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Estatua equestre de Simón Bolivar, en Central Park. New York

4 de junio, 2020
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Justicia, el CGPJ y las comunidades autónomas acuerdan que el sistema de cláusulas suelo se mantenga hasta el 31 de diciembre

4 de junio, 2020

Justicia, el CGPJ y las comunidades autónomas acuerdan que el sistema de cláusulas suelo se mantenga hasta el 31 de diciembre

Miércoles 3 de junio de 2020

lamoncloa.gob.es

A finales de año, se realizará un análisis sobre el funcionamiento de estos órganos judiciales especializados, para definir un nuevo modelo que dé respuesta a la litigiosidad masiva que se generará en el periodo post-COVID.

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha mantenido una videoconferencia con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y representantes de las comunidades autónomas con competencias en Justicia, en la que ha instado a revisar el sistema de especialización de órganos judiciales en materias de cláusulas abusivas para hacerlo más eficiente.

Será pues cuando transcurran los seis meses que se establecen en la última prórroga, cuando de nuevo, a finales de año, se realice un análisis sobre el funcionamiento de estos órganos especializados en materia de consumidores, para definir un nuevo modelo que dé respuesta a la litigiosidad masiva que se generará en el periodo post-COVID.

Con todo, aún seguirán atendiendo de manera exclusiva las demandas de los ciudadanos que opten por la vía judicial en sus reclamaciones por estos asuntos, tal y como se acordó en el plan de especialización de juzgados aprobado en junio de 2017.

El plan se ha ido prorrogando periódicamente desde esa fecha y se ha venido ajustando a las necesidades concretas de cada órgano, sobre todo para poder seguir tramitando y atender al elevado volumen de demandas presentadas en relación con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, entre otros asuntos.

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La Audiencia Provincial de Madrid fija que la cláusula IRPH-Cajas de un préstamo hipotecario no es abusiva

4 de junio, 2020

Miércoles, 3 de junio de 2020

La Audiencia Provincial de Madrid fija que la cláusula IRPH-Cajas de un préstamo hipotecario no es abusiva

Esta sentencia, que establece el criterio de la sala, es la primera que dictan los tribunales madrileños desde la resolución sobre esta materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE,) el 3 de marzo de 2020

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, reunida en pleno, ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por dos particulares y ha fallado que la aplicación de la cláusula hipotecaria denominada IRPH-Cajas no es abusiva, tal y como ya señaló en primera instancia el juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid.

Esta sentencia, que establece el criterio de la sala, es la primera que dictan los tribunales madrileños desde la resolución sobre esta materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE,) el 3 de marzo de 2020.

La sentencia, que cuenta con un voto particular, declara que en el caso presente (un crédito hipotecario solicitado al Banco de Sabadell) no está justificada la pretensión de los demandantes de falta de transparencia en la cláusula IRPH-Cajas, ya que a juicio de los magistrados no es aplicable la doctrina jurisprudencial según la cual la abusividad, entendida como desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, es inherente a la falta de transparencia en la medida que esa falta de transparencia le impide comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado.

“En el caso de la cláusula suelo –recoge la sentencia-, la falta de transparencia material se identifica, sin más, con el desequilibrio entre precio y prestación sin necesidad de una constatación adicional de ese desequilibrio. El déficit de información hace que el usuario, persuadido de que concertó un préstamo a interés variable, vea defraudada su expectativa al respecto al comprobar que, en función del comportamiento de una variable que se encuentra plenamente imbricada en el contrato, el interés va a comportarse como interés fijo. En definitiva, el usuario no capta adecuadamente la carga económica de la cláusula al no percatarse de que el régimen de interés variable bajo el que concertó el préstamo puede dejar de operar”.

Sin embargo, y por el contrario –aclara la resolución-, “en el caso de la cláusula IRPH no sólo no existe identidad entre la falta de transparencias y el desequilibrio precio/prestación, sino que ni siquiera concurre vínculo causal entre aquélla y éste. En estos casos la frustración de expectativas que se denuncia por el prestatario no se genera por un comportamiento indeseable y no previsto del índice elegido (IRPH) sino por la correlación apreciable entre el comportamiento de dicho índice y el de otro índice que es por completo ajeno al contrato (el Euribor)”.

“En definitiva -concluyen los jueces-, en el caso de la cláusula IRPH ni el exquisito cumplimiento del deber de información evitaría la clase de desequilibrio que se denuncia ni su total incumplimiento sería capaz de provocarlo”.

Contra la presente sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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La CNMC informa sobre el proyecto de normativa que regulará la certificación energética de los edificios.

4 de junio, 2020

La CNMC informa sobre el proyecto de normativa que regulará la certificación energética de los edificios

01 Jun 2020 cnmc.es

◦Actualmente, solo arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos pueden emitir certificaciones de eficiencia energética de los inmuebles.

◦La nueva normativa plantea revisar esta reserva de actividad profesional en un máximo de dos años.

◦La CNMC señala que es necesario acortar esos plazos para delimitar la figura del técnico competente
◦Aconseja establecer una ventanilla única de listados autonómicos de técnicos competentes

La CNMC ha emitido un informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios. El texto transpone parcialmente la Directiva (UE) 2018/844 por la que se modifican diferentes regulaciones previas sobre eficiencia energética. (IPN/CNMC/007/20)

La certificación de la eficiencia energética de un inmueble valora el consumo de energía necesario en condiciones normales de ocupación y funcionamiento para satisfacer la demanda de energía en calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria o iluminación. Dicha calificación se obtiene a través del cálculo establecido en el procedimiento básico de certificación y se expresa mediante un distintivo (etiqueta) que acredita la eficiencia energética obtenida.

De acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, el certificado de eficiencia energética (CEE) debe entregarse al comprador o al arrendatario en caso de nueva construcción, venta o alquiler de inmuebles.

El proyecto que ha analizado ahora la CNMC actualiza el contenido del CEE y amplía el número de supuestos en los que se requiere. Por otra parte, refuerza la inspección de las auditorías energéticas (procedimientos que tienen como objetivo conocer, por ejemplo, el perfil de consumo de energía de un edificio o conjunto de edificios, de una instalación o de una operación comercial e industrial, de servicios públicos o privados, con actividad económica). Asimismo, la futura normativa refuerza la información que debe ponerse a disposición de las empresas (ahorros identificados y medidas adoptadas como resultado de las auditorías previas).

Reserva a ciertas titulaciones

A pesar de que el Real Decreto 235/2013 prevé que se concreten las cualificaciones profesionales requeridas para suscribir los certificados de eficiencia energética mediante una Orden ministerial, esta nunca se ha desarrollado. Por ello, actualmente solo están habilitados para emitir los CEE arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos.

La CNMC ha señalado en numerosas ocasiones que las reservas de actividad deben justificarse por una razón imperiosa de interés general. Cuando sea preciso establecer una reserva, debe atenderse a la capacitación técnica del profesional y no vincularse a titulaciones concretas.

El Proyecto de Real Decreto prevé abordar la reserva actual en un plazo máximo de dos años.

Recomendaciones de la CNMC

La CNMC valora positivamente la clarificación y la mejora del contenido de la certificación y de las obligaciones de información que plantea el proyecto. Sin embargo, recomienda algunas modificaciones de acuerdo con principios de regulación económica eficiente:

Que la regulación de la habilitación profesional de las figuras del técnico competente, el técnico ayudante, el auditor energético y el proveedor de servicios energéticos no se vinculen a titulaciones concretas, sino a la capacitación técnica del profesional.

◦Que se acorte el plazo previsto en el proyecto para la regulación de la figura del técnico competente, no excediendo de 1 año.

◦Que los listados de expertos en materia de certificación energética incluyan una mención expresa de que tales servicios podrán realizarse también por aquellos expertos incluidos en los listados de otras Comunidades Autónomas y que se regule una ventanilla única para el acceso a los listados autonómicos.

◦Que se justifique la necesidad de ampliar los nuevos supuestos para los que se exige el certificado de eficiencia energética.

◦Que se concreten los supuestos que acreditan el ahorro de energía logrado en relación con la vinculación de los incentivos financieros a resultados plausibles. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que dichos incentivos, salvo que puedan acogerse a las excepciones señaladas, encajan dentro del ámbito conceptual de las ayudas de Estado del TFUE.

◦Que la Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios cuente con representación de operadores que no estén solo vinculados a las profesiones de ingeniería y arquitectura.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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La línea de microcréditos avalados y al 0% de interés para el pago del alquiler de vivienda habitual ya está plenamente disponible

4 de junio, 2020

Coronavirus COVID-19

La línea de microcréditos avalados y al 0% de interés para el pago del alquiler de vivienda habitual ya está plenamente disponible

Viernes 29 de mayo de 2020

lamoncloa.gob.es

Ya son once las entidades financieras las que están en disposición de conceder este tipo de préstamos sin interés para que las personas y familias que hayan visto reducidas sus rentas a causa de la crisis del COVID-19 no tengan problemas para satisfacer puntualmente el pago del alquiler de su vivienda habitual.

Desde que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) impulsó esta línea de ayudas, en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, han formalizado el contrato de adhesión a la Línea Avales Arrendamiento con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) Bankia, Santander, Sabadell, Cajamar, Liberbank, Unicaja, Abanca, Bankoa, Laboral Kutxa, Caja Pollença y Caja Onteniente.

En los próximos días se espera que más entidades se adhieran a esta línea crediticia. La lista de entidades adheridas se puede consultar en la web del ICO, que actualiza diariamente la información.

Las personas que hayan visto mermados significativamente sus ingresos, o que hayan sido despedidos del trabajo, o que tengan menores o dependientes a su cargo se pueden beneficiar de estas ayudas. Estos préstamos cubren un máximo de seis mensualidades, con un tope de hasta 900 euros por mensualidad, y con retroactividad a 1 de abril.

Estos microcréditos son finalistas, de tal modo que los solicita el inquilino -que tiene hasta 6 años para devolverlos (y excepcionalmente 4 años más)- y se ingresan en la cuenta del arrendador. De este modo, se protege a arrendatarios y arrendadores en una situación de crisis económica, en la que es de crucial importancia preservar la estabilidad del mercado del alquiler y garantizar el derecho a la vivienda.

Sin intereses ni gastos para el solicitante

Estos préstamos cuentan con total cobertura mediante aval del Estado y no devengarán ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. Para su implementación el Mitma aumentó su techo de gasto en 1.200 millones de euros. La previsión es que hasta 450.000 familias puedan beneficiarse de estos microcréditos a interés cero para hacer frente al pago del alquiler.

