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Paseando por el puerto pesquero. Santander

29 de octubre, 2020
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Los concursos de acreedores inscritos aumentaron el 55% anual en septiembre

29 de octubre, 2020

Los concursos de acreedores inscritos aumentaron el 55% anual en septiembre

19/10/2020 | Notas de Prensa

Registradores

Las constituciones de empresas en septiembre confirman su recuperación y aumentan el 15% anual

El comercio online duplica ampliamente su peso en las empresas constituidas entre el primer y tercer trimestre

El Colegio de Registradores presenta su Estadística Mercantil correspondiente al tercer trimestre, ofreciendo algunos indicadores básicos de confianza empresarial: constituciones y ampliaciones de capital, así como indicadores de dificultades financieras, a través de los concursos de acreedores. Se incluye también información específica del mes de septiembre para dar continuidad a los informes mensuales suministrados desde marzo.

Datos del mes de septiembre

Constituciones

En septiembre se incrementaron las constituciones un 15% respecto al mismo periodo de 2019, por lo que se mantiene la evolución positiva del indicador, que se incrementó el 8,4% en agosto. La caída más pronunciada se produjo en abril, con descensos del 72,1%, seguida de mayo, que registró una caída del 56,4%. En los meses de junio y julio comienza claramente la recuperación, con caídas paulatinamente menos acusadas, -10,0% y -3,4% respectivamente.

Las tasas de variación anual que descienden son: Navarra (-22,0%), Cantabria (-19,3%), Ceuta y Melilla (-11,8%), País Vasco (-4,8%) y Castilla – La Mancha (-4,2%). En sentido contrario, aumentan sobre todo en La Rioja (40,0%), Murcia (36,0%), Castilla y León (24,4%), Cataluña (22,7%), Canarias (22,0%), Madrid (21,6%), Andalucía (13,1%), Comunidad Valenciana (11,3%) y Asturias (10,6%).

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM. en septiembre, muestran, por primera vez desde abril, una tendencia positiva con relación al mismo mes de 2019, ofreciendo un ligero crecimiento del 1,2%, desde el 11% de descenso que mostraba en los dos meses anteriores.

Por CC.AA., las que presentan mayor volumen de actividad son Madrid con 501 operaciones, un 1,4% más que el mismo mes del año anterior y Cataluña con 260, un 16,9% menos. Entrando al detalle, se produjeron descensos en Cantabria (-27,8%), seguida de Navarra (-21,9%), Cataluña (-16,9%), Canarias (-14,3%), Castilla y León (-13,9%), Aragón (-8,9%) y Galicia (-6,6%). En la parte positiva, se incrementaron sobre todo en Ceuta y Melilla (200,0%), Extremadura (35,7%), País Vasco (27,3%), Murcia (25,9%) y Comunidad Valenciana (24,5%).

Concursos

Los concursos de acreedores en septiembre, comparados con el mismo mes del año anterior, mostraron un fuerte repunte anual, aumentando el 55%. Durante los primeros meses de la pandemia habían caído de forma generalizada (-84,8% en abril y el -76,1% en mayo), afectados por la ralentización del proceso concursal durante el estado de alarma y también por el RD 16/2020, de 28 de abril. Este decreto, entre otros aspectos, amplia los plazos para presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre de este año, impidiendo también la presentación de concurso necesario hasta dicha fecha, con objeto de ayudar temporalmente a empresas en dificultades que puedan ser rentables. Las sucesivas caídas de los concursos a medida que transcurría la pandemia, se tornaron paulatinamente más suaves en junio (-16,1%), julio (-6,5%) y agosto (-4,6%), hasta cambiar de signo de forma abrupta en el mes de septiembre.

Se analizaron también los concursos inscritos mediante su desglose en voluntarios y necesarios para observar el impacto del RD 16/2020 antes mencionado en relación con el mes anterior, en este caso agosto. Los concursos voluntarios sumaron este mes de septiembre 209 inscripciones, con un aumento del 41,2% sobre el mes de agosto y los concursos necesarios inscritos fueron 73, con un aumento del 17,7% sobre el mes anterior.

Estadística Mercantil del tercer trimestre

Adentrándonos en la información habitual, según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores, relativa al tercer trimestre, se constituyeron en España 20.191 sociedades mercantiles, mostrando un incremento del 5,5% respecto al mismo trimestre de 2019. Este crecimiento viene precedido de una fuerte caída del 48% anual en el segundo trimestre.

Durante los últimos 12 meses, de octubre de 2019 a septiembre de 2020, se constituyeron 79.946 sociedades, un 15,7% menos que en el mismo período acumulado del año anterior, manteniendo un descenso anual ligeramente inferior al del trimestre anterior (-17,2%), muy lejos actualmente de la cifra básica de referencia de 100.000 operaciones anuales.

La Estadística Mercantil trimestral del Colegio de Registradores permite conocer información estructural básica de las empresas españolas y puede ser consultada, por meses, en el siguiente enlace:
https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles#portlet_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_210Inub8fs2s

Por Comunidades Autónomas, en el segundo trimestre, con relación al mismo período de 2019, la creación de sociedades mercantiles aumentó en doce comunidades, sobre todo en Ceuta y Melilla (44,8%), Cantabria (25,0%), Baleares (22,1%), Andalucía (11,3%) y Murcia (10,8%). Por otro lado, disminuyó en seis comunidades, especialmente en La Rioja (-5,4%) y País Vasco (-4,6%).

Constituciones societarias según actividad (Ramas CNAE)

La actual situación económica derivada de la pandemia aconsejaba analizar si se han producido cambios en la proporción que tienen los diferentes sectores de actividad sobre los nuevos proyectos empresariales, es decir, comprobar a lo que se dedican las nuevas empresas en la actualidad, comparativamente con aquello a lo que se dedicaban las que se constituían antes del comienzo de la pandemia. Para ello se muestra la evolución de la proporción (peso relativo) de empresas que se constituyen por cada rama de la CNAE (clasificación nacional de actividades económicas) durante el tercer trimestre, con relación a un periodo muy reciente, pero de gran significación por su inmediatez, como es el primer trimestre de este mismo año.

Los resultados revelan cambios importantes en los apenas seis meses transcurridos entre los dos períodos que se analizan, es decir entre el primer y tercer trimestre de este año. Destacan subidas, del entorno del 20%, en el número de nuevas empresas dedicadas a suministros energéticos, agua, residuos, etc. (ramas D y E de la CNAE) con el 20,9%, seguidas de actividades de Educación (rama P) con el 19,8%, e Información y Comunicaciones (rama J) con un incremento del 18,9%.

Dentro de los sectores más afectados por la situación actual, destacaría también el Comercio (rama G), que experimenta un crecimiento del 17,8% en el número de nuevas empresas dedicadas al sector. En este caso, dada la heterogeneidad de actividades que se engloban, merece la pena destacar, por su indudable interés para las tendencias actuales de consumo, la evolución de las nuevas empresas dedicadas al comercio online, que han duplicado ampliamente su representación, creciendo el 128% en seis meses, pasando de representar el 0,9% del total de empresas en el primer trimestre al 2,2% de las creadas en el tercero.

Al mismo tiempo, en sentido inverso, se observa un descenso en la dedicación de las nuevas empresas a sectores tradicionales como la hostelería (rama I), con un descenso del 15,7%, Otros Servicios (rama S), que desciende el 17,7% o Financieros y Seguros, con un descenso del 21,2%. Destaca también en este apartado otro de los sectores más tradicionales, la Construcción (rama F), que desciende más moderadamente, el 6,8% en la comparativa.

Operaciones de capitalización

En el tercer trimestre se contabilizaron 5.940 ampliaciones de capital, con un descenso del 7,8% sobre el mismo periodo del año anterior. En términos de importe de capital aumentado se desembolsaron 4.262 millones de euros, -8,1% sobre el mismo período de 2019.

Concursos

Las empresas con serias dificultades financieras, que inscribieron concurso de acreedores entre julio y septiembre fueron 811, un aumento del 9,2% en relación al mismo trimestre de 2019. Desde el tercer trimestre de 2019 la tendencia era de aumento de concursos, aunque en el segundo trimestre de 2.020 se produjo una fuerte caída del 59,3%, coincidiendo con el estado de alarma.

La evolución anual, mes a mes, de los concursos durante el tercer trimestre ha reflejado caídas en julio (-6,5%) y agosto (-4,6%), incrementándose fuertemente en septiembre (55,0%), lo que parece adelantar incrementos en los próximos meses.

En cuanto a los datos anualizados, en los últimos 12 meses, de octubre de 2019 a septiembre de 2020, se declararon en concurso 3.227 sociedades, un 9,1% menos que en el acumulado del año anterior.

Por comunidades autónomas, en el tercer trimestre y con respecto al mismo periodo de 2019, se incrementaron, sobre todo en Asturias (100%), Castilla – La Mancha (72,7%), La Rioja y Baleares (50%), Madrid (34,7%), Cataluña (23,1%), y País Vasco (20,0%). En la parte opuesta, descendieron más en Extremadura (-57,1%), seguida de Murcia (-54,2%), Canarias (-43,6%), Navarra (-37,5%) y Castilla y León (-35,7%).

Traslados de sede social entre Comunidades Autónomas. 3T 2020(*)

Se indican en la siguiente tabla los datos sobre los traslados de sede social entre las diversas CC.AA. Los datos expresados no corresponden a solicitudes de traslado sino a confirmaciones de traslado inscritas en el registro de destino.

Se muestra en el cuadro siguiente, relativo al tercer trimestre, los movimientos de empresas por cambio de sede social. Entre las Comunidades de las que se van, destaca Madrid, con 382 salidas, seguido de Cataluña, 203, Comunidad Valenciana, 96 y Andalucía con 89. Sin embargo, si comparamos el saldo de entradas y salidas, Cataluña y Madrid destacan con un saldo negativo de 74 y 58 empresas respectivamente. En la parte positiva destaca sobre todo Andalucía con un saldo a su favor de 56 empresas. El resto de CC.AA. muestra mayor diversidad en los saldos, destacando que la Comunidad Valenciana, una de las comunidades con mayor actividad, muestran un saldo positivo más moderado, de 7 sociedades.

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El Tribunal Supremo declara que los concejales tránsfugas no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que supongan mejoras políticas y económicas

29 de octubre, 2020

Martes, 27 de octubre de 2020

El Tribunal Supremo declara que los concejales tránsfugas no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que supongan mejoras políticas y económicas

La Sala de lo Contencioso señala que hay derechos políticos o económicos ligados a la condición de concejal y derivados del mandato representativo otorgado por electores

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, “impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Queda excluida de esta limitación la incorporación a las comisiones informativas”.

La Sala declara que el alcance del límite previsto en el artículo 73.3.3º de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local (LRBRL) “se interpreta en el sentido de que las limitaciones que impone al concejal no adscrito no puede afectar a los derechos políticos y económicos ligados al ejercicio del mandato representativo otorgado por los electores como concejal electo”.

El tribunal interpreta el artículo 73.3.3º de dicha ley, en concreto, qué alcance tiene que los derechos económicos y políticos del concejal no adscrito no puedan ser superiores a los que le hubiesen correspondido de haber permanecido en su grupo de procedencia.

En su sentencia, ponencia del magistrado José Luis Requero, explica que del citado artículo se deduce una intención disuasoria del transfuguismo, idea que recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala. Añade que es consecuencia del Acuerdo 7 de julio 1998 firmado por varios partidos políticos, que fue renovado en 2006, asentado en la idea de que el transfuguismo implica una alteración o falseamiento de la representación política, en cuanto supone una actuación desleal hacia la voluntad que los ciudadanos manifestaron con sus votos.

Señala que hay derechos políticos o económicos ligados a la condición de concejal y derivados del mandato representativo otorgado por electores. Este abanico de derechos, según la sentencia, constituyen el núcleo de la función representativa y, a los efectos del artículo 73.3.3º de la LRBRL, “son indisponibles conforme al contenido esencial del artículo 23.2 de la Constitución, luego no pueden ser negados ni limitados al concejal no adscrito”.

Agrega que ese núcleo indisponible se concreta en la participación en Plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas y votos particulares, efectuar ruegos, preguntas; ejercer el derecho de información más ostentar los honores y tratamientos propios de todo concejal, como se desprende de la LRBRL y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Por el contrario, según la sentencia, el artículo disuade de que el pase a la condición de concejal no adscrito, por incurrir en transfuguismo, suponga un incremento o mejora del estatus, y se toma como referencia aquellos beneficios políticos o económicos distintos de los indisponibles por ser consustanciales a la condición de concejal.

Así, la prohibición deducible del citado artículo afectaba a los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde como ser designado teniente alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno, también los cargos por delegación del alcalde, así como la asunción de cualquier otro cargo político de carácter discrecional, lo que es corroborado por las sentencias del Tribunal Constitucional.

