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Grúa de piedra. Bahía de Santander

4 de diciembre, 2020
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Los Presupuestos Generales de 2021 superan el trámite del Congreso por amplia mayoría

4 de diciembre, 2020

Los Presupuestos Generales de 2021 superan el trámite del Congreso por amplia mayoría

Jueves 3 de diciembre de 2020

La Moncloa

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 ha logrado el respaldo de 11 formaciones políticas (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y PRC), y ahora continuará su tramitación en el Senado.

Nunca antes unos Presupuestos habían obtenido el apoyo de tantos partidos políticos, lo que muestra la voluntad de diálogo del Gobierno para elaborar unos Presupuestos de país en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

La intención del Ejecutivo de llegar a los acuerdos más amplios posibles también se vio reflejada en la votación de las enmiendas a la totalidad el pasado 12 de noviembre, donde las enmiendas presentadas sufrieron el mayor rechazo de la historia de la democracia con 198 votos en contra.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha agradecido a los grupos políticos que han respaldado estas cuentas en el Congreso la responsabilidad de haber buscado «llegar a acuerdos y a consensos en aras del interés de los ciudadanos» en una situación de pandemia mundial. Asimismo, la ministra ha reiterado la voluntad de diálogo del Gobierno con los grupos que han rechazado estas cuentas para que hagan sus aportaciones y se sumen al acuerdo durante su trámite en el Senado.

Reconstrucción social y económica

Los Presupuestos de 2021 no tienen precedentes y deben convertirse en el motor de la reconstrucción social y económica del país tras el impacto provocado por la pandemia. Pero también sentarán las bases de la transformación del modelo productivo al vehicular unos 27.000 millones de fondos europeos que permitirán avanzar en la transición energética, la digitalización la cohesión social y territorial y en la igualdad.

Se trata de unas cuentas públicas que responden a la crisis actual fortaleciendo y blindando el Estado del Bienestar al incluir el mayor gasto social de la historia con 239.000 millones de euros. Pero también fomentan un crecimiento económico sólido, inclusivo y sostenible, que impulsa la I+D+i para mejorar la competitividad de las empresas españolas.

Los Presupuestos se basan en un cuadro macroeconómico prudente avalado por la AIREF y están comprometidos con avanzar hacia un horizonte de equilibrio presupuestario. De hecho, en 2021 se producirá una reducción del déficit de 3,6 puntos, una de las mayores de la serie.

Las cuentas públicas de 2021 refuerzan la política sanitaria con más de 3.140 millones, lo que supone un aumento del 75,3% que incluye más recursos para la atención primaria, y por supuesto, para la compra de material sanitario necesario en la lucha contra la COVID-19.

La inversión en políticas educativas se eleva un 70%. En este sentido, se incrementan las becas con 514 millones hasta llegar a los 2.090 millones, la cifra más alta de la historia con el objetivo de que ningún alumno deje de estudiar por falta de recursos.

Asimismo, las partidas para la dependencia aumentan un 34,4%, lo que beneficiará a 1,1 millones de personas. También recogen la revalorización de las pensiones un 0,9% conforme al IPC real, lo que permitirá garantizar el poder adquisitivo de casi 10 millones de pensionistas. Asimismo, las pensiones no contributivas se revalorizarán en 2021 un 1,8%, el doble que el IPC.

También la lucha contra la pobreza infantil goza de la mayor partida de la historia con un aumento del 59%. Además, los Presupuestos consolidan el Ingreso Mínimo Vital al destinar 3.017 millones de euros a esta prestación que recibirán 850.000 hogares cuando esté totalmente implementado.

Por su parte, la cohesión territorial también se ve reflejada con 11.527 millones de euros destinados a las infraestructuras. También se incrementan las partidas destinadas a la investigación civil, que alcanzan los 11.483 millones, lo que supone un aumento del 80,1%.

Los Presupuestos continuarán ahora su tramitación en el Senado con la voluntad de diálogo y bajo la estrategia fijada por el Gobierno desde el inicio de la pandemia de no dejar a nadie atrás. Así, la ministra de Hacienda ha resaltado que estos Presupuestos «piensan en las generaciones futuras y sientan las bases de una España más productiva, más digital, más inclusiva, más feminista y más justa».

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El temporal de frío y nieve puede afectar a la circulación en más de diez vías de alta capacidad

4 de diciembre, 2020

Desde esta misma tarde

El temporal de frío y nieve puede afectar a la circulación en más de diez vías de alta capacidad

Jueves 3 de diciembre de 2020

La Moncloa

Debido a la previsión que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido sobre el riesgo de nevadas durante los próximos días, la Dirección General de Tráfico recuerda, a los ciudadanos que tengan que desplazarse por carretera, planificar el viaje antes de salir, consultar el pronóstico meteorológico y el estado de la circulación de la red viaria.

Las previsión es que ya esta tarde comience a nevar en varias provincias de la zona norte de la península y que podrían afectar a la circulación de vías de alta capacidad como son la A-52; la A-6, la A-67, la A-66 y la autopista de peajes AP-66, así como otras vías convencionales.

Previsión de nevadas jueves 3 de diciembre

El viernes, podría ser la jornada más complicada, ya que una bajada de las temperaturas podía provocar nevadas en provincias del norte, centro y sudeste de la península y afectar a las autovías y autopistas A-52,A-6, A-67, A-66, AP-66, AP-6, AP-61, AP-51, A-6, A-1, A-92, A-44, además de a carreteras secundarias.

Previsión nevadas viernes 4 de diciembre

Durante el fin de semana, las previsiones meteorológicas apuntan a una disminución de las precipitaciones, aunque seguirá nevando en la zona noroeste del país y que podrían afectar a las vías de alta capacidad A-52, A-6; A-66, AP-66 y A-92. No obstante seguirá haciendo mucho frío en toda la Península y podrán producirse heladas nocturnas que pueden crear placas de hielo en las carreteras.
Previsión nevadas sábado 5 de diciembre

Debido a la Pandemia en la que nos encontramos y a los cierres perimetrales adoptados por las comunidades, las personas que tengan que desplazarse por motivos justificados, es conveniente que se informen de la situación de las carreteras.

Los canales establecidos son: boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales: Twitter @DGTes y @informacionDGT; en su página web y en el teléfono 011.

En el caso de que los desplazamientos que se tengan que hacer transcurran por las zonas con aviso amarillo por nevadas, las condiciones del viaje pueden verse afectadas por posibles actuaciones en la vía para garantizar la fluidez y la seguridad vial en todo momento, así podrán establecerse:
•Restricciones a la circulación de vehículos pesados. La DGT ha comunicado dicho aviso de nevadas al Comité Nacional de Transporte para que lo tuviera en cuenta a la hora de planificar los viajes
•Restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno o cadenas
•Limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos
•Cortes totales preventivos
•Seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Ya está en funcionamiento los 21 desvíos automatizados y vigilados para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario.

Coordinación

La Dirección General de Tráfico, está a nivel central, en contacto permanente para coordinar las actuaciones de nevadas, a través de la Unidad de Valoración de Riesgos del Comité Estatal de Coordinación, con la Dirección General de Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología y con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

A nivel provincial y autonómico, las Jefaturas Provinciales de Tráfico junto con los respectivos Subsectores y Sectores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, dentro de sus respectivos protocolos de coordinación en materia de vialidad invernal, están en contacto y coordinación con el resto de administraciones y delegaciones ministeriales competentes.

Para la gestión y regulación del tráfico en episodios de vialidad invernal, la DGT cuenta con 8 Centros de Gestión de Tráfico activos las 24 horas del día, desde donde se coordinan las actuaciones en la red de carreteras de sus áreas de influencia a través del equipamiento y medios con el que cuentan y que permite conocer el estado de la circulación y comunicar las incidencias a los conductores.

Imprescindible
•Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.
•Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
•Dejar libre el carril izquierdo y circular en convoy, es decir, un vehículo detrás de otro, para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.
•Conocer los colores de la nieve

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El CGPJ incorpora a su base de jurisprudencia resoluciones en formato de lectura fácil dirigidas a personas con discapacidad intelectual

4 de diciembre, 2020

Lunes, 23 de noviembre de 2020

El CGPJ incorpora a su base de jurisprudencia resoluciones en formato de lectura fácil dirigidas a personas con discapacidad intelectual

La iniciativa se enmarca en el convenio suscrito por el órgano de gobierno de los jueces y la organización Plena Inclusión España. El fondo arranca con 23 sentencias dictadas por jueces de Primera Instancia de Asturias, Comunidad Autónoma pionera en esta materia

Autor: Comunicación Poder Judicial

La base de datos de acceso público del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial encargado de la difusión de la jurisprudencia, permite desde hoy la consulta de resoluciones judiciales en formato de lectura fácil, que permiten a las personas con discapacidad intelectual la plena comprensión de las decisiones que les afectan dictadas en los procedimientos en los que sean parte, al adaptarlas a un lenguaje comprensible para ellas.

La iniciativa, que se enmarca en el convenio de colaboración suscrito el 24 de octubre de 2018 entre el CGPJ y la organización Plena Inclusión España, arranca con 23 sentencias dictadas por jueces de Primera Instancia del Principado de Asturias en materia de modificación de la capacidad, aunque el fondo se ampliará próximamente con resoluciones dictadas en otras Comunidades Autónomas como Madrid o La Rioja.

Para acceder a estas resoluciones, que han sido sometidas por el CENDOJ al mismo proceso de disociación de datos personales que el resto, basta con entrar en la base de datos de jurisprudencia de la web www.poderjudicial.es y pinchar en la pestaña “Resoluciones de lectura fácil”. Cada una de las sentencias que aparecen a continuación puede leerse en su formato habitual o en la versión de lectura fácil, en la que se explica qué es el documento, en qué consiste la decisión judicial y qué opciones hay si no se está de acuerdo con ella.

La conversión al formato de lectura fácil -un método de adaptación y redacción de contenidos que pretende hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora utilizando palabras sencillas, frases cortas e incluso pictogramas- es realizada por los equipos de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión. Posteriormente, los equipos de validación de la organización, integrados por personas con discapacidad intelectual, se aseguran de que el texto es perfectamente comprensible. Finalmente, el juez valida el resultado verificando su resolución con la adaptada, para garantizar que es jurídicamente correcta.

Derecho de acceso a la Justicia

El proyecto puesto marcha por el CGPJ es fruto de su compromiso con la mejora y promoción del derecho de acceso a la Justicia de las personas con discapacidad y con los mandatos derivados de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y firmada por España y ratificada en noviembre de 2007, habiendo entrado en vigor el 3 de mayo de 2008.

El artículo 13 de la Convención establece que “los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares”.

Llamamiento del Foro Justicia y Discapacidad

El vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad Juan Manuel Fernández ha dirigido una carta a los miembros de la Carrera Judicial pidiendo su colaboración para nutrir el nuevo fondo documental, recordándoles que en aquellos procedimientos en los que alguna de las partes intervinientes presente algún tipo de discapacidad intelectual las resoluciones que se dicten pueden ser adaptadas al formato de lectura fácil.

En la misiva, el vocal señala que, de conformidad con el acuerdo aprobado el 3 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del CGPJ, esa adaptación “no sustituye ni complemente la sentencia, ni modifica su contenido, como tampoco supone la aclaración de la misma en los términos establecidos en el artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo limitarse a ser un documento con estricta finalidad informativa”.

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El Tribunal Supremo confirma la modificación del Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao que regula el uso de alojamiento turístico

4 de diciembre, 2020

Lunes, 30 de noviembre de 2020

El Tribunal Supremo confirma la modificación del Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao que regula el uso de alojamiento turístico

Desestima así el recurso de la CNMC que alegaba que la regulación municipal impugnada obstaculizaba la competencia efectiva en el mercado, ocasionando un daño al interés general

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, de 25 de enero de 2018, por el que se aprobó la Modificación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de dicha ciudad en lo relativo a la regulación del uso de alojamiento turístico.

El tribunal considera que la calificación de la vivienda de uso turístico (VUT) como equipamiento, y no residencial, la exigencia de un informe urbanístico para operar, así como la limitación a un máximo de tres habitaciones en las viviendas particulares para alquiler turístico no vulneran NI la Constitución, ni la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado ni la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio.

La Sala desestima así el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que, en síntesis, alegaba que la regulación municipal impugnada obstaculizaba la competencia efectiva en el mercado, ocasionando un daño al interés general, al producir una barrera económica en la entrada y permanencia de los operadores y propietarios del mercado, limitando su capacidad de decisión para competir y ofrecer sus productos y servicios.

De acuerdo con su doctrina sobre las competencias municipales del planeamiento urbanístico y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala rechaza las tres objeciones planteadas por la CNMC en su recurso de casación.
Respecto a la primera de ellas, la calificación urbanística de las VUT como equipamiento, afirma que se trata de un supuesto en el que la intervención normativa municipal estaba “más que legitimada” por cuanto tal intervención -ubicando la VUT en el ámbito urbanístico equipamental de la ciudad de Bilbao- iba claramente, y sin duda, dirigida a la protección del “derecho a la vivienda”, digna y adecuada, en los términos requeridos por la Constitución española así como al control -evitando el deterioro- del denominado, por la Directiva de Servicios, “entorno urbano”.

