graves de delincuencia organizada.
Otra de las normas sometidas a este trámite es el Reglamento 2017/1939 del Consejo, cuya adaptación es clave para una cooperación avanzada respecto a la creación de la Fiscalía Europea. Este órgano será responsable de la investigación de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE, incidiendo en la lucha contra el fraude y ejerciendo la acción penal sobre sus responsables.
También se abre a consulta la adaptación a nuestro ordenamiento jurídico del Reglamento 2019/816 que establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN), con el fin de complementar el Sistema Europeo de Información de
Antecedentes Penales. Esta medida está encaminada a la prevención y lucha efectivas contra la delincuencia internacional.
Igualmente encaminada a combatir la delincuencia está la Directiva 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo. Ese tipo de fraude tiene una dimensión transfronteriza cada vez más importante, tanto dentro del ámbito comunitario como en el exterior, y combatirlo requiere una coordinación adecuada.
En relación con el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso entre los Estados miembros de la UE, el Ministerio somete a consulta pública la armonización de nuestra legislación con el Reglamento 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta medida se basa en la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a la financiación del terrorismo de una forma más eficaz y general.
La transposición de la Directiva 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo supone una modificación de la Directiva 2017/1132 anterior, relacionada con la utilización de herramientas digitales en el ámbito del derecho de sociedades. Con esta Directiva se pretende hacer más eficaz una actividad económica mediante el establecimiento de una sociedad o la apertura de una sucursal de dicha sociedad en otro Estado miembro, para fomentar el crecimiento, la creación de empleo y la inversión.
Por último, la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo hace referencia a los marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, al tiempo que modifica la anterior Directiva 2017/1132. Con esta nueva legislación se pretende garantizar que empresa y empresarios viables en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos en la cuestión, que les permitan continuar su actividad.
Con la apertura de consulta pública para la adecuación de nuestro ordenamiento a estas normas, se avanza en la mejora de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa, que puede afectar tanto a sujetos individuales como a organizaciones representativas.

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Elvis

2 de diciembre, 2019

Autor: Marinna Mouzo

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Convento de San Francisco. Pontevedra

2 de diciembre, 2019
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La Audiencia de Salamanca condena a un abogado por engañar a un cliente en la compra de un piso

2 de diciembre, 2019

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

La Audiencia de Salamanca condena a un abogado por engañar a un cliente en la compra de un piso

Le impone un año y medio de prisión y tres de inhabilitación para ejercer como letrado por apropiación indebida y deslealtad profesional

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es
La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un año y medio de cárcel a un abogado que engañó a un cliente y se apropió de más de 26.500 euros que éste le entregó para la compra de una vivienda, operación en la que el letrado intervenía como mediador a finales de diciembre de 2012

La Sala le considera autor de un delito continuado de apropiación indebida y otro de deslealtad profesional y, además de la pena de prisión, le impone una multa de 4.800 euros y le prohíbe ejercer como abogado durante tres años y medio.

Deberá, igualmente, indemnizar al cliente engañado con más de 32.800 euros.

El Tribunal le absuelve del delito de blanqueo de capitales que le atribuía la Fiscalía.

La sentencia no es firme. Puede ser recurrida.

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El universo financiero. Planeta tarjetas. Banco de España

1 de diciembre, 2019
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Altar de la Basílica de Santa María la Mayor. Pontevedra

30 de noviembre, 2019
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España mejora en calidad del aire, en crecimiento y salud de sus bosques y aumenta la generación renovable

30 de noviembre, 2019

Presentación del Perfil Ambiental de España (PAE) 2018

España mejora en calidad del aire, en crecimiento y salud de sus bosques y aumenta la generación renovable

Viernes 22 de noviembre de 2019

MInisterio para la Transición Ecológica

España mejora sus datos de calidad del aire, superficie terrestre protegida, crecimiento y salud de los bosques, calidad de las aguas de baño y generación de energía renovable, entre otros, según se desprende del Perfil Ambiental de España (PAE) 2018.

lamoncloa.gob.es

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha presentado el informe, ha destacado su contribución a la alfabetización de la sociedad con el fin de fomentar su conocimiento y participación en la toma de decisiones ambientales. «El objetivo final es la meta que da nombre a este ministerio: conseguir la Transición Ecológica y mejorar los indicadores ambientales en este chequeo anual». Además, el informe sirve como herramienta para identificar las áreas que requieren planes y actuaciones de mejora.

El PAE, que inició la recogida de datos la pasada primavera, se elabora a partir de una evaluación transversal de setenta indicadores que proporcionan un enfoque global de la situación ambiental del país. Incluye un análisis de tendencias y detalla la información por temáticas- aire y clima, naturaleza, sectores socioeconómicos y sostenibilidad-.