Para la Sala, sin embargo, las comisiones informativas son un caso aparte ya que considera que, como se deduce de la LRBRL, no son órganos decisorios y se integran exclusivamente por miembros de la Corporación; pueden ser permanentes o puntuales y su actuación es previa o preparatoria de los Plenos: desde ellas los concejales ejercen su función de estudio, informe o consulta sobre asuntos que hayan de ser sometidos al Pleno y a la Junta de Gobierno si actúa con competencias delegadas por el Pleno; también informan los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno y del alcalde y que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de los concejales.

Estas comisiones están integradas siempre por el alcalde –que puede delegar la presidencia en cualquier concejal- y el resto de miembros son concejales cuyo número y reparto será proporcional a la representatividad de los distintos grupos políticos. Por ello, “al margen de que su regulación pivote sobre la figura del grupo político, la voluntad de las normas es que estén presentes todos los grupos, luego también el concejal no adscrito al ejercerse en tales órganos funciones ligadas al mandato representativo que ostenta como concejal, luego funciones propias del contenido indisponible al que se ha hecho referencia”, subraya la Sala.

La Sala aplica esta interpretación a un caso de transfuguismo que se produjo en el Ayuntamiento de Font de la Figuera (Valencia). Tras las elecciones de 24 de mayo de 2015, fue elegido alcalde el candidato de Compromís con tres votos de su partido, dos de PSPV-PSOE y uno de Ciudadanos. La cabeza de lista del PP obtuvo cinco votos (los de su partido). Seis días después de la elección, la concejala de Ciudadanos pidió el pase a concejal no adscrita. Después fue nombrada Primer Teniente de Alcalde con una retribución de 350 euros al mes; concejala delegada del Área de Promoción Económica y Turismo, Sanidad y Tránsito; miembro de las tres comisiones informativas municipales; miembro de la Junta del Gobierno Local; representante de la Corporación en la Asamblea del Consorcio de Bomberos de Valencia y en la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias de la Generalitat Valenciana con 42 euros por desplazamiento y Tesorera-depositaria, con retribución de 150 euros al mes.

La cabeza de lista del PP recurrió los nombramientos de la concejala no adscrita y un juzgado de lo Contencioso-Administrativo le dio la razón al anularlos por considerar probado que los mismos fueron una compensación por romper la disciplina de su partido. La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia. Disconforme con ella, el Ayuntamiento de Font de la Figuera recurrió ante el Tribunal Supremo que ahora anula la sentencia recurrida exclusivamente en la parte del fallo que anula la integración de la concejala no adscrita en las comisiones informativas.

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Reyes Maroto: «La entrada de Canarias en los corredores seguros de Reino Unido es una excelente noticia»

29 de octubre, 2020

Tras el anuncio del Gobierno británico

Reyes Maroto: «La entrada de Canarias en los corredores seguros de Reino Unido es una excelente noticia»

Jueves 22 de octubre de 2020

La Moncloa

El ministro de Transportes de Reino Unido, Grant Shapps, acaba de incluir a las Islas Canarias en la lista de territorios seguros para viajar, lo que implica que los ciudadanos que entren en ese país procedentes del archipiélago estarán exentos de guardar cuarentena y se eliminan las restricciones de viajes. La apertura entrará en vigor el domingo 25.

Además, el Gobierno alemán también ha eliminado las restricciones de viajes y las cuarentenas a Canarias, una medida que entrará en vigor el 24 de octubre.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, considera que «la entrada de Canarias en los «corredores seguros» de Reino Unido es una excelente noticia y da una nueva oportunidad a las Islas para iniciar su temporada turística con mejores perspectivas». «Los gobiernos de España y Canarias junto con cabildos, municipios turísticos y agentes sociales canarios hemos trabajado intensamente en los últimos meses para reforzar la imagen de Canarias como destino seguro, un trabajo que empieza a dar sus frutos».

Maroto ha recordado que desde el pasado 9 de octubre, Canarias y Baleares disponen de un protocolo que permite la apertura de corredores turísticos y que incluye un sistema de test en origen y destino que garantiza a los turistas que visiten los archipiélagos viajes seguros. Además, ha celebrado que el Reino Unido haya decidido adoptar un enfoque regional en sus recomendaciones de viaje, como siempre ha defendido España.

El Reino Unido y Alemania son los dos países de origen de la mayoría de turistas que deciden pasar parte del invierno en las islas, con lo que esta decisión de los principales países emisores supone un importante respiro para Canarias cuando inicia su temporada turística de invierno.

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La Sala de lo Contencioso Administrativo ratifica el cierre perimetral de La Rioja porque “preserva la vida y la salud de los ciudadanos”

29 de octubre, 2020

Lunes, 26 de octubre de 2020

La Sala de lo Contencioso Administrativo ratifica el cierre perimetral de La Rioja porque “preserva la vida y la salud de los ciudadanos”

El Tribunal no se pronuncia sobre aforos, distancias y horarios en establecimientos y ciertas actividades por no afectar a derechos fundamentales, por lo que no necesitan ser ratificados

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR ha ratificado el cierre perimetral de La Rioja acordado por el Consejo de Gobierno el pasado 21 de octubre por el que, desde las 00.00 horas del pasado 23 de octubre hasta las 00.00h del 7 de noviembre “se restringe la libre entrada y salida de personas en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, salvo aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados”. Esta medida adoptada por el gobierno regional para la contención de la pandemia afecta al derecho de la libertad de circulación que contempla el art. 19 de la Constitución.

Sin embargo, el Tribunal no ratifica otras medias que se refieren a “aforos, distancias y horarios” porque no afectan a derechos fundamentales y no es necesario que la autoridad judicial se pronuncie, por lo que se encuentran en vigor. El Tribunal estima que se trata “de actuaciones sujetas a la intervención de la administración” y no a derechos y libertades fundamentales.

El cierre perimetral ha sido ratificado por la Sala en virtud de los informes epidemiológicos sobre la incidencia acumulada y presión asistencial hospitalaria aportados.

En el auto, el Tribunal afirma que las medidas adoptadas “son proporcionadas en atención a las circunstancias” y añade que “no suponen un sacrificio desmedido de los derechos fundamentales afectados, ya que no existe una prohibición absoluta de ningún derecho fundamental sino una modulación del derecho a la libertad de circulación”.

La Sala, en su auto de ratificación, considera que las medidas que afectan al derecho a la libre circulación son “idóneas y necesarias para el fin perseguido, evitar la concentración y el movimiento de personas y con ello la propagación del virus”. El Tribunal añade que “las limitaciones proyectadas sobre las libertades de movimiento persiguen el fin constitucional legítimo de preservar la vida y salud de los ciudadanos”.

Este auto de ratificación ha sido necesario porque las medidas acordadas por el Gobierno de La Rioja se adoptaron antes del Real Decreto del Gobierno por el que se declara un nuevo Estado de Alarma, en el que no es necesaria la ratificación de medidas con restricciones a derechos fundamentales por parte de los Tribunales Contencioso Administrativos.

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Edificio bancario. Santander

28 de octubre, 2020
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El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021

28 de octubre, 2020

Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021

La Moncloa, Madrid, martes 27 de octubre de 2020

Las cuentas públicas recogen el mayor gasto social de la historia y tienen como objetivo combatir los efectos de la crisis provocada por el COVID-19, la reconstrucción social y económica del país y la transformación de su modelo productivo. El Ejecutivo también ha acordado solicitar al Congreso la prórroga del estado de alarma declarado el domingo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que incorporan un primer tramo de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que son unos presupuestos imprescindibles para la reconstrucción del país, tal y como han apuntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una comparecencia previa a la reunión del Ejecutivo.

Montero ha añadido que son unos presupuestos para el crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión social, que nacen en un momento en el que el mundo está sufriendo la mayor pandemia que hemos conocido durante un siglo: «Son los presupuestos que necesita el país en un momento excepcional».

María Jesús Montero ha informado de que el gasto no financiero del Estado asciende a 194.456 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la aprobada como techo de gasto el pasado 6 de octubre.

El capítulo de gasto más relevante es el de las transferencias corrientes, que alcanza 136.502 millones de euros. El gasto de personal registra un aumento del 4,2%, que incluye el aumento del sueldo de los empleados públicos un 0,9%. El capítulo de inversión incorpora 19.668 millones de ayudas europeas y el capítulo que menos se incrementa es el relativo a los intereses de la deuda.

Presupuesto de gastos: El mayor gasto social de la historia

Pensiones y servicios sociales

María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosFoto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaLa portavoz ha resaltado que el gasto social, que alcanza los 239.765 millones de euros, es el mayor de la historia, representa un 10% más que el año pasado e incluye casi 9.000 millones de fondos europeos. Sin la ayuda de esos fondos crecería un 6%, ha precisado la ministra, quien ha recalcado que las partidas de gasto social están en el ADN del Ejecutivo.

La revalorización de las pensiones un 0,9% y la subida del 1,8% de las prestaciones no contributivas beneficiarán a más de 10 millones de personas. Montero ha subrayado que el Gobierno cumple así su compromiso de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Las partidas destinadas a servicios sociales y protección social se incrementan un 70,3% si se suman los fondos europeos. La portavoz ha incidido en que la lucha contra la pobreza y la exclusión social constituyen un eje prioritario: «Las políticas para combatir la pobreza infantil van a recibir un 59% más de dotación que en años anteriores».

De igual modo, Montero ha resaltado que el presupuesto incorpora 3.000 millones de euros para consolidar el Ingreso Mínimo Vital, que beneficiará a 850.000 hogares y es «un arma estratégica en la lucha contra la pobreza severa».

Otra medida para favorecer a los colectivos más vulnerables es la subida del 5% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es el índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo.

La ministra también ha recalcado que se equiparan por primera vez en España los permisos de maternidad y paternidad al ampliarse estos de 12 a 16 semanas.

La partida destinada a luchar contra la violencia de género alcanzará los 180 millones de euros cumpliendo así el pacto de Estado contra esta lacra firmado con las formaciones políticas.

La mayor partida de becas de la historia

Los presupuestos garantizan la educación pública y de calidad con una dotación del 70,2%, incluyendo los fondos europeos, dirigida a fortalecer las competencias digitales tanto del profesorado como de los alumnos, a impulsar la Formación Profesional y a extender la educación infantil de 0 a 3 años en colaboración con las comunidades autónomas.

María Jesús Montero ha defendido que el talento de los jóvenes no puede limitarse por la renta de sus familias, por lo que las cuentas públicas contemplan la mayor partida de becas de la historia: 2.090 millones de euros, 2.017 millones más que en el ejercicio anterior.

Financiación sanitaria sin precedentes

La portavoz del Ejecutivo ha avanzado que los presupuestos refuerzan las capacidades del sistema sanitario ante la pandemia de COVID-19 y mejoran la capacidad de respuesta en los niveles preventivo, asistencial, hospitalario y de atención primaria.

La inversión en sanidad se incrementa un 75,3% y contará con 7.330 millones de euros si se suman los fondos nacionales y europeos. María Jesús Montero ha dicho que «es una oportunidad para que el conjunto del sistema sanitario se pueda reforzar en las áreas que se han identificado como más críticas».

Empleo y vivienda

Las políticas de desempleo contarán con 4.191 millones más para dar respuesta a las necesidades que se derivan de la pandemia y el fomento del empleo subirá en torno al 30%.

Los presupuestos también recogen un incremento de las políticas de vivienda del 25% respecto al año anterior, a lo que hay que sumar actuaciones que se financian con cargo al mecanismo europeo.

En conjunto, ha anticipado la ministra de Hacienda, el Ejecutivo destinará más de 2.250 millones para promover el alquiler asequible, la construcción de vivienda – fundamentalmente pública- y la rehabilitación para incorporar sistemas de eficiencia energética.

Investigación, digitalización e industria estratégica

Foto: Pool Moncloa/JM CuadradoLas cuentas públicas, según ha explicado la ministra, impulsarán la competitividad a través de la innovación, la investigación y el conocimiento de las áreas emergentes. En este sentido, suponen «un esfuerzo sin precedentes en I+D+i y digitalización, áreas que recibirán 12.344 millones de euros.

María Jesús Montero ha manifestado que la voluntad del Gobierno es hacer de la industria, que amplía su dotación en más de 5.690 millones de euros, un sector estratégico con más peso en la economía: «Queremos impulsar un tejido industrial cada vez más sostenible, viable, digitalizado dentro de un proyecto económico descarbonizado y circular».

Igualmente se incrementan en más de 1.300 millones de euros las partidas para pymes, comercio y turismo.

Otro de los incrementos en las partidas de gastos más relevantes es el relativo a infraestructuras, que contarán con más de 11.527 millones de euros

Fondos europeos

María Jesús Montero ha precisado que el 21% de los fondos europeos se destinarán a industria y energía para favorecer la transformación de nuestro sistema productivo; un 17,8% a investigación, desarrollo, innovación y digitalización y las infraestructuras y ecosistemas resilientes recibirán el 17,6% de los fondos, seguidos de sanidad, educación, acceso a la vivienda, comercio, turismo y pymes. «Los recursos tienen dos objetivos: avanzar hacia ese modelo de crecimiento sostenible, innovador y digital y, al mismo tiempo, reforzar estas políticas sociales».

