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Las Palmas de Gran Canaria. Playa de las Alcaravaneras.

4 de abril, 2020
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El Banco de España extiende a las entidades de crédito bajo su supervisión directa la recomendación del BCE sobre la distribución de beneficios

4 de abril, 2020

Nota de prensa Madrid, 27 de marzo de 2020
El Banco de España extiende a las entidades de crédito bajo su supervisión directa la recomendación del BCE sobre la distribución de beneficios

bde.es Banco de España. Eurosistema

En el contexto de la pandemia Covid-19 y de las medidas adoptadas por los gobiernos y autoridades monetarias para mitigar su impacto en la economía mundial, los supervisores y reguladores bancarios están haciendo públicas sus expectativas sobre una aplicación adecuada de la normativa prudencial y contable. La publicación de dichas expectativas tiene como finalidad promover prácticas consistentes que faciliten a las entidades financieras su importante papel de financiar a la economía real en momentos de tensiones de liquidez, como los generados por Covid-19, facilitando así su posterior recuperación una vez se supere la crisis sanitaria.

Con esta misma finalidad, ahora más que nunca, se hace evidente la necesidad de que las entidades de crédito tomen decisiones prudentes en relación con sus políticas de distribución de beneficios. En este contexto, el Banco Central Europeo (BCE) ha aprobado hoy una recomendación dirigida a todas las entidades de crédito significativas de la eurozona en relación con la distribución de sus beneficios correspondientes a 2019 y 2020.

El Banco de España ha extendido esta recomendación a las entidades de crédito bajo su supervisión directa.

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La Sanidad sólo contrata 7.000 de los 50.000 profesionales prometidos para afrontar el COVID-19 y no compensa las más de 12.000 bajas por contagios

4 de abril, 2020

Datos de la Seguridad Social. La Sanidad sólo contrata 7.000 de los 50.000 profesionales prometidos para afrontar el COVID-19 y no compensa las más de 12.000 bajas por contagios

  • En enero y febrero ya se perdieron 18.320 contratos en la sanidad. Este mes hay incluso 3.000 contrataciones menos que en marzo del año pasado
  • CSIF: El estado de alerta y la posterior reconstrucción del país exigen un plan estratégico de empleo para reforzar los servicios públicos, en unos presupuestos generales consensuados y apoyados por todos los grupos políticos

02 de Abril de 2020

csif.es

La sanidad española sólo registró 7.085 nuevos contratos en el sector de la sanidad durante el mes de marzo, cifra que contrasta con las 50.000 nuevas incorporaciones que anunció el Gobierno para hacer frente a la presión asistencial, como consecuencia de la pandemia por el coronavirus que azota a nuestro país.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, extrae estos datos de las cifras de la Seguridad Social y exige al Gobierno y a las diferentes administraciones que agilicen estas contrataciones para reforzar la labor extraordinaria que está realizando el personal de nuestros centros sanitarios.

Y es que, pese a la situación de extrema gravedad, se han hecho incluso 3.000 contratos menos de los que se realizaron en marzo del año pasado (en 2019 se hicieron 9.957). Además, se da la circunstancia de que hay más de 12.000 profesionales contagiados y por tanto ‘fuera de juego’

Se da la circunstancia además de que durante los meses de enero y febrero, el sector sanitario encadenó dos meses consecutivos de bajada con 18.320 puestos de trabajo menos en toda España coincidiendo todavía con la campaña de la gripe, el incremento de la presión asistencial y ya en plena crisis por el brote de coronavirus.

CSIF también lamenta las cifras de paro globales conocidas hoy. Ante esta situación excepcional, tendemos la mano para alcanzar acuerdos sólidos, también para la mejora en la calidad del empleo. Ha llegado el momento de repensar nuestro sistema productivo, fortalecer nuestra industria y volver a crear empleo de calidad y cualificado. Por su parte, el sistema financiero debe ser solidario y apoyar a trabajadores y empresas, tras la generosidad que demostró la sociedad española en la anterior crisis económica y en estos momentos de incertidumbre.

CSIF ofrecemos toda nuestra colaboración al Gobierno (y también a los partidos de la oposición que deben sumarse a las medidas) para empezar a diseñar un plan de reconstrucción social y económico a partir de las administraciones públicas, que a la fuerza han de jugar un papel esencial en la reanimación de la economía y del empleo.

El estado de alerta y la posterior reconstrucción deberán ir acompañados de un plan estratégico de empleo. Planteamos analizar los recursos humanos de las administraciones públicas, para que puedan responder a las necesidades de los ciudadanos en este nuevo contexto económico, Se trata en definitiva de ofrecer un servicio de calidad a nuestros ciudadanos: Sanidad, Servicios Sociales, Administración General del Estado, Educación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado… Porque como no nos hemos cansado de denunciar estos años, se ha desmantelado el Estado del Bienestar. Este plan debería ir incluido en unos presupuestos generales del Estado que cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

Nuestros empleados/as públicos están demostrando que son garantes de nuestro Estado de Bienestar y se merecen todo el reconocimiento y la protección de su salud. Por eso, los próximos presupuestos deben reconocer su papel y el sacrificio y esfuerzo que están realizando ahora, pero también antes de la crisis. Entonces, recordamos que sufrieron recortes y una campaña de desprestigio en la que se les cuestionó su labor y su profesionalidad.

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España aplaza la fecha final para completar el Segundo Dividendo Digital

4 de abril, 2020

30 de marzo de 2020

España aplaza la fecha final para completar el Segundo Dividendo Digital

mineco.gob.es

Imagen del artículo Comunica a la Comisión Europea la necesidad de aplazar las siguientes fases del segundo dividendo digital debido a la situación de excepcionalidad que se vive como consecuencia del COVID-19
El Segundo Dividendo Digital es el proceso por el que se cambian las frecuencias asignadas a los canales de televisión en la banda de 700MHz con el fin de dejarla libre para ser utilizada para desplegar las futuras redes 5G y estaba previsto que finalizara el próximo 30 de junio
La subasta de 700MHz se aplaza también con el fin de facilitar el esfuerzo adicional que están realizando las operadoras de telecomunicaciones, enfocadas en mantener la conectividad de las empresas y las personas en este momento de emergencia sanitaria

30 de marzo de 2020.- El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha comunicado a la Comisión Europea que, debido a la situación excepcional derivada de la pandemia del COVID-19, ha decidido aplazar la fecha para la liberación de la banda de 700 MHz, proceso conocido como Segundo Dividendo Digital.

Este proceso consiste en cambiar las frecuencias asignadas a los canales de televisión en la banda de 700MHz con el fin de utilizarlas para desplegar las futuras redes 5G, se realiza por mandato de la Unión Europea (Decisión 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo), y tenía como fecha límite para su ejecución el 30 de junio de 2020. No obstante, la propia Decisión ya preveía la posibilidad de que se pudiera aplazar la fecha límite por ciertos motivos como la fuerza mayor, como es el caso actual.

En la comunicación a la Comisión Europea se explica que la nueva fecha se determinará en función de cuándo finalicen las medidas de contención adoptadas para hacer frente al COVID-19. En todo caso, se señala que será el mínimo plazo imprescindible para completar el proceso.

Como consecuencia de este aplazamiento, los operadores de telecomunicaciones no podrán tener a su disposición en la fecha prevista la banda de frecuencias de 700 MHz para el despliegue de servicios 5G. Los operadores están realizando un esfuerzo adicional para afrontar la crisis ocasionada por el COVID-19 y mantener a las personas y las empresas conectadas, por lo que también se ha decidido aplazar la licitación de la banda de 700 MHz. El aplazamiento de las licitaciones de bandas de frecuencias para servicios 5G es una decisión adoptada en los últimos días por otros países de la Unión Europea, como Francia, Austria y Portugal.

Desde que se declaró el estado de alarma, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha dado instrucciones de mantener, siempre que se salvaguarde la salud de los trabajadores, la ejecución de las actuaciones del proceso.

También se ha decidido mantener las emisiones en simulcast (emisión simultánea a través de las frecuencias nueva y antigua), suspender las actuaciones de cambios directos de canal radioeléctrico y mantener en las instalaciones colectivas de recepción de TV el equipamiento de los canales radioeléctricos que se abandonan, todo ello con el fin de garantizar, en este momento de emergencia sanitaria, la recepción del servicio de televisión digital terrestre a los ciudadanos.

La decisión del aplazamiento, que no es una suspensión, se toma después de constatar que las medidas de restricción de la movilidad inevitablemente están ocasionando retrasos en la planificación original que impiden finalizar el proceso antes del 30 de junio.

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Calle de Lepanto. Madrid

3 de abril, 2020
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El paro registrado aumenta en 302.365 personas en marzo respecto al mes anterior

3 de abril, 2020

El paro registrado aumenta en 302.365 personas en marzo respecto al mes anterior

Jueves 2 de abril de 2020

lamoncloa.gob.es

La Moncloa, Madrid – 02/04/20

Los datos registrados en marzo reflejan el impacto extraordinario en el empleo producido por la crisis sanitaria del COVID-19. Este episodio ha cambiado la tendencia en la evolución del paro con que se inició el mes, dado que entre los primeros 12 días de marzo el número de desempleados registrados se había incrementado en 2.857 personas.

Al término del mes, la lista de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha sumado 302.265 nuevos demandantes en marzo respecto al mes de febrero. Supone un aumento del 9,31%.

El total de desempleados, computando esta subida, se sitúa en 3.548.312.

Debido al impacto del COVID-19, en términos desestacionalizados, el número de inscritos ha aumentado en 311.037 personas en marzo respecto al mes anterior.

Evolución anual

En el tercer mes del año, el número de personas paradas en las listas del SEPE se ha incrementado en 293.228 trabajadores en relación con marzo del año pasado. Supone un ritmo de aumento del 9,01%.

Distribución por sexos

El desempleo masculino aumenta en 178.967 personas (crece un 13,26%) y alcanza un total de 1.528.942 desempleados. El número de trabajadoras en paro se incrementa en 123.298 personas (un 6,50% más) respecto al mes anterior, lo que deja el registro de desempleo femenino en 2.019.370 mujeres. El ritmo del crecimiento del paro masculino duplica el del femenino.

En términos interanuales, la comparativa con marzo de 2019 indica que el paro masculino sube en 190.045 (14,19%) personas y el femenino se incrementa en 103.183 (5,38%).

