14 Mayo 2026

La previsión actual del IPC de CEOE se eleva hasta el 3,1% de media anual, considerando una resolución del conflicto en las próximas semanas, si bien podrían darse aumentos superiores de precios si la guerra se prolonga.

Las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, que suponen una reducción de los tipos impositivos aplicados a la electricidad, el gas y los carburantes y combustibles, han contenido el incremento de los precios de los productos energéticos, con lo que la inflación general se desacelera hasta el 3,2% en abril y la subyacente también registra un avance más contenido del 2,8%. 

El encarecimiento del petróleo y de otros productos energéticos, como el gas, ya se reflejan en los precios de la energía, pero su impacto podría ser mayor y extenderse al precio de otros bienes si el conflicto se alarga en el tiempo.  A fecha de hoy la circulación de barcos por el estrecho de Ormuz sigue restringida.

En la Unión Monetaria, el IPC armonizado de abril situó su tasa interanual en el 3,0%, cuatro décimas más que el mes anterior, mientras que en España ha repuntado una décima, hasta el 3,5%, por lo que el diferencial se reduce a medio punto.

Análisis desagregado

Los precios energéticos muestran cierta desaceleración en el mes de abril (6,6%, frente al 7,3% de marzo), gracias a los descensos de precios registrados en la electricidad (-4,3%) y en el gas natural (-9,6%), que han compensado parte del aumento de los precios de los carburantes y combustibles (12,3%, frente al 8,6% de marzo). Hay que tener en cuenta que en estas variaciones ya se incluye el efecto de las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, que suponen una reducción de los tipos impositivos aplicados a la electricidad, el gas y los carburantes y combustibles.

En abril, el crudo Brent se situó en un promedio de 117,29 dólares/barril, un 15,0% más que en marzo. En tasas interanuales, fue un 72,2% superior que un año atrás, medido en dólares, y un 65,0% superior al medirlo en euros. 

Los precios de los alimentos sin elaboración registran un ligero descenso en su tasa interanual de dos décimas, hasta el 4,6%.

Dentro de la inflación subyacente, destaca la desaceleración de los precios del componente de servicios, que disminuyen su tasa interanual tres décimas, hasta el 3,4%, aunque siguen presentando el mayor avance dentro del núcleo de precios. Mientras que los bienes industriales sin productos energéticos y los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco mantienen su tasa de variación interanual en el 1,6% y en el 2,3%, respectivamente. 

En los primeros días de mayo, el precio del petróleo Brent ha mostrado una elevada volatilidad, ya que parecía que se estaba negociando un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán, aunque finalmente no se produjo y la situación sigue siendo tensa. El precio promedio en lo transcurrido de mayo es de 108 dólares/barril. La incertidumbre sobre la resolución del conflicto y el reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía (EIA), que señala que las reservas se están consumiendo con rapidez, hacen que el precio del petróleo pueda continuar elevado los próximos meses.

La previsión actual del IPC de CEOE es del 3,1% de media anual, considerando una resolución relativamente rápida del conflicto, con aumentos transitorios de precios por encima de esa tasa mientras dure esta situación. Hay que tener en cuenta que, en el caso de que se dilate en el tiempo, la subida de los precios de la energía y materias primas se trasladaría a otros precios de la cesta de la compra y podrían surgir expectativas de una mayor inflación.

Los once detenidos crearon un entramado piramidal que utilizaba plataformas fraudulentas y técnicas de ingeniería social para captar a las víctimas

La organización criminal usaba más de una treintena de cuentas bancarias para blanquear el dinero obtenido

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid, dedicada a cometer estafas mediante falsas inversiones financiaras. En la operación se ha detenido a once personas por los presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Se han llevado a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde se intervino varios lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento, ordenadores, un arma corta simulada y cinco vehículos.

Tras la denuncia presentada por una víctima en abril del pasado año, donde alertaba de una posible estafa relacionada con inversiones a través de una supuesta plataforma financiera y en la que tuvo un perjuicio económico superior a los 500.000 euros, comenzó la investigación.

A raíz de esta denuncia, los agentes analizaron miles de movimientos bancarios y descubrieron que la organización utilizaba un sistema piramidal de inversión conocido como “Esquema Pozi”, logrando defraudar cerca de dos millones de euros.

Captación de víctimas mediante promesas de alta rentabilidad

La organización ofrecía supuestamente oportunidades de inversión con beneficios elevados y rápidos, atrayendo a nuevos inversores mediante técnicas de ingeniaría social y aparentes conocimientos financiaros. El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos clientes para pagar supuestos beneficios a los primeros inversores, generando así una falsa sensación de rentabilidad y solvencia. Para ello, utilizaban una plataforma de inversión que fue catalogada como una entidad clon y no autorizada para la prestación de servicios de inversión.

Blanqueo de capitales mediante cuentas bancarias y compra de oro

Continuando con las investigaciones, los agentes constataron que la organización criminal empleaba más de una treintena de cuentas bancarias para fragmentar y mover el dinero estafado con el objetivo de dificultar su rastreo.

Parte de los beneficios ilícitos eran destinados a la compra de lingotes de oro y piedras preciosas y así blanquear el dinero obtenido de forma fraudulentamente.

Recomendaciones para evitar este tipo de fraudes

Antes de realizar cualquier inversión financiara, la Guardia Civil recomienda:

• Verificar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España que la entidad esté autorizada para prestar servicios de inversión.
• Desconfiar de rentabilidades anormalmente altas. A mayor rentabilidad, mayor riesgo.
• Sospechar de las exigencias de urgencia y presión. Los estafadores suelen presionar para que la víctima tome decisiones rápidas y no le dé tiempo a investigar.

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) en el teléfono 918073902 o 696909741.

12 May 2026

CNMC

• La norma adapta el marco jurídico español a los desafíos de la inteligencia artificial, los productos conectados y el comercio electrónico.
• Busca eliminar la competencia desleal obligando a todos los operadores a asumir los mismos costes de seguridad.
• La CNMC recomienda facilitar el cumplimiento a pymes y graduar las obligaciones de las plataformas según su tamaño.
• Subraya que el objetivo debe ser garantizar productos seguros sin imponer cargas desproporcionadas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre el Proyecto de Real Decreto (PRD) relativo a la seguridad general de los productos (IPN/CNMC/005/26).

La propuesta actualiza la normativa española para adaptarla al Reglamento (UE) 2023/988 y sustituye al Real Decreto 1801/2003. Se centra en los «productos no armonizados», los que no disponen de una legislación de seguridad sectorial, como los muebles, ropa, calzado, artículos deportivos o utensilios domésticos. 

El proyecto introduce novedades significativas para responder a los cambios tecnológicos y al auge del comercio en línea. Entre ellas destacan:

• La incorporación de riesgos asociados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los productos conectados. 
• Nuevas obligaciones para plataformas digitales, que deberán actuar activamente en la retirada de productos inseguros y en la trazabilidad de los vendedores. 
• El refuerzo de la vigilancia, con inspecciones encubiertas (“mystery shopping”) y la posibilidad de retirar contenidos en entornos digitales. 
• Una mayor trazabilidad, con obligación de conservar la documentación técnica durante diez años. 
• El refuerzo de los derechos del consumidor, que podrá elegir entre reparación, sustitución o reembolso ante productos inseguros.

Valoración de la CNMC

La CNMC valora positivamente la norma, ya que contribuye a mejorar el funcionamiento del mercado interior europeo. En este sentido, destaca que favorece que los precios de los productos reflejen los costes reales al obligar a todos los operadores a asumir los gastos preventivos de seguridad (ensayos, trazabilidad, documentación técnica).

Además, reduce la competencia desleal ya que obliga a todos los operadores (incluidos los de terceros países y de ventas online) a asumir los mismos costes de seguridad, evitando que quienes incumplen las normas obtengan una ventaja injusta.

A pesar de ello, la CNMC advierte sobre el impacto de las cargas administrativas, en especial para las pymes (en la UE soportan actualmente el 59 % de los costes de cumplimiento en seguridad) y recomienda: 

• Apoyo a pymes: introducir medidas específicas que faciliten el cumplimiento de las nuevas obligaciones administrativas y técnicas, como guías interpretativas claras, asesoramiento técnico, acceso simplificado a normas técnicas europeas y posibilidad de facilitar el cumplimiento conjunto de ciertas obligaciones.
• Graduación para plataformas: siguiendo el modelo del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), la CNMC aconseja graduar las obligaciones de las plataformas digitales en función de su tamaño e influencia, evitando imponer exigencias inasumibles a los operadores de menor dimensión.

La CNMC puede actuar de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h de la Ley  de creación) o a petición de las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las CC.AA., las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con el artículo 5.2).

7 mayo, 2026  

USO

La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO) considera que la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2026 debe analizarse con rigor y sin triunfalismos, porque la situación de las plantillas públicas exige mucho más que una nueva convocatoria anual de plazas.

La OEP 2026, aprobada mediante el Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo, contempla 27.232 plazas en el ámbito de la Administración del Estado y pretende reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las emergencias climáticas, las infraestructuras, la atención a la ciudadanía y determinados servicios esenciales.

FAC-USO valora que se incorporen perfiles vinculados a la modernización de la Administración, pero advierte de que estos avances no pueden ocultar el problema de fondo: falta estructural de personal, plantillas envejecidas, sobrecarga laboral, déficit de planificación y procesos selectivos que no siempre cubren todas las plazas ofertadas.

“Una OEP no puede medirse solo por el número de plazas aprobadas, sino por su capacidad real para cubrir vacantes, rejuvenecer plantillas, reducir temporalidad y garantizar servicios públicos de calidad”, señala Javier Toro, secretario general de FAC-USO.