Estabilidad presupuestaria

La ministra ha reiterado que el hecho de que estemos ante un presupuesto expansivo, impulsado por el Plan de Recuperación Europea, no significa que el Gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria.

El Ejecutivo ha suspendido las reglas fiscales, ha recordado Montero, pero su voluntad es sanear las cuentas públicas y bajar el déficit público en 2021: «Este año estimamos que el déficit va a cerrar en torno al 11,3% y para el año que viene prevemos que se reduzca al 7,7%».

La Administración General del Estado, según las previsiones, reducirá el déficit del 6,6% al 2,4%, y el déficit de las comunidades y de los ayuntamientos podría subir si utilizan sus remanentes de tesorería. El de la Seguridad Social se estima que bajará al 3% porque el mayor gasto para combatir la pandemia se ha producido este año.

Presupuesto de ingresos

María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosFoto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaLa ministra de Hacienda ha afirmado que la recuperación de la actividad prevista para el año que viene se traducirá en un incremento de la recaudación fiscal. De hecho, ha señalado, esta recaudación ya se está comportando mejor que la propia economía en 2020, porque, aunque se ha reducido como consecuencia de la menor actividad provocada por la pandemia, lo ha hecho en un porcentaje más bajo que la riqueza del PIB: «En 2020 la recaudación tributaria cae un 7,6% en nuestra previsión, 3,6 puntos menos que el PIB nominal».

En opinión de Montero, este hecho no es casual, sino que se ha debido, entre otras, a las medidas de protección de las rentas aprobadas por el Gobierno, con los ERTES como principal herramienta.

Modificaciones tributarias puntuales previas a una reforma fiscal en profundidad

Montero ha expresado la intención del Ejecutivo de abordar una reforma fiscal en profundidad cuando la crisis sanitaria se haya superado y se haya recuperado por completo la estabilidad económica. La ministra ha afirmado que es necesario adecuar la el sistema tributario actual al de los países europeos de nuestro entorno y a la realidad económica del siglo XXI, solventando, por ejemplo, el anacronismo de tener «una tributación analógica para una economía digital».

El Gobierno, ha anunciado, nombrará un comité de expertos para asesorarlo. Para el próximo ejercicio, no obstante, se han incorporado ya algunas modificaciones tributarias puntuales avaladas por organismos nacionales, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), o internacionales como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los cuatro objetivos de estos ajustes fiscales son, según la ministra, «ganar progresividad, favorecer el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, apoyar hábitos de vida saludable y avanzar en fiscalidad verde».

IRPF, impuesto de sociedades e impuesto de patrimonio

El Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se incrementará en dos puntos para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros anuales. Esta subida, ha dicho la ministra, tendrá efectos solo en un 0,7% de los contribuyentes. En la parte de rentas de capital y de ahorro se establece una subida de 3 puntos a partir de los 200.000 euros, una medida recomendada por la OCDE y que afectará a aproximadamente 17.000 contribuyentes de un total de 21 millones.

En cuanto al Impuesto de sociedades, la ministra de Hacienda ha explicado que en 2021 se limitará al 95% la actual exención del 100% por plusvalía o dividendo generado por las filiales, una medida «que afectará a 1.739 empresas, un 0,12% de las más de millón y medio que tenemos en nuestro país». Las compañías con un volumen de negocio inferior a 40 millones de euros podrán seguir aplicando la exención del 100% durante los próximos tres años.

El Impuesto sobre el patrimonio tendrá vigencia indefinida y se incrementa en un punto, del 2,5 al 3,5%, el gravamen del último tramo, que es el que está por encima de los 10 millones de euros. Montero ha avanzado que el Ejecutivo prevé una armonización en todo el Estado de este impuesto transferido a las comunidades autónomas para evitar que se produzca «competencia desleal» entre ellas y dumping fiscal.

Autónomos y Planes de Pensiones

Montero ha anunciado que se van a prorrogar durante 2021 los límites del régimen de módulos para autónomos para ayudar así a uno de los colectivos más afectados por la crisis.

Respecto a los planes individuales de pensiones, el límite de aportaciones máximas bajará de 8.000 a 2.000 euros, en línea con las recomendaciones de Airef y la Comisión Europea. Esta medida, ha advertido Montero, afecta a un número muy reducido de contribuyentes, puesto que, según datos de la Airef, solo un 8% de ellos hacen aportaciones superiores a 4.000 euros, y el 58% lo hacen por debajo de 1.000 euros.

Subida del IVA en bebidas azucaradas y edulcoradas

Las bebidas azucaradas y edulcoradas pasarán de tener un IVA del 10% a un 21% en con el objetivo de combatir la obesidad infantil y enfermedades asociadas como la diabetes. En bares y restaurantes, estas bebidas seguirán tributando al 10%a actual «para no perjudicar a la restauración en un momento tan delicado como el actual», ha apuntado la ministra.

Fiscalidad verde

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaMontero ha marcado como prioridad del Ejecutivo avanzar en los políticas que incentivan los «comportamientos protectores» para el medio ambiente, y penalizan los «agresivos».

Así, se ha propuesto la supresión de la bonificación fiscal del diésel, de forma que el tipo estatal general del gasóleo pasará de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5. «Este precio sigue siendo inferior a la gasolina», ha continuado la ministra, «pero el objetivo es ir equiparando de forma progresiva estos dos hidrocarburos como mensaje claro de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo en relación con la automoción, y enfocarla hacia una movilidad más sostenible».

Montero ha defendido que la medida no tiene afán recaudatorio, y ha puesto como ejemplo que, en un depósito de 50 litros, el incremento va a suponer solo 2,3 eu, IVA incluido, o 3,45 euros al mes por 15 mil kilómetros al año.

Se mantienen sin alteración la tributación actual sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado.

Primas de seguros

La ministra de Hacienda ha destacado, por último, la modificación, por primera vez en más de 20 años, del impuesto sobre primas de seguros. El gravamen actual del 6% pasará a ser del 8%, un porcentaje, que según la ministra, sigue estando por debajo de la media europea.

Nuevos impuestos

Montero ha señalado que están previstos nuevos tributos, ya aprobados como el de Determinados Servicios Digitales y el de Transacciones Financieras, o en tramitación, como los impuestos sobre envases de plástico no reutilizables, que tendrán reflejo futuro en el presupuesto de ingresos para 2021, aunque todavía no han sido incluidos.

«Estas medidas, junto con la lucha contra el fraude fiscal, supondrán un incremento de los ingresos de 4.223 millones, lo cual es imprescindible para el sostenimiento del Estado de bienestar», ha afirmado.

Solicitud de prórroga del estado de alarma durante 6 meses

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados la prórroga, durante 6 meses, del estado de alarma declarado este pasado domingo por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.

La portavoz del Gobierno ha explicado que la solicitud plantea suprimir la vigencia actual de las limitaciones de movilidad entre las 23 horas y las 6 de la mañana, de forma que sea el presidente de cada comunidad autónoma, como autoridad competente, la que establezca estas restricciones horarias, u otras, en función de la evolución de la pandemia en su territorio.

Montero ha insistido en que el estado de alarma da «amparo constitucional» a las medidas que aplican las comunidades autónomas y para preservar la salud de la ciudadanía y doblegar la curva en esta segunda ola de la pandemia. En este sentido, ha solicitado una vez más a la ciudadanía que contribuya a este objetivo cumpliendo con responsabilidad las recomendaciones sanitarias.

Más de 28.000 plazas en la Oferta de Empleo Público para 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2020, que sumará un total de 28.055 plazas entre personal funcionario de carrera y laboral.

Para la Administración General del Estado (AGE) se convocarán 18.323 plazas, de las cuales 9.227 serán de acceso libre y 8.996 por promoción interna. Esta última cifra, ha destacado la ministra Montero, supone la mayor convocatoria de promoción interna de la historia de la AGE.

El resto de plazas están destinadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (5.540), Fuerzas Armadas (1.857), Administración de Justicia (1.452), Administración local con habilitación de carácter nacional (549), Entes Públicos (256), docentes AGE (47), personal del Instituto de Gestión Sanitaria (26) y Consejo General Poder Judicial (5).

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La Audiencia de León resuelve que los accionistas de Banco Popular pueden litigar contra Banco Santander por la nulidad en la adquisición de títulos

28 de octubre, 2020

Martes, 27 de octubre de 2020

La Audiencia de León resuelve que los accionistas de Banco Popular pueden litigar contra Banco Santander por la nulidad en la adquisición de títulos

Los accionistas están legitimados para solicitar la nulidad del contrato por incumplimiento del deber de información y para exigir la restitución procedente

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de León ha dictado una sentencia, que refleja el criterio unificado por las dos secciones civiles, sobre un procedimiento de nulidad del contrato de venta de acciones de sociedades de Banco Popular -ahora de Banco Santander- sometidas a proceso de resolución.

La Audiencia ha resuelto que los accionistas de Banco Popular, que perdieron el valor de sus acciones por la amortización acordada por el FROB, están legitimados para solicitar la nulidad del contrato por incumplimiento del deber de información del banco emisor de las acciones y, en particular, por errores, omisiones u ocultaciones del folleto de emisión, y además para exigir la restitución procedente.

Según el Tribunal, la decisión adoptada por el FROB solo acuerda la reducción del capital social de Banco Popular a cero y un simultáneo aumento de capital con transmisión íntegra de las acciones a Banco Santander (accionista único), por lo que solo afecta a las acciones amortizadas, no a derechos ni a obligaciones ni, en particular, al derecho de los adquirentes para solicitar la nulidad por error en la contratación.

La Audiencia ha señalado que Banco Popular no se extinguió por resolución del FROB, sino que continuó con todo su activo y pasivo después de haberse dictado; se extinguió, con posterioridad, al fusionarse, por absorción con Banco Santander, que le sucedió en su posición jurídica a todos los efectos.

Por tanto, según el Tribunal, Banco Santander está legitimado para ser demandado en procedimientos seguidos para resolver sobre nulidad por error en la adquisición de las acciones de Banco Popular.

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La economía española continúa en deflación en septiembre, acumulando seis meses de caída del IPC

28 de octubre, 2020

14 octubre 2020

La economía española continúa en deflación en septiembre, acumulando seis meses de caída del IPC

CEOE

IPC web Septiembre

La crisis económica sin precedentes de la economía española presiona a los precios a la baja.
En septiembre, la inflación se situó en el -0,4%, una décima por encima que el mes anterior, debido al menor descenso de los precios de los productos energéticos y el aumento de los precios de los alimentos sin elaboración.

En el mes de septiembre, la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) aumenta una décima hasta el -0,4%, acumulando seis meses en negativo. La inflación modera su ritmo de caída, debido al menor descenso de los precios de los productos energéticos y al aumento de los precios de los alimentos sin elaboración.

Por su parte, la inflación subyacente frena la senda de desaceleración iniciada en julio y se mantiene en el 0,4%, tras un largo periodo de estabilidad en torno al 1%. Analizando sus componentes, se observa que se mantienen en tasas muy moderadas. Así, los precios de los Servicios aumentan una décima hasta el 0,3%, los precios de los Bienes industriales sin productos energéticos minoran su tasa de variación una décima hasta el 0,2%, y los Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco disminuyen una décima su variación interanual hasta el 1,1%.

Los precios de los Alimentos sin elaboración, sin embargo, aumentan siete décimas su tasa de variación hasta el 4,2%, y continúan configurándose como el componente más inflacionista de la cesta, concentrándose los aumentos más intensos en las rúbricas de frutas frescas, carne de ovino y legumbres y hortalizas.

Los precios energéticos en el mes de septiembre continúan moderando su ritmo de caída. En concreto, la tasa interanual en este mes de los precios de los productos energéticos ha sido del -8,5%, ocho décimas menos que el mes anterior (-9,3%).

En septiembre, el precio del petróleo rompió la tendencia alcista de los últimos meses. El crudo Brent se situó en 40,7$/barril de media mensual, un -10,2% inferior al precio de agosto, mientras que en términos interanuales el descenso se agudizó hasta el -35,9%. Entre los factores que han influido en el retroceso de los precios, destacan el recorte en las previsiones de la demanda mundial de petróleo por parte de la Agencia Internacional de la Energía y de la OPEP, ante las dudas sobre la intensidad de la recuperación de la economía. Para los próximos meses se estima que los precios se mantengan relativamente estables, entre los 40$/barril y los 50$/barril al menos hasta mediados de 2021, por lo que la energía seguirá presionando la inflación a la baja.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado se mantuvo en el -0,6% en septiembre y el índice promedio de la Unión Económica y Monetaria disminuyó una décima hasta el -0,3%, según recoge el indicador avanzado de Eurostat. Así, el diferencial negativo con la zona euro continúa disminuyendo y se sitúa en tres décimas, frente a los 1,1 puntos porcentuales del mes de abril. De cara a los próximos meses, la inflación continuará registrando tasas negativas, si bien cada vez más moderadas y estará condicionada por el comportamiento de los precios del petróleo y la caída de la demanda de algunos bienes y servicios derivada de la crisis del coronavirus. En el conjunto del año 2020, anticipamos una tasa media del IPC ligeramente negativa (-0,2%).