El informe analiza, además, los diferentes datos por comunidades autónomas y los pone en el contexto de la Unión Europea.

Principales resultados

Según el PAE 2018, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVNM) y óxidos de azufre (SOx) se encuentran por debajo del techo de emisión fijado para España desde 2010.

En relación a los espacios protegidos, la superficie marina española protegida ha aumentado un cuatro puntos porcentuales con respecto a 2017, representando un 12% del total. Además, España alcanzó en 2018 las 16.613.036,7 hectáreas terrestres protegidas, lo que representa un 32,8% del total de la superficie de nuestro país. Esto implica un ligero incremento del 0,02%, siendo España uno de los únicos países de la Unión Europea donde ha aumentado.

Los datos de 2018 confirman una tendencia de crecimiento en los bosques españoles durante los últimos 15 años. También destaca la mejora de la salud de los árboles: el 77,3% de los ejemplares estudiados presentaron un aspecto saludable, superior al 72,2% registrado en 2017.

En cuanto a incendios forestales, 2018 ha resultado un año positivo con una reducción del 86% de la superficie forestal afectada con respecto al año anterior. También ha sido el ejercicio con menos incendios registrados desde 1983, que han disminuido un 45%.

Dibujo del marMinisterio para la Transición EcológicaEn el ámbito marino y costero, mejora la calidad de las aguas de baño: en 2018 se ha registrado un aumento del 1,75% de los puntos de muestreo que presentan una calidad «excelente», siguiendo con la tendencia positiva observada desde 2014.

Por otra parte, destaca el dato de presencia de plásticos en las basuras marinas muestreadas entre 2013 y 2018: un 71,5% de las basuras analizadas correspondían a este material, mientras que el 11,2% eran papel y cartón y el 6,6% correspondía con residuos higiénico-sanitarios. Sin embargo, esta cifra también refleja la mejora de los sistemas de medición de basuras marinas, que ya no solo analizan los areneros, sino también los fondos marinos. No obstante, ya se han aprobado Estrategias Marinas con Programas de Medidas que incluyen acciones para mejorar la problemática de este tipo de residuos.

Con respecto a la contaminación por nitratos en aguas subterráneas, los datos muestran que en nueve demarcaciones ha disminuido, con respecto a 2017, el número de estaciones con valores medios por encima de 50 mg/l, mientras que en siete demarcaciones este valor ha aumentado.

Las tasas de reciclado y valorización de residuos de envases se mantienen por encima de los objetivos previstos. En 2017, la incineración con recuperación de energía representó el 13% del destino de los residuos, acercándose al valor del 15 % previsto en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos. La generación de residuos por habitante en España se redujo un 0,22 % en 2017.

También aumenta la generación de electricidad procedente de fuentes renovables, con un incremento del 18,6% con respecto a 2017, ascendiendo a 100.314 GWh, según datos de Red Eléctrica de España.

Sobre el Perfil Ambiental de España (PAE)

Ministerio para la Transición EcológicaEste estudio se realiza anualmente, cumpliendo con la obligación establecida en el Convenio de Aarhus, con el objetivo de compartir la información ambiental para fomentar la implicación y participación de la sociedad y su contribución en la toma de decisiones.

Con un enfoque global, cada indicador aparece descrito con su vinculación al logro de los objetivos prioritarios del VII Programa de Acción Medioambiental de la UE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El PAE está disponible, en español y en inglés, en la web del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, se podrá acceder a él a través de una aplicación disponible para smartphone y tablet, adaptada a los sistemas Android e iOS.

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El juez considera nulo y abusivo el procedimiento sancionador del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para el cobro de multas de radar

30 de noviembre, 2019

Jueves, 21 de noviembre de 2019

El juez considera nulo y abusivo el procedimiento sancionador del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para el cobro de multas de radar

Anula la sanción a un conductor y señala que el “proceder habitual” del Consistorio obedece a un afán recaudatorio, causa indefensión y vulnera varias normas

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Valladolid ha anulado la sanción de 300 euros impuesta por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda a un vecino por no identificar al conductor del vehículo de su propiedad tras ser captado por un radar circulando a 60 kilómetros en un tramo en el que la velocidad estaba limitada a 50.

El juez considera que el “proceder habitual” del Consistorio para el cobro de sanciones “es jurídicamente inasumible” por ser “ser absolutamente ilegal, injusto y esencialmente recaudatorio” en la medida que duplica o triplica la sanción original.