Para FAC-USO, el principal déficit de la OEP 2026 sigue siendo la ausencia de una planificación plurianual, negociada y evaluable y considera imprescindible identificar dónde faltan efectivos, qué servicios están tensionados, qué plantillas van a jubilarse en los próximos años y qué medidas se adoptarán para que las plazas convocadas se cubran de verdad.

“El Gobierno habla de prioridades estratégicas, pero la prioridad real debe ser que la ciudadanía pueda ser atendida en tiempo y forma y que servicios como Seguridad Social, AEAT, SEPE, Justicia, Instituciones Penitenciarias, sanidad estatal o la Administración territorial tengan personal suficiente para funcionar con dignidad”, afirma Toro.

FAC-USO también advierte de que la digitalización y la inteligencia artificial no pueden utilizarse como excusa para reducir presencia humana ni deteriorar la atención directa. La transformación digital debe ir acompañada de refuerzo de personal, formación, atención presencial suficiente y garantías de accesibilidad, especialmente para personas mayores, colectivos vulnerables, zonas rurales y ciudadanía afectada por la brecha digital.

“Digitalizar no es cerrar ventanillas ni obligar a la ciudadanía a pelearse con una cita previa imposible. Digitalizar debe ser simplificar, agilizar y mejorar, pero siempre con empleo público suficiente detrás”, añade Javier Toro.

La Federación exige, además, que las plazas se convoquen y se cubran de forma efectiva. Aprobar una OEP no basta si los procesos selectivos se retrasan, se acumulan, quedan desiertos o no responden a las necesidades reales de los centros de trabajo.

FAC-USO reclama al Gobierno que la OEP 2026 sea el punto de partida de una verdadera estrategia de empleo público, con planificación plurianual, negociación colectiva real, cobertura efectiva de plazas, reducción de la temporalidad, relevo generacional y refuerzo de los servicios públicos esenciales.

Martes, 12 de mayo de 2026

Pide ampliar la lucha contra el tráfico de drogas transnacional y el delito de blanqueo de capitales. Plantea instruir y enjuiciar la persecución del tráfico ilícito de bienes culturales con impacto internacional

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha planteado una reforma del Tribunal para reforzar sus competencias ante los nuevos desafíos del crimen organizado que suponen ampliar su ámbito de actuación y consolidarla como centro de referencia en investigaciones penales transnacionales complejas. 

En coincidencia con el 50 aniversario de la creación de la Audiencia Nacional, que se cumple enero del próximo año, la Sala de Gobierno -a iniciativa del presidente de la Audiencia y con propuestas de las Fiscalías de la Audiencia y la Especial Antidroga, así como de magistrados y fiscales- ha presentado una propuesta de reflexión y actualización de sus competencias con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta frente a las nuevas formas de criminalidad. 

El documento, que se ha trabajado en los últimos meses, está concebido como base de debate y plantea elevar al Consejo General del Poder Judicial la conveniencia de estudiar una reforma del actual marco competencial, recogido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para adaptarlo a la evolución del crimen organizado y a su creciente dimensión internacional. 

La celebración del quincuagésimo aniversario de la Audiencia Nacional se presenta como una oportunidad idónea para abrir este debate y adaptar la institución a los retos del siglo XXI, garantizando su eficacia en la defensa del Estado de Derecho.

La propuesta parte de la constatación de que los cambios en la actividad delictiva -cada vez más compleja, transnacional y tecnificada- requieren una respuesta penal más ágil, especializada y coordinada. En este contexto, la Audiencia Nacional se posiciona como un órgano idóneo por su grado de especialización, experiencia y capacidad de cooperación internacional. 

Principales líneas de reforma 

Entre las medidas planteadas destacan la ampliación de competencias en delitos de tráfico de drogas, permitiendo a la Audiencia Nacional su conocimiento, incluso sin el requisito de multiprovincialidad, siempre y cuando concurran circunstancias de especial gravedad o complejidad, en línea con lo planteado con la Fiscalía Antidroga. 

En cuanto al blanqueo de capitales, se considera necesario Incluir entre las competencias de la Audiencia Nacional la investigación y enjuiciamiento de este delito cometido por organizaciones criminales transnacionales. 

Otra de las iniciativas se centra en la forma de combatir la trata de seres humanos. En este ámbito, se propone añadir un nuevo apartado al artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuya a la Audiencia Nacional la competencia para conocer de los delitos de trata de seres humanos, en todas sus formas de explotación, cuando sean cometidos por organizaciones criminales con dimensión transnacional o que operen en un ámbito territorial que exceda el de una Comunidad Autónoma. 

En materia de seguridad nacional, la protección de las infraestructuras críticas es esencial en un Estado de Derecho. La Audiencia Nacional, con su experiencia en la lucha contra el terrorismo y otros delitos complejos, es el órgano idóneo para abordar estos casos. Para reforzar este ámbito, el documento propone incorporar a las competencias de la Audiencia Nacional los delitos de ciberseguridad que pongan en peligro la seguridad de infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas de transporte o instituciones financieras. 

En cuanto a la protección del patrimonio cultural el texto considera que es un interés público de primer orden, por su carácter de guardián de la memoria colectiva de los pueblos y culturas. En este sentido, la Audiencia Nacional, con su experiencia en la investigación de delitos complejos, se considera como el órgano idóneo para abordar estos casos. Para abordar esta faceta se propone Incluir entre las competencias de la Audiencia Nacional los delitos de tráfico ilícito de bienes culturales que tengan una dimensión transnacional o que afecten a un patrimonio cultural de especial relevancia. 

En definitiva, todas estas medidas buscan asegurar una actuación judicial más eficaz ante fenómenos delictivos complejos, favoreciendo investigaciones más rápidas y coordinadas. 

Hacia un nuevo modelo institucional 

La iniciativa también propone avanzar hacia un nuevo estatuto institucional que defina a la Audiencia Nacional como un auténtico centro judicial español de coordinación en investigaciones penales transnacionales complejas, reforzando su papel estratégico dentro del sistema judicial. 

(*) El Acuerdo íntegro de la Sala de Gobierno se encuentra disponible en: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Sala-de-Gobierno/Acuerdos-Sala-de-Gobierno/

07/05/2026  

• El año 2026 comienza con un leve descenso trimestral de las compraventas de vivienda (-0,1%)

07.05.2026.- El Colegio de Registradores presenta, a través de su Estadística Registral Inmobiliaria del primer trimestre de 2026, la evolución de los principales indicadores del mercado inmobiliario e hipotecario. 

El número de compraventas de vivienda ha registrado un leve descenso trimestral, el -0,1 %, alcanzando las 178.096 operaciones, todavía en niveles máximos desde el tercer trimestre de 2007. El descenso interanual ha sido del 1,9 %, con 701.828 operaciones. La vivienda nueva (39.473 compraventas) presenta un incremento trimestral del 7,2 %, mientras que la vivienda usada alcanza las 138.623 compraventas, con un descenso trimestral del 2 %. En diez comunidades autónomas, así como en treinta provincias, se han registrado descensos trimestrales en el número de compraventas.

La demanda extranjera de vivienda se ha incrementado tanto en términos porcentuales como absolutos durante el primer trimestre del año. El porcentaje de compras de vivienda por extranjeros ha sido del 13,92 %, con algo menos de 24.800 operaciones. De éstas, el 58,31 % ha correspondido a nacionalidades de la Unión Europea y el 16,82 % del resto de Europa. Por comunidades autónomas, los mayores porcentajes, por encima del 20 %, se han alcanzado en Illes Balears (28,89 %), Comunitat Valenciana (28,16 %), Canarias (22,78 %) y Región de Murcia (21,73 %).

El Índice de Precios de Vivienda de Ventas Repetidas (IPVVR) ha registrado un nuevo máximo histórico, intensificando el crecimiento trimestral hasta el 5,3 % (17,6 % interanual), situándose un 36,5 % por encima de los niveles máximos de 2007. La metodología de precios medios mantiene la tendencia alcista, con un crecimiento trimestral del 3,2 % e interanual del 8,9 %, alcanzando los 2.429 €/m², otro máximo histórico. En vivienda usada (2.366 €/m²) se ha registrado un crecimiento trimestral del 2,2 %, y en vivienda nueva del 6,2 %, situándose en los 2.655 €/m², de nuevo máximos históricos en ambas modalidades de vivienda.

Las comunidades autónomas con mayores precios medios han sido Comunidad de Madrid (4.407 €/m²), Illes Balears (4.173 €/m²), País Vasco (3.474 €/m²) y Cataluña (2.852 €/m²). Las provincias han estado encabezadas por Madrid (4.407 €/m²), Illes Balears (4.173 €/m²), Gipuzkoa (3.889 €/m²), Bizkaia (3.512 €/m²) y Málaga (3.339 €/m²). En cuanto a las capitales de provincia, los mayores precios se han alcanzado en San Sebastián (6.154 €/m²), Madrid (5.428 €/m²), Barcelona (4.922 €/m²), Palma (4.202 €/m²) y Bilbao (3.685 €/m²). En catorce comunidades autónomas y treinta y cinco provincias se contabilizan incrementos trimestrales del precio medio.

El número de hipotecas sobre vivienda registradas en el primer trimestre ha sido de 133.618, lo que supone un crecimiento trimestral del 0,9%. Con respecto al total de compraventas de vivienda del trimestre, alcanza un peso del 75 %. En términos interanuales se han contabilizado 513.092 hipotecas sobre vivienda, con un incremento del 15,2 %. Siete comunidades autónomas han registrado incrementos trimestrales, alcanzándose las mayores cuantías en Andalucía (27.270 hipotecas en el trimestre), Cataluña (24.254), Comunidad de Madrid (20.379) y Comunitat Valenciana (15.640).