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“Justicia 2030 es el plan más ambicioso jamás pensado para la administración de Justicia desde la transición española”

28 de octubre, 2020

En la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Campo: “Justicia 2030 es el plan más ambicioso jamás pensado para la administración de Justicia desde la transición española”


Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia ha señalado en una conferencia en Sevilla que “el modelo de la Justicia del futuro que habíamos proyectado en nuestras mentes, se ha adelantado en el tiempo”, en alusión a los cambios propiciados por la pandemia.

19 de octubre de 2020.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pronunciado hoy una conferencia titulada “Justicia 2030: más allá de la Justicia”, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En la intervención Campo ha señalado que el programa “Justicia 2030 es el plan más ambicioso jamás pensado para la administración de Justicia desde la transición española”.

En ese sentido, el ministro ha indicado que “el modelo de la Justicia del futuro que habíamos proyectado en nuestras mentes, se ha adelantado en el tiempo”, en alusión a los cambios propiciados por la pandemia.

En su diagnóstico de la Justicia en España, el ministro ha explicado que no es un problema de recursos económicos ni recursos personales, sino más bien de su ensimismamiento y falta de una mirada más atenta a la sociedad. También ha hecho hincapié en que “la Justicia tiene que sincronizarse con una realidad que es cambiante”.

En este sentido, Campo ha comentado que “en breve aprobaremos en Consejo de Ministros la Ley de medidas de justicia digital y sostenible, que constituye nuestra apuesta de agilización procesal del servicio público: un gran impulso a la implantación de soluciones más ágiles y eficientes en la tramitación de los pleitos en los cuatro órdenes jurisdiccionales”.

El ministro también ha apuntado que “se trata de un proyecto dinámico, que nace para ser mejorado en base al diálogo, la cooperación y la cogobernanza con los actores de la justicia, la sociedad civil y con las administraciones responsables, para tomar decisiones de una manera más consensuada y eficaz”.

Además, Campo ha apuntado que se ha presentado con un programa económico específico, “ya que hemos alineado Justicia 2030 con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó el Presidente del Gobierno el pasado día 7 de octubre”.
Entre los proyectos tecnológicos incluidos, Campo ha destacado las oficinas municipales de Justicia (los Juzgados de Paz del siglo XXI), el proyecto de transformación digital del modelo de Registro Civil o la Inteligencia artificial aplicada a la Justicia y orientada al dato.

Principales proyectos normativos

En cuanto a los principales proyectos normativos a desarrollar incluyen la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexual; los delitos de maltrato y abandono animal; o la adaptación de los delitos de rebelión y sedición para actualizarlos al siglo XXI.

Asimismo, el ministro ha destacado la reforma de la LECrim, que supondrá “la superación de la figura del juez instructor”, al transferir la instrucción a manos del fiscal.

Por último, Campo ha concluido explicando que “la nueva normalidad ha venido para quedarse un tiempo. Desde el Ministerio de Justicia haremos todo lo que esté en nuestra mano para seguir garantizando una tutela judicial efectiva y los principios y valores de nuestro ordenamiento jurídico en un contexto de incertidumbre”.

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Nieve en la montaña palentina

27 de octubre, 2020
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Ábalos preside la puesta en servicio de un nuevo tramo de la línea de Alta Velocidad a Galicia, entre Zamora y Pedralba de la Pradería

27 de octubre, 2020

Ábalos preside la puesta en servicio de un nuevo tramo de la línea de Alta Velocidad a Galicia, entre Zamora y Pedralba de la Pradería

Lunes 26 de octubre de 2020

La Moncloa

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha presidido , junto a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la puesta en servicio de este tramo de 110 kilómetros y 898 millones de euros de inversión.

En el acto han participado también el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez Torrón, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas.

Esta infraestructura, ha supuesto un gran esfuerzo político, económico y técnico, con 14 viaductos y 9 túneles, con el sistema europeo de gestión del tráfico ERTMS nivel 2, que también se ha incluido en el tramo Olmedo-Zamora, y diseñado para velocidades máximas de 300 km/h.

José Luis Ábalos ha subrayado que con el impulso que se está dando a este último tramo, «permite a ADIF trabajar con la previsión de tener todas las obras concluidas a finales de año y la puesta en servicio, siempre condicionada a la autorización de la Agencia, la esperamos para el segundo semestre de 2021».

Para el responsable del Departamento, la puesta en servicio de esta obra se traduce en mejoras reales para los usuarios a partir de mañana con la reducción en los tiempos de viaje para todas las ciudades gallegas, «con la que por fin el tren a Galicia puede ganar a la carretera, con la consiguiente mejora en seguridad y sostenibilidad».

Y todo «gracias a una determinación política necesaria para que esta puesta en servicio se convierta en realidad, con una gestión eficaz en una actuación que llevaba años enmarañada», ha expresado Ábalos.

Además, dentro de este tramo que hoy se inaugura, continúan los trabajos en la nueva estación de «Sanabria Alta Velocidad» que se espera tener disponible en diciembre. Hasta entonces, los usuarios dispondrán de un plan alternativo de transporte por carretera con la estación de A Gudiña.

Último paso para la Alta Velocidad a Galicia

Ábalos ha afirmado que la puesta en servicio de hoy representa un punto de inflexión respecto al atraso en las conexiones ferroviarias gallegas y que «trabajamos a un ritmo intenso en el tramo que resta para completar la conexión de Alta Velocidad a Galicia: el tramo entre Pedralba de la Pradería y Ourense».

Se trata de uno de los tramos más complejos de la Alta Velocidad Ferroviaria de España y de Europa que, para el ministro, «explica el montante de las inversiones que conlleva la Alta Velocidad gallega: 4.750 millones de euros, a los que habría que sumar la inversión en el Eje Atlántico de Alta Velocidad».

En este sentido, Ábalos ha destacado que la inmensa mayoría de estas cantidades ya están ejecutadas con una alta eficiencia en relación a otros países y que ha sido posible, en gran medida, por la solidaridad europea.

Compromiso con el Noroeste peninsular

Con la inauguración del tramo de Alta Velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pradería, un tramo cuyas labores de mantenimiento se realizarán desde la Base de la Hiniesta en Zamora, Ábalos ha querido mostrar el compromiso del Gobierno con Galicia, Castilla y León y Asturias y la visión de futuro para el Noroeste peninsular, que es el cuadrante más afectado por el proceso de pérdida de población.

El ministro ha asegurado asimismo que el Corredor Atlántico recibirá el mismo impulso inversor que el Mediterráneo en el Plan Europeo de Recuperación, dado que ambos Corredores ferroviarios son una prioridad para el Gobierno.

En los 28 meses que Ábalos lleva al frente del Ministerio, la inversión real ejecutada por Mitma en las tres comunidades del noroeste peninsular asciende a 2.830 millones de euros, el 24,3% del total, duplicando casi lo que es su peso demográfico (el 13%).

«Tenemos que atender a las necesidades reales de los ciudadanos», ha dicho el ministro sobre el agravio que representan los peajes de la AP9 en Galicia en la movilidad diaria para muchos gallegos. «Un agravio que, por primera vez este gobierno va a enfrentar, como se verá en los presupuestos». Unos presupuestos que, según Ábalos, verán reflejados el compromiso con la calidad y el mantenimiento de la red ferroviaria y de carreteras existente.

Respecto a la red de Alta Velocidad a Castilla y León, que está más avanzada que en otros territorios, Ábalos ha afirmado que «necesita completarse y que se culminen algunas actuaciones pendientes, de inversión y de material móvil, que se traducirán en mejoras en las conexiones de muchas ciudades», entre ellas Zamora y Puebla de Sanabria.

Por último, el ministro ha recordado que la lucha contra la COVID-19 sigue siendo la prioridad para el Gobierno, pero «es importante no parar nada que pueda continuar dentro del marco de las medidas sanitarias y así, prepararnos para el futuro. Y por eso, con esfuerzo y compromiso en este tiempo hemos podido completar este tramo, pese a las difíciles condiciones de los últimos 8 meses» y ha destacado la oportunidad que supone el Plan Europeo de Recuperación Económica que «tenemos que aprovecharlo».

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El TSJ de Castilla y León no ratifica las restricciones de movilidad adoptadas por la Junta antes de la declaración del Estado de Alarma

27 de octubre, 2020

Lunes, 26 de octubre de 2020

El TSJ de Castilla y León no ratifica las restricciones de movilidad adoptadas por la Junta antes de la declaración del Estado de Alarma

La Sala cree que la Junta no puede adoptar una medida de esa intensidad como competencia propia y al amparo de la Ley Orgánica 3/86, sino que debe hacerlo dentro del Estado de Alarma

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL no ha ratificado el acuerdo 73/2020 (23 de octubre) de la Junta de Castilla y León por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas por motivos muy graves de salud pública.

La Sala entiende que “la medida adoptaba en el Acuerdo 73/2020 rebasa el presupuesto habilitante de la Ley 3/1986, tanto por la extraordinaria situación de crisis sanitaria mundial existente, persistiendo en el tiempo, como por la intensidad de la afectación del derecho fundamental a la libre circulación de las personas, que queda en suspenso durante una franja horaria para toda la población de Castilla y León, de forma indiferenciada, sin distinción, a diferencia de lo realizado en las medidas anteriores, entre municipios más o menos afectados por la enfermedad transmisible, lo que exige una ley que la posibilite con las garantías y exigencias de la doctrina constitucional sobre esta materia”.

“Así se ha hecho ahora mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2.No basta para justificar el Acuerdo, frente a lo que se dice en su Exposición de Motivos y en la solicitud de ratificación, que se remitiera ante la situación epidemiológica y sanitaria de la pandemia en Castilla y León por la Covid-19 y su extrema gravedad, una carta al Presidente de Gobierno de España solicitando una medida de ‘toque de queda’ (concepto no jurídico frente al de limitación o restricción del derecho de circulación) ‘con el instrumento normativa que proceda’ y no formalmente la declaración del estado de alarma”, señala el Tribunal.

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El Tribunal Supremo desestima el recurso de Puigdemont contra la orden de detención y la petición de la suspensión de inmunidad al Parlamento Europeo

27 de octubre, 2020

Lunes, 26 de octubre de 2020

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Puigdemont contra la orden de detención y la petición de la suspensión de inmunidad al Parlamento Europeo

La Sala analiza el alcance de las inmunidades y subraya que los recurrentes olvidan que en este caso “no se trata de la emisión de una orden de detención contra un europarlamentario, sino de la adquisición de esa condición por unas personas contra las que, con anterioridad a ese momento, se habían emitidos órdenes de detención, por la presunta comisión de hechos que podían ser constitutivos de graves delitos”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado los autos del instructor de la causa del “Procés”, Pablo Llarena, de 10 de enero y 4 de marzo de 2020 en los que acordó mantener las órdenes nacionales, internacionales y europeas de detención contra el expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig, y pedir al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad correspondiente a los europarlamentarios Carles Puigdemont y Antoni Comín.

La Sala de Apelación desestima los recursos planteados por los cuatro recurrentes contra los citados autos, en los que solicitaban que se dejasen sin efecto dichas órdenes de detención que consideraban incompatibles con las inmunidades que les corresponden como eurodiputados a algunos de ellos (Puigdemont y Comín).

El tribunal señala que teniendo en cuenta que los recurrentes han sido procesados por hechos que pueden ser constitutivos de delitos graves y que se han posicionado en situación de rebeldía, “las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión han de considerarse justificadas, al ser absolutamente necesarias en orden a asegurar la acción de la Justicia, que no solo exige la posibilidad de practicar diligencias, sino garantizar que los procesados se encuentren a disposición del tribunal”. Asimismo, explica que la existencia de las órdenes de detención que se impugnan no han impedido a los recurrentes alcanzar la condición efectiva de europarlamentarios, ni tampoco asistir a las sesiones del Parlamento.

La Sala analiza el alcance de las inmunidades y subraya que los recurrentes olvidan que en este caso “no se trata de la emisión de una orden de detención contra un europarlamentario, sino de la adquisición de esa condición por unas personas contra las que, con anterioridad a ese momento, se habían emitidos órdenes de detención, por la presunta comisión de hechos que podían ser constitutivos de graves delitos”. Y, en esas circunstancias, -indica la Sala- el TJUE entendió, en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, que es posible que un tribunal interno, si lo considera necesario, mantenga la situación de prisión provisional previamente acordada respecto de una persona que ha adquirido con posterioridad la condición de europarlamentario, siempre que, a la mayor brevedad solicite al Parlamento la suspensión de la inmunidad.