Añade que se trata de dos conceptos que habilitan la citada intervención municipal, en uso de la potestad de planeamiento, incluso en el marco de la citada Directiva de Servicios y de la normativa interna española que se ha considerado infringida, pues tales conceptos permiten entender que nos encontramos ante “una razón imperiosa de interés general” que “habilitaba, a la Administración local, para someter a las VUT de referencia, a una calificación o régimen de usos urbanística, como el contenido en la Modificación del PGOUB, que no va encaminado -en modo alguno- a la exclusión de la normativa europea y española sobre competencia, sino, más al contrario, a posibilitar la efectiva conciliación, de la citada y lícita actividad económica del alquiler vacacional, con la organización del régimen interno de la ciudad, posibilitando la convivencia residencial estable y habitual con una actividad caracterizada por su transitoriedad y falta de permanencia, al responder a circunstanciales necesidades alojativas”.

En ese marco, según la sentencia, la calificación -desde una perspectiva urbanística- de las VUT como una actividad de equipamiento -impidiendo su consideración urbanística como estrictamente residencial- “se nos presenta como razonable y, sobre todo, suficientemente motivado por el Ayuntamiento de Bilbao, que respeta, con su actuación -y con la justificación que ofrece de su norma reglamentaria- los ya más que conocidos criterios de proporcionalidad, claridad, objetividad, antelación, transparencia y accesibilidad, previstos en la Directiva de Servicios”.

Por ello, la Sala respalda el fallo de la sentencia de instancia en el sentido de que “el uso residencial coincide con el de un lugar destinado a la satisfacción del derecho a la vivienda -en un entorno urbano, añadimos, digno de especial protección-, mientras que un uso equipamental, como el decidido por el Ayuntamiento de Bilbao para las VUT, constituye un entorno, también urbano, pero en el que lo esencial es la prestación en el mismo de otros tipos de servicios para la población, y en el que la residencia se corresponde con necesidades alojativas circunstanciales”.
En segundo lugar, la Sala avala la exigencia de un informe urbanístico para poder operar, ya que considera que lo que se pretende con este requisito es la constancia de que -desde las previsiones normativas establecidas por el planeamiento urbanístico municipal-, resulta posible la puesta en alquiler de una VUT, en un lugar determinado del término municipal y en las condiciones exigidas por el planeamiento.

En concreto, según la sentencia, con el informe urbanístico se pretende determinar si -entre otros extremos- la VUT resulta conforme con el uso turístico de la vivienda previsto en el planeamiento urbanístico. Y si, por otra parte, cumple las condiciones de habitabilidad exigidas, sin perjuicio de que la misma se encuentre inscrita en el Registro de Empresa y Actividades Turísticas del País Vasco, en virtud de una declaración responsable, que es lo exigido por la legislación autonómica (artículo 24 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo del País Vasco).

El tribunal señala que la sentencia de instancia acierta cuando acepta como compatibles ambas exigencias; esto es, la declaración responsable, desde una perspectiva autonómica y turística, y el informe de conformidad, desde una perspectiva municipal y urbanística.

La tercera y última cuestión analizada por la Sala se refiere a la limitación a tres del número de habitaciones en viviendas particulares para uso turístico. Sobre este extremo, destaca que está justificada y no supone una barrera para el acceso al mercado de alquiler de habitaciones para uso turístico, añadiendo que el superar dicho número de habitaciones determinaría su consideración de establecimiento hotelero, pues la legislación sectorial turística también diferencia al proveedor particular, del profesional, por el número de plazas ofertadas.

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​El Gobierno presenta el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G, dotados con 4.320 millones de euros hasta 2025

4 de diciembre, 2020

1 diciembre 2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​El Gobierno presenta el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G, dotados con 4.320 millones de euros hasta 2025

Ministerio de Economía

​El Plan para la Conectividad ampliará la extensión de la banda ancha de alta velocidad hasta alcanzar al 100% de la población en 2025. Además, reforzará la conectividad en empresas, polígonos industriales y facilitará bonos para impulsar la digitalización de las pymes

La Estrategia de impulso a la tecnología 5G acelerará el despliegue de esta tecnología que, por sus características de gran capacidad, alta velocidad y densidad, está llamada a ser motor de transformación y desarrollo económico y social​

La extensión de la conectividad y el impulso al desarrollo del 5G son ejes de la agenda España Digital 2025 y prioridades tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, que destinará un 33% de sus fondos a la digitalización

El Consejo de Ministros ha presentado hoy el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios, que seguirá ampliando la cobertura de banda ancha de alta velocidad hasta alcanzar al 100% de la población, así como la Estrategia de impulso al desarrollo de la tecnología 5G. Ambos planes despliegan parte del proyecto “Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española.

Tanto el Plan de Conectividad como la Estrategia para el 5G son ejes de la agenda España Digital 2025. Prevén una inversión en estos cinco años de 4.320 millones de euros de inversión pública (883 millones ya previstos en los Presupuestos para 2021) y se prevé movilizar una inversión privada de 24.000 millones de euros.

Conectividad y 5G han sido identificados como palancas de recuperación e impulsores de la transformación digital en la Estrategia Anual de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. También se señalan en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, presentado el pasado 7 de octubre, y que destinará un 33% de sus fondos a la digitalización.

Ambos planes han sido compartidos previamente con los miembros de la Comisión Permanente de Telecomunicaciones del Consejo del Consultivo para la Transformación digital, un foro para la colaboración público-privada en el que están representados los operadores de telecomunicaciones, fabricantes, instaladores, proveedores de servicios, consultoría e integradores vinculados al sector de las telecomunicaciones y audiovisual, así como expertos, entidades económicas y sociales.

El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios tiene prevista una inversión de 2.320 millones de euros hasta 2025, 583 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Tiene como objetivos contribuir a la cohesión territorial; impulsar el crecimiento económico; apoyar la transformación digital de actividades económicas, y facilitar a la población el acceso a los servicios esenciales a distancia.

Asimismo, está alineado con los objetivos de la Unión Europea sobre las activi¬dades relacionadas con el papel de la conectividad en la transformación digital, tales como la construcción del Mercado Único Digital y la Sociedad Europea del Gigabit.

El primer eje del Plan para la conectividad es la extensión de banda ancha para favorecer la vertebración territorial, e incluye medidas para incentivar el despliegue de banda ancha en centros urbanos, zonas despobladas, centros de referencia y asistenciales, de forma que se alcance en 2025 una velocidad de 100 megabits por segundo para el 100% de la población.

Es un objetivo ambicioso, pero realizable. La velocidad de acceso de 100 Mbps es hoy accesible para el 84% de la población y dentro de un año, cuando terminen los trabajos que están en ejecución, se alcanzará al 91% de cobertura. También los avances de conectividad en la España rural han sido considerables. La cobertura de fibra óptica en las zonas rurales alcanza al 46% de la población, duplicando la media europea de cobertura rural y muy por encima de la cobertura de Francia (12%), Alemania (6%) o Reino Unido (6%).

El segundo eje, conectividad para la empresa, recoge todas las acciones de refuerzo de conectividad asociadas a los entornos empresariales: polígonos industriales, centros logísticos o parques empresariales. La meta es que el 100% de los polígonos industriales tengan una conexión escalable a un gigabit por segundo en 2025, uno de los objetivos de la estrategia europea “la Sociedad del Gigabit”.

En lo que se refiere a las pymes, se pondrá en marcha un programa para facilitar bonos de conec¬tividad digital para las pequeñas y medianas empresas que participen en programas públicos de impulso a su digitalización.

España, Hub de datos es el tercer eje del Plan y recoge las medidas encaminadas a mejorar la conectividad de las infraes¬tructuras digitales transfronterizas y el impulso a la participación en programas europeos de interés común (IPCEI) que se ejecutarán en el período 2021-2027, como la alianza industrial para servicios en la nube y el sistema satelital de comunicaciones seguras, ambos necesarios para cimentar la soberanía digital europea y el crecimiento de la industria tecnológica nacional.

Por último, el Plan incluye dos ejes transversales, uno relativo a la reforma normativa y sistemas de Información pública (que incluye la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones), y otro a la renovación de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, incluyendo medidas de apoyo a la eficiencia energética.

Impulso de la tecnología 5G

La Estrategia de impulso de la tecnología 5G es el elemento vertebrador de los objetivos y las medidas incluidas en España Digital 2025 para aprovechar la irrupción de esta nueva tecnología en la transformación económica. El 5G, la quinta generación de tecnología móvil, permite la hiper conectividad (conexiones permanentes, de alta capacidad y a gran velocidad entre personas y máquinas), por lo que tiene un gran efecto disruptivo para la economía y puede servir, asimismo, como vector de extensión de la cobertura de redes de alta velocidad.

España parte de una posición avanzada: lidera el ranking de experiencias piloto 5G, contando con 32 de las 245 experiencias piloto pre-co¬merciales en marcha en toda la Unión Europea y es el segundo país europeo en número de “Ciudades 5G”, con 39 ciudades ha-bilitadas, sólo por detrás de Reino Unido.

La Estrategia, que prevé inversiones de 2.000 millones hasta 2025, de los cuales 300 millones están ya previstos en los Presupuestos para 2021, consta de tres ejes. El primero incluye acciones para facilitar la disponibilidad de las bandas de fre¬cuencia prioritarias para los servicios 5G. En este sentido, España ya subastó en 2018 una de las bandas de frecuencias prioritarias, la de 3,5 GHz, lo que ha impulsado las primeras ofertas comerciales de los operadores, y está previsto que se realice la subasta de la banda de 700 MHz en el primer trimestre de 2021.

El segundo eje establece medidas de apoyo al despliegue de redes. Las metas son alcanzar al 75% de la población española con cobertura 5G, así como cobertura 5G ininterrumpida en las principales carreteras, ferrocarriles y puntos singulares como aeropuertos.

Asimismo, el despliegue de infraestructuras 5G es parte de una política de vertebración terri¬torial y cohesión económica y social. Por ello, se habilitará un instrumento de ayudas que incentive al despliegue de infraestructuras 5G en aquellos territorios y corredores donde se proporcione un mayor efecto transformador.

Por último, y dado que la conectividad 5G permitirá a las empresas avanzar hacia una mayor productividad, la Estrategia promueve el uso de 5G en los proyectos tractores de digitalización sectorial.

El tercer eje incorpora medidas para crear un marco regulatorio y administrativo que propicie un clima inversor, como la Ley de Ciberseguridad, que debe transponer al ordenamiento jurídico español los instrumentos y medidas (toolbox) que los Estados Miembros de la Unión Europea consensuaron a principios de este año con el fin de mitigar los riesgos de seguridad en las redes 5G y crear un entorno seguro y confiable que impulse el despliegue y fomente la adopción.​

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Bouzas

3 de diciembre, 2020
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Grande-Marlaska anuncia que la Policía Nacional integrará el DNI en el móvil para crear un documento de identidad digital

3 de diciembre, 2020

Grande-Marlaska anuncia que la Policía Nacional integrará el DNI en el móvil para crear un documento de identidad digital

Miércoles 2 de diciembre de 2020

Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que la Policía Nacional, cuerpo competente para la expedición del documento nacional de identidad (DNI), trabaja ya en una próxima evolución tecnológica de esta tarjeta para su integración en el teléfono móvil, un proyecto con el que se creará el documento de identidad digital.

El anuncio se ha producido durante la presentación del libro «El DNI y los españoles. 75 años de historia en común», en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), acto en el que ha estado acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el director general de la Policía, Francisco Pardo; y la directora de la FNMT, Lidia Sánchez Milán.

«Vivimos en una sociedad con un alto desarrollo tecnológico en la que el móvil no es ya un simple medio de telecomunicación, sino que ha pasado a ser una herramienta con la que el ciudadano gestiona la mayoría de sus trámites vitales. Nuestro proyecto convertirá los smartphones en soportes de identidad digital que permitirán a los ciudadanos acreditar sus datos de filiación, domicilio, firma manuscrita y validez del DNI», ha señalado Grande-Marlaska.

El Proyecto DNI 4.0 culminará una estrategia de evolución impulsada por la Dirección General de la Policía, con la colaboración de la FNMT, para dotarlo de «mayores fortalezas contra los ciberdelitos, más seguro para el comercio telemático y más ágil en la gestión de las relaciones con las administraciones públicas y con organismos privados, porque somos conscientes de que el DNI es, sin duda, la piedra angular de toda la administración electrónica», ha señalado el ministro del Interior.

Nuevos proyectos

El libro «El DNI y los españoles. 75 años de historia en común» es la obra más completa y específica en esta materia, pues abarca la totalidad de suhistoria. La obra, que incluye textos de numerosos autores, ha sido coordinada por la catedrática María Dolores Herrero Fernández-Quesada, comisaria también de la exposición que, con el mismo título y objeto, ha recorrido diversas ciudades españolas y ha recibido ya más de 26.000 visitas.

Desde que la Policía Nacional comenzara a expender el DNI, el número total de documentos realizados es de 328.407.151 ejemplares. Fue en 2018 cuando se alcanzó la mejor marca de expedición en un año, con un total de 7.105.377 unidades. En la actualidad, Policía Nacional dedica a este cometido 289 Unidades de Documentación repartidas por toda la geografía nacional, integradas por un total de 2.161 personas repartidas entre 1.582 puestos fijos de expedición y 80 equipos móviles, que acercan el servicio a esa España vaciada y alejada de las urbes, al mismo tiempo que atienden a personas con limitación de movimiento.