Prestaciones

La tasa de cobertura de las personas desempleadas aumenta un 6,5%, hasta el 64,95% Tres de cada cinco parados recibe una prestación.

Un total de 2.002.295 de desempleados han recibido prestación en el segundo mes del año, lo que representa un aumento del 5,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Las personas beneficiarias han percibido, por término medio en el mes de febrero, 926,4€, un 7,2% más que en febrero de 2019. Quedan excluidos del cálculo los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura.

Los servicios públicos de empleo han tramitado 566.782 prestaciones en el segundo mes del año, un 1,4% más que en febrero de 2019.

El coste total de las prestaciones de febrero de 2020 ha ascendido a 1.811 millones de euros, lo que supone un aumento 13,2% respecto al mismo mes del ejercicio anterior.

Comportamiento paro por sectores

Respecto al mes de febrero, la Agricultura suma 6.520 desempleados más (+4,26%); el paro sube en la Industria en 25.194 personas (+9,15%); en Construcción aumenta en 59.551 desempleados (+22,92%). Pero es en el sector Servicios donde se incrementa más en términos absolutos, con 206.016 (+8,97%) nuevos inscritos. Por último, en el colectivo Sin Empleo Anterior, el paro apunta 4.984 (+ 1,91%) nuevos demandantes.

Paro juvenil

Respecto a la juventud, el desempleo de entre menores de 25 años se incrementa en 26.112 personas (9,99%) en relación con el mes anterior, mientras el paro de 25 y más años sube en 276.153 (9,25%).

Registro por comunidades

El paro registrado sube en las 17 comunidades autónomas. Andalucía (138.569), Comunidad Valenciana (35.565) y Cataluña (21.833) encabezan las subidas de desempleados inscritos en los servicios de empleo.

Tipos de contratos firmados

El número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 1.256.510. Son 453.338 (-26,51%) contratos menos que el mismo mes del año 2019.

La cifra rompe la tendencia con que se inició el mes ya que solo entre el 1 y el 9 de marzo se habían registrado 531.478 contratos, 3.848 más que los de los primeros nueve días de marzo del año anterior.

Del total de contratos registrados en marzo, 145.393 fueron contrataciones indefinidas y 1.111.117 contratos temporales.

En cuanto a la duración de la jornada, 89.309 contratos firmados en marzo fueron a tiempo completo. Son 19.446 (-17,88 %) contratos indefinidos a tiempo completo menos que el año anterior. Se firmaron 56.084 contratos indefinidos a tiempo parcial en el mismo mes. Son 14.982 (-21,08%) contratos menos de este tipo que en marzo de 2019.

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CEOE pide nuevas medidas para evitar el cierre de empresas tras la escalada del desempleo

3 de abril, 2020

02 abr 2020

Valoración paro marzo

CEOE pide nuevas medidas para evitar el cierre de empresas tras la escalada del desempleo

ceoe.es

Arrastramos, como se sabe, desde el mes de julio pasado, datos que evidenciaban un enfriamiento global de la economía, con un claro reflejo en el empleo, cifras que se aprecian igualmente en los primeros días del mes de marzo.

Sin embargo, los datos de paro, contratación y afiliación a la Seguridad Social de este mes están absolutamente condicionados por las decisiones gubernamentales de paralización de la actividad como principal medida de contención sanitaria derivada del COVID-19, que ha aparejado un parón casi absoluto de la actividad económica, limitada exclusivamente a los sectores esenciales.

En esta situación, grave desde la vertiente sanitaria y social, las cifras de desempleo evidencian que las empresas están acudiendo, de forma mayoritaria, a medidas de regulación temporales (ERTES) buscando el menor impacto en el empleo.

Con la vista puesta en la finalización de la crisis sanitaria, y el interés de CEOE centrado en la aminoración de sus efectos sociales y económicos, entendemos imprescindible flexibilizar el uso de los ERTES y eliminar el límite de su utilización, circunscrito al período de alarma, para contribuir a la recuperación de sectores que, como en el caso del turismo o la industria, va a ser gradual, evitando con ello consecuencias graves y duraderas sobre el empleo.

En este contexto, es imprescindible implementar medidas que den seguridad jurídica y fiabilidad a las empresas y a los inversores, instrumentalizadas a través del diálogo social, para adaptar la actividad económica a la evolución diaria de la pandemia con el fin de garantizar una salida más rápida de la parálisis económica, la pervivencia de las empresas y del empleo.

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El COVID19 provoca el mayor shock sobre el empleo en la historia de nuestro país

3 de abril, 2020

El COVID19 provoca el mayor shock sobre el empleo en la historia de nuestro país
cepyme.es
CEPYME demanda extender los ERTEs más allá del estado de alarma y poder reincorporar a los trabajadores paulatinamente conforme se recupere la actividad en la empresa
La Seguridad Social pierde 834.000 afiliados y el paro registrado se incrementa en más de 300.000 personas
Madrid, 2 de abril de 2020
Los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en el mes de marzo reflejan el tremendo impacto que le COVID19 y las medidas de paralización casi total de la actividad productiva están teniendo y refleja el calado de la crisis económica que puede venir. Son datos sin precedentes en un período como el mes de marzo, tradicionalmente positivo para el empleo por el inicio de la Semana Santa y previo a la campaña estival.
Hay que tener en cuenta que el impacto se ha producido a mediados de mes, por lo que los datos relevantes serán los del mes de abril y lo que pueda suceder a partir del 12 de abril, fecha inicial de finalización del estado de alarma y las decisiones que entonces pueda adoptar el Gobierno.
Para CEPYME, es importante actuar con rapidez y tomar medidas ágiles y de fácil implementación que faciliten que la empresa se adapte y así evitar al máximo su cierre, ya que la destrucción de tejido productivo provocará más paro y hará más difícil la recuperación.
Una medida como los ERTEs, que CEPYME ha demandado desde el principio de esta crisis y que era una buena medida para las pymes, ha sido adulterada y reducida su efectividad por la condicionalidad y los cambios permanentes en su regulación, lo que crea una gran incertidumbre entre la empresa de reducido tamaño. Por eso, CEPYME demanda que la vigencia de los ERTEs no finalice cuando acabe el estado de alarma, porque las empresas estarán en una situación crítica y no podrá volver a reincorporar toda la plantilla en un primer momento, necesitarán tiempo para ir absorbiendo a los trabajadores conforme crezca la actividad.
Este shock es un paréntesis en la actividad económica, pero tenemos que ser realistas y trabajar ya en la recuperación, que no será repentina, no volveremos al mismo momento de actividad que antes del confinamiento.
Datos de afiliación
El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó el pasado marzo en 19.006.760, un 1’26% menos que en el mes anterior (-243.469 ocupados).
Según los datos del ministerio, en los primeros 11 días del mes, el empleo evolucionaba positivamente, sumando 64.843 ocupados, y entre los días 12 a 31 de marzo la afiliación cae en 898.822 afiliados. El último día del mes, el Sistema de Seguridad Social registra un total de 18.445.436 ocupados, con 833.979 afiliados menos. Esta caída de afiliación en un solo mes es comparable a la registrada en todo el año 2008, un año de crisis.
Paro registrado
El número de parados registrados en las oficinas de empleo público se incrementó en marzo en 302.365 personas respecto al mes anterior, el peor dato desde 2009, y representa un 9,31% más de desempleados respecto a febrero. De esta forma, la cifra total de parados supera los 3,5 millones de personas (3.548.312).
En términos desestacionalizados, los desempleados inscritos en las oficinas de empleo se incrementaron en 311.037 respecto a febrero.
Por sectores, el paro aumentó en el sector servicios en 206.016 (+8,97%), aunque el mayor incremento de desempleados se produce en construcción con 59.551 desempleados (+22,92%); en la industria aumenta en 25.194 personas más (+9,15%); la agricultura registra 6.520 desempleados más (+4,26%), y en el colectivo sin empleo anterior se incrementó en 4.984 (+ 1,91%).
Asimismo, el paro registrado subió en las 17 comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía (138.569), Comunidad Valenciana (35.565) y Cataluña (21.833).
Respecto al número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 1.256.510. Son 453.338 (-26,51%) contratos menos que el mismo mes del año 2019. Los indefinidos bajan un 19% (-162.000) y la contratación temporal cae un 27% (más de 400.00).
La cifra rompe la tendencia con que se inició el mes, ya que solo entre el 1 y el 9 de marzo se habían registrado 531.478 contratos, 3.848 más que los de los primeros nueve días de marzo del año anterior.
Si se tiene en cuenta el tipo de contrato los empleos con contratados temporales se reducen un 17,3%, frente al descenso del 1,9% de contratos indefinidos.

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Hay que evitar los despidos y proteger a las personas

2 de abril, 2020

Hay que evitar los despidos y proteger a las personas

26 Mar 2020 ugt.es

Pepe Álvarez y Unai Sordo proponen nuevas medidas sociales para frenar los efectos del Coronavirus

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “el sindicato, junto a CCOO, lleva semanas trabajando para conseguir que el impacto económico de la crisis del Coronavirus sea lo mínimo posible, y eso pasa por evitar los despidos y proteger a las personas como elementos clave”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa de UGT y CCOO, donde han propuesto nuevas medidas sociales que habría que adoptar frente a los efectos de la crisis del Coronavirus. Medidas que pasan, en todo caso, por evitar los despidos. “Estamos desilusionados y sorprendidos por la cantidad de despidos que hay en nuestro país. No son necesarios. Hemos tomado medidas para que las empresas no utilicen esta fórmula durante esta crisis. Sin embargo, se utiliza de manera permanente. Vamos a trabajar con el Gobierno para situar una moratoria para que los despidos no salgan al precio que salen ahora”.

En este sentido, ha señalado que “los ERTE son la alternativa a los despidos. Deben permitir que las empresas no apuesten por esta cuestión. Estos expedientes deben ser iguales en todos los puntos del país, no diferentes dependiendo de las Comunidades Autónomas. Y el Gobierno debe tomar medidas para evitar el fraude en estos ERTE y exigir responsabilidades a las empresas que lo hagan de manera irresponsable”.

“Hemos conseguido que el Gobierno facilite todo lo posible la tramitación de estos ERTE”, ha considerado. “Sin consulta, algunos aprobados por silencio administrativo…el proceso es sencillo, las empresas que quieran utilizarlos de buena fe lo pueden hacer sin complicaciones, con la perspectiva de recuperar después a sus empleados y empleadas y la actividad. Es una infamia que después de esta oportunidad que hemos brindado al país para que no se desplome, algunas empresas estén optando por el despido directamente”.