A este respecto, afirma que eso es precisamente lo que se ha hecho en la presenta causa, en la que, manteniendo las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, ya se ha solicitado del Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de los recurrentes que tienen la condición de europarlamentarios y que se encuentran en el territorio de otro Estado miembro.

La Sala recuerda que el procesamiento de los recurrentes se acordó antes de que adquiriesen la condición de miembros del Parlamento europeo. En esta línea, afirma que “no se aprecia contradicción con el derecho europeo, en la medida en que en el derecho interno se reconocen a los europarlamentarios las mismas inmunidades de los parlamentarios nacionales, y que, es el propio derecho europeo el que se remite a la regulación de cada Estado. Tampoco con la finalidad reconocida a las inmunidades, ya que no puede considerarse persecución arbitraria perturbadora de la función del Parlamento la acción de la justicia de un Estado miembro, iniciada con mucha anterioridad a la adquisición de la condición de parlamentario y por hechos que nada tienen que ver con sus funciones como tal”.

El tribunal señala que la finalidad de la inmunidad es garantizar que el eurodiputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecuciones políticas arbitrarias, operando como una garantía de la independencia e integridad del Parlamento. “Pero no tienen como finalidad establecer una absoluta inmunidad frente a la acción de la Justicia, con mayor razón cuando se trata de hechos y de procesos anteriores a la adquisición de la condición de europarlamentario, y sin que aquellos presenten relación alguna con las funciones que se le asignan como tal. Dicho de otra forma, la acción justificada de la Justicia no puede ser valorada como una persecución política arbitraria”, subrayan los magistrados.

En consecuencia, concluye que no puede valorarse de igual forma la situación de quien es perseguido judicialmente después de ser elegido parlamentario, que la de quienes, habiéndose incoado ya el procedimiento penal por hechos no relacionados con aquellas funciones, adquiere después aquella condición.

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La AIReF señala que los incentivos a la contratación no pueden sustituir a las reformas estructurales para combatir la temporalidad y el desempleo

27 de octubre, 2020

La AIReF señala que los incentivos a la contratación no pueden sustituir a las reformas estructurales para combatir la temporalidad y el desempleo

14 octubre 2020

• La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal analiza siete tipos de incentivos, cuyo importe supuso alrededor de 2.000 millones de euros en 2018

• La institución concluye que los incentivos facilitan la obtención de empleo en periodos de crisis, pero los efectos positivos son modestos y no perduran en el tiempo

• Considera que hay que dirigir los incentivos a colectivos muy específicos de baja empleabilidad, articular un menor número de incentivos y homogeneizar los requisitos sobre las empresas beneficiarias

• Reclama una mayor coordinación entre todas las administraciones y con las demás políticas activas, en particular la formación, y afirma que hay que realizar un seguimiento y evaluación continuos del sistema de incentivos

• Para fomentar el trabajo autónomo, la AIReF recomienda ir hacia un sistema de cotizaciones acorde a los ingresos y, mientras tanto y dado el contexto económico, mantener la tarifa plana reforzando la inspección

• La AIReF propone también concentrar esfuerzos en mejorar los contratos de formación, en particular su componente formativo, e impulsar su uso por parte de las empresas

• Apuesta por rediseñar los incentivos a la contratación de personas con discapacidad poniendo el foco en los colectivos con especiales dificultades, especialmente en el empleo protegido

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó hoy el estudio de la segunda fase del Spending Review ‘Incentivos a la contratación y al trabajo autónomo’, en el que analiza siete tipos de incentivos, cuyo importe supuso alrededor de 2.000 millones de euros en 2018. Con esta evaluación, la AIReF da continuidad a la realizada en la primera fase del Spending Review sobre el gasto en Políticas Activas de Empleo (PAE).

Los incentivos a la contratación y al trabajo tratan de promover el empleo de determinados individuos de baja empleabilidad reduciendo sus costes laborales, principalmente mediante reducciones en las cotizaciones sociales. Cuando la minoración de las cuotas es financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que transfiere el importe de su coste a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), se conocen con el nombre de bonificaciones, mientras que si el coste es asumido directamente por la Seguridad Social se denominan reducciones.

En los siete incentivos que forman parte del encargo realizado a la AIReF, confluyen dos objetivos distintos: mejorar la empleabilidad de determinados grupos de población y promover determinados tipos de empleo, fundamentalmente la contratación indefinida y el empleo autónomo. Atendiendo a los colectivos, los incentivos a las personas con discapacidad representaron el 41% del gasto evaluado en 2018. Según el tipo de empleo, el 32% del gasto evaluado se destinó a estímulos a las altas en el empleo autónomo.

El periodo objeto de estudio se caracteriza por una gran dispersión normativa y una generalización de los incentivos a toda la población. En concreto, el sistema de incentivos analizado se inició con la reforma laboral de 2012 y sufrió diversas adaptaciones hasta finales de 2018, cuando se derogaron todas las medidas que establecían su supresión cuando la tasa de paro se situara por debajo del 15%. A lo largo del periodo se produjeron multitud de cambios, con aprobaciones y derogaciones de incentivos, modificaciones en las condiciones de elegibilidad, cuantías y duraciones.

Conclusiones generales

A nivel general, el estudio de la AIReF constata que los incentivos deben constituir una herramienta orientada a mejorar la empleabilidad de determinados colectivos, pero en ningún caso sustituyen a las reformas necesarias para combatir la elevada temporalidad y el alto nivel de desempleo que caracterizan al mercado laboral español. La evaluación muestra los indicios de la eficacia potencial de los incentivos analizados, pues constata que sí facilitan la obtención de empleo en periodos de crisis. Sin embargo, los efectos positivos son modestos y se encuentran sobre todo en individuos con un nivel de formación medio-alto. Además, no perduran en el tiempo una vez que desaparece el incentivo.

Por otro lado, a partir de una muestra representativa de empresas, la AIReF concluye que una reducción de incentivos del 50% aceleró la caída del empleo del -2,73% al – 2,96% entre julio de 2012 y diciembre de 2014.

La AIReF considera que los incentivos deben dirigirse a colectivos muy específicos de baja empleabilidad. Para ello debe articularse un marco estable basado en un conjunto sistemático de indicadores que permitan identificar los colectivos con menor probabilidad de encontrar un empleo y consecuentemente adaptar los incentivos a las necesidades de cada momento.

Además, es necesario articular un menor número de incentivos y homogeneizar los requisitos sobre las empresas beneficiarias. Según la AIReF, un sistema más sencillo, con requisitos claros y de fácil verificación podría estimular su uso por parte de las empresas. Además, un sistema más focalizado permitiría incrementar las cuantías y hacerlos más atractivos.

La AIReF también considera necesaria una mayor coordinación entre todas las administraciones que permita enfocar los esfuerzos en los colectivos con mayores necesidades en cada territorio y simplificar la diversidad de incentivos, mejorando así su eficacia.

Asimismo, la institución asegura que la vinculación de los incentivos a programas de formación puede mejorar la empleabilidad de los colectivos vulnerables, si bien se necesitan reformas que mejoren la calidad de la formación y su vinculación con el mercado laboral. Además, la combinación de los incentivos con otras medidas de activación podría mejorar su eficacia. Para ello es preciso avanzar en la implementación de herramientas de perfilado y en el diseño de itinerarios que permitan mejorar la atención personalizada a los demandantes de empleo.

La AIReF considera también que hay que realizar un seguimiento y evaluación continuos del sistema de incentivos y construir una base de datos con las evaluaciones realizadas. En concreto, sugiere la construcción de un sistema de indicadores de seguimiento y de conjuntos de datos para que las administraciones puedan evaluar los incentivos, incorporando la información de las comunidades autónomas, así como para facilitar y promover la evaluación entre la comunidad científica.

Propuestas específicas

En el análisis de la tarifa plana de trabajadores autónomos, la AIReF concluye que cumple el objetivo de fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia, pero en personas con un nivel de formación medio-alto y que llevaban poco tiempo en desempleo. El incentivo mejora la supervivencia de estos trabajadores mientras está vigente, pero al finalizar la supervivencia converge a la de los no beneficiarios. La AIReF recomienda ir hacia un sistema de cotizaciones acorde a los ingresos y, mientras tanto y dado el contexto económico, mantener la tarifa plana reforzando inspección.

Sobre el contrato apoyo a los emprendedores, derogado en el año 2018, la AIReF constata que cumplía parcialmente con el objetivo de facilitar el empleo estable y potenciar la iniciativa empresarial. Concluye que los efectos positivos no llegaron a los colectivos más vulnerables, que necesitarían otro tipo de incentivos, bien vinculados a la formación, bien con requisitos que resulten más atractivos para las empresas.

Sobre los incentivos a la conversión en indefinidos de los contratos de formación y aprendizaje, la AIReF asegura que cumplen el objetivo de favorecer la inserción laboral de los jóvenes con baja formación. Sin embargo, el efecto encontrado es pequeño y el uso del contrato de formación por las empresas es reducido. Así, la AIReF propone concentrar los esfuerzos en mejorar los contratos de formación, en particular su componente formativo, e impulsar su uso por parte de las empresas.

En cuanto a los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, que suponen el 40% del gasto analizado en este Estudio, la AIReF no ha podido evaluar sus efectos sobre la contratación de personas con discapacidad debido a la ausencia de cambios normativos en el periodo. Un enfoque alternativo a través de los incentivos regionales no encuentra evidencia de que fomenten la contratación de personas con discapacidad.

Sí encuentra efectos positivos importantes sobre la probabilidad de mantener el empleo frente a trabajadores con discapacidad no bonificados. La AIReF propone rediseñar estos incentivos poniendo el foco en los colectivos con especiales dificultades, especialmente en el empleo protegido. Además, resalta la necesidad de mejorar la disponibilidad de información sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad en el empleo ordinario y en el empleo protegido, tanto a nivel agregado
como el acceso a microdatos que mejoren la calidad de las evaluaciones.

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Embalse de Leurtza. Navarra

26 de octubre, 2020
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El Gobierno decreta un estado de alarma para dar amparo constitucional pleno a las medidas contra la pandemia necesarias en las CC.AA.

26 de octubre, 2020

El Gobierno decreta un estado de alarma para dar amparo constitucional pleno a las medidas contra la pandemia necesarias en las CC.AA.

Madrid, domingo 25 de octubre de 2020

La Moncloa

El Consejo de Ministros, en su sesión extraordinaria del día de hoy, ha aprobado a través de un Real Decreto la declaración del estado de alarma inicial de 15 días, extensible a 6 meses cuando el Gobierno realice la solicitud al Parlamento el próximo martes, para responder ante la situación de especial riesgo causada por el virus COVID-19.

El plazo de 6 meses es el considerado necesario, en base a criterios científicos y recomendaciones de los expertos, para empezar a superar tanto la segunda ola actual de la pandemia como su etapa más dañina.

El Estado de Alarma se configura como la disposición legal que permite fijar limitaciones de movilidad y de contactos de tal modo que las Comunidades Autónomas que lo consideren necesario puedan aplicarlo con pleno amparo constitucional.

La declaración responde a la petición de 10 Comunidades Autónomas (Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Baleares) y la Ciudad Autónoma de Melilla, tras la propuesta del Gobierno de España.

Los presidentes y presidentas autonómicos serán las autoridades competentes delegadas en sus respectivos territorios, y podrán decidir el nivel de aplicación de las medidas de este Decreto según su situación.

Limitación de la circulación

Se estable la prohibición general de la movilidad nocturna entre las 23 horas y las 6 de la mañana, pudiendo cada Comunidad Autónoma modular su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será para todo el país salvo la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a que su mejor situación epidemiológica.

En ese periodo, solo será posible la circulación por causas justificadas como la adquisición de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de edad y regreso al domicilio.

Además, las Comunidades Autónomas podrán decidir limitar la entrada y salida de sus territorios, para todo el perímetro de la comunidad o para un ámbito inferior. Igualmente, podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados a un máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes.

Tanto en el caso de las limitaciones a la entrada y salida de sus territorios como en el número máximo de personas en grupos, serán los Presidentes y Presidentas autonómicos los que decidan si estas medidas aplican a sus territorios, en todo o en parte, siendo ellos y ellas las autoridades competentes delegadas.

Criterios de actuación

Las Comunidades Autónomas basarán sus actuaciones en base a los indicadores y criterios acordados el pasado jueves por el Consejo Interterritorial de Salud, relativos al número de infecciones, capacidad asistencial y de salud pública y también a las características y vulnerabilidad de la población.

Según esos criterios se establecen cuatro niveles de riesgo para cada territorio: bajo, medio, alto o extremo. Los principales criterios son los siguientes:

En primer lugar, el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes se considera de riesgo bajo; por encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto, y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes se considera de riesgo extremo.