El 1 de abril el Gobierno aprobó un paquete de medidas que sirviera de paraguas social en materia de vivienda para hacer frente a esta crisis del COVID-19. Entre ellas destacan la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional; la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; la moratoria de la deuda hipotecaria en determinados supuestos y la modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento.

Asimismo, se aprobó una dotación extraordinaria de 100 millones de euros para incrementar la cuantía de 346 millones de euros prevista para el Plan Estatal de Vivienda 2018-22. Los 446 millones de euros resultantes se han adelantado ya a las Comunidades Autónomas.

Al mismo tiempo, se flexibilizaron las condiciones para adecuar los programas comprendidos a las necesidades específicas en materia de vivienda surgidas por el COVID-19.

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Torre de la Libertad. New York

3 de junio, 2020
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España propone León como sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad

3 de junio, 2020

02 de junio de 2020

mineco.gob.es

España propone León como sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad

La ciudad es ya sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y cuenta con un rico tejido empresarial y tecnológico
Con esta candidatura, España busca fortalecerse como referencia en materia de ciberseguridad

2 de junio de 2020.- El Consejo de Ministros ha aprobado la candidatura de la ciudad de León para acoger la sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Seguridad (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Center). El Gobierno de España apuesta así por una Europa digital que sea abierta, justa, diversa, democrática y, también, más segura.

El Centro Europeo de Ciberseguridad es el principal instrumento de la Unión Europea para poner en común las investigaciones en materia de ciberseguridad, un área en la que España ocupa una posición de referencia a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), cuya sede se encuentra en León.

Precisamente, el Centro Europeo de Ciberseguridad reforzaría a León, a la comunidad autónoma de Castilla y León, y a España como un ‘Cibersecurity Innovation Hub’ a nivel europeo, ya que, en la actualidad, la ciudad es ya un importante nodo en materia de tecnologías de la información y ciberseguridad.

Se espera que a lo largo del año las instituciones comunitarias adopten una decisión sobre la ciudad que acogerá este centro.

Esta candidatura supone un paso más para afianzar la posición de España como un país de referencia en el sector de ciberseguridad, un área estratégica que ha experimentado un crecimiento en volumen de ingresos del 7% durante 2019 y que se espera aumente un 15% a lo largo de 2020.

El número de empresas del sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y de los Contenidos en España continúa creciendo, hasta superar en la actualidad las 35.000.

Idoneidad del enclave

La ciudad de León y el entorno que configura la propia región de Castilla y León, tanto en términos empresariales, como de educación –con universidades históricas y de gran prestigio- o servicios sanitarios, constituyen un enclave idóneo para la ubicación de este centro.

Cuenta con un importante tejido empresarial tecnológico y una red de infraestructuras de primer nivel, como el Parque Tecnológico de León o el Clúster Nacional de Empresas de Ciberseguridad.

A ello se unen las infraestructuras, con aeropuertos, redes de alta velocidad ferroviaria con conexión con las principales ciudades españolas o la red de carreteras de alta capacidad.

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Novedades introducidas por el RD-ley 19/2020 que afectan a los intereses de demora en aplazamientos COVID y a la declaración del Impuesto sobre Sociedades 2019

3 de junio, 2020

Novedades introducidas por el RD-ley 19/2020 que afectan a los intereses de demora en aplazamientos COVID y a la declaración del Impuesto sobre Sociedades 2019

aeat.es

De acuerdo con el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (BOE 27 de mayo), podemos destacar las siguientes medidas en el ámbito tributario:

1.Intereses de demora aplazamientos (Disposición final séptima, disposición final novena y disposición transitoria segunda RD-ley 19/2020)

Se amplía a cuatro meses el plazo de no devengo de intereses de demora para los aplazamientos de los artículos 14 del RDLey 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y 52 del RD-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Estas modificaciones se aplicarán, respectivamente, a las solicitudes de aplazamiento que se hubieran presentado a partir de la entrada en vigor de dichos RD-ley 7/2020, de 12 de marzo, y 11/2020, de 31 de marzo.

2.Cuentas anuales y Declaración Impuesto sobre Sociedades 2019.

2.1. Plazos de formulación y aprobación de cuentas anuales: se modifica el artículo 40 del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo. (Apartados tres y cuatro de la Disposición final octava RD-ley 19/2020)

Se establece que el plazo de tres meses para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios comenzará a contarse desde el 1 de junio de 2020 y no desde la finalización del estado de alarma.

Adicionalmente, se reduce de tres a dos meses el plazo para aprobar las cuentas anuales desde la formulación, con lo que las empresas dispondrán antes de unas cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil y se armoniza dicho plazo para todas las sociedades, sean o no cotizadas, de modo que todas deberán tener las cuentas aprobadas dentro de los diez primeros meses del ejercicio.

2.2. Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los contribuyentes que se ajusten, para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio, a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo. (Artículo 12 RD-ley 19/2020)
•Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RD-ley presentarán la declaración del Impuesto para el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).
Si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas, la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles.

A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles:

•Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere la letra a) del artículo 41.1 del mencionado RD-ley 8/2020.

•Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.

•En el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales aprobadas difiera de la presentada en el plazo ordinario de declaración, los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.

•Nueva declaración complementaria: Esta nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria a los efectos previstos en el artículo 122 de la Ley General Tributaria (LGT), si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la LGT desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el artículo 124.1 de la LIS, sin que le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de la LGT.

•Nueva declaración en el resto de casos: En los casos en los que la nueva declaración no tenga la consideración de complementaria, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 120.3 de la LGT, y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento General aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ni se limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar la primera y la nueva autoliquidación.

No resultará de aplicación respecto de la nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 119.3 de la LGT.

•En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se aplicará el artículo 127 de la LIS. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir de la finalización del plazo establecido en el apartado anterior para la presentación de la nueva autoliquidación.

No obstante, lo anterior, cuando de la rectificación a la que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 12 de este RD-Ley 19/2020, resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación anterior, se devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración a que se refiere el apartado 1 del artículo 124 de la LIS hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

•Fiinalmente se indica que las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios a las que se refiere este artículo 12 podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda y que en particular, no se derivará ningún efecto preclusivo de las rectificaciones a las que se refiere la letra b) del apartado 2 de este artículo.

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo .

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¿Qué protocolo de limpieza debe realizarse en el centro de trabajo?

3 de junio, 2020

¿Qué protocolo de limpieza debe realizarse en el centro de trabajo?

1 junio, 2020 uso.es

Las empresas deben adaptar el protocolo de limpieza y desinfección a su realidad. Resumimos los principios básicos del plan de limpieza en los centros de trabajo

El protocolo de limpieza y desinfección es uno de los puntos en la actuación preventiva en las empresas frente al covid-19. La Guía de Buenas Prácticas publicada por el Ministerio de Sanidad recoge protocolos para cada actividad pero no establecen medidas concretas, sino generales.

La empresa debe adaptar estas recomendaciones y requerimientos básicos a su realidad. De esta forma, cuando se reúna el Comité de Seguridad y Salud para articular el protocolo, es obligación de los delegados de prevención proponer y matizar al detalle cada medida.

Respuestas a las principales dudas en el protocolo de limpieza
•¿Qué se debe limpiar? Las superficies de contacto. Pomos, botoneras, mandos o mostradores necesitan una atención especial.

•¿Cuándo se tiene que limpiar? Establecer una periodicidad coherente con su uso. Si una persona utiliza un ordenador en su turno, es suficiente una vez. En cambio, si varias personas usan ese mismo ordenador, se necesitará limpieza después de cada uso.

•¿Quién limpia? Se ha de establecer la persona encargada del elemento a limpiar.

•¿Cómo se debe limpiar? Se debe definir el tipo de detergente o desinfectante a utilizar. No se debe utilizar lejía en datáfono, siendo la solución hidroalcohólica más adecuada para esta superficie.

•¿Puede darse la contaminación cruzada? Si se utiliza una bayeta para limpiar una superficie se debe higienizar antes de volver a utilizarla.

El Servicio de Prevención deberá aprobar este protocolo de limpieza para que las instrucciones de trabajo sean seguras y para detectar necesidades formativas de las personas encargadas de ejecutarlos. Estos procedimientos deben ser públicos para la plantilla.

Desinfección de los centros de trabajo

La desinfección es el proceso por el cual se elimina el virus, que pueden realizar las empresas autorizadas por Sanidad Ambiental y que deben estar registradas en el Registro de Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.

Estas empresas deben tener al frente una persona responsable con conocimientos técnicos adecuados y técnicos aplicadores con formación específica en prevención y aplicación de los biocidas. Éstas, tienen que seguir los procedimientos establecidos en normas UNE y la legislación reglamentaria dictada para cada producto.

Se deben establecer planes de desinfección a medida de la empresa y su correspondiente programa de actuación, a los que deben de tener acceso los delegados de prevención.

La desinfección está pautada cuando se den casos confirmados de covid-19 o haya sospecha de infección, como medida preventiva en lugares donde exista o pudiera existir una carga viral importante como apoyo a la limpieza.

Calidad del ambiente interior

Otra materia a la que prestar atención es la calidad del ambiente interior a través de la ventilación. Así, en el protocolo de limpieza se deben determinar los momentos precisos y el tiempo que se pueden ventilar los espacios de trabajo. En el caso de ventilación asistida, se deben reprogramar los ciclos de renovación, así como establecer la periodicidad de la limpieza de filtros, e incluso, estudiar la compra de filtros de alta eficiencia.

¿Debe utilizarse el ozono en el protocolo de limpieza y desinfección?

El ozono es un biocida autorizado para el agua, no para el ambiente. La Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) está investigando la utilización del ozono. Aún no ha sido evaluado y se desconocen las dosis exactas para que actúe como virucida y las consecuencias para la salud de las personas. En concentraciones bajas, el ozono no es un virucida, solo sirve para eliminar los olores en espacios cerrados.

Se conoce el límite de exposición diaria para personas trabajadoras establecido por la UE: 0.1 partes por millón, para exposiciones prolongadas y 0.2 ppm, para exposiciones ocasionales. Asimismo, para garantizar el acceso seguro al lugar donde se ha utilizado ozono no basta con ventilar “adecuadamente”. Se tienen que valorar factores como la humedad, las dimensiones y cómo es el proceso de ventilación si bien el instrumento para determinar la seguridad de la instancia, es el detector de ozono en el ambiente.

Cuando actúa el ozono, se descompone en otros productos de desinfección y no están claras las consecuencias para la salud. Si para su aplicación se necesitan EPI, por ser un riesgo para la salud, por el principio de prudencia y el sentido común no deben utilizarse arcos o cabinas de desinfección sobre personas. Además, está prohibido.