El endeudamiento hipotecario por metro cuadrado ha registrado el duodécimo incremento consecutivo (2,6 %), alcanzando un importe medio de 1.808 €/m². En catorce comunidades autónomas se han observado crecimientos trimestrales. Las comunidades autónomas con mayores importes han sido Comunidad de Madrid (2.983 €/m²), Illes Balears (2.776 €/m²), País Vasco (2.322 €/m²) y Cataluña (2.149 €/m²). Las cuantías más bajas han correspondido a Extremadura (876 €/m²), Castilla – La Mancha (1.019 €/m²) y Región de Murcia (1.071 €/m²). El endeudamiento hipotecario por vivienda presenta un ascenso trimestral del 0,7%, acumulando el octavo crecimiento trimestral consecutivo. El importe medio ha sido de 172.430 €, lo que supone un nuevo máximo histórico.

Nota: La Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores permite conocer información estructural básica del panorama registral inmobiliario y puede ser consultada, por trimestres, en el siguiente enlace web.

Para la consulta y descarga de los principales datos analizados en la presente nota y la propia Estadística Registral Inmobiliaria trimestral puede dirigirse a nuestro portal de Open Data.

Industria y Turismo – 5.5.2026

En el acumulado del primer trimestre del año, el gasto ha aumentado un 6,3% respecto al mismo trimestre del año pasado, hasta los 25 mil millones; en este periodo, la llegada de turistas internacionales ha crecido un 2,5%, hasta los 17,5 millones.

• El gasto total de los turistas internacionales en el tercer mes del año 2026 asciende a 9.600 millones de euros, un 5,4% más que en marzo del año anterior, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en marzo, la cifra supera los 6,8 millones, con un crecimiento del 3,3% en relación al mismo periodo del año anterior.

Estos datos de marzo confirman un primer trimestre en el que la tendencia de crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas se sigue manteniendo. En los tres primeros meses del año, el gasto de los turistas internacionales asciende a más de 25.000 millones de euros, un 6,3% más que en el primer trimestre de 2025. En cuanto a las llegadas, sumando enero, febrero y marzo, el número de turistas internacionales alcanza los 17,5 millones, un 2,5% más.

En el tercer mes de 2026, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (14,9% del total), un gasto que ni aumentó ni disminuyó, seguido de Alemania (13,4% del total), que aumentó su gasto un 0,1% en este mes, y países nórdicos (8,1% del total), que lo disminuyó un 0,5%. En el capítulo de gasto, destaca en marzo el conjunto de países de ‘resto del mundo’, cuyo desembolso crece un 10,5%.

Por otro lado, las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en marzo fueron Canarias (con el 25,8% del total), Andalucía (17,7%) y Cataluña (un 17%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en marzo fueron Reino Unido (con casi 1,3 millones de turistas y un aumento del 2,1% respecto al mismo periodo de 2025); Alemania llegaron 924.088 nacionales, un 2,9% más, y de Francia llegaron 798.671 turistas (un 4,4% más).

Sigue creciendo el gasto por encima de los visitantes

En el mes de marzo, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 2,1 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros. Continúa así una tendencia que viene de años pasados y que no remite.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.411 euros, lo que representa un incremento del 2,1% respecto a marzo del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 4,8% en tasa interanual, situándose en 198 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 3,4 millones y un aumento anual del 4,1%. Además, más de 5,3 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en marzo, un 3,9% más.

Canarias, destino mayoritario en el mes de marzo

Canarias fue el primer destino principal de los turistas en marzo, con el 22,9% del total. Le siguieron Cataluña (19,1%) y Andalucía (17,1%).

A Canarias llegaron 1.562.334, un 0,4% más de turistas que en marzo de 2025, a Cataluña llegaron 1.298.043, un 5,4% menos, y a Andalucía, un 10,8% más: 1.167.746.

En el capítulo del resto de comunidades, estas en global aumentaron sus visitantes internacionales un 2,2% en el tercer mes del año, superándose los 600.000.

05 Mayo 2026

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado la importancia que tendrán las nuevas Directrices sobre concentraciones en las que trabaja la Comisión Europea para impulsar la competitividad de la UE y de las empresas. “En un contexto internacional como el actual de incertidumbre y complejidad, con un impacto claro para el tejido empresarial, es crucial mantener ese impulso a la competitividad”, ha apuntado.

Antonio Garamendi ha hecho esta reflexión en sus palabras de bienvenida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, que ha participado en una sesión en la sede de CEOE, en Madrid, para hablar sobre Las nuevas líneas directrices sobre concentraciones, un elemento clave en la estrategia de la Comisión Europea.

Ribera ha analizado el contexto internacional y reflexionado sobre el papel que jugará la actualización de las guías de fusiones como factor clave para impulsar la competitividad europea. La vicepresidenta también subrayó la necesidad de profundizar en el mercado único como instrumento imprescindible para el progreso de las compañías europeas.

En su intervención, el presidente de CEOE incidió en la necesidad de que se revisen las Directrices sobre concentraciones, tras dos décadas en vigor, para contribuir a una mayor integración del mercado interior y adaptar la normativa al nuevo contexto económico, tecnológico y geopolítico.

“El objetivo final tiene que ser el de reforzar la competitividad global de la UE y, también, integrar la jurisprudencia de los tribunales europeos a la hora de impedir las adquisiciones agresivas y proteger la innovación europea”, insistió.

Se trata, dijo, de que se garantice una mayor transparencia, un contexto más favorable para el crecimiento y la innovación empresarial y una simplificación de los procedimientos.

En este contexto, enumeró los aspectos que interesa conocer a las empresas españolas de cara a las nuevas Directrices:  cómo analizará la Comisión las concentraciones para determinar que generan más beneficios que perjuicios en la economía de la UE; los periodos de evaluación que habrá para estudiarlas; qué tipos de prueba se contemplarán; los parámetros prioritarios que se tendrán en cuenta en las evaluaciones (crecimiento, innovación, sostenibilidad, resiliencia del mercado único); y si habrá cambios substanciales en los procedimientos.

Apuesta por las PYMES

Por último, agradeció que en la revisión de las Directrices se apueste por las PYMES y se impulse un modelo diversificado que respete la complementariedad entre PYMES y grandes empresas. Y expresó su preocupación por la intervención nacional que pueda haber, en última instancia, sobre las normas que se aprueben.

En el turno de preguntas, los asistentes (representantes de empresas y organizaciones empresariales miembros de CEOE) preguntaron a la vicepresidenta europea, entre otros asuntos, sobre ayudas de Estado, sobre la protección que se dará a las PYMES, sobre el factor sostenibilidad a la hora de valorar las concentraciones, sobre el peso que se dará a la innovación y las inversiones a largo plazo en estas operaciones o sobre cómo se planteará la valoración del impacto en el empleo y el mercado laboral de las operaciones propuestas.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 5.5.2026

Experimenta un aumento interanual de 517.000 ocupados (+2,4%) y se acerca a los 10,5 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. La serie desestacionalizada consolida los 22 millones de afiliados y encadena 63 meses consecutivos al alza en la creación de empleo.

• El empleo alcanza un nuevo hito: el número de afiliados medios (serie original) a la Seguridad Social ha superado por primera vez los 22,1 millones de ocupados, hasta situarse en los 22.105.831. El mercado laboral ha sumado 223.685 trabajadores en el último mes, lo que lo convierte en el tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros. El incremento interanual es de 517.192 afiliados (+2,4%).

«Llevamos cuatro ejercicios seguidos sumando medio millón de afiliados al año», expone la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. «Es un dato muy positivo que incluye varias cifras que debemos remarcar. En el mes de abril, se han registrado casi 10,5 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie. Además, sigue marcando récord la afiliación de extranjeros, que se acerca a los 3.250.000».

En concreto, el número de trabajadores extranjeros en la serie original se sitúa en 3.248.247, que son 250.939 más que hace un año, lo que supone el 14,7% del total.

Destaca el comportamiento del empleo entre las mujeres con 10.489.362 ocupadas. En concreto, hay 250.821 afiliadas más que hace un año y son 1,8 millones más que en 2018, donde la mejora es del 21,1%.

Las mujeres representan el 47,5% del total, un punto porcentual más que en 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo del 2,5% con respecto a 2025. Al mismo tiempo, el empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.616.469 afiliados, después de sumar 266.371 en el último año y 1.447.473 desde 2018.

En términos desestacionalizados, son 63 meses seguidos creciendo.

En la serie desestacionalizada, se consolidan los 22 millones. Con casi 2,3 millones de afiliados más desde la entrada en vigor de la reforma laboral, que elevan la cifra a 22.052.285 ocupados.

«Estamos transformando el mercado laboral de nuestro país. Su situación ha mejorado considerablemente respecto a 2018. Si descontamos la estacionalidad y el efecto calendario, la Seguridad Social se consolida por encima de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras sumar cerca de 3,5 millones de ocupados desde 2018», señala Elma Saiz. «Hemos llegado a una cifra récord después de 63 meses consecutivos de crecimiento en el empleo».

Respecto a la serie de afiliación diaria, esta se ha mantenido por encima de los 22,2 millones desde el día 27 hasta el 29 de abril. Fue el día 27 cuando vivió su nivel más alto (22.212.429).

Afiliación por sectores de actividad

En conjunto, la afiliación media ha presentado un crecimiento interanual del 2,4%, un porcentaje superado ampliamente en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social como Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (+7,05%), Construcción (+5,5%), Suministro de Agua y Saneamiento (+5%) y en Actividades de Edición, Radiofusión y Producción y Distribución de Contenidos (+5%). También han superado este incremento de media: Actividades Artísticas, Deportivas y de Entretenimiento (+4,9%), Transporte y Almacenamiento (+4,1%), Actividades Sanitarias (+3,9%) y Actividades Inmobiliarias (+3,5%).

En el caso de los trabajadores autónomos, cuyo monto total crece un 1,3% interanual, es significativo el aumento en Suministro de Energía (+18,1%), Telecomunicaciones, Programación Informática, Consultoría e Infraestructura Informática (+11,7%), y Actividades Inmobiliarias (+11,7%).