La Policía Nacional trabaja ya en un modelo uniforme del Permiso de Residencia dentro de la Unión Europea, así como en la creación de nuevas unidades de documentación; la ampliación de los puestos de actualización del DNIe, DNI Exprés yDNIe UE; la potenciación de la actividad de los equipos móviles; el pago mediante terminales punto de venta (TPVs); la actualización de la aplicación de expedición y, por último, la instalación de gestores de espera.

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Cámara de España pone en marcha un programa para mejorar las competencias digitales de los mayores de 45 años

3 de diciembre, 2020

Cámara de España pone en marcha un programa para mejorar las competencias digitales de los mayores de 45 años

Programa 45+

26 de Noviembre 2020

Incrementar sus oportunidades laborales es el principal objetivo del programa que ya tienen en marcha 40 Cámaras de Comercio territoriales.

Está dirigido a personas entre 45 y 60 años de edad en situación de desempleo o inactividad.

Los participantes contarán con un equipo de profesionales, especializados en empleo y formación, que realizarán un acompañamiento activo a lo largo de todo el programa.

Madrid, 26/11/2020.- Mejorar las oportunidades de inserción laboral a personas entre 45 y 60 años de edad, optimizando sus habilidades y competencias en el ámbito digital, es el objetivo del Programa 45+ que ha puesto en marcha la Cámara de Comercio de España. El programa cuenta con cofinanciación del Fondo Social Europeo y ya está siendo ejecutado por 40 Cámaras de Comercio territoriales.

Para ello, las Cámaras ponen a disposición de los participantes un equipo de profesionales, especializados en materia de empleo y formación, que realizará un acompañamiento activo a lo largo de todo el programa.

En una primera fase, el orientador tratará de conocer, a través de una entrevista personal, el perfil del participante: su cualificación profesional, nivel en competencias digitales y formación en función de la actividad profesional. En este análisis se profundizará especialmente en todo lo relacionado con las competencias digitales, por tratarse de un conocimiento básico e imprescindible para acceder al mercado laboral. Una vez realizada esta evaluación, el orientador determinará, de acuerdo con el participante, el itinerario a seguir y la formación más adecuada.

Se trata de evaluar 5 competencias digitales:

Alfabetización digital, con la búsqueda de información digital, organización y almacenamiento

Comunicación y colaboración, compartiendo recursos para crear posteriormente contenidos digitales

Creación de contenidos digitales, teniendo en cuenta principios de programación informática y creación de contenidos digitales
Seguridad, utilizando la tecnología y la información digital para la elaboración de datos de manera segura

Resolución de problemas, según las necesidades tecnológicas de cada perfil

Tras esta primera fase de orientación, y para facilitar la empleabilidad del participante, el programa ofrece formación en habilidades digitales ajustadas a diferentes perfiles laborales y capacitación en las competencias ya analizadas. Dicha formación podrá realizarse en la modalidad on-line, presencial o ambas.

Intermediación laboral

Una vez superadas las fases de orientación y formación, las Cámaras de Comercio realizarán un trabajo de intermediación laboral que permitirá a los participantes disponer de las mejores herramientas para enfrentarse al mercado de trabajo: actualización del currículum, simulación de entrevistas de selección de personal, etc. Estas habilidades adicionales están orientadas a favorecer la reinserción en el mercado laboral de los participantes en el Programa.

Los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 han puesto de manifiesto la urgente necesidad de impulsar la transformación digital de los procesos productivos. En el caso de los trabajadores, el Programa 45+ ofrece a las personas de 45 años o más la oportunidad de adquirir las competencias digitales necesarias para adaptarse a las transformaciones que enfrentará la economía española en los próximos años.

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Líderes mundiales del turismo de más de 95 países y 100 empresas turísticas se comprometen en Canarias con la recuperación del turismo internacional

3 de diciembre, 2020

En la isla de La Palma

Líderes mundiales del turismo de más de 95 países y 100 empresas turísticas se comprometen en Canarias con la recuperación del turismo internacional

Lunes 30 de noviembre de 2020

La Moncloa

La isla canaria de La Palma ha acogido una conferencia internacional para debatir sobre la recuperación del sector de viajes y turismo, organizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en colaboración con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y la Organización Mundial del Turismo (OMT).

En el evento se han dado cita los líderes mundiales de turismo de más de 95 países y 100 multinacionales que se han comprometido en abordar las medidas necesarias para la recuperación del turismo internacional tras la COVID-19.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado la Conferencia y ha dicho que los resultados de esta Cumbre redundarán en beneficio de millones de familias y empresas en todo el mundo. «La prioridad es hacer posible el reinicio de los viajes internacionales seguros y para ello debemos utilizar nuevas herramientas disponibles como las pruebas diagnósticas que son más accesibles y fiables de forma que los viajes internacionales garanticen seguridad».

También ha señalado que debemos convertir la crisis en una oportunidad para modernizar el sector turístico internacional y hacerlo más inclusivo, accesible, sostenible y que reparta mejor la riqueza. Para terminar, ha recordado que el futuro sin COVID-19 está más cerca, pero mientras ese futuro llega, tenemos la obligación de mitigar los efectos de esta crisis en el sector turístico.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha sido la encargada de clausurar la Conferencia y ha destacado que es «imprescindible tener una respuesta internacional coordinada que permita reiniciar los viajes internacionales de una manera segura y viable, ya que ello permitirá que el sector de los viajes y el turismo se recupere más rápidamente».

Durante su intervención, Maroto ha destacado que la cumbre tiene una extraordinaria importancia porque es la primera vez que el sector público y privado se comprometen a trabajar juntos para la recuperación del turismo mundial. Asimismo, ha recordado que España ha sido pionera en aprobar corredores turísticos para facilitar los viajes internacionales y ha establecido la obligatoriedad de pruebas diagnósticas previas al viaje como alternativa a las cuarentenas y restricciones de viajes para garantizar el reinicio de los viajes internacionales seguros.

Finalmente, la ministra ha insistido en que el sector turístico es una prioridad para el Gobierno y que se destinarán más de 3.400 millones de euros en los próximos tres años para su transformación e impulso.

Por su parte, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, agradeció que el WTTC haya participado en la organización de este evento sin precedentes, donde el mayor reto es la colaboración internacional. Reconoció y felicitó al presidente de España, Pedro Sánchez, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, por su liderazgo y compromiso para coordinar los trabajos con los líderes de los sectores público y privado. «Esta reunión es histórica y fundamental para reactivar los viajes internacionales mediante una estrecha colaboración que permita implementar las medidas necesarias para recuperar millones de empleos en el mundo». Señaló que la aceptación e implementación de un protocolo internacional de pruebas rápidas de salida es fundamental para el sector de viajes y turismo, por lo que la Declaración de la Palma ayudará a concretar ésta y todas las propuestas del WTTC presentadas en el G20.

El secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, ha destacado que «el reinicio del turismo no puede esperar, millones de medios de vida, incluyendo poblaciones vulnerables, dependen de nuestro sector, que debe regresar anclado en la sostenibilidad y la innovación para crecer mejor y generar beneficios que van más allá del turismo». Añadió que «la colaboración y coordinación internacional son piezas clave en este camino y felicito al Gobierno de España por el apoyo al sector del turismo, y al trabajo coordinador de la OMT en el seno de las Naciones Unidas para alcanzar este objetivo compartido».

Declaración de La Palma

Como resultado de los debates, se ha firmado la Declaración de La Palma donde se recoge, entre varias recomendaciones, la adopción de protocolos internacionales para las pruebas de COVID-19 previas a la salida y la aceptación de los resultados a la llegada a destino en la forma que algunos países y regiones ya han implementado, como España y las Islas Canarias. El establecimiento de medidas de control sanitario de esta naturaleza permitirá periodos de cuarentena más cortos a la vuelta al país de origen, o incluso eliminarlos por completo.

El documento propone establecer acuerdos internacionales para implementar corredores de viajes que faciliten los viajes de turismo y negocios entre países o ciudades con situaciones epidemiológicas similares. Asimismo, se invita a las empresas a proponer nuevas opciones para adaptarse y facilitar los viajes en el contexto de la pandemia. Dichas opciones incluyen ofrecer flexibilidad para reservas, términos de pago o cambios debido a casos positivos de COVID-19, u ofrecer productos asequibles o de mayor valor para incentivar los viajes nacionales e internacionales.

Por último, la Declaración insta a todas las partes a que ajusten sus modelos de negocio a la nueva situación global y trabajen juntos para desarrollar nuevos productos que impulsen los viajes y el turismo nacionales e internacionales. También a implementar programas de capacitación para mejorar y capacitar a los trabajadores del turismo y a las Pymes, empoderándolos con las habilidades digitales esenciales para adaptarse a la «nueva normalidad». Por último, se promoverá una industria más inclusiva y resiliente reforzando las prácticas de sostenibilidad en el turismo.

Este evento es resultado de la petición que hizo el WTTC a los líderes del G7+España, Corea del Sur y Australia solicitando un acuerdo al más alto nivel para salvar al sector y los millones de empleos que dependen de él. A raíz del mismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró su compromiso con el sector y confirmó el liderazgo de España para llevar a cabo una reunión en la que se discutirían las medidas fundamentales para reactivar el turismo internacional. Asimismo, el encuentro dio seguimiento a la pasada reunión histórica de la Cumbre de Ministros de Turismo del G20, en la que por primera vez se invitó, a solicitud de Arabia Saudita, país anfitrión, a alrededor de 45 CEO´s y miembros del WTTC.

Durante la conferencia se ha celebrado dos paneles donde se ha analizado el futuro del sector turístico. En el primer panel han intervenido la secretaria de Estado de Turismo de Portugal, Rita Marques; el ministro de Deportes y Turismo británico, Nigel Huddleston; el CEO de IATA, Alexandre de Juniac; el CEO de Iberia, Javier Sánchez-Prieto; y el responsable de TUI, Friedrich Joussen.

En el segundo panel asistieron por videoconferencia el secretario de Turismo de Kenia, Najib Balala; el fundador de Certares, Greg O’Hara; el ministro de Turismo de Argentina, Matías Lammens; el vicepresidente de Expedia, Jean-Philippe Monod; y el presidente del Grupo Radisson Hotels, Federico González.

El evento también ha contado con la presencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla; y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández.

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El Parlamento quiere poner fin a la situación de las personas sin hogar

3 de diciembre, 2020

El Parlamento quiere poner fin a la situación de las personas sin hogar

Parlamento Europeo

El pleno aprobó el 24 de noviembre una batería de recomendaciones para erradicar el problema de las personas sin hogar y combatir la exclusión en materia de vivienda de aquí a 2030.

Vídeo

Acabar con la carencia de hogar en Europa
Los eurodiputados exigen a la UE y a los Estados miembres acabar con la situación de las personas sin hogar para 2030. En una resolución aprobada el 24 de noviembre, defienden el establecimiento de un marco europeo de estrategias nacionales y piden a los países de la UE que descriminalicen la situación de las personas sin hogar. Además, consideran necesario continuar movilizando fondos para abordar el problema.

Por qué la carencia de hogar es un asunto importante a tratar
La vivienda es un derecho fundamental, según destaca el Paralamento Europeo. Sin embargo, según los datos de la Comisión Europeo, alrededor de 700.000 personas duermen en la calle en la UE, un 70% más que hace 10 años. En España, también ha aumentado el número de personas sin hogar durante la última década. Las encuestas de 2005 y 2012 realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan un aumento del 4,7% del número de personas sin hogar (de 21.900 a 22.938 personas).

El riesgo de las personas sin hogar se acentúa con la crisis de Covid-19, al padecer de forma desproporcionada mala salud y carecer de acceso a la higiene y la atención sanitaria. Además, con la actual recesión económica y la pérdida de puestos de trabajo, las tasas de personas sin hogar podrían aumentar.

La carencia de hogar se considera una de las formas más graves de pobreza y privación que debe eliminarse mediante políticas específicas e integradas.
Resolución del Parlamento sobre sobre cómo abordar los porcentajes de personas sin hogar en la Unión Europea

Las personas sin hogar suelen ser objeto de delitos de odio y violencia, incluida la estigmatización social. El perfil de esta población en Europa cambia en la actualidad, con cada vez más niños, inmigrantes, minorías, mujeres y familias en las calles.

Soluciones del Parlamento para paliar esta situación
El PE insta a los países de la UE a:

Proporcionar igualdad de acceso a los servicios públicos, como la atención médica, la educación y los servicios sociales.
Apoyar la integración de las personas sin hogar en el mercado laboral a través de programas de empleo, formación y planes personalizados.
Proporcionar acceso constante a refugios de emergencia como última solución (además de las medidas de prevención y apoyo, que son primordiales).
Trabajar en una definición común, una mejor recopilación de datos e indicadores coherentes para poder comprender y evaluar mejor el alcance del problema.
Además, los eurodiputados piden a los Estados miembros de la UE que adopten el principio de «la vivienda primero», ya introducido con éxito por varios países. Al contrario de los enfoques más «tradicionales», el modelo de «vivienda primero» busca trasladar a las personas sin hogar a una vivienda permanente lo más rápido posible antes de abordar otros problemas.