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Uno de cada tres profesionales y técnicos ha aumentado su jornada laboral con el teletrabajo

3 de junio, 2020

Uno de cada tres profesionales y técnicos ha aumentado su jornada laboral con el teletrabajo

8 Mayo 2020

ugt.es

UTC-UGT recuerda que el colectivo de los profesionales, directivos y técnicos supone el 35% de la población activa en España

La Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (UTC-UGT), que engloba en el sindicato a los profesionales, directivos, técnicos y cuadros, ha lanzado una encuesta de 42 preguntas, entre los días 13 y 27 de mayo, dirigida a profesionales, directivos, técnicos y cuadros que muestra que el 34,3% es este colectivo ha sufrido un incremento de su jornada laboral no justificado, que tan solo el 22,5% de las personas preguntadas tenían regulada la modalidad de teletrabajo en sus puestos de trabajo con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que el 64% no ha tenido formación específica para teletrabajar. UTC-UGT reivindica y apela a la negociación colectiva y al diálogo social como vías exclusivas en la legislación de las condiciones laborales del teletrabajo para que amparen justamente a los profesionales, directivos, técnicos y cuadros.

La declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, por la crisis sanitaria mundial derivada de la COVID-19, obligó a la adopción de medidas urgentes extraordinarias, entre las que se incluía la recomendación de priorizar, en los casos en los que se pudiera, de manera preferente el teletrabajo tanto para garantizar la continuidad de la actividad empresarial, como para preservar la salud de las personas trabajadoras y de la población, en general.

A pesar de que los interlocutores sociales europeos (Confederación Europea de Sindicatos, CES; la Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa, UNICE, y la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME); así como el Centro Europeo de la Empresa Pública, CEEP) firmaron, ya en 2002, con una posterior revisión en 2009, el primer Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, antes de la declaración del estado de alarma, en España, según los datos de la encuesta de población activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019, las personas teletrabajadoras apenas alcanzaban el 4,8%, y únicamente el 13% de las empresas apostaban por esta forma organizativa de trabajo. Aunque las nuevas tecnologías y la posibilidad de flexibilizar el espacio y el tiempo hacían impulsar, lentamente, su implantación en el ámbito del sector público y privado, el panorama no era nada alentador porque las empresas no creían en un modelo diferente basado en objetivos y su apuesta seguía siendo, principalmente, por el presentismo como garante de la eficiencia. El efecto inmediato de la COVID-19 sobre las condiciones laborales no se ha hecho esperar, acelerando la adaptación, implantación e imposición desregulada, en la mayoría de los casos, del teletrabajo. Dos meses y medio después del decreto del estado de alarma, podemos extraer las primeras conclusiones.

El sondeo realizado por UTC-UGT se ha hecho telemáticamente y ha sido respondido por 1348 profesionales, directivos, técnicos y cuadros de múltiples sectores, públicos y privados, con la intención de conocer todo lo relativo a las condiciones de empleo, conciliación de la vida laboral y personal, derecho a la desconexión, protección de datos, seguridad y salud en el trabajo, riesgos psicosociales, equipamiento, formación, organización, derechos colectivos y poder, así, detectar los déficits laborales del teletrabajo ante esta situación sobrevenida en la mayoría de los casos y poder ofrecer soluciones desde la negociación colectiva y el diálogo social.

El sondeo destaca:

• El 59,2% son profesionales y técnicos y el 40,8% directivos y cuadros de nivel medio, de los que el 57% son mujeres, el 40% hombres y el 3% corresponden a otras identidades de género.

• El 57% de las personas encuestadas están en convenio, el 16,8% tienen contratos individuales y el 26,2% son funcionarios.

• Tan solo el 22,3% dicen tener el teletrabajo como opción dentro de sus condiciones laborales y el 23% considera que su trabajo puede realizarse de forma no presencial en su totalidad.

• Para el 34,3% ha supuesto un aumento considerable de jornada y el 45,7% no tiene medios para registrar su jornada, como es preceptivo según el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. Además, el 31% ni tan siquiera tiene garantizado el derecho a la desconexión recogido en la Ley Orgánica de 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

• La conciliación de la vida laboral y personal ha sido otro de los temas abordados: El 55% de las personas encuestadas tiene menores a su cargo y el 61,9% considera que el teletrabajo facilita la conciliación y la corresponsabilidad en las tareas del hogar.

• En relación a la seguridad y salud en el trabajo, el 51% ha sido informado sobre prevención de riesgos laborales; sin embargo, el 84% reconoce que su empresa no ha comprobado si el lugar donde la persona encuestada ha decidido teletrabajar reúne las condiciones adecuadas para hacerlo y el 56% tampoco cuenta con un programa de apoyo psicológico a través del personal responsable de riesgos laborales y el 64,1% echa en falta información sobre los posibles riesgos psicosociales del teletrabajo, orientaciones ergonómicas para trabajos a distancia con ordenador, herramientas de gestión psicosocial o formas de mantener el bienestar emocional en el teletrabajo debido a la Covid-19.

• En lo que respecta a la formación, el 68% no ha recibido ningún tipo de formación o instrucción para teletrabajar y el 61% considera que necesitaría trabajar en su centro de trabajo algún día a la semana.

• Uno de los principales problemas a los que se han visto abocados profesionales y directivos ha sido el del equipamiento: El 48% no ha recibido ningún equipo de su empresa, teniendo que disponer de sus recursos personales o adquiriéndolos ex profeso, y el 85,5% corre con los gastos derivados del acceso a internet.

• De entre los problemas que encuentran a esta forma de trabajo, el 29,7% tiene miedo de no acceder a la carrera profesional a la que tienen acceso las personas trabajadoras presenciales; el 22% dice tener miedo de desarrollar aislamiento y sensación de no pertenencia a la empresa y el 16,7% piensa que no desarrolla su trabajo con la misma eficiencia.

• Entre las ventajas, destaca un 61,9% que piensa que ayuda a la conciliación y a la corresponsabilidad; el 15% apuesta por el teletrabajo por su contribución a la mejora medioambiental y el 10,9% señala que aumenta la productividad.

La Covid-19 ha obligado a millones de personas trabajadoras a teletrabajar ante el cierre gradual o abrupto de sus centros de trabajo. La futura organización del trabajo merece una profunda reflexión sobre esta experiencia laboral remota masiva y las oportunidades y amenazas que ofrece para la futura organización de las modalidades de trabajo. No podemos permitir que los empresarios aprovechen la oportunidad para imponer el teletrabajo como medio para ahorrar en costes a cuenta de las personas trabajadoras, socavando sus condiciones de trabajo y vulnerando el derecho a la desconexión digital.

La Covid-19 va a impactar sobre cómo, cuándo y dónde trabajamos, acelerando la tendencia a trabajar desde lugares distintos a la oficina. Sin embargo, España está muy atrasada respecto de la UE y, aun así, el 32% de los trabajos se podrían hacer ya desde casa. A pesar de esto, pese a que España cuenta con una de las mayores redes de fibra óptica de Europa, es uno de los países peor preparados en el continente para teletrabajar ya que el modelo productivo conlleva actividades que requieren la presencia física del trabajador en su empresa y menos del 4% de los convenios colectivos recogen esta modalidad de trabajo.

En este sentido, en UTC-UGT llevamos años trabajando el teletrabajo por incidir muy directamente sobre el colectivo al que representamos, clave de bóveda en el ansiado cambio de modelo productivo y, por ello, tenemos especial interés en analizar el impacto que tiene y tendrá, ahora más, sobre profesionales, directivos, técnicos y cuadros. Una vez más, alentamos a regular y legislar esta forma de trabajo que, sin duda, no va a desaparecer, sino que se va a incrementar e implantar inevitablemente de manera masiva y, si no conseguimos fijar y estipular condiciones justas para el colectivo al que representamos, las empresas serán las únicas beneficiadas de un modelo de trabajo abusivo impuesto por esta pandemia.

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Asturias _

2 de junio, 2020
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El Ejecutivo solicitará una última prórroga de 15 días del estado de alarma

2 de junio, 2020

Coronavirus COVID-19

El Ejecutivo solicitará una última prórroga de 15 días del estado de alarma

La Moncloa, Madrid – 31/05/20

lamoncloa.gob.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada a las comunidades autónomas en la Fase 3. Además, ha anunciado que el Ejecutivo prepara un plan de recuperación e inversión «sin precedentes» que prestará una atención específica a sectores clave como el turismo y la automoción.

En su comparecencia tras la reunión que ha mantenido por videoconferencia con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, Pedro Sánchez ha destacado los avances de las últimas semanas en la lucha contra el COVID-19. Los datos de las autoridades sanitarias -ha apuntado- indican que la curva del número de contagios está bajando de manera muy intensa «y, en consecuencia, que hemos logrado ese resultado entre todos, con el esfuerzo de todos».

Pero a pesar de esa evolución de la pandemia, «el virus sigue acechando» y es una «amenaza gravísima», según ha subrayado el presidente. «Pido prudencia y también respeto a las reglas sanitarias para evitar cualquier tipo de recaída, por mínima que sea, porque es un riesgo real», ha afirmado.

Las comunidades gestionarán la desescalada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaEl jefe del Ejecutivo ha sostenido que el estado de alarma ha resultado «esencial» para limitar la movilidad y contener la expansión del virus y que este instrumento constitucional sigue siendo necesario para culminar el proceso de transición a la nueva normalidad.

Por ese motivo, Sánchez ha comunicado a los responsables autonómicos que el Gobierno solicitará al Congreso de los Diputados «una última y definitiva prórroga de quince días del estado de alarma». La extensión actual concluye a las 00:00 horas del 7 de junio.

El presidente ha asegurado que ese estado de alarma será «mucho más liviano» y tendrá como novedad sustancial que «la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada definitivamente a las propias comunidades autónomas que estén en la Fase 3». Las comunidades decidirán cómo gestionar los ritmos y las modalidades de la vuelta a la nueva normalidad en sus territorios, incluyendo el pase de fase y su duración, según ha explicado Sánchez.

En manos del Gobierno quedará la regulación de la movilidad y, además, el Ministerio de Sanidad mantendrá funciones de cooperación e información general y respaldará y asesorará a las comunidades. Pedro Sánchez ha elogiado la labor realizada desde el inicio de la crisis por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que «nos hacen simplemente mejores como sociedad».