En conjunto, el número de autónomos asciende a 3.444.973 millones, que son 15.439 más que hace un año y 198.119 más que en 2018.

Mayor crecimiento del empleo en jóvenes y mayores de 55 años

Al analizar la evolución del empleo en los últimos ocho años, se observa un mayor crecimiento del grupo de mayor edad, sobre todo en el tramo de 55 años y más, así como en el de los más jóvenes. La ocupación de los mayores ha crecido un 53,2% y la de los más jóvenes un 33,5% desde 2018, 34,9pp y 15,2pp, respectivamente, por encima del conjunto, 18,3%.

En abril de 2026, los mayores de 55 años representan un 22,2% del total de trabajadores (+5pp más que en 2018) y los menores de 30 años, el 16%, frente al 14,2% de abril de hace ocho años.

Estabilidad y calidad en el empleo

Desde abril de 2021, se ha producido una gran transformación en los tipos de contratos de nuestro mercado de trabajo: hay 4.866.333 afiliados más con contrato indefinido y 1.847.426 afiliados menos con contrato temporal. Cada vez hay más empleos estables. El mayor incremento se produce entre los contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 285.984 más que hace un año. Mientras que los contratos a tiempo parcial aumentan en 52.141.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,6%, frente al 30% que suponía en abril de 2019. Esta mejoría es aún más fuerte entre los trabajadores de 55 y más años, que tienen una tasa de temporalidad del 9% cuando hace siete años tenían una superior al 21,2%.

Además, destaca que el aumento de los trabajadores con contrato indefinido se concentra principalmente en trabajadores a tiempo completo, que suma ya un total de 15.536.063.

05 Mayo 2026

CEOE destaca el firme compromiso con el empleo que mantienen las empresas privadas españolas y los autónomos a pesar de un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, el fuerte encarecimiento de los costes laborales y de producción y la inseguridad jurídica derivada de los continuos anuncios de cambios regulatorios. 

La afiliación y el empleo en abril registran una evolución positiva impulsada por la Semana Santa y el efecto tractor de la industria turística española. El mes finaliza con un aumento medio de 223.685 cotizantes y una reducción del desempleo en 62.668 personas, datos muy significativos si bien inferiores a los del pasado abril de 2025.

Como resultado, la afiliación a la Seguridad Social alcanza un nuevo máximo histórico, situándose por encima los 22,1 millones de afiliados en promedio mensual, lo que confirma el compromiso de las empresas españolas con la calidad del servicio y el empleo.

El crecimiento de la afiliación se extiende a todos los territorios y a la práctica totalidad de los sectores, con un comportamiento especialmente destacado del Régimen General en las actividades vinculadas al turismo. En particular, la hostelería suma más de 111.000 nuevos afiliados pese a ser uno de los sectores más penalizados por el Gobierno en la fiscalidad del empleo.

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se registra un incremento cercano a las 15.500 personas respecto a finales de marzo, superándose los 3,4 millones de autónomos. Destaca el crecimiento significativo en las actividades profesionales, científicas y técnicas, que incorporan más de 11.800 trabajadores en los últimos 12 meses, frente a la pérdida de más de 12.500 autónomos en el comercio en comparación con abril de 2025.

El empleo femenino mantiene una evolución especialmente favorable, superando los 10,4 millones de mujeres afiliadas, lo que supone un nuevo récord histórico y representa el 47,45% del total de trabajadores.

Desde la perspectiva del tamaño empresarial, los datos ponen de relieve que la creación de empleo continúa concentrándose en las grandes empresas, que compensan las pérdidas registradas en las microempresas. En este sentido, el peso del empleo en las microempresas ha descendido del 21,61% en 2019 al 17,88% en marzo de 2026 -último dato disponible-. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ocupación muestra variaciones interanuales que oscilan entre el 0,1% en empresas de 1 a 2 trabajadores y el 4,7% en aquellas con más de 499 empleados.

En materia de desempleo, los mayores descensos se concentran en el sector servicios, seguidos de la industria, la construcción, la agricultura y, así como en el colectivo sin empleo anterior. La reducción afecta a todos los territorios. 

El desempleo así se sitúa en algo más de 2,3 millones de personas, si bien España continúa a la cabeza de las tasas de paro en la Zona Euro, aun sin incluir a las personas con disponibilidad limitada o demandas de empleo específicas, que superan las 600.000. 

Se trata de un hecho insólito, teniendo en cuenta la imposibilidad de cubrir las vacantes en numerosos sectores que ven fuertemente limitada su expansión y su crecimiento, todo ello mientras crece el gasto medio mensual por persona beneficiaria de desempleo un 22,3% en términos interanuales, alcanzando los 1.608 euros, e impulsando el gasto total en marzo -último dato disponible- hasta los 2.141,6 millones de euros.

En la actualidad, más de 15 millones de personas cuentan con un contrato indefinido, de las cuales más de 10 millones lo son a tiempo completo, gracias al sector privado, frente al comportamiento precarizador del ámbito público que ha sido afeado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El sindicato valora los datos positivos en creación de empleo de calidad, pero advierte sobre la situación en el mercado laboral de las personas que no son capaces de encontrar empleo

 05 May 2026

UGT

Los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes a abril, publicados hoy, muestran un incremento del empleo y una reducción del desempleo, como suele suceder siempre en este mes, uno de los mejores del año para el mercado laboral. 

La afiliación a la Seguridad Social crece en 223.685 personas, lo que permite superar por primera vez los 22 millones de afiliados medios, concretamente 22.105.831, un nuevo récord histórico. Además, en términos desestacionalizados, la afiliación registra un incremento de 41.753 personas, lo que confirma que la creación de empleo mantiene una senda positiva a pesar de factores coyunturales.

En comparación con hace un año, el número de personas ocupadas aumenta en 517.192, situando la tasa de crecimiento del empleo en el 2,4%, menos de una décima por debajo del dato de marzo, aunque en niveles todavía sólidos, reflejo de la fortaleza de la demanda de trabajo y de la capacidad de la economía para seguir generando empleo.

Por su parte, el paro registrado desciende en 62.668 personas, una evolución que se confirma también en términos desestacionalizados, con una reducción de 11.256 personas. En conjunto, el número de personas en desempleo se sitúa en 2.357.044, por debajo de 2,4 millones, la cifra más baja para un mes de abril desde 2008 y un 6,2% inferior a la registrada hace un año. Este ritmo de reducción del desempleo se mantiene en niveles muy relevantes, incluso tras los descensos acumulados en ejercicios previos.

Durante este mes se han formalizado un total de 1.258.296 contratos, de los cuales 543.543 corresponden a contratos indefinidos, lo que supone el 43,2% del total, 31,1 puntos porcentuales más que en abril de 2021, previo a la entrada en vigor de la reforma laboral. Dentro de esta modalidad, los contratos indefinidos a tiempo completo, como forma de empleo más estable, alcanzan los 229.062 contratos, elevando su participación hasta el 18,2% del total, una proporción aproximadamente tres veces superior a la registrada antes de la reforma.

En lo que respecta a la temporalidad de la afiliación, en abril se mantiene en el mismo nivel de marzo, situándose en el 11,6%, 0,3 puntos por debajo del nivel de hace un año y 15,1 puntos inferior al registrado en el mismo mes de 2021, antes de la reforma laboral, que ha contribuido de forma significativa a reducir uno de los principales problemas históricos y estructurales del mercado de trabajo en nuestro país.

De este modo, la positiva evolución de la economía española sigue impulsando la creación de empleo, que continúa siendo una prioridad, pese a que la tasa de paro, aunque por debajo del 10% por primera vez desde 2008, sigue siendo la más elevada de la UE. Asimismo, el mercado de trabajo ha ganado estabilidad y calidad tras la reforma laboral, con un aumento de más de 4,8 millones de personas con contrato indefinido desde marzo de 2021, lo que refleja un cambio estructural en el modelo de empleo.

Sin embargo, pese a estos avances, persisten desafíos relevantes en el mercado de trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras.

El análisis del paro registrado no puede obviar la persistencia de un núcleo duro de desempleo, en particular el paro de larga duración, que sigue representando el 34,6% del total y evidencia las dificultades estructurales de inserción de una parte relevante de la población trabajadora. Afrontar esta realidad exige reforzar de manera decidida la eficacia de las políticas activas de empleo, avanzando hacia itinerarios personalizados de inserción, una dotación suficiente y estable de medios técnicos y humanos en los servicios públicos de empleo, una cartera común de servicios en todo el territorio y sistemas de evaluación rigurosos orientados a resultados efectivos.

Al mismo tiempo, y en coherencia con la propuesta sindical unitaria impulsada por UGT, resulta imprescindible abordar de forma integral los desequilibrios del mercado de trabajo, actuando sobre el régimen de despido —reforzando la causalidad, las garantías y el carácter disuasorio de la indemnización— y sobre el contrato a tiempo parcial, limitando su uso a supuestos justificados, garantizando la previsibilidad de la jornada y reforzando el derecho a la jornada completa como estándar. Se trata de medidas interconectadas que buscan corregir la precariedad estructural, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar la calidad del trabajo.

En definitiva, la evolución positiva del empleo confirma la capacidad de la economía española para seguir generando oportunidades, pero también señala que es el momento de afrontar con decisión estos retos. Solo mediante el impulso de reformas como las planteadas en la propuesta sindical, el refuerzo de las políticas activas de empleo y la mejora de los salarios será posible consolidar un mercado de trabajo más equilibrado, productivo y socialmente justo.

Datos de interés

• El paro registrado ha bajado en 62.668 personas, situándose en un total de 2.357.044, aun así, la cifra más baja en un mes de abril desde 2007. Por su parte, en términos anuales, el paro ha descendido en 155.674 personas.