Este indicador se completa con los niveles de incidencia de los últimos 7 días, la incidencia específica en los mayores de 65 años, que es el colectivo más vulnerable al COVID-19, el nivel de positividad de las pruebas que se realizan en todos y cada uno de los territorios y el porcentaje de casos con trazabilidad, es decir, que se conozca exactamente cuál es el origen de la infección.

En segundo lugar, el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y las camas UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID-19 supera el 15% en hospitalización global y el 25% en el caso de las camas de UCI.

Refuerzo de la coordinación

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reunirá cada semana, para que sus miembros, esto es, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y todos los consejeros de salud de cada Comunidad evalúen la situación semanalmente y establezcan una respuesta sanitaria coordinada.

Como ha venido ocurriendo hasta la fecha además, el ministro de Sanidad comparecerá cada quince días ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación epidemiológica de nuestro país y de las medidas que se están aplicando para frenar la pandemia.

Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad ha mantenido 182 reuniones con las Comunidades Autónomas y se han repartido 296 millones de material sanitario, de los que 221 millones han ido destinados a las Comunidades Autónomas.

Recursos de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas disponen de 16.000 millones de euros del Fondo No Reembolsable establecido por el Gobierno para ayudarlas a combatir los efectos de la pandemia, financiar el incremento del gasto sanitario, del gasto educativo, compensar la caída de ingresos y sentar las bases de la recuperación económica y social.

También tienen a su disposición 5.686 efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo, de los que 1.740 ya están incorporados.

Además, se ha constituido una reserva estratégica común que cuenta con más de 512 millones de mascarillas quirúrgicas, 57,6 millones de mascarillas FFP2 y cerca de 2 millones de test de antígenos.

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Interior refuerza el Sistema Nacional de Protección Civil con el primer Plan General de Emergencias del Estado

26 de octubre, 2020

Interior refuerza el Sistema Nacional de Protección Civil con el primer Plan General de Emergencias del Estado

Lunes 19 de octubre de 2020

La Moncloa

Comisión Permanente del Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil

La Comisión Permanente del Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil ha informado favorable al Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) una vez incorporadas las aportaciones realizadas por las comunidades autónomas al texto presentado en la reunión anterior, celebrada el 29 de septiembre.

El PLEGEM es un avance importante porque mejora la coordinación de las administraciones que participan en el Sistema Nacional de Protección Civil, el cual queda a su vez integrado en el Sistema de Seguridad Nacional. Este texto constituye la cúspide organizativa del Sistema Nacional de Protección Civil y es un instrumento general que facilita la integración del conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil en otros sistemas.

La reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, celebrada en formato telemático, ha estado presidida por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, acompañada por el director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, y ha contado con la participación de los responsables en la materia de las diferentes comunidades autónomas, además de los representantes de todos los departamentos ministeriales del Gobierno.

Informes favorables

El encuentro ha servido también para informar de manera favorable diversos planes de protección civil presentados por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de Murcia y Extremadura, que quedaron pendientes de ser tratados en la Permanente del pasado 29 de septiembre.

Así, han sido informados de manera favorable el Plan de Asistencia a Víctimas de Accidentes Ferroviarios de la empresa Rielsfera S.A., tramitado por la Dirección General de Transportes Terrestres; el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo radiológico de la Región de Murcia (RADIMUR) y los Planes de Emergencia Exterior en dos instalaciones con sustancias peligrosas afectadas por la normativa Seveso de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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La banda ancha fija, la telefonía fija y la televisión de pago, los servicios peor valorados por los hogares españoles

26 de octubre, 2020

La banda ancha fija, la telefonía fija y la televisión de pago, los servicios peor valorados por los hogares españoles

23 Octubre 2020

Promoción de Competencia

CNMC

Nota de prensa

La banda ancha fija y la televisión de pago volvieron a situarse como dos de los servicios peor valorados por los hogares españoles, junto con la telefonía fija, según los resultados del Panel de Hogares de la CNMC correspondientes al segundo trimestre de 2020.

No obstante, el descontento fue menor respecto al mismo periodo del año anterior: un 14,5% de los hogares manifestaron estar poco o nada satisfechos con la banda ancha fija, en comparación con el 17,2% de 2019. En el caso de la telefonía fija y la televisión de pago, los hogares insatisfechos fueron un 12,7% y un 12,6% respectivamente, mientras que en 2019 representaron un 15,5% y un 17,9%.

Evolución del porcentaje de hogares/individuos poco o nada satisfechos con los servicios

Universo: Hogares con servicio. *Universo: Individuos con servicio. Fuente: CNMC.

Los servicios de telecomunicaciones móviles fueron los que ostentaron mejores valoraciones de los usuarios: el porcentaje de consumidores insatisfechos rondó el 9%.

Como ya ha ocurrido en otras oleadas del Panel, los datos indican que el motivo principal de insatisfacción de los hogares con los servicios fue su elevado precio, sobre todo en el caso de los servicios de luz y gas: fue la razón que argumentaron el 92% de los hogares insatisfechos con el servicio eléctrico, y el 82% de los hogares descontentos con el servicio de gas.

En los servicios de banda ancha fija e Internet móvil, el segundo motivo de queja fue la falta de calidad del servicio (por ejemplo, por las interrupciones del suministro).

Principales motivos de insatisfacción con los servicios (porcentaje de hogares/individuos, II-2020). Posible respuesta múltiple

Universo: Hogares que han declarado estar poco o nada satisfechos con el servicio. *Universo: Individuos que han declarado estar poco o nada satisfechos con el servicio. Fuente: CNMC.

Aun así, los datos del segundo trimestre de 2020 muestran un menor descontento de los usuarios: los porcentajes de hogares insatisfechos con los servicios caen en todos los casos, así como la insatisfacción con los precios y la atención al cliente.

Hogares/individuos poco o nada satisfechos con el precio de los servicios (porcentaje de hogares/individuos)

Universo: Hogares con servicio. *Universo: Individuos con servicio. Fuente: CNMC.

El Panel de Hogares CNMC también recoge información sobre el número de reclamaciones. Tal y como viene sucediendo en los últimos años, el servicio con más reclamaciones durante el segundo trimestre de 2020 fue la banda ancha fija (más de un 15% de los usuarios ha reclamado alguna vez en un año), seguida de la telefonía fija (11,4%).

Usuarios que han presentado reclamaciones o denuncias relativas a los servicios en los últimos doce meses (porcentaje de hogares/individuos)

Universo: Hogares con servicio. *Universo: Individuos con servicio. Fuente: CNMC.

En cuanto a los motivos de las reclamaciones, la queja principal fueron los problemas en la facturación, lo que confirma la tendencia registrada en las últimas oleadas del Panel. Sin embargo, en el caso de la banda ancha fija, el principal motivo para reclamar fue la falta de calidad del servicio (53,6%).

Motivos para reclamar o denunciar (porcentaje de hogares/individuos, II-2019). Posible respuesta múltiple

Universo: Hogares con servicio que han presentado una reclamación o denuncia en los últimos doce meses. * Universo: Individuos con servicio que han presentado una reclamación o denuncia en los últimos doce meses. Fuente: CNMC.

Metodología

Estos resultados forman parte del Panel de Hogares CNMC, una encuesta a hogares e individuos de periodicidad semestral. La CNMC pretende recopilar información directamente de los ciudadanos a través de encuestas y análisis de las facturas de los servicios. El estudio es de naturaleza multisectorial y recoge datos relativos a los mercados de telecomunicaciones, audiovisuales, energía, postal y transporte, entre otros. La encuesta de esta oleada se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2020 e incluyó a 4.979 hogares y 9.355 individuos. Esta herramienta aporta una información amplia y diversa, y permite a la CNMC conocer mejor el punto de vista de los consumidores.

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Ley Europea del Clima: una reducción del 60% de las emisiones para 2030

26 de octubre, 2020

Ley Europea del Clima: una reducción del 60% de las emisiones para 2030

Un presupuesto de gases de efecto invernadero para que la UE alcance el objetivo de París

Un organismo científico independiente para supervisar los avances
Eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles como tarde en 2025

Parlamento Europeo

El Parlamento quiere que todos los Estados miembros de la UE logren la neutralidad en carbono antes de 2050.

El Parlamento pide a los Estados miembros la neutralidad climática para 2050 y exige unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para 2030 y 2040.

La Cámara aprobó el miércoles su mandato de negociación sobre la Ley Europea del Clima por 392 votos a favor, 161 en contra y 142 abstenciones. La nueva ley tiene por objeto transformar la promesa política de alcanzar la neutralidad climática en 2050 en una obligación vinculante, con el fin de ofrecer a los ciudadanos y a las empresas europeas la seguridad jurídica y la previsibilidad que necesitan ante esa transformación.

Los eurodiputados insisten en que tanto la UE como cada uno de sus Estados miembros por separado deben lograr la neutralidad en las emisiones de aquí a 2050 y que, a partir de entonces, la Unión Europea deberá conseguir un saldo negativo. También piden financiación suficiente para lograr este objetivo.

La Comisión debe proponer antes del 31 de mayo de 2023, por medio del procedimiento ordinario de toma de decisiones, una trayectoria europea para alcanzar la neutralidad en carbono antes de 2050, señala el texto. Esta estrategia debe tener en cuenta el saldo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la UE hasta 2050 para limitar el aumento de la temperatura de conformidad con el Acuerdo de París. La trayectoria deberá ser revisada después de cada evaluación a escala mundial.

Los eurodiputados también quieren crear un organismo científico independiente (un consejo de la UE sobre el cambio climático) encargado de evaluar si la política es coherente y supervisar los avances.

Un objetivo más ambicioso para 2030

El actual objetivo de reducción de emisiones de la UE para 2030 es del 40% con respecto a 1990. La Comisión ha propuesto recientemente aumentar este objetivo a «al menos el 55%» en su propuesta modificada de Ley Europea del Clima. Los eurodiputados van aún más lejos y piden una reducción del 60% para 2030, dejando claro que el incremento de los objetivos nacionales deberá buscar la rentabilidad y la equidad.

Asimismo, quieren que la Comisión proponga un objetivo intermedio para 2040, tras realizar una evaluación de impacto, a fin de garantizar que la UE vaya por buen camino para alcanzar su objetivo para 2050.

Por último, los eurodiputados creen que la UE y los Estados miembros deben eliminar progresivamente todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles para el 31 de diciembre de 2025 a más tardar e insisten en la necesidad de seguir trabajando para combatir la pobreza energética.

Declaración de la ponente

Tras la votación, la ponente del Parlamento, Jytte Guteland (S&D, Suecia), ha declarado: «La aprobación del informe envía un mensaje claro a la Comisión y al Consejo, en vista de las próximas negociaciones. Esperamos que todos los Estados miembros logren la neutralidad climática para 2050 a más tardar y necesitamos unos objetivos intermedios firmes para 2030 y 2040 si queremos que la UE consiga este objetivo. Celebro la inclusión de un presupuesto de gases de efecto invernadero, que determina las emisiones disponibles hasta 2050 sin poner en peligro los compromisos adquiridos por la UE en virtud del Acuerdo de París».

Próximos pasos

El Parlamento está listo para iniciar las negociaciones con los Estados miembros en cuanto el Consejo haya acordado una posición común.

Antecedentes

A raíz de la Decisión del Consejo Europeo de 2019 de respaldar el objetivo de neutralidad climática para 2050, la Comisión propuso, en marzo de 2020, la Ley Europea del Clima, que convierte la neutralidad climática de las emisiones en un requisito legal.

El Parlamento ha desempeñado un papel importante a la hora de impulsar una legislación de la Unión en materia de clima más ambiciosa. El 28 de noviembre de 2019, declaró la emergencia climática.

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Surf en Biarritz

25 de octubre, 2020
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Darias: «Uno de los objetivos del Gobierno de España es la igualdad y facilitar el acceso al empleo público es dar más oportunidades a la gente»

25 de octubre, 2020

La ministra ha presentado el Plan de Descentración de Procesos Selectivos en la Administración General del Estado

Darias: «Uno de los objetivos del Gobierno de España es la igualdad y facilitar el acceso al empleo público es dar más oportunidades a la gente»

Sábado 17 de octubre de 2020

Moncloa

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha destacado la importancia de facilitar el acceso a las instituciones y, concretamente, a la Administración General del Estado (AGE), con medidas innovadoras, impulsando la administración digital y haciendo de su transformación y modernización una política palanca de los planes de desarrollo del país.

«Nunca, hasta ahora, la Administración había sido una política palanca, ahora lo somos y con una motivación especial, porque este Gobierno de progreso quiere la igualdad de oportunidades para todos», ha destacado Darias durante la presentación del Plan de Descentralización de los Procesos Selectivos en la (AGE) que se ha celebrado este sábado desde el Centro Asociado a la UNED de Las Palmas de Gran Canaria; un acto en el que también han intervenido el rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo.