La falta de vivienda asequible es un problema creciente
A pesar de las diferencias sustanciales entre los países de la UE, la falta de viviendas asequibles económicamente es un problema creciente, con un aumento de los precios de la vivienda del 5,2% en los 27 países de la Unión Europea en el segundo trimestre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019.

Este es un problema para los propietarios o inquilinos de bajos ingresos: en 2018, casi el 38% de los hogares en riesgo de pobreza gastaron más del 40% de sus ingresos disponibles en la vivienda, en comparación con el 10,2% de la población general de la UE.

Por ello, el Parlamento también trabaja en propuestas para una vivienda digna y asequible, así como en mercados de vivienda inclusivos.

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Alerta sobre intentos de fraude a inversores utilizando la identidad e imagen de la CNMV

3 de diciembre, 2020

Alerta sobre intentos de fraude a inversores utilizando la identidad e imagen de la CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, ha detectado intentos de fraude a inversores utilizando la identidad y la imagen de la CNMV que consisten, entre otros, en:

  • el envío de comunicaciones a inversores por correo electrónico desde dominios similares a …@cnmv.es (como por ejemplo …@cnmv.help) con mensajes a inversores (en ocasiones relacionados con el ámbito de las criptomonedas);
  • respuestas a consultas de inversores con documentos escaneados, con formato, contenido y firmas falsas de responsables de la CNMV;
  • contratos de las empresas fraudulentas para que los firmen los inversores, que incluyen el logo de la CNMV para dar apariencia de seriedad y legalidad.

En cuanto ha tenido conocimiento de los hechos, la CNMV ha llevado a cabo diversas actuaciones, entre ellas alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La CNMV emprenderá las acciones legales a su alcance para impedir y limitar estas prácticas.

En todo caso, la CNMV aconseja verificar la procedencia de cualquier comunicación recibida en su nombre.

En concreto, se considera recomendable:

  • Verificar que los correos electrónicos de la CNMV proceden del dominio …@cnmv.es y asegurarse del origen de la fuente, para descartar la existencia de enlaces extraños y ajenos a www.cnmv.es.

Se han detectado respuestas a inversores tanto por correo electrónico como en formato papel en las que firmas no autorizadas utilizan falsamente la identidad e imagen de la CNMV

Se han detectado contratos que incluyen el logo de la CNMV en los que las empresas fraudulentas solicitan la firma del inversor

Se aconseja verificar la procedencia de las respuestas y, ante cualquier sospecha, realizar una consulta al Departamento de Inversores de la CNMV

  • Desconfiar de contratos o documentos no oficiales que incluyan el logo de la CNMV.
  • Desconfiar de cualquier comunicación que incluya la petición de información confidencial, económica o personal o incluya cualquier enlace de apariencia sospechosa.
  • Recordar que la CNMV nunca le invitaría a realizar una inversión ni le cobraría por ello.
  • Ante cualquier sospecha o duda, contactar con Departamento de inversores a través del siguiente formulario de consulta.

La CNMV agradece la colaboración ciudadana para informar de este tipo de fraudes, como ha ocurrido en esta ocasión. Por ello, considera útil que quien tenga conocimiento de un caso de este tipo remita a la Comisión el material original (correo, respuesta, etc..) para que sea posible el análisis correspondiente.e.

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Islas Cíes desde Samil y Canido

2 de diciembre, 2020
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El CGPJ, el Ministerio de Justicia y las CC.AA se reúnen este miércoles para analizar la evolución del plan de especialización de juzgados en cláusulas abusivas

2 de diciembre, 2020

Martes, 1 de diciembre de 2020

El CGPJ, el Ministerio de Justicia y las CC.AA se reúnen este miércoles para analizar la evolución del plan de especialización de juzgados en cláusulas abusivas

El presidente del TS y del CGPJ presidirá la reunión, en la que participarán representantes del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia

Autor: Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presidirá mañana la reunión de coordinación del plan especial sobre cláusulas suelo, a la que asistirán representantes del órgano de gobierno de los jueces, del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.

El plan de especialización de Juzgados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física se puso en marcha el 1 de junio de 2017 y se ha prorrogado sucesivamente desde entonces.

En la reunión está prevista la asistencia de los vocales del CGPJ Gerardo Martínez Tristán, de forma presencial, y, por vía telemática, de Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas, Rafael Mozo, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Pilar Sepúlveda, Juan Manuel Fernández y Nuria Díaz Abad.

Por parte del Ministerio de Justicia, participarán en el encuentro el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Francisco de Borja Vargues y el subsecretario, José Miguel Bueno Sánchez.

Asistirán también consejeros y consejeras y otros altos cargos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

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El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña reflexiona sobre la transición energética, el almacenamiento de energía y las centrales reversibles

2 de diciembre, 2020

El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña reflexiona sobre la transición energética, el almacenamiento de energía y las centrales reversibles

Fomento del Trabajo Nacional

Es necesaria una estrategia rápida, clara y realista de salida de la crisis que en el sector eléctrico precisará más tecnologías i inversión privada

25 de noviembre de 2020

◾El progreso y el crecimiento económico ha comportado mayores niveles de consumo de energía, pero el uso masivo de energía ha producido externalidades negativas medioambientales y sociales.
◾El cambio climático pasa a ser el mayor desafío global y urgente al que se enfrenta la sociedad. La actual transición energética hacia una economía descarbonizada es un desafío sin precedentes que necesita de la implicación del conjunto de la sociedad.
◾Para lograr un sistema de generación eléctrica de cero emisiones se debe disponer de soluciones renovables económicamente viables y una investigación solvente, pero se contrapone el crecimiento de la población y las tasas crecientes de demanda de energía.
◾El almacenamiento es imprescindible para que la energía renovable esté disponible cuando se necesita. Es una prioridad de la UE al ser el almacenamiento una pieza fundamental para la integración de las energías renovables.
◾El almacenamiento de energía es clave para aprovechar el valor total de los recursos energéticos renovables en nombre de una mayor eficiencia.

El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña publica el informe Transición energética. Almacenamiento de energía. Centrales reversibles, en el cual propone las actuaciones que se deberían analizar en detalle y priorizar para garantizar un correcto y mejor funcionamiento del sistema eléctrico. El ponente del documento, Carlos Chica, ha explicado que el uso masivo de energía está afectando muy negativamente la atmósfera y los océanos. Dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico están producidas por la utilización de energía fósil donde representa el 80% del total de la energía primaria del consumo humano.

El calentamiento global provoca impactos y condiciones climáticas anormales donde cada vez más tendrá repercusión en nuestras economías, nuestro entorno natural, la salud y la vida cotidiana. El cambio climático pasa a ser el mayor desafío global y urgente a que se enfrenta la sociedad. Para tener éxito en la lucha contra el cambio climáticoes necesario un firme compromiso, una gobernanza global, proponer un sistema de mecanismos e incentivos y disponer de un conjunto de tecnologías e innovaciones.

En Europa es la política energética y del clima la encargada de definir las principales líneas de actuación para dar respuesta a los mencionados retos. Descarboniztar el sector energético es uno de ellos y requiere el desarrollo tecnológico y la movilización de grandes inversiones. Tanto la Comisión Europea como el Gobierno Español y la Generalitat de Cataluña se han involucrado modificando las legislaciones para promover esta transición energética tendente a la neutralidad climática y al sector eléctrico un uso próximo al 74% en 2030 y al 100% al 2050 en energías renovables. En el sector eléctrico se apuesta por las renovables.

Estas energías renovables resultan no gestionables en un alto porcentaje por lo tanto hay que proveerse de capacidad de apoyo cuando faltan o de capacidad de almacenamiento cuando sobran. El almacenamiento es imprescindible para que la energía renovable sea gestionable. Todo esto comportará no solo la necesidad de remuneración del almacenamiento sino también de la potencia disponible garantizada para cubrir rampas de la curva generación / demanda que generan las renovables como también de los servicios complementarios asociados a la gobernabilidad del sistema eléctrico.

Las centrales hidroeléctricas reversibles o de almacenamiento por bombardeo, permiten gravitatoriamente el almacenamiento de energía mediante el bombeo de agua desde un embalse inferior a otro embalse superior próximo, y su conversión de nuevo en energía eléctrica por turbinació. El almacenamiento de energía con centrales hidroeléctricas reversibles permite aprovechar gran número de embalses ya construidos y obtener una regulación horaria, semanal y estacional.

La propuesta del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña

En la actualidad, sin perder de vista la emergencia climática, no podemos obviar el momento en que nos encontramos con la crisis de la COVID-19, puesto que la lucha sanitaria para contener la pandemia mediante el confinamiento, que ha tenido un elevado coste social y económico por la interrupción de las actividades, ha producido el correspondiente aumento de la desocupación y la caída del PIB. Es necesaria una estrategia rápida clara y realista de salida de la crisis, que en el sector eléctrico, necesitará más que antes tecnologías probadas y más inversión privada.

Para reforzar esta línea de actuación hay que conseguir fomentar el autoconsumo y el autogeneració, una rápida y mayor eficacia en la transición energética basada en las energías renovables y se propone:

01 Seguridad jurídica y gobernanza energética estable

La variabilidad de la producción de las principales fuentes de energía renovable (fotovoltaica y eólica), la incertidumbre de su predicción, los excedentes de generación no integrables en el sistema, así como la estabilidad de la red, la flexibilidad de operación y la regulación, hacen que el almacenamiento de energía mediante centrales reversibles tome mayor relevancia puesto que el sistema eléctrico no es solo infraestructuras de generación, hace falta una regulación de sistema, modelos de negocio claros y mercados eléctricos de energía y capacidad, todo esto para darle consistencia y calidad.

Igualmente, en la actualidad, hay una gran incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones futuras por lo cual se tendría que plantear una clara planificación, la estabilización del marco legal que proporcione seguridad jurídica y económica junto con la precaución de acompasar cualquier tipo de almacenamiento de energía con el crecimiento de las energías eólica y fotovoltaica, por no comprometer su rentabilidad como consecuencia de los vertidos de electricidad a que se podrían ver abocadas.

02 Adecuación de les tarifas eléctricas

Las tarifas eléctricas tendrían que adecuarse para favorecer la transición energética mediante la electrificación de la economía, para lo que conviene enviar una señal de precios eficiente al consumidor con la definición de una adecuada metodología de cálculo de los peajes y cargos del sistema eléctrico teniendo en cuenta los costes ambientales y la fiscalidad. Se debe clarificar lo más bien posible la remuneración del almacenamiento de energía, definiendo en el ámbito del operador de sistema eléctrico, los servicios a prestar por estas centrales, la modalidad de contratación y los ingresos a percibir.

Para garantizar las inversiones necesarias en flexibilidad que permitan el correcto funcionamiento de sistema eléctrico, incluyendo las inversiones en almacenamiento por bombeig en centrales reversibles, hace falta que la política tarifaria incentive estas inversiones.

03 Agilización de permisos administrativos y eliminación de barreras

Es necesario un apoyo decidido de la Administración hacia estas infraestructuras de bombeo. Para lo cual hay que superar la actual descoordinación entre los diferentes niveles de la Administración.

Solo así será posible lograr las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el 2030 en relación a la disponibilidad de mayor capacidad de centrales reversibles de bombeo.

En consecuencia, para conseguir un pleno desarrollo del almacenamiento mediante centrales hidroeléctricas reversibles aportando flexibilidad al sector eléctrico, se requieren apoyos para la eliminación de barreras de mercado, regulatorias y administrativas que lo retardan, así como el reconocimiento económico de la importante misión que aquellas ejercerán en el futuro.

04 Fomento de la colaboración Público-Privada (CPP)

La transición energética será consumidora de recursos financieros importantes. Y los problemas de escasez son muy conocidos en economía, motivo por el cual hay que evitar la comisión de costosos errores. El desprecio a las economías de escala, el aprendizaje de tecnologías o el despliegue de las redes encarecerán el intenso proceso de cambio y transición energética que comporta el replanteamiento y transformación de todo el sector energético.

De los 241 mil millones de euros del actualizado borrador del PNIEC, el Gobierno mantiene la voluntad de seguir potenciando las inversiones del sector privado de forma que estas sean el 80% del total. Esta voluntad se tiene que plasmar en la adopción de las medidas necesarias porque así sea, más encara en la etapa puesto Covid-19.

El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña en su tercer documento “La colaboración publico privada, un modelo necesario” posó de manifiesto la necesidad de una serie de actuaciones porque sea efectiva una CPP, que serían de directa aplicación a casos como estas infraestructuras de almacenamiento de energía por bombeo, puesto que el sector privado realiza la inversión, la finanza y explota durante el periodo concesional bajo la inspección de la Administración y con sujeción a la concesión o en las cláusulas del pliego de condiciones del concurso correspondiente.

05 Aceptación social

Hace falta una aceptación social de esta transición energética que requiere una comprensión tanto de su necesidad como de la equidad en el reparto de los costes. Por este motivo la política energética tiene que adoptar un papel didáctico para hacer comprender a la sociedad civil los caminos y tecnologías más eficientes para conseguir una transición que requiere el esfuerzo de todos. Hay que tener en cuenta, todo y las corrientes de opinión de diferentes “modas” y discursos mediáticos, que en cualquier transición energética se tiene que garantizar, mediante tecnologías suficientemente probadas la Accesibilidad (la energía tiene que ser asequible para las familias y competitiva por las empresas); la Seguridad (mantener la continuidad y calidad de servicio incluso con máximas demandas y condiciones extremas); y el mínimo Impacto Ambiental (minimizar emisiones GEH, NOx, partículas, residuos…).