El magistrado señala además que tal forma de actuar causa indefensión y vulnera “varios preceptos constitucionales y legales básicos, como son el derecho de defensa, el derecho a no declarar contra sí mismo, o a presentar o no alegaciones en el seno de un procedimiento administrativo sancionador”.

En la sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, el magistrado explica que “en un procedimiento administrativo, y más en uno de naturaleza sancionadora, el interesado tiene derechos, constitucional y legalmente reconocidos” y recuerda que “la obligación de identificar al conductor no es una obligación autónoma, absoluta o incondicionada”.

La obligación de identificación del conductor, precisa el juez, “exclusivamente será exigible y sancionable cuando el requerido para ello, en este caso el titular del vehículo, niegue ser el conductor del vehículo al momento de la infracción o, lo que es lo mismo, niegue su implicación en los hechos”.

Por tal motivo, concluye que “lo que no puede imponer la administración municipal demandada, en este caso el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, es una obligación absoluta de identificación de conductores haya reconocimiento o no de la autoría, bajo advertencia de duplicar o triplicar la sanción originaria. Sólo cabe exigir la identificación del conductor cuando el propietario niegue la autoría, pero no en el caso de admitir esta, o de un simple silencio”.

Por otro lado, tampoco puede el Consistorio obligar a nadie a reconocer que ha sido correctamente notificado, ni “bajo ningún concepto, obligar a formular alegaciones o comunicaciones; y menos aún sancionar la falta de alegaciones, lo que en este caso es lo que ha ocurrido”.

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Torre. Castillo de Oropesa

29 de noviembre, 2019
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El pleno del TC declara inconstitucional y nulo el art. 11.3.1 b) párrafo segundo de la ley del suelo y ordenación territorial de Extremadura por vulnerar competencias del Estado

29 de noviembre, 2019

Tribunal Constitucional.

Gabinete del Presidente. Oficina de prensa

Nota informativa nº 133/2019

tribunalconstitucional.es

El pleno del TC declara inconstitucional y nulo el art. 11.3.1 b) párrafo segundo de la ley del suelo y ordenación territorial de Extremadura por vulnerar competencias del Estado

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura y declara inconstitucional y nulo el art. 11.3. 1. b) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción introducida por la Ley 9/2011, de 29 de marzo.

La sentencia, cuya ponencia ha correspondido al Magistrado Antonio Narváez, considera que los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 deben ser objeto de una especial protección y han de clasificarse necesariamente dentro de la categoría del suelo rural especialmente protegido. Por tanto, conforme establece el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, no cabe realizar en ellos actuaciones de transformación urbanística.

El TSJ de Extremadura promovió la cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 11.3.1. b) de la ley citada anteriormente al considerar que podía incurrir en una inconstitucionalidad mediata o indirecta por ser contrarios al art. 149.1, apartados 1º, 13º, 18º y 23 de la Constitución. En efecto, dicho precepto sostiene que “la mera inclusión de unos terrenos en la Red Natura 2000 no determinará por sí sola su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área (…)”.

El Tribunal Constitucional señala que los terrenos incluidos en Red Natura 2000 tienen un alto valor ecológico que “deben quedar preservados de la transformación urbanística; esto es, han de permanecer en situación de suelo rural excluido del proceso de urbanización, debiendo el planificador urbanístico adoptar, en su caso, la técnica urbanística que resulte más idónea y adecuada a tal fin”.
No obstante, “podrá haber terrenos no integrados en la Red y que también tengan un alto valor ecológico –como es el caso de los espacios naturales protegidos–, pero indiscutiblemente los incluidos en aquella lo tienen en un grado superior al que se presupone a todo el suelo rural, razón por la que deben permanecer en una situación urbanística compatible con el régimen de especial protección derivado de la legislación sectorial ambiental”, explica la sentencia. Se indica en la sentencia que el precepto impugnado permite la “transformación urbanística” de este tipo de suelos, concepto éste que aparece definido en el art. 14 del Texto Refundido estatal de 2008, que comporta la urbanización del suelo, pues permite la edificación y otro tipo de construcciones que son incompatibles con la preservación del entorno natural que tiene el suelo rural especialmente protegido.
En consecuencia, cuando en el art. 11 de la Ley del suelo y ordenación territorial de Extremadura, titulado “suelo no urbanizable”, se introduce una regla especial para los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 con el fin de que puedan ser objeto de transformación urbanística, se contraviene lo dispuesto en el art. 12.2 a) TRLS 2008, en conexión con el art. 13.4 del mismo texto legal.

