AIRE

Google y la Guardia Civil se alían contra la corrupción
José Contreras |- 30/10/2008 El Economista
Google Maps, GolzOOm, Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la agricultura y el medio ambiente, ortofotos, vuelos a baja altura, cartografía computerizada, fotos digitales y, sobre todo, más colaboración ciudadana anónima.Son las herramientas que usan a diario los equipos de delincuencia urbanística (EDU) de la Guardia Civil.
De todas ellas su preferida es GoolzOOm, programa de libre acceso con tecnología de Google diseñada por el blogger Jesús Barrio, ingeniero Informático por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid e ingeniero del Software por la Blekinge Institute of Technology, de Suecia, que fusiona Google Maps con el Catastro Español, el Sistema de Información Geográfica para la Política Agraria Comunitaria (SigPAC), como otros mapas de carácter público, «con el ánimo unificar y simplificar el acceso a la información territorial».
En Andalucía hay nueve EDU y elEconomista ha compartido una jornada de trabajo con uno de los equipos, el de Cádiz. Los tres guardias civiles comenzaron a trabajar el 12 marzo de 2007, fecha en la que se crearon los EDU en toda España, uno por cada comandancia de la Benemérita.
Osadía e impunidad
José, Manolo y Agustín, de 46, 36 y 27 años de edad no van de uniforme, y aunque la mayor parte de su trabajo lo hacen en la oficina, bajan al terreno donde no dejan de sorprenderse por «la osadía» de muchos ciudadanos.
«Desde que comenzamos no hemos parado de trabajar, once operaciones de distinto calibre, con 38 detenidos y 48 imputados en la provincia de Cádiz, y las que están en marcha», dice uno de ellos, a quien su formación (es licenciado en Derecho y procede del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona) le viene de perlas.
«Las nuevas herramientas están acabando con la impunidad», dice otro, para quien las nuevas tecnologías son ahora «el mejor aliado» de la Guardia Civil, «además de muchos ciudadanos» que, sin miedo, les informan y facilitan pistas que les permiten abrir líneas de investigación. «Hombre, deducimos que debe haber algún resentido con otros, que no ha conseguido lo que esperaba y les denuncia por ello».
En Cádiz, la corrupción urbanística se da en muchos municipios: Arcos de la Frontera, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Conil, El Puerto, Jerez, Prado del Rey, Puerto Real, Puerto Serrano y Rota. Los trámites deben respetar los plazos legales, «por lo que no desconectamos, aunque hacemos lo posible por conciliar la vida profesional y la familiar».

El caso de Chiclana destaca
Destaca por dos circunstancias. La primera el elevado número de edificaciones sin licencia, más de 30.000, un excelente campo de trabajo. Y la segunda porque en una de las operaciones, bautizada como Obra Nueva, se han descubierto al menos dos tramas perfectamente organizadas, que vienen funcionado desde hace varios años y en las que aparecen implicados tasadores, arquitectos, técnicos municipales, funcionarios, financieros y agencias inmobiliarias.
El modus operandi descubierto por los agentes del EDU les ha dejado perplejos «por la impunidad con la que actúan» y «la connivencia» de tantas personas en un ilícito sin que nadie, curiosamente, hubiera denunciado nada hasta ahora.
«No sólo se trata de irregularidades urbanísticas, sino que nos encontramos con delitos de falsedad documental, estafa, contra la ordenación del territorio, del medio ambiente, cohecho y prevaricación, de todo. Y organizados».
Sus «fuentes» de información van desde ecologistas, a asociaciones vecinales, la oposición de los municipios y la propia fiscalía de la Audiencia Provincial. «Nuestra acogida por parte de los jueces ha sido magnífica», dicen.
¿Cómo funcionan las tramas?
Los agentes explican un caso tipo.

Un promotor se entera de que una finca de 5.000 metros está en venta por unos 150.000 euros. Contacta con un técnico o aparejador al que paga una media de 3.000 a 5.000 euros por un falso certificado para acreditar la antigͼedad de la parcela, «que será siempre superior a los cuatro años porque es el período de prescripción de las infracciones graves en materia urbanística».
El notario aprueba la inscripción registral y «se certifica que existe una construcción de 700 metros cuadrados, con visado del Colegio de Arquitectos. Luego, usando testaferros y poderes, se acude al notario para obtener la declaración de obra nueva y la elevación a escritura pública tras la división horizontal.
El edificio queda dividido en cinco departamentos de cien metros cada uno». Lo que luego se venden son parcelas de 1.000 metros «donde cada uno construye lo que le da la gana» Pero no se puede mentir a un satélite que, cada año, fotografía la misma zona.