Compromiso para erradicar la pobreza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaComo consecuencia del COVID-19 -ha recordado el presidente-, el Producto Interior Bruto caerá más de un nueve por ciento este año; la recuperación se iniciará desde el último trimestre de 2020 y durará los dos próximos años, de forma que «al final de la legislatura estaremos en una posición mejor que antes del impacto de la pandemia».

Mientras llega esa recuperación, es necesario ayudar en primer término a miles de familias que ya soportaban situaciones de pobreza extrema antes de la emergencia actual, según ha defendido el jefe del Ejecutivo. La crisis del COVID-19 ha llevado a acelerar los planes del Gobierno para erradicar la pobreza con la aprobación el pasado viernes del Ingreso Mínimo Vital, que empezará a aplicarse el 1 de junio y beneficiará a unos 850.000 hogares y más de dos millones de personas.

«Ni el Gobierno de España ni tampoco la sociedad española van a mirar para otro lado mientras nuestros compatriotas forman colas para comer», ha dicho Sánchez, que ha añadido que «nuestro país ha ganado en justicia social, pero sobre todo ha ganado en decencia».

Plan de recuperación e inversión sin precedentes

A juicio del jefe del Ejecutivo, en paralelo a la atención a los más vulnerables debe discurrir la reconstrucción económica, tarea en la que la Unión Europea desempeña un papel fundamental.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaSánchez ha remarcado el «liderazgo activo y propositivo» de España en el ámbito europeo durante las últimas semanas y los acuerdos «sin precedentes» que se han alcanzado, como el programa de compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo y la «triple red» de 540.000 millones de euros aprobada por el Consejo Europeo del pasado 23 de abril.

Además, ha calificado de «decisiva» la posición española en otros dos procesos en marcha: el incremento del Marco Financiero Plurianual y la creación de un Fondo de Recuperación de 750.000 millones del que España sería uno de los principales beneficiarios, con unos 140.000 millones de euros.

«El Gobierno está consagrado a la preparación de un plan de recuperación e inversión de una magnitud sin precedentes», ha avanzado Sánchez. Esa iniciativa se presentará a Europa y servirá para canalizar muchas de esas ayudas y, por tanto, para recuperar el tejido productivo dañado en sectores clave como el turismo.

El presidente ha anunciado también un plan específico para la reactivación de la movilidad y la automoción, que incluirá acciones de apoyo al sector del automóvil a lo largo de toda la cadena de valor y el impulso de la transición hacia vehículos más limpios y sostenibles.

Lecciones de la emergencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la BellacasaLa reconstrucción del turismo y la automoción tendrá otro rasgo común: la transformación hacia un modelo sostenible que permita la creación de empleo de calidad, según ha detallado Sánchez.

Esa prioridad implica cambios en la normativa laboral, por lo que el Ejecutivo va a trabajar desde el diálogo social para crear un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI y facilitar las habilidades en áreas de especial importancia, como la digitalización, el sector sanitario o la investigación científica.

El presidente ha resaltado precisamente la labor de los científicos españoles en la lucha contra el COVID-19, tanto a escala nacional como en proyectos europeos, y ha recordado el compromiso de España de aportar 125 millones de euros para apoyar el desarrollo de vacunas y que sean accesibles a nivel mundial. «Nunca más debemos relegar a la investigación y la ciencia. La ciencia es empuje, es progreso y nuestros investigadores son un orgullo para el conjunto del país», ha manifestado.

Otra «lección» de esta emergencia sin precedentes -ha señalado Sánchez- es que la unidad es más importante que nunca. «Hemos de mantener a raya el virus de la división, el virus de la provocación. A todos ahora les pido eso: concordia, comprensión, convivencia. A todos les pido solidaridad y empatía con los que peor lo están pasando», ha dicho. El jefe del Ejecutivo ha recordado que las banderas de España ondean a media asta desde la declaración de luto oficial en todo el país por la pandemia y ha abogado por que la enseña nacional sea «una bandera de paz, de futuro, nunca de división».

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Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos

2 de junio, 2020

30 de Abril de 2020

Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos

aepd.es

La AEPD expresa su preocupación por este tipo de actuaciones, que suponen una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados y que se están realizando sin el criterio previo de las autoridades sanitarias.

La paulatina retirada de las medidas de confinamiento y limitación de la actividad económica y social está determinando la implantación de medidas encaminadas a prevenir nuevos contagios de COVID – 19.

Entre estas medidas se está incluyendo, aparentemente de forma generalizada y en muy variados entornos, la toma de temperatura de las personas para determinar la posibilidad de que puedan acceder a centros de trabajo, comercios, centros educativos u otro tipo de establecimientos o equipamientos.

En esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos considera necesario destacar su preocupación por este tipo de actuaciones, que se están realizando sin el criterio previo y necesario de las autoridades sanitarias.

Tratamiento de datos personales sensibles

Debe señalarse, en primer lugar, que este tipo de operación supone un tratamiento de datos personales que, como tal, debe ajustarse a las previsiones de la legislación correspondiente. Esta normativa contiene apartados específicos que contemplan situaciones como la actual, al tiempo que permiten seguir aplicando los principios y garantías que protegen el derecho fundamental a la protección de datos.

Este tratamiento de toma de temperatura supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados. Por una parte, porque afecta a datos relativos a la salud de las personas, no sólo porque el valor de la temperatura corporal es un dato de salud en sí mismo sino también porque, a partir de él, se asume que una persona padece o no una concreta enfermedad, como es en estos casos la infección por coronavirus.

Por otro lado, los controles de temperatura se van a llevar a cabo con frecuencia en espacios públicos, de forma que una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considere no relevante y, sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus.

En último extremo, y dependiendo del contexto en que se aplique esta medida, las consecuencias de una posible denegación de acceso pueden tener un importante impacto para la persona afectada.

Criterios de implantación

La aplicación de estas medidas y el correspondiente tratamiento de datos requeriría la determinación previa que haga la autoridad sanitaria competente, que en estos momentos es el Ministerio de Sanidad, de su necesidad y adecuación al objetivo de contribuir eficazmente a prevenir la diseminación de la enfermedad en los ámbitos en los que se apliquen, regulando los límites y garantías específicos para el tratamiento de los datos personales de los afectados.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta, entre otras cuestiones, que según las informaciones proporcionadas por las autoridades sanitarias, hay un porcentaje de personas contagiadas asintomáticas que no presenta fiebre, que la fiebre no siempre es uno de los síntomas presentes en pacientes sintomáticos, en particular en los primeros estadios del desarrollo de la enfermedad, y que, por otro lado, puede haber personas que presenten elevadas temperaturas por causas ajenas al coronavirus.

Es por ello que estas medidas deben aplicarse solo atendiendo a los criterios definidos por las autoridades sanitarias, tanto en lo relativo a su utilidad como a su proporcionalidad, es decir, hasta qué punto esa utilidad es suficiente para justificar el sacrificio de los derechos individuales que las medidas suponen y hasta qué punto estas medidas podrían o no ser sustituidas, con igual eficacia, por otras menos intrusivas.

Por otro lado, esos criterios deben incluir también precisiones sobre los aspectos centrales de la aplicación de estas medidas. Así, por ejemplo, la temperatura a partir de la cual se consideraría que una persona puede estar contagiada por la COVID – 19 debería establecerse atendiendo a la evidencia científica disponible. No debería ser una decisión que asuma cada entidad que implante estas prácticas, ya que ello supondría una aplicación heterogénea que disminuiría en cualquier caso su eficacia y podría dar lugar a discriminaciones injustificadas.

Principio de legalidad

Como todo tratamiento de datos, la recogida de datos de temperatura debe regirse por los principios establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, entre ellos, el principio de legalidad. Este tratamiento debe basarse en una causa legitimadora de las previstas en la legislación de protección de datos para las categorías especiales de datos (artículos 6.1 y 9.2 del RGPD).

En el caso de la comprobación de la temperatura corporal como medida preventiva de la expansión de la COVID – 19, esa base jurídica no podrá ser, con carácter general, el consentimiento de los interesados. Las personas afectadas no pueden negarse a someterse a la toma de temperatura sin perder, al mismo tiempo, la posibilidad de entrar en unos centros de trabajo, educativos o comerciales, o en los medios de transporte, a los que están interesados en acceder. Por tanto, ese consentimiento no sería libre, uno de los requisitos necesarios para invocar esta base legitimadora.

En el entorno laboral, y siempre que se hayan tenido en consideración las demás cuestiones que se abordan en esta comunicación, la posible base jurídica podría encontrarse en la obligación que tienen los empleadores de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo. Esa obligación operaría a la vez como excepción que permite el tratamiento de datos de salud y como base jurídica que legitima el tratamiento.

Sin embargo, y adicionalmente, el RGPD requiere también en estos casos que la norma que permita este tratamiento ha de establecer también garantías adecuadas. Dichas garantías habrán de ser especificadas por el responsable del tratamiento.

Esa base jurídica podría ser tenida en cuenta con un alcance amplio, atendiendo a que, aunque un centro o local estén destinados a unas finalidades específicas que impliquen que en ellos se concentren un elevado número de clientes o usuarios ajenos a la empresa que los gestiona, siempre estarán presentes en ellos personas trabajadoras sobre las que el empleador mantiene sus obligaciones.

Esta aproximación, no obstante, requiere de una adecuada ponderación entre el impacto sobre los derechos de los clientes o usuarios de estas medidas y el impacto en el nivel de protección de las personas empleadas. Esa ponderación debe basarse en diferentes factores. Ante todo, los criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Pero también los relacionados con el mayor o menor riesgo que se pueda producir en cada caso concreto o con la posibilidad de aplicar medidas alternativas de protección para el personal. Por ejemplo, el riesgo será menor en un establecimiento en el que las personas empleadas estén físicamente separadas de la clientela que en otro en que esa barrera física no exista o sea más precaria.

En otros ámbitos en que no sea relevante esta base jurídica, cabría plantear la existencia de intereses generales en el terreno de la salud pública que deben ser protegidos. No obstante, esta posibilidad requeriría igualmente, como establece el artículo 9.2.i RGPD, de un soporte normativo a través de leyes que establezcan ese interés y que aporten las garantías adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades de los interesados.

La utilización del interés legítimo de los responsables del tratamiento como base legitimadora quedaría en todo caso excluida, por un doble motivo. Por una parte, porque ninguna disposición del artículo 9.2 del RGPD permite levantar la prohibición de tratamiento de datos sensibles por razones de interés legítimo (salvo que en determinadas materias así lo contemple el derecho de la Unión o de los Estados Miembro). Por otra, porque el impacto de este tipo de tratamientos sobre los derechos, libertades e intereses de los afectados haría que ese interés legítimo no resultara prevalente con carácter general.