El Tribunal insiste en que “la urbanización implica siempre una grave alteración –la ocupación de los terrenos por construcciones e instalaciones supone una reducción de facto de la superficie protegida– que, en el caso de los terrenos de la Red Natura 2000, por la especial protección que la propia comunidad autónoma les ha reconocido, con fundamento en la normativa europea y estatal, debe quedar condicionada a un supuesto muy concreto (evolución natural, científicamente demostrada) y un procedimiento exigente (trámite de información pública, remisión de la propuesta a la Comisión Europea y aceptación por ésta) según prevén los arts. 13.4 TRLS 2008 y 52 de la Ley 42/2007, normas de carácter básico que el párrafo cuestionado de la ley autonómica desvirtúa”.
El TSJ de Extremadura también alegaba que el procedimiento de homologación era una vía de regularización del Proyecto de Interés Regional (PIR) “Marina Isla de Valdecañas”, que no tiene el carácter de disposición general, sino de ley singular prevista para un caso específico, cuya intención es eludir la ejecución de su sentencia de 9 de marzo de 2011. El Tribunal Constitucional desestima dicho argumento porque “no se encuentra ante ninguno de los casos de ley singular identificados en nuestra jurisprudencia”. Ello significa que la disposición adicional única de la Ley 9/2011 no vulnera los arts. 24.1, 117 y 118 CE.

La sentencia cuenta con un voto particular del Magistrado Ricardo Enríquez Sancho en el que sostiene que la cuestión de inconstitucionalidad debiera haber sido desestimada. Argumenta que este sería el resultado si el precepto “se hubiera analizado sin la contaminación que supone su relación con el Proyecto de Interés Regional (PIR) de la Isla de Valdecañas” y recuerda que la resolución “afectará a todos los terrenos que en Extremadura estén integrados en la Red Natura 2000, que incluyen casi la tercera parte de todo el territorio de esa Comunidad”.

En su opinión el precepto analizado es acorde a lo establecido en la Ley 42/2007 de Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad con arreglo a la cual pueden llevarse a cabo actos de alteración de los terrenos si, según el resultado de la correspondiente evaluación ambiental, no producen efectos negativos sobre el espacio protegido e, incluso, si lo producen, cuando concurran imperiosas necesidades de interés general, con las condiciones previstas en esa Ley.

Madrid, 20 de noviembre de 2019

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La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la intermediación inmobiliaria

28 de noviembre, 2019

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la intermediación inmobiliaria

21 Nov 2019 cnmc.es

◦Se trataría de acuerdos y/o prácticas concertadas para la fijación, directa o indirecta de precios y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible.
◦Se ha inspeccionado la sede de varias empresas que prestan servicios de intermediación inmobiliaria y empresas proveedoras de software inmobiliario, por la fijación de comisiones para la venta y el alquiler de inmuebles, así como el posible empleo de algoritmos para posibilitar la práctica investigada.

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en acuerdos y/o prácticas concertadas para la fijación, directa o indirecta de precios y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible, con particular incidencia en la vivienda residencial.

Los días 18, 19 y 20 de noviembre se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que operan en el citado mercado. Estas inspecciones forman parte de la investigación abierta por la CNMC tras haber tenido conocimiento de la posible existencia de prácticas anticompetitivas.

Determinadas empresas y asociaciones del sector de la intermediación inmobiliaria que operan en el ámbito nacional, regional y local habrían llevado a cabo dichas prácticas en relación con la fijación, directa o indirecta, de las comisiones por la venta y el alquiler de inmuebles y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible. En la conducta que se analiza también habrían participado empresas activas en el mercado nacional de software y soluciones informáticas, fundamentalmente aquél destinado a la intermediación inmobiliaria. En particular, se investiga si el diseño de determinado software inmobiliario y sus algoritmos habría podido facilitar esta fijación directa o indirecta de comisiones y condiciones comerciales, así como su mantenimiento.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello cuenta, entre otros, con el “Programa de Clemencia” que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada por la CNMC.

Además, la CNMC dispone de una Plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles mediante la aportación de información anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas.

Se recuerda que la prohibición de contratar establecida en el artículo 71 de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público, para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia, se exceptuaría respecto de las empresas solicitantes de clemencia, en aplicación del artículo 72.5 de la citada Ley, que señala que no procede declarar la prohibición de contratar a las empresas solicitantes de clemencia.