La Comisión Europea dijo hoy que no ve ningún problema en que el Gobierno español no vaya a hacer público qué bancos acuden al fondo de liquidez del Tesoro para vender activos. La preocupación de Bruselas es que el plan español dé ayuda a las entidades financieras no sea discriminatorio y no provoque distorsiones indebidas en la competencia.
Ep – Bruselas – 30/10/2008 Cinco Días
«Si un Estado miembro decide no hacer público qué bancos se han beneficiado, ello no es un problema en sí para nosotros», dijo el portavoz de Competencia, Jonathan Todd. Explicó que se trata de una cuestión «que debe decidir cada Estado miembro» aunque señaló que ningún otro país de la UE piensa retener esta información.
«Nuestra preocupación es que el sistema no sea discriminatorio y que haya suficientes salvaguardas para evitar que los bancos logren una ventaja indebida gracias al plan», resaltó. Por ello, Bruselas ha pedido más información sobre el plan español, que consta de un fondo de hasta 50.000 millones de euros y de una garantía de 100.000 millones, y más garantías de que no distorsionará la competencia
El portavoz anunció que el Ejecutivo comunitario aprobará «en un futuro próximo» los planes de rescate bancario español, holandés e italiano y la parte del plan francés relativa a las garantías de los préstamos interbancarios. Hasta ahora, Bruselas ha dado luz verde a los planes de Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Suecia y Portugal.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, indicó este miércoles en el Congreso de los Diputados que no se dará a conocer qué entidades acuden al fondo de liquidez del Tesoro para no «estigmatizarlas» y obstaculizar el objetivo del mismo, que es garantizar el crédito para familias y empresas.
«Si estigmatizamos a las empresas que van a este fondo (del Tesoro)» para obtener financiación con el fin de mantener el nivel de crédito a familias y empresas, «no conseguiremos el objetivo», sostuvo Vegara, minutos antes de comparecer en la Comisión de Economía y Hacienda.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de ayer aprobó por unanimidad la emisión de Informe favorable al Anteproyecto de Ley de reforma procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, aunque introdujo una enmienda adicional alternativa al texto aprobado por la Comisión de Estudios en materia de señalamientos.
Legal Today. 30 octubre 2008
El Consejo General del Poder Judicial pone de relieve en el Informe la importancia del Anteproyecto, cuyos objetivos, de redefinición de la fe pública judicial e impulso procesal por parte del Secretariado en los trámites en que no sea preceptiva la intervención del juez, comparte. Destaca, además, la magnitud de una reforma que afecta a más de novecientos artículos legales con la finalidad de impulsar una nueva Oficina Judicial y propiciar que jueces y magistrados concentren sus esfuerzos en las funciones que la Constitución les encomienda.
Se introducirá en todas las leyes procesales una nueva regulación relativa a los señalamientos de toda clase de vistas. El texto considera básico que sea el Secretario Judicial quien, desde un servicio centralizado y gestionando una «agenda programada» de señalamientos establezca la fecha para los mismos.
De este modo, cabrá la utilización de un sistema centralizado de señalamientos habida cuenta que a medida que vaya desplegándose la nueva Oficina Judicial y organizándose los distintos Servicios Comunes Procesales serán los funcionarios que tengan su centro de destino en ellos y no en las unidades procesales de apoyo directo al juez, quienes auxilien a éste en la celebración de vistas en sala.
No obstante esta atribución de competencias a los Secretarios Judiciales, el señalamiento se verificará teniendo en cuenta los criterios que el Presidente de la Sala o Sección o el titular del órgano judicial les indiquen en lo concerniente tanto a su organización general del trabajo como a la duración aproximada de la vista en concreto, según hayan podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate.
En este sentido, en lo que concierne a las relaciones entre el Juez o Tribunal y el Secretario Judicial, al confiar a éste el servicio común de ordenación del procedimiento, lo que se pretende es garantizar las mejores condiciones para su impulso sin que ello signifique que el Juez o Tribunal pierda la dirección del proceso que le atribuye el art. 165 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Desde el punto de vista procesal, a los Secretarios Judiciales les son atribuidas no sólo las funciones de impulso formal del procedimiento y otras que históricamente les han sido confiadas (fe pública, documentación, custodia, dación de cuenta, archivo y registro), sino también aquellas otras que «les permitan adoptar decisiones en materias colaterales a la función jurisdiccional, pero indispensables para la misma», partiendo de la idea de que el Secretario Judicial, cuando se encuentre al frente del servicio común de ordenación del procedimiento, estará en mejores condiciones para impulsar el procedimiento, permitiendo que el juez o tribunal pueda dictar las resoluciones de fondo en tiempo y forma.
Uno de los aspectos en que se manifiesta de manera más explícita el reforzamiento del papel que se otorga al Secretario Judicial en la ordenación del proceso es el relativo al señalamiento de vistas, al serle transferida la competencia que actualmente ostentan los titulares de los órganos judiciales.
Los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que confían al Secretario Judicial el señalamiento y, en ocasiones, también la citación, son numerosos. Cabe indicar, en relación a señalamientos de juicios y vistas, los arts. 14.2.3ª, 182, 183, 193.3, 235.4, 260.1, 422.2, 423.3, 429.2, 3 y 7, 440.1, 441.4, 464.1 y 2, 486.1, 558.2, 560, 657.2, 675.3, 734.1, 747.1, 794.4, 809.2, 811.5, 818.2 y 826). Respecto a audiencias, art. 414.1. En lo que concierne a comparecencias, arts. 22.2, 110.1, 127.1, 234.1, 393.3, 540.3, 640, 678.2, 695.2, 768.3, 771.2 y 3, 772.2, 773.3 y 4, 787.3, 801.2, 810.3 y 811.3). Para la práctica de pruebas con anterioridad al juicio, arts. 290 y 294.2; del reconocimiento judicial se ocuparía el art. 353.3; y de pruebas como diligencias finales, el art. 436.1.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene un alcance más limitado que el de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ello obedece no sólo al carácter de ley general procesal de esta última, sino también a que en el proceso penal las competencias que puede asumir el Secretario Judicial, dejando a un lado las relativas a la mera ordenación e impulso del proceso y las concernientes a medidas cautelares reales y vía de apremio para la ejecución de los pronunciamientos civiles, se ven sumamente limitadas por el mayor protagonismo que alcanza la figura del juez, dado que las decisiones que se adoptan afectan frecuentemente a derechos fundamentales de las partes del proceso, particularmente del encausado, y ocasionalmente de terceros. Las posibilidades de ampliar las potestades y de dotar de mayor autonomía de actuación al Secretario Judicial son por ello más restringidas. Será en el futuro nuevo texto donde quede completamente conformado el papel del Secretario.
En todo caso, a lo largo del articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Anteproyecto introduce menciones de detalle a la responsabilidad del Secretario Judicial en la debida ordenación de los actos procesales, tratando de evitar aquellos equívocos que podrían darse en la determinación de si una concreta actuación corresponde al Secretario al juez o tribunal. En ocasiones, con la misma técnica legislativa empleada en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la reforma se limita a sustituir ciertas formas impersonales («se dará traslado») mediante la inclusión del sujeto de la oración para que no quede duda de a quién corresponde la práctica del acto al que se refiere. En la mayoría de los casos, la modificación de los preceptos tiene como finalidad dejar sentado que los actos de comunicación, la custodia de efectos o la documentación mediante actas y diligencias corresponden al Secretario Judicial, tal y como ocurre en la actualidad.
En cuanto a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Anteproyecto reforma el art. 63.1 para atribuir al Secretario Judicial la función de proceder al señalamiento de vistas. Dice el precepto reformado que si se acordara la celebración de vista, el Secretario Judicial señalará la fecha de la audiencia por riguroso orden de antigͼedad de los asuntos, excepto los referentes a materias que por prescripción de la Ley o por acuerdo motivado del órgano jurisdiccional, fundado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia. En el señalamiento de las vistas el Secretario Judicial atenderá a los criterios establecidos en el art. 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Articulado del Anteproyecto de Ley
El texto tiene quince artículos, que pueden esquematizarse de este modo:
El artículo 1 modifica en doce apartados la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, en lo relativo a la conciliación previa al juicio, materia que mantuvo vigente la disposición derogatoria única de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, hasta que se produjera la entrada en vigor de una nueva Ley sobre Jurisdicción Voluntaria.
El artículo 2 modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882, en un total de ciento noventa y cuatro apartados.
El artículo 3 modifica en doce apartados la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946.
El artículo 4 se centra en la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de 1954, y la reforma comprende dos apartados.
El artículo 5 modifica la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, en cinco apartados.
El artículo 6 reforma en un único apartado la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.
El artículo 7 modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en dos apartados.
El artículo 8 modifica el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en ciento sesenta y seis apartados.
El artículo 9 reforma la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, en un único apartado.
El artículo 10 modifica en cinco apartados la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
El artículo 11 modifica la Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación, en un único apartado.
El artículo 12 reforma la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en sesenta apartados.
El artículo 13 modifica en un total de trescientos ochenta y seis apartados la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, constituyendo la reforma más importante, no sólo por su extensión, sino por la trascendencia que tiene esta Ley como ley procesal general de aplicación supletoria a los demás procesos.
El artículo 14 reforma la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en cuarenta y siete apartados.
El artículo decimoquinto modifica en tres apartados la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Recomienda a las entidades que presenten los resultados de forma realista
Reitera especialmente a las cajas que declaren menos ganancias
30/10/2008 Carlos Segovia. El Mundo. Madrid
Desconcertantes días para los contribuyentes. Por un lado, desde el Gobierno se les dice que para que obtengan créditos, deben ayudar a la banca a superar una difícil crisis. Por otro, las grandes entidades financieras españolas les aseguran que están manteniendo o incluso acrecentando sus beneficios en los nueve primeros meses de este año con incremento de dividendos.
El Banco de España no ve con agrado este fenómeno no sólo por las formas, sino porque cree necesario fortalecer las cuentas de las entidades ante lo que se viene encima. Por eso, según ha podido saber EL MUNDO la institución que gobierna Miguel Angel Fernández Ordóñez está poniendo especial énfasis en las últimas semanas en recomendar al sector financiero que modere sus beneficios y haga una presentación de resultados más acorde con los tiempos de crisis actuales.
El presidente de una entidad financiera asegura a este diario que «el Banco de España ya envió este mensaje hace unos meses, pero últimamente está insistiendo en que es impresentable sacar pecho en estos momentos». «La recomendación de prudencia es habitual en el Banco de España, pero cuando las cosas empeoran, es normal que haga más hincapié», apuntan otras fuentes en el sector financiero conocedoras de la recomendación de Fernández Ordóñez y su equipo

El Banco de España está siendo especialmente insistente con las cajas de ahorros, puesto que no están obligadas a responder ante accionistas. Estas pueden dedicar más sus márgenes de ganancia a provisiones por si aumenta la morosidad, que a declarar beneficios o aumentar la obra social.
Según las fuentes consultadas, la autoridad monetaria también recomienda que se haga una presentación realista de los resultados para que las entidades financieras no pierdan credibilidad. En un momento en que se asume en todo el mundo que el sector financiero atraviesa un periodo de enorme dificultad y que los propios bancos españoles han perdido más del 40% de su valor bursátil en lo que va de año, resulta chocante leer anuncios de resultados en los que parece que los tiempos de bonanza continúan. Fernández Ordóñez no ha sido tan explícito en público como lo que está siendo en privado en sus contactos con los dirigentes bancarios.
Pero el gobernador sí ha aprovechado discursos para llamar a la prudencia y a que bancos y cajas asuman que los tiempos de aumento de ganancias de dos dígitos son ya historia. Hoy mismo tiene previsto pronunciar un discurso en Barcelona.
Algo de eco está teniendo y varias entidades, especialmente las cajas -incluidas La Caixa y Caja Madrid-, aseguran que están haciendo provisiones más allá de lo que realmente necesitan. Son las llamadas provisiones subestándar, que sin ser obligatorias, son cautelares por si el negocio sigue evolucionando con más impagos de lo previsto.
Pero no parecen seguir al pie de la letra las recomendaciones del Banco de España, los resultados del tercer trimestre que están publicando las grandes entidades, las que deben dar ejemplo. «Banco Santander (+0.13 / +1.7%) obtuvo un beneficio de 6.935 millones de euros en los nueve primeros meses del año con un aumento del 16% sin plusvalía», sostuvo el pasado martes el vicepresidente del grupo Santander, Alfredo Sáenz. También subrayó un reparto de dividendos en 2008 superior en un 10% a los de 2007. Ese mismo porcentaje es el aumento de dividendos anunciado el miércoles por el BBVA, tras aplicar políticas «de máximo rigor y prudencia».
«El Grupo La Caixa aumenta un 18,9% el beneficio neto recurrente, hasta 1.773 millones de euros, y consolida su fortaleza financiera», encabezaba la caja catalana su comunicado oficial del pasado día 23. «El Grupo Caja Madrid registró un beneficio antes de impuestos recurrente de 1.009 millones de euros, un 4,6% más que en el mismo periodo del año anterior», afirmó esta entidad el 21.

Los precios caen un punto en octubre y se sitúan en el mismo nivel que hace un año con un 3,6% . -Solbes afirma que el dato «excelente» del IPCA y la caída del Euríbor «van moviendo un poco el cotarro»
Europa Press- Madrid – 30/10/2008 El País
El fuerte descenso del precio del crudo registrado en octubre y la moderación de los alimentos han provocado el mayor descenso de la inflación en siete años y han situado la tasa interanual en el 3,6%, un punto menos que en el mes anterior y en el mismo nivel que en 2007. Un dato «excelente» para el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, que ha añadido que España necesita cifras como éstas para cambiar «un poco» la situación de «apatía» en la que se encuentra inmersa.
Según el indicador adelantado del Indice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) difundido hoy por el INE, los precios han bajado en octubre por tercer mes consecutivo y se han situado en el nivel de hace un año, después de que la tasa interanual de inflación se redujese cuatro décimas en agosto y tres décimas en septiembre, mes en el que se situó en el 4,6%. Asimismo, se trata del mayor descenso de la tasa interanual de inflación armonizada registrado en toda la serie histórica del IPCA a excepción de julio de 2001, cuando bajó en 1,3 puntos respecto al mes anterio.
Desde septiembre de 2007 el continuo encarecimiento del crudo -el barril de Brent superó los 147 dólares por barril en julio- y de las materias primas a escala internacional hicieron que las tasas de inflación se situaran en máximos históricos hasta alcanzar el 5,3% el pasado julio.
No obstante, desde agosto el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, se ha ido reduciendo hasta un valor medio cercano a los 74 dólares que ha registrado en octubre. En el mismo mes del pasado año el precio medio del barril fue de 82 euros, lo que explica gran parte del descenso de la tasa de inflación interanual avanzada hoy por el INE.
El fuerte descenso de inflación armonizada ha hecho que la tasa interanual se iguale a la alcanzada en el mismo mes de año pasado, cuando el IPCA también se situó en el 3,6%.
En el caso de que el IPC de octubre coincida con la tasa general de inflación española, también se trataría de la tercera caída consecutiva -tras reducirse cuatro décimas en agosto y otras cuatro en septiembre-, y del mismo modo sería igual que la de octubre de 2007.