Limitación de finalidad y exactitud de los datos

La normativa de protección de datos contiene otras disposiciones que resultan también especialmente aplicables en el caso de las mediciones de temperatura como medida de prevención contra la expansión de la COVID – 19.

Entre los principios de protección de datos recogidos en el RGPD, debe mencionarse el de limitación de la finalidad. Este principio supone que los datos (de temperatura) solo pueden obtenerse con la finalidad específica de detectar posibles personas contagiadas y evitar su acceso a un determinado lugar y su contacto dentro de él con otras personas. Pero esos datos no deben ser utilizados para ninguna otra finalidad. Esto es especialmente aplicable en los casos en que la toma de temperatura se realice utilizando dispositivos (como, por ejemplo, cámaras térmicas) que ofrezcan la posibilidad de grabar y conservar los datos o tratar información adicional, en particular, información biométrica.

De igual modo, el principio de exactitud, aplicado en este contexto, implica que los equipos de medición que se empleen deben ser los adecuados para poder registrar con fiabilidad los intervalos de temperatura que se consideren relevantes. Esta adecuación debiera establecerse utilizando solo equipos homologados para estos fines y con criterios que tengan en cuenta esos niveles de sensibilidad y precisión. El personal que los emplee debe reunir los requisitos legalmente establecidos y estar formado en su uso. Conviene insistir, a este respecto, en el impacto que sobre los interesados tendría que la identificación de un posible indicador de la existencia de contagio resultara errónea como consecuencia de un equipo inapropiado o de un mal desarrollo de la medición.

Derechos y garantías

En todo caso, los afectados siguen manteniendo sus derechos de acuerdo con el RGPD y siguen siendo de aplicación las demás garantías que el Reglamento establece, si bien adaptadas a las condiciones y circunstancias específicas de este tipo de tratamiento.

En ese sentido, debieran considerarse, entre otras, medidas relativas a la información a los trabajadores, clientes o usuarios sobre estos tratamientos (en particular si se va a producir una grabación y conservación de la información), u otras para permitir que las personas en que se detecte una temperatura superior a la normal puedan reaccionar ante la decisión de impedirles el acceso a un recinto determinado (por ejemplo, justificando que su temperatura elevada obedece a otras razones). Para ello, el personal deberá estar cualificado para poder valorar esas razones adicionales o debe establecerse un procedimiento para que la reclamación pueda dirigirse a una persona que pueda atenderla y, en su caso, permitir el acceso.

Es igualmente importante establecer los plazos y criterios de conservación de los datos en los casos en que sean registrados. En principio, y dadas las finalidades del tratamiento, este registro y conservación no debieran producirse, salvo que pueda justificarse suficientemente ante la necesidad de hacer frente a eventuales acciones legales derivadas de la decisión de denegación de accesos.

Debe señalarse, por último, que esta comunicación se refiere con carácter general a cualquier proceso de toma de temperatura en los escenarios más probables en este periodo de mitigación del confinamiento y limitaciones a la movilidad y a la actividad social y económica.

Sin embargo, dependiendo del tipo de tecnología que se emplee, puede ser necesario tomar en consideración otros elementos que, aunque relacionados con los mencionados, tienen una especial incidencia en una u otra de esas diferentes tecnologías.

Este es el caso de las cámaras térmicas, a las que ya se ha hecho alusión, en la medida en que pueden ofrecer posibilidades adicionales a la toma de temperatura y que, por ello, deben ser utilizadas prestando especial atención a los principios de limitación de finalidad y minimización de datos establecidos por el artículo 5.1 RGPD.

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Un 70% del personal de Justicia se reincorpora al trabajo presencial

2 de junio, 2020

Un 70% del personal de Justicia se reincorpora al trabajo presencial

  • CSIF denunciará las infracciones en materia de seguridad y salud
  • Los juicios se señalarán en breve sin criterios de aforos máximos, sin evaluar riesgos en las salas ni instrucciones para manejar los expedientes
  • CSIF urge al Ministerio a aplicar las medidas de protección antes de
    cambiar de fase: test masivos ya

26 de Mayo de 2020 csif.es

Un 70% del personal de Justicia se reincorpora al trabajo de forma presencial en todo el país. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y primero en la Administración de Justicia, ha exigido al Ministerio que aplique de forma efectiva todas las medidas de protección de la salud antes de cambiar de fase.

Desde CSIF advertimos de que no se puede volver presencialmente al trabajo sin aplicar las medidas que el propio Ministerio de Justicia ha establecido, ya que sigue supeditando la desescalada a criterios ajenos a la seguridad laboral.

Así, estos empleados/as públicos se incorporarán -en la fase 2 del Plan de Desescalada en Justicia- en todos los órganos judiciales en turnos rotatorios diarios, con independencia de la fase de desescalada general en la que se encuentre la provincia donde trabajen.

Se activará también la posibilidad de establecer turno de tarde, pero siempre que no se pueda garantizar la distancia interpersonal de dos metros en la jornada ordinaria.

Además, próximamente empezarán a señalarse juicios sin que se hayan establecido aforos máximos; se va a incrementar la actividad judicial sin que se hayan realizado evaluaciones de riesgo de tareas tan comunes como la práctica de diligencias fuera de la sede judicial; uso de las salas de vista; establecimiento de recorridos internos y uso de ascensores; manejo de expedientes; paquetes, etc.

Desde el sindicato, insistimos en que hay que hacer test a todo el personal que se reincorpore, especialmente, a quienes vuelvan a trabajar tras pasar el Covid-19 o haber estado aislados, con síntomas o por contacto estrecho con contagiados.

Mascarillas: tarde y mal

En relación con las medidas de seguridad laboral, el Ministerio ha anunciado la compra de un millón de mascarillas, que llegarán en el mes de julio, y con las que piensa cubrir las necesidades hasta el mes de septiembre u octubre, en el ámbito de su competencia.

Asimismo, ha encargado a una empresa la medición de los espacios para determinar los aforos en las sedes judiciales y para la aplicación de otras medidas de seguridad y que reforzará los servicios de prevención con personal sanitario.

Pese a todos estos anuncios, desde el sindicato subrayamos que los trabajadores/as de Justicia que se reincorporan tienen derecho a medidas efectivas desde el primer momento y no es de recibo que tras más de dos meses se siga hablando de unos medios que no llegan.

Por esta razón, CSIF denunciará las infracciones que se detecten en materia de seguridad y salud. Hace falta reactivar la Administración de Justicia, pero la vuelta al trabajo debe hacerse de forma segura y con los medios de protección adecuados.

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La CNMC revisa su Plan de Actuación de 2020

2 de junio, 2020

La CNMC revisa su Plan de Actuación de 2020

29 Mayo 2020

cnmc.es

◦En el contexto de la situación creada por el Covid-19, se revisa el Plan de Actuación para 2020 publicado a primeros de febrero.
◦Se mantienen los objetivos inicialmente planteados y se incorporan actuaciones adicionales dirigidas a analizar posibles incumplimientos de la normativa en el marco COVID.

La CNMC ha revisado su Plan de Actuación de 2020 para adaptarlo a la nueva realidad generada por la pandemia del Covid-19.

La revisión no supone una modificación de la estrategia general fijada para 2020. En el Plan revisado se mantienen gran parte de las actuaciones previstas, que se realizarán en plazo o con un ajuste en su calendario, prueba de que este organismo ha sabido adaptarse a las nuevas condiciones de teletrabajo exigidas por la situación de emergencia. Con ello, la CNMC se reafirma en la necesidad de prestar atención a la supervisión de los mercados regulados (energía, telecomunicaciones, audiovisual, transportes y postal) y de reforzar la detección de las prácticas más dañinas para la competencia.

El Plan incorpora nuevas actuaciones que no estaban previstas y a las que la CNMC está dedicando sus esfuerzos como consecuencia de la situación a la que hacemos frente.

Entre otras, destaca el análisis de posibles incumplimientos de la normativa en el marco COVID y las actuaciones derivadas de la gestión del buzón de consultas y denuncias (covid.competencia@cnmc.es) en materia de competencia ante la pandemia.

Otro de los nuevos aspectos del plan se refiere a las medidas relativas a los procesos de portabilidad en materia de comunicaciones electrónicas como consecuencia de la normativa excepcional adoptada durante el estado de alarma.

AAPP, cooperación y asesoramiento

Además, se desarrollarán orientaciones a las Administraciones Públicas para la concesión de ayudas públicas, la contratación pública y la regulación encaminada a favorecer la recuperación económica.

La CNMC insiste en su plan de actuación en la importancia de reforzar la cooperación con otros organismos públicos para que las actuaciones conjuntas tengan un impacto eficaz en el mercado y en la recuperación económica ante a situación creada por el Covid-19.

Ciertas actuaciones se suprimen del Plan, en particular aquellas que tienen que ver con reuniones internacionales que la CNMC tenía previsto organizar y que han quedado suspendidas.

Plan de actuación 2020

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Castillo de Santa Cruz. Oleiros

1 de junio, 2020
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El Rey felicita por videoconferencia a los militares en misiones nacionales e internacionales

1 de junio, 2020

Día de las Fuerzas Armadas

El Rey felicita por videoconferencia a los militares en misiones nacionales e internacionales

Sábado 30 de mayo de 2020

lamoncloa.gob.es

30/05/2020. Día de las Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa

S.M. el Rey acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido esta mañana, en la Base de Retamares de Pozuelo de Alarcón -sede del Mando de Operaciones- una videoconferencia con militares en operaciones permanentes nacionales, operaciones en el exterior y con militares que han participado en la operación «Balmis» de lucha contra el COVID-19, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

A su llegada, Don Felipe -quien no ha recibido honores de ordenanza, tal y como prescribe la actual situación de luto nacional- ha sido recibido por la ministra de Defensa y ha saludado al jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, la Armada y general jefe de la UME.

A continuación, se ha dirigido al edificio del Cuartel General donde se ha desarrollado la videoconferencia a partir de las 9:30 horas.

Antes de iniciarse el acto, todos los asistentes han mantenido un minuto de silencio en recuerdo por todos los fallecidos por el COVID-19, así como por los caídos de las Fuerzas Armadas en acto de servicio.

En el primer bloque de conexiones con unidades que efectúan operaciones permanentes nacionales, el Rey ha conversado con responsables del Mando Operativo de Mellilla, del Ejército de Tierra. También ha contactado con el Buque de Acción Marítima «Relámpago», así como con el Grupo Central de Mando y Control del Ejército del Aire.