• Los hombres registrados como desempleadas se reducen en 28.522 respecto a marzo, y las mujeres en 34.146. En consecuencia, hay 1.424.426 mujeres desempleadas y 932.618 hombres. Con respecto al mismo mes del año anterior, el desempleo femenino se reduce en 91.061 mujeres (-6%) y el masculino en 64.613 hombres (-6,4%). Con estas cifras, las mujeres representan el 60,4% de las personas en desempleo. 

• El desempleo entre los menores de 25 años baja en 19.284 personas (-10,2%) este mes, y se sitúa en un total de 169.693. En términos interanuales, el desempleo juvenil ha descendido un 4,4% (7.736 jóvenes desempleados menos). 

• En lo que se refiere a los trabajadores extranjeros, el número de parados registrados cae en abril en 6.616 personas; situándose en un total de 341.551 personas extranjeras desempleadas. En términos anuales, se observa un descenso del 3,2%, lo que implica 11.146 trabajadores extranjeros desempleados menos. 

• Con respecto al mes anterior, se registra una caída del paro de 46.156 (-2,62%) en el sector servicios, de 3.680 (-1,98%) en industria, de 3.603 (-2,17%) en construcción y de 2.272 (-3,05%) en la agricultura. Por su parte, el colectivo Sin Empleo Anterior disminuye en 6.957 (-3,04%).

• Por su parte, la variación desestacionalizada muestra un incremento de 41.753  afiliados y se sitúa en 22.052.285 personas. Por su parte, la tasa de temporalidad de las personas afiliadas a la Seguridad Social se mantiene en el 11,6%, mientras que antes de la reforma laboral era del 26,7% en ese mismo mes. En el caso de los menores de 30 años, la caída de la tasa es aún mayor, pasando del 48,6% al 18,7% en el mismo periodo, esto es, 30 puntos porcentuales menos que la que había antes de la reforma.

• Por su parte, el volumen total de contratos cae con respecto al mes anterior en 1.258.296 contratos (-4%) y en términos anuales aumenta en 117.563. Además, hay un menor número de contratos realizados si se compara con antes de la reforma laboral lo que supone un aspecto positivo derivado de que el mercado laboral comienza a mostrar signos de estabilización, y lo hace además manteniendo el peso de los indefinidos sobre el total de contratos en niveles elevados (43,2% en el mes).

• La modalidad de contratación a tiempo completo se sitúa en el 56,8% del total de contratos. Por su parte, la modalidad más estable de contratación, los indefinidos a tiempo completo, suponen el 18,2% del conjunto de contratos y, la más precaria, los temporales a tiempo parcial, el 18,6%.

• Por último, el número de beneficiarios de prestaciones se situó en marzo en 1.777.568 personas, un 3,4% inferior a los existentes el mismo mes del año anterior (1.839.370). Con este nivel de protección, la tasa de cobertura en el mes fue del 78,8%, 3,2 puntos mayor a la del año anterior. 

USO

5 mayo, 2026  

• Lejos de hablar de inserción laboral juvenil, el dato nos expone la precariedad de los empleos creados
• Los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos, los que más aumentan

El paro ha continuado bajando en abril, gracias al efecto de la Semana Santa y del puente de mayo. Unos datos, un descenso del 2,59% y 62.668 personas, que están claramente ligados al turismo, la hostelería y la volatilidad, como puede verse siempre que el desempleo desciende más entre los jóvenes. La cifra total de parados registrados es de 2.357.044.

“El paro ha bajado entre los menores de 25 años en más de un 10%. En términos porcentuales, cinco veces más que entre los mayores de esa edad. De hecho, incluso en cifras absolutas son similares, con casi 20.000 parados menos en una franja de edad tan corta y un descenso de 43.000 entre todos los demás”, expone Joaquín Pérez, secretario general de USO.

“Por desgracia”, analiza, “cuando esto ocurre no estamos ante una gran incorporación de jóvenes al mercado laboral al terminar sus estudios, sino ante un uso masivo de mano de obra barata y temporal para campañas comerciales o turísticas, como es el caso de abril”.

Observando la contratación, que ha crecido con respecto al mismo mes de 2025, cuando también Semana Santa cayó en abril, se ve sin embargo que se incrementa la contratación más precaria. “Ha habido más contratos indefinidos también. Pero, entre ellos, los que más aumentan con diferencia son los suscritos a tiempo parcial y también los fijos discontinuos. También entre los temporales los contratos que más crecen son los de tiempo parcial. La actividad sigue sin generar empleo real, solo se reparte en trozos más pequeños. Tiempos parciales son salarios parciales. Los beneficios históricos se traducen a trozos de empleo”, denuncia el secretario general de USO.

Joaquín Pérez recuerda que “el pulso de la economía y el empleo no lo tienen solo los datos del paro. Hace una semana, conocimos los de la EPA, que eran menos optimistas, donde se refleja la percepción real. O el 1º de Mayo, donde tuvimos una manifestación multitudinaria donde queda claro que la gente no está conforme con su trabajo, con su salario o con lo que hoy en día puede hacer con él”.

Por ello, “USO sigue pidiendo cosas muy concretas. La primera es una gran reforma laboral, redactada de cero, reflejando los grandes males del mercado español, a los que nadie ha querido meterle mano en los distintos cortas y pegas. Otra es cambiar el modelo productivo. Son grandes políticas de Estado en las que debe haber pactos generosos, por el bien de la ciudadanía. Por último, mejorar la calidad, con una fiscalidad más justa y un control de precios básicos, tanto de la alimentación como de la vivienda”.

Lunes, 4 de mayo de 2026

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recuerda que la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal establece dicho criterio objetivo para determinar la base imponible

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) afirma que, declarada la constitucionalidad de la cuantificación objetiva de la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) mediante el valor de referencia de los bienes inmuebles, este prevalece sobre la previsión del artículo 39 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que establece que en adquisiciones por subasta pública (judicial, notarial o administrativa) la base imponible es el valor de adquisición. 

Según la sentencia del TSXG, la previsión del artículo 39 queda relegada a las adquisiciones de “los restantes bienes o derechos o en supuestos en los que los bienes inmuebles carezcan de valor de referencia”. Así, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que “teniendo asignado el bien inmueble adquirido un valor de referencia, no puede prevalecer el precio de adjudicación en subasta”. 

Por lo tanto, los magistrados desestiman el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dos particulares contra los acuerdos del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia, quienes solicitaban la rectificación de las autoliquidaciones y la devolución de ingresos indebidos por el ITP relacionado con la adquisición, mediante subasta administrativa del Ayuntamiento de Vigo, de un bien inmueble situado en la ciudad.   

La parte recurrente argumentaba que la base imponible debía fijarse en el precio de adjudicación, que ascendió a 116.699,47 euros, y no en el valor de referencia (163.902,10 euros), alegando que este último vulnera el principio de capacidad económica y el de confianza legítima. 

El tribunal, sin embargo, destaca en la sentencia que la normativa vigente, introducida por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, establece el valor de referencia como criterio objetivo para determinar la base imponible, recordando que “sobre la conformidad de este sistema objetivo de cuantificación de la base imponible del ITP” se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una senncia de 12 de febrero de 2026, en la que rechaza la cuestión de inconstitucionalidad. 

La sentencia no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 30.4.2026

El incremento de los ingresos por cuotas a la Seguridad Social respecto al nivel previo a la pandemia es del 52,8%. El sistema registra un saldo positivo de 3.422 millones de euros, equivalente al 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

• Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran un incremento del 7,8 % interanual en los datos acumulados hasta marzo de este año, alcanzando los 46.715 millones de euros (3.396 millones más que el año anterior).

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, registran un incremento interanual del 29,5 %, hasta situarse en los 1.417 millones de euros que se destinan íntegramente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 16.148 millones de euros (un 52,8 % más).

En el análisis mensual comparativo se observa que, en el mes marzo, los ingresos por cuotas se cifraron en 15.592 millones de euros, 5.120 millones de euros más que el mismo mes de 2019.

En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan, a 31 de marzo de 2026, un saldo positivo de 3.422 millones de euros. Este resultado se obtiene de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 58.217 millones de euros, con un incremento del 7,8% y obligaciones reconocidas de 54.795 millones, que crecen en un 7,2 % interanual.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 57.064 millones de euros, con un incremento del 8,8 % respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentan un aumento del 7,3 %, hasta alcanzar los 54.661 millones de euros.

Ingresos no financieros

Como ya se ha indicado, en estos tres primeros meses del año, las cotizaciones sociales ascienden a 46.715 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,8% respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2025 (3.396 millones de euros más).

Este crecimiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 8,0 % hasta alcanzar los 29.350 millones de euros (2.186 millones de euros más que en el ejercicio anterior).

Por regímenes, estas cotizaciones de ocupados se distribuyen entre Régimen general con un importe acumulado de 23.723 millones de euros y los regímenes especiales -Autónomos, Mar y Minería del Carbón- con un importe global de 2.428 millones de euros.

Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 1.773 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 3,8 % (65 millones de euros más que el año anterior, en términos absolutos).

El importe total de las transferencias recibidas por la Seguridad Social se sitúa en 11.038 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,5 % interanual. La partida de mayor relevancia corresponde a las transferencias procedentes del Estado y sus Organismos Autónomos, que ascienden a 9.816 millones de euros, un 11,9 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones ascienden a 51.881 millones, un 7,5 % más que en el mismo periodo de 2025. Esta cifra representa un 94,7 % del gasto total del sistema de Seguridad Social.

La partida más relevante corresponde a pensiones y prestaciones contributivas por importe de 47.091 millones de euros, con un aumento de un 6,9 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En un análisis detallado del área contributiva destaca:

• El gasto en pensiones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, se incrementa un 5,8 % hasta los 40.919 millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensiones (1,5 %), a la elevación de la pensión media (6 %), así como a la revalorización general del 2,7 % de las pensiones contributivas en el ejercicio 2026.
• El gasto en subsidios por incapacidad temporal crece un 14,4 %, alcanzando los 4.642 millones de euros. Por su parte, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como las destinadas al cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad, suman 1.337 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,8 %.