La firma de un protocolo impulsa la instalación del Archivo Histórico de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en el Centro Cultural Óscar Niemeyer
Más de 37.000 hogares asturianos se han financiado con presupuesto del Estado y cerca de 2.500 jóvenes están cobrando la Renta Básica de Emancipación en el Principado
Corredor asegura que «la apuesta por esta Comunidad se va a mantener» en el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012
Madrid, 29 de octubre de 2008.- El Ministerio de Vivienda ha comprometido hoy la suma de 5.031.300 euros a cuatro ́reas de Urbanización Prioritaria en Asturias que permitirán la construcción de casi 1.900 viviendas, de ellas 1.800 protegidas, en los municipios de Parres-Arriondas y Oviedo. Las cuatro actuaciones supondrán la urbanización de una superficie de 205.000 metros cuadrados -equivalente a 28 campos de fútbol-, en los que el 75% de edificabilidad residencial se destinará a la promoción de vivienda protegida.
La inversión forma parte de los acuerdos que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha sellado en Madrid durante la Comisión Bilateral con el Principado de Asturias, por el que han asistido su presidente, Vicente ́lvarez Areces, y el consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.
La ministra ha acordado aportar 4.074.500 euros para financiar actuaciones de urbanización de suelo en Oviedo que permitirán el desarrollo de 1.438 pisos protegidos. Se trata de los ́reas de Urbanización Prioritaria «La Malata Norte», a la que el Ministerio aportará 2.733.500 euros y en la que se ha programado la construcción de 994 viviendas; «San Claudio-La Cruz Santa», con una inversión de 1.024.000 euros para 356 casas; y «San Claudio-El Payán Fase 2», con 277.000 euros para 88 pisos.
En cuanto a Parres-Arriondas, el departamento que dirige Beatriz Corredor ha comprometido 996.800 euros al ́rea de Urbanización Prioritaria «Arriondas Norte», donde se edificarán 356 casas protegidas.
Asimismo, el Ministerio y la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda han acordado incrementar los objetivos inicialmente convenidos en el actual Plan de Vivienda en lo que se refiere a la ayuda a inquilinos y la rehabilitación aislada. Este acuerdo va a permitir que un mayor número de asturianos se beneficien de estas ayudas, ya que la cifra de demandantes ha superado las previsiones. En concreto, la ayuda a la rehabilitación se amplía hasta las 3.830 casas y la del alquiler hasta los 1.816 beneficiarios.
El Centro Óscar Niemeyer, archivo del fondo documental de la BIAU
El Ministerio, el Principado de Asturias y la Fundación Centro Cultural Óscar Niemeyer han firmado un protocolo que impulsa que el Centro Cultural Óscar Niemeyer, en Avilés, acoja el Archivo Histórico de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU).
El acuerdo, vigente hasta 2013, establece las bases de colaboración para el desarrollo de actividades entre las tres instituciones, como la organización conjunta de ciclos de conferencias y encuentros con el mundo de la arquitectura y el urbanismo.
Acceso a la vivienda a 37.000 familias asturianas
Tras la firma de los acuerdos, la ministra ha hecho balance de las actuaciones de este Departamento en Asturias, donde más de 37.000 hogares se han financiado con presupuesto del Estado y donde se ha cumplido el 119% de los objetivos convenidos por este Ministerio.
Corredor ha señalado que el actual Plan de Vivienda contempla para el Principado una inversión superior a 194 millones de euros, lo que presenta un 119% más de lo que destinó el anterior Plan 2002-2005.
«Como ven, el Gobierno de España, y el Ministerio de Vivienda en particular, está cumpliendo sus compromisos con Asturias y les aseguro que la apuesta por esta Comunidad se va a mantener con el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012», ha expresado.
Por otro lado, la ministra ha resaltado que según los datos oficiales más recientes, de 30 de septiembre, 2.427 jóvenes asturianos ya cobran los 210 euros de la Renta Básica de Emancipación y otros 3.461 están a punto de hacerlo porque ya tienen reconocido el derecho a percibir esta ayuda. Hasta la citada fecha, se han presentado 4.874 solicitudes en el Principado.
Por último, ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno de España para rehabilitar el patrimonio arquitectónico asturiano e impulsar el desarrollo de la Comunidad. El Ministerio destina más de cuatro millones de euros en cuatro proyectos de recuperación de edificios históricos situados en Salas, Tevergas y Villaviciosa. Además, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) invierte actualmente más de 83 millones de euros a actuaciones urbanísticas que impulsarán la implantación en Asturias de cerca de 280 empresas con capacidad para generar en torno a 2.100 empleos.

El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, reconoció hoy que la ampliación de la cuenta ahorro-vivienda podría reducir la venta de inmuebles en un momento en el que «lo que más se necesita es vender viviendas», por lo que, admitió que, «en cierta medida plantea una contradición».
Ep – Madrid – 29/10/2008 Cinco Días
Durante su intervención en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Solbes indicó, sin embargo, que frente a esta posibilidad, «la restricción crediticia hace que mucha gente que son titulares de vivienda pueda no ejercer en contra de su voluntad la posibilidad que tienen de comprar la vivienda».
«Esa es la razón por la que estamos estudiando la posibilidad, que nos parece razonable, de mantener la cuenta tal como está en términos de aportación y que se alargue dos años más la disposición de la cuenta, sin que eso suponga sufrir ninguna obligación para Hacienda», añadió.
Según precisó Solbes ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el Gobierno modificará y ampliará las cuentas ahorro-vivienda hasta los seis años para realizar la compra, aunque el periodo de deducciones seguiría siendo de cuatro años. Además, explicó que, previsiblemente, esta modificación se realizaría por la vía del decreto ley.
Solbes esgrimió estas razones para justificar un cambio en su planteamiento «tradicional» y «reiterado» respecto a la modificación de esta figura financiera.
Asimismo, justificó la hasta ahora negativa a llevar a cabo estos cambios argumentando que planteba algunas «dificultades» por ir en contra de las tesis de la OCDE, no ser coherente con la reforma del IRPF y plantear problemas de gestión.

La alcaldesa de San Fulgencio, -Alicante – la socialista Trinidad Martínez, y los cuatro ediles detenidos esta mañana por orden judicial, pasarán a disposición de la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Orihuela el próximo viernes, a partir de las 9.00 horas, según informaron hoy en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana (TSJCV).
Información. Por lo que se refiere al concejal de Seguridad de este ayuntamiento, la juez acordó el pasado sábado su libertad provisional sin fianza, aunque mantiene la condición de imputado en la causa que se sigue instruyendo bajo secreto de sumario, tal y como explicaron las mismas fuentes.

Las detenciones se produjeron esta mañana por agentes de la Unidad de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que arrestaron a la alcaldesa de San Fulgencio, así como a otros cuatro ediles del Consistorio en relación con una trama urbanística, por la que también fueron detenidos hace unos días el teniente de alcalde, Manuel Barrera, así como el jefe de Policía Local y el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz, que hoy ha vuelto a ser arrestado, según señalaron a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Las detenciones se produjeron a media mañana, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron al Ayuntamiento de San Fulgencio, leyeron sus derechos a la alcaldesa, los ediles socialistas Juan Antonio Gamuz y Juan Antonio González Palanco, y los concejales de la Agrupación Popular San Fulgencio y Urbanizaciones (Apsfyu), Mariano Martí y Fina Reme.

A continuación, los agentes clausuraron las dependencias del equipo de Gobierno, de modo que nadie pudo ni entrar ni salir durante la operación, y realizaron un registro que pasadas las 14.00 horas aún continuaba en curso, de los despachos de los detenidos.

Apsfyu gobierna en coalición con PSOE y con la Agrupación Independiente del Mediterráneo (AIM), cuyo presidente Manuel Barrera fue detenido por un delito de cohecho en la misma operación el pasado 20 de octubre.

La noticia de la detención de la alcaldesa y de parte de su equipo de gobierno se extendió rápidamente entre los vecinos de San Fulgencio, que acudieron a las puertas del Consistorio para presenciar la operación.