Como haría tras cada una de las posteriores intervenciones, Felipe VI tuvo unas breves palabras de agradecimiento y ponderación para cada una de las misiones con las que conectó, haciendo incluso alguna pregunta de tipo personal a sus interlocutores.

Destacamentos en el exterior

En un segundo bloque de conexiones con operaciones en el exterior, han informado a Don Felipe el general de brigada Marcos Llago jefe del contingente español destacado en el Líbano y el coronel César García jefe del contingente español destacado en Besmayah, Irak, por parte del Ejército de Tierra.

Por parte del Ejército del Aire ha cumplimentado a S.M. el Rey el mando responsable del destacamento desplegado en Vilkas, Lituania, donde se encuentran aviones del Ala 15, en misión de apoyo a nuestros aliados. El contralmirante Ignacio Villanueva, Force Commander de la operación Atalanta, a bordo de la fragata «Numancia», lo ha hecho en representación de los contingentes de la Armada desplegados en operaciones en el exterior.

Operación «Balmis»

La videoconferencia ha continuado con un tercer bloque de enlaces con unidades que están participando en la operación «Balmis», de lucha contra el COVID-19.

Del Ejército de Tierra han tomado parte mandos responsables de la participación en este operativo de la Brigada «Galicia» VII y del Regimiento de Defensa NBQ nº1, así como de la Unidad de Seguridad del Mando Naval de Canarias. Por el ejército del Aire ha participado el comandante Manuel Navarro, quien fue el jefe de la misión del primer vuelo a China, a bordo de un avión A400M, para traer material sanitario a nuestro país.

Entre las unidades que han participado también en la videoconferencia, por parte de la UME lo han hecho mandos del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales y del Laboratorio de Identificación Rápida, que ha contactado desde el Pabellón 14 de IFEMA.

A continuación, el coronel jefe de la Guardia Real, José Manuel Salom ha expuesto los apoyos de esta unidad a la operación «Balmis». Por último el general de brigada, director del Hospital Central de la Defensa, Miguel Fernández, en representación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, ha cerrado las intervenciones de las unidades participantes.

Esperanza y confianza

Por su parte la ministra de Defensa ha recalcado en unas palabras posteriores «el agradecimiento infinito a las Fuerzas Armadas por su generosidad en la crisis del Covid». Margarita Robles ha señalado como las mismas han actuado con entrega y plenamente integradas con el resto de la sociedad española, resaltando el reconocimiento que todos los españoles tienen hacia las mismas».

Más allá de esta contingencia concreta, la ministra ha destacado igualmente el agradecimiento a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas por el trabajo que realizan día a día.

Tras las intervenciones, Felipe VI ha enviado a todos los militares un mensaje de esperanza y confianza en el porvenir, como refleja el lema del Día de las Fuerzas Armadas para este año: ‘Juntos por un futuro mejor’. «Aunque queden tiempos duros e inciertos -ha dicho el Rey-, juntos estamos superando la crisis más importante de nuestra historia reciente. Pero somos un gran país que encara siempre de frente las dificultades para saberlas vencer».

«Os animo a continuar trabajando codo con codo con el resto de la sociedad, con la misma ilusión y determinación, con la plena convicción de que juntos no hay crisis que no podamos superar». «Vuestro compromiso con la sociedad -añadió Don Felipe-, unido a la profesionalidad y humanidad que habéis empleado en la lucha contra el virus, permanecerá como ejemplo y motivo de orgullo de todos nosotros».

Finalizada la videoconferencia, S.M. el Rey junto a la ministra de Defensa, el JEMAD, el secretario de Estado de Defensa y los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, se han hecho la tradicional foto de familia con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

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Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan avanzar hacia la fase 3 en el plazo previsto, a partir del próximo 9 de junio

1 de junio, 2020

Estado de alarma / Covid-19

Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan avanzar hacia la fase 3 en el plazo previsto, a partir del próximo 9 de junio

mjusticia.gob.es

• El ministro Campo pide un esfuerzo para que los meses de junio y julio sean de “plena operatividad” en la Justicia, de forma que en septiembre “podamos estar al 100%”.

29 de mayo de 2020.- La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia ha analizado en su reunión de esta mañana el escenario que se abrirá con la activación de la fase 3 de la desescalada en la Justicia y la reanudación de los plazos procesales desde el próximo 4 de junio. También se han concretado las medidas de choque para reforzar la actividad judicial a partir de septiembre, tras el parón ocasionado por la crisis sanitaria.

La Comisión, compuesta junto al Ministerio por miembros del CGPJ, Fiscalía General del Estado, CCAA y Consejo General de la Abogacía, ha acordado avanzar hacia la fase 3 en el plazo previsto, la semana del 9 de junio, con el 100% de efectivos trabajando presencialmente en los juzgados.
Durante su intervención, el ministro ha pedido a todos los operadores jurídicos un esfuerzo en sus respectivos ámbitos competenciales para que los meses de junio y julio sean de “plena operatividad” en la Justicia. Y ha pedido “estar alineados al máximo” en la actividad a desarrollar en agosto, de forma que en septiembre “podamos estar al 100%”.

Entre las medidas de refuerzo que se activarán a partir del mes de septiembre, está la creación de juzgados que temporalmente atenderán los asuntos derivados de la crisis. Campo ha indicado que se trabaja en un modelo de órganos judiciales con una plantilla reducida “pero muy operativos”, además de unidades judiciales volantes, cuya creación se ha sometido a criterio y estudio por parte de la Comisión.

El ministro ha agradecido a sus integrantes el nivel de coordinación alcanzado y la buena predisposición demostrada por todas las CCAA, y en concreto, ha destacado del Consejo, “el enorme esfuerzo de sintonía” en las cuestiones que más afectan a la actividad jurisdiccional.

Campo les ha trasladado que, junto a este mecanismo de coordinación reforzado entre instituciones, se potenciarán las reuniones técnicas en esta fase del proceso de la desescalada.

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El universo financiero: estación espacial Servicio de Caja

1 de junio, 2020
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Mujeres con discapacidad en puestos tecnológicos, objetivo del programa RADIA

1 de junio, 2020

27 Mayo 2020

Abierta la convocatoria hasta el 30 de junio

Mujeres con discapacidad en puestos tecnológicos, objetivo del programa RADIA

La iniciativa está impulsada por Fundación ONCE, Fundación CEOE y la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades.

ceoe.es

Fundación ONCE, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y Fundación CEOE ponen en marcha un nuevo e innovador proyecto cuyo objetivo es favorecer la inclusión de personas con discapacidad en entornos de trabajo digital y ofrecer oportunidades de empleo a las mujeres con discapacidad, que constituyen el grupo que menos opciones tiene de desarrollo profesional en los ámbitos tecnológicos.

Las mujeres con discapacidad que quieran desarrollar su carrera profesional en un campo laboral tecnológico tienen ahora una oportunidad con el Programa RADIA, que ofrece un total de 50 becas para llevar a cabo un proceso de formación que comenzará el próximo mes de septiembre y finalizará en junio de 2021.

La formación está dividida en tres fases que combinan formación presencial y virtual, sobre los asuntos más candentes de la transformación digital, como inteligencia artificial, fintech, esport, ecommerce, ciberseguridad, biotecnología, blockchain ó Green teach. Además, contará con tutela y formación inspiradora con mentoras de diferentes empresas y prácticas en empresas tecnológicas. La primera fase, Brain Storm, comenzará el 22 de septiembre. La fase Mentor Women se desarrollará a lo largo de 12 de semanas y en ellas las becadas conocerán los contextos reales del ámbito tecnológico de la mano de profesionales que trabajan en el ámbito digital y les mostrarán su día a día, con la finalidad de enseñarles, inspirarles y empoderarlas. En la última fase, denominada Real Work, las seleccionadas recibirán una formación digital en 100 sesiones de 4 horas y estarán apoyadas por mentores para realizar prácticas en las empresas seleccionadas. Está previsto que finalice el 30 de junio de 2021.

Las mujeres con discapacidad interesadas tienen hasta el próximo 30 de junio para poder presentar sus candidaturas en la web www.programaradia.com

Una vez analizada la documentación se desarrollará un proceso de selección que contemplará una entrevista online a las personas solicitantes.

Programa RADIA

La historia de Radia Perlman inspiró el nombre del programa RADIA WOMEN’S DIGITAL INCLUSION. Radia es la creadora de uno de los protocolos de comunicación más utilizados del mundo que hace que las redes funcionen correctamente, sean estables, robustas y seguras.

Actualmente, solo uno de cada seis especialistas TIC incorporados al mercado laboral son mujeres. A este dato se une además la circunstancia de la discapacidad, que dificulta la inclusión de las mujeres con discapacidad en el ámbito de la educación superior y el empleo. Por eso el propósito del programa es ofrecer formación y empleo que incluyan a más mujeres con discapacidad en el sector digital, reconociendo tanto el valor de sus contribuciones, como su talento, algo esencial para construir una sociedad digital inclusiva, competitiva y dinámica.

Desde esta perspectiva, RADIA establece una serie de pasos encaminados a aumentar el número de universitarias con discapacidad sentadas en puestos de trabajo basados en el manejo de tecnología digital.

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Oleiros. Pradera en el paseo As Galeras

31 de mayo, 2020
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Comunicado conjunto del Gobierno de la Generalitat, CCOO de Cataluña, UGT de Cataluña, Foment del Treball y PIMEC, ante el anuncio oficial de Nissan del cierre de sus centros de trabajo en Cataluña

31 de mayo, 2020

Comunicado conjunto del Gobierno de la Generalitat, CCOO de Cataluña, UGT de Cataluña, Foment del Treball y PIMEC, ante el anuncio oficial de Nissan del cierre de sus centros de trabajo en Cataluña

Se comprometen a continuar trabajando para mantener la actividad de Nissan y su parque de proveedores en Cataluña y posan en valor la unidad de acción

foment.com

28 de mayo de 2020

Ante el anuncio oficial de la empresa Nissan Motor confirmando los rumores sobre el cierre de sus centros de trabajo en Cataluña, afectando a más de 3.000 trabajadores de forma directa y 20.000 de forma indirecta, el Gobierno de la Generalitat y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña:

1.Manifiestan el rechazo al anuncio de cierre de los centros de trabajo de la compañía Nissan Motor en Cataluña y la grave preocupación por el impacto económico y social que pueda tener, así como la forma de anunciar esta decisión con tanto breve margen de tiempo.