Proteger a los colectivos más vulnerables

El Secretario General de UGT ha manifestado que “también hay que extremar la protección a las personas. Los ERTE dejan muchas personas fuera que tienen que estar protegidas. Las personas que pierden el empleo por esta crisis tienen que tener derecho al desempleo. Y, si no lo tienen, hay que habilitarlo con una prestación extraordinaria. No se puede producir una fractura entre las personas trabajadoras de este país. Si no se permite salir a las personas a la calle, hay que cubrirlas de alguna forma”.

Otro de los colectivos más vulnerables a los que hay que proteger también son las empleadas de hogar. “Hay que generar un nuevo derecho para ellas. Y, para las que no están dadas de alta en la Seguridad Social, es necesario posibilitarles el acceso a una prestación que les dé cobertura. Hay 500.000 trabajadoras de este sector que se han quedado sin empleo por esta crisis”; o las personas que atienden a nuestros dependientes, “para las que el Gobierno tiene que habilitar el permiso retribuido y ser consciente de lo que están aportando a las familias de este país”.

Proteger a las personas trabajadoras de los servicios fundamentales

Pepe Álvarez ha querido hacer un llamamiento al Gobierno para que dote de medios a los trabajadores y trabajadoras de los servicios básicos para la ciudadanía, “básicamente los suministros de luz, agua, gas, alimentos, transportes, sanidad…que se prevenga a estas personas trabajadoras para que lo hagan en condiciones de seguridad”.

En este sentido, ha recomendado que “se cuente con la opinión de las autoridades sanitarias para saber qué servicios mantener y cuáles son más prescindibles. UGT y CCOO hemos planteado al Gobierno la posibilidad de que algún sector, como el de la construcción, se revise, sobre todo cuando no tenga que ver con los servicios esenciales, y se pare. Pocos sectores más quedan por cerrar”.

Además, “hay que seguir canalizando la respuesta a los problemas de los ciudadanos con un buen servicio, sobre todo lo que tiene que ver con algunas tramitaciones que se deben resolver, aunque sea, de manera telemática”.

Europa se juega su futuro

Para el Secretario General de UGT, no solo “nos estamos jugando el futuro de nuestro país, sino que Europa también se lo juega. El movimiento sindical internacional, incluso los empresarios, estamos reclamando políticas europeas de conjunto que nos permitan abordar esta situación de manera conjunta”.

Por ello, ha reclamado “no tomar decisiones pensando en los mercados y sí en las personas. Hay que tomarlas pensando más en su protección. Europa tiene que ser consciente de que la globalización tiene que tener contrapartidas cuando las cosas van mal y tomar decisiones que nos permitan protegernos y relanzarnos cuando esta crisis finalice”.

Un Primero de Mayo “poco habitual”

Preguntado por la posibilidad de aplazar el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, de este año, Pepe Álvarez ha afirmado que “lo que es seguro es que este día no será como los de los años pasados”.

“En función de cómo se encuentre el país, de lo que digan las autoridades, decidiremos”, ha manifestado. “Pero las previsiones es que no iremos a un Primero de Mayo clásico, aunque seguirá siendo uno en el que los derechos de los trabajadores y trabajadoras formen el eje central de las organizaciones sindicales”.

Gracias a los que nos protegen en estos momentos

Por último, el Secretario General de UGT ha querido agradecer a todos los profesionales del país su labor en estos momentos. “A los profesionales de los medios de comunicación, gracias por continuar trabajando para que las personas de este país podamos tener acceso a la información para protegernos sobre esta pandemia”.

También “un gran reconocimiento a los profesionales de la sanidad: médicos, enfermeras, celadores, personal de limpieza, personal de seguridad…que trabajan sin los medios necesarios imprescindibles para hacerlo con plena seguridad, pero que estáis ahí y sois los que permitís que esta pandemia no nos azote como quisiera. El país os lo agradece cada día a las 20:00 horas con ese aplauso inmenso desde los balcones, pero tened claro que tenemos una deuda con vosotros”.

Pero “hay muchos más trabajadores que están expuestos. Los de los transportes públicos y privados, que cuesta que tengan medios para protegerse; las trabajadoras del comercio y tantos trabajadores del sector financiero, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército…vaya por delante nuestro agradecimiento, admiración y deuda eterna con vosotros. Un país tiene musculatura y fuerza cuando se ve a los servidores públicos dar la cara como vosotros”.

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En el Central Park. New York

2 de abril, 2020
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Justicia difunde un protocolo de actuación para la coordinación de los riesgos laborales ante el COVID19

2 de abril, 2020

Justicia difunde un protocolo de actuación para la coordinación de los riesgos laborales ante el COVID19
Es una guía que establece un mecanismo escalonado de comunicación de incidencias para controlar la propagación del virus, así como las instrucciones precisas que se deben seguir en los centros de trabajo tanto para la prevención como en la detección de casos positivos o de indicación de aislamiento.
mjusticia.gob.es
1 de abril de 2020.- El Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, ha publicado una guía que establece el protocolo de actuación en materia de prevención de riesgos laborales ante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19.
El objetivo del documento difundido hoy es la coordinación de los riesgos laborales, así como promover la máxima operatividad de las estructuras y medios existentes mediante la descripción de las actuaciones concretas de los diferentes responsables ante las situaciones de riesgo o de contagio de la enfermedad que puedan ocasionarse con la propagación del virus.
Todo estará centralizado en una Unidad especializada para la Coordinación de Riesgos Laborales (UCRL) que presta el asesoramiento y apoyo necesario a los directivos o responsables de cada unidad elaborando informes, propuestas y recomendaciones sometidas siempre a las directrices de las autoridades sanitarias.
Este órgano realiza el seguimiento y la evaluación técnica (no sanitaria) de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los trabajadores y propone las prioridades en la adopción de las medidas preventivas, así como asesora y colabora en la coordinación de actividades empresariales de otros trabajadores que presten sus servicios en los centros de trabajo de la Administración de Justicia. Es este mismo órgano el que se encargará de actualizar y distribuir la documentación relacionada con la pandemia Covid-19, así como los documentos externos oficiales de las autoridades sanitarias y la normativa que resulte de aplicación en materia preventiva.
Será, por tanto, esa unidad de coordinación la destinataria final de toda la documentación principal que se genere en relación con el seguimiento preventivo de esta pandemia con fines clasificatorios y homogeneizadores de las medidas adoptadas y a adoptar. Y tiene también como cometido último el asesoramiento a las Gerencias Territoriales, con carácter preventivo, sobre las dudas que se puedan plantear en relación con la adopción de medidas de protección tanto colectiva como individual, de organización del trabajo y sobre el entorno físico del trabajo.
Ante cualquier caso positivo o de aislamiento, la Gerencia Territorial o el órgano equivalente de la Comunidad Autónoma tiene que remitir a la UCRL, a la mayor brevedad, la información del afectado y del superior jerárquico, así como de las medidas a adoptar en prevención de otros contagios.
Las gerencias territoriales han de colaborar en las Comisiones Judiciales de Seguimiento Covid-19 de los Tribunales Superiores de Justicia y tienen encomendadas, entre otras funciones, la de prestar la ayuda y los medios necesarios a los responsables de los órganos judiciales, fiscales y de apoyo a la Administración de Justicia.
“El protocolo recoge, en definitiva, todas las instrucciones que habrán de aplicarse en un procedimiento que está medido al milímetro para tratar de minimizar el impacto de la propagación del virus en los servicios esenciales que ahora mismo se están prestando, pero sirve también a futuro para marcar pautas de comportamiento ante una pandemia de resultados imprevisibles aún en el tiempo”, explica Borja Vargues.
La idea es que exista en los centros de trabajo todo un mecanismo escalonado para la prevención de riesgos y, sobre todo, para la detección de incidencias que permita ofrecer una respuesta inmediata a los casos que se puedan dar de positivos o de indicación de aislamiento. Para ello, en las Gerencias se designará a una persona que coordine y controle las
actuaciones, en conexión permanente con la Unidad centralizada. Y los fiscales jefes, secretarios de Gobierno, secretarios coordinadores y directores de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses tendrán que comunicarlo a las Gerencias para que estas a su vez den traslado a la UCRL.
Tanto desde las Gerencias como, en su ámbito, los fiscales jefes y demás responsables de unidades se deciden cuestiones básicas como, por ejemplo, dar las instrucciones precisas a las empresas de limpieza para intensificar las medidas de limpieza y desinfección del puesto de trabajo y zonas de uso común.
Cabe recordar que todas las resoluciones adoptadas por los distintos organismos con competencias sobre la Administración de Justicia se pueden consultar en la web del Ministerio de Justicia en este enlace .

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Buzón especial para denuncias y consultas relacionadas con la pandemia – COVID-19

2 de abril, 2020

Buzón especial para denuncias y consultas relacionadas con la pandemia – COVID-19

31 Mar 2020 | Competencia

cnmc.es

La CNMC ha centralizado en un buzón todas las denuncias relacionadas el COVID-19. En las circunstancias actuales de pandemia, la prioridad de la CNMC es la protección de los consumidores. Como bien sabéis, se trata de una situación excepcional que podría llevar a los operadores económicos a diversas formas de cooperación para facilitar el suministro de los productos esenciales (lo cual, en principio, no presentaría problemas desde el punto de vista de la legislación de competencia) y/o distintas prácticas anticompetitivas, especialmente referidas a precios, que no puedan explicarse por las condiciones de oferta y demanda del mercado. Todo esto podría ocurrir en diversos sectores, pero especialmente en el sector de material sanitario y servicios funerarios o crematorios.

En particular, se valorará si las medidas se adoptan con la única finalidad de solventar las dificultades que han surgido de la crisis sanitaria actual en beneficio del interés público, sin que vayan más allá de lo estrictamente necesario para este fin, en línea con lo acordado entre todas las autoridades de competencia que formamos parte de la Red Europea de Competencia (ECN).

Al mismo tiempo, la CNMC perseguirá cualquier conducta que pretenda aprovechar la crisis actual en perjuicio de los consumidores y, por este motivo, está siguiendo muy de cerca la evolución de los mercados afectados y, en particular, la formación de los precios.

La CNMC está a disposición de las empresas que quieran consultar acerca de la compatibilidad con las normas de competencia de posibles acuerdos de cooperación transitorios que estén valorando llevar a cabo para hacer frente a los efectos de la pandemia.

Con el fin de poder recibir y centralizar la información, denuncias o consultas relacionadas con posibles medidas o actuaciones llevadas a cabo en este contexto de pandemia, la Dirección de Competencia ha habilitado un correo electrónico específico al que poder dirigirse: covid.competencia@cnmc.es

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La UE debe aprobar sin demora medidas para proteger a la ciudadanía

2 de abril, 2020

La UE debe aprobar sin demora medidas para proteger a la ciudadanía

25 Mar 2020 ugt.es

UGT y CCOO piden al Gobierno que apoye en el Consejo Europeo las propuestas de patronal y sindicatos europeos

► Es fundamental activar fondos para ayudar a los Estados miembro a garantizar el apoyo financiero y de ingresos a trabajadores y autónomos, así como el acceso al crédito y el apoyo financiero a las empresas, especialmente a las pymes.

► Hay que alentar el gasto y la inversión de los Estados Miembro, para reforzar el personal, equipos y medios para los servicios nacionales de salud, los sistemas de protección social y otros servicios de interés general.

► Es necesario utilizar la flexibilidad incorporada en los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluida su suspensión temporal mediante el uso de la cláusula de escape general.

Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, se han dirigido al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacerle llegar una declaración conjunta de los la patronal y los sindicatos europeos con medidas acordadas para hacer frente a la emergencia provocada por la crisis del COVID-19.

El documento defiende, entre otras cuestiones, la utilización plena y temporal de la flexibilidad incorporada en los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluida su suspensión temporal mediante el uso de la cláusula de escape general o alentar el gasto y la inversión de los Estados Miembros, para reforzar el personal, equipos y medios para los servicios nacionales de salud, los sistemas de protección social y otros servicios de interés general.

Además, aboga por la activación del fondo de solidaridad para desastres naturales y cualquier otra financiación disponible en la UE así como por movilizar los fondos estructurales no utilizados -así como otros fondos de la UE- para ayudar a los Estados miembros a garantizar el apoyo financiero y de ingresos a los trabajadores y trabajadoras afectados por el desempleo o la suspensión del trabajo, incluidos los trabajadores atípicos y los autónomos.

Contempla también garantizar el acceso al crédito y el apoyo financiero a las empresas, especialmente a todos los tipos de PYME afectadas por el cierre y las medidas de emergencia, con una intervención coordinada del presupuesto de la UE, el BCE, el BEI y los bancos nacionales de fomento y la salvaguardia de todos los modos de transporte de mercancías es una prioridad dentro de la UE, también tienen un papel esencial de coordinación e información sobre las medidas adoptadas en los Estados miembros.

Y prevé evitar las distorsiones del mercado único, incluidas las prohibiciones y restricciones a la exportación y especialmente para la exportación de equipos médicos y medicamentos, y no cerrar fronteras para las mercancías, así como la salvaguardia de todos los modos de transporte de mercancías es una prioridad dentro de la UE, también tienen un papel esencial de coordinación e información sobre las medidas adoptadas en los Estados miembros.

La declaración, que ha sido enviada también a los miembros del Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno con motivo de la reunión virtual que tendrá lugar el próximo jueves 26 de marzo, insta además al Consejo a que apruebe sin demora todas las medidas propuestas por la Comisión Europea hasta el momento.

Apoyar las medidas que están articulando los Estados miembro

En este contexto, Pepe Álvarez y Unai Sordo piden al Presidente del Gobierno que apoye este paquete de medidas en el Consejo Europeo para hacer frente a la emergencia que supone el COVID-19 y para proteger a toda su ciudadanía, las personas trabajadoras y las empresas afectadas, que se están asfixiando por el coronavirus COVID-19, física y económicamente.

Es prioritario ayudar a los y las trabajadoras, las empresas, las actividades económicas y los servicios públicos a sobrevivir esta crisis y recuperar la normalidad cuando superemos este trance, pero para ello es necesario que los fondos de la Unión Europea apoyen las medidas que los Estados miembro están articulando.

Por ello, la Comisión y los Estados miembros deben asegurarse de que el apoyo financiero llegue a las empresas, especialmente a todos los tipos de PYME, y a todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos los autónomos y aquellos con trabajos precarios que son más vulnerables.

El plan de la Comisión de flexibilizar la aplicación de sus normas fiscales y de ayuda estatal es esencial para apoyar a unos servicios públicos que se encuentran al límite, así como a las empresas y los trabajadores y trabajadoras afectados por la crisis. Lo mismo que los fondos de la UE invertidos en la protección de los trabajadores y las empresas contra los peores efectos de la crisis, unos fondos que deben ser adicionales al gasto de los Estados miembros.

Europa debe mostrar responsabilidad, solidaridad y eficiencia para hacer frente a esta emergencia, protegiendo a todos sus ciudadanos, trabajadores y empresas afectados.

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Ministerio de Justicia. Dirección General

1 de abril, 2020
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Justicia garantizará los servicios esenciales de registros y notarías para el mantenimiento de la actividad económica durante el estado de alarma

1 de abril, 2020

Coronavirus COVID-19

Justicia garantizará los servicios esenciales de registros y notarías para el mantenimiento de la actividad económica durante el estado de alarma

Martes 31 de marzo de 2020 lamoncloa.gob.es

Tanto el servicio público registral como el notarial están considerados servicios esenciales por lo que el cese de su actividad no está contemplado en el Real Decreto-ley, de 29 de marzo, aprobado por el Gobierno para reducir la movilidad de la población durante la pandemia.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha dictado sendas instrucciones para garantizar que los Registros de la Propiedad, Mercantiles, de Bienes Muebles y el Registro Concursal, así como las notarías, seguirán prestando adecuadamente los servicios mínimos básicos para el mantenimiento y desarrollo imprescindible de la actividad económica, societaria y financiera durante el estado de alarma.

Servicios mínimos de los registros

Según el Real Decreto-ley 10/2020, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, los Registros de la Propiedad, Mercantiles, de Bienes Muebles y el Registro Concursal deberán mantener operativos los servidores y los puestos de teletrabajo, así como el personal indispensable para la prestación presencial de los servicios mínimos. Estos los fijará el registrador atendiendo a las necesidades de la oficina, salvaguardando el principio de prioridad, la correcta presentación de documentos por los canales legales y facilitando la publicidad formal de los derechos inscritos.
La presentación telemática y por fax se mantendrá, y se extremará la seguridad en las gestiones que se realicen de forma presencial. Los Registros que se encuentren en el mismo edificio podrán acordar un punto único de entrega de la documentación para su distribución interna. La actividad del Registro se circunscribirá esencialmente a la entrada y presentación de documentos y a la publicidad formal.

El Colegio de Registradores mantendrá los servicios electrónicos y dispondrá los servicios presenciales mínimos. En todo caso, se mantendrá cerrado el registro de entrada del Colegio para la presentación presencial y solo se admitirá vía telemática.

La instrucción modifica asimismo el Plan de Contingencia de los Registros aprobado el 13 de marzo, definiendo diferentes protocolos para el funcionamiento de las oficinas en situación normal, en caso de contagio, por cierre al público de la sede o por inhabilitación del propio Registro.

En el supuesto de que la situación de emergencia se mantenga en el tiempo, se adoptarán las medidas pertinentes.

Servicios notariales esenciales

Por otro lado, en relación a los servicios notariales, la Dirección General establece que tienen carácter esencial los servicios relativos a las siguientes actividades:
•Las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
•El cumplimiento de obligaciones tributarias y tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo.
•Actividades de financiación y seguros.
•Los servicios notariales en relación con servicios profesionales en la medida en que sus actividades sean esenciales, de conformidad con el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, y normas que desarrollen este.
•Los que se deriven de la no interrupción a día de hoy de los cómputos civiles, así como los actos de naturaleza personal de carácter urgente.
•En general cualquier otra actividad notarial necesaria para el desarrollo de actividades esenciales según lo previsto en el Real-Decreto Ley.

El notario mantendrá el personal indispensable para la prestación de manera presencial de estos servicios mínimos, que fijará atendiendo a las necesidades de la oficina y en consonancia con lo dispuesto por las autoridades sanitarias y con la Resolución de la Dirección General, que establece que no podrá llevarse a cabo ninguna actuación de las señaladas anteriormente si no es posible garantizar el espacio mínimo de seguridad entre las personas que acudan a la notaría.

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Defensa ha ayudado a poner en funcionamiento 16 hospitales de campaña

1 de abril, 2020

Coronavirus COVID-19

Defensa ha ayudado a poner en funcionamiento 16 hospitales de campaña

Martes 31 de marzo de 2020 lamoncloa.gob.es

Las Fuerzas Armadas han colaborado en la puesta en marcha de dieciséis hospitales de campaña por todo el territorio nacional, con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida a las necesidades de ampliación de capacidades sanitarias frente a la COVID-19 y ampliar el número de camas hospitalarias.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este lunes, en una rueda de prensa desde La Moncloa, que se había acordado un reconocimiento para el apoyo en el montaje del hospital de Campaña para 300 personas en el Hospital Pac Paulí de Sabadell, e iniciado los contactos para el montaje de otro hospital de campaña en la Fira de Barcelona.

También militares del Regimiento de Ingenieros número 11 (REI 11) de Salamanca han concluido la ampliación del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, para mejorar su capacidad de asistencia sanitaria, con motivo de los efectos del coronavirus. Este mismo regimiento realizó el domingo 29 de marzo la ampliación de la capacidad de asistencia sanitaria del Hospital General de Segovia.

En todo este dispositivo, las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas son el asesoramiento de ingenieros para instalación de centros hospitalarios y apoyo técnico sanitario para distribución de las funciones y atención médica. Asimismo, también se realiza el apoyo de transporte para el traslado de camas y todo el material que sea necesario.

La preparación y la experiencia en zona de operaciones de los militares españoles en el montaje de hospitales de campaña está permitiendo que el personal especializado en electricidad, fontanería, sistemas de climatización, albañilería y soldadura, trabaje reforzando las labores de mantenimiento de complejos hospitalarios, o instalando otros provisionales para ampliar las medidas sanitarias, mientras dure la crisis provocada por la Covid19. Este hecho se puso de manifiesto en la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Comunidad de Madrid en la instalación del hospital provisional del IFEMA.

Hasta la fecha, se han prestado múltiples apoyos (montaje de tiendas de campaña, material sanitario, mobiliario diverso, contenedores frigoríficos, grupos electrógenos, etc.) en los siguientes hospitales de Madrid: La Paz, Doce de Octubre, Hospital Gómez Ulla, Alcalá de Henares, Alcorcón, Ramón y Cajal, hospital de campaña del Pabellón Carlos Sastre de Leganés y Getafe.

Otros centros donde han intervenido las Fuerzas Armadas han sido el Hospital de Albacete, el Tres Mares en Cantabria, el Cruz Roja de Santa Cruz de Tenerife y el Hospital Militar de Zaragoza. Asimismo, se ha colaborado en la instalación de distintas zonas de triaje de pacientes en León, en el HUCA de Oviedo y en el Hospital General de La Palma.

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El Gobierno impulsa la contratación de cerca de 200 profesionales extranjeros en situación regular del sector sanitario ante la crisis del COVID-19

1 de abril, 2020

Coronavirus COVID 19

El Gobierno impulsa la contratación de cerca de 200 profesionales extranjeros en situación regular del sector sanitario ante la crisis del COVID-19

Viernes 27 de marzo de 2020

lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Política Territorial y Función pública han puesto en marcha una acción urgente coordinada para incrementar el número de profesionales sanitarios extranjeros en disposición de trabajar en España con carácter inmediato.

Con este conjunto de medidas, se espera que alrededor de 200 médicas, médicos, enfermeras y enfermeros nacionales de terceros países y actualmente ya residiendo en España se incorporen en los próximos días al Sistema Nacional de Salud (SNS) en un momento decisivo para afrontar la crisis sanitaria provocada por la extensión del virus COVID 19 en nuestro país.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, se han impulsado los mecanismos de agilización administrativa previstos en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que permiten priorizar, motivadamente, los expedientes administrativos de autorización de residencia y trabajo que afectan a trabajadores de un sector esencial ante la emergencia sanitaria, y conforme a los criterios fijados en el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se establece el estado de alarma en nuestro país.

Por medio de esta iniciativa, ejecutada tanto desde la Unidad de Grandes Empresas, en la Secretaria de Estado de Migraciones, como desde las Oficinas de Extranjería, se espera que en los próximos días cerca de 200 trabajadores extranjeros del sector sanitario cuenten con la autorización precisa para ejercer su labor en España.

Para cumplir este objetivo, los citados ministerios han coordinado su acción en ámbitos cruciales, como la priorización de permisos de residencia y trabajo, la homologación de títulos o el reconocimiento de competencias profesionales, para dar una respuesta inmediata en un momento de máxima exigencia y alta demanda de estos perfiles en nuestro mercado laboral. Para ello, se ha elaborado un nuevo protocolo de coordinación entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Sanidad que permite un intercambio de información, consulta y resolución efectiva para la puesta en marcha de la medida.

Por su parte, el Ministerio de Universidades ha hecho de la agilización del proceso de homologaciones un eje de actuación prioritaria. Desde el pasado viernes se han resuelto un total de 100 expedientes de homologación de títulos de médicos. En total, desde comienzos de año, se han homologado un total de 762 profesionales del ámbito sanitario.

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Preguntas y respuestas sobre la prohibición temporal de fecha 16/03/2020 de incremento de posiciones cortas netas en acciones admitidas a cotización en centros de negociación para los que la CNMV es autoridad competente

1 de abril, 2020

Preguntas frecuentes sobre el Acuerdo de la CNMV de 16/03/20

Las respuestas a las cuestiones que se recogen a continuación sobre el alcance del Acuerdo de 16/03/2020 (de prohibición temporal del incremento de posiciones cortas netas en acciones en centros de negociación para los que la CNMV es autoridad competente) han sido elaboradas por la Dirección General de Mercados de la CNMV.

cnmv.es

En todo caso, se recuerda que la normativa sobre las ventas en corto está contenida en el Reglamento (UE) Nº 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago (Reglamento (UE) Nº 236/2012) (en adelante, ‘el Reglamento’) y en su normativa de desarrollo.

La lista de preguntas y respuestas que sigue podrá ser actualizada y ampliada.

1 ¿Quién está sujeto a la prohibición?
La prohibición alcanza a toda persona física y jurídica (en adelante “inversores”) independientemente de su país de residencia, salvo en los supuestos exceptuados, sin importar si la transacción u operación tiene lugar en España o en otros países, o en un mercado regulado o no o fuera de un centro de negociación (OTC).

2 ¿A qué emisores e instrumentos financieros alcanza la prohibición?
La prohibición es de aplicación a los instrumentos financieros, además de las acciones, cuya exposición confiere una ventaja financiera en caso de que disminuya el precio de la acción. El Anexo I, parte I del Reglamento Delegado 918/2012 contiene una lista de dichos instrumentos.
Preguntas y respuestas sobre la prohibición temporal de fecha 16/03/2020 de incremento de posiciones cortas netas en acciones admitidas a cotización en centros de negociación para los que la CNMV es autoridad competente
La prohibiciónn se refiere a las acciones admitidas a cotización en los centros de negociación españoles (Bolsas de Valores y Mercado Alternativo Bursátil, MAB) para las que la CNMV sea autoridad competente de acuerdo al Reglamento. Para la identificación de aquellas acciones cotizadas en centros de negociación españoles para las que la CNMV no es la autoridad competente (como IAG o Arcelor) se recomienda consultar la base de datos FIRDS disponible diariamente en el Registro de ESMA, disponible en su sitio web www.esma.europa.eu.
Conforme al Acuerdo de la CNMV de 16/03/20, están temporalmente prohibidas las operaciones sobre instrumentos financieros que permitan crear o incrementar una posición corta neta sobre las acciones referidas en el párrafo anterior. Por el contrario, los instrumentos de deuda corporativa o de gestión del riesgo de crédito (CDS) no están sujetos a la prohibición.
La creación o incremento de posición corta neta mediante instrumentos financieros distintos de las propias acciones incluye, entre otros, futuros, opciones (incluso si no están admitidos a negociación en la UE), ADRs, GDRs y swaps OTC. Respecto a certificados representativos de acciones como los ADR, es importante aclarar que la prohibición no prohíbe posiciones cortas sobre los ADR como tales o aisladamente considerados, sino únicamente en tanto supongan posiciones cortas sobre la acción subyacente, teniendo en cuenta la posición total del tenedor del ADR. Por ejemplo, si una entidad tiene una posición larga sobre 10 acciones sujetas a la prohibición y vende en corto 10 ADRs sobre esa misma acción no tendría una posición corta neta sobre la acción sujeta a la prohibición sino una posición neutral, no afectada por la prohibición.
La prohibición incluye asimismo productos estructurados que contienen derivados cuyo efecto es crear una posición corta neta en el capital de las acciones sujetas a la prohibición.

3 ¿Está permitida la creación o incremento de posiciones cortas netas intradiarias?
No, la creación o el incremento de posiciones cortas netas durante la sesión están también prohibidos, incluso si el participante de mercado se plantea cerrarlas al final de la misma.

4 ¿Qué operaciones están exceptuadas de la prohibición?
Tal y como señala el anuncio publicado por la CNMV el 16/03/2020, quedan exceptuadas de la prohibición las siguientes operaciones:
La creación o incremento de posiciones cortas netas cuando el inversor que adquiere un bono convertible tiene una posición neutral en términos de delta entre la posición en el elemento de renta variable del bono convertible y la posición corta que se toma para cubrir dicho elemento.
La creación o incremento de posiciones cortas netas cuando la creación o incremento de la posición corta en acciones esté cubierta con una compra equivalente en términos de proporción en derechos de suscripción.
La creación o incremento de posiciones cortas netas a través de instrumentos financieros derivados sobre índices o de cestas de instrumentos financieros que no se compongan mayoritariamente de valores afectados por la prohibición.
Las actividades de creación de mercado en los términos previstos en el citado Reglamento europeo (artículos 2.1.k y 17). A la creación de mercado se refieren más específicamente las preguntas 7 y 8.

5 ¿Qué operativa se puede desarrollar a través de instrumentos financieros derivados? ¿Qué precauciones deben ser tomadas en relación con dichos instrumentos?
En relación con los derivados sobre índices o cestas de instrumentos financieros, no está permitido que los inversores utilicen derivados para crear o incrementar una posición corta neta, únicamente los pueden utilizar para crear, ampliar o cubrir una posición larga. Las posiciones cortas netas tomadas a través de derivados antes de la entrada en vigor de la prohibición no se encuentran afectadas.
Posiciones cortas sobrevenidas
Los inversores cuya posición corta neta pre-existente se incremente exclusivamente como resultado de la variación de la volatilidad no están obligados a reducir suexposición; mantener una posición corta neta inalterada no infringe la prohibición.
Roll-over de posición corta neta
Los inversores con posiciones cortas en derivados, tomadas con antelación a la prohibición temporal acordada por la CNMV pueden realizar el roll-over de su posición, incluso si ello produce una creación de posición corta neta con una nueva fecha de ejercicio futura siempre que al realizar el roll-over no se aumente la posición corta neta pre-existente.
Expiración de derivados que cubren una posición larga
Sensu contrario, un inversor puede tener una posición larga a través de un derivado que sirve de cobertura a una posición corta sobre las acciones objeto de la prohibición. Como resultado, la posiciónn corta neta del inversor sería cero. Si, tras la entrada en vigor de la prohibición, dejase expirar el derivado que sirve de cobertura a la posición corta sobre las acciones sin cancelar simultáneamente ésta última, el inversor estaría creando una posición corta neta. En este supuesto, no puede entenderse que esta creación es sobrevenida, puesto que al no deshacer el inversor sus dos posiciones opuestas que formaban parte de una misma estrategia, está conscientemente adoptando una nueva de posicionarse en corto sobre las acciones. Por lo tanto, para no infringir la prohibición debería mantener la posición larga y su cobertura o bien deshacer ambas.
Cobertura imperfecta mediante derivados de una posición larga
Un inversor puede estar largo en una cartera de acciones que no replica exactamente un índice como el IBEX-35 y cubrir esa posición mediante venta de futuros/opciones sobre el índice. Esta estrategia puede suponer una posición corta neta respecto de las acciones subyacentes del derivado que no tengan reflejo en la cartera del inversor.
Esta actuación sería aceptable para la CNMV sólo si el inversor está en condiciones de demostrar que para la posición larga que se quiere cubrir vendiendo derivados referenciados al índice no existe un mercado líquido de futuros/opciones y además hay correlación clara entre la cartera y el índice.

6 ¿Están permitidas las posiciones cortas en acciones mediante transacciones en derivados sobre índices o cestas de instrumentos financieros que no se compongan mayoritariamente de valores afectados por la prohibición?
Sí, pero solamente cuando se trata de derivados (como futuros u opciones) que se negocien en un centro de negociación y no aquellos que únicamente se negocian OTC.
En cuanto a los ETF, en la medida en que son instrumentos financieros cuyo objetivo es replicar la evolución de un índice o de una cesta de valores, la creación o incremento de posiciones cortas netas a través de ETF también estaría permitida siempre que el fondo no se componga mayoritariamente de acciones afectadas por la prohibición.

7 ¿Se considera creadores de mercado a los miembros de un mercado por el hecho de tener un acuerdo de miembro o participante con la rectora del mercado?
No, se requiere también notificación a la autoridad competente. La definición de las actividades de creación de mercado es la recogida en el artículo 2.1.k del Reglamento (UE) Nº 236/2012. Únicamente se considera creador de mercado a aquellas entidades que hayan solicitado a su Autoridad Nacional Competente la exención para la actividades de creación de mercado con relación a las acciones afectadas por la prohibición de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) Nº 236/2012. ESMA mantiene una lista de creadores de mercado disponible en su web a estos efectos. El inversor debe asegurarse de que, además de estar en esa lista, la notificación se realizó para los instrumentos sujetos a la prohibición.

8 ¿Se aplica la excepción de creación de mercado a entidades domiciliadas en terceros países?
Los creadores de mercado definidos en el artículo 2.1.k) del Reglamento están exceptuados de la prohibición de la CNMV incluso si están domiciliados fuera de la Unión Europea y no han sido autorizados en la UE, siempre que hayan notificado su intención de realizar actividades de creación de mercado a la Autoridad Competente del principal centro de negociación de la UE donde negocien. En tal caso habrán sido incluidos en la mencionada lista de ESMA de creadores de mercado.
Dicha notificación debería incluir las acciones sobre las cuales la entidad va a llevar a cabo su actividad de creación de mercado. Las directrices o guías de ESMA (1), sobre actividades de creación de mercado en relación al Reglamento, proporcionan detalles sobre el procedimiento de notificación para entidades domiciliadas fuera de la UE (párrafos 37-41). Esto implica que las entidades domiciliadas en terceros países que estén incluidas en la lista de ESMA pueden beneficiarse de la excepción de la prohibición de la CNMV en las mismas condiciones que los creadores de mercado de la UE.

9 ¿Se pueden generar posiciones cortas dentro de un grupo en una entidad que no realiza creación de mercado, como consecuencia de reasignaciones intra-grupo (back-to-back trades)?
Si una entidad del grupo que está reconocida por una autoridad competente europea toma posiciones cortas como consecuencia directa de sus actividades de creación de mercado (según la definición del art 2.1.k del Reglamento) y, posteriormente, esas posiciones se trasladan o cubren mediante operaciones back-to-back a otras entidades del grupo que no son creadores de mercado reconocidos, por motivos de gestión centralizada del riesgo, en línea con el Reglamento Delegado de la UE nº 2017/2294, dicha práctica no se considera un incumplimiento de la prohibición siempre que no se realice para vulnerar la prohibición y pueda demostrarse la correspondencia entre ambos flujos de operaciones.

10 ¿Se pueden vender acciones sujetas a la prohibición que sean componentes de un índice pero cuya exclusión del mismo ha sido ya publicada (con el objeto de anticiparse a dicha salida del índice)?
Teniendo en cuenta el probable impacto del cambio en la composición de los índices (cuyos derivados cotizan en centros de negociación) en el precio de los acciones excluidas, la CNMV admitirá que los inversores que replican el rendimiento de los índices cuya composición va a variar puedan vender los valores, incluso si el resultado de dichas ventas es la creación durante un corto espacio de tiempo de una posición corta neta. Esta tolerancia solo se aplicará durante la última sesión de negociación antes de que el cambio en la composiciónn se produzca.
Para beneficiarse de la exención, los inversores deberán estar en condiciones de demostrar a la CNMV que sus actuaciones están debidamente justificadas y que la eventual posición corta neta se cierre como muy tarde en la sesión anterior a la del cambio efectivo de los componentes del índice.
1 https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-exemption-market-making-activities-and-primary-market-operations-under-short

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Calle del Prado. Madrid

31 de marzo, 2020
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Nota informativa sobre el uso de la flexibilidad prevista en la normativa contable ante el shock causado por el COVID-19

31 de marzo, 2020

Banco de España. Eurosistema
30.03.2020 bde.es
Nota informativa sobre el uso de la flexibilidad prevista en la normativa contable ante el shock causado por el COVID-19
El Banco de España recuerda a las entidades financieras la importancia de definir y aplicar responsablemente sus políticas contables ante medidas de contención de naturaleza transitoria y excepcional

La situación de emergencia de salud pública creada por la propagación del COVID-19, y las necesarias medidas de contención adoptadas, están provocando una perturbación de gran intensidad para la economía española, que afecta a las empresas y a los hogares. Como complemento de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, contenidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, es necesario que las entidades financieras (entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago) continúen prestando apoyo financiero a las empresas y hogares afectados negativamente por esta situación transitoria y excepcional.

Teniendo en consideración el objetivo de apoyar a las entidades financieras en este importante papel de financiar a la economía real, para facilitar así su posterior recuperación una vez se supere la crisis sanitaria, los reguladores y supervisores bancarios europeos recomiendan hacer un uso adecuado de la flexibilidad prevista en el marco regulatorio.

En particular, el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado un conjunto de medidas orientadas a proporcionar más flexibilidad a las entidades de crédito que supervisa directamente. Las entidades de crédito podrán hacer uso de los colchones de capital y liquidez, y se introduce un enfoque más flexible en relación con los plazos y los procesos supervisores, orientado a reducir su carga operativa.

El Banco de España, como autoridad nacional competente integrante del Mecanismo Único de Supervisión, asume las medidas comunicadas por el BCE, y las hace extensivas a todas las entidades financieras sobre las que ejerce sus competencias supervisoras de manera directa, en la medida que sean aplicables.

En concreto, en su comunicación del 20 de marzo del 2020 (1), en lo relativo al riesgo de crédito, el BCE proporciona a las entidades de crédito más flexibilidad:

• En el tratamiento de los préstamos respaldados por medidas de apoyo público, que afecta, entre otros elementos, a la clasificación como dudosas no morosas (unlikely to pay) de las exposiciones respaldadas por garantías públicas o afectadas por las moratorias impuestas legamente en el contexto de la actual emergencia sanitaria.

• Además, las exposiciones respaldadas por garantías públicas que pasen a ser dudosas se beneficiarán de un tratamiento preferente en términos de las expectativas supervisoras sobre dotación de provisiones a efectos prudenciales.

• Se analizará con flexibilidad la aplicación por las entidades de sus estrategias de reducción de exposiciones dudosas, teniendo en cuenta las actuales condiciones de mercado.

• Finalmente, teniendo en cuenta el alto grado de incertidumbre sobre el impacto de la crisis sanitaria, se recomienda a las entidades que en las estimaciones de pérdidas esperadas den un mayor peso a los escenarios a más largo plazo, más estables, basados en el comportamiento histórico.

Además, el pasado de 25 de marzo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA2) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA3) publicaron sendas comunicaciones aclarando sus expectativas sobre la aplicación del marco prudencial y contable en el contexto de la crisis sanitaria y de las medidas adoptadas para mitigarla. En dichas comunicaciones, entre otros aspectos:

• La EBA señala que el ofrecimiento y aceptación de un programa de moratorias, bien amparadas en una disposición legal o bien por acuerdo entre la entidad y su cliente, no lleva automáticamente a la identificación de las operaciones como restructuradas o refinanciadas.

• La ESMA recuerda que se puede refutar la presunción de que las operaciones con importes vencidos con más de 30 días de antigüedad se reclasifican al stage 2 (categoría equivalente a normal en vigilancia especial).

• La ESMA indica que los aumentos significativos en el riesgo de crédito, que llevan a la clasificación como stage 2, se determinan considerando toda la vida esperada de la operación. Por tanto, se debe analizar en qué medida cambios repentinos y a corto plazo dan lugar a impactos durante toda la vida de la operación. Además, subraya que las moratorias u otras medidas que permiten el aplazamiento de los pagos concedidas ante la situación generada por el COVID-19 no tienen que llevar automáticamente a la identificación de un incremento significativo del riesgo de crédito.

En este contexto, el Banco de España recuerda a las entidades financieras la importancia de definir y aplicar responsablemente sus políticas contables teniendo en cuenta la naturaleza transitoria y excepcional de las medidas de contención del COVID-19. Para ello, resulta oportuno hacer uso de la flexibilidad prevista en la normativa contable, sin menoscabo de la adecuada identificación del deterioro de las operaciones y de una estimación razonable de su cobertura por riesgo de crédito.

El uso de la flexibilidad existente en el marco contable implica, entre otras consideraciones, evitar la utilización automática de aquellos indicadores e hipótesis que, si bien pueden resultar razonables en situaciones normales, pueden no serlo en circunstancias excepcionales no previstas en dicho marco.

En este sentido, con relación a la clasificación y cobertura por riesgo de crédito, cabe recordar que:

• La existencia de importes vencidos con más de treinta días de antigüedad es una presunción refutable para la clasificación en la categoría de normal en vigilancia especial (NVE). Por tanto, no se clasificarán automáticamente como NVE aquellas operaciones que estén vencidas más de 30 días, si no han experimentado un incremento significativo en su riesgo de crédito.

• Para determinar si ha habido un incremento significativo del riesgo de crédito de las operaciones a efectos de su clasificación como NVE, debe tenerse en cuenta toda la vida de la operación. Es decir, se tiene que valorar si los posibles cambios que se consideren puntuales o transitorios en el comportamiento de pago tienen un impacto significativo en el riesgo de crédito durante todo el plazo de la operación.

• Únicamente se deben identificar como refinanciaciones o reestructuraciones aquellas modificaciones de operaciones cuyo titular tenga, o sea previsible que tenga, dificultades financieras; en otro caso, se trataría de renovaciones o renegociaciones. La existencia de dificultades de liquidez de prestatarios con un buen comportamiento de pago no llevaría automáticamente a identificar como refinanciaciones o reestructuraciones las modificaciones de las operaciones motivadas por la crisis del COVID-19 en el momento de su concesión. Estas operaciones podrían mantenerse clasificadas como normales en la medida en que no presenten dudas razonables sobre su reembolso y no haya habido un incremento significativo de su riesgo de crédito (ver punto anterior).

• La incorporación del efecto de las previsiones sobre condiciones económicas futuras en la estimación de las coberturas por riesgo de crédito debe hacerse sobre la base de información razonable y fundamentada. Por ello, dicha incorporación debería dar más ponderación a aquellas previsiones sin un alto nivel de incertidumbre que pueda menoscabar la fiabilidad de las estimaciones. Mientras no haya información disponible y fiable sobre el impacto del COVID-19, la entidad debería otorgar, en función del vencimiento de las operaciones, más peso a proyecciones establecidas en el largo plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco de España espera que las entidades financieras incorporen en sus sistemas contables y de gestión de riesgos, para todas las operaciones que se vean directamente afectadas por las consideraciones anteriores en relación con el COVID-19, los identificadores correspondientes, de los que habrán de informar a la Central de Información de Riesgos (CIRBE), de acuerdo con las especificaciones que se comunicarán a las entidades. Igualmente, se recuerda que deberán someter dichas operaciones a un adecuado seguimiento y control interno.

1 Nota de prensa de 20 de marzo de 2020, sobre flexibilidad adicional para los bancos en respuesta al coronavirus. Disponible en el enlace web: https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Noticias%20Ultima%20Hora/Fich/presbce2020_54.pdf

2 Comunicación de 25 de marzo de 2020, sobre la aplicación del marco prudencial en lo relativo a impago, refinanciaciones e IFRS 9 a la vista de las medidas de respuesta a la COVID-19. Disponible en el enlace web: https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19measures

3 Comunicación de 25 de marzo de 2020 (ESMA32-63-951), sobre las implicaciones contables del estallido de la COVID19 en la estimación de pérdidas esperadas por riesgo de crédito bajo IFRS 9. Disponible en el enlace web: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63951_statement_on_ifrs_9_implications_of_covid19_related_support_measures.pdf

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¿Cuáles son las actividades que sí se consideran esenciales y deben seguir en funcionamiento entre el 30 de marzo y el 9 de abril?

31 de marzo, 2020

¿Qué actividades se consideran esenciales y no les afecta el llamado permiso retribuido recuperable?

30 marzo, 2020 uso.es

¿Cuáles son las actividades que sí se consideran esenciales y deben seguir en funcionamiento entre el 30 de marzo y el 9 de abril?

Tras la publicación, a ultimísima hora del domingo 29 de marzo del RD-ley que regula la paralización de actividades no esenciales, son muchos los trabajadores y empresarios que no saben exactamente si deben o no parar. Desde USO, tratamos de aclarar qué actividades son consideradas esenciales, a las cuales no se les aplica el llamado “permiso retribuido recuperable”. Estas personas trabajadoras deben continuar acudiendo a sus puestos de trabajo.

¿A quiénes no se aplica esta medida de paralización de actividad?
•Lo dispuesto en el RD-ley no resultará de aplicación a los trabajadores cuyas empresas ya hubiesen solicitado o estén aplicando, en la fecha de su entrada en vigor, un ERTE el que ya no presten servicios los días que está en vigor esta medida, del 30 de marzo al 9 de abril. Tampoco aquellas empresas a las que se les autorice un ERTE durante la vigencia de este permiso.
•Tampoco será de aplicación a las personas trabajadoras que estén en situación de Incapacidad Temporal (IT).
•No se aplicará a quienes tengan su contrato suspendido por cualquier causa legalmente prevista.
•No se aplica las personas trabajadoras que ya se encuentren prestando servicios a distancia, mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.
•A las personas trabajadoras por cuenta ajena que prestan servicios en los sectores calificados como esenciales en el Anexo del RD, así como a las que presten servicios en las divisiones o líneas de producción que se correspondan con dichos sectores esenciales.

Anexo de sectores considerados como esenciales y que deben continuar con su actividad:
1.Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.
2.Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
3.Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.
4.Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.
5.Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.
6.Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.
7.Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.
8.Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.
9.Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+i y biotecnológicos vinculados al covid-19, los animalarios a ellos asociados, el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.
10.Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
11.Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.
12.Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
13.Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
14.Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
15.Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.
16.Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
17.Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
18.Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
19.Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
20.Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
21.Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.
22.Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.
23.Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.
24.Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
25.Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

¿Puede cambiar el listado de actividades afectadas?

El ministro de Sanidad, como autoridad competente delegada, podrá modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en el RD-ley y sus efectos.

¿Qué ocurre con los empleados públicos que tienen legislación específica propia?

Respecto a este personal, se dictarán las instrucciones y resoluciones necesarias para determinar su régimen jurídico, tanto respecto al carácter esencial de los servicios como a la organización concreta de los mismos. Personal afectado:
•Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
•Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas.
•Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
•Personal militar de las Fuerzas Armadas.
•Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
•Personal retribuido por arancel.
•Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
•Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

¿Qué ocurre con la Administración de Justicia?

Jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia y demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el RD 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma.

¿Qué ocurre con la contratación en el sector público?

Pueden continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación por el procedimiento del art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

El permiso retribuido recuperable no se aplicará a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento de la seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación no presencial (sin perjuicio de las suspensiones ya previstas en el art. 34 del RD-Ley 8/2020).

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Cómo se aplicará la paralización de la actividad no esencial y cómo se recuperará el permiso

31 de marzo, 2020

Cómo se aplicará la paralización de la actividad no esencial y cómo se recuperará el permiso

29 marzo, 2020 uso.es

Explicación del recién bautizado “permiso retribuido recuperable” durante lo que queda de estado de alarma

El Gobierno anunció el 28 de marzo la paralización de las empresas que lleven a cabo actividades no esenciales como medida para frenar la difusión del covid-19 y controlar la pandemia.

Desde USO, el 16 de marzo trasladamos la Ministerio de Trabajo y Economía Social esta misma propuesta, basándonos en la necesaria defensa del derecho fundamental a la salud de los trabajadores. Es imposible, en la situación actual, cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entendíamos que, sin la paralización de la actividad presencial no esencial, no puede garantizarse la efectividad de las medidas del estado de alarma.

Para poder desarrollar esta medida, y dado lo extraordinario e inminente de la misma, el Gobierno plantea que se lleve a cabo mediante un “permiso retribuido recuperable” a través de la negociación colectiva. Desde USO, celebramos que se adopte la medida, a la par que se protege el empleo y el cobro de la nómina de los trabajadores, pero exigimos que no se utilicen eufemismos a la hora de denominar las medidas a tomar en la normativa que se aprueba.

En término laborales, solo los permisos no retribuidos deben recuperarse: los permisos retribuidos no se deben recuperar. Es necesario llamar a las cosas por su nombre para no dar lugar a confusiones: lo que se plantea en el Real Decreto-Ley 10/2020 es una distribución irregular de la jornada, no un permiso retribuido.

¿Cuánto entra en vigor la medida de paralización de actividades no esenciales y cuánto dura la medida?

Todas las medidas han entrado en vigor el 29 de marzo de 2020, excepto para las personas trabajadoras que tienen que garantizar la reanudación de la actividad empresarial. Estas podrán prestar sus servicios también el lunes 30 de marzo de 2020.

Hay que tener en cuenta que, aunque la Disposición Final Única de este RD-ley indica que el mismo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, dicha publicación no se produjo hasta pasadas las 23:30 del mismo domingo 29 de marzo. No obstante, el “permiso retribuido” ha comenzado a aplicarse a las 00:00 del día 30 de marzo.

El “permiso retribuido recuperable” es de carácter obligatorio y será de aplicación desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril, ambos días incluidos.

¿A quién se aplica este permiso?

El permiso será de aplicación para las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten sus servicios en empresas o entidades, públicas y privadas, cuya actividad no había sido ya paralizada por la declaración del estado de alarma establecida por el RD 463/2020, de 14 de marzo.

¿Qué significa estar de “permiso retribuido recuperable”?

Del 30 de marzo al 9 de abril, las personas a las que se aplique este permiso estarán liberadas de realizar su trabajo, pero percibirán su salario íntegro y con normalidad, incluyendo salario base y complementos.

¿Cómo y en qué períodos se van a recuperar las horas?

Tras la finalización del estado de alarma, prevista ahora mismo para el 11 de abril de 2020, salvo que se produzca una nueva prórroga, se tendrá de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para recuperar las horas no realizadas durante este período de “permiso”.

El calendario y forma de recuperación de las horas de trabajo se negociará con los representantes de las personas trabajadoras en un período máximo de 7 días.

Si no existe representación legal de los trabajadores en la empresa, la comisión la constituirán los sindicatos más representativos y representativos en el sector al que pertenezca la empresa. O, en su defecto, por 3 personas trabajadoras de la empresa, elegidas de conformidad con el art. 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. La comisión se constituirá en el plazo máximo de 5 días y la negociación deberá hacerse de buena fe. Las partes pueden acordar sustituir el período de consultas por procedimientos de mediación y arbitraje.

El acuerdo podrá regular la recuperación de todas o parte de las horas de trabajo, el preaviso mínimo para que las personas trabajadoras puedan conocer cuándo tienen que recuperar las horas y el período de referencia para recuperar el tiempo de trabajo no desarrollado. Si no hay acuerdo, la empresa notificará a los representantes de los trabajadores y a las personas trabajadoras su decisión al respecto en un plazo de 7 días desde la finalización del período de consultas.

En todo caso, se deberá conocer, con un preaviso mínimo de 5 días, el día y la hora del tiempo a recuperar.

La recuperación de horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020. Se respetarán, en todo caso, los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, sin superar la jornada máxima anual prevista en el convenio de aplicación. También deberán respetarse los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, legal y convencionalmente reconocidos.

¿Qué pasa si ya tenía acordadas vacaciones?

En el caso de que se hubiese acordado, individual o colectivamente, el disfrute de vacaciones para los días que esté en vigor el permiso obligatorio, las personas trabajadoras afectadas tendrán derecho a recuperar los días coincidentes con el permiso con posterioridad a su finalización, o en otro momento si así lo acuerdan con su empleador.

¿Qué ocurre si es imprescindible desarrollar un mínimo de actividad en mi empresa?

Las empresas que deban aplicar el permiso podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles, con el fin de mantener la actividad indispensable. Debe tenerse como referencia la actividad mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.

¿Quién regula este permiso en las Administraciones Públicas?

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y los órganos competentes de las comunidades autónomas y entidades locales, dictará las instrucciones y resoluciones necesarias para regular la prestación de servicios de los funcionarios y empleados públicos sujetos al Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de mantener el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

¿Qué ocurre cuando resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad?

En estos casos, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este Real Decreto-ley podrán prestar servicio el lunes 30 de marzo de 2020 para hacer efectivo este permiso sin perjudicar de forma irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

¿Qué ocurre con las personas trabajadoras del ámbito del transporte que están realizando un servicio no incluido en el RD-ley cuando dicha norma ha entrado en vigor?

Estas personas trabajadoras iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio el retorno correspondiente.

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Edificio de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

30 de marzo, 2020
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Estado de alarma. Medidas urgentes Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

30 de marzo, 2020

Enlace al BOE .

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Justicia reanuda la tramitación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia

30 de marzo, 2020

Coronavirus COVID-19

Justicia reanuda la tramitación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia

Viernes 27 de marzo de 2020

lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Justicia ha dado luz verde, mediante una resolución de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a la reanudación de la tramitación de las solicitudes de nacionalidad española por residencia, así como las de los descendientes de sefardíes originarios de España, trámites que quedaron interrumpidos por el estado de alarma.

La resolución de Justicia publicada hoy busca evitar algunos efectos de esta paralización atendiendo a la protección del interés general. La concesión de la nacionalidad española constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un Estado y concede a la persona un estatus y unos derechos superiores a los derivados de la mera residencia legal en España.

De igual manera, mediante esta resolución, se deja sin efecto el impacto que supondría interrumpir la instrucción del elevado número de solicitudes de nacionalidad que están pendientes de resolución.

Por otro lado, se mantiene la suspensión del plazo de 180 días que establece la legislación para que se realicen ante el encargado del Registro Civil los actos relativos al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, y la renuncia a la nacionalidad anterior, cuando proceda, así como la solicitud de las inscripciones correspondientes.

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Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de sociedades mercantiles en el contexto de la crisis sanitaria derivada del COVID-19

30 de marzo, 2020

Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de sociedades mercantiles en el contexto de la crisis sanitaria derivada del COVID-19
26 de marzo de 2020

registradores-org


El art. 253 LSC requiere que en las sociedades de capital los administradores formulen dentro de los tres primeros meses del ejercicio las cuentas anuales, el informe de gestión (que incluirá el EINF) y la propuesta de aplicación del resultado.
El art. 260.20º de la misma ley establece que, como parte del contenido mínimo de la memoria anual, que es uno de los elementos de las cuentas anuales individuales, se incluirá: «la propuesta de aplicación del resultado.» Y en el art. 160.a) de la LSC se indica que la junta general deberá acordar la aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.
Aunque ni el art. 253 ni el art. 160 exigen la formulación por el consejo, o la aprobación por la junta, de todos estos asuntos simultáneamente, eso es lo habitual.
Ahora bien, la situación derivada de la crisis sanitaria del COVID 19 es una circunstancia absolutamente extraordinaria que normalmente no ha sido tenida en cuenta por las entidades.
En el contexto de esta situación extraordinaria, el Colegio de Registradores de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores consideran que las entidades pueden, entre otras alternativas, optar por lo siguiente:
1.- Si el órgano de administración lo considera necesario, deberá reformular las cuentas anuales (CCAA) y modificar la propuesta de aplicación del resultado (PAR) incluida en la memoria, para que las CCAA recojan la última PAR que va a someterse a la junta (recordemos que el art. 38.c del Código de Comercio exige la reformulación en determinados casos, por riesgos que se materialicen entre la formulación y la junta, y el cambio en la PAR deviene de la materialización del riesgo del coronavirus). En igual sentido se pronuncia la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 en su artículo 25, Reformulación de cuentas.
Si la junta estuviera convocada, la reformulación obligaría a desconvocar la junta por razones de fuerza mayor. Sobre la desconvocatoria de la junta después del estado de alarma en relación con juntas cuya convocatoria se ha anunciado antes vid. artículo 40.6 in fine del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente alimpacto económico y social del COVID-19 (RDL 8/2020). El precepto citado es aplicable a entidades cotizadas y a no cotizadas.
2.- Sin llegar a reformular las CCAA, lo que no será automáticamente necesario por el solo hecho de tener que adaptar la PAR a la situación derivada de la crisis sanitaria y puede resultar especialmente gravoso al exigir la reformulación y una nueva auditoría de cuentas, las entidades con juntas no convocadas pueden sustituir la propuesta de aplicación de resultados contenida en la memoria de las CCAA formulada por otra propuesta alternativa y ajustada a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID 19 que apruebe el órgano de administración.
Esta nueva propuesta del órgano de administración, que es la que se someterá a la Junta, deberá justificar el nuevo contexto y los cambios recientes acaecidos en las circunstancias económicas y sanitarias, e ir acompañada de un escrito del auditor de cuentas, en el que indique que el cambio no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva PAR.
En el caso de entidades cotizadas la nueva propuesta y el escrito del auditor deberán hacerse públicas como información complementaria a las cuentas anuales tan pronto como se aprueben, en la Web de la entidad y en la de la CNMV como Otra Información Relevante (OIR) o, en caso de ser preceptivo atendiendo al caso concreto, como Información Privilegiada (IP).
3.- Tratándose de entidades con juntas convocadas, el órgano de administración puede optar igualmente por proponer el diferimiento de la decisión sobre la PAR contenida en la convocatoria de la Junta a una junta posterior que deberá celebrarse dentro del plazo previsto legalmente para la celebración de la junta ordinaria (plazo ampliado por el RDL 8/2020).
A diferencia de las entidades con junta no convocada, en este caso en la junta ya convocada sólo cabe proponer el retraso de la decisión sobre la PAR dada la existencia de delegaciones y votos ya conferidas o emitidos en favor de la propuesta incluida en la convocatoria. La nueva junta que se convoque podrá incluir una PAR distinta de la que incorporaba la convocatoria de la primera Junta. El objeto del diferimiento en la decisión es precisamente poder adaptar la misma al nuevo contexto.
Esta opción exigiría igualmente los mismos requisitos de justificación, escrito de auditor de cuentas y publicidad señalados en el apartado anterior, debiendo publicarse la decisión de diferimiento no más tarde de la constitución de la junta convocada y la información complementaria, antes de la nueva junta que se convoque a tal efecto.
Desde la perspectiva contable, el resultado contable neto se llevará a cubrir pérdidas o a remanente (Resultados Pendientes de aplicación, cuenta 120 de “Remanente” del Plan
General de Contabilidad). A efectos del depósito de cuentas, la certificación del órgano de administración deberá hacer constar la no aprobación de la propuesta de aplicación de resultados (vid. artículo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil sobre la certificación de no adopción de un acuerdo social).

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Carrumeiro Chico. Ría de Corcubión. A Coruña

29 de marzo, 2020
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la suspensión de toda actividad no esencial a partir de lunes 30 de marz

29 de marzo, 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la suspensión de toda actividad no esencial a partir de lunes 30 de marzo.

lamoncloa.gob.es

Siguiendo las recomendaciones del Comité Técnico, y tras comunicárselo a los agentes sociales, el presidente del Gobierno ha tomado la determinación de que todos los trabajadores de actividades no esenciales se queden en sus domicilios entre el 30 de marzo y el 9 de abril, ambas fechas incluidas.

Un Consejo de Ministros extraodinario, que se celebrará telemáticamente mañana domingo, aprobará la medida con la que se reducirá aún más la movilidad de las personas, se disminuirá el riesgo de contagio y permitirá descongestionar las UCIs de los hospitales.

Es el momento de intensificar las medidas con responsabilidad y sacrificio, solo así ganaremos la batalla, ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

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CCOO y UGT apoyan las nuevas restricciones sobre el trabajo en las actividades no esenciales

29 de marzo, 2020

CCOO y UGT apoyan las nuevas restricciones sobre el trabajo en las actividades no esenciales

Consideran que si el Gobierno y las autoridades sanitarias creen que es una medida necesaria para frenar la pandemia, se debe apoyar y posteriormente pactar en la negociación colectiva la recuperación de esas horas.

28/03/2020. ccoo.es

CCOO y UGT apoyan el anuncio del presidente del Gobierno de que todos los trabajadores y trabajadoras de actividades no esenciales deberán quedarse en casa desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril con un permiso retribuido, porque responde a la recomendación de los expertos para frenar la propagación del coronavirus.

Ambas organizaciones insisten en que las personas que trabajan en actividades esenciales deben contar con todas las medidas de protección necesarias para garantizar su seguridad y su salud.

CCOO y UGT valoran que el Gobierno apruebe un permiso retribuido para este periodo y se ponen a disposición para negociar la recuperación de esas horas, bajo el precepto de que es fundamental salvar el empleo y salvar las empresas. Asimismo continuarán trabajando para solventar todas las dudas y conflictos que puedan surgir en el cumplimiento de este decreto.

“Esperamos que la ampliación del confinamiento sirva para frenar el contagio y reducir la presión al sistema sanitario, para que éste pueda sea más eficaz en su labor de intentar sanar a las personas enfermas. Confiamos también en que las consecuencias positivas de esta medidas y este esfuerzo colectivo se vean pronto”.

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Comunicado de CEOE y Cepyme tras las nuevas medidas en materia laboral aprobadas por el Consejo de Ministros

29 de marzo, 2020

27 mar 2020 COVID-19
Comunicado de CEOE y Cepyme tras las nuevas medidas en materia laboral aprobadas por el Consejo de Ministros
ceoe.es
Los empresarios españoles representados por CEOE y CEPYME consideramos que las nuevas medidas en el ámbito laboral aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo.
Desde CEOE y CEPYME advertimos que, a la espera de poder conocer todos los detalles, no van en la dirección correcta, sino que, muy al contrario, serán perjudiciales para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas, aumentando considerablemente el déficit, y reducirán de forma importante la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica de este país.
Además, cuando un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial, rechazamos de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado. Creemos que precisamente en estos momentos la situación lo que requiere son esfuerzos conjuntos y unidad de acción.
Queremos dejar claro que nuestra voluntad por encima de todo, en estos momentos de crisis por el COVID-19, es sostener la economía y el empleo, y por ello, estamos empujando para evitar un parón aún mayor de la actividad empresarial, siempre priorizando, como no podía ser de otra manera, la seguridad y la salud de los ciudadanos.

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