Diario de Noticias, 28 Oct. 2008, Editorial LA LEY
Madrid.- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará mañana su Plan de Actuación inmediata para la mejora del servicio público de la Justicia, que consta de varios puntos, entre ellos la coordinación de programas y aplicaciones informáticas estatales y autonómicas.
Incluye medidas concretas de actuación que se podrían poner en marcha la próxima semana, según fuentes del Consejo, que explicaron que se trata de un adelanto del Plan de Modernización de la Administración de Justicia que podría estar aprobado antes de finalizar el año.
El plan inicialmente constaba de cinco puntos y, además de la coordinación de los sistemas informáticos y la mejora de los sistemas informáticos de gestión procesal para que no se vuelva a repetir el «caso Mari Luz», incluía el refuerzo urgente de aquellos Juzgados y tribunales que se enfrentan a una desmedida sobrecarga de trabajo.
También se plantea la reducción del número de funcionarios interinos y la mejora de su formación, la elaboración de sistemas de control y mejora de la eficacia y la calidad de la Administración de Justicia en lo relacionado con el absentismo laboral, los horarios, los permisos y los incentivos.
Esta última medida finalmente ha sido sustituida por otras dos:
el impulso de las medidas necesarias para una efectiva conciliación de la vida laboral y familiar y el fomento en la adopción de sistemas de prevención de riesgos laborales, que cumplan con los preceptos de salubridad y seguridad en el trabajo.
Ello ha tenido lugar, según las mismas fuentes, al tratarse de reivindicaciones de los funcionarios de Justicia puesto que muchos de los edificios judiciales se encuentran en mal estado.
El CGPJ informó ayer en una reunión a los jueces decanos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao del contenido de este Plan de Actuación inmediata.
Por su parte, el vocal delegado del CGPJ para la Audiencia Nacional, José Manuel Gómez Benítez, analizó dichas medidas inmediatas con los jueces de este Tribunal el pasado viernes y ayer mismo.
Por otra parte, el pleno estudiará un informe aprobado por la comisión de Estudios de este órgano que considera «positiva» la reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que refuerza el papel de los secretarios judiciales para permitir que los magistrados «dediquen todos sus esfuerzos» a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Además, en la sesión plenaria los vocales analizarán una reclamación por responsabilidad patrimonial del juez de Asturias José Manuel Raposo, al que el Tribunal Supremo anuló la sanción de un año de suspensión que el Consejo General del Poder Judicial impuso en 2004 por abusar de su condición para obtener un trato de favor en una estación de la ITV.
Raposo pide al CGPJ ser indemnizado con 60.000 euros al considerar que le han causado un perjuicio económico y un daño moral que afecta a su imagen pública y profesional. Informó EFE

Los préstamos subirán en cincuenta euros al mes
Acabará el mes en el 5,2% pero su nivel era más bajo en 2007
Los expertos esperan que se siga moderando si el BCE baja los tipos
29/10/2008. Agencias. El Mundo.
Madrid.- Sabor agridulce para los hipotecados. El Euribor, indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas en España, terminará octubre, previsiblemente, en el 5,2%, lo que encarecerá los préstamos a revisar en 50 euros mensuales -620 anuales-.
El indicador, que el martes se colocó por debajo del 5% en su cotización diaria por primera vez desde mayo ante una posible bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), ha registrado este miércoles su decimocuarta bajada diaria consecutiva.
A tan sólo dos días para que acabe el mes, el indicador se sitúa en octubre en el 5,282%, por debajo del nivel de los últimos cuatro meses. En el mes de mayo, el Euribor cerró en el 4,9%.
No obstante, continúa en tasas muy elevadas respecto a los tipos oficiales de interés (3,75%) y en relación al pasado año, por lo que los usuarios todavía no notarán en sus hipotecas la caída del indicador.
El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas fue de 150.851 euros en octubre de 2007, lo que, con un plazo de amortización de 25 años y un diferencial del 0,5%, daba como resultado una cuota mensual de 847 euros, ya que el Euribor marcaba entonces el 4,607%.
Con el indicador en el 5,2%, la revisión anual produciría un aumento de 50 euros al mes o 620 euros al año.
Los expertos esperan que caiga más
Los expertos consultados recalcan que el Euribor podría seguir recortando posiciones si el BCE decide bajar de nuevo los tipos en su próxima reunión, tal y como dejó entrever el lunes en Madrid su presidente Jean Claude Trichet, y si las medidas de los gobiernos para atajar la crisis financiera internacional continúan calando en el mercado.

Cervera y Del Burgo tienen «las puertas abiertas» en el partido que preside Rajoy, dice Cospedal
Europa press. El Periódico. Madrid
El Partido Popular ha dado hoy por roto el acuerdo que mantenía con Unión del Pueblo Navarro (UPN) desde hace 17 años y volverá a crear su propia estructura en la comunidad foral, según ha anunciado a mediodía en el Congreso la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Cospedal ha culpado a UPN de la ruptura por haber suspendido de militancia a Santiago Cervera, el diputado que votó con el PP contra los presupuestos generales desoyendo la orden de abstención cursada desde Navarra, y por la carta que la formación foralista envió al PP hablando de «nuevas formas de colaboración».

El PP «escuchará» esas propuestas de colaboración de UPN, ha añadido la número dos de los populares, pero ha destacado que el acuerdo, tal y como venía funcionando, se ha roto.

Búsqueda de un local

Cospedal ha revelado que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha dado ya instrucciones para volver a instalar en Navarra la estructura propia del PP, empezando por la búsqueda de un local con sus siglas.

La idea de crear el partido en Navarra había sido anticipada minutos antes por el propio Rajoy a los diputados y senadores del PP, justo al inicio de su comparecencia ante el plenario del Grupo Popular. El presidente del PP ha recibido los aplausos de sus parlamentarios por la decisión, según han asegurado los presentes.

Cospedal ha recalcado que el PP tiene «meridianamente claro» que sus votantes quieren tener una representación en Navarra como en otras comunidades, un papel que hasta ahora venía siendo ejercido por UPN. Habrá que decidir ahora si se empieza con una plataforma, una gestora u otra fórmula.

Llamada a los contrarios a Sanz

Lo que sí ha avanzado es que los dirigentes de UPN expedientados por apoyar al PP, tanto el diputado Santiago Cervera como su antecesor, Jaime Ignacio del Burgo, tienen ahora «las puertas abiertas» en el Partido Popular.

De hecho, Cervera, que fue elogiado por Rajoy ante los parlamentarios, seguirá siendo miembro de la dirección del Grupo Popular y del PP, sin ser sustituido, como había reclamado UPN. «Va a seguir porque en el Grupo Popular manda el Grupo Popular», ha zanjado Cospedal.

El mismo llamamiento a la integración se lanza hacia todos los cargos, militantes y simpatizantes de UPN que no comparten la línea impuesta por Miguel Sanz.

Diario de Noticias, 28 Oct. 2008, Editorial LA LEY
El Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer alerta de que hacen faltan 750 jueces para acabar con la «justicia interina».
Madrid.- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando De Rosa, reclamó hoy al Gobierno una ley de modernización de la Justicia «que sea consensuada con todos los operadores jurídicos» y que no de la espalda a la sociedad», ya que de otro modo esta esperada reforma «está abocada al fracaso».
De Rosa Hizo estas consideraciones durante la presentación del Observatorio de la Actividad de la Justicia, impulsado por la Fundación Wolters Kluwer, presidida por Rosalina Díaz, que pretende analizar semestralmente la situación de la Justicia en España mediante unos indicadores permanentes (tales como la carga de trabajo en los juzgados y los porcentajes de sentencias confirmadas), que permitan analizar su evolución y efectuar propuestas de mejora, y que está dirigido por el ex vocal del Consejo y magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López.
De Rosa insistió durante su intervención en que el Consejo «va a estar trabajando activamente en la reforma de la Justicia», una labor en la que el órgano de gobierno de los jueces «no es un actor invitado, sino principal, junto con el Ministerio y las comunidades autónomas» con competencias en este ámbito. Dijo también que el CGPJ no quiere que la palabra «modernización» pueda utilizarse como «una pantalla para no hacer nada o hacer simples reflexiones».
«Hay que pasar a la acción», agregó el vicepresidente, que pretende que «la justicia sea valor para el ciudadano» al igual que actualmente lo son otras materias como la educación, la sanidad o el medio ambiente.
Primeros Datos
Por su parte, Enrique López explicó el funcionamiento del observatorio (que funciona con 10 indicadores sobre la actividad de la justicia, al modo de los indicadores económicos que se aplican a sistemas financieros) y detalló los primeros datos del mismo, aplicados al año 2007 y primer semestre de 2008. Los índices se calculan con datos oficiales del propio Consejo del Poder Judicial.
Así, se señala que el indicador de juzgadores necesarios en relación a las cargas necesarios pone de manifiesto una carencia de 736 jueces y magistrados en 2007 y una necesidad de 605 nueves jueces en el primer semestre de este año.La diferencia numérica tiene que ver con la creación durante el pasado ejercicio de 130 nuevas plazas de jueces, lo que ha contribuido a mejorar algo la actual situación, según López.
Otro de los indicadores, relativo a la «justicia interina», se refiere al número de sentencias dictadas por juzgadores que no son miembros de la Carrera Judicial, que fueron un 17 por ciento del total el pasado año. Las tasas de este indicador demandan el incremento de 750 jueces de carrera en la Planta Judicial para conseguir que el 100 por cien de las sentencias sean elaboradas por profesionales de carrera.
El resto de indicadores son el de carga de trabajo en los órganos judiciales (la peor se da en los Juzgados de lo Mercantil y la mejor en las Salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia); el porcentaje de sentencias que obtienen firmeza en apelación ( el 75,71 por ciento durante el primer semestre de este año); el indicador de casación (un 88,64 por ciento de los recursos ante el Tribunal Supremo fueron desestimados entre enero y junio de este año); la adecuada duración de los procesos, el cumplimiento por los jueces de sus módulos mínimos de producción, la capacidad de ejecución efectiva de las resoluciones (que se situó en un 50,28 por ciento durante el primer semestre de 2008), la cobertura de la planta judicial y la comparación interanual de plazos de resolución de los asuntos.
Teniendo en cuenta todos estos indicadores, durante 2007, y en una escala de 0 100, el índice global de la actividad judicial en España se situó en un 73,01 por ciento, y en el primer semestre de 2008 este porcentaje es del 69,83 por ciento, según los promotores de este Observatorio, que también proyecta hacer encuentros entre profesionales de Derecho, realizar investigaciones sociales y hacer públicas sus conclusiones de forma periódica mediante jornadas públicas de debate. Europa Press.

28/10/2008 Madrid, 28 (Servimedia) El Economista.