2.Instan en Nissan a reconsiderar la decisión por responsabilidad ante sus trabajadores y trabajadoras, ante las empresas proveedoras y ante el territorio que lo ha acogido los últimos 40 años.

3.Se comprometen a continuar trabajando para mantener la actividad de Nissan y su parque de proveedores en Cataluña y posan en valor la unidad de acción de las diferentes administraciones, patronales y sindicatos para evitar que se confirme el cierre definitivo de los centros de trabajo en Cataluña.

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La nómina de pensiones contributivas de mayo se sitúa en 9.852,78 millones de euros

31 de mayo, 2020

Coronavirus COVID-19 – Seguridad Social

La nómina de pensiones contributivas de mayo se sitúa en 9.852,78 millones de euros

Martes 26 de mayo de 2020

lamoncloa.gob.es

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió a los 9.852,78 millones de euros a 1 de mayo, lo que supuso un incremento del 2,52% respecto al mismo mes del año pasado.

En comparación con el mes anterior ha registrado un retroceso del 0,27%, el primero de la serie.

Más de dos tercios de la nómina se destinaron al abono de las pensiones de jubilación, cuyo montante ascendió a 7.049,44 millones de euros.

Esta cuantía creció un 3,02% en los últimos doce meses. A las pensiones de viudedad, se destinaron 1.698,64 millones de euros, un 1,28% más que hace un año. El crecimiento de la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente fue del 1,15%, hasta situarse en 940.17 millones. A prestaciones de orfandad, por su parte, se dedicaron 139.1 millones (1,39%), y a las prestaciones a favor de familiares, 25,3 millones de euros, un 3,62% más.

Número de pensiones y pensión media

El conjunto del Sistema incluyó un total de 9.754.137 pensiones contributivas (38.508 menos que el mes anterior), un 0,48% más que el año pasado. El 62,26%, en concreto 6.073.499, fueron por jubilación; 2.343.975 correspondieron a prestaciones de viudedad; 953.905 a incapacidad permanente; 339.814 a orfandad y 42.944 fueron pensiones a favor de familiares.

La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanzó los 1.010,11 euros mensuales, lo que supuso un aumento interanual del 2,03%. La pensión media de jubilación ascendió a 1.160,6 euros, un 2,02% más respecto al año pasado. Por su parte, la pensión media de viudedad fue de 724,6 euros al mes.

En cuanto a las nuevas altas de pensiones, su cuantía fue mayor que la media del Sistema y superior en un 9,8% al importe de las nuevas pensiones en 2019. En el mes de abril, última fecha disponible, las pensiones correspondientes a las nuevas altas de jubilación fueron de 1.472,49 euros al mes. Las del Régimen General llegaron a 1.616,33 euros/mes.

Descenso del 32,2% en el número de altas

Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el número de altas de pensión registradas en abril (31.232 pensiones) de este año descendió en un 32,2% respecto al mismo mes del año pasado (46.051) y un 13,9% si se compara con el mes anterior (36.274).

En esta estadísticas se observa, acentuándose la tendencia del mes anterior, un descenso en el número de pensiones y de pensionistas. En parte, esto se debe al menor número de altas en el Sistema debido al cierre de oficinas y a la situación de confinamiento.

En lo que va de año, se ha registrado una reducción del 33,8% en el número de expedientes iniciados en comparación con el mismo periodo del año pasado (según los datos facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social). Por ejemplo, en marzo y abril se han iniciado 32.512 expedientes por jubilación, frente a los 49.798 de un año antes.

Pero también hay que tener en cuenta cómo ha influido la pandemia de COVID-19 en términos de mortandad sobre el conjunto de la población y, en mayor medida, sobre el colectivo de las personas de mayor edad.

Si se considera el acumulado anual desde enero hasta el inicio de mayo de 2020 han causado alta 157.896 nuevas pensiones (lo que supone un descenso del 22,1% respecto al mismo periodo del año anterior), y han causado baja 205.638 pensiones (un 17,5% más que el año anterior).

A raíz del decreto del estado de alerta, las oficinas de la Seguridad Social dejaron de prestar atención presencial. Los ciudadanos deben presentar las solicitudes de prestaciones y realizar el resto de trámites con el organismo exclusivamente por vía telemática o telefónica. Esto ha motivado que una parte de los ciudadanos opten por retrasar las gestiones con el organismo.

No obstante, la Seguridad Social ha habilitado en su página web un formulario para que quienes no disponen de certificado digital puedan realizar estos trámites.

Clases Pasivas

Por otro lado, el número de pensiones de las Clases Pasivas en vigor en el mes de abril ha sido de 636.302, lo que ha situado la nómina en ese periodo en 1.151,15 millones de euros.

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El Gobierno autoriza los avales nacionales requeridos para la puesta en marcha del mecanismo europeo de apoyo al desempleo (SURE).

31 de mayo, 2020

26 de mayo de 2020

mineco.gob.es

El Gobierno autoriza los avales nacionales requeridos para la puesta en marcha del mecanismo europeo de apoyo al desempleo (SURE).

Este mecanismo, uno de los tres de apoyo financiero a corto plazo acordados por la UE, se financiará mediante deuda comunitaria cubierta por garantías nacionales de los 27 Estados miembros. Una vez puesto en marcha, las ayudas permitirán a los Estados miembros que las soliciten financiar esquemas de protección de desempleo, como por ejemplo los ERTE, con el fin de proteger a los trabajadores y reducir el impacto económico y social del COVID-19.
El Consejo de Ministros ha acordado también flexibilizar la tramitación de moratorias acordadas por asociaciones de entidades financieras, lo que permitirá un importante alivio para un amplio colectivo de hogares y empresas.
Esta iniciativa está en línea con las recomendaciones promovidas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para limitar el impacto económico causado por la pandemia.
También se amplía el plazo de las fundaciones bancarias para dotar su fondo de reserva ante la limitación de los dividendos .

26 de mayo de 2020. El Consejo de Ministros ha autorizado el otorgamiento de los avales necesarios para la participación de España en el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia creado por la Comisión Europea, conocido como SURE.

Este instrumento se enmarca en el conjunto de medidas y programas aprobados por la Unión Europea de apoyo al tejido empresarial y a la financiación de los Estados miembros, y complementa las medidas nacionales puestas en marcha para mitigar los efectos económicos y sociales del COVID-19

El SURE permite financiar esquemas temporales de apoyo al empleo como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y tiene como objetivo proteger a los trabajadores y reducir el impacto del desempleo y las pérdidas de ingresos.

Los Estados miembros contribuyen al instrumento garantizando parte del riesgo asumido por la Unión Europea mediante el otorgamiento de avales.

Esta autorización se incluye en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

Moratorias

En la norma aprobada se incluyen también medidas para agilizar la concesión de moratorias acordadas por las asociaciones de entidades financieras de préstamos hipotecarios y sin garantía hipotecaria. Se prevén los requisitos para que las moratorias sectoriales, establecidas por las entidades financieras a través de sus asociaciones representativas (AEB, CECA, ASNEF o UNACC) y ofrecidas a sus clientes, gocen de una tramitación ágil, garantizando la protección del deudor.

Adicionalmente, se aclara que también podrán ser objeto de aplazamiento de cuotas los contratos de arrendamiento financiero (leasing), modalidad de contrato muy habitual entre los autónomos.

Se facilita así que más personas se beneficien del alivio financiero que supone aplazar las cuotas de sus préstamos en el contexto de la emergencia sanitaria.

Esta medida está alineada con las recomendaciones realizadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, según sus siglas en inglés) para promover iniciativas dirigidas a limitar el impacto económico causado por la pandemia y, en particular, la extensión de aplazamientos y moratorias a partir de acuerdos promovidos por asociaciones de entidades en cada Estado miembro.

Asimismo, tras la recomendación realizada por el Banco Central Europeo a las entidades financieras de limitar el reparto de dividendos correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, el Real Decreto-ley suspende la obligación de las fundaciones bancarias con participación de control en una entidad de crédito de dotar, en este año 2020, el fondo de reserva. En consecuencia, las dotaciones pendientes quedan aplazadas al periodo 2021-2024, prolongándose un ejercicio el plazo establecido.

Finalmente, el Real Decreto-ley establece que el presidente del FROB continúe en su cargo hasta el nombramiento de su sustituto.

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Asturias –

30 de mayo, 2020
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El Foro Medcap concluye con más de 3.000 conexiones y 1.300 reuniones entre empresas e inversores

30 de mayo, 2020

El Foro Medcap concluye con más de 3.000 conexiones y 1.300 reuniones entre empresas e inversores

bolsamadrid.es

•Gonzalo Gómez Retuerto, Director General de BME Renta Fija, resalta que el crecimiento del MARF refleja un cambio estructural en la economía española

•Berta Ares, Directora General de BME Inntech, afirma que la digitalización de la economía no tiene marcha atrás en un mundo que cambia muy deprisa

•Lola Solana, de Santander AM, destaca que la actual crisis ha generado grandes oportunidades de inversión en las pequeñas y medianas empresas

El Foro Medcap 2020 ha echado hoy el cierre a su decimosexta edición, la primera que se celebra de forma telemática, como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Han sido tres días de intensa actividad, con 12 paneles en los que expertos de distintas compañías y entidades han reflexionado sobre cuestiones de actualidad, con especial atención al impacto en la economía de la crisis del coronavirus.

A lo largo de sus tres días, más de 3.000 personas se han conectado a alguno de los paneles del evento. El evento ha albergado también más de 1.300 reuniones entre los representantes de las más de 100 empresas y los más de 200 inversores que han asistido al Foro, de los que el 52% procedía de fuera de España.

La tercera sesión del Foro ha incluido un panel sobre soluciones de financiación en los mercados de Renta Fija, que ha contado con la participación de Gonzalo Gómez Retuerto, Director General de BME Renta Fija. Según ha destacado en su intervención, el MARF, que nació tras la anterior crisis, se ha convertido en estos años en un mercado de referencia para la aplicación de las políticas públicas, en alusión al programa de avales del ICO por importe de hasta 4.000 millones de euros para programas de pagarés del MARF, aprobado recientemente por el Gobierno, y a las inversiones del ICO en este mercado de BME. Hasta el momento, este organismo ha invertido en programas de pagarés del MARF por importe de 210 millones de euros. “Valoramos el esfuerzo de las Administraciones Públicas para facilitar que la liquidez llegue a las empresas”, ha destacado.

El director general de BME Renta Fija ha afirmado que el crecimiento del MARF en los últimos años demuestra un cambio estructural de la economía española, por el mayor acceso de todo tipo de compañías a nuevas fórmulas de financiación. Por eso, ha señalado que los mercados de capitales tendrán un papel relevante en la recuperación de la crisis del Covid-19.