Respecto al área no contributiva, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, ascienden a los 4.791 millones de euros, un 13,7 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debe fundamentalmente, a la revalorización general del 11,4 % establecida para el ejercicio 2026. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 2.938 millones (un 13% más), y a subsidios y otras prestaciones 1.852 millones (un 14,7 % más), de los cuales 1.749 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 14,4 % más respecto del año anterior.

30 Abr 2026

CEOE ha advertido de que la economía española muestra ya síntomas de desaceleración en el primer trimestre del año (+0,6%, dos décimas menos que el cierre de 2025), debido a la notable pérdida de dinamismo de la demanda interna, en parte compensada por la contribución positiva del sector exterior (0,2 puntos).

La Confederación ha subrayado la enorme complejidad y los altos niveles de incertidumbre del momento actual como consecuencia de la guerra en Irán, que se está trasladando con intensidad a los precios de las materias primas energéticas.

Si el conflicto se prolonga y, en España, se mantienen el aumento de los costes empresariales, la intensidad regulatoria poco favorable a la empresa y la caída de las expectativas de las familias, la actividad económica puede moderarse más de lo esperado en 2026. 

El dato de avance de Contabilidad Nacional Trimestral del primer trimestre del año, publicado este jueves, recoge una tasa trimestral del 0,6%, dos décimas inferior a la del último trimestre de 2025. En todo caso, en tasa interanual, se registra un leve repunte de la economía, hasta el 2,7% (+0,1 puntos).

Se aprecian ya síntomas de pérdida de vigor de la actividad económica, tanto en la demanda interna como externa. Así, se produjo una significativa desaceleración tanto del consumo de las familias como de la inversión en términos trimestrales, lo que ha podido verse influido negativamente tanto por factores climáticos como por las disrupciones en el transporte ferroviario, además de por el deterioro de las expectativas económicas.

Además, los flujos comerciales registraron un retroceso, con mayor intensidad en las importaciones que en las exportaciones. Como resultado, el sector exterior aporta crecimiento al PIB en términos trimestrales.

En el primer trimestre, el empleo mantuvo su ritmo de crecimiento en términos interanuales, en contraste con los resultados de la EPA y la afiliación a la Seguridad Social, que apuntaban a un menor impulso.

Menos productividad y más costes

El incremento menos intenso del PIB que el del empleo ha provocado la productividad por ocupado continúe en terreno negativo por cuarto trimestre consecutivo, con una tasa interanual del -0,1%. La productividad por ocupado sigue estando por debajo de los niveles prepandemia (-3,4% respecto al cierre de 2019).

La remuneración por asalariado y los costes laborales unitarios continuaron creciendo de forma notable, con avances del 3,8% y del 3,9%, respectivamente, en tasa interanual. Los costes laborales unitarios son ya un 27,6% superiores a los previos a la crisis del COVID-19.

Por el lado de las rentas, casi todos los componentes desaceleraron su crecimiento en el primer trimestre frente a finales de 2025, en términos interanuales. El Excedente de Explotación continuó aumentando a menor ritmo que el PIB nominal (4,1% frente a 6%).

Hacienda – 30.4.2026

El Estado presenta en el primer trimestre un déficit del 0,22% del Producto Interior Bruto (PIB) y mantiene un superávit primario de 4.015 millones, equivalente al 0,23% del PIB.

• El Ministerio de Hacienda ha publicado en su web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2026. En concreto, se han difundido los principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado correspondientes a marzo y el déficit consolidado de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad Social correspondiente a febrero, ambos en términos de contabilidad nacional.

Las cifras conocidas hoy muestran una evolución favorable del conjunto de las cuentas públicas, con una reducción del déficit consolidado, una mejora significativa del saldo de las Comunidades Autónomas y un nuevo incremento del superávit de los Fondos de la Seguridad Social. Esta evolución se produce en un contexto en el que los recursos del conjunto de Administraciones Públicas sin Corporaciones Locales crecen con más intensidad que los empleos no financieros.

El déficit del Estado a finales de marzo de 2026 se sitúa en el 0,22% del PIB, lo que equivale a 3.944 millones de euros.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda también ha publicado hoy en su web los datos de déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Fondos de la Seguridad Social del mes de febrero en términos de contabilidad nacional. Este agregado, que no incluye a las Corporaciones Locales, registra un déficit de 13.439 millones, equivalente al 0,76% del PIB, frente al 0,91% del mismo periodo de 2025. En concreto, el déficit se ha reducido un 12,5% respecto a febrero del pasado año.

Déficit del Estado (marzo)

Hasta el tercer mes de 2026, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 0,22% del PIB. De esta forma, la necesidad de financiación se sitúa en 3.944 millones.

Si de la cifra de déficit se descuentan los intereses, se obtiene el saldo primario. A finales del primer trimestre de 2026 se ha registrado un superávit primario de 4.015 millones, equivalente al 0,23% del PIB.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros del Estado se sitúan en 72.157 millones, lo que implica un crecimiento del 4,4% respecto a finales de marzo de 2025. Los impuestos alcanzan los 62.474 millones, el 86,6% del total de los recursos, y crecen un 5,4%, es decir, 3.216 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Dentro de los ingresos tributarios, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 4,8%, hasta 39.669 millones. De ellos, 31.855 millones corresponden al IVA, con un crecimiento del 4,9% respecto al mismo periodo de 2025. En términos brutos, los ingresos por este impuesto se sitúan en 33.110 millones, con un aumento del 5,4%. Los demás impuestos incluidos dentro de los impuestos sobre la producción y las importaciones se sitúan en 7.814 millones, con un aumento del 4,3%.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzan los 22.728 millones, cifra superior en un 6,4% a la de los tres primeros meses de 2025. De este importe, 19.443 millones corresponden al IRPF, con un aumento del 4,3%; 1.345 millones al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con un incremento del 8,2%; y 1.370 millones al Impuesto sobre Sociedades.

Como novedad relevante del ejercicio, en febrero de 2026 se ha efectuado el ingreso del pago fraccionado del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras por importe de 543 millones. En 2025, año de entrada en vigor de esta figura, el pago fraccionado se efectuó en junio.

Los impuestos sobre el capital se sitúan en 77 millones, frente a los 39 millones de 2025, por autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones efectuadas por no residentes. Por su parte, las cotizaciones sociales alcanzan 1.359 millones.

Las rentas de la propiedad aumentan un 21,2%, hasta los 2.027 millones. Este avance se explica, entre otros factores, por los mayores ingresos por intereses, que crecen un 7,5%, hasta 1.748 millones. También destaca como novedad de 2026 el ingreso de un dividendo del Banco de España por importe de 211 millones, correspondiente al 90% de los beneficios de 2025.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios alcanzan 509 millones, con un aumento del 2,2%. Finalmente, el resto de recursos se sitúa en 1.768 millones.

Empleos no financieros del Estado

Los empleos no financieros del Estado se sitúan en 76.101 millones, con un aumento del 5,6% respecto a marzo de 2025. La partida de mayor volumen son las transferencias entre Administraciones Públicas, que representan el 59,5% del gasto total, con 45.273 millones y un incremento del 3,3%.

Por un lado, los Organismos de la Administración Central han recibido 2.561 millones. Por otro, la Administración Regional ha recibido 26.763 millones, un 13,9% más que en 2025. Del total de estas transferencias, 23.597 millones corresponden al sistema de financiación, de los que 22.997 millones son entregas a cuenta y 600 millones son anticipos de los recursos del sistema de financiación.

Las transferencias a las Comunidades Autónomas realizadas al margen del sistema de financiación se sitúan en 3.166 millones, un 65,2% más que en 2025. Este aumento se debe a que en marzo se ha transferido a las Comunidades Autónomas la recaudación de 2025 del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras por importe de 1.473 millones.

A su vez, la Administración Local ha recibido 6.178 millones, un 15,9% menos que en 2025. Este descenso se debe a las menores transferencias realizadas al margen del sistema de financiación, que ascienden a 78 millones, frente a 1.929 millones en 2025, de los cuales 1.757 millones correspondieron a transferencias efectuadas a los municipios afectados por la DANA de 2024. En sentido contrario, las transferencias por la participación en los ingresos del Estado ascienden a 6.100 millones, un 12,6% más que en 2025.

Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social han recibido 9.771 millones de euros.

En segundo lugar, se sitúan los intereses, que ascienden a 7.959 millones, con un incremento del 4,6%; y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, que alcanzan 5.569 millones, un 5,7% más. Dentro de estas últimas, las pensiones de clases pasivas suman 5.273 millones, con un crecimiento del 6,1%, debido, entre otras razones, a la revalorización en 2026 del 2,7%, porcentaje que se aplica sobre el gasto consolidado de 2025, en el que la revalorización fue del 2,8%.

La remuneración de asalariados asciende a 5.324 millones, con un crecimiento del 6,8%. Este incremento se debe, entre otros factores, a que el gasto de personal de 2026 recoge la subida salarial de la parte fija prevista para este año, del 1,5%, aplicada sobre la base consolidada de 2025, mientras que en el primer trimestre de 2025 no se recogía ninguna subida salarial.

Los consumos intermedios aumentan un 3,5%, hasta 1.905 millones. La formación bruta de capital fijo se sitúa en 2.297 millones, con un avance del 10,3%.

También destaca la evolución de la aportación española a la Unión Europea por recursos propios basados en el IVA y la RNB, que asciende a 4.656 millones, con un aumento del 48,3%. En concreto, la aportación por recurso RNB aumenta un 70%, hasta 3.848 millones, y la aportación por residuos de envases de plástico no reciclados crece un 31,7%, hasta 216 millones.

Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (febrero)

En febrero de 2026, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas se sitúa en 13.439 millones, equivalente al 0,76% del PIB. Esta cifra supone una reducción del 12,5% respecto a los 15.357 millones registrados en el mismo periodo de 2025. En términos de PIB, la ratio mejora en 0,15 puntos porcentuales, al pasar del 0,91% al 0,76%.

Administración Central

La Administración Central ha obtenido en febrero de 2026 un déficit de 14.526 millones, equivalente al 0,83% del PIB, lo que supone una reducción en 0,03 puntos porcentuales, desde el 0,86% registrado un año antes.

• El déficit del Estado en febrero en términos de PIB equivale al 0,75%, alcanzando la cifra de 13.205 millones.
• Los Organismos de la Administración Central registran en este mismo mes un déficit de 1.321 millones, el 0,08% del PIB.

Comunidades Autónomas

La Administración Regional registra a finales de febrero de 2026 un déficit de 2.234 millones, lo que equivale al 0,13% del PIB, frente al 0,19% del mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el déficit se reduce un 32%.

La mejora del saldo autonómico responde a un aumento de los ingresos no financieros del 10%, hasta 39.264 millones, que supera en 3,5 puntos porcentuales el crecimiento del gasto, que se sitúa en el 6,5%, hasta 41.498 millones.

Los impuestos han crecido un 11,2%, hasta 16.255 millones, y representan el 41,4% del total de los ingresos. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones se sitúan en 3.782 millones, con un avance del 7%. Esta variación se debe, principalmente, al aumento de la recaudación del ITP y AJD en un 12,7%, hasta 2.266 millones. Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y el patrimonio se incrementan un 12,7%, hasta 11.977 millones, de los cuales 11.380 millones corresponden a entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un aumento del 13,1%. Los impuestos sobre el capital alcanzan 496 millones, con un avance del 7,4%.

Las transferencias recibidas, corrientes y de capital, de otras Administraciones Públicas ascienden a 19.891 millones, superiores en un 9,2% al volumen de 2025. Del importe de 2026, la mayoría, 16.755 millones, se ha recibido del Estado. De ellos, 15.343 millones corresponden a entregas a cuenta, un 10,7% más que en 2025. El resto de recursos se sitúa en 3.039 millones, con un aumento del 9,7%.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 7,1%, hasta 17.341 millones, debido, entre otras razones, a la subida salarial de la parte fija del 1,5% establecida para 2026. Los consumos intermedios aumentan un 0,9%, hasta 7.310 millones; los intereses avanzan un 5,6%, hasta 1.240 millones; y las subvenciones se sitúan en 825 millones, un 58,3% más que en 2025, por el avance de las subvenciones a los productos.

Las transferencias sociales en especie se elevan un 3,5%, hasta 6.032 millones. En esta rúbrica se recoge el gasto en farmacia, con un incremento del 2,6%, hasta 2.417 millones; los conciertos de asistencia sanitaria, con un descenso del 3,2%, hasta 1.001 millones; y los conciertos educativos, con un aumento del 9,3%, hasta 1.502 millones.

Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 14,0%, hasta 873 millones, y la inversión alcanza 3.244 millones, con un crecimiento del 0,4%.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social registran a finales de febrero de 2026 un superávit de 3.321 millones, un 38,4% superior al de 2025, con 2.399 millones. En términos de PIB, el superávit se sitúa en el 0,19%, frente al 0,14% de febrero de 2025.

Esta evolución se debe al avance de los ingresos no financieros en un 8,2%, hasta 44.842 millones, superior en 1,8 puntos porcentuales al incremento de los empleos, que crecen un 6,4%, hasta 41.521 millones. El buen comportamiento de las cotizaciones sociales resulta especialmente relevante: ascienden a 37.446 millones, representan el 83,5% de los recursos y crecen un 10,0% respecto a 2025.

Entre los principales cambios normativos y actualizaciones en materia de Seguridad Social y empleo para 2026 destacan el incremento del salario mínimo interprofesional hasta 1.221 euros al mes, con la consiguiente elevación de las bases mínimas; la revalorización de las pensiones en un 2,7% con carácter general y en un 11,4% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital; la actualización del tope máximo de las bases de cotización en el mismo porcentaje que la revalorización de las pensiones contributivas, incrementado en una cuantía fija de 1,2 puntos; el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta el 0,9%; y el incremento de los tipos aplicables a la cuota adicional de solidaridad para salarios que superan la base máxima de cotización.

El Sistema de Seguridad Social registra en el segundo mes de 2026 un superávit de 2.366 millones, un 27% superior al de 2025, con 1.863 millones. Los recursos han ascendido a 38.506 millones, un 8% más que en 2025, con un aumento de las cotizaciones sociales del 10,1%, hasta 31.123 millones. El número de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos los regímenes ha aumentado un 2,2% respecto a febrero de 2025.

Dentro del gasto, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie representan más del 96% del total, con 34.790 millones, cifra superior en un 7,1% a la de 2025. La mayor parte corresponde al gasto en pensiones contributivas y no contributivas, que aumenta un 6,1%, hasta 29.503 millones, es decir, 1.708 millones más. Este avance está motivado, entre otras razones, por la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,7%, que ha llevado a que la pensión media de febrero se sitúe en 1.366,20 euros, un 4,5% más que en 2025. Las demás prestaciones sociales del Sistema ascienden a 5.287 millones, un 12,8% más.

Al igual que ya ocurrió en años anteriores, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un superávit, que en febrero de 2026 asciende a 994 millones, frente a los 462 millones de 2025. Los recursos del SEPE han sido 6.289 millones, un 11,4% superiores a los de 2025, de los cuales 6.276 millones corresponden a cotizaciones sociales, con un crecimiento del 11,2%.

Los empleos del SEPE se sitúan en 5.295 millones, con un aumento del 2,2%. La mayor parte, el 85,3%, corresponde a prestaciones por desempleo, que ascienden a 4.517 millones y crecen un 2,8% respecto a 2025.

El FOGASA presenta un déficit de 39 millones, frente al superávit de 74 millones registrado en el mismo periodo de 2025.

29 Abril 2026 CEOE

Toledo se ha convertido hoy en el epicentro del comercio español con la celebración del 6º Encuentro Comercio CEOE-C4, que ha reunido a representantes de sus principales organizaciones empresariales, empresas y responsables institucionales para analizar los retos y oportunidades de un sector clave para la economía y la cohesión social del país.

El encuentro, organizado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE en colaboración con la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), ha puesto en valor el papel estratégico del comercio, que representa el 13% de la economía española y genera el 17% del empleo. Además, se ha destacado su capilaridad territorial, con una media de 77 comercios por municipio, lo que lo convierte en un sector esencial para vertebrar el territorio, dinamizar la vida local y sostener el tejido social.

Durante la jornada, han intervenido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de CECAM, Ángel Nicolás; y el presidente de la C4 de CEOE, Ricard Cabedo, entre otros representantes empresariales e institucionales. 

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que “el comercio es uno de los grandes pilares de nuestra economía y, sobre todo, de nuestra sociedad”. En este sentido, ha destacado su papel como elemento vertebrador del territorio y su contribución a la cohesión social: “Hablamos de un sector que da vida a nuestras ciudades y pueblos, que fija población y que genera oportunidades allí donde está presente”. Asimismo, el presidente de los empresarios ha animado a acabar con el absentismo “es un problema país y nos tenemos que sentar empresarios y sindicatos para llegar a un acuerdo”. Además, ha resaltado otros desafíos del comercio como el relevo generacional o la búsqueda de talento.  

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que “el día que el primer ser humano cambió algo con el de al lado, empezó la evolución humana” y ha resaltado la importancia del intercambio, no solo de “bienes”, sino también de “ideas”, por lo que ha ensalzado a Toledo como cuna de “intercambio” ya que “aquí nació Alfonso X El Sabio y la Escuela de Traductores que, durante muchísimo tiempo, fue el internet del pasado” y propició el intercambio de “las publicaciones más relevantes del ámbito científico y religioso”, ha relatado.

El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, ha destacado que en Castilla-La Mancha el tejido productivo está profundamente arraigado en las pequeñas y medianas empresas y en el comercio de proximidad, que no solo generan empleo y riqueza, sino que vertebran nuestro territorio, fijan población y dan vida a nuestros municipios». En este sentido, Nicolás ha reclamado «un entorno favorable a la actividad empresarial porque las empresas son el motor de creación de riqueza, empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad «.

En la clausura, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, ha señalado que: “El comercio ha demostrado su capacidad para adaptarse, innovar y seguir adelante. La prioridad del Gobierno es clara: proteger a nuestro tejido productivo y adoptar medidas para garantizar la estabilidad económica”.

Las empresas del comercio ante el futuro del sector

El comercio se enfrenta a desafíos que exigen una respuesta coordinada y decidida. Entre ellos, destaca el relevo generacional, ya que aproximadamente el 35% de los pequeños comerciantes se jubilarán en los próximos años, lo que plantea un reto estructural para la continuidad del tejido comercial. A ello se suma la creciente dificultad para captar y retener talento, reconocida por 8 de cada 10 empresas del sector, así como el enorme impacto del absentismo laboral, con 1,6 millones de personas que faltan cada día a su puesto de trabajo en España. 

Todo ello se ve agravado por un entorno de hiperregulación, en el que cada empresa del comercio debe hacer frente a 3.500 normas de todo tipo, generando inseguridad jurídica, sobrecostes que afectan a los consumidores y limitando su capacidad de competir y crecer. Estos son los datos que ha puesto sobre la mesa el presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE (C4), Ricard Cabedo, que ha destacado la importancia de avanzar en un marco regulatorio más equilibrado, en el que como premisa básica se escuche de forma previa y activa al sector. 