La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados celebra mañana la segunda ronda de comparencias de expertos del sector inmobiliario, con la intervención de representantes de las organizaciones de consumidores, los agentes de la propiedad, los registradores y los municipios y provincias.
Esta previsto que el presidente de presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner, sea el primero en intervenir.
A continuación, hablará Santiago Baena, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapis).
Le seguirá la directora general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Isaura Leal, y cerrará la sesión Fernando Méndez, registrador de la propiedad.
El objetivo de estas rondas de comparecencias de expertos es sacar conclusiones sobre la crisis que atraviesa el sector inmobiliario en la actualidad y determinar qué políticas han de adoptarse para afrontar la misma.
BPP/mfg

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, aseguró hoy que la detención del alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, del secretario del ayuntamiento de este municipio y de dos empresarios, es por «presuntas irregularidades urbanísticas».
Agencias. Información. El alcalde de la localidad alicantina de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, ha sido detenido hoy por la Guardia Civil, según han afirmado a EFE fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del propio PSPV-PSOE.

La Guardia Civil detuvo hoy al alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, y posteriormente lo trasladó hasta el cuartel de la Benemérita en la localidad alicantina de Jacarilla, según informaron fuentes cercanas al caso.

Moya es alcalde desde hace 25 años de esta localidad, cuya población no supera los 7.000 habitantes.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, aseguró hoy que la detención del alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, del secretario del ayuntamiento de este municipio y de dos empresarios, es por «presuntas irregularidades urbanísticas».

Encarna Llinares hizo estas declaraciones, preguntada por los medios, después de visitar esta mañana las obras del cuartel de la Guardia Civil de Almoradí, donde añadió que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «trabajan con eficacia e investigan» sin «distinguir a personas».

La Guardia Civil detuvo hoy al alcalde de Bigastro y lo trasladó hasta el cuartel de la Benemérita situado en Jacarilla donde se encuentra a disposición de los efectivos de la Guardia Civil, según informaron hoy a Europa Press fuentes cercanas al caso.

El CGPJ quiere delimitar responsabilidades de los jueces y secretarios judiciales
28-10-2008 , Expansión.com
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto aprobar el miércoles 29 de octubre un informe que, en términos generales, avala el anteproyecto de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. No obstante, sugiere una delimitación más nítida entre las tareas de jueces y secretarios judiciales.
Los miembros del gobierno del poder judicial quieren una «delimitación inequívoca de responsabilidad de uno y otro órgano, que se echa de menos en la regulación contenida en el Anteproyecto», señalan en el capítulo «consideraciones generales del anteproyecto», que forma parte de un extenso informe de 180 páginas que analiza una a una el conjunto de modificaciones en más de quince leyes -algunas de ellas de carácter orgánico- dirigidas a poner al día la Administración de Justicia, lo que se pretende lograr descargando a los jueces de todas aquellas tareas «burocráticas» que no están vinculadas estrictamente con su función jurisdiccional.
El documento aprobado inicialmente por la Comisión de Informes del nuevo CGPJ -que tomó posesión a finales del pasado mes de septiembre-, contiene el voto particular de la vocal Concepción Espejel, designada a propuesta del PP, que discrepa de la mayoría en la atribución a los secretarios judiciales de la potestad para señalar juicios y vistas.
Según Espejel, este punto «limitaría la facultad de superior dirección que a los jueces y a los presidentes de salas de justicia corresponde», recoge Europa Press.
Respecto a la distinción de tareas del juez y del secretario judicial, que es la pieza clave de la reforma, el informe preliminar del Consejo sugiere «la tipificación normativa de dos categorías de actos». Por un lado los de dirección procesal, «que son los determinantes en el ejercicio de la función jurisdiccional» y deben corresponder en exclusiva a los jueces.
En otro apartado deberían distinguirse, según el Consejo, los «actos de ejecución y mero trámite, que no afectan ni condicionan el ejercicio ordinario de la función jurisdiccional y que pueden encomendarse a la responsabilidad del secretario judicial».
Esta puesta al día de la Justicia española es el objetivo central del departamento de Mariano Fernández Bermejo para esta legislatura, según ha señalado el propio ministro de Justicia en varias ocasiones. A este respecto, el informe del Consejo aprueba en general el Anteproyecto con excepción de algunas consideraciones técnicas de asignación al secretario de determinadas funciones que superarían sus capacidad.
El poder de los secretarios
Así, el orden Civil, el informe cuestiona que la suspensión de un procedimiento se confíe al secretario judicial «pues la consideración de estas circunstancias supera el significado de impulso procesal para entrar en la formación de juicios prospectivos sobre lesión de derechos e intereses jurídicamente tutelables que en el marco del proceso han de serlo por los tribunales».
Igualmente, se critica que algunas funciones sobre ejecución de procedimientos civiles asignadas por el Anteproyecto a los secretarios «trascienden lo meramente procedimental», lo mismo que ocurre con su capacidad para condenar en costas y declarar daños y perjuicios. «Ambas deberían continuar en el ámbito jurisdiccional, la primera porque afecta a un derecho de naturaleza patrimonial (…) y la segunda porque significa un pronunciamiento declarativo de responsabilidad extracontractual».
Penal
En el capítulo de la jurisdicción Penal, el CGPJ ve «favorable» la mayoría de las aportaciones formuladas por el Anteproyecto de Ley. No obstante, plantea algunos matices en cuestiones puntuales como la referente a la grabación de los juicios, sobre las que el órgano de Gobierno de los jueces propone además, «la unión a los autos de una transcripción escrita de aquello que el tribual considerase más relevante de entre todo lo registrado de los soportes correspondientes».
No obstante, acerca de la reproducción de la grabación del juicio en la segunda instancia que propone el Anteproyecto, el CGPJ advierte de que podría incurrirse en una «alteración sustancial del sistema de apelación limitada de la LECr (Ley de Enjuiciamiento Criminal)» y recuerda que «el tribunal sólo puede valorar las pruebas que no necesitan inmediación» y las pruebas personales que puedan ser practicadas en segunda instancia».
Contencioso-Administrativo
En lo referido al ámbito Contencioso-Administrativo, el informe sostiene que hay que contemplar la posibilidad de que el juez no asuma el criterio adoptado por el secretario a favor de la admisión a trámite de un recurso de apelación.
Social
En el social, el informe aboga por que la labor de los secretarios en el ámbito de la mediación se limite a dar traslado al juez o tribunal para que éste «se pronuncie acerca de la prohibición o denegación del acuerdo alcanzado». El CGPJ adopta esta postura por considerar que «las incertidumbres que el acuerdo pudiera suscitar en cuanto a su posible efecto lesivo del interés general o del de un tercero es mejor que se ventilen directamente en la vía jurisdiccional».
La nueva Oficina Judicial requerirá la reasignación de las tareas que actualmente realizan los jueces, secretarios judiciales y los restantes funcionarios, cambiar las pautas de su organización interna y de la actividad profesional que realizan y generar una nueva cultura organizativa entre los colectivos profesionales que prestan este servicio público, según el proyecto del Gobierno.
La reforma consta de un preámbulo, quince artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales. La primera declara la competencia del Estado para dictar esta Ley al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución y la segunda establece la entrada en vigor de la ley a los seis meses desde su publicación en el BOE.

Europa Press. Información. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió ayer un comunicado «ante las declaraciones efectuadas en algunos medios de comunicación este fin de semana», en clara referencia, aunque sin citarla, a una entrevista al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, publicada el domingo en El País. En un breve escrito, firmado por los vocales de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, éstos reclaman «respeto» y «serenidad» para poder cumplir con sus funciones.
Por tercera vez en las últimas semanas, los miembros del Consejo solicitan que «se mantenga un clima de serenidad que permita a todas las instituciones del estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar las funciones que constitucional y legalmente les vienen encomendadas».
Además, el Consejo General del Poder Judicial añade que «espera que se respete la labor que, en el ejercicio de estas funciones, realizan el Tribunal Supremo y demás órganos jurisdiccionales», en clara referencia a lo dicho por el ministro en la entrevista sobre que sea precisamente el alto tribunal el que practique «la injerencia en la actividad del Poder Judicial».
En el origen de esta reclamación se encuentran las críticas reiteradas de miembros del Gobierno -tanto Bermejo como la vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega- a la sanción de 1.500 euros impuesta por el anterior CGPJ al juez de Sevilla Rafael Tirado por sus errores en la ejecución de la sentencia de cárcel que dictó contra el asesino de Mari Luz.
En la entrevista publicada, el ministro de Justicia se refería a un manifiesto firmado por 46 magistrados del Tribunal Supremo en el que se protestaba por sus críticas y las de la vicepresidenta al «caso Tirado» y se añadía que, a la hora de estudiar el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la sanción económica impuesta a este juez, debían tenerse presentes la situación y medios con que cuenta su juzgado, el de lo Penal número 1 de Sevilla.

Madrid, 28 Oct. Europa Press-

El 84% de las empresas que entraron en concurso durante 2007 tenían menos de 50 trabajadores y cerca del 50% de estas microempresas y pymes registraron un pasivo inferior a un millón de euros, según los datos registrados en el Anuario Concursal 2007 hecho público hoy por el Colegio de Registradores.
El 10% de las empresas concursadas presentaban un pasivo de más de 10 millones de euros y el 7% tenían más de 100 empleados. En 2007, la tasa de las sociedades en concurso que superaron los 2,5 millones de euros de pasivo fue del 31,3%, siendo del 22,3% en 2006.
El 92% de los procedimientos concursales tramitados en 2007 acabaron en liquidación, y en el 40% de los concursos voluntarios el deudor solicitó la liquidación de la empresa al inicio del procedimiento.
Según establece el anuario, más de 60% de las empresas que presentaron concurso en 2007 ya había presentado resultados netos negativos en las etapas preconcursales, y más del 75% no habrían podido pagar sus deudas en menos de 25 años. Sólo el 3,24% de las concursadas podría haber liquidado sus deudas en menos de cinco años, tal y como establece la Ley Concursal para los convenios.
El 45,68% de las empresas concursadas tenía entre 5 y 15 años. El 20,15% no alcanzaba los 5 años de antigͼedad y sólo el 1% superaba los 50 años. Entre las empresas concursadas en 2007, el 45,1% pertenecía al sector servicios, el 36,3% realizaba actividades industriales, y el 18,6% pertenecía a la construcción.
La actividad concursal en el sector de la construcción en 2007 se incrementó un 17,46% respecto al año anterior. El 59,92% de los concursos correspondió a empresas dedicadas a la edificación y obras, un 20,24% a las actividades inmobiliarias, un 15,79% a la fabricación de materiales y equipos y el 4,05% a empresas extractoras de materias primas.
Respecto a 2006, los concursos de las empresas de fabricación de materiales aumentaron un 77,27%, los de las empresas de las actividades inmobiliarias crecieron un 66,67%, y las empresas extractoras de materias primas aumentaron un 100%, al entrar cinco en concurso.
En total, durante 2007, hubo 806 declaraciones de concurso, 551 autos de apertura del proceso concursal, 77 sentencias de aprobación de convenio y 146 autos de conclusión de concurso.