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Parador de Oropesa

28 de noviembre, 2019
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La AEPD presenta junto a la industria una guía sobre el uso de cookies adaptada a la nueva normativa

27 de noviembre, 2019

La AEPD presenta junto a la industria una guía sobre el uso de cookies adaptada a la nueva normativa

aepd.es

Ha sido elaborada por la Agencia en colaboración con Adigital, Anunciantes, Autocontrol e IAB Spain
El documento es la actualización de la primera guía en Europa sobre esta materia elaborada conjuntamente por la autoridad de protección de datos y los representantes de la industria, y que acumula más de dos millones de descargas
La transparencia en la información ofrecida a los usuarios y la necesidad de obtener un consentimiento válido son dos de las obligaciones fundamentales
Guía sobre el uso de las cookies
(Madrid, 8 de noviembre de 2019). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las asociaciones ADIGITAL, Anunciantes, AUTOCONTROL e IAB Spain han presentado la Guía sobre el uso de las cookies, actualización a la nueva normativa de la primera guía en Europa sobre esta materia elaborada conjuntamente por la autoridad de protección de datos y los representantes de la industria. El acto ha sido inaugurado por la directora de la AEPD, Mar España, y ha contado con intervenciones del director general de AUTOCONTROL, José Domingo Gómez Castallo, la directora general de IAB Spain, Reyes Justribó, el director general de ADIGITAL, José Luis Zimmermann, y la directora general de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), Lidia Sanz.
La Guía, cuya versión anterior acumula más de dos millones de descargas, recoge las orientaciones, garantías y obligaciones que la industria debe aplicar para utilizar tanto cookies como tecnologías similares (fingerprinting y otras) cumpliendo la legislación vigente. El papel esencial que juegan las cookies para la prestación de numerosos servicios en Internet y, a la vez, las implicaciones que tienen en la privacidad de los usuarios ha determinado la necesidad de implantar un sistema en el que el usuario sea consciente de quién, cómo y para qué utiliza sus datos personales.
El documento analiza la necesidad de obtener el consentimiento informado del usuario antes de instalar las cookies, recogiendo tanto la obligación de transparencia en la información como el consentimiento en sí mismo, teniendo en cuenta que la nueva normativa de protección de datos establece unos requisitos más estrictos. Además, la Guía se complementa con ejemplos prácticos de fórmulas válidas para recabar el consentimiento de los usuarios.
En cuanto a la transparencia a la hora de ofrecer información, la Guía determina que la información debe ser concisa, transparente e inteligible, utilizando un lenguaje claro y sencillo. Por tanto, debe evitarse el uso de frases confusas como “usamos cookies para personalizar su contenido y crear una mejor experiencia para usted” o “para mejorar su navegación”, o frases como “podemos utilizar sus datos personales para ofrecer servicios personalizados” para referirse a cookies publicitarias que almacenan información sobre el comportamiento de los usuarios mediante el análisis de los hábitos de navegación.
En el caso de que un usuario preste su consentimiento para el uso de cookies, la información debe seguir siendo fácilmente accesible, promoviendo la información por capas. La Guía clarifica también que esta información se debe facilitar antes del uso o instalación de las cookies mediante un formato visible, y que deberá mantenerse hasta que el usuario realice la acción requerida para otorgar el consentimiento o rechazar la instalación.
Modalidades de consentimiento
Como ejemplo de modalidad válida para recabar el consentimiento, la Guía incluye las opciones de aceptar, rechazar o configurar las cookies. Se admite la opción de “seguir navegando” como fórmula válida para obtener el consentimiento tras haber informado de ello, reforzando las garantías para que pueda ser considerada como una clara acción afirmativa e incorporando procedimientos para que denegar el consentimiento pueda ser tan sencillo como prestarlo.
En este sentido, la Guía indica que será necesario que el usuario realice una acción que pueda calificarse como una clara acción afirmativa. A modo de ejemplo, podrá considerarse así navegar a una sección distinta del sitio web (que no sea la segunda capa informativa sobre cookies ni la política de privacidad), deslizar la barra de desplazamiento, cerrar el aviso de la primera capa o pulsar sobre algún contenido del servicio, sin que pueda considerarse una aceptación el hecho de permanecer visualizando la pantalla, mover el ratón o pulsar una tecla del teclado.
El enlace o botón para administrar las preferencias debe llevar al usuario directamente al panel de configuración y podrá integrarse en la segunda capa informativa. La Guía recoge que en el panel podrán implementarse dos botones: uno para aceptar todas las cookies y otro para rechazarlas todas. Estas posibilidades se admiten con el fin de facilitar la navegación del usuario evitando que tenga que ir marcando una por una las cookies que acepta o rechaza, partiendo de la premisa de que se le ha ofrecido una información granular que le permita tomar decisiones de forma selectiva.
En la segunda capa, se añade la obligación de facilitar información sobre las transferencias de datos a terceros países realizadas por el editor; sobre la elaboración de perfiles, cuando implique la toma de decisiones automatizadas con efectos jurídicos para el usuario o que le afecten significativamente; y sobre el periodo de conservación de los datos, para que de este modo la información que se suministra contenga los extremos del artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos.
Por otro lado, la Guía también incluye un apartado sobre “actualización del consentimiento” en el que se destaca como buena práctica que la validez del mismo para el uso de una determinada cookie no tenga una duración superior a 24 meses y, que durante este tiempo, se conserve la selección realizada por el usuario sobre sus preferencias, sin que se le solicite un nuevo consentimiento cada vez que visite la página en cuestión.
Normativa aplicable
Las soluciones propuestas en la presente guía pretenden ofrecer orientaciones sobre cómo cumplir las obligaciones previstas en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), en relación con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
Dadas las múltiples complejidades que plantea el uso de las cookies, estas orientaciones no pretenden ofrecer una solución general y uniforme para el cumplimiento de la ley, sino que deben servir de guía para que las entidades adopten decisiones sobre la solución más adecuada a sus intereses y modelo de negocio.
Por último, hay que recordar que existen una serie de cookies exentas (cookies técnicas), que quedan excluidas del ámbito de aplicación del artículo 22.2 de la LSSI y sobre las que, por lo tanto, no es necesario informar ni obtener el consentimiento sobre su uso. No obstante, por razones de transparencia, la Agencia recomienda informar de su utilización y recoge el siguiente ejemplo de cláusula informativa: “Este sitio web utiliza cookies que permiten el funcionamiento y la prestación de los servicios ofrecidos en el mismo”.