La jornada ha contado con la participación de destacados perfiles del ámbito institucional, empresarial y académico, como: Víctor Bados Nieto, general de Brigada del Ejército de Tierra; Arantxa Pérez Gil, directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de Castilla-La Mancha; José María O’Kean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo Olavide; Lydia Valentín, campeona olímpica en halterofilia; Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio; y Macarena Berlín, periodista, que ha conducido el encuentro.

Desde su creación en 2021, el Encuentro Comercio CEOE-C4 se ha consolidado como el principal foro de diálogo del sector a nivel nacional, reuniendo cada año a los principales actores del comercio en distintas ciudades españolas. La celebración de esta edición en Toledo refuerza el compromiso de las organizaciones empresariales con un comercio fuerte, moderno, competitivo y profundamente arraigado en la vida económica y social del país.

28 Abril 2026

Preocupa la importante caída del número de autónomos sin asalariados

CEOE advierte de la notable pérdida de dinamismo en la creación de empleo durante el primer trimestre del año motivada por la inseguridad derivada del conflicto en Irán y, en términos internos, la falta de Presupuestos Generales del Estado, la incertidumbre política y el aumento de la presión fiscal sobre las empresas.

En los tres primeros meses de 2026 la ocupación descendió en 170.300 personas, siendo éste el segundo peor registro desde 2014, sólo superado en el año 2020. Con ello la cifra de ocupados se situó en 22.293.000 personas.

En términos interanuales, según se extrae de la EPA, la creación de empleo también se ha moderado de manera notable, hasta el 2,4% frente el 2,8% de finales de 2025.

A este respecto, CEOE alerta de la desaceleración de un punto en el ritmo de crecimiento interanual del sector privado, hasta el 2%. Lo que se atribuye a la caída del empleo entre los meses de enero y marzo, con 191.400 personas menos.

Pese a lo negativo del dato, las empresas continúan haciendo un importante esfuerzo en la consolidación del empleo, lo que se refleja en la caída de la tasa de temporalidad que, en el sector privado, cayó cinco décimas, hasta el 11,9%, lo que representa un nuevo mínimo histórico y contrasta con el 26,8% registrado en el sector público. En términos interanuales, el empleo a tiempo completo mantiene su fortaleza con una tasa del 3,0% frente a la caída del -1,3% de los ocupados a tiempo parcial.

A lo anterior hay que añadir que los asalariados con contrato indefinido mostraron un significativo dinamismo, del 3,4%, muy por encima de la tasa de los asalariados con contrato temporal, que fue del 0,6%.

Importante pérdida de autónomos

Entre los datos que más preocupan está el de la importante pérdida de autónomos, que disminuyeron en 68.600 personas en el primer trimestre de 2026. Dicha caída se concentró principalmente en el colectivo de autónomos sin asalariados o trabajadores independientes (-59.900 personas), mientras que en el caso de los autónomos empleadores se produjo un incremento de 10.400 personas.

Medido en términos interanuales la caída fue de un punto, frente al incremento del 1,1% anterior. Al igual ocurre con los datos del primer trimestre la caída se produce entre los autónomos sin asalariados (-3,9%), frente al crecimiento del 5,2% de los autónomos empleadores.

Vacantes sin cubrir

CEOE advierte de otra contradicción que se deriva de los datos de la EPA del primer trimestre de 2026. Si bien el número de desempleados aumentó en 231.500 personas, hasta situar la tasa de paro en el 10,83% -segunda más elevada de la UE por detrás de Finlandia- las empresas continúan teniendo problemas para cubrir las vacantes disponibles.

Una paradoja que se da, con especial incidencia, en el sector servicios en el que se concentró la mayor pérdida de empleo durante los tres primeros meses del año.

No obstante, CEOE apunta que hay que esperar la evolución del segundo trimestre del año antes de hablar de tendencia ya que, al celebrarse Semana Santa a finales de marzo, se entiende que la encuesta no se ha debido recoger el aumento de contratación que se produce en este periodo, tal y como reflejan los datos de afiliación a la Seguridad Social de marzo.

Por el contrario, la agricultura y la construcción aumentaron el empleo, a pesar de la climatología adversa, y también la industria.

Juventud e Infancia – 29.4.2026

Los países participantes en la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud han consensuado una declaración que destaca la necesidad de promover la participación juvenil en las decisiones públicas como unas de las claves para fortalecer las democracias.

• Los países iberoamericanos se han comprometido a «fortalecer políticas públicas que faciliten el acceso de las personas jóvenes a una vivienda digna, adecuada y asequible», en el marco de la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud. Así lo recoge la declaración firmada por los países participantes, que reconoce «la emancipación como uno de los principales desafíos estructurales de nuestras sociedades».

Asimismo, los países de la región iberoamericana se comprometen a impulsar estrategias «que promuevan el acceso de las personas jóvenes a un empleo digno, estable y de calidad, reduciendo la informalidad, la precariedad laboral y las desigualdades que afectan a la juventud».

La declaración subraya, además, el papel «fundamental» de las juventudes en el fortalecimiento de la democracia, por lo que se considera necesario «ampliar, fortalecer y consolidar mecanismos efectivos de participación juvenil en los procesos de toma de decisiones públicas». En este sentido, se recoge el compromiso de «promover iniciativas de cooperación regional orientadas a prevenir la radicalización, fortalecer el pensamiento crítico y fomentar el compromiso democrático de las juventudes, reconociendo su rol clave en la prevención de las violencias y en la construcción de la paz».

Durante la reunión, organizada por el Gobierno de España, como Secretaria Pro Tempore de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado, y por la Secretaría General Iberoamericana, los países de la región han acordado también impulsar el fortalecimiento de los programas de movilidad educativa, cultural y formativa en el espacio iberoamericano. En este sentido, se establece como prioridad «consolidar el Carné Joven Iberoamericano, como una iniciativa de cooperación iberoamericana y proponiendo avanzar en su implementación como una herramienta para promover una conectividad y acceso a oportunidad a las juventudes de la región. Para su desarrollo, los países participantes en la reunión han consensuado solicitar el apoyo del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ).

El documento recoge también la necesidad de impulsar políticas orientadas a favorecer la educación integral en sexualidad, a garantizar el acceso a apoyo psicosocial o a proteger los derechos de las juventudes en los entornos digitales, tal y como recoge la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. En este sentido, como ya recogió la declaración emanada de la XIII Reunión Ministerial de Infancia y Adolescencia, los países han acordado crear un Observatorio Iberoamericano «para unos entornos digitales seguros y el bienestar de la infancia, la adolescencia y la juventud».

Martes, 28 de abril de 2026

Durante un encuentro entre el tribunal europeo y el alto tribunal presidido por la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló. Mattias Guyomar advierte de que los jueces se han convertido en “objetivos privilegiados” de graves formas de contestación contra las instituciones garantes del Estado de Derecho

Autor Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar, ha defendido este martes en el Tribunal Supremo la independencia judicial como principio cardinal del Estado de Derecho durante su intervención en un encuentro entre el tribunal europeo y el alto tribunal español presidido por la presidenta del TS y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

“En la actualidad se están produciendo graves formas de contestación contra las instituciones garantes del Estado de derecho —y, más concretamente, contra los tribunales internacionales—, cuya legitimidad se pone en tela de juicio y cuya independencia, en determinados contextos, se pone abiertamente a prueba; mientras que los propios jueces se han convertido en objetivos privilegiados, en la medida en que los ataques a su legitimidad, a su independencia e incluso a su integridad personal constituyen otros tantos medios para debilitar la autoridad de las instituciones en las que ejercen, los principios y valores que encarnan y, con ello, obstaculizar su capacidad para cumplir la misión que se les ha encomendado”, ha señalado Guyomar, que ha asegurado que esta dinámica “se da también a nivel nacional”.

El presidente del TEDH ha recordado que el tribunal que preside “es una instancia judicial que protege los derechos humanos” y ha advertido de que “en ciertos discursos populistas, estos derechos se presentan hoy en día como un obstáculo para la expresión de la voluntad mayoritaria, como algo que solo beneficia a determinados grupos de personas —los migrantes, los reclusos o las personas en situación de especial vulnerabilidad— o incluso como instrumentos de un proyecto ideológico. Estas acusaciones se inscriben también en un contexto más amplio de erosión de la adhesión a los valores humanistas, así como a los principios de pluralismo y tolerancia”.

El TEDH, ha concluido Guyomar, “es la expresión del poder judicial y, como tal, se ve expuesto al juicio entablado contra el imperium jurisdiccional, denunciado cada vez con mayor frecuencia como un medio para ‘despojar al pueblo de su soberanía’ en beneficio de un supuesto ‘gobierno de los jueces’.

En sus palabras de presentación, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha destacado la trayectoria profesional de Guyomar, “ejemplo de compromiso con la Justicia y la defensa de los derechos humanos”, así como “su profunda solidez jurídica, su rigor intelectual y su vocación constante de servicio público, que le sitúan entre las figuras más respetadas del ámbito jurídico de nuestro entorno”.

Con la celebración del encuentro -durante la que ha tenido lugar un coloquio entre magistrados/as del Tribunal Supremo, el presidente del TEDH y la jueza española del tribunal europeo, María Elósegui- “se fortalece el diálogo jurídico e institucional”, ha dicho Perelló.

En el encuentro han participado el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff; los/as presidentes/as de las cinco Salas del alto tribunal -Ignacio Sancho (Sala Primera), Andrés Martínez Arrieta (Sala Segunda), Pablo Lucas (Sala Tercera), Concepción Ureste (Sala Cuarta) y Jacobo Barja de Quiroga (Sala Quinta)-, así como magistrados y magistradas de todas las jurisdicciones. Han asistido asimismo vocales del Consejo General del Poder Judicial.