Todo la expuesto pone de manifiesto, desde las primeros pasas de la planificación de la transición energética, la necesidad de introducir en el marco normativo reglas efectivas que den seguridad jurídica, y que propicien actuaciones financieramente sostenibles y atractivas para inversores y, en general, para todos los operadores de este importante sector de la economía.

Sobre el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña

Este es el séptimo informe que presenta el Consejo Asesor desde su constitución en 2017. Está formado por catorce expertos independientes de reconocido prestigio, experiencia y trayectoria profesional contrastada de varias especialidades técnicas en el sector de las infraestructuras, tanto en el sector privado como en el público. Los miembros fundadores del Consejo Asesor son la Asociación Catalana de Empresas de Ingeniería y Consultoras Independientes de Cataluña (ASINCA), la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Foment del Treball Nacional (FTN) y la Fundación Círculo de Infraestructuras (FCI). También colaboran la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canals y Puertos de Cataluña, la Confederación Catalana de la Construcción (CCC) y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC).

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El juez continúa el procedimiento contra cinco investigados en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 34,2 millones a un “entramado empresarial” de la Sierra Norte de Sevilla

2 de diciembre, 2020

Martes, 24 de noviembre de 2020

El juez continúa el procedimiento contra cinco investigados en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 34,2 millones a un “entramado empresarial” de la Sierra Norte de Sevilla

El magistrado instructor considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto R. y otras cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Administración autonómica por un importe total aproximado de 34.264.273 euros a un “entramado empresarial” radicado en la Sierra Norte de Sevilla y controlado por dos de los investigados, uno de ellos ya fallecido en el año 2016.

En un auto fechado el día 23 de noviembre y notificado hoy martes a las partes personadas, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular acusación.

Así, acuerda la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado contra estos cinco investigados como presuntos responsables penales y contra una veintena de entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios. De igual modo, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otros seis investigados al considerar que “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan” atribuirles una participación relevante penalmente en los hechos concretos en los que se centra esta pieza separada de los ERE, mientras que, igualmente, declara la extinguida la responsabilidad criminal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras su reciente fallecimiento.

Asimismo, el juez señala que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni en consecuencia acordar la continuación del procedimiento contra otros cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía “por su participación en los hechos delictivos por los que se procede en cuanto ya habrían sido encausados y condenados por la perpetración de aquéllos” en el juicio seguido en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el denominado procedimiento específico “instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta”.

Estos cinco ex altos cargos de la Junta son los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá; el ex director general de Trabajo Juan Márquez, y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, todos los cuales fueron enjuiciados por el denominado procedimiento específico, por el cual, sin embargo, no fue juzgado el también ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, lo que motiva que el procedimiento en esta pieza separada de los ERE sí continúe contra él, ya que “se le excluyó” del procedimiento específico “sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales que se pudieran depurar en causas desgajadas de la causa matriz”, según remarca el juez en este auto de 85 páginas.

Al hilo de ello, el instructor asevera que, en este caso, “concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante el mandado de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas (en concreto, en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A. (Expasan)”.

El magistrado explica en el auto que el objeto de estas actuaciones lo constituye “la presunta ilicitud de las ayudas y subvenciones concedidas extramuros de la legalidad” por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades vinculadas con uno de los investigados y una segunda persona fallecida en enero de 2016 por un importe total aproximado de 34,2 millones de euros.

En este sentido, el instructor precisa que el “tándem” compuesto por ambos empresarios “habrían constituido diversas empresas y sociedades interrelacionadas, muchas” de las cuales “carecían de actividad y trabajadores, y que tenían por objeto recibir subvenciones y ayudas de la Junta para, seguidamente, realizar el traspaso de fondos a distintas sociedades del mismo entramado, posibilitándose así, mediante este número de sociedades interpuestas, que el grupo controlado por ambos investigados percibiera fraccionadamente y de modo coordinado, en connivencia con responsables de la Junta, múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA”.

Las ayudas se habrían otorgado “de manera injusta y arbitraria”

El juez añade que el total de las ayudas que se habrían concedido “ilícitamente, sin que existiera solicitud o se acompañaran proyectos, memorias o planes de viabilidad por parte de los investigados, habría ascendido a la suma aproximada de 34 millones de euros por el sólo interés ilegítimo de favorecer a ambos investigados y a su grupo de empresas por parte de la Administración autonómica”, precisando que, de estos 34 millones, “existieron resoluciones de ayudas por el correspondiente director general de Trabajo por importe aproximado de 27.928.772 euros, suscribiéndose también adicionales convenios de colaboración con IFA/IDEA para materializar el pago de estas ayudas por importe de 16.461.132 euros”.

Así, el magistrado indica que, de los 24 convenios suscritos para “favorecer” a este grupo, los investigados “habrían conseguido, gracias a sus importantes relaciones e influencias en la Consejería de Empleo e IFA, que veinte de ellos se efectuaran entre julio de 2003 y febrero de 2004”, punto en el que destaca que, de todas las ayudas concedidas, “destacan por su especial concentración” las recibidas por Matadero de la Sierra Morena S.A., con aproximadamente 7,5 millones de euros, mientras que otras entidades que “recibirían importantes ayudas” serían Arcadia Emprendedora S.L., Sociedad del Desarrollo de El Pedroso S.L. (Sodelp) y Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, “que fueron beneficiarias de ayudas por más de dos millones de euros”.

El juez concluye asegurando que todas las ayudas investigadas y concedidas a las sociedades del “entramado societario” de los dos empresarios investigados “se habrían otorgado, en todo caso, de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones, todo ello, en connivencia entre los responsables de las entidades beneficiarias y los correspondientes responsables de la Consejería de Empleo de la Junta”.

Seguidamente, el instructor enumera las distintas sociedades que conforman el referido “entramado empresarial”, que clasifica en tres grupos, y las ayudas que recibieron, afirmando que, “a pesar de tratarse de ayudas del programa 31-L de la Dirección General de Trabajo, ninguna de estas ayudas se dedicó a la promoción del empleo, pues muchas de las empresas carecían de actividad y trabajadores, sirviendo sólo como empresas pantalla en el referido entramado empresarial y para recibir subvenciones”, mientras que las empresas que tenían empleados “recibieron ayudas muy desproporcionadas para el número de trabajadores que tenían contratados”.

“Evidente y grosera ilegalidad”

“Toda esta arbitraria utilización de fondos públicos sería producto de la connivencia” entre los investigados José María S., Eduardo L., Manuel V. y Manuel R. y los responsables de la Administración autonómica a través de la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA, “lo que se habría traducido en el enriquecimiento personal de aquellos -y el uso de las subvenciones para otros fines distintos que para los condedidos-, gracias a la ilícita acumulación y concentración fraccionada de subvenciones recibidas, en detrimento y con menoscabo de los intereses generales y del patrimonio público autonómico”, dice el magistrado.

En conclusión, el juez subraya que, de lo actuado, “es posible deducir” que los cuatro investigados referidos anteriormente “habrían colaborado activamente en la concesión y obtención, de manera ilícita y fraudulenta, de las ayudas concedidas, a sabiendas de su evidente y grosera ilegalidad, de modo que habrían posibilitado su concesión realizando gestiones al respecto con los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta con el fin de que las referidas sociedades obtuvieran de forma irregular los fondos públicos comprometidos”, una mediación que “habría resultado indispensable para la concesión de las ayudas ilícitas por parte de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, de modo que dicha concesión se habría producido gracias a aquélla”.

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La CNMV publica una nota sobre estabilidad financiera

2 de diciembre, 2020

La CNMV publica una nota sobre estabilidad financiera

23 de noviembre de 2020

• Analiza trimestralmente los riesgos que afectan a los mercados españoles

• El nivel de estrés del sistema financiero, que alcanzó máximos de 0,65 en los momentos iniciales de la crisis no observados desde 2012, ha descendido levemente, estabilizándose en el rango 0,45-0,49. Estos niveles se sitúan justo por debajo del umbral que separa el nivel de estrés medio del alto

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho pública la Nota de estabilidad financiera correspondiente al mes de octubre de 2020, en la cual identifica una leve disminución del nivel de estrés en el sistema financiero, que se ha estabilizado desde hace semanas en el rango 0,45-0,49, justo por debajo del umbral que separa el nivel de estrés medio del alto. Los segmentos del sistema financiero que siguen mostrando el mayor nivel de estrés son el de intermediarios financieros (bancos) y el de renta variable no financiera, todo ello en entorno de correlación elevada en el sistema.

Indicadores de estrés en el segmento Indicador de estrés total de intermediarios financieros y de bonos

La situación macroeconómica en España se ha deteriorado desde el inicio de la crisis tal y como ponen de manifiesto los indicadores de actividad y empleo más relevantes. A pesar de que el PIB experimentó un crecimiento del 16,7%% en el tercer trimestre con respecto al anterior, la tasa de variación anual continúa siendo negativa (-8,7%) y en mayor medida que en la zona euro (-4,3%). Los pronósticos efectuados por diferentes instituciones y organismos para la actividad española, que están sujetos a un grado de incertidumbre muy elevado, sitúan la caída del PIB este año en tasas próximas o superiores al 12% (8% aproximadamente para la zona euro), mientras que el año que viene se podrían registrar avances de entre el 4% y el 7%. Cabe señalar que, de confirmarse la disponibilidad de una vacuna de alta eficacia en los próximos meses, la recuperación podría ser más intensa y anterior en el tiempo a lo previsto. A medio plazo, la crisis deja dos vulnerabilidades relacionadas con el previsible aumento de la tasa de paro y con la necesidad de asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, que este año podría superar el 120% del PIB.

El deterioro de la actividad económica nacional ha seguido teniendo su reflejo en las cotizaciones bursátiles entre julio y octubre, periodo en el que la tendencia general del mercado español ha sido bajista y ha mostrado un comportamiento peor que el de otros índices europeos. La situación parece haberse revertido en los primeros días de noviembre con significativas para las bolsas, que en el caso español fueron de las más altas entre los índices europeos (15,6% entre el 1 el 9 de noviembre). El repunte reciente afecta con más intensidad a las compañías y los sectores más afectados por la crisis en meses anteriores como el turismo y la hostelería, que se beneficiarían en mayor medida de una recuperación económica más adelantada. En el conjunto del año, el Ibex 35 acumula un descenso del 21,9%, por encima del registrado por otros índices europeos. En los mercados de renta fija no se observan novedades significativas desde la última nota. También juegan un papel importante las estrategias de “búsqueda de calidad” (flight to quality), en los activos de deuda pública, y de “búsqueda de rentabilidad” (search for yield), en los activos de deuda corporativa.

Los riesgos de carácter financiero más relevantes que se siguen identificando están relacionados con el riesgo de mercado en determinadas categorías de activos, como la deuda corporativa de alto riesgo (high yield) o la deuda subordinada, en las que se podría producir un aumento en sus primas de riesgo en el actual contexto de deterioro de la actividad.

En cuanto al riesgo de crédito de los emisores no se observa, por el momento, un deterioro sustancial del mismo si se atiende a la evolución de las calificaciones crediticias de estos. En este sentido, la CNMV evalúa trimestralmente las calificaciones de la deuda de los emisores españoles habiendo observado un cierto deterioro entre marzo y junio, que no ha continuado en meses posteriores.

Las fuentes de riesgo que pueden acabar teniendo relevancia en términos de estabilidad financiera han progresado de forma diferente a lo largo de los últimos meses. Aquellas que tienen que ver con el aumento de las actividades no presenciales, la generalización del teletrabajo y las relaciones por vía telemática se mantienen en niveles elevados, por lo que la mejora de la ciberseguridad es cada vez más importante. Por otra parte, las fuentes de riesgo de carácter político permanecen sin cambios en Europa, destacando el proceso del brexit y en el plano nacional la fragmentación parlamentaria; mientras que han mejorado en el exterior, en particular, tras el conocimiento del previsible cambio en la administración estadounidense.

La Nota de Estabilidad Financiera presenta un amplio panel de indicadores, entre los que destacan el indicador de estrés de los mercados financieros españoles y los denominados mapas de color (también conocidos como mapas de calor). El primero proporciona una medida en tiempo real del riesgo sistémico en el sistema financiero español, que oscila entre 0 y 1 y se obtiene mediante agregación ponderada de los niveles de estrés estimados en los seis segmentos siguientes: renta variable, renta fija, intermediarios financieros, mercados monetarios, derivados y mercado de cambios Los mapas de color permiten visualizar la evolución de las categorías de riesgo.