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Parroquia de San Bartolomé. Pontevedra

27 de noviembre, 2019
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El pleno del TC declara que la Generalitat tiene competencia para legislar en materia de contratos de compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajeno

26 de noviembre, 2019

Tribunal Constitucional.
Gabinete del Presidente. Oficina de Prensa

Nota informativa nº 134/2019

tribunalconstitucional.es

El pleno del TC declara que la Generalitat tiene competencia para legislar en materia de contratos de compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajenos

El Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra los preceptos del Código Civil de Cataluña que regulan el contrato de compraventa, el de permuta, el de mandato y la gestión de negocios ajenos (arts. 3, 4 y 9 de la Ley de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).
El Tribunal ha estimado únicamente la impugnación relativa al artículo 621-54.3 del CCC. La sentencia declara inconstitucional y nulo este precepto al apreciar que el procedimiento notarial de resolución de conflictos que en él se establece vulnera las competencias que atribuye al Estado el art. 149.1.6 CE en materia de legislación procesal. El resto de las impugnaciones han sido desestimadas al considerar el Tribunal que la regulación de los referidos contratos por el legislador catalán es conforme al orden constitucional de competencias.
La sentencia llega a esta conclusión al entender, por una parte, que los contratos de compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajenos que regula la normativa impugnada guardan conexión con instituciones de su derecho civil catalán existentes a la entrada en vigor de la Constitución, por lo que, en virtud de las competencias asumidas en materia de derecho civil (art. 129 EAC), la Generalitat puede regularlo; y por otra, al verificar que esta competencia se ha ejercido respetando la competencia que el art. 149.1.8 CE atribuye al Estado para establecer “las bases de las obligaciones contractuales”. El Tribunal constata que al encontrase las obligaciones contractuales reguladas con carácter general en el Código civil -norma preconstitucional- el legislador estatal no ha declarado formalmente las bases de estas obligaciones. Por ello, ha efectuado este juicio de constitucionalidad mediata tomando como parámetro de constitucionalidad los elementos esenciales que se infieren de la regulación de estos contratos que efectúa esta norma.
Por lo que respecta a la compraventa de consumo, la sentencia pone de manifiesto que Cataluña ha asumido competencias legislativas no solo en materia de contratos civiles (art. 129 EAC), sino también en la de consumo (art. 123 EAC) y que la regulación de este tipo de compraventa que efectúa el legislador catalán es conforme con la legislación básica estatal -al art. 59 del Texto Refundido de La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios-, por lo que también desestima esta impugnación.
La sentencia cuenta con varios votos particulares. El Magistrado Andrés Ollero, discrepa de la sentencia aprobada por la mayoría porque considera, entre otros muchos argumentos, que interpreta expansivamente la competencia autonómica para desarrollar el derecho foral, dando a entender que la Generalitat de Cataluña está autorizada a aprobar un Código Civil completo, desplazando enteramente la legislación civil estatal. El Magistrado también ha mostrado su desacuerdo con que se hayan identificado las “bases de las obligaciones contractuales” con el concepto de legislación básica, como si el reparto de competencias en materia de derecho civil fuera por completo equivalente a materias como la educación, sanidad, energías o medio ambiente. En su opinión, la sentencia habría debido rechazar que sean desarrollo de derecho civil propio las previsiones impugnadas sobre compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajenos.
El Magistrado Antonio Narváez también ha formulado un voto particular, al que se ha adherido el magistrado Santiago Martínez-Vares. Discrepa de la sentencia aprobada por la mayoría por dos razones: la primera, porque falta conexión entre las instituciones tradicionales que regulaba el Derecho catalán (rescisión del contrato por lesión y venta a carta de gracia) y la regulación completa que hace el Código Civil de Cataluña del contrato de compraventa. Además, apunta que la normativa catalana no ha aportado ningún punto de conexión entre los contratos de permuta, mandato y gestión de negocios ajenos e instituciones preexistentes a la Constitución que fueran peculiares de Cataluña. La segunda razón es que la sentencia no aborda desde la perspectiva del art. 149.1.6ª (competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil) el problema del contrato de compraventa de consumo, en el que este Tribunal, en doctrina que cita, ha determinado las competencias del Estado sobre esta materia para proteger los derechos de los consumidores y usuarios.