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, ha afirmado durante su intervención en el Foro Cinco Días que el Gobierno es partidario de elevar el plazo de las cuentas vivienda, que actualmente es de cuatro años. Vegara ha dicho que «en estos momentos no hay nada decidido», pero que esta posibilidad se negociará de aquí a finales de año en el debate de los Presupuestos Generales del Estado.

Miriam Calavia Rogel – Madrid – 28/10/2008 Cinco Días
Vegara ha afirmado, en respuesta a las preguntas de los periodistas durante el Foro y en la posterior rueda de prensa, que el Gobierno pondrá sobre la mesa la posible ampliación del plazo de las cuentas de ahorro vivienda en el debate de los PGE para 2009, ante la actual situación que atraviesa el sector inmobiliario.
Vegara ha reconocido que el proceso de ajuste que sufre el sector de la construcción «es inevitable» ante los «excesos» que se han cometido en el pasado. En este sentido, ha criticado que el nivel de producción de viviendas haya alcanzado las 800.000 unidades en los últimos años cuando la demanda se situaba sólo en 400.000. Por este motivo, Vegara ha asegurado que el Estado no está dispuesto a hipotecar las arcas públicas para absorver el ‘stock’ de viviendas que hay en el mercado porque «es imposible» adquirirlas todas.
Nuevo órgano de supervisión financiera
En lo que se refiere a la reforma del sistema financiero mundial, el secretario de Estado de Economía ha lanzado la propuesta de España de crear un nuevo órgano de supervisión mundial para la estabilidad del sistema financiero con el fin de evitar crisis como la actual. Este órgano, que estaría bajo la tutela del FMI, serviría para velar por el cumplimiento de las buenas prácticas dentro sistema.
Según el Gobierno, para sentar las bases del mercado financiero son necesarios cinco pilares básicos: refuerzo de la transparencia, mejorar la infraestructura de los mercados, reforzar la prudencia, revisar las normas contables y revisar los niveles de apalancamiento.
Vegara ha enumerado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para preservar el sistema financiero español que, en opinión del secretario de Estado, es «sólido». En primer lugar, ha señalado que el fondo de garantía de los depósitos, que se ha elevado a 100.000 euros desde los 20.000 euros anteriores, «proporciona más confianza a los ahorradores».
El Fondo de compra de activos es una «inversión»
Además, Vegara ha defendido que el fondo de 30.000 millones de euros, ampliable a 50.000 millones, creado por el Gobierno español para adquirir activos financieros de las entidades «debe ser considerado como una inversión y no como un gasto ni un plan de rescate».
Vegara ha insistido en que este fondo de compra de deuda, que se enmarca en el conjunto de medidas puestas coordinadas con la Unión Europea para preservar el sistema financiero ante la crisis, no tendrá «ningún coste» para los ciudadanos. Asimismo, ha resaltado que el fondo será «temporal» hasta que se normalicen los mercados y estará sometido a un doble control por parte del Estado y del Parlamento y a «una máxima transparencia».
En esta línea, Vegara ha anunciado que los avales que el Estado podrá conceder a la banca en 2009 tendrán un importe máximo para todo el ejercicio de 100.000 millones de euros, la misma cantidad que se había previsto para lo que queda de este año.
También ha avanzado que las entidades financieras que hagan mayores esfuerzos por mantener el crédito y por aumentarlo tendrán un acceso «privilegiado» a las subastas «no competitivas», con unos tipos de interés más favorables.
No descarta que España entre en recesión
Vegara ha admitido que la economía española pasa por una situación «extremadamente difícil» y avanzó que «no hay que descartar» que España entre en recesión en el último trimestre del año o durante el primer semestre de 2009. Vegara indicó que esta posibilidad existe después de conocerse los datos de l Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre, que arrojaron una tasa de paro del 11,3%.
No obstante, Vegara ha afirmado que el Gobierno está convencido de que España «está en condiciones de superar la crisis en un tiempo razonable».
En cuanto a la inflación, Vegara ha asegurado que el IPC finalizará el año «más cerca del 3% que del 3,5%», alrededor de un punto y medio porcentual por debajo de los actuales niveles del 4,5%, y que incluso podría situarse por debajo del 3% en el primer semestre de 2009 siempre y cuando lo permitan el petróleo y el precio de los alimentos.

El Ibex-35 encadena seis sesiones de caídas consecutivas a pesar de que la mayoría de los mercados de Europa registran subidas
28/10/2008. Madrid. (Agencias).-La Vanguardia. Barcelona
La Bolsa ha encadenado seis sesiones de caídas y ha perdido la cota de los 8.000 puntos tras retroceder hoy un 1,30 por ciento lastrada por la caída de los grandes valores -en una sesión de alta volatilidad- y por la bajada de la confianza de los consumidores estadounidenses en la economía.
A pesar de que la mayoría de los mercados de Europa registraron subidas y de que la apertura de Wall Street fuese en positivo, el Ibex-35, que durante la jornada se había movido en el terreno de las ganancias, cerró con una pérdida cercana al punto y medio porcentual, en 7.905,4 puntos, nivel de comienzos de septiembre de 2004.

En el selectivo español destacaron las caídas de Banco Popular (5,45%), BBVA (4,99%), Repsol (3,94) y Criteria (2,67) y las subidas de Indra (8,66%), Mapfre (6,13%) e Iberdrola Renovables (5,5%), mientras que Santander recortó un 2,47% y Enagás subió un 5,26% tras presentar ambos sus resultados hasta septiembre.

La bolsa volvió a vivir una jornada de bruscos movimientos en la que llegó a subir por encima de los 8.244 puntos y caer hasta los 7.820,10. El mercado de renta variable española abrió al alza, animada por el anuncio de un posible recorte de tipos de interés en la eurozona, mientras los mercados de futuros hacían pensar que la sesión sería de «rebote» tras las pérdidas de días precedentes.

Sin embargo, en las dos últimas horas de negociación el Ibex se movió en zona de pérdidas y fue incapaz de embarcarse en la tendencia alcista que ha recorrido las plazas europeas.

Mientras un euro se intercambia por 1,247 dólares, la Bolsa de París subió el 1,55 por ciento, Londres un 1,92 por ciento y Fráncfort, un 9,87 por ciento, debió al empuje de los títulos de Wolkswagen, que subieron un 73,26 por ciento.

En las últimas horas de la jornada bursátil, los mercados europeos redujeron las alzas que habían registrado en el inicio de la sesión y algunos, como el Ibex, cerraron con pérdidas.

Los inversores conocieron hoy que Santander logró un beneficio neto de 6.935 millones de euros hasta septiembre, un 5,5% más que un año antes, y que Enagás ganó en los nueve primeros meses del año un 14% más que en el mismo periodo del pasado año: 201,2 millones.

Durante la sesión, los inversores recibieron informaciones positivas y negativas desde ambos lados del Atlántico, mientras esperan que la Reserva Federal recorte mañana los tipos de interés.

En EE.UU., la confianza de los consumidores en la economía cayó este mes al nivel más bajo registrado hasta ahora, al tiempo que se conoció que el precio de la vivienda en las diez mayores ciudades del país bajó un 1,1% en agosto con respecto a julio y un 17,7% comparado con agosto de 2007, un nuevo récord de caída anual.

Además, en España se informó de que el fondo de adquisición de activos financieros hará sus primeras compras en noviembre y diciembre mediante sendas subastas por un importe máximo de 5.000 millones de euros cada una. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, anunció que los avales que el Estado podrá conceder a la banca en 2009 tendrán un importe máximo para todo el ejercicio de 100.000 millones de euros, el mismo que se había previsto para el resto del año, a la vez que aseguró que la inflación española podría estar «por debajo del 3 por ciento» en el primer semestre de 2009 «con el permiso del petróleo».

En el Ibex, que ha perdido un 47,93 por ciento en lo que va de año, 19 de sus cotizadas escaparon de los números rojos, encabezadas por Indra (8,66%), Mapfre (6,13%), Iberdrola Renovables (5,5%), Enagás (5,26), Bankinter (5,08%) y OHL (4,83%).

Por contra, las mayores caídas fueron para Popular (5,45%), BBVA (4,99%), Repsol YPF (3,94%), Criteria (2,67%) e Inditex (2,61%).

En el mercado continuo, el principal descenso correspondió a Montebalito, el 10,10 por ciento, mientras que Zardoya Otis lideró las ganancias con una subida del 11,86 por ciento.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo se mantuvo en el 4,36 por ciento, mientras que los inversores negociaron en el mercado continuo 3.551 millones de euros.

Por su parte, el Euribor cae por debajo del 5%, al 4,986% y recorta la media mensual hasta el 5,298%, el nivel más bajo desde mayo de este año.