Indicador de estrés de los mercados financieros españoles

Documento completo: Nota de Estabilidad Financiera Nº16 Octubre 2020

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El Gobierno amplía el alcance de la Línea de Avales para inversión y liquidez​

2 de diciembre, 2020

El Gobierno amplía el alcance de la Línea de Avales para inversión y liquidez​

24 de noviembre de 2020

Ministerio de Economía

Imagen de la noticia

​El Consejo de Ministros aprueba dos nuevos tramos de la Línea de Avales de 40.000 millones de euros aprobada en julio

Se destinarán 2.500 millones de euros a garantizar préstamos bancarios y 50 millones para avalar pagarés emitidos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por empresas que se encuentren en fase de cumplimiento del convenio concursal, al corriente de pagos y hayan resuelto su situación financiera, aunque no se haya ejecutado la integridad del convenio

Se libera un tramo adicional de 250 millones de euros para garantizar pagarés emitidos en el MARF por empresas que no pudieron acogerse a la primera línea de avales por estar su programa de pagarés en proceso de renovación

Se instruye al ICO para llevar a cabo la ampliación de vencimientos de avales que permitirá la extensión del vencimiento de los préstamos garantizados con cargo a la primera Línea de Avales hasta un máximo de ocho años

Se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la concesión de los avales aún no liberados de las dos Líneas de Avales

Se permite la extensión hasta un plazo máximo de 8 años de los avales aún no liberados bajo la primera Línea de Avales aprobada en marzo de 2020, así como de los avales canalizados a través de CERSA
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El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos por los que se extiende el ámbito de actuación de la Línea de Avales para inversión y liquidez de 40.000 millones de euros aprobada en julio de 2020. Además, se amplía el plazo de concesión de las dos líneas de avales, que totalizan 140.000 millones de euros, hasta el 30 de junio de 2021.

Se permite, asimismo, la ampliación del vencimiento de los avales aún no liberados de la primera Línea, así como de los avales canalizados a través de CERSA y se aprueban el resto de condiciones para la extensión del vencimiento de los avales ya liberados bajo la primera Línea.

El Gobierno ha liberado dos nuevos tramos de la Línea de Avales para inversión y liquidez aprobada en julio. El primero de los tramos permitirá acceder a financiación avalada, bien a través de entidades financieras o de financiación canalizada a través del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), a empresas que se encuentren en convenio concursal y se encuentren al corriente de sus pagos.

Esta ampliación permitirá que empresas que se encuentren en fase de ejecución de convenio, hayan resuelto su situación financiera, pero todavía no hayan ejecutado la integridad del convenio, accedan a avales públicos en condiciones similares al resto de empresas españolas que se han visto afectadas por la crisis de la Covid-19.

Con cargo a este nuevo tramo, se destinarán 2.500 millones de euros para avalar la financiación de empresas y autónomos a través del canal bancario y 50 millones para financiación a través del MARF.

Las empresas podrán optar a esta financiación avalada si a 31 de diciembre de 2019 estuviesen al corriente de sus obligaciones conforme al convenio. En el caso de que la fase de convenio se hubiera iniciado en 2020 deberán acreditar que, a la fecha de solicitud del préstamo, se encuentran al corriente de esas obligaciones.

Las entidades financieras deberán conservar abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de junio, mantener los costes de los nuevos préstamos avalados en línea con la financiación recibida antes del COVID-19 y no condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

Adicionalmente se ha liberado otro tramo de la Línea de Avales para inversión y liquidez, por importe de 250 millones de euros, para avalar los pagarés emitidos en el MARF por empresas que no pudieron beneficiarse del tramo dispuesto en la primera Línea al estar en fase de renovación de su programa de pagarés.

Ampliación del plazo de solicitud

El Consejo de Ministros ha aprobado la extensión del plazo para la concesión de las Líneas de Avales. El acuerdo establece que autónomos y empresas pueden solicitar hasta el 1 de junio de 2021 préstamos garantizados con las Líneas de Avales, gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y éstos puedan ser concedidos hasta el 30 de junio.

Asimismo, se permite a la Compañía Española de Reafianzamiento S.M.E, S.A (CERSA) extender hasta la misma fecha el plazo de solicitud de avales del tramo de 500 millones de euros destinados a reforzar el reaval que concede a las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas.

Extensión de los avales

Por otra parte, se instruye al ICO a ampliar el plazo de vencimiento de sus avales, en hasta tres años adicionales con un máximo de ochos años, para que las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad (fundamentalmente, no estar en mora ni incursas en procedimiento concursal) puedan disponer de una ampliación del vencimiento de sus préstamos avalados. Las empresas podrán contar también con un plazo adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses.

Con las modificaciones aprobadas se alivia de manera notable la carga financiera de autónomos y empresas que lo necesiten, de forma que puedan disponer de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones financieras.

Por último, se aprueba también la posibilidad de ampliar el plazo de amortización de los préstamos avalados aún no liberados bajo la primera Línea de Avales para liquidez. Esta ampliación se aplicará también a los avales concedidos y pendientes de conceder por CERSA.

España se encuentra también en negociaciones con la Comisión Europea para permitir que esta extensión de vencimientos se aplique también a otras entidades públicas emisoras de avales.

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Primera semana de vida

1 de diciembre, 2020
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El Parlamento Europeo alerta de intentos de silenciar las críticas y el pluralismo de los medios

1 de diciembre, 2020

El Parlamento Europeo alerta de intentos de silenciar las críticas y el pluralismo de los medios

Notas de prensa

La libertad de prensa e información en Europa, en declive

La Eurocámara denuncia el acoso y los ataques a periodistas, especialmente por parte de la clase política

La Comisión debe evaluar periódicamente las injerencias de los Gobiernos y la transparencia de la propiedad

Los fondos de la UE no pueden ir a medios bajo control gubernamental ni financiar propaganda

El Parlamento está preocupado por la violencia, el acoso y la presión que sufren los periodistas en la UE

El Parlamento, muy preocupado por la libertad de los medios de comunicación en la UE, denuncia la violencia, el acoso y la presión a que se ven sometidos los periodistas

En una resolución aprobada por 553 votos a favor, 54 en contra y 89 abstenciones, el Parlamento denuncia «los intentos de los Gobiernos de algunos Estados miembros de silenciar a los medios de comunicación críticos e independientes y socavar la libertad y el pluralismo». Los eurodiputados se muestran especialmente preocupados por la situación de los medios públicos en algunos países de la UE, en los que se han convertido en un «ejemplo de propaganda progubernamental».

Subrayan que la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas son piezas clave del derecho a la libertad de expresión y de información, y son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia en la Unión. «La libertad de los medios de comunicación se ha ido deteriorando en los últimos años», advierten, y el brote de COVID-19 no ha hecho sino agravar esta tendencia.

Más protección para los periodistas, especialmente para las mujeres

El Parlamento aprecia una «tendencia creciente a la intimidación para silenciar a periodistas», y cita los asesinatos de Daphne Caruana Galizia y de Ján Kuciak y su compañera como ejemplos de los riesgos que corren los periodistas de investigación. Piden a las figuras públicas que dejen de denigrar a los periodistas, e insisten en la obligación legal de investigar cada ataque, destacando que las periodistas son especialmente vulnerables y por tanto han de recibir más protección.

La concentración excesiva de los medios de comunicación amenaza al pluralismo

El texto advierte de que la concentración de la propiedad de los medios en unas pocas manos es funesta para el pluralismo e impide, además, contener la propagación de la desinformación. Los eurodiputados instan a los países de la Unión a tomar medidas para evitar la concentración excesiva y garantizar la transparencia. Condenan la injerencia excesiva de los Gobiernos en los medios de comunicación a través de la publicidad pública, e insisten en que el dinero de la Unión no debe gastarse en medios de comunicación controlados por el Gobierno o en propaganda política.

En este sentido, el Parlamento pide también a la Comisión Europea que evalúe en su informe anual sobre el Estado de Derecho la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y la intromisión —pública o privada— en el sector en cada Estado miembro. Los diputados insisten en que los intentos de menoscabar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación deben considerarse un abuso de poder grave y sistemático en contra de los valores fundamentales de la Unión.

Incitación al odio y desinformación en internet

El Parlamento aboga por establecer un marco jurídico más sólido para prevenir y contrarrestar la tendencia al alza de la incitación al odio en internet, y pide más colaboración entre las plataformas en línea y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A su juicio, las acciones voluntarias de las plataformas son «necesarias, pero aún insuficientes» para luchar contra la desinformación, los contenidos ilícitos y la injerencia extranjera. No obstante, las plataformas «no deben convertirse en órganos de censura privados», y la eliminación de contenidos ilícitos ha de estar sujeta a garantías.

Por último, el texto aprobado pone de relieve la preocupación por la injerencia extranjera en la democracia que pretende polarizar y anular el pluralismo ideológico, y advierte de las consecuencias potencialmente perjudiciales de manipular la información relativa a la pandemia de COVID-19.

Declaración de la ponente

La ponente del texto, Magdalena Adamowicz (PPE, Polonia), señaló: «Estamos asistiendo a la sustracción de la democracia, mediante mentiras. No hay libertad sin medios de comunicación independientes, no hay democracia sin pluralismo informativo. Los medios deben estar al servicio de la verdad, no de las mentiras. Deben servir a los votantes, no a los que detentan el poder. Deben proteger la democracia, no liquidarla. Por eso deben ser independientes».

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La Seguridad Social paga hoy 289,73 millones de euros en prestaciones a más de 355.000 trabajadores autónomos

1 de diciembre, 2020

Ayudas por la COVID-19

La Seguridad Social paga hoy 289,73 millones de euros en prestaciones a más de 355.000 trabajadores autónomos

Lunes 30 de noviembre de 2020

La Seguridad Social abona hoy 289,73 millones de euros a 355.364 trabajadores autónomos a los que les ha sido reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

En concreto, en estas cantidades se incluyen los beneficiarios de la prestación de cese para aquellos autónomos que se han visto obligados a suspender su actividad de forma temporal por resolución administrativa relacionada con el control de la pandemia, la prestación compatible con la actividad, la prestación extraordinaria por bajos ingresos (sin periodo de carencia) y las ayudas para autónomos de temporada, además de las prestaciones extraordinarias cuyo periodo de solicitud ya finalizó.

Tabla con las prestaciones a los trabajadores autónomos

Tabla con las prestaciones a los trabajadores autónomos

Por tipo de prestación, 65.751 trabajadores autónomos recibirán este viernes la ayuda para autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad a causa de resolución de la autoridad competente que se incluyó en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre. A sufragarla se destinan 27 millones de euros.

Esta prestación formó parte del acuerdo al que se llegó con las asociaciones de autónomos a finales de septiembre y en el que también se acordó la extensión y ampliación hasta el 31 de enero de 2021 de las ayudas a los trabajadores autónomos.

Para acceder a la prestación por suspensión temporal obligada por resolución administrativa hay que estar afiliado/a y en alta en el Régimen Especial de la seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos (RETA) o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución. Además, hay que estar al corriente de pago de las cuotas.

La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, cantidad que se incrementa un 20% si el autónomo/a es miembro de una familia numerosa. El trabajador quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, pero ese periodo le contará como periodo cotizado. La exoneración de cuotas se extenderá hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida.

Compatible con la actividad

La nómina de la prestación para autónomos compatible con la actividad asciende a 236,752 millones de euros, correspondientes a las ayudas de 238.254 beneficiarios.

Esta prestación asciende al 70% de la base reguladora, es decir, un mínimo de 661 euros, e incluye el abono de la cuota por contingencias comunes, que se devuelve al trabajador. De este modo, esta nómina incluye tanto el importe de las prestaciones como el de las cotizaciones por contingencias comunes que les hubiera correspondido ingresar.

La prestación compatible con la actividad también se puso en marcha tras el consenso con las principales asociaciones de autónomos logrado en junio y se ha prorrogado en el último acuerdo. Tiene, entre otros requisitos, la acreditación de una reducción de la facturación del 75% en el cuarto trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de un año antes. Para acceder a ella, los beneficiarios no necesitan esperar al final del trimestre, sino que pueden solicitar esta prestación cuando cumplan los requisitos y, después, acreditarlos documentalmente una vez finalice el trimestre.

Además, para cubrir a aquellos trabajadores que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad, por ejemplo, por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses, se creó una ayuda sin periodo de carencia que ha beneficiado en esta nómina a 49.031 trabajadores y a la que se han destinado 23,65 millones de euros.

Trabajadores de temporada

Por otro lado, también dentro del consenso con las asociaciones de autónomos, se activó una prestación específica para trabajadores por cuenta propia de temporada que se renovó en el Real Decreto-ley 30/2020. La Seguridad Social ha destinado por este concepto 455.929 euros a 713 trabajadores autónomos en esta nómina.

Finalmente, se han abonado prestaciones extintas a 1.615 trabajadores autónomos, a lo que se dedican 1,87 millones de euros.

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El TSXG considera “imprescindible” prohibir a Alcoa parar las cubas para garantizar la readmisión de los trabajadores si sus despidos fuesen nulos

1 de diciembre, 2020

Lunes, 30 de noviembre de 2020

El TSXG considera “imprescindible” prohibir a Alcoa parar las cubas para garantizar la readmisión de los trabajadores si sus despidos fuesen nulos

La Sala de lo Social desestima el recurso interpuesto por la empresa contra la medida cautelar

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por el Grupo Alcoa Inespal frente al auto dictado el 4 de noviembre por la misma Sala en el que ordena a la empresa “abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas”. El TSXG, por lo tanto, confirma esta resolución. Los magistrados subrayan en el auto, contra el que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que la medida cautelar adoptada tiene “un componente principalmente de anticipación”, ya que la consideran “imprescindible” para el caso de que, en una hipotética declaración de nulidad del despido colectivo, se pudiese readmitir de manera inmediata a los trabajadores. La Sala recalca que el apagado de las cubas electrolíticas “aun no siendo un proceso irreversible, se ofrece complejo, costoso y dilatado en el tiempo”, lo que acarrearía “graves perjuicios a los trabajadores”.