En este sentido, la ministra de Política Territorial y Función Pública ha subrayado que «por primera vez en la historia de este país, las pruebas de acceso a la AGE se pueden realizar desde cualquier ciudad a través de los centros de la UNED».

La ministra ha asegurado que «igualando las oportunidades mejoramos la vida de los ciudadanos y ciudadanas, aseguramos la vida de la gente, y el acceso a lo público es dar oportunidades a la gente».

«La política hoy se reencuentra con la buena política y reconforta la política que piensa en la gente y da oportunidades a la gente», ha añadido Carolina Darias.

Al acto, desarrollado en el centro de la UNED en Las Palmas de Gran Canaria, han asistido también el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola; el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, Anselmo Pestana; y el director del Centro Asociado a la UNED en Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Rodríguez Guerra.

Exámenes desde 23 lugares distintos

Con la experiencia de este sábado, se han puesto en marcha «procesos selectivos descentralizados» en la Administración General del Estado (AGE) con los exámenes para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 23 centros repartidos por todo el territorio nacional.

Tal y como ha recordado la propia ministra Darias, esta iniciativa surgió hace tres meses, a través del convenio suscrito entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la UNED el pasado 2 de julio.

Hoy se hace realidad el convenio suscrito ya que, a la misma hora en que la ministra presentaba el Plan de Descentralización de los Procesos Selectivos, se realizaba la misma prueba en Barcelona, Sevilla, Málaga, A Coruña, Valencia, Santander, Gijón (Asturias), Ceuta, Mérida (Badajoz), Valdepeñas (Ciudad Real), Calatayud (Zaragoza), Vitoria, Logroño, Cartagena (Murcia), La Laguna (Tenerife), Las Palmas de Gran Canaria, Palencia, Palma, Pamplona y Madrid.

En la misma línea, la ministra de Política Territorial y Función Pública ha resaltado que la medida es «una iniciativa fruto de las alianzas», en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así como de la colaboración de la UNED y el Gobierno de España.

«Estamos convencidos de que juntos llegamos más lejos, de que estableciendo alianzas podemos hacer más cosas para la ciudadanía», ha abundado Darias quien ha recordado asimismo que este acuerdo supone que las personas que quieran opositar a la AGE en España, ya no tendrán que ir obligatoriamente a Madrid, evitando así gastos de desplazamiento, manutención y pernoctaciones.

Acercar la Administración a los ciudadanos

Esta iniciativa, ha recordado Carolina Darias, era uno de sus objetivos para la legislatura: avanzar en la cohesión territorial y en la cohesión social significa acercar la Administración a los territorios.

Sin embargo, ha continuado, la pandemia provocada por el COVID-19 ha acelerado la puesta en marcha de esta medida, a través de instrumentos jurídicos. Concretamente, de la resolución del Secretario de Estado y de la resolución del Secretario General de Función Pública de 30 de julio, para llevar a cabo este proceso selectivo, habilitando el tribunal correspondiente, estableciendo la forma, el procedimiento, el uso de medios telemáticos, la encriptación y asegurando la confidencialidad. «Lo hacemos mirando a quien lo hace bien, la UNED», ha añadido Darias.

Casi 1.000 opositores estrenan el sistema descentralizado

Hoy se han presentado entre 900 y 1.000 opositores, de los que el 35 % se ha examinado en sus respectivos territorios, lo que supone «una apuesta clara por la descentralización y la deslocalización», según ha recalcado la ministra, quien también ha recordado que la medida responde al objetivo marcado por el presidente del Gobierno de «acercar la Administración a los territorios».

«El Gobierno de España está determinado a facilitar el acceso al empleo público desde cualquier lugar del país» y a «atraer el talento a lo público, porque el valor de lo público siempre es importante, pero más en este tiempo en que se ha vuelto imprescindible», ha hecho hincapié Carolina Darias.

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El juez de la Audiencia Nacional cita como investigado al exgerente de CDC en la pieza separada de la causa ‘3 por ciento’

25 de octubre, 2020

Viernes, 23 de octubre de 2020

El juez de la Audiencia Nacional cita como investigado al exgerente de CDC en la pieza separada de la causa ‘3 por ciento’

El interrogatorio tendrá lugar el 30 de octubre por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona

Autor: Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la citación como investigado del exgerente de CDC Germá Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado caso ‘3 por ciento’ en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político en forma encubierta”.

En un auto, el magistrado atiende así a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que pedía que citara a Gordó a declarar por un delito de blanqueo de capitales, interrogatorio que tendrá lugar el viernes de la próxima semana, 30 de octubre, a las 10 horas, por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona.

El magistrado le cita después de que el extesorero de la formación señalara en su declaración ante el juez que “la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación fue el entonces gerente del partido, Gordó Aurabell”.

La resolución explica que en ese procedimiento se investiga la presunta estructura multicanal puesta en marcha y las distintas supuestas vías ilegales de allegamiento de recursos. En primer lugar, indica el magistrado, mediante pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona. En segundo lugar, mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido.

“Algunas de estas vías de acceso no fueron sino la evolución sofisticada de otras anteriores más elementales, pasándose de modo paulatino de un sistema basado en mayor medida en la entrega de cantidades en metálico a un sistema más complejo, en el que se beneficiaba ilícitamente a CDC mediante el abono directo de facturas por parte de determinadas empresas a terceros, por servicios prestados a CDC y no desde luego a estas empresas pagadoras”, indica el auto, que añade que mediante esos manejos, CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo, no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido.

Aflorar el dinero procedente del delito

Para aflorar estas cantidades de dinero procedente de delito, señala de la Mata, directivos del partido buscaron la colaboración de personas próximas a CDC, y pusieron en marcha una operativa de blanqueo de capitales mediante un clásico sistema de ‘pitufeo’ que, aplicado al caso, consistiría en que cada una estas personas ingresaba en la cuenta del partido político CDC una cantidad de dinero equivalente a la que previa o posteriormente el propio partido le entregaba al, en principio, supuesto donante voluntario, con conocimiento de su origen ilícito.

“Una conducta como la descrita, de quedar acreditada, tiene sin duda relevancia penal, en cuanto los supuestos ‘donantes’ realizan esta actividad exactamente para ocultar el verdadero origen del dinero ingresado en la cuenta del partido”, concluye el instructor.

Para el juez, el avance de la instrucción ha permitido establecer que las donaciones podían ser actos de afloramiento de dinero que les había sido entregado por CDC, procedente del delito. Entre los elementos que lo sustentan, expone que las cantidades tenían un “sorprendente homogeneidad”, de 3.000 euros, que las fechas en que se producen son próximas, que las cantidades no eran cuotas de afiliados, que tampoco eran pagos por aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos o que tampoco se correspondían con una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo CDC, solicitando un esfuerzo extra a sus militantes.

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Una guía del CSIC muestra cómo se deben ventilar las aulas para reducir el riesgo de contagio por Covid-19

25 de octubre, 2020

Una guía del CSIC muestra cómo se deben ventilar las aulas para reducir el riesgo de contagio por Covid-19

Miércoles 21 de octubre de 2020

La Moncloa

El manual da las pautas para la ventilación y purificación del aire según el volumen de la sala, el número y la edad de los ocupantes y la actividad realizada.

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y técnicos de la Asociación Mesura han elaborado una guía que da las pautas sobre cómo debe ser la ventilación en las aulas para reducir el riesgo de contagio por la Covid-19.

El documento establece las recomendaciones para que la ventilación y la purificación del aire sea eficaz según el volumen de la sala, el número y la edad de los ocupantes y la actividad. Además, proporciona las herramientas para determinar si las condiciones de ventilación alcanzadas son adecuadas.

«La ventilación es la renovación de aire, es decir, sustitución del aire interior potencialmente contaminado, con aire exterior libre de virus. Y la purificación del aire consiste en la eliminación de las partículas en suspensión, susceptibles de contener virus», aclara la investigadora María Cruz Minguillón, que ha elaborado la guía junto al investigador Xavier Querol, ambos del IDAEA-CSIC, y con la colaboración de José Manuel Felisi y Tomás Garrido, de la Asociación Mesura.

Los investigadores indican en la guía que la reducción del riesgo de contagio se consigue disminuyendo la emisión y la exposición a las partículas en suspensión, también llamadas aerosoles, susceptibles de contener virus, que se pueden acumular. La exposición a este aire puede resultar en infecciones. La exposición se puede reducir mediante el uso de mascarilla bien ajustada; la reducción del tiempo de exposición; el aumento de la distancia interpersonal; y la ventilación o purificación del aire para eliminar o reducir la concentración de virus en el aire. La guía se centra en este último apartado.

Recomendaciones de ventilación

La ventilación necesaria para reducir el riesgo de contagio depende del volumen de la sala, el número y la edad de los ocupantes, la actividad realizada, la incidencia de casos en la región y el riesgo que se quiera asumir. Esta guía sigue las recomendaciones de la guía de la Universidad de Harvard, que recomienda 5-6 renovaciones de aire por hora.

Los expertos insisten en que las actividades en exterior son siempre preferibles al interior. En el caso de que la actividad tenga que ser interior, es preferible en aulas con ventilación natural, especialmente ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados opuestos). Además, se propone la utilización de equipos extractores o impulsores individuales si la ventilación natural no es suficiente.

En caso de disponer de sistemas centralizados de ventilación, la tasa de aire exterior se debe incrementar y la recirculación se debe reducir. Si no se puede recurrir a ninguna medida de ventilación, se debe purificar el aire con equipos provistos de filtros HEPA.

La solución puede ser una combinación de opciones. Para evaluar si una configuración dada es suficiente la guía describe dos métodos basados en medidas de dióxido de carbono (CO2) que tienen como finalidad determinar cuantitativamente la ventilación de un aula.

La guía es aplicable a otros espacios interiores como oficinas u otros edificios de uso público. Estas recomendaciones no sustituyen al uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia y las medidas de higiene, que siguen siendo de necesaria aplicación. Los investigadores advierten de que «el riesgo de contagio cero no existe», y por lo tanto las medidas que recoge la guía «reducen el riesgo, pero no lo eliminan completamente».

Asimismo, esta guía no sustituye el servicio de profesionales de ventilación y tratamiento de aire, pues algunos emplazamientos pueden requerir cálculos complejos que no necesariamente puedan asumir los usuarios finales.

La guía completa está disponible en la página web del IDAEA-CSIC, del CSIC, del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Asociación de Técnicos Ambientales Mesura. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana ha participado en la conceptualización y la toma de medidas en aula.

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Los precios de la electricidad en el hogar hacen repuntar el IPC de septiembre

25 de octubre, 2020

Los precios de la electricidad en el hogar hacen repuntar el IPC de septiembre

14 octubre, 2020

USO

El IPC sigue en deflación anual en septiembre, -0,4, pero menor que al finalizar agosto, cuando era de -0,5%

Electricidad en el hogar; alimentos básicos como legumbres, frutas y hortalizas; y el textil y calzado por el inicio de temporada marcan la subida de precios de septiembre, aunque con un IPC aún en deflación anual (-0,4%). Tras una primavera de vaivenes, el IPC comenzó en julio una estabilización con recuperación gradual de los precios que podría acabar con crecimiento plano a final de año.

La energía doméstica, alimentación básica y la nueva temporada textil concentran las subidas del IPC en septiembre

“Aunque unos precios en caída son síntoma de una economía golpeada, es importante contener las subidas de productos básicos como la alimentación o la energía doméstica, porque afrontamos unos meses muy duros para miles de hogares. Más que nunca hay que hacer un esfuerzo para no permitir las subidas de la electricidad de cara al invierno. No podemos permitirnos que más familias pasen a engrosar la vergonzosa lista de la pobreza energética”, pide Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

“La tendencia de aquí a final de año es volver a pasar mucho tiempo en casa, las medidas de muchos territorios y las que se impone la propia ciudadanía va en esa dirección. La casa debe ser por tanto refugio, no fuente de pobreza”, recuerda García.

Otros productos que han encarecido la cesta de la compra son alimentos básicos como hortalizas, frutas y verduras, que se han venido encareciendo todos los meses desde el inicio del estado de alarma, y también el textil. En el caso de ropa y calzado, es una subida habitual de septiembre, cuando se estrena temporada.

Casi todas las autonomías están en deflación, salvo Canarias y Extremadura

Canarias y Extremadura son las únicas comunidades autónomas donde el IPC presenta inflación anual. En el caso de las islas, menor que en agosto (0,3 frente a 0,5%), mientras que Extremadura estaba el mes pasado en la situación general de deflación y ahora presenta una mínima subida de precios del 0,1%.

En el resto de comunidades autónomas, ha habido una subida generalizada de precios del 0,1% o 0,2%, salvo Andalucía, Comunidad de Madrid, La Rioja y Melilla, que mantienen el porcentaje de agosto, y Ceuta, donde bajan una décima más.