21-10-2008 , por Estela S. Mazo. Madrid. Expansión
Nuevas tasas, embargos de cuentas y devoluciones de la renta, multas cuantiosas y a veces sorprendentes… En plena caída de la recaudación por la crisis, los municipios se han lanzado a la caza de ingresos.
Hecho objetivo: salir del garaje con las luces de niebla por una equivocación con los mandos del coche. Multa real: la suma de la abultada sanción por encender el foco erróneo, más la correspondiente a no llevar la pegatina del ITV pegada en la luna, más la multa por salir del coche a buscar la documentación en el maletero sin el chaleco reflectante… más todo el elenco de infracciones tras la pormenorizada inspección que aprovechó a lanzar el agente tras atisbar que aquellas luces no eran las adecuadas.
Es la escena que puede repetirse cada en día en las ciudades españolas. En plena crisis y ante el vaciado de las arcas por la caída de la vivienda, muchos ayuntamientos se han lanzado al cobro de multas, impuestos y pagos atrasados.
Así, además de las sanciones de tráfico -cuya recaudación sube como la espuma- , los municipios han aprovechado la coyuntura para resucitar viejos cobros. Madrid y su rescate de la tasa a las basuras o el espionaje de los residuos para impulsar el reciclaje -la penalización puede alcanzar los 750 euros- no es más que la punta de iceberg de lo que llevan tiempo haciendo los municipios.
El abanico de infracciones abarca tanto “romper el silencio de la noche” -por lo que el ayuntamiento de Sevilla multó con cien euros a cuatro ciudadanos- como dar de comer a las palomas, sacudir alfombras por la ventana o dejar que salpique en la vía pública la ropa mojada en el tendedero, actos que se sancionan con hasta 900 euros en algunos municipios.
Formar charcos o pasear al perro sin bozal también entran en este grupo, como sucede en Badajoz. En A Coruña, tirar un chicle en la calle se castiga con hasta 750 euros; y, en Badalona, escupir en la vía pública cuesta 3.000 euros. La misma sanción acarrea en Dos Hermanas (Sevilla) no cumplir el horario para el riego de las plantas colgadas en balcones.

Otras sanciones ya famosas entre los consistorios elevan su cuantía: así, municipios madrileños llegan a cobrar hasta 1.500 euros por grafitis o por abandonar heces de perro.
Entre los cargos a empresas, cada vez es más célebre cobrar a las entidades financieras por instalar cajeros, a razón de 500 euros por cada uno. Importe que se empieza a barajar para las máquinas de los videoclubes. También se ha extendido el cobro por anuncios en la calle y, para particulares, por adopciones en la perrera municipal.
Junto a estas figuras, los ayuntamientos han encontrado otra jugosa vía de recaudación en el embargo de cuentas e incluso de las devoluciones de Hacienda. Es el instrumento empleado para lograr el cobro efectivo de las multas. Si bien los alcaldes han tenido siempre plena potestad para lanzar estas reclamaciones, en los últimos meses los morosos están asistiendo a un aluvión de apremios por impuestos o multas impagadas que están a punto de prescribir.
Tal es el volumen de embargos, que, en la fase de apremio, algunos municipios incluso han sustituido ya el trámite de enviar el aviso personal al denunciado, que tan sólo puede tener conocimiento de su situación mediante el boletín oficial del municipio.
Esta vía de ingresos está adquiriendo cada vez más popularidad. Así, mientras que antes se empleaba sólo para pequeñas deudas, ahora los municipios lo están usando para impagos relacionados con otros pagos menores, como tasas de cementerio que se olvidan por propietarios que viven en otras localidades, placas de vados, licencias pequeñas…
Más motivos de infracción y, también, más formas de cobrar lo debido: junto al embargo de cuentas, está cada vez más de moda entre los consistorios embargar salarios, pensiones, vehículos, bienes muebles e inmuebles o incluso créditos.
Prohibido sentarse en un banco público si ya hay dos personas
Pese a las, a veces, extrañas multas, España no es de los países más innovadores a la hora de crear sanciones con las que lograr más recaudación. Así, por ejemplo, en Italia, pionera a ojos de muchos en estas prácticas, llega a ser un delito refrescarse “exageradamente” en fuentes públicas o practicar en la playa “ciertos juegos”.
En algunas regiones del país, se prohíbe incluso que más de dos personas se sienten en el mismo banco después de las 23 horas en un parque público. La lista es interminable: hay lugares en los que no está permitido besarse en un coche, caminar con zuecos o construir castillos de arena.

El presidente del BCE avanzó que la tasa interanual de inflación en la zona euro se podrá mantener estable «algún tiempo», y que se moderará a lo largo de 2009. Además añadió que España debería estar en la cumbre del G-20.
Madrid. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, anunció una posible bajada de tipos en la próxima reunión del Consejo de gobierno del BCE, que se celebrará la primera semana de noviembre, ya que las expectativas de inflación y los riesgos al alza de los precios se han reducido. Además, el presidente del BCE afirmó que España debería estar en la reunión del G-20 en Washington porque es un país «muy importante».

Así lo puso de manifiesto en un almuerzo informativo organizado por Europa Press y KPMG, donde dijo que «no es del todo seguro» que se acometa una nueva reducción de tipos, aunque es la primera vez que el presidente del BCE apunta de forma tan clara una eventual bajada.

Trichet adelantó también que la tasa anual de inflación se podrá mantener estable «algún tiempo» y que se moderará a lo largo de 2009, ante las caídas recientes de los precios de las materias primas y el debilitamiento de la demanda, que han reducido los riesgos al alza de los precios.

En concreto, estimó que en el año 2009 la inflación podría situarse cerca o por debajo del 2%, aunque dependerá de la evolución del crudo y de otras materias primas, que tienen que mantenerse en niveles relativamente bajos para que esto ocurra, ya que lo contrario agravaría la situación mundial.

Así, explicó que si esta reducción se lleva finalmente a cabo será porque el consejo del Gobierno de la institución que preside habrá considerado que los riesgos de los precios se han aliviado, aunque eludió decir de cuánto será la rebaja.

Trichet aseguró que este descenso de las expectativas de inflación fue la que motivó la reducción de los tipos en 50 puntos básicos del pasado 8 de octubre, y la que, por tanto, motivará la bajada de la próxima reunión.

Durante su discurso, el presidente de la autoridad monetaria recalcó que la inflación se ha mantenido bastante estable en los últimos años a pesar del escepticismo que rodeaba a la moneda única, y en tasas muy positivas desde la entrada del euro.

No obstante, aseguró que los éxitos hay que materializarlos, y recordó que los precios se han mantenido en sus niveles más altos desde el otoño pasado debido a determinadas fuerzas externas, como el alza de las materias primas, que han dado lugar a más inflación y a precios más elevados para los consumidores.

Consideró que los repuntes de precios se deben, sobre todo, a los repuntes de las materias primas, pero también a otros factores como el aumento de los costes de producción o los efectos indirectos de otras áreas como el transporte o la hostelería.

Además, Trichet demostró su preocupación ante los efectos indirectos que pueden tener los últimos incrementos de la inflación, motivo por el que apostó por evitar en la medida de lo posible los efectos de segunda ronda en los salarios.

Riesgo de efectos de segunda ronda

En este sentido, expresó su preocupación ante los salarios referenciados a la inflación, ya que, a su parecer, los efectos de segunda ronda podrían derivar en una espiral de inflación «muy negativa» para el empleo y para la competitividad de los países.

A pesar de todo, reiteró, una vez más que todas las decisiones del Banco Central Europeo se fundamentan en el objetivo de mantener las estabilidad de precios en la zona euro y aseguró que la autoridad monetaria ha hecho todo lo posible para ofrecer esta estabilidad a todos los países. (ep) Negocios.com

Los asturianos apuestan por el euribor y los préstamos a tipo fijo no llegan al 2% del total. El saldo de las hipotecas cae por primera vez desde 1992
Oviedo, L. Gancedo. La Nueva España

Las condiciones y garantías que bancos y cajas de ahorros exigen ahora a las familias para contratar las hipotecas suponen, según una expresión recogida en el sector financiero asturiano, un regreso a los tiempos anteriores al frenesí inmobiliario y crediticio de estos últimos años. Se acabó lo que pudieron hacer más que unos pocos ciudadanos en ese tiempo: conseguir con relativa facilidad préstamos por importes equivalentes al 120% del valor de tasación de la vivienda, dinero suficiente para pagar al vendedor, costear el papeleo y, por ejemplo, comprarse un coche. En Asturias, como en el resto del mercado español, el límite está puesto ahora en el 80%. Rara vez se sobrepasa y cuesta trabajo y avalistas persuadir a la entidad financiera para alcanzarlo.

Esa práctica bancaria, arraigada desde hace meses, coincide con otras limitaciones referidas, por ejemplo, a los plazos. Hasta no hace demasiado, bancos o cajas llegaban a autorizar préstamos a más de 30 años sin demasiadas cautelas sobre la edad del solicitante. Es una práctica que, además, se intensificó cuando, a partir de finales de 2005, el Banco Central Europeo (BCE) cambió su política de tipos interés bajos, éstos empezaron a subir y lo hizo también el euribor. Entonces, la entidades financieras movieron pieza y lanzaron ofertas con plazos más largos para diluir los efectos sobre la cuotas mensuales. Era el tiempo en que la consigna frecuente para los directores de sucursales era que había que captar más clientes, dar más hipotecas, prestar más. Más madera en un mercado que, a escala asturiana, alcanzó su punto máximo en 2007, con la firma de casi 23.000 hipotecas para viviendas por un valor total cercano a los 2.600 millones de euros.

Ahora hay otro control. Las hipotecas a 40 años sólo son posibles si el titular de la vivienda tiene menos de 35 y, de hecho, el plazo medio contratado está bajando, como muestran informaciones recientes de los registros de la propiedad. Para el caso de Asturias, la duración de los nuevos préstamos se ha frenado en 2008 y la media está en 27 años (325 cuotas mensuales).