Los magistrados señalan que “la instrumentalidad” de la medida cautelar solicitada por los sindicatos está dirigida a que no se frustre la posibilidad de una readmisión para el caso, reiteran que “hipotético”, de que recayese una resolución favorable a una pretensión de nulidad del despido. Los jueces entienden que la prohibición de parar las cubas era “no solo necesaria, sino la medida más proporcionada y menos lesiva o gravosa”, al tiempo que subrayan que si se declarase la nulidad de los despidos sería “imprescindible para la reanudación inmediata de la actividad y la readmisión del personal, de manera que lo que se ha acordado no ostentaría ya naturaleza de medida cautelar, sino de ejecución del pronunciamiento judicial”.

Sobre la falta de legitimación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Consellería de Economía, Emprego e Industria para intervenir en el procedimiento, los magistrados indican que en el incidente de medidas cautelares se solicitaba una administración o intervención pública de Alcoa, personificándolo en la SEPI, pero que también “podría afectar” a las dos administraciones. “Consideramos que, aun cuando los terceros llamados a juicio no son partes en el contrato de trabajo o relación laboral, ostentan, en el caso de este procedimiento de medidas cautelares, un interés legítimo”, destaca el TSXG, al tiempo que subraya que la empresa interpelada es “una industria estratégica cuyo cierre o reducción de empleo produciría un innegable e importante impacto social dada la trascendencia que, para la comarca de A Mariña, supondría el cierre total o parcial de la empresa”, lo que determina “la existencia de un interés de las administraciones”.

Los jueces también avalan la retransmisión de la vista en directo a través de streaming, ya que recuerdan que ha de facilitarse “el acceso a los medios de comunicación de las actuaciones procesales públicas”, sobre todo en la situación actual de pandemia. De esta forma, la Sala defiende que tomó la decisión para “permitir y garantizar a las personas afectadas por el conflicto laboral, que en otra situación en que las condiciones sanitarias fuesen de normalidad podrían tener acceso a la sala de vistas con los obvios límites del aforo de la misma, la posibilidad de conocer de manera directa lo que acontece en el desarrollo de la vista de la comparecencia judicial”.

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Interior refuerza la seguridad con la implantación del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR)

1 de diciembre, 2020

Interior refuerza la seguridad con la implantación del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR)

Martes 24 de noviembre de 2020

El Ministerio del Interior, a través de la Oficina Nacional de Información de Pasajeros por vía aérea (ONIP), integrada en la estructura del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), ha puesto en marcha el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR).

De este modo, se culmina un proceso que comenzó en 2016 con la aprobación por parte de la Comisión de la Unión Europea de una Directiva que obligaba a los estados miembros a iniciar los trámites normativos internos pertinentes con el fin de crear un instrumento imprescindible en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave.

Así, desde el pasado viernes está en funcionamiento el sistema PNR, tras la aprobación el pasado mes de septiembre de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delitos graves.

En su primer día, la ONIP chequeó un total de 165 vuelos (97 de llegada y 68 de salida), que transportaban, entre pasajeros y tripulación, a 7.802 personas.

El tratamiento de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) por parte de la ONIP va a suponer, como marca el preámbulo de la Ley Orgánica que lo regula, una garantía en «la protección de la vida y de la seguridad de los ciudadanos, que constituye el objetivo principal del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea».

También se especifica en la propia norma que «el tratamiento de los datos PNR va a mejorar la respuesta a la amenaza del terrorismo y la delincuencia grave, mediante el cotejo de tales datos con la bases de datos disponibles y pertinentes».

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El Centro Nacional de Supercomputación pone a disposición de científicos y administraciones una herramienta para visualizar la relación entre la movilidad de los ciudadanos y el riesgo de propagación de COVID-19

1 de diciembre, 2020

El Centro Nacional de Supercomputación pone a disposición de científicos y administraciones una herramienta para visualizar la relación entre la movilidad de los ciudadanos y el riesgo de propagación de COVID-19

Miércoles 25 de noviembre de 2020.

La Moncloa

Mapa

Mapa

Covid-19 Flow-Maps integra los datos de casos conocidos de COVID-19 y de movilidad de los ciudadanos.

El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) pone a disposición de administraciones, investigadores y ciudadanos una herramienta de información geográfica que permite visualizar el riesgo de propagación del COVID-19 asociado a la movilidad poblacional.

La plataforma Covid-19 Flow-Maps integra datos de casos conocidos de COVID- 19, procedentes de las administraciones sanitarias (Ministerio de Sanidad y consejerías de salud de los gobiernos de Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco) y datos de movilidad de ciudadanos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Todos los datos del sistema están georreferenciados, lo que permite su representación en un mapa y facilita su integración, análisis e interpretación. Covid-19 Flow-Maps permite visualizar el riesgo de contagio de Covid-19 de una zona determinada asociada a la afluencia de ciudadanos procedentes de otras áreas geográficas.

El riesgo se calcula a base de relacionar los casos de COVID-19 conocidos con los datos que nos indican a qué zonas y con qué intensidad se están desplazando los ciudadanos de las áreas afectadas. Los patrones de movilidad se infieren a partir de datos de telefonía móvil anonimizados y agregados por día y área de movilidad.

Los datos se actualizan automáticamente a medida que las administraciones los incorporan a sus sistemas de información pública y el detalle de la información se ofrece a escala provincial, a nivel de toda España, y a escala menor (áreas o zonas básicas de salud) cuando esta información está disponible, como es el caso de las comunidades de Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco.

Covid-19 Flow Maps es una iniciativa del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center y su objetivo es ser un apoyo a las autoridades sanitarias a la hora de tomar decisiones y también una herramienta a disposición de los epidemiólogos y el público en general.

Flow-Maps ofrece un acceso web mediante tableros que permiten explorar de forma visual el estado de la pandemia y el riesgo asociado a la movilidad. Además, se puede acceder a toda la información contenida en la base de datos empleando una API-REST, diseñada para profesionales que quieran integrar los datos en sus propios sistemas.

El coordinador de Flow-Maps, Miguel Ponce de León, explica que ésta es «la primera entrega de un conjunto de herramientas del BSC para analizar, visualizar y predecir el comportamiento de la pandemia de COVID-19. Trabajamos para integrar en la plataforma modelos epidemiológicos que se nutran de estos datos y permitan avanzar en la predicción de riesgo.»

Por su parte, Alfonso Valencia, profesor ICREA y director del Departamento de Ciencias de la Vida del BSC, afirma que «el tamaño masivo de los datos de movilidad, las peculiaridades de la información sanitaria distribuida y la integración con los modelos epidemiológicos constituyen un escenario complejo, en el que podemos progresar gracias a las enormes capacidades técnicas y computacionales del BSC».

Covid 19 Flowmaps se ha realizado con fondos del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de Catalunya, a través del Center for Innovation for DataTech and Artificial Intelligence (CIDAI); de la Secretaria de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y del Instituto Nacional de Bioinformática – Instituto de Salud Carlos III (INB-ISCIII), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.

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Arco del Triunfo. Madrid. –

30 de noviembre, 2020
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El Banco de España actualiza la lista de las entidades sistémicas y establece sus colchones de capital macroprudenciales

30 de noviembre, 2020

Departamento de Comunicación

Nota de prensa

Madrid, 27 de noviembre de 2020

El Banco de España actualiza la lista de las entidades sistémicas y establece sus colchones de capital macroprudenciales

El Banco de España ha llevado a cabo la revisión anual de las designaciones de Entidades de Importancia Sistémica Mundial (EISM) para 2022 y Otras Entidades de Importancia Sistémica (OEIS) para 2021, estableciendo sus colchones de capital asociados1. Estos requerimientos macroprudenciales tienen por objetivo corregir la posible ventaja competitiva que estas entidades pudieran tener en el mercado de financiación debido a su relevancia sistémica y a adecuar su toma de riesgos. Además, los colchones de capital contribuyen a reforzar la solvencia de estas entidades y a mitigar los efectos adversos que éstas pudieran llegar a ocasionar al sistema financiero a nivel global o nacional.
Entidades de Importancia Sistémica Mundial (EISM)

En aplicación del reciente acuerdo del Consejo de Estabilidad Financiera2 sobre Bancos de Importancia Sistémica Global (G-SIBs, por sus siglas inglés), y siguiendo la metodología establecida en la Norma 13 de la Circular 2/2016, el Banco de España ha designado una entidad de crédito española como EISM con efectos en 2022.

En este enlace .

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El déficit del Estado se sitúa hasta octubre en el 5,22% del PIB por el impacto de la COVID-19

30 de noviembre, 2020

El déficit del Estado se sitúa hasta octubre en el 5,22% del PIB por el impacto de la COVID-19

Viernes 27 de noviembre de 2020

La Moncloa

El Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que reflejan el impacto de la situación derivada de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas en los meses previos para atender la emergencia sanitaria y paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia.

En concreto, el Ministerio de Hacienda difunde hoy el dato de déficit del Estado hasta octubre, que se sitúa en el 5,22% del PIB, en términos de contabilidad nacional. Asimismo, publica el déficit consolidado de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de septiembre, que alcanza el 6,82% del PIB, excluyendo la ayuda financiera.

Déficit del Estado (octubre)

Hasta octubre, el déficit del Estado se sitúa en 57.736 millones de euros lo que equivale al 5,22% del PIB. Si se descuenta el gasto en intereses (déficit primario) la cifra desciende hasta el 3,54% del PIB.

Esta evolución obedece, por un lado, al descenso de los recursos un 13,5% como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Por otro lado, los gastos crecen un 16%, hasta los 206.617 millones, a un ritmo inferior al registrado en el mes anterior. Ese comportamiento se explica, fundamentalmente, por el aumento de programas sanitarios y por las mayores transferencias a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.

Además, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros del Estado hasta octubre se sitúan en 148.881 millones, lo que supone una disminución del 13,5% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de octubre están afectados, de manera similar a lo que viene ocurriendo en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Así, los recursos impositivos -representan el 82,9% del total- se sitúan en 123.365 millones, lo que implica una disminución del 15,5%. Por un lado, se produce un descenso del 12,1% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA cae un 13,6%, hasta los 53.856 millones. Este comportamiento se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y por el impacto de las medidas adoptadas como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la COVID-19. Sin embargo, el IVA sigue moderando su descenso respecto a los meses precedentes.

Los ingresos hasta octubre del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica ascienden a 755 millones, frente a los 318 millones en el mismo periodo del año, dado que se suspendió la presentación e ingreso de este impuesto en el cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2019. Asimismo, los recursos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero crecen un 23,1%, hasta alcanzar los 1.050 millones

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 20,2%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 16,3%, fundamentalmente por el descenso de los pagos fraccionados que caen hasta octubre un 31,3%. Por su parte, el IRPF desciende un 22,8% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, así como a los menores dividendos repartidos, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

También descienden los impuestos sobre el capital un 53,6% y las cotizaciones sociales un 0,8%, principalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 37,9% así como los intereses, que disminuyen un 13,4%.

Empleos no financieros del Estado

Hasta octubre los empleos no financieros han ascendido a 206.617 millones, cifra superior en un 16% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las CCAA y a la Seguridad Social.

En concreto, las transferencias a las CCAA aumentan tanto por la actualización de las entregas a cuenta, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior.

A lo anterior hay que sumar la parte correspondiente a dos tramos del Fondo COVID de las CCAA, no reembolsable, por importe de casi 8.000 millones (sobre un total de 16.000 millones).

Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las CCAA han recibido para atender gastos relacionados con la COVID, entre otros: 300 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 40 millones del programa de refuerzo educativo, 10 millones por medidas excepcionales por el COVID-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.

Los consumos intermedios se incrementan en un 9,1%, crecimiento en el que inciden los 766 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,8% debido a la subida salarial del 2% así como a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 6,1%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 47,6%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación antes mencionada de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7). Esta rúbrica incluye asimismo un gasto de 96 millones por la compra de respiradores mecánicos para atender la emergencia sanitaria.

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 11,1% de los intereses. También por la disminución del 0,9% de la cooperación internacional corriente y la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 867 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 16,6%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.

Déficit conjunto de la Administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social (septiembre)

Hasta septiembre de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 75.417 millones, lo que equivale al 6,82% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 75.403 millones de euros, también el 6,82% del PIB.

Financiación de las Administraciones Públicas (septiembre 2019-2020)

Administración Central

La Administración Central ha registrado un déficit del 5,17% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 14 millones hasta septiembre.

El déficit del Estado en septiembre equivale al 5,11% del PIB, lo que supone 56.498 millones.

Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 643 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,06% del PIB, lo que implica un descenso del 55,7% respecto a 2019.

Comunidades Autónomas

La Administración regional ha registrado un superávit de 2.597 millones, lo que supone el 0,23% del PIB, frente al déficit del 0,29% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos necesarios a las CCAA para atender los gastos derivados de la emergencia provocada por la COVID-19.

Los ingresos crecen hasta septiembre un 9%. En esta evolución cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos un 7,3%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 18,7% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 14%, como ya se ha detallado con anterioridad, por los mayores recursos recibidos del Estado.