El Magistrado Alfredo Montoya también disiente de la sentencia aprobada por la mayoría porque altera la distribución competencial que el constituyente diseñó para la materia “legislación civil” y, además, atribuye a Cataluña, sin apoyo constitucional alguno toda la competencia sobre la legislación civil, con la única salvedad de las materias enumeradas en el segundo inciso del art. 149.1.8ª CE. Por otro lado, asegura que la materia “bases de las obligaciones contractuales” es un ámbito material reservado íntegramente al Estado y no, como la sentencia de la mayoría afirma, una materia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en torno a la distribución bases-desarrollo.

El Magistrado Ricardo Enríquez Sancho también ha emitido otro voto particular, al que se adhiere el Magistrado Antonio Narváez Rodríguez. En él muestra su disconformidad con la sentencia, ante todo porque ésta identifica el concepto de “bases de las obligaciones contractuales” del art.149.1.8ª CE, con el concepto de “bases”, “legislación básica”, o “normas básicas”, a que se refieren otros títulos previstos en el citado art. 149.1, y le aplica de manera incorrecta la doctrina de este Tribunal sobre la relación entre legislación básica y legislación de desarrollo. En materia de legislación civil no hay competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas: ésta corresponde en exclusiva al Estado, solo las Comunidades con derecho foral o especial a la entrada en vigor de la CE lo pueden actualizar o desarrollar, salvo las materias del apartado segundo donde el Estado tiene competencia sin reservas para asegurar una regulación común. Es el caso de las bases de las obligaciones contractuales, que coadyuvan a otros fines constitucionales como la unidad de mercado y la libre circulación de bienes (art. 139.2 CE); y que es el ámbito invadido por las normas impugnadas. A tales bases se refiere una copiosa jurisprudencia del TC en estos años, citando ejemplos, referidas a preceptos del Código Civil y otras leyes, de la que ha prescindido la sentencia aprobada. Ésta evita además el necesario contraste entre normas, acudiendo a ciertos principios generales, técnica ya descartada por el tribunal. Añade el voto que desde la STC 71/1982 hasta la STC 13/2019, siempre se ha rechazado que la ley autonómica establezca un novum en el contenido de los contratos (derechos y obligaciones). El voto particular finalmente se detiene en el examen de los preceptos impugnados, especialmente las normas de la compraventa, evidenciando su diferencia y por tanto la invasión competencial con la regulación del Código Civil, por lo que debió estimarse el recurso de inconstitucionalidad respecto de todos ellos. Madrid, 22 de noviembre de 2019.

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Vista del edificio de García Flórez. Pontevedra

25 de noviembre, 2019
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Justicia lanza tres nuevas herramientas tecnológicas para un funcionamiento más ágil y eficiente de juzgados y fiscalías