Junto a él han participado en la mesa, moderada por Raquel Arechabala, Directora de Inversiones y Negocio de Norbolsa; el Director de Axesor, Adolfo Estévez; el Director General Financiero de Ormazabal, Fernando Zabalgogeazcoa, y el Director General Corporativo de Sidenor, Marco Pineda. Todos ellos han destacado la importancia de que las empresas diversifiquen sus fuentes de financiación a través de los distintos instrumentos que ofrecen los mercados de Renta Fija, como el MARF.

El último panel del Foro ha versado sobre la digitalización de la economía y ha estado moderado por Berta Ares, Directora General de BME Inntech, quien ha declarado que “vivimos en un mundo que cambia muy rápido y requiere una capacidad de adaptación continua. El actual proceso de digitalización no tiene marcha atrás, de la mano de tecnologías como el blockchain o de la inteligencia artificial”.

También han compartido su visión sobre las tendencias de digitalización y los retos del futuro Gabriela Orille, co-CEO de MyInvestor; Pablo Martín, CEO de Izertis, y José Antonio Martínez, CEO de Making Science. Todos ellos han coincidido en señalar las ventajas de la tecnología para impulsar la economía y mejorar la sociedad, como ha quedado patente con la crisis del coronavirus, que ha sido una especie de “test de estrés” de la digitalización de las compañías.

Otra de las mesas que más expectación ha despertado es la que han protagonizado Mónica Muñoz, Directora de Ventas de Morningstar, y Lola Solana, Head of Small Caps & ESG Equity Funds de Santander AM, en la que ésta ha afirmado que la crisis del coronavirus ha generado una oportunidad única para comprar valores de calidad sin deuda que habían caído mucho. Solana reveló que en las últimas semanas ha hecho cambios en sus carteras, para invertir en sectores como el tecnológico, el farmacéutico, el consumo estable o las comunicaciones y salir de sectores estructuralmente dañados por la crisis del Covid-19.

En su opinión, las pequeñas y medianas empresas son menos volátiles que las grandes y, a largo plazo, ofrecen mayores rentabilidades. “Sin estas compañías, no hay salida de la crisis, por eso tenemos que apostar por ellas”, señaló.

Al igual que en los dos días anteriores del Foro, también ha habido espacio para debatir sobre la situación actual y los planes de futuro de distintos sectores relevantes para la economía española. Esta vez fue el turno del sector inmobiliario, en un panel moderado por Alberto Valls, Socio de Deloitte, en el que participaron Ricardo Pumar, presidente de Grupo Insur; Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, y Javier Illán, presidente de Millenium Hotels Real Estate. Los tres compartieron su visión sobre los retos a los que se enfrenta el sector y cómo la crisis del Covid-19 está afectando a cada segmento de su actividad. Por su parte, Javier Illán, Presidente de la SOCIMI cotizada en el MAB, Millenium Hotels Real Estate, ha destacado la intención de la compañía de pasar al mercado continuo, a ser posible el año que viene o principios de 2022.

El próximo año se celebrará la decimoséptima edición del Foro Medcap, que se ha consolidado como una cita imprescindible para los inversores y las compañías de pequeña y mediana capitalización en España.

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El TSXG acuerda que los miembros de la carrera judicial trabajen de forma presencial

30 de mayo, 2020

Lunes, 25 de mayo de 2020

El TSXG acuerda que los miembros de la carrera judicial trabajen de forma presencial

A partir de mañana, los jueces y juezas recuperarán el turno ordinario previo a la declaración del estado de alarma. La decisión se ha tomado tras la activación de la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado que los miembros de la carrera judicial trabajen de forma presencial a partir de mañana. Por lo tanto, los turnos de presencia y disponibilidad de los jueces y juezas de todos los órganos judiciales de Galicia quedan suprimidos, recuperándose el turno presencial ordinario previo a la declaración del estado de alarma, según consta en el acuerdo adoptado hoy en reunión extraordinaria por la Sala de Gobierno.

La decisión se ha tomado tras la publicación de la Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19, y teniendo en cuenta la resolución de 25 de mayo de 2020 en la que la Xunta decreta que las oficinas judiciales deben contar con la presencia de entre un 60% y 70% de la plantilla efectiva.

El pasado 4 de mayo la Sala de Gobierno del TSXG ya había dejado sin efecto el sistema de turnos presenciales aprobado el 15 de marzo para permitir a todos los jueces y juezas de Galicia la posibilidad de trabajar de forma presencial. Quienes entonces ya optaron voluntariamente por esa opción lo hicieron, al igual que harán los que se reincorporen mañana, cumpliendo las indicaciones y prevenciones sanitarias que se recogen en la Guía de Buenas Prácticas para la Reactivación de la Actividad Judicial y Adopción de Medidas de Salud Profesional para la Prevención de Contagios en Sedes Judiciales, aprobada por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 29 de abril.

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La Audiencia Nacional reanuda el 8 de junio el juicio a la excúpula de los Mossos d`Esquadra

30 de mayo, 2020

Jueves, 28 de mayo de 2020

La Audiencia Nacional reanuda el 8 de junio el juicio a la excúpula de los Mossos d`Esquadra

Las sesiones continuarán los días 15, 16 y 17 de junio

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para los próximos 8, 15, 16 y 17 de junio la continuación del juicio al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep LLuis Trapero, al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, al exdirector de Mossos Pere Soler y a la intendente Teresa Laplana, que tuvo que ser suspendido con motivo de la situación provocada por el coronavirus.

Para el día 8 de junio está previsto que se anuncien las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, el día 15 las conclusiones de las defensas y el informe del Ministerio Fiscal y los días 16 y 17 los informes de las defensas y la última palabra.

El juicio se reanudará en la sede de Génova a partir de las 10 horas de la mañana y si las defensas muestran su conformidad por escrito en el plazo de dos días, las mismas y los acusados participarán en dichas sesiones mediante el sistema de videoconferencia desde un órgano judicial de Barcelona.

El juicio será retransmitido en streaming por TVE a través de una señal a la que podrán acceder los medios de comunicación que lo soliciten. El acceso de los redactores a la sala de vistas y a la sala de prensa estará restringido a un número concreto de profesionales para garantizar las medidas de prevención adoptadas como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y el principio de publicidad de las actuaciones judiciales.

Mientras se mantengan las medidas de prevención adoptadas como consecuencia de la pandemia de coronavirus el aforo de las salas de prensa de Génova y de San Fernando de Henares se va a restringir con el fin de garantizar las medidas de prevención necesarias en este momento y que permitan mantener la distancia interpersonal de seguridad de, al menos, dos metros entre los profesionales. Por ello, en la sala de prensa de la sede de Génova se permitirá el acceso de 20 personas, manteniendo siempre esa distancia de seguridad, y en la de San Fernando, de 25 personas.

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Buque de Salvamento Don Inda. Cañones de agua

29 de mayo, 2020
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Campo apela al protagonismo de la Abogacía en la transformación que persigue el Ministerio con #Justicia2030

29 de mayo, 2020

Estado de alarma / Covid-19

Campo apela al protagonismo de la Abogacía en la transformación que persigue el Ministerio con #Justicia2030

mjusticia.gob.es

El ministro de Justicia debate con más de mil abogados en el Foro Justicia ICAM, a quienes traslada su compromiso en inquietudes como el turno de oficio o los problemas con la mutualidad.

Insta al colectivo a participar en el proceso de reforma de los dos elementos vertebradores que serán la nueva LECRIM y la Ley de Derecho de Defensa y a “crear cultura de desjudicialización” con medios alternativos que rebajen la litigiosidad en los juzgados.

28 de mayo de 2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha debatido esta mañana con más de mil abogados que han participado en el Foro Justicia ICAM, a los que ha animado a participar en el amplio proceso de transformación del sistema judicial que comprende el proyecto #Justicia2030.

Así, les ha invitado a participar en dos elementos vertebradores de la Justicia y que afectan de lleno a los derechos fundamentales como son la nueva LECRIM y el proyecto de Ley de Derecho de Defensa, donde se trabaja, “con equipos complementarios porque no se entendería un texto normativo sin el otro”.

Campo ha desgranado la respuesta del Ministerio para amortiguar los efectos de la pandemia y, al mismo tiempo, ha detallado las líneas generales del plan #Justicia2030 para realizar ese tránsito hacia un cambio de paradigma basado en un amplio programa de reformas y, sobre todo, en una reordenación de la propia vertebración del sistema judicial.
Precisamente, durante el debate, y a tenor de las demandas planteadas por algunos intervinientes en torno a la necesaria dotación de más recursos humanos y medios materiales, Campo ha insistido en que “no se trata solo de aplicar medidas incrementalistas porque éstas no determinarán la transformación que perseguimos, sino que necesitamos una reorganización y modernización de todos los recursos públicos disponibles”.

“Hagamos una Justicia acorde a lo que la sociedad hace y a lo que vienen legítimamente demandando”, ha pedido a los abogados, instándoles a colaborar en ese camino hacia un servicio público de calidad y próximo a la ciudadanía con una organización eficaz que requiere grandes esfuerzos de adaptación a la digitalización.

El ministro ha subrayado también el importante papel de la Abogacía en la implantación de medios alternativos como la mediación o el arbitraje. Y ha anunciado que el Ministerio incluirá estas cuestiones dentro del proyecto de Ley de medidas procesales, tecnológicas y organizativas. Al hilo, les ha pedido que sigan trabajando para “crear esa cultura de desjudicialización”, necesaria para rebajar la litigiosidad y aligerar la carga en los juzgados.

Campo entiende que la acción de Gobierno pueda generar críticas, pues “no todo puede gustar a todo el mundo, pero eso siempre enriquece” y en este sentido, ha recalcado la importancia de gestionar desde la cogobernanza y el diálogo como el mejor instrumento de trabajo.

El ministro ha respondido a inquietudes expresadas por los asistentes como el turno de oficio, la conciliación familiar y la habilitación de agosto o el problema con la mutualidad. A este respecto, ha aclarado que el Grupo Socialista ha elevado al Congreso una proposición no de Ley en la que se reclama al Gobierno “la reactivación de mecanismos que flexibilicen la situación, de manera que se puedan cubrir las necesidades” de estos profesionales afiliados a Mutualidades de Previsión Social alternativas al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA).

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, han agradecido, especialmente, la participación del ministro en el Foro, por acudir a un espacio de debate como este, aún “en momentos tan complicados” y en los que ha respondido también a preguntas sobre la actualidad política.

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