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Arco iris. Muxía

24 de octubre, 2020

Martín Miñones

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La magistrada del Tribunal Supremo Celsa Pico es elegida presidenta de la Comisión de Ética Judicial

24 de octubre, 2020

Viernes, 23 de octubre de 2020

La magistrada del Tribunal Supremo Celsa Pico es elegida presidenta de la Comisión de Ética Judicial

Sustituye en el cargo a Ignacio Sancho Gargallo, cuyo mandato venció en mayo. La Comisión ha designado a la profesora de Filosofía del Derecho Cristina Hermida del Llano como miembro no judicial

Autor: Comunicación Poder Judicial

La magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Celsa Pico Lorenzo ha sido elegida hoy presidenta de la Comisión de Ética Judicial, puesto en el que sustituirá al también magistrado del alto Tribunal Ignacio Sancho Gargallo, cuyo mandato venció el pasado 9 de mayo.

La designación de Celsa Pico se ha producido de acuerdo con la previsión contenida en el art. 5.1 de la Segunda Parte de los Principios de Ética Judicial. Este precepto establece que la presidencia de la Comisión corresponderá al miembro que resulte elegido por la mayoría de sus compañeros, quien la ejercerá hasta el vencimiento de su mandato como integrante de la misma.

La nueva presidenta forma parte de la Comisión de Ética Judicial desde su constitución, en 2018, por lo que le quedan dos años de mandato.

Cristina Hermida, nuevo miembro no judicial

En la sesión celebrada hoy, ha tomado posesión la profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, Cristina Hermida del Llano, quien sustituirá como miembro no judicial de la Comisión al catedrático de Filosofía del Derecho Luis Prieto Sanchís tras su renuncia voluntaria el pasado mes de septiembre por motivos de carácter personal. Cristina Hermida del Llano fue designada por la Comisión, tal y como establece el art. 3.6 de los Principios de Ética Judicial, en su anterior reunión.

La Comisión de Ética Judicial está integrada por siete miembros, seis de los cuales son jueces y magistrados elegidos en un proceso electoral abierto a toda la Carrera Judicial. El mandato es de cuatro años y la renovación parcial, que afecta a tres miembros judiciales, se produce cada dos. El séptimo integrante de la Comisión es una persona de reconocido prestigio en el mundo académico de la Ética, la Filosofía del Derecho o la Filosofía Moral, designado por la propia Comisión.

La renovación parcial de la Comisión se produjo en septiembre, tras la celebración de las elecciones en julio. Como resultado de dicho proceso electoral, se incorporaron a la Comisión de Ética Judicial el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, la magistrada María José Rivas Velasco y el juez Francisco Javier Parra Iglesias.

*La Comisión de Ética Judicial es un organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial, compuesto por seis miembros de la Carrera Judicial -elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles- y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho, cuya función es orientar sobre la interpretación de los Principios de Ética Judicial.

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Darias destaca la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas como fruto del diálogo y consenso con las CCAA, las EELL y los sindicatos

24 de octubre, 2020

Convalidación del RDL en el Congreso de los Diputados

Darias destaca la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas como fruto del diálogo y consenso con las CCAA, las EELL y los sindicatos

Jueves 15 de octubre de 2020

La Moncloa

Ministerio de Política Territorial y Función Pública

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha destacado hoy que la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas es fruto del consenso, fruto del diálogo del Gobierno de España con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y también de un amplio acuerdo con los sindicatos que conforman la Mesa General de Negociación.

«Es un buen ejemplo de lo que, a mi juicio, es la mejor forma de hacer política», ha afirmado Carolina Darias, que ha defendido en el Congreso la convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre.

En este sentido, ha señalado que, para lograr que nuestro país progrese, uno de los objetivos es conseguir un mínimo común de entendimiento.

Regulación legal del teletrabajo

La ministra ha subrayado la necesidad de regular esta modalidad organizativa, dados los tiempos que vivimos, porque hasta ahora la realidad en el trabajo a distancia ha ido por delante de una regulación legal y era absolutamente necesario establecer su ordenación en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), configurando un marco de regulación básica aplicable al personal de todas las administraciones públicas.

El proceso de esta regulación se inició el 11 de junio en la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, donde el Gobierno de España, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias compartieron la necesidad de regular de manera conjunta el teletrabajo. Se creó un grupo de trabajo, en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, que elaboró una propuesta desde el diálogo, ratificada por la Conferencia Sectorial.

La ministra ha recordado el importante papel de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que firmaron el 21 de septiembre el acuerdo, y a quienes ha reconocido su plena disposición para el diálogo y el consenso.

«Es una norma pionera», ha indicado la ministra, que introduce la regulación integral de una nueva modalidad en la prestación del servicio público. Supone la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, introduciendo un artículo 47 bis, que afectará aproximadamente a 2,5 millones de empleadas y empleados públicos, como norma básica aplicable tanto al personal funcionario como al personal laboral al servicio de todas las administraciones públicas.

Este Real Decreto-ley, acordado en el marco común para todas las administraciones públicas, tendrá que ser desarrollado ahora por cada Administración pública en un plazo de seis meses, adaptándolo a su territorio y a su normativa.

Características de la regulación básica del teletrabajo

Durante su intervención, la ministra ha resaltado algunas de las singularidades de esta regulación básica del teletrabajo en las administraciones públicas:

  • Objetivo: regulación del teletrabajo en todas las administraciones públicas, constituyendo una nueva forma de organización y de estructuración del trabajo, para prestar un mejor servicio a los intereses generales y asegurar el normal funcionamiento de las administraciones públicas.
  • Modalidad de trabajo fuera de las dependencias: modelo de organización, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
  • Modalidad de trabajo que no se considera ordinaria ni absoluta: cada Administración determinará la manera de combinar presencialidad y teletrabajo y se garantice la atención directa presencial a la ciudadanía.
  • Carácter voluntario y reversible: salvo situaciones excepcionales, debidamente justificadas, pero siempre la voluntariedad y la reversibilidad son dos vectores que califican a esta nueva modalidad de organización del trabajo en las administraciones públicas.
  • Tareas susceptibles de poder ser realizadas mediante teletrabajo: Además, la empleada o empleado público debe tener las competencias digitales necesarias para poder realizar la prestación del servicio.
  • Mismos derechos: la empleada o empleado público tiene los mismos derechos y deberes sea cual sea la modalidad de trabajo que desempeñe.
  • Medios tecnológicos: las administraciones públicas deben proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para que las empleadas y empleados públicos puedan desarrollar la actividad y será cada Administración pública la que concrete los medios para el desempeño.
  • Autorización: la prestación del servicio ha de ser expresamente autorizada a través de criterios objetivos para el acceso y compatible con la modalidad ordinaria presencial. Y en ningún caso, el teletrabajo puede suponer un incumplimiento ni de la jornada de trabajo ni del horario.
  • Mejor organización del trabajo: se establece expresamente que el teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento y ha de para la mejor consecución de los objetivos de la Administración pública en su servicio a los intereses generales.

-Garantizar la prestación de los servicios públicos: sin perjuicio de su voluntariedad, su utilización deberá venir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos y, en todo caso, habrá de asegurarse el cumplimiento de las necesidades del servicio.

Carolina Darias ha reiterado que este Gobierno abre el camino hacia una Administración del Siglo XXI: «Una Administración pública que, como anunció el presidente en la presentación del Plan España Puede, forma parte de una de las 10 políticas palanca y que va a significar un punto de inflexión, y confiemos también en un punto de no retorno, para recuperar el valor de lo público».

Un punto de inflexión, ha continuado la ministra, para avanzar también en la modernización de la administración pública, «que debe contribuir activamente al logro de las grandes transformaciones que necesita España y que encuentra en el teletrabajo una de sus piezas fundamentales».

Medidas sanitarias de urgente necesidad

Carolina Darias también ha defendido las medidas sanitarias que, por razones de urgente necesidad, aparecen recogidas también en el Real Decreto-ley.

Son medidas transitorias, ha recordado la ministra, para ampliar y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante la pandemia: «Medidas excepcionales en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, aplicables a todo el territorio nacional, para la contratación de profesionales sanitarios, tanto facultativos como no facultativos, ante la sobrecarga del sistema y de la presión asistencial».

El Gobierno da respuesta, ha recalcado la ministra, a una demanda de las comunidades autónomas por la falta de personal, porque «creemos en la cogobernanza».

Más de 13.000 profesionales de la Sanidad estarán a disposición de las CCAA, con la posibilidad que les abre el Gobierno, respondiendo a su llamada, para nuevas contrataciones: por un lado, médicos que han aprobado el MIR pero no han obtenido una plaza en la convocatoria 19-20, y en segundo lugar, a médicos especialistas fuera del ámbito de la Unión Europea, siempre y cuando el comité de evaluación haya emitido el informe propuesta, es decir, estén en la primera fase de tramitación del expediente.

También incluye la posibilidad de que las CCAA puedan disponer que tanto el personal médico como de enfermería puedan atender a aquellas unidades en los centros hospitalarios u otras áreas con déficit de personal. Al mismo tiempo, se modifica la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias para que algunas pruebas se realicen de manera telemática y por medios electrónicos.

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El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho el impuesto valenciano sobre actividades sobre el Medio Ambiente

24 de octubre, 2020

Martes, 20 de octubre de 2020

El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho el impuesto valenciano sobre actividades sobre el Medio Ambiente

La Sala indica que “no quiebra los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera que el Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (IAIMA) de la Comunidad Valenciana no es contrario a la Constitución española ni vulnera el derecho de la Unión Europea.

La Sala indica que este tributo, creado por el artículo 154 de la Ley autonómica 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat Valenciana, “respeta los límites que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 6 LOFCA; no afecta a las competencias atribuidas al Estado en la Constitución; no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición; y no vulnera el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad”.

Asimismo, señala que se trata de una figura impositiva que “no quiebra los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española”.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por Iberdrola Renovables Energías, S. A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia que confirmó la resolución del Conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat, de 23 de mayo de 2016, en relación con la liquidación del IAIMA, en su modalidad de producción energética, correspondiente al ejercicio 2013, por un importe de 65.325 euros.

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El Tribunal Superior de Navarra ratifica la limitación de las reuniones a seis personas y el cierre de la hostelería a las 22 horas

24 de octubre, 2020

Viernes, 16 de octubre de 2020

El Tribunal Superior de Navarra ratifica la limitación de las reuniones a seis personas y el cierre de la hostelería a las 22 horas

La Sala de lo Contencioso advierte de que, para futuras restricciones de derechos fundamentales, el Gobierno foral deberá aportar, además de los informes epidemiológicos, informes técnicos específicos. El Tribunal rechaza la habilitación de la Orden Foral 54/20 que facultaba a los ayuntamientos a imponer medidas sanitarias más restrictivas al considerarla una competencia exclusiva del Gobierno de Navarra

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha ratificado hoy la orden foral dictada por el Gobierno de Navarra el pasado día 11 que, entre otras medidas, restringió a las 22 horas el cierre de los locales de hostelería y restauración y limitó a seis personas las reuniones tanto en el ámbito público como privado debido a la evolución negativa de la pandemia.

No obstante, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN advierte al Gobierno foral de que, para futuras limitaciones, “será exigible” que “la Administración, además de los datos epidemiológicos —que son presupuesto material de las medidas, ofrezca una motivación argumentativa específica de la necesidad de las medidas concretas que acuerda, motivación especialmente importante en supuestos como el presente en el que se produce restricción de derechos fundamentales”.

Asimismo, el Tribunal no ratifica, y por tanto rechaza, la habilitación recogida en la Orden Foral 54/20, de 11 de octubre, por la que se faculta a las entidades locales a adoptar medidas sanitarias.

En el auto, que puede ser recurrido, la Sala asegura que esa habilitación no cumple con el triple canon de constitucionalidad exigido. Explica al respecto que entre las competencias en materia de salud pública de las entidades locales “no se establece, en ningún caso, la posibilidad de adoptar medidas generales para el control de la pandemia que afecten a toda la población del municipio y que impliquen la restricción de derechos fundamentales por razones sanitarias”.

Es más, añade, tales competencias deben adoptarse, en todo caso, en el marco de las directrices sanitarias generales establecidas por el Gobierno de Navarra —titular de la competencia en materia sanitaria— y no pueden situarse nunca fuera de ese marco general.

“Entender lo contrario nos llevaría en la práctica a una atomización decisoria entre distintas Administraciones públicas incompatible con el presupuesto material que se pretende atajar —una pandemia generalizada— y, más aún, posiblemente contradictoria entre sí y como consecuencia frustrante de la finalidad sanitaria perseguida y contrario a la seguridad jurídica, más deseable que nunca cuando tratamos de restricciones de derechos fundamentales”, razona el Tribunal Superior, que concluye que esta habilitación no cumple ni con el criterio de necesidad ni el de proporcionalidad.

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