25 de noviembre, 2019

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
mjusticia.gob.es
Transformación digital de la Justicia
Justicia lanza tres nuevas herramientas tecnológicas para un funcionamiento más ágil y eficiente de juzgados y fiscalías
Se trata de una aplicación para el cálculo automático de acumulación de condenas, un sistema para la textualización de las vistas judiciales y una aplicación de firma digital manuscrita
19 de noviembre de 2019.- El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz; y la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte; han presentado hoy tres nuevas aplicaciones tecnológicas desarrolladas por el Ministerio de Justicia para auxiliar el trabajo de juzgados y fiscalías y atender las demandas de los operadores jurídicos.
Por un lado, se ha presentado la Calculadora 988, que calcula las condenas en casos de acumulación de sentencias y muestra la combinación más favorable para el reo entre todas las posibilidades. Esta herramienta utiliza un algoritmo definido por la Fiscalía del Tribunal Supremo a partir del marco legal establecido en el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 76 del Código Penal y el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27-06-2018, relativo a la fijación de criterios en acumulación de condenas.
Esta calculadora agiliza la gestión de los órganos judiciales, fiscales y de las instituciones penitenciarias en relación a esta materia, e incrementa la fiabilidad del proceso al evitar posibles errores en el cálculo de las acumulaciones. Asimismo, supone un ahorro significativo de recursos al reducir a escasos segundos una operación para la que, en algunos casos, se emplean actualmente hasta varias jornadas.
La implantación de esta calculadora, que se ha testado ya en la Fiscalía Provincial de Madrid, en la Fiscalía del Tribunal Supremo y entre los magistrados de su Sala Segunda, se realizará progresivamente en los órganos judiciales y fiscales del ámbito competencial del Ministerio de Justicia a lo largo del primer trimestre de 2020.
Los responsables del Ministerio han presentado además un sistema de generación automática de documentos de texto a partir de las grabaciones de los juicios y comparecencias judiciales, lo que facilitará la búsqueda, localización y acceso a su contenido a partir de palabas clave de las intervenciones habladas. Actualmente, la herramienta se está probando en la Oficina Judicial de Cuenca.
Por último, se ha desarrollado también una aplicación de firma digital manuscrita para recoger la rúbrica de los ciudadanos en sus comparecencias ante la Administración de Justicia en los supuestos en los que no disponen de firma electrónica. Actualmente, el proceso obliga a imprimir y escanear el documento con la firma manuscrita. Con este nuevo sistema, esta se realizará en una tableta, lo que generará un documento electrónico que podrá ser incorporado directamente al expediente digital.
El proyecto piloto de esta aplicación arrancará en los juzgados de Segovia en los próximos días. Su puesta en marcha será progresiva en los órganos judiciales y fiscalías de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y supondrá, además, una importante inversión en hardware para la puesta a disposición de los dispositivos necesarios.
El Ministerio de Justicia impartirá formación y soporte técnico a los usuarios de estas nuevas herramientas para su correcta utilización.

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Calle de Requena. Madrid

24 de noviembre, 2019
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¿Qué es el código SWIFT? ¿Para qué sirve?

24 de noviembre, 2019

14/11/2019 clientebancario.bde.es

Cuando has necesitado hacer una transferencia internacional es posible que te lo hayan pedido. El código SWIFT (también conocido como BIC, del inglés Bank Identifier Code) permite identificar al banco beneficiario de una transferencia y completa la información proporcionada por el código IBAN. Desde febrero de 2016, ya no es necesario en las operaciones de los países que integran la zona SEPA, para los que el IBAN es suficiente. Si no conoces el código SWIFT de tu cuenta, podrás consultarlo generalmente junto con el número de cuenta (IBAN) o preguntárselo a tu banco.
Recuerda que para que una transferencia intracomunitaria esté sometida a la misma comisión que una nacional de idéntico importe, el ordenante debe facilitar al banco los códigos IBAN y SWIFT del beneficiario.
El código normalmente consta de 11 caracteres, aunque en ocasiones pueden ser solamente ocho. Veamos un ejemplo



Cuatro letras que sirven para identificar al banco.
Dos letras que identifican el país, en este caso España (ES).
Dos letras que indican la localidad de la entidad bancaria. Por ejemplo, Madrid (MM) o Barcelona (BB).
Los últimos tres dígitos, que son opcionales, identifican la oficina o sucursal bancaria. Si se indica XXX significa que la oficina realiza la liquidación de manera centralizada.
¿Sabías qué…? SWIFT son las siglas de la Society for World Interbank Financial Telecommunication (Sociedad de Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial), una sociedad cooperativa con sede en Bélgica que fue fundada en 1973. Unas 12.000 instituciones (financieras y no financieras) de más 200 países están conectadas entre sí a través de SWIFT. Como tal, no es un sistema de pagos, es decir, no envía ni recibe dinero de un banco a otro, sino que se trata de una empresa privada que proporciona un sistema de mensajería. Estos mensajes agilizan las transferencias internacionales al permitir identificar a las partes implicadas de una manera estandarizada, segura y sin errores. Para que te hagas una idea de su volumen, cada día se intercambian unos 32 millones de mensajes de media.


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