El euribor también ha cambiado y encarecido los préstamos durante los últimos tres años, pero poco o nada se ha resentido su condición de referencia abrumadoramente mayoritaria de las hipotecas. La tasa se calcula como un promedio mensual de los tipos de interés a los que se prestan dinero las entidades financieras europeas unas a otras en el llamado mercado interbancario. El preferentemente utilizado en el mercado hipotecario es el euribor a doce meses, esto es el tipo medio de las operaciones entre bancos que tienen un plazo de devolución de un año. No es la única referencia que se usa para actualizar las hipotecas. En España se emplea también el IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios), que es una media de los tipos que aplican los bancos y cajas de ahorros en la concesión de préstamos con plazos superiores a tres años.

El IRPH es históricamente algo más elevado que el euribor, aunque más estable. Aún así, en Asturias la proporción de nuevas hipotecas que utilizan esta referencia no pasa del 5% del total (la media del país es del 7,22 %). Entre los préstamos que se firmaron en el segundo trimestre de este año, prácticamente el 90% de ellos incluye la actualización anual conforme al euribor (más un diferencial cuya media puede situarse en 0,50 puntos).

El comportamiento del euribor, ahora a la baja tras los últimos acontecimientos en el sector financiero global -singularmente, la rebaja de tipos de interés pactada por los grandes bancos centrales del mundo a partir del 15 de octubre-, tampoco parece haber disuadido a los asturianos y a los demás españoles sobre la conveniencia de tener hipotecas de interés variable.

Debido a la caída del mercado inmobiliario, a las dificultades generales de la economía y a las restricciones que bancos y cajas aplican al crédito, en Asturias se están contratando menos préstamos que en 2007, pero algo más del 98% de los que se conceden tienen interés variable. Y, además, esa proporción, en lugar de reducirse, ha aumentado, según las cuentas de los registradores de la propiedad. Durante el último año, sólo el 1,97% de los préstamos para vivienda eran de interés fijo. Tan reducida cuota incluso bajó ligeramente en relación con 2006.

En general, el mercado hipotecario acaba de marcar un nuevo hito negativo: al cierre de agosto, el volumen de crédito activo en España descendió en relación con julio por primera vez desde que, en 1992, el Banco de España comenzó a elaborar esa estadística.

27-10-2008 – Roberto Pastrana/Negocio Inmobiliario .Diario Crítico de la Economía
Los promotores iniciaron un 33% menos de pisos entre julio de 2007 y junio de este año, pero siguen saliendo a la venta los edificios que se comenzaron a construir antes del pinchazo inmobiliario. El Ministerio que dirige Beatriz Corredor ha reconocido que el número de nuevas viviendas que no encontraron vendedor se incrementó en 385.939 unidades por la caída de las ventas.
En los últimos doce meses se han finalizado 679.490 viviendas, lo que supone un 2,47% más que el año anterior. La cifra de crecimiento muestra la paulatina adaptación del sector a una circunstancia en la que la demanda ha caído. Sin embargo, esta moderación promotora no impide que el stock siga creciendo de forma preocupante.

Según el Ministerio de Vivienda, entre julio de 2007 y junio de 2008 se terminaron 679.500 pisos, pero sólo se comercializaron 385.939, lo que deja en el mercado 313.000 unidades con el rótulo de “se vende”. Esta cifra incrementa el problema de sobreoferta que atosiga a las inmobiliarias.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántas viviendas esperan comprador, ya que no existen datos oficiales. Las estimaciones van de las más de 600.000 a más de un millón, según el procedimiento utilizado. Comparando los datos de los aparejadores sobre proyectos terminados y los de registradores sobre operaciones realizadas, sale una cifra cercana a las citadas 600.000 viviendas nuevas, a las que habría que añadir la de los pisos de segunda mano, cuyas ventas se han hundido en los últimos meses. El número de viviendas de ocasión es difícil de determinarse, si bien han supuesto tradicionalmente dos tercios del mercado inmobiliario.

En estas circunstancias, las inmobiliarias han detenido todos los proyectos en los que aún no habían comenzado los trabajos. Fuentes del Ministerio afirman que en el segundo trimestre del año se promovió la mitad que en el mismo periodo de 2007. Las dificultades de comercialización están afectando incluso a la obra de protección oficial, que registró una caída de las ventas del 17%, según el INE.

Europa Press – El Economista 27/10/2008

La banca española no tiene problemas de liquidez, aunque la tasa de morosidad del sector financiero se disparará hasta el 6,8% en 2010, con lo que la crisis actual será mucho peor que la registrada en la década de los 90, según un informe de la firma holandesa. ING sostiene que la banca española no afrontará problemas de solvencia hasta que la mora alcance el 15%.
No obstante, señala que este escenario es «prácticamente imposible» en una economía desarrollada con tipos de interés y divisa estable.
ING argumenta además que las dificultades de liquidez con que podrían encontrarse las entidades españolas se resolverán con las garantías que ofrece el Gobierno, dispuesto a avalar solicitudes de crédito de hasta 100.000 millones de euros este año y un nivel similar el próximo ejercicio.
En la actualidad, agrega, la liquidez del sistema «es razonable», con un ratio de crédito respecto a depósitos del 133% y un vencimiento de deuda de 80.000 millones de euros anuales. «Las actuales medidas del Gobierno, deberían ayudar a resolver el problema», considera.
En este sentido, ING incide en que su principal preocupación consiste en el impacto del ciclo crediticio en los retornos, ya que se producirá un deterioro de las cuentas de resultados, una caída de los activos, y una menor rentabilidad sobre recursos propios.
Las mayores provisiones para hacer frente al crecimiento de la morosidad y los menores aumentos del crédito implican un descenso en la rentabilidad sobre fondos propios (RoE) desde el 20% al 10%, según los cálculos de la casa de análisis.

27-10-2008 , Expansión.com
La oferta se destina a municipios de más de 20.000 habitantes y priorizará zonas próximas a núcleos urbanos o degradadas.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor , que presidió hoy en Madrid el Consejo del Plan Estatal de Vivienda y presentó el borrador del nuevo PEV 2009-2012 y las características de la oferta pública de compra de suelo aprobadas por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), durante la rueda de prensa posterior a la reunión
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado hoy que mañana se abrirá el plazo para acudir a la oferta pública de compra de suelo, a la que el Gobierno destinará inicialmente 300 millones de euros.
Como publicará mañana el BOE, el plazo finalizará el 29 de diciembre, momento a partir del cual la entidad estatal Sepes evaluará las ofertas durante un periodo de cuatro meses antes de tomar una decisión de compra. A continuación, la oferta tendrá una vigencia de cuatro años.
Tal y como ha recordado Corredor en una rueda de prensa durante un receso del Consejo Estatal de Seguimiento del Plan de Vivienda, el Gobierno invertirá inicialmente 300 millones de euros, a los que se sumarán otros 130 millones en la urbanización.
Además, está previsto que las viviendas protegidas que construyan los promotores, tanto públicos como privados, generen una inversión de 2.400 millones de euros, con un efecto económico de hasta 2.780 millones de euros y permitan la construcción de entre 15.000 y 20.000 VPO.
El pliego de condiciones establece que al menos el 50% de cada ámbito se adquiera a precio de vivienda protegida de alquiler o de precio básico, mientras que el resto podrá ser una combinación del precio del suelo de los otros tipos de vivienda protegida
Según ha señalado Corredor, esta iniciativa «pretende dinamizar, desde el sector público, la urbanización de suelo para evitar el estrangulamiento de la vivienda protegida a medio plazo».
«Los tiempos de transformación del suelo, que duran entre dos y cuatro años, y la escasa transformación actual, hacen necesario actuar con medidas complementarias para garantizar la disponibilidad de suelo para VPO de los próximos años, cuando se reactive el sector residencial y una vez reabsorbido el ‘stock’ de viviendas terminadas», añadió.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha explicado hoy en la Cadena SER los detalles del Plan Vivienda. Corredor ha informado en ‘A Vivir que son dos días’ de qué manera va a conseguir el Gobierno que las inyecciones de liquidez a los bancos lleguen a la economía real.
CincoDías.com – Madrid – 25/10/2008
La ministra ha asegurado que una de las prioridades del Gobierno es recolocra a los desempleados del sector de la construcción. «El problema fundamental de esta situación es el número de desempleados, que al terminar las obras no encuentran una recolocación, que es la principal preocupación que tenemos en el Gobierno», ha dicho Corredor.
La ministra de Vivienda ha recordado que un cuarto de los parados pertenecen al sector de la construcción. «Nosotros tenemos la intención de hacer lo posible para que se recoloquen rápidamente», ha incidido. Corredor ha advertido que «el stock debe ser absorbido en un plazo medio de año y medio o dos años para que se reactive la economía de estas empresas».
Puente entre los bancos y las familias
Las medidas que el Gobierno adoptó la semana pasada para dar liquidez al sistema financiero se han puesto en tela de juicio por parte de los grupos de la oposición. ¿Cómo se va a conseguir que ese dinero canalizado a los bancos llegue finalmente a las familias que lo necesitan para asumir, por ejemplo, una hipoteca. Beatriz Corredor se lo ha explicado esta mañana a Montserrat Domínguez y ha comenzado con un ejemplo muy gráfico.
«Igual que el panadero necesita harina para hacer el pan, lo bancos necesitan dinero para poder conceder créditos a las familias», ha dicho Corredor. La explicación oficial ha sido otra. «Se van a primar los préstamos concedidos a partir del siete de octubre», ha señalado la ministra de Vivienda. Es decir, la preferencia en la concesión de créditos se dará a aquellas entidades que vayan a dar créditos y préstamos a partir del siete de octubre.