Asimismo, hay que tener en cuenta que, tanto en 2019 como en 2020, ha habido prórroga de los Presupuestos Generales, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se ha procedido a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.

Los Impuestos sobre la producción y las importaciones retroceden un 24,5%, destacando el descenso del 23,8% del ITP y AJD.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,2%, los consumos intermedios crecen un 9%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 5,5% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID-19 hasta septiembre. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 2,6%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia.

Las subvenciones se elevan un 12% y las prestaciones sociales un 5,4%. Entre los gastos que descienden nos encontramos con las transferencias entre AAPP, que caen en un 2,6%, así como los intereses y la inversión, que disminuyen en un 14,8% y en un 3,1%, respectivamente.

Todas las CCAA (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta septiembre de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, el resto, es decir un total de 12 CCAA, logran situarse en superávit.

Financiación de las comunidades autónomas septiembre 2019-2020

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza los 5.275 millones en gasto socio-sanitario, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla sobre el impacto asociado al coronavirus por comunidades autónomas en septiembre 2020

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,89% del PIB. El comportamiento de este subsector responde, fundamentalmente, a los efectos sanitarios y económicos ocasionados por la pandemia, especialmente sobre las prestaciones sociales. Hasta septiembre, los recursos se han incrementado un 12,6%, fundamentalmente por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentan un 23,1%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en 24.281 millones, lo que representa el 2,2% del PIB, y supone un 80,5% de todo el incremento de gasto registrado hasta septiembre.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 7.589 millones, un 0,69% del PIB, frente al déficit del 0,67% del PIB registrado hace un año, lo que representa un descenso del 9%. Esta favorable evolución se debe a la transferencia de 14.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzan un volumen de 93.806 millones, con un incremento del 1% respecto a los de finales de septiembre de 2019.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 118.225 millones, un 8,7% más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la COVID-19.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 13.195 millones hasta septiembre. Las cotizaciones sociales descienden un 1,6%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta septiembre en 14.618 millones.

Al igual que en los meses anteriores, la evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de septiembre de más de 12.500 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones derivadas de la cobertura frente a la COVID-19 suponen el 62% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo.

Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascienden a 2.611 millones, un 47,3% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos de la COVID-19 y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el FOGASA registra hasta septiembre un resultado negativo de 89 millones.

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La Orden de Precios de Referencia que se publica hoy en el BOE revisa los precios de 16.872 presentaciones de medicamentos

30 de noviembre, 2020

La Orden de Precios de Referencia que se publica hoy en el BOE revisa los precios de 16.872 presentaciones de medicamentos

Sábado 28 de noviembre de 2020

La Moncloa

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. En total, serán revisados los precios de 16.872 presentaciones de medicamentos, de las que 13.824 son dispensables en farmacia y 3.048 en hospital.

Ello producirá un ahorro estimado de 170,12 millones de euros: 126,20 en medicamentos hospitalarios y 43,92 en medicamentos dispensados en oficinas de farmacia. 5,06 millones de euros repercutirán directamente en el ciudadano.

Dicha Orden crea 452 nuevos conjuntos de presentaciones de medicamentos que se dispensan en oficinas de farmacia y 237 de ámbito hospitalario. Cabe destacar que se ha procedido a la formación de los conjuntos por principio activo, en lugar de por ATC5 como se venía realizando en Ordenes anteriores. De esta manera, se suprimen 660 conjuntos de presentaciones de medicamentos: 437 en farmacia y 223 en hospital.

El precio de referencia de los conjuntos se calcula en base al menor coste por tratamiento y día de las presentaciones incluidas en cada uno. Para garantizar el abastecimiento de determinados medicamentos y su permanencia en la prestación farmacéutica del SNS, se han articulado mecanismos excepcionales a la regla general de cálculo. Así, se articula el precio de referencia ponderado que se aplica a las presentaciones de medicamentos con dosificaciones especiales, para enfermedades graves o cuyos precios han sido revisados por parte de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos en los últimos dos años por falta de rentabilidad.

Además, está el precio de referencia mínimo de cada presentación, fijado en 1,60 euros, y se establece la no revisión de precios de algunos medicamentos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto último ha afectado a 15 conjuntos de referencia y, en concreto, a 91 presentaciones.

Plazos de aplicación

Los plazos de aplicación de los precios serán los siguientes:


1.Los laboratorios suministrarán los medicamentos a su nuevo precio industrial de referencia, a partir del día siguiente de la publicación de la Orden en el BOE.


2.Los distribuidores mantendrán el precio de venta del distribuidor anterior a esta reducción durante un plazo de veinte días naturales.


3.Las oficinas de farmacia dispensarán al precio de venta al público anterior a esta reducción hasta el último día del primer mes siguiente a la fecha de aplicación de la Orden, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2020.


4.Se liquidarán con los nuevos precios las facturaciones de recetas oficiales al Sistema Nacional de Salud, incluidas las correspondientes a las Mutualidades de funcionarios, cerradas a partir del 1 de enero de 2021.

Control del precio de los medicamentos financiados

El Sistema de Precios de Referencia se implantó en España hace dos décadas con el objetivo de controlar los precios de los medicamentos financiados. Con posterioridad, se reguló en la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, y fue modificado en virtud de la Reforma Sanitaria, incluida en Real Decreto-Ley 16/2012, de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Sanitario.

Añadir nueva

Es, por tanto, una herramienta esencial de control del gasto farmacéutico, necesario para la sostenibilidad del sistema sanitario público, y se regula actualmente mediante el artículo 98 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

El desarrollo reglamentario para hacer efectivo el mandato legal de establecer anualmente los nuevos conjuntos de referencia de medicamentos, así como revisar los precios de referencia de los conjuntos ya existentes, se encuentra establecido en el Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo. Cabe recordar que la última actualización de los conjuntos de referencia de medicamentos y de sus precios de referencia se produjo por medio de la Orden SCB/953/2019, de 13 de septiembre.

El Sistema de Precios de Referencia permite crear nuevos conjuntos cuando se cumplen diez años de la autorización del medicamento en España o en cualquier otro Estado Miembro de la Unión Europea, siempre que exista al menos un medicamento financiado en el Sistema Nacional de Salud distinto del original y sus licencias, así como cuando existe un medicamento genérico o biosimilar.

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​​​​​​​​​El Consejo de Ministros aprueba la propuesta de candidatos para presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

30 de noviembre, 2020

24 de noviembre de 2020

​​​​​​​​​El Consejo de Ministros aprueba la propuesta de candidatos para presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Ministerio de Economía

​Rodrigo Buenaventura es propuesto como candidato a la Presidencia en sustitución de Sebastián Albella

Montserrat Martínez Parera es la candidata a la Vicepresidencia, el puesto que ocupaba Ana María Martínez-Pina

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la propuesta de candidatos para presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Gobierno presenta al Congreso de los Diputados la propuesta de Rodrigo Buenaventura como presidente de la CNMV, en sustitución de Sebastián Albella, y de Montserrat Martínez Parera como vicepresidenta del organismo, en lugar de Ana María Martínez-Pina.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, afirma que “las personas que se proponen son absolutamente idóneas para ocupar estos puestos y cumplen los requisitos que se prevén de experiencia, reconocimiento, independencia y reconocido prestigio para estar al frente de una institución tan importante como la CNMV”.

Los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados y, superado este trámite, sus nombramientos se aprobarán por Real Decreto en Consejo de Ministros. El mandato de ambos puestos es por cuatro años, pudiéndose renovar una vez.

Candidatos

El candidato propuesto para la Presidencia de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, es, desde 2017, director general de Mercados de la CNMV. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, entre 2011 y 2017 fue director de Mercados de la ESMA (European Securities and Markets Authority).

Entre 2005 y 2011 ocupó los cargos de director de Mercados Secundarios y director de Relaciones Institucionales de la CNMV. Previamente, entre 1993 y 2004, desarrolló su carrera en el Grupo Analistas Financieros Internacionales (AFI).

En esta organización fue analista del mercado financiero español, responsable de consultoría financiera y, finalmente, consejero delegado de Consultores de Administraciones Públicas.

La candidata propuesta para la Vicepresidencia, Montserrat Martínez Parera, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito financiero y en asuntos relacionados con la regulación y supervisión bancarias, tanto en el sector privado como en el sector público. Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y Máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

Desde 2018 es directora de la Oficina de Presidencia de CaixaBank, responsabilidad a la que sumó en 2020 la Dirección de Asuntos Públicos de la entidad. Es miembro del Banking Stakeholder Group de la EBA (European Banking Authority) y presidenta del Comité de Regulación de CaixaBank, presidenta del Comité de Economía de la Fundación Cotec y miembro de la Comisión Ejecutiva de Barcelona Global.

Entre 2012 y 2017 fue jefa de Gabinete del subgobernador del Banco de España. Entre 2007 y 2011 ocupó esa misma posición de directora de Gabinete en la Presidencia de la CNMV y, de 2005 a 2007, fue jefa de gabinete del vicepresidente de esta institución.

Entre 2011 y 2012 trabajó en el equipo de relación con inversores de BBVA, entidad en la que también desarrolló su carrera entre 1999 a 2005 como economista senior del servicio de estudios.

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La Seguridad Social registra un saldo negativo de 5.544,35 millones de euros

29 de noviembre, 2020

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 5.544,35 millones de euros

Viernes 27 de noviembre de 2020

La Moncloa

Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo de 5.544,35 millones de euros a 31 de octubre de 2020. Esta cifra es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 135.473,55 millones de euros, que registran un incremento del 11,44%, y unas obligaciones reconocidas de 141.017,90 millones, que crecen en un 10,34% interanual.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 89,5% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 10,5% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 88,47% ha sido reconocido por las entidades gestoras y servicios comunes y el 11,53% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 131.869,67 millones de euros, con un incremento del 11,04% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento del 10,36%, hasta alcanzar los 140.933,68 millones de euros.

Ingresos no financieros
En lo que va de año, los ingresos por cotizaciones sociales han ascendido a 99.089,69 millones de euros, lo que supone 4.112,99 millones de euros menos que en el mismo periodo de 2019 (-3,99%). Este comportamiento viene motivado por el descenso en la cotización de ocupados de un 6,47% (6.298,75 millones de euros menos), mientras que la cotización de desempleados se eleva un 37,34% (2.185,76 millones de euros más).

El descenso en los ingresos por cotizaciones tiene su origen en las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor y para aquellos autónomos perceptores de las ayudas, medidas que hasta septiembre de 2020 han supuesto ingresar 3.630,81 millones de euros menos. A ello se une, la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia.

Además, hay que tener en cuenta el efecto que han tenido las devoluciones de las cuotas de los autónomos beneficiarios de la prestación por COVID-19 sobre los ingresos, siendo las cuotas reintegradas hasta 31 de octubre de 503,98 millones de euros.

Las transferencias corrientes ascienden a 35.462,22 millones, lo que representa un incremento del 109,41% interanual. La partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 28.707,61 millones (un 110,53% más).

Este incremento se debe, fundamentalmente, a la transferencia de 14.002,59 millones que el Estado concedió a la Seguridad Social para equilibrar el impacto de la pandemia en las cuentas.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 129.605,50 millones, un 8,20% más que en el mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 91,91% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 120.338,70 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 8,69% (9.617,06 millones de euros más).

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 2,97% hasta los 103.575,36 millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (0,05%), en la elevación de la pensión media (2,21%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (0,90%).

Las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 2.461,65 millones, con un incremento interanual del 13,26%, debido al aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.

El gasto total en incapacidad temporal ha aumentado un 26,30%, hasta los 9.560,76 millones de euros. En concreto, el gasto en incapacidad temporal por contingencias profesionales registra un incremento del 16,55% respecto al ejercicio anterior, hasta situarse en 1.007,52 millones de euros. El gasto de incapacidad temporal por procesos derivados del COVID-19 alcanza los 750,17 millones de euros.

Por otro lado, el gasto en incapacidad temporal derivado de contingencias comunes ha sido de 7.802,22 millones de euros, un 17,06% más que un año antes.

Merecen especial atención las prestaciones para autónomos, cuya nómina hasta el 31 de octubre, ascienden a 4.290,38 millones de euros. A sufragar la prestación extraordinaria por COVID-19 se destinaron 3.701,71 millones de euros; y 588,67 millones de euros, al cese de actividad ordinario previsto en el Real Decreto Legislativo 8/2015 y Real Decreto ley 24/2020.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 9.266,80 millones de euros, un 2,31% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 7.420,62 millones, y a subsidios y otras prestaciones 1.846,18 millones, de los cuales 1.787,51 millones corresponden a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital.

Específicamente, a prestaciones familiares corresponden 1.612,38 millones, con un incremento de un 9,50% respecto al mismo periodo del año anterior, y que viene motivado por la mejora en la cuantía de las mismas que ha pasado de un importe de 291 euros por hijo a cargo a 341, o 588 euros en los casos de muy bajos ingresos.

Los gastos de gestión, por su parte, marcan un retroceso del 1,09% interanual. En concreto, los gastos de personal han aumentado un 4,29%, mientras que los gastos corrientes de bienes y servicios disminuyen el 9,61% y los gastos dedicados a inversiones merman el 5,08%.

El aumento de los gastos de personal se debe principalmente al cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.

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