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Archivo del 1 de septiembre de 2008

Más de 300.000 casas, en riesgo de expropiación por la Ley de Costas

lunes, 1 de septiembre de 2008

El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado la expropiación de más de 300.000 casas en los últimos años al encontrarse situadas en los primeros cien metros del litoral y vulnerar lo establecido por la Ley de Costas. Los afectados, que aún ocupan sus casas, amenazan con dejar de pagar las hipotecas y ya han elevado una queja formal al Parlamento Europeo ante la actitud ‘arbitraria y abusiva’ de Medio Ambiente.

Carlos Molina / Madrid (01-09-2008) Cinco Días

Tener una casa a pie de playa es el sueño de muchos españoles. Pero si esa vivienda se encuentra dentro de la zona de protección del litoral (el denominado dominio público marítimo terrestre), fijada en la Ley de Costas, puede ser expropiada y el sueño puede convertirse en pesadilla.
En esa situación se encuentran en la actualidad más de 300.000 familias, según los cálculos realizados por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que agrupa a 20.000 personas que han perdido la propiedad de su domicilio al encontrarse amenos de 100 metros de la línea de mar.
El primer paso para llevar a cabo la expropiación lo realiza el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, que abre un expediente de deslinde, normalmente de oficio, sin necesidad de que medie una denuncia. De esta forma, el Estado recupera la titularidad del suelo en el que se asienta la vivienda, ya que ese terreno es considerado zona protegida. A cambio, se otorga al propietario una concesión administrativa para que ocupe la casa durante 30 años, prorrogables otros 30. Sin embargo, esa concesión puede ser revocada en cualquier momento sin previo aviso, tal y como denuncia Carmen del Amo, portavoz de la Plataforma. «Esa decisión crea una inseguridad jurídica para los propietarios, que ven como se les despoja de su casa y en muchos casos acaban en la calle con una deuda millonaria», señala. Fuentes de la administración reconocen que la falta de ingresos es lo que provoca en muchos casos, el retraso en el desalojo de las familias, ya que es en ese momento cuando hay que indemnizarlas.
Los expedientes habían permanecido paralizados hasta 2004, fecha en la que llegó Cristina Narbona a Medio Ambiente. La lucha contra la presión urbanística se convirtió en una prioridad y el deslinde del litoral se aceleró. «Quiso hacer en cuatro años lo que no se había hecho en los 15 anteriores», recalca Del Amo. En tres años (2005- 2007) se alcanzó un récord al deslindarse 1.500 kilómetros de costa.
En este escenario, los miembros de la Plataforma han intentado, sin éxito, alcanzar un acuerdo con bancos y cajas para lograr condiciones especiales que les permitieran alargar los créditos. «No hemos obtenido ninguna respuesta y hemos amenazado con no pagar las hipotecas. No tiene sentido seguir haciéndolo, si van a derribar las casas», apunta Del Amo.
El siguiente paso ha sido presentar un escrito ante el Parlamento Europeo por la aplicación «retroactiva, arbitraria y abusiva» que, a su juicio, Medio Ambiente hace de esa norma. «La aplicación de la ley podría vulnerar la libre circulación de capitales. Hay muchos extranjeros que vendieron su patrimonio y vinieron a España para jubilarse», apunta Del Amo. «Si ahora se les expropia la casa, ¿qué les queda?», dice.
Centrados en las viviendas iniciadas en los 60 y 70
Una de las principales reivindicaciones de los afectados por los expedientes de deslinde es la arbitrariedad con la que actúa el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Costas. «El trabajo de expropiación se ha centrado en abrir expedientes de deslinde, con carácter retroactivo, sobre edificaciones que fueron iniciadas en los años 60 ó 70, muchos años antes de 1988, cuando fue aprobada la ley de Costas, y se ha dejado de lado a todas las casas que se comenzaron en los años del boom inmobiliario», apunta Del Amo.
De hecho, la explosión urbanística se produjo a finales de la década de los 90, con la ley de Costas ya en vigor. Entonces, la presión de promotores y ayuntamientos permitió introducir modificaciones en dicha norma para eludir la prohibición de construir cerca del mar.
Así lo denuncian desde Greenpeace, donde señalan que en 2002 se introdujo un cambio en la legislación, que, a su juicio, ha sido el principal responsable del crecimiento de la presión urbanística en el litoral.
Esa modificación fue la que permitió, según la organización ecologista, que se pudiera construir en suelo urbano a menos de veinte metros de la línea del mar, siempre y cuando existiera otro conjunto de edificaciones que se encontraran a esa distancia.
La Plataforma ya ha solicitado una reunión con la nueva directora general de Costas, Alicia Paz, cuyo nombramiento se hizo oficial el 4 de julio, con la que esperan tener mejor sintonía que con su antecesor en el cargo, José Fernández.
Legislación: Distancia mínima de cien metros al mar
¿Cuándo se aprobó la Ley de Costas y cuáles eran sus principales objetivos?
La Ley de Costas fue aprobada en julio de 1988 y sus principales objetivos eran proteger al litoral español del crecimiento de la población y de la intensificación de usos agrícolas, turísticos o industriales.
¿Qué distancia mínima establece para la construcción de una vivienda?
El espacio mínimo es de 100 metros entre la vivienda y la línea de costa. La ley faculta a la Administración del Estado, siempre que alcance un acuerdo con las comunidades autónomas y los entes locales, a ampliar esa distancia mínima otros 100 metros cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la protección.
¿Qué ocurre cuando una casa no respeta la distancia establecida por la ley?
La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, puede abrir de oficio un expediente de deslinde sobre cualquier propiedad que se encuentre en el dominio público. De esta forma, la propiedad del suelo pasa directamente al Estado.
Una vez resuelto el expediente, ¿cuáles son las posibilidades que le quedan al propietario de la casa?
Finalizado el expediente, Medio Ambiente otorga una concesión de ocupación por 30 años, ampliable a otros 30. No obstante, desde la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas advierten que esa concesión puede verse anulada de forma discrecional en cualquier momento, «lo que eleva la incertidumbre sobre miles de hogares endeudados con hipotecas».
Si se anula la concesión de ocupación, ¿se recibe algún tipo de indemnización?
Sí. Medio Ambiente realiza una valoración de la casa sin tener en cuenta el suelo e indemniza al dueño. Las cuantías suelen oscilar entre los 10.000 y 15.000 euros, según los afectados.

El mercado de turismos deja la segunda caída más elevada de la historia

lunes, 1 de septiembre de 2008

Con una disminución del 41%, las ventas de coches han dejado la segunda caída más elevada en la historia de la automoción. Para conocer una cifra peor habría que remontarse al mes de enero de 1993, período en el que las ventas cayeron el 51%.

Sergio Piccione. El Mundo.es motor

Madrid-El mercado de turismos ha dejado la segunda caída más elevada de la historia del automóvil. En total, las ventas de coches han registrado en agosto una disminución del 41%, la segunda caída más grande desde enero de 1993, mes en el que la disminución fue del 51%, según informaron las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam).
El mercado de automóviles ha registrado durante el mes de agosto un total de 58.530 matriculaciones, lo que supone una disminución del 41% respecto al mismo mes del año anterior.
Además, esta caída de las ventas del 41% es la más fuerte desde que el mercado sufriera la disminución del 51% en el mes de enero de 1993. Asimismo, se trata del peor mes de agosto desde 1996, período en el que se comercializaron 55.807 coches, frente a los 58.350 del pasado mes.
No obstante, esta caída del 41% ha sido mejor de la prevista puesto que inicialmente el descenso era del 46%. Esta reducción ha confirmado las estimaciones iniciales apuntadas por la Dirección General de Tráfico -con una previsión del 40% de caída-, aunque en sus datos no se incluyen las rematriculaciones de automóviles o las importaciones de usados, que nada tienen que ver con coches nuevos.
La mayor caída ha sido la del canal de particulares, pero también se aprecian reducciones de las ventas en los de empresas y compañías de alquiler. Hay que remontarse a 1995 para encontrar una cifra tan baja de matriculaciones (58.530 unidades).
El mes de agosto, por tanto, ha dejado la mayor caída del presente año. Hasta el momento el peor mes había correspondido a junio, período en el que se produjo una disminución del 30%.
El mes de agosto es el sexto mes de caída de 2008. Durante el presente año, tan sólo el mes de febrero, con una subida del 0,7%, y el mes de abril con un incremento del 1,5% han sido los dos períodos en los que la venta de coches ha ascendido.
En los ocho primeros meses del año, se han comercializado un total de 881.710 unidades, lo que supone un descenso del 21,1% respecto al mismo período del año pasado, en el que se comercializaron cerca de 1,01 millones de coches.

Facenda extrema el control a las tasaciones de viviendas para cobrar más por impuestos

lunes, 1 de septiembre de 2008

Farodevigo.es
El precio que recogen las escrituras y al que se aplica la tasa de Actos Jurídicos suele estar por debajo del real, mientras que la valoración que se hace del piso para constituir una hipoteca se infla para tener más fondos.
Julio Pérez / Vigo.

Si usted está entre los más de 67.000 gallegos que durante 2007 firmaron una hipoteca, tanto para la adquisición de una vivienda como de una finca, quizás hayan recibido una carta de la Xunta con una pequeña sorpresa. Poco grata, claro, porque seguramente en ella la Administración autonómica, a través del responsable de alguna de sus oficinas de liquidación fiscal, les notifica un incremento no previsto en la cantidad a pagar por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la tasa que se paga, junto al IVA, en el cambio de propietario de un inmueble o unos terrenos.

El control sobre el importe que se declara de los bienes se ha reforzado ante las grandes diferencias detectadas entre el precio que recoge la escritura de compraventa, sobre el que se aplica el gravamen, y las tasaciones realizadas para obtener un préstamo, que generalmente son más elevadas para que el dinero que cede el banco o la caja llegue también para pagar algunos muebles o cubrir otros gastos, como dar de alta la luz o el agua. En la revisión, los técnicos de la Consellería de Economía liman esa distancia en los precios, acercándose al que refleja la tasación, lo que permite al Gobierno gallego agarrar un extra en la recaudación nada desdeñable ante la caída de ingresos que se registra xpor la crisis económica.
¿Quién está obligado a pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por el que la Xunta recaudó el pasado año más de 630 millones de euros, de los que 248,3 proceden de los actos jurídicos y el resto de trasmisiones? Toda aquella persona que se haga con la propiedad de un bien o derecho a través de una operación entre particulares o que haya formalizado una fianza, un arrendamiento, una pensión, una concesión administrativa o un préstamo. Es en este último caso en el que el Gobierno gallego está poniendo especial atención, entre las variaciones en el precio que figura en los papeles de la transacción y el plasmado en la hipoteca. El tipo que se aplica por regla general es el 1%, ligeramente inferior, del 0,75%, si se trata de la adquisición de la primera vivienda.
Una joven pareja de Santiago, que adquirió su piso hace año y medio, acaba de recibir la notificación de la autoliquidación de la compra, como se llama en lenguaje técnico a las revisiones que la Consellería de Economía -y la Agencia Tributaria para sus impuestos- realiza a las declaraciones fiscales. En su caso, pasan de pagar 2.340 euros a 2.976,10, lo que supone un incremento de 636,10 euros porque, según oficina liquidadora compostelana, se ha modificado el valor declarado, hay un error en la base liquidable y, por lo tanto, en la cuota. La escritura valora su dúplex en 234.000 euros y la Xunta ha «comprobado» que el importe real es de 297.610 euros, hasta 287.110 por la casa y otros 10.500 por la plaza de garaje. Con 10 días para alegar, en la gestoría que tienen de mano ya les han dicho que es casi imposible librarse del incremento. Que es una práctica cada vez más habitual por parte de Economía.

Algo que confirman varias gestorías más de la ciudad de Vigo y de la provincia de A Coruña, incluso los notarios. «Cada vez nos llega más gente quejándose», apunta uno. «Por eso se está intentando ajustar mejor los precios».
Un asunto complicado muchas veces porque, como confirman gestores y notarios, la escritura suele rebajarse para pagar una parte de la compra en dinero negro. Ahí está la clave de la primera diferencia en el valor, que luego se tiene que cotejar a la hora de aplicar el impuesto con otro que está muy por encima del real para que la hipoteca -que suele cubrir entre un 70% y un 80% del precio- pueda estirarse.
El alza en la cuantía a pagar por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se justifica por parte de las oficinas liquidadoras de Economía por el «dictamen realizado por peritos» de la Administración «con titulación adecuada». «En todos los casos -insiste- se partió de un valor referencial correspondiente al municipio donde está el inmueble». Y ese valor referencial «resulta de los estudios de mercado realizados por la Consellería de Economía y de las ponencias catastrales de las Gerencias Provinciales del Catastro».

Protegido: Entra en vigor la reforma del Impuesto de Sucesiones que beneficiará al 90% de los gallegos

lunes, 1 de septiembre de 2008

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Mil autónomos y pymes, en crisis por la quiebra de constructoras

lunes, 1 de septiembre de 2008

Las empresas piden apoyo para soportar las quitas y las demoras de sus deudas pendientes con las promotoras
Los 200 procesos concursales del sector inmobilario abiertos en Galicia afectan 4.000 empleos de subcontratas
Miguel ́. Rodríguez. La Voz de Galicia 1/9/2008
No existe un cálculo de la deuda acumulada. Pero fuentes del sector la cifran entre 400 y 500 millones de euros. Esta sería la abultada factura pendiente que mantienen las aproximadamente 200 empresas constructoras sometidas a un proceso concursal con las casi mil pymes y autónomos vinculados directamente al sector inmobiliario. Muchas de ellas están con el agua al cuello. Y ahora piden ayuda a la Administración para salvar sus contabilidades y a sus empleados.
Formar parte de la lista de acreedores de estos procesos concursales les ha supuesto a todas ellas una quita de entre el 30 y el 50% de su deuda abierta, que además podrían tardar ahora hasta tres años en cobrar. Muchas de estas firmas no podrán esperar tanto tiempo. Su continuidad depende directamente de esta tesorería sumida en un tenso compás de espera.
La mayoría de los negocios en esta tesitura son pequeños subcontratistas relacionados con la carpintería, la albañilería, la fontanería, la electricidad o proveedores diversos de materiales para construcción. En estas empresas afectadas directamente por la crisis de las promociones inmobiliarias trabajan cerca de 4.000 personas.
Portavoces de estas auxiliares han señalado que muchas sociedades están comenzando a tener serios problemas de subsistencia. Los plazos juegan en su contra. Todas ellas han abonado ya el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de las facturas impagadas, siguen aportando obligatoriamente sus cotizaciones a la Seguridad Social y además soportan las devoluciones bancarias de sus efectos comerciales.
La lentitud en los juzgados a la hora de tramitar los convenios de acreedores les impedirá cobrar a corto plazo esta deuda. «En los últimos meses muchos autónomos se han dado de baja y algunas pequeñas empresas se han visto obligadas a cerrar», comenta un agente del sector en activo.
El colapso judicial que ha provocado en los juzgados mercantiles gallegos la cascada de procedimientos judiciales abiertos en el último año complica todavía más los plazos de cobro. Las dos salas de lo Mercantil de Pontevedra acumulan 138 concursos de otras tantas empresas, de los que 49 pertenecen al sector de la construcción. En A Coruña son 115, y casi la mitad relacionados con el sector inmobiliario. En esta provincia, solo la crisis de Fadesa ha provocado que uno de los dos juzgados de lo Mercantil se dedique por entero a resolver esta suspensión de pagos, la mayor abierta en Europa por el momento en el ramo de la construcción.
Lugo y Ourense suman otros 25 procesos más, la mayoría vinculados a la crisis del ladrillo. En total, Galicia mantiene en tramitación más de 200 suspensiones de pagos que guardan relación con el mal momento del sector residencial y que están comenzado a arrastrar a sus firmas auxiliares. Los empresarios reclaman ayuda a la Administración para frenar posibles cierres en cadena. Exigen ayudas financieras para mantener a flote los negocios y continuar operando